Gaceta Parlamentaria, año XIX, número 4421-XI, martes 8 de diciembre de 2015
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al titular de la Junta Directiva de la Conade, a solicitar al Comité Olímpico Internacional el envío de una comitiva que permita evaluar el marco legal entre los federativos deportivos y la administración gubernamental, evitando condicionar la participación de los atletas en los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016, a cargo del diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
Ricardo Taja Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2; numeral 1, fracción IV del artículo 76, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Exposición de Motivos
El deporte en México ha tenido una participación destacada en diferentes competencias internacionales, gracias a la dedicación y el esfuerzo de los entrenadores y deportistas a lo largo de la historia del deporte. Sin embargo, en el marco de los próximos juegos olímpicos, a desarrollarse en la ciudad de Río de Janeiro en 2016, surgió la inesperada controversia ante la posible suspensión de la delegación mexicana por parte del Comité Olímpico Internacional.
Gracias al compromiso y la dedicación de entrenadores y deportistas, por su pasión y esfuerzo han conseguido no sólo preseas, si no logros que compartimos como sociedad, y glorias que se quedan para marcar la historia y marcar el ejemplo y diferencia.
Sin embargo nos sumamos como sociedad sólo en los momentos de gloria, se nos inflama el pecho, lleno de orgullo, cuando vemos a nuestros atletas tomar el podio y entonar el himno nacional. ¿Pero qué ocurre con nuestros atletas durante sus entrenamientos, a lo largo de años de esfuerzo e importantes competencias?
Sin duda las circunstancias del deporte requieren de continuidad en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, como se plantea en el Plan Nacional de Cultura Física y Deporte, garantizando el derecho al artículo 4° constitucional.
Si bien la infraestructura gubernamental se encuentra establecida para facilitar el acceso a la cultura física y el deporte, las aportaciones presupuestales que se entregan a las asociaciones civiles, que representan a las diversas disciplinas deportivas del país en forma de federativos, terminan por convertir a los deportistas en rehenes de las mismas, condicionando su acceso a las contiendas nacionales e internacionales, y, peor aún, restringiendo los ingresos de nuestros muchachos para solventar gastos en alimentos, transporte, becas, hospedaje, etcétera.
Así, grandes talentos deportistas que ha visto México crecer dentro y fuera del país, pareciera que en lugar de correr 100 metros planos, se tratara de una carrera de obstáculos, en la que muchos, por falta de presupuesto, se quedan sin llegar a la meta.
Un excelente ejemplo es el estado de Guerrero, mismo que represento como diputado federal, siendo cuna para la creación de grandes atletas que, como los trece atletas guerrerenses que han destacado en años recientes, gracias al compromiso de sus entrenadores y a la entrega de esos mismos jóvenes, logrando diversas preseas en sus respectivas disciplinas deportivas.
Cabe entonces preguntarse, ¿es escaso el presupuesto que entrega el gobierno federal para el desarrollo del deporte en México? Deportistas de alto rendimiento así lo consideran, no por razón de las cantidades, sino por la ausencia de ese recurso al llegar a los deportistas.
Según declaraciones del titular de la Comisión Nacional del Deporte, Alfredo Castillo, el gobierno destina 36 mil millones de pesos para el desempeño de todos los federativos, sin embargo los recursos, en algunas federaciones, no llegan a los deportistas, y, sin importar su desempeño, los federativos se convierten en obstáculos para las competencias internacionales.
Frente a estas circunstancias la Conade solicitó una auditoría, en estricto apego a la legalidad del financiamiento a las asociaciones civiles que reciben ingresos gubernamentales. Lo anterior ante las graves circunstancias en la comprobación de gastos que ha derivado en denuncias frente a la Procuraduría General de la República.
El hecho derivó en la suma de firmas de distintos federativos, incluyendo al titular del Comité Olímpico Mexicano, para denunciar a la Conade por supuesta injerencia en asuntos internos de las federaciones, argumentando el intento de decidir sobre las personas que deberían ser electas como directivos. Evidentemente la Conade no tiene ninguna facultad al respecto, y ciertamente nunca hubo un intento como tal, sin embargo las federaciones implicadas echan mano de dicho recurso ante la coyuntura de los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
Así, el argumento de injerencia violenta el principal documento internacional del deporte: la Carta Olímpica, que menciona en el párrafo 5° la libertad de elecciones internas sin ningún tipo de influencia externa. Precisamente bajo dicho argumento, el Comité Olímpico Internacional envía una carta (anexo I) al Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, donde argumenta con base a las declaraciones de los federativos y el Comité Olímpico Mexicano, gracias a las facultades que éste último tiene frente a la Carta Olímpica en el apartado de Comités Olímpicos Nacionales (CON's), que las condiciones del deporte en México son violatorios de los acuerdos internacionales, y por tanto se remitirá al Consejo Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, para evaluar la situación. Esto presume que dichas circunstancias ponen en riesgo la participación de la delegación mexicana en los próximos Juegos Olímpicos, y por tanto se copta a las autoridades mexicanas para llegar a los acuerdos necesarios y así mantener el statu quo en beneficio de los federativos, evitando las incomodidades de las auditorías.
Así, aprovechando coyunturas deportivas y los recursos legales sin sustento real, las federaciones ponen en riesgo la participación de nuestros deportistas, menospreciando los años de esfuerzo y preparación, protegiendo sus intereses antes que el de sus deportistas.
Circunstancias similares, aunque no en términos de auditoría si no de reconocimiento de federativos para el financiamiento deportivo, ocurren con el Basquetbol. Así, la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto, que agrupa a deportistas de alto rendimiento en el ramo, es desconocida por la Federación Internacional de Basquetbol (FIBA Mundo), bajo argumentos de injerencia dentro de ADEMEBA por parte de la Conade. La Federación Internacional de Basquetbol Américas (FIBA Américas), además se presenta como uno de los actores de presión dentro de dicha controversia, que, a pesar de ser un federativo internacional, tiene sus oficinas en la sede del Comité Olímpico Mexicano.
Por todas estas razones, es imprescindible reconocer y respetar los términos de la Carta Olímpica sobre los términos de la ilegalidad de la injerencia en asuntos internos de los federativos, pero más importante aún es exhortar a los federativos a cumplir con sus obligaciones fiscales, otorgando los recursos necesarios a deportistas que, a pesar de su esfuerzo, no tienen el presupuesto suficiente para vivir de sus disciplinas deportivas.
Por ello, nos sumamos a los esfuerzos del Ejecutivo Federal y el titular de la Conade, para agrupar las voluntades necesarias que permitan administrar el deporte en México con total transparencia y con la infraestructura necesaria para dar continuidad a la formación de los deportistas mexicanos, erradicando cotos de poder y fuentes de corrupción en detrimento de nuestros atletas y de la capacidad competitiva a nivel internacional.
Ante los mencionados argumentos, y las circunstancias que ponen en riesgo la participación en Juegos Olímpicos, frente a la condicional de una solución inmediata al conflicto por solicitud el Comité Olímpico Internacional antes del 8 de diciembre, pongo a su consideración de esta soberanía el presente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional del Deporte, Secretaría de Educación Pública, a que convoque al Comité Olímpico Internacional para enviar una comitiva que analice el marco jurídico y las circunstancias reales en la relación del gobierno federal con las asociaciones deportivas, evitando condicionar la participación de nuestros deportistas en la gesta olímpica de Río de Janeiro 2016, sin conocimiento de las circunstancias reales.
Segundo. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Deporte mantener, como hasta ahora, estricto respeto a los acuerdos internacionales en materia de deporte, con base a lo que refiere la Carta Olímpica en la labor de las Federaciones Nacionales y el Comité Olímpico Mexicano.
Tercero. Instruir a la Conade y a los federativos mexicanos de basquetbol involucrados, para dar solución a la suspensión del seleccionado mexicano dentro del registro de la Federación Internacional de Basquetbol, de cara a los próximos juegos de Río de Janeiro 2016.
Palacio Legislativo de San Lázaro,a 9 de diciembre de 2015.
Diputado Ricardo Taja Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a cubrir el pago de los ex braceros no considerados en las listas del Fondo de Apoyo Social a ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Delia Guerrero Coronado, diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
Durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra (1942-1967), se puso en marcha el programa “Bracero”, por el que se le hacia la invitación a los mexicanos a realizar trabajos temporales de construcción y sobre el campo en los Estados Unidos de América. Esto virtud de que una parte considerable de la población estadounidense participaba en alguna actividad relacionada con la guerra.
Debido a esta situación de carácter internacional, las industrias norteamericanas concentraron su fuerza productiva en el suministro de bienes para las tropas desplegadas en Europa. Por lo tanto, la industria de bienes y servicios era productivamente insuficiente para atender la demanda de la población estadounidense.
Ante tal situación, el país vecino del norte abrió sus fronteras a todo aquel que quisiera realizar este tipo de trabajos, a fin de satisfacer la demanda laboral y las necesidades del mercado, para lo cual se firmó un Convenio Internacional de Trabajadores Temporales.
Se estima que poco más de 4 millones 600 mil trabajadores mexicanos se integraron a este programa a fin de obtener un ingreso que beneficiaría la condición de vida de sus familias en México.
Cabe destacar que las condiciones bajo las que se encontraban laborado los trabajadores mexicanos eran deplorables y se les obligaba a cumplir jornadas laborales demandantes de más de 14 horas. Por si fuera poco, se les brindaban servicios humillantes de salud y alimentación.
Una de las cláusulas del Convenio establecía que a todos los trabajadores se les deduciría el 10% de sus salarios, con el objetivo de crearles un fondo de ahorro que se les sería entregado una vez que se volvieran a reintegrar con sus familias en sus respectivas comunidades de origen.
A más de setenta años de la segunda guerra mundial, el Estado mexicano sigue estando en deuda con estos trabajadores y sus familias. Para 1998, los ex trabajadores migrantes seguían exigiendo el pago de sus derechos con sus respectivos intereses al gobierno mexicano, por medio de diversas movilizaciones.
Fue hasta el año de 2005 cuando se expidió la Ley que crea el Fidecomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, donde se estipulaban las condiciones y características bajo las que se les haría el pago correspondiente de sus derechos ya sea a los trabajadores, en caso de que aún estuvieran con vida, o bien a sus cónyuges, hijos o herederos. Para garantizar su cumplimiento, dicha ley señalaba que el pago de esta deuda tenía que estar contemplado en el Presupuesto de Egresos de cada año.
Dentro de las mismas disposiciones por las que se estableció el Fondo de Apoyo Social, se estipuló que fuera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la entidad responsable de realizar las previsiones necesarias para hacer la entrega del apoyo social a los beneficiarios asignados, cuyos nombres serían publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Para ser acreedor del apoyo económico, el Gobierno Federal abriría cuentas individuales a los beneficiarios del programa, donde se les haría el depósito correspondiente del monto asignado. La lista de beneficiados a los que se les otorga el apoyo se encuentra a cargo de la Secretaría de Gobernación.
En San Luis Potosí, se tiene un registro de 5 mil 200 ex braceros. En el mes de octubre se publicó que serían 234 los beneficiados del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores, a quienes se les entregaría entre 38 y 34 mil pesos, dependiendo si se les había hecho, o no, un pago parcial por cuatro mil pesos.
Tan solo en el municipio de Ciudad Valles, son miles de braceros quienes hicieron los trámites correspondientes bajo los términos estipulados por la Secretaría de Gobernación para solicitar el pago que les corresponde. No obstante, y aún a pesar de que los trámites realizados, no fueron seleccionados para ser beneficiados, por lo que seguirán sin contar con el recurso que por derecho les pertenece.
Casos como este, lamentablemente se repiten en diversas localidades del país dejando ver que la deuda que tiene el Estado con braceros y sus familias, difícilmente podrá saldarse por lo menos en el futuro inmediato.
Actualmente, son miles de ex trabajadores migratorios que aún no reciben notificación alguna sobre la situación del adeudo que tiene el gobierno mexicano con ellos.
Ante este escenario, resulta apremiante definir mecanismos efectivos que garanticen el finiquito de la deuda que tiene el Estado con los trabajadores y/o sus familias, a fin de que las labores realizadas en tierras extranjeras en difíciles momentos, tengan finalmente la retribución que les corresponde.
La que suscribe manifiesta su preocupación por los ex braceros de San Luis Potosí y de todo el país, personas valiosas que fueron en búsqueda de mejores condiciones de vida para sus familias, que tuvieron que abandonar sus comunidades y seres queridos para trabajar en condiciones adversas, y a pesar de los grandes esfuerzos realizados, aún no han visto los beneficios de tales trabajos.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que realice las acciones correspondientes para cubrir el pago de los ex braceros que no fueron considerados en las listas del Fondo de Apoyo Social a ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el día 8 de diciembre de 2015.
Diputada Delia Guerrero Coronado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la SCT a concluir el proyecto del libramiento ferroviario de Celaya, Guanajuato, a cargo de la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, 65 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Durante la campaña electoral de 2012, Enrique Peña Nieto, candidato a Presidente de la República por la coalición Compromiso por México, formada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, firmó ante notario público 266 compromisos en materia de salud, infraestructura, economía, transportes, social, educación, campo, a cumplir durante su gobierno.
De esos compromisos 104 están enfocados en la construcción de megaproyectos que requieren recursos como carreteras, puertos aéreos y ferroviarios, pero a tres años de su gestión, solo se han cumplido 10 de estos compromisos en materia de infraestructura que le corresponden a la Secretaría de Comunicaciones.
El gobierno federal cuenta con el Programa Nacional de Infraestructura 2012-2018 el cual está orientado a que las distintas modalidades de transporte se interconecten de manera eficiente a través de corredores logísticos para hacer más rápido, seguro y eficiente, así como menos costosos los traslados de personas y bienes a todas las regiones del país, así como promover la competencia.
El libramiento ferroviario de Celaya, es uno de los proyectos firmados e incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura (PNI) del gobierno federal, este libramiento tendrá una longitud de 46 kilómetros de línea troncal; 19 kilómetros de vías de intercambio; dos pasos superiores vehiculares; 12 kilómetros de patio de operaciones de Ferromex, así como de un canal hidráulico y generará beneficios económicos como lo es el ahorro de costos generalizados de viaje e infraestructura vial; la reducción en los costos de tiempo de la carga ferroviaria; la eliminación del mantenimiento de las vías actuales; así como el traslado más eficiente de las mercancías, materias primas, insumos.
En el segundo informe de labores de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes se hizo referencia a que existía un avance del 45% del Libramiento Ferroviario de Celaya con una inversión de 5,582 millones de pesos. En tanto que en el tercer informe de labores de la mencionada Secretaria establece que al 31 de agosto de 2015 la obra registró un avance del 60 por ciento. En ambos informes menciona que el tramo de conexión permite que la empresa Honda realice exportaciones e importaciones de autos y autopartes.
Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, dentro del programa carretero, en los proyectos identificados en anexos del Ramo Administrativo de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en lo relativo al Libramiento Ferroviario de Celaya, Guanajuato, se observa que no se destinaron recursos para continuar esta obra, lo que genera incertidumbre y falta de compromiso para se continúe con el desarrollo económico, ya que este tipo de falta de cumplimiento genera un obstáculo para la inversión de las grandes empresas que invierten y que pretenden invertir en nuestro país, pues debemos recordar que el contar con una plataforma logística que permita una mayor capacidad de transportar bienes a mayor velocidad es una condición primordial para atraer las inversiones a nuestro país.
Es por lo anterior y con el fin de que nuestro país pueda llegar a un desarrollo de infraestructura que permita una conectividad que facilite el desplazamiento correcto de personas y bienes, que se pueda lograr un incremento en las actividades económicas, que se genere una mayor competitividad y productividad, resulta necesario que se establezca una estrategia por parte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para avanzar y lograr concluir los compromisos presidenciales formulados en campaña y firmados ante Notario Público.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que establezca y genere una estrategia operativa mediante la cual se culminen las obras de infraestructura ferroviaria que se han iniciado y se pueda lograr un incremento en las actividades económicas que permitan generar una mayor competitividad y productividad en nuestro país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2015.
Diputada Adriana Elizarraraz Sandoval (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Secretaría de Salud a difundir la información sobre el cumplimiento de la realización del tamiz auditivo neonatal, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe diputado federal Waldo Fernández González, integrante de la LXIII Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, someto a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El artículo 4o. de la Ley Fundamental, garantiza el derecho a la salud de todas las personas, al señalar que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general...”.
Es en ese sentido, el Estado mexicano ha implementado diversas acciones para poder hacer válido este derecho de todas las personas, no obstante existen algunas inconsistencias que no pueden pasar inadvertidas, más tratándose de la salud de un sector de la sociedad tan importante como es el de los menores de edad.
Me refiero a una prueba a la que los recién nacidos tienen que ser sometidos para saber si tienen alguna enfermedad en el oído que represente riesgo de discapacidad auditiva; ésta es la práctica del tamiz auditivo neonatal.
El tamiz auditivo neonatal es una prueba que permite detectar la presencia de hipoacusia (disminución de la capacidad auditiva) o sordera en recién nacidos; consiste en colocar un “audífono” en el oído del bebé, para registrar si existe disminución auditiva.1 Estas pruebas auditivas se realizan mediante el empleo de emisiones otoacústicas y/o con potenciales evocados del tallo cerebral. Los potenciales evocados auditivos del tallo cerebral son más sensibles y específicos para la detección de hipoacusia y sordera. Se valora tanto la vía periférica como la central, por lo que se considera la técnica de elección para el tamizaje auditivo.2
De acuerdo con información de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en México nacen entre 2000 y 6000 niños y niñas sin escuchar, la sordera congénita es la causa más común de discapacidad neurosensorial en recién nacidos.3
Por ello hago notar a los integrantes de esta H. Cámara de Diputados, el especial interés que el Poder Legislativo ha venido mostrando para favorecer los intereses de los niños de este país en materia de tamiz neonatal y auditivo ya que, desde el 6 de septiembre de 2011 se iniciaron en la LXI legislatura los trabajos para reformar la Ley General de Salud para que incluyera, además del tamiz neonatal ampliado el tamiz auditivo. Dicho trabajo legislativo culminó con la reforma a la mencionada Ley, el día 20 de diciembre de 2012, donde en el Pleno de la Cámara de Senadores de la LXII legislatura se aprobó que en México, por disposición de Ley, se realizaran tanto el tamiz metabólico neonatal ampliado como el tamiz auditivo, haciendo nacer estas prueba médicas a la vida jurídica de México en favor de nuestros hijos e hijas. Este hecho histórico, que ha tenido su origen precisamente en esta honorable Cámara de Diputado, hizo de lado que las pruebas del tamiz en México fueran un simple programa de salud y se mandataran como una obligación del Estado Mexicano en favor de su población más vulnerable, los niños y niñas de nuestro país. Dicha reforma fue decretada por el actual Presidente de la República y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de enero de 2013.4
Para ello, es importante señalar lo que dispone la fracción III, del artículo 61, de la Ley General de Salud5 respecto a la realización de esta importante prueba:
Artículo 61 .- El objeto del presente Capítulo es la protección materno–infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.
La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes acciones:
I. a II. ...
III. La revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro;
...
Igualmente cabe destacar que el 24 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2013, para la prevención y control de los defectos de nacimiento, esta Norma señala que: “los defectos de nacimiento son un conjunto de condiciones que alteran la estructura anatómica y/o el funcionamiento de las y los recién nacidos, que incluye los procesos metabólicos del ser humano y pueden estar presentes durante la gestación, al nacimiento o en etapas posteriores del crecimiento y desarrollo”.
En esta NOM se incluyen los principales defectos prevenibles y/o susceptibles de diagnóstico temprano, así como las medidas de prevención y control que puedan tener impacto epidemiológico en las tasas de morbilidad y mortalidad perinatal. Incluye la obligatoriedad de ser observada en todo el territorio nacional, para el personal de los servicios de salud de los sectores público, social y privado que conforman el Sistema Nacional de Salud, que efectúen acciones en el campo de la salud reproductiva y en la atención de las y los recién nacidos y menores de cinco años.6
Lo que quiere decir, que entre muchos otros estudios de diagnóstico a los que deben ser sometidos los recién nacidos, se encuentra la prueba del tamiz auditivo que como ya se señaló sirve para la detección temprana de algún padecimiento del oído que pueda provocar discapacidad auditiva y que esta sea tratada a tiempo, a fin de que los menores logren una plena inclusión e integración social. Al respecto especialistas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, han señalado que todos los menores de edad deben ser sometidos a esta prueba que es gratuita en los hospitales públicos y debe realizarse dentro de los tres primeros meses de vida.
De acuerdo a la página de Internet de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, hay un Programa denominado “de Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención Temprana”, cuyo propósito es que todo niño o niña que nace con hipoacusia pueda desarrollar su lenguaje oral de manera similar al que nace oyendo, a fin de lograr este objetivo, se realizan las siguientes acciones:7
• Detección de hipoacusia en todo recién nacido, mediante la prueba del tamiz auditivo como procedimiento obligatorio y gratuito, en todos los hospitales en donde se atienden partos.
• Confirmar la presencia de hipoacusia en todo menor que resulta con sospecha al realizar el tamiz, antes de los tres meses de edad.
• Dotar de prótesis auditivas a todo menor con diagnóstico de hipoacusia.
• Incorporar a todo menor con hipoacusia a un programa de habilitación auditiva, mediante terapia auditivo-verbal, antes de los seis meses de edad.
Esta discapacidad auditiva en nuestro país, lamentablemente se detecta de forma tardía, pues generalmente son los padres los que se dan cuenta que sus hijos no escuchan de forma correcta, esto se da cuando los niños ya tienen alrededor de dos años de edad, con lo que sin duda, se pierde un tiempo valioso para la rehabilitación auditiva de los menores. De ahí la importancia de la aplicación de este programa, pues de realizarse el tamiz auditivo neonatal, se logrará abatir notablemente esta discapacidad en nuestro país.
Esta discapacidad auditiva puede combatirse si se detecta a tiempo, mediante un implante coclear,8 siempre y cuando se realice antes de los dos años de edad, pues de lo contrario se provoca en el menor problemas de lenguaje oral y la imposibilidad de aprender a leer y escribir lo que sin duda, dificultará su sano desarrollo y su inclusión e integración a la sociedad.
Por lo anteriormente expuesto, el que suscribe considera de vital importancia conocer la información que obra en poder de la Secretaría de Salud, a fin de conocer las acciones que se han realizado para que este importante Programa de Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención Temprana, llegue a todas las entidades federativas y que sea aplicado en los hospitales del Sistema Nacional de Salud a todos los recién nacidos, a fin de poder brindar la atención oportuna a estos y abatir los índices de discapacidad auditiva considerablemente. Por ello, someto a la consideración de esta honorable asamblea de la Cámara de Diputados de Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud, se haga de conocimiento público la información sobre el cumplimiento de la realización del Tamiz Auditivo Neonatal, así como de los hospitales públicos que realizan esta prueba; el número de recién nacidos a los que se les ha aplicado gratuitamente la prueba del tamiz auditivo neonatal; cuántos han resultado con alguna discapacidad auditiva y a cuántos se les ha realizado un implante coclear; haciendo énfasis en los resultados obtenidos desde la implementación de la reforma a la Ley General de Salud publicada en el Diario Oficial de la Federación del 25 de enero de 2013.
Notas
1 Información disponible en:
http://www.hospitaljuarez.salud.gob.mx/descargas/transpa rencia_focalizada/tamiz_auditivo.pdf
2 Información disponible en: http://www.spps.gob.mx/avisos/1019-programa-tamiz-auditivo-neonatal-e-i ntervencion-temprana-tanit.html
3 Ídem.
4 Tapia Escoto, Edgar Joel, Fenilcetonuria asignación de recursos públicos en la implementación del tamiz neonatal ampliado para la detección temprana y oportuna de la enfermedad en México, tesis de maestría en Administración de las Contribuciones, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2013, 181 pp. más bibliografía.
5 Diario Oficial de la Federación, México, 25 de enero de 2013
6 NOM- 034-ssa2-2013
7 Op cit. Nota 2.
8 El implante coclear es una técnica de vanguardia que permite recobrar el sentido del oído en aquellas personas que nacen con sordera profunda.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2015.
Diputado Waldo Fernández González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP a implantar campañas y programas encaminados a combatir desde la sociedad la corrupción, a cargo de la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción II; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El 9 de diciembre es un día muy importante en todo el mundo, ya que esta fecha fue designada en octubre de 2003 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como el Día Internacional contra la Corrupción, con la finalidad de crear conciencia sobre la relevancia de combatir este lastre, el cual tiene altos costos sociales y económicos en todos los países.
La corrupción mina la confianza entre las personas y socava la legitimidad tanto de los gobernantes como de las instituciones, poniendo en riesgo la estabilidad social y la gobernabilidad, por lo tanto representa una amenaza seria en contra de los valores democráticos, la ética y la justicia.
En cuanto al ámbito económico, este fenómeno obstaculiza el crecimiento, ya que desalienta la inversión extranjera, disminuye la productividad y entorpece el desarrollo de la industria nacional, especialmente de las pequeñas empresas a las cuales les resulta a menudo imposible superar los gastos derivados de la corrupción.
La transparencia y el respeto a la legalidad son asuntos prioritarios en la agenda pública y por supuesto lo son también para el Partido Verde, pues consideramos que éstos resultan fundamentales para el combate frontal, decidido y efectivo en contra de la corrupción: un mal que en 2014, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, le hizo perder a nuestro país 1,100 millones de dólares en inversiones no realizadas.
Resulta igualmente preocupante que, de acuerdo a Transparencia Mexicana, el costo de la corrupción para los mexicanos se estime en unos 890 mil millones de pesos cada año. Organismos internacionales como el Banco Mundial o el Foro Económico Mundial calculan que el agujero que la corrupción abre en las arcas públicas oscila entre el 3 y el 10% del PIB nacional.
Las erogaciones derivadas de la corrupción representan el 14 por ciento del gasto promedio de los hogares en nuestro país, porcentaje que, lógicamente, es mayor en los sectores pertenecientes al decil con los ingresos más bajos, por lo cual puede entenderse como un impuesto de carácter regresivo.
Lo anterior, sin duda alguna, agrava la desigualdad existente en nuestro país, situación ofende gravemente a la sociedad, generando con ello una sensación de desencanto con la democracia. María Amparo Casar, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señala que la corrupción constituye la primera preocupación de quienes se plantean realizar inversiones en México, incluso por encima de la violencia y la inseguridad.
Si bien el Estado tiene que ser el primero en combatir la corrupción, utilizando todos los medios a su alcance, se debe reconocer que este fenómeno tiene tantas implicaciones políticas, económicas y sociales que los esfuerzos encaminados a su erradicación requieren ser transversales e involucrar a todos los actores sociales para que rindan frutos.
En este sentido, no podemos soslayar que, a pesar de que se suele pensar que la corrupción es exclusiva de la clase política, ésta engloba múltiples prácticas y costumbres presentes en la vida cotidiana. Recordemos que la corrupción incluye tanto al corrupto como al corruptor, por ello preocupa que en nuestro país algunos sectores de la sociedad vean a las mordidas, los moches y demás corruptelas como una puerta para el ascenso social.
“Transamos y No Avanzamos”, un informe reciente del IMCO, constata que un 63% de los empresarios mexicanos considera que la corrupción forma parte de la cultura de negocios en el país, que la mitad de las empresas reconoce haber pagado un soborno y que todos los años se registran más de 200 millones de pequeños actos fraudulentos.
De acuerdo a los autores del estudio, la corrupción funcionaría como un agujero negro, como una poderosa lógica centrífuga que, en virtud de lo extendido de la práctica, lleva a muchos a incurrir en actos de corrupción pensando que es conveniente hacerlo porque la percepción es que así se pueden obtener ventajas sobre los competidores y acelerar los trámites.
El tema para este año 2015 propuesto por la ONU para el Día Internacional Contra la Corrupción es ¡Rompe la Cadena de la Corrupción! Con lo cual se pretende exhortar a que gobiernos, sector privado, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y ciudadanos en todo el mundo unan fuerzas para combatir este delito.
La campaña también subraya que la corrupción es un delito transversal, que afecta a muchas áreas. Además, pone en evidencia que actuar contra la corrupción es fundamental para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen por fin erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos.
Por vez primera en la historia del país contamos con un marco jurídico e institucional de mayor amplitud y alcances, que supone esquemas de prevención, detección y sanción de la corrupción para los tres poderes y en los tres órdenes de gobierno que permitirá actuar de forma coordinada, congruente, sistemática y ordenada. Nuestro compromiso como legisladores debe ser avanzar en la legislación secundaria y velar por la adecuada implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Por parte de los ciudadanos, el compromiso en contra de la corrupción debe manifestarse a través de la denuncia de los actos de corrupción, no siendo partícipe de ellos y no tolerándolos.
En este sentido, estimamos pertinente solicitar a la Secretaría de la Función pública la implementación de campañas y programas encaminados a combatir desde, la sociedad y de la mano con los ciudadanos, la cultura de la corrupción en nuestro país.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a implementar campañas y programas encaminados a combatir la corrupción desde la sociedad, en concordancia con lo señalado por la ONU en el marco del Día Internacional contra la Corrupción.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 8 días del mes de diciembre del año 2015.
Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para solicitar que se cree la comisión especial de la alimentación, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito Mario Ariel Juárez Rodríguez, diputado federal, integrante de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 207, 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de obvia resolución, para crear la Comisión Especial de la Alimentación.
La alimentación es un derecho fundamental contemplado en el artículo 4, párrafo tercero de nuestra Carta Magna, dado al impacto en el desarrollo físico e intelectual de las personas, y por lo tanto de la sociedad, cualquier problema relacionado con este elemento debería ser de la mayor prioridad de atención en todos los ámbitos de la sociedad, por ello: de Acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se considera que “El derecho a la alimentación es un derecho humano universal que permite que las personas tengan acceso a una alimentación adecuada y a los recursos necesarios para tener en forma sostenible seguridad alimentaria” (FAO, 2012).
Así la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25 señala que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación”
También el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), de acuerdo con su artículo 11 reconoce “...el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia,” incluyendo la “...alimentación, vestido y vivienda adecuados,” así como la adopción de “...medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho”.
Sin embargo, en el caso específico de México de acuerdo con datos publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), del año 2012 el 23.3% de la población presentó carencia alimentaria, lo que traduce en que casi la cuarta parte de la población presenta este problema y una de cada diez personas en México padeció inseguridad alimentaria severa.
En este mismo contexto, durante el año 2012 la prevalencia nacional de anemia en los niños menores de cinco años fue de 23.3 por ciento, el mayor nivel de anemia se observó en menores de doce a veintitrés meses de edad.
Los datos anteriores evidencian la problemática actual que enfrenta nuestro país. Por ello es imprescindible garantizar una alimentación adecuada a través del impulso de políticas públicas que fortalezcan la producción, distribución, disfrute y goce de ésta, sobre todo en los estratos poblacionales más vulnerables, donde el combate a la carencia en alimentación y el anhelo de alcanzar un mejor nivel de bienestar se consolidan como meta.
Por ello el garantizar y proteger el derecho a la alimentación es un tema de justicia social, de inclusión, dado anterior es necesario dar una solución contundente a la inseguridad alimentaria y garantizar que aquellos que viven esta situación o se encuentran en riesgo de vivirla, tengan el respaldo para ejercer este y todos sus derechos humanos.
Desde el ámbito legislativo, es necesario impulsar los mecanismos para dar cumplimiento a este derecho fundamental.
En virtud de lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición:
Puntos de Acuerdo
Primero . Se crea la Comisión Especial de la Alimentación, que funcionará durante la LXIII Legislatura.
Segundo. El Objetivo de la Comisión Especial de la Alimentación, será analizar las condiciones para garantizar una alimentación sana y adecuada, considerando la producción agropecuaria, su distribución y consumo a fin de impulsar políticas públicas que coadyuven a que todos los ciudadanos accedan al disfrute de este derecho humano.
Tercero. La Comisión Especial estará integrada por un total de doce diputadas y diputados, de los distintos grupos parlamentarios, y su Junta Directiva estará conformada por un Presidente y tres Secretarios.
Cuarto. La Comisión Especial contará con los recursos necesarios para desarrollar adecuadamente sus actividades con cargo al presupuesto autorizado a la Cámara de Diputados.
Quinto. La Comisión Especial tendrá vigencia desde el momento de su creación, hasta el 31 de agosto del 2018, debiendo entregar un informe final de actividades, además de los considerados dentro del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2015.
Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al gobernador y al director general del Instituto de Pensiones de Veracruz que paguen en tiempo y forma las pensiones y el aguinaldo a jubilados que prestaron servicio público 30, 40 y 50 años en la entidad, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobernador del estado de Veracruz, doctor Javier Duarte de Ochoa y al director general del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, licenciado Armando Adriano Fabre, realicen en tiempo y forma el pago de las pensiones y aguinaldo, a los trabajadores jubilados que prestaron servicio público 30, 40 y 50 años al estado de Veracruz, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Antes de la década de los años cincuenta y de conformidad con el artículo 68, fracción XLIII, de la Constitución Política, la honorable Legislatura de Veracruz tenía la facultad de conceder pensiones a los empleados públicos que por enfermedad y edad avanzada estuvieran impedidos para el servicio, siempre que tuvieran más de 25 años de antigüedad, lo que se traducía en percepciones simbólicas que no eran justamente correspondientes a la situación de las necesidades del trabajador.
Siendo gobernador el licenciado Jorge Cerdán, con fecha 8 de septiembre de 1944, se expide la Ley del Seguro Social del Magisterio Veracruzano, la cual tiene como finalidad, según los considerandos, asegurar el bienestar de los trabajadores al servicio del magisterio, en sustitución del “Seguro del Maestro”. Dicha ley establece auxilios de carácter inmediato para enfermedades y accidentes de los trabajadores de esta rama y de sus familiares.
En el año de 1952, bajo la gestión gubernamental del señor licenciado Marco Antonio Muñoz Turnbull, se dispone la Ley que crea al Instituto de Compensaciones de Retiro, que es la base primaria para el reconocimiento de los seguros más elementales para los trabajadores públicos veracruzanos; aun cuando nace en forma incipiente, con recursos económicos muy limitados, pues la aportación para financiar los beneficios es unilateral a cargo del gobierno del estado y los organismos incorporados, consistente en 5 por ciento del sueldo de sus trabajadores, su importancia es relevante porque demarca el inicio de un régimen de seguridad social más amplio, obligatorio, permanente y que ya es exigible por aquéllos a quien debe proteger.
En 1967 nace el actual Instituto de Pensiones del Estado, durante la administración del señor licenciado Fernando López Arias, en cuya ley se advierte el aumento de la cuota y aportación a 6 por ciento y se instituyen nuevas mejorías en los beneficios; sin embargo, la evaluación de su contenido lleva a advertir que es un reflejo fiel del ordenamiento jurídico que regula al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con la simple particularidad de que se ajusta a los perfiles de las necesidades del orden estatal, pues no comprende el ramo del seguro médico-quirúrgico y farmacéutico.
En el año de 1977 durante el gobierno del licenciado Rafael Hernández Ochoa, se adiciona la fracción VI del artículo 97 de la ley, con el objeto de facultar al instituto para realizar actos de naturaleza mercantil, que tengan por objeto la operación de empresas industriales o comerciales, previo el acuerdo del consejo directivo, que constituye la operatividad de los hoteles, tiendas, cines y un cementerio que anteriormente no existían, encaminada esa administración a consolidar el patrimonio de la institución, lo que propició que se ampliara su campo de acción.
En 1979 y 1980, se introducen nuevas reformas y adiciones en la ley, que se reflejan en el otorgamiento de los préstamos a corto plazo, en la incorporación de trabajadores que estaban excluidos de los consiguientes beneficios (Direcciones de Tránsito y Seguridad Pública del Estado), ayuda para gastos de funeral, indemnización global y principalmente la cotización que hacen los trabajadores y la aportación del gobierno del estado y organismos públicos incorporados se eleva al 7 por ciento, instituyéndose a favor de los jubilados y pensionados la “pensión móvil”.
Durante el gobierno del licenciado Patricio Chirinos Calero, surge la Ley Número 20 de Pensiones del Estado de Veracruz, que entró en vigor el primero de diciembre de 1996, la cual contempla un nuevo esquema de cotización, en donde el importe de las cuotas a cargo de los trabajadores es del equivalente a 11 por ciento del sueldo básico mensual que disfruten y, por parte del gobierno del estado y los organismos públicos incorporados a razón de 13.53 por ciento del sueldo básico mensual de sus trabajadores.
En ese orden ideas, lamentablemente durante el gobierno del doctor Javier Duarte de Ochoa, las finanzas públicas del estado se han manejado de forma desordenada y deficiente, por lo que al haber déficit presupuestal el estado ha recurrido el Instituto Pensiones del Estado como caja chica para subsanar estas deficiencias causando graves problemas económicos a esta institución que se ha mantenido con las aportaciones que hacen los trabajadores del estado para prever un pensión digna para el retiro1
Bajo esa tesitura, a partir del año que está por terminar, de forma atípica e irresponsable el gobierno del estado de Veracruz ha atrasado los pagos que se realizan mes con mes a los jubilados y pensionados derechohabientes del Instituto de Pensiones del Estado, causando graves problemas de salud a los beneficiarios ya que cada mes sus pensiones son la subsistencia y supervivencia. Esta problemática ha llegado a tal grado de desesperación que muchas de estas personas de la tercera edad al asistir a las instituciones bancarias y no ver reflejados en sus cuentas el depósito correspondiente al pago de sus pensiones, determinan en grupo cerrar los bancos y calles de las principales ciudades del estado, generando una problemática social mayor2 .
Es necesario señalar que al día de hoy jubilados y pensionados del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, no han cobrado sus prestaciones correspondientes al mes de noviembre, por lo que se encuentran en algunos casos desesperados ya que prevén que los pagos correspondientes al mes de diciembre relativos a pensión y aguinaldo no se les depositara en tiempo y forma, tal y como lo marca la normatividad correspondiente.
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se solicita al gobernador del estado de Veracruz, doctor Javier Duarte de Ochoa y al director general del Instituto de Pensiones del Estado, licenciado Armando Adriano Fabre, realicen en tiempo y forma el pago de las pensiones y aguinaldo, trabajadores jubilados que prestaron servicio público 30, 40 y 50 años al estado de Veracruz.
Notas
1. https://meganoticias.mx/tu-ciudad/xalapa/noticias/item/69141-pensionado s.html
2. http://eldelsur.com/2015/07/31/ipe-no-paga-a-pensionados-y-jubilados/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2015.
Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y la Semarnat a tomar medidas contra la explotación ilegal de la arena en las playas mexicanas, a cargo del diputado Timoteo Villa Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Timoteo Villa Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 7 presenta a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a tomar medidas contra la explotación ilegal de la arena en las playas mexicanas bajo las siguientes
Consideraciones
Las playas ofrecen a las personas diversos servicios ambientales: recreación, paisaje, protección contra los fenómenos naturales, y aprovechamiento de los recursos minerales.
A mediados de abril de este año, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó el daño causado en una superficie aproximada de 301.50 metros cuadrados, en un zona natural de anidación de tortugas marinas en peligro de extinción debido a la sustracción ilegal de arena en el Área de Protección de Flora y Fauna de Cozumel, Quintana Roo.
También a finales de diciembre del año 2013, la misma Procuraduría aseguró un total de ocho toneladas de arena de mar en Baja California Sur, la cual era transportada ilegalmente en 320 sacos en un tractocamión y pretendía ser enviada a Puerto Vallarta, Jalisco, sin amparar su legal procedencia. Se presume que el producto pétreo marino asegurado pretendía ser transportado vía marítima en un transbordador hasta el puerto de Mazatlán, Sinaloa, con destino final a La Cruz de Hunaclaxtle, Puerto Vallarta, Jalisco, informó la Procuraduría en un comunicado.
La arena de mar es un recurso no renovable y se ha convertido en uno de los más demandados por detrás del agua, superando el consumo del petróleo.
Según un informe de la Organización Unión Internacional de las Ciencias Geológicas (International Union of Geological Sciences), el tráfico mundial de la arena de mar ronda los 18.000 millones de toneladas. La arena se ha hecho necesaria en las actividades secundarias y terciarias de la población, podemos encontrar este material en la construcción, el turismo, la minería y destacándose en el sector tecnológico ya que de ella se extraen minerales como el silicio, que se usa para fabricar dispositivos.
Un estudio de la Universidad de Carolina (EEUU), indica que 36 países ya evidencian las consecuencias de la explotación indiscriminada de este recurso: playas arrasadas y barreras de coral destruidas.
Denis Delestrac investigador y autor del documental “Sand War” comenta que hasta ahora no ha habido una guerra por la arena, pero la voracidad de lugares como Singapur o Dubái y podríamos ver pueblos peleando por este elemento. Como se menciona anteriormente el consumo de arena para la construcción de obras para ganarle terreno al mar ocasionaría un conflicto político mundial a futuro.
Un país afectado por este tráfico ilegal es Jamaica. Entre 2008 y 2012 desapareció casi por completo la playa de Coral Spring. Cuatrocientos metros medía esa playa de arenas blancas con media hectárea de grosor, que fue progresivamente expoliada. Fuentes periodísticas informan que el comisionado para el Crimen de la isla y responsable de la investigación de este suceso, Mark Shields, declaro que quinientos camiones cargados llegaron a salir en una sola semana. El país isleño ha endurecido las penas contra este tráfico.
Debido al tipo de arena de su suelo, la ciudad de Dubái, se ha visto en la necesidad de importar arena. Es conocido que se han construido majestuosos proyectos como el “Palm Islands”, que consiste en un archipiélago artificial formado por siete islas distribuidas para simular la imagen de una palmera en el mar, instalándose lujosos resorts en ella.
En este proyecto se necesitaron cien millones de metros cúbicos de arena solo para construir las dos islas artificiales mayores. Y se encuentran en construcción otros magnos desarrollos de las mismas características. Pero contrariamente, a pesar de que la ciudad está en el desierto arábigo, los granos de arena que forman las dunas son de una variedad que no permiten la adecuada sedimentación; en cambio, la de las playas y los fondos marinos que se importan a la ciudad árabe es idónea para estos proyectos.
Para satisfacer la demanda de construcción de espacios ganados al mar, Australia proyectó en el negocio de la venta de dicho recurso a finales de la II Guerra Mundial. Inicialmente, los yacimientos en los que se realizaban las extracciones estaban en la península de Kurnell, pero en 1990 esta área costera estaba ya totalmente arrasada, y sus espectaculares playas habían quedado reducidas a un puñado de dunas. Desde 1998, los nuevos yacimientos se han instalado en Strandbroke, y desde allí, las empresas australianas abastecen no solo a Dubái, sino también a Reino Unido y a Dinamarca.
Otro país que abastece a Dubái es la India. Según un estudio realizado por la Bombay Natural History Society en 2012, la minería ilegal de arena se ha convertido en la mayor amenaza medioambiental del país; por encima incluso de la contaminación. La imparable demanda de arena tanto para la industria local de la construcción como para la exportación ha generado una auténtica mafia. Ya que los delincuentes locales han descubierto que el contrabando de arena es un negocio tan rentable como la prostitución y la droga.
Otro problema que genera la devastación de las playas y lecho marino es la ecología. La destrucción de la duna costera es uno de los factores principales que pone en riesgo al ecosistema litoral. La arena marina cumple una función en el mantenimiento de la protección de mareas altas o fenómenos climatológicos como los huracanes y las tormentas. Debido a que la arena absorbe la humedad que estas generan. A desaparecer se corre el riesgo de sufrir inundaciones que vulneran a la población y el entorno natural.
En México, la Administración Federal anterior, el Registro Público de Derechos de Agua informo que tenía concesionados 2 mil 484 títulos para extraer 99.7 millones de metros cúbicos de materiales pétreos al año, pero según el entonces director de CONAGUA, José Luis Luege Tamargo, anunciaba que el volumen pudiera haber sido mayor por la actividad ilegal.
La falta de planificación y de un buen manejo integral en las playas, la minería y el relleno para la construcción, han sido una de las principales causas en las últimas décadas de la degradación de nuestras costas, la perdida de hábitats y aunado a esto, la pérdida de la flora y fauna que se encuentra en ellas.
En México 17 de los 32 estados son costeros, en conjunto forman la línea costera que tiene una longitud aproximada de 11 mil kilómetros. Esto se define en el Artículo 42. Constitucional donde se Marca como territorio nacional las islas, los arrecifes y cayos en los mares adyacentes; así como La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho Internacional y las marítimas interiores.
El artículo 27. De la constitución ratifica que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. En este mismo artículo define la correspondencia de la Nación en el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos.
Es por ello que la extracción y venta ilegal de arena de mar es un delito que vulnera nuestra soberanía, nos vulnera ante los fenómenos climatológicos y atentos contra el medio ambiente
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Economía a vigilar en el marco normativo, la extracción, explotación y comercialización de la arena marina de los litorales mexicanos con el fin de combatir la ilegalidad y aprovechar este recurso dentro de los parámetros del desarrollo sustentable.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que vigile las actividades referentes a la explotación de la arena marina con miras a preservar el medio ambiente y aplicar las sanciones correspondientes a quien atente contra la naturaleza.
Palacio Legislativo 4 de diciembre del 2015.
Diputado Timoteo Villa Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Segob a difundir el destino que tendrá el programa integral Frontera Sur y las acciones por implantar para atender el fenómeno migratorio que garantice el pleno respeto de los derechos humanos, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
1. Los migrantes que transitan por el territorio nacional tienen los derechos que les reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales firmados por México, sin importar su nacionalidad ni situación migratoria. A pesar de ello, diversas acciones que han emprendido los gobiernos de nuestro país dejan mucho de qué hablar respecto a estos principios y sobre el respeto de los derechos fundamentales.
2. Un ejemplo de ello es el Programa Integral Frontera Sur, el cual es operado a través de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur y que se creó por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 2014, con un presupuesto asignado de 102 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015, de los cuales 56 millones 147 mil 873 estaban destinados para salarios y 45 millones 863 mil 870 para gasto operativo.
3. Con la estructura programática presentada dentro de la política presupuestal base cero, propuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 2016, se fusionaron dos de las tres unidades administrativas en materia de migración en el programa presupuestario denominado E008 Política y Servicios Migratorios, pertenecientes a la Secretaría de Gobernación, la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur y el Instituto Nacional de Migración.
4. Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, señaló en fechas recientes que lo anterior puede representar un retroceso en la atención a los migrantes y que la estructura programática presentada, lejos de garantizar que se cumpla lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo respecto a la protección de las personas migrantes, vulnera el goce pleno de sus derechos humanos.
5. Dicho programa surgió en un panorama de crisis marcado por el alto flujo de extranjeros, la mayoría centroamericanos en situación irregular; el aumento de accidentes en el tren de carga conocido como La Bestia y casos de agresiones de grupos criminales contra los migrantes entre otras calamidades; con el objetivo de desarrollar estrategias que garantizaran la seguridad y protección de los migrantes, el combate y erradicación de grupos criminales que vulneran sus derechos, y un plan para mejorar la infraestructura del ferrocarril.
Dicho programa tomaba como antecedentes de esta problemática lo sucedido entre 2002 y 2014, donde al menos 476 migrantes fueron mutilados por el tren, perdieron una pierna, brazos o ambas extremidades, según datos del Instituto Nacional de Migración y el Comité Internacional de la Cruz Roja en México, cifra que supone un promedio de 37 casos al año; sin embargo, existe una cifra negra de los fallecidos, los que nunca fueron hallados o simplemente fueron atendidos por otras instituciones en su ruta.
6. Entre las metas del programa se encontraba focalizar acciones y programas de la frontera sur con 23 municipios limítrofes con Guatemala y Belice, a través de monitoreo, uso de nuevas tecnologías, patrullajes y mantenimiento de las vías; rehabilitación de espacios públicos, campañas para promocionar las vías de internación legal; clausura de giros negros, acciones contra el crimen para combatir el tráfico y la trata de personas, la operación de pandillas y otras organizaciones criminales, el fortalecimiento de las fiscalías para la atención de los migrantes; alojamiento, alimentación y atención médica primaria en el marco del programa de retorno asistido; apoyo de la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el marco del Programa Nacional de Infraestructura que consideró una inversión de 6 mil 58 millones de pesos entre 2014 y 2018, que servirían para reparar y mantener las vías ferroviarias, mejorar la conectividad y aumentar la velocidad promedio de los trenes para mitigar los problemas sociales asociados al lento paso del tren de carga del Istmo de Tehuantepec y Chiapas-Mayab, que cruza seis estados del sureste del país, con un recorrido de casi mil kilómetros y que al año transporta 2.5 toneladas de carga.
7. Sin embargo, la aplicación del Programa Integral Frontera Sur ha dado resultados negativos, por mencionar algunos, tenemos los siguientes:
• El informe denominado Un camino incierto. Justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes y refugiados en México , presentado por la Oficina de Washington para América Latina, se da cuenta que, desde la entrada en vigor del Programa Frontera Sur, el número de operativos y verificación migratoria aumentó de manera significativa en 73 por ciento entre 2013 y 2014, al pasar de 16 mil 182 a 27 mil 992, lo que propició también un aumento a las violaciones sobre derechos humanos.
• El reporte, titulado Migrantes invisibles, violencia tangible, dado a conocer por la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, precisa que con la ejecución del Programa Frontera Sur se presentó un incremento de 29 mil 4 deportaciones; al comparar datos de 2013 con los de 2014, ya que en 2013, se registraron 77 mil 395 migrantes centroamericanos deportados y en 2014 un total de 107 mil 199 entre guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.
• El mismo informe precisa que los principales delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por autoridades mexicanas en contra de los migrantes centroamericanos están vinculadas con robos o ataques al derecho de propiedad privada con 76 por ciento, violaciones al derecho a la integridad física con 17 por ciento y al derecho a la libertad personal con 7 por ciento.
• El reporte precisa que las instituciones que cometieron las violaciones de derechos, principalmente las de violación al derecho a la propiedad privada de los migrantes son la Policía Federal (41 por ciento), la policía municipal (24 por ciento), grupo policiaco indeterminado (14 por ciento), policía estatal (12 por ciento), agentes del Instituto Nacional de Migración (6 por ciento), Ejército (1 por ciento) y entre policía judicial, Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial y la Marina concentran el 2 por ciento restante.
8. En días recientes, el titular de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, declaró que estaba en revisión el futuro del Programa Integral Frontera Sur, hecho que se suma a la nueva estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo cual crea una incertidumbre sobre las acciones que debe llevar a acabo el gobierno mexicano para atender el fenómeno de la migración con una clara vocación de respeto a sus derechos y de no represión.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que haga del conocimiento de la población en general los instrumentos y mecanismos mediante los cuales serán continuadas las acciones y objetivos del Programa Integral Frontera Sur para atender el fenómeno migratorio, mismas que debiesen garantizar el pleno respeto a los derechos humanos con independencia de la calidad migratoria de las personas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2015.
Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP a flexibilizar los lineamientos del Fondo de Apoyo a Migrantes para el ejercicio fiscal de 2016 e incluir Chiapas entre sus beneficiarios, a cargo del diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, Enrique Zamora Morlet, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6°, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El artículo 56 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, estableció por primera vez un Fondo de Apoyo a Migrantes, para apoyar a los trabajadores migrantes en retorno y a las familias que reciben remesas, para que puedan encontrar una ocupación en el mercado formal, cuenten con opciones de autoempleo, generen ingresos y mejoren su capital humano y vivienda.
El Fondo de Apoyo a Migrantes correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional, es un Programa que opera de manera descentralizada en 24 Entidades Federativas, en los municipios ubicados en los estratos de bienestar 1 a 4 definidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); en los que más del diez por ciento de los hogares reciben remesas, distribuidos en las principales ciudades fronterizas receptoras de trabajadores en retorno; y en las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y del Valle de México.
Este fondo es regulado por lineamientos para su correcta operación, mismos que son expedidos por el área normativa dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En el marco de los lineamientos se definen los criterios para la distribución, aplicación, erogación, seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos del Fondo de Apoyo a Migrantes; los cuales se destinarán a proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento, que apoyen a los trabajadores migrantes en retorno y a las familias que reciben remesas para:
a) Encontrar una ocupación en el mercado formal;
b) Contar con opciones de autoempleo;
c) Generar ingresos;
d) Mejorar su capital humano y su vivienda, y
e) Apoyar la operación de albergues que los atiendan y retornar a su lugar de origen, en su caso.
Ahora bien, es importante mencionar que, el Estado de Chiapas está trabajando intensamente en atender el fenómeno migratorio, ya que aunque Chiapas se encuentra en la frontera sur de México, también es origen y retorno, de miles de familias que buscan una mejor condición de vida, en el extranjero.
La movilidad humana de los Chiapanecos, requiere de la acción coordinada e integral de los tres niveles de gobierno, que privilegien políticas públicas con un sentido humanitario, que fortalezcan los esfuerzos de la sociedad civil y antepongan los derechos universales de las personas independientemente de su condición migratoria, que promuevan la vida y la salud, el empleo legal, más allá de las fronteras y una estrecha vinculación a la cultura y riqueza de origen.
En este contexto, resulta importante señalar que los migrantes Chiapanecos deben acceder al Fondo de Apoyo a Migrantes que funciona desde el año 2009, presentando los siguientes argumentos para demostrar la viabilidad de esta inclusión:
1. Estado con alta recepción de remesas. El monto de remesas obtenido por Chiapas en el 20121 ascendió a 573 millones de dólares, ubicándolo en el lugar 13 de las 32 entidades, arriba de Nayarit, Aguascalientes y Yucatán, quienes sin embargo, participan de dicho Fondo con el 1.6%, 1.3% y 0.5%.2 Según los resultados de Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010, en Chiapas 35,689 hogares recibieron ingresos por concepto de remesas, lo que representa el 3.27% del total de hogares en Chiapas, y el 2.63% del total de hogares que recibieron remesas.
En contraste, en Yucatán (entidad dentro del Fondo) 8,872 hogares recibieron ingresos del exterior, lo que representa el 0.65% de los hogares que recibieron remesas en México y el 1.76% del total de hogares de esa Entidad; mismos datos que se han mantenido en promedio durante los ejercicios 2013 y 2014.
2.- Efectos del retorno de la población. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, durante el 2012 un flujo de 15,200 chiapanecos se registraron en los Módulos de Repatriación Humana de la Frontera Norte, colocando a la entidad en el lugar 9 de las 32 entidades federativas. Chiapas tuvo mayor flujo de repatriación que 14 entidades que participan del Fondo. Las condiciones actuales en el país del norte nos indica que la deportación de familias chiapanecas incrementará debido a la vulnerabilidad y marginación en que se encuentran nuestros paisanos en ese país, haciéndolos presas fáciles de las autoridades migratorias. Ello, indica la necesidad de generar políticas de atención a población retornada.
Estos datos que se han mantenido en promedio durante los ejercicios 2013 y 2014.
En consecuencia es clara la necesidad de actualizar los datos que rigen los lineamientos de operación del Fondo de Apoyo a Migrantes, en lo referente al apartado III Ámbito de Aplicación, toda vez que las entidades y población objetivo están determinadas en base a estadísticas del Inegi y del Conapo, las cuales no reflejan la realidad actual de la emigración de mexicanos, pues ahora otros estados emergentes como Chiapas se han incorporado a esta dinámica migratoria.
Máxime que para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, ésta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, derivado de los trabajos realizados en el seno de la Comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste, logró autorizar $300,000,000.00, (trescientos millones de pesos), para el Fono de Apoyo a Migrantes contenido en el Anexo 20, Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, Desarrollo Regional.
Por lo anteriormente expuesto pongo a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición, con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de flexibilizar los lineamientos que regularan el Fondo de Apoyo a Migrantes Contenido en el Anexo 20 del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas para el ejercicio fiscal 2016, y se incluya al estado de Chiapas dentro de los Estados beneficiarios por el Fondo.
Notas
1 Cifras disponibles en el Banco de México.
2 *A diferencia de Chiapas, Nayarit, Aguascalientes y Yucatán recibieron remesas por un monto inferior a las recibidas por nuestra entidad en cuanto al porcentaje de participación total de las remesas en México.
Dado en el Palacio de San Lázaro a los 8 días del mes de diciembre del 2015.
Diputado Enrique Zamora Morlet (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de Ocotepec, Puebla, a abstenerse de cumplir el acuerdo o memorándum de entendimiento celebrado entre el gobierno municipal y la fundación Living Water Internacional México, AC, para llevar a cabo el programa de ésta Lazos de Agua, pues contiene cláusulas contrarias a diversos artículos constitucionales, a cargo del diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Rodrigo Abdala Dartigues, diputado federal a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o.; el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
El cuatro de marzo del año en curso el gobierno municipal de Ocotepec, Puebla, y la fundación Living Water Internacional México, AC (LWI), firmaron un convenio o memorándum de entendimiento (MOU), en el cual esta asociación civil se comprometía entre otras cosas a proveer los materiales de construcción (cemento, acero y pétreos) para la construcción de un depósito de agua con capacidad de 150,000 litros, así como el material necesario de plomería para la rehabilitación o remplazo de línea de conducción del agua del depósito de aproximadamente 1.7 km.
Lo anterior parecería que no tendría problema y sería algo rutinario para LWI, ya que esta A.C., se presenta como una organización cristiana sin fines de lucro con sede en el estado de Texas, Estados Unidos, que ayuda a las comunidades de los países en desarrollo a crear programas sostenibles de agua, saneamiento e higiene.
Ligada a empresas como Femsa y Chevron a través de donativos, actualmente opera en 21 países y a decir de su página web ha realizado 16,247 proyectos. En el caso de nuestro país, según la propia organización no gubernamental (ONG) se tienen 377 proyectos de agua potable y de estos 132 se encuentran en el estado de Puebla.
En el caso particular del Municipio de Ocotepec, Puebla, durante los meses de marzo y abril se llevaron a cabo asambleas convocadas por la presidencia municipal y representantes de la fundación LWI para dar a conocer el proyecto hidráulico. La información que se dio a la comunidad versó sobre la infraestructura que comprendía el proyecto, pero sin dar explicaciones sobre la justificación y motivación que el ayuntamiento tenía para llevar a cabo el proyecto con la intervención de LWI.
A partir de estas juntas con los habitantes del municipio, los inconformes con el proyecto se organizaron hasta llegar a constituir el “Comité en Defensa del Agua y de otros Recursos Naturales del Municipio de Ocotepec, Puebla”, para iniciar las acciones legales en contra del proyecto de agua convenido entre autoridades municipales y la fundación LWI, llevando a cabo entre otras acciones marchas y manifestaciones, acompañadas de documentos en los que piden la rescisión del convenio.
No es intención de este punto de acuerdo el cuestionar la buena o mala fe de esta asociación civil, mucho menos los motivos o ideas religiosas de una fundación, mismas que al ser legales son respetables y protegidas como derecho humano por nuestra Constitución Política, lo que buscamos por medio del presente punto de acuerdo es defender el derecho de los habitantes de un municipio a participar en la toma de decisiones que con respecto al ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales se den en su comunidad. De igual manera anular de cualquier efecto jurídico el acuerdo o memorándum de Entendimiento firmado entre las autoridades del Municipio de Ocotepec, Puebla, y la organización no gubernamental, Living Water Internacional México A.C., por contener varias cláusulas cuestionables en cuanto a su constitucionalidad.
Es menester señalar que alrededor del 25 por ciento de la población del municipio de Ocotepec, Puebla, desaprueba el convenio, ya que lo han manifestado en la firma de la petición de recisión del mismo.
Lo anterior se torna de mayor importancia si tomamos en cuenta que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) contempla como un derecho de las personas el participar en la toma de decisiones con respecto al manejo aprovisionamiento de agua para el consumo humano y doméstico, al respecto el párrafo sexto del artículo 4o. de nuestra carta magna a la letra señala:
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible . El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines .
Para el caso que nos ocupa, son muchas las razones que tienen un gran número de ciudadanos de Ocotepec, Puebla para estar en desacuerdo con el convenio o memorándum ya mencionado, ya que este municipio poblano es de los sitios que afortunadamente cuentan con disponibilidad de agua para uso doméstico y urbano en cantidad y calidad suficiente, por lo que no ven motivo para involucrar a una fundación en acciones encaminadas a proveer a la población del vital líquido, los ocho títulos de asignación otorgados al municipio suman un volumen de 404 mil 429 m3 por año, cuando la estimación de consumo es de 264 mil 168 metros cúbicos por año.
Aunado a lo anterior, es incontroversial el hecho de que el convenio o Memorándum de Entendimiento (MOU) en su cláusula III es contrario a los preceptos de la Ley de Aguas Nacionales (LAN) al permitir que por medio del multicitado memorándum, una ONG se involucre en la tarea de proveer el agua municipal, ya que el primer párrafo de la cláusula III comienza con la siguiente frase:
“LWI y las autoridades locales trabajarán de manera conjunta para proveer el agua y se coordinarán para impartir los programas de Higiene y Saneamiento...”
Es relevante mencionar que un Gobierno Municipal no puede ni debe trabajar de forma conjunta con una ONG para proveer agua para uso público urbano o doméstico, de ser así violaría la LAN en su artículo 20, cuarto párrafo que señala que el uso o aprovechamiento del agua para el servicio público urbano o doméstico debe de darse por medio de una asignación otorgada por la Conagua, y este precepto de la LAN no pude ser modificado por medio de un MOU, al respecto el mencionado párrafo de la LAN a la letra dice lo siguiente:
“La explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales por dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, estatal o municipal, o el Distrito Federal y sus organismos descentralizados se realizará mediante concesión otorgada por el Ejecutivo Federal a través de “la Comisión” por medio de los Organismos de Cuenca, o por ésta cuando así le competa, de acuerdo con las reglas y condiciones que establece esta Ley y sus reglamentos. Cuando se trate de la prestación de los servicios de agua con carácter público urbano o doméstico, incluidos los procesos que estos servicios conllevan, la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, se realizará mediante asignación otorgada por el Ejecutivo Federal a través de “la Comisión” por medio de los Organismos de Cuenca, o por ésta cuando así le competa, a los municipios, a los estados o al Distrito Federal, en correspondencia con la Fracción VIII del Artículo 3 de la presente Ley. Los derechos amparados en las asignaciones no podrán ser objeto de transmisión.”
De tal forma que una asociación civil, por bien intencionada que sea, sin cumplir los requisitos que la LAN o de los ordenamientos estatales señalan para suministrar el agua para uso público urbano o doméstico, no puede ni debe involucrarse en proveer el agua para dicho fin.
Es incuestionable que el MOU en comento presenta clausulas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el municipio no debería de haber aceptado, firmado, y por lo mismo carece de valor jurídico.
El primer párrafo de la cláusula III contiene principios contrarios a la CPEUM, en cuanto a la sana separación que debe de darse entre el gobierno y las instituciones religiosas o iglesias, dicha cláusula dice.
“LWI y las autoridades locales trabajarán de manera conjunta para proveer el agua y se coordinarán para impartir los programas de Higiene y Saneamiento, movilización del sector religioso , talleres de Sostenibilidad dirigidos a al Comité de Agua Potable y autoridades locales y la construcción pertinente de proyectos de agua nuevos o rehabilitaciones.”
Caso similar encontramos en el último inciso de la misma clausula, identificada con la letra c) y en el numeral 12 de la cláusula IV, cuando en su respectivo orden estos señalan:
“c) Los entrenamientos para las organizaciones dotarán a los líderes sociales y religiosos de habilidades para conocer valores morales, civiles y bíblicos sin fines proselitistas, que busquen el cuidado de los proyectos de agua y desarrollo social.”
“Proporcionar a LWI libre acceso a cualquier escuela, iglesia , instalación de salud o la oficina pública para la presentación de los materiales de marketing social, (fotografías, videos, reportajes, entrevistas, etcétera).”
Al respecto, sí bien es cierto que el artículo 24 de la CPEUM reconoce como un derecho humano el de profesar la religión que mejor le parezca a cada persona, siendo la única condicionante que las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, no constituyan un delito o falta penadas por la ley, también es cierto que por efectos del artículo 40 de la ley fundamental nuestra nación es una república representativa, democrática, laica , federal.
En el mismo tenor, el primer párrafo del artículo 115 de la CPEUM señala que:
“Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: ...”
Si el estado es laico, de igual manera lo debe ser el municipio, de tal forma que este último no puede comprometerse a movilizar al sector religioso, son entes independientes, sin ningún vínculo jurídico, que se deben conducir de forma separada uno del otro, cualquier convenio en que el municipio se comprometa a movilizar al sector religioso carece de sustento jurídico y no obliga tal actividad a ser respetada.
Simplemente, el inciso c) del artículo 130 expresamente prohíbe a las autoridades, entre las que se encuentran las municipales, el inmiscuirse en la vida interna de las iglesias, esto bajo el siguiente texto:
“Artículo 130. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley.
...
b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas ... ”
Entonces, no es comprensible que bajo los preceptos mencionados de la CPEUM un gobierno municipal se comprometa a trabajar aunque sea de manera conjunta con una fundación en la movilización del sector religioso de su municipio, ya que no puede, ni debe involucrarse en este sector, o se preste para que se difundan los valores bíblicos , por muy bondadosos que estos sean, ya que las atribuciones del municipio son distintas a las religiosas. Mucho menos es entendible que un gobierno municipal se comprometa a permitir a una fundación el libre acceso a cualquier iglesia , siendo que el artículo 115 de la CPEUM, ni en ningún otro precepto de la carta magna le otorga la facultad al municipio para que este a su vez pueda garantizar dicho acceso a estos inmuebles, ni a participar en actividades donde se difundan los principios bíblicos, es más, como ya mencionamos el inciso b) del artículo 130 de la misma Constitución le prohíbe interferir en los asuntos internos de las organizaciones religiosos.
Además en la mayoría de los casos, por efectos del artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, dichos inmuebles son patrimonio de una asociación religiosa y no del municipio, es decir, el municipio no puede comprometerse a permitir el acceso a un edificio que es propiedad de un tercero, en este caso una asociación religiosa.
Si bien, derivadas de las manifestaciones que bajo el amparo de la CPEUM han hecho los opositores al proyecto, a decir de algunos medios de información, han conseguido que la fundación LWI se desista de intervenir en lo relacionado con el manejo del agua el municipio de Ocotepec, Puebla, no está por demás por las razones ya aludidas en este punto de acuerdo que la Cámara de Diputados del honorable Congresos de la Unión se pronuncie en contra del MOU mencionado en párrafos anteriores y conmine a las autoridades de dicho municipio a que en el futuro revisen cuidadosamente que los acuerdos a celebrar sean apegados a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las leyes que de ella emanan y a los tratados internacionales, con especial cuidado sobre los referentes a los derechos humanos de los que México es estado parte.
Otro tema que no debemos dejar pasar es el referente al conflicto social que en el municipio se ha desatado con motivo de la intervención de LWI, en el cual el grupo opositor al proyecto han manifestado ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla que se ha hecho uso de la policía estatal y la municipal para intimidar a los miembros del Comité en Defensa del Agua y de otros Recursos Naturales del Municipio de Ocotepec, Puebla, de ser esto cierto, se estaría incurriendo en claras violaciones a los derechos humanos tutelados en la CPEUM y en tratados internacionales signados por México.
Recordemos que el artículo 6º constitucional protege la manifestación de las ideas, el 9º la libertad de asociación y el 14 da certeza jurídica a los habitantes con respecto a los actos de autoridad, de igual forma el artículo 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos protege al individuo de los actos arbitrarios de la autoridad.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de sus atribuciones, exhorta de manera respetuosa al gobierno municipal del honorable ayuntamiento del municipio de Ocotepec, Puebla, a que se abstenga de dar cumplimiento al acuerdo o memorándum de entendimiento, celebrado el día cuatro de marzo del 2015, entre dicho gobierno municipal y Living Water Internacional México, AC, para llevar a cabo el programa de esta fundación denominado “Lazos de Agua”, por contener clausulas contrarias a los artículos 40; 115 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al igual que 20 cuarto párrafo de la Ley de Aguas Nacionales y 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al gobierno municipal del honorable ayuntamiento del municipio de Ocotepec, Puebla, a que en el futuro revisen cuidadosamente que los acuerdos o memorándums de entendimiento que celebren con organizaciones no gubernamentales o cualquier otra persona física o moral sean apegados a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las leyes que de ella emanan y a los tratados internacionales, con especial cuidado sobre los referentes a los derechos humanos de los que México es Estado parte.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la presidenta municipal del municipio de Ocotepec, Puebla, a que utilice la fuerza pública conforme a las normatividad aplicable y por ningún motivo para amedrentar de forma contraria a las leyes a los integrantes de los movimientos sociales que bajo el amparo de los preceptos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se manifiestan en contra de las decisiones de su gobierno.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Gobernación a que en el marco de sus atribuciones y facultades que le son conferidas por la normatividad aplicable, vigilen el que los acuerdos o memorándums de entendimiento, celebrados o por celebrarse entre diversos gobiernos municipales y la fundación Living Water Internacional México, AC, para llevar a cabo el programa de esta fundación denominado “Lazos de Agua”, se apeguen en sus cláusulas a lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con especial atención a los artículos 40; 115 y 130 de nuestra Carta Magna.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2015.
Diputado Rodrigo Abdala Dartigues (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la creación de un fondo federal de apoyo a la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de México, a cargo de la diputada Heidi Salazar Espinosa, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita Heidi Salazar Espinosa, diputada federal, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción XIX, 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para la creación de un Fondo Federal de Apoyo a la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de México, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con nuestra Constitución, el artículo 4º establece: “toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural”.
Asimismo, en el artículo 2º se reconoce la composición pluricultural de México, misma que nos da identidad ante el mundo y que se sustenta originalmente en sus pueblos indígenas que ya habitaban este territorio a la llegada de los europeos.
Siendo que en el mismo artículo se reconoce el derecho de nuestros pueblos indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
También es compromiso del Estado Mexicano definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.
En concordancia con lo anterior, el Estado Mexicano firmó y ratificó la Convención de 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, propuesta por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Diversificación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) y a partir de esta Convención, se han realizado 8 declaratorias de Patrimonio Mundial de diversos elementos y manifestaciones culturales de México, así como de Mejores Prácticas para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
Posteriormente, en abril de 2006, entró en vigor un Decreto mediante del cual el Estado Mexicano se adhiere a la Convención, a través de la cual se promoverán los mecanismos legales y los programas para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial o intangible de nuestro país, y que si bien ya existen algunos ordenamientos jurídicos que cubren parcialmente estos fines (desde el artículo 2° de nuestra Carta Magna, hasta la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas), además del Programa Ciudades Mexicanas declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad, son beneficiadas con recursos económicos otorgadas a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes por parte de la modalidad de Ciudades Patrimonio Mundial. No hay uno en específico para proteger esta parte tan vulnerable del patrimonio cultural de nuestro país.
En consecuencia, nuestra diversidad creativa es un Patrimonio de la Humanidad. México cuenta con un invaluable Patrimonio Cultural Vivo en los sostenedores de la cultura de los pueblos indígenas y de creadores populares, donde se vive una contradicción entre bajos índices de los indicadores económicos y de servicios de la calidad de vida y una gran riqueza patrimonial cultural y natural en los pueblos y regiones indígenas.
El Patrimonio Cultural Inmaterial es sin duda un gran activo para impulsar el desarrollo de pueblos y regiones indígenas y campesinas si se respeta el derecho a la práctica cultural propia y se promueve un diálogo intercultural respetuoso y efectivo. México es una potencia en Patrimonio Cultural Vivo y Veracruz es referencia mundial en la preservación del patrimonio. Ejemplo de ello es que Papantla es el municipio mexicano con más patrimonios reconocidos por la UNESCO: el Centro de las Artes Indígenas (2012), la Ceremonia Ritual de Voladores (2009) y la Zona arqueológica de El Tajín (1992).
Por lo anterior, en mi calidad de diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 fracción XIX, 6, numeral 1, fracción I, 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a la consideración de este pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se propone la creación de un Fondo Federal de Apoyo a la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de México (Patrimonio Vivo), para los elementos y manifestaciones culturales que hayan sido declaradas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, consideradas tanto en la Lista Representativa del Patrimonio Mundial como en el Registro de las Mejores Prácticas.
Palacio Legislativo, a 8 de diciembre de 2015.
Diputados: Heidi Salazar Espinosa (rúbrica), Erick Alejandro Lagos Hernández, María del Carmen Pinete Vargas, Alberto Silva Ramos, Sofía del Sagrario de León Maza, Adolfo Mota Hernández, Noemí Zoila Guzmán Lagunés, Marco Antonio Aguilar Yunes, Antonio Tarek Abdala Saad, Lillian Zepahua García, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, Carlos Federico Quinto Guillen, Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, Fidel Kuri Grajales, José Luis Saenz Soto, Javier Octavio Herrera Borunda, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Edgar Spinoso Carrera, Cirilo Vázquez Parissi.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias y las entidades de salud de la administración pública federal, así como los gobiernos de las entidades federativas y del DF, a impulsar en 2016 campañas de difusión sobre donación de sangre, y trasplantes de órganos y tejidos, a cargo del diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por el artículo 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Organización Mundial de la Salud establece en el preámbulo de su Constitución el concepto de salud como: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades”, esta organización está reconocida, y como tal, su reconocimiento se basa en la firma de 61 países, con fecha del 22 de julio de 1946, entre los países suscritos se encuentra México.
El 14 de junio de 2012 durante la celebración del “Día Mundial del Donante de Sangre” la OMS exhortó a más personas a realizar la donación de sangre de manera periódica, bajo el argumento evidente y sustentado, de que las tasas anuales de donación varían ampliamente, mientras que por otro lado, la demanda de sangre y derivados aumenta de la misma forma.
Bajo estos antecedentes en los cuales trabaja la Organización Mundial de la Salud, y los cuales indudablemente sostienen valores tan bien intencionados, es importante que hagamos desde este poder legislativo un llamado a la sociedad mexicana a participar en este tipo de actividades tan necesarias y loables, con el propósito de que se eleve el número de donadores de sangre, y además se incremente la participación ciudadana.
Aunado a esto, la donación de órganos y tejidos para su funcionalidad como trasplante también representa un reto en el mundo entero, y México ha asumido su compromiso con la salud, y en específico con este tema desde 1963, año en el que se empiezan a realizar trasplantes de órganos y tejidos, logrando del año en mención a la actualidad llevar a cabo 40 mil trasplantes.
Si bien los números son motivo de reconocimiento para la sociedad mexicana por su voluntad de donar órganos a pacientes que no cuentan con una salud física plena, también nos encontramos frente a un gran reto, el cual consiste en concientizar a la misma sociedad sobre la donación de órganos y tejidos, ya que en la actualidad el Centro Nacional de Trasplantes tiene un registro de que en el País 19,400 personas están en espera de algún órgano.
Del total de personas registradas en el Cenatra en espera de recibir algún órgano, 11,757 personas están esperando recibir un riñón; 7,257 requiere de una córnea; 408 necesita un hígado; 39 esperan un corazón, por otro lado, cabe mencionar que la gran mayoría de los trasplantes que se han atendido en lo que va del año, el cual asciende a 2,203 son de donantes familiares.
En esta tesitura, las campañas de difusión de donaciones de sangre, órganos y tejidos deben de ser la ocupación de las dependencias de salud de la Administración Pública Federal, de las Entidades Federativas y del Distrito Federal impulsando campañas de difusión de donación de sangre, órganos y tejidos, que permita a través de la concientización, la solidaridad de la sociedad mexicana, acrecentar el número de donantes, además de disminuir el número de pacientes fallecidos por no recibir un trasplante de órganos o tejidos a tiempo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las dependencias y entidades de salud de la administración pública federal, así como de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, a que durante el año 2016 impulsen campañas de difusión de donación de sangre, trasplantes de órganos y tejidos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2015.
Diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Justicia a dictaminar la iniciativa de Ley para prevenir, investigar y sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena
Juan Romero Tenorio, como diputados federales de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Primero. Que en mi carácter de diputado federal perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIII Legislatura, con fecha 29 de septiembre de 2015, presenté ante pleno de este honorable Congreso, un proyecto de decreto que expide la Ley para prevenir, investigar y sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas.
En dicho decreto de Ley para prevenir, investigar y sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas tiene como objetivo:
Prevenir la desaparición forzada de personas; tipificar el delito de desaparición forzada de personas y desaparición de personas por particulares; sancionar a las o los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa e incitación a la comisión del mismo; inhibir la práctica de la desaparición forzada de personas, estableciendo su sanción bajo cualquier circunstancia, incluyendo situaciones de posible emergencia, peligro, disturbio público, catástrofe natural o cualquiera otra; establecer directrices para la creación de protocolos de búsqueda inmediata de personas desaparecidas y protocolos de investigación del delito; realizar acciones encaminadas al descubrimiento de la verdad ocurrida con las personas desaparecidas, así como la pronta localización de su paradero; definir criterios generales para la creación de bancos de datos genéticos y de cadáveres no identificados; y establecer las bases para conformar políticas públicas en materia de desaparición forzada.
Segundo. Que durante la sesión parlamentaria de fecha 29 de septiembre de 2015, se turnó el Proyecto de Decreto que expide la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas, a la Comisión de Justicia, en términos del artículo 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, mismo que a la letra contempla que:
Artículo 182.
1. Todo asunto turnado a comisión deberá ser resuelto por esta, dentro de un término máximo de cuarenta y cinco días, a partir de la recepción formal del asunto, con las salvedades que este Reglamento y la Constitución establecen.
Tercero. Es urgente contar con una legislación que contemple la desaparición forzada de personas como un delito de lesa humanidad considerándolo como una grave ofensa. Por ello, hago énfasis en las obligación que tiene el Estado mexicano, en regular el delito de desaparición forzada; como antecedentes de ello expongo lo siguiente: la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (18/3/2008), y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (9/4/2002).
El 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos en el que se estudian aspectos relacionados con la prohibición de la desaparición forzada de personas en México. Caso que a la fecha no se ha dado cumplimiento a ninguno de los puntos recomendatorios por parte del Estado mexicano.
El 4 de mayo de 2012, se suscribió una solución amistosa con el Estado mexicano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se reconoció la responsabilidad internacional del Estado mexicano, por la desaparición forzada de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera. En dicho acuerdo se establece como garantía de no repetición de los hechos, la adecuación del marco normativo nacional a los estándares internacionales.
El 7 de abril de 2010, el Comité de Derechos Humanos en su observación final 12, recomendó al Estado mexicano, enmendar legislación penal a fin de armonizarla con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Del 18 al 31 de marzo de 2011, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitó al Estado mexicano y a finales de ese año, emitió un informe con una serie de recomendaciones generales, así como recomendaciones específicas en torno a seis aspectos: el marco legislativo; medidas preventivas y de seguridad; el derecho a la justicia y a la protección judicial; el derecho a la verdad; el derecho a la reparación del daño; y grupos en situación de particular vulnerabilidad .
Durante la audiencia del Comité de Desaparición Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizada en Ginebra, Suiza, en el mes de febrero del presente año, se calificó como un “reto inmediato la aprobación de la ley”. Por ello, es el Estado mexicano quien debe intensificar sus esfuerzos para asegurar que todos los casos de desaparición forzada sean investigados sin demora y los presuntos autores enjuiciados, de ser declarados culpables, sean sancionados de acuerdo con la gravedad de sus actos.
Cuarto. De acuerdo a datos oficiales son aproximadamente 25 mil 821 personas víctimas de desaparición forzada , cifra que denota la grave crisis humanitaria por la que atraviesa el país, lo que obliga a la exigencia de verdad, memoria, justicia y reparación integral para los miles de casos que existen dada la situación que azota a nuestro país desde hace más de 6 años con el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”; y que lamentablemente continua hasta nuestros días, con el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Quinto. El gobierno federal prometió a la sociedad mexicana que a más tardar en el mes de junio de 2015, quedaría aprobada una ley en materia de desaparición forzada, promesa que como otras, no se cumplió.
Sexto. El artículo segundo transitorio dela reforma al artículo 73 fracción XXI de la Carta Magna indica que
Transitorios
...
Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en las materias que se adicionan por virtud del presente Decreto al artículo 73, fracción XXI, inciso a), dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del mismo. La legislación a que se refiere el presente Transitorio deberá regular el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
...”
En este sentido, y considerando que dicho plazo vence el 10 de enero de 2016, es preocupante que el Congreso de la Unión en esta LXIII Legislatura incumpla con el mandato de la reforma Constitucional (DOF) 10 de junio de 2015, y se legisle en materia de Desaparición Forzada de Personas, adicionalmente a la urgente necesidad de legislar en materia de desaparición forzada de personas,
Por tanto y con fundamento en lo expresado así como en las disposiciones invocadas en el proemio, se propone como de urgente u obvia resolución el siguiente punto de acuerdo:
Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Justicia para que se discuta y se dictamine la iniciativa de Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas antes que fenezca el término previsto en el artículo Segundo transitorio de la reforma Constitucional al artículo 73 fracción XXI.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015
Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud que actualice el catálogo universal de servicios de salud y la prestación de servicios en unidades móviles para el traslado de pacientes que ameriten algún tipo de intervención de soporte vital o vigilancia de su condición, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del PRI
De la diputada Beatriz Vélez Núñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, punto de acuerdo por el que se solicita la actualización del Catálogo Universal de Servicios de Salud para incluir el traslado de pacientes, tomando en cuenta las siguientes
Consideraciones
Está de más aclarar que nuestro país ha vivido intensas modificaciones a la ley respecto al derecho humano a la protección de la salud, pasando por la concurrencia en materia de salubridad general, protección a grupos vulnerables, la incorporación del Sistema de Protección Social en Salud, hasta la campaña para la obtención de la salud universal.
Estas reformas han dado lugar a un servicio de salud único, con su propia serie de mecanismos tendientes a tutelar y hacer efectivo de la mejor manera al mencionado derecho, estableciendo por ejemplo nuevos estándares de supervisión y fiscalización, cuadros básicos y catálogos de insumos, así como una mejor calidad para las instituciones públicas y privadas.
Por estas razones y tutelado además por los artículos 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no sólo se creó el mencionado Seguro Popular sino que además se incorporó el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes).
Seguro Popular nos menciona que éste es un documento de referencia precisamente para dar forma a la nueva atención médica, pues sirve de herramienta indicativa e instrumental para conocer los servicios de salud a los que tiene derecho un beneficiario del Sistema de Protección Social en Salud.
Entonces, el catálogo tiene como objetivo principal establecer las acciones integrales de salud que deben ser cubiertas por el sistema para todo afiliado. Por lo tanto ha evolucionado desde su incorporación en que contenía 78 intervenciones de salud, para 2004, el número de intervenciones se incrementó a 91 servicios y para 2012 se incrementó a 284 intervenciones.
Hay que entender entonces que el Causes se entiende no como una restricción para los beneficiarios sino derechos orientados a satisfacer las obligaciones de protección a la salud ante las dificultades que implica la falta de acceso a la seguridad social.
Por lo tanto Causes no puede ser, como nos dice Seguro Popular, un documento de referencia, pues las intervenciones y las acciones médicas que contempla determina su papel como agente principal para la detección e intervención oportuna de enfermedades.
La razón es que el catálogo sirve al médico y a la institución para conocer la enfermedad y aplicar los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, es decir, los elementos fundamentales para garantizar el tratamiento de su enfermedad.
A lo que me refiero con lo anterior es al hecho de que las condiciones de aplicación amplía significativamente con el contenido y proyección del uso de Causes, pues la razón de los criterios específicos es la protección de la salud para todas las personas y por lo tanto su uso no debiera ocasionar ningún tipo de discriminación o problemas para acceder al derecho.
Es por eso que la integración del catálogo se basa también en servicios de hospitalización y cirugía, es decir servicios de atención médica que están agrupados de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades en su décima edición (CIE-10), y describen acciones médico-hospitalarias de forma integral y multidisciplinaria, necesarias para la resolución terapéutica de una enfermedad.
Del examen se advierte que su fin es el bienestar de los seres humanos, por lo que sorprende que aún hoy en día el catálogo impida el traslado del paciente que amerita algún tipo de intervención de soporte vital y/o vigilancia de su condición, desde el punto de partida hasta su destino.
Sabemos que en orden de preservar y respetar el mencionado derecho fundamental, deben otorgarse los medios técnicos, médicos o científicos a través de la institución encargada para proteger la salud de manera satisfactoria, por lo que la falta de cobertura en el traslado del paciente en estado crítico limita e impide el cuidado vital de la población.
El hecho de que en el Causes se incluyeran los servicios de atención médica fue para completar el derecho de los beneficiarios y asistirles de la mejor manera en todas las áreas del servicio de la salud. Siendo así, claramente se ha violado la garantía de protección integral.
Las familias que desafortunadamente tienen que enfrentar con la enfermedad de alguno de sus miembros también lidian con pagos que van desde mil cuatrocientos pesos, en los casos más baratos, hasta seis mil cada hora de uso por el vehículo equipado.
Ante la falta de recursos económicos destinados a la compra de gasolina para las ambulancias existentes o en algunos otros lugares a la falta de compra de los propios vehículos para cubrir los traslados tanto aéreos como terrestres, los costos por el servicio de una ambulancia podría desfalcar a la familia o peor, sufrir su pérdida por la falta de cuidados inmediatos durante el traslado.
El estado ha asumido la obligación de desarrollar las directrices y programas necesarios para garantizar a la población el “más alto nivel de salud” posible, no es un mero enunciado sino una responsabilidad ante la población para que no tengan que sufrir precisamente alguna situación como esta.
El servicio de ambulancia no es un lujo que las personas utilizan para llegar a su destino más cómodos, proporcionar los primeros auxilios a la persona que presenta una alteración en su estado de salud o en su integridad física, mediante soporte básico de vida.
En nuestro país, la atención médica hospitalaria pareciera comprenderse como acciones privadas o responsabilidad de los pacientes del Seguro Popular. La atención del estado a este rubro no es insuficiente sino casi nula y ello es preocupante si recordamos que hablamos de un mecanismo para disminuir los índices de morbilidad y mortalidad en aquellas personas lesionadas o enfermas, que requieren ser atendidas.
La medicina moderna, Causes en específico, está dirigido a revertir el creciente número de decesos asociados a enfermedades graves de aparición súbita o accidentes con lesiones severas, el servicio de traslado terrestre mediante ambulancias debiera de ser prioritario, pues toda persona está expuesta a sufrir un accidente y es su derecho ser atendida de manera oportuna.
En este contexto, la Secretaría de Salud debiera impulsar disposiciones sanitarias para hacer efectivo el derecho en la protección de la salud al traslado de pacientes, a la prestación de servicios en unidades móviles tipo ambulancia, se lleve a cabo con niveles homogéneos de calidad y seguridad en beneficio de la población en general.
Por lo tanto no basta emitir normas oficiales para regular los servicios de salud como la atención médica prehospitalaria, se requiere incluir el derecho de traslado dentro del Sistema de Protección Social en Salud. Un servicio que debe ser parte de la garantía del sistema de un primer nivel a un segundo nivel y de un segundo a un tercer nivel, es decir, hasta que el paciente reciba la atención hospitalaria final.
Urge que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud con autonomía técnica, administrativa y operativa, que se encarga de la provisión de servicios de salud a la población beneficiaria del Sistema de Protección Social en Salud, incluya este tipo de atención en el Causes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud actualice en el Catálogo Universal de Servicios de Salud la prestación de servicios en unidades móviles para el traslado de pacientes que ameriten algún tipo de intervención de soporte vital y/o vigilancia de su condición, sin importar el punto de partida y hasta su destino final.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2015.
Diputada Beatriz Vélez Núñez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer por la Semarnat medidas para transitar a energías renovables y limpias, a efecto de reducir las emisiones de CO2, a cargo del diputado Óscar Ferrer Abalos, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Óscar Ferrer Abalos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo previsto en el artículo 6, fracción I; artículo 79, Numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:
Consideraciones
Los trabajos de la conferencia del clima comenzaron este domingo 29 en Paris, se ha especulado que esta cumbre será trascendental ya que se pretende llegar al acuerdo donde las grandes potencias serán obligadas a aplicar los acuerdos para la reducción de emisiones de CO2.
Se propone desde la presidencia de Francia una posición ambiciosa, centrada en el objetivo de reducir en las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 por ciento en 2030 y un 60 por ciento en 2040 (respecto a 1990), en el marco de las próximas discusiones europeas. Otro objetivo fundamental es limitar el aumento de la temperatura global en menos de 2º C.
Esto sería un gran logro, pero debemos analizar la realidad, que representa esta farsa global, ya que se está apostando a la extracción de hidrocarburos y quema de combustibles fósiles.
Los países desarrollados dicen que no disponen de más dinero para ayudar a las poblaciones vulnerables como se había acordado en otras conferencias climáticas – pero El Fondo Monetario Internacional ha revelado recientemente que los gobiernos dedican la increíble suma de 10 millones de dólares cada minuto a subvencionar combustibles fósiles
Está comprobado que el calentamiento global provoca deterioro ambiental, impacta determinantemente en la autosuficiencia alimentaria, en la calidad de vida, en los derechos económicos, sociales y culturales y sucesivamente en los demás derechos humanos.
En los últimos años, hemos experimentado con alarma alteraciones importantes en el clima del planeta, con efectos directos en la degradación del medio ambiente, tales como la desertificación de extensas zonas de países pobres, el aumento de huracanes, desbordamiento de ríos y graves inundaciones
La sequía es un fenómeno meteorológico asociado al cambio climático que puede presentarse en cualquier lugar y momento y se caracteriza por la escasez o ausencia de agua.
Tanto las sequías como las inundaciones son resultado de una alteración en la dinámica atmosférica de la humedad. Algunos de los fenómenos que alteran el ciclo hidrológico y por ende la humedad atmosférica son El Niño, las erupciones volcánicas, la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la actividad industrial. La naturaleza de ambos fenómenos, producto de esos factores, es sumamente compleja: mientras una parte del país sufre sequía, otra puede encontrarse inundada, simultáneamente.
Para México actualmente se encuentra con una disponibilidad de agua por habitante Baja, según la clasificación utilizada internacionalmente
Según modelos matemáticos elaborados por el IMTA (instituto Mexicano de Tecnología del Agua), que calculan los impactos del cambio climático en zonas específicas de México, las zonas más afectadas serían en el norte de México. Las lluvias disminuirían hasta en un 22por ciento para el año 2030 en esa región. Eso nos pone en un panorama muy crítico porque, si se incrementa la temperatura, hablando de la cuestión relacionada con los cultivos, obviamente hay una mayor evapotranspiración en los cultivos y por ende va a existir una mayor demanda hídrica por parte de los cultivo
La calidad del agua es uno de los factores que se será severamente afectado. Un aumento de 2 a 3 centígrados para el año 2050 podría resultar en una menor disponibilidad de agua dulce que en el 2010, debido a un proceso que acelera la descomposición de la materia orgánica en el agua.
México es Parte de la mayoría de los Tratados y Convenciones de Derechos Humanos y de los principales instrumentos internacionales de protección al medio ambiente y cambio climático, entre los que se encuentran: Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies Amenazadas de Fauna y Flora de 1973; Convenio de Viena sobre la Capa de Ozono de 1985; Protocolo de Montreal sobre la Capa de Ozono de 1987; Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación de 1989; Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos de 1990; Convenio Marco sobre el Cambio Climático de 1992; Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992; Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía de 1994; Protocolo de Kioto sobre el Cambio Climático de 1997, etcétera.
Sin duda México está a la vanguardia en la firma de compromisos ambientales y de derechos humanos, pero en la realidad somos el ejemplo claro de la violación de estos. Evidenciado al aprobarse la Reforma Energética que pretende extraer hidrocarburos vorazmente, en lugar de transitar a energías limpias y renovables. Por lo que se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que realicen todas las medidas posibles para transitar a energías renovables y limpias para cumplir con los compromisos de reducir emisiones de CO2
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2015.
Diputado Óscar Ferrer Ábalos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a garantizar la publicación de los lineamientos para otorgar apoyos a las entidades federativas, en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, y establecer medios de control de los recursos asignados, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
1. Que al amparo del acuerdo emitido en 2012 por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, se instrumentó el Programa Nacional de Prevención del Delito, con enfoque municipal, cuyo propósito es orientar los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno: Federal, Estatal y Municipal, para corregir las situaciones de entorno y de convivencia que provocan violencia social y delincuencia, para lo cual alinearán sus presupuestos para hacer de la prevención del delito una prioridad nacional.
2. Dicho Programa, conocido como Plan antiviolencia, y según lo consignado en el Tercer Informe de Gobierno, entre 2012 y 2014, contribuyó a reducir hasta en un 35 por ciento la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, en las denominadas demarcaciones prioritarias de esa estrategia.
Ha trascendido que al menos 24 organizaciones civiles, entre ellas Incide Social y Cauce Ciudadano, han alertado sobre el riesgo de que el subsidio del Programa se desvíe para fines político-electorales en 2016, año electoral en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; por lo que es necesario que los Lineamientos sean publicados en este mes, a fin de evitar especulaciones en torno a un uso faccioso, en una materia que es, como ya se dijo, una prioridad nacional.
3. La importancia de la oportuna emisión de dichos Lineamientos estriba en que los criterios y la metodología para la distribución de los recursos a las entidades federativas, se establecen mediante la publicación del Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y los Convenios Específicos de Adhesión deben ser firmados por las autoridades estatales o del Distrito Federal competentes y la Secretaría de Gobernación, a más tardar el último día de marzo del siguiente año, además de que las entidades federativas beneficiadas deberán asegurar que los recursos del subsidio no se dupliquen con otros programas o acciones locales en materia de prevención. Asimismo, a fin de dar muestras de objetividad en la asignación de los recursos, la sociedad civil estará vigilante de que la misma se haga tomando en cuenta criterios de población beneficiada, incidencia delictiva y cobertura territorial.
4. Los subsidios materia de estos Lineamientos tienen como objetivo apoyar a las entidades federativas en el desarrollo y aplicación de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana, misma que prioriza un enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia, mediante la promoción de la participación ciudadana y de la sociedad civil, la cohesión comunitaria, la cultura de la legalidad, la cultura de paz, modelos de convivencia comunitaria que permitan la solución pacifica de los conflictos, prevención de violencia familiar, escolar y de género, intervención temprana en problemas de aprendizaje y conductuales, atención integral a víctimas, educación sexual y reproductiva, capacitación laboral, emprendimientos productivos, reinserción social, atención integral de adicciones, prevención de la discriminación, campañas de desarme, actividades culturales, recreativas y formativas para la apropiación de los espacios públicos y la convivencia comunitaria, redes comunitarias de prevención, programas de reconciliación policía-comunidad, modelos policiales de seguridad ciudadana y el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los tres órdenes de gobierno que permitan transparentar y establecer una efectiva coordinación entre las dependencias involucradas; por lo que no es cosa menor la cautela que se pide para su aplicación durante un año electoral.
5. Ahora bien, el pasado 25 de noviembre, momentos después de que se diera a conocer que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) solicitó una orden de aprehensión en su contra, Arturo Escobar y Vega comunicó su decisión de separarse del cargo de subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.
6. Justamente el titular de la Subsecretaría es la persona encargada de formular los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las Entidades Federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito; por lo que ante la falta de titular es que se vislumbra indispensable instar a la Secretaría de Gobernación a que emita sin dilación el Acuerdo que permita contar con mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas de los recursos federales que se asignarán para el ejercicio fiscal 2016 para la prevención del delito; además se establezcan las medidas necesarias para que, los recursos que se destinen a las entidades federativas y al Distrito Federal derivado de dicho Programa, cumplan con su finalidad y se evite un uso distinto al señalado por la Ley, sobre todo en el marco del proceso electoral que se llevará en diversas entidades de la República.
Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación a que garantice la publicación sin demora de los lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito.
Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que en la asignación y aplicación de los lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito para el ejercicio fiscal 2016, existan mecanismos de control de los recursos que se asignen para evitar que se utilicen para un fin distinto al señalado por la ley, sobre todo en las entidades federales donde se efectuarán procesos electorales.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 8 días de diciembre de 2015.
Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a implantar con sus homólogas locales y del DF un programa de deschatarrización en las escuelas públicas y liberar de mobiliario en desuso los planteles, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:
Considerandos
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .establece en el artículo 3° el derecho a la educación, asimismo, sus párrafos segundo y tercero señalan que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y que esa educación debe estar garantizada por el Estado, debiendo impartirse con calidad, con materiales, métodos educativos e infraestructura educativa adecuada para el desarrollo máximo de aprendizaje de los educandos.
2. El 26 de septiembre del 2013 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía llevó a cabo el primer Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, el cual reflejó un total de 232 mil 648 planteles de educación básica y especial con un número total de alumnos de 26 millones 283 mil 775; de las cuáles, según la encuesta, 152 mil 863 cuentan con bardeado o cerco completo y 18 mil 391 carecen del mismo. Del total de centros escolares, 127 mil 871 son públicos, 20 mil 86 privados y el resto son del Consejo Nacional de Fomento Educativo; de ellas, 80 por ciento de las públicas cuenta con techos de cemento y 17.2 de lámina, asbesto o cartón; asimismo, cerca de 9 por ciento de las públicas carecen de sanitarios y 5 por ciento no tiene energía eléctrica; más de 94 mil escuelas públicas tienen acceso a la red pública de agua, 4 mil 803 reciben el líquido por medio de pipas, 13 mil 676 por pozos o norias, 7 mil 45 deben acarrear y 2 mil 773 carecen de este recurso.
3. Para garantizar una estancia placentera en el entorno escolar, intervienen muchos factores entre ellos el ambiente escolar físico, conformado por los materiales y la infraestructura, estos son en sí mismos una fuente rica de información para las niñas, niños y adolescentes, puesto una que influyen en su aprendizaje y desarrollo integral, constituyen un insumo básico para los procesos educativos y su ausencia, insuficiencia o inadecuación pueden significar desafíos adicionales a las tareas docentes.
De este modo, las características de la infraestructura se transforman en oportunidades para el aprendizaje y la enseñanza; por lo que es imprescindible que todas las escuelas públicas tengan características que permitan garantizar su bienestar y facilitar la realización de los procesos de aprendizaje y enseñanza.
4. El deterioro de la infraestructura y mobiliario escolar, la precariedad de los servicios básicos, la carencia de áreas verdes y los patios pequeños para los recreos e, incluso, la falta de higiene en las instalaciones sanitarias son factores que afectan el aprendizaje de los alumnos de primarias y secundarias públicas del país, revela el Informe nacional sobre violencia de género en educación básica en México, elaborado por la Secretaría de Educación Pública conjuntamente con el Fondo de Naciones Unidas para la Niñez.
5. Contrario al texto constitucional, un sinnúmero de escuelas públicas en el país sufren carencias y deterioro en su infraestructura y mobiliario; el material en desuso constituye un verdadero problema, ya que por años se han ido acumulando en los patios, que deberían ser de recreo, pupitres, escritorios, archiveros, etcétera, todos materiales de desecho.
Han existido esfuerzos aislados, aunque exitosos, éstos han estado desarticulados del resto de las escuelas del país; sin embargo es urgente que en todo el país se lleve a cabo un programa de deschatarrización en todas las escuelas públicas.
Por ejemplo, en el año 2004 en la Ciudad de México la Secretaría de Educación Pública y el Museo Papalote Museo; de1 Niño, implementaron el Programa Desalojo de Bienes de Desuso en Escuelas Básicas y Normal del Distrito Federal, que tenían el propósito de vaciar bodegas o salones ocupados por mobiliario inservible; el material de desecho fue vendido por el Museo del niño, con el cual aportó a escuelas públicas entradas gratuitas al Museo; asimismo, en octubre del 2015 la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, puso en marcha el Programa de Recolección y Acopio de Bienes Muebles en Desuso mediante el proyecto “Limpia tu Escuela”, el cual tiene como objetivo actualizar la Tarjeta de Control Global de todos los centros educativos públicos del nivel de Educación Básica. Y en octubre de 2014 la delegación Tlalpan en la ciudad de México puso en marcha la primera etapa del programa piloto de deschatarrización en escuelas públicas de nivel básico con el retiro de casi 12 toneladas de mobiliario y material de desecho de la Escuela Secundaria Técnica 40 “Virgilio Camacho Paniagua”, liberándose más de 100 metros cuadrados del patio de la escuela.
6. Dentro de las mayoría de las escuelas públicas existe mobiliario arrumbado, almacenado; el cual ha sido sustituido por nuevo la acumulación de estos enseres representa un riesgo permanente para 1a salud de los estudiantes, ya que en algunos casos se ha convertido en un nido de diversas especies nocivas, cuando en esos espacios pudiesen realizar los estudiantes actividades deportivas, artísticas lúdicas, etcétera que mejoren sus capacidades físicas o su desarrollo personal.
Asimismo, por cuestiones de prevención de accidentes y riesgos, es imprescindible liberar a todas las escuelas del material en desuso, ya que los especialistas en Protección Civil han alertado del riesgo que el mobiliario chatarra representa para las niñas, niños y adolescentes.
7. Por lo anterior, a través de la presente proposición se urge a crear un programa gubernamental eficiente que atienda la deschatarrización en instituciones de educación pública en beneficio del mejoramiento de las condiciones de educación, seguridad e higiene de todas las y los estudiantes.
Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a implantar, conjuntamente con las Secretarías de Educación de todos los Estados y del Distrito Federal, un programa de deschatarrización en todas las escuelas públicas del país, que libere a todos los planteles de mobiliario en desuso.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 8 días del diciembre de 2015.
Diputada Marcela Contreras Julián (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo General del INE a iniciar el procedimiento para cancelar el registro del PVEM, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Una vez más surgen los temas pendientes derivados del proceso electoral de junio pasado de este mismo año, que tienen un expediente abierto, sobre la actuación del PVEM, que fundamentó su estrategia de campaña, no en una novedosa propuesta ideológica para los ciudadanos, sino en la sistemática violación de los principios más elementales que establece nuestra Constitución para los procesos electorales.
Cabe recordar que tanto el Instituto Nacional Electoral, INE, como el propio Tribunal Electoral, emitieron diversas sanciones a este instituto político, consistentes en la mayoría de los casos en multas de diferente cuantía, que en su conjunto sumaron al menos 500 millones de pesos, sin embargo estas sanciones no lograron inhibir su actuación.
Ante esta situación, el INE decidió imponer una serie de sanciones alternativas como el retiro del pautado del PVEM en los medios de comunicación por un plazo determinado, sin que tuviera tampoco el efecto deseado, dejando tal suspensión en unos cuantos días o tan sólo en un día.
También se valieron de la utilización mediática de los programas sociales, que se hizo evidente, en particular, con la campaña de los vales de medicinas, que se vinculó de manera sincronizada con el programa del ISSSTE que planeó entregarlos a sus cuentahabientes, para comenzar específicamente en el Distrito Federal.
• En suma, haciendo un recuento de la gran variedad de violaciones que cometieron, tenemos: desde el uso de recursos públicos y privados de origen ilegal; la contratación y adquisición de 300 mil espots en televisión, lo cual está prohibido, por el modelo de comunicación política; la contratación de espectaculares y propaganda fija de manera ilegal; compra de los llamados “cineminutos” a precios preferentes en las salas cinematográficas del país; contratación de inserciones en revistas del grupo Televisa; distribución de tarjetas de descuento; utilización de programas sociales del gobierno federal sobre vales de medicina; utilización de materiales no biodegradables en diversos objetos utilitarios y el uso ilegal de datos personales del padrón electoral y el empleo de twiteros famosos del medio artístico y del deporte en plena veda electoral para promocionar el voto a su favor, y para mayor mofa, los 163 promocionales que sí salieron aún en el día en el que el Instituto Nacional Electoral, INE, le retiró el ejercicio de esta prerrogativa como sanción.
Derivado de estas reiteradas violaciones, incluyendo desde las medidas cautelares, las resoluciones administrativas y sentencias, dictadas por las autoridades electorales del INE y del propio TEPJF, y de los 500 millones de pesos en multas que no sirvieron de nada, la actuación del PVEM marca un hecho inédito de trasgresión a la ley desde que se fundó la institución electoral como un órgano autónomo.
Ahora la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Fepade, solicitó a un juez federal una orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar, debido a que el ex vocero del Partido Verde Ecologista firmó contratos para repartir las tarjetas “Premium Platina”, que se distribuyeron por todo el país en la pasada elección, incluso con el nombre de las personas a las que se les regaló.
Esta consignación de la averiguación previa se debe a conductas cometidas por Arturo Escobar con la participación de empresarios por las aportaciones en dinero y en especie cuando existe prohibición legal para ello, concretamente en el artículo 15 de la LGMDE así como en el diverso contemplado en el artículo 7 fracción XXI; relativo a la contratación de proveedores no autorizados por el Instituto Nacional Electoral.
Esta actuación del Ministerio Público tiene su antecedente en una serie de quejas y elementos probatorios que se han presentado ante las autoridades electorales de manera específica sobre el asunto de las tarjetas de descuento, sobre las cuáles se han emitido diversas resoluciones por el TEPJF que a continuación citamos, toda vez que en ellas se valoraron los agravios presentados por los promoventes sobre el uso de las tarjetas:
Resoluciones tarjeta de descuentos “premia platino”
SRE-PSC-46/2015 Queja presentada por el PRD UT/SCG/PE/PRD/CG/71/PEF/115/2015, posteriormente por el PAN, Socorro Barrera Hernández, Javier Corral Jurado, MORENA y Héctor Montoya Fernández.
Resolución 27 de marzo
Primero. Se acreditan por la producción y distribución de las tarjetas de descuento Premia Platino, las infracciones a la normativa electoral imputadas al Partido Verde Ecologista de México, relativas a la entrega de artículos promocionales que implican un beneficio directo, inmediato y en especie para quienes los reciben, y la continuación de una campaña sistemática e integral que afectó el modelo de comunicación social.
Segundo. No se acreditan las infracciones relativas a la distribución de artículos promocionales utilitarios elaborados con material no permitido y actos anticipados de campaña .
Tercero. Se impone, al Partido Verde Ecologista de México con motivo de la distribución de las tarjetas de descuento Premia Platino, en domicilios de ciudadanos, una sanción consistente en la reducción del treinta por ciento de una ministración mensual de actividades ordinarias, esto es, la suma de $3,930,497.84 (tres millones novecientos treinta mil cuatrocientos noventa y siete pesos 84/100 M.N.).
Cuarto. Se vincula a las personas morales Proyectos Juveniles, SA de CV, y Multiservicios de Excelencia RQ, SC, al cumplimiento de la presente resolución, en los términos precisados en la misma.
En la sentencia dictada en expediente SUP-REP-152/2015 y su acumulado , la Sala Superior determinó que la distribución de las tarjetas Premia Platino no implicaba una estrategia integral y sistemática de publicidad del PVEM que vulnerara la ley; sin embargo, especificó que si transgredía lo dispuesto en el artículo 209 de la Legipe (presión a los electores para obtener su voto).
Resolución 15 de mayo de 2015
Resuelve
Primero. Se acredita la infracción a cargo del Partido Verde Ecologista de México consistente en la entrega de artículos promocionales que implican un beneficio directo, inmediato e indirecto para quienes los reciben, con motivo de la producción y distribución de las Tarjetas de descuento Premia Platino.
Segundo. Se impone, al Partido Verde Ecologista de México una sanción consistente en la reducción del quince por ciento de una ministración mensual que le corresponde del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes para el ejercicio dos mil quince, en los términos de la presente sentencia. ($4,040,423.14, en resolución previa había sido de $3,930,497.84).
SRE-PSC-213/2015
Derivado de la resolución al expediente SUP-RAP-217/2015 del 30 de mayo de 2015 en el que la Sala Superior determinó tramitar las denuncias que de conductas denunciadas acontecieron y guardan relación o vinculación directa con el proceso electoral federal en curso en la vía del procedimiento especial sancionador.
Múltiples quejas denunciaban el incumplimiento al Acuerdo de Medidas Cautelares ACQyD-INE-51/2015 dictado el 10 de marzo de este año, relacionado con la producción y distribución de las tarjetas Premia Platino, a cargo del PVEM y Proyectos Juveniles.
El 9 de julio de 2015 la Sala Regional Especializada:
Resuelve
Primero. Se acredita la infracción relativa al incumplimiento de las medidas cautelares dictadas mediante acuerdo ACQyD-INE-51/2015 de diez de marzo de este año, por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, por parte de la persona moral Proyectos Juveniles, S.A. de C.V con motivo de la suspensión de la campaña de las tarjetas de descuentos Premia Platino, y en consecuencia de sus beneficios, respecto de tres empresas y nueve sucursales.
Segundo. Se impone a Proyectos Juveniles, SA de CV, la sanción consistente en una multa por $100,032.7 (cien mil treinta y dos pesos 7/100 moneda nacional.
Tercero. Se acredita que el Partido Verde Ecologista de México incumplió las medidas cautelares dictadas mediante acuerdo ACQyD-INE-51/2015 de diez de marzo de este año, por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral con motivo de la suspensión de la campaña de las tarjetas de descuentos Premia Platino, respecto de tres empresas y nueve sucursales.
Cuarto. Se impone al Partido Verde Ecologista de México la sanción consistente en una multa por $462,660.00 (cuatrocientos sesenta y dos mil seiscientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional.
Por otro lado, cabe recordar que varios actores políticos y organizaciones de la sociedad civil, plantearon que frente a este abierto desafío del PVEM, para cometer un verdadero fraude a la ley, era absurdo e ineficaz que la autoridad electoral persistiera en imponer multas como medio sancionatorio, por lo que debiera asumir una posición más enérgica conforme a lo que dicta el propio marco jurídico electoral como por ejemplo la sanción que dicta el artículo 456 fracción V de la LGIPE que establece para los partidos una sanción clara:
“En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político”.
En razón de esta queja, en cuanto al procedimiento incoado en razón de la cancelación de registro del PVEM, en la sesión del Consejo General del INE celebrada el miércoles 21 de mayo 2015, se aprobó por 9 votos contra dos enviar a la Secretaria Ejecutiva la petición de los partidos para retirarle el registro al PVEM, para que analice el procedimiento legal que debe seguirse ante este caso inédito, toda vez que no llegaron a un acuerdo sobre la vía jurídica para plantearlo.
Posteriormente no ocurrió nada en el INE y el TEPJF, que es el árbitro electoral, no ejerció las facultades que le correspondían en este caso. Por ello, seguimos planteando como medida enérgica que se le aplique como sanción la pérdida del registro a este partido.
Con los elementos que ha tomado en consideración el Ministerio Público de las denuncias penales y las investigaciones que ha hecho, el modus operandi del PVEM nuevamente quedó en evidencia, no solamente en la persona de Arturo Escobar, sino la estrategia de campaña de este partido en su conjunto, para repartir estas tarjetas, ya que si efectivamente los delitos los cometen personas, esta persona no actuó solo, al margen de su partido y de su dirigencia, como así pretendió afirmarse, para minimizar el alcance de sus irregularidades. Esta acción de la Fepade, pone al descubierto una parte importante de esta escandalosa estrategia de todo un instituto político para violar la Constitución y cometer fraude a la ley.
Consideramos que debe retomarse rigurosamente este procedimiento sancionatorio, que debiera aplicarse toda vez que siguen apareciendo pruebas supervenientes que vienen a confirmar la ilegalidad sistemática de las acciones cometidas por el PVEM en el pasado proceso electoral.
Por lo expuesto presento a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo General del INE, para que con base en el marco jurídico aplicable y tomando en cuenta el conjunto de irregularidades cometidas de manera sistemática, las cuales constituyen graves y reiteradas conductas violatorias a la Constitución y a la ley, inicie el procedimiento de cancelación del registro del PVEM.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2015.
Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, la FND, FIRA, el Bansefi y el Inaes a implantar un programa para fomentar la inclusión financiera en zonas rurales marginadas, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Natalia Karina Barón Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; a los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura en el Banco de México; al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros; y al Instituto Nacional de la Economía Social, para que en el marco de sus respectivas competencias, a la brevedad pongan en marcha un Programa de Fomento a la Inclusión Financiera en Zonas Rurales Marginadas, en especial orientado a fortalecer y fomentar a las sociedades financieras comunitarias, sus organismos de integración, y a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo que atienden esa población.
Exposición de Motivos
El 22 de abril de 2015 fue aprobada por la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, la polémica “Ley Ficrea”. Se trató en realidad de la aprobación de un paquete de reformas, que si bien es cierto el objetivo era encontrarle una salida al problema de los ahorradores defraudados por FICREA, también sirvió para modificar el régimen bajo el cual venían operando diversas figuras de crédito y de ahorro popular, como las Sociedades Financieras Comunitarias y Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito, organismos mutuales sin fines de lucro.
Específicamente, en esa fecha y con ese fin, se aprobó una nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular; se reformó la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; el Código de Procedimientos Penales y la Ley de Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mismas que se encuentran hoy en el Senado para su revisión y aprobación en su caso.
Si bien, para la mayoría de los diputados de la LXII Legislatura, el paquete de reformas tenía el propósito de “protegeré el ahorro popular, robustecer el sistema financiero nacional y otorgar más facultades a las autoridades, así como regular a los intermediarios financieros para evitar nuevos Ficrea”; para un grupo minoritario en el debate, el escándalo de Ficrea se aprovechó para golpear al sector social de ahorro y crédito popular, modificando su marco regulatorio, sin consultar a los organismos que serían afectados.
De hecho, este sector opuso una fuerte resistencia a la aprobación de dichas leyes, manifestándose, en el marco de la ley, para demandar su legítimo derecho a ser consultados, tal y como lo garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El número y profundidad de las modificaciones al marco legal que se propuso, afectaban negativamente el futuro de dichos organismos, en particular la atención a zonas pobres y marginadas que sufren la mayor exclusión financiera.
El conjunto de organizaciones del sector de ahorro y crédito popular en sus demandas solicitaron separar el problema del fraude a ahorradores de las posibles reformas a su marco legal. El anuncio público y el trato mediático al tema Ficrea ha causado un fuerte daño moral al prestigio y confiabilidad del sector que ha trabajado más de 12 años en conjunto con las autoridades para regular al conjunto del sector.
La sorpresiva Ley Ficrea, sorpresiva provocó una serie de denuncias públicas, publicación de desplegados, movilizaciones, plantones y cabildeos en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, para frenar la aprobación de dichas reformas.
No obstante lo anterior, la llamada “Ley Ficrea” fue aprobada por la Cámara de Diputados y turnada al Senado para su revisión, donde finalmente no fue discutirá en el pleno y quedó en suspenso. La fuerza, unidad y decisión mostrada por el sector del ahorro y crédito popular fue mal recibida y menos tolerada por algunos funcionarios de las instituciones financieras de la banca de desarrollo, quienes en decisiones sobre el ejercicio del presupuesto público y de su función de desarrollo en el último año, han marginado los apoyos institucionales, de crédito y la atención requerida a las organizaciones que hicieron uso de sus derechos democráticos, confundiendo el ejercicio del servicio público con discrecionalidad y prejuicios personales.
El gobierno mexicano y la banca de desarrollo, deben reconocer que las Sociedades Financieras Comunitarias y las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, están siendo una alternativa real para el ahorro y el financiamiento en zonas y territorios donde la banca comercial está ausente. En lugar de desaparecerlas o ahogarlas con castigos o estrategias de aislamiento, deberían tener el más amplio reconocimiento y apoyo, puesto que operan en zonas y regiones de alta y muy alta marginación, con comunidades indígenas y están contribuyendo a la organización económica de los pequeños productores.
Basados en principios de economía solidaria y colaboración social, las 27 sociedades financieras comunitarias, tiene actualmente 97 mil 305 socios y 78 sucursales distribuidas en 3 mil 287 localidades de 15 estados de la República, las cuales colocan créditos por más de 340 millones de pesos en miles de acreditados, la mayoría de ellos en localidades muy pobres de grupos indígenas que habitan regiones de difícil acceso.
En una etapa en que la pobreza y la desigualdad son los principales problemas del país; en que la banca comercial se ha retirado del otorgamiento de crédito productivo y no atiende al sector social de la economía; cuando se contrae el crédito para las pequeñas empresas y los negocios familiares por su baja rentabilidad; México debe reconocer el importante papel que tiene el sector de ahorro y crédito popular en el desarrollo y la inclusión económica.
Está demostrado por una larga experiencia de operación en México y en varias partes del mundo, que los organismos financieros de ahorro y crédito popular, son una verdadera alternativa para los sectores sociales; pues no solo apoyan el financiamiento de productores de bajos recursos, sino que, a la par fomentan la cultura del ahorro y de la solidaridad en el sector popular.
Por lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; a los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura en el Banco de México; al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros; y al Instituto Nacional de la Economía Social, para que en el marco de sus respectivas competencias, a la brevedad pongan en marcha un Programa de Fomento a la Inclusión Financiera en Zonas Rurales Marginadas, en especial orientado a fortalecer y fomentar a las Sociedades Financieras Comunitarias, sus organismos de integración, y a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que atienden esa población.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México DF, a 8 de diciembre de 2015.
Diputada Natalia Karina Barón Ortiz
Con motivo del Día Internacional de la Aviación Civil, a cargo de la diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario del PVEM
Las comunicaciones y el transporte constituyen en la actualidad un medio fundamental para alcanzar un desarrollo económico sostenido, en gran parte debido a que en este mundo globalizado, la interconectividad y la interdependencia, son factores esenciales para lograr un grado importante de competitividad.
En consecuencia, las Naciones Unidas trabajan cotidianamente para regular y reglamentar el transporte aéreo con la finalidad de conseguir que este rubro cuente con mayor coordinación, seguridad y eficiencia.
Con este fin fue creada la Organización de Aviación Civil Internacional, la cual tiene la misión de alentar el diseño y funcionamiento de aeronaves civiles, además de prestar apoyo para el establecimiento de corredores aéreos, aeropuertos y servicios de navegación aérea.
Lo anterior se logra mediante la estandarización y aprobación de las normas internacionales y recomendaciones relacionadas con el diseño y funcionamiento de las aeronaves y de gran parte de su equipo, al trabajo de los pilotos, las tripulaciones, los controladores aéreos, el personal de tierra, incluido el de mantenimiento, y a los requisitos y procedimientos de seguridad en los aeropuertos internacionales.
También es responsable de la elaboración de los mapas aeronáuticos, de los sistemas de telecomunicación de las aeronaves, las radiofrecuencias y los procedimientos de seguridad, además de facilitar el movimiento de aeronaves, pasajeros, tripulantes, equipaje, carga y correspondencia a través de fronteras internacionales mediante actividades de normalización de los tramites, aduanas, inmigración y salud pública, entre otros.
Dada la importancia de la Organización de Aviación Civil Aeronáutica, el 7 de diciembre 1994 se instituyo el Día Internacional de la Aviación Civil, para conmemorar el 50° aniversario de la firma del Convenio sobre Aviación Civil Internacional y la Carta de la OACI en 1944 con la finalidad de promover el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional en el mundo entero.
No podemos obviar que el transporte aéreo es una industria innovadora, la cual nos conduce al progreso económico y social, y es que mediante la aviación civil se conectan personas, países y culturas, además de garantizar el acceso a mercados globales y contribuir a una mayor generación de comercio y turismo.
Aun en pleno siglo XXI, el despegue de una gigantesca aeronave a reacción sigue despertando en nosotros admiración y asombro, de igual manera también los aviones provocan en nosotros sueños de visitar territorios lejanos o de emprender viajes con la finalidad de visitar a familiares y amigos.
Embelesados por la magia de volar pocas veces nos ponemos a pensar en los enormes beneficios que el transporte aéreo aporta al bienestar económico de millones de personas en todo el mundo.
Según datos de la Organización de Aviación Civil Internacional alrededor de 3.213 millones de pasajeros utilizaron la red de transporte aéreo mundial para satisfacer sus necesidades comerciales y de turismo en 2014 y se espera que alcance más de 6.400 millones para 2030, de acuerdo con las proyecciones actuales.
Y es que el transporte aéreo es indispensable para el turismo, el cual es un motor importante para las economías, en especial para las economías en desarrollo, más del 40% del turismo viaja actualmente por aire.
Lo anterior se refleja en la gran cantidad de aerolíneas existentes alrededor del mundo, las cuales se calculan entre 2.000 y 2.500 operando una flota de 23.000 aviones, utilizando 3.750 aeropuertos a través de una red de muchos kilómetros de rutas aéreas manejadas por alrededor de 160 proveedores de servicios de navegación aérea.
En México, según cifras de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, el transporte aéreo regular tanto de empresas nacionales como extranjeras transportó más de 65 millones de pasajeros en 2014, equivalente a un crecimiento del 8.5% comparado a los pasajeros transportados en 2013.
Las empresas nacionales lograron un incremento de 9.04% al pasar de 37.3 a 40.7 millones de pasajeros transportados de 2013 a 2014.
A pasar de la gran cantidad de pasajeros que utilizan el transporte aéreo en nuestro país, solo se cuentan con 76 aeropuertos, de estos únicamente 17 aeropuertos maneja el 86% de los pasajeros.
Lo anterior nos demuestra que la capacidad de algunos aeropuertos nacionales se ha visto claramente rebasada, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México transporta a 34% del total de pasajeros y mueve el 54% de la carga total en el país. A pesar de la creación de la Terminal 2, la capacidad del AICM es insuficiente para enfrentar los retos del siglo XXI.
Y es que el actual aeropuerto no permite despegues y aterrizajes simultáneos y tiene solo 56 posiciones de contacto fijas mientras que los aeropuertos con mayor movimiento tienen más de 100, lo cual es inaceptable.
Para hacer frente a esta situación el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto presentó el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el cual en un inicio tendrá una inversión de 169 mil millones de pesos, además de que será el primer aeropuerto fuera de Europa con una huella ambiental neutra y tendrá la capacidad de transportar a 120 millones de personas al año, cuatro veces superior a la capacidad del actual aeropuerto.
No cabe duda que el transporte aéreo tendrá en el futuro un papel vital en las relaciones económicas de los países, por lo tanto es menester de nuestros gobiernos dar los pasos necesarios para estar a la altura de las naciones más avanzadas con el claro objetivo de no perder competitividad.
Asimismo las naciones tendrán que enfrentar retos como la emergencia de los vehículos aéreos no tripulados, el cuidado al medio ambiente y la elaboración de mejores controles para garantizar la seguridad aérea.
Por lo anteriormente expuesto, el Partido Verde, apoyará las medidas necesarias tendientes a generar un transporte aéreo más eficiente, seguro y ecológico, lo anterior, redundará en un mejor desempeño de nuestra economía.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de diciembre de 2015.
Diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz (rúbrica)
Con motivo del aniversario de la abolición de la esclavitud, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Primera. Que todos los dueños de esclavos deberán darles la libertad, dentro del término de diez días, so pena de muerte, la que se les aplicará por transgresión de este artículo.
Segunda. Que cese para lo sucesivo la contribución de tributos, respecto de las castas que lo pagaban y toda exacción que a los indios se les exija.
Miguel Hidalgo 6 de diciembre de 1810, sintetizó una promesa de libertad: firmó en Guadalajara el decreto de abolición de la esclavitud y del tributo de las castas e indios.
Fundó, con ese acto, la defensa en este suelo de los Derechos Humanos, pues igualaba ante la ley a los pobladores, desconociendo las diferencias basadas en el color de la piel, el lugar de nacimiento o la condición social.
Ese 6 de diciembre, la abolición de la esclavitud refundó simbólicamente a Guadalajara y a este país, como una tierra de libertades.
Y sin embargo, si por esclavitud se entiende el sometimiento, adueñarse de una vida humana, usar -y aún abusar- impunemente de su cuerpo y su persona, comercializar los cuerpos de seres humanos y lucrar con ese comercio, la privación de la libertad de decisión sobre el propio cuerpo y de la libertad de movimiento, con grilletes y cadenas materiales o simbólicos... Entonces la abolición de la esclavitud es en pleno siglo XXI, una tarea pendiente.
Sigue pendiente la abolición de la esclavitud porque en nuestro país se practica la trata de personas, el comercio de infantes, los salarios de miseria que atan al trabajador a formas de explotación que mal garantizan su subsistencia y porque esas prácticas ilegales, permanecen generalmente impunes.
El decreto de abolición de la esclavitud y del tributo de las castas y de los llamados “indios”, no sólo es un hecho digno de ser recordado: es un acto histórico que obliga, que compromete a mantener la defensa de los derechos y libertades.
Al conmemorar el acto fundador de don Miguel Hidalgo y su gesto libertador, deberemos reconocer también la inmensa labor que tenemos pendiente: la obligación que pesa sobre todos nosotros para que ésta se convierta en tierra de libertad y de justicia.
Si el empeño debe ser de todas y todos los ciudadanos, mayor aún es el deber de este Congreso para legislar contra toda práctica que atente contra los derechos humanos, sobre todo de quienes nos quieren seguir tratando como a esclavos.
Don Miguel Hidalgo ratificó una promesa de libertad. Este Congreso debe velar por su estricto cumplimiento.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2015.
Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica)
Con motivo del Día Mundial contra la Corrupción, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La corrupción es un lastre con enormes costos políticos, económicos y sociales.
EL 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas “decide que, a fin de aumentar la sensibilización respecto de la corrupción, así como del papel que puede desempeñar la Convención para combatirla y prevenirla, se proclame el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción”.1
Cada año la Organización de Transparencia Internacional publica el Índice de percepción de la corrupción (IPC). En el que se puntúa utilizando una escala del 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de muy bajos niveles de corrupción) para obtener la clasificación de los países en función de la percepción de corrupción del sector público.
En el ranking de corrupción gubernamental 2014, indica que México obtuvo, 35 puntos en el Índice de percepción de la Corrupción que publica la Organización para la transparencia Internacional. Por lo que nuestro país sube al puesto 103. Solo un punto comparado con los dos años anteriores en los que se mantuvo en 34 puntos.
De acuerdo a los países que integran la OCDE, México se ubica en la última posición (34/34).
Se necesita un cambio de verdad, México está inmerso en un estado falto de transparencia, necesitamos legislar para poder regular y sancionar el conflicto de interés.
La percepción de corrupción en México aumento de 10 por ciento bajo el indicador que mide el Fondo Monetario Internacional, generando una pérdida del valor en pesos del Producto Interno Bruto (PIB) del país de 2 por ciento, de acuerdo a una estimación del observatorio económico de México.
“La Auditoría Superior de la Federación (ASF) estimó que 86 mil millones de pesos fueron utilizados en desvíos, subejercicios, despilfarro de recursos públicos y pagos indebidos en el gobierno, y según Transparencia Mexicana, en 2010 se destinaron 32 mil millones de pesos a mordidas, e incluso, los hogares con salario mínimo destinan al año el 33 por ciento de sus ingresos para pagar actos de corrupción”.2
La corrupción ahoga a las economías nacionales ya que distorsiona sus procesos de toma de decisiones, afecta los proyectos para el desarrollo de un país e incrementa la inversión del gobierno que no se refleja en una mayor producción de infraestructura por el desvío de recursos.
Estamos en un país donde la corrupción es el pan de cada día, en todas las entidades, todos los niveles y las esferas de gobierno.
En la práctica el 75 por ciento de los pagos extraoficiales que hacen las empresas mexicanas lo utilizan en la agilización de trámites y permisos, estos son los famosos sobornos a funcionarios públicos de nivel inferior para acelerar los permisos y conseguir beneficios.
La corrupción afecta la percepción de los aspectos y valores básicos de la sociedad, tales como la libertad y los derechos humanos, pone en entredicho la credibilidad de las instituciones fundamentales de un Estado, gobierno y sociedad.
Necesitamos acciones y cambios sustanciales en la manera de hacer las cosas, la implementación de fiscalizadores ciudadanos que cuenten con controles de transparencia eficientes.
La confianza de los ciudadanos es una medida que se debe recuperar y adoptar medidas que acaben con la opacidad de todos los niveles de gobierno, basta de prácticas que solo vulneran la soberanía nacional.
El combate a la corrupción es solo uno de los elementos que poseen las democracias modernas para la vigilancia y control de la labor pública; son necesarios elementos complementarios como la rendición de cuentas, el respeto a los derechos humanos y el acceso a la información pública, para tener una correcta supervisión del actuar del gobierno y sus instituciones.
La corrupción es un síntoma de que las estructuras gubernamentales no están operando correctamente. Tener la oportunidad de combatirlas a base de la creación y el fortalecimiento de instituciones que se encarguen de prevenir y erradicar, modificando el comportamiento de organizaciones públicas y privadas que persiguen un beneficio personal.
Notas
1 Organización de las Naciones Unidas, Día Internacional de la Corrupción. http://www.un.org/es/events/anticorruptionday/
2 ¿Cuánto le cuesta a México la corrupción, violencia y pobreza? http://www.sinembargo.mx/13-08-2015/1447572
Diputado Germán Ralis Cumplido (rúbrica)