Proposiciones de urgente u obvia resolución
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Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la PGR, a la SHCP y al SAT, para que informen a la opinión pública, sí se está realizando alguna investigación en torno a la probable asignación de contratos a cambio de sobornos en el Estado de Sonora, en el que participaría el Gobernador Guillermo Padrés Elías y su hermano Miguel Padrés Elías, a cargo del Dip. Willy Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El que suscribe, Dip. Willy Ochoa Diputado Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado jueves 05 de marzo de 2015 el diario norteamericano The Wall Street Journal, publicó un artículo en el que se advierte la posibilidad de actos de corrupción en México, específicamente en Sonora al destacar una investigación por sobornos donde se señala como probables actores al Gobernador de la entidad, Guillermo Padrés Elías y a su hermano Miguel Padrés Elías.

De acuerdo con el diario, el Gobierno Federal abrió una investigación al respecto, encabezada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, basada en las acusaciones de que los hermanos Padrés Elías recibieron pagos por la cantidad de 3.3 millones de dólares (equivalentes a 51 millones 150 mil pesos al tipo de cambio de 15.50 pesos por dólar), por parte de firmas que ganaron contratos públicos con el gobierno sonorense, equivalentes a 20 millones de dólares (310 millones de pesos).

The Wall Street Journal expone que, según la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, el dinero fue pagado por el empresario Mario Aguirre, para obtener las licitaciones para proveer uniformes escolares.

Adicionalmente, se refiere que la investigación de la SHCP sostiene que Miguel Padrés transfirió 5.7 millones de dólares (88 millones de pesos) a una cuenta bancaria en Estados Unidos, que abrió en el 2012, a nombre de Tenerife C.V. una firma con sede en Holanda. También se tiene referencia de que Miguel Padrés depositó adicionalmente 522,000 dólares (8 millones de pesos) en otra cuenta en Estados Unidos abierta por su hermano en el 2011, a nombre de Dolphinius C.V. otra sociedad de responsabilidad limitada con sede en Holanda. En total, Miguel Padrés transfirió 8.9 millones de dólares (137 millones de pesos) de cuentas de México a cuentas en bancos de Estados Unidos, desde que su hermano Guillermo Padrés se convirtiera en Gobernador de Sonora en el año 2009.

Cabe destacar que el 24 de febrero pasado, tanto el Gobernador Guillermo Padrés y su hermano Héctor, Miguel y Julio aseguraron públicamente que su fortuna familiar ascendía a 261 millones 875 mil 633 pesos entre mueblerías y ranchos sin mencionar ni hacer referencia a las cuentas citadas por The Wall Street Journal.

La nota cita la investigación en el sentido de que se realizaron una serie de operaciones en el Sistema Financiero Nacional y extranjero, con recursos que posiblemente tienen un origen ilícito y con un alto grado de probabilidad se operaron con la finalidad de ocultar su origen, localización, destino o propiedad?, también ha sido señalada la ausencia de explicación sobre la raíz de los fondos de Miguel Padrés, ni de sus actividades empresariales ni sus declaraciones juradas.

El Gobernador Padrés, ha negado categóricamente haber abierto cuentas bancarias a nombre de la firma holandesa y desconoció la investigación tratando de desacreditarla, achacándola a rivalidades políticas.

Sin embargo, los señalamientos hechos al Gobernador Padrés son graves y deben ser aclarados, más aún cuando se ha puesto en entredicho a la investigación, si el Gobernador sonorense cuenta con dinero que no debería o cuyo origen sea inexplicable, la tarea de la Secretaría de Hacienda es investigar y la de las instituciones, como esta Soberanía, es mantener ojos vigilantes en él.

Siendo necesario recordar que no es la primera vez que el Gobernador Padrés se ha visto envuelto en controversias, simplemente basta con evocar una represa en su rancho en el estado de Sonora, cuyos habitantes se encuentran a merced de las inclemencias del clima, situación que lo hizo acreedor a una multa y a que se le ordenara la destrucción de la represa, símbolo de su inestabilidad y voracidad.

Las acusaciones en contra del Gobernador Padrés son graves y deben ser aclaradas en aras de la consolidación de un servicio público transparente, eficaz y, sobre todo, benéfico para la población y no para privilegiar intereses particularmente en detrimento de la ciudadanía, es por lo anteriormente expuesto, que elevo a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria, a efecto de que informen a la opinión pública si se está realizando alguna investigación con relación a la probable asignación de contratos a cambio de sobornos en el estado de Sonora, en el que participarían el Gobernador Guillermo Padrés Elías y su hermano Miguel Padrés Elías.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2015.

Diputado Willy Ochoa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales a convocar a reuniones con el titular de la Profepa y con el encargado del Fideicomiso del Río Sonora para abordar el tema relativo a los derrames tóxicos acontecidos en ese estado, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la madrugada del 7 de marzo se reportó un nuevo derrame en Cananea, Sonora. En esta ocasión se advierte que la responsable fue Minera María, debido a una falla en el sistema de bombeo, provocando una contaminación de 180 metros cúbicos de solución gastada de cobre.

Según la Procuraduría de Medio Ambiente dicho derrame ha contaminado el arroyo El Tordillo, afectando una longitud de 1.6 kilómetros. Al intentar ejecutora las medidas de control, la empresa no pudo dar inicio a las actividades de neutralización de la solución derramada en el cauce del arroyo debido a un enfrentamiento con los locales.

El desastre ecológico, sucede a pocos kilómetros donde seis meses atrás aconteció el derrame de más de 40 millones de litros de lixiviados de cobre acidulado por una falla en la mina de Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, el cual fue considerado el peor desastre ambiental en la historia de la minería moderna.

Existe una gran preocupación de que este tipo de situaciones sigan sucediendo, por lo que se requiere de atención inmediata y apegada al marco jurídico aplicable por parte de las autoridades encargadas de vigilar y supervisar las medidas que deben adoptar las mineras para prevenir y atender dichos acontecimientos.

De tal suerte se busca evitar que se vulneren nuevamente los derechos humanos, especialmente a un ambiente sano, de los habitantes de la zona, como sucedió con el derrame ya referido, en río Sonora el 6 de agosto de 2014.

Por lo anteriormente descrito se presenta a esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Resolutivos

Primero. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Soberanía para que convoquen a una reunión de trabajo con el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de que informe sobre el seguimiento ante los casos de los derrames de soluciones contaminantes de cobre en los Ríos Sonora y Bacanuchi y recientemente, del arroyo El Tordillo, en el estado de Sonora.

Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Soberanía para que convoquen a una reunión de trabajo con el encargado del Fideicomiso de Río Sonora a fin de que informe sobre el estado que guarda la afectación causada por el derrame de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi, ocurridos el 6 de agosto de 2014 como consecuencia de las actividades de la minera Buenavista del Cobre.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP y sus homólogos estatales y del DF a implantar un programa especial de protección civil en el ciclo escolar 2015-2016 con motivo del 30 aniversario de los sismos de 1985, a cargo del diputado Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Samuel Gurrión Matías, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto el artículo 6, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La mañana del jueves 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México, capital y centro del país, se paralizó por completo, la fuerza de un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter, hizo que toda actividad se suspendiera, desatando psicosis, miedo, asombro, desesperación y caos. Hasta entonces, no había en el Distrito Federal un antecedente registrado de una catástrofe de tal magnitud.

El terremoto, de acuerdo a cifras oficiales, dejó 33 mil 224 personas damnificadas; poco más de 10 mil personas fallecieron a causa del fenómeno natural; además más 30 mil edificaciones resultaron destruidas y poco más de 6 mil quedaron con daños parciales.

El gobierno de Miguel de la Madrid, presidente de la República en aquel entonces, se vio rebasado por la magnitud del desastre, los cuerpos de emergencia, seguridad y salud, resultaron insuficientes e ineficaces para atender a las personas que necesitaban atención médica de urgencia, evitar actos delictivos y en consecuencia el restablecimiento del orden no fue posible a un corto plazo.

El problema que el gobierno federal debía enfrentar era de tal magnitud que gobiernos y organismos internacionales brindaron apoyo en tareas de búsqueda de personas, demolición y, en el caso, reparación de edificios, albergues para los damnificados, médicos para atender a heridos, e incluso con fondos para la reconstrucción de la ciudad.

Ante la parálisis gubernamental, la sociedad civil salió a las calles, se organizó y en un gesto inédito de solidaridad, comenzó a levantar escombros para buscar sobrevivientes, proveyó de alimento a muchos que lo necesitaban, colaboró en la reconstrucción de la ciudad, y sobre todo, demostró que la única forma de enfrentar este tipo de fenómenos naturales es por medio de la participación social.

A consecuencia de la tragedia del sismo de 1985, y ante la imposibilidad de pronosticar este tipo de fenómenos naturales, nació la necesidad de educar a la ciudadanía bajo una cultura de protección civil, encaminada a evitar grandes pérdidas humanas ante este tipo de acontecimientos. En este sentido, autoridades, organizaciones no gubernamentales y en general la sociedad civil, comenzaron a trabajar en protocolos para actuar durante y después de un sismo.

Desde 1985, en la Ciudad de México se ha trabajado para concientizar a la ciudadanía en cuanto a la importancia de su participación para contener la tragedia ante este tipo de eventos.

Desde entonces, no se ha vivido una catástrofe de tal magnitud, sin embargo, los expertos señalan, que debido a la posición geográfica en la que se encuentra la República mexicana, y en particular la zona sobre la cual ha sido edificado el Distrito Federal, las posibilidades de que un sismo de igual o mayor magnitud vuelva a sacudir a la capital del país son inminentes.

En este sentido, trabajar en la formación de personas bajo los principios de protección civil resulta ser una tarea de todas las autoridades, en particular, las que tienen a su cargo la formación básica en las escuelas públicas y privadas del Estado mexicano.

A casi 30 años de ocurrida la tragedia del sismo de 1985, es importante rescatar de la memoria colectiva lo ocurrido aquella mañana de jueves 19 de septiembre, con la finalidad de que las nuevas generaciones tengan presentes que salvar su vida, mantener su integridad y la de las personas que los rodean depende de actuar de la manera correcta ante este tipo de fenómenos naturales.

El sismo del 19 de septiembre de 1985, de acuerdo a cifras oficiales, dejó poco más de 10 mil personas muertas. Según los expertos, este número de muertes pudo haber sido mucho menor si hubiera existido una educación en protección civil entre la ciudadanía, que les permitiera saber cómo reaccionar ante eventos de esta índole.

Hoy en día, a casi 30 años de ocurridos los hechos, muchas experiencias se han ido diluyendo en la memoria de los testigos, los jóvenes que vivieron estos acontecimientos deben tener alrededor de 60 años o más de vida; los niños que nacieron en los años anteriores a la tragedia o aquellos que nacieron el año del sismo, es decir, aquellos que son hijos de quienes vivieron el sismo, en la actualidad tendrán alrededor de 30 años o poco más, esto probablemente les permite tener un lazo emocional con aquellos que sufrieron el dolor, la tragedia y la desolación que ocasionó el terremoto de 1985, y mantener en su memoria parte de la tragedia.

Durante 2014 ocurrieron 17 sismos registrados por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de los cuales cuatro fueron de intensidad considerable y tuvieron origen en las costas del estado de Oaxaca. El SSN en su estudio México: zona de alta sismicidad , publicó que existe un hueco en las capas tectónicas que van desde el sureste de Petatlán estado de Guerrero hasta muy cerca de Pinotepa Nacional, estado de Oaxaca, y de romperse este hueco de un solo movimiento telúrico puede tener una magnitud superior a 8 grados en escala de Richter1 .

Lamentablemente no hay una fecha, ni un lugar específico; se sabe que la costa del pacífico que comprende estados como Oaxaca y Guerrero son lugares de alta sismicidad por lo que estamos obligados a concientizar y educar a las nuevas generaciones de niños mexicanos en materia de protección civil para estar preparados ante cualquier tipo de catástrofe natural que pueda azotar a nuestro país.

Al día de hoy en las escuelas de educación básica, puede que observen lo ocurrido en aquel año como algo distante y lejano a su realidad y, en consecuencia, la seriedad y objetividad con la que asumen la educación en protección civil no sea la más adecuada.

Por lo tanto, es necesario reforzar la educación en materia de protección civil en todas las escuelas de educación básica y media superior, acercar su vida cotidiana a los hechos ocurridos, a fin de que logren vislumbrar lo que significa vivir una catástrofe de tal dimensiones, y con ello, generar una mayor conciencia acerca de la importancia de la participación en actos de protección civil de cómo se debe actuar durante y después de un sismo.

En este sentido, el presente punto de acuerdo tiene por objeto exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública (SEP), para que en coordinación con sus homologas estatales y del Distrito Federal, en el marco de los 30 años de los hechos ocurridos por el sismo de 1985, refuercen el trabajo de educación en protección civil, implementando un programa especial en todas las escuelas de nivel básico y medio superior.

Asimismo, tiene por objeto exhortar a la SEP a que organice, en coordinación con las autoridades del Distrito Federal, una convocatoria para recolectar relatos y narraciones de los testigos presenciales del sismo del 19 de septiembre de 1985, en los cuales, los relatores narren los sentimientos, experiencia y emociones de lo ocurrido, con el objeto de transmitirlo al lector y esto permita generar en él un estado de empatía y solidaridad y, en consecuencia, actúe cambiando las actitudes negativas que pongan en riesgo su integridad en los actos de simulacros de sismo, y de esta manera formar una mayor conciencia de la importancia de educarse en el ámbito de protección civil, de tal modo que aquellos que transmitan la importancia de que salvar la vida en un sismo depende de esto, sean difundidas entre las escuelas de nivel básico y medio superior del Distrito Federal.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que en coordinación con sus homologas estatales y del Distrito Federal, implementen un programa especial durante el ciclo escolar 2015-2016 conmemorativo de los 30 años de ocurrido el sismo de 1985 en la Ciudad de México, con el objeto de reforzar la educación en protección civil entre los estudiantes de educación básica y media superior.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con las autoridades del Distrito Federal, realicen una convocatoria abierta para recabar testimonios de los hechos ocurridos el 19 de septiembre de 1985, con el objeto de difundir un programa entre estudiantes de educación básica y media superior, aquellos que transmitan la importancia de educarse en materia de protección civil.

Notas

1. Disponible en:

http://www2.ssn.unam.mx:8080/website/jsp/ICyT/8612/singh .htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

Diputado Samuel Gurrión Matías (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNBV, la SHCP, el SAT, la PGR, la ASF y el Congreso de Chihuahua a iniciar en el ámbito de sus facultades y competencias una investigación sobre el manejo de recursos públicos federales y estatales por el gobernador de esa entidad, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV y 79 numeral 1 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes hechos y consideraciones:

1. El pasado martes 23 de septiembre, el abogado y luchador social en el estado de Chihuahua, Jaime García Chávez, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México y ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en contra del ciudadano César Horacio Duarte Jáquez, gobernador constitucional del estado de Chihuahua; Jaime Ramón Herrera Corral, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga y en contra de quien o quienes resulten responsables por presuntos hechos constitutivos de delito.

De esta denuncia derivada del abogado Jaime García Chávez, según consta, el gobernador del estado de Chihuahua adquirió 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso de Chihuahua, SA de CV, cuya creación fue autorizada el 21 de marzo de 2014 por la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que resulta de la fusión de Unión de Crédito Progreso SA, Akala, SA de CV, Sociedad Financiera Popular y Única Casa de Cambio, SA de CV.

Con la creación de esta institución de crédito, el gobernador de Chihuahua ha instrumentado el mecanismo por el cual ha logrado parte del enriquecimiento ilícito que deriva de la utilización de recursos económicos del erario del estado, en beneficio propio y de su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, así como del presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, y del secretario de Hacienda estatal, Jaime Ramón Herrera Corral.

Se sostiene que la participación accionaria del gobernador y su esposa en el Banco Progreso de Chihuahua se comprueba con la existencia del contrato de fideicomiso número 744743, de Administración e Inversión, formalizado ante el notario público número 6, en noviembre de 2012. En ese contrato, los fideicomitentes César Horacio Duarte Jáquez y su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, aportaron 65 millones de pesos con el objeto de que la Fiduciaria (Banco Mercantil del Norte, SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte), siguiendo sus instrucciones, realizara la adquisición de acciones del banco (Banco Progreso de Chihuahua, SA de CV); ahí manifestaron bajo protesta de decir verdad que los recursos aportados fueron de procedencia lícita y actividades propias de ellos.

Dicha operación financiera quedó oculta para las autoridades financieras del país, ya que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita entró en vigor nueve meses después de la transacción, por lo tanto el notario público ante quien se formalizó el fideicomiso no tenía la obligación de reportar o dar aviso a las autoridades. Sin embargo, sin que ello implique aplicación retroactiva de esa ley, las autoridades del sistema financiero que califican ese tipo de instituciones bancarias tienen las facultades suficientes para investigar y verificar el origen de los recursos de sus socios.

Por lo que respecta al patrimonio de César Duarte Jáquez, como se menciona en el escrito de denuncia, salvo prueba en contrario, no asciende a 65 millones de pesos, ya que se sabe que él fue vendedor de autos usados, dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina, diputado local, diputado federal en dos ocasiones y actualmente gobernador del estado. Los ingresos que como gobernador obtiene César Horacio Duarte Jáquez, según el portal de transparencia, son del orden de 120 mil 245 pesos mensuales; evidentemente que aun cuando se considerará que ese ha sido su salario desde el día en que asumió el cargo en el año 2010, y suponiendo que lo haya “ahorrado” íntegramente, de ninguna manera sumados todos los meses alcanzarían la cantidad mencionada, salvo que la aportación la hubiere realizado su esposa, la señora Bertha Olga Gómez Fong. Sin embargo, el contrato de fideicomiso referido, no contiene ninguna indicación en ese sentido.

Lo señalado anteriormente, se constituye en un indicio que hace suponer que la creación del Banco Progreso de Chihuahua se realizó con recursos económicos de procedencia ilícita, ya que los accionistas deben revelar la fuente de los recursos, agrupando por rubros generales los conceptos de procedencia (recursos patrimoniales propios, capitalización de cuentas de aportación para futuros aumentos de capital, resultados de operación, entre otros), y los ingresos del gobernador no justifican ni son suficientes para realizar la inversión de 65 millones de pesos.

En fecha 1 de octubre de 2013, el secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua, Jaime Ramón Herrera Corral, por instrucciones del gobernador del estado, invirtió en Unión de Crédito Progreso la cantidad de 802 millones de pesos, a una tasa anual de 3.95 por ciento, respecto de la cual se desconoce si fue reintegrado al gobierno del estado a su vencimiento. Lo que debemos destacar de esa operación financiera es que con esos recursos se adquirió un crédito que Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, SA de CV, tenía contra el deudor de la persona moral propietaria del hotel Soberano, que por virtud de esa operación pasó a formar parte de la Unión de Crédito Progreso, que ahora integra el nuevo Banco Progreso de Chihuahua, cuestión que deja en evidencia un beneficio económico obtenido por el gobernador al ser socio de éste.

2. De igual forma, el pasado 29 de septiembre, los diputados federales Rocío Esmeralda Reza Gallegos y Carlos Fernando Angulo Parra, presentaron ante el Ministerio Público federal cuyo expediente tiene número 0352014 y se encuentra en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra administración de justicia denuncia de hechos en contra del ciudadano César Horacio Duarte Jáquez, gobernador constitucional del estado de Chihuahua; del ciudadano Jaime Ramón Herrera Corral, secretario de Hacienda del estado y quien o quienes resulten responsables de los de hechos que presumiblemente constituyen delitos en términos de la legislación federal y que se detalla a continuación:

El estado de Chihuahua es hoy el caso emblemático de México en materia de sobreendeudamiento, ya que durante cuatro años de gestión del gobernador César Horacio Duarte Jáquez, la deuda en la entidad prácticamente se triplico, al pasar de 13 mil 261.3 millones de pesos en octubre de 2010, a 41 mil 603.7 millones de pesos en diciembre de 2013, de acuerdo a cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El monto es preocupante ya que la deuda del estado de Chihuahua se incrementó en tan solo tres años, hasta en 28 mil 342.4 millones de pesos, representando un incremento de 120 por ciento en relación con la administración anterior.

Analistas de destacadas organizaciones e institutos, como el Instituto Mexicano para la Competitividad, han calificado como preocupante que la deuda en Chihuahua haya crecido a una tasa anual de casi 10 por ciento, cuando la economía mexicana apenas ha avanzado 2.47 por ciento este año. Esto quiere decir que la deuda crece cinco veces más rápido que el producto interno bruto (PIB). Paso de representar 0.7 por ciento del PIB estatal en 2001 a 4.9 por ciento en 2012, colocándose como uno de los estados que más incrementó su nivel de endeudamiento.

El fideicomiso carretero, asciende, según el secretario de Hacienda estatal, Herrera Corral, a 15 mil 157 millones de pesos. Prácticamente todo este monto se contrató en la administración de Duarte: 14 mil 783 millones de pesos tan sólo en 2013. De esa cantidad, alrededor de 5 mil millones se utilizaron en amortizar una deuda de bonos anteriores. Pero quedaron más de 10 mil millones en donde no existe documentación en la que conste y se justifique el gasto de tal cantidad de dinero.

Lo que es importante aquí, y que no se ha aclarado, es saber a dónde se fueron esos miles de millones de pesos de los bonos carreteros. ¿A obra y a inversión pública, como señala la ley?, lo cual no es creíble ni posible, pues según los propios informes del gobierno del estado de Chihuahua, las cifras de inversión y obra pública son menores a los financiamientos.

En 2011 el gobierno del estado destinó 3 mil 924 millones de pesos a inversión y obra pública y tuvo un financiamiento de 5 mil 473 millones; en 2012, la inversión y la obra pública se llevaron 6 mil 473 millones de pesos, pero hubo un financiamiento de 6 mil 804 millones; y en 2013, la diferencia fue descomunal, pues en inversión y obra pública se aplicaron 7 mil 315 millones y, sin embargo, el financiamiento fue de 12 mil 420 millones de pesos.

En los tres años pasados, el gobierno del estado de Chihuahua invirtió e hizo obra pública por 17 mil 772 millones de pesos, pero recibió financiamientos por 24 mil 697 millones de pesos, por lo que esta representación deberá establecer una línea de investigación respecto de los 6 mil 925 millones de pesos de los que no existe justificación, causa o registro de que existan o se hayan utilizado para el gasto público.

Es por ello que el gobernador César Duarte Jáquez, en el caso que de las investigaciones que se realicen resulte su responsabilidad, tendría que responder a la justicia federal por los hechos secuenciales de contratar deuda, a través del ofrecimiento de las participaciones federales como fuente de pago, y en el caso de los bonos carreteros, como garantía de su pago, para que luego de obtener esos recursos, no haberlos dedicado a los propósitos para los cuáles se contrataron los créditos bancarios y la emisión de los bonos de deuda del estado de Chihuahua, para luego ser colocados en la bolsa, para obtener los recursos del gran público inversionista, y esos recursos no haberlos aplicado en su integridad a la construcción de la infraestructura carretera del estado de Chihuahua.

Los recursos que no fueron destinados al fin específico para el cual se contrataron, se presume, al no ser exhibida prueba en contrario, que fueron dilapidados en gastos no autorizados, en perjuicio del erario de la Hacienda Pública de Chihuahua, y de la federación, en virtud de que las participaciones federales son su fuente de pago y garantía, en su caso.

De conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente u obvia resolución:

Primero . Se exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México para que en ejercicio de sus atribuciones realicen las investigaciones pertinentes relativas a las denuncias presentadas por el ciudadano Jaime García Chávez y los diputados federales Rocío Esmeralda Reza Gallegos y Carlos Fernando Angulo Parra, respecto de las irregularidades y hechos presuntamente constitutivos de delito, en contra de los ciudadanos César Horacio Duarte Jáquez, gobernador constitucional del estado de Chihuahua; Jaime Ramón Herrera Corral, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, en referencia a las inversiones y constitución del Banco Progreso Chihuahua SA, institución de banca múltiple.

Aunado a lo anterior, en caso de encontrar las irregularidades una vez terminadas las investigaciones, se solicita asimismo procedan en el ámbito de sus atribuciones y se finquen las responsabilidades en contra de quien o quienes resulten responsables conforme a las disposiciones legales que en materia de responsabilidad administrativa, política, civil y penal que le son aplicables, toda vez que una fuente del recurso es el presupuesto federal.

Segundo . En su caso, se ejercite la acción penal de inmediato y, se proceda al trámite que establece el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al ciudadano gobernador del estado de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez.

Tercero. Exhortar al Instituto Nacional Electoral que debido a la gravedad de las denuncias interpuestas descritas en este punto de acuerdo en contra Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, valore la legalidad de aceptar su registro como candidato a diputado federal por el Distrito 9 de Chihuahua.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

Diputados: Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Francisco Alfonso Durazo Montaño, Ricardo Mejía Berdeja, Zuleyma Huidobro González, Rodrigo Chávez Contreras, Gerardo Villanueva Albarrán, Luisa María Alcalde Luján, Merilyn Gómez Pozos, José Antonio Hurtado Gallegos, Martha Beatriz Córdova Bernal, José Alfredo Botello Montes, Martha L. Govea, Alberto Díaz Trujillo, Sergio Chan Lugo, Aurora Aguilar Rodríguez, Mario Dávila Delgado, Juan Carlos Uribe Padilla, María Guadalupe Mondragón, María Concepción Ramírez, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Juan Jesús Aquino Calvo, Carlos Bernardo Guzmán Cervantes, Marcos Aguilar Vega, Juan Bueno Torio, Leonor Romero Sevilla, Isaías Cortés Berumen, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Jesús Oviedo Herrera, María Isabel Ortiz Mantilla, Martín Heredia Lizama, Elizabeth Vargas Martínez del Campo, José Luis Oliveros Usabiaga, Margarita Saldaña Hernández, Enrique Alejandro Flores, J. Guillermo Anaya Llamas, Gabriel Cárdenas Guízar, Andrés de la Rosa Anaya, Glafiro Salinas Mendiola, José González Morfín, Rafael Acosta Croda, Felipe de Jesús Almaguer Torres, Gerardo Peña Avilés, Mario Sánchez Ruiz, Genaro Carreño Muro, María Celia Uriel Castañeda, Blanca Jiménez Castillo, José Arturo Salinas Garza, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Juan Pablo Adame, Raudel López López, Leticia López Landero, Leslie Pantoja Hernández, Fernando Rodríguez Doval, Adriana González Carrillo, Juan Francisco Casares de la Fuente, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, Raquel Jiménez Cerrillo, Beatriz Zavala Peniche, Érick Marte Rivera, Karina Labastida Sotelo, Alfredo Rivadeneyra Hernández, Juan Carlos Muñoz Márquez, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Víctor Rafael González Manríquez, Simón Lomelí Cervantes, Carmen Lucía Pérez, José Isabel Trejo Pérez, Heberto Neblina Vega, Heidy Guadalupe Estrada Martínez, José Luis Contreras Rojas, Patricia Lugo Barriga, Yatzia Mendoza Jiménez, Jorge Alfredo Pérez Covarrubias.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco a publicar en su sitio oficial la información de las sanciones aplicadas a permisionarios de estaciones de servicio por la venta incompleta de combustible, gasolina o diésel y gas LP, a cargo del diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Mario Alejandro Cuevas Mena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a crear un espacio en su sitio oficial con los resultados de las visitas de verificación realizadas a los permisionarios de estaciones de servicio, que incluya las sanciones por la venta incompleta de combustible, gasolina o diésel y gas LP, con base en las siguientes

Consideraciones

En México, además de la privatización de los hidrocarburos, nos enfrentamos cotidianamente a la estafa que cometen las gasolineras del país, así como las estaciones que suministran gas licuado de petróleo.

Como ejemplo claro de esto, una de cada tres gasolineras roba a los automovilistas, vende litros de combustible incompletos, los cobra como si lo fueran y las estaciones de gas licuado de petróleo entregan cantidades inferiores a las que registran sus instrumentos de medición.

Como consecuencia de lo anterior, la colegisladora publicó de primera lectura el pasado martes 10 de marzo el dictamen que aprobado en las Comisiones Unidas de Justicia, de Seguridad Pública, y de Estudios Legislativos un dictamen por el que se expide la Ley para prevenir y sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, reformando diversos artículos del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Si bien la normativa descrita pretende endurecer la punibilidad respecto a la comisión de este delito, hay opacidad en los resultados de las verificaciones que se han realizado hasta el momento; razón por la cual, es necesario trasparentar la información y contar con los antecedentes que faciliten no sólo la aplicación de dicha normatividad y las sanciones a que se refiere, sino hacer efectivo el derecho a la información que tienen los consumidores de gasolina, diésel o gas LP, para conocer y tener orientación sobre los sitios donde se dan estas estafas.

El delito más recurrente es la alteración en las bombas de gasolina y los instrumentos de medición de las estaciones de gas LP, con el propósito de despachar menos combustible del que compran los automovilistas. Por ello, la información debe ser pública y detallada con relación al tipo de sanción aplicada, pues la mayor parte del tiempo la conducta se repite y las estaciones de servicio continúan burlando la ley, y en tal sentido se requiere prevenir al consumidor de manera oportuna.

De acuerdo con los datos de la Profeco en 2013, 36 por ciento de las 2 mil 359 gasolineras que verificó presentó esta alteración, además de haber detectado otras violaciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y la NOM-005-SCFI-2005; pero a la fecha no se tiene conocimiento de las sanciones aplicadas a las gasolineras que detectaron, en cuántas ocasiones han reincidido y cómo se les ha permitido seguir operando.

Actualmente, la Profeco está obligada a iniciar un procedimiento por infracciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y cuando confirma que un proveedor incumplió, lo debe sancionar con multas, clausuras o inmovilización; sin embargo, no se conoce el tipo de sanción aplicada, lo cual serviría para prevenir a los consumidores, por lo que es imprescindible que el sitio oficial de la dependencia haga pública esta información.

Ahora bien, por tratarse de un delito de conformidad con la legislación aprobada por la colegisladora, es evidente que debe intervenir el Ministerio Público Federal para acreditar los elementos del tipo penal que corresponden. Así, la Cámara de Diputados debe exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor a colaborar con la información detallada de las verificaciones que ha realizado, haciendo del conocimiento público en su sitio oficial el resultado de dichas verificaciones y la sanción aplicada a cada caso en concreto.

El de las gasolineras fue uno de los temas importantes de la reforma energética que ahora contempla la apertura de este sector a la inversión extranjera. En la actualidad, el mercado de venta de gasolina en el país está abierto a la inversión privada, pero había sido controlado siempre por Pemex, con la que ya se presentaban todos estos hechos constitutivos de delito. Ahora, la privatizadora reforma energética, abrirá este sector a la competencia y a las grandes empresas estadounidenses como Exxon, Texaco, Chevron, Mobil y Shell, que podrán tener unidades de negocio en todo el territorio, por lo que si esto no se sanciona a tiempo, los mexicanos seguiremos siendo robados por partida doble.

Concretamente, el artículo 7, fracciones V y VI, de la Ley para prevenir y sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos, ha sido específico y prevé la sanción que se aplicará a quienes realicen este ilícito, lo cual en términos de trasparencia es motivo suficiente para que esta dependencia se obligue a la publicidad de la información que se requiere en la presente proposición con punto de acuerdo.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Federal del Consumidor a publicar en su sitio oficial información relacionada con las sanciones a permisionarios de estaciones de servicio por la venta incompleta de combustible, gasolina o diésel, y gas LP.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

Diputado Mario Alejandro Cuevas Mena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a seguir desempeñando un papel activo en la lucha contra el racismo y adoptar medidas concretas para promover la solidaridad, la tolerancia y el respeto en la sociedad, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Enrique Aubry de Castro Palomino, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El racismo es una forma de discriminación en virtud de la cual algunas razas se consideran más valiosas que otras.

Los hechos históricos nos han demostrado que cuando se permite que el racismo, la xenofobia o la intolerancia echen raíces en las sociedades destruyen sus fundamentos, dañándolas durante generaciones.

Lograr la transición hacia un mundo en el cual no exista el racismo no es tarea sencilla, ya que requiere voluntad política y un sólido compromiso de largo plazo.

Debido a la magnitud de la tarea a enfrentar, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

A la par de lo anterior, es importante señalar que desde su creación, la Organización de la Naciones Unidas ha elaborado una serie de instrumentos internacionales encaminados a combatir la discriminación racial y la violencia étnica, entre ellos destacan la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Declaración y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas la formas de Discriminación Racial; así como la Convención Internacional para la Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid.

Pero de entre todos los tratados antes mencionados, destaca la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual menciona en su artículo primero que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Se ha comprobado que toda doctrina de superioridad racial es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa por lo cual debe rechazarse junto con cualquier otra teoría que pretenda sobreponer a una raza por encima de otra.

A pesar de lo anterior, en la actualidad observamos con preocupación que en pleno siglo XXI el fenómeno del racismo está tomando un segundo aire, especialmente gracias al impulso dado por el nacionalismo y los extremismos cuyas manifestaciones tienen lugar en algunos países de Europa y la región de medio oriente.

En este sentido, se reconoce que la xenofobia en contra de los no nacionales, en particular los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo, constituye una de las principales fuentes del racismo contemporáneo.

Una muestra de lo anterior son los hechos suscitados el pasado mes de febrero cuando tres ciudadanos mexicanos perdieron la vida a manos de policías estadounidenses, con lo cual suman ya 76 connacionales asesinados por miembros de las fuerzas del orden en Estados Unidos desde el año 2006.

Otro caso que alerta sobre el preocupante crecimiento que está teniendo el racismo en el mundo, es el europeo, donde en los últimos años han surgido grupos y partidos políticos xenófobos, como la agrupación política alemana Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente (PEGIDA, por sus siglas en alemán), la cual culpa a los inmigrantes africanos y árabes de la crisis económica que azota al continente, el desempleo, la corrupción de los valores cristianos y la pérdida de la identidad.

Eventos como el ataque a la revista satírica francesa Charlie Hebdo vienen a complicar la situación en la cual viven las personas de raza árabe y que profesan el Islam, desatando una serie de protestas en contra suya.

Ni la nación más poderosa del mundo se salva de este fenómeno, los eventos acontecidos en la localidad de Ferguson como respuesta por la muerte de un ciudadano afroamericano a manos de las fuerzas del orden hicieron recordar que el problema racial sigue latente en Estados Unidos.

Sólo por citar un ejemplo de los efectos de la discriminación racial en aquel país, basta con saber que el nivel actual de desempleo entre las personas de origen afroamericano es el doble que el de los blancos. A lo anterior se suman cifras como las siguientes: el nivel de ingresos de los afroamericanos es cada vez más bajo y tienen cinco veces más probabilidades de ingresar a prisión que el resto de los ciudadanos estadounidenses.

Es también alarmante que en algunos Estados las estructuras o instituciones políticas y jurídicas no concuerden con la realidad multiétnica y plurilingüe de la población, lo cual constituye un factor importante de discriminación y exclusión de los miembros de pueblos indígenas.

Por desgracia, en nuestro país, tanto a indígenas como a otros grupos étnicos se les ha prejuiciado históricamente por su apariencia física, lenguaje, cultura y tradiciones; este trato desigual los ha expuesto a una exclusión sistemática, la cual los deja a merced de la pobreza y evita que tengan acceso a servicios públicos básicos.

En el Partido Verde reconocemos que en un régimen democrático en el cual el Estado se encuentra obligado a velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos de su población no puede tener lugar la práctica de la discriminación en cualquiera de sus formas, por lo cual resulta esencial poner en marcha acciones encaminadas a la prevención y eliminación de la misma.

De igual manera manifestamos nuestra convicción de que el diálogo entre las naciones representa un proceso para lograr la identificación y la promoción de bases comunes que acerquen a los pueblos, a través del cual es posible facilitar la reconciliación y construir un mundo en paz y armonía para heredar a las generaciones futuras.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades de los tres niveles de gobierno a seguir desempeñando un papel activo en la lucha contra el racismo y adoptar medidas concretas para promover la solidaridad, la tolerancia y el respeto en nuestra sociedad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de incrementar tanto las campañas de prevención y concienciación como las vacunas contra el virus del papiloma humano y el cáncer cervicouterino, a cargo del diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Danner González Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Hace unos días, el 4 de febrero, conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Esta enfermedad afecta cualquier parte del cuerpo humano, su característica es la rápida multiplicación de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir lugares cercanos o propagarse a otros órganos, proceso que se conoce como metástasis, que a la postre origina la muerte.1

A escala mundial, este padecimiento es responsable de un número importante de muertes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que en 2008, fallecieron 7.6 millones de personas, aproximadamente 13 por ciento de los fallecimientos, y estima que para 2030, aumentará a 13.1 millones. En la región de las Américas fallecieron 1.2 millones de personas en 2008 por cáncer; afectando a los hombres principalmente en la próstata, pulmón, colonorrectal y estómago; y las mujeres en mama, pulmón, colonorrectal y cervicouterino.2

En México, de acuerdo con la Unión Internacional contra el Cáncer, esta enfermedad es la tercera causa de muerte; la Secretaría de Salud estima que cada año se detectan 128 mil casos nuevos.3

Los programas contra el cáncer para la mujer en el país están dirigidos principalmente a la prevención, la detección y el tratamiento del cáncer de mama y cervicouterino. Para el primer caso, se cuenta con 572 mastógrafos con una capacidad potencial de 2 millones 172 mil 500 mastografías al año, además, se han puesto en marcha unidades móviles para la detección a mujeres en localidades que carecen del servicio y se emplea la estrategia de telemastografía, con la cual se apoya la interpretación de estudios en unidades remotas que carecen de radiólogo. Para el cáncer cervicouterino, el sector salud ofrece dos pruebas de tamizaje para la detección temprana; el Papanicolaou –dirigido a mujeres de 25 a 34 años de edad– y la prueba del papiloma –para la de 35 a 64.4

En 2008 se inició la vacunación contra la infección por virus del papiloma humano de alto riesgo. En 2011 se planteó la vacunación a todas las niñas de 9 años de edad y en 2012 fue anunciada la vacunación universal contra el virus del papiloma humano en las de quinto año de primaria.5

En 2012 se aplicaron 1.2 millones de dosis de la vacuna para prevenir el cáncer cervicouterino; las segundas dosis, fueron aplicadas de abril a mayo de 2013, que ascendieron a 1.2 millones de dosis nuevamente.6

Aunque desde la década de 1970 se descubrió que el virus del papiloma humano es agente causal del cáncer cervicouterino, hasta esta centuria no se obtuvo una vacuna, en mucho porque este virus pertenece a una familia muy grande, en la que se han caracterizado más de 100 miembros.7

Para atacar este virus hay dos vacunas, aunque sólo protegen contra cuatro tipos de virus, dos de los cuales provocan cáncer, por lo que los ginecólogos tienen la obligación de mencionar esto a sus pacientes y que ellas estén conscientes de que están protegidas parcialmente.8

Ante el hecho de que las vacunas sólo protegen de manera parcial, los métodos como el Papanicolaou y la colposcopia son vigentes y necesarios. Otra ventaja en la lucha contra el cáncer cervicouterino es que la lentitud que tiene el virus en transformar una célula debe ser aprovechada para prevenir, para detectarlo a tiempo y eliminarlo; para que se produzca un tumor pueden transcurrir hasta dos décadas, en ese lapso es factible hacer prevención del cáncer.9

En general, reza un dicho popular que “más vale prevenir que lamentar”. Más de 30 por ciento de las muertes por cáncer podrían evitarse modificando o evitando los principales factores de riesgo con medidas como evitar el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas, evitar la obesidad, incluir en nuestra dieta diaria frutas y verduras, realizar actividad física frecuente y, para el caso que nos ocupa, prevenir las infecciones por virus del papiloma humano en mujeres mediante la vacunación contra esta enfermedad.

Por ello es necesario realizar un exhorto al sector salud para que implemente más y mejores campañas de prevención del cáncer cervicouterino, por un lado, y por el otro, hacer un exhorto al Ejecutivo federal para que incremente el número de vacunas contra el virus del papiloma humano, a fin de que llegue a un número mayor de mujeres.

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta asamblea los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al sector salud a poner en marcha más y mejores campañas de prevención y concienciación entre la población, prioritariamente entre las mujeres, sobre el virus del papiloma humano y el cáncer cervicouterino.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a incrementar la cantidad de vacunas contra el virus del papiloma humano en los centros de salud y poner en marcha campañas móviles de vacunación contra este virus en las zonas más marginadas del país.

Notas

1 “4 de febrero de 2013. Día Mundial contra el Cáncer”, Secretaría de Salud, 4 de febrero de 2013. Disponible en http://www.spps.gob.mx/noticias/1416-dia-mundial-contral-cancer.html [Última consulta: 28 de enero de 2015.]

2 “Estadísticas a propósito de... Día Mundial contra el Cáncer (4 de febrero)”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Aguascalientes, 31 de enero de 2014, página 1. Disponible en http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/esta disticas/2014/cancer0.pdf [Última consulta: 28 de enero de 2015.]

3 Ídem.

4 “4 de febrero de 2013. Día Mundial contra el Cáncer”, obra citada.

5 Ídem.

6 Proposición con punto de acuerdo, Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria número 3625-III, 16 de octubre de 2012. Disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2012/oct/2012 1016-III/Proposicion-8.html [Última consulta: 4 de marzo de 2015.]

7 “Vacuna contra virus de papiloma humano protege parcialmente”, en Quadratin, 9 de diciembre de 2014. Disponible en http://www.quadratin.com.mx/sucesos/Vacuna-contra-Virus-de-Papiloma-Hum ano-protege-parcialmente/ [Última consulta: 28 de enero de 2015.]

8 Ídem.

9 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

Diputado Danner González Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a realizar por el SAT un censo para identificar los vehículos ilegales de procedencia extranjera que circulan en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas; y establecer un plan a fin de regularizarlos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la zona fronteriza, en la década de los años 80, fue muy popular entre los habitantes de los estados fronterizos adquirir vehículos usados de procedencia extranjera en relativamente buenas condiciones, debido a que el desembolso requerido era considerablemente inferior a la alternativa de comparar un vehículo usado hecho en el país.

De 1978 al año 2012 hubo un total de 19 medidas de regularización de vehículos ilegales de procedencia extranjera. De ellas, destaca que los primeros acuerdos únicamente permitían la regularización para los propietarios avecinados en las zonas fronterizas. Con el paso del tiempo se fue ampliando el beneficio a los campesinos al permitir la regularización de vehículos destinados a actividades agropecuarias y forestales como pickups y camiones tipo estacas, hasta llegar a la ley expedida de 2001.

En este ordenamiento se definía a los propietarios de vehículos usados de procedencia extranjera, como las personas que acrediten la titularidad de un vehículo de procedencia extranjera de los modelos de 1970 y 1993, internados al país antes del 31 de octubre de 2000.

A partir de esta regulación y de la del 2005, se autorizo el proceso de legalización de los vehículos usados de procedencia extranjera con más de 10 años de antigüedad. Esta medida represento un beneficio para muchas familias mexicanas, que mediante la adquisición de este tipo de vehículo podría adquirir parte de sus instrumentos de trabajo o bienes familiares a precios más bajos.

Según Consultora Melgar de México, el parque vehicular mexicano está compuesto por tres tipos de vehículos: legales, regularizados e ilegales.

Aproximadamente el parque vehicular de México es de 15,888,882 millones de unidades; de ellos 9.65 millones son automóviles, 5.59 millones son camiones ligeros, 0.44 millones son camiones pesados, 0.16 millones son tracto camiones y 0.04 son autobuses integrales.

En México, no se cuenta con un registro adecuado sobre los vehículos que circulan de manera ilegal en el país, por lo que las autoridades gubernamentales no disponen de información, al respecto, algunas organizaciones manejan un estimado aproximado sobre el número de de autos que conocen coloquialmente como “autos chocolate”.

En 2011-2012 se contaba con un registro de –aproximadamente– 6 millones de estas unidades. El 95 por ciento de estos vehículos provienen de Estados Unidos de América, mientras que el resto de países como Centroamérica y Sudamérica.

El total que maneja la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz es de 5.44 millones de unidades. Lo mismo hay automóviles que camiones ligeros, camiones pesados, tractocamiones y autobuses.

Las estimaciones sobre el número y tasa de crecimiento de autos de origen extranjero que circulan en la república indican que si bien en 1992 eran entre 600 mil y 700 mil autos, para el año 2001 se incrementaron hasta alcanzar 2.5 millones de vehículos con ese perfil.

Las 5.44 millones de unidades, hasta el año pasado, se dividían de la siguiente manera:

• 2.33 millones corresponden a automóviles;

• 2.89 millones son camiones ligeros;

• 0.11 millones son camiones pesados; 0.11 millones son tracto camiones; y

• 3 mil 959 unidades son autobuses integrales.

En diversas localidades del país, y notoriamente en la región fronteriza del norte, circulan miles de vehículos de procedencia extranjera de manera ilegal; no tienen placas nacionales ni tarjeta de circulación, y mucho menos se conoce el nombre de su propietario.

Las entidades de la zona fronteriza del norte han sido las entidades donde se concentra la mayor parte de vehículos extranjeros ilegales.

Uno de los graves problemas es que se fomenta la corrupción en los cuerpos policiacos a nivel federal, estatal y municipal, así como en las autoridades aduaneras, ya que los propietarios de estos vehículos, ante la posibilidad de que sea embargados o retenidos, es común que ofrezcan dadivas o sobornos para mantener su posesión.

Así como en materia de seguridad, ya que estos vehículos al no estar legalmente en el país carecen de placas y registro vehicular, por lo que se desconoce a su propietario, y pueden ser utilizados para cometer delitos que afectan a la población con lo que se extienden los niveles de inseguridad pública.

Por lo que es urgente se efectúe un censo por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para identificar los vehículos ilegales de procedencia extranjera que circulan en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, y Tamaulipas, asimismo se implemente Plan de Regularización de estos vehículos.

Por lo expuesto, se somete a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través del Servicio de Administración Tributaria, se realice un censo para identificar los vehículos ilegales de procedencia extranjera que circulan en los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, e implemente un plan para regularizar dichos vehículos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a difundir la información sobre la conveniencia de implantar un esquema de vales de medicamentos, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, María Sanjuana Cerda Franco, diputada federal y coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción XVIII; 6o., fracción I; 62, numerales 2 y 3, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El derecho a la salud de las y los mexicanos se encuentra consagrado en nuestro artículo 4º Constitucional, señalando con toda claridad que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y para ejercer este derecho, se establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 73 constitucional.

El ejercicio de este derecho fundamental está garantizado por un muy amplio Sistema Nacional de Salud y es de reconocer las estrategias y acciones emprendidas por las autoridades gubernamentales y sanitarias a fin de su acceso sea efectivo, oportuno y de calidad, aplicando criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad y adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social.

En el mismo sentido, valoramos el interés de que las y los mexicanos, durante su proceso terapéutico, cuenten con los medicamentos necesarios para su recuperación, en cantidad suficiente, con el abasto oportuno y costos accesibles para toda la población que los requiera, de ser el caso.

También es de reconocer que el tema de abasto de medicamentos en las instituciones del sector público se encuentre entre las prioridades de la agenda gubernamental.

En el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, se reconoce la necesidad de atender las deficiencias que se presentan el sector salud, particularmente en las instituciones de servicio público.

En éstas, “si se toma como criterio el surtimiento completo de la receta se observa que hay deficiencias que alcanzan el 35.6 por ciento en el año 2012. Los problemas de surtimiento, sin embargo, se presentan en paralelo con casos de sobre prescripción. Esta situación alerta sobre la necesidad de llevar a cabo acciones para mejorar el abasto de medicamentos y al mismo tiempo para fomentar el uso racional de los mismos”. 1

Como se observa en la gráfica anterior, extraída del programa sectorial antes citado, resulta relevante observar que en el lapso de una administración solo se pudo elevar 1.4 por ciento el abasto completo de medicamentos en los servicios del Seguro Popular, pero más alarmante resulta la caída en el surtimiento completo de recetas en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) del orden de 16.6 por ciento en tan solo seis años.

Tal situación generó la definición y establecimiento de estrategias muy puntuales para atenderla y mejorar los indicadores relacionados, que en última instancia, resulta en la mejora de la salud de miles de mexicanas y mexicanos que demandan estos servicios.

Así, en el programa sectorial podemos observar varias estrategias y acciones gubernamentales en el programa sectorial de salud, de las que resalto las estimadas para los fines del presente punto de acuerdo, como las siguientes:

“...

Estrategia 2.6. Garantizar el acceso a medicamentos e insumos para la salud de calidad.

Líneas de acción:

2.6.1. Fortalecer la cadena de suministro de medicamentos e insumos en las instituciones públicas de salud.

2.6.2. Incrementar el abasto de medicamentos y biológicos de acuerdo a las necesidades locales.

2.6.3. Implementar programas de distribución de medicamentos que alineen los incentivos de las instituciones de todos los participantes.

2.6.4. Fomentar el uso racional de la prescripción de medicamentos.

...

Estrategia 2.7. Instrumentar la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.

Líneas de acción:

...

2.7.5. Asegurar el abasto oportuno y completo de medicamentos e insumos.

...

Estrategia 5.5. Fomentar un gasto eficiente en medicamentos e insumos.

Líneas de acción:

5.5.1. Impulsar la liberación de genéricos para disminuir el gasto en salud.

5.5.2. Impulsar la compra consolidada de medicamentos e insumos entre las instituciones del sector público.

5.5.3. Fomentar la compra coordinada de medicamentos e insumos entre la federación y las entidades federativas.

5.5.4. Consolidar el proceso de negociación de precios de medicamentos e insumos con patente vigente y de fuente única.

5.5.5. Vigilar la eficiencia en el gasto asignado a la compra de medicamentos e insumos para la salud.

5.5.6. Aplicar esquemas novedosos de compra y abasto de medicamentos para asegurar su surtimiento.

...”.2

En concordancia con estas estrategias y acciones, el Gobierno Federal fortaleció la estrategia iniciada desde el año 2008 de compras consolidadas de medicamentos y suministros médicos, con el objetivo de mejorar sus procesos de adquisición y generar sustanciales ahorros en beneficio de los derechohabientes y beneficiarios del sector salud.

Así, podemos observar en el segundo Informe de Labores del sector salud (2013-2014) que “por sexto año consecutivo, la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud negoció el precio de 207 medicamentos aplicables a 2014, lo que generó un ahorro estimado en 703 millones de pesos para las instituciones”.3

Asimismo, en cuanto a los resultados de las compras consolidadas de medicamentos, en esta ocasión coordinada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la que participaron dicha institución, el ISSSTE, Pemex y las Secretarías de Defensa y de Marina, así como cinco entidades federativas, a nivel sectorial se generó un ahorro estimado de 3 mil 700 millones de pesos, erogando 43 mil millones de pesos,4 situación que debe reconocerse, si consideramos que en los 5 anteriores años, el gasto promedio ascendía a los 70 mil millones de pesos anuales.

Si bien estas acciones están plenamente alineadas a las estrategias y líneas de acción definidas para el sector Salud, de las cuales, como Grupo Parlamentario, Nueva Alianza ha requerido con su debida oportunidad, que se mejore la supervisión y vigilancia de la cadena de abasto, pues de lo contrario, el ahorro que obtenga el gobierno no será más que el gasto que realicen las familias, vía la compra de medicamentos.

Sin embargo, el día 16 de febrero del año en curso, las y los mexicanos nos enteramos que para dar atención a una apremiante problemática, las instituciones del sector Salud IMSS e ISSSTE establecerían, a partir del 15 de marzo en el Distrito Federal y progresivamente extensible a las principales ciudades del país, una estrategia de canje de vales de medicinas para sus derechohabientes de la siguiente manera:

“...

• En el caso del IMSS:

Cuando un medicamento no esté disponible en la farmacia de la Unidad de Medicina Familiar que le corresponde al derechohabiente, su receta será activada como vale autorizado que podrá canjear, el mismo día, por sus medicinas en cualquiera de las 60 farmacias de las Unidades de Medicina Familiar en el Distrito Federal o en el Centro de Canje de Medicamentos que el IMSS habilitó especialmente para este programa.

• En el caso del ISSSTE:

Cuando un medicamento del cuadro básico no esté disponible en una farmacia del ISSSTE, se entregará al derechohabiente un vale por la medicina que no pudo recibir. El vale podrá hacerse efectivo el mismo día en uno de los centros de canje del propio instituto, los cuales funcionarán los siete días de la semana.

...”.5

De lo anterior, se desprenden algunas interrogantes para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, particularmente en la medida en las acciones de estas instituciones sirvan para garantizar un acceso efectivo a medicamentos de calidad para sus derechohabientes, aspecto que se supone, estaba contemplado en la estrategia de compra consolidada de medicamentos.

Se había anunciado que el proceso de compra consolidada de medicamentos del año 2014, en la que deberían de haber participado todas las entidades del país, conforme a lo establecido en la última reforma a la Ley General de Salud y los lineamientos para la adquisición de fármacos y no solo cinco entidades como sucedió, sería uno de los más ambiciosos en su alcance y con mayor ejercicio de recursos en la historia del Sistema de Protección Social en Salud.

No obstante ello, el programa de vales de medicina recientemente anunciado hace suponer una falla anticipada de la estrategia gubernamental de mayor envergadura en su alcance y propósitos, lo que significa que no estará garantizado el abasto de medicamentos in situ para más de 91.5 millones de mexicanos,6 bajo criterios de calidad, eficiencia, eficacia, suficiencia y oportunidad, tal como lo marca la Ley General de Salud.

Transparentar la toma de decisiones es un imperativo que distingue a las empresas e instituciones públicas, así como a las naciones comprometidas con brindar mejores servicios a sus usuarios, beneficiarios y ciudadanos.

Nueva Alianza cree y se mantiene comprometida con que la promoción y fomento de mejores condiciones de salud para las y los mexicanos deberá estar alineada a la Planeación Nacional, los objetivos sectoriales y a los criterios de orden, transparencia, eficiencia y eficacia que debe imperar en toda acción de gobierno de la Administración Pública Federal o de cualquier orden de gobierno, sea este Legislativo, Judicial, local o municipal.

Por ello, en aras de la construcción y fortalecimiento de una sociedad mejor informada, juzgamos que es menester que tanto el IMSS como el ISSSTE den cuenta a la sociedad mexicanas de los elementos de juicio, sean técnicos, financieros, procedimental, programática, logísticos o de cualquier otra índole que justifique e impulse un programa como el anunciado de canje de vales de medicinas, así como su contribución, alineación y coadyuven a la Estrategia de Compra Consolidada de Medicinas que incluya mejorar el suministro y uso eficiente de medicamentos, misma que ha sido coordinada por el IMSS en función de su experiencia y trayectoria en esta materia desde hace más de 7 años.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Salud para que, en el marco de lo analizado y establecido en el programa sectorial de salud 2013–2018, haga pública la información sobre la viabilidad y conveniencia de implementar un esquema de vales de medicamentos, a partir de información técnica, financiera, procedimental y programática.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Salud para que, en el marco de lo analizado y establecido en el programa sectorial de salud 2013–2018, difunda la información sobre los riesgos que implican los vales de medicamentos para la estrategia relativa a fomentar un gasto eficiente en medicamentos e insumos y para el esquema de compras consolidadas de medicamentos en el sector salud.

Notas

1 Programa Sectorial de Salud 2013 – 2018. Diario Oficial de la Federación, 12 de diciembre de 2012. Secretaría de Salud, México, página 36. Disponible en http://portal.salud.gob.mx/contenidos/conoce_salud/prosesa/pdf/programa .pdf. Consulta realizada el 27 de febrero de 2015, a las 15:40 horas.

2 Ídem. Página 53 y siguientes.

3 Segundo Informe de Labores 2013-2014, Secretaría de Salud, 1° de septiembre de 2014, página 37. Disponible en http://www.salud.gob.mx/unidades/transparencia/informes/Segundo_Informe _de_Labores_de_la_Secretaria_de_Salud_2013-2014.pdf. Consulta realizada el 27 de febrero de 2015, a las 17:01 horas.

4Ídem.

5 Programa de vales de medicamentos para derechohabientes del IMSS e ISSSTE. Comunicado conjunto No. 012 /2015. Disponible en http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201502/012. Consulta realizada el 27 de febrero de 2015, a las 17:16 horas.

6 La Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) 2013, elaborada por el INEGI, estima que 91.5 millones de mexicanos, más de tres cuartas partes de la población (77.2%), se encuentran afiliados a alguna institución de seguridad social o de salud.

De cada 100 personas, 45 están afiliadas al Seguro Popular, 44 al IMSS, 7 al ISSSTE y el resto a otras instituciones públicas o privadas.

De este universo, cerca de dos terceras partes de la población (62.8%) requirieron de atención médica durante el 2013.

En particular, de cada 100, 35 se atendieron en la Secretaría de Salud, 27 en el IMSS, 28 en servicios médicos privados, 5 en el ISSSTE y 5 en otras instituciones públicas del sector salud.

Documento y datos disponibles en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/ encuestas/hogares/eness/2014/702825058777.pdf.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

Diputada María Sanjuana Cerda Franco

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFT a adoptar medidas para garantizar el derecho de las audiencias con la empresa Noticias MVS, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de la agrupación Movimiento de Regeneración Nacional

Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por la agrupación Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1 y 2, fracciones II y III; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a adoptar medidas cautelares para garantizar el derecho de las audiencias ante la diferencia presentada por la empresa MVS Noticias y el programa Noticias MVS Primera Emisión, que conduce la periodista Carmen Arístegui, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El derecho a la información es un derecho humano que el Estado Mexicano debe garantizar en forma plena su ejercicio y accesibilidad regulado en los artículos 1o., 6o. y 27 de la Constitución Política.

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1o., 15, fracción LIX, 216, fracción II, y 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es competencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones garantizar el derecho de las audiencias, entre los que destacan recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la nación, así como recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.

Que se han presentado diferencias entre la empresa Noticias MVS y el equipo de periodistas que contribuyen en el programa Noticias MVS Primera Emisión, bajo la conducción de la periodista Carmen Aristegui, resultando con el despido de dos comunicadores.

Por lo expuesto se presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones para en el ámbito de su competencia adopte medidas cautelares necesarias para efecto de garantizar el derecho de las audiencias para recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la Nación a través del programa Noticias MVS Primera Emisión, que conduce la periodista Carmen Aristegui.

Dado el 18 de marzo de 2015 en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro.

Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y las entidades federativas a emprender acciones para la inclusión de personas con discapacidad, a cargo del diputado Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Samuel Gurrión Matías, diputado de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentas ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, párrafo quinto, señala que en México queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Lo anterior significa, que el Estado mexicano se encuentra obligado a establecer las medidas necesarias, a fin de que ninguna persona vea restringidos o limitados sus derechos y libertades, como consecuencia de algún tipo de discriminación.

El 11 de junio de 2003, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y de acuerdo a lo señalado en su artículo primero, ésta tiene por objeto, prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. En este sentido, las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como el Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas, así como los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, se encuentran obligados a diseñar instrumentos jurídicos acorde a su competencia, a fin de promover y garantizar un trato digno a todas las personas, y con ello evitar actos de discriminación.

Uno de los sectores poblacionales que día con día enfrenta barreras sociales para alcanzar un pleno desarrollo, son las personas que viven con alguna discapacidad, tristemente este grupo poblacional no han podido alcanzar una vida libre de discriminación y en condiciones de igualdad, lo anterior, a pesar de que la misma Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación señala en su artículo 15 que los poderes públicos federales están obligados a realizar acciones de nivelación, las cuales se definen como “las medidas de nivelación son aquellas que buscan hacer efectivo el acceso de todas las personas a la igualdad real de oportunidades eliminando las barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades prioritariamente a las mujeres y a los grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad”.

Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2012, el 6.6% de la población del país reporta tener alguna discapacidad, del cual en su mayoría, eran adultos mayores, representando el 51.4 por ciento. Mientras que el principal tipo de discapacidad es la dificultad para caminar con un 5.7%.1

La discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es un “término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. La discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.”2

A nivel mundial en 2013, se estimaba que más de “200 millones de personas, o sea, un 15% de la población mundial padecía alguna forma de discapacidad.”3

Resulta inverosímil que en el esplendor del siglo XXI, en el país persistan espacios públicos en los que no se contemplen las necesidades especiales de las personas con alguna discapacidad. Frente a este panorama, existe la necesidad de integrar a las personas con discapacidad en los diferentes aspectos de la vida social, cultural y política de nuestro país. En una sociedad construida para personas sin discapacidades, luchar por desarrollarse de manera plena teniendo alguna discapacidad es una labor casi imposible. Asociaciones civiles aseguran, que en “nuestro país se han dado avances normativos y los tres niveles de gobierno han desarrollado incipientes políticas públicas, falta mucho por hacer en favor de las personas con discapacidad.”4

Crear condiciones sociales para que las personas con alguna discapacidad puedan acceder a una vida digna y desarrollarse en plenitud, es un tema de justicia social. El Estado mexicano, debe asumir con mayor fuerza su compromiso de cerrar la brecha de la desigualdad, en donde las personas con alguna discapacidad puedan hacer uso de todos los servicios públicos, que tengan acceso a edificios y espacios públicos.

En el Partido Revolucionario Institucional, creemos que pese a la promulgación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en la práctica aún existe mucho trabajo por hacer. Es necesario actuar con rapidez y mirando hacia el futuro, implementemos la infraestructura necesaria, transporte público adecuado a las necesidades de toda la población, espacios laborales que garanticen el sustento de las personas con alguna discapacidad, así como espacios públicos adecuados que garanticen la igualdad y la equidad en la sociedad.

En consecuencia, someto a consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados respetuosamente exhorta al gobierno federal y a los gobiernos de las 32 entidades federativas en estricto respeto a su soberanía, para que en el ámbito de sus competencias:

a) Emprendan acciones para garantizar que en todos los espacios públicos existan condiciones en los que las personas con alguna discapacidad accedan y se trasladen con facilidad en el interior de los mismos;

b) Promuevan transportes públicos adecuados para personas con alguna discapacidad;

c) Promuevan campañas de sensibilización entre la población encaminadas a la integración social de las personas con alguna discapacidad;

d) Promover estímulos o programas de empleos para que las personas con alguna discapacidad puedan acceder a un trabajo digno y bien remunerado.

Notas

1 “Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas Con Discapacidad”. Disponible en http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/esta disticas/2013/discapacidad0.pdf

2 Página Oficial de la Organización Mundial de la Salud, disponible en http://www.who.int/topics/disabilities/es/

3 Ídem.

4 Véase Arellano, César. “Personas con discapacidad exigen mejorar acceso a transportes y servicios”, disponible en http://www.jornada.unam.mx/2014/02/16/sociedad/030n1soc

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo del año 2015.

Diputado Samuel Gurrión Matías (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales a investigar sobre presuntos casos de desvío de recursos en Chihuahua y en la campaña del PRI a la gubernatura de Sonora, a cargo del diputado Heberto Neblina Vega y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante los últimos meses, la Cámara de Diputados ha hecho un esfuerzo importante para dotar a México de un marco legal sólido en materia de combate a las malas prácticas de gobierno y a la corrupción. Este problema, además de ser haberse venido arrastrando a todos los niveles y órdenes de gobierno, se ha agudizado y se ha vuelto más visible en los últimos tiempos.

Propiedades que no se declaran, contratos de obra pública con presuntos conflictos de intereses, desvío de recursos para negocios propios y para campañas, entre otros, han sido casos de los que la opinión pública ha tenido conocimiento, que han sido denunciados, y que las autoridades federales y locales no investigan o no les dan seguimiento por cubrir los intereses de los gobernantes.

El pasado 23 de septiembre de 2014, el ciudadano Jaime García Chávez interpuso una denuncia penal en contra del gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte y su esposa Berta Gómez Fog, ante la Procuraduría Federal de la República por la creación de un fideicomiso de 65 millones de pesos que luego se trasladaron, presuntamente, al banco Unión Progreso, cuyo accionista mayoritario es el propio gobernador Duarte.

Y no obstante, que el mandatario estatal chihuahuense había negado la existencia de ese fideicomiso, tuvo que reconocerlo frente a las cámaras de televisión, en el programa “Punto de Partida” y adujo cínicamente a la reportera que no había leído lo que firmaba. “¿Sabe cuántos papales firmo al día? ¿Se imagina?, lo firmé, no lo leí a lo macho que no lo leí”, aseveró el gobernador.

Esta causa de denuncia la encabeza en el estado de Chihuahua, la Unión Ciudadana contra la Corrupción que está integrada por una red amplia y plural de asociaciones civiles y líderes políticos y sociales que revelan la situación crítica por la que atraviesa Chihuahua en el ámbito de la seguridad pública, la economía, el rubro político y la opacidad con que se manejan los recursos públicos en esa entidad.

Y un último caso que no puede pasar desapercibido. En días recientes, se dio a conocer la noticia de que el secretario del ayuntamiento de Nogales, Enrique Claussen Iberri, a través del coordinador de campaña de la candidata priísta al gobierno del Estado de Sonora, Claudia Pavlovlich Arellano, entregaba para “cooperar” en la campaña de dicha candidata, dos maletas repletas de dinero.

¿De dónde proviene ese dinero?, por este hecho ¿Existe alguna investigación al respecto? ¿Qué mensaje se está dando a la ciudadanía que está harta de que los políticos tengan nexos o vínculos con grupos delincuenciales? La tragedia de Iguala, Guerrero, nos ha revelado hasta donde son capaces de llegar quienes reciben “favores” del crimen organizado. Y todos estamos en obligación de combatir esas prácticas y exigirles a las autoridades que ejerzan sus facultades y cumplan con sus obligaciones para realizar las indagatorias correspondientes y en su momento deslindar las responsabilidades a las que haya lugar y así mismo sancionar a los responsables, no podemos y no debemos tolerar estas acciones y pasarlas por alto.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República, informe a la opinión pública sobre el estado que guarda la investigación que se sigue en contra del gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez con relación a la utilización de recursos públicos en beneficio del Banco Unión Progreso de Chihuahua, del cual el gobernador es accionista mayoritario.

Segundo. Se exhorta al Instituto Nacional Electoral a que lleve a cabo una investigación sobre presunto financiamiento indebido de campaña por parte de la candidata del PRI al gobierno de Sonora, Claudia Pavlovlich Arellano, al haber recibido dos maletas de dinero por parte del Secretario del Ayuntamiento de Nogales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el día 17 de marzo de 2015.

Diputado Heberto Neblina Vega (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conapred a tomar medidas contra del gobernador de Baja California por los dichos discriminatorios del 9 de marzo del presente año, a cargo del diputado Abraham Correa Acevedo, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Abraham Correa Acevedo, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a tomar las medidas pertinentes y sanciones correspondientes contra el gobernador de Baja California, Francisco A. Vega de Lamadrid, por los dichos discriminatorios mencionados el 9 de marzo del presente año.

Consideraciones

El Estudio mundial sobre el homicidio 2013, hecho por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), señala que la tasa de feminicidios en el mundo es de 2.7 por cada 100 mil mujeres. En dicho estudio, también se establece que México supera esa tasa en casi 2 puntos, pues entre 2007 y 2013 la tasa de feminicidios en México se disparó a 14 mil 955 víctimas, pasando de 1.9 a 4.4 casos por cada 100 mil mujeres y un promedio de seis víctimas cada día.

Al mismo tiempo, el Observatorio Nacional contra el Feminicidio ha señalado que entre 2012 y 2013 se registraron en nuestro país 3 mil 892 asesinatos contra mujeres, de los cuales solo 613 fueron considerados feminicidios, es decir, el 15.7 por ciento de los casos.

La fuente de estos feminicidios se encuentra tanto en el ambiente generalizado de violencia que vivimos en nuestro país, como en la cultura machista y discriminatoria contra la mujer que impera todavía en nuestros días. Diversos estudios han mostrado que en la mayoría de los casos los feminicidios son cometidos por parejas sentimentales, ex esposos, hermanos, vecinos o gente que tenía alguna cercanía con la víctima. La violencia contra las mujeres es pues, derivada de la idea de que las mujeres son propiedad de los hombres y que éstas están para servir a las necesidades del sexo masculino y, por tanto, cuando ocurre algún tipo de separación, el hombre recurre a la violencia para intentar reclamar su propiedad.

En este sentido, las mujeres en nuestro país todavía sufren las consecuencias de una cultura machista y conservadora, que las hace víctimas de asesinatos y las relega a una función supuestamente natural de ser las responsables de las tareas del hogar y del bienestar de los hombres.

Ahí donde se ha avanzado en la inclusión de las mujeres, como en la educación superior, se les sigue excluyendo de profesiones que culturalmente son consideradas para los hombres, como las ingenierías, mientras se les impulsa a asumir profesiones consideradas para mujeres como la administración, enfermería, entre otras.

En esta Cámara de Diputados hemos hecho diversos esfuerzos para prevenir la discriminación en general y contra la mujer en particular, por ejemplo, recientemente hemos legislado para incluir a las mujeres en las tareas del sector público en el mismo número que lo hacen los hombres y, sin embargo, aún nos falta mucho por hacer.

Si bien la tarea de eliminar la discriminación contra las mujeres es una tarea que a nivel de la sociedad llevará mucho tiempo, es inaceptable que al día de hoy las autoridades que representan a la sociedad reproduzcan las distintas formas de discriminación contra la mujer, como lo hizo recientemente el gobernador de Baja California, Francisco A. Vega de Lamadrid, quien el pasado lunes 9 de marzo del presente año señaló: están rebuenas todas... para cuidar niños, para atender la casa, para cuando llega uno, y a ver mijito póngase las pantunflitas.

Por tal motivo, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a tomar las medidas pertinentes y sanciones correspondientes contra el gobernador de Baja California, Francisco A. Vega de Lamadrid, por los dichos discriminatorios mencionados el 9 de marzo del presente año.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

Diputado Abraham Correa Acevedo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a mejorar la infraestructura de los aeropuertos, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputada Rosa Elba Pérez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El papel de los aeropuertos en el desarrollo de la economía de México es sin lugar a dudas de enorme trascendencia, pues son la puerta de entrada comercial y turística a nuestro país, y una ventana hacia el mundo.

Datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes registran un movimiento operacional durante enero de 2015 de 5.4 millones de pasajeros domésticos y 3.5 millones de pasajeros internacionales en los principales aeropuertos en el territorio nacional: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y aeropuertos de Monterrey, Guadalajara, Cancún, Tijuana, Hermosillo, Culiacán, Mérida, Villahermosa, San José del Cabo, Puerto Vallarta, Bajío, Zihuatanejo, Cozumel, Mazatlán.

El transporte aéreo se ha convertido en uno de los servicios de transporte más utilizados por viajeros de negocios y turistas. Estos usuarios, al igual que los demás, deben recibir la prestación de un servicio adecuado a sus necesidades. No obstante, las salas de espera por las que el viajante circula por muchas horas, no cuentan con el equipamiento mínimo necesario para hacer uso de teléfonos y computadoras portátiles, indispensables para atender negocios y urgencias durante el largo lapso que transcurre entre el registro en mostrador de la aerolínea y el embarque, que puede prolongarse por retrasos accidentales o imputables al concesionario o permisionario.

Frente a la demora, el usuario de cualquier aeropuerto en el territorio nacional, ve afectada su operatividad porque cada sala carece de suficientes tomas de corriente eléctrica para reabastecer las baterías de los indispensables equipos de comunicación digital, menos aún del acceso gratuito a los servicios de banda ancha de Internet.

No se debe dejar de lado que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones tiene el fin de garantizar a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento mediante una política de inclusión digital universal. El artículo sexto constitucional reconoce el derecho de todos los mexicanos contar con acceso a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.

Se sabe que el tema de la brecha digital forma parte de la agenda prioritaria del gobierno mexicano. Diversas iniciativas enfocadas a promover la adopción de TIC: cambios institucionales, normativos, de estrategias y de políticas públicas se han puesto en marcha. En materia de competencia económica se busca brindar condiciones de igualdad para el acceso a Internet de banda ancha, abierto y gratuito para todos los mexicanos.

Existe un extenso marco jurídico que regula actividad aeronáutica; la Ley de Aeropuertos define como aeródromo civil al área definida de tierra o agua adecuada para el despegue, aterrizaje, acuatizaje o movimiento de aeronaves, con instalaciones o servicios mínimos para garantizar la seguridad de su operación; asimismo, les clasifica en aeródromos de servicio al público y de servicio general; el primero es en el que existe la obligación de prestar servicios aeroportuarios y complementarios de manera general e indiscriminada a los usuarios e incluyen aquellos aeropuertos sujetos a concesión.

Dicha ley refiere a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como autoridad aeroportuaria, quien tiene la atribución de fijar las bases para la prestación eficiente, competitiva y no discriminatoria de los servicios, así como establecer las condiciones mínimas de operación con las que deberán contar los aeródromos civiles según su naturaleza y su categoría. Asimismo determina que la SCT establecerá las condiciones de construcción y conservación de los aeródromos civiles y que sus concesionarios y permisionarios deberán elaborar un programa maestro de desarrollo con base en las políticas y programas establecidos para el desarrollo del sistema aeroportuario nacional.

En ese orden de ideas, la ley también considera que para la operación de los aeródromos civiles, los concesionarios o permisionarios deberán asegurar que se cuente con las infraestructuras, instalaciones y equipos, adecuados y suficientes para que la operación y atención al usuario sobre bases de seguridad, eficiencia y calidad

La mayoría de los aeropuertos del país se encuentran concesionados por un periodo de 50 años a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) y Aeropuertos del Sureste (ASUR). El sector aeronáutico y aeroportuario ha dado atención a la revisión de los correspondientes Programas Maestros de Desarrollo a fin de analizar los planes de inversión de estos grupos concesionarios y que no solo prevengan el cobro excesivo a los distintos usuarios, sino el retorno de la inversión de los concesionarios.

Ahora bien, la Tarifa de Uso de Aeropuertos Nacional e Internacional (TUA) que es un ingreso no tributario por contribuciones de derechos establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de un bien del dominio público, es una contraprestación del Estado para el usuario. Además, la Ley de Ingresos de la Federación establece que los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos por participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de otros aprovechamientos, se podrán destinar, en los términos dela Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a gasto de inversión en infraestructura.

Tarifa de Uso de Aeropuerto

TUA Nacional
22.33 pesos

TUA Internacional
34.72 pesos

En otras palabras, el usuario paga para recibir la contraprestación del Estado, que en este caso es el uso del aeropuerto, y corresponde a la SCT garantizarle una infraestructura adecuada, suficiente y de calidad destinándole los recursos del TUA a incrementar los enchufes de energía eléctrica y la habilitación de la red de acceso a internet gratuito.

En virtud de lo anterior, este punto de acuerdo, tiene el propósito de garantizar la prestación eficiente, competitiva y no discriminatoria de los servicios aeroportuarios, así como establecer las condiciones mínimas de operación con las que deberán contar los aeródromos civiles según su naturaleza y su categoría.

Con base en lo expuesto, se somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que en el proceso de revisión de los Programas Maestros de Desarrollo, se considere la infraestructura necesaria para que las salas de embarque de los principales aeropuertos del país, cuenten con tomas de corriente eléctrica suficientes y con acceso universal a Internet.

Dado en el Palacio Legislativo, a 18 de marzo de 2015.

Diputada Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la secretaria de Salud a diseñar un programa federal para que todas las personas con discapacidad reciban apoyo económico, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, diputada federal Cristina Olvera Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numera1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal se sensibilice de manera urgente y considere el diseño e implementación de un programa federal que permita brindar un apoyo económico general para subsanar las diferentes necesidades de la población que padece alguna discapacidad permanente.

Consideraciones

Actualmente la discapacidad afecta considerablemente a un importante sector de la población a nivel nacional. Los que la sufren se enfrentan a diferentes problemas que les impiden el ejercicio pleno en sus derechos sociales tales como el del trabajo, protección a la salud, vivienda digna, educación, entre otros, lo que sin duda, afecta su desarrollo integral.

Aunado a lo anterior, la discapacidad propicia también conductas de discriminación por parte tanto de las instituciones, como de la sociedad en general, traduciéndose en la exclusión de participar de la vida de la propia sociedad, lo que agrava la realidad que afronta esta población.

Es oportuno mencionar que la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró en el “Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983 – 1992)”, la urgente intervención de los países miembros para promover la reflexión y la pronta toma de decisiones para implementar acciones que permitan mejorar la calidad de vida de las personas que padecen alguna discapacidad, ya que su bienestar y su inclusión en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural de las naciones debe estar garantizada, al igual que el respeto e igualdad en el ejercicio de sus derechos.1

Como resultado inmediato de esta declaración, se estableció el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a través de la resolución 47/3, que propició que a partir de este hecho, se elaborara la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad en el año 2006, misma que fue firmada por México en 2008.

En el caso particular de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a través del Censo de Población y Vivienda 2010 y con base a su cuestionario ampliado,2 informó que nuestro país contaba en ese año con una población alrededor de 112 millones. De ellas, aproximadamente 5.7 millones manifestaron tener alguna dificultad o limitación para llevar a cabo las actividades como: caminar o moverse, ver, escuchar, hablar, poner atención o atender su cuidado personal, es decir, son personas que tienen alguna discapacidad.

De igual manera, el Inegi precisó que el tipo de discapacidad más frecuente es la relacionada con la movilidad (caminar o moverse) la cual afecta el 58 por ciento de la población con discapacidad. Le siguen las limitaciones para ver (27.2 por ciento), escuchar (12.1 por ciento), mental (8.5 por ciento), hablar o comunicarse (8.3 por ciento), atender el cuidado personal -vestirse, bañarse o comer- (5.5 por ciento) y, finalmente, para poner atención o aprender (4.4 por ciento). Es decir, la dificultad para caminar o moverse y para ver, representan el 85.5 por ciento de las discapacidades en el país.

La situación es apremiante y más porque solo el 68.8 por ciento de la población con discapacidad es derechohabiente de algún servicio de salud; y qué decir sobre su situación académica, donde su logro alcanzado se relaciona con el acceso y la infraestructura: de la población mayor de 15 años, 27.9 por ciento no tiene estudios, 45.4 por ciento terminó al menos un año de primaria, 13.3 por ciento un año de secundaria, 7.3 por ciento un año de media superior, 5.2 por ciento un año en superior, y su promedio de escolaridad es 4.7 años aprobados. Mientras que aquellas personas que padecen dificultad mental, para hablar o comunicarse y poner atención o aprender son las que concentran los promedios de escolaridad más bajos (3.4 y 3.3 años).

La mayoría de la población que padece alguna discapacidad vive un escenario económico complejo y desalentador, transformándose en un sector de la población altamente vulnerable. , Por lo anterior, se hace patente la necesidad de refrendar el compromiso del Gobierno Federal y poner en operación un Programa que brinde algún tipo de apoyo económico a personas que padecen alguna discapacidad, para coadyuvar a aumentar sus ingresos económicos y con ello promover una mejor calidad de vida para ellos y sus familias.

La población con discapacidad vive con graves rezagos de atención y de solución a sus necesidades, ya que sufren de los peores resultados sanitarios, de los peores resultados académicos, una menor participación económica y tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. En parte, ello es consecuencia de los obstáculos que entorpecen su acceso a servicios que muchos de nosotros consideramos obvios, en particular la salud, la educación, el empleo, el transporte, o la información. Esas dificultades se exacerban en las comunidades menos favorecidas.

Es evidente que contamos con información veraz, suficiente y ordenada para conocer con precisión la difícil situación que afrontan las personas que tienen alguna discapacidad. Sin embargo, esta información también nos refleja, sin lugar a dudas, que no existe una política, ni estrategia nacional integral para atender este problema, reconociendo que en distintos ámbitos se hacen valiosos esfuerzos para resolver el problema pero, sus resultados son limitados por estar descoordinadas las medidas que se aplican.

El gobierno federal ha dirigido un importante número de acciones y recursos para dar apoyos a los sectores más vulnerables de la población y por primera vez el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) en lo que se refiere a la atención a las personas con discapacidad establece la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el que tiene como objetivo fundamental asegurar la vigencia efectiva de los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral a través de su inclusión al mercado de trabajo y la dinámica social, además de impulsar, con el apoyo de los medios de comunicación y la sociedad civil, estrategias que coadyuven a transformar la actual cultura excluyente y discriminatoria en una abierta a la tolerancia y la diversidad.

Se señala en el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad que, de acuerdo con los datos reportados por el Inegi en el 2012 se determinó con precisión que los ingresos en los hogares con personas con discapacidad son más bajos que en los hogares en donde no se presenta discapacidad alguna y además también se determinó que en los hogares con discapacidad los gastos son superiores en relación con aquellos en que no hay discapacidad.

En el apartado de Conclusiones del citado Programa Nacional se señala que las personas con discapacidad deben ser atendidas mediante políticas públicas, programas y acciones institucionales que efectivamente les garanticen el pleno ejercicio de sus derechos, siendo el propio Programa Nacional la vía para lograr que las personas con discapacidad cuenten con apoyos y servicios indispensables, generados por las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, a través de los Programas Sociales del Gobierno Federal y de manera textual se señala que la lógica del Programa Nacional es que las dependencias y entidades de la administración pública federal desarrollen programas y acciones a fin de cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y esta población cuente efectivamente con oportunidades, apoyos y servicios que mejoren su calidad de vida.

Reconocemos los esfuerzos que se vienen haciendo para atender a la población con discapacidad, pero es evidente que resultan insuficientes y un tanto dispersos por lo que se impone la necesidad de establecer, los mecanismos necesarios para que el Ejecutivo federal en cumplimiento de sus obligaciones haga posible que este sector de la población reciba los apoyos necesarios para posibilitar su desarrollo en la sociedad en igualdad de circunstancias y esto debe llevarse a cabo atendiendo los señalamientos que hemos mencionado como parte de las Conclusiones del Programa Nacional en cuestión y que a la fecha no se han atendido y en consecuencia las dependencias y entidades de la administración pública federal deben desarrollar programas y acciones a fin de cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y esta población cuente efectivamente con oportunidades, apoyos y servicios que mejoren su calidad de vida.

Hoy en día la discapacidad se considera una cuestión de derechos humanos. Las personas están discapacitadas por la sociedad, no sólo por sus cuerpos. Estos obstáculos se pueden superar si los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los profesionales y las personas con discapacidad y sus familias trabajan en colaboración, pero como señalamos debe ser al amparo de una política y estrategia nacional que corresponde al Ejecutivo federal diseñar y coordinar en su aplicación, pero sobre todo, tomar en cuenta lo antes posible, las Recomendaciones Finales que realizó la Organización de las Naciones Unidas (ONU).3

Sobre el caso de México, dicho órgano internacional en el mes de octubre del 2014, en relación a la discapacidad manifestó que el Estado debe establecer líneas presupuestarias específicas para cumplir sus objetivos en materia de igualdad, así como acciones específicas para combatir casos de discriminación interseccional, basadas en la discapacidad, la edad, el género, la pertenencia a pueblos indígenas y la ruralidad, entre otros factores de exclusión, y lo alienta a aumentar sus esfuerzos desarrollando estrategias de difusión, toma de conciencia y diálogo con las autoridades locales a fin de que expida legislación prohibiendo la discriminación basada en la discapacidad y así mismo debe de contar con mecanismos específicos de evaluación del cumplimiento con la normatividad relativa a la accesibilidad.4

Apostemos por una inclusión verdadera de este sector de la población en el goce de sus derechos elementales, lo que indudablemente deberá llevarse a cabo con el cumplimiento que el Gobierno Federal debe llevar a cabo de las conclusiones contenidas en el Programa Nacional para el Desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad que diseñó el propio Gobierno, habiéndolo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de abril de 2014.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante este honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a diseñar un programa federal que permita que todas las personas que padecen alguna discapacidad reciba un apoyo económico, con el propósito de combatir los obstáculos que les impiden satisfacer sus principales necesidades básicas a los que se enfrentan las personas con discapacidad.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud, http://www.who.int/features/index.html

2 Durante el Censo de Población y Vivienda 2010 se utilizaron dos tipos de cuestionarios: uno básico y otro ampliado. El último incluyó las preguntas del primero e incorporó otras para profundizar en diversos temas. Se aplicó solo un tipo de cuestionario por vivienda. Con el cuestionario ampliado se censaron alrededor de 2.9 millones de viviendas seleccionadas mediante un muestreo probabilístico, lo cual garantiza que esta muestra permite hacer inferencias sobre las características de toda la población.

3 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, “Observaciones finales sobre el informe inicial de México, CRPD7C7MEX/CO71, 27 de octubre de 2014.

4 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Organización de Naciones Unidas 27 de octubre de 2014

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de marzo del 2015.

Diputada Cristina Olvera Barrios (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento, y de Recursos Hidráulicos a acordar y publicar el calendario de foros y audiencias para especialistas y organizaciones de la sociedad civil sobre el tema de la Ley General de Aguas, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de la agrupación Movimiento de Regeneración Nacional

Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, diputado federal en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones II y III; 100 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta de la manera más atenta a las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento, y de Recursos Hidráulicos de esta Cámara de Diputados para que acuerden y publiquen el calendario y metodología para la organización de foros y audiencias para recibir la opinión de especialistas y organizaciones civiles preocupadas por el tema del agua, en el marco de la aprobación de la Ley General del Agua, con las siguientes

Consideraciones

Atendiendo al anuncio público realizado por el diputado Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación Política, el pasado diez de marzo de dos mil quince, por el que se pospone la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento, y de Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas, publicado en la Gaceta de esta Cámara de Diputados el día cinco de marzo del año en curso, con el objeto de atender las observaciones y comentarios de los diversos actores sociales interesados en el contenido de la nueva Ley General de Aguas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85, párrafo 1, fracción VIII, 173 y 174 del Reglamento de esta Cámara de Diputados, las comisiones dictaminadoras se encuentran obligadas a convocar a sus integrantes para determinar el calendario y la metodología para las entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros a través de los cuáles se escucharán y analizaran las observaciones o propuestas de modificación de los distintos actores de la sociedad civil interesados en el contenido del Dictamen de Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento, y de Recursos Hidráulicos con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas.

Por lo que se presenta, con carácter de urgente y obvia resolución a esta soberanía proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta de la manera más atenta a las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento, y de Recursos Hidráulicos de esta Cámara de Diputados para que a la brevedad posible acuerden y publiquen el calendario y metodología para la organización de foros y audiencias para recibir la opinión de especialistas y organizaciones civiles preocupadas por el tema del agua, en el marco de la aprobación de la Ley General de Aguas.

Dado el 18 de marzo de 2015, en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro.

Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular del DIF a llevar a cabo acciones para disminuir el maltrato infantil, a cargo del diputado Jaime Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Jaime Chris López Alvarado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los derechos humanos han logrado obtener, a lo largo de los años, un vasto desarrollo y protección, por lo que tanto los entes públicos como privados tienen el deber de respetarlos y hacerlos respetar. La evolución y las necesidades de la sociedad han obligado a los estados a reconocer derechos humanos específicos en razón de la condición y contexto social en el que se encuentran las personas, tal es el caso de las niñas, niños y adolescentes, quienes, por hallarse en un estado de vulnerabilidad requieren una mayor vigilancia y protección.

A pesar de la importancia que tienen los derechos de los menores de edad en nuestro país, los mismos no han tenido mucho tiempo de ser reconocidos a nivel nacional e internacional. Fue la Convención de los derechos del Niño firmada en 1989, lo que dio la pauta para que se reformara el artículo 4° de nuestra Carta Magna estableciendo los principios y derechos básicos de las niñas y niños de nuestro país.

Este reconocimiento de los derechos de los menores de edad ha permitido la creación de instituciones como el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, los cuales tienen como principal objetivo el velar por el bienestar de las personas integrantes de este sector de la población.

Las niñas, niños y adolescentes en México suman una población de 39 millones 226 mil 744, lo cual representa el 34.9% de todos los habitantes del país,1 pero sus derechos no son garantizados solo por conformar un alto número de personas, sino por el simple hecho de ser humano y conformar un grupo social fundamental para el desarrollo nacional.

A pesar de la importancia que tienen los menores de edad en la sociedad mexicana, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación los clasifica un grupo en situación de discriminación por dos principales razones:2 primera, porque se encuentran en proceso de formación y desarrollo manteniendo una mayor dependencia con otras personas y segunda, porque frecuentemente la violación de los derechos de la infancia es poco visible en relación con otros grupos de la población.

Resulta complicada la detección de violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ya que en su mayoría, por miedo, prefieren callar el maltrato que sufren y no denunciarlo; sin embargo, recientemente se reveló por la Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México 2010 (Enadis), elaborada por el Conapred y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), que 26.7% de las niñas y niños han sido han sido golpeados por sus padres.3

La Organización Mundial de la Salud define al maltrato infantil como todas las formas de violencia: abuso sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.4 Al respecto, la UNICEF señala como tipos de violencia la fiscal, emocional y sexual, aunque es preciso señalar que la Dra. Gloría Elena López Navarrete advierte diversas formas de maltrato infantil poco conocidas y poco conceptualizadas como: síndrome del niño sacudido, síndrome de Münchhausen, abuso fetal, ritualismo satánico, maltrato étnico y niños de la guerra.5

Si bien el maltrato infantil en cualquiera de sus modalidades es grave por el simple hecho de serlo, resulta aún más serio el tema cuando se conoce que esta violación a los derechos de los menores de edad se lleva a cabo más comúnmente en los hogares y núcleo familiar, esto como “medida disciplinaria”, lo anterior es revelado por la Red de los Derechos de la Infancia en México, que también asegura que la madre y el padre presentan el más alto nivel de violencia ejercida hacia las y los niños, seguidos por los padrastros, las madrastras y otros miembros de la familia.6

Por su parte, la propia Enadis-2010 revela que al menos 24.1% de la población en México justifica (en mayor o menor medida) pegarle a una niña o niño para que obedezca, lo cual refleja la terrible situación que pueden sufrir los menores de edad, ya que por ninguna circunstancia es justificable el golpearlos, porque genera un mayor problema.

La encuesta señalada en el párrafo anterior también señala que entre una quinta y cuarta parte de los niños encuestados reporta que los motivos más frecuentes de maltrato en su casa son haberlos hecho llorar, haberlos golpeado y haberles quitado o escondido sus cosas. De los que admiten haber sido golpeados, uno de cada diez dice que es una situación muy frecuente y casi la mitad que sucede poco.7

La situación en México respecto a la violencia infantil es sumamente sería, ya que un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señala que durante 2010, en 26 de los 32 sistemas estatales para el desarrollo integral de la familia, se atendieron 32 mil 68 reportes por maltrato infantil y en 17 800 de ellos se comprobó el maltrato; en este mismo año se atendieron 36 mil 252 menores maltratados, de los cuales 50.2 por ciento eran niñas;8 siendo las entidades con el mayor índice de casos Guanajuato, Yucatán, Puebla, Coahuila, Chihuahua y Sinaloa.

Desafortunadamente, el ejercer algún tipo de violencia sobre los menores de edad tiene repercusiones seria a lo largo de su crecimiento. Al respecto, el Informe Mundial Contra la Violencia contra los Niños y las Niñas , realizado por la ONU, señala que, como consecuencias del maltrato se pueden presentar lesiones cerebrales, abdominales, fracturas, discapacidad, problemas reproductivos, disfunción sexual, enfermedades de transmisión sexual, abuso de alcohol y drogas, depresión y ansiedad, retraso en el desarrollo, falta de autoestima, incapacidad para relacionarse, comportamiento suicida, cáncer, enfermedad hepática, esterilidad, etcétera. 9

El fallecimiento de los menores de edad como consecuencia del constante maltrato que sufren es más común de lo que se cree, ya que según encuestas del Inegi, durante 2011 en todo el país se registraron 8 mil 47 defunciones de menores de 18 años por causas violentas, 65.5 por ciento fueron accidentes, en 19.4 por ciento se trató de homicidios y nueve de cada 100 fueron suicidios. 10

Todos los datos expuestos con anterioridad revelan la terrible situación de violencia que viven miles de niños, niñas y adolescentes en sus hogares, ya que padres y madres de familia, así como familiares cercanos creen que los golpes, los gritos y diversas formas de maltrato son la mejor manera de educar a un menor de edad, siendo contraproducente, ya que en muchas ocasiones esto repercute en el aumento de jóvenes que se integran al vandalismo.

A nivel internacional, México se encuentra en una seria posición, ya que la UNICEF señala que junto con Estados Unidos y Portugal, nuestro país presenta un índice hasta quince veces superior de mortalidad de menores a causa del maltrato físico que en el resto de las naciones desarrolladas.

La familia, como núcleo de la sociedad, debe ser el primer entorno en el cual, niñas, niños y adolescentes, se sientan seguros, protegidos y amados, de lo contrario buscarán refugio en otros entornos sociales, los cuales no suelen ser los más adecuados, es decir, comúnmente encuentran esta “comprensión” en el alcohol, las drogas y grupos delictivos que solo perjudican a quienes se acercan a ellos.

La violencia infantil es muy problema muy serio que aún sufre el país, pero que puede disminuir de forma considerable si se combate desde el hogar, ello a través de la concientización de la sociedad sobre las repercusiones que pueden tener los gritos o los golpes para un menor de edad.

No es un problema que deba ser tomado a la ligera, ya que el maltrato infantil es el primer paso para la crianza de posibles jóvenes delincuentes, con problemas psicológicos y de salud; son los padres quienes tienen la responsabilidad y deber de cuidar, proteger y educar a sus hijos bajo medidas aceptables, que no consideren violencia y que le permita a las niñas, niños y adolescentes vivir en armonía bajo una excelente calidad de vida.

Sabemos que la crianza de un menor de edad no es fácil y que en muchas ocasiones resulta sumamente complicado, por ello es importante que autoridades federales difundan los mejores métodos educativos, permitiendo a las madres y padres de familia una sana convivencia con sus hijos y el desarrollo familiar, lo que conllevara al desarrollo del país de forma armoniosa.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia a fin de que difunda la importancia del sano esparcimiento familiar y las graves consecuencias del maltrato infantil.

Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia a fin de que se cree un programa que le permita a las madres, padres y tutores el aprendizaje de las mejores prácticas educativas y correctivas, coadyuvando a la disminución del maltrato infantil.

Notas

1 http://www.infanciacuenta.org/icm/pob017. 5 de marzo de 2015 13:39 horas.

2 http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=127&id _opcion=45&op=45 5 de marzo de 2015 14:00 horas.

3 http://www.eluniversal.com.mx/periodismo-datos/2015/maltrato-infantil—1 02371.html 5 de marzo de 2015 14:17 horas.

4 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Maltrato-Infantil-mexico-docto146.pd f 5 de marzo de 2015 14:30 horas.

5 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Maltrato-Infantil-mexico-docto146.pd f 5 de marzo de 2015 14:49 horas.

6 http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/altos-niveles-de-maltrato -infantil-en-mexico 5 de marzo de 2015 15:01 horas.

7 http://www.eluniversal.com.mx/periodismo-datos/2015/maltrato-infantil—1 02371.html 5 de marzo de 2015 18:50 horas.

8 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/esta disticas/2013/ni%C3%B1a0.pdf 5 de marzo de 2015 17:56 horas.

9 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Maltrato-Infantil-mexico-docto146.pd f 5 de marzo de 2015 18:31 horas.

10 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/esta disticas/2013/ni%C3%B1a0.pdf 5 de marzo de 2015 18:37 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 18 de marzo de 2015

Diputado Jaime Chris López Alvarado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ y a la CDH de Puebla a investigar la violación sexual de una menor indígena en Xochitlán de Vicente Suárez, suscrita por los diputados Roberto Cabrera Solís y Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, el diputado Roberto Cabrera Solís y la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrantes de esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62 numeral 3; 79, numerales 1, fracción II y 2; 100; 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con base en las siguientes

Consideraciones

Xochitlán de Vicente de Suárez es uno de los 217 municipios que conforman al estado de Puebla. Cuenta con una población total de 12 mil 249 habitantes de los cuales, 60.3 por ciento de personas adultas habla alguna lengua indígena.

En esta pequeña comunidad, en mayo de 2014, una menor indígena enfrentó un ataque sexual por parte de su tío, Amado Gregorio de los Santos, hecho que hasta hoy continúa impune como resultado de la indolencia, omisión e indiferencia institucional que permea las instancias de “justicia” en el estado de Puebla.

La historia ha sido denunciada por la madre de la menor, Margarita Gregorio de los Santos, quien ha explicado que comenzó a observar en su hija un comportamiento extraño y fue después de muchas preguntas que la menor relató la violación a la que fue sometida por parte de su tío y por la cual quedó embarazada.

Con conocimiento de los lamentables hechos, acudieron al juzgado menor de la presidencia de Xochitlán –donde originalmente inició su búsqueda de justicia–, pero enfrentaron diversos obstáculos para presentar la denuncia, por lo que tuvieron que dirigirse al Ministerio Público de Zacapoaxtla, donde lograron interponer la denuncia penal. El 15 de diciembre de 2014, mediante oficio 163/14 fue enviado a Teziutlán para abrir un expediente de investigación. Posteriormente, en este viacrucis legal, fue en Zacapoaxtla donde su declaración les fue tomada abriéndose el expediente penal 698/2014/Zacapoaxtla.

La madre de la menor declaró que tanto en la agencia ministerial de Teziutlán como en Zacapoaxtla, no contó con el apoyo de un traductor o intérprete, porque ella y su hija sólo hablan la lengua náhuatl, por lo que consideró que no se tomaron en cuenta sus declaraciones con pertinencia cultural existiendo deficiencias, omisiones y vicios de origen. De esta manera, existe clara presunción de que su derecho al debido proceso, y a ser asistidas por intérpretes y personas defensoras que tengan conocimiento no sólo de su idioma sino también de su cultura original, les fue violado.

Lo anterior expuesto se encuentra asentado en el artículo 2 de nuestra Carta Magna en su fracción VI que a la letra establece los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas para:

“VI. Acceder plenamente a la jurisdicción del estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.”

De igual forma el Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Puebla en su artículo 55 establece que:

“Cuando una persona deba intervenir en un acto procesal y no comprenda el idioma español, no se exprese con facilidad o tenga algún impedimento para escuchar o darse a entender, se le brindará el apoyo necesario para que se desarrolle en su propio lenguaje.”

“Debe proveerse traductor o intérprete, según corresponda, a las personas que ignoren el idioma español, a quienes se les permitirá hacer uso de su propia lengua o idioma; así como las que tengan algún impedimento para escuchar o darse a entender.”

De esta forma, y pese a lo establecido en nuestro marco jurídico nacional, la historia de una menor de edad víctima de violencia sexual, no ha podido encontrar justicia en las instituciones de su estado.

Desde hace más de un año no han existido avances en la investigación de la violación de esta niña de la comunidad poblana de Xochitlán, por lo que su madre ha buscado la ayuda de terceras personas que hablen castellano para dar a conocer a los medios de comunicación la situación a la que hacen frente desde su marginada y aislada comunidad.

La historia de injusticia de estas dos mujeres indígenas que tampoco saben leer ni escribir, es una de entre miles que vulneran los derechos fundamentales de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas del país, afortunadamente ellas han encontrado los medios y el valor para alzar la voz y denunciar las sistemáticas violaciones a sus derechos que han enfrentado a lo largo de casi un año.

En Puebla existe un problema generalizado de invisibilización por parte de las autoridades de los delitos sexuales que enfrentan las mujeres, esto ocurre en parte por el subregistro y la complejidad jurídica para definir el delito. Todo esto se enmarca en una cultura de la violación dentro de una estructura patriarcal que tolera y normaliza la violencia sexual contra mujeres y niñas, que atravesado por los componentes de edad y étnico, agrava el problema de injusticia.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

La Cámara de Diputados:

Primero. Exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, con base en los principios del debido proceso y bajo una perspectiva de género, para que concluya la investigación en torno a la violación sexual de una menor de edad en Xochitlán de Vicente Suárez, a fin de que sea procesado y sancionado conforme a la ley el presunto responsable del delito, Amado Gregorio de los Santos, así como a garantizar la presencia de una persona intérprete y defensora que acompañe a la víctima en todas las etapas del proceso judicial.

Segundo. Exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla a investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de la ciudadana Margarita Gregorio de los Santos y su hija, durante el proceso judicial que ellas iniciaron al denunciar un caso de violación sexual, a fin de lograr la añorada justicia, particularmente por ser una menor indígena y considerar la pertinencia cultural correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

Diputados: Roberto Cabrera Solís (rúbrica), Roxana Luna Porquillo.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SE, la Semarnat y la Sedesol a instalar una mesa de trabajo para el seguimiento de la problemática de los productores de leche en el país, a cargo del diputado Salvador Barajas del Toro, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Salvador Barajas del Toro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes

Exposición de Motivos

Con un territorio de 198 millones de hectáreas, el país ha logrado un desarrollo importante en el sector económico primario, por lo cual se han visto beneficiadas millones de personas, quienes se dedican a la agricultura, la ganadería y la pesca, dentro de los 145 millones de hectáreas de que se hace uso para este sector económico.

La importancia de las actividades agropecuarias y el medio rural es reconocida a nivel nacional e internacional. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la cual señala que el desarrollo agrícola y rural juega un papel muy relevante dentro de la estrategia para mejorar la inserción internacional del país, la sostenibilidad ambiental y la conservación de los recursos naturales.1

Por lo que hace a la producción ganadera, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) señala que entre los principales productos producidos por el país son huevo, miel, cera de greña, lana sucia, carne de bovino, porcino, ovino caprino, ave, guajolote y leche de bovino y caprino;2 este último de gran importancia para el país, ya que su producción y consumo lo hace indispensable para la economía y vida nutricional de millones de mexicanos.

La Cámara Nacional de la Industria de la Leche (Canilec) afirma que la producción del lácteo representa la quinta parte del valor total de la producción nacional pecuaria; es la tercera en importancia, superior a la de cerdo y huevo, lo que es confirmado por el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Sagarpa, el cual, según sus datos de 2014, afirma que se produjeron 11 billones 285 millones 440 mil litros de leche, lo cual representa un aumento frente a los 11 billones 117 millones 964 mil litros producidos en 2013.3

La Canilec señala que la producción en México en los últimos 12 años (2000 a 2012) ha tenido un crecimiento promedio anual de 1.46 por ciento. Ello hace que en términos monetarios esta actividad sea equivalente a 20.3 del valor del sector, es decir, 61 millones 406 mil 110, con cual se ven beneficiados los cerca de 88 mil productores del país.

La producción láctea nacional ha logrado que México se coloque como el tercer país productor de leche en Latinoamérica; las entidades con mayor producción son Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Coahuila y Jalisco.

Pese a la vasta producción anual, actualmente cerca de 12 mil productores de leche han sido afectados tras la caída en el precio del lácteo, el cual de julio del año pasado a la fecha ha disminuido más de 50 por ciento, pues pasó de 4 mil 800 a 2 mil 300 dólares la tonelada, lo cual fue afirmado por Vicente Gómez Cobo, presidente de la Federación Mexicana de Lechería, AC (Femeleche).

El presidente de la Femeleche afirma que de diciembre a la fecha se han dejado de comercializar 2.5 millones de litros diarios, lo cual ha afectado la producción de estados lecheros como Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, México, Puebla, Chihuahua Durango, Coahuila y Zacatecas. Desafortunadamente, los pequeños productores de leche serán más afectados, pues el litro se les paga a 5 pesos, mientras que producir esa cantidad representa 5.70 pesos; es decir, no se considera el costo financiero.4

La problemática anterior es generada por la baja de los precios internacionales de la leche en polvo y su importación en cantidades crecientes al país, por lo que, consecuentemente, el excedente de la leche fresca no encuentra un destino, afectando a pequeños y a medianos productores.

Ante esta situación, los delegados de la Sagarpa y los secretarios agropecuarios de los estados más afectados se han reunido para buscar opciones de solución con la Coordinación General de Ganadería y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Sagarpa.

No podemos permitir que este problema siga incrementándose, ya que no sólo los miles de productores de leche serán afectados económicamente sino que también miles de empleos directos e indirectos tendrán un grave efecto.

Tal como autoridades federales y locales en materia agropecuaria se han dado a la tarea de buscar las mejores soluciones a este problema, por lo que es preciso que se sumen organismos gubernamentales relacionados con el producto lácteo, siendo éste el caso de Liconsa, la cual puede convertirse en un actor principal en las acciones de solución de este problema.

Las propuestas generadas por autoridades agropecuarias, señalan que Liconsa, sectorizada de la Secretaria de Desarrollo Social, puede extender su compra de leche fresca a los pequeños y medianos productores, reduciendo la problemática del excedente.

Es importante que todas las autoridades federales y locales en el ramo, pongan en marcha acciones urgentes que poyen a los productores lecheros tras la baja de los precios y la venta del líquido, de lo contrario el excedente llegaría a desperdiciarse y se generaría una pérdida económica muy fuerte para los miles de pequeños y medianos productores, quienes son la principal fuente de producción lechera en el país.

No olvidemos que México llega a producir más de 11 mil millones de litros de leche anuales, lo que le otorga estabilidad a miles de establos en todo el territorio nacional y permite la distribución del líquido para millones de familias mexicanas, así como su exportación a diversos países.

La leche no sólo es una fuente de vitaminas para quien la consume, sino que también es una germen de ingresos muy importante para quien la produce, de tal suerte que es urgente establecer mesas de trabajo que configuren un plan de acción preciso que contribuyan a la solución de la problemática que actualmente viven miles de ganaderos lecheros y millones de personas en todo el país.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía con carácter de urgente resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a las Secretarías de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Desarrollo Social a instalar una mesa de trabajo urgente que dé seguimiento a la problemática por la que atraviesan los productores de leche en el país.

Notas

1 https://coin.fao.org/cms/world/mexico/InformaccionSobreElPais/agricultu ra_y_des_rural.html, 10 de marzo de 2015, 17:12 horas.

2 http://www.siap.gob.mx/ganaderia-produccion-mensual-2/, 10 de marzo de 2015, 17:25 horas.

3 http://www.siap.gob.mx/ganaderia-produccion-mensual-2/, 10 de marzo de 2015, 17:40 horas.

4 http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/reportan-quiebra-12-mi l-productores-leche-1072702.html, 10 de marzo de 2015, 17:10 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

Diputado Salvador Barajas del Toro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF y la CNDH sobre el adiestramiento y las habilidades de los operadores de los vehículos del Metrobús, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Yesenia Nolasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración el presente punto de acuerdo, conforme al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que el Metrobús es un sistema de transporte, basado en autobuses de capacidad y tecnología de punta, que brinda movilidad urbana de manera rápida y segura por medio de la integración de una infraestructura preferente, operaciones rápidas y frecuentes, sistema de pago automatizado y excelencia en calidad en el servicio. 1

Que a nivel mundial Este nuevo sistema de transporte público fue implementado exitosamente en más de 150 ciudades alrededor del mundo.

Que en 1974 se construyó el primer Metrobús en Curitiba. Desde entonces hasta 1998 el crecimiento fue lento (menos de 500 kilómetros en 27 años).

Entre 1999 y 2010 el crecimiento fue exponencial. En los últimos 10 años se construyeron 1600 kilómetros, alcanzando en 2012 aproximadamente, 2.200 kilómetros.

Actualmente hay 100 kilómetros en construcción y la expectativa de expansión hacia 2023 marca una tendencia creciente muy relevante (de 2.200 kilómetros a 3.400 kilómetros, 45% aumento).

En este sentido la inversión pública destinada a la conformación de una red de Metrobús, representa una alternativa de alta eficiencia social, dado su bajo costo relativo y su elevado impacto en la comunidad, de allí el éxito de este tipo de soluciones en las más diversas latitudes.

La extensión de la red de Metrobús en el mundo se triplicó en la última década siendo la expectativa de crecimiento para 2025 de 1.200 kilómetros más.2

Que dentro de su infraestructura el Metrobús, su pone un carril confinado con la finalidad de permitir el libre tránsito a los autobuses articulados y biarticulados, realizando un traslado rápido y más seguro.

Que en la ciudad de México, la implementación del Sistema Metrobús materializa la modernización del transporte público, mejorando la calidad de vida tanto de los usuarios como de la población en general, estos beneficios los encontramos en temas como:

Ordenamiento vial, mejoramiento de la imagen urbana y recuperación de espacios públicos, modernización de semáforos y cruces peatonales, mayor cobertura, seguridad y rapidez en el traslado, reducción en tiempos de recorrido, accesibilidad garantizada.3

Que gracias a la cultura sustentable, para 2013 la ciudad de México fue reconocida con el premio al Transporte Sustentable, este galardón es otorgado desde 2005, con el objetivo de reconocer a las ciudades que practican estrategias de movilidad y transporte sustentable, la consumación de la línea 4 del Metrobús, el sistema de parquímetros, la línea 12 del metro y la expansión del programa ecobici, fueron los proyectos mejor evaluados en la ciudad.4

Que el Instituto Nacional de Ecología (INE), a través de su presidente Adrián Fernández, reconoció que el desarrollo de sistemas de transporte público masivos, como el Metrobús en la Ciudad de México, ha traído beneficios ambientales para la población de la capital.5

Que el mismo informe demostró que debido a que las personas que ocupan actualmente este transporte redujeron en un 50 por ciento su exposición a contaminantes, tales como partículas suspendidas, monóxido de carbono y residuos de hidrocarburos, en comparación a cuando viajaban en otros medios.

Que sin embargo a este gran número de ventajas económicas, ambientales y sociales, en 10 años de operación en la Ciudad de México el Metrobús ha participado en gran número de accidentes de tránsito.

Que para 2013 las cifras de accidentes de los últimos ocho años daba cuenta que cada uno de los 1000 vehículos, con los que se contaba a esa fecha, la participación en accidentes era del promedio de tres por unidad en lo que iba de su vida útil.6

Que derivado de los accidentes de los últimos momentos surgidos de manera reiterada y, considerando que anteriormente la Secretaria de Salud Federal, a través del Centro Nacional para la Prevención de Accidentes, de la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, realizó el estudio denominado Auditoría de Seguridad Vial Línea 2 del Metrobús Ciudad de México, en el cual emitió recomendaciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, para que a través de la Secretaría de Protección Civil del DF, implemente un proceso adecuado de adiestramiento, adquisición o fortalecimiento de habilidades y destrezas de los operadores del transporte Metrobús que maniobra en el Distrito Federal.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en medida de sus atribuciones, a evaluar a los operadores del transporte Metrobús, en cuanto a su adiestramiento y habilidades en el trato hacia los usuarios de este transporte público.

Notas

1 http://www.metrobus.df.gob.mx/

2 http://movilidad.buenosaires.gob.ar/

3 http://www.metrobus.df.gob.mx/

4 http://www.parametria.com.mx/

5 http://www.eluniversaldf.mx/

6 http://www.maspormas.com/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de marzo de 2015.

Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, la CNDH y la Comisión Nacional de Seguridad a investigar el caso de profesores desalojados el 24 de febrero de 2015 por la Policía Federal y la Gendarmería Nacional en Acapulco, Guerrero, a cargo del diputado Roberto Cabrera Solís, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, Roberto Cabrera Solís, José Higuera Fuentes, Víctor Nájera Medina y Roxana Luna Porquillo, diputados por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrantes de esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

El martes 24 de febrero del año en curso, maestros, maestras y personas simpatizantes que se manifestaban en Acapulco, Guerrero, fueron reprimidas con violencia por la Policía Federal. El resultado de esta acción del Estado dejó un maestro muerto, 11 desaparecidos, varios heridos y la denuncia de tres maestras sobre violación sexual por parte de elementos de la policía federal, así como la denuncia de otra maestra herida gravemente con signos de posible agresión sexual.

El profesorado que se manifestaba por la falta de pago de pensiones y la suspensión de los servicios de salud para miles de jubilados, por el aumento de sueldos y plazas para personal docente agrupado en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), así como en contra de la falta del pago de pensión de 750 maestros estatales en Guerrero, fue brutalmente desalojado por la Policía Federal.

Claudio Castillo Peña, un profesor jubilado de 65 años, al que la poliomielitis le dejaba caminar sólo si se apoyaba en un bastón, fue sacado con violencia de la camioneta en la que se encontraba con un altavoz para después ser golpeado sin miramientos por policías. El maestro perdió la vida a causa de esos golpes, según lo declaró el secretario de gobierno de Guerrero, David Cienfuegos Salgado.

Aunado a esta tragedia, días después de la represión, maestras de la CETEG declararon que 200 mujeres que conformaron la valla frontal de la marcha que la mañana de ese mismo 24 de febrero salió de Puerto Márquez con dirección al Aeropuerto Internacional de Acapulco, fueron interceptadas 300 metros antes de llegar a su destino, por integrantes de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional vestidos de antimotines.

Las maestras declararon que fueron subidas a camionetas para después ser violadas.

La brutalidad de los ataques narrados, así como la omisión e indiferencia que parece prevalecer en los aparatos de impartición de justicia del Estado mexicano, son alarmantes.

Por lo narrado anteriormente, sometemos a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

La Cámara de Diputados:

Primero. Exhorta a la titular de la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de sus atribuciones, y en cumplimiento de las normas materia de derechos humanos de la Constitución Política y los tratados internacionales de los México es parte, atraer el caso de la represión ejercida contra los maestros y las maestras de la CETEG y trabajadores del Estado organizados en el SUSPEG, agredidos el 24 de febrero de 2015 en Acapulco, Guerrero; y deslindar las responsabilidades penales correspondientes

Segundo. Exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que conforme a sus atribuciones, investigue las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas contra maestras y maestros de la CETEG y el SUSPEG el 24 de febrero de 2015 en Acapulco, Guerrero.

Tercero. Exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Seguridad a hacer del conocimiento público el protocolo de actuación de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional sobre el desalojo de la manifestación de maestros y maestras el 24 de febrero de 2015 en Acapulco, Guerrero, toda vez que existe fuerte presunción que se hizo un excesivo y desproporcionado de la fuerza pública federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 18 de marzo de 2015.

Diputados: Roberto Cabrera Solís (rúbrica), Roxana Luna Porquillo, José Higuera Fuentes, Víctor Reymundo Nájera Medina.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa y la Semarnat a vigilar y proteger a los animales circenses en condiciones vulnerables y en peligro, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Roxana Luna Porquillo, diputada federal por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62 numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

La incongruencia política y la hipocresía electoral que caracterizaron el proceso para la aprobación de la llamada Ley de circos sin animales, impulsada por el Partido Verde Ecologista de México, se ve ahora reflejada en las terribles condiciones de vida y en la incertidumbre sobre el destino de más de cuatro mil animales en el país.

Desde la entrada en vigor de la ley y hasta la fecha, no han sido creados santuarios u otros espacios adecuados para la protección de estos animales. En los zoológicos tampoco hay lugares ni recursos para alimentarlos. Esto ha puesto en una situación de vulnerabilidad a los animales y ha favorecido la compra por particulares que buscan a los empresarios, quienes, ante la precarización del trabajo, prefieren vender a los animales a cualquier precio.

En este sentido, como fue señalado en la editorial del periódico La Jornada, “es deplorable el aprovechamiento político electoral de una moda animalista que apela la sensiblería y la corrección política y se disfraza de humanista para impulsar activismos en defensa de algunas especies en un país asolado por diversas clases de violencia: la generada por la criminalidad, en primer lugar, pero también la miseria, la corrupción, el desempleo, la impunidad, la simulación, el racismo, la misoginia y la homofobia.” 1

Hasta ahora han muerto cerca de 40 animales ya que los empresarios no tienen dinero para mantenerlos. Los animales propiedad de los circos se encuentran en predios de Tepojaco, en el municipio hidalguense de Tizayuca; Agua Azul, Guanajuato, así como en Guadalajara, Jalisco; León, Guanajuato; Morelia, Michoacán, y el estado de México.

El pago de estas medidas asciende a 50 mil pesos por semana, en alimentos y cuidadores, lo que aunado a la crisis de la industria circense se vuelve prácticamente insostenible.

Aunado a todo esto, Armando Cedeño, presidente de la Unión Nacional de Empresarios y Artistas de Circo, ha declarado que tras el cierre de 70 circos se han perdido alrededor de 2 mil empleos directos.

De esta manera, en vez de impulsarse una cultura de respeto y protección a los animales se ha desencadenado una política de incertidumbre para la vida y destino de los animales, y de desempleo. ¿Por qué la discusión sólo se centró en los circos? ¿Qué hay de las corridas de toros, los acuarios, los zoológicos? ¿Por qué el actuar de esos gremios no se pone también bajo el escrutinio y el marco legal sancionador?

Los pendientes de esta legislación aprobada por la ambición electoral deben ser atendidos a la brevedad.

Por lo anteriormente expuesto, someto con carácter de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

La Cámara de Diputados:

Primero. Exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que en la medida de sus atribuciones, investigue las denuncias hechas por la de la Unión Nacional de Empresarios y Artistas de Circo sobre las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran alrededor de cuatro mil animales.

Segundo. Exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a diseñar y operar la adopción de instrumentos económicos para la protección de los animales propiedad de los circos que se encuentren en condiciones vulnerables y en peligro.

Nota

1 “Circos sin animales: demagogia e hipocresía.” Consultado en línea el 08 de marzo de 2015:

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/11/edito

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFT, la STPS y la CNDH a investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos de la ciudadana Carmen Aristegui y su equipo de investigación, suscrita por los diputados Roxana Luna Porquillo, Margarita Elena Tapia Fonllem y Víctor Reymundo Nájera Medina, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62 numeral 3; 79, numerales 1, fracción II y 2; 100; 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

El portal Méxicoleaks, el pasado martes 10 de marzo de 2015, inició formalmente operaciones con un anuncio público en donde se describían como “una plataforma independiente de denuncia ciudadana y transparencia, al servicio de la sociedad mexicana para revelar información de interés público.1

En su portal web, Méxicoleaks se ha definido como “una herramienta que permite enviar información de interés público a medios de comunicación y organizaciones civiles a través de tecnologías seguras que garantizan el anonimato de la fuente2, de esta forma será un sitio para filtrar información que ayude a revelar actos de corrupción, delitos y violaciones a derechos humanos.

Han sido varios los medios de comunicación que de manera independiente aceptaron formar alianza con el proyecto de Méxicoleaks; entre ellos han destacado Animal Político, Proceso, y la Unidad MVS/Aristegui, siendo éste último el que ha causado gran polémica a nivel nacional e internacional.

Después del anuncio del 10 de marzo, la cadena MVS, presidida por Joaquín Vargas, decidió deslindarse de la plataforma independiente de Méxicoleaks a través de un comunicado que señalaba que la decisión de unirse a dicha iniciativa había sido tomada sin conocimiento de la empresa MVS y que quienes usaron la marca lo hicieron “sin autorización expresa” lo que “constituye un agravio y una ofensa, un engaño a la sociedad, y un muy lamentable abuso de confianza”, señalando claramente a la periodista Carmen Aristegui Flores y su equipo de trabajo.

De esta manera la empresa dejó clara su postura oficial de no aceptar bajo ninguna condición ligar el nombre y la marca MVS con la plataforma Mexicoleaks. No obstante, Carmen Aristegui y su equipo, particularmente la Unidad Especial de Investigaciones, encabezada por Irving Huerta y Daniel Lizárraga, señalaban que la plataforma es un canal importante de participación ciudadana y periodística que necesita atención y apoyo.

Sin embargo, luego de un largo periodo de incertidumbre ocasionado por los comunicados de la empresa y las declaraciones del equipo de Aristegui, el 12 de marzo MVS anunció el despido de Irving Huerta y Daniel Lizárraga por pérdida de confianza. Aquí cabe mencionar que ambos periodistas destacaron recientemente por la exposición del escándalo de la llamada “Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto, y la red de trata de mujeres y prostitución asociada con el expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

Frente a las decisiones tomadas, Carmen Aristegui decidió continuar con su programa en MVS pero se negó a aceptar la determinación de la empresa y condicionó su permanencia en el noticiero a la recontratación de Huerta y Lizárraga.

De esta manera, el domingo 15 de marzo, MVS Radio dio por terminada su relación de trabajo con Carmen Aristegui e informó que la empresa rechazaba el “ultimato” de la periodista sobre la reinstalación de Irving Huerta y Daniel Lizárraga.

MVS subrayó que el equipo periodístico fue separado de sus cargos por haber comprometido el nombre de la empresa, sin contar con facultades para ello y sin haberlo consultado previamente con la administración. De igual forma, agregó que lamenta la posición de la conductora, pero que no pueden aceptar condicionamientos ya que el “diálogo no se atiende imponiendo condiciones, sino escuchando a las partes y tratando de alcanzar acuerdos”, puntualizó la empresa.

Después de ser publicado y difundido el comunicado de MVS en su portal web, Gabriel Sosa Plata, el ombudsman de la audiencia de noticias de esa radiodifusora, envió por la red social twitter cuatro mensajes que a la letra dicen lo siguiente:

“Como ombudsman MVS veo con preocupación y molestia que las miles de peticiones de los radioescuchas no fueron escuchadas ni atendidas”.

“Es una noche triste para el periodismo y la libertad de expresión. Por más que convocamos al diálogo, imperó la cerrazón”.

“Las condiciones impuestas a la periodista eran simplemente inaceptables por dignidad profesional y por cambio unilateral a su contrato”.

“La audiencia de @NoticiasMVS tienen razón de estar molesta porque en este diferendo fue ignorada totalmente”.

El ombudsman, anteriormente, había informado sobre los cambios en los lineamientos que MVS Radio aplicaría desde el lunes 16 de marzo y que modificarían unilateralmente las condiciones del contrato firmado el 1 de enero de 1999 con Carmen Aristegui.

Gabriel Sosa había advertido la decisión de la “empresa de llevar directamente, a través del director de Noticias MVS, la agenda informativa de los noticiarios, coordinar la unidad de investigaciones especiales (que estaba bajo la dirección de la periodista Carmen Aristegui) y nombrar (en conjunto con los conductores) a sus colaboradores.”3 Puntualizó que la defensoría no fue consultada para emitir opinión previa sobre estos nuevos lineamientos.

De igual manera, señaló, que esto implicaría “modificar segmentos, mesas de debate, participación de comentaristas o secciones con base en los estudios de empresas especializadas, insertar libremente contenidos en las emisiones (sin acuerdo con los conductores), prescindir de los corresponsales extranjeros ‘para optimizar recursos financieros’ (lo que tendrá implicaciones en la calidad de la información internacional que se ofrece a la audiencia) y ordenar la transmisión de los noticiarios desde cualquier localidad que se indique”.4

Este conflicto nos remonta a febrero de 2011, cuando MVS dejó dos semanas fuera del aire a Carmen Aristegui, después de que la periodista hiciera comentarios sobre el presunto alcoholismo del entonces presidente Felipe Calderón. Un año después del problema, se conocieron detalles de las conversaciones de Joaquín Vargas con funcionarios de la Presidencia de México que exigieron una disculpa pública por los comentarios de Aristegui.

Ahora las molestias parecieran originarse después de la revelación por la Casa Blanca y la publicación de que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, también había comprado una casa al mismo contratista propietario de la mansión presidencial.

En este mismo tenor, pareciera que el despido de la periodista Carmen Aristegui y su equipo de trabajo obedeciera a un conflicto de intereses enmarcado en el periodo electoral.

La importancia de este caso se ve reflejada no sólo en la indignación nacional, sino también en la internacional, muestra de ello ha sido la permanencia del tema en las redes sociales, así como la manifestación realizada el lunes 16 de marzo, a menos de un día de que la periodista Carmen Aristegui y su equipo fueron despedidos.

Durante esta manifestación frente a la empresa MVS, se hizo entrega al ombudsman Gabriel Sosa, de más de 170 mil firmas de apoyo a Carmen Aristegui.

Ante estas circunstancias no podemos olvidar mencionar al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que señala que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de la información o por cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

En este mismo sentido, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que la consolidación de la democracia depende de la existencia de la libertad de expresión la cual es esencial para el desarrollo y el conocimiento. De igual forma, apunta que no se debe inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público.

La embestida a la libertad de expresión que toda la ciudadanía mexicana acaba de recibir con el despido de Carmen Aristegui y su equipo de trabajo, es un foco rojo en materia de derechos humanos que debe ser atendido a cabalidad e inmediatamente.

En México las personas que ejercen el periodismo son amenazadas, hostigadas, desaparecidas y asesinadas por un estado indolente, omiso y corrupto. La democracia no existe sin la libertad de expresión, sin la pluralidad de opiniones.

Por todo lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

La Cámara de Diputados:

Primero. Exhorta al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que conforme a sus atribuciones, investigue las presuntas violaciones por parte de la empresa concesionaria MVS Radio a los derechos humanos de la periodista Carmen Aristegui Flores y su equipo periodístico, quienes se han conducido con veracidad, oportunidad, imparcialidad e independencia, garantizando sus derechos de libre expresión, laborales y los que correspondan, así como el derecho de la audiencia a recibir información.

Segundo. Exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a investigar y, en su caso, sancionar, en el ámbito de sus atribuciones, las presuntas violaciones a los derechos de las audiencias establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por parte de la empresa concesionaria MVS Radio al modificar unilateralmente sus lineamientos y despedir a varias personas periodistas, incluida la conductora Carmen Aristegui Flores.

Tercero. Exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a investigar, en el ámbito de sus atribuciones legales, las presuntas violaciones a los derechos laborales de Carmen Aristegui Flores y su equipo periodístico por parte de la empresa concesionaria MVS Radio, y a promover ante las instancias correspondientes una conciliación entre la empresa y los periodistas actualmente en conflicto.

Notas

1. Méxicoleaxs, Nosotros. Consultado el 16 de marzo de 2015 en https://mexicoleaks.mx/#nosotros

2. Ibíd.

3. La Jornada, Cesa MVS relación laboral con la periodista Carmen Aristegui. Consultado el 16 de marzo de 2015 enhttp://www.jornada.unam.mx/2015/03/16/politica/009n1pol

4. Ibíd.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

Diputados: Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto Cabrera Solís, José Higuera Fuentes, Víctor Nájera Medina, Elena Tapia Fonllem, Verónica Sada Pérez.

Con Punto de Acuerdo por el que esta Soberanía se manifiesta en defensa de las libertades de expresión, de información y de las audiencias a recibir información de interés público, que fueron violentados en el caso de la periodista Carmen Aristegui y su equipo, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

Las y los que suscriben, diputadas y diputados de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura con fundamento en el artículo 79, numeral 1 fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

El derecho a la información establece dos aspectos lógicos: el derecho a informar y el derecho a ser informado verídica, imparcial y objetivamente. A ser un país donde este derecho se cumpla y no un pueblo que sólo tenga acceso a la información que el Estado permita difundir.

Ante el atentado a la libertad de expresión y el derecho a la información de las audiencias, asestado desde Los Pinos al noticiero de la periodista Carmen Aristegui, hacemos un llamado para que la Cámara de Diputados se pronuncie contra cualquier ataque al libre ejercicio periodístico y contra el asedio de los concesionarios para que cierren espacios críticos.

En este contexto México es considerado a nivel internacional el sexto país con más periodistas asesinados por el ejercicio de su profesión. En los últimos 15 años 103 han sido asesinados y 25 están desaparecidos, según cifras del informe estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR).

Ante este desolador panorama, para nadie es difícil relacionar que el golpe contra el equipo de periodistas encabezado por Carmen Aristegui es resultado de la denuncia por el conflicto de intereses en el caso de la Casa Blanca y otras dos. Es un ajuste de cuentas desde las esferas más altas del poder. Sólo era cuestión de tiempo, y como la misma periodista lo ha revelado, hace meses se preparaba este golpe contra la libertad de expresión.

El aparente uso ilegal de una marca concesionaria para participar en MexicoLeaks, plataforma informativa donde la población en general podrá presentar todo tipo de denuncias que serán investigadas y corroboradas con rigor periodístico, fue el pretexto para separar de su cargo a dos reporteros que develaron casos de corrupción o de “conflicto de intereses” de Enrique Peña Nieto, su esposa y de Luis Videgaray Caso. Esto originó que la periodista solicitara la reinstalación de sus colaboradores y llamara una y otra vez a preservar el espacio noticioso que encabezaba.

Estamos ante un caso de censura donde se ignora el derecho y exigencia de las audiencias sobre lo que de desean ver y escuchar en los medios de comunicación y que en este caso se han manifestado en las redes sociales y las calles.

El Poder Legislativo no puede permanecer indiferente ante este atentado que afecta la vida democrática del país, porque la censura ataca la pluralidad. Ya lo escribió un periodista: mientas en otros países se otorgan premios a quienes denuncian actos de corrupción; en México los despiden y cierran los espacios noticiosos que los dan a conocer.

Los representantes populares tenemos la obligación de combatir cualquier intento de intimidación contra la libertad de expresión y del libre ejercicio del periodismo por parte del Ejecutivo Federal, tanto para periodistas como para concesionarios y propietarios de medios de comunicación incómodos que ejercen su trabajo con libertad.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta, respetuosamente, a la Cámara de Diputados a manifestarse en defensa de las libertades de expresión, de información y de las audiencias a recibir información de interés público, que fueron violentados en el caso de la periodista Carmen Aristegui y su equipo.

Palacio Legislativo a 18 días de marzo de 2015.

Diputada Aleida Alavez Ruiz


Agenda política

Con motivo de la conmemoración del septuagésimo séptimo aniversario de la expropiación petrolera en el país, a cargo de los grupos parlamentarios

Este año la conmemoración de la expropiación petrolera, llevada a cabo por el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas en 1938 tiene un significado muy especial pues a partir de este 2015 comenzó a implementarse la reforma energética que nos permitirá avanzar decididamente en la construcción de una nación más fuerte, más moderna y más próspera, lo cual, en el fondo, fue la idea inspiradora de la nacionalización de la industria del petróleo.

Hoy celebramos el septuagésimo séptimo aniversario de un evento que, sin duda alguna, marcó el rumbo del México contemporáneo. Gracias al valiente acto del gobierno cardenista nuestro país aseguró su viabilidad económica durante las cinco o seis décadas que siguieron al decreto presidencial anunciado el 18 de marzo de 1938. Resulta tan valioso como incuestionable el aporte que la nacionalización de la industria petrolera tuvo en la construcción de obras que engrosaron la infraestructura nacional, en el financiamiento de nuestros sistemas públicos de salud y educación, en la generación de empleos y en el desarrollo económico del país.

No obstante lo anterior, las transformaciones que ocurrieron en el mundo desde 1938 hicieron patente la necesidad de realizar cambios a nuestro modelo energético pues su estructura jurídica, con el paso del tiempo, se convirtió en un obstáculo para aprovechar al máximo nuestros recursos.

Por este motivo se planteó la reforma energética como una de las principales rutas para que el país estuviera en condiciones de atraer mayores volúmenes de inversión y crear más y mejores empleos; para sentar bases sólidas que nos permitieran combatir más adecuadamente la pobreza que aqueja a un alto porcentaje de nuestra población; para ofrecer un mejor futuro a los jóvenes; para garantizar el derecho de los mexicanos a una educación de calidad que se convierta en la vía de acceso a una vida digna; y para brindarle a nuestros adultos mayores el apoyo y la atención que merecen.

En este sentido, debemos congratularnos de haber sacado adelante las reformas constitucionales a través de las cuales se dará mayor certeza jurídica a las inversiones en el sector energético y se impulsará la competencia en el mismo, lo cual ofrecerá las condiciones propicias para la maximización de la renta petrolera de la nación.

Haber superado las ataduras ideológicas que subsistían en el texto constitucional y que durante mucho tiempo impidieron la asociación de Pemex con la iniciativa privada para aprovechar de mejor manera las reservas de petróleo y gas natural con las cuales contamos, es considerado uno de los avances más significativos que ha logrado el país en los últimos 50 años, pues ello permitirá garantizar la sustentabilidad de nuestro desarrollo económico durante las próximas tres o cuatro décadas.

A pesar de lo que argumentan aquellos que confunden estatización con defensa de la soberanía nacional y apertura con subordinación de los intereses nacionales a los extranjeros, la reforma constitucional aprobada en diciembre de 2013, así como la legislación secundaria en la materia decretada el año pasado, establecen con absoluta claridad que los hidrocarburos son propiedad de la nación y que de ningún modo se renuncia a la rectoría y conducción del sector energético por parte del Estado. El petróleo y los demás hidrocarburos son y seguirán siendo de todos los mexicanos, tal como lo instituyó en su momento el gobierno del presidente Cárdenas.

No debemos confundir lo que es Pemex, hoy definida por nuestra Constitución como empresa productiva del Estado, con lo que son los recursos naturales que están en el subsuelo y que solamente pueden generar riqueza en la medida en que se extraigan; mientras estén ahí en el subsuelo, así sean reservas probadas, simplemente no tienen mayor valor.

Fue así como lo estableció el propio general Cárdenas en su Plan Sexenal, en donde se señala respecto de los hidrocarburos que lo más importante es agregar valor al recurso que se extrae del subsuelo para generar empleo y tener más utilidades a partir de su explotación.

La pretensión de aprovechar mejor los recursos de los cuales disponía México era la verdadera intención de un gobierno que tuvo la valentía de cambiar las circunstancias de su tiempo y que entonces obstaculizaban el avance del país; ese es el auténtico legado del presidente Cárdenas y hoy, en circunstancias completamente distintas a las de aquel lejano 1938, fue lo que intentamos imitar quienes votamos a favor de transformar la situación por la que atravesaba el sector energético mexicano.

No obstante la importancia de lo anterior, lo cierto es que la tarea de transformar al sector energético nacional aún no puede considerarse concluida en virtud de que todavía está pendiente la implementación integral del proyecto modernizador de nuestras industrias petrolera y eléctrica que resulte en mayor prosperidad y mejores condiciones de vida tanto para los mexicanos de hoy como para las futuras generaciones.

Las legisladoras y legisladores del Partido Verde consideramos haber honrado la memoria del presidente Cárdenas y de los hombres y mujeres que contribuyeron a hacer posible la expropiación petrolera cuando votamos a favor de la adecuación de nuestro marco jurídico en materia energética, cuyo propósito no es otro más que detonar al máximo el potencial de Pemex y dinamizar así su producción, poniendo sus frutos al servicio del bienestar de las y los mexicanos.

En 1938 el presidente Cárdenas y quienes lo acompañaron en su proyecto supieron atender con toda puntualidad el llamado de la historia y con ello se ganaron para siempre la admiración, la gratitud y el respeto de las mexicanas y los mexicanos tanto de su época como de las generaciones subsecuentes.

Casi 80 años después, su determinación y valentía siguen siendo ejemplo e inspiración para una generación de mexicanos que como ellos, también quieren un país próspero, digno y generoso.

Dado en la Cámara de Diputados, a 18 de marzo de 2015.

Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica)