Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4233-VI, jueves 12 de marzo de 2015
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a considerar la inclusión de toda Baja California y Othón P. Blanco, Quintana Roo, en la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para la zona fronteriza norte, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PVEM
Los suscritos, diputados federales de los estados de Baja California y Quintana Roo por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que incluya a los municipios de Ensenada, el Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe en Baja California y al municipio de Othón P. Blanco en Quintana Roo, a la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para las zonas fronterizas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En términos del artículo 28 constitucional se prevé que las bases para señalar precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular serán fijados en las leyes respectivas, en este sentido el transitorio Décimo Cuarto, fracción I, inciso b) de la Ley de Hidrocarburos, establece que a partir del 1 de enero de 2015 y, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2017 la regulación sobre precios máximos al público de gasolinas y diésel será establecida por el Ejecutivo Federal mediante acuerdo.
En el transitorio señalado se menciona que la política de precios máximos al público que se emita deberá prever ajustes de forma congruente con la inflación esperada de la economía y, en caso de que los precios internacionales de estos combustibles experimenten alta volatilidad, el Ejecutivo Federal preverá mecanismos de ajuste que permitan revisar al alza los incrementos de los citados precios, de manera consistente con la evolución del mercado internacional.
Concordamos en el sentido que ha dado el Ejecutivo Federal sobre el interés público de moderar el impacto de las variaciones del precio de la gasolina y el diésel, así como de la inflación en la economía de las familias mexicanas, por lo que es conveniente establecer precios máximos de venta al consumidor final de las gasolinas Pemex Magna y Pemex Premium y el Diésel, así ha sido necesario establecer los precios máximos al público de las gasolinas y del diésel para el ejercicio fiscal de 2015, tomando como referencia los precios al público vigentes al 31 de diciembre de 2014, con la finalidad de no afectar negativamente las finanzas públicas ni las de Petróleos Mexicanos.
El incremento que el Ejecutivo federal aplicó desde enero de 2015 es inferior a la meta establecida para la inflación esperada de nuestro país para este año prevista por el Banco de México, lo que beneficia a los hogares mexicanos.
Asimismo, para evitar la posibilidad de arbitraje económico, entendido como la posibilidad de tomar ventaja de una diferencia de precio entre dos mercados, en el consumo de los combustibles con la región colindante con los Estados Unidos de América, el Ejecutivo Federal consideró necesario que la política de precios homologados y escalonados aplicada en la zona fronteriza, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con las modificaciones derivadas del Acuerdo publicado el 1 de enero de 2015 en el Diario Oficial de la Federación continúen vigentes.
Existe un llamado social que hacen las diversas cámaras empresariales y del sector social, así como la ciudadanía general del municipio de Ensenada, el Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe en Baja California, correspondiente a la tarifa de los combustibles de gasolina Magna, Premium y Diesel con cifras de 13.57, 14.38 y 14.20 pesos por litro, respectivamente, ya que ambas regiones no son consideradas como parte de la franja fronteriza y por ello no obtiene los mismos subsidios federales que operan en los municipios de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y parte de Mexicali, donde el costo del combustible se encuentra en los 9.03 pesos por litro de Magna, 9.84 pesos por litro de Premium y 14.20 por litro de Diesel.
El mecanismo de homologación, en uso en la frontera norte desde 2002, consiste en que los precios de las gasolinas en la franja fronteriza norte de nuestro territorio se fijan cada martes homologándolos con los precios de los combustibles en la zona sur de Estados Unidos de América, tomando como referencia el promedio de los precios en la semana inmediata anterior el tipo de cambio vigente en el mismo periodo.
Por lo que hace a la frontera sur, la reciente baja en los precios internacionales del petróleo, también ha generado una disminución generalizada en los precios de los combustibles. Conforme a los datos obtenidos en la primera semana de febrero de este año, el precio de venta final al público de las gasolinas en ese país ha descendido a precios menores a los correspondientes para la venta de gasolinas en nuestro territorio.
Así, tenemos que considerando los precios de venta al consumidor final de las gasolinas en Belice al 7 de febrero de 2015 y un tipo de cambio de 7.44 pesos por dólar beliceño, en el caso de la gasolina Premium, la diferencia resultó ser de 1.34 (un peso con treinta y cuatro centavos) por litro; por lo que hace a la gasolina Magna (comercializada como Regular en Belice), la diferencia es de $1.59 (un peso con cincuenta y nueve centavos) por litro; y en el caso del Diésel, la diferencia es de $1.16 (un peso con dieciséis centavos) por litro, conforme se desglosa en la tabla siguiente:
Esta diferencia de precios se ha reflejado en que los habitantes del Municipio de Othón P. Blanco acudan a comprar combustible a la zona libre de Belice que se encuentra a pocos minutos de distancia, con el fin de ahorrar en la adquisición de este producto; el mismo comportamiento se ha observado en relación con ciudadanos beliceños que acudían a comprar gasolina a nuestro país cuando los precios eran más bajos que los de su país.
Es necesario atender el pedimento de incluir a las regiones señaladas en las políticas de precios de combustible homologados y escalonados en función de la importancia de las actividades económicas del municipio de Ensenada, la totalidad del Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe, así como en el municipio de Othón P. Blanco en Quintana Roo, primarias para el comercio internacional como la pesca, la agricultura y el turismo, las cuales generan miles de empleos directos y donde las actividades requieren de un importante consumo de combustible para llevarlas a cabo y que en las condiciones vigentes minan la competitividad y el crecimiento de los productores de las zonas referidas pues los precios de sus productos aumentan y su demanda disminuye.
Los precios de los combustibles no sólo han menguado la vida económica de estas regiones, sino que también ha trastocado la vida cotidiana de los bajacalifornianos y quintarroenses ahí asentados, pues el precio referido ha impactado negativamente el costo del transporte público y de la comercialización de los productos básicos de consumo.
En los asuntos fronterizos se han adoptado diversos criterios, definiciones y extensiones territoriales contenidas en acuerdos binacionales y programas de desarrollo como el Convenio para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Región Fronteriza entre Estados Unidos y México “Convenio de la Paz” donde se determina a la zona fronteriza como el área que se extiende 100 kilómetros al norte y 100 kilómetros al sur de la frontera entre ambos países, criterio adoptado por el Programa Integral Ambiental Fronterizo, PIAF, el Programa Frontera XXI y el Programa Frontera 2012, teniendo el convenio y los programas referidos como nota distintiva la procuración del bienestar económico y social a través de un enfoque sustentable; en el mismo sentido el Banco de Desarrollo de América del Norte considera como franja fronteriza binacional a la extensión de 210 kilómetros, 105 al norte y 105 al sur a partir de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos. Como es evidente, ambos criterios asisten que tanto el municipio de Ensenada, el Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe sean comprendidos en las políticas de precio homologado y escalonado de combustibles del gobierno federal.
Es en razón de la incertidumbre y preocupación de la ciudadanía en estas regiones y ya que ha sido decisión del Ejecutivo federal que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea la encargada de prever los ajustes de forma congruente con la inflación esperada de la economía, así como en el caso de que los precios internacionales de las gasolinas Pemex Magna y Pemex Premium, y el Diésel experimenten alta volatilidad, y es la Secretaría la encargada de establecer los mecanismos para ajustar al alza los incrementos de los citados precios, de manera consistente con la evolución del mercado internacional, debiendo recabar previamente la opinión de la Secretaría de Energía, y que en virtud de la inflación esperada para el próximo ejercicio fiscal, así como el comportamiento esperado de los mercados internacionales de las gasolinas y el diésel, he tenido a bien determinar un ajuste de 1.9 por ciento respecto del precio aplicado en diciembre de 2014, con excepción de la zona fronteriza, la cual está sujeta a la política de precios homologados y escalonados determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente durante el ejercicio fiscal de 2014, es que se pone a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente resolución
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso, se revise la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para las zonas fronterizas para que se incluya al municipio de Ensenada, al Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe en Baja California y al municipio de Othón P. Blanco en Quintana Roo, como beneficiarios de tal política.
Dado el 5 de marzo de 2015, en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro.
Diputados: María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Ricardo Medina Fierro, Benjamín Castillo Valdez, Mayra Karina Robles Aguirre, Adán David Ruiz Gutiérrez, Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), Raymundo King de la Rosa (rúbrica), María Carmen López Segura, María Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), Ana Lilia Garza Cadena y David Pérez Tejada Padilla (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reducir el precio de las gasolinas para reactivar la economía nacional, a cargo del diputado Ricardo Anaya Cortés y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal Ricardo Anaya Cortés, en nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, representados en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tenemos a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por la cual se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal a que reduzca el precio de las gasolinas, a fin de reactivar la economía nacional.
Consideraciones
Se presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, en torno a una de las problemáticas que más afectan a nuestro país y a los bolsillos de los ciudadanos, relacionada con la caída de los precios del petróleo, los incrementos constantes en los precios de las gasolinas, la injusta política de precios a las gasolinas que nos ha impuesto el gobierno federal, y la ordeña de los ductos de Pemex.
En México, a diferencia de lo que ocurre con países como Estados Unidos, los precios de la gasolina y el diesel son administrados por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Esta peculiar situación nos lleva a esquemas deficientes y poco competitivos, ya que a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, los precios en México son insensibles a las variaciones, como la caída actual de los precios internaciones del petróleo.
En cambio, en Estados Unidos, el sistema de precios obedece a criterios de competitividad, siendo altamente sensibles a los shocks externos.
Y cuál es el resultado: pues que en Estados Unidos los precios de la gasolina son notablemente inferiores a los que se cobran en nuestro país, como respuesta a los precios bajos del petróleo a nivel internacional.
Así tenemos que hoy en día el precio de las gasolinas que se venden en Estados Unidos y que importamos, se encuentra en promedio a un precio menor a los 8 pesos por litro y aquí en México las vendemos en un precio cercano a los 14 pesos por litro.
En México, a pesar de tener precios del petróleo más bajos, el precio se ha venido incrementando a través de los llamados gasolinazos, lo cual tiene su razón en las políticas de impuestos que aplica en nuestro país.
Esto es, que actualmente el consumidor de gasolinas paga la carga tributaria que, en su caso corresponda por la venta de gasolina y diesel, la cual incluye IEPS e IVA.
El IEPS se ajusta automáticamente en relación a la variación entre el precio de productor y precio al público.
Así, cuando el precio del petróleo sube, la tasa de IEPS disminuye, entendiéndose esto como “subsidio al consumidor”. Lo que significa que cuando el precio internacional del petróleo sube, los costos de Pemex y de transporte de gasolina aumentan, en tanto que los precios locales no lo hacen, de tal forma la tasa de IEPS se vuelve negativa.
Lamentablemente, la situación actual es contraria, pues con la caída del precio internacional de petróleo ha provocado una disminución en los precios de las gasolinas en Estados Unidos, pero no en México, lo que nos ha llevado a pagar un IEPS cercano a 3.00 pesos por litro de gasolina, con la consecuente afectación a la de por sí ya muy deteriorada economía nacional.
En Acción Nacional consideramos que es histórico que la gasolina se venda en Estados Unidos a menos de ocho pesos y en México a casi 14 pesos, con una diferencia de alrededor de seis pesos, 70 por ciento más cara que en el vecino país.
Las cifras son claras y contundentes: el precio del petróleo disminuyó 53 por ciento de junio de 2014 a marzo de 2015, y en otras partes del mundo como Estados Unidos y Guatemala, el precio de la gasolina ha bajado casi 20 por ciento, mientras que en otros países, como Costa Rica y Panamá, el descenso es de hasta 30 por ciento.
Llegamos a la conclusión de que estos países sí saben manejar sus economías, pues están conscientes que con estas reducciones en los precios de sus gasolinas, contribuyen con el crecimiento económico de sus regiones.
Así lo constata El Fondo Monetario Internacional, quien estima que con una reducción del 50 por ciento en el precio del petróleo, se puede alcanzar un crecimiento de la economía mundial hasta de un punto porcentual adicional.
Podemos afirmar que bajando los precios de las gasolinas y el diesel en nuestro país, nos llevará automáticamente a una reactivación de la economía nacional, en particular por el efecto positivo que se da en industrias que son altamente sensibles a su precio, como son las de alimentos, de productos químicos o la propia metalurgia.
Los legisladores del Partido Acción Nacional y de las demás fracciones parlamentarias ya hicimos nuestra labor y aprobamos la Reforma Energética que promoverá que los precios de las gasolinas se fijen de acuerdo con las condiciones del mercado en los próximos años.
Hoy es responsabilidad del Ejecutivo federal aplicar una reducción en el precio de las gasolinas para reactivar la economía, y para aliviar la terrible carga que le ha generado a las y los mexicanos, con el cobro de impuestos abusivos, y gasolinas caras.
Estamos convencidos que el gobierno federal está en condiciones de asumir la situación de la caída de los precios internacionales del petróleo, pero desgraciadamente vemos que les está pasando el costo y la responsabilidad a los consumidores.
Esta situación continuará a lo largo de 2015, queda claro que el gobierno federal importa gasolinas baratas y las vende caras en el interior de la República Mexicana y que, además, recibe recursos por concepto de IEPS, obviamente a costa de los consumidores de nuestro país, lo que impacta terriblemente en la economía de la sociedad mexicana.
Por ello, es que de manera urgente les solicitamos a las autoridades gubernamentales poner un alto y a que el gobierno federal asuma los costos de esta situación en donde importa gasolinas baratas, las vende caras y además les encaja el IEPS a los consumidores.
Una de las promesas de campaña de este gobierno era bajar los precios de los combustibles y lo que tenemos no sólo es una mentira, sino un incremento abusivo que perjudica la economía de las familias mexicanas.
Por otra parte, a Acción Nacional le sigue preocupando el tema de la ordeña de los ductos de Pemex. En los últimos seis años, Pemex ha sufrido pérdidas de aproximadamente 46 mil millones de pesos debido al robo de gasolina a través de la ordeña de ductos. Esta cifra equivale a poco más del 2.98 por ciento de las ventas totales de esa empresa durante 2013 que fueron por billón y medio pesos.
Lo anterior según datos revelados por Pemex, donde además se detalla que en 2009 las mermas por tomas clandestinas sumaron 3 mil 500 millones de pesos, mientras que en 2014 son ubicadas en 17 mil millones de pesos, lo cual deja ver un aumento de casi 385.30 por ciento en las pérdidas de la petrolera registradas en 2014 frente a las de 2009, a causa del hurto de hidrocarburos.
Entre 2009 y 2014 hubo nueve mil 375 tomas clandestinas; en el mismo periodo de tiempo las pérdidas sumaron 46 millones de pesos; igualmente, el volumen faltante entre 2009 y 2012 ascendió a 13 millones de barriles.1
Derivado de lo anterior y ante la necesidad de combatir frontalmente la ordeña de ductos y evitar que la empresa productiva del Estado siga perdiendo anualmente miles y miles de dólares, en los últimos días Pemex ha hecho del conocimiento nacional una nueva estrategia a fin de desincentivar la ordeña de ductos, la cual consiste en que los ductos distribuirán gasolina y diesel, pero sin que éstos productos se encuentren totalmente terminados.
Es decir, ahora los combustibles carecerán de aditivos y pigmentos durante su traslado por los ductos, llegarán a las Terminales de Almacenamiento y Reparto del País y ahí se complementarán para después ser transportados por pipas hasta su venta final.
Al margen de lo anterior, resulta de suma importancia cuestionar dicha propuesta, tomando en consideración el recorte del gasto sufrido por Pemex, el cual afectará en gran medida a las refinerías del país, por lo que no se entiende o al menos, resulta poco clara dicha estrategia, al recortar recursos a las refinerías y querer terminar los productos en las Terminales de Almacenamiento y Reparto, es decir, ¿cómo se terminarán dichos productos si resulta necesaria la participación o intervención de las refinerías en dicha terminación?
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Primero. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que reduzca el precio de las gasolinas, a fin de reactivar la economía nacional.
Segundo. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía, y del titular de Pemex, para que rectifiquen la política de recorte de gasto presupuestario que se tiene previsto realizar en Pemex Refinación, toda vez que dicho recorte afectará ineludiblemente las labores de terminación de las gasolinas y del diesel, dada la nueva estrategia anunciada por Pemex, con la cual se pretende desincentivar la ordeña de ductos.
Nota
1 https://www.oilandgasmagazine.com.mx/2015/02/pierde-pemex-46-mmdp-en-ro bo-de-combustible/
Dado en el Palacio de San Lázaro, a los 12 días del mes de marzo de 2015.
Diputados: Ricardo Anaya Cortés (rúbrica), Rafael Acosta Croda (rúbrica), Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (rúbrica), Marcos Aguilar Vega (rúbrica), Humberto Alonso Morelli, Martha Berenice Álvarez Tovar, José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra, Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Francisca Rosario Arana Lugo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), María Lucrecia Arzola Godínez, José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Juan Bueno Torio (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Rubén Camarillo Ortega, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (rúbrica), Genaro Carreño Muro (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), José Luis Contreras Rojas (rúbrica), Alberto Coronado Quintanilla, Isaías Cortés Berumen, Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya, María Eugenia de León Pérez (rúbrica), Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica), Maribel Enríquez Ramírez, Viridiana Lizette Espino Cano (rúbrica), Heidy Guadalupe Estrada Martínez (rúbrica), Ricardo Flores Suárez, Carlos Alberto García González, José Guadalupe García Ramírez, Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica), Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), José Ángel González Serna, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Ana María Gutiérrez Coronado, Lorena Gutiérrez Landavazo (rúbrica), Carlos Bernardo Guzmán Cervantes (rúbrica), Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo, María Teresa Jiménez Esquivel, Karina Labastida Sotelo, Fernando Alejandro Larrázabal Bretón (rúbrica), Margarita Licea González, Ofelia Limón Robles (rúbrica), Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), José Martín López Cisneros (rúbrica), Leticia López Landero (rúbrica), Raudel López López (rúbrica), Alejandra López Noriega, Julio César Lorenzini Rangel, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), José Alejandro Llanas Alba (rúbrica), María de Lourdes Medina Valdés (rúbrica), Yatziri Mendoza Jiménez, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), Heberto Neblina Vega (rúbrica), Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (rúbrica), José Luis Oliveros Usabiaga, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), J. Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, Raúl Paz Alonzo (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Carmen Lucia Pérez Camarena (rúbrica), Jorge Alfredo Pérez Covarrubias (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera, Esther Quintana Salinas (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica), Luis Miguel Ramírez Romero, Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Alicia Concepción Ricalde Magaña, Alfredo Rivadeneyra Hernández, Erick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval, Leonor Romero Sevilla (rúbrica), Nidia Saavedra Pérez (rúbrica), Verónica Sada Pérez, Leticia Sálas López, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Arturo Salinas Garza, Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Víctor Sánchez Guerrero (rúbrica), Mario Sánchez Ruiz, Víctor Serralde Martínez, Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh, Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica), Jorge Iván Villalobos Seáñez, Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Martha Guadalupe Villarreal Rangel, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), Beatriz Zavala Peniche (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, la SHCP y el SAT a informar a la opinión pública si se investiga sobre la probable asignación de contratos a cambio de sobornos en Sonora, donde participarían el gobernador, Guillermo Padrés Elías, y su hermano Miguel Padrés Elías, suscrita por los diputados Carol Antonio Altamirano y Lilia Aguilar Gil, de los Grupos Parlamentarios del PRD y del PT, respectivamente
El suscrito, Carol Antonio Altamirano, diputado a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado jueves 5 de marzo de 2015 el diario norteamericano The Wall Street Journal , publicó un artículo en el que se advierte la posibilidad de actos de corrupción en México, específicamente en Sonora, al destacar una investigación por sobornos donde se señala como probables actores al gobernador de la entidad, Guillermo Padrés Elías, y a su hermano Miguel Padrés Elías.
De acuerdo con el diario, el gobierno federal abrió una investigación al respecto, encabezada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), basada en las acusaciones de que los hermanos Padrés Elías recibieron pagos por la cantidad de 3.3 millones de dólares (equivalentes a 51 millones 150 mil pesos al tipo de cambio de 15.50 pesos por dólar), por parte de firmas que ganaron contratos públicos con el gobierno sonorense, equivalentes a 20 millones de dólares (310 millones de pesos).
The Wall Street Journal expone que, según la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, el dinero fue pagado por el empresario Mario Aguirre, para obtener las licitaciones para proveer uniformes escolares.
Adicionalmente, se refiere que la investigación de la SHCP sostiene que Miguel Padrés transfirió 5.7 millones de dólares (88 millones de pesos) a una cuenta bancaria en Estados Unidos, que abrió en 2012, en nombre de Tenerife CV, una firma con sede en Holanda. También se tiene referencia de que Miguel Padrés depositó adicionalmente 522 mil dólares (8 millones de pesos) en otra cuenta en Estados Unidos abierta por su hermano en 2011, a nombre de Dolphinius CV, otra sociedad de responsabilidad limitada con sede en Holanda. En total, Miguel Padrés transfirió 8.9 millones de dólares (137 millones de pesos) de cuentas de México a cuentas en bancos de Estados Unidos, desde que su hermano Guillermo Padrés se convirtiera en gobernador de Sonora en 2009.
Cabe destacar que el 24 de febrero pasado, tanto el gobernador Guillermo Padrés y sus hermanos Héctor, Miguel y Julio aseguraron públicamente que su fortuna familiar ascendía a 261 millones 875 mil 633 pesos entre mueblerías y ranchos sin mencionar ni hacer referencia a las cuentas citadas por The Wall Street Journal .
La nota cita la investigación en el sentido de que se “realizaron una serie de operaciones en el sistema financiero nacional y extranjero, con recursos que posiblemente tienen un origen ilícito y con un alto grado de probabilidad se operaron con la finalidad de ocultar su origen, localización, destino o propiedad” , también ha sido señalada la ausencia de explicación sobre la raíz de los fondos de Miguel Padrés, ni de sus actividades empresariales ni sus declaraciones juradas.
El gobernador Padrés ha negado categóricamente haber abierto cuentas bancarias en nombre de la firma holandesa, y desconoció la investigación tratando de desacreditarla, achacándola a rivalidades políticas.
Sin embargo, los señalamientos hechos al gobernador Padrés son graves y deben ser aclarados, más aún cuando se ha puesto en entredicho a la investigación, si el gobernador sonorense cuenta con dinero que no debería o cuyo origen sea inexplicable, la tarea de la SHCP es investigar y la de las instituciones, como esta soberanía, es mantener ojos vigilantes en él.
Siendo necesario recordar que no es la primera vez que el gobernador Padrés se ha visto envuelto en controversias, simplemente basta con evocar una represa en su rancho, en el estado de Sonora, cuyos habitantes se encuentran a merced de las inclemencias del clima, situación que lo hizo acreedor a una multa y a que se le ordenara la destrucción de la represa, símbolo de su inestabilidad y voracidad.
Las acusaciones en contra del gobernador Padrés son graves y deben ser aclaradas en aras de la consolidación de un servicio público transparente, eficaz y, sobre todo, benéfico para la población y no para privilegiar intereses particularmente en detrimento de la ciudadanía, es por lo anteriormente expuesto, que elevo a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria, a efecto de que informen a la opinión pública si se está realizando alguna investigación con relación a la probable asignación de contratos a cambio de sobornos en el estado de Sonora, en el que participarían el gobernador Guillermo Padrés Elías y su hermano Miguel Padrés Elías.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2015.
Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sedesol, el Conapo y el Inegi a reconocer Hidalgo del Parral, Delicias y Cuauhtémoc –y sus áreas conurbadas o periferias contiguas–, Chihuahua, como nuevas zonas metropolitanas, a cargo del diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado federal del estado de Chihuahua, Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, Apartado 1, fracción II, apartado 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio de delimitación de zonas metropolitanas no es ajeno. A partir de 1940 la urbanización y expansión física derivada del éxodo campo-ciudad, dieron paso a la conformación de diferentes metrópolis dentro del territorio nacional.
En el año de 1976 el constituyente reforma la Ley Suprema para reconocer la existencia de los municipios conurbados y asegurar, así, la eficaz prestación de los servicios públicos; competencia de éste orden de gobierno, ello en el Artículo 115 Constitucional.
Al mismo tiempo, debemos reconocer que en nuestro país siguen persistiendo serias desigualdades entre regiones y grupos sociales, que requieren mayores esfuerzos para aprovechar racionalmente los recursos naturales y para incrementar la infraestructura que permita abrir nuevas y mejores oportunidades a todos los sectores productivos.
En los últimos años la concentración humana en las ciudades se ha llevado a cabo a través de procesos económicos y sociales atractivos, que han posibilitado una alta ocupación del territorio de éstas. La población mundial vive hoy más en entornos urbanos que rurales. De esta manera, las ciudades hoy en día, con base en los paradigmas impuestos por el modelo globalizador, se han ido convirtiendo en polos de competencia entre ellas que les obliga a enfrentar retos y buscar oportunidades para poder descollar en el contexto de la economía mundial. Además, en las ciudades existe una permanente búsqueda de mejores espacios para la convivencia, cultura y creatividad. Esto, aunado al enorme reto de abastecer de infraestructura básica y servicios que generan estas aglomeraciones.
Entrando en materia, es de citarse que entre los elementos más importantes en la composición, definición y delimitación de una zona metropolitana se encuentra: que está formada por una ciudad con una fuerte concentración demográfica (ciudad central o núcleo central), la cual gradualmente expande su influencia dominante socioeconómica y política hacia una o varias Ciudades o municipios que, de alguna forma u otra, establecen una relación de dependencia hacia la primera con motivo de la alta concentración de actividades económicas, laborales y de servicios.
También se toman en cuenta las unidades administrativas que por su carácter estratégico forman parte de la zona metropolitana, la funcionalidad entre la periferia y el núcleo central, así como el volumen de su población.
En 2003-2004, en México se crea un grupo interinstitucional conformado por la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Sedesol-Conapo-Inegi); se identificaron 55 zonas metropolitanas a nivel nacional entre las que, por el volumen de población, destacan las del Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla – Tlaxcala y Toluca dentro de las primeras cinco más pobladas del año 2000.
Este mismo grupo interinstitucional, con los mismos criterios y los datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005, identificó 56 zonas metropolitanas dentro del territorio nacional; se sumaron Tijuana, León, Juárez y La Laguna para alcanzar nueve metrópolis con más de un millón de habitantes, de las cuales, la zona metropolitana del Valle de México se encuentra en primer lugar.
Dentro de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano se define a la zona metropolitana, como el conjunto de dos o más municipios o demarcaciones territoriales en los que se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio o demarcación que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica.
Adicionalmente, se considera como zona metropolitana: a) todos aquellos municipios, demarcaciones territoriales o asentamientos humanos que contienen una ciudad de un millón o más habitantes, y b) aquéllos con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos de América.
Considerando todo lo anterior es que, se solicita la creación e incorporación de tres nuevas zonas metropolitanas en el estado de Chihuahua , como parte predominante de un sistema urbano, que ejerce una significativa influencia económica social y política, mismas que comprenderían:
1. Ciudad Delicias, conformada por los municipios de: Rosales, Julimes, Meoqui y Saucillo;
2. Ciudad Hidalgo del Parral, conformada por los municipios de: Valle de Zaragoza, Valle de Allende, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Villa Matamoros y Huejoitan y;
3. Ciudad Cuauhtémoc, conformada por los municipios de: Carichi, Namiquipa, Riva Palacio, Cusihuiriachi, Gran Morelos, Bachíniva y Guerrero.
Esto, debido a que su dinámica espacial es influenciada por la cantidad de flujos de bienes, personas y recursos financieros.
Lo anterior, demanda diversos ejercicios de planeación y gestión con el ánimo de buscar, ordenar y clarificar las acciones que permitan lograr un modelo de territorio ordenado, con la infraestructura adecuada para poder competir en mejores condiciones dentro del sistema de ciudades nacional e internacional, y así satisfacer las necesidades y demandas de sus ciudadanos, conforme a las siguientes:
Consideraciones
Ciudad Delicias se ha consolidado como la tercera ciudad en importancia en el contexto estatal, tanto en el aspecto demográfico como en términos económicos, así mismo, destaca por contar con infraestructura industrial, comercial y de servicios de primer nivel.
Delicias ha comenzado a figurar como uno de los municipios con mayor calidad de vida en la entidad, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por la Organización de las Naciones Unidas. Delicias ocupa el lugar número 61 entre los 2,418 municipios del país desde 2005.
El IDH se compone de tres dimensiones: salud, educación e ingreso. Con base en este índice puede observarse que Delicias tiene un grado de desarrollo humano similar al de importantes capitales estatales como Puebla, Guadalajara, Morelia, Saltillo y Ciudad Victoria, o bien de municipios importantes como Los Cabos, Baja California Sur o Apodaca en Nuevo León. La calidad de vida ofrecida por Delicias es similar a la de estas ciudades.
En lo concerniente al Índice de Desarrollo Municipal (IDM) elaborado por la Secretaría de Gobernación, Delicias se ubica en la posición número 65 entre los 2,418 municipios de México, a partir de 2005. En éste contexto, Delicias tiene un grado de desarrollo similar a municipios importantes como Saltillo, Coahuila, municipios relevantes en su contexto estatal como Agua Prieta, Sonora; Ocotlán Jalisco y Playa del Carmen, en Quintana Roo. El desarrollo del municipio de Delicias es también equiparable a municipios incorporados a grandes zonas metropolitanas: Santa Catarina que forma parte del Área Metropolitana de Monterrey, Cuautlancigo que pertenece a la zona metropolitana de Puebla y Jiutepec al Área Metropolitana de Cuernavaca.
En el ámbito estatal, tanto en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) como en el Índice de Desarrollo Municipal (IDM), Delicias ocupa la tercera posición en la entidad sólo detrás de los municipios de Chihuahua y Juárez, junto a Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral. El IDM se descompone en cuatro componentes: ambiental, económico, social e institucional. En el componente ambiental se evalúa la disponibilidad de servicios públicos en las viviendas, principalmente disponibilidad de agua potable y drenaje. En este componente, Delicias sobresale en la cobertura de agua potable ya que es la más alta a nivel estatal.
En el componente económico, Delicias se ubica en la tercera posición en la productividad por habitante, sólo detrás de Juárez y Chihuahua.
En el aspecto institucional el municipio de Delicias destaca por tener una elevada cantidad de ingresos propios (38 por ciento del total) lo que refleja el esfuerzo hecho por la administración municipal. En el aspecto social, Delicias registra la tasa de mortalidad infantil más baja de todo el estado, esto es gracias a la infraestructura hospitalaria existente en la ciudad que cuenta con 3 hospitales públicos (IMSS, ISSSTE y Hospital Regional) y un hospital privado (Clínica Delicias).
Delicias ha experimentado en un importante auge en el sector comercial y de entretenimiento, gracias a la llegada de franquicias nacionales e internacionales.
Delicias posee todas las comodidades e infraestructura de una ciudad media: tres parques industriales, una central de abastos, un centro de exposiciones, un complejo cultural (Teatro de la Ciudad, Museo de Paleontología y Biblioteca), un club de golf privado, excelentes hoteles, centros comerciales, restaurantes, cines así como instalaciones deportivas de primer nivel entre las que se encuentran un nuevo estadio de béisbol, tres gimnasios de basquetbol y el Parque Fundadores, parque central de la ciudad que cuenta con una ciclopista, canchas de teni s, frontón y basquetbol así como un área para deportes extremos.
En suma, se observa que Delicias es una ciudad competitiva en el plano nacional. La calidad de vida ofrecida por Delicias es similar al de algunas capitales estatales, es una ciudad media que ofrece todas las comodidades de una ciudad más grande. Los municipios aledaños constituyen la zona agroindustrial más importante del Estado.
El desarrollo industrial se concentra principalmente en Ciudad Juárez, seguido de Chihuahua Capital, aunque también se observa un crecimiento de la industria manufacturera en las ciudades medias: Delicias, Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral. La Secretaría de Economía define a siete clusters como básicos para la promoción de la actividad económica: agroindustria y alimentos; textil y confección; industria forestal; materiales para construcción; industria automotriz; electrónica y telecomunicaciones; y la industria aeronáutica.
La Región Norte concentró el 82 por ciento de los empleos perdidos en el Estado de Chihuahua en el ciclo recesivo, otras ciudades de la entidad como Chihuahua, Delicias o Cuauhtémoc fueron más exitosos en salir avante de la recesión económica, debido principalmente a la diversificación de sus actividades económicas. A nivel nacional la disminución del empleo formal fue de tan sólo - 4.8 por ciento por lo que la Región Norte con una caída de -24 por ciento estuvo muy por encima del promedio del país.
Cabe destacar que Ciudad Cuauhtémoc es la localidad con el mayor desempeño mostrando una variación promedio de 24 por ciento y un crecimiento absoluto de 28 mil 62 habitantes. En el resto del estado la tasa promedio anual desciende del 2.36 por ciento al 1.5 por ciento.
Esto es debido a que las regiones que cuentan con mayor nivel de infraestructura, ofrecen mejor prestación de servicios y, sobre todo, cuentan con una mayor diversificación de sus actividades productivas, han sorteado mejor la recesión económica induciendo grandes inmigraciones de población, tal es el caso de Cuauhtémoc, Chihuahua y Delicias.
Ciudad Cuauhtémoc, tiene una semejanza muy marcada y guardada a las debidas proporciones a una Ciudad fronteriza, el comentario anterior se desprende de la constante movilización migratoria de personas que llegan de otras regiones como municipios cercanos y más pequeños, comunidades de la sierra tarahumara, personas provenientes del sur del país y el crecimiento natural demográfico de sus mismos habitantes, provocando con esto un rápido crecimiento en su población y por consecuencia en las necesidades de sobrevivencia que tienen sus pobladores al demandar, alguna actividad económica, empleo, servicios, seguridad, educación, cultura, recreación e infraestructura.
Es importante destacar que Delicias, Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral destacan dentro de las regiones económicas más importantes del Estado de Chihuahua, dentro de los sectores Agropecuario, Minería, Industria Manufacturera, Comercio y Servicios para Empresas.
Por otra parte, Ciudad Hidalgo del Parral es el centro de desarrollo regional más importante del sur del Estado de Chihuahua, su zona de influencia abarca los municipios de Allende, Balleza, Coronado, El Tule, Huejoitán, Matamoros, Santa Bárbara, San Francisco del Oro y Valle de Zaragoza.
Cuenta con una población de más de 103 mil 500 habitantes, en 112 comunidades, concentrada principalmente en la cabecera municipal.
De los recursos hidráulicos el municipio cuenta con tres acuíferos, los cuales se encuentran en equilibrio en su relación consumo, recarga.
En materia de desarrollo económico, el municipio cuenta con 5,198 unidades económicas del sector industrial y de servicios, propiciando la generación de más de 21 mil empleos formales.
De esto, se deriva la participación de la región y del municipio en el Producto Interno Bruto Estatal, donde la región participa con un 5.5 por ciento y el municipio con el 1.9 por ciento.
En infraestructura educativa, el municipio cuenta con 153 planteles, cubriendo la demanda de oferta educativa.
En cuanto a vivienda y servicios públicos, se tienen registradas 26,827 viviendas, de las cuales más del 95 por ciento cuenta con servicios de agua potable, drenaje y electricidad.
La integración de las acciones, programas y proyectos que se realicen dentro del municipio cuentan con el respaldo de objetivos y estrategias producto de la participación del Ayuntamiento y la sociedad parralense en su conjunto, por ello, la validación de la sociedad y el compromiso del Gobierno Municipal darán frutos medibles y cuantificables.
Hidalgo del Parral, es una Ciudad Principal, no solo del municipio, sino que se ha consolidado como el principal polo de desarrollo de la región, en infraestructura, servicios, desarrollo económico, por las condiciones actuales en la entidad y en el extranjero. Las tendencias de retorno de la población que emigró a otras ciudades del Estado y el extranjero tiene la expectativa de encontrar oportunidades en el municipio.
El desarrollo urbano ha rebasado la capacidad de contar con un crecimiento ordenado, provocando así la asfixia vial y los consecuentes accidentes.
En el municipio se cuenta con diferentes instituciones que dan servicio a sus derechohabientes, como son el IMSS, ISSSTE, Pensiones Civiles del Estado, así como instituciones particulares.
El municipio cuenta con un gran potencial de desarrollo, siendo la ciudad de Hidalgo del Parral el polo de desarrollo regional, cuenta con el potencial para convertirse en una metrópoli con zona conurbada intermunicipal, cuya economía ha evolucionado, donde el municipio se ha convertido en el centro de confluencia económica, industrial, comercial y de servicios.
El sector industrial en el municipio se encuentra incipiente, cuenta con un potencial de crecimiento en las áreas metal mecánica y automotriz, lo cual, puede detonar el empleo y el desarrollo de empresas de servicios industriales. Como áreas de oportunidad se encuentran la infraestructura, servicios y capacitación para el trabajo.
El comercio y los servicios se encuentran concentrados en la cabecera municipal, provén de bienes a toda la región, conformando así un eje de desarrollo económico para el municipio, sustento de cientos de familias parralenses.
El turismo puede desarrollarse y convertirse en otro eje del desarrollo económico de la región, cuenta con lugares que tienen el potencial para convertirse en productos turísticos de impacto regional, las Jornadas Villistas cuentan ya con el reconocimiento estatal e internacional, atrayendo cada vez a más participantes y visitantes en el municipio.
Cada vez es mayor la cantidad de migrantes temporales que deciden establecer su residencia en el municipio Cuauhtémoc, ocasionando con esto el nacimiento de nuevas colonias y crecimiento irregular de las ya existentes, con la consabida falta de infraestructura en vivienda y servicios básicos como agua, luz, drenaje, seguridad, educación, servicios médicos, servicios sociales.
Se observa un equilibrio económico en las actividades productivas del municipio en comento, en el área comercial, agropecuaria, agroindustria, industria y turismo, este factor permite llevar un desarrollo económico estable durante todas las épocas del año.
Con el objeto de continuar apoyando, un desarrollo equilibrado, se ha contemplado dentro del Plan Estatal de Desarrollo, la realización de Infraestructura Básica, que le da sustento al resto de la Infraestructura, mediante la realización de importantes obras, que en su mayoría, ya se encuentran iniciadas y que demandan recursos para su continuación y conclusión. Estas obras incluyen la construcción de carreteras alimentadoras, la ampliación y modernización de carreteras existentes, la construcción de carreteras pavimentadas a cabeceras municipales, que aún no contaban con una carretera pavimentada; construcción de libramientos, para facilitar el paso y la conexión en los centros urbanos, así como la construcción de infraestructura aeroportuaria con la construcción de aeropuertos regionales y de infraestructura hidroagrícola con la construcción de presas. Asimismo, en conjunto con los municipios de esta región, se han estado construyendo un buen número de caminos rurales pavimentados que comunican los centros poblacionales de la región, dándoles acceso por una vía Pavimentada a las Carreteras Alimentadoras y Troncales del Estado, ahorrándoles tiempo y costos en los traslados.
El estado de Chihuahua cuenta con una red carretera de 13, 104 km, distribuida de la siguiente manera: autopistas de cuatro carriles con una longitud de 1192 km, las conforman la carretera Panamericana que une Juárez, Villa Ahumada, Chihuahua, Delicias, Camargo y Jiménez que comunica a la Ciudad de Torreón, Coahuila.
En el norte del estado, ésta comunica con El Paso, Texas, en el sur de Estados Unidos de América; la carretera 16 parte de la capital del Estado, comunica a la región agrícola de Cuauhtémoc, y en la porción sur la carretera número 45 Hidalgo del Parral – Jiménez comunica la región minera de Parral.
Carreteras de cuota de dos carriles con una longitud de 280 km que comunica a los poblados de Ojo Laguna, Flores Magón, Galeana y Nuevo Casas Grandes; la carretera Tres Marías – Placer de Guadalupe – Potrero del Llano, de aquí se comunica por vía libre a Ojinaga; y por último la de Samalayuca – Jerónimo – Santa Teresa, comunica al Estado de Nuevo México. Se tienen 9665 km de carreteras federales y estatales de dos carriles que ha servido para impulsar la comunicación en el interior y con los Estados de Sonora, Durango y Coahuila, así como el sur de los Estados Unidos. De estas carreteras parten terracerías y brechas que comunican a otras poblaciones del interior y de Estados colindantes.
Se realizó el análisis de la distribución de las localidades al 2005 con relación a las vías de comunicación, utilizando el criterio de tomar una franja de cinco kilómetros a cada lado, arrojando los siguiente datos: el 13.67 por ciento de las localidades están comunicadas por autopistas de cuatro carriles, corresponden a 2,584,148 habitantes (79.72 por ciento), entre las principales ciudades se ubican: Juárez, Chihuahua, Delicias, Hidalgo del Parra, Cuauhtémoc, Santa Rosalía de Camargo, Mariano Jiménez, Pedro Meoquí, y Juan Aldama. La carreteras de dos carriles comunican 3814 localidades (31.43 por ciento) con 464350 habitantes (14.32 por ciento) con las localidades de Nuevo Casas Grandes, Manuel Ojinaga, Madera, Guachochi, Ascensión, San Juanito, Col Anáhuac, Santa Bárbara, Vicente guerrero y San Buena Aventura; estos dos tipos de carreteras pavimentadas comunican 5473 localidades con 3048498 habitantes, lo que corresponde al 94.05 por ciento de la población.
Por terracerías están comunicadas 2102 localidades con 92332 habitantes lo que corresponde al 2.85 por ciento de la población de la entidad; por brecha 2894 poblados con 68895 habitantes y el 2.13 por ciento de la población, casi el 100 por ciento de las localidades de las zonas áridas y semiáridas del estado están comunicadas por brechas y terracerías.
En la Sierra Madre Occidental existen 1624 localidades con 30854 habitantes comunicados por vereda que corresponden a menos del 1 por ciento de la población del estado.
Por las razones expuestas ante esta asamblea, y con fundamento en el artículo 79, apartado 1, fracción II y apartado 2, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población, y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía; todas las anteriores del Ámbito Federal; reconozcan, incluyan y consideren como zonas metropolitanas, a las Ciudades de Delicias, conformada por las Zonas Conurbadas municipios de: Rosales, Julimes, Meoqui y Saucillo, Hidalgo del Parral y sus Zonas Conurbadas o municipios: Valle de Zaragoza, Valle de Allende, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Villa Matamoros y Huejoitan; y Cuauhtémoc y sus zonas conurbadas o municipios: Carichi, Namiquipa, Riva Palacio, Cusihuiriachi, Gran Morelos, Bachíniva y Guerrero, todas del Estado de Chihuahua.
Palacio Legislativo de San Lázaro, el 12 de marzo de 2015.
Diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a revisar la fórmula de distribución de las participaciones federales e incorporar otra en el Fondo de Aportaciones Múltiples, a cargo de la diputada María de Lourdes Medina Valdés, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada María de Lourdes Medina Valdés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que revise la fórmula de distribución de las participaciones federales e incorpore una nueva fórmula de distribución al Fondo de Aportaciones Múltiples, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde la creación de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), en la distribución de las participaciones y aportaciones federales uno de los grandes perdedores han sido los municipios.
Éstos han sido afectados severamente en sus presupuestos como resultado de dos factores que además de ser reiterativos en el tiempo, son altamente lesivos a los erarios locales:
1) La distribución a discreción de los recursos por parte de los gobiernos estatales a los municipales, y;
2) La falta de fórmulas de distribución precisas que dejan margen a interpretaciones de carácter político.
En el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, la ley establece que los gobiernos locales recibirán recursos a través de las participaciones y aportaciones federales.
Las participaciones federales son recursos que la federación entrega a las entidades federativas para dar cumplimiento al artículo 73 constitucional que establece la obligación de participar a las entidades en el rendimiento de determinados impuestos.
Así, el presupuesto que reciben los gobiernos locales por participaciones federales deriva del esfuerzo conjunto que realiza tanto la federación como los estados y municipios para llevar a cabo el proceso de recaudación de impuestos.
Dicho de otra manera, las participaciones federales son recursos propios, sin etiquetar, que los gobiernos locales pueden utilizar para invertir en programas y proyectos que determinen prioritarios, o en su defecto, usarlos para cubrir obligaciones financieras. Bajo la normatividad de la LCF, las participaciones federales que se les transfieren a las entidades federativas vía el Ramo 28, tienen 14 fondos.
No todas las entidades federativas reciben recursos de los 14 fondos. Los estados, a su vez, redistribuyen dichos fondos por fórmulas que se aprueban en cada congreso local a propuesta de cada gobernador. Se usan criterios discrecionales, métodos opacos y variables indebidas.
En el caso particular de las aportaciones federales, es como su nombre lo dice, recursos que la federación aporta a los gobiernos locales a través del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, para apoyarlos en sus presupuestos y que éstos tengan una mayor capacidad económica para poder invertir en educación, salud, seguridad pública, infraestructura social y proyectos productivos.
De los 8 fondos de aportaciones federales que existen actualmente, dos de ellos se ministran directamente a los gobiernos municipales, mientras que el resto se distribuye directamente a los gobiernos estatales.
Para la distribución de los recursos de cada fondo de aportación, la LCF vigente contiene fórmulas específicas que permiten una asignación equitativa y distributiva de los recursos totales del Ramo 33.
El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) es uno de los ocho fondos que integran actualmente el Ramo General 33. Se orienta al financiamiento de los programas de asistencia social en materia alimentaria y de apoyo a la población en desamparo, así como a la atención de las necesidades relacionadas con la creación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura física de la educación básica y superior.
El FAM se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto equivalente a 0.814 por ciento de la recaudación federal participable, según estimación realizada en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio.
En materia de asistencia social, las entidades federativas suscriben acuerdos de coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), mediante los cuales se transfieren recursos económicos para los programas.
Los recursos se transfieren por medio de la Tesorería de la Federación, a la Secretaría de Finanzas de las entidades federativas, y a su vez, ésta los transfiere al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el estado (DIF); el Instituto de Infraestructura Física Educativa (Inife), y las instituciones de educación superior.
En este contexto, de los ocho fondos que componen el Ramo 33, el FAM es el único fondo en donde la ley no especifica una fórmula concreta. Esto da paso a que dependencias federales como la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, realicen asignaciones presupuestales de igual manera, de una forma discrecional.
Además, después de asignarse los montos de este fondo a cada entidad, los gobiernos estatales distribuyen el FAM a sus municipios (no todos), de manera discrecional desde la oficina del DIF estatal.
En la revisión de la Cuenta Pública de cada año, la Auditoría Superior de la Federación ha detectado graves anomalías en la asignación y ejecución de los recursos. Los artículos 39 a 42 de la LCFI, no especifican ni proponen fórmula o método de cómo distribuir estos recursos a los municipios de cada entidad federativa.
De tal manera que los gobiernos municipales sufren constantes presiones presupuestales debido a los recursos que les corresponden por concepto de participaciones y aportaciones federales no les llega en los tiempos que establece dicha ley o en su defecto, por una constante discreción por parte de los gobiernos estatales para su distribución. Es decir, los recursos les llegan “recortados”.
Este retraso o discreción en su entrega compromete la inversión anual en programas y proyectos locales que generen desarrollo y se encaminen a disminuir la pobreza que existe en muchas regiones del país.
Históricamente, en Acción Nacional hemos estado comprometidos con lograr un federalismo fiscal que se caracterice por ser equitativo y redistributivo para impulsar desde la base de los gobiernos municipales, los mecanismos que generen en el corto y mediano plazo, el desarrollo de las regiones que lo componen.
Por esta razón, preocupados por las lagunas legales que la LCF tiene y que permiten un cúmulo de actos irregulares por parte de las autoridades federales y estatales, consideramos necesario que las dependencias especializadas en el tema federalista, propongan los mecanismos legales más eficientes para poder incorporar en el próximo paquete fiscal, las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal que permitan perfeccionar las fórmulas de distribución de las participaciones federales e incorporar por primera vez una fórmula de distribución de los recursos del FAM.
Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que revise de forma integral, la viabilidad de las fórmulas de distribución de las participaciones federales establecidas en la Ley de Coordinación, y que en el Paquete Económico de 2016 envíe al Congreso de la Unión una propuesta de la distribución equitativa de recursos de los 12 fondos que integran el Ramo 28 que se distribuyen a los municipios del país.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el Paquete Económico de 2016 envíe al Congreso de la Unión una propuesta que reforme el artículo 41 de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de integrar una fórmula de distribución del Fondo de Aportaciones Múltiples.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2015.
Diputada María de Lourdes Medina Valdés (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de Chiapas a difundir el porcentaje de avance del inventario estatal forestal y de suelos para instaurar acciones que fortalezcan la preservación de la Selva Lacandona, a cargo del diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con el debido respeto ocupo esta tribuna para presentar proposición con punto de acuerdo, con el carácter de urgente resolución, por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 77, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea las siguientes
Consideraciones
Las selvas altas, bajas y tropicales constituyen, como los bosques, uno de los principales reguladores de la temperatura del planeta tierra, por excelencia son la fuente de captación y generación de agua vertida en el subsuelo y constituyen el hábitat más denso de mamíferos, aves, reptiles e insectos. Todo ello en suma nos da cuenta de la importancia pero sobre todo de la trascendencia que implica su preservación o alteración.
La Selva Lacandona se encuentra en el sureste mexicano, específicamente en Chiapas, y es considerada por su extensión territorial y biodiversidad albergada la segunda mayor del mundo.
Uno de sus principales elementos compositivos es la vegetación y la flora; destacan la coba, el cedro rojo, el bari, el pino y el encino, especies que se han convertido en elementos sumamente atractivos para su explotación. Ello ha originado que en las últimas tres décadas hayan sido devastados de manera clandestina más de 77 mil kilómetros de la Selva Lacandona.
Destacados científicos e investigadores en materia ambiental, como Charles David Keeling, Chico Mendes y Daniel H. Janzen, han encontrado coincidencias al concluir que las consecuencias del cambio climático global se deben en gran medida a las “alteraciones de los principales ecosistemas terrestres”, y recomiendan la adopción inmediata de políticas públicas que permitan por un lado un desarrollo sustentable y por otro que eviten grandes catástrofes como las que han provocado las inundaciones registradas en diversos países, incluido México.
Ante este referente científico, es imperioso adoptar medidas de alto impacto a favor de la humanidad desde el punto de vista de la bioconservación, en el caso de México, se debe partir del estado de conservación de la Selva Lacandona, por ello resulta necesario y urgente exhortar al titular del Poder Ejecutivo de Chiapas a informar con la mayor brevedad a esta legislatura cuál es el porcentaje de avance del inventario estatal forestal y de suelos, a fin de que en el mediano plazo esta Cámara, en su ámbito de competencia, instaure disposiciones para fortalecer la preservación de la Selva Lacandona.
Por las consideraciones vertidas y en congruencia con el compromiso adquirido con los mexicanos, pongo a su consideración, con el carácter de urgente resolución, la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Chiapas a hacer público con la mayor brevedad cuál es el porcentaje de avance del inventario estatal forestal y de suelos, a fin de que en el mediano plazo esta Cámara, en su ámbito de competencia, instaure disposiciones para fortalecer la preservación de la Selva Lacandona.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2015.
Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR y a los procuradores de justicia locales y del DF a evaluar a los agentes del Ministerio Público, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, Magdalena Núñez Monreal, secretaria de la Mesa Directiva e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo que tiene como objetivo exhortar a la Procuraduría General de la República y a las de las entidades federativas y del Distrito Federal a evaluar a los agentes del Ministerio Público, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Recientemente, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tuvo conocimiento del despojo de un inmueble en Tultitlán, México, a un matrimonio integrado por adultos mayores, quienes por razones de salud tuvieron que dejar de habitar una corta temporada su vivienda. Al regresar a ella, cuál sería su sorpresa: ésta era habitada por desconocidos.
Los hechos fueron denunciados de inmediato ante el Ministerio Público, y después de varios meses la indagatoria no se integra, los afectados no tienen posesión de su propiedad y los invasores gozan y disfrutan de una casa que no les pertenece. El Ministerio Público no actúa.
Este suceso es sólo un ejemplo de lo que los ciudadanos vivimos a diario el desinterés de los agentes del Ministerio Público por atendernos y cumplir sus responsabilidades en los ámbitos federal y local.
Lamentablemente, el sistema de procuración de justicia sigue sustentado en la actuación del Ministerio Público. Los ciudadanos no podemos, como en otras materias del derecho, acudir de modo directo ante un juez para iniciar una demanda: dependemos del Ministerio Público para que los hechos delictivos sean perseguidos de manera oficiosa o por querella de la parte ofendida.
El nuevo sistema de justicia penal, de la misma manera, descansa en la acción del Ministerio Público, figura en la cual la sociedad no tiene confianza porque ha dejado de ser el representante social de los agraviados. El Ministerio Público es hoy un funcionario identificado con la corrupción, y su actuación deja mucho que desear.
Lamentablemente, no hay interés del Estado en modificar el artículo 21 constitucional para que la investigación de los delitos deje de corresponder al Ministerio Público, cuyas pesquisas se han prestado incluso a la farsa y a la simulación, lo cual impide abatir de manera efectiva la delincuencia, y el segundo párrafo del imperativo constitucional referido consigna que el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público.
Si el Ministerio Público en verdad hiciera su trabajo de manera oportuna y profesional, la delincuencia que padecemos los mexicanos habría disminuido, ya que la realidad desmiente el discurso oficial.
Por ello, esta legisladora considera que los titulares del Ministerio Público, al frente de la Procuraduría General de la República y de las procuradurías en las entidades federativas y del Distrito Federal deben llevar a cabo una profunda evaluación de los agentes del Ministerio Público en cuanto a conocimientos y de desempeño, procurando conservar a quienes acrediten no sólo ser aptos para el puesto sino también por la atención que den a las denuncias de los ciudadanos, hartos de su nefasto desempeño.
Por lo expuesto, esta legisladora solicita el aval del pleno para aprobar el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Procuraduría General de la República y a las de las entidades federativas y del Distrito Federal a llevar a efecto una evaluación de los agentes del Ministerio Público.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2015.
Diputada Magdalena Núñez Monreal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Oaxaca y a las autoridades federales competentes a garantizar en la entidad el acceso y goce irrestricto del derecho humano a la educación; y a los docentes de la sección 59 del SNTE, la protección de sus derechos laborales y sociales, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
La suscrita, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, diputada federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción XVIII; 6o., fracción I; 62, numerales 2 y 3, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
El artículo 1o. de nuestra Constitución federal establece que en territorio nacional, todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
Asimismo, al firmar y ratificar la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 1 nuestro país se comprometió no sólo a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, sino también a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción (artículo 1).
Entre los derechos reconocidos por la citada Convención se encuentra el de la libertad de Asociación ; conforme a la cual, toda persona tiene derecho a asociarse libremente con fines laborales o de cualquier otra índole (artículo16).
México también es Estado Parte en el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador, 2 que reconoce:
• El derecho al trabajo, a partir del cual toda persona tiene derecho al trabajo, incluyendo la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada (artículo 6).
• El derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección para la protección y promoción de sus intereses . Al adherirse a este instrumento internacional, México se obligó a permitir que los sindicatos funciones libremente y a garantizar que nadie sea obligado a pertenecer a un sindicato en específico (artículo 8).
• El derecho a la educación y establece que todos los niños deberán recibir educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo (artículos 13 y 16).
El protocolo indica que si el ejercicio de tales derechos no estuviera ya garantizado, los Estados Partes están obligados a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos (artículo 2 de la Convención y artículo 2 del Protocolo).
La libertad sindical y la protección del derecho de sindicación están también previstos en el Convenio Número 87 de la OIT, 3 que establece que:
• Los trabajadores y los empleadores sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes , así como el de afiliarse a las mismas con la sola condición de observar sus estatutos (artículo 2).
• Por “organización” debe entenderse a toda organización de trabajadores o de empleadores que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores o de los empleadores (artículo 10).
• *Al ejercer sus derechos los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados a respetar la legalidad (artículo 8).
Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal (artículo 3.2).
A ese respecto, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha señalado que la libertad sindical sólo puede ejercerse en una situación en que se respeten y garanticen plenamente los derechos humanos fundamentales, en particular los relativos a la vida y a la seguridad de la personas .4
Por su parte, la Corte Europea de Derechos Humanos ha señalado que el ejercicio efectivo de la libertad de asociación no puede ser reducido a una mera obligación por parte del Estado de no interferir: un concepto solamente negativo no sería compatible con el objeto y propósito del artículo 11 del Convenio Europeo, 5 el cual, en algunas ocasiones requiere la adopción de medidas positivas, aún en la esfera de relaciones entre particulares, si el caso así lo amerita .6
En el caso Huilca Tecse Vs Perú 2005,7 la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que el contenido de la libertad sindical, una forma de la libertad de asociación, implica la potestad de elección respecto de cómo ejercerla . En este sentido, afirmó que:
“un individuo no goza del pleno ejercicio del derecho a la libertad de asociación, si en realidad esta potestad es inexistente o se reduce de tal forma que no pueda ponerla en práctica ”,
...
“El Estado debe garantizar que las personas puedan ejercer libremente su libertad sindical sin temor de que serán sujetos a violencia alguna , de lo contrario, se podría disminuir la capacidad de las agrupaciones de organizarse para la protección de sus intereses”.
Lo anterior permite observar que la problemática sindical que se vive actualmente en el estado de Oaxaca, ha generado la reiterada y consuetudinaria violación de diversos derechos humanos ampliamente reconocidos por la Comunidad Internacional y ni la intervención de las autoridades locales y las federales han podido solucionar de manera efectiva los conflictos que existen entre dos agrupaciones gremiales del magisterio, al punto de que diversos delitos se han cometido con motivo de los mismos; aunado a ello, los estudiantes han visto coartado su derecho a la educación.
Una sucinta recopilación de hechos y omisiones dan cuenta de lo anterior:
En el año 2006, Oaxaca vivió una de las crisis políticas más importantes de su historia, cuyo factor catalizador fueron las acciones de desalojo que sufrieron los maestros por parte de diversas fuerzas policiales del estado y la federación 14 de junio de ese año en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca.
Este hecho desencadenaría una amplia movilización de amplios sectores de la población oaxaqueña exigiendo la salida del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, a quien se consideró el principal responsable de la represión.
En el 2006, la Sección 22, conformada en su mayoría por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, agrupación disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y hasta entonces, la única agrupación gremial del magisterio en el estado, presentó el 1° de mayo su pliego petitorio anual, esta vez conteniendo 17 puntos generales y otros relativos a cada uno de los niveles y modalidades educativas.
Otras peticiones fueron: plazas, horas para secundaria, préstamos, vivienda para maestros, becas, uniformes, zapatos y materiales para alumnos de escasos recursos.
Desde el principio de las negociaciones, el entonces secretario de Gobierno, Jorge Franco, fue vetado por el magisterio al ser acusado de promover una disidencia dentro de la Sección 22, autodenominada Consejo Central de Lucha, encabezada entonces, por dos ex secretarios generales de la Sección 22: Humberto Alcalá Betanzos y Alejandro Leal Díaz, quienes a fines del 2005 exigieron incluso la salida de Enrique Rueda Pacheco, líder de la Sección 22 en ese año.
Lo anterior provocó la división interna de la Sección 22, cuando ésta discutía su plan de acción que consideraba, entre otras medidas, la realización de un plantón masivo en el centro de la ciudad capital y un paro estatal de labores , el cual duró seis meses, mermando los días de clase lectivos y dejando sin clases a millones de niños y adolescentes que cursaban la educación básica en la entidad .
Esta división generó la renuncia de la Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo seccional, Rapp Soto, quien después se uniría a la disidencia del Consejo Central de Lucha, base de la actual Sección 59.
Por otra parte, el Consejo Central de Lucha, grupo magisterial representado en la Sección 22, se opuso al paro de labores iniciado el 22 de mayo de 2006, señalando además de acciones de hostigamiento , persecuciones y expulsiones de maestros disidentes o inconformes por las acciones promovidas por la Sección 22 .
Rapp Soto, quien a principios de 2006 se desempeñó como Secretaria de Finanzas de la Sección 22, encabezó la primera presidencia de la sección 59, integrando en ese entonces a más de 15 mil maestros en el estado de Oaxaca, con presencia en regiones de la Mixteca, la Costa, Tuxtepec y el Istmo de Tehuantepec.
De este modo, estas dos estructuras magisteriales, la Sección 22 y la Sección 59, comenzaron la disputa por dar “atención” a más de 1.3 millones de alumnos de educación básica y 14 mil escuelas de ese nivel educativo.
Desde el comienzo de su participación gremial, la Sección 59 ha sido objeto de diversos agravios, la mayoría de los cuales, no han sido sancionados por las autoridades educativas y ministeriales del estado.
El pasado 23 de agosto de 2007, la prensa de la capital oaxaqueña reportó el secuestro de las maestras de la Sección 59, Natalia González Quintero, Yoselina Rodríguez Santiago, María del Pilar Cervantes Santiago, Gloria Bravo Soriano y Darney Medina Quiroz, así como de la niña Adriana Osorio Santiago, de 10 años de edad, y del niño Roberto Carlos Herrera González, de nueve años, hijos de dos de ellas.
Las profesoras de la Sección 59 fueron “secuestradas” por la autoridad de San Juan Bautista Coixtlahuaca, municipio de la región Mixteca, ubicada a unos 169 kilómetros de la capital, con apoyo de miembros de la Sección 22, con el fin de “obligarlas a dejar de laborar en el jardín de niños de esa población”, según se puede apreciar notas aparecidas en la prensa local.
Señalan los diarios que las profesoras y los dos menores de edad fueron retenidos el 22 de agosto desde las ocho de la mañana, hasta las cero horas del día 23, “al ser “canjeadas” por dos miembros de la Comisión Ejecutiva de la Sección 59, Jaime Ismael Ramírez Santiago y Tomás Cortes García”, quienes escaparon a las 5 de la mañana del día 23 de agosto.
Ante estos hechos, la dirigencia sindical de la Sección 59 del SNTE dijo que recurriría al Departamento Jurídico del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), “porque se están violando los derechos laborales de sus afiliadas, en beneficio de personal de la Sección 22”.
Desde entonces, el clima de hostigamiento, allanamientos, toma de oficinas y planteles, violencia, secuestros y diversas vejaciones caracterizan la vida escolar en ese estado.
Entre los meses de mayo y junio de 2011, los profesores agrupados en la Sección 22 pararon labores en todo el estado durante dos semanas consecutivas , durante las cuales acamparon en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, además de bloquear comercios, bancos, oficinas gubernamentales, calles y carreteras.
En consecuencia, más de 1.3 millones de niñas y niños se quedaron sin clases en esa entidad .
En ese entonces, los docentes paristas de la Sección 22 desistieron de sus protestas, tras acordar con los gobiernos de Oaxaca y federal la entrega de mil 616 millones de pesos en diversos rubros.
Sin embargo, en al menos cuatro municipios de Oaxaca, padres de familia, habitantes y autoridades municipales impidieron el ingreso de los maestros de la Sección 22 a sus escuelas, como castigo por el paro de labores que realizaron durante dos semanas.
Este tipo de apoyos por parte de los padres de familia, deseosos de que sus hijos reciban educación pública, ha generado una más de las vertientes en conflicto, pues ya no sólo se han registrado choques entre maestros, sino también con padres de familia que se oponen a los paros de los maestros, promovidos por la Sección 22 como arma de lucha.
Así lo demuestran las diversas notas nacionales y locales que dan cuenta de los enfrentamientos en diciembre de 2013 entre padres de familia e integrantes de la Sección 22 por la recuperación de planteles educativos en manos de los primeros, quienes exigen la impartición de clases durante el ciclo escolar y que hacen uso de maestros de la Sección 59 para esos fines o contratan a estudiantes de bachillerato o profesional para los mismos propósitos.
En tal enfrentamiento, realizado el 18 de diciembre de 2013, resultaron 10 padres de familia lesionados, situación que incluso derivó en el inicio de investigaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por otro lado, en noviembre de 2013, se realizó uno más de los allanamientos a las instalaciones de la Sección 59 por parte de integrantes de la Sección 22, hechos que incluso fueron reconocidos y avalados por la dirigencia sindical de esa sección, ante las denuncias de la dirigencia de la Sección 59 y de su solicitud de intervención por parte de las autoridades educativas federales.
En respuesta a este reclamo, en diciembre de 2013, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), controlado por la Sección 22, emitió un acuerdo en el que notifica la realización de sanciones a maestros que sustituyen a los miembros de la Sección 22 en escuelas de educación básica en la entidad.
El documento, publicado en el Periódico Oficial del Estado, estaba dirigido a los profesores que laboran en escuelas diferentes a su adscripción y a los profesionistas o bachilleres contratados por los padres de familia que no tienen nombramiento oficial .
En dicho acuerdo se notifica de un lapso de 30 días hábiles a los involucrados para que dejen de prestar el servicio educativo y se señala que “en caso de incumplimiento u omisión a lo señalado con anterioridad, se iniciarán ante las instancias competentes, los procedimientos administrativos y/o penales a que haya lugar, de conformidad con la normatividad aplicable”, expone.
Para el caso de los profesionistas o bachilleres, el Gobierno oaxaqueño los amagó con sanciones penales si continúan laborando de la siguiente manera: “Con la presunción fundada de la existencia en los centros de trabajo o módulos irregulares, de personas que no tienen relación laboral con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y que realizan tareas educativas enmarcadas en las funciones conferidas al propio Instituto, serán acreedores de las sanciones civiles, administrativas, penales y demás que correspondan”.
Luego de que les fuera cancelado el pago de la primera quincena de febrero, sin justificación alguna, los integrantes de la Sección 59 fueron notificados que no recibirán el recurso.
Lo anterior ha provocado que incluso el acceso al derecho humano a la salud de las y los docentes de la Sección 59 en ese estado sea violentado, pues la protección social de la que gozaban al ejercer con responsabilidad su profesión a miles de infantes de la entidad se ha conculcado. Al no recibir su pago correspondiente, las y los docentes de la Sección 59 dejaron de recibir atención médica, muchos de ellos con enfermedades crónico degenerativas que con han tenido que suspender su tratamiento, lo que deteriora su estado de salud.
La decisión política del Ejecutivo local de suspender el pago correspondiente a los docentes de la Sección 59, en aras de favorecer a los intereses de la Sección 22 no sólo es una muestra de debilidad institucional sino de evidente irresponsabilidad y falta de compromiso con quienes han optado por trabajar en favor de la niñez oaxaqueña. Esta decisión no debe ni puede quedar como un hecho aislado y responsabilizamos al gobernador Gabino Cué de cualquier acontecimiento lamentable derivado de la falta de atención médica a las maestras y maestros de la Sección 59.
En función de lo anterior, como Grupo Parlamentario, Nueva Alianza exige el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de asociación en materia sindical en el estado de Oaxaca, pues no se puede permitir ningún tipo de represalias por parte de la autoridad o de otros grupos, ya que con ello se disminuye la libertad de un grupo determinado de ejercer ese derecho.
Al permitirlo, el gobierno mexicano incumple con la obligación de respetar y hacer respetar y garantizar los derechos reconocidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos a favor de sus habitantes prevista en los artículos 1.1 y 2 de la Convención, que en concreto, indica que el Estado debe garantizar que las personas puedan ejercer libremente su libertad sindical sin temor de que serán sujetos a violencia alguna.
En el preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se considera al principio de la libertad de asociación sindical como uno de los medios susceptibles de mejorar las condiciones de trabajo y de garantizar la paz.8
Sin embargo, el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, sólo puede llevarse a cabo si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, dentro de los cuales se encuentran el derecho al trabajo y a la libre sindicalización, tanto como de sus derechos civiles y políticos.9
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Oaxaca, licenciado Gabino Cué Monteagudo y las autoridades federales competentes para que preserven y garanticen a la infancia y adolescencia en la entidad el acceso y goce irrestricto del derecho humano a la educación, así como garantice a las y los docentes de la sección 59 del SNTE la protección de sus derechos laborales, entre los que se encuentran el pago oportuno de sus salarios y la protección social que deriva del ejercicio responsable de su profesión.
Notas
1 Publicada en el DOF del 7 de mayo de 1981.
2 Publicada en el DOF del 1° de septiembre de 1998.
3 Adoptado el 9 de julio de 1948 y ratificado por el Estado Mexicano el 01/04/1950.
4 OIT. Resoluciones del Comité de Libertad Sindical: 233.er Informe, Caso número 1233 (El Salvador), párr. 682; 238.o Informe, Caso Núm.1262 (Guatemala), párr. 280; 239.o informe, casos números 1176, 1195 y 1215 (Guatemala), párr. 225, c); 294.o Informe, Caso Núm. 1761 (Colombia), párr. 726; 259.o Informe, Casos Núm. 1429, 1434, 1436, 1457 y 1465 (Colombia), párr. 660; véase también Comité de Derechos Humanos O.N.U., Caso López Burgo. Comunicación 52/1979: Uruguay. 29/07/81. CCPR/C/13/D/52/1979. (Jurisprudence); y CIDH. Caso 4425 (Guatemala), Resolución No. 38/81 de 25 de junio de 1981, puntos resolutivos 1 y 2.
5 El artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece que: “Toda persona tiene derecho a....la libertad de asociación, incluido el derecho a fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses.” “El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones, que aquellas que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la mora, o la protección de los derechos y libertades ajenos. El presente artículo no prohíbe que se impongan restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la administración del estado.”
6 Eur. Court H.R. Plattform “Ärzte für das Leben” v Austria, Judgment of 21 June 1988, Series A no. 139, par. 32; y cfr. Eur. Court H.R. Gustafssonv Sweden, Judgment of 25 April 1996, Reports 1996-II, par. 45.
7
http://www.bjdh.org.mx/interamericano/doc?doc=casos_sentencias/
CasoHuilcaTecseVsPeru_FondoReparacionesCostas.htm
8 Ibídem
9 Lo anterior conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2015.
Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Profedet a implantar acciones para garantizar los derechos laborales en los casos de término de contrato o firma de renuncia anticipada, a cargo del diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado federal Víctor Hugo Velasco Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente
Exposición de Motivos
Derivado de las conclusiones de las reuniones de los ministros de trabajo de los países que integran el G20, entre ellos nuestro país, en el que se refiere a la urgente necesidad de ofrecer a la población empleos de calidad, lo cual implica impulsar reformas estructurales en total apego a los principios y derechos laborales fundamentales, la legislación mexicana en la materia fue reformada.
A propuesta del Ejecutivo federal y con el trabajo de esta soberanía, el 30 de noviembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma integral al marco jurídico laboral, cuyo objetivo fue incorporar una serie de premisas y elementos que debe imperar en cualquier relación laboral como son el respeto a la dignidad humana del trabajador; la no discriminación por razón de género, preferencia sexual, discapacidad, raza o religión; el acceso a la seguridad social; el salario remunerador, etcétera.
Asimismo, se incluyó en nuestra legislación nuevas modalidades de contratación, períodos de prueba, los contratos de capacitación inicial y para el trabajo de temporada, con el propósito de atender las circunstancias que privan en el mercado de trabajo.
Desde luego, para evitar posibles abusos con el uso de estas nuevas figuras, se ha previsto que los contratos se celebren por escrito; que los periodos de prueba y los contratos de capacitación inicial sean improrrogables y, que no puedan aplicarse dentro de una misma empresa o establecimiento al mismo trabajador, simultánea o sucesivamente, ni en más de una ocasión. De esta manera los trabajadores que presten sus servicios bajo estas modalidades, tendrán los mismos derechos y obligaciones como cualquier trabajador, en proporción al tiempo trabajado.
Por otro lado, se incluyó una nueva causal de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador, consistente en que el patrón le exija la realización de actos, conductas o comportamientos que menoscaben o atenten contra su dignidad.
Es este preámbulo el que permite identificar la voluntad del Ejecutivo federal y el Poder Legislativo para actualizar la legislación y proveer a los trabajadores de mejores reglas en sus relaciones laborales
Sin embargo, este documento busca retomar las quejas sobre una práctica común en las realidades laborales donde la oferta del trabajo es mucho menor que la demanda de éste, lo que obliga a los trabajadores a aceptar condiciones laborales totalmente alejadas del derecho y del proyecto nacional; condicionando su empleo a firmar su renuncia anticipada, para poder ser utilizadas como defensa patronal ante los tribunales en la materia en caso de despido.
Estas conductas no son nuevas y por el contrario se han ido incrementado derivado de la falta de precisión en la legislación vigente; así como la dilación de acciones de las instituciones encargadas de proteger los derechos de los trabajadores frente a diversos empleadores o patrones que aprovechan la necesidad de los postulantes.
Instituciones como las Juntas de Conciliación y Arbitraje, así como las Procuradurías en Defensa del Trabajo no logran mitigar e impedir esta práctica lacerante, pues la vigilancia y sanción a través de la legislación vigente, queda rebasada, en virtud de no estar contenida en el marco normativo.
Pese a no existir un documento oficial que muestre la curva ascendente de estas prácticas, el hecho no es artificial, puesto que el Quinto Tribunal Colegiado en materia de Trabajo de Primer Distrito, emitió una Tesis Aislada, en la materia, haciendo referencia a la práctica en 2001. Sin embargo, dicha tesis carga la prueba al trabajador. Estableciendo:
Renuncia. Tiene eficacia probatoria plena si el trabajador afirma que estampó su firma en una hoja de papel en blanco al inicio de la relación laboral, y no lo prueba.
Lo que significa que “si el trabajador aduce que el patrón, al inicio de la relación de trabajo, lo obligó a estampar su firma en una hoja en blanco, con la finalidad de llevar a cabo diversos trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y dicho patrón, haciendo uso indebido de ese documento, le confeccionó la renuncia voluntaria a su empleo, razón por la que reclamó la nulidad de cualquier elemento que implicara la pérdida o disminución de sus derechos, ese extremo le corresponde demostrarlo, por lo que si no lo hace es indudable que aquella renuncia tiene plena eficacia probatoria”.1
Lo anterior, muestra un razonamiento formalista, soslayando los fines del Estado y su gobierno para proteger a sus ciudadanos (trabajadores), frente ciertos actores que además de burlar el estado de derecho, vulneran los derechos de los trabajadores adquiridos a lo largo de nuestra consolidación democrática.
Si lo anterior no fuera suficiente, otra tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito en 1995, emitió la siguiente Tesis Aislada:
Renuncia del trabajador bajo coacción. No se acredita por el solo hecho de haber sido redactada en forma de machote.
Dicha tesis establece que “...si el quejoso trabajador no objetó el contenido del escrito de renuncia y reconoce la firma que lo suscribe, como suya, argumentando que la estampó bajo coacción, le corresponde probar esto último porque su contraparte lo negó, lo que no acredita con el simple hecho de que la renuncia haya sido elaborada en forma de machote, pues fundadamente debe considerarse que el otorgante al suscribir la renuncia estaba debidamente enterado de su contenido y conforme con ello, porque la firma estampada en un escrito constituye una manifestación de voluntad que entraña conformidad con lo que ahí se asienta y además la autentifica; consecuentemente, quien reconoce como suya la que aparece en un documento, implícitamente acepta el texto del mismo, pues sería ilógico que se expresara que la firma es propia pero el contenido es ajeno”.2
Esto representa un grave daño a los derechos de los trabajadores, dejándolos en un estado de indefensión, eliminando el principio pro homine del cual nuestro país ha adoptado desde el año 2011.
En este sentido, el que suscribe considera que pese a las prácticas mencionadas y las interpretaciones de otros poderes sobre las situaciones señaladas; el fin de los representantes populares es privilegiar los derechos de los trabajadores sobre los intereses de los particulares.
Asimismo, la intención es proveer de acciones inmediatas que permita contrarrestar las prácticas vejatorias que laceran a los ciudadanos y su trabajo; entendido éste, como una entidad socialmente útil.
Para ello, evocamos una de las atribuciones conferidas a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, contenidas en su Reglamento,3 particularmente en su artículo 23, para prevenir o resolver conflictos laborales que a la postre significan a las autoridades o instituciones gastos onerosos y abuso en contra del trabajador.
En este mismo orden de ideas y citando el mismo marco normativo de la Profedet, en su artículo 7, fracción VI,4 es que se le solicita aplicar estrategias de comunicación institucional para, por un lado, inhibir dichas prácticas ilegitimas de los patrones y, por otro, fomentar la denuncia de las mismas, a través de los trabajadores.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo implemente las acciones pertinentes para promover entre los patrones y trabajadores que todo convenio o liquidación, producto de la terminación de la relación laboral se valide y ratifique ante la autoridad competente.
Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo diseñe estrategias de comunicación y sensibilización y promoción, para que los postulantes de empleo denuncien prácticas violatorias de sus derechos, como la firma de renuncia anticipada.
Notas
1 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2007/CDLaboral/pdf/396 5.pdf. 04/03/2015
2 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2007/CDLaboral/pdf/393 7.pdf 04/03/2015
3 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5366175&fecha=29/10/2014 10-02-2015
4 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5366175&fecha=29/10/2014. 10-02-2015
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2015.
Diputado Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual esta soberanía invita a las autoridades educativas y de turismo a celebrar un programa de coordinación permanente de visitas guiadas que involucre a la comunidad estudiantil y el turismo nacional e internacional, a cargo de la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Patricia Lugo Barriga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII, 6o., numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que esta honorable Cámara de Diputados invita a las autoridades educativas y de turismo a celebrar un programa de coordinación permanente de visitas guiadas que involucre a la comunidad estudiantil y al turismo nacional e internacional a fin de conocer las labores que realiza este órgano legislativo, con base en los siguientes
Antecedentes
1. La cultura cívica cuenta con diversas definiciones, sin embargo todas coinciden en que para englobarla dentro de un concepto es indispensable conocer primero el significado de la palabra “cívica”, que de acuerdo con la Real Academia Española de la Lengua se refiere a lo “perteneciente a la ciudad o a los ciudadanos”,1 y ciudadano lo define como “habitante de las ciudades antiguas o de Estados modernos como sujeto de derechos políticos y que interviene, ejercitándolos, en el gobierno del país”.
En ese sentido, un concepto más completo del significado de “ciudadano”, se refiere como aquel miembro de la sociedad que ha llegado al grado de madurez social suficiente como para actuar de acuerdo a las normas vigentes, consiente y responsablemente dentro de la sociedad. “De este modo, se convierte en un adjetivo que caracteriza a las personas que cumplen con una serie de pautas, orientadas hacia una buena convivencia social en el seno de una comunidad”.1 Entonces la cultura cívica se puede definir como un conjunto de valores, actitudes y habilidades que favorecen la convivencia entre ciudadanos y los lleva a involucrarse de manera activa y responsable en la construcción y mantenimiento del bienestar colectivo.
Por lo anterior, la cultura cívica tiene como objetivo formar sujetos participativos en la democratización de los espacios públicos y privados; que construyan con otros un orden social justo y respetuoso de los derechos humanos; que den vida y mejoran las instituciones y procedimientos democráticos; y principalmente que contribuyan a lograr el buen funcionamiento de la sociedad y una vida digna para todos.3
No obstante, si la palabra cívica se relaciona con aquel miembro de la sociedad que ha llegado al grado de madurez social, es importante señalar que esta madurez en gran parte se alcanza a través de educación cívica, que a grandes rasgos es el “tipo de educación que se centra en el estudio y comprensión de lo que se considera socialmente aceptado; todas esas pautas que contribuyen a la convivencia social y que tienen que ver con el respeto de los diferentes derechos humanos así como también con el cumplimiento de las obligaciones que cada ciudadano tiene”.4
2. La educación cívica es la disciplina que estudia las relaciones sociales que los hombres establecen entre ellos y con el Estado, que se manifiesta en sus diversas formas de organización social y política. Sus contenidos están relacionados con los deberes y derechos de las personas. Busca fortalecer los espacios de convivencia social entre las personas, a través de diversos valores como la solidaridad, la cooperación, la veracidad, la sinceridad, la autenticidad, la responsabilidad, el bien común, la justicia, la lealtad, la tolerancia, entre otros. Asimismo, a través de su conocimiento se adquiere la capacidad de interpretar información política y desarrollar un análisis crítico de la democracia y del papel que juegan los ciudadanos.5
En la antigüedad, “la educación cívica, debía formar a los futuros gobernantes esclavistas e inculcarles el respeto a la propiedad privada y al derecho esclavista, el amor al Estado, a las instituciones y a sus dioses... Podría decirse que el objeto de la educación cívica es la condición y el comportamiento del individuo en la sociedad con patriotismo y cortesía; condición que está íntimamente relacionada con el Estado, la familia, las relaciones, el derecho, el conjunto de valores mínimos, para el mantenimiento de unos principios básicos de convivencia; siendo el Estado el organismo o ente que organiza legalmente aquellas relaciones y conductas, las impone y sostiene, contribuyendo de esta manera a generar condiciones que viabilicen procesos de democracia. La educación cívica, en la actualidad, se ha relacionado con los derechos humanos, la globalización y la democracia”.6
Los temas que incluye primordialmente la educación cívica son:7
– Instrucción en valores creados por la humanidad como producto de su historia: respeto y aprecio por la dignidad humana, justicia, tolerancia y honestidad. Este contenido se experimenta en las formas de convivencia y en el cumplimiento de los acuerdos entre individuos libres, de ahí que requiere un tratamiento vivencial.
– Conocimiento y comprensión de los derechos y deberes: normas que regulan la vida social, los derechos y obligaciones de las personas desde el reconocimiento de la dualidad derecho- deber como la base de las relaciones sociales y de la permanencia de la sociedad.
– Conocimiento de las instituciones y de la organización de la sociedad: dirigido a integrantes de la sociedad que promuevan el conocimiento de aspectos teórico-conceptuales sobre la relación gobierno-sociedad civil y fortalezcan las capacidades organizativas y operativas para el desarrollo de las actividades de liderazgo y votación.
– Fortalecimiento de la identidad nacional: reconocimiento de los símbolos patrios y de una comunidad nacional caracterizada por la pluralidad, diversidad cultural y social, pero que al mismo tiempo comparte rasgos y valores comunes que la definen. Contenidos que han sido orientados desde dos funciones:
• Función informativa: transmitir las normas jurídicas, los comportamientos sociales, los derechos fundamentales y los deberes, las virtudes cívicas, la moral, las concepciones sobre el derecho, el Estado, la familia, entre otras;
• Función formativa: enseñanza de la Constitución y la moral, la correspondencia con la formación de los futuros ciudadanos, respetuosos del orden establecido y de las normas que lo sustentan.
3. La comprensión de la educación cívica por parte de los estudiantes depende del contexto en el que se encuentren, es decir, de las escuelas, la comunidad y el país, pues invariablemente está ligada a la cultura y al sistema político y social de cada uno de ellos.
En 2009, la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (IEA) llevó a cabo el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana (ICCS) en 38 países de todo el mundo, para conocer cómo las naciones preparan a los jóvenes para asumir su rol de ciudadanos. Asimismo, investigó el conocimiento y la comprensión de los estudiantes sobre la cívica y la ciudadanía, así como las actitudes, percepciones y actividades relacionadas con ella.
De las 38 naciones, 21 manifestaron tener una asignatura específica en civismo dentro de su plan de estudios para alumnos de entre 13 y 14 años, asignatura que cubre diversos temas, como el conocimiento y la comprensión de las instituciones y los conceptos políticos, hasta aspectos como la cohesión social y de la comunidad, la diversidad, el ambiente, las comunicaciones y la sociedad global.
El estudio brindó hallazgos interesantes, en lo referente a la credibilidad en las instituciones cívicas, quedando como los menos confiables los partidos políticos. Además, los estudiantes demostraron mayor interés en temas políticos y sociales relacionados con cuestiones internas que frente a asuntos y política internacional.
Asimismo, el estudio señaló la importancia que tienen las actividades cívicas fuera de la escuela, ya que estas acciones extracurriculares no sólo motivan la participación actual de los alumnos, sino despiertan y encaminan la participación futura. Entre otras cosas, un porcentaje considerable manifestó que esperaban participar en los comicios nacionales en su vida adulta derivado de los conocimientos cívicos que fueron adquiriendo en el colegio, este interés surge principalmente en aquellos individuos con alto nivel de conocimiento cívico.
En Latinoamérica países como México, Argentina, Chile, Perú, Panamá, Ecuador, Guatemala, Uruguay, entre otros cuentan con asignaturas obligadas encaminadas a la educación cívica.
4. En México a lo largo de la historia se le ha dado un tratamiento diferente a la educación cívica, derivado de que en cada época hay estrategias y necesidades políticas diferentes para la creación y concepción de ciudadanía.
De acuerdo con información del trabajo elaborado por María del Carmen de la Peza y Sarah Corona, “Educación Cívica en Libros de Texto Mexicanos (1923 a la fecha)”, para el Foro de Educación Cívica y Cultura Política Democrática, llevado a cabo por el extinto Instituto Federal Electoral (IFE), se distinguen los siguientes conceptos de ciudadanía:
– De acuerdo con José Vasconcelos, ser un buen ciudadano significaba se una persona culta, conocedora tanto del arte indígena como del arte universal clásico. Se valoran las actividades intelectuales y la vida contemplativa, por encima de la vida activa, es decir por encima de la política.
– Durante el maximato la concepción del ciudadano ideal se transformó del intelectual culto al hombre honrado y trabajador, en ambas perspectivas permaneció como elemento invariante la concepción étnica y cultural del ser mexicano.
– En los tiempos del desarrollo industrial y la modernización el objetivo principal del Estado era el desarrollo económico y la unidad nacional, por lo que era indispensable impulsar una disciplina del trabajo y una ideología nacionalista capaz de convencer a la población de la necesidad del sacrificio en aras del bien común y de la solidaridad de todos los mexicanos reunidos como hijos en torno de la “madre patria”. En esta etapa también se dio prioridad a la construcción de la “identidad nacional” desde una perspectiva étnica y cultural, por encima de la creación de un sujeto político con conciencia ciudadana y apto para la participación democrática.
– Durante los sexenios de Luis Echeverría y de José López Portillo, nuevamente la retórica oficial adquirió un tinte socialista y se enfatizaron los aspectos sociales del desarrollo interno. Para alcanzar los objetivos sociales propuestos, el gobierno incrementó su participación directa en la economía. La ideología nacionalista y antiimperialista se acentuó nuevamente. Todo ello se vio reflejado en los libros de texto.
– Como respuesta a la crisis económica de los años ochenta, en los tres últimos sexenios presidenciales se produjo un giro de la política populista de los gobiernos anteriores, hacia una política económica neoliberal. La Secretaría de Educación Pública llevó a cabo una nueva reforma educativa, sin embargo, tampoco hubo modificaciones significativas en la concepción de ciudadanía. A pesar de los cambios que se han producido en la política económica y en las concepciones ideológicas del Estado mexicano, hasta la fecha los distintos gobiernos han mantenido la misma concepción étnica y cultural en materia de formación de la ciudadanía.
En conclusión, destacan María del Carmen de la Peza y Sarah Corona en su texto que “el análisis de los libros oficiales de historia y civismo revelan la existencia de una concepción no política de la ciudadanía. El concepto de ciudadanía, desde 1923 hasta la fecha, ha sido identificado con el de mexicanidad y/o identidad nacional. Nociones que remiten claramente a características étnicas y culturales intrínsecas de los sujetos más que a sus facultades políticas”.
Considerandos
Primero. Que la educación cívica en el mundo ha sido de suma importancia para la formación de ciudadanía, para transmitir a las nuevas generaciones los valores, el conocimiento y la comprensión de sus derechos y obligaciones como ciudadanos, el conocimiento de las instituciones y de la organización de la sociedad y el fortalecimiento de la identidad nacional.
Cabe mencionar, que dentro de esta educación destaca la formación política de los individuos, pues promueve el conocimiento de aspectos teóricos sobre la relación del gobierno y sociedad civil, lo que forzosamente pasa por la enseñanza de la conformación de los poderes de cada nación, así como de su funcionamiento e importancia dentro de la sociedad. Lo anterior, con la intención de generar ciudadanos íntegros, responsables y con los conocimientos suficientes de cómo funciona su entorno para que en el futuro tengan una participación activa y sobre todo responsable dentro de las acciones cívicas que llevarán a cabo, como lo es ejercer su derecho a votar y ser votados.
En ese sentido, la educación cívica en el mundo ha intentado complementar sus planes de estudio no solo con conocimientos teóricos dentro de las aulas, sino con actividades fuera del colegio que permitan la interacción de los alumnos con el mundo real, tal como las visitas a los diferentes poderes que conforman una nación.
Segundo. Que países como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, República Dominicana, Alemania, entre otros, llevan a cabo visitas guiadas a los congresos o parlamentos según sea el caso, y muchas de ellas están dirigidas a grupos de estudiantes. Asimismo, cuentan en sus portales de Internet con un espacio específico para agendar dichas visitas y en algunos casos con ligas dirigidas a educandos de educación básica hasta nivel medio superior.
Tercero. Que de acuerdo con información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Canadá y Estados Unidos se encuentran en la primera y cuarta posición de países con mayor porcentaje de personas que poseen educación superior en relación con el total de habitantes del país. En ese sentido, diversos estudios manifiestan que existe una estrecha relación entre el nivel educativo de los países y el grado de cultura cívica de sus habitantes.
Cabe destacar que tanto el Parlamento de Canadá (Parliament of Canada) y la Cámara de Representantes (United States House of Representatives) de Estados Unidos, que en su portal de internet cuentan con un espacio para visitas y dentro del mismo, un link específico para visitas de grupos de estudiantes, con programas dirigidos exclusivamente a ellos.
Asimismo, el portal de Internet de la Cámara de Representantes tienen una liga llamada Kids in the House, dirigida a estudiantes y maestros de educación básica hasta media superior, cuya misión es “proporcionar información educativa y entretenida sobre la rama legislativa del gobierno de los Estados Unidos a los estudiantes de todas las edades. Los temas incluyen el papel de la Cámara de Representantes, el proceso legislativo, y la historia de la Cámara”.8 Incluso cuentan con planes para maestros con actividades y lecciones que complementan la visita virtual de Kids in the House.
Cuarto. Que en México, la Cámara de Diputados no cuenta con un espacio específico en su portal de internet para conocer el proceso para llevar a cabo visitas guiadas y mucho menos una liga con información dirigida a estudiantes y maestros. En general, en nuestro país, los congresos están alejados de la interacción con la ciudadanía pues no contemplan las visitas de los educandos, éstas se dan a través de la invitación de un legislador cuando deberían ser espacios abiertos a la ciudadanía y principalmente a estudiantes de todos los niveles educativos. Lo anterior responde a la histórica de la educación cívica en México que se ha caracterizado por tener una concepción no política de la ciudadanía.
Quinto. Que el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados elaboró un documento llamado La Cámara de Diputados en la opinión pública en donde destaca que el Congreso de la Unión en México tienen poca confianza y aprobación pública, derivado de cuatro factores, entre los que destaca que la gente no conoce su estructura y funciones, por lo que se le castiga por no cumplir con responsabilidades que en realidad no le competen.
De acuerdo con información de diversas encuestas el documento arroja la siguiente información:
– 53 por ciento de los encuestados no sabe cuántos diputados federales forman la Cámara de Diputados;
– 60 por ciento no sabe cuál es la función de un diputado federal;
– Solo entre el 10 y 24 por ciento identificó la función de legislar como propia de la Cámara de Diputados, la mayoría refiere que su función es “atender las necesidades de la gente” y “representar al pueblo”;
– El 91 por ciento cree que la Cámara de Diputados federal es muy importante para el país y los ciudadanos;
Asimismo, el documento concluye que en México existe un escaso conocimiento sobre la composición y atribuciones de la Cámara de Diputados; aunque los ciudadanos atribuyen alta importancia a la Cámara de Diputados, tienen poco interés en el trabajo de los legisladores.
Por las consideraciones expuestas, propongo al pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Esta honorables Cámara de Diputados, a través de sus instancias administrativas, implementará un programa permanente de visitas para estudiantes y público en general determinando en sus contenidos la metodología, procedimientos y espacios que podrán ser visitados por las y los mexicanos que deseen hacerlo; para ello habilitará en su sitio web un vínculo en donde se incorporen contenidos de tipo académico, a fin de que estudiantes, académicos y público en general puedan acceder a ellos y utilizarlos como parte de la difusión de la labor de la Cámara.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace una respetuosa invitación a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Turismo a fin de llevar a cabo y suscribir los convenios y acuerdos de colaboración que posibiliten la implementación de un programa de tipo permanente denominado “Visita el Congreso”, con la finalidad de dar a conocer ante la comunidad estudiantil, académica, así como el turismo nacional e internacional, la actividad de las y los legisladores, el recinto legislativo y su historia a fin de coadyuvar en la promoción y difusión de una cultura cívica del conocimiento del Congreso Mexicano.
Notas
1 http://lema.rae.es/drae/?val=civica
2 http://concepto.de/civica/
3 http://es.scribd.com/doc/36240671/Cultura-Civica
4 http://www.definicionabc.com/social/civica.php#ixzz3KgMiMgUQ
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_c%C3%ADvica
6 Quiroz P., Ruth E. y Jaramillo, Orlanda. Formación ciudadana y educación cívica... Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales. Mérida-Venezuela. ISSN 1316-9505. Enero-Junio. Nº 14 (2009):123-138
7 Quiroz P., Ruth E. y Jaramillo, Orlanda. Formación ciudadana y educación cívica... Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales. Mérida-Venezuela. ISSN 1316-9505. Enero-Junio. Nº 14 (2009):123-138
8 http://kids.clerk.house.gov/
Dado en el Palacio Legislativo, a 12 de marzo de dos mil quince.
Diputada Patricia Lugo Barriga (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la PGR y la SFP que investiguen y finquen responsabilidades penales y administrativas al gobernador de Sonora por posibles delitos cometidos en la entidad, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El 5 de marzo el periódico estadounidense The Wall Street Journal , dio a conocer que el gobierno mexicano está investigando el gobernador del estado de Sonora y a su hermano por supuestamente recibir millones de dólares de un empresario vinculado a diversas empresas que ganaron contratos con el gobierno del estado.
Según el diario, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga el presunto pago de al menos 3.3 millones de dólares que habría recibido Miguel Padrés del empresario sonorense Mario Aguirre, vinculado a diversas empresas que han ganado contratos por 20 millones de dólares para proveer uniformes a escuelas públicas de la entidad.
Miguel Padrés, asegura el diario, transfirió 8.9 millones de dólares de cuentas de México a cuentas en bancos en Estados Unidos, que abrió en 2012 a nombre de Tenerife CV, una firma de responsabilidad limitada con sede en Holanda, en la que supuestamente es el único beneficiario.
También consigna otra transacción por parte de Padrés en la que habría depositado diversas cantidades hacia otra cuenta de una compañía llamada Dolphinius, CV, también con registro oficial en Holanda.
Miguel Padrés también depositó 522 mil dólares en otra cuenta en Estados Unidos abierta por su hermano en 2011, a nombre de Dolphinius CV, otra sociedad de responsabilidad limitada con sede en Holanda en la que supuestamente él es el único beneficiario.
El dinero involucrado en las transacciones podría tener una derivación ilegal y las operaciones se llevaron a cabo con el objetivo de ocultar su origen y su destino final. No hay una explicación sobre el origen de los presuntos fondos de Miguel Padrés ya sea de sus actividades empresariales o sus declaraciones de impuestos.
No es la primera vez que el gobernador Padrés se ha visto envuelto en una controversia. El año pasado, las autoridades de agua y medioambiente de México encontraron que el gobernador había construido ilegalmente una represa en su rancho en el estado árido de Sonora, lo multaron con unos 5.5 millones de pesos y le ordenaron que destruyera la represa. Pero una fuerte lluvia deshizo la represa antes de que fuera destruida. En una conferencia de prensa la semana pasada, Padrés dijo que pagaría la multa.
Por lo expuesto, se someten a consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública, para que realicen las investigaciones de conformidad con sus atribuciones y finquen las responsabilidades penales y administrativas al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, por el presunto pago de al menos 3.3 millones de dólares por parte del empresario Mario Aguirre; así como por las operaciones realizadas en en Sistema Financiero Nacional y extranjero con recursos posiblemente ilícitos y lavado de dinero, igualmente por las cuentas bancarias en Estados Unidos a nombre de Dolphinius CV, con sede en Holanda en la que el gobernador de Sonora es el único beneficiario.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Sonora, a que investigue la presunta existencia de corrupción y, en su caso, el posible incremento ilícito del patrimonio del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2015.
Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a tomar medidas para reforzar la seguridad en el comercio electrónico y evitar el tráfico libre de armas y mercancías ilegales en el país, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal Carlos Humberto Castaños Valenzuela, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
• La era de la información, a través de la red de Internet, se manifiesta en escuelas, cafés y cada vez en más hogares. Los usuarios son de distintos rangos de edad, pero es considerable la afluencia de niños y jóvenes, mismos que pueden ser objeto de delitos.
• Ante tal riesgo, el gobierno federal en México desarrollo la primera Unidad de Policía Cibernética, ejerciendo sus atribuciones legales y para garantizar la presencia de la autoridad en la supercarretera de la información. También se incluyen acciones preventivas en materia de delitos cometidos en Internet y usando medios informáticos, ya que cuentan con un área específica en materia de prevención y atención de denuncias de delitos contra menores, como existen en los países desarrollados.
• La red ha sido utilizada por organizaciones criminales de pedófilos que promueven y transmiten pornografía infantil; también, se sabe de las operaciones de bandas internacionales de prostitución, que utilizan sistemas informáticos como medio de promoción y sobre todo de reclutamiento así como la venta ilegal de armas de fuego, explosivos y mercancías ilegales.
• Recientemente las autoridades de Estados Unidos indicaron que Silk Road, el sitio de internet clandestino que el FBI cerró a inicios de octubre del año pasado, era el mayor destino de drogas y otras mercancías ilegales en línea. Tenía casi un millón de usuarios registrados, y se usó para efectuar transacciones por casi 1,300 millones de dólares (16,900 millones de pesos) durante aproximadamente los últimos dos años, señala el FBI, de ese tamaño es el tráfico de mercancías ilegales por el internet.
• El llamado “internet profundo” consiste en sitios a los que solo se puede acceder por medio de herramientas como Tor, que cuenta con un buscador diseñado para ocultar la identidad del usuario en una serie de conexiones remotas. Muchos sitios usan intencionalmente direcciones web secretas –la de Silk Road era “silkroadfb5piz3r.onion”– que se difunden sigilosamente de boca en boca.
• En internet por medio de las redes sociales se puede adquirir desde boletos para partidos de futbol, hasta animales exóticos, medicamentos controlados y armas de fuego se pueden comprar por medio de grupos y páginas especializadas de comercio eléctronico, que usan esas plataformas para realizar esta modalidad de tráfico ilegal. En estos foros los usuarios comercian objetos tan variados que van desde celulares o dispositivos móviles que prometen empaques originales, pasando por muebles para el hogar (como salas o colchones “en buen estado”), hasta autos y motocicletas y lamentablemente armas y explosivos.
• Por ejemplo, en la red social Facebook, se pueden encontrar anunciadas pistolas calibre 45 mm, la cual es de uso exclusivo del Ejército en precios que van desde los mil pesos con oportunidad de trato y negociación del precio. Otras armas que se pueden encontrar en el grupo de esta red social son de calibres bajos como 22 mm y 35 mm, que usualmente se utilizan en la práctica de algunos deportes. Los usuarios que las ofertan aceptan dinero, pero especifican que están abiertos a cambios por algún otro artículo que los interesados ofrezcan, sin mayores controles ni investigaciones.
• La Asociación Internacional de Criminología, en conjunto con la empresa Symantec, realizó una encuesta a 5 mil niños de entre ocho y trece años3 . El estudio, titulado Encuesta de la percepción de riesgos en Internet que tienen los niños “, arrojó los siguientes resultados:
• La mayoría de los niños y jóvenes utilizan frecuentemente salas de chat, grupos de noticias y otros servicios interactivos para comunicarse en línea con extraños.
• La actual situación de Internet permite que un niño pueda acceder a páginas con cualquier tipo de temática. Como dato a destacar, 9 de cada 10 niños de edades comprendidas entre los 8 y los 16 años, han visto pornografía en Internet. En la mayoría de los casos, el acceso a este tipo de contenidos se ha producido a través de búsquedas en Internet sobre temas que no tuvieron relación con la búsqueda principal que se estaba realizando.
• Las y los niños mexicanos utilizan medios digitales al menos durante 14 horas a la semana, según la encuesta del portal MeQuedoUno.com. de mayo de 2012. De acuerdo con un sondeo de TNS Research International, efectuado para MeQuedoUno.com, los infantes usan la mensajería instantánea durante tres horas por semana, mientras que el tiempo que dedican a las redes sociales sería de dos horas, además de una hora para consultar su correo electrónico.
• Toda vez que la venta de armas vía internet está prohibida y es considerada un delito federal, más si estamos hablando de armamento de uso exclusivo del Ejército con mayor razón está prohibido; si detienen a alguien con un arma exclusiva del Ejército no alcanza ni fianza. Según el artículo 83 de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, es delito federal; el cual tiene como sanción hasta 10 años de prisión y 200 días de salario mínimo de multa.
• Es un delito que aplica tanto para la persona que vende el arma como para quien la compra, ya que no se incluyen en la lista de armas que están permitidas para la ciudadanía. Quien esté interesado en comprar sólo debe comentar la publicación de la oferta o enviar un mensaje privado al usuario que haya publicado la venta.
• La única instancia facultada para vender armas de fuego, de cualquier calibre, es la Secretaría de la Defensa Nacional.
• La DCAM es la Dirección General de Comercialización de Armamentos y Municiones y a través de ella también se puede llevar a cabo la compra de armas, ya que trabaja en conjunto con la Sedena.
• En México técnicamente, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) ofrece, por Internet, venta de armamento y municiones de forma legal y, para tener una hay que cumplir rigurosos requisitos; de no ser así se estaría incurriendo en una ilegalidad.
• La Ley Federal de Armas de fuego y Explosivos, que se encuentra vigente, establece en su artículo 15 que se permite la posesión de armas de fuego en un domicilio para la “seguridad y legítima defensa de sus moradores”, no obstante, se deber manifestar la existencia del arma ante la Secretaría de la Defensa Nacional para su debido registro. La ley indica que estas armas deben ser de bajos calibres y que su registro avala únicamente el derecho de posesión dentro del domicilio, ya que la portación y tránsito de armas está restringida a casos especiales, mismos que deberán ser valorados por la propia Sedena.
• Toda persona que adquiera un arma debe manifestar de forma escrita en un plazo de 30 días: un único domicilio de residencia de su familia, original y copia de una identificación vigente, la marca, calibre y modelo del artefacto. En caso de ser ejidatario, comunero o jornalero, un documento que ampare esta condición.
• Las armas que puede tener de forma legal una persona son pistolas de funcionamiento semi-automático de calibre no superior al .380 (9mm.), excepto pistolas calibres .38 Súper y .38 Comando. Revólveres con calibres no superiores al .38 Especial, a excepción del calibre .357 Magnum. Los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo, fuera de las zonas urbanas, podrán poseer y portar con la sola manifestación, un arma de las ya mencionadas, o un rifle de calibre .22, o una escopeta de cualquier calibre, excepto de las de cañón de longitud inferior a 635 mm. (25), y las de calibre superior al 12 (.729 ó 18. 5 mm.).
• Otro ejemplo de lo que está pasando actualmente en el comercio ilegal del internet es la venta ilegal de medicamentos. La comercialización de cualquier medicamento fuera de un establecimiento autorizado es un acto ilícito que representa peligro para cualquier persona que lo adquiera. El riesgo para la salud es que se venda cualquier tipo de medicamento fuera de los establecimientos que cumplen con los requisitos para ello, y que además el individuo cometa ese tipo de actos ilícitos para adquirir cualquier tipo de medicamentos. La instancia que regularía este delito sería Protección contra Riesgos Sanitarios, aunque mientras no se presente una denuncia formal no se podrá iniciar la búsqueda de esta persona.
• Ante esta realidad que se vive en todo el país, por medio de este trabajo parlamentarios solicitamos que el Gobierno Federal mediante la Policía Cibernética tome las acciones necesarias para evitar la venta ilegal de armas de fuego, medicamentos, mercancías ilegales y explosivos en internet y las redes sociales.
• La Policía Cibernética que fue creada en el 2000 con el fin de combatir a las organizaciones que transmiten pornografía infantil y los ataques contra portales de internet perpetrados por “hackers” (personas diestras en programación de computadoras que utilizan sus habilidades para causar daño, robar información o cometer fraude contra sitios web). Otras tareas de la unidad son evitar el crecimiento de los fraudes electrónicos, el tráfico ilícito de animales, la trata de personas y el robo de piezas arqueológicas y artísticas. Los agentes tienen la facultad de actuar de manera encubierta “como un usuario más” en la red, y realizar “patrullajes electrónicos” para perseguir los diversos delitos y los ataques de “hackers” a los sistemas confidenciales de Gobierno y financieros, direcciones de internet sospechosas, venta ilegal de software y en el caso que hoy nos ocupa, la detección de la venta ilegal de armas y explosivos.
• Actualmente, los delitos que se cometen por los medios informáticos alcanzan dimensiones sin precedentes. La delincuencia cibernética es una nueva modalidad de delinquir, y se puede señalar que la informática es una herramienta más con la que cuenta el crimen organizado.
• De acuerdo con diversos estudios, en el mundo existen 2 mil millones de usuarios de la Internet. En México, hay 30 millones de computadoras conectadas a Internet, los negocios de café internet han contribuido a conectar más personas y 4 de cada 10 hogares en México tienen acceso a la red, de acuerdo con la Agencia Mexicana de Internet (AMIPSI).
• Cada vez son más las empresas privadas y públicas que instalan candados para evitar que los empleados utilicen la red para abrir páginas con contenidos prohibidos por la ley o que la utilicen para otros fines.
• Por ello en esta oportunidad solicitamos que se ubique a aquellos vendedores que están incurriendo en un acto ilegal de naturaleza cibérnetica, moviendo, comercializando este tipo de artefactos y mercancías que su uso es ilegal y que provocan desgraciadamente tragedias como las que ya sucedieron recientemente en los Mochis, en donde un joven que adquirió un arma por internet la uso para matar a un compañero de clase en medio de una discusión.
• Considero que también es necesario que en las escuelas se retome el operativo de revisión de mochilas y de ser posible se coloquen arcos detectores de metal para evitar tragedias como la que refiero en el CETIS 68 de Los Mochis, Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Gobernación para que tome las medidas necesarias para reforzar la seguridad en el comercio electrónico con la finalidad de evitar el tráfico libre de armas y mercancías ilegales en nuestro país.
Segundo. Se exhorta al Titular de la Secretaría de Gobernación para que gire las debidas instrucciones al Comisionado de Seguridad Nacional para que se extremen medidas de seguridad en el internet para proteger a la sociedad civil del comercio ilegal de armas de fuego, explosivos y mercancías ilegales en nuestro país.
Tercero. Se exhorta de forma respetuosa de la soberanía y materias exclusivas de los congresos locales de las entidades federativas y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a legislar en materia de seguridad en los espacios digitales, con el objeto de salvaguardar la integridad de la población civil.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2015.
Diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán a tomar medidas para impedir el turismo comicial en la entidad, a cargo del diputado Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Raúl Paz Alonzo, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción I, y el artículo 79, numeral I, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes
Consideraciones
Dar certeza y confianza en las instituciones encargadas de velar por el buen funcionamiento de nuestro sistema electoral, fue sin duda el eje principal que dio sentido a las reformas constitucionales y secundarias en materia de política electoral que este Congreso de la Unión discutió y aprobó en la presente LXII Legislatura.
Dichas reformas, permitieron como un primer elemento, la creación del Instituto Nacional Electoral (INE). Un instituto que no solamente tiene facultades en el ámbito federal sino también en el ámbito local. Lo anterior, debido a los abusos que aun suelen cometer gobiernos estatales cooptando a los organismos electorales estatales para incidir en las elecciones a favor de determinado partido político.
La reforma político electoral que aprobamos permite a los órganos electorales locales contar con consejeros con mayor independencia, lo cual, estamos seguros, permitirá procesos locales más transparentes y confiables.
Sin embargo, a pesar de todos los avances que la reforma política y las leyes secundarias en materia electoral nos ofrecen en temas como medios de impugnación en materia electoral; adquisición y contratación de propaganda electoral; delitos electorales; candidaturas independientes y paridad de género, es necesario que las autoridades a nivel nacional y local pongan especial atención para evitar la comisión de delitos electorales que pueden poner en duda, todos los avances en comento.
Como es de todos sabido, el próximo domingo 7 de junio se llevarán a cabo en todo México elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados, asimismo en 16 entidades se realizarán elecciones para elegir autoridades locales. Tal es el caso del estado de Yucatán, en donde los ciudadanos tendrán la facultad de votar por 15 diputados de mayoría relativa; 10 de representación proporcional y 106 ayuntamientos.
Por ello, resulta necesario redoblar esfuerzos para garantizar elecciones limpias, pues se corre el riesgo de que se repitan lamentables delitos con la complacencia o indiferencia de las autoridades electorales locales. Tal fue el caso del llamado turismo electoral que se han presentado en las elecciones locales del estado de Quintana Roo tanto en 2010 como en 2013.
Al no haber coincidencia de elecciones locales en los estados de Yucatán y Quintana Roo, se ha podido comprobar que militantes o personas relacionadas al PRI en estos estados, realizan el cambio de residencia de acuerdo al calendario político, a fin de apuntalar a determinados candidatos en municipios o distritos electorales donde la diferencia entre el primer y segundo lugar resulta mínima.
Estos actos, en su momento, han sido denunciados por el propio Partido Acción Nacional ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
Si bien, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán han comenzado la depuración del Registro Federal de Electores para la entidad, lo cual ha permitido quitar del Padrón a 900 personas fallecidas y que aún se encontraban registradas. Se tiene conocimiento de la existencia de más de 3 mil 350 credenciales de elector que no fueron recogidas por sus titulares y que pudieran ser utilizadas para apuntalar a determinado partido político en las próximas elecciones.
Asimismo, hace unos días el Partido Acción Nacional presentó ante el propio INE una denuncia formal por presuntas violaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en los estados de Quintana Roo y Yucatán, pues se ha hecho público el caso de al menos 5 mil habitantes del estado de Quintana Roo y Campeche que estarían involucrados en una operación de turismo electoral hacia el estado de Yucatán. Particularmente se tiene conocimiento del cambio de residencia de cientos de personas hacia el municipio de Valladolid, las cuales habrían dado como domicilio la misma dirección.
El propio director del Registro Federal de Electores en Yucatán, Eliézer Serrano Rodríguez ha afirmado la existencia de posibles casos de turismo electoral en el estado. Nos preocupa que lo anterior pueda quedarse sin consecuencias jurídicas y que se reproduzca en otras entidades.
Asimismo es necesario que las autoridades electorales pongan especial atención en la intromisión de actores ajenos al estado de Yucatán en las próximas elecciones, pues no sólo vulneraría la confiabilidad de la ciudadanía en sus procesos de electorales, sino en las propias instituciones que las organizan.
Por ello es que hacemos un llamado al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán para garantizar la depuración del Registro Federal de Electores y al debido resguardo de credenciales de elector que no fueron recogidas a tiempo a fin de poder estar en condiciones para una jornada electoral limpia que renueve la confianza de todas y todos los ciudadanos del estado de Yucatán para poder elegir en libertad y democracia plena a las autoridades y representantes que habrán de trabajar por el bien de nuestra nación y de nuestro estado.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán a tomar medidas necesarias y urgentes para impedir el turismo electoral en dicha entidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2015.
Diputado Raúl Paz Alonzo (rúbrica)