Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides


Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, la SHCP y el SAT a informar a la opinión pública si se realiza alguna investigación en torno a la probable asignación de contratos a cambio de sobornos en Sonora donde participarían el gobernador Guillermo Padrés Elías y su hermano Miguel Padrés Elías, a cargo del diputado Willy Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Dip. Willy Ochoa Diputado Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado jueves 05 de marzo de 2015 el diario norteamericano The Wall Street Journal, publicó un artículo en el que se advierte la posibilidad de actos de corrupción en México, específicamente en Sonora al destacar una investigación por sobornos donde se señala como probables actores al Gobernador de la entidad, Guillermo Padrés Elías y a su hermano Miguel Padrés Elías.

De acuerdo con el diario, el Gobierno Federal abrió una investigación al respecto, encabezada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, basada en las acusaciones de que los hermanos Padrés Elías recibieron pagos por la cantidad de 3.3 millones de dólares (equivalentes a 51 millones 150 mil pesos al tipo de cambio de 15.50 pesos por dólar), por parte de firmas que ganaron contratos públicos con el gobierno sonorense, equivalentes a 20 millones de dólares (310 millones de pesos).

The Wall Street Journal expone que, según la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, el dinero fue pagado por el empresario Mario Aguirre, para obtener las licitaciones para proveer uniformes escolares.

Adicionalmente, se refiere que la investigación de la SHCP sostiene que Miguel Padrés transfirió 5.7 millones de dólares (88 millones de pesos) a una cuenta bancaria en Estados Unidos, que abrió en el 2012, a nombre de Tenerife C.V. una firma con sede en Holanda. También se tiene referencia de que Miguel Padrés depositó adicionalmente 522,000 dólares (8 millones de pesos) en otra cuenta en Estados Unidos abierta por su hermano en el 2011, a nombre de Dolphinius C.V. otra sociedad de responsabilidad limitada con sede en Holanda. En total, Miguel Padrés transfirió 8.9 millones de dólares (137 millones de pesos) de cuentas de México a cuentas en bancos de Estados Unidos, desde que su hermano Guillermo Padrés se convirtiera en Gobernador de Sonora en el año 2009.

Cabe destacar que el 24 de febrero pasado, tanto el Gobernador Guillermo Padrés y su hermano Héctor, Miguel y Julio aseguraron públicamente que su fortuna familiar ascendía a 261 millones 875 mil 633 pesos entre mueblerías y ranchos sin mencionar ni hacer referencia a las cuentas citadas por The Wall Street Journal.

La nota cita la investigación en el sentido de que se realizaron una serie de operaciones en el Sistema Financiero Nacional y extranjero, con recursos que posiblemente tienen un origen ilícito y con un alto grado de probabilidad se operaron con la finalidad de ocultar su origen, localización, destino o propiedad?, también ha sido señalada la ausencia de explicación sobre la raíz de los fondos de Miguel Padrés, ni de sus actividades empresariales ni sus declaraciones juradas.

El Gobernador Padrés, ha negado categóricamente haber abierto cuentas bancarias a nombre de la firma holandesa y desconoció la investigación tratando de desacreditarla, achacándola a rivalidades políticas.

Sin embargo, los señalamientos hechos al Gobernador Padrés son graves y deben ser aclarados, más aún cuando se ha puesto en entredicho a la investigación, si el Gobernador sonorense cuenta con dinero que no debería o cuyo origen sea inexplicable, la tarea de la Secretaría de Hacienda es investigar y la de las instituciones, como esta Soberanía, es mantener ojos vigilantes en él.

Siendo necesario recordar que no es la primera vez que el Gobernador Padrés se ha visto envuelto en controversias, simplemente basta con evocar una represa en su rancho en el estado de Sonora, cuyos habitantes se encuentran a merced de las inclemencias del clima, situación que lo hizo acreedor a una multa y a que se le ordenara la destrucción de la represa, símbolo de su inestabilidad y voracidad.

Las acusaciones en contra del Gobernador Padrés son graves y deben ser aclaradas en aras de la consolidación de un servicio público transparente, eficaz y, sobre todo, benéfico para la población y no para privilegiar intereses particularmente en detrimento de la ciudadanía, es por lo anteriormente expuesto, que elevo a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria, a efecto de que informen a la opinión pública si se está realizando alguna investigación con relación a la probable asignación de contratos a cambio de sobornos en el estado de Sonora, en el que participarían el Gobernador Guillermo Padrés Elías y su hermano Miguel Padrés Elías.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2015.

Diputado Willy Ochoa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales a convocar a reuniones con el titular de la Profepa y con el encargado del Fideicomiso del Río Sonora para abordar el tema relativo a los derrames tóxicos acontecidos en ese estado, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la madrugada del 7 de marzo se reportó un nuevo derrame en Cananea, Sonora. En esta ocasión se advierte que la responsable fue Minera María, debido a una falla en el sistema de bombeo, provocando una contaminación de 180 metros cúbicos de solución gastada de cobre.

Según la Procuraduría de Medio Ambiente dicho derrame ha contaminado el arroyo El Tordillo, afectando una longitud de 1.6 kilómetros. Al intentar ejecutora las medidas de control, la empresa no pudo dar inicio a las actividades de neutralización de la solución derramada en el cauce del arroyo debido a un enfrentamiento con los locales.

El desastre ecológico, sucede a pocos kilómetros donde seis meses atrás aconteció el derrame de más de 40 millones de litros de lixiviados de cobre acidulado por una falla en la mina de Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, el cual fue considerado el peor desastre ambiental en la historia de la minería moderna.

Existe una gran preocupación de que este tipo de situaciones sigan sucediendo, por lo que se requiere de atención inmediata y apegada al marco jurídico aplicable por parte de las autoridades encargadas de vigilar y supervisar las medidas que deben adoptar las mineras para prevenir y atender dichos acontecimientos.

De tal suerte se busca evitar que se vulneren nuevamente los derechos humanos, especialmente a un ambiente sano, de los habitantes de la zona, como sucedió con el derrame ya referido, en río Sonora el 6 de agosto de 2014.

Por lo anteriormente descrito se presenta a esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Resolutivos

Primero. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Soberanía para que convoquen a una reunión de trabajo con el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de que informe sobre el seguimiento ante los casos de los derrames de soluciones contaminantes de cobre en los Ríos Sonora y Bacanuchi y recientemente, del arroyo El Tordillo, en el estado de Sonora.

Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Soberanía para que convoquen a una reunión de trabajo con el encargado del Fideicomiso de Río Sonora a fin de que informe sobre el estado que guarda la afectación causada por el derrame de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi, ocurridos el 6 de agosto de 2014 como consecuencia de las actividades de la minera Buenavista del Cobre.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)



Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos y los Ejecutivos locales a considerar la viabilidad de formar un consejo para la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas en las respectivas entidades, a cargo del diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Danner González Rodríguez, diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

“De 1935 a 1982, México registró tasas de crecimiento del 6.1 por ciento anual. En contraste, entre 1982 y 2014 lo hizo con ritmo de 2.3 por ciento, con un PIB per cápita de 0.6 por ciento por año, inferior al promedio de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE )”.1

Desempleo, informalidad y pérdida acumulada del poder adquisitivo del salario mínimo superior al 70 por ciento, son daños que implican desigualdad, pobreza, corrupción, inseguridad, violencia y pérdida de cohesión social, pero que son sustentados por el modelo económico que prevalece en el país.

El neoliberalismo, en la etapa de la globalización económica, es un proceso de dominación y apropiación del mundo. La dominación de estados y mercados y de sociedades y pueblos, se ejerce en términos político-militares, financiero-tecnológicos y socio-culturales. La apropiación de los recursos naturales, de las riquezas y del excedente producido se lleva a cabo mediante la privatización, desnacionalización, desregulación, con transferencias, subsidios, exenciones, concesiones, y su revés, privaciones, marginaciones, exclusiones y depauperaciones, que facilitan procesos macrosociales de explotación de trabajadores y artesanos, hombres y mujeres, niños y niñas.2

Es necesario poner punto final a este modelo económico depredador, y pasar a una estrategia económica de desarrollo nueva, libre y soberana. Sólo así, con miras de alturas, podremos salir adelante y reconstruir la posibilidad de un mejor país.

Una alternativa que no es nueva, pero que sí resulta eficiente y hasta el momento ha sido poco aprovechada y no ha sido impulsada adecuadamente por los diferentes niveles de gobierno es el apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes).

Las Mipymes, son un elemento fundamental en el desarrollo económico del país y constituyen la columna vertebral de la economía nacional, esto es así por su alto impacto en la generación de empleos. Basta señalar que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las Mipymes constituyen más del 90 por ciento del total de unidades económicas del país, generan más del 50 por ciento del PIB nacional y contribuyen con 7 de cada 10 empleos formales que se crean en el país.

Desde luego que hay intentos por incentivar y fortalecer a estas unidades económicas, por ejemplo está el fondo Pyme y la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, por mencionar algunos, pero no son suficientes.

Basta decir que el ordenamiento jurídico referido, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 2002, señala en su artículo 23 que: “En cada Entidad Federativa y en el Distrito Federal se podrá conformar un Consejo Estatal para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que estudiará y propondrá en el ámbito regional, estatal y municipal, medidas de apoyo para el desarrollo de la competitividad de las Mipymes a través del análisis de las propuestas surgidas del sector público y de los Sectores”.

A pesar de lo anterior, el referido Consejo Estatal en muchos estados no se ha conformado, por lo que pareciera que esta disposición legal fuera un llamado a misa, pese a la emergencia nacional en materia económica. Lo más dramático es que también con esta situación se ha dejando pasar la oportunidad de que estos consejos incentiven una apertura rápida de las Mipymes y propicien su desarrollo.

Por lo mismo, la presente propuesta de punto de acuerdo consiste en exhortar, respetuosamente, a los congresos y a los ejecutivos estatales para que en el ámbito de sus atribuciones legales y atendiendo lo preceptuado en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, consideren la viabilidad de conformar un Consejo para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en sus respectivas entidades federativas, a fin de incentivar, apoyar y procurar el desarrollo de las Mipymes.

Es necesario que, más allá de su conformación, dichos Consejos sirvan para detonar un desarrollo económico sostenido en las entidades federativas y que ello redunde en bienestar social para los empresarios, comerciantes y sus familias.

Derivado de lo anterior someto a la consideración de esta honorable asamblea, el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta, respetuosamente, a los congresos y a los ejecutivos estatales para que en el ámbito de sus atribuciones legales y atendiendo lo preceptuado en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, consideren la viabilidad de conformar un Consejo para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en sus respectivas entidades federativas, a fin de incentivar, apoyar y procurar el desarrollo de estas unidades económicas.

Notas

1 “Para crecer, México debe cambiar la estrategia económica”, Boletín UNAM-DGCS-020, Ciudad Universitaria, 10 de enero de 2015. Disponible en: http://132.247.174.60/dgcs/boletin/bdboletin/2015_020.html [Última consulta: 23 de enero de 2015]

2 Ver González Casanova, Pablo. “Los indios de México hacia el nuevo milenio”, La Jornada, 9 de septiembre de 1998.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de marzo de 2015.

Diputado Danner González Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente del Inegi a instruir y coordinar la elaboración de un estudio estadístico para determinar el índice de ejercicio efectivo de derechos de la infancia y la adolescencia, contenidos en el respectivo catálogo establecido en el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, Lucila Garfias Gutiérrez, integrante de la LXII Legislatura por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente al presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a instruir y coordinar la elaboración de un estudio estadístico para determinar el índice de ejercicio efectivo de derechos de la infancia y la adolescencia, contenidos en el catálogo de derechos que establece el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con base en las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población, basadas en datos del Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en enero de 2015, las personas menores de edad en México suman ya 43.4 millones, lo que significa que de la población total, la infancia y la adolescencia representan alrededor de 36 por ciento.

Las niñas y los niños son sujetos plenos de derechos, derechos que “se deben” concretar en la vida cotidiana de cada persona menor de edad; por ello, el Estado mexicano, en virtud de los tratados internacionales que ha suscrito, en particular, la Convención sobre los Derechos del Niño, no sólo tiene la obligación nacional, sino también internacional de garantizar los derechos humanos de niñas, niñas y adolescentes. Asimismo, para hacer efectivos los derechos de la infancia y adolescencia, tiene la responsabilidad de guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

Sin embargo, de conformidad con el estudio desarrollado en México por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social Pobreza y derechos sociales de niños, niñas y adolescentes en México, en 2012, 21.2 millones de niñas, niños y adolescentes estaba viviendo en condiciones de pobreza. De ellos, 4.7 millones se encontraban en pobreza extrema; es decir, en 2012, de los 40 millones de habitantes menores de 18 años en México, 53.8 por ciento se encontraba en una crítica condición de vulnerabilidad de ingresos.

Estas cifras expresan que el Estado mexicano no ha asegurado las condiciones necesarias a este sector de la población que permitan garantizar el goce y disfrute de cada uno de sus derechos, así como superar las condiciones de pobreza en que vive más de la mitad de la población infantil, a través de políticas públicas eficientes de educación, salud, alimentación, aumento de ingreso familiar, entre otras, que sean el elemento fundamental para que las personas que están viviendo esta etapa de la vida rompan el circulo generacional de la pobreza.

Un elemento básico para que el Estado desarrolle respuestas adecuadas a las demandas sociales, consiste en contar con información específica y desagregada de los diversos organismos públicos que prestan algún servicio, en este caso específicamente a la infancia y adolescencia, que permita generar un diagnóstico lo más cercano posible sobre el ejercicio efectivo de los derechos de niñas y niños en el país.

La garantía de los derechos de la población menor de 18 años de edad vive un momento especial, cabe recordar que el 1 de septiembre de 2014, el Ejecutivo federal presentó ante el Congreso de la Unión la iniciativa, con carácter preferente, “con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil”.

La iniciativa preferente se envió al Senado de la República como Cámara de Origen, donde se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y la Adolescencia; de Atención a Grupos Vulnerables; de Igualdad de Género; de Educación; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.

En este momento del proceso se realizaron 106 modificaciones y se agregaron 14 nuevos artículos a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la iniciativa preferente contenía 17 derechos de la infancia, el Senado reestructuró algunos y adicionó 4 más, quedando 19 derechos enunciados.

Después, siguiendo el proceso legislativo, el 30 de octubre de 2014, el proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados en su calidad de revisora, donde se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez para dictamen y a las de Igualdad y Género, y de Atención a Grupos Vulnerables para opinión.

En esta segunda fase del proceso, se modificaron 18 artículos, por lo tanto, en términos del artículo 72, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente se remitió nuevamente al Senado de la República para la revisión y discusión de las modificaciones.

Uno de los 18 artículos reformados por la Cámara de Diputados fue el 13, al que se adicionó una fracción XX, por lo que actualmente el catálogo de derechos de la infancia expresado en la ley general está integrado, de manera enunciativa, mas no limitativa, por 20 derechos.

Finalmente, el 4 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que abrogó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se convierte en el instrumento jurídico vigente más importante para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia en todo el país, en virtud de que no sólo es enunciativa de derechos, sino que, además, define obligaciones y competencias a los tres órdenes de gobierno para hacer efectivos esos derechos.

A continuación se transcribe la lista de 20 derechos de la infancia que, se reitera, de manera enunciativa mas no limitativa contiene el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:

1. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;

2. Derecho de prioridad;

3. Derecho a la identidad;

4. Derecho a vivir en familia;

5. Derecho a la igualdad sustantiva;

6. Derecho a no ser discriminado;

7. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;

8. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;

9. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;

10. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;

11. Derecho a la educación;

12. Derecho al descanso y al esparcimiento;

13. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura;

14. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;

15. Derecho de participación;

16. Derecho de asociación y reunión;

17. Derecho a la intimidad;

18. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso;

19. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes; y

20. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

Esta nueva ley general plantea un cambio de paradigma en la forma en que el Estado mexicano tutelará los derechos de la niñez, pues pretende transformar radicalmente la política nacional respecto a los derechos de la niñez, en virtud de que reconoce como inherentes a la condición de niño o de adolescente los derechos previstos en el derecho nacional y el ámbito internacional, estableciendo diversos mecanismos para hacerlos efectivos.

Es decir, las personas menores de edad no tendrán que reclamar sus derechos, sino que el Estado mexicano, a través de las autoridades de los tres niveles de gobierno, deberá asumir como una característica inherente de la niña, niño o adolescente, todos y cada uno de los derechos contenidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, garantizando permanentemente el interés superior de la niñez.

El cumplimiento de las nuevas tareas de garantía y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia significará la coadyuvancia y el trabajo conjunto de las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Contar con un estudio estadístico en este momento coyuntural de entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que determine el índice de ejercicio efectivo de los 20 derechos de la infancia y la adolescencia, establecidos en su artículo 13, representa un instrumento necesario para que las instituciones y dependencias existentes cuenten con información y elementos estadísticos para adoptar las medidas necesarias en pro de dar cumplimiento a los derechos humanos de la infancia y adolescencia del país en el ámbito de sus respectivas competencias, sin discriminación de ningún tipo o condición, como estable la parte in fine del artículo 13 de la referida ley.

Por ello considero que el Inegi deberá generar un estudio estadístico a partir de los registros administrativos de la información de interés nacional sobre infancia generada por las dependencias y entidades de la administración pública federal, incluidas las áreas administrativas de la Presidencia de la República y de la Procuraduría General de la República; los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación; las entidades federativas y los municipios; los organismos constitucionales autónomos, y los tribunales administrativos federales, para conocer el índice de garantía de los derechos de la infancia en México.

Este diagnóstico podrá servir como base para la elaboración de nuevas políticas públicas que las autoridades decidan implantar para asegurar mejores condiciones de bienestar a la población objetivo que protege la ley.

En la medida en que se cuente con datos específicos, desagregados y puntales sobre la infancia y adolescencia, será posible tomar mejores decisiones de política pública, para que a partir de la evidencia sobre lo que funciona y lo que no, sea posible diseñar y mejorar programas de gobierno que garanticen a plenitud los derechos de niñas, niñas y adolescentes.

El objetivo de este estudio es contar con un diagnóstico integral de las condiciones e indicadores de ejercicio efectivo de los derechos de los niños, que retrate un panorama general del sector infantil de la población y de la forma en que se están garantizando o incumpliendo sus derechos humanos, a la luz del contenido de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Convención sobre los Derechos del Niño y de los diversos instrumentos relacionados con la protección de niñas, niños y adolescentes.

En la propia ley general se obliga a los tres órdenes de gobierno a incorporar en sus proyectos de presupuesto, la asignación de recursos para dar cumplimiento a las acciones que establece la propia norma en pro de la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia, lo cual robustece la necesidad de que las autoridades cuenten con el referido diagnóstico.

A partir del inicio de vigencia de la ley general, las políticas públicas de desarrollo social, vinculadas con la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, serán evaluadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

La evaluación consistirá en revisar periódicamente el cumplimiento de la ley general, en congruencia con el Programa Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes. Por tanto, este estudio estadístico será de gran utilidad para las autoridades que tengan atribuciones en el diseño de políticas públicas dirigidas a la población menor de edad.

Por lo expuesto someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a instruir y coordinar la elaboración de un estudio estadístico para determinar el índice de ejercicio efectivo de derechos de la infancia y la adolescencia contenidos en el catálogo de derechos que establece el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2015.

Diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al rescate de La Merced, en el Distrito Federal, a cargo del diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de la agrupación Movimiento de Regeneración Nacional

Francisco Alfonso Durazo Montaño, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y de la agrupación de diputados de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo al plano original el Mercado 101 Merced Nave Mayor cuenta con 3 mil 251 locales, ello sin incluir las seis etapas de la sala de preparación, que cuentan con un aproximado de 320 locales cada una, a los que se adiciona otro centenar ubicados en la zona de carga y descarga.

El pretérito reciente ha sido testigo de los múltiples siniestros que éste Mercado Merced Nave Mayor ha sufrido, que han provocado una disminución en la vida útil de su estructura, pérdidas por más de 30 millones de pesos, así como disminución de la seguridad, de la confianza y perdida de la calidad de vida de comerciantes, residentes, trabajadores y visitantes.

El 27 de febrero de 2013, nuevamente la Nave Mayor del multicitado mercado sufrió un incendio que consumió el patrimonio de alrededor de mil 200 locatarios y por lo menos 2 mil 500 familias que encontraban en la actividad comercial, la carga y descarga así como en otros servicio su fuente de empleo y subsistencia.

La obra de reconstrucción empezó el 16 de mayo con la demolición de las losas dañadas y fue concluida en septiembre de 2013. Se reanudaron los trabajos de “reconstrucción” el 4 de noviembre de 2013 y concluyeron en febrero de 2014.

La reconstrucción de las losas de concreto armado en forma paraboloide inició a finales de agosto de 2014 y a la fecha no está concluida, a pesar de que el titular de la delegación Venustiano Carranza se comprometió a entregar la obra terminada lo más pronto posible.

A la fecha y con dos años de distancia, los trabajos de reconstrucción no han sido concluidos, aun cuando se han invertido 240 millones de pesos, según información de la delegación Venustiano Carranza. De igual manera, los directamente afectados por el siniestro continúan en condiciones inadecuadas para el ejercicio de su actividad comercial y sin información sobre el momento en que podrán regresar a sus locales.

El 5 de abril de 2013 fue presentado un plan de rescate de la zona de La Merced, en dicho acto hubo presencia de diferentes funcionaros incluido el secretario de Gobierno, Héctor Serrano.

El 20 de septiembre 2013 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se creó el “Consejo Consultivo para el Rescate Integral de La Merced”, sin que exista a la fecha entre sus integrantes un solo representante de la comunidad actual del barrio de La Merced.

El 21 de octubre de 2013 sesionó por primera vez el consejo y decide lanzar una convocatoria para diseñar el plan de rescate de la merced.

El 31 de octubre el Consejo consultivo para el Rescate Integral de La Merced convocó al concurso nacional del anteproyecto conceptual para el Plan Maestro.

Esta convocatoria salió el 31 de octubre y el 16 de diciembre fue la premiación en el Colegio de Arquitectos de México (CAM), resultando ganador el equipo TEAM 730. EI13 de enero se entregó oficialmente el premio al equipo ganador y se inauguró la exposición “100 Visiones por La Merced”, donde se exhibieron las propuestas de los diferentes equipos que concursaron.

El proyecto conceptual es el punto de partida para la elaboración del Plan Maestro para el Rescate Integral de La Merced, el cual, de acuerdo con los habitantes y comerciantes, no contempla la visión comunitaria de barrio y ciudad de quienes habitan este lugar, por lo que se solicitó al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera y al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski, una explicación a la comunidad de dicho anteproyecto conceptual.

En respuesta se llevaron a cabo los denominados “Foros del Futuro”, realizados en el Museo de la Ciudad de México, en los que hubo participación amplia de la comunidad de La Merced. No obstante, dicha comunidad tiene la sensación de no haber sido tomada en cuenta

La maqueta ganadora carece, desde el punto de vista de la comunidad de La Merced, de explicación descriptiva que permita dar seguridad y certeza a los habitantes, locatarios, visitantes y transeúntes; carece de información sobre los inmuebles a intervenir y la justificación de estos, generando con ello incertidumbre y desconfianza respecto al conjunto del proyecto.

Debido a lo anterior, el diputado del grupo de Morena propone los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al doctor Miguel Ángel Mancera, en su calidad de titular del gobierno del Distrito Federal y presidente del Consejo Consultivo para el Rescate Integral de La Merced, a que plantee ante el Consejo Consultivo en pleno y a la comunidad que compone el barrio de La Merced, el Plan Maestro para el rescate integral de la zona; los avances en el diseño e implementación del mismo, así como las investigaciones multidisciplinarias que lo constituyen. Se solicita igualmente otorgar al grupo promovente una copia oficial de la documentación que ahí se presente.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al doctor Miguel Ángel Mancera para que en su calidad de titular del gobierno del Distrito Federal instruya a la Contraloría General del Distrito Federal a transparentar, difundir y socializar entre la comunidad del barrio de La Merced el uso y destino de los recursos utilizados para la reconstrucción de la Nave Mayor del Mercado de La Merced, afectada por el incendio del 27 de febrero de 2013.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2015.

Diputado Alfonso Durazo Montaño (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la problemática de los transportistas en Chiapas, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Elementos de la Policía Federal, bajo el mando del comisario Octavio Lozoya Uribe, coordinador de la Policía Federal en el estado de Chiapas, y por órdenes de éste, han estado asediando, presionando y amenazando a quienes se dedican a la explotación del transporte de pasajeros en sus terminales ubicadas en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Villahermosa, Tabasco. Esto último a fin de que los vehículos de estos transportistas no salgan a operar en las carreteras federales para prestar el servicio de pasaje.

Las veces que lo han intentado, han sido detenidos y multados conforme a la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal. Esta represión ha constado en el acoso y la detención de vehículos de diferentes cooperativas, enviados al corralón con multas que van desde 530 salarios mínimos vigentes en el estado. Aunado a lo expuesto con antelación, resalta el hecho que la Secretaría de Transporte del gobierno del estado de Chiapas ha homologado sus multas con las que aplica la Policía Federal, es decir, las ha elevado a 500 y 1000 salarios mínimos cuando en el pasado, la multa más elevada era de 200 salarios mínimos.

Asimismo se ha emitido la orden de detener todos los vehículos en los tramos carreteros, generando un estado de impotencia e inseguridad, en donde a su vez, de esta actividad dependen 420 familias chiapanecas que hoy se encuentran en la incertidumbre del desempleo y en la desesperación, de no poder llevar el sustento a sus familias que garantice la alimentación, la ropa, el calzado y sobretodo la educación de sus hijos.

El sentido de esta problemática fue expuesta ante funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por parte de los representantes de los transportistas. Dado que los transportistas no niegan que no han podido cumplir con la estricta normatividad, ellos están totalmente dispuestos a que se pueda cumplir a cabalidad, sin embargo siempre y cuando los planteamientos por parte de la autoridad, estén acordes a la realidad y a las posibilidades económicas de estos trabajadores del volante.

La respuesta de la SCT fue en el sentido de que este tipo de servicio de pasaje solamente se puede autorizar en vehículos grandes de pasajes, como autobuses con capacidad mínima de 30 pasajeros y, por lo tanto, la operación que realizan actualmente está fuera de norma y no pueden operar, por lo que se les sugirió adquirieran autobuses para que puedan cumplir con la normatividad.

Cuando los transportistas les expresaron, que otros operadores en taxis Tsuru con placas particulares o de turismo realizan servicios de pasajes en tramos federales y son tolerados, dado que han pintado sus vehículos de color verde, como lo solicita anómalamente las autoridades locales; la respuesta por parte de funcionarios de la SCT, fue solicitarles esas “pruebas” para intervenir y evitar que esto siga sucediendo, pero hasta estas alturas, nada se ha podido resolver.

Por lo anteriormente expuesto se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que tal cual como sucedió en el año 2001, se retome un Programa Nacional de Reordenamiento del Autotransporte Federal, o alguna otra medida, para que a los actuales operadores de taxis de pasaje se les permita seguir operando y se les dé un plazo de tiempo adecuado y considerable para que puedan ir sustituyendo las unidades y en consecuencia, regularizar la situación de acuerdo a la normatividad de la SCT.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de marzo de 2015.

Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica)



Efemérides

Con motivo del aniversario del natalicio de Benito Juárez, a cargo del diputado Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del PRI

“Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”

Nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, de la sierra de Ixtlán, Oaxaca.

De extracción indígena, habló solamente zapoteco durante gran parte de su niñez. Hijo de campesinos muy modestos, Marcelino Juárez y Brígida García, quedó huérfano a la edad de tres años. En la ciudad de Oaxaca vivió con su hermana Josefa, quien servía en la casa de don Antonio Maza. Estuvo protegido por un sacerdote español, ingresó al seminario, en donde concluyó estudios de latín, filosofía, y teología, que le permitieron el ingreso al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, siendo aún estudiante, en 1831, inició su carrera política, cuando fue elegido regidor del ayuntamiento de Oaxaca; más tarde fue diputado del Congreso de su estado y diputado por Oaxaca ante el Congreso de la Unión; en 1834, logró la licenciatura en jurisprudencia, y del cual más tarde sería rector.

En el año 1847 fue nombrado gobernador de Oaxaca, reconstruye el palacio de gobierno, funda escuelas normales, hace un plano de la ciudad y una carta geográfica, y se preocupa por manejar de una manera prudente los dineros del Estado. Cargo al que volvió a ser elegido un año después, para un periodo de cuatro años. Al hacerse con el poder el general Antonio López de Santa Anna en 1853, fue encarcelado y desterrado a La Habana. En 1854 promulgó el Plan de Ayutla, en él se pedía la creación de una asamblea constituyente en el marco de una Constitución federal. Fue un pronunciamiento político proclamado por Florencio Villareal, con apoyo de los liberales Juan N. Álvarez e Ignacio Comonfort, tuvo como objetivo dar fin a la dictadura de Antonio López de Santa Anna en el año de 1855 participó en la revolución liberal que lo venció, fue nombrado por Juan Álvarez, ministro de justicia e instrucción pública, donde creo la Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios desde la nombrada “Ley Juárez” con la que fueron abolidos los fueros y privilegios que tenían los militares y el clero.

Durante el gobierno del presidente Comonfort, siendo gobernador, promulgó en su estado la Constitución de 1857; más tarde fue nombrado ministro de Gobernación y, posteriormente, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero al desconocer Comonfort la Constitución y al dar un golpe de Estado, encarceló a Juárez, desencadenando con ello la Guerra de Reforma. Al ser liberado, por ministerio de ley y con apoyo del grupo liberal, asumió por primera vez la Presidencia, y a partir de entonces se encargó de formar un nuevo país, uno regido por las leyes; en 1859 expidió las Leyes de Reforma, que establecían la independencia del Estado respecto de la Iglesia. Venció en 1860 a las fuerzas conservadoras estableciendo de nuevo su gobierno en la Ciudad de México. En 1861, ya concluida la Guerra de Reforma, fue electo constitucionalmente para continuar en la Presidencia, fue entonces debido a la mala situación financiera, causada por cinco años de guerra civil, se vio obligado a suspender pagos a los acreedores extranjeros firmando un decreto para la suspensión de pago de la deuda externa, como medida de protesta, desembarcaron tropas en Veracruz.

Negoció con Gran Bretaña y España consiguiendo que sus tropas abandonaran México, aunque los franceses continuaron en el país, y así Maximiliano, archiduque de Austria, fue impuesto por el emperador Napoleón III de Francia y coronado emperador de México en 1864, lo que le obligó a mover la capital al norte del país y continuó con la resistencia militar. En 1867 venció al gobierno de Maximiliano y fue reelecto presidente de la República; se dedicó a organizar la situación económica del país, redujo el ejército, organizó una reforma educativa, ordenó sofocar los alzamientos militares y enfrentó la división de los liberales. Se mostró respetuoso ante la organización de los obreros y artesanos. En 1871 y a pesar de la rebelión encabezada por Porfirio Díaz su opositor, candidato político, Juárez se postuló nuevamente a la Presidencia y ganó, pero una enfermedad le impidió continuar su gobierno pasó sus últimos meses intentando acabar con las distintas rebeliones. Falleció repentinamente la noche del 18 de julio de 1872 en el Palacio Nacional, Ciudad de México.

Benito Juárez vivió una de las épocas más importantes de México, considerada por muchos historiadores como la consolidación de la nación como República. Juárez marcó un parteaguas en la historia nacional, siendo protagonista del primer nivel de esta época. Su biografía durante los años que ocupó la Presidencia es, casi en su totalidad, también la historia de México.

Por eso en nuestro gobierno seguimos sus ideales, de preservar un buen estado con todas nuestras nuevas reformas y año con año le damos un reconocido homenaje por su vida a un Político y héroe nacional mexicano que ha sido inspiración de lucha de varios países de América Latina, que intentaban lograr su soberanía, como tal recibió el reconocimiento como “Benemérito de las Américas” y por sus servicios para lograr la libertad y la independencia de la nación, recibió por parte del honorable Congreso de la Unión, en 1873, el nombramiento de “Benemérito de la Patria.”

Algunas de sus Obras.

Ley sobre libertad de culto
Ley sobre Nacionalización de Bienes Eclesiásticos

Anuncio del programa del gobierno liberal
Ley de Matrimonio Civil

Secularización de los Hospitales y Establecimientos de Beneficencia
Cesa intervención del Clero en los cementerios y camposantos

Extinción de las Comunidades de Religiosas en México
Reglamento para el cumplimiento de la Ley de Nacionalización

Referencias:

Biografía de Benito Juárez. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Benemérito de las Américas. Bicentenario del Natalicio de Don Benito Juárez. Honorable Congreso de la Unión. LIX Legislatura, México, 2006.

http://www.padreshispanos.com/nuestra_cultura/benito-jur ez-bi/1031

Un indio zapoteco llamado Benito Juárez. Fernando Benítez. Santillana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2015.

Diputado Samuel Gurrión Matías (rúbrica)

Con motivo del aniversario del natalicio de Benito Juárez y del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas

El 21 de marzo iniciaba el año nuevo de los antiguos pueblos zapotecas. Juárez lo sabía y lo recordaba siempre porque estaba feliz y orgulloso de haber nacido en una fecha tan simbólica. Aquel 21 de marzo de 1806 el equinoccio de primavera llegó justo a la hora del alumbramiento del niño Benito Juárez.

Como suele ocurrir cuando se tiene un parto a la mitad del monte, nadie sabía si aquel pequeño de rostro dulce y piel morena como la corteza del roble, tendría la oportunidad de sobrevivir. Pero Juárez vivió, por esa extraordinaria voluntad que persigue y atrapa a quienes están destinados a colocarse en el nicho de historia. No sólo sobrevivió, sino que se convirtió en el anuncio y en el faro más prodigioso de la libertad, de la dignidad, de la soberanía, de la legalidad y de la democracia que haya existido en México.

Juárez era indígena zapoteca e hijo de indígenas. Su lengua era la misma con la que se canta y se reza en los pueblos fundadores de Oaxaca. Sus ojos inocentes miraban desde lo alto del cerro la inmensidad del mundo como si fueran una boca enorme que todo lo devora. La noche de San Pablo Guelatao no era una noche como cualquiera, era una noche de tinieblas, porque ahí los pies de los niños saben de los sabores de la tierra porque nadie calzaba un par de huaraches. Las manos de los hombres conocen las rugosidades del bosque porque no hay una luminaria que alumbre lo suficiente para mirar la luz del horizonte. En ese Guelatao se formó el niño más venturoso que dio lugar al hombre de mayor estatura que haya entregado Oaxaca a México y al mundo.

Este es el homenaje de la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados al Patricio de Guelatao al cumplirse 209 años de su nacimiento. Sólo quien conoce desde el fondo de la entraña el olor, el sabor y la textura de la pobreza en el mundo indígena, puede adivinar el dolor y el orgullo de quien se hace a sí mismo y se convierte en el forjador de una Patria Nueva.

Juárez es el forjador de la patria mexicana que nosotros heredamos. Con su mente, su palabra y su mano se crearon instituciones y se redactaron leyes que todavía hoy son los pilares del moderno Estado mexicano.

Sin la fe inquebrantable de Juárez, sin su lucha, sin su voluntad, sin su fortaleza, no habría nación ni identidad. Como legislador, como jurista, como hombre de leyes, sabía que la única garantía para asegurar la unidad de los mexicanos, era el respeto a la ley. Somos una nación libre, secular, soberana y democrática, por la sabiduría con la que Juárez enfrentó los retos de su tiempo. Como liberal, como líder y como gobernante, supo advertir que “la democracia es el destino de la humanidad futura; la libertad, su indestructible arma. La perfección posible, el fin a donde se dirige”.

Hoy, como nadie y más que nunca, las legisladoras y los legisladores estamos comprometidos a defender y honrar este legado. Cuánta razón tenía el Benemérito cuando nos ilustraba: “Los hombres no son nada, los principios lo son todo”. Y reforzaba: “La libertad es el derecho a hacer lo que las leyes permiten”, y no aquello que los hombres quieren por encima de la ley.

Hace 209 años nació en el corazón de la montaña un hombre que vino con el equinoccio de la primavera. Hace 209 años inició una historia de vida cuya rectitud, honorabilidad, sabiduría y sentido de liderazgo, lo convirtieron en leyenda.

Muchos hombres y muchas mujeres de nuestro tiempo han sabido abrevar en este legado. Por ello, también conmemoramos en esta fecha el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

Caminar hacia adelante y no retroceder en el camino de la integración entre razas, géneros e ideologías, esa es la misión de la democracia y esa es la lección que nos heredó el Patricio de Guelatao: la democracia es la forma en la que deben vivir las mujeres y los hombres, quienes viven y mueren en ella no vulneran otros principios como la libertad, la legalidad y la justicia, se hacen más dignos y caminan hacia el territorio de los justos y los honorables, pero quienes atentan contra la democracia esgrimiendo razones e intereses confusos y particulares, sólo están jalando el gatillo del arma del autoritarismo para abatir el futuro de la democracia y del bien común.

A 209 años del natalicio de Benito Juárez, es tiempo de hacer honor a su legado: tengamos siempre por guía a la ley y por razón a la justicia.

Compañeras y compañeros legisladores:

De pie y caminando hombro con hombro al lado de nuestros pueblos indígenas, es tiempo de honrar a Juárez y hacer un compromiso por la justicia, la dignidad, la democracia, la reconciliación, la paz y el bienestar de nuestros pueblos.

La violencia entre hermanos, la confrontación entre comunidades, la discriminación en contra de las mujeres, la muerte por causas de salud y la migración por la falta de oportunidades, sólo tienen un nombre y se llama pobreza. Nunca más una muerte por pobreza en México, nunca más una mujer violentada o vendida, nunca más una comunidad indígena sujeta al flagelo de los caciques, nunca más el chantaje político ni el cacicazgo por encima de los derechos y las libertades de nuestros pueblos.

Hoy, es el tiempo de Juárez y es el día en el que amanece la primavera en la casa de los pueblos y las comunidades indígenas; por ello y en memoria de Juárez, es hora que México viva feliz y que no se discrimine a sus indígenas, que la paz sea entre nuestros pueblos y que se borren las fronteras que hoy separan a ricos y pobres. Peor aún, que cese la corrupción que construye murallas de impunidad e islas enormes de pobreza; que cese la desigualdad social que separa a las autoridades y los políticos de sus gobernados y representados.

Que se acabe el chantaje, la corrupción y el abandono; que se arranque de raíz como la yerba mala el cacicazgo, la violación de la ley, la incapacidad y la soberbia de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.

Como nos lo enseñó el Benemérito Benito Juárez: que se haga la libertad de nuestros pueblos, pero con ella la educación y la salud; que caminemos juntos, con la frente en alto, con las manos arriba, con los ojos mirando al horizonte para alcanzar el sueño de la justicia y de la libertad que tanto tiempo hemos estado esperando.

En el nuevo tiempo de Juárez, debemos creer que así será y que mañana los niños y las mujeres indígenas de nuestros pueblos se abrazarán y danzarán de alegría por el bienestar, la salud, la educación y la equidad en sus comunidades.

México está de pie para honrar a Benito Juárez junto con nuestros pueblos y comunidades indígenas. En su legado y en su ejemplo anida la esperanza de un país nuevo. Sigamos a Juárez y estaremos caminando hacia la libertad y la paz que tanto tiempo ha dormido el sueño de los justos en México. Viva Juárez, vivan los pueblos indígenas, viva México.

Muchas gracias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2015.

Diputada Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica)