Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu a establecer un programa en apoyo de los trabajadores afectados por el cierre de la mina de Naica, en Saucillo, Chihuahua, a cargo del diputado Juan Antonio Meléndez Ortega e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputadas y diputados federales del estado de Chihuahua, Adriana Terrazas Porras, Ana Georgina Zapata Lucero, César Alejandro Domínguez Domínguez, Juan Antonio Meléndez Ortega, Alex Le Barón González, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga y Fernando Uriarte Zazueta, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Naica es un pueblo, situada en el centro-sur del estado de Chihuahua, perteneciente al Municipio de Saucillo, dedicada a la minería. Cabe resaltar que la Mina de Naica, es la principal productora de plomo de México y es mundialmente conocida por las formaciones de cristales que se encuentran en su interior.

El primer descubrimiento minero en Naica ocurrió en el año de 1794, cuando se descubrió la primera veta de mineral, sin embargo fue hasta 1828 que comenzó su auge provocando la fundación del pueblo, incrementando de forma inmediata el crecimiento de la población, fundándose la Compañía Minera de Naica, siendo el 27 de julio de 1911 cuando alcanza la categoría de cabecera del nuevo Municipio de Naica, debido a su importancia, sin embargo, con la Revolución mexicana, se paralizaron las actividades mineras, llegando casi al abandono del pueblo, motivo para que el 03 de febrero de 1922 mediante un Decreto fuera suprimido como municipio e incorporado al de Saucillo.

Es hasta el año de 1928, que la actividad minera de Naica se restablece, en un principio con compañías norteamericanas y posteriormente por la Compañía Mexicana Peñoles, siendo hasta hace poco una de las más productivas del estado de Chihuahua, toda vez que después de 80 años, la mina de Naica, concluyó con el contrato colectivo de trabajo de más de 500 trabajadores, luego de no poder continuar con las labores propias tras la inundación suscitada en el mes de diciembre de 2014.

Después del intento por continuar con el rescate de la mina e intentar continuar con la extracción de metal y tras invertir 290 millones de pesos durante poco más de seis meses, no fue suficiente pues de los 520 trabajadores con los que contaba la mina, en un inicio un aproximado de 140 trabajadores se retiraron forma voluntaria, mientras que el resto ante la imperiosa necesidad de mantener un empleo se vio afectado recibiendo un salario tabular pues al no haber otra fuente de empleo en el poblado resistieron hasta el fin de labores de la mina.

Es importante señalar que la sección 30 de Naica además de perder su única fuente de ingresos dejará de existir también al interior del Sindicato Minero.

Ante tal situación, es menester de los suscritos solicitar la atención del Gobierno Federal y emprender acciones para proponer la atención inmediata al poblado de Naica para crear fuentes alternas de empleo para las poco más de 500 familias afectadas por el cierre de la mina con recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.

En la entidad mencionada, actualmente se presenta una afectación al ingreso familiar. Como consecuencia de ello, se corre el riego de incumplir con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, toda vez que el plan explica las estrategias para lograr un México incluyente , en el que se enfrente y supere el hambre. Se delineen las acciones a emprender para revertir la pobreza a través de la construcción de un México próspero . Detallando el camino que promueva la generación de empleos, buscando terminar con la pobreza. Es importante recordar que durante el funcionamiento de la mina se tuvo una producción de 14,862 toneladas de plomo, 10,987 toneladas de zinc y 1.3 millones de onzas de plata contenidos en concentrados de plomo y zinc, al cierre del tercer trimestre del 2014.

Esta es la dimensión de lo que está en juego de no atender de manera urgente, con responsabilidad y visión social la amenaza que significa para nuestros pobladores mineros el no contar con un empleo digno.

El acuerdo de fecha 25 de septiembre de 2014 publicado en el Diario Oficial de la Federación por el que se emiten los Lineamientos para la Aplicación de los Recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, es el instrumento jurídico indicado para brindar una solución al problema que atraviesa Naica. Toda vez que la población citada con anterioridad merece ser sujeta de recibir los beneficios que marca en el Artículo Décimo Quinto de dicho Fondo tal y como son:

I. La construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares;

II. Pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, así como la instalación y mantenimiento de alumbrado público;

III. Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos, y mejora de calidad del aire;

IV. Obras que preserven áreas naturales, tales como reforestación y rescate o rehabilitación de ríos y otros cuerpos de agua, entre otros, y

V. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes suburbanos, metrocable de transporte o equivalentes.

Además de que para desarrollar las actividades citadas, pueda dotárseles de empleos toda vez que en el mismo artículo Décimo Quinto se hace referencia a ésta opción; pues a la letra dice “Con sujeción a lo dispuesto por la legislación que corresponda, las Entidades Federativas, Municipios o Demarcaciones, previo conocimiento del Comité, podrán utilizar los Recursos como garantía o fuente de pago de obligaciones, siempre y cuando los recursos que deriven de las mismas se apliquen a los proyectos de infraestructura señalados en el presente artículo.

Para efectos del párrafo anterior, y siempre que se actualice el supuesto previsto en la fracción III del artículo noveno del acuerdo, el comité aprobará la aplicación de los Recursos para el pago de aquellas obligaciones señaladas en el párrafo que antecede.”

Y para 2016 el panorama para los mineros de Naica y sus familias debe cambiar y no agravarse, debido a la sinergia que se logra con este empeño de la política social de nueva generación instrumentada por el Presidente Enrique Peña Nieto, totalmente positiva al ser una labor colectiva, en donde hay una visión de desarrollo regional sustentable, con la que se generarán las obras de impacto en beneficio directo de las mujeres y jóvenes, de los niños y las niñas de las familias mineras.

La creación de este Fondo Minero producto, de la reforma fiscal, se traducirá en Naica en generación de empleo, lo que significan ingresos y bienestar. Porque la mejor manera de combatir la pobreza en Naica será con crecimiento económico, generación de empleos y con la distribución adecuada del ingreso toda vez que la actividad minera ha contribuido significativamente no sólo al Estado sino a los objetivos planteados en la política llevada a cabo por el Ejecutivo federal.

Por las razones expuestas ante esta asamblea, y con fundamento en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos respetuosamente ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a efecto de emprender acciones a través del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, aplicando la atención inmediata de los recursos para establecer un programa de apoyo a los mineros afectados por el cierre de la mina en la comunidad de Naica, correspondiente al Municipio de Saucillo en el Estado de Chihuahua, creando fuentes alternas de empleo, con los recursos establecidos de conformidad a lo estipulado en el artículo décimo quinto del citado Fondo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.

Diputados: Juan Antonio Meléndez, Alex Le Barón González, Fernando Uriarte Zazueta, César Alejandro Domínguez Domínguez, Adriana Terrazas Porras, Ana Georgina Zapata Lucero, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNBV, la SHCP, el SAT, la PGR y la ASF a investigar el manejo de los recursos públicos federales y los estatales por el gobernador de Chihuahua, a cargo del diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y el artículo 79, numeral I, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 23 de septiembre de 2014, el activista chihuahuense Jaime García Chávez interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y autoridades financieras, en contra del gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaquéz, por el desvío de 83 mil millones de pesos de los fondos estatales, así como por la creación de un fideicomiso de 65 millones de pesos, constituido por el gobernador de Chihuahua; ambos fondos fueron depositados en la Unión de Crédito Progreso, que después conformaría el Banco Progreso de Chihuahua, SA de CV, entre cuyos socios se encuentra el propio gobernador. Además de la denuncia interpuesta por García Chávez, esta denuncia es encabezada por la Unión Ciudadana contra la Corrupción, en el estado de Chihuahua, integrada por una red amplia y plural de asociaciones civiles y líderes políticos y sociales, que revelan la situación crítica por la que atraviesa Chihuahua en lo que respecta a seguridad, desarrollo económico, la galopante corrupción y la falta de transparencia con que se manejan los recursos públicos en esa entidad.

Cabe destacar que dicha denuncia fue apoyada y respaldada, en su momento, por la diputada federal panista Rocío Reza Gallegos, quien también presentó una denuncia por el mismo caso. Además, el 26 de enero de 2015, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, declaró que el partido se sumaría a la denuncia presentada por Jaime García Chávez contra el gobernador César Duarte, por presunto enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.

La manera en que el gobernador se ha conducido rebasa los límites del conflicto de interés, para ubicarse en conductas delictivas. Por ello, exhortamos a diversas autoridades federales y locales a que investiguen el patrimonio y las redes de influencia del gobernador de Chihuahua, con el fin de que ninguna conducta ilícita quede impune.

Esta situación cobra mayor relevancia a la luz del excesivo endeudamiento en el que el Gobernador ha incurrido.

El estado de Chihuahua ocupa el tercer lugar en endeudamiento, sólo después del Distrito Federal y Nuevo León. En menos de seis años, la deuda del estado de Chihuahua aumentó en 334 por ciento nominal la deuda estatal, sin que exista una explicación clara de en qué han sido usados esos recursos. De acuerdo con cifras de la SHCP, en 2010 el mandatario recibió el estado con una deuda de 12 mil 547 millones de pesos, para el tercer trimestre 2015 se tiene una deuda de 41 mil 991 millones de pesos.

Y por si esto no fuera suficiente, el Congreso estatal de Chihuahua aprobó con el voto mayoritario del PRI, el pasado 11 de noviembre, a iniciativa del gobernador de Chihuahua, una nueva deuda por un monto de mil 300 millones de pesos de crédito bancario adicionales.

La deuda en el estado de Chihuahua con un 8.6 por ciento en porcentaje del PIB estatal, ocupa el primer lugar nacional, es decir, es el estado con mayor deuda en relación al tamaño de su economía, muy superior al 2.9 por ciento del promedio nacional.

La deuda está convertida en una verdadera carga financiera y un lastre para el estado, tomando en cuenta que las transferencias que acabamos de aprobar en esta honorable Cámara para el estado de Chihuahua, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, ascienden a 43 mil 44 millones de pesos, estos fondos federales transferidos al estado, están comprometidos prácticamente al 100 por ciento.

Esto contrasta con las declaraciones del propio gobernador quien en el mes de octubre señaló que las acusaciones sobre el endeudamiento eran una falacia y con las afirmaciones de su secretario de Hacienda, Jaime Herrera, quien señaló que las deudas del estado quedarían totalmente liquidadas en 2016. Y por su puesto que son contrarias, al espíritu de austeridad y ahorro que el estado y la nación demandan.

Como puede apreciarse, el problema de endeudamiento del estado de Chihuahua ha adquirido dimensiones exorbitantes; no sólo por el tamaño del pasivo estatal, sino también por la carencia de responsabilidad tanto en su manejo como en las declaraciones realizadas. Éstos son solo algunos ejemplos de la irresponsable forma de gobernar que ha mostrado el gobernador Cesar Duarte.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su unidad de Inteligencia Financiera, al Servicio de Administración Tributaria, a la Procuraduría General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación para que en el ámbito de sus facultades y competencias inicien una investigación exhaustiva sobre el manejo de recursos públicos tanto de carácter federal como estatal por parte del gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.

Diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS a efectuar con el gobierno de Chihuahua visitas de inspección a las empresas y los centros laborales de Ciudad Juárez para vigilar y hacer cumplir las normas de trabajo, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Ana Georgina Zapata Lucero, en mi calidad de diputada, en el marco de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo por la que la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en coordinación con el gobierno del estado de Chihuahua, efectúen visitas de inspección en Ciudad Juárez, a todas las empresas y establecimientos laborales, a efecto de vigilar el cabal cumplimiento de las normas de trabajo, especialmente las relativas a la correcta inscripción de los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo público descentralizado, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El pasado 2 de noviembre, un autobús de transporte de personal se precipitó hacia un barranco, esto en la zona conocida como Camino Real, en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua. Este lamentable percance trajo como resultado la muerte de dos personas y otras dieciocho heridas. Las víctimas mortales de este accidente eran trabajadores de una empresa maquiladora, y se dirigían a su domicilio tras haber concluido su jornada laboral en horas de la madrugada.

Segunda. Un hecho tan lamentable como este pone de manifiesto la exigencia de los trabajadores a la excitativa de la Institución de Seguridad Social y a los patrones para que procedan al pago de las indemnizaciones correspondientes a favor de los trabajadores que se hallaban en el autobús siniestrado como consecuencia de salir de su centro de trabajo, esto en virtud del perfeccionamiento de la figura legal de un accidente de trabajo. Sin embargo, debemos denunciar con indignación que a la natural preocupación que embarga a las víctimas y a sus familiares, ahora se suma otra calamidad, pues tanto la atención médica como el pago de las indemnizaciones por el accidente de trabajo les están siendo regateados, ya que de conformidad con diversos testimonios, se arribó a la conclusión de que varios de los trabajadores que se vieron envueltos en el accidente, no se encuentran inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o lo están de forma irregular, pues los patrones declararon ante la autoridad un salario menor al que éstos perciben.

Tercera . De resultar ciertas las denuncias formuladas por los trabajadores y sus familias, estaríamos frente a una grave violación de los derechos laborales contenidos en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Federal del Trabajo y del Seguro Social, por lo que se vuelve imperiosa la intervención de las autoridades estatales y federales a fin de resolver este problema a la brevedad, pues la atención médica y el pago de las indemnizaciones a los trabajadores no se puede postergar. Desgraciadamente la práctica a la que nos referimos, dista de ser un hecho aislado en Ciudad Juárez, pues para nadie es un secreto que en aquel municipio muchos patrones suelen recurrir a ella con frecuencia, a fin de disminuir sus costos de operación, lo que trae como consecuencia que los trabajadores no puedan tener acceso a las prestaciones que en dinero y en especie les corresponden, tales como servicios de velatorios, centros vacacionales, guarderías y préstamos, entre otras.

Cuarta. Las empresas que reportan salarios menores a los que en realidad pagan a sus trabajadores no sólo evaden el pago de contribuciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), sino que también afectan de sobremanera la economía de sus empleados, pues limita para la obtención de créditos para vivienda y el monto de las pensiones es mucho menor al que les corresponde. No se piense que la comisión de esta práctica afecta únicamente a los trabajadores, pues en caso de que se presente un accidente de trabajo como el que ahora nos ocupa, el pago de las indemnizaciones debe ser cubierto directamente por el empleador, al no tener el trabajador su cobertura del IMSS, lo que puede significar en casos extremos la desaparición de la empresa por el costo que esto les pueda significar, ello con independencia que, al enterar correctamente las cantidades correspondientes ante el fisco, evita la instauración de procedimientos fiscales que pueden derivar en sanciones administrativas y penales.

Quinta. Desde hace casi cincuenta años, cuando se instaló la primera maquila en Ciudad Juárez, las actividades de ensamble o embalaje realizados por empresas que no son los fabricantes originales, ocupan los primeros lugares en cuanto a número de trabajadores, establecimientos y otros rubros de la industria maquiladora de exportación y, han significado un potente motor para la región. Baste señalar que, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tan sólo el municipio de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua ocupa a 234 mil 540 personas en 317 establecimientos, con un promedio de personal ocupado de 739 trabajadores, muy superior en este último rubro al promedio nacional y a las demás entidades federativas++NOTA 1++ , por lo que es menester mantener la viabilidad de este modelo, pero en condiciones que resulten benéficas para las empresas y los trabajadores que en ellas laboran. Habrá quien diga que, ante las difíciles circunstancias económicas por las que atraviesa el país, es preferible que los juarenses tengan un empleo precario a carecer de él, o que el cumplimiento parcial o total de las leyes laborales y de seguridad social es una condición necesaria para mantener la rentabilidad de la actividad de las maquiladoras. Este es un falso debate ya que, como apuntamos con anterioridad, las prácticas aquí denunciadas afectan igualmente a trabajadores y empleadores, pero, sobre todo, porque no puede haber dignidad en el trabajo mientras los obreros no cuenten con todas las prerrogativas a que tienen derecho. Esta discusión ya quedó zanjada desde la aprobación del primer párrafo del artículo 123 constitucional hace casi un siglo. Retornar a ella no es una opción razonable ni mucho menos decente.

Sexta. Es por todo esto que, de conformidad con los artículos 251, fracción XVIII, de la Ley del Seguro Social, 540 de la Ley Federal del Trabajo y 33, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, proponemos ante esta soberanía el presente punto de acuerdo, el cual busca exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que, en coordinación con el gobierno del estado de Chihuahua, procedan a practicar visitas de inspección de trabajo en aquel municipio, a efecto de vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, especialmente las relativas a la correcta inscripción de trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Séptima. También es de hacer notar la obligación de las empresas transportistas, a contratar seguros con coberturas de gastos médicos a ocupantes, con sumas aseguradas suficientes, y acordes a la capacidad de transportación de cada unidad o vehículo en el que se realicen estas actividades, esto, ante la inminente realización de riesgos imprevistos inherentes a la transportación de personal, que pueden concluir en un riesgo de trabajo.

Por lo anteriormente expuesto, es que someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados, en el marco respetuoso de la colaboración entre Poderes, exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que, en coordinación con el gobierno del estado de Chihuahua, efectúen visitas de inspección en Ciudad Juárez, a todas las empresas y establecimientos laborales, a efecto de vigilar y hacer cumplir cabalmente las normas de trabajo, especialmente las relativas a la correcta inscripción de los trabajadores, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo público descentralizado.

Segundo . Una vez llevadas a cabo dichas inspecciones, se rinda a esta soberanía el informe correspondiente a su cumplimiento.

Nota

1. CIES con base en datos del Inegi

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.

Diputada Georgina Zapata Lucero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a llevar a cabo acciones por la Semarnat, la Sagarpa y el gobierno de Baja California para crear el distrito agrícola en el estero tercero en la zona del alto Golfo y delta del río Colorado, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Exaltación González Ceceña, Diputado Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con punto de acuerdo, a tenor de las siguientes.

Consideraciones

El Estado de Baja California, se encuentra privilegiado por sus recursos litorales ya que reúne bahías, esteros y lagunas, mismas que son importantes y aptas para el desarrollo de la acuacultura y además convierte el Alto Golfo de California en una Zona Estratégica para el impulso de proyectos dentro del sector acuícola, siendo la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo y Delta del Rio Colorado, el principal interés para el Gobierno de la Republica de México, que a través de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT) y en conjunto con la SAGARPA, han acordado que se suspenda temporalmente la pesca comercial por el periodo de dos años, a partir de este año 2015, mediante el uso de redes de enmalle, y/o palangres operadas por embarcaciones menores en el norte del Alto Golfo de California ampliando para ello el polígono de refugio de la Vaquita Marina (Phocoena sinus) con el objetivo principal de salvaguardar y proteger a esta especie endémica durante la pesca del camarón por las embarcaciones y evitar con esta acción la extinción de esta especie marina1

En la Zona de Amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Rio Colorado que tiene como función principal proteger a la zona núcleo y proporcionar alternativas productivas económicamente rentables para los pobladores que habitan en su extensión territorial es necesario la integración de la actividad acuícola ya que representa una opción viable así como una alternativa productiva para los pescadores del Puerto de San Felipe, los cuales se han visto seriamente y preocupantemente afectados en sus ingresos económicos por la suspensión temporal de la pesca comercial por el periodo de dos años.

Actualmente la producción acuícola es una industria basada en conocimiento científico y técnicamente es posible realizarla de manera sustentable, reduciendo al máximo los impactos negativos en el medio ambiente, sin embargo para poder impulsar la acuacultura en esta área se tendrá que hacer de acuerdo a los lineamientos del Programa de Conservación y Manejo de la Biosfera del Alto Golfo y Delta del Rio Colorado,2 que específica para la Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales Planicie Deltaica de Baja California, con una superficie de 139, 462 hectáreas, ubicada en la zona de amortiguamiento, que la acuacultura es una actividad prohibida.

Por lo anterior, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, en su artículo 9, señala la coordinación entre SEMARNAT y SAGARPA, en materia de preservación, restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente, particularmente en las áreas naturales protegidas, de acuerdo con la declaratoria de creación o el programa de manejo, así como para emitir recomendaciones sustentadas y motivadas, sobre los permisos y concesiones de pesca y acuacultura que se pretendan otorgar, así como los volúmenes de pesca incidental.3

Ante este escenario y al no contar con sitios alternos para el desarrollo de proyectos acuícolas que beneficien económica y socialmente a los pobladores del Puerto de San Felipe se requiere crear un distrito acuícola en el estado Estero Tercero del Alto Golfo de California el Cual tiene un potencial aprovechable para esta actividad de 2,500 hectáreas las cuales mediante una política integradora entre la legislación vigente, las actividades productivas y la conservación de la biodiversidad que permita establecer una sinergia entre estos elementos clave y dará una solución clave y dar solución definitiva al escenario inercial que prevalece actualmente.

La acuacultura se puede considerar como alternativa viable para resolver las problemáticas expuestas ya que es una industria en constante crecimiento que provee avances tecnológicos y generación de empleos, permitiendo a los países en donde se ha establecido a mejorar la calidad de vida e incrementar los niveles nutricionales de la sociedad que aunque se han venido perfeccionando en sus técnicas de cultivo a través de los años en retos tecnológicos en cuanto al impacto que estas tienen bajo sobre el ambiente pero bajo la perspectiva de la UNESCO, en su programa de la Biosfera y el hombre se establece de que es posible lograr un equilibrio entre la preservación de la diversidad biológica, cultural y el desarrollo económico (UNESCO, 2006).

De acuerdo al artículo 17 de la Ley en comento, uno de los principios de la Política Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables, se encuentra el adoptar el enfoque precautorio que incluya la definición de límites de captura y esfuerzo aplicables, así como la evaluación y monitoreo del impacto de la actividad pesquera sobre la sustentabilidad a largo plazo de las poblaciones con el fin de conservar y proteger los recursos pesqueros y los ecosistemas en los que se encuentran las autoridades administrativas competentes en materia de pesca y acuacultura.

Por su parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en su artículo 47 Bis establece que para el cumplimiento de las disposiciones sobre el establecimiento de las áreas naturales protegidas, se realizará una división y subdivisión, en zonas núcleo y zonas de amortiguamiento, las primeras tienen como principal objetivo la preservación de los ecosistemas y su funcionalidad a mediano y largo plazo, mientras que las segundas tienen como función principal orientar a que las actividades de aprovechamiento, que ahí se lleven a cabo, se conduzcan hacia el desarrollo sustentable, creando al mismo tiempo las condiciones necesarias para lograr la conservación de los ecosistemas.

Asimismo, en el artículo 48 de la LGEEPA se establece que “en las zonas de amortiguamiento de las reservas de la biosfera sólo podrán realizarse actividades productivas emprendidas por las comunidades que ahí habiten al momento de la expedición de la declaratoria respectiva o con su participación, que sean estrictamente compatibles con los objetivos, criterios y programas de aprovechamiento sustentable, en los términos del decreto respectivo y del programa de manejo que se formule y expida, considerando las previsiones de los programas de ordenamiento ecológico que resulten aplicables”.

Ahora bien, en términos de las manifestaciones anteriormente establecidas, tenemos a bien someter a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y al Gobierno del Estado de Baja California, a llevar a cabo las medidas pertinentes a fin de crear el Distrito Acuícola en el Estero Tercero en la Zona del Alto Golfo y Delta del Rio Colorado, específicamente en la Subzona de aprovechamiento de Planicie Deltaica de Baja California.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la SEMARNAT, para que actualice el Programa de Conservación y manejo de la Biosfera del Alto Golfo y Delta del Rio Colorado, específicamente la regla de administración 66, fracción IX, a fin de crear el Distrito Acuícola en el Estero Tercero en la Zona de Amortiguamiento del Área Natural Protegida.

Notas

1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5388486

2 http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/Aviso%20PM%20RB%20Alto%20Golfo%20de%20California%20Delta%20DOF.pdf

3 Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, artículo 9o.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 3 de diciembre del 2015.

Diputados: Exaltación González Ceceña (rúbrica), Luz Argelia Paniagua Figueroa (rúbrica), José Teodoro Barraza López (rúbrica), Gina Andrea Cruz Blackledge (rúbrica), José Máximo García López (rúbrica), Wenceslao Martínez Santos (rúbrica), Jaqueline Nava Movett (rúbrica), Jorge Ramos Hernández (rúbrica), María del Rosario Rodríguez Rubio (rúbrica), María Luisa Sánchez Mesa (rúbrica), María Eloísa Talavera Hernández (rubrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex a difundir el ejercicio presupuestario en materia de seguridad en la operación de las instalaciones y las medidas adoptadas sobre protección civil en caso de urgencia, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal José Antonio Estefan Garfias integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Petróleos Mexicanos (Pemex) es una empresa productiva del Estado, de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio que goza de autonomía técnica, operativa y de gestión.

En lo que va de este año, se han registrado siete incendios en cuatro refinerías de la paraestatal: Tula, Hidalgo, en los meses de marzo y septiembre; Minatitlán, Veracruz, en mayo y septiembre; Ciudad Madero, Tamaulipas, en julio y agosto; y Salina Cruz, Oaxaca, en noviembre, habiendo resultados lamentables de pérdidas humanas y graves daños materiales.

Por lo anteriormente expuesto se ponen a consideración de esta soberanía los siguientes:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a Petróleos Mexicanos para que haga público un informe detallado respecto del mantenimiento que ha dado a sus instalaciones, así como sus programas de capacitación al personal y la población en general, en caso de siniestro en los últimos cinco años, y que cumplan con los estándares internacionales en materia de Seguridad, Salud, Protección Ambiental y Civil.

Segundo. Se exhorta a Petróleos Mexicanos para que haga público un informe detallado del ejercicio del gasto destinado al mantenimiento de sus instalaciones, prevención de accidentes y alerta a la población, en los últimos cinco años, con el cual se cumpla los estándares internacionales en materia de Seguridad, Salud, Protección Ambiental y Civil.

Tercero. Se exhorta a Pemex a presentar públicamente un informe detallado sobre los protocolos de seguridad e información, dentro y fuera de sus instalaciones, en caso de accidentes y emergencias que pongan en riesgo la vida de empleados o de la población en general, así como aquellos que signifiquen riesgos para el medio ambiente.

Cuarto. De igual manera, presentar públicamente un informe sobre los simulacros que se han realizado alrededor de todas las instalaciones petroleras, incluyendo aquellos en los que ha participado la población civil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015

Diputado José Antonio Estefan Garfias (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat a implantar medidas para contribuir a la preservación, la restauración, el rescate y la mitigación de los daños causados a la cascada El Salto, en El Naranjo, San Luis Potosí, a cargo del diputado Cándido Ochoa Rojas, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Cándido Ochoa Rojas, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones II, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México sigue siendo uno de los países megadiversos más importantes del mundo. Dicho título lo comparte con naciones como China, India, Colombia y Perú; por lo que la pérdida de alguna de sus áreas naturales representa un gran impacto ambiental y un terrible desequilibrio ecológico, causados en su mayoría por las actividades realizadas por el hombre a lo largo de los años.

En la actualidad, descuidar, alterar y desgastar zonas naturales en un territorio, lleva consigo una gran problemática, ya que esto no sólo afecta al propio planeta, sino que también deja terribles consecuencia al ámbito social y económico; ya que los efectos producidos hacia el ecosistema repercuten directamente en el desarrollo de todo ser humano, y aunque éste sea quien provoca éste tipo de escenarios; es fundamental garantizar la observación, vigilancia y cuidado del ecosistema existente en el país; además de asegurar la debida aplicación de restricción y sanciones a quienes originen daños y deterioros.

Por tal motivo, expongo hoy ante esta Soberanía, como urgente y en consecuencia de pronta resolución, una emergencia que está ocurriendo en uno de los estados de la República Mexicana, esto es un llamado a recuperar el lamentable deterioro que está sufriendo la cascada llamada El Salto, ubicada en el municipio de El Naranjo, perteneciente a San Luis Potosí, a la cual se le ha impedido el cauce natural de su agua, desviándola hacia una central hidroeléctrica (Camilo Arriaga), que opera desde 1996 –Las centrales hidroeléctricas en México: pasado, presente y futro. Leonardo de Jesús Ramos Gutiérrez. Comisión Federal de Electricidad, México http://www.scielo.org.mx/pdf/tca/v3n2/v3n2a7.pdf página 110–, a escasos 150 metros de donde debería de caer ésta, provocando que sólo reciba agua en temporadas de lluvia, por lo que pasa prolongados períodos de seca, degradando continuamente su estado natural.

La cascada El Salto cuando tenía vida, generaba por sí sola significativas derramas de los turistas que la visitaban, divisas que daban no sólo trabajo a los moradores de la región, sino que contribuían con la economía del municipio de El Naranjo, en la actualidad los tours y/o las actividades turísticas de esa región que ofrecen las empresas dedicadas a esta actividad, sólo se limitan a visitar las cascadas de Minas Viejas, el Meco y el caño de micos, mencionando que las expediciones y vistas a la cascada El Salto sólo se pueden llevar a cabo en tiempo de lluvias, por lo que los visitantes no pueden apreciar de ese maravillo lugar.

Asimismo, con la instalación de ésta hidroeléctrica no se han generado los empleos deseados para los habitantes de la región, y tampoco se ha dado la producción esperada de electricidad, en comparación a muchas otras hidroeléctricas del país.

Por lo tanto, es urgente que el Congreso de la Unión realice un exhorto a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que tomen las medidas necesarias para lograr la preservación y restauración del equilibrio ecológico en lo relativo a la afectación de la cascada El Salto, procediendo a su rescate.

De esta forma, me encuentro socialmente obligado a realizar este planteamiento, y moralmente impuesto a rescatar esa fuente de vida, ese entorno natural, pero sobre todo, ese ecosistema que tanto falta le hace a la humanidad, no sólo por su propia naturaleza, sino porque además generará un sustento a las economías de las familias de ese bonito municipio El Naranjo, SLP.

En este sentido, pongo a su consideración esta situación, para que previo los trámites legislativos correspondiente, se proceda lo más pronto posible a realizar por parte de las autoridades implicadas, los trámites conducentes, a fin de regresarle la vida a la cascada El Salto.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados respetuosamente exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a fin de que implemente las medidas necesarias para preservar, restaurar, rescatar y mitigar los daños causados hacia la cascada “El Salto”, ubicada en el municipio el Naranjo, perteneciente al estado de San Luis Potosí, en forma coordinada con todas aquellas dependencias facultadas para intervenir en la atención y resolución del problema materia de esta moción.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.

Diputado Cándido Ochoa Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y el Fonhapo a permitir en las reglas de operación la participación activa de las organizaciones sociales e incrementar los recursos para los programas de vivienda, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo 4o. constitucional en su párrafo 7 mandata lo siguiente:

Párrafo 7. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

El 7o. párrafo, establece el disfrute de una vivienda digna y decorosa, por lo que, en sentido estricto, el acceso a una vivienda digna; por tal motivo, es urgente que el Titular de Fonhapo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, incorporen en las reglas de operación la participación de las organizaciones sociales y se incrementen de 20 mil a 40 milpesos con el fin de que las familias que accedan a dicho programa puedan contar con los recursos suficientes para mejorar su vivienda.

Estos asuntos no son menores, porque incluso de acuerdo al artículo 1o. constitucional, nuestro país está obligado a cumplir los compromisos internacionales asumidos en los instrumentos en la materia como son los de hábitat en concordancia con la Observación General 4 y 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, órgano principal de la ONU encargado de supervisar la realización del derecho a la vivienda por parte de los Estados, los cuales establecen como principios básicos de la vivienda adecuada:

• La seguridad jurídica de la tenencia; incluida una protección legal contra el desalojo, y otras amenazas;

• La disponibilidad de servicios, equipamientos e infraestructura necesaria, incluido el acceso al agua potable y saneamiento;

• El costo accesible, incluso para los más pobres;

• La habitabilidad, incluida la protección contra el frío, la humedad, el viento, el calor, las lluvias;

• El acceso para los grupos más vulnerables, incluidas las personas ancianas, los niños, las personas con discapacidades físicas y las víctimas de catástrofes naturales;

• Un lugar adecuado (localización), seguro, alejado de fuentes de contaminación, próximo a servicios públicos, establecimientos escolares.

De acuerdo a lo anterior, es importante que el Gobierno Federal se abstengas de impulsar medidas legales, administrativas y reglas de operación que pretendan excluir a las organizaciones sociales y campesinas de los programas de vivienda.

Como es del conocimiento de esta soberanía fue a partir del Acuerdo Nacional para el Campo suscrito en el año 2003 por el Ejecutivo federal, las organizaciones de la sociedad civil y las diversas formas de organización de los pueblos y comunidades indígenas, principalmente campesinas, que se formalizo el marco jurídico que reconoce la representatividad y derecho de dichas organizaciones a participar en procesos de planeación, ejecución y evaluación de los programas que realiza el gobierno federal.

En este sentido, a partir de ese año, las organizaciones sociales y campesinas han trabajado de la mano con el gobierno federal para hacer llegar los beneficios de los programas sociales a la gente más necesitada del país que vive en localidades alejadas, con la falta de servicios y con ingresos menores a la línea de bienestar, considerada por el Coneval.

Sin embargo, desde el inicio de la presente administración, el gobierno federal ha intentado desconocer la participación de las organizaciones sociales y campesinas en la ejecución de los programas sociales, que coordinan diversas Secretarias, tratando de marginar su participación en programas como FAPPA, Promusag (ahora, Promete) y Vivienda Rural, entre otros.

De manera particular, el Programa de Vivienda Rural, ha beneficiado a miles de hogares pertenecientes a las organizaciones sociales, campesinas y las diversas formas de organización de los pueblos y comunidades indígenas,, los cuales han sido atendidos por el gobierno federal, a través de la estructura las mencionadas, mismas que han gestionado los subsidios que el gobierno destina a la población del campo y en las zonas urbano rurales y urbanas, con el fin de que puedan comprar paquetes de materiales para que autoconstruyan su casa, la amplíen o le hagan mejoramientos, a fin lograr una vivienda digna al mejorar sus condiciones; cabe destacar, el notable éxito que ha tenido este programa, como lo respaldan las evaluaciones que ha hecho el Coneval del mismo, así como instituciones externas especializadas.

En éste sentido, a pesar de los beneficios que ha traído dicho programa con ayuda de la participación activa de las organizaciones sociales, campesinas y las diversas formas de organización de los pueblos y comunidades indígenas, el gobierno federal ha implementado estrategias que buscan frenar la participación de estas como interlocutoras y defensoras de los derechos de los campesinos dentro del mismo.

Lo anterior, evidencia que los cambios realizados en los últimos años, se han ido endureciendo las reglas y manuales de operación del programa con el fin de restringir o complicar su participación, al respecto, en las actuales reglas de operación se han eliminado de las reglas de operación la facultad de participar como instancia ejecutora.

Ante el hecho inminente de la fusión del Programa Vivienda Rural, con el de Vivienda Digna, para dar vida al “Programa de Apoyo a la Vivienda”, se tiene conocimiento que dentro de la normatividad que regulará la ejecución del nuevo programa, si bien, se reconoce la participación y las actividades que a lo largo de los años han venido realizando las OSC en la operación del programa, se reducen los derechos reconocidos a los beneficiarios del programa, en particular la previsión que faculta al beneficiario para elegir su proveedor, dicho dispositivo permite la activación de la economía social de la localidad.

Por otra parte es importante que se incrementen los montos de los subsidios otorgados dentro del programa, atendiendo la realidad económica actual, haciendo especial énfasis en el monto autorizado para las ampliaciones, ya que desde el año 2009 a dicha acción de vivienda se le ha asignado un presupuesto máximo de 20 mil pesos, situación que dificulta cumplir los requerimientos de las Reglas de operación vigentes, y en consecuencia del objetivo del programa y del gobierno federal que es brindar viviendas dignas y de calidad.

Por lo que esta soberanía y las organizaciones sociales y campesinas hacen un llamado a Fonhapo para que autorice un presupuesto de al menos 40 mil pesos para este tipo de acción, igualando el presupuesto para cuartos adicionales que se plantean realizar dentro de la nueva estrategia de vivienda impulsada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), denominada “Un cuarto más”. En la cual participara en conjunto con la Conavi, el Infonavit y Fonhapo.

También es importante que se autorice un presupuesto de 30 mil pesos para la compra de materiales, considerando que el beneficiario ejecutaría su acción de vivienda bajo la modalidad de autoconstrucción, y con esto, el gobierno federal pueda ahorrar hasta un 25% del propuesto para cada cuarto adicional en la mencionada estrategia.

Para concluir, debemos mencionar que a fin de disminuir gastos en la implementación de la estrategia “Un cuarto más” y de beneficiar a las personas que requieren dichos apoyos, Fonhapo y la Sedatu se ejecuten mediante el Fideicomiso y se privilegie la autoconstrucción.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y Fonhapo, a que continúen impulsando en las reglas de operación, lineamientos y acciones administrativas la participación de las organizaciones sociales, campesinas y las diversas formas de organización de los pueblos y comunidades indígenas, sin distinción o discriminación alguna.

Segundo: Que el beneficiario o beneficiarios puedan elegir libremente a su proveedor, cuando la Sedatu funja como instancia ejecutora con el fin de que se fomente la economía social de las localidades.

Tercero: Que en la mecánica operativa se confirme cuando la instancia ejecutora sea la Delegación y la acción de la vivienda se realice por autoconstrucción, recibirá del Beneficiario el Bono de Subsidio endosado a su favor. Y que el Beneficiario podrá elegir al proveedor de su elección, buscando siempre las mejores condiciones de costo, calidad y servicio y que, la Instancia ejecutora firmará un contrato de ejecución con el beneficiario y el proveedor y para fines de control, se solicitará a los proveedores las comprobaciones o facturas de los materiales, a nombre del beneficiario.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y la Secretaría de Salud de Guerrero a intensificar las medidas de combate del vector transmisor de la chikungunya en la entidad, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Marbella Toledo Ibarra, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Constitución de la Organización Mundial de la Salud establece que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano y, en consecuencia, el derecho a la salud incluye el acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria.

Por lo tanto, el derecho a la salud significa que los gobiernos deben crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible.

Consagrado en tratados internacionales y regionales de derechos humanos, así como en las constituciones de todo el mundo, el derecho a la salud no sólo abarca la atención de salud oportuna, sino también los factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.

En este orden de ideas se debe conceptualizar como un servicio de salud oportuno a la medicina preventiva, que no es otra cosa que una política social encaminada a fomentar y proteger la salud de las personas de un estado, región, localidad o comunidad mediante acciones de información y que involucren de manera corresponsable a la población, pero también la medicina preventiva consiste en todas aquellas acciones que el Estado como protector de la salud debe realizar para prevenir la presencia de enfermedades o de diferentes situaciones en las que la salud pueda estar en peligro y evitar con ello una epidemia o pandemia.

Los vectores son organismos vivos que pueden transmitir enfermedades infecciosas entre personas, o de animales a personas. Muchos de esos vectores son insectos hematófagos que ingieren los microorganismos patógenos junto con la sangre de un portador infectado (persona o animal), y posteriormente los inoculan a un nuevo portador al ingerir su sangre.

A mediados del año 2014, llego a nuestro país el virus que provoca la fiebre de la chikungunya, enfermedad de origen africano que en un principio se confundió con cuadros de dengue y de la que en el último semestre del 2014 se confirmaron 155 casos. Sin embargo, para el mes de agosto del presente año se han confirmado más de 3 mil 306 casos en 16 entidades, entre las que se encuentran Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Colima, Michoacán, Morelos, Campeche, Estado de México, Jalisco, Yucatán, Nayarit, Tabasco, Tamaulipas, Coahuila, Quintana Roo y Guerrero.

En el caso específico de Guerrero, el 30 de abril del 2015 el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), lanzó la declaratoria de emergencia epidemiológica y se instaló en sesión extraordinaria el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, para que los tres órdenes de Gobierno fortalecieran las medidas de prevención y control del vector, por considerar que la fiebre de la chikungunya pone en riesgo la salud de la población, aunque su tasa de letalidad sea del 0.45 por ciento, porque en Guerrero de acuerdo con el boletín epidemiológico de la Secretaria de Salud en un corte al 11 de junio del 2015, se tenía la confirmación de mil 36 casos de fiebre chikungunya, siendo hasta el día de hoy mil 277 casos.

Si bien es cierto que los casos de chikungunya van a la baja en Guerrero, conforme a declaraciones del secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, es necesario que las estrategias de reforzamiento contra el mosquito de dengue y chikungunya no sean suspendidas y que incluso se fortalezcan en la última etapa del combate a este vector.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y haciendo uso de las facultades que me otorga el orden constitucional y legal vigente, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al ciudadano Héctor Antonio Astudillo Flores, gobernador constitucional del estado de Guerrero, y al ciudadano Carlos de la Peña Pintos, secretario de Salud del estado de Guerrero, a que en el marco de sus responsabilidades fortalezcan e intensifiquen las acciones para combatir el vector que ha derivado en la propagación de la enfermedad chikungunya en la última etapa de su combate, a fin de que en los ayuntamientos y las comunidades se intensifiquen las campañas de saneamiento e instrucción a la población, a fin de erradicar completamente la creación espontánea de criaderos de mosquitos que transfieren esta enfermedad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.

Diputada Marbella Toledo Ibarra (rubrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Querétaro a implantar medidas para garantizar el proceso electoral de Huimilpan, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito, diputado Alejandro González Murillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numeral 2, fracción III, y numeral 2, fracción III, artículos 113 y 139, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Querétaro a garantizar las condiciones políticas necesarias para las próximas elecciones en el municipio de Huimilpan, Querétaro, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro en septiembre pasado resolvió las impugnaciones referentes a la elección del ayuntamiento de Huimilpan, Querétaro, recayendo el fallo en la nulidad de la elección. Ante esta determinación, se ha ordenado reponer el proceso electoral para una nueva elección del ayuntamiento mencionado, el próximo 6 de diciembre.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Huimilpan hay más de 35 mil habitantes, de los cuales 52 por ciento son mujeres y 48 por ciento hombres; la edad promedio es de 21 años. Como puede observarse, la población que se asienta en la jurisdicción de este municipio es nutrida, ya que se considera como un centro urbano importante perteneciente a la zona metropolitana de Querétaro.

Dada esta característica de Huimilpan, lo hace atractivo para la consolidación del control que pretende llevar a cabo el gobierno estatal y el Partido Acción Nacional, para ejercer el poder sin bloques de oposición representativa, debido a que solamente el municipio de El Marqués, es el único ayuntamiento en donde el voto no lo favoreció.

Cabe precisar que la reclamación del Partido Acción Nacional inicialmente consistió en pedir el recuento de votos, lo cual fue convalidado y aún con ello, se ratificó su derrota, enderezó su reclamo en impugnación arguyendo intimidación y ejercicio de la violencia hacia algunos votantes.

Porque el PAN ha generado presión para anular la elección en Huimilpan, cuál es la pretensión de la expresidenta municipal María García, actual diputada federal.

La participación ciudadana de Huimilpan debe servir de ejemplo para el estado, por lo cual se debe cuidar la observancia a la ley por parte de todos, incluidas las autoridades, para que se garantice la libertad y el respeto al voto.

Saludamos la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la que determinó decretar la veda electoral para todo el estado, argumentando que no importando si se trata de una elección local o federal, dada su naturaleza de ser un evento “extraordinario” en el cual se interpreta que los gobiernos locales o estatales corren riesgo de cometer actos que contravengan al desarrollo del proceso.

También cabe resaltar que esta elección será inédita, toda vez que en toda la historia del estado de Querétaro, no se ha presentado el caso en donde se tenga que reponer alguna elección popular.

La composición política del estado de Querétaro ahora es muy distinta a la que se tenía durante el pasado proceso electoral, ahora el PAN detenta el aparato gubernamental, por ello se conmina a que las autoridades estatales y municipales se ciñan a los principios de legalidad en esta contienda electoral del 6 de diciembre.

Por todo lo anterior, se propone a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del gobierno del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y a Ricardo Anaya, presidente nacional de Acción Nacional, a abstenerse de llevar a cabo cualquier acto de intromisión durante el proceso electoral en las elecciones extraordinarias para el honorable Ayuntamiento de Huimilpan.

Segundo. Se exhorta a las autoridades electorales y de procuración de justicia del estado de Querétaro, para que den seguimiento y solución pronta a las denuncias presentadas durante el proceso electoral.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.

Diputado Alejandro González Murillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la integración de una comisión especial para la creación de la secretaría de cultura, a cargo del diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

Ricardo Taja Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo solicitando la creación de la Comisión Especial para la Creación de la Secretaría de Cultura.

Consideraciones

Entre las propuestas expresadas en su tercer Informe de Gobierno por el presidente Enrique Peña Nieto, específicamente en el decreto que anuncia la creación de la Secretaría de Cultura, se hace indispensable una labor legislativa que ofrezca continuidad y análisis a una de las áreas más vastas y representativas de México ante el mundo, que permitan la toma de decisiones para generar iniciativas que puedan ser consideradas por las comisiones facultadas para dictaminar, con la finalidad de complementar la creación y los procesos del desarrollo de este nuevo ministerio.

Ciertamente una de las improntas más reconocidas en las riquezas de México es su diversidad cultural, que, gracias a sus expresiones artísticas regionales, se conjuga en nuestra orgullosa identidad nacional. De acuerdo con la UNESCO tenemos el sexto lugar en riqueza de patrimonio cultural, y ciertamente guardamos el liderazgo en la materia dentro de América Latina, sin embargo hasta la fecha no se había dado el paso definitivo para generar un ministerio de Estado especializado en la materia, manteniendo durante 25 años una administración descentralizada que dependía, entre otras muchas responsabilidades, de la Secretaría de Educación Pública.

Así, el decreto para la creación de la Secretaría de Cultura es una muestra de la prioridad que involucra, para el gobierno federal, la preservación y el desarrollo de dicho patrimonio, tangible e intangible, al igual que la difusión de la enorme diversidad cultural de nuestro país. Es, sin lugar a dudas, la más grande oportunidad de agrupar los órganos especializados ya existentes para sentar las bases de una sociedad capaz de insertarse en la economía creativa, promoviendo la innovación cultural como plataforma de desarrollo económico y como complemento de la educación, en ese binomio integral que incorpore un reflejo en el índice de desarrollo humano a mediano y largo plazo.

Lo anterior nos lleva a la creación de índices y mecanismos de medición que reflejen el impacto de la cultura en el desarrollo social, que ciertamente no se limita únicamente a la concepción de la cultura como un medio de entretenimiento e integración, si no que plantea una ruta de progreso en distintos conjuntos sociales, desde municipios, estados y toda la extensión del territorio nacional en la vasta diversidad de las artes y todos aquellos signos propios de la expresión cultural contemporánea y pasada, como un legado y producción cultural permanente que permiten escuchar ese diálogo entre pasado y presente, capaz de discernir el futuro de nuestra memoria e identidad.

En tal circunstancia, la Comisión Especial para la Creación de la Secretaría de Cultura promoverá:

1. Los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, para el desarrollo de la cultura dentro de la promoción de México en el extranjero, que siente las bases de un desarrollo cuantificable para el país.

2. Pondrá en consideración el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-1018, para complementar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, ante la meta de “México con Educación de Calidad”, logrando las estrategias legislativas que permitan la suma de ambos ministerios en la lectura de los índices correspondientes.

3. Con base al Programa Especial de Cultura y Arte, y en apego al marco normativo interno vigente: Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; y el Reglamento de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la comisión evaluará: el impulso a la infraestructura cultural en espacios y servicios; la preservación, promoción y difusión del patrimonio y la diversidad cultural; el apoyo a la creación artística y desarrollo a la industria creativa en torno a bienes y servicios culturales; y posibilitar el acceso universal a la cultura en el contexto de la tecnología digital.

4. La comisión dará lugar a las preocupaciones de carácter técnico y laboral que pudiesen plantearse en lo sucesivo, y discutirá los mecanismos de transición que permitan la consecuente legislación en beneficio de todas las partes, permitiendo el consenso en todas las áreas que contemple la futura Secretaría.

5. Se discutirá el destino que tendrán los fondos que actualmente contempla el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para no truncar el desarrollo de proyectos emanados de los gobiernos locales y las agrupaciones de la sociedad civil, cuya participación es esencial para el desarrollo cultural del país en un proceso de creación, innovación y procuración en torno a nuestra riqueza cultural.

6. Se atenderá la síntesis de funciones agrupadas en los órganos de Conaculta, INAH e INBA, para evitar la duplicidad de funciones o facultades que pudiesen entorpecer los procesos administrativos, logrando así una labor dinámica y especializada en todos los rubros que sean contemplados. De la misma manera se podrá considerar el establecimiento de los mecanismos que resguarden la duplicidad de facultades de los órganos especializados antes mencionados, que pudiesen asumir otras dependencias públicas o privadas en detrimento de nuestro patrimonio cultural, reforzando las penalidades que tuviesen lugar en caso de que las leyes establecidas fuesen violentadas; entre otros puntos que los miembros de la comisión pudiese considerar prudentes para el adecuado desarrollo de sus actividades.

Frente a los motivos señalados, resulta imprescindible que el Poder Legislativo promueva las bases adecuadas que coadyuven a formular un nuevo órgano especializado, capaz de asumir los grandes retos en cultura, donde la comisión contribuirá sumando las opiniones de diversos especialistas en la materia, respetando el ámbito de sus atribuciones, para aportar al trabajo de las comisiones ordinarias vinculadas con esta área temática.

Por lo anteriormente señalado, solicito a esta honorable asamblea, con la intervención que corresponda a la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura, ponga a su consideración el siguiente punto de acuerdo para la creación de la Comisión Especial para la Creación de la Secretaría de Cultura.

Con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . La Junta de Coordinación Política proponga al pleno de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura la creación de la Comisión Especial para la Creación de la Secretaría de Cultura.

Segundo . El objetivo de la Comisión Especial para la Creación de la Secretaría de Cultura será el de coadyuvar en el análisis de los procesos legislativos que permitan la adecuada instalación de la Secretaría de Cultura, en los rubros que corresponda, y el seguimiento adecuado en los últimos dos años del actual gobierno federal y legislativo, complementando el trabajo de las comisiones ordinarias que estén facultadas en la materia.

Tercero . La Comisión Especial para la Creación de la Secretaría de Cultura estará conformada por la cantidad de integrantes y los criterios de pluralidad y proporcionalidad que determine la Junta de Coordinación Política.

Cuarto . La Comisión Especial para la Creación de la Secretaría de Cultura tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria, hasta el 31 de agosto de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.

Diputado Ricardo Taja Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para la lucha contra la trata de personas en México, a cargo de la diputada María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María Luisa Sánchez Meza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en al artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la atención de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente Junta de Coordinación Política, para que dentro del ámbito de su competencia, se cree la comisión especial para la lucha contra la trata de personas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La trata de personas es un delito que no sólo violenta los derechos inherentes a todo ser humano y desintegra el tejido social, esto al registrarse en las comunidades y contra los perfiles más vulnerables, sino que de acuerdo al Diagnóstico Nacional sobre la Trata de Personas en México que publicó la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, UNODC, esta actividad ilícita representa la tercera fuente de ingresos para la delincuencia organizada.

Diferentes diagnósticos que sirven de referencia, revelan cifras que encienden una alarma roja que debe atenderse de manera transversal pero con especial énfasis en el marco jurídico mexicano: El número de víctimas de trata (mujeres y menores de edad, en su mayoría) es imposible de determinar actualmente, pero hay estudios cuantitativos que estima que anualmente, 20 mil personas son víctimas de trata en México (OIM 2011), mientras que un estudio del DIF en 2011 refería que 32 mil niñas, niños y adolescentes habían sido víctimas de trata, en su modalidad de explotación sexual.

Por otro lado, un estudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicado en 2013 reveló que de enero de 2009 al primer trimestre de 2013, sólo se habían presentado mil 101 denuncias por ese delito, una cifra por demás alejada de una realidad que no escapa de nuestros ojos.

Las zonas de conflicto prácticamente se presentan en todo el país, sin embargo hay estados con mayor incidencia, tales como Tlaxcala, Distrito Federal, Puebla, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Chihuahua, Guanajuato, Quintana Roo, Baja California y Nuevo León, entre otros; el problema, pues, perjudica a todos como mexicanos.

Por lo menos en 80 por ciento de las víctimas de organizaciones dedicadas a la trata son mujeres y menores de edad, personas migrantes que durante su tránsito son objeto de engaños que los condenan a una esclavitud prohibida en México, y en últimas fechas, perjudicando también a varones que son obligados a trabajar para organizaciones criminales o trabajos forzados en áreas como la agricultura.

Si bien las acciones que se han hecho en el marco legislativo han avanzado, éstas no son suficientes. Después de abrogarse la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas de 2007, el 14 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que entraba en vigor la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, sustentada a su vez, en el artículo 23, fracción XXI, párrafo Primero en materia de trata de personas, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Precisamente porque las consecuencias de este grave delito se ven rebasadas, es que el 19 de marzo de 2014 se aprobó la última modificación a esta Ley, en la que se estipularon sanciones más severas y la precisión de delitos considerados como trata, tales como la explotación con fines pornográficos, el matrimonio forzado, embarazo forzado, explotación laboral incluyendo conceptos como servidumbre forzada, así como el reclutamiento forzado por parte de un grupo armado.

La realidad actual en México da muestra de que urgen esfuerzos conjuntos y una legislación más amplia, que comprometa a los tres órdenes de gobierno a atender este delito que hoy en día también debe contemplar situaciones como el reclutamiento forzoso en campos agrícolas, una práctica reprobable y que sigue vigente en regiones con vocación agraria de nuestro país.

Además, urge una coordinación con las entidades federativas para que ajusten su marco jurídico a la Ley Federal vigente, ya que sólo 25 de 32 estados cuentan con una ley especial, de los cuáles, de acuerdo al diagnóstico publicado por la ONU, sólo Baja California, Colima, Puebla Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Veracruz se sujetan a éste.

Otro aspecto que se debe atender y está dentro de las facultades de la Cámara de Diputados tiene que ver con la asignación de recursos tanto para la prevención y persecución de este delito, el monitoreo, registro y seguimiento de casos a efecto de tener una base de datos útil para la generación de políticas públicas efectivas, programas de capacitación a las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno para operar correctamente la norma, así como fondos para la instalación y operación de refugios para víctimas, con la capacidad para atenderlos con sus diferentes particularidades (para mujeres y niños, adolescentes, víctimas varones, personas con problemas de adicciones), ya que no son pocos los estados y municipios en los que los organismos de la sociedad civil absorben esta responsabilidad que debería atender el Estado Mexicano.

Haciendo una revisión al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, que se encuentra todavía bajo análisis, prevé algunas partidas para la atención a víctimas del delito en el Anexo 18. “Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos”, con una partida para entidades no sectorizadas de 186, 884,616 pesos para atención a víctimas. Urge etiquetar recursos específicos para en combate de la trata y sobre todo, como ha sido petición de activistas y organismos de la sociedad civil, gestionar los fondos necesarios para la operación de refugios y la rehabilitación de los afectados por la trata de personas, a efecto de que no haya una doble victimización.

Hay que reconocer que en las LXI y LXII Legislatura, se tuvo a bien instituir la Comisión Especial para la lucha contra la trata de personas, que tuvo como eje rector el promover las reformas legales pertinentes para que la legislación federal y local sean eficaces y aplicadas al pie de la letra y formular las modificaciones pertinentes para que este empate de objetivos sea efectivo y dé resultados tanto en prevención, como detección de casos, apoyo a las víctimas y sanción del victimario.

Actualmente, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 plantea como una de sus cinco metas principales lograr un “México en Paz” y dentro de esta meta, se proponen dos líneas de acción que mediante una comisión especial en esta LXIII Legislatura podrán tener atención focalizada; estas son 1) Propiciar la tipificación del delito de trata de personas y su armonización con el marco legal vigente 2) Llevar a cabo campañas nacionales de sensibilización sobre los riesgos y consecuencias de la trata de personas orientadas a mujeres, así como sobre la discriminación de género y los tipos y modalidades de violencia contra mujeres.

Además, incidiría en otros objetivos generales de este rubro, tales como 1) Construir una agenda legislativa incluyente que refleje los temas que son del interés de los diversos grupos y organizaciones de la sociedad civil 2) Proporcionar asistencia y representación eficaz a las víctimas con perspectiva de derechos humanos 3) Priorizar la prevención de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, abordando sus causas subyacentes y factores de riesgo integralmente.

Es por ello que se pone a la consideración de la Junta de Coordinación Política dar continuidad a los trabajos que el honorable Congreso de la Unión ha estructurado en las últimas dos Legislaturas en materia de trata de personas, a efecto de seguir avanzando en el combate de este delito que lacera a la sociedad de nuestro país.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que dentro del ámbito de su competencia, se cree la comisión especial para la lucha contra la trata de personas en México.

Dado en la Cámara de Diputados, a 3 de diciembre de 2015.

Diputada María Luisa Sánchez Meza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Oaxaca a aplicar los recursos etiquetados en el anexo 3 del Presupuesto de Egresos local de 2014 para finalizar la construcción del hospital regional de especialidades de Tlaxiaco, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Sergio López Sánchez, diputado por el distrito 06 de Oaxaca en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La protección de la salud además de ser un aspecto fundamental para alcanzar la línea básica de bienestar, es un derecho humano reconocido en nuestra constitución y en diversos tratados internacionales.

En este sentido, el acceso oportuno, expedito, integral y sin discriminación a los servicios de salud en todo el país, ya sean competencia federal o de las entidades federativas, es una deuda histórica con las y los mexicanos; deuda que por cierto, estamos cada vez más lejos de saldar. Solo por citar un ejemplo, el Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el Inegi, estima que 40 millones de personas no tienen garantizado este derecho.

Sin duda alguna, el impacto de la reciente crisis sobre la economía mexicana se produjo de manera más o menos rápida y ocurrió básicamente por el desplome del petróleo, las exportaciones y la inversión extranjera directa.

Esta crisis provocó una caída en los ingresos en los hogares, lo que ha dado como resultado que el número de personas en situación de pobreza aumentara en 2 millones durante los primeros años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, al pasar de 53.3 millones en el 2012 a 55.3 millones en el 2014, por lo que 46.2% de la población mexicana es pobre.

Esto viene como consecuencia de las respuestas que el Estado mexicano ha dado a las recurrentes crisis suscitadas a lo largo de más de 80 años, en las cuales han adoptado medidas como la desregulación, la privatización y la liberalización comercial y financiera. Estas transformaciones se han dado en, cuando menos, dos etapas: Las reformas de primera generación, implementadas entre la década de los años 80 y buena parte de los años 90 del siglo pasado, tuvieron como objetivo lograr estabilidad económica, reducir el tamaño y la función del Estado y ampliar el mercado entregando a los particulares segmentos antes responsabilidad del primero. La segunda generación de reformas tiene como propósito profundizar esta división, creando instituciones y organizaciones capaces de asegurar su continuidad, se refuerzan los mecanismos de ajuste fiscal, las privatizaciones se orientan ahora hacia áreas estratégicas, como las telecomunicaciones, el petróleo y la electricidad, se fortalecen las condiciones favorables para la inversión extranjera, abarcando además cuestiones relativas al gasto social como las políticas de salud y seguridad social, de educación y de trabajo, incluyendo nuevas reformas constitucionales.

Oaxaca no es la excepción, y derivado de la pobreza y rezago en que hemos vivido por siglos, los servicios que brinda el estado no son suficientes y mucho menos eficaces para revertir nuestra condición, al respecto, cabe señalar que la esperanza de vida en Oaxaca está muy por debajo de la media nacional.

Esperanza de vida por entidad federativa, 2014

Así pues, entre las tantas cosas que le duelen a la sociedad oaxaqueña está la falta de acceso a servicios de salud de accesibles y de calidad. Sin duda, los principales problemas de salud que enfrenta el país en los últimos 30 años dibujan un panorama complicado por el actual predominio de causas de muerte y enfermedad debidas a enfermedades crónicas no transmisibles, destacadamente la diabetes mellitus, las enfermedades vasculares y el cáncer; la permanencia de enfermedades transmisibles fácilmente prevenibles, como las respiratorias agudas, y emergentes como el VIH/sida, la desnutrición calórico proteica, además de aquéllas vinculadas a los accidentes de tráfico, los feminicidios y los homicidios.

Las y los oaxaqueños tenemos un panorama complicado que no sólo se refiere a cumulo de enfermedades ligadas a las más diversas condiciones, desde la pobreza y la insalubridad hasta la violencia social; sino que también se refiera a la distribución y la magnitud desigual con la que se presentan estas enfermedades y otros problemas de salud, que no son propiamente patologías, entre distintos sectores de la población.

Por ello, atendiendo las demandas de la población, principalmente de aquella que se encuentra en un mayor índice de pobreza, el Congreso del Estado aprobó en su presupuesto de egresos para el ejercicio 2014, la cantidad de 29 millones de pesos para el sector salud, distribuidos de la siguiente forma: 13 millones de pesos para la terminación del Hospital Regional de Especialidades de Tlaxiaco, 8 millones para el Hospital de la Niñez Oaxaqueña y otros 8 millones de pesos para la compra de mastógrafos; cabe señalar que el hospital de Tlaxiaco no ha sido concluido y que los mastógrafos no han sido adquiridos.

Bajo esta premisa y a fin de atender uno de los reclamos más sensibles de la sociedad, como lo es el recibir servicios de salud oportunos, de calidad y calidez a las oaxaqueñas y oaxaqueños, independientemente de su situación sociocultural y económica, es que resulta apremiante solicitar en primera instancia al señor Gobernador para que de manera inmediata ordene la aplicación de los $29’000,000.00 (veintinueve millones de pesos 00/100 M.N.), etiquetados en el Anexo 3 del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio 2014, en materia de salud, e informe a esta Soberanía sobre el avance en la aplicación de los mismos.

Asimismo, es menester exhortar al gobernador de Oaxaca para que gire sus instrucciones, al Secretario de Finanzas y al encargado del despacho de la Secretaría de Salud, para que inmediatamente se concluya con la construcción del Hospital Regional de Especialidades de Tlaxiaco, proyecto que cuenta ya con el correspondiente oficio de aprobación y liberación de recursos por parte de la propia Secretaría de Finanzas del Estado, por ser una obra con la que se atenderá a la población de una de las regiones más pobres de México.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Oaxaca, para que de manera inmediata apliquen los $29’000,000.00 (veintinueve millones de pesos 00/100 M.N.), etiquetados en el Anexo 3 del Presupuesto de Egresos del estado para el ejercicio 2014, en materia de salud e informe a esta Soberanía en avance en la ejecución de los mismo.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta al respetuosamente al gobernador del estado de Oaxaca a efecto de que de manera inmediata se concluya con la construcción del Hospital Regional de Especialidades de Tlaxiaco, Oaxaca, con los recursos que fueron asignados a dicho proyecto por el honorable Congreso del estado de Oaxaca, en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio 2014.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.

Diputado Sergio López Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno a implantar diversas acciones en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, Evelyng Soraya Flores Carranza, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Según datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(Inegi), actualmente un 6.6 por ciento de la población tiene alguna discapacidad; asimismo, afirma que en México existen 31.5 millones de hogares, de los cuales 6.1 millones reportan la existencia de al menos una persona con discapacidad; es decir, que en 19 de cada 100 hogares vive una persona que presenta alguna dificultad.

Al respecto, hasta el año pasado, del porcentaje de personas con discapacidad la mayoría resultaron ser adultos mayores, con 51.4 por ciento; no obstante, debemos asumir una realidad innegable que aqueja a nuestra niñez; según datos obtenidos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, en nuestro país el 1.6 por ciento de la población total de niños y niñas vive con alguna discapacidad.

Dentro de las principales manifestaciones de discapacidad en México se encuentran problemas para caminar como el de mayor presencia, seguido de las dificultades para ver, oír, hablar o comunicarse, mental, atender el cuidado personal, y, finalmente, poner atención; lo anterior, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 (ENIGH 2012).

Para su atención y tratamiento, son muchos los esfuerzos que de manera conjunta se implementan por las autoridades a nivel internacional y nacional, cuya finalidad es, además de concientizar, diseñar los mejores mecanismos de inclusión para las personas que padecen alguna discapacidad.

Virtud a ello, desde el año de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el fin principal de sensibilizar a la opinión pública respecto a la integración de las personas con limitación.

La celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad tiene por objeto ayudar a entender las cuestiones relacionadas con la discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad y los beneficios que se derivarían de la integración de estas personas en todos y cada uno de los aspectos de la vida política, social, económica y cultural de sus comunidades; brindando la oportunidad de promover actividades encaminadas a lograr el objetivo del disfrute pleno e igual de los derechos humanos y la participación en la sociedad.

Si bien es cierto que nuestro país ha tenido avances significativos en la materia, lo cierto es que hoy en día seguimos enfrentando manifestaciones constantes de discriminación hacia este sector poblacional; por lo que queda de manifiesto que las acciones hasta hoy implementadas han sido insuficientes para lograr la inclusión de los discapacitados a la vida cotidiana, lo cual no se logrará con la simple conmemoración de un día internacional, sino con el trabajo constante que se desempeñe a su favor.

Para el Partido Verde, garantizar los derechos más elementales de una persona es prioridad, es por ello, que en el marco de esta conmemoración internacional invitamos a todos los legisladores a dirigir sus trabajos en beneficio de un grupo de la población que verdaderamente necesita de políticas públicas incluyentes, para que sean considerados no sólo en la distinción de espacios especiales, sino en la inclusión y cumplimiento de sus derechos fundamentales.

Consideramos importante atender a las necesidades de todas las personas que enfrentan algún tipo de discriminación, sin embargo, hoy nuestro solicitud se centra en un grupo aún más vulnerable, las niñas y niños de nuestro país, que al padecer alguna discapacidad, se ven obligados en su mayoría a abandonar su educación, siendo para nosotros un derecho fundamentalísimo para el desarrollo personal de cualquier persona, tenga o no una discapacidad.

Para ello, hemos impulsado y apoyado las diferentes iniciativas presentadas por nuestro Grupo Parlamentario y por cualquiera que muestre interés por mejorar la calidad de vida de las personas que sufren alguna discapacidad.

Ejemplo de ello, es la reciente presentación de la iniciativa que busca garantizar que la niñez mexicana que vive con discapacidad, como grupo especialmente vulnerable, tenga acceso a la educación mediante un servicio diseñado para satisfacer sus necesidades específicas, para su adecuada inclusión al sistema educativo en todos sus niveles y al campo laboral, sobre todo para hacer posible su vida de manera independiente.

Esto a través de la impartición de educación especial en los mismos planteles educativos “normales”, la cual deberá implementarse de manera individualizada, brindando apoyo psicopedagógico y en coordinación con el maestro de grupo encargado de la asignatura correspondiente.

Además se busca que la educación especial incluya la orientación a los padres o tutores, compañeros de clase, así como también a los maestros y personal de los planteles escolares, como muestra clara de un ejercicio incluyente, no solo de las personas con discapacidad, sino de todos los participantes, lo que permitirá concientizar y garantizar el respeto y reconocimiento de las personas con igualdad.

En atención a ello, es que buscamos seguir impulsando acciones que permitan fortalecer y dotar de las herramientas indispensables a las personas con discapacidad para que de esta forma se desarrollen de manera exitosa, obteniendo con ello una mejor condición de vida.

Porque “...la discapacidad no te define; te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta.- Jim Abbott.”

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades educativas de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que diseñe e implemente campañas informativas respecto de la discapacidad y sus diversas formas de presentarse, cuyo objeto sea sensibilizar e incentivar a la protección y respeto de los niños con discapacidad, haciendo especial énfasis en su integración en los mismos centros educativos, lo que permita erradicar cualquier acto de discriminación en contra de ellos y garantizando con esto la protección del derecho humano a la educación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.

Diputada Evelyng Soraya Flores Carranza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, el gobierno de Coahuila y el ayuntamiento de General Cepeda a difundir los documentos relativos a las reuniones de los consejos consultivos referidos en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos respecto al proyecto “Sitio para el reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados”, suscrita por las diputadas Norma Rocío Nahle García y María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena

Las que suscriben, Norma Rocío Nahle García y María Chávez García, diputadas a la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Los avances tecnológicos que producen alteraciones en todo tipo de intercambios, el auge de organizaciones no gubernamentales, y el creciente interés de la sociedad por desempeñar un papel activo en los asuntos que repercuten en su calidad de vida han hecho que el estado pierda el monopolio en la toma de decisiones relativas al desarrollo y a la gestión pública, teniendo que extender su interacción con una multiplicidad de actores privados y públicos.

Lo que ha llevado a un nuevo paradigma en la relación entre el estado y la sociedad, incluido en un término de reciente cuño que es el de la gobernanza, misma que como parte importante de su definición postula el ser una nueva forma de gobernar, que promueve un modo de gestión de los asuntos públicos, fundamentado en la participación de la sociedad civil a todos sus niveles.

En términos generales la participación pública como elemento indispensable de la correcta gobernanza implica la profundización de la democracia mediante una mayor redistribución, desconcentración del poder y la toma de decisiones en un marco de libertad, pluralidad, inclusión, responsabilidad y respeto mutuo, con el plus de que al tenerse en cuenta a la sociedad civil y sus opiniones los actos de autoridad no se convierten en actos de autoritarismo.

En el ámbito del desarrollo sustentable y por lo tanto de lo ambiental, la participación social se vincula con la gobernanza en un proceso mediante el cual las comunidades se organizan e intervienen sobre su realidad defendiendo sus intereses, necesidades y prioridades para alcanzar mejores condiciones de vida de la población.

En el plano internacional, la necesidad de que la sociedad se integre en la toma de decisiones que con respecto al ambiente y los recursos naturales se adopten por parte de la autoridad tiene ya cuando menos más de dos décadas, así lo podemos constatar en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y en la Agenda 211, ambos documentos resultantes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, coloquialmente conocida como Cumbre de Río, por efectuarse en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en el año de 1992, reunión y documentos que marcaron un hito en la evolución del ambientalismo y la construcción del concepto de desarrollo sustentable.

Al respecto de la participación de la sociedad en la problemática ambiental, en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 178 gobiernos, incluyendo el mexicano, acordaron que:

“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.” (Principio 10 de la DRMAD)

Sobre la Agenda 21, ésta viene a ser un programa exhaustivo de acción que entre otras razones de ser tiene la de orientar las acciones de los gobiernos participantes en cuanto a las políticas públicas para el manejo, preservación, conservación del ambiente y el desarrollo sustentable.

Como parte de este documento encontramos el capítulo 20, intitulado, Gestión ecológicamente racional de los desechos peligrosos, incluida la prevención del tráfico internacional ilícito de desechos peligrosos. , mismo que en el inciso b) de su numeral 20.27 vincula el manejo de estos desechos a la participación de la sociedad, bajo el siguiente texto:

“20.27 Los gobiernos, según la capacidad y los recursos de que dispongan, y con la colaboración de las Naciones Unidas y otras organizaciones competentes y de la industria, según proceda, deberían:

b) Aumentar la participación del público en general , particularmente de las mujeres y los sectores populares, en los programas de gestión de desechos peligrosos;”

Esta necesidad de involucrar a la población en la toma de decisiones concernientes al medio ambiente y la gestión de los recursos naturales se ha visto reflejada en distintas leyes mexicanas, como son la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, entre otras.

Los órganos de consulta y de participación pública que mandatan las distintas leyes ambientales fueron creados para que la ciudadanía interactúe con el gobierno, exponga sus opiniones y se involucre en la toma de decisiones para el cuidado del medio ambiente, el manejo y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de nuestro país, ya que mecanismos como la consulta pública u otros en los que la sociedad civil participa junto con la autoridad ambiental, tienen la finalidad de facilitar la participación corresponsable de diversos sectores de la sociedad en la protección, conservación y restauración del medio ambiente.

Por ejemplo, en el artículo 36 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGR) se mandata a los tres órdenes de gobierno formar órganos de consulta, esto bajo el siguiente texto:

“Artículo 36. El gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, integrarán órganos de consulta en los que participen entidades y dependencias de la administración pública, instituciones académicas, organizaciones sociales y empresariales que tendrán funciones de asesoría, evaluación y seguimiento en materia de la política de prevención y gestión integral de los residuos y podrán emitir las opiniones y observaciones que estimen pertinentes . Su organización y funcionamiento, se sujetarán a las disposiciones que para tal efecto se expidan.”

El que la LGPGR contenga preceptos que involucre a la sociedad se vuelve de especial relevancia cuando se trata de residuos peligrosos, que pueden afectar seriamente la vida de las comunidades humanas, de los mantos freáticos, aguas superficiales y el medio ambienten, en un tema tan delicado como lo es el manejo y disposición final de estos residuos, la participación de especialistas, académicos, científicos y habitantes de las comunidades donde se instalan los sitios para confinar estos residuos debe de ser escuchada y tomada en cuenta por las autoridades antes de emitir los permisos que posibiliten la instalación de los mismos.

Lo anterior viene a colación porque en julio del presente año, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente recibió el aviso de inicio de obras para el cambio de uso del suelo en terrenos forestales para el proyecto denominado Sitio para el reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados, ubicado en el ejido Noria de Sabina, perteneciente al municipio de General Cepeda, Coahuila.

Sabemos que hay una gran oposición por parte de los habitantes del municipio para que en el mismo se realice el mencionado proyecto, pero no se ha mencionado sobre las opiniones que deben de haber emitido los órganos de consulta que por efectos de la LGPGR deben de estar constituidos y como su nombre lo indica, ser consultado en temas referentes al objeto de la propia ley mencionada.

Debe ser del interés de los diputados y del interés público el conocer los razonamientos que en estos consejos consultivos se dieron sobre un tema de tal relevancia como lo es el establecimiento del mencionado sitio de confinamiento controlado, a la vez que el dar a conocer dicha información es un sano ejercicio de gobernanza y transparencia, que fortalece las acciones de los tres órdenes de gobierno que participaron para que se pudiera dar esta situación.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que haga públicas copias de las actas y demás documentos que contengan las opiniones vertidas en las reuniones que los órganos de consulta, constituidos bajo el mandato del artículo 36 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, tengan, cuando dichos órganos trataron lo referente al proyecto denominado Sitio para el reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados, ubicado en el ejido Noria de Sabina, perteneciente al municipio de General Cepeda, Coahuila.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, a que haga públicas copias de las actas y demás documentos que contengan las opiniones vertidas en las reuniones que los órganos de consulta, constituidos bajo el mandato del artículo 36 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, tengan, cuando dichos órganos trataron lo referente al proyecto denominado Sitio para el reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados, ubicado en el ejido Noria de Sabina, perteneciente al municipio de General Cepeda, Coahuila.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al ayuntamiento del municipio de General Cepeda, Coahuila, a que haga públicas copias de las actas y demás documentos que contengan las opiniones vertidas en las reuniones que los órganos de consulta, constituidos bajo el mandato del artículo 36 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, tengan, cuando dichos órganos trataron lo referente al proyecto denominado Sitio para el reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados, ubicado en el ejido Noria de Sabina, perteneciente al municipio de General Cepeda, Coahuila.

Nota

1. También conocida como Programa 21.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.

Diputadas: Norma Rocío Nahle García, María Chávez García (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para dar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a cargo del diputado Liborio Vidal Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Liborio Vidal Aguilar, diputado de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 6, numeral 1 fracción I; artículo 79, numeral 1 fracción II, del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, somete respetuosamente a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por la que se propone la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante el año 2000, la comunidad internacional asumió los compromisos derivados de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que en su momento constituyeron uno de los compromisos más ambiciosos para erradicar la pobreza en el mundo. México, al ser una de las naciones más comprometidas con el combate a la pobreza, no fue la excepción. Esta iniciativa de las Naciones Unidas, confirmó el compromiso y la vocación de nuestro país como una nación promotora del desarrollo mundial. En su momento, hace ya casi quince años, la adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), refrendó el compromiso de nuestro país con la comunidad internacional.

Hemos llegado a 2015, año en que vence el plazo para el cumplimiento de estos objetivos, esto ha obligado a la comunidad internacional a establecer un nuevo marco global para el desarrollo posterior al 2015. Se espera que este nuevo acuerdo nos permita dar continuidad y fortalecer los logros alcanzados en estos quince años por los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los retos que nos impone el desarrollo y la erradicación de la pobreza en un entorno de sustentabilidad son complejos y nos exigen el establecimiento de nuevos parámetros de acción.

Por lo anterior, la comunidad internacional ha integrado la nueva Agenda de Desarrollo Posterior a 2015, la cual establece el cumplimiento de nuevos objetivos ambiciosos y transformadores que nos permitan incidir en las causas estructurales de la pobreza, combatir las desigualdades, así como generar oportunidades para mejorar los niveles de vida y la prosperidad de todos los miembros de nuestras sociedades en un marco de desarrollo sostenible a nivel mundial. Esta nueva agenda establece retos para toda la comunidad internacional, tanto para los países en desarrollo como desarrollados, además de que asume como necesaria, no sólo la participación de los estados y los organismos internacionales, sino también de las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.

México, bajo el liderazgo de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, ha desempeñado un rol activo en este proceso participando en 2013 y 2014 en las consultas y negociaciones realizadas en el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (GTA-ODS), la cual generó un informe final que contiene la propuesta de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sustentable.

En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en septiembre de 2015, los Estados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 objetivos y 169 metas de Desarrollo Sostenible (ODS)1 para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. La propuesta reconoce la importancia de las dimensiones social, económica y ambiental del desarrollo sostenible, así como la necesidad de definir objetivos universalmente aplicables a todos los países, teniendo en cuenta las diferentes realidades, prioridades, capacidades y niveles de desarrollo nacionales:

• Objetivo 1: Poner fin a la pobreza. Erradicar la pobreza en todas sus formas sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad. Si bien la cantidad de personas que viven en extrema pobreza disminuyó en más de 50 por ciento (de mil 900 millones en 1990 a 836 millones en 2015), aún demasiados seres humanos luchan por satisfacer incluso las necesidades más básicas. A nivel mundial, más de 800 millones de personas aún viven con menos de 1.25 dólares al día y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados. El crecimiento económico acelerado de países como China e India ha sacado a millones de personas de la pobreza, pero el progreso ha sido disparejo. La posibilidad de que las mujeres vivan en situación de pobreza es desproporcionadamente alta en relación con los hombres, debido al acceso desigual al trabajo remunerado, la educación y la propiedad. Para el año 2014, en México se estimó que un total de 55.3 millones de personas (46.2 por ciento de la población) vivían en condición de pobreza y 11.4 millones de personas (9.5 por ciento de la población) en condición de pobreza extrema.

• Objetivo 2: Hambre Cero. Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. Poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad. Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas. Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra. En el caso de México, para 2014, 28 millones de personas viven en pobreza alimentaria y para agosto de 2015, se identificaron 6.2 millones de personas en pobreza extrema con carencia de acceso a la alimentación.

• Objetivo 3: Buena Salud. Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100 mil nacidos vivos. Poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada mil nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada mil nacidos vivos. Poner fin a las epidemias del Sida, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles. Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo. Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos. Para 2014, en México 58.5 por ciento de la población tiene carencia por acceso a la seguridad social 58.5 por ciento y 18.2 por ciento carencia por acceso a los servicios de salud .

• Objetivo 4: Educación de calidad. Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces. Velar porque todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. Eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional. Garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética. Garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. En México, para 2015, existen 6 millones de niñas y niños de entre 3 y 17 años que no asisten a la escuela.

• Objetivo 5: Igualdad de Género. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina. Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país. Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública. Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen. Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos en condiciones de igualdad, así como el acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles. En México la población de mujeres, 57.5 millones (conforme a datos 2014 de Inegi), a pesar de ser mayoría, se considera como un grupo en situación de vulnerabilidad debido a la discriminación y múltiples violaciones a sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Además, en México las mujeres tienen una menor participación en actividades económicas, pues sólo 43.22 por ciento de las mujeres forman parte de la población económicamente activa, frente a 78.55 por ciento de la población masculina.

• Objetivo 6: Agua Limpia y Saneamiento. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos. Lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables. Mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial. Aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua. Poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda. Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

Ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, incluidos el acopio y almacenamiento de agua, la desalinización, el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de reciclaje y reutilización. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento. En México, para 2014, 9.9 millones de personas no tienen acceso al agua en sus viviendas, mientras que 9.7 millones no cuenta con drenaje.

• Objetivo 7: Energía Asequible y No Contaminante. Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos. Aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de energía. Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. Aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el acceso a la investigación y las tecnologías energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de energía renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructuras energéticas y tecnologías de energía no contaminante. Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo. En México, para 2014, 800 mil personas no cuentan con electricidad en sus viviendas.

• Objetivo 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico. Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos un 7 por ciento anual en los países menos adelantados. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros. Mejorar progresivamente, para 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, de conformidad con el marco decenal de programas sobre modalidades sostenibles de consumo y producción, empezando por los países desarrollados. Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para alentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos. Para 2015, el número de mexicanos con empleo informal representa 57.8 por ciento de la población ocupada. Para 2014 en México 5.8 millones de jóvenes trabajan en la informalidad y 1.3 millones de jóvenes de 15 a 24 años laboran sin recibir remuneración.

• Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el acceso equitativo y asequible para todos. Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, a más tardar en 2030, aumentar de manera significativa la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados. Aumentar el acceso de las pequeñas empresas industriales y otras empresas, en particular en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluido el acceso a créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados. Para 2030, mejorar la infraestructura y reajustar las industrias para que sean sostenibles, usando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países adopten medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando sustancialmente el número de personas que trabajan en el campo de la investigación y el desarrollo por cada millón de personas, así como aumentando los gastos en investigación y desarrollo de los sectores público y privado para 2013. Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo con un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países de África, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños estados insulares en desarrollo. Apoyar el desarrollo de tecnologías nacionales, la investigación y la innovación en los países en desarrollo, en particular garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015, en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil empresas, de las cuales 99.8 por ciento son Pymes, generando una fuerza laboral formal de 72 por ciento y que contribuyen con la producción del 52 por ciento del producto interno bruto del país. México ocupa el lugar 75 de 130 en el Índice Global de Emprendedores 2015, el cual analiza la capacidad emprendedora, cayó 9 lugares con respecto a 2014 por una baja evaluación en el desarrollo de habilidades y aspiraciones emprendedoras.

• Objetivo 10: Reducción de Desigualdades. Para 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40 por ciento más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional. Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los resultados, en particular mediante la eliminación de las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y la promoción de leyes, políticas y medidas adecuadas a ese respecto. Adoptar políticas, en especial fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad. Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esa reglamentación. Velar por una mayor representación y voz de los países en desarrollo en la adopción de decisiones en las instituciones económicas y financieras internacionales para que estas sean más eficaces, fiables, responsables y legítimas. Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Alentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la inversión extranjera directa, para los Estados con mayores necesidades, en particular los países menos adelantados, los países de África, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus planes y programas nacionales. Para 2030, reducir a menos del 3 por ciento los costos de transacción de las remesas de los migrantes y eliminar los canales de envío de remesas con un costo superior al 5 por ciento. En 2012, 10 por ciento de la población con más riqueza en México, concentró 38.9 por ciento de todo el ingreso en el país. El ingreso mensual per cápita en el medio rural es de mil 685 pesos, mientras que en el medio urbano es de 3 mil 645 pesos en 2012. A nivel municipal el Índice de Desarrollo Humano más alto es de 0.917, correspondiente a la delegación Benito Juárez en el Distrito Federal; el más bajo es de 0.368 en Cochoapa El Grande, Guerrero, para 2014.

• Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles. Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. Reducir de forma significativa el número de muertes y de personas afectadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y reducir sustancialmente las pérdidas económicas directas vinculadas al producto interno bruto mundial causadas por los desastres, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones vulnerables. Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional. Aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan y ponen en marcha políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles. Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante la asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales. En el caso de nuestro país, en 2014, en la Ciudad de México al menos 65 por ciento de las mujeres habían sido víctimas de algún tipo de violencia de género en el transporte público.

• Objetivo 12: Consumo Responsable y Producción. Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo. Para 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. Reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y distribución, incluidas las pérdidas posteriores a las cosechas. Lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir de manera significativa su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de reducir al mínimo sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente. Disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización. Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes. Promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales. Velar porque las personas de todo el mundo tengan información y conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. Apoyar a los países en desarrollo en el fortalecimiento de su capacidad científica y tecnológica a fin de avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles. Elaborar y aplicar instrumentos que permitan seguir de cerca los efectos en el desarrollo sostenible con miras a lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que alientan el consumo antieconómico mediante la eliminación de las distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan, para que se ponga de manifiesto su impacto ambiental, teniendo plenamente en cuenta las necesidades y condiciones particulares de los países en desarrollo y reduciendo al mínimo los posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y las comunidades afectadas. En 2015 en México se estima que 10 millones de toneladas de comida al año van a dar a la basura.

• Objetivo 13: Acción Climática. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. Poner en práctica el compromiso contraído por los países desarrollados que son parte en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con el objetivo de movilizar conjuntamente 100 mil millones de dólares anuales para el año 2020, procedentes de todas las fuentes, a fin de atender a las necesidades de los países en desarrollo, en el contexto de una labor significativa de mitigación y de una aplicación transparente, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible. Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, centrándose en particular en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas. En el caso de México, el promedio de emisiones de CO2 fue de 3.9 toneladas métricas por habitante al año durante el periodo 2011-2014, se elevó un punto con respecto al periodo 2008-2010. El gobierno mexicano se comprometió voluntariamente en marzo de 2015 a reducir en 25 por ciento las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para el año 2030. En 2014, México generó 1 millón de toneladas de residuos electrónicos, colocándose por debajo de Estados Unidos y Brasil en la lista de los países en América con mayor producción de residuos.

• Objetivo 14: Vida Marina. Para 2025, prevenir y reducir de manera significativa la contaminación marina de todo tipo, en particular la contaminación producida por actividades realizadas en tierra firme, incluidos los detritos marinos y la contaminación por nutrientes. Gestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros con miras a evitar efectos nocivos importantes, incluso mediante el fortalecimiento de su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos con objeto de restablecer la salud y la productividad de los océanos. Reducir al mínimo los efectos de la acidificación de los océanos y hacerles frente, incluso mediante la intensificación de la cooperación científica a todos los niveles. Para 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, la pesca no declarada y no reglamentada y las prácticas de pesca destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, por lo menos a niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas. Para 2020, conservar por lo menos el 10 por ciento de las zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible. Para 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la capacidad de pesca excesiva y la sobreexplotación pesquera, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole, reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización Mundial del Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los países menos adelantados. Para 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados reciben del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo. Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir la tecnología marina, teniendo en cuenta los criterios y directrices para la transferencia de tecnología marina de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países en desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados. Facilitar el acceso de los pescadores artesanales en pequeña escala a los recursos marinos y los mercados. En el caso de nuestro país, México ocupó el cuarto lugar por su volumen de pesca en América, con un total de 272 mil 533 personas dedicadas a dicha actividad.

• Objetivo 15: Vida en la Tierra. Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales. Promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial. Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutral del suelo. Velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible. Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción. Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, como se ha convenido internacionalmente. Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos silvestres. Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias. Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad. Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas. Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación y la reforestación. Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas, en particular aumentando la capacidad de las comunidades locales para promover oportunidades de subsistencia sostenibles. La superficie cultivable de México perdió 146 millones de hectáreas desde 2000, 6 por ciento menos del total. 40 por ciento de la superficie nacional tiene un severo grado de erosión y pierde 400 mil hectáreas de bosques cada año según datos del 2014.

• Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Fuertes. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo. Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Para 2030, reducir de manera significativa las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de bienes robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada. Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles. Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial. Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, con miras a crear capacidad a todos los niveles, en particular en los países en desarrollo, para prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. México ocupa el noveno lugar en América Latina, con una tasa de 21.5 homicidios por cada 100 mil habitantes. Es equivalente al número de homicidios en toda Europa en un solo año. En 2014 la tasa de asesinatos en nuestro país fue de 16 por cada 100 mil habitantes. En el primer semestre de 2015 la incidencia delictiva fue de un millón 300 delitos. Se estima que el costo nacional en México a consecuencia de la inseguridad y el delito en 2012 fue de 215 mil millones de pesos. 63 de cada 100 mujeres mayores de 15 años en México han experimentado violencia en algún momento de su vida.

• Objetivo 17: Alianzas para los Objetivos. Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole. Velar porque los países desarrollados cumplan cabalmente sus compromisos en relación con la asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar 0.7 por ciento del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo y del 0.15 por ciento al 0.20 por ciento del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados; y alentar a los proveedores de asistencia oficial para el desarrollo a que consideren fijar una meta para destinar al menos el 0.20 por ciento del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados. Movilizar recursos financieros adicionales procedentes de múltiples fuentes para los países en desarrollo. Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo. Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos adelantados. Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a ellas y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, entre otras cosas mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, en particular en el ámbito de las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología. Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y preferenciales, por mutuo acuerdo. Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso mediante la conclusión de las negociaciones con arreglo a su Programa de Doha para el Desarrollo. Aumentar de manera significativa las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales para 2020. Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados, libre de derechos y de contingentes, de manera duradera para todos los países menos adelantados, de conformidad con las decisiones de la Organización Mundial del Comercio, entre otras cosas velando por que las normas de origen preferenciales aplicables a las importaciones de los países menos adelantados sean transparentes y sencillas y contribuyan a facilitar el acceso a los mercados. Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y coherencia normativas. Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen y promuevan el intercambio de conocimientos, capacidad técnica, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, en particular los países en desarrollo. Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones.

Para México, esta nueva Agenda de Desarrollo Posterior a 2015, que regirá la políticas de desarrollo en el mundo durante los próximos 15 años, así como los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, representan una oportunidad única para construir un marco de desarrollo sostenible e incluyente que contenga objetivos concisos que permitan ser una guía para la elaboración de políticas públicas que promuevan el desarrollo social, el crecimiento económico y que sean responsables con el medio ambiente.

Resulta necesario y fundamental que la honorable Cámara de Diputados, como soberanía y en representación del pueblo mexicano, otorgue puntual seguimiento a los avances que el Estado mexicano reporte en torno al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con tal propósito, propongo la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo , la cual tendrá como propósito fundamental vigilar el esfuerzo y revisar las estrategias implementadas por el Estado mexicano a fin de garantizar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Mientras más rápido se avance en la concreción de estos objetivos, México podrá garantizar un mejor nivel de vida para sus ciudadanos y refrendará su papel como país líder en la promoción del desarrollo a nivel internacional.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para dar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo , cuya vigencia será el periodo constitucional de esta LXIII Legislatura.

Segundo. El número de integrantes, presidencia y secretarías será conforme lo determine la Junta de Coordinación Política, reflejando, en todo caso, la proporcionalidad de los grupos parlamentarios.

Nota

1. Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2015, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.

Diputado Liborio Vidal Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la PGR y de Pemex a definir e implantar estrategias y acciones eficaces para disminuir y abatir el robo de hidrocarburos, a cargo de la diputada Elva Lidia Valles Olvera, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Elva Lidia Valles Olvera, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El petróleo es la fuente de energía más utilizada en el mundo, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 88 por ciento de la energía primaria que se consume en México proviene del petróleo. Es el principal insumo para la generación de energía eléctrica, así como para la producción de combustible, para transporte y operación en la industria1 .

En 2014 el ingreso del sector público presupuestario fue de 3 billones 983 mil millones de pesos, de los cuales 30.5 por ciento provino de los ingresos petroleros y 66.8 por ciento del resto de las fuentes distintas a las petroleras. En términos absolutos el monto aportado por la industria petrolera durante 2014 totalizó 1 billón 213 mil millones de pesos2 .

En la actualidad, el país enfrenta un grave problema “el robo de hidrocarburos”, robo que se realiza a través de las llamadas tomas clandestinas que no son otra cosa que la sustracción no permitida de hidrocarburos directamente de los ductos que lo transportan; por lo regular se usan válvulas de paso que desvían la gasolina, el gas, el petróleo o cualquier derivado hacia contenedores, tanques y pipas que son trasladados a diferentes puntos para su comercialización. Este proceso también es conocido como “ordeña”, la cual es otra forma coloquial de referirse al creciente robo de combustible que se realiza en México.

Es importante señalar que según datos de la Procuraduría General de la República (PGR), la mayoría de los autores operativos e intelectuales de estas acciones las atribuyen a diferentes grupos de la delincuencia organizada, apostando por nuevas modalidades para obtener recursos que sirvan de fuente de ingresos para continuar y fortalecer sus actividades ilícitas, además señalan que los robos de hidrocarburos son atribuidos como forma de activar para sus vehículos aéreos y terrestres, incluso para la fabricación de drogas sintéticas.

Además, la comercialización del combustible en el mercado negro es relativamente fácil y ha encontrado rápidamente nuevas formas de compra-venta. La forma básica se realiza a través de tambos de gasolina ubicados en las orillas de la carretera, en pueblos y comunidades pequeñas.

Otra forma es vendiendo al mayoreo a consumidores medianos, como fábricas, aserraderos y empresas de autotransporte; una forma más, es forzando a las estaciones de servicio a quienes se les vende el combustible robado a 6 u 8 pesos el litro y la que menos se utiliza hasta ahora debido a sus altos costos de construcción es a través de la operación de estaciones de servicio pirata.

El comercio ilegal de hidrocarburos, según información de Pemex, alcanza los 20 mil barriles diarios. La problemática deriva, principalmente, de la falta de controles en las terminales de almacenamiento y reparto, y de irregularidades en residencias de operaciones portuarias, sectores de ductos y la toma clandestina misma que se estima en 8,000 barriles.

Acorde a informacio?n de la Subdireccio?n de Distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex), en lo que va de 2015, los tramos que reportan mayor número de “tomas clandestinas” son los que van de Minatitlán Veracruz y Puebla, Salamanca a Guadalajara, Salamanca a Aguascalientes y Zacatecas. Otros de los ductos más atacados son los de Tula a Aguascalientes y de Madero a Altamira, en Tamaulipas3 .

Es así que el robo de hidrocarburos ha devenido en una situación verdaderamente alarmante, toda vez que su proliferación constante esta? generando consecuencias negativas con tendencias a nulificar los esfuerzos y las estrategias actuales del gobierno federal por detener esta situación que cada vez se sale más de su control.

Ante dicha situación el gobierno federal, por acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, crea en el año 2010 una unidad enfocada a la atención del robo de hidrocarburos; y Pemex implementó la Estrategia Integral de Abatimiento del Mercado Ilícito. Sin embargo, en 2011, las tomas clandestinas se duplicaron, pasaron de 691 a mil 324, lo que significó un robo de dos millones 986 mil barriles de combustible4 .

En 2012, el robo mediante tomas clandestinas volvió a aumentar, ahora a mil 749; la investigación del Instituto Belisario Domínguez, refiere que si a ello se le agrega la sustracción ilegal en refinerías, terminales de almacenamiento, terminales marítimas y residencias de operaciones portuarias, las pérdidas estimadas para Pemex superaron el presupuesto asignado a la Secretaría de Energía en 2013, el cual fue de 3 mil 294 millones de pesos5.

En 2014, de acuerdo a cifras de Pemex, el robo de combustible generó la cifra histórica de cuatro mil 127 tomas clandestinas, es decir, 57 por ciento más que en 2013; y en promedio, cada dos horas se perforan ductos para extraer hidrocarburos de manera ilegal, en los 14 mil kilómetros de su red de distribución6 . La siguiente gráfica ofrece una aproximación a las cifras de robo a los ductos de Pemex. Para su construcción se recopiló información de diferentes fuentes periodísticas que citan declaraciones de funcionarios de Petróleos Mexicanos y datos de la Oficina del Comisario de Petróleos Mexicanos.

De acuerdo a lo señalado, quedan de manifiesto los pobres resultados de las medidas adoptadas hasta ahora por la propia empresa y por que? no decirlo, incluso del fracaso en el combate a la delincuencia organizada que se ha implementado por el actual gobierno. No es de sorprender que el mayor número de tomas clandestinas concuerde con los estados con mayor número de secuestros, robo y extorsión y con mayor presencia y control por parte de la delincuencia.

En 2013 se registraron las tomas clandestinas siguientes: Tamaulipas con 539 tomas, Veracruz con 240, Jalisco con 230, Sinaloa con 220, Puebla con 211 tomas, estado de México con 200, Guanajuato con 165, Nuevo León con 140 y Tabasco con 120. Pero el robo de combustible no sólo se constriñe a los ductos.

En el estado que represento, Tamaulipas, autoridades federales han mencionado que se ha debilitado al principal cartel delincuencial que operaba en el territorio y sin embargo ocupa el primer lugar en número de tomas clandestinas, el primer lugar en secuestros y uno de los cinco primeros lugares a nivel nacional en robo y extorsión.

Es imperante la necesidad de vencer a la impunidad y la corrupción; pues existen señalamientos, como la presunta complicidad entre delincuentes, trabajadores de Pemex y la propia autoridad. Asimismo determinar una estricta colaboración con las diversas dependencias en los tres niveles de gobierno, para contrarrestar los efectos negativos que genera el robo de hidrocarburos en nuestro país, lo fundamental es que el estado cuente con nuevos elementos como la participación social comunitaria para acompañar a Pemex en sus acciones para contener un delito que es cada vez más complejo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición el presente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Procuraduría General de la República y al titular de Petróleos Mexicanos, a definir e implementar las estrategias y acciones eficaces para disminuir y abatir la problemática de robo de hidrocarburos en todos los gasoductos del territorio nacional.

Notas

1. http://www.pemex.com/transparencia/Paginas/acuerdos_minutas_2015.aspx

2. http://www.pemex.com/transparencia/Documents/2015/Acuerdos/Acuerdos9aOr d.pdf

3. http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/ml/ML81.pdf Mirada Leg IBD

4. http://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/6456685/02/15/El -robo-de-hidrocarburos-un-problema-grave-para-la-seguridad-nacional-de- Mexico.html

5. http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/08/04/robo-hidrocarburos-cuest a-15300-mdp-ano

6. http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/07/21/tamaulipas-su ma-102-detenidos-por-robo-de-hidrocarburo

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 diciembre de 2015.

Diputada Elva Lidia Valles Olvera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno federal a emprender una campaña nacional que informe y estimule a la población a entregar los televisores analógicos en los centros de acopio establecidos para desecharlos adecuadamente, a cargo de la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31, numeral 2; 79, numeral 1, fracción II; numeral 2, fracción III y 100, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con el objetivo de potenciar y asegurar la implantación de la Televisión Digital Abierta, el Gobierno Federal ha marcado una fecha a partir de la cual todas las emisiones analógicas deberán haber sido sustituidas por emisiones digitales.

La Comisión Federal de Telecomunicaciones estableció el 31 de diciembre de 2015 como la fecha límite para terminar las transmisiones analógicas de la televisión abierta en México (apagón analógico). Este proceso se está llevando a cabo de manera escalonada y por ciudades.

México inicia su transición a la televisión digital; los mexicanos deberán reemplazar sus televisores analógicos por modelos más nuevos.

Y con esta nueva disposición, muchos aparatos ya no podrán funcionar, lo que generará un desecho masivo de los mismos, las repercusiones ecológicas no se harán esperar.

De acuerdo con datos del Inegi más del 94% los hogares cuentan con una televisión y el porcentaje de reemplazo de televisores en el país, tiene un crecimiento del 5 a 6% anual.

Cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) han confirmado el universo de desechos de televisores analógicos y estima que pudiera rondar sobre los 40 millones de aparatos únicamente en los hogares, convirtiéndose en RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).

Riesgos ambientales y a la salud

Los televisores analógicos están constituidos por tecnología de tubo de rayos catódicos (TRC), que si bien puede ser considerada una tecnología antigua, sigue siendo utilizada o almacenada en los hogares.

El dispositivo de TRC típico se compone de entre 7 y 40 kilogramos de vidrio, que protege a los usuarios de la radiación producida por la pistola y el haz de electrones.

Este vidrio de protección se puede encontrar en cuatro componentes diferentes:

• Panel de vidrio.- Representa las 2/3 partes de peso del TRC y puede contener óxido de plomo y óxido de bario.

• Embudo.- Es donde la mayor parte del plomo se encuentra en un TRC.

• Cuello de vidrio.- Rodea al cañón de electrones y contiene plomo.

• Sellos de soldadura de vidrio de la TRC.- Están compuestos por 85% de plomo y retardantes de fuego bromados.

Como se puede apreciar, los televisores tienen dentro de sus componentes materiales como plomo, mercurio y cadmio, entre otros, los cuales pueden contaminar el medio ambiente y afectar la salud de las personas, si no son manejados y confinados apropiadamente.

El problema se presenta cuando son dispuestos inadecuadamente en la calle, en tiraderos a cielo abierto, barrancas, terrenos baldíos o cauces de ríos, ya que sus componentes altamente tóxicos podrían ser liberados y convertirse en potencial fuente de contaminación.

Entre los riesgos a la salud tenemos:

• Silicosis

• Inhalación y contacto directo con plomo y cadmio.

• Cortes con vidrio en caso de explosión.

Y en riesgos ambientales:

• Contaminación de suelo y aguas por metales pesados (plomo y bario).

• Emisión de fósforo tóxico por quema de materias.

Por lo anterior, es importante y necesario para cuidar el medio ambiente y la salud, tener centros especiales para desecho, reciclaje o reúso de televisiones analógicas, pues se trata de evitar que lleguen a los tiraderos de basura en donde sus componentes pueden contaminar el ambiente y provocar daños a la salud.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) han tomado acciones para proteger al medio ambiente de los impactos que pudiera ocasionar el manejo y destino final inadecuado de dichos televisores como producto de la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT). Publicaron el Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital Terrestre .

El Programa es coordinado por la Semarnat. Bajo el esquema de responsabilidad compartida, corresponderá a los Municipios instalar centros de acopio de televisores analógicos, a las autoridades de los Estados la instalación de centros de almacenaje temporal, y a la Semarnat celebrar los contratos con empresas recicladoras autorizadas para el transporte y reciclaje de los televisores analógicos acopiados.

La SCT llevará a cabo la instalación de centros de acopio y de almacenaje temporal, en los lugares de distribución de los televisores digitales, conforme al Programa TDT. Asimismo, y en coordinación con la Semarnat y dentro de los plazos del Programa TDT, celebrará contratos con empresas recicladoras autorizadas.

Para lo anterior, se requiere la participación activa de la sociedad para que lleve a los centros de acopio sus televisores que dejarán de utilizar, evitando dañarlos o romperlos, a efecto de evitar y prevenir que sus componentes peligrosos sean expuestos al medio ambiente, con su consecuente impacto contaminante y daños a la salud.

El objetivo central del Programa referido es proteger la salud de la población y evitar la contaminación ambiental, mediante un esquema de responsabilidad compartida, entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad, para el manejo integral de los televisores analógicos, a fin de evitar su inadecuado desecho incrementado por la transición a la TDT.

En dicho Programa se invita a las organizaciones de la sociedad civil, a tiendas de autoservicio, cámaras y asociaciones empresariales, a participar de manera voluntaria en las campañas de difusión, así como en la operación de centros de acopio y de almacenaje temporal.

Este Programa es una muestra de que el Gobierno Federal se ha preocupado por darles a los televisores un destino final adecuado, ya que pueden generar contaminantes a la atmósfera y contaminantes al suelo. Sin embargo, el próximo 31 de diciembre se concreta el apagón analógico y se estima insuficiente, ya que se requiere la divulgación y propaganda para que la población conozca de dicho programa y la ubicación de los centros de acopio.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se propone ante esta honorable asamblea que se apruebe como urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal para que se emprenda una campaña nacional que informe e incentive a la población a entregar sus televisores analógicos a los centros de acopio establecidos a fin de que se desechen adecuadamente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de diciembre de 2015.

Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos a vigilar que la minuta por la cual se adiciona un último párrafo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud, sea dictaminada con la mayor brevedad, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

• El 1 de marzo de 2012, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobó el Proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4º y reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• El 6 de marzo de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, informó al Pleno de la recepción de la Minuta con Proyecto de Decreto, turnándola a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

• El 9 de mayo de 2012, fue recibido un oficio con el que se remite el Acuerdo del Congreso del Estado de Zacatecas donde se exhorta al Congreso de la Unión, para que considere como asunto prioritario el estudio, dictamen y aprobación de la iniciativa.

• El 23 de mayo de 2012, fue recibido el oficio de la Cámara de Diputados, con el que se remite el Acuerdo del Congreso del Estado de Baja California que exhorta al Senado de la República a dictaminar el proyecto de decreto.

• El 4 de octubre de 2012, la Cámara de Diputados exhorta al Senado de la República para que dictamine el Proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4º y se reforma la fracción XXXIX-J del artículo 73 Constitucional, el cual fue turnado a esta Cámara de Senadores el 4 de octubre de 2012.

• El 16 de octubre de 2012, fue recibido oficio suscrito por Congreso del Estado de Hidalgo, con el que se remite “Exhorto al Senado”, para dictaminar el proyecto de decreto.

• El 16 de enero de 2013, fue recibido un oficio del Congreso del Estado de Baja California Sur, con el que se remite “Exhorto al Senado”, mismo que fue aprobado el 17 de diciembre de 2012 por esa legislatura.

• El 19 de febrero de 2013, el Senador Armando Ríos Piter, presentó solicitud de excitativa, en relación con el proyecto de decreto.

• El 21 de marzo de 2013, fue recibido un oficio con el que se remite punto de acuerdo suscrito por integrantes de la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que exhorta al Senado de la República a aprobar el proyecto de decreto.

• El 30 de abril del 2013, se aprueba el Proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4° y reformar la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de juventud.

• El 27 de junio de 2013, la minuta es recibida en la Cámara de Diputados y turnada el 02 de julio de 2013, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional; y que a la fecha espera su dictamen.

Objeto y descripción de la minuta

La minuta que se analiza, propone adicionar un último párrafo al artículo 4° y reformar la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de juventud, para lograr los siguientes objetivos:

• Garantizar a las y los jóvenes el derecho a su desarrollo integral, señalando que tal objetivo podrá lograrse mediante la protección efectiva de las garantías y derechos humanos que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales firmados y ratificados por México, por lo que se propone que sea en la ley donde se definan los instrumentos y apoyos, así como la participación concurrente de la Federación, Estados, el Distrito Federal y los municipios, para el logro de tal objetivo.

• Se propone otorgar facultades al Congreso de la Unión, para legislar en materia de juventud, con el fin de que pueda establecer las bases generales de coordinación de la facultad concurrente en dicha materia, entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.

Cambios a la minuta

No obstante que la comisión dictaminadora del Senado de la República coincidió en lo general con las razones y el diagnóstico de la Cámara de Diputados, ésta discrepó del proyecto de decreto contenido en la Minuta en análisis, en cuanto a que sea en la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se consigne la facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes donde se establezca la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de juventud.

En cambio, recomendó no pasar desapercibido que en la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra el fundamento que permite al Congreso de la Unión, expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en materia de derechos de la niñez y los adolescentes. En tal virtud, estimó que debería ser en tal precepto donde se incorpore la materia de juventud, con el beneficio de que su inclusión en tal dispositivo, permitiría precisar que las leyes que al efecto se expidieran, deberán además velar en todo momento por el interés superior de tal sector de la población y el cumplimiento de los tratados internacionales de la materia, que es precisamente la finalidad que se pretende asegurar con la propuesta de reforma aprobada por la Cámara de Diputados.

Con lo anterior, las mencionadas Comisiones dictaminadoras han hecho explícito que comparten la necesidad de:

• Establecer que la juventud tiene derecho a su desarrollo integral, mediante la protección de los derechos humanos y garantías individuales que se reconocen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales firmados y ratificados por México;

• Facultar al Congreso de la Unión, para que pueda legislar en materia de juventud, a fin de establecer la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios. Sin embargo, se propone que sea en la fracción XXIX-P de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se inserte la facultad del Congreso de la Unión para expedir las leyes donde se establezca la concurrencia entre los diversos órdenes, en materia de juventud.

Por todo lo expuesto y fundando, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Honorable Cámara de Diputados para que el ámbito de sus atribuciones y con fundamento en los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás aplicables, exhorte a la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara, a efecto de que sean reanudados los trabajos de análisis y dictaminación de la minuta por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4° y reformar la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de juventud.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.

Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y la SCT a considerar la asignación de fondos para continuar el proyecto de infraestructura ferroviario Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Monterrey, en Nuevo León, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PVEM

Los que suscriben, diputados y diputadas federales por el estado de Nuevo León de distintos grupos parlamentarios, con fundamento en lo establecido por los artículos 3, fracción XIX, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que consideren la asignación de fondos necesarios para la continuación del proyecto de infraestructura ferroviario “Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Monterrey” en el estado de Nuevo León, al tenor de la siguientes

Consideraciones

La zona metropolitana de Monterrey es la tercera más poblada del país, sólo por debajo de la zona del valle de México y la de Guadalajara. Según el último censo de población y vivienda del INEGI, Monterrey tiene una población de 1,135,550 habitantes y junto con otros 11 Municipios forman la Zona Metropolitana con una población de 4,057,631 habitantes que conviven en 6,389 kilómetros cuadrados.

Cabe recordar que se establece una Zona Metropolitana cuando dos o más municipios tienen una influencia directa en su integración socio-económica.

Actualmente la población que utiliza las unidades urbanas de pasajeros, gasta alrededor del 30 por ciento de sus ingresos para trasladarse dentro de la metrópoli, y esto depende en gran medida por el crecimiento constante de la población que convive en la zona metropolitana.

La longitud promedio de una ruta radial es de 40.44 kilómetros. Mientras que la longitud promedio de una ruta periférica era de 54.15 kilómetros. La existencia de rutas largas es debido en parte por el descontrolado crecimiento de la zona urbana en la región, donde las viviendas de las personas de bajos ingresos, quienes son los que utilizan mayormente el transporte público, están muy alejadas a los centros de trabajo, de educación, de salud y de espacios de convivencia. De lo anterior se estima que el promedio de los traslados per cápita es de más de 50 minutos.

Lo anterior, son solo algunos elementos que el Gobierno Federal tomo en consideración para tomar como compromiso CG-033 la construcción de 7.5 kilómetros de viaducto de metro para tren ligero con ocho estaciones y 50 paradas a nivel para los autobuses, en los tres corredores alimentadores; siendo su inversión de 8,039 millones de pesos.

Cabe mencionar que el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, el Gobierno Federal tiene contemplado una inversión total de 5,692.5 millones de pesos para el compromiso CG-033.

Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación tenemos que, sólo para el ejercicio fiscal de 2015, se aprobó un presupuesto de 1,000 millones de pesos para este proyecto.

La construcción de la Línea 3 del metro de Monterrey, beneficiará a gran parte de la población que vive, estudia y trabaja en los municipios que integran la zona metropolitana de la capital, por lo que su impacto es de alto nivel para mejorar las condiciones de vida de los neoloneses.

El propósito del presente punto de acuerdo es el de exhortar a los titulares de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que consideren la asignación de fondos necesarios para la continuación del proyecto de infraestructura ferroviario “Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Monterrey”, a fin de generar infraestructura para una movilidad de pasajeros moderna, integral, ágil, segura, sustentable e incluyente, cumpliendo con los estrategias establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

Por lo antes expuesto, se solicita lo siguiente

Único. Se exhorta a los titulares de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que consideren la asignación de fondos necesarios para la continuación del proyecto de infraestructura ferroviario “Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Monterrey” en el estado de Nuevo León.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.

Diputados: Daniel Torres Cantú, Juan Manuel Cavazos Balderas, Juana Aurora Cavazos Cavazos, Pablo Elizondo García, Álvaro Ibarra Hinojosa, Tomás Roberto Montoya Díaz, Edgar Romo García, Federico Eugenio Vargas Rodríguez del PRI, Ramón Villagómez Guerrero, Brenda Velázquez Valdez, Carlos Alberto de la Fuente Flores, Pedro Garza Treviño, José Adrián González Navarro, Baltazar Martínez Montemayor, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Juan Carlos Ruiz García, Ximena Tamariz García, Tania Victoria Arguijo Herrera, Waldo Fernández González, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Jesús Enrique Jackson Ramírez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y la Sedesol a flexibilizar las reglas de operación de la distribución de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, del ramo general 33, a cargo del diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes:

Antecedentes

I. Que la Ley de Coordinación Fiscal establece en su artículo 33 el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) el cual tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.

II. Que la Secretaría de Desarrollo Social es la dependencia coordinadora del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, segu?n lo marcan los lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operacio?n de los recursos del Ramo General 33, emitidos por la Secretari?a de Hacienda y Cre?dito Pu?blico en el Diario Oficial de la Federacio?n el 25 de abril de 2013;

III. Que el 14 de febrero de 2014, se publico? en el Diario Oficial de la Federacio?n, el acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Operacio?n del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en cumplimiento del artículo sexto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinacio?n Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federacio?n el 9 de diciembre de 2013, el cual establece que la Secretari?a de Desarrollo Social debi?a publicar los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, previa opinio?n de la Secretari?a de Hacienda y Cre?dito Pu?blico;

IV. Que la reforma citada a la Ley de Coordinacio?n Fiscal establecio? nuevas obligaciones a la Secretari?a de Desarrollo Social, asi? como a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal respecto de la operacio?n del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

V. Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, publicado el 3 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, establece el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, y dentro de este Ramo se señalan los montos a destinar para el FAIS.

Consideraciones

Las aportaciones federales del Ramo 33 para entidades federativas y municipios son recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal, y municipios, cuyo gasto está condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos que la Ley de Coordinación Fiscal dispone, para la ejecución de las actividades relacionadas con áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como la educación básica y superior, salud, combate a la pobreza, asistencia social, infraestructura educativa, fortalecimiento de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del distrito federal, seguridad pública, educación tecnológica y de adultos, etcétera, las cuales tienen a su vez fines específicos.

El ramo 33, para su operación y aplicación se divide en los siguientes fondos:

• Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE);

• Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA);

• Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA);

• Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS);

• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN);

• Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM);

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); y

• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas (FAFEF).

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se divide a su vez en una partida Estatal y otra correspondiente a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. De acuerdo con el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, el FAIS debe destinarse exclusivamente “al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema”.

En este sentido, el FAIS constituye una fuente de financiamiento muy importante para los municipios y demarcaciones territoriales del país, ya que con dichos recursos se pueden disminuir de manera considerable los indicadores de pobreza, se procura que los servicios que brindan estos órganos de administración a sus gobernados sean mayores y de mejor calidad y en general procurar avanzar en la lucha contra el rezago social y económico de nuestras comunidades, para otorgar una mejor calidad de vida para nuestras familias.

Según el artículo 74, fracción IV, párrafo 2o. de la Constitución Federal, a más tardar el 15 de noviembre de cada año, debe aprobarse el PEF correspondiente al próximo ejercicio fiscal. En dicho presupuesto se establecen en particular los montos que se destinarán para el financiamiento de las obras de los fondos del ramo 33.

Por otro lado, en comparación con otros fondos, la Ley de Coordinación Fiscal prevé las fórmulas de distribución del presupuesto relativo al FAIS, tomando en cuenta las variables necesarias para que dicha distribución se lleve a cabo de manera equitativa y proporcional al desarrollo de los Municipios y Demarcaciones Territoriales adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Sin embargo, es facultad de la Secretaría de Desarrollo Social, de acuerdo a su ámbito de competencia, establecer los mecanismos, reglas de operación y requisitos para que las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales accedan a los recursos del FAIS, a través de los programas que emite dicha Secretaría cada ejercicio fiscal a más tardar el 15 de febrero.

Es una necesidad histórica de los municipios y una queja constante el que se les dificulta acceder a los recursos federales debido a las inflexibles y limitadas reglas de operación que emitió la Sedesol para la aplicación de los recursos correspondientes al FAIS y demás fondos que componen el ramo 33.

Se han venido abajo proyectos de municipios tendentes a mejorar, mantener y rehabilitar la infraestructura de sus comunidades. Lo anterior tiene lugar ya que de acuerdo con los indicadores que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) rindió a la Sedesol, se priorizaron zonas y obras que no corresponden a la realidad social y económica de nuestro país.

Las diferentes asociaciones municipales que integran la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM) han recogido las demandas de los municipios que representan, y coinciden en que las reglas de operación de los programas del ramo 33, no sólo no combaten y disminuyen la pobreza de las zonas más rezagadas del país, sino que además ignoraron por completo comunidades rurales y agrícolas en el destino del presupuesto en comento, lo cual trae consigo el aumento de pobreza. Por si fuera poco, las pocas acciones que los alcaldes han llevado a cabo en sus comunidades se deterioran irreversiblemente, toda vez que la Sedesol consideró de importancia secundaria su mantenimiento.

Incluso, hay regiones del país en extrema situación de pobreza y marginación, que el Coneval no consideró así, en consecuencia no existe presupuesto expreso que les asista para mejorar las condiciones de los bienes y servicios que tienen obligación de proveer sus administraciones municipales.

Uno de los temas más graves que se presenta en la mayoría de los municipios del país y que repercute a miles de ciudadanos, es el tema de las obras públicas, caminos rurales y la construcción, rehabilitación y mantenimiento de caminos y vialidades, en particular las acciones de pavimentación.

En las reglas de operación que emitió la Sedesol para este ejercicio fiscal por lo que toca al FAIS, los proyectos se encuentran clasificados como aquellos de “incidencia directa e indirecta” (prioritarios) y “complementarios y especiales” (secundarios), bajo las definiciones que contemplan las reglas de operación, en el Título Segundo, artículo 2.3.1 del mismo, las cuales se citan a continuación:

De acuerdo a su contribución al mejoramiento de los indicadores de pobreza y rezago social y con base en lo señalado en el artículo 33 de la LCF, los recursos del FAIS se orientarán a la realización de cuatro tipos de proyectos conforme a la siguiente clasificación:

Directa: Proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza multidimensional e identificadas en el Informe Anual.

Indirecta: Proyectos de infraestructura social básica asociados a los proyectos de contribución directa y que son necesarios para la realización de éstos.

Complementarios : Proyectos de infraestructura social básica que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo económico y social de las entidades, municipios y DTDF.

Proyectos especiales : Proyectos que no estén señalados en el Catálogo del FAIS, no obstante, corresponden a los destinos a que se refiere el artículo 33 de la LCF y que contribuyen a mejorar los indicadores de pobreza y rezago social que publica el Coneval. Para su realización, dichos proyectos deberán de llevarse a cabo en coinversión con otros recursos federales, estatales y municipales.

Para la realización de los proyectos por tipo de incidencia, las entidades, municipios y DTDF deberán considerar lo siguiente:

I. Cuando se trate del FISE, las entidades, municipios y DTDF deberán destinar por lo menos el 40 por ciento de los recursos en los proyectos clasificados como de incidencia directa conforme al Catálogo del FAIS.

II. Cuando se trate del FISMDF, las entidades, municipios y DTDF deberán destinar por lo menos el 60 por ciento de los recursos en los proyectos clasificados de incidencia directa conforme al Catálogo del FAIS.

III. A los proyectos complementarios o proyectos especiales podrá destinarse en su conjunto como máximo el 15 por ciento de los recursos del FISE y del FISMDF.

Al respecto es necesario hacer notar que las obras de pavimentación, caminos rurales, alumbrado público, alcantarillado, entre otras, están consideradas como proyectos complementarios o especiales, lo que implica que únicamente el 15 por ciento del presupuesto que corresponda a cada municipio podrá ser destinado a este tipo de acciones, en virtud de que el gobierno federal considera que dichas acciones no están íntimamente ligadas al combate a la pobreza, lo cual es inaceptable, ya que por ejemplo, la pavimentación de vialidades mejora las comunicaciones entre diversas regiones, lo cual fomenta el comercio y disminuye el rezago geográfico de regiones agrícolas con potencial para crecer económicamente debido al desarrollo de sus actividades.

En este tema, además de lo expuesto, los municipios agrícolas no cuentan con los recursos suficientes para la compra de fertilizante, en virtud de que únicamente pueden usar el 20% de sus recursos federales, aún y cuando la agricultura es la actividad económica por excelencia en dichas regiones y el fertilizante es básico para desarrollar su producción, situación que la Sedesol no consideró prioritaria para dichas regiones.

Es necesario que se adecuen las reglas de operación a la realidad económica de nuestro país, ya que de no modificarse en este sentido, tendremos como resultado un retroceso en los esfuerzos de urbanización municipal.

Las reglas de operación emitidas por la Sedesol atentan en contra de lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Federal, ya que no sólo etiquetan el gasto de los municipios, sino que además lo limitan y en algunos casos lo anulan.

Por lo tanto, la falta de flexibilización de dichas reglas de operación trastoca la facultad de los municipios de manejar su presupuesto conforme a la ley y sobre todo de administrar libremente su hacienda, tal y como lo establecen las fracciones II y IV del artículo 115 constitucional. Ante ello, es importante que la Sedesol tenga respeto absoluto a las disposiciones constitucionales y flexibilice las reglas de operación en comento.

Es un hecho que los indicadores de pobreza emitidos por el Coneval no reflejan la crisis por la que los Municipios de México atraviesan y, en consecuencia, que las reglas de operación no atiendan las necesidades de infraestructura municipal básica que necesitan nuestras localidades.

No puede el Gobierno Federal hacer de lado las demandas de los alcaldes con respecto a las aportaciones federales, ya que “al final del día” ellos conocen las necesidades más profundas de sus municipios. Es claro que las necesidades de los municipios varían en relación a muchas variables (territorio, población, presupuesto, etc.), y no es dable hacer una declaración general de rezago económico a la hora de repartir los recursos pertinentes.

En consecuencia, consideramos como una necesidad prioritaria para Sedesol revisar las reglas de operación de los programas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, esto con el objetivo de flexiblizarlas para que se eficiente y se aprovechen de mejor manera los recursos destinados a este rubro.

Los municipios han encontrado diversos obstáculos en el ejercicio de estos recursos, por lo tanto es importante privilegiar y tomar en cuenta el punto de vista de las y los presidentes municipales quienes son los encargados de ejercer los recursos de dicho ramo.

Con esta flexibilización de las reglas de operación lo que se pretende es por una parte bajar los recursos a verdadares necesidades de la sociedad reduciendo así el índice de pobreza en el país y por el otro, fortalecer al municipio como base del Estado mexicano y por lo tanto al federalismo mexicano instaurado en nuestra Ley Suprema, respetando la libertad del municipio para administrar su hacienda así como para manejar su presupuesto.

Cabe señalar que esta demanda de los municipios no es nueva, año con año los alcaldes acuden a esta soberanía en las fechas de aprobación del presupuesto de egresos a solicitar que los diputados llevemos a cabo acciones tendientes a hacer más fácil el acceso a estos recursos, muestra de ello es que este en legislaturas anteriores ya se han presentado puntos de acuerdo en el mismo sentido como el presentado por en diciembre de 2014 por el diputado Arturo Salinas Garza y la diputada María Teresa Jiménez Esquivel; el cual la Comisión de Desarrollo Social considero que el tema no era de aprobarse.

Es por lo anterior, que derivado de la demanda de diversos munícipes insisto en la presentación de este punto de acuerdo cuya finalidad en concientizar al ejecutivo federal sobre la problemática que está existiendo en la operación de dichos recursos, los cuales deberían de facilitar la atención de las necesidades ciudadanas.

Concluyendo, el método actual de planeación y operación del FAIS demanda una mayor capacidad de adaptación y flexibilidad institucional, es decir, un estado de equilibrio entre demandas sociales y capacidad de respuesta gubernamental. Y dado que este acuerdo forma parte de la operación del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación que deberá aplicarse para el ejercicio fiscal 2016 consideramos la oportunidad con la que debe intervenir esta Soberanía.

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los titulares de la Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Social a que emitan reglas de operación que flexibilicen la operación de los programas correspondientes al Ramo 33, a efecto de que los municipios accedan a dichos recursos de manera eficaz y transparente.

Segundo. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a que priorice los programas y proyectos, catalogados como complementarios, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social correspondientes al Ramo 33, relativos a pavimentación, caminos rurales, alcantarillado y alumbrado público, para considerarlos dentro de la clasificación de incidencia directa, para que se destinen mayores recursos a dichas obras públicas.

Tercero. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a que reoriente los programas de los fondos del Ramo 33 hacía las zonas del país con mayor pobreza y rezago económico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.

Diputado Juan Pablo Piña Kurczyn (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Secretaría de Salud que realice campañas de regularización de los centros de atención de las personas adultas mayores en el territorio nacional, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal José Luis Orozco Sánchez Aldana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitarle respetuosamente a la Secretaria de Salud a que en la medida de sus facultades realice una campaña de regularización de los Centros de Atención de las Personas Adultas Mayores en todo el territorio nacional para asegurar su apego a lo establecido en las normas emitidas para su funcionamiento y operación; con el objetivo de garantizar a los adultos mayores el respeto irrestricto a sus derechos en estos espacios, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la actualidad, las condiciones y los factores sociodemográficos han sido tema de especial atención e interés, no solo como aspectos de estadística sino también como asuntos concernientes al futuro de cualquier sociedad.

En nuestro país, un ejemplo de ello es el relativo a los adultos mayores.

En México asumimos como adultos mayores, a quienes se encuentran en lo que se puntualiza en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores emitida apenas hace 10 años:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Personas adultas mayores. Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional,1

Un sector de nuestra población con el cual, históricamente se han tenido y se tienen enormes deudas pendientes.

Situación que se ha desarrollado a lo largo de poco más de tres décadas y nos ha derivado en condiciones para este vulnerable sector de la sociedad; que no solo son alarmantes, sino también hirientes.

En México, podemos afirmar que los adultos mayores en su gran mayoría carecen y sufren.

Carecen de falta de oportunidades de trabajo, de condiciones favorables para su desarrollo integral, de asistencia social, de acceso al disfrute en plenitud de todos sus derechos –marcadamente los elementales– y en síntesis de un entorno de privaciones en todos los aspectos.

Como se dijo anteriormente, también sufren; de enfermedades –muchas de ellas altamente incapacitantes- de marginación social, exclusión, discriminación y además desafortunadamente de acuerdo a cifras oficiales, el 16 por ciento del total de los adultos mayores en nuestro país padecen de algún tipo de violencia en sus diferentes grados.2

Incluso esta cifra es todavía más inquietante, si consideramos que de acuerdo al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, se tiene registrado que 3 de cada 5 adultos mayores en México, la violencia que sufren proviene del entorno familiar directo.3

En otras palabras, los adultos mayores en nuestro territorio; son víctimas incluso de quienes deberían ser sus benefactores.

Ante ello, vemos con preocupación que somos una sociedad que tolera, solapa, sobrelleva y disimula; las vejaciones, las carencias y las violaciones sistemáticas en sus derechos humanos, hacia los adultos mayores.

La situación hoy es crítica y se augura en un futuro inmediato – si no actuamos al respecto- catastrófica.

Es critica porque nos estamos refiriendo en el presente, según fuentes oficiales a 11 millones 669 mil 432 personas adultas mayores; y catastrófica en un futuro cercano porque se estima que para el 2030, la población adulta mayor respecto al índice registrado desde el año 2000, se incrementará en un 330 por ciento, en contra de un 45 por ciento que se estima crecerá la población joven en el país para el mismo periodo de tiempo.4

Es decir, en el 2030 seremos una población conformada en su mayoría por adultos mayores con la atención a sus necesidades rezagadas, que por personas jóvenes y económicamente activas.

Como se puede apreciar la situación es verdaderamente crítica, si consideramos además que las tendencias nos muestran que el 82 por ciento del total de adultos mayores viven en pobreza, es decir 8 de cada 10 personas adultas mayores no tiene los medios para cubrir sus necesidades; solo los dos restantes de esos 10 mexicanos, tiene los medios para solventar sus gastos o bien cuentan en el mejor de los casos con una pensión.5

Aunado a lo anterior, tenemos que la gran mayoría de los adultos mayores no tiene un lugar seguro, estable y digno para vivir. En muchos casos son despojados de su patrimonio, tanto inmuebles como dinero; o bien desplazados hacia un rincón en su misma casa.

En contraparte, no hay ni los suficientes ni los adecuados sitios especializados para atenderlos en sus necesidades específicas; bien sea públicos o de asistencia privada.

En promedio del total de los lugares provistos por los gobiernos tanto federales como estatales y municipales en el país, solo un poco más del 8 por ciento aproximadamente de estos lugares brindados institucionalmente, son exclusivos o dedicados a la atención especializada del adulto mayor.

Es decir; espacios con los requerimientos de movilidad para ellos, con el personal profesional para la atención de su desarrollo emocional, psicológico, de integración y sobre todo médico.

Como se puede apreciar, las opciones para nuestros adultos mayores para tener una mejor calidad de vida y de condiciones de la misma o bien para salir de ese círculo vicioso de marginación, discriminación y violencia del cual son objeto–aun en el mismo hogar y dentro de la mismo núcleo familiar- son escasas o prácticamente nulas.

Por esta razón y al amparo de la situación anterior; es que hemos visto con preocupación que han estado surgiendo lugares improvisados y de la noche a la mañana, que ofrecen servicios de albergues o también como centros de atención para los adultos mayores.

Se trata de espacios, que carecen en primer lugar de lo esencialmente requerido para atender de manera profesional y especializada en lo más mínimo, los servicios que ofrecen; al igual que de los permisos y autorizaciones requeridas y emitidas por las autoridades correspondientes encargadas de ello y que garantizan su funcionamiento al margen de lo que establece la ley y las normas de atención realizadas por los profesionales en la materia.

Por un lado, tenemos que los lugares que cuentan con los requisitos establecidos, no son fácilmente identificables y no hay un orden respecto a los lugares que actualmente existen de atención a los adultos mayores en nuestro país.

En segundo lugar y derivado de lo anterior, no hay información detallada de su funcionamiento y de su desempeño, que dé claramente el conocimiento suficiente del lugar de interés, para tener la completa seguridad de que se trata del espacio adecuado.

Además de todo lo anterior, hay todavía problemas de cuestión cultural; respecto a apreciar estos lugares como espacios para el abandono y el desentendimiento absoluto de nuestros adultos mayores, negando por un lado el acceso a estos espacios a quienes lo requieren o bien cerrándonos la posibilidad de verlos como una opción viable para otorgar mejores condiciones de vida para el adulto mayor, que tengamos en nuestros hogares.

Ello, es igualmente aprovechado por personas sin la ética suficiente y el compromiso requerido, para lucrar con las necesidades de quienes están en una situación de marginación en su familia y obtener un provechoso beneficio económico, a costa de ofrecer una atención incompleta, incorrecta o bien deficiente, a los adultos mayores que literalmente “caen en sus redes”.

Es por esta razón que se considera oportuno que las autoridades correspondientes lleven a cabo una regularización de estos espacios tan necesarios, no solo para los adultos mayores de nuestro país sino para la sociedad en su conjunto.

Como una manera en primer lugar, de generar un reordenamiento de la situación que priva respecto a estos espacios.

De tener una radiografía exacta de la magnitud de las carencias que hay sobre el número de estos espacios que actualmente necesitamos, como segundo beneficio.

Y finalmente como tercera ventaja, el garantizar con este esfuerzo; que estos espacios funcionen y operen con absoluta atención a lo dispuesto en las normas y requerimientos emitidos para el efecto; como una medida más que asegure que a todo adulto mayor que acuda a estos espacios, le serán respetados irrestrictamente sus derechos.

A su vez; erradicar esos lugares improvisados que no ofrecen la atención requerida y necesaria para el adulto mayor.

Sin duda alguna, este esfuerzo no resuelve ni atiende, todas las necesidades de nuestros adultos mayores; sim embargo el no llevarlo a cabo, representa una rendija más, por donde el empeoramiento encuentra un espacio más para hundir con mayor fuerza en la vulnerabilidad a este importante y muy lastimado sector significativo e imprescindible de nuestra población.

Este esfuerzo es además parteaguas y podrá servir como punta de lanza, para ir abrir los espacios de la conciencia entre nuestra sociedad respecto a la obligación que tenemos con ellos.

Como se mencionó anteriormente, estamos refiriéndonos a mexicanos imprescindibles, en su persona misma y también por la sabiduría que implica su trayecto y experiencia de vida.

Al igual que importantes, por su misma condición de seres humanos; y también, porque debemos de asumir en corresponsabilidad tanto sociedad y gobierno el compromiso de atenderlos debido a que en él ayer, ellos con su trabajo y esfuerzo consolidaron los benéficos que hoy disfrutamos todos.

Esta soberanía y quienes la integramos, debemos de estar conscientes que ignorar a nuestros adultos mayores, es los mismo que ignorar a nuestra niñez; porque eso equivale a darle la espalda a nuestro futuro como sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que en la medida de sus facultades realice una campaña de regularización de los Centros de Atención de las Personas Adultas Mayores en todo el territorio nacional para asegurar su apego a lo establecido en las normas emitidas para su funcionamiento y operación; con el objetivo de garantizar a los adultos mayores el respeto irrestricto a sus derechos en estos espacios.

Notas

1 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Artículo 3.

2 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Secretaria de Salud.

3 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

4 Consejo Nacional de la Población. 2015.

5 Consejo Nacional de Población.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.

Diputados: Hugo Daniel Gaeta Esparza (rúbrica), José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), Laura Valeria Guzmán Vázquez, Jesús Zúñiga Mendoza (rúbrica), Laura Plascencia Pacheco (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), Ramón Bañales Arámbula (rúbrica), Javier Santillán Oceguera, Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a autorizar y reclasificar por la SHCP y en coordinación con la Sener, la Secretaría de Economía y la CFE la tarifa eléctrica de consumo doméstico o residencial 1D en Campeche, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del PAN

Nelly del Carmen Márquez Zapata, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por Campeche, con fundamento en el artículo 58 del reglamento para el Gobierno de Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El estado de Campeche, es conocido por sus altas temperaturas y en el que se tienen grandes porcentajes de humedad, haciendo al estado un estado Caloroso o de calor húmedo.

Campeche tiene una humedad de promedio anual del 62% que rebasa estándares del 90% de los estados de la república Mexicana; la humedad relativa es la cantidad de vapor de agua que se encuentra en el aire en relación con la máxima humedad absoluta, que se podía admitir sin producirse la condensación, este vapor de agua se produce por la evaporización de agua de mar, ríos, e incluso de plantas y seres vivos que abundan en la geografía estatal. El calor húmedo es más difícil de soportar, ya que para el efecto invernadero llamado comúnmente “bochorno”, no hay ventilador que lo elimine.

El estado se encuentra ubicado en la costa del Golfo de México y con ríos en su interior, que hace que la humedad absoluta sea una de las más elevadas de la República Mexicana, por lo que esta humedad hace que la temperatura que se registra, sea más perceptible por el cuerpo humano de acuerdo a la Diatermancia, temperatura que no es perceptible a los medidores meteorológicos de la Comisión Nacional del Agua. Ya que estos miden por separado la humedad atmosféricas y las temperaturas atmosférica.

El alto bochorno por la humedad, ocasiona que un ventilador o un aire acondicionado este encendido por lo menos 16 horas del día, ocasionando que con ese solo hecho se rebasen los KW autorizados en la tarifa 1C, por eso la necesidad de cambiar la tarifa a la 1D y aumentar los KW de 1700 bimestrales a 2000 bimestrales, que podrían ser insuficiente pero a muchos consumidores podría hacerlos salir de la tarifa DAC (tarifa de alto consumo), además que el consumidor en la tarifa 1D tendría más privilegios en los costos de 150 KW horas aumentando a 175 KW horas, esto beneficiara económicamente a muchas familias de bajos recursos del Estado de Campeche.

Fuente de la humedad relativa: www.ecologiablog.com

Las temperaturas registradas en el estado de Campeche, superan muchas veces los 40 grados centígrados, datos registrados en el centro meteorológico del estado de Campeche, datos que la misma Conagua justifica como una ola de calor, pero que la misma delegación de la Comisión del Agua no registra, púes al solicitarle información de las temperaturas de 5 años atrás y por cada mes, se observa que en ningún registro mensual supera los 40 grados o cuando menos los 35 grados centígrados tomando en cuenta que la temperatura varia en la noche.

Conagua Campeche cuenta con estaciones meteorológicas que muchas veces no reciben las temperaturas reales por sus equipos obsoletos pues mientras lo equipo de del organismo federal registra temperaturas por debajo de los 30 grados, equipos modernos instalados en los automóviles registran 40 grados o un poco más.

La revisión y fijación de tarifas de energía eléctrica se encuentran regulados conforme al siguiente marco jurídico:

• El artículo 31, en su fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que le corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaria de Economía y con la participación de las dependencias que Corresponda.”

• La Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica específica, en su capítulo V referente al suministro de energía eléctrica, que la venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la cual fijará, ajustará y reestructurará dichas tarifas a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad y con la participación de la Secretaría de Energía y de Economía.

• La Comisión Federal de Electricidad está regida por una Junta de Gobierno, integrada por los Secretarios de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; de Economía; la Comisión Nacional del Agua y la secretaria de Energía, quien la presidirá. También forma parte de la Junta de Gobierno, el Director General de Petróleos Mexicanos y tres representantes del Sindicato titular del contrato colectivo de trabajo que rija las relaciones laborales en la Comisión Federal de Electricidad. A la referida Junta de Gobierno le corresponde aprobar, en su caso, la propuesta de reestructuración tarifaria (Artículo 12 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y 52 del Reglamento)

• La Comisión Reguladora de Energía participará en la determinación de las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica (Artículo 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía).

• Las tarifas que se fijen tenderán, de acuerdo con el Artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, y el racional consumo de energía. Asimismo, la Secretaría de Hacienda podrá, a través del mismo procedimiento, fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o combinación de ambas.

• El Artículo 48 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, establece que la fijación de las tarifas tenderá a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, propiciando a la vez el consumo racional de energía, para lo cual:

I. Reflejarán el costo económico de los rubros de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica suministrada, incluyendo en tal concepto tanto la que genere el propio suministrador, como la que obtenga éste de los productores externos, y considerará los requerimientos de ampliación de infraestructura eléctrica, y II. Se ajustarán de acuerdo con la evolución de los costos económicos a través del tiempo, tomando en cuenta separadamente, los rubros de generación, transmisión y distribución, así como las diferencias o variaciones relevantes por factores regionales o estacionales, los cambios en productividad o eficiencia y los derivados de condiciones de operación del sistema durante los períodos de demanda base, intermedia o pico. Adicionalmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá tomar en consideración las tarifas internacionales para un servicio de calidad similar. Los elementos a que se refiere este artículo (48 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica) podrán estar explícitos o implícitos en las tarifas.

• El artículo 50 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, establece que las tarifas deberán especificar los siguientes conceptos:

I. Tipos de suministro, a los cuales son aplicables;

II. Tensión de suministro, alta, media o baja;

III. Horario de aplicación de la tarifa, cuando no sea de veinticuatro horas;

IV. Cargos por demanda o por consumo, así como el cargo mínimo mensual;

V. Cargos por demanda contratada inicial;

VI. Cuantía del depósito de garantía;

VII. Lugares en donde regirá la tarifa. De no precisarse los lugares, se entenderá que rige en todo el ámbito nacional;

VIII. Fecha del inicio de su vigencia, y

IX. Otras disposiciones relativas a la aplicación de la tarifa.

1. Marco jurídico

Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

Capítulo II, del organismo encargado de la prestación del servicio público de energía eléctrica

Artículo 12. La junta de gobierno deberá:

VII. aprobar, en su caso, la propuesta de restructuración tarifaria;

Capítulo V del suministro de Energía Eléctrica

Artículo 30.

La venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que apruebe la secretaria de hacienda y crédito público.

Las condiciones de la prestación de los servicios que deban consignarse en los contratos de suministro y de los modelos de estos, serán aprobadas por la Secretaria de Economía, oyendo a la de Secretaria de Energía. Dichas formas de contrato se publicaran en el diario oficial de la federación.

Artículo 31.

La secretaria de hacienda y crédito público, con la participación de las Secretarias de Energía y Economía, a propuesta de la comisión federal de electricidad, fijara las tarifas, su ajuste o restructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, y el racional consumo de energía.

Asimismo, y a través del procedimiento señalado, la secretaria de hacienda y crédito público podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas.

Las tarifas domésticas en México se encuentran fijadas por el:

Acuerdo 015/2014, por el que se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

DOF: 01/01/2015

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Acuerdo 015/2014

Acuerdo por el que se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos

Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en los artículos 139 de la Ley de la Industria Eléctrica y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y

Considerando

Que el artículo 139, párrafo primero de la Ley de la Industria Eléctrica, señala que la Comisión Reguladora de Energía aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico;

Que el artículo 139, párrafo segundo de la Ley de la Industria Eléctrica establece que el Ejecutivo Federal podrá determinar un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales determinadas por la Comisión Reguladora de Energía, para determinados grupos de Usuarios del Suministro Básico;

Que en tanto la Comisión Reguladora de Energía emite las directivas de precios de electricidad y la reglamentación sobre las actividades reguladas de la industria eléctrica que sustituyan, los acuerdos tarifarios emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público seguirán vigentes, así como los ajustes, modificaciones y reestructuraciones que derivan de ellos;

Que el transitorio sexto del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica señala que las disposiciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica relativas a contratación, tarifas, medición, facturación, cobranza y demás conceptos relacionados con el suministro y venta de energía eléctrica seguirán vigentes hasta en tanto se expiden nuevas disposiciones sobre estas materias;

Que los costos de generación de la Comisión Federal de Electricidad han tenido una evolución favorable durante 2014, lo que se espera continúe en el próximo año;

Que los usuarios de la tarifa doméstica de alto consumo reciben de forma automática el beneficio de la reducción de los precios de los energéticos utilizados en la generación de energía eléctrica, por lo que se deben mantener los mecanismos vigentes para su determinación y actualización mensual, y

Que es decisión del Ejecutivo Federal emprender las acciones conducentes para reflejar durante el año 2015 el efecto de la reducción en los costos de generación, mediante la suspensión del mecanismo de aumento de las tarifas finales del suministro básico de energía eléctrica para uso doméstico, así como de una reducción de 2.0% respecto de los cargos tarifarios vigentes durante diciembre de 2014, para transmitir ese beneficio a los hogares mexicanos, he tenido a bien expedir el siguiente

Acuerdo

Artículo Único. Se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del Suministro Básico a usuarios domésticos 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, como se señala a continuación:

Tarifa 1AServicio doméstico...

Tarifa 1BServicio doméstico...

Tarifa 1CServicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 30 grados centígrados

1. Aplicación

Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 30 grados centígrados como mínimo. Estos servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general.

Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 30 grados centígrados, cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la información correspondiente. Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

2. Cuotas aplicables mensualmente

Se aplicarán los siguientes cargos por la energía consumida en función de la temporada del año:

2.1 Temporada de verano

Consumo básico: $0.711 por cada uno de los primeros 150 kilowatts-hora.

Consumo intermedio bajo: $0.839 por cada uno de los siguientes 150 kilowatts-hora.

Consumo intermedio alto: $1.071 por cada uno de los siguientes 150 kilowatts-hora.

Consumo excedente: $2.859 por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores.

2.2 Temporada fuera de verano

Consumo básico: $0.809 por cada uno de los primeros 75 kilowatts-hora.

Consumo intermedio: $0.976 por cada uno de los siguientes 100 kilowatts-hora.

Consumo excedente: $2.859 por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores.

3. Mínimo mensual

El equivalente a 25 kilowatts-hora.

4. Temporada de verano

El verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales serán fijados por el suministrador, definido en la Ley de la Industria Eléctrica, de acuerdo con las citadas observaciones termométricas que expida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tarifa 1DServicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 31 grados centígrados

1. Aplicación

Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 31 grados centígrados como mínimo. Estos servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general.

Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 31 grados centígrados, cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la información correspondiente. Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

2. Cuotas aplicables mensualmente

Se aplicarán los siguientes cargos por la energía consumida en función de la temporada del año:

2.1 Temporada de verano

Consumo básico: $0.711 por cada uno de los primeros 175 kilowatts-hora.

Consumo intermedio bajo: $0.839 por cada uno de los siguientes 225 kilowatts-hora.

Consumo intermedio alto: $1.071 por cada uno de los siguientes 200 kilowatts-hora.

Consumo excedente: $2.859 por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores.

2.2 Temporada fuera de verano

Consumo básico: $0.809 por cada uno de los primeros 75 kilowatts-hora.

Consumo intermedio: $0.976 por cada uno de los siguientes 125 kilowatts-hora.

Consumo excedente: $2.859 por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores.

3. Mínimo mensual

El equivalente a 25 kilowatts-hora.

4. Temporada de verano

El verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales serán fijados por el suministrador, definido en la Ley de la Industria Eléctrica, de acuerdo con las citadas observaciones termométricas que expida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

...(Tarifas de la 1E a la1H)...Tarifa doméstica de alto consumo (DAC)

Esta tarifa se aplicara a los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, considerada de alto consumo o que por las características del servicio así se requiera.

Se considera que un servicio es de alto consumo cuando registra un consumo mensual promedio superior al límite de alto consumo definido para su localidad en KW. El límite de alto consumo se define para cada localidad en función de la tarifa en la que se encuentre clasificada.

Transitorios

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2015.

Segundo. Se derogan las disposiciones administrativas en materia tarifaria que se opongan a lo que establece el presente acuerdo.

México, DF, a 24 de diciembre de 2014.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.- Rúbrica.

Fuente:
http://www.cfe.gob.mx/casa/Conocetutarifa/Paginas/Acuerd os-que-autorizan-o-modifican-tarifas.aspx

De acuerdo con la exposición inicial y el marco jurídico que regula el establecimiento de las tarifas de consumo doméstico en México, así como las competentes para su establecimiento y en razón de que las temperaturas en el Estado de Campeche, se encuentran muy por encima de las reportadas en sus mediciones por la Dirección General en Campeche de Conagua, se formula la siguiente:

Propuesta

La Presente Propuesta tiene como objetivo el establecer las bases que permitan el cambio de tarifa eléctrica para el Estado de Campeche de la 1C, en la que actualmente se encuentra ubicada, a la tarifa 1D, por las altas temperaturas que se presentan en el Estado, y por no considerarse en el cálculo de las temperaturas que presentan en Campeche, el grado de humedad del estado, y en virtud de que al no tener la tarifa que le corresponde a causado tener que pagar consumos de cada día por más KW, lo que hace que la mayoría de los habitantes del estado se encuentren en la tarifa DAC (tarifa de alto consumo).

Actualmente el Estado de Campeche tiene asignado, por un mal cálculo, la tarifa 1C la cual no solo es obsoleta por las altas temperaturas del estado, sino porque el consumidor rebasa los 1700 KW bimestrales de la tarifa 1C, que son insuficientes y esto afecta a muchas familias para poder pagar la tarifa de alto consumo DAC, afectando la economía familiar.

La Propuesta para la aplicación de las diferentes tarifas, en el país está dividido por regiones, para el Estado de Campeche corresponde la Región "Peninsular" la cual agrupa todos los municipios del Estado de Quintana Roo, Campeche y Yucatán y tiene asignada la tarifa 1C, es decir, presenta una temperatura media mensual mínima en verano de 30º centígrados.

Existen documentos periodísticos que avalan que la península de Yucatán es la que registra en primavera y verano temperaturas de más de 40 grados centígrados, una de las temperaturas en la república Mexicana más altas, contradiciendo a la tarifa aplicada a la península y especial a Campeche, por tener un grado tan alto de humedad, aunado a la inequidad del subsidio que proporciona la CFE para las tarifas de verano hay una afectación clara de la economía familiar.

La Organización de las Naciones Unidas, a través del Programa para el Desarrollo, afirmó en su “Informe sobre Desarrollo Humano, México 2011 que los subsidios que otorga el gobierno son inequitativos, ya que benefician a los sectores más favorecidos en contradicción con la Ley de Desarrollo Social que en su artículo 8° manifiesta que “Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja”.

De acuerdo con este informe los subsidios al consumo aplicados a las tarifas de electricidad son regresivos, es decir la mayor parte de los recursos que se destinan a estos subsidios benefician a las personas con mayores ingresos, pues según cifras de 2011, la población con mayor desarrollo humano e ingreso concentró los mayores porcentajes.

La distribución indiscriminada de este gasto ocasiona que hasta 17% del subsidio a tarifas residenciales de electricidad sea asignado al 10% de la población con mayor nivel de desarrollo; Por tal motivo, es indispensable agregar otras variables para la asignación de tarifas eléctricas en el territorio nacional, sobre todo por la gran heterogeneidad que existe en los ingresos de los mexicanos.

A la luz de estos resultados, no se puede negar que el gasto público del país tiene un pobre desempeño como reductor de las diferencias de ingreso y la importancia de estos aumenta cuando existe una pobreza elevada.

Sin embargo, tomando como base las mediciones de temperatura extrema realizadas por la Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Campeche, el Estado de Campeche presenta temperaturas medias mínimas en verano mayores a 29º centígrados lo que hace que al Estado se le ubique en la tarifa 1C, sin embargo de acuerdo a con datos de Conagua, se rebasan las temperatura medias de la tarifa de verano, ya que no es considerada la humedad del estado para poder r tabular la tarifa eléctrica, ya que con el efecto invernadero rebasan los 30 grados centígrados.

http://www.cmgs.gob.mx:8080/ddr/AgroClima.aspx y Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Campeche, 2009. http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/04/040 06.pdf

Datos de acuerdo a la fuente, y como ejemplo el municipio de Campeche rebasan temperaturas mayores a los 29.1 grados centígrados, correspondiéndole la tarifa 1C, sin considerar la humedad, que es en promedio anual de más del *64%, afectando las temperaturas de las registradas de más de 2 grados porcentuales, ya que los medidores meteorológicos del estado no registran la temperatura del efecto invernadero, por tener termómetros obsoletos en la Comisión Nacional del Agua estamos hablando de una temperatura media de en los meces de verano del 1 de abril al 30 de septiembre de más de 31 grados centígrados que corresponde a la tarifa 1D.

Estas temperaturas afectan indudablemente la economía de cada una de las familias Campechanas ya que su consumo de KW aumenta por las altas temperaturas, y poder mantener las 24 horas del día un ventilador y aire acondicionado, ya que el efecto invernadero afecta seriamente la temperatura del cuerpo humano.

*Fuentes: http://www.cmgs.gob.mx:8080/ddr/AgroClima.aspx y Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Campeche, 2009. http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/04/040 06.pdf

Las altas temperaturas del estado en los últimos años, han ido aumentado, a lo que ocasiona el consumo de más KW haciendo que la tarifa 1C sea insuficiente para el estado, llevado a muchas familias a la tarifa de alto consumo DAC afectado gravemente la economía familiar del estado.

En este sentido, la proponente, consciente de la compleja problemática que viven los campechanos a quienes se les cobra con base a la tarifa 1C, lo que les ha implicado la realización de fuertes desembolsos económicos en perjuicio de su economía familiar, formuló la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que la Cámara de Diputados exhorte al Poder Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la participación de las Secretarías de Energía, Economía, y la Comisión Federal de Electricidad, autoricé y reclasifique al estado de Campeche a la tarifa eléctrica de consumo doméstico o residencial 1D.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.

Diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a los titulares de la Sener y de Pemex que se defina el estado actual del proyecto Aceite Terciario del Golfo, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María del Carmen Pinete Vargas, diputada federal de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción XIX, 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita al secretario de Energía y al director general de Petróleos Mexicanos, para que defina el estado actual del proyecto “Aceite Terciario del Golfo”, en lo que respecta a sus avances, el monto total de inversión al momento, los resultados y el impacto social en los municipios que lo componen.

I. Antecedentes.

Sin duda hablar de petróleo, no solo en México sino en todo el mundo, nos refiere a la idea de fortaleza económica y de riqueza, ya que su cotización en el mercado internacional es muy alta.

De acuerdo con datos del Inegi, la industria petrolera en nuestro país representó en el año 2014, seis por ciento del producto interno bruto, cifra menor al diez por ciento que significaba hace veinte años.

En países como el nuestro, en pleno siglo XXI hablar de las regiones en donde se extrae petróleo debería llevar aparejado hablar de desarrollo social y económico, no solo del estado, mucho menos de unos cuantos, sino de todos los ciudadanos.

Sin embargo la realidad en zonas de explotación petrolera en el estado de Veracruz, es por demás lejana de ese ideal de desarrollo, fortaleza económica y riqueza.

La paraestatal Petróleos Mexicanos cumplió este 2015, 77 años desde su creación. En 1926, 12 años antes, fue descubierto al noroeste de Veracruz en una extensión de 3,800 kilómetros, uno de los mayores yacimientos petroleros de nuestro país, conocido como el “Paleocanal de Chicontepec”, que desde 1978 se menciona como una de las mayores acumulaciones de petróleo y gas en América.

La explotación petrolera en dicho paleocanal fue pospuesta durante varias décadas. En esta tribuna se debatieron en múltiples ocasiones las posibilidades y obstáculos de su aprovechamiento.

Tres sexenios tuvieron que pasar para lograr una reforma energética que permitiera los cambios necesarios para detonar la producción de hidrocarburos en el país y crear la tecnología necesaria para su explotación.

El paleocanal de Chicontepec a pesar de haber iniciado operaciones en el año de 1952, cobró singular relevancia en el año 2006 cuando Pemex inició trabajos de exploración y explotación asignándole el nombre de proyecto “Aceite Terciario del Golfo”.

I. Consideraciones

Uno de los factores de importancia del también llamado “oro negro”, es que es un recurso natural no renovable, de ahí que su correcto y eficiente aprovechamiento sea imprescindible.

El proyecto “Aceite Terciario del Golfo” aprobado en el 2006 ha presentado múltiples adecuaciones, aumentando cada vez más el monto de inversión requerido, acumulando de acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos un monto superior a los cincuenta mil millones de pesos.

El año pasado, fue anunciado por el titular de la paraestatal que se implementarían paquetes de licitaciones para la iniciativa privada en cuatro áreas principales con 12 proyectos, entre los que se encuentra el proyecto “Aceite Terciario del Golfo” y que significarían inversiones por alrededor de 77,000 millones de dólares como parte de la llamada Ronda Uno.

Sin embargo, es sumamente preponderante que Petróleos Mexicanos aclare qué es lo que realmente ocurre con el proyecto “Aceite Terciario del Golfo”, ya pasó la ronda cero, continúa la ronda uno, y ahora se pospone lo concerniente a Chicontepec para la tercera ronda de acuerdo con la información del sitio web de Pemex que cito:

“Como parte de la estrategia de exploración y producción, la tercera ronda de licitación de Contratos Integrales se enfoca a campos en Chicontepec.” (...)

En diferentes ocasiones se ha analizado este tema, tanto en esta honorable Cámara de Diputados donde se constituyó una comisión especial desde la LXI Legislatura, como en la Cámara de Senadores, sin embargo, parece que solo se destinan y destinan recursos para un proyecto vendido como la joya de la corona pero que en la realidad no ha significado ningún beneficio que como mínimo fuera equiparable a la inversión.

II. Proposición con punto de acuerdo.

Por lo anterior, en mi calidad de diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 fracción XIX, 6, numeral 1, fracción I, 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Por el que se solicita a la Secretaría de Energía y a la Dirección General de Petróleos Mexicanos, definan el estado actual del proyecto “Aceite Terciario del Golfo”, en lo que respecta a sus avances, el monto total de inversión al momento, los resultados y el impacto social en los municipios que lo componen, así como lo que se tiene proyectado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.

Diputados: María del Carmen Pinete Vargas, Érick Alejandro Lagos Hernández, Alberto Silva Ramos, Sofía del Sagrario de León Maza, Heidi Salazar Espinosa, Adolfo Mota Hernández, Noemí Zoila Guzmán Lagunés, Marco Antonio Aguilar Yunes, Antonio Tarek Abdala Saad, Lillián Zepahua García, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, Carlos Federico Quinto Guillen, Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, Fidel Kuri Grajales, José Luis Saenz Soto, Javier Octavio Herrera Borunda, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Cirilo Vázquez Parissi (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP y el gobierno de Morelos a establecer más escuelas de tiempo completo en el sur y sur poniente de la entidad, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI

Rosalina Mazari Espín, diputada federal por el distrito electoral 4 del estado de Morelos, integrante de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3, que consagra el derecho humano a la educación, precisa en el párrafo tercero que “El estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.”

Este párrafo fue adicionado por decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, en el cual su transitorio quinto toca precisamente el tema de las Escuelas de Tiempo Completo, que son objeto del presente acuerdo:

Quinto. Para el debido cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3o. y 73, fracción XXV, de esta Constitución, el Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberán prever al menos lo siguiente:

I. ...

II. ...

III. Las adecuaciones al marco jurídico para:

a) ...

b) Establecer en forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural. En aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria se impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos a los alumnos a partir de microempresas locales, y

c) ...

Al respecto, cabe señalar que las Escuelas de Tiempo Completo son una modalidad educativa que tiene como fin garantizar el derecho a una educación de calidad, por lo cual se amplía la jornada escolar y se desarrollan mecanismos para asegurar la retención y lograr los aprendizajes esperados en todos los niños y las niñas, debiendo resaltar que –para lograr ese objetivo– se dota a los planteles de materiales educativos adicionales pertinentes, se les brindan recursos directos de apoyo a la gestión y a las acciones para la mejora de resultados de la escuela, y se implementan esquemas renovados y eficaces de supervisión escolar.

Adicionalmente, en las Escuelas de Tiempo Completo se impulsa la renovación de los espacios físicos y el equipamiento del plantel, así como el establecimiento de normas y acuerdos institucionales que permitan proporcionar servicios de alimentación nutritiva en los casos que corresponda, por razones de equidad y justicia social.

Las Escuelas de Tiempo Completo son resultado de un programa sujeto a reglas de operación, el cual busca contribuir a mejorar el rendimiento de los alumnos mediante la ampliación de las horas que los alumnos van a la escuela, por lo cual es indispensable que se brinde una adecuada capacitación al personal directivo, docente y de apoyo y se provea a las escuelas del material didáctico y el equipo informático que sea necesario.

El Programa de Escuelas de Tiempo Completo con la jornada escolar ampliada a seis u ocho horas diarias busca mejorar la calidad educativa con equidad, al propiciar un avance continuo de los aprendizajes del alumnado a través de la ampliación y el uso eficiente del tiempo escolar, la mejora de las prácticas de enseñanza, el trabajo colaborativo y la incorporación de nuevos materiales educativos.

Ahora bien, en el desarrollo legal del derecho a la educación, es el artículo 8, fracción IV, de la Ley General de Educación, el cual sienta las bases de estas Escuelas de Tiempo Completo, al establecer que:

“Artículo 8 . El criterio que orientará a la educación que el estado y sus organismos descentralizados impartan –así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan– se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres y niños, debiendo implementar políticas públicas de estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Será de calidad, entendiéndose por ésta la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad.

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, contempla la Meta Nacional 3 denominada Un México con Educación de Calidad, misma que contiene el Objetivo 3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad, el cual en la Estrategia 3.1.3. Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida, señala entre sus líneas de acción las siguientes:

• Ampliar paulatinamente la duración de la jornada escolar , para incrementar las posibilidades de formación integral del alumnado, especialmente aquel que habita en contextos desfavorecidos o violentos.

• Incentivar el establecimiento de Escuelas de Tiempo Completo y fomentar este modelo pedagógico como un factor de innovación educativa.

Y en el Enfoque transversal (México con Educación de Calidad), Estrategia I. Democratizar la productividad, señala –entre otras líneas de acción– las relativas a:

• Coordinar los esfuerzos de política social y atención educativa a la población más pobre, para crear condiciones que mejoren el ingreso, la retención y el aprovechamiento escolar del alumnado de familias de escasos recursos económicos.

• Ampliar la jornada escolar para ofrecer más y mejor tiempo educativo a los alumnos que más lo requieren.

Así también, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, en su Capítulo III Objetivos, Estrategia y Líneas de Acción, el Objetivo 3 consistente en “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa”, en su Estrategia 3.4 prevé entre sus líneas de acción:

• Impulsar en las Escuelas de Tiempo Completo un nuevo modelo educativo de la escuela pública mexicana, así como priorizar los modelos de escuelas de jornada ampliada y de tiempo completo en la educación indígena y en escuelas multigrado.

Y en la Estrategia Transversal III. Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres señala la línea de acción:

• Impulsar el incremento de las escuelas de tiempo completo en todo el territorio nacional

Como se ha señalado el programa de Escuelas de Tiempo Completo se rige por el Acuerdo número 21/12/14 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de diciembre de 2014, el cual determina en su numeral 3.2 que la población objetivo serán:

“Escuelas públicas de educación básica en todos sus niveles y modalidades con un solo turno que preferentemente:

- Ofrezcan educación primaria y telesecundaria (incluidas las escuelas indígenas , multigrado, así como los servicios para población migrante y de educación especial).

- Atiendan a población en situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo social.

- Presenten bajos niveles de logro educativo o altos índices de deserción escolar.

- Favorezcan la integración de zonas escolares y/o regiones conformadas por Escuelas de Tiempo Completo.

- Estén ubicadas en municipios y localidades en los que opere el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y en la Cruzada contra el Hambre.

En ese sentido, el presente punto de acuerdo tiene como finalidad solicitar tanto a la Secretaría de Educación del gobierno de la República como al gobierno del estado de Morelos el establecimiento de más Escuelas de Tiempo Completo en la zona sur y sur poniente en esa entidad federativa, toda vez que se trata de regiones en las cuales hay vulnerabilidad y riesgo social, así como altos índices de deserción escolar.

Y como sustento de la viabilidad de esta proposición es importante destacar algunos datos que revelan la situación educativa prevaleciente en la zona sur y sur poniente del estado de Morelos.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), configuró el Índice de Rezago Social, incorporando indicadores de educación, de acceso a servicios de salud, de servicios básicos, de calidad y espacios en la vivienda, y activos en el hogar. Y justamente, lo que se tomará en cuenta en la presente proposición es el indicador específico de educación.

En este rubro, según los últimos datos generados por el Coneval, la población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela en el estado de Morelos se ha incrementado en los últimos años, haciendo hincapié en que dicho valor es superior a la media nacional, en tanto que años atrás se encontraba por debajo de la misma:

De manera específica, de los 10 municipios que conforman la zona sur y sur poniente del estado de Morelos, 8 de ellos presentan una tendencia de incremento en la población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela.

Indicadores de rezago social (porcentaje)

De acuerdo con la medición del porcentaje de población en situación de pobreza en Morelos, que realizó Coneval, entre los municipios que presentaron mayor porcentaje se encuentran dos de la zona sur y sur poniente del estado de Morelos, siendo Miacatlán con 69.0 y Puente de Ixtla con 68.3. En estos municipios más de 65 por ciento de la población para 2010 se encontraba en situación de pobreza.

E incluso estos dos municipios referidos se encontraban entre los de mayor porcentaje de población en pobreza extrema : Puente de Ixtla (20.2) y Miacatlán (19.7).

Por lo anterior, formulo el presente planteamiento, para que en la zona sur y sur poniente del estado de Morelos, que comprende el distrito electoral 4, que represento, se establezcan más Escuelas de Tiempo Completo, porque se trata de regiones en las cuales la ampliación de la jornada escolar coadyuvará –en un futuro– a que la región mejore sus condiciones sociales y económicas, hoy día desfavorables, y en ese sentido –a mediano plazo– será una realidad la equidad educativa a la que como país aspiramos.

Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación del gobierno federal y al gobierno del estado de Morelos para que se establezcan más escuelas de tiempo completo en la zona sur y sur poniente del estado de Morelos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.

Diputada Rosalina Mazari Espín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Baja California a atender por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos respecto a las medidas cautelares necesarias para proteger a los menores internados en la casa hogar Puerta de Fe, Orfanatorio de México, AC, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 19 de noviembre la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California emitió una recomendación para que se tomen medidas cautelares para proteger y garantizar la integridad y seguridad personal a niñas, niños y adolescentes que se encuentran internados en la casa hogar “Puerta de Fe, Orfanatorio de México, AC”, expediente de queja 380/15, en virtud de encontrar serias violaciones a sus derechos humanos.

Este grave hecho no es nada nuevo, la prensa local recoge múltiples testimonios de las denuncias presentadas por los propios menores e inclusive existe un punto de acuerdo aprobado por la actual Legislatura del Congreso del estado de Baja California en la que se solicita al Gobernador de la entidad para que intervenga con carácter de urgente en Puerta de Fe.

Pero la realidad al día de hoy es que esta Casa Hogar aún continúa funcionando y señalándosele como una institución que lesiona física y emocionalmente a los menores bajo su custodia.

Por ello, la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California debe ser atendida puntualmente para rescatar a los menores en riesgo.

Pero también es necesario señalar la gravedad de la situación que existe en torno a las niñas, niños y adolescentes que por diversas circunstancias han sido puestos a disposición de DIF y ante la imposibilidad de atenderlos y protegerlos de manera directa, se les ubica en Casas Hogar de particulares.

Deseo puntualizar que no se trata de venir a aprovechar este tipo de señalamientos, para denostar una institución tan noble como lo es el DIF, ni tampoco a generalizar al señalar las malas acciones de algunas casas hogar.

Ciertamente los sistemas DIF, sin lugar a dudas contribuyen en gran medida a mejorar la calidad de vida y salvar de situaciones adversas a muchos menores que lamentablemente han sido expuestos no solo por personas ajenas sino inclusive por sus propios familiares. El Sistema DIF es una institución que en la medida de sus posibilidades busca mejorar el entorno y la calidad de vida de las familias.

De igual forma, podríamos señalar a una gran mayoría de Instituciones de carácter privado que diariamente atienden, cuidan y educan a miles de niños en estado de indefensión, otorgándoles no solo un techo donde vivir y un alimento para mitigar su hambre, sino que dan amor y un sentido de pertenencia a un hogar, a una familia, aunque esta no sea la “tradicional” por mencionarla de alguna forma.

Vaya pues, nuestro reconocimiento y respeto para esas miles de organizaciones de la sociedad civil establecidas a lo largo y ancho del país.

Pero la responsabilidad que emana de nuestras leyes para cuidar, proteger y otorgar justicia plena a los menores que se encuentran bajo custodia del sistema DIF a través de sus Procuradurías especializadas, no puede ni debe transferirse prácticamente en su totalidad a organizaciones de la Sociedad Civil, exponiendo a estos menores a una especie de ruleta rusa en donde con suerte pudieran llegar a una casa hogar que verdaderamente les otorgue apoyo físico y emocional que les permita superar el trauma que les genera la propia circunstancia por la cual están siendo ingresados en ese lugar.

En el muy particular caso de la casa hogar, Puerta de Fe, ya no es posible seguir tolerando la omisión en la que ha incurrido la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia de Baja California, para actuar con mayor firmeza y proteger de manera definitiva la integridad física y emocional de las niñas, niños y adolescentes que aún se encuentran en ese lugar. Máxime que, a la recomendación presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se le aúna el propio punto de acuerdo aprobado por la actual legislatura de Baja California en la sesión de pleno celebrada el 26 de junio de 2014 y las propias denuncias públicas realizadas por menores y adultos que vivieron por algún tiempo en esa Casa Hogar*.

No debemos esperar a que este problema estalle como ha sucedido en otros lugares para luego lamentarnos de no haber actuado sobre algo cuyo desenlace muchos lo veíamos venir.

Debemos tomar también esta recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, para hacer conciencia y trabajar en nuestro ámbito de competencia afín de encontrar los mecanismos que permita asegurar de manera definitiva que miles y miles de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad en todo México, sigan siendo víctimas de algunas casas hogar en las cuales en teoría debería de ser un buen hogar sustituto, agradable y apropiado, en el cual puedan desarrollarse dignamente y no ponerlos a disposición probablemente de manera involuntaria, a un segundo infierno para ellos.

De igual forma debemos fortalecer los mecanismos de apoyo para esas organizaciones verdaderamente heroicas que diariamente salen a buscar el sustento para los menores que en su mayoría fueron entregados por el DIF para su cuidado y atención, teniendo además que cumplir con las obligaciones propias de los padres, como cuidado de su salud e higiene, tareas escolares y actividades recreativas.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobernador del estado de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, para que instruya a la Procuraduría Para la Defensa del Menor y la Familia de Baja California con el fin de atender de manera inmediata la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, a efecto de que se tomen las medidas cautelares necesarias para la protección inmediata de los menores internados en la casa hogar “Puerta de Fe, Orfanatorio de México, AC”, de la ciudad de Ensenada, BC.

*http://zetatijuana.com/noticias/reportajez/7044/maltrat o-infantil-y-negligencia-estado-abandona-a-susHijos

Palacio Legislativo, México, DF, a 3 de diciembre de 2016.

Diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la posible autorización de un préstamo por el Congreso local de Zacatecas al Ejecutivo local, a cargo del diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Alfredo Basurto Román, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de ésta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

• El Congreso local de Zacatecas, a través de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia aprobaron la propuesta del Ejecutivo local, de contraer un préstamo por 3 mil 200 millones de pesos, recursos que serán destinados a crear un programa de reestructuración financiera que le permita mejorar las condiciones para pagar sus adeudos con proveedores y terceros, así como dejar finanzas sanas a la siguiente administración.

• Asimismo, se contempla financiamiento, hasta por la cantidad de 1 mil 700 millones de pesos, con el fin de abatir los vacíos presupuestales acumulados a la fecha y los previstos al cierre del presente año y del periodo enero-septiembre de 2016, generados por las inversiones complementarias del estado en los sectores de educación, salud y seguridad pública, entre otros.

• Cabe mencionar que la deuda pública de largo plazo asciende a la cantidad de 5 mil 700 millones de pesos, los cuales serán reestructurados, con el fin de alcanzar un ahorro en flujo de efectivo y aligerar la carga financiera mediante la mejora del nivel de las tasas de interés disponibles en la actualidad.

• Los pagos mensuales de esta deuda representarían en promedio el equivalente al 3 por ciento de sus ingresos totales, nivel que se aprecia moderado.

• Mediante la implementación de este programa, establece el documento enviado por el gobierno estatal a la legislatura, continúa la reparación gradual de la estructura programática presupuestal.

• Así, la deuda pública de largo plazo alcanzará los 8 mil 900 millones de pesos; sin embargo, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicado por El Financiero, Zacatecas fue la entidad que registró un aumento del 969.22 por ciento con respecto al endeudamiento que tenía la entidad al inicio de la administración 2010-2016.

• Cabe recordar que en 2010 la deuda era de 682 millones de pesos.

• Como antecedente la Auditoria Superior de la Federación ha detectado que los gobiernos de Chihuahua, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas han incurrido en irregularidades en el manejo de recursos federales en diversas cuentas fiscalizadas.

• Por otro lado la Auditoria Superior del Estado de Zacatecas ha detectado en 2015 un desvió por mil 144 millones de pesos, así lo dio a conocer la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, a través de su vocero José narro Céspedes.

• En la actualidad la deuda pública de Zacatecas asciende a 21 mil millones de pesos, lo que equivale a 92.7% de sus participaciones federales anuales, según datos de la SHCP.

• En Zacatecas la deuda per cápita ha crecido de manera exponencial, ya que en el 2000 se debían 29.11 pesos por habitante, en 2010 eran 457.51 pesos y en 2014 aumentó drásticamente a 8 mil 633 .26 pesos, hecho que demuestra que el plan de austeridad al que se había comprometido el gobernador Miguel Alonso Reyes, quedó en buenas intenciones y sí demostró su irresponsabilidad en el manejo de la finanzas del estado, ya que Zacatecas es la 9ª entidad con mayor deuda pública contraída y es a su vez el 5º estado más pobre de México.

• En este mismo sentido la reforma constitucional al artículo 117 constitucional en su fracción 8ª, aprobada en mayo del año en curso, hace mención a la disciplina financiera que deberán observar los estados, misma que votó el Congreso del estado de Zacatecas, lo que generaría un contrasentido de dicha reforma y nulificaría su acción.

Por lo antes expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Congreso del estado de Zacatecas a reconsiderar y no permitir la contratación de deuda pública, solicitada por el Ejecutivo de la entidad.

Segundo. Se instruye a la Auditoria Superior de la Federación y se exhorta a la Auditoria Superior del Estado de Zacatecas, a vigilar el uso de los recursos públicos y hacer del conocimiento público las irregularidades detectadas y presentar las denuncias correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaroa 3 de diciembre del 2015.

Atentamente

Diputado Alfredo Basurto Román


Efemérides

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Tristán Manuel Canales Najjar, del Grupo Parlamentario del PRI

Alrededor de un 15% de la población mundial, o mil millones de personas, viven con algún tipo de discapacidad.1 Existen muchas deficiencias en la infraestructura pública y privada de las ciudades y pueblos del País, como consecuencia, las personas con discapacidad no disfrutan del acceso en forma igualitaria, incluso en situaciones prioritarias del quehacer diario, por lo cual en todo el mundo cada 3 de diciembre de acuerdo a la resolución 47/3) de la Asamblea General adoptada el 14 de octubre de 1992, con el objetivo de llamar la atención y movilizar apoyos para aspectos clave relativos a la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad y en el desarrollo2

El objetivo es llamar a la conciencia colectiva para reducir la desigualdad en esta materia, Los sub temas para este Día Internacional en 2015 son:

• Hacer las ciudades inclusivas y accesibles para todos

• Mejorar los datos y estadísticas sobre discapacidad

• Incluir a personas con discapacidad invisible en la sociedad y el desarrollo

Las diputadas y los diputados estamos conscientes del grado de responsabilidad que tenemos y por ello hemos tenido a bien presentar iniciativas que reforman diversas leyes, para garantizar el acceso igualitario y bienestar de todas las personas con discapacidad.

Notas

1 Tomado de
http://www.ite.educacion.es/es/inicio/noticias-de-interes/732-3-de-diciembre-dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad el 1 de diciembre del 2015.

2 Tomado dehttp://www.un.org/es/events/disabilitiesday/ en 1 de diciembre del 2015.

Diputado Tristán Manuel Canales Najjar (rúbrica)

Con motivo del 17 de diciembre de 1973, fecha de promulgación de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena

En los años setenta, las instituciones públicas de educación superior del área metropolitana de la Ciudad de México, registraron agudos problemas en lo que respecta a su capacidad para incorporar a los estudiantes que solicitaban su ingreso a los estudios de nivel licenciatura.

Ante este escenario, en mayo de 1973, la ANUIES propuso al Presidente de la República la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, aprobando el Congreso de la Unión en diciembre de ese mismo año, la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana, la cual inició actividades docentes, de manera progresiva en sus tres unidades iniciales, en 1974, siendo la tercera de ellas y que en la actualidad concentra la mayor matrícula, la unidad Xochimilco, la cual lo hizo el 11 de noviembre de dicho año. En años recientes, abrieron sus puertas las unidades Cuajimalpa y Lerma.

Con la entrada en funciones de esta nueva universidad, se atendieron dos objetivos primordiales: el primero, resolver el problema de la demanda educativa en la zona metropolitana; y el segundo, poner en práctica nuevas formas de organización académica y administrativa.

En lo que respecta al segundo objetivo, la Universidad Autónoma Metropolitana fue concebida como un organismo descentralizado y autónomo y se le atribuyó la facultad para realizar sus actividades de investigación y difusión de la cultura conforme a los principios de libertad de cátedra y de investigación. En cuanto al modelo educativo, la UAM fomenta en el alumno el desarrollo de las habilidades, actitudes y valores inherentes a la búsqueda del conocimiento y al compromiso con la sociedad; el desarrollo de sus capacidades críticas e innovadoras para conducir con autonomía su permanente formación intelectual y profesional. El proceso de enseñanza-aprendizaje no se limita a los trabajos que el personal académico y los alumnos desarrollan en el aula o en talleres y laboratorios, sino que se extiende a las diversas actividades, modalidades de apoyo, ambientes académicos y sociales que fomenten su integración a la comunidad universitaria.

La Universidad, en su función de preservación y difusión de la cultura y con la participación fundamental de su personal académico, ofrece a la sociedad servicios y bienes culturales diversos, así como una educación que transmite una visión de la cultura como un factor de fortaleza, creatividad, vitalidad, diálogo y cohesión social. Las funciones de docencia e investigación, así como la de preservación y difusión de la cultura, coadyuvan a la formación de ciudadanos que, a partir de su diversidad y enriquecimiento culturales, puedan tener una plena participación en la sociedad contemporánea.

En la actualidad, la UAM es una de las universidades con mayor reconocimiento académico en México. En 2015, ha sido reconocida como la tercera mejor universidad pública y la cuarta incluyendo a las privadas; la segunda en tener un mayor número de profesores-investigadores de tiempo completo con doctorado; la segunda en tener mayor número de investigadores incorporados en el Sistema Nacional de Investigadores; y la segunda en tener un mayor número de investigadores en el nivel 3 de dicho Sistema. Es, asimismo, la segunda institución en tener el mayor número de publicaciones en revistas arbitradas, como en el ISI, Latindex y en revistas incluidas en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del Conacyt. También, se encuentra entre las primeras cuatro con el mayor número de patentes otorgadas en México.

Por ello, no puede pasar desapercibido el inicio de la actividad docente de una institución que ha dado y continúa dando tanto a nuestra nación.

Es cuanto.

Diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica)

Con motivo del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

En México, 6.6% de la población1 tiene alguna discapacidad.

Estamos hablando que al 6.6% de mexicanos, por naturaleza, le cuesta más trabajo llevar su día a día.

Y es que hoy en día no hay nada que celebrar, sino mucho que advertir.

La verdad es que somos seres egoístas y asumimos que todos llevan la vida como nosotros la llevamos, pero la realidad es otra, vivimos en un país que NO es terreno amigable para las personas que tienen alguna discapacidad; donde el comercio informal asalta las calles, bloquea las esquinas, donde los carros invaden los cruces peatonales y donde el tomar transporte público se convierte en toda una odisea día tras día.

Abramos los ojos, no esperemos que nuestra empatía sea tocada hasta que una persona con discapacidad llegue a nuestras vidas o seamos nosotros los que necesitemos la ayuda.

Este tema corresponde también a un esfuerzo social.

No hagamos desidia a que el gobierno dicte acciones específicas para mejorar la calidad de vida de estas personas, sino que todos como individuos seamos conscientes y realicemos acciones de civilidad que coadyuven a esto, demos empleo y trato digno a todos por el simple hecho de ser seres humanos y respetemos las pequeñas acciones que ya están puestas en práctica, como las rampas y lugares exclusivos para personas con capacidades diferentes.

Por su parte, al gobierno le exigiría más acción. En la práctica, los derechos de las personas con discapacidad se vuelven complicados, invisibles e ignorados. Se deben doblegar esfuerzos para que estas personas encuentren dignidad en todas las acciones que realizan y brindar las condiciones permanentes para que se encuentren en un escenario en el cual puedan lograr sus sueños y realizar todo lo que se propongan.

Finalmente, me aventuro a confesar mi ignorancia en el tema y declarar que es un terreno con mucho desconocimiento para mí, por lo cual dejo la puerta de mi oficina abierta para escuchar las demandas de este 6.6% de mexicanos que merecen se legisle para lograr un país donde puedan vivir mejor.

Nota

1 http://www.conadis.gob.mx/doc/contenidos/inegi_2012.pdf

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)