Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4228-V, jueves 5 de marzo de 2015
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a considerar la inclusión de toda Baja California y Othón P. Blanco, Quintana Roo, en la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para la zona fronteriza norte, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PVEM
Los suscritos, diputados federales de los estados de Baja California y Quintana Roo por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que incluya a los municipios de Ensenada, el Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe en Baja California y al municipio de Othón P. Blanco en Quintana Roo, a la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para las zonas fronterizas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En términos del artículo 28 constitucional se prevé que las bases para señalar precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular serán fijados en las leyes respectivas, en este sentido el transitorio Décimo Cuarto, fracción I, inciso b) de la Ley de Hidrocarburos, establece que a partir del 1 de enero de 2015 y, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2017 la regulación sobre precios máximos al público de gasolinas y diésel será establecida por el Ejecutivo Federal mediante acuerdo.
En el transitorio señalado se menciona que la política de precios máximos al público que se emita deberá prever ajustes de forma congruente con la inflación esperada de la economía y, en caso de que los precios internacionales de estos combustibles experimenten alta volatilidad, el Ejecutivo Federal preverá mecanismos de ajuste que permitan revisar al alza los incrementos de los citados precios, de manera consistente con la evolución del mercado internacional.
Concordamos en el sentido que ha dado el Ejecutivo Federal sobre el interés público de moderar el impacto de las variaciones del precio de la gasolina y el diésel, así como de la inflación en la economía de las familias mexicanas, por lo que es conveniente establecer precios máximos de venta al consumidor final de las gasolinas Pemex Magna y Pemex Premium y el Diésel, así ha sido necesario establecer los precios máximos al público de las gasolinas y del diésel para el ejercicio fiscal de 2015, tomando como referencia los precios al público vigentes al 31 de diciembre de 2014, con la finalidad de no afectar negativamente las finanzas públicas ni las de Petróleos Mexicanos.
El incremento que el Ejecutivo federal aplicó desde enero de 2015 es inferior a la meta establecida para la inflación esperada de nuestro país para este año prevista por el Banco de México, lo que beneficia a los hogares mexicanos.
Asimismo, para evitar la posibilidad de arbitraje económico, entendido como la posibilidad de tomar ventaja de una diferencia de precio entre dos mercados, en el consumo de los combustibles con la región colindante con los Estados Unidos de América, el Ejecutivo Federal consideró necesario que la política de precios homologados y escalonados aplicada en la zona fronteriza, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con las modificaciones derivadas del Acuerdo publicado el 1 de enero de 2015 en el Diario Oficial de la Federación continúen vigentes.
Existe un llamado social que hacen las diversas cámaras empresariales y del sector social, así como la ciudadanía general del municipio de Ensenada, el Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe en Baja California, correspondiente a la tarifa de los combustibles de gasolina Magna, Premium y Diesel con cifras de 13.57, 14.38 y 14.20 pesos por litro, respectivamente, ya que ambas regiones no son consideradas como parte de la franja fronteriza y por ello no obtiene los mismos subsidios federales que operan en los municipios de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y parte de Mexicali, donde el costo del combustible se encuentra en los 9.03 pesos por litro de Magna, 9.84 pesos por litro de Premium y 14.20 por litro de Diesel.
El mecanismo de homologación, en uso en la frontera norte desde 2002, consiste en que los precios de las gasolinas en la franja fronteriza norte de nuestro territorio se fijan cada martes homologándolos con los precios de los combustibles en la zona sur de Estados Unidos de América, tomando como referencia el promedio de los precios en la semana inmediata anterior el tipo de cambio vigente en el mismo periodo.
Por lo que hace a la frontera sur, la reciente baja en los precios internacionales del petróleo, también ha generado una disminución generalizada en los precios de los combustibles. Conforme a los datos obtenidos en la primera semana de febrero de este año, el precio de venta final al público de las gasolinas en ese país ha descendido a precios menores a los correspondientes para la venta de gasolinas en nuestro territorio.
Así, tenemos que considerando los precios de venta al consumidor final de las gasolinas en Belice al 7 de febrero de 2015 y un tipo de cambio de 7.44 pesos por dólar beliceño, en el caso de la gasolina Premium, la diferencia resultó ser de 1.34 (un peso con treinta y cuatro centavos) por litro; por lo que hace a la gasolina Magna (comercializada como Regular en Belice), la diferencia es de $1.59 (un peso con cincuenta y nueve centavos) por litro; y en el caso del Diésel, la diferencia es de $1.16 (un peso con dieciséis centavos) por litro, conforme se desglosa en la tabla siguiente:
Esta diferencia de precios se ha reflejado en que los habitantes del Municipio de Othón P. Blanco acudan a comprar combustible a la zona libre de Belice que se encuentra a pocos minutos de distancia, con el fin de ahorrar en la adquisición de este producto; el mismo comportamiento se ha observado en relación con ciudadanos beliceños que acudían a comprar gasolina a nuestro país cuando los precios eran más bajos que los de su país.
Es necesario atender el pedimento de incluir a las regiones señaladas en las políticas de precios de combustible homologados y escalonados en función de la importancia de las actividades económicas del municipio de Ensenada, la totalidad del Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe, así como en el municipio de Othón P. Blanco en Quintana Roo, primarias para el comercio internacional como la pesca, la agricultura y el turismo, las cuales generan miles de empleos directos y donde las actividades requieren de un importante consumo de combustible para llevarlas a cabo y que en las condiciones vigentes minan la competitividad y el crecimiento de los productores de las zonas referidas pues los precios de sus productos aumentan y su demanda disminuye.
Los precios de los combustibles no sólo han menguado la vida económica de estas regiones, sino que también ha trastocado la vida cotidiana de los bajacalifornianos y quintarroenses ahí asentados, pues el precio referido ha impactado negativamente el costo del transporte público y de la comercialización de los productos básicos de consumo.
En los asuntos fronterizos se han adoptado diversos criterios, definiciones y extensiones territoriales contenidas en acuerdos binacionales y programas de desarrollo como el Convenio para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Región Fronteriza entre Estados Unidos y México “Convenio de la Paz” donde se determina a la zona fronteriza como el área que se extiende 100 kilómetros al norte y 100 kilómetros al sur de la frontera entre ambos países, criterio adoptado por el Programa Integral Ambiental Fronterizo, PIAF, el Programa Frontera XXI y el Programa Frontera 2012, teniendo el convenio y los programas referidos como nota distintiva la procuración del bienestar económico y social a través de un enfoque sustentable; en el mismo sentido el Banco de Desarrollo de América del Norte considera como franja fronteriza binacional a la extensión de 210 kilómetros, 105 al norte y 105 al sur a partir de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos. Como es evidente, ambos criterios asisten que tanto el municipio de Ensenada, el Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe sean comprendidos en las políticas de precio homologado y escalonado de combustibles del gobierno federal.
Es en razón de la incertidumbre y preocupación de la ciudadanía en estas regiones y ya que ha sido decisión del Ejecutivo federal que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea la encargada de prever los ajustes de forma congruente con la inflación esperada de la economía, así como en el caso de que los precios internacionales de las gasolinas Pemex Magna y Pemex Premium, y el Diésel experimenten alta volatilidad, y es la Secretaría la encargada de establecer los mecanismos para ajustar al alza los incrementos de los citados precios, de manera consistente con la evolución del mercado internacional, debiendo recabar previamente la opinión de la Secretaría de Energía, y que en virtud de la inflación esperada para el próximo ejercicio fiscal, así como el comportamiento esperado de los mercados internacionales de las gasolinas y el diésel, he tenido a bien determinar un ajuste de 1.9 por ciento respecto del precio aplicado en diciembre de 2014, con excepción de la zona fronteriza, la cual está sujeta a la política de precios homologados y escalonados determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente durante el ejercicio fiscal de 2014, es que se pone a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente resolución
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso, se revise la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para las zonas fronterizas para que se incluya al municipio de Ensenada, al Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe en Baja California y al municipio de Othón P. Blanco en Quintana Roo, como beneficiarios de tal política.
Dado el 5 de marzo de 2015, en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro.
Diputados: María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Ricardo Medina Fierro, Benjamín Castillo Valdez, Mayra Karina Robles Aguirre, Adán David Ruiz Gutiérrez, Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), Raymundo King de la Rosa (rúbrica), María Carmen López Segura, María Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), Ana Lilia Garza Cadena y David Pérez Tejada Padilla (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE a diseñar y difundir por los medios de comunicación una campaña para explicar que los beneficios de los programas sociales gubernamentales son un derecho de los mexicanos y no se entregan a cambio de votos, a fin de garantizar la equidad en los procesos electorales, a cargo del diputado Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Luis Alberto Villarreal García integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y el artículo 79, numeral I, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La democracia como sistema de vida y de gobierno se funda en la igualdad esencial de todos los seres humanos. Es la forma superior de legitimación del ejercicio político y el sistema óptimo para respetar la dignidad de la persona humana; por lo tanto, se requiere de la presencia de instituciones sólidas que actúen siempre y en todo momento a favor de la legitima expresión de la voluntad popular, haciendo frente a todas aquellos obstáculos que van en detrimento de los estándares de la misma; de tal suerte que la transparencia y rendición de cuentas, se inscriben como los principales mecanismos para llevar a cabo dichos fines, ya que representan la principal herramienta del sistema democrático que permite un efectivo combate al fenómeno de la corrupción; por tanto, a través de la promoción de su ejercicio, se garantiza la existencia del Estado de Derecho.
El compromiso de Acción Nacional a efecto fomentar el ejercicio de la transparencia en todas aquellas acciones que conllevan el ejercicio de la vida política de México, se inscribe como una de sus más grandes prioridades. Informar a los ciudadanos respecto al destino del pago de sus impuestos, constituye una de las principales obligaciones que dan sentido y congruencia al ejercicio político, en donde el apego al principio de la legalidad, representa una garantía absoluta de eficacia y eficiencia del sistema democrático.
El Instituto Nacional Electoral (INE), como institución garante de la debida manifestación popular en México, tiene la misión de contribuir al desarrollo de la vida democrática, garantizando el ejercicio de los derechos político-electorales de la sociedad a través de la promoción de la cultura democrática y la organización de comicios federales en un marco de equidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
Por lo tanto, el asegurar el desarrollo de procesos electorales justos y equitativos apegados a derecho, en donde se ponga de manifiesto la importancia de contar con un adecuado sistema de transparencia que impida el uso inadecuado de recursos que condicionen el voto de los ciudadanos mexicanos, representa una de las metas que permiten salvaguardar los principios y valores democráticos que deben imperar en el Estado mexicano.
Los programas sociales, son pagados con los impuestos de los mexicanos y por lo tanto, no pueden ser utilizados como un medio condicionante por parte de ningún gobierno o fuerza política con la finalidad de obtener algún tipo de ventaja en el terreno de las contiendas electorales, como se expresa en el artículo 134 Constitucional en su párrafos séptimo y octavo:
“Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
Los recursos públicos a los que hace referencia el texto constitucional provienen del erario público, es decir, de la contribución que los ciudadanos hacen al Estado por medio del pago de sus impuestos. Por ende, los programas sociales gubernamentales que deben ser utilizados de manera subsidiaria y no de manera demagógica, son financiados con el dinero de los ciudadanos, por lo que no pueden ser la bandera de un gobierno o grupo político en su beneficio.
Desafortunadamente, durante los últimos meses se ha visto como se ha violentado de manera alarmante la garantía de procesos electorales donde prive la libertad y la competencia equitativa como principios democráticos, a partir de la promoción de la imagen gubernamental a costa de las necesidades más elementales de la población. Basta con recordar, como ejemplos, la utilización con fines electorales de programas públicos del gobierno federal por parte de la Secretaria de Desarrollo Social en 2013, la situación que fue denunciada en su momento a través del llamado “semáforo de alerta de contingencia democrática” en las entidades federativas de Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Aguascalientes, Chihuahua, Oaxaca, Durango, Coahuila y Sinaloa.
Por otro lado, cabe mencionar lo acontecido durante los últimos meses con la entrega de televisores con motivo de la transición a la televisión digital terrestre, cuyas cajas llevan impresa la leyenda “Mover a México”, slogan del gobierno federal, situaciones que han sido denunciadas en diversas ocasiones por Acción Nacional por comprometer la legalidad y la equidad de los procesos electorales.
La posición de nuestro partido ha sido clara, firme y precisa, exigimos respeto al marco normativo, respeto a las leyes que rigen los procesos electorales, respeto a los programas de desarrollo social, respeto a la población que debe ser beneficiada por estos, y respeto al proceso democrático en nuestro país.
En el México de hoy no puede permitirse que en ningún orden de gobierno, haya quien aproveche su condición o posición en el servicio público para sus propios intereses y para los fines de un grupo por encima del interés general. La democracia exige de todos los actores, y en especial de los gobernantes cumplir con la ley, con el Estado de Derecho, y no presentando programas gubernamentales bajo la bandera de ningún partido político.
Pero también es necesario contribuir a que la ciudadanía esté bien informada sobre el ejercicio libre del voto, y que no se sienta o sea coaccionada por la obtención de un beneficio social o por la amenaza de perderlo.
El INE es la institución propicia para promover y generar los marcos de equidad necesarios para que la próxima contienda del 7 de junio no se vea opacada por acciones o prácticas antidemocráticas.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Instituto Nacional Electoral a diseñar y difundir de forma constante, a través de los medios de comunicación, una campaña para explicar, de forma clara y precisa, que los beneficios de los programas sociales, las obras públicas y todas las acciones que ejecutan el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales no son partidistas y no pueden entregarse a cambio de votos, ya que los mismos provienen del pago de los impuestos de los ciudadanos y consecuentemente son un derecho de todos los mexicanos.
Segundo. La honorable Cámara de diputados reitera su compromiso con la democracia y el derecho de los mexicanos y promoverá una campaña en los términos del resolutivo anterior a través de sus tiempos oficiales, con el fin de garantizar la equidad en los presentes comicios electorales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2015.
Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sener a establecer acciones para verificar, revisar, boletinar, sancionar y, en su caso, clausurar a las gaseras que incumplan las normas NOM-002-SESH-2009, NOM-007-SESH-2010 y NOM-015-SESH-2013, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Leobardo Alcalá Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Energía, y de Economía a establecer en el ámbito de sus atribuciones medidas para verificar, revisar y, en su caso, boletinar y evidenciar por las instancias correspondientes a las gaseras que incumplan las Normas Oficiales Mexicanas NOM-002-SESH-2009, NOM-007-SESH-2010 y NOM-015-SESH-2013, sean sancionadas y, en su caso clausuradas, para garantizar la protección de la ciudadanía, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México es necesario reforzar las inspecciones y clausuras a todas aquellas empresas que proveen gas LP, para evitar que sigan operando en la impunidad sin cumplir los protocolos de seguridad.
En días pasados se registró un incidente grave donde varias personas murieron y otras más resultaron con lesiones graves, se debe de evitar a toda costa que esta tragedia quede en el olvido, ya que es común ver a pipas de gas en labores de trasiego a cilindros en la vía pública, cuando el servicio se debe prestar sólo a los tanques estacionarios.
Debemos velar porque la autoridad competente intervenga ante hechos fraudulentos y que sea más meticulosa al otorgar permisos y hacer revisiones exhaustivas a los que ya los tienen.
Es importante conferir prioridad cuando se den y se tengan denuncias de ciudadanos, pues por ellos debemos trabajar y velar por sus intereses y no por los de las gaseras. Viven temerosos de que pase otro incidente; algunos de los que se han suscitado son éstos:
• El 29 de enero se publicó en el periódico Zócalo-Saltillo que en la colonia Santo Domingo, al norte de Coahuila, una unidad tipo “pipa”, propiedad de la empresa Gas Económico Metropolitano de Coahuila, fue sorprendida al momento de realizar el trasiego de gas LP a un cilindro de 25 kilos en plena calle y luego de que algunos vecinos observaron estos hechos, de inmediato reportaron a Protección Civil y Seguridad Pública; no obstante, no acudió ninguna de las dos autoridades.
• En el periódico El Financiero, por ejemplo, se documentan 688 fugas en los últimos 9 meses. Uno de los casos más emblemáticos fue el ocurrido a mediados del año pasado que dejó dos personas muertas y ocho más lesionadas en Querétaro. Además la empresa ha sido sancionada por la Procuraduría Federal del Consumidor en varias ocasiones.
• En el periódico Excélsior se publicó que las empresas Transportes Migar y Gas Metropolitano, responsables del incidente del 7 de mayo de 2013 en el que perdieron la vida 27 personas en la carretera México-Pachuca.
Es momento de que los gobiernos federal y estatales impongan sanciones ejemplares, a las distribuidoras de gas LP, en el país y ser estrictas con las concesionarias y distribuidoras de gas sobre todo cuando se quieran poner en zonas habitacionales.
No deben cargar en la calle, no está permitido, la ley lo dice, es un peligro, el riesgo es inminente porque en cualquier momento en fuga o con chispa cerca se puede producir un flamazo o una explosión.
De conformidad con lo que se establece en el Sistema Nacional de Protección Civil, cada estado contará con unidades estatales de protección civil, a fin de detectar, evaluar, sancionar y en su caso clausurar las distribuidoras y las pipas que hagan prácticas irregulares en los estados y avisar a la dirección estatal de protección civil para que ellos a su vez lo hagan a la Secretaría de Energía y aplique la sanción correspondiente.
Se han encontrado diversos eventos en los cuales las deficiencias de las distribuidoras y despachadoras de gas han quedado a la luz pública, por lo que es necesario que se analicen y se apliquen correctamente las normas oficiales que establece la Secretaria de Energía, como éstas:
• NOM-002-SESH-2009, la cual especifica las características para bodegas de distribución de gas LP. Diseño, construcción, operación y condiciones de seguridad.1
• NOM-007-SESH-2010, la cual especifica que los vehículos para el transporte y distribución de gas LP deben cumplir condiciones de seguridad, operación y mantenimiento.2
• NOM-015-SESH-2013, “Reguladores de baja presión para gas L.P. Especificaciones y métodos de prueba”.3
La supervisión de estos instrumentos se encuentra a cargo de los jefes de unidad y directores generales de la Secretaría de Energía, quienes son los encargados de expedir, modificar o cancelar las normas oficiales mexicanas, previa aprobación del comité de normalización correspondiente, así como verificar su cumplimiento, de conformidad con los artículos 2o., Apartado B, fracción III; y 8o., fracción XV, del Reglamento Interior de la secretaría.
Esta dirección propiamente se apoya en la Procuraduría Federal del Consumidor a fin de que se cumplan las normas oficiales mexicana en lo que corresponde a la medición y despacho de gas, así como de otros combustibles líquidos, que se comercializan dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, como establecen la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento (primera sección) Diario Oficial, martes 27 de septiembre de 2005.
Las revisiones se establecen de manera periódica y extraordinaria, de igual forma en este último tiempo se ha iniciado un ejercicio de revisiones más constantes y de manera aleatoria, en este sentido la estación de servicio que será objeto de revisión no se da a conocer a nadie de los inspectores que realizarán dicha visita hasta unos momentos antes de salir de la dependencia.
Con este ejercicio, la dependencia considera hacer más transparente y eficiente sus trabajos; sin embargo no ha sido posible erradicar las anomalías que se presentan a lo largo de todo el país, por lo que es necesario reforzar todas las medidas con la finalidad de proteger y dar un mejor servicio a los ciudadanos.
Es importante que la ciudadanía tenga conciencia, se le escuche y se le proteja cuando por medio de firmas se le solicite el quitar alguna distribuidora cuando este en una zona habitacional y que se cumplan con todos los protocolos de seguridad.
Por lo anterior someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Energía a establecer en el ámbito de sus atribuciones medidas para verificar, revisar y, en su caso, boletinar y evidenciar por las instancias correspondientes a las gaseras que incumplan las Normas Oficiales Mexicanas NOM-002-SESH-2009, NOM-007-SESH-2010 y NOM-015-SESH-2013, a fin de que sean sancionadas y, en su caso, clausuradas para garantizar la protección de los ciudadanos.
Notas
1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5090934&fecha=20/05/2009
2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5200193&fecha=11/07/2 011
3 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5318447&fecha=17/10/2013
www.proteccioncivil.gob.mx
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2015.
Diputado Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la Semarnat y la Profepa acciones para detener el daño ambiental derivado de las actividades de la empresa Palma Tica de México, SA de CV, en Campeche, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Jorge Rosiñol Abreu, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente señala en el artículo 3o., fracción I, que el ambiente es “el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados”. Ello implica que la obligación del Estado en esta materia no solamente conlleva garantizar que el hombre viva en un ambiente sano y adecuado a sus necesidades, sino también garantizar que los seres vivos no humanos puedan desarrollarse libremente sin afectaciones en su entorno ni riesgo para su vida.
El artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, establece –por una parte– el derecho a vivir en un medio ambiente sano y –por otra– la obligación del Estado de promover la protección, la preservación y el mejoramiento del ambiente.
El artículo 4o. de la Carta Magna reconoce que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, reiterándose la obligación del Estado a garantizar dicho derecho.
Las acciones que la Semarnat y la Profepa lleven a cabo en materia de política ambiental son fundamentales para que el Estado cumpla su obligación de garantizar este derecho, por lo cual, los eventos que se han suscitado en el área natural protegida Laguna de Términos afectan de manera directa el derecho al medio ambiente y van en detrimento de todos los seres vivos, humanos y no humanos, que habitan en la zona.
La Laguna de Términos, en Carmen, Palizada y Champotón, Campeche, es el sistema lagunar-estuarino de mayor volumen y extensión del país, constituye ambientes definidos como “hábitat críticos” que permiten la existencia de una elevada biodiversidad de flora y fauna; pero derivado de la deforestación; el dragado y relleno de humedales; las alteraciones del caudal fluvial y del flujo laminar de agua; la sobreexplotación de manglares y de otras especies relacionadas; los asentamientos humanos irregulares; la contaminación de los cuerpos acuáticos, y los derrames o residuos de petróleo a la zona costera, entre otras fuentes de deterioro ambiental, que han modificado o destruido los hábitat críticos de la región, el gobierno se vio en la necesidad de declararla mediante decreto presidencial del 6 de junio de 1994 como área natural protegida con el carácter de área de protección de flora y fauna, por ser este un tema de interés público.
Derivado de este decreto, el 4 de junio de 1997 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el programa de manejo del área de protección de flora y fauna de Laguna de Términos, donde se enmarcó la relevancia ecológica y socioeconómica de la región, estableciendo que los humedales de la Laguna de Términos, que están actualmente contaminados pese a la prohibición de descargar cualquier tipo de sustancia contaminante o tóxica en los cuerpos de agua, conforman junto con los de Tabasco una unidad ecológica y son considerados como los más importantes de Mesoamérica.
El programa reportaba al menos 84 familias de plantas, con 3 mil 745 especies, entre las que se encuentran algunas consideradas amenazadas, en peligro de extinción o bajo protección especial. Se señaló que la diversidad faunística estaba representada por al menos mil 468 especies, entre terrestres y acuáticas, de las cuales 30 son endémicas y 89 están consideradas en las listas de especies raras, amenazadas o en peligro de extinción.
Pese a la protección que las autoridades están obligadas a dar al ambiente y sobre todo a las áreas naturales protegidas, desde hace más de tres años la empresa costarricense Palma Tica de México, SA de CV, ha realizado diversas acciones, como la construcción de drenes para el cultivo de palma africana, que han contaminado los humedales, envenenado animales, desplazado a la fauna y afectado de manera directa a los habitantes de la zona.
Por la contaminación de los humedales, la falta de autorización de construcción de un dren en el arroyo San Jeronimito y la inexistencia del manifiesto de impacto ambiental para solicitar el cambio de uso de suelo de selva a cultivo agroindustrial, la Asociación Ecologista Santo Tomás y la Dirección de Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos presentó el año pasado las denuncias correspondientes ante la Profepa para tratar de detener la afectación a esta área natural, sin que hasta la fecha se hayan tomado las medidas precautorias pertinentes para detener el avance de la contaminación y la pérdida de diversas especies de flora y fauna.
La situación se agrava porque la destrucción del hábitat del jaguar, una especie en peligro de extinción prevista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y en la lista roja de la UICN, ha obligado a esta especie a desplazarse por la zona en busca de resguardo provocando que algunos ejemplares sean cazados por el temor a un ataque, inclusive se han tomado fotos y videos de jaguares cruzando la laguna en busca de refugio.
El programa de manejo del área de protección de flora y fauna de Laguna de Términos establece que “siempre que una especie de flora y fauna que se encuentre bajo alguna categoría de protección, se vea sometida a alguna presión ocasionada por la actividad que se está llevando a cabo o pretenda desarrollarse, la especie y su hábitat tendrá prioridad y se tendrán que adoptar estrategias que eviten dicha presión”, acciones que hasta el momento no se han realizado por parte de las autoridades.
Otras especies que han sido amenazadas por esta situación, son los tejones, anfibios, mapaches, conejos, venados y jabalíes que han muerto por el maíz envenenado que se ha regado en el área para evitar que los roedores se coman la raíz de la palma; a su vez, diversas especies de pescados han desaparecido por la contaminación de los cuerpos de agua dejando a casi 2 mil familias sin sustento porque la pesca es una actividad fundamental para ellas.
Ante esta grave amenaza al ambiente, es indispensable establecer acciones de protección y conservación en la zona, así como las estrategias tendientes a mitigar este daño y controlar sus efectos mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para fincar responsabilidades.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a realizar acciones para detener el daño del ambiente derivado de las actividades de la empresa Palma Tica de México, SA de CV, en Campeche; y realizar diligencias para fincar las responsabilidades correspondientes.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 5 de marzo de 2015.
Diputado Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la formación de un comité y la elaboración de la agenda de trabajo a fin de implantar políticas públicas para las mujeres en las migraciones, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del PRD, y suscrita por integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios
Los que suscriben, diputadas y diputados Amalia Dolores García Medina (PRD), Yatziri Mendoza Jiménez (PAN), Martha Berenice Álvarez Tovar (PAN), Lorenia Iveth Valles Sampedro (PRD), Néstor Octavio Gordillo Castillo (PAN), María del Socorro Ceseñas Chapa (PRD), Marino Miranda Salgado (PRD), María Fernanda Schroeder Verdugo (PRI), Loretta Ortiz Ahlf (Morena), Lorena Méndez Denis (Morena), integrantes de la LXII Legislatura, en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6 fracción I, 62, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Atendiendo a que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en su objetivo 5.4., la obligatoriedad de velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en territorio nacional, y a que, como parte de su estrategia, mandata el diseño de mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial, así como la elaboración de un programa en materia de migración de carácter transversal e intersectorial, como el instrumento programático para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política y la gestión migratoria1 .
2. Que como parte de los 41 programas que el PND 2013-2018 instruye que deberán elaborarse como parte del sistema nacional de planeación democrática, se encuentra el Programa Especial de Migración, PEM, aprobado por decreto presidencial2 , firmado por 6 secretarios de Estado3 y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de abril de 2014 con observancia obligatoria.
Que dicho decreto instruye que: ...se deberán destinar los recursos presupuestarios correspondientes para el eficaz cumplimiento de los objetivos y metas del PND y del PEM.
3. Directivas y directivos de diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos, interesados en el tema migratorio, entre otros: maestra Nancy Pérez García, de Sin Fronteras, IAP; maestra Axela Romero Cárdenas, de Salud Integral para la Mujer, Sipam, AC; doctor René Leyva Flores, del Instituto Nacional de Salud Pública, INSP; doctora Genoveva Roldán Dávila, del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM/Incide Social, AC; maestra Gretchen Kuhner, del Instituto para las Mujeres en la Migración, Imumi, AC; licenciada María Enriqueta Cepeda Ruiz, de Incide Social, AC; y Sra. Ana Güezmes, de ONU Mujeres México, como resultado del “II Simposio Internacional sobre Feminización de las Migraciones”, un foro realizado en la Cámara del 22 al 24 de octubre de 2014, solicitaron a la Comisión de Asuntos Migratorios, como conclusiones del citado simposio, se presentara al pleno de la Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo.
4. Las resoluciones del foro antes mencionado son las siguientes
a) Exhortar al titular del Poder Ejecutivo para conformar un comité interinstitucional con la participación mínimamente de la Secretaría de Salud, los sistemas nacional, estatal y municipales del DIF, las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Educación Pública, de Trabajo y Previsión Social, de Desarrollo Social, de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Nacional para las Mujeres, el Sistema de Mecanismos de Adelantos para las Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Conavim, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Cdi, la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, la Procuraduría General de la República, la PGR, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, Fevimtra, para generar una agenda de trabajo para la mujeres en la migración y sus familiares.
La agenda de trabajo deberá contemplar mínimamente la Estrategia III sobre la perspectiva de género de la meta 5, México con Responsabilidad Global, del PND4 ; los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidas en el PEM 2014-2018 que impacten en las mujeres en la migración y sus familiares, así como aquellas contenidas en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-20185, 6 (Proigualdad) y; las recomendaciones emanadas de: 1) la “Declaración por una Política Migratoria Trasnacional que Promueva los Derechos de las Personas Retornadas y Separadas de sus Familias”7 ; 2) del “I Simposio Internacional sobre Feminización de las Migraciones”; contenidas en la Declaración por los Derechos de las Mujeres 20138 y 3) las Recomendaciones y propuestas para la Implementación de políticas públicas 2014 integradas en el “II Simposio Internacional sobre Feminización de las Migraciones. Conocimientos, políticas públicas: Brechas y Alcances” a fin de que ésta impulse la garantía de la aplicación de las políticas públicas desde una perspectiva intercultural que facilite, promueva y fortalezca el efectivo acceso a derechos de las mujeres en las migraciones y sus familiares, garantizando la participación de la sociedad civil, con especial énfasis en la población migrante y sus familiares en todo el ciclo de la política pública.
b) Exhortar a la Secretaría de Gobernación para:
1. Incorporar variables en los instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación al presupuesto, políticas públicas y estadística poblacional, que permitan dar evidencia de la presencia de la población migrante en nuestro país o del impacto de la migración en la población, en particular de las mujeres migrantes o en comunidades trasnacionales impactadas por la migración (Por ejemplo, nacionalidad, sexo, edad) a fin de generar información cuantitativa y cualitativa de forma continua para la creación, adecuación y evaluación de políticas públicas. Conocer las características sociodemográficas de las personas migrantes y sus familiares. Incorporar la perspectiva de la cartografía y geografía para el análisis del tema migratorio.
2. A qué través del Registro Nacional de Población, impulsar la creación o adecuación de lineamientos y disposiciones administrativas que faciliten la acreditación plena de la identidad y de la personalidad jurídica, incluyendo acceso a la inscripción de la doble nacionalidad de la población en las migraciones que contemplen mecanismos compensatorios para disminuir la brecha de desigualdad y promover la inclusión social, en los 3 niveles de gobierno.
3. A qué a través de la Unidad de Política Migratoria, implementar y monitorear los objetivos, estrategias y líneas de acción en materia educativa y de acceso a la identidad que beneficien a la población en las migraciones, contenidas en el PEM, Proigualdad y otras políticas y disposiciones para el goce pleno del derecho a la educación y a la acreditación de la identidad de esta población.
4. A qué a través de la Unidad de Política Migratoria, crear grupos de trabajo entre ésta Unidad y las instancias responsables de la implantación de las líneas de acción del Programa Especial de Migración en los 3 niveles de gobierno y la sociedad civil, a fin de fortalecer la operatividad, seguimiento y evaluación de éstas de acuerdo a la realidad migratoria de México e incorporar las propuestas emanadas de éstos en el ámbito de revisión y discusión del Consejo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.
5. A qué través de la Unidad de Política Migratoria, elaborar un reporte anual sobre los avances y retos en el impacto de la ejecución de las políticas públicas dirigidas a las mujeres en las migraciones y sus familiares, con énfasis en la implementación de las políticas públicas en materia de prevención y atención a las víctimas de violencia sexual y sus familiares, así como sus impactos y estableciendo una ruta crítica para atender los retos y generar avances estructurales.
6. A contar con protocolos y mecanismos específicos de atención y acceso a derechos de la población en las migraciones, que permitan reducir la discrecionalidad en el actuar de las y los funcionarios de gobierno.
7. A definir claramente los objetivos, estrategias y acciones que se están llevando a cabo en el marco del Programa Integral Frontera Sur.
8. En particular al Instituto Nacional de Migración, a evitar el uso perjudicial de eufemismos que impiden un efectivo goce de los derechos humanos de las personas migrantes y sus familiares, sobre todo en el tema de acceso a la justicia y privación de la libertad, en particular reconocer el acto de la detención migratoria vs alojamiento/aseguramiento.
c) Exhortar a la Secretaría de Educación Pública para impulsar la creación o adecuación de lineamientos, mecanismos y disposiciones administrativas que garanticen la incorporación, revalidación y acreditación de la educación de la población migrante en todas las entidades y municipios del país, con principal énfasis en la niñez.
d) Exhortar a la Secretaría del Trabajo a implementar acciones afirmativas que garanticen el efectivo acceso al trabajo de las mujeres migrantes, en particular de quienes son trabajadoras domésticas, agrícolas, o que se desempeñan de manera independiente.
e) Exhortar a la Secretaría de Salud para:
1. Desarrollar un sistema binacional de salud en el marco de los convenios binacionales existentes entre México y Guatemala y México y Belice que permita generar una respuesta armonizada a las necesidades de salud de la población migrante y fronteriza, atender las condiciones micro ambientales, así como fortalecer las capacidades institucionales.
f) Exhortar a las Secretarías de Desarrollo Social, de Salud, de Relaciones Exteriores, de Educación Pública y de Gobernación, y al Sistema Nacional DIF, a través de la Unidad de Política Migratoria, a generar acciones afirmativas, lineamientos y mecanismos para atender las necesidades de las niñas, niños y adolescentes en las migraciones y sus familiares, conforme a los principios del interés superior de la niñez y de unidad familiar, en contextos de familias trasnacionales.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente exhortar al titular del poder Ejecutivo para conformar un comité interinstitucional con la participación mínimamente de la Secretaría de Salud, los sistemas nacional, estatal y municipales del DIF, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Nacional para las Mujeres, el Sistema de Mecanismos de Adelantos para las Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, para generar una agenda de trabajo para la mujeres en la migración y sus familiares, y que en esa comisión se atiendan las peticiones emanadas del segundo Simposio Internacional sobre Feminización de las Migraciones.
Notas
1 Estrategia 5.4.4. Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial, para el diseño, implementación, seguimiento evaluación de la política pública en materia migratoria. Líneas de acción: Elaborar un programa en materia de migración de carácter transversal e intersectorial, como el instrumento programático para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política y la gestión migratoria... - Impulsar acciones dirigidas a reducir las condiciones de pobreza, violencia y desigualdad, para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas y beneficiarias de protección complementaria ... -Diseñar y ejecutar programas de atención especial a grupos vulnerables de migrantes, como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, víctimas de delitos graves cometidos en territorio nacional, personas con discapacidad y adultos mayores.
2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343073&fecha=30/04/2 014
3 El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso. El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor. La Secretaria de Salud, María de las Mercedes Martha Juan López. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Jesús Alfonso Navarrete Prida y el subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, Julián Alfonso Olivas Ugalde.
4 Promover y dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de género. Armonizar la normatividad vigente con los tratados internacionales en materia de derechos de las mujeres.
Evaluar los efectos de las políticas migratorias sobre la población femenil en las comunidades expulsoras de migrantes.
Implementar una estrategia intersectorial dirigida a la atención y protección de las mujeres migrantes que son víctimas de tráfico, trata y secuestro.
5 Revisar la complementariedad del PEM con los objetivos y líneas estratégicas dirigidas a promover los derechos de las mujeres en las migraciones, por ejemplo, el Proigualdad 2013-2018 en su Objetivo I establece la estrategia 1.2.10 Promover acciones afirmativas para garantizar los derechos de las mujeres migrantes internas, internacionales y transmigrantes.
6 Publicado en el DOF el 30.08.2013 http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/11/Programa-Nacional-para-la- Igualdad-de-Oportunidades-y-no-Discriminaci%C3%B3n-contra-las-Mujeres-2 013-2018.pdf y
7 Declaración del 8 de mayo de 2013. http://uf.imumi.org/recursos/declaracion_for_uf.pdf
8 Ver Declaración por los Derechos de las Mujeres Migrantes del 13 de abril de 2013, signada en el Senado de la República por las senadoras y senadores: Ana Gabriela Guevara Espinoza, Adriana Dávila Fernández, Humberto Mayans Canabal, Adán Augusto López Hernández, Mariana Gómez del Campo de la Garza, Eviel Pérez Magaña, Gabriela Cuevas Barron, Marcela Guerra Castillo y por las diputadas y diputados: Amalia García Medina, Jaime Bonilla Valdés, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, Martha Lucía Mícher Camarena, Miriam Cárdenas Cantú e Isaías Cortés Berumen.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 5 de marzo de 2015.
Diputados: Amalia Dolores García Medina (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Yatziri Mendoza Jiménez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), Petra Barrera Barrera, Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica), María Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), Gloria Bautista Cuevas (rúbrica) Néstor Octavio Gordillo Castillo, Marino Miranda Salgado.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a impulsar mediante acciones contundentes el uso de energías renovables, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, Ricardo Astudillo Suárez, diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
En las últimas décadas la tendencia de crecimiento poblacional en el planeta ha aumentado exponencialmente, según el Cuadro de Datos de la Población Mundial 2014 la población del planeta en 2014 ascendió a los 7,200 millones de personas de las cuales, 6, 000 millones habitan en países considerados como en desarrollo; tan sólo de 1950 al año 2000 la población mundial creció dos veces y media, misma tendencia que ha segundo dentro de nuestro país, ya que somos considerados como el octavo país más poblado del mundo según datos de CONAPO. Sin lugar a dudas el aumento en la población acelera las presiones de crecimiento en todos los rubros, primordialmente el económico, aumentando a su vez la demanda de más bienes y servicios y por ende la presión sobre los recursos naturales de los cuales obtenemos las materias primas necesarias para las satisfacciones de nuestras necesidades.
Sin lugar a dudas el uno de los sectores fundamentales para garantizar la atención a la demanda de los bienes y servicios, es el energético, el cual ha sido pieza clave para el crecimiento y desarrollo de las naciones; sin embargo, al ser los recursos naturales la fuente primordial de insumos para este sector y al aumentar exponencialmente su demanda, los ecosistemas se han visto gravemente degradados y explotados en la busca de fuentes de energía como el petróleo, a consecuencia de esto hoy nos encontramos inmersos en un grave problema de dimensiones mundiales, el cambio climático.
Los efectos sociales, ambientales y económicos del cambio climático han sido cada vez más preocupantes, ya que apenas hace pocos años la comunidad internacional comenzó realmente a dimensionar sus impactos y año con año sus efectos en diversas nacionales son mayores y su atención inmediato resulta de especial relevancia.
Las pérdidas económicas por la mayor ocurrencia de fenómenos hidrometereológicos a causa del cambio climático han sido millonarias, especialmente en países como México, ya que nuestra ubicación geográfica nos coloca entre 2 grandes océanos y el corredor natural de los huracanes, tan solo basta remontarnos a los dos años anteriores y recordar la gravedad de impactos provocados por los huracanes y lluvias atípicas en estados como Guerrero y Michoacán con Manuel, o Baja California Sur con Odile.
México, al igual que la comunidad internacional ha asumido el reto de mitigar los impactos ambientales en el desarrollo de su sector energético y como consecuencia mitigar los efectos del cambio climático con metas como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, cuya muestra se encuentra contenida en ordenamientos legales como la Ley General de Cambio Climático, la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento para la transición Energética, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, entre otras.
El marco jurídico nacional tiene trazadas metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, bajo diversas aristas, siendo una de las más importantes la eficiencia energética , la cual se plantea como una de las políticas de atención y freno para el cambio climático, apoyando el desarrollo de la sustentabilidad en el sector, ello junto con el impulso al aprovechamiento de las fuentes renovables de energía. La eficiencia energética se traduce como la obtención de los mismos bienes y servicios energéticos, empleando para ello menos recursos y utilizando menos energía.
Reconociendo a la eficiencia energética como un instrumento fundamental en el logro de las metas de reducción de gases de efecto invernadero y de mayor aprovechamiento de los recursos energéticos, es que desde hace varios años el 5 de marzo lo celebramos como el Día Mundial de la Eficiencia Energética, en cual debemos reflexionar cuales son los retos y logros en la materia, actuando en consecuencia, adoptando los mecanismos más innovadores e impulsando el desarrollo de tecnología que logra a mayor eficiencia en los procesos para el uso efectivo de nuestros recursos energéticos.
En esta materia, debemos reconocer el compromiso y acciones realizadas por el Gobierno Federal en el impulso a la eficiencia energética en distintos sectores, ya que ha impulsado programas de fortalecimiento en diversos rubros, por solo citar algunos ejemplos podemos mencionar los fondos y programas de fomento a la sustitución de alumbrado público municipal, los proyectos de eficiencia energética atendidos por el Fide, los cuales se dirigen a empresas altamente consumidoras de energía, dentro de los cuales se les brinda asesoría y asistencia técnica y en algunos casos financiamiento para la modernización de sus instalaciones y adopción de nuevas tecnologías que les permitan disminuir sus consumos de energía.
Los retos en materia de eficiencia energética son mayúsculos, pero nuestro país se encuentra dando pasos firmes, bajo políticas publicas perfectamente definidas en el corto, mediano y largo plazo, las cuales se encuentran contenidas en los instrumentos nacionales de planeación como el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional de Energía 2013 – 2027, dentro de la cual se ha fijado como elemento de integración, la sustentabilidad del sector y la eficiencia energética y ambiental, en la que se buscara la continua aplicación de las mejores prácticas disponibles en la producción y el consumo de energía. Con la eficiencia no solo se optimizan los procesos, sino que también se minimiza el impacto ambiental.
Datos de la secretaria de energía determinan que la participación del sector en el PIB es de aproximadamente el 8%, dada la relación directa que existe entre este sector con el desarrollo económico nacional, el Gobierno Federal seguirá impulsando férreamente las políticas de eficiencia primordialmente en dos rubros que serán aumentar la oferta de energía y medidas para incrementar la eficiencia en su consumo.
Como se ha mencionado las acciones de eficiencia en el uso de la energía, además de contribuir a la contención de los gases efecto invernadero, apoyan las metas de crecimiento y competitividad del país. Es decir, se trata de acciones que se traducen en beneficios directos para la sociedad. En este contexto, se han incorporado elementos de eficiencia energética que buscan el crecimiento económico, disminuyendo la perdida de energía a lo largo de la cadena productiva, y permiten a los consumidores de energía optar por las alternativas de servicios energéticos con mayor eficiencia y menor impacto ambiental.
Basta decir que estas prácticas no sólo tienen impactos ambientales positivos, sino también económicos al reducir las necesidades de inversión en infraestructura y minimizar los costos dentro de los procesos productivos. Sin lugar a dudas la celebración de este 5 de marzo como el Día Mundial De La Eficiencia Energética, nos hace seguir impulsando estas líneas de acción adoptadas por el Ejecutivo federal pero sustentadas en las leyes aprobadas por este Congreso de la Unión, el reto es mayúsculo pero las acciones contundentes, impulsemos la consecución de las metas país en materia de eficiencia energética y fortalezcamos la inversión en este rubro, ya que los beneficios que obtendremos en el corto mediano y largo plazo serán integrales, pues no sólo son positivos en términos económicos, sino también en términos sociales y ambientales.
En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la Sexagésima Segunda Legislatura, refrenda su compromiso con el impulso y fortalecimiento de las políticas públicas y el marco jurídico nacional en materia de eficiencia energética, y exhorta a las autoridades de los tres niveles de Gobierno a fin de que impulsen mediante acciones contundentes el uso de este tipo de energías, con el objetivo de lograr las metas que nos hemos trazado en con el único propósito de convertirnos en un país competitivo, sustentable y eficiente en este rubro, externando dicho compromiso al titular del Poder Ejecutivo Federal para fortalecer el trabajo conjunto entre ambos poderes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de marzo de 2015.
Diputado Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP a incluir en los aspectos metodológicos de la Presupuestación Base Cero para el ejercicio fiscal de 2016 las consideraciones y prioridades que esta soberanía da a conocer, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
La suscrita, Lucila Garfias Gutiérrez, Diputada Federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción XVIII; 6o., fracción I; 62, numeral 2 y 3, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
La planeación bajo un enfoque organizacional y asumiendo la definición que al respecto ha elaborado el reconocido catedrático e investigador Tomas Miklos, significa decidir en el presente, las acciones que habrán de ejecutarse en el futuro, previendo los medios necesarios para alcanzarla.1
Bajo esa óptica, cualquier organización -incluyendo las del Estado- deben tener la capacidad de prevenir, prepararse para tomar decisiones y adoptar posiciones previas a las situaciones problemáticas.
Asimismo, deben tener la capacidad de definir y determinar los programas que sustentarán la jerarquización de las prioridades institucionales, y en el caso de lo público, las del gobierno en turno, como un elemento indisoluble de la planeación y la programación estratégica.
Nuestro marco legal no es opuesto a las anteriores consideraciones. Como sabemos es mandato constitucional que el Estado debe ejercer la rectoría del desarrollo nacional, para tales efectos planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional.
A su vez organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
También, como señala la Constitución, los fines del proyecto nacional determinarán los objetivos de la planeación, misma que será democrática y deliberativa, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad. Por lo tanto, debe haber un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los Programas de la Administración Pública Federal, para conducir al país hacia el nivel de desarrollo que aspiramos las y los mexicanos.
Al respecto, el artículo 2° de la Ley de Planeación señala que ésta deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país, y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en nuestra Carta Magna.
Para desarrollar lo anterior deberá aplicar diversos principios, entre los que se encuentra el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; el equilibrio de los factores de la producción; proteger y promover el empleo, en un marco de estabilidad económica y social, sin omitir considerar la factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales, entre otros.
Se abunda en el artículo 3 de la citada ley, que la planeación nacional de desarrollo deberá entenderse como la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país.
Es clara la ley al señalar que mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades a los que se les asignarán recursos, responsabilidades, se coordinarán acciones y se evaluarán sus resultados.
Con estas consideraciones, es factible entender que el ejercicio de programar y presupuestar recursos públicos en el país se ha basado, hasta ahora, en un continuo redimensionamiento del Estado, poniendo énfasis en la eficiencia, eficacia y productividad del gasto, a través de la utilización de herramientas metodológicas que han tenido su génesis en la gestión privada y que han sido trasladadas, al ámbito de las organizaciones públicas.
Esto ha implicado cambios en las estructuras y procedimientos, el mejoramiento de los procesos de toma de decisiones y la inserción de etapas para la evaluación y vigilancia de los recursos, a fin de mejorar e incrementar la eficiencia y transparencia de los servicios públicos que el Estado ofrece a los ciudadanos.
En este marco de actuación, conceptual y metodológica, se pone el énfasis en los resultados, y aunque sí es importante cómo se hacen las cosas, cobra mayor relevancia qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población; es decir, la creación de valor público.
Tal es la síntesis con que podemos definir el marco conceptual que guía el Presupuesto basado en Resultados (PbR) con el que la Administración Pública Federal y los gobiernos locales asignan y programan los recursos públicos, bajo un esquema normativo que data de la reforma hacendaria aprobada por el Congreso de la Unión en el 2007, enfocada a la adecuación y reorientación del marco presupuestario y el ejercicio del gasto público.
De esta manera y en concordancia con el marco legal que rige el gasto público, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la aspiración que tenemos como país, que como se dijo, se refleja en los Objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo, mismos que orientan y definen las estrategias y acciones contenidas en los programas sociales derivados del mismo, que para su realización requiere de la asignación racional y objetiva de recursos públicos, manifiestos en los programas presupuestarios que en su momento somete a la aprobación de esta Cámara de Diputados.
Tales proyectos de presupuestos basan sus alcances con base en la Metodología del Marco Lógico, el cual demandó de un amplio esquema de recursos humanos y financieros, acompañamiento y asesoría del Banco Mundial, así como de un sinnúmero de asesores externos para su despliegue en la Administración Pública federal, los gobiernos locales e incluso los municipales, lo cual ha generado a estas fechas un esquema de construcción presupuestal sistematizado y consolidado.
En dicho ciclo presupuestario, bajo una óptica de racionalidad económica, cada estrategia y acción que emprenden las instituciones de gobierno establecen sus indicadores para la medición y análisis, sean estratégicos o de gestión, mismos que servirán como insumos en el proceso presupuestario y para la evaluación del desempeño de las políticas públicas, los Programas presupuestarios y de las mismas instituciones, a través del seguimiento y verificación del cumplimiento de sus metas y objetivos.
El esquema anterior que representaba nuestra normalidad programático-presupuestaria se ve impactado por el contexto económico nacional y mundial: los precios de la mezcla mexicana de petróleo mantienen una caída constante desde mediados del 2014, lo cual llevó a que el 29 de enero del año en curso su precio alcanzara apenas los 39.16 dólares por barril, 59% menos que la estimación con que se elaboró la Ley de Ingresos de la Federación en el 2015.
Asimismo, la normalización de la política monetaria internacional, que prevé un alza de las tasas de interés lo que podría implicar menores flujos de capital a nuestro país, y la desaceleración de la economía a nivel global pronostica un escenario complejo para México, mismo que trascenderá más allá del año 2015.
Ante este escenario, el pasado 30 de enero el Ejecutivo Federal, por conducto del Secretario de Hacienda y Crédito Público, anunció diversas medidas de carácter presupuestario, con el propósito de que de manera oportuna, responsable, ordenada e integral se atienda dicha contingencia de largo plazo, en la que se incluye una serie de recortes al gasto en todas las áreas de la Administración Pública Federal, que como todos sabemos es de 124 mil millones de pesos.
En su anuncio, el licenciado Luis Videgaray anunció en primer lugar que se empezaría ya a trabajar en lo que será el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2016, “bajo una lógica distinta a la que ha prevalecido a lo largo por lo menos de la última década”, proceso en el cual se contará con la asesoría y el apoyo del Banco Mundial en la revisión integral del gasto público.
Además señaló que el “2016 no podrá ser un año en el que tengamos un Presupuesto inercial, en el que se toma como base el Presupuesto del año anterior y se le hacen algunas modificaciones marginales; la realidad nos exige que nos atrevamos a hacer una revisión completa de en qué estamos gastando los recursos que provienen de los impuestos de los mexicanos”.
Lo más importante, informó que se identificarían aquellos programas que no cumplen con sus propósitos o que no cuenten con los niveles de rentabilidad social que las evaluaciones exigen, así como los que tienen impactos regresivos en materia de distribución del ingreso y la riqueza. En ningún momento, pero menos en las condiciones actuales por las que atraviesa el país, es permisible que se puedan estar duplicando asignaciones de recursos, no es tolerable que no se estén cumpliendo las metas programas y es inadmisible que no se ejecuten la totalidad de los recursos presupuestados.
Anunció que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2016 deberá hacerse bajo un esquema de “Presupuesto Base Cero”, privilegiando los proyectos de inversión y los programas que tengan un mayor beneficio para la población, a fin de que el gasto público sea utilizado con transparencia, eficacia y eficiencia.
Dicho de otra forma debe existir una correlación y una congruencia entre lo presupuestado y las metas programáticas, mismas que se han de traducir en beneficios para las y los ciudadanos. Dichas acciones se deben concretizar en mejorar las escuelas, en los servicios de salud, en el día a día de los mexicanos, si esto no es así, evidentemente no estamos cumpliendo con uno de los fines del Estado: el bien común.
Bajo el contexto de Presupuesto Base Cero, es decir, reducir gastos sin afectar actividades prioritarias, manteniendo los servicios para atender las necesidades básicas de las y los mexicanos. Debemos identificar las acciones contenidas en los programas para evaluarlas y determinar su pertinencia, sobre todo, evitar la que se estén repitiendo los esfuerzos en dos o más programas.
Recordemos que el grado de madurez que actualmente se tiene de la Presupuestación basada en Resultados, mediante la aplicación de la Metodología del Marco Lógico en los tres niveles de gobierno, ha requerido de varios años de instrumentación y capacitación, y si bien el esquema propuesto por el Secretario de Hacienda puede ser conceptualmente el idóneo para condiciones de crisis como la que atravesamos, no debe ser usado sin la adecuada y necesaria articulación con las metas y necesidades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.
Cabe señalar que también como parte de los avances en la administración pública federal, actualmente contamos con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social cuya misión es medir la pobreza y evaluar los Programas y la Política de Desarrollo Social para mejorar sus resultados y apoyar la rendición de cuentas.
Por otra parte, contamos con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos cuya misión es garantizar el derecho de los ciudadanos a la información pública gubernamental y a la privacidad de sus datos personales, así como para promover en la sociedad y en el gobierno la cultura del acceso a la información, la rendición de cuentas y el derecho a la privacidad.
Como legisladores, tenemos la obligación de analizar, aprobar y supervisar la ejecución del gasto público, por lo que esperamos que la próxima asignación presupuestal no presente una considerable reducción o redistribución de los recursos asignados a los programas que subsistan, sobre todo los que protegen a los grupos vulnerables y fomentan el desarrollo de la economía interna.
Por ello, debemos ser partícipes y corresponsables de las próximas decisiones que este proceso del presupuesto supone, mediante una reflexión profunda, detallada e informada de la metodología que se seguirá en la conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de programas presupuestarios que significa la reingeniería de la Administración Pública federal anunciada recientemente, conscientes de que el próximo proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, será el resultado de las modificaciones que a la misma se lleven a cabo durante los próximos días, semanas y meses, incluida la integración de las prioridades que el Ejecutivo determine, así como los medios para alcanzar los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, a través de una gestión racional del Gasto Público.
Lo anterior adquiere particular importancia, pues si bien con el Presupuesto Base Cero 2016 tiene como objetivo lograr una asignación más objetiva del gasto existen compromisos que el Estado mexicano no puede ni debe eludir. Por ejemplo, que 52 millones de mexicanas y mexicanos superen los umbrales de entre pobreza y pobreza extrema en las que se encuentran; el compromiso de asignar el 8% del PIB a la educación y el 1% a la Ciencia y Tecnología, así como el cumplimiento de los compromisos que se derivan de las reformas estructurales aprobadas por el Congreso de la Unión a lo largo de los dos últimos años; son algunos asuntos impostergables de la agenda de desarrollo nacional.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en la presupuestación base cero para el ejercicio fiscal 2016, incluya en los precriterios de política económica un anexo en el que se describa a detalle la metodología que guiará este ejercicio considerando su alcance y los criterios que servirán de base para la priorización y asignación de los recursos públicos para el ejercicio fiscal 2016; asimismo para que se consideren como temas prioritarios para el desarrollo del país la calidad educativa en sus tres niveles; el desarrollo y sustentabilidad de la agricultura y el medio ambiente; fortalecer la ciencia y la tecnología del país y el gasto racional y planificado de las pensiones, el impulso a la economía interna, la seguridad social, entre otros.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a difundir información sobre la idoneidad y compatibilidad del marco normativo vigente con la presupuestación base cero, en función de la programación, presupuestación, seguimiento de la contabilidad gubernamental y evaluación del gasto público.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en los trabajos de análisis del gasto público que ha de realizar con el banco mundial se invite a representantes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para que este organismo público descentralizado aporte sus experiencias, información y datos en materia de medición y evaluación de la política nacional de desarrollo social y las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas en la materia.
Nota
1 Miklos, Tomás. Planeación prospectiva: Una estrategia para el diseño del futuro. Ed. Limusa, Centro de estudios prospectivos Fundación Javier Barros Sierra, México: 2007, página 59. ISBN-13: 978-968-18-3848-5
Palacio Legislativo de San Lázaro, 5 de marzo de 2015.
Diputado Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer por la Ssa y la Cofepris una campaña informativa, de orientación y capacitación ciudadanas sobre los riesgos de usar la pastilla de urgencia como método anticonceptivo regular, a cargo de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Raquel Jiménez Cerrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral i, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, II y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo con base a las siguientes
Consideraciones
Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... Y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
Del precepto antes transcrito deriva que el derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios. Es decir el Estado tiene la obligación de instrumentar las medidas necesarias y suficientes a fin de proteger la salud de la población, hipótesis que en la especie no se está actualizando.
En ese tenor, el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone que la Secretaría de Salud es la dependencia mediante la cual el Ejecutivo federal instrumentar las medidas necesarias y suficientes a fin de proteger la salud de la población; otorgándole entre otras, las siguientes facultades:
Artículo 39. A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general , con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente; y coordinar los programas de servicios a la salud de la administración pública federal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen.
...
...
...
...
VI. Planear, normar, coordinar y evaluar el sistema nacional de salud y proveer a la adecuada participación de las dependencias y entidades públicas que presten servicios de salud, a fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud.
Asimismo, propiciará y coordinará la participación de los sectores social y privado en dicho Sistema Nacional de Salud y determinará las políticas y acciones de inducción y concertación correspondientes;
VII. Planear, normar y controlar los servicios de atención médica, salud pública, asistencia social y regulación sanitaria que correspondan al Sistema Nacional de Salud ;
VIII. Dictar las normas técnicas a que quedará sujeta la prestación de servicios de salud en las materias de Salubridad General, incluyendo las de Asistencia Social, por parte de los Sectores Público, Social y Privado, y verificar su cumplimiento;
...
X. Dirigir la policía sanitaria general de la República , con excepción de la agropecuaria, salvo cuando se trate de preservar la salud humana;
...
...
...
...
XV. Ejecutar el control sobre preparación, posesión, uso, suministro, importación, exportación y distribución de drogas y productos medicinales , a excepción de los de uso veterinario que no estén comprendidos en la Convención de Ginebra;
XVI.- Estudiar, adaptar y poner en vigor las medidas necesarias para luchar contra las enfermedades transmisibles , contra las plagas sociales que afecten la salud, contra el alcoholismo y las toxicomanías y otros vicios sociales, y contra la mendicidad;
...
...
XIX. Organizar congresos sanitarios y asistenciales;
...
XXI. Actuar como autoridad sanitaria, ejercer las facultades en materia de salubridad general que las leyes le confieren al Ejecutivo federal , vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables y ejercer la acción extraordinaria en materia de salubridad general;
...
...
XXIV. Las demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.”
Asimismo, el artículo 17 Bis, dota de facultades a la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios, estipulando entre otras, las siguientes:
Artículo 17 Bis . La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la presente ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a personas, a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios:
I. Efectuar la evaluación de riesgos a la salud en las materias de su competencia , así como identificar y evaluar los riesgos para la salud humana que generen los sitios en donde se manejen residuos peligrosos;
II. Proponer al secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios así como su instrumentación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos y otros insumos para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes; alimentos y bebidas, productos cosméticos; productos de aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; productos biotecnológicos, suplementos alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración de los productos anteriores; así como de prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre, salud ocupacional y saneamiento básico;
...
...
...
VI. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de los productos señalados en la fracción II de este artículo, de las actividades relacionadas con los primeros , de su importación y exportación, así como de los establecimientos destinados al proceso de dichos productos y los establecimientos de salud, con independencia de las facultades que en materia de procesos y prácticas aplicables en los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento primario de bienes de origen animal para consumo humano, tenga la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Sanidad Animal;
VII. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de la publicidad de las actividades , productos y servicios a los que se refiere esta ley y sus reglamentos;
...
...
X. Imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad en el ámbito de su competencia;
...
XII. Participar, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Salud, en la instrumentación de las acciones de prevención y control de enfermedades , así como de vigilancia epidemiológica, especialmente cuando éstas se relacionen con los riesgos sanitarios derivados de los productos , actividades o establecimientos materia de su competencia; y
XIII. Las demás facultades que otras disposiciones legales le confieren a la Secretaría de Salud en las materias que conforme a lo dispuesto en este artículo sean competencia de la Comisión.
Segunda. La píldora de emergencia contiene levonorgestrel (progestágeno sintético o sustancia semejante a hormona femenina) igual al que se emplea en las píldoras anticonceptivas convencionales, sólo que en dosis más alta. Su origen se remonta a 1964, en Holanda, y desde ahí se extendió con rapidez a Canadá, Hungría, China, Estados Unidos y varios países de Europa y Latinoamérica, según información de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, AC (Mexfam), con sede en el Distrito Federal.
La particularidad de la anticoncepción de emergencia es que “puede usarse por mujeres después de una relación sexual sin protección o ante la falla del método que se estuviera usando. En caso de violación es indispensable para evitar un embarazo no deseado, ya que su mecanismo de acción inhibe la ovulación o la retrasa, impidiendo la fertilización.”
Cabe señalar que la pastilla del día siguiente no evita el embarazo en las relaciones sexuales que se tengan después de tomar la píldora. Además, dicho anticonceptivo deberá administrarse siempre bajo vigilancia médica para garantizar su uso correcto; situación que en la especie no se actualiza, pues actualmente el fácil acceso a estos medicamentos deviene en un consumo irresponsable.
Al respecto, es menester señalar que el único método que puede evitar las infecciones de transmisión sexual es el preservativo (para hombre o mujer), siempre y cuando se use correctamente.
No se recomienda la pastilla del día siguiente en lugar del preservativo, pero en caso de ser utilizada debe administrarse con moderación. Su uso frecuente no sólo puede disminuir la efectividad del método, sino alterar los patrones de ovulación (inhibirla o retrasarla).
Cuando la anticoncepción de emergencia se utiliza en intervalos menores a dos meses, es posible que se presente síndrome de ovario poliquístico (cuando hay bolsas cerradas llenas de líquido en dichas glándulas) a causa de las ovulaciones que quedaron detenidas, así como insuficiencia venosa periférica (dificultad que tienen las venas de las piernas para empujar la sangre al corazón). También puede haber retención de líquido, malestar en los senos, dolor de cabeza y alteración del periodo menstrual (se alarga, acorta o suspende, además de que el sangrado puede volverse escaso o profuso).
Después de todo, no hay que perder de vista que la fórmula de la píldora incluye componentes que, al consumirse en forma continua, alteran el equilibrio de ciertas hormonas diferentes a las de la ovulación, desencadenando ausencia de menstruación, crecimiento inadecuado del endometrio o pérdida de minerales en los huesos (compromiso del sistema óseo).
Finalmente, nos queda subrayar que la píldora del día siguiente no ofrece protección contra infecciones de transmisión sexual y que su porcentaje de efectividad, aunque elevado, no es mayor al de aquellas técnicas que se emplean de manera preventiva, como parches, pastillas, inyecciones o DIU. Por ello, como su nombre lo dice, es un método de emergencia, no de uso cotidiano o permanente.
Tercera. A pesar de que vivimos en una era con numerosas fuentes de información, gran porcentaje de la población ignora los riesgos que conlleva el uso erróneo de la pastilla anticonceptiva de emergencia o “del día siguiente”.
Este tipo de anticoncepción es definida por la Secretaría de Salud como “los métodos que la mujer puede usar como respaldo y en caso de emergencia, dentro de los primeros días posteriores a una relación sexual sin protección, con el objetivo de prevenir un embarazo no deseado”. Más aún, aclara el organismo, “no son adecuados para uso regular”, lo cual, por desgracia, muchas personas ignoran o creen que es de poca relevancia.
De acuerdo a recientes reportes de anticonceptivos orales en México, la pastilla de emergencia ha sufrido un incremento significativo de ventas. Así lo aseguran los laboratorios farmacéuticos Liomont. Dicha situación representa un riesgo para la salud de las mujeres que la ingieren sin supervisión médica.
Preocupantemente, en 2012 la pastilla de emergencia se colocó como el método anticonceptivo hormonal más vendido en México con un registro de 6.8 millones de unidades vendidas , lo cual representa el 42 por ciento del total del mercado de anticonceptivos hormonales , mientras que los anticonceptivos orales de bajas dosis hormonales registraron ventas por 5 millones de unidades.
“La pastilla de emergencia es un medicamento que puede contener una o dos hormonas cuya finalidad es evitar la concepción. Sin embargo, por su naturaleza no es eficaz al 100 por ciento, tiene una eficacia del 65 y 75 por ciento como máximo,” aclara el doctor Manuel Gómez, especialista en ginecología y obstetricia.
Es de destacar que la finalidad de la pastilla de emergencia es la de ser utilizada como último recurso en situaciones muy específicas y no así como un método anticonceptivo regular. Al respecto, los especialistas aseguran que la venta desmedida del medicamento se debe a la facilidad de obtenerlo y utilizarlo, sin medir que pudiera tener algunos efectos secundarios, pues en muchas ocasiones las usuarias no cuentan con la información suficiente para conocer los riesgos de utilizarla como método regular de anticoncepción; entre los que se encuentran los siguientes:
1. Su uso frecuente disminuye la efectividad del método.
2. Alterara los patrones de ovulación.
3. Síndrome de ovario poliquístico (cuando hay bolsas cerradas llenas de líquido en dichas glándulas) a causa de las ovulaciones que quedaron detenidas.
4. Insuficiencia venosa periférica (dificultad que tienen las venas de las piernas para empujar la sangre al corazón).
5. Crecimiento inadecuado del endometrio.
6. Pérdida de minerales en los huesos (compromiso del sistema óseo).
Asimismo, tal y como se señaló anteriormente, la pastilla de emergencia no evita las infecciones de transmisión sexual, situación que enfatiza la preocupación de la suscrita, pues al estarse usando como un método anticonceptivo regular ante relaciones sexuales “desprotegidas”, se aumenta la posibilidad de las usuarias de contraer enfermedades de transmisión sexual.
Es evidente que existe muy poca claridad, entre la población que consume la pastilla de un día después, acerca de lo efectos adversos que puede provocar; pues basta con revisar la ficha farmacológica para darnos cuenta que entre las reacciones adversas más frecuentes y que requieren atención médica se encuentran:
• Amenorrea (suspensión del período menstrual).
• Descubrimiento del sangrado menstrual o metromenorragia (sangrado uterino fuerte entre los períodos menstruales regulares).
• Menorragia. Sangrado uterino suave entre los períodos menstruales regulares.
Entre las advertencias especiales se encuentran algunas como las siguientes:
• Carcinogenicidad/Tumorgenicidad/Mutagenicidad: No se han realizado estudios bien documentados en humanos.
• Embarazo/Reproducción.
• Fertilidad: Las progestinas causan una disminución en la cantidad y/o cambio en la calidad del moco cervical y pueden interferir con la función del esperma, la fertilización y subsecuentemente la ocurrencia de embarazo. Estos efectos dependen de la dosis y tipo de la progestina. Altas dosis o largo tiempo de uso de progestinas, pueden causar un retraso en el retorno a la fertilidad. El uso del levornogestrel no es recomendado durante el embarazo.
• Carcinogenicidad/Tumorgenicidad/Mutagenicidad: No se han realizado estudios bien documentados en humanos.
• Embarazo/Reproducción.
• Fertilidad: Las progestinas causan una disminución en la cantidad y/o cambio en la calidad del moco cervical y pueden interferir con la función del esperma, la fertilización y subsecuentemente la ocurrencia de embarazo. Estos efectos dependen de la dosis y tipo de la progestina. Altas dosis o largo tiempo de uso de progestinas, pueden causar un retraso en el retorno a la fertilidad. El uso del levornogestrel no es recomendado durante el embarazo.
• Embarazo FDA: categoría X. lo que significa que los estudios en animales o en humanos han demostrado anormalidades fetales y/o existe evidencia de riesgo al feto humano basado en los registros de reacciones adversas derivados de experiencias investigativas o mercadológicas y existen riesgos implicados al usarse el fármaco en mujeres embarazadas que claramente sobrepasan los beneficios potenciales. El uso del producto farmacéutico está contraindicado en aquellas mujeres que están o que pueden quedar embarazadas.
La mejor manera de combatir los riesgos de consumir la píldora constantemente es mediante la asesoría a las usuarias, dar la información lo más clara posible sobre su consumo, riesgos y contradicciones; siendo imperante que la Secretaría de Salud y Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios, pongan en marcha una campaña de información, en la que las usuarias sean instruidas al respecto, ya sea mediante trípticos y carteles en farmacias, así como asesoría médica gratuita en Centros de Salud, así como su difusión en medios masivos de comunicación.
Por las consideraciones antes expuestas, me permito someter a esta Soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara De Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, a efecto de que se implemente una campaña informativa, así como las acciones de orientación y capacitación de la población en materia de riesgos de automedicación, respecto de los riesgos del uso de la pastilla de emergencia como método anticonceptivo regular.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2015.
Diputada Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la PGR, la CNDH y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a atender y retomar las investigaciones sobre los casos de desaparición forzada durante la “guerra sucia”, suscrita por los diputados Roberto Cabrera Solís, José Antonio León Mendívil y Víctor Reymundo Nájera Medina, del Grupo Parlamentario del PRD
Quienes suscriben, integrantes de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., numeral 1, fracción I; 79, numeral 2; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
El fantasma de la “guerra sucia” cabalga en México. Ésta es una realidad oprobiosa que transformó el entorno político en México y, al mismo tiempo, trastornó de forma grave la vida de cientos de familias y personas en el país.
La llamada “guerra sucia” tuvo su origen en un modelo autoritario de gobierno, que se resistía por todas las formas a la transformación democrática de nuestra nación por las vías legales e institucionales. Quienes lucharon primero por las vías legales, luego desafiaron al Estado de forma clandestina, oculta o secreta. En esta época cualquier disidente político e incluso personas que no militaban en ningún movimiento social, fueron detenidas arbitrariamente, desaparecidas, torturadas, ejecutadas extrajudicialmente y masacradas en aras de la paz social del país.
Entre las entidades que enfrentaron de forma flagrante y recurrente esta persecución destaca Guerrero, en particular la sierra de Atoyac.
Justamente con referencia a Guerrero, el investigador Carlos Illades señala: “Los hombres y mujeres del sur contribuyeron decisivamente a la independencia nacional, a la construcción de la modernidad decimonónica y, en general, al proceso histórico mexicano; sin embargo, Guerrero es a la fecha unos de los espacios geográficos más pobres, atrasados y castigados de la República. Vista en el tiempo largo, su historia está atravesada por varias líneas marcadas y durables: la primera es su carácter de periferia activa dentro del conjunto nacional; otra es su secular atraso económico; una más es su persistente movilización popular. Se agrega además la inestabilidad política –producto quizá de la combinación del atraso económico, la desigualdad social y de un sinuoso proceso de constitución del estado– que se remonta al siglo XIX y se adentra en el actual”– (Carlos Illades. Breve historia de Guerrero , México, El Colegio de México, 2000, página 13).
Lo anterior nos permite entender por qué el sur del país y Guerrero parecen sumidos en una eterna violencia; y es que ante la represión, el centralismo y una sistemática violación a los derechos humanos, los guerrerenses han respondido con organización y movilizaciones y, a su vez, el gobierno en no pocas ocasiones ha respondido con violencia y ha querido prevenir futuros brotes con un despliegue “preventivo” de fuerza contra la población civil inerme, con lo cual Guerrero ha padecido la impronta cíclica de represión-resistencia-represión.
Según cifras de Julio Mata Montiel, secretario general de la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de la Violación de Derechos Humanos, de los más de mil 300 casos que se tienen documentados de personas detenidas-desaparecidas en contra de su voluntad en México, la mitad corresponde a Guerrero, es decir, cerca de 650, y éstos son sólo los que están documentados.
Aun con estas cifras en la mano, no se puede saber con certeza el número de familias que fueron afectadas por la represión desatada por el Estado a finales de los años sesenta y hasta principios de los años ochenta. ¿Cuántas desapariciones forzadas de personas se cometieron por agentes con la aquiescencia de las altas esferas del poder; que con impunidad tenían la puerta abierta de la muerte? ¿Cuántas niñas, niños y jóvenes fueron afectados de forma directa por la pérdida de sus padres?
De acuerdo con activistas, la desaparición forzada “es un delito actual que las autoridades del Estado mexicano siguen aplicando en contra de los movimientos sociales y políticos, en contra de la disidencia política y el principal objetivo que persigue el Estado mexicano con la práctica de la desaparición forzada es romper el tejido social, desbaratar a las organizaciones sociales a través del terror, es pues, atemorizar a la organización, a la familia y a la comunidad”.
La nula justicia que han encontrado los familiares de detenidos desaparecidos de aquella época ha obligado a exigir justicia en tribunales internacionales. En 2009 y después de varias décadas de exigir justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia reconociendo la culpabilidad del Estado mexicano por la desaparición forzada del profesor Rosendo Radilla Pacheco. Dicho fallo trajo consigo la condena a una práctica sistemática en México, pero también propició reformas al Código de Justicia Militar, la supremacía constitucional de los derechos humanos, entre otros efectos.
El 4 de octubre de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asumió del cumplimiento del fallo internacional y dictó una resolución que ejecuta, internamente, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los trascendentales efectos de esta sentencia apenas se vislumbran.
En el acto, la SCJN dio sentido al párrafo tercero del artículo constitucional y ratificó el deber de las autoridades de aplicar en todo momento el principio pro persona con que se creó un modelo de cultura jurídica para el Estado mexicano.
Es decir, estamos ante un paradigma jurídico en México que a todas luces en el pasado no habría sido posible.
Los hechos violentos ocurridos en Guerrero donde fueron desaparecidos 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa han puesto de manifiesto otra vez que la práctica de desaparición forzada está presente en nuestro país y es ante la presente crisis institucional, y ante la condena de organismos internacionales, que la exigencia de justicia por casos de desaparición forzada del pasado una vez más cobran fuerza y vigencia.
Uno de esos casos paradigmáticos es el de Aurora de la Paz Navarro del Campo y José Cortés Castro. La última vez que se vio con vida a Aurora fue en las manos del Estado, como lo menciona informe policiaco del 3 de febrero de 1976 emitido por el entonces director de la siniestra policía política, la entonces Dirección Federal de Seguridad, Guillermo Lira Murrieta.
Aurora perteneció a una generación de jóvenes que con valor y coraje desbordados persiguieron sus ideales hasta sus últimas consecuencias, sin doblegarse ante un enemigo infinitamente superior en recursos y con una gran capacidad para ejercer la barbarie. Ella se entregó completamente a la causa revolucionaria y clandestina, por lograr la transformación democrática del país.
Nacida en la Ciudad de México el 30 de enero de 1954, Aurora fue hija de la profesora Mercedes del Campo Clifton y del músico de origen yucateco Wenceslao Lizárraga, aunque éstos se separaron y ella fue registrada con otro apellido.
Por la línea materna, su abuela había pertenecido al Partido Comunista de Estados Unidos y había vivido una odisea política cuando se desató la persecución macarthista en aquel país. Así, aunque en la familia se respiraban vientos de izquierda, Mercedes intentó apartar a su hija del peligro que representaba la sola palabra “comunismo” en plena guerra fría. Precisamente su vocación pacifista la había llevado a bautizar a su hija como “Aurora de la Paz”.
Aurora tuvo una inclinación precoz por la política. Así, a sus escasos quince años participó en la formación del Comité de Lucha de la escuela nacional preparatoria número 4 de la Universidad Nacional Autónoma de México, perteneció a la generación del 68. Tenía carisma portentoso y capacidad intelectual, pero particularmente un compromiso profundo con las causas justas. Ella conoció a Jacobo Gámiz García, hermano de los célebres hermanos Gámiz que, con otros guerrilleros habían tomado por asalto el cuartel de Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965, inaugurando simbólicamente la lucha armada socialista en México.
A sus 18 años, Aurora conoció y se casó posteriormente con uno de los líderes guerrilleros que participaba con Lucio Cabañas, llamado Carmelo Cortés Castro, “Cuauhtémoc”. Carmelo y Aurora fundaron una organización armada el 8 de diciembre de 1973, que recibió el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Su zona de operaciones abarcó Morelos, Guerrero y el Distrito Federal, principalmente.
Por varias razones propias de la organización político-guerrillera se desató una persecución feroz contra los militantes de las FAR. Cada miembro de este grupo que caía era sujeto a los peores tormentos, a la ejecución extrajudicial o a la desaparición forzada. Por eso, la dirección de las FAR se replegó, primero al estado de Morelos y después al DF.
El 30 de agosto de 1975, en un centro comercial de Ejército Nacional, colonia Irrigación, Distrito Federal, Carmelo Cortés Castro fue herido, pero se le detuvo con vida y se le trasladó al campo militar número 1, donde fue torturado. Al día siguiente, se presentaron las fotos de su cadáver a la prensa que anunció con espectacularidad que había muerto en un enfrentamiento con la policía. Sin embargo, el cadáver nunca fue entregado a la familia Cortés-Castro.
Testigo de los acontecimientos, Aurora denunció que se habían llevado vivo a Carmelo. Tiempo después, ella asumió plenamente la dirección de las FAR, razón por la que tuvo que abandonar a su familia, incluidos los dos hijos.
Al poco tiempo, cayó una célula de las FAR en Acapulco y se desató una cascada de detenciones en varios puntos de la República. La dirección de la casa donde vivía Aurora fue arrancada bajo severas torturas a uno de sus compañeros. La Dirección Federal de Seguridad llegó a allanar el domicilio de Tecámac, México, deteniendo a Aurora el 3 de febrero de 1976, y a un hermano de Carmelo, de nombre José Cortés Castro. Se dice que el gobernador Rubén Figueroa previamente había ofrecido una amnistía a Aurora para que las FAR depusieran las armas, pero ella nunca admitió ninguna negociación.
Aurora fue la única mujer en la historia de las guerrillas mexicanas en dirigir una organización político-militar, y fue sometida a un incierto destino, probablemente en los calabozos del campo militar número 1. Nunca nadie la volvió a ver. Treinta años después uno de sus hijos se enteró de que la Dirección Federal de Seguridad asentó en el expediente un resumen de la declaración de Aurora, fechado en 1985, casi una década después de su desaparición.
Los familiares han obtenido mediante un amparo la información que obra en poder de la Procuraduría General de la República, misma que también conoció la desaparecida Fiscalía Especializada en Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, en la cual consta que la DFS tuvo bajo su resguardo a Aurora y José, a pesar de que las autoridades habían negado su detención.
Lo anterior se encuadra en la definición del artículo 2o. de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas: “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
Aurora estuvo dispuesta a sacrificarlo todo, al grado de abandonar a sus hijos en un acto de valentía y amor por un pueblo que necesitaba cambios urgentes. Como muchos otros miles de jóvenes, Aurora no quiso vivir bajo un sistema inhumano y corrupto, basado en la explotación, la desigualdad y la injusticia. Aspiró a construir un país democrático, que librara a todas y todos de los sufrimientos por la explotación a que estaban sujetos.
Como se ha expuesto, en México ha existido y prevalece un serio problema en materia de desapariciones forzadas e involuntarias de personas, el cual constituye una violación grave de derechos humanos en el país. Por primera vez en su historia México compareció ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas, lo que parecía una oportunidad para atender este fenómeno en su trágica dimensión.
Pese a esta oportunidad histórica, el gobierno federal, que en Ginebra manifestó disponibilidad a resolver los pendientes en materia de desapariciones, hoy, a través de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, y de Defensa Nacional ha rechazado, sin fundamento, el diagnóstico y las propuestas del CED.
De esta forma, el Estado mexicano demuestra la indiferencia y desprecio por la garantía y respeto irrestricto de los derechos humanos. Mientras las familias continúan luchando por justicia en los casos de desaparición forzada, el gobierno niega estos esfuerzos y prefiere ser omiso ante esta realidad que se sigue enfrentando.
Consideramos que la única respuesta ante el problema de las desapariciones generalizadas por parte del Estado mexicano que la sociedad valorará comienza por la búsqueda, la investigación y el esclarecimiento de cada uno de los casos. Hoy que los familiares de Aurora y José han obtenido datos fehacientes de que el suyo es un caso de desaparición forzada, es urgente que se garanticen los derechos de las víctimas directas e indirectas que han sufrido ya por más de tres décadas de los efectos de este delito continuado.
Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República a girar instrucciones para que, en el ámbito de sus atribuciones, y en cumplimiento de las normas en materia derechos humanos de la Constitución Política y los tratados internacionales de que México es parte, se reanuden las acciones de búsqueda e investigación respecto a la desaparición forzada presuntamente cometida por diversas autoridades federales a partir del 3 de febrero de 1976 en contra de Aurora de la Paz Navarro del Campo y José Cortés Castro, según consta en la información obtenida por sus familiares.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a considerar en el ámbito de sus atribuciones ampliar las investigaciones sobre los casos desaparición forzada durante el periodo de la llamada “guerra sucia” que la información y las investigaciones respectivas hasta la fecha, que no estén comprendidos en la recomendación 26/ 2001 de la CNDH, incluyendo los casos de Aurora de la Paz Navarro del Campo y José Cortés Castro, víctimas de desaparición forzada cometida presuntamente por diversas autoridades federales a partir del 3 de febrero de 1976, según consta en la información obtenida por sus familiares.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a que, en el ámbito de sus atribuciones, y conforme a los derechos que reconoce la Ley General de Víctimas y las normas en materia derechos humanos de la Constitución Política y los tratados internacionales de que México es parte, brinde la asesoría jurídica e inicie los trámites respectivos para una reparación integral a los familiares de Aurora de la Paz Navarro del Campo y José Cortés Castro, presuntas víctimas de desaparición forzada cometida presuntamente por diversas autoridades federales a partir del 3 de febrero de 1976, según consta en la información obtenida por sus familiares.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 5 de marzo de 2015.
Diputados: Roberto Cabrera Solís (rúbrica), Miguel Agustín Alonso Raya, Roxana Luna Porquillo, José Antonio León Mendívil (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz, Elena Tapia Fonllem, Loretta Ortiz Ahlf, Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Chihuahua a resolver la problemática derivada de la contaminación, la intoxicación y el envenenamiento por plomo en la sangre que afecta a los habitantes de las zonas aledañas a la antigua Fundidora de Ávalos, en la capital del estado, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, legisladora ante la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 77, numeral 1; 79, numerales 1 y 2; 82, numeral II, fracción I; 100, numeral 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la proposición con punto de acuerdo, con el propósito de exhortar al ciudadano licenciado César Horacio Duarte Jáquez, gobernador constitucional del estado de Chihuahua, para que en uso de sus facultades y atribuciones, gire las instrucciones necesarias a las dependencias competentes para que atiendan y resuelvan la grave problemática derivada de la contaminación, intoxicación y envenenamiento por plomo en la sangre, que desde hace años afecta a los habitantes de las zonas aledañas a la antigua fundidora de Ávalos, en la ciudad de Chihuahua; ello, en atención a la siguiente
Exposición de Motivos
I. La comunidad de Ávalos se encuentra en la zona sur de la ciudad de Chihuahua, aproximadamente a unos 600 metros de la que fuera una de las más grandes fundidoras de plomo en América, iniciando operaciones en 1908 y concluyendo en el año de 1998. En los últimos años produjo alrededor de 250 toneladas diarias del referido metal.
Una década después, el Instituto Nacional de Salud Púbica, apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, realizó un estudio en distintas zonas de nuestro país expuestas a la contaminación por plomo, siendo parte de éstas, la zona de Ávalos en Chihuahua capital. EI estudio demuestra, entre otras, la exposición a este elemento1 señalando con claridad que la atención que debe brindarse en el entorno expuesto es, en al menos, de tres ámbitos:
1. El ambiental, para el adecuado control de las fuentes de exposición;
2. El sanitario, para la vigilancia de los niveles sanguíneos de plomo en los niños de alto riesgo; es decir, de aquellos que vivan en zonas potencialmente contaminadas; y
3. El educativo, para la atención de niños con problemas neuroconductuales y neurocognitivos.
Aunado a lo anterior, habitantes del fraccionamiento Rinconada Los Nogales , ubicado a escasos 200 metros de las instalaciones de la antigua fundidora de Ávalos, desde tiempo atrás han denunciado el envenenamiento por plomo en la sangre y con ello, la omisión de las autoridades para resolver el fuerte problema de salud púbica que presentan. Además de las familias afectadas, hace más de 2 años, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Chihuahua, llevó a cabo el estudio: “Exposición humana al plomo”, por el que se practicó exámenes de sangre a 119 niños que viven en esa zona. El estudio menciona que la Norma Oficial Mexicana: NOM-199-SSA1—2000, establece que el máximo grado de plomo permitido en la sangre es de 10 microgramos por decilitro; siendo que hay infantes que alcanzan unos 65 microgramos por decilitro en su sangre, lo que se traduce en 6 veces más que lo marcado en la Norma.
Según investigaciones periodísticas realizadas sobre el tema,2 los resultados del estudio nunca fueron entregados a los colonos y de ellos tuvo conocimiento la misma Comisión Estatal de la Vivienda, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, así como la Secretaría de Salud del estado. Tras los resultados arrojados, la Gerencia de Evidencia y Manejo de Riesgos exhortó al gobierno estatal para que interviniera con servicios de salud necesarios y diera atención médica a los menores, sin que se haya diseñado y ejecutado acción alguna para los afectados.
Por lo anterior es que se considera imperativo que la autoridad estatal responsable presente, a la brevedad, los estudios de impacto ambiental que se hicieron de la zona de Ávalos; lo que les permitirá saber a los colonos y a la sociedad si era susceptible o no, de construir fraccionamientos habitacionales, señalando que de confirmarse una irregularidad que conlleva a diversas problemáticas relacionadas con la salud, el medio ambiente así como con el tema de asentamientos humanos, se evidenciaría una clara violación a las normas ambientales y de salud.
II. No podemos dejar de mencionar que el envenenamiento en la sangre por plomo puede provocar daños en la producción de glóbulos rojos en el sistema inmunológico, esquelético, renal y en los sistemas nervioso central y periférico. EI riesgo de ingestión de plomo aumenta en los niños por su conducta exploratoria y sus juegos, que los hace tener mayor contacto con suelos contaminados, aunado a la mayor absorción que ocurre en ellos comparada con los adultos. El envenenamiento se manifiesta en un cuadro sintomático determinado en los adultos por cólicos, anemia, dolor de cabeza, fatiga, neuropatía periférica.
En el caso de los niños, como el grupo con mayor susceptibilidad, muestran principalmente deficiencia en el desarrollo psicomotor, intelectual y de aprendizaje, y en los casos de intoxicación aguda se presentan vómitos, anorexia, convulsiones, coma y encefalopatía. Adicionalmente, la exposición a plomo puede tener efectos en la reproducción. Las mujeres embarazadas expuestas a niveles altos pueden tener hijos con menor peso al nacimiento, así como mayor riesgo de aborto espontáneo, aun en niveles de plomo relativamente bajos.
Por eso es importante aclarar las diferencias, ya que por Contaminación entendemos algún lugar con cantidades de plomo por encima de lo permitido en algún momento, es decir, por arriba de lo tolerable para la salud. Mientras, la Intoxicación con Plomo puede ser aguda o crónica y denota su efecto dañino a corto o largo plazo. Es aguda, cuando los síntomas generalmente gastrointestinales (náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal), se presentan en los primeros 6 meses del contacto con el plomo. También se llama Envenenamiento, se manifiesta en malestares intestinales y señala si hubo o hay daño por la exposición al plomo. Puede ser crónico, que es más grave por sus daños permanentes en el sistema nervioso y no hay pruebas aisladas para determinar. Solo si hay más casos de los que habitualmente debiera haber en la población expuesta a un sitio contaminado + las pruebas de daño biológico, entonces se pudiera establecer si es el plomo el agente causal o no, de los hallazgos en una población. La crónica es a partir de los 6 meses en adelante y las manifestaciones son diferentes en el niño que en el adulto. En el niño, que sigue en permanente contacto y a dosis pequeñas (incluso no sale en sangre), se presenta con manifestaciones en el sistema nervioso, ya que el niño está en crecimiento y afecta las neuronas. Se puede manifestar como Retardo en el Crecimiento , alteraciones conductuales, Bajo Rendimiento Escolar , trastorno de déficit de atención; entre otros, y no necesariamente la manifestación es grave. El diagnóstico se establece con 3 criterios, el primero, si el niño con un problema neurológico detectado por un test neurológico (no de laboratorio ya que a esas alturas de la enfermedad el plomo no se encuentra en la sangre ni en algún lugar del organismo ya que se desechó) vive en una zona Contaminada , que es el criterio de asociación causal.
El segundo criterio es si el problema neurológico detectado con un test, no con laboratorio, sobrepasa lo esperado en la zona (es decir, si estadísticamente pudiera haber 1 niño en cada 1000 con déficit de atención por ejemplo, pero se detectan 5 o 6 casos, entonces hablamos de un segundo criterio sumado a la asociación causal de vivir en una zona contaminada + patología fuera de lo esperado), entonces hablamos de un diagnóstico de envenenamiento crónico por plomo y se considera la causa de alteración.
En niños que han estado en contacto con dosis pequeñas pero permanentemente de plomo, este ya no se encontrará en la sangre bajo ninguna circunstancia ya que habrá sido eliminado del organismo. En su lugar se deberán solicitar Pruebas de Efecto Biológico dañino que son tres, a saber:
1) ZPP (Zinc protoporfina );
2) EP (Protoporfina eritrocitaria ), y
3) ALA-D (Deshidratasa acido Delta Amino Levulinico ).
Todas pruebas que determinarán el nivel de daño que ha producido el plomo, mismo que ya no estará en la sangre, ni en el cabello, ni en los dientes porque, como ya se dijo, ha sido eliminado a través de los años, pero el daño ya está hecho y la única forma de saberlo es con Test Neurológicos y marcadores de daño biológico, mas no con exámenes de plomo. El nivel de plomo en la sangre solo indica exposición al mismo, no indica el grado de envenenamiento.
III. Debemos reconocer el esfuerzo que el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología llevó a cabo con la regeneración urbana y remediación ambiental de la zona. No obstante, además de costosa, persisten fuertes indicios de que subsiste una seria problemática respecto a la exposición de contaminación por plomo en esa área.
En este sentido, se hace un atento llamado al titular del Ejecutivo Estatal de Chihuahua, para que en uso de sus facultades y atribuciones gire las instrucciones necesarias a las dependencias competentes, y previo a los estudios correspondientes, atiendan el grave problema de salud que se presenta en la zona sur de la ciudad de Chihuahua, relacionada con el envenenamiento por plomo en la sangre.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta de manera respetuosa y diligente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, para que gire instrucciones a las autoridades sanitarias y de salubridad correspondientes, a efecto de que se realicen los estudios médicos adecuados para determinar el nivel de daño producido por el plomo y 21 metales pesados, a las personas afectadas por contaminación, intoxicación y envenenamiento dentro de las zonas aledañas a la antigua fundidora de Ávalos en la ciudad de Chihuahua, con test neurológicos y marcadores de daño biológico como son las pruebas de efecto biológico:
1) ZPP (Zinc protoporfina );
2) EP (Protoporfina eritrocitaria ), y
3) ALA-D (Deshidratasa acido Delta Amino Levulinico ).
4) Estudio de cabello para detectar el nivel de plomo
Segundo. De igual manera, una vez terminados los estudios médicos mencionados en el numeral anterior a las personas afectadas por contaminación, intoxicación y envenenamiento por plomo en la sangre, se ordene su atención médica inmediata, así como la indemnización al valor real de su vivienda, o bien, la reubicación de la misma, según lo decida o considere cada familia en perjuicio.
Tercero. Paralelo a lo anterior, se ordene la acción de reubicación inmediata a todas aquellas familias que habitan dentro de las zonas aledañas a la antigua fundidora de Ávalos en la ciudad de Chihuahua.
Cuarto. A su vez, se ordene la intervención correspondiente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, derivadas de las investigaciones a las violaciones al derecho constitucional a la protección de la salud, proceda en el ámbito de sus atribuciones.
Quinto. Se inicien las investigaciones necesarias y correspondientes para sancionar a los funcionarios responsables de las omisiones en perjuicio de las familias afectadas de la comunidad de Ávalos y se finquen las responsabilidades conforme a las disposiciones legales que en materia de responsabilidad ambiental penal y sanitaria, le son aplicables.
Notas
1 Exposición infantil al plomo en sitios contaminados: http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=002744
2 El estudio “Exposición humana al plomo” fue tomado como referencia en la investigación hecha del tema por el Canal 28 de la ciudad de Chihuahua.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los 4 días del mes de marzo del año dos mil quince.
Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP a apoyar la recuperación y permanencia de artesanos mexicanos, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración el presente punto de acuerdo conforme al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que en nuestro país existe un cumulo de historia atestiguada mediante las tradiciones y su cultura.
Que en el proceso de industrialización significo una fuerte modificación en los procesos de producción sin embargo algunos talleres de producción artesanal perduraron, lo que parece perecer es la importancia social de antaño.
Que los talleres artesanales sobrevivientes continúan produciendo mayormente basados en un esquema tradicional de intercambio comercial de muchas comunidades del país que, por una garantía monetaria.
Lo anterior obliga a reflexionar la producción artesanal como parte de una concepción de autoconsumo y para el intercambio en una economía de trueque.
Que sin embargo, existen grupos de artesanos que deciden ampliar su escala de producción y que consideran la actividad artesanal como un medio de sustento, más allá de considerar sus ganancias sólo como complemento a su economía familiar, enfrentan obstáculos como la oferta escasa de financiamiento y asesoría para fortalecer sus formas de producción y comercialización.1
Que se encuentra apoyo mediante los programas que ofrecen los gobiernos locales y federal; algunos otros han podido acceder a fondos de organismos internacionales; pero la gran mayoría trabaja con financiamiento propio.2
Que otro gran conflicto al que se están enfrentando los artesanos mexicanos es la invasión de productos hechos en china, así lo declara la Unión Nacional de Productores Artesanales Coyolxauhqui, que agrupa a 15 mil artesanos de 23 entidades, la mayoría campesinos.
Que lo anterior es una vertiente contaría a lo que registra el propio gobierno federal, donde reconoce que, en el comercio nacional las artesanías mexicanas se consideran un sector privilegiado por sus formas, sus texturas y patrones tradicionales, además del valor agregado que le da el trabajo del artesano.3
Que las necesidades de los artesanos mexicanos promovieron la creación del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, que es un fideicomiso público del Gobierno Federal, mismo que surge como una respuesta a la necesidad de promover la actividad artesanal del país y contribuir así a la generación de un mayor ingreso familiar de las y los artesanos; mediante su desarrollo humano, social y económico.
Sin embargo el día de hoy los artesanos están luchando contra el propio gobierno y su poca disposición, que nada abona para evitar su extinción, representantes de artesanos oaxaqueños acusaron a la Secretaría de Hacienda de insensible e ignorante por exigirles que emitan facturas electrónicas cuando viven en comunidades no tiene ni siquiera luz o internet, además de que no tienen conocimientos para realizar esos procesos.4
Que tan sólo en el estado de Oaxaca están en riesgo, por estas disposiciones, 45 mil artesanos, cifra que fue dada a conocer por el Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca (Pro-Oax), fundado por el pintor Francisco Toledo.
En ese mismo sentido se pronunció la directora del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías (IOA), Gloria Guadalupe Martínez López, quien se dijo preocupada por la medida y al tiempo que informó que el gobierno del estado de Oaxaca, ha pedido a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público SHCP y al Servicio de Administración Tributaria SAT, que flexibilicen las reglas para evitar daños a este importante renglón que identifica a Oaxaca.
Que a los artesanos Oaxaqueños se han sumado de otros Estados señalando que, a nivel federal no tienen miramientos para las manos creativas, se les piden facturas, no tiene internet, no saben utilizar la computadora, muchas personas hablan su idioma natal.5
Que solicitan se les ayude a quienes quieren preservar las artesanías, son las que dan vida económica a la entidad, pero el gobierno los mantiene olvidados, por eso no los tomó en cuenta a la hora de hacer la reforma.
Derivado de los considerandos anteriores y con la finalidad de aportar en el desarrollo y permanecía de los artesanos mexicanos, presento ante esta soberanía la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, para que a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público emitan un programa con un régimen fiscal especial, como mecanismo del pago de impuestos.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, para que a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público emitan un programa para capacitar e instruir en el proceso de facturación electrónica a los artesanos a nivel nacional, durante todo el periodo que dura este proceso de capacitación, debe otorgárseles a los artesanos las facilidades para no facturar.
Notas
1 http://www.fonart.gob.mx
2 http://www.fonart.gob.mx
3 http://www.promexico.gob.mx
4 http://www.noticiasnet.mx
5 http://www.tiempoenlinea.com.mx/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 5 de marzo de 2015.
Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la Ssa y la Cofepris acciones para atender, prevenir y sancionar la venta clandestina por Internet de medicamentos empleados con fines abortivos, a cargo de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Raquel Jiménez Cerrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo, con base a las siguientes
Consideraciones
Primera: Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción xvi del artículo 73 de esta Constitución”.
Del precepto antes mencionado deriva que el derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios. Es decir, el Estado tiene la obligación de instrumentar las medidas necesarias y suficientes a fin de proteger la salud de la población, hipótesis que en la especie no se está actualizando.
Segunda: Cada vez es más frecuente recibir, la mayoría de las veces sin nuestra autorización, ofertas de medicamentos a través de Internet. A diferencia de otros productos que se venden a través de Internet, los medicamentos tienen un impacto directo en nuestra salud y para que su uso sea seguro se requieren las garantías de calidad, seguridad, eficacia y correcta información que dan las autoridades sanitarias, y una adecuada actuación de los profesionales sanitarios en su prescripción y dispensación.
Más de la mitad de los medicamentos que circulan a través de Internet son falsificaciones fabricadas sin garantías a partir de sustancias no autorizadas, de baja calidad o con efectos tóxicos, que pueden producir daños irreparables a la salud.
Un medicamento vendido en una web ilegal carece de las garantías legales de calidad, seguridad, eficacia y correcta información y pone en riesgo tu salud. En muchas ocasiones se trata de medicamentos falsificados o de baja calidad, que se fabrican en la clandestinidad sin medidas de control respecto a sus ingredientes ni al proceso de fabricación y por lo tanto no existe ninguna garantía en cuanto a su calidad, seguridad y eficacia, y por ello supone un riesgo impredecible para la salud.
Se desconoce dónde son fabricados (instalaciones), con qué (materias primas utilizadas) cómo (qué procedimientos), etc., además, se encuentran fuera del canal legal, sin ninguna garantía en cuanto a que se hayan observado las condiciones de distribución, almacenamiento y conservación necesarias, lo cual supone riesgos adicionales en caso de que se consuman.
A todo lo anterior se suma que se venden en canales ilegales sin ningún control médico para aquellos que precisan que un profesional sanitario los prescriba (receta médica).
Según la legislación vigente no se permite la venta de medicamentos a través de internet. En los casos de las páginas que lo hacen, tienen dos actividades ilícitas: la publicidad irregular y una oferta de medicamentos por internet.
Todos estos son hechos que ponen de manifiesto los riesgos que representan para quien los consume.
Tercera: Páginas web aprovechan las redes sociales para vender ilegalmente medicamentos para bajar de peso, contra la disfunción eréctil, la diabetes, la hipertensión, para tratar enfermedades crónico-degenerativas y para realizar abortos clandestinos.
Uno de estos medicamentos cuya venta clandestina por internet y su uso inadecuado con fines abortivos es Cytotec, o Misoprostol, que es el activo que contiene Cytotec, los demás nombres usados son otras formas o nombres por los que se le conoce a Cytotec Misoprostol.
Es de resaltar, que la naturaleza de dicho medicamento es para el tratamiento de ulceras gástricas, sin embargo hoy en día, en internet se promueve su uso con fines abortivos y sin la necesidad de receta médica, situación a todas luces ilegal; el riesgo consiste principalmente en que en algunos casos la hipersensibilidad de la mujer al remedio puede ser tal, que las pastillas Cytotec provoquen una ruptura repentina del útero; luego de ser ingerido o hasta más tarde. Esto puede ser fatal sino se tiene la posibilidad de una asistencia médica y hospitalaria de inmediato. La ruptura del útero puede suceder más fácilmente en mujeres que tienen un historial de cesárea o embarazos anteriores. Si nada de esto ocurre y la hemorragia se consigue controlar y esto no provoca la muerte de la embarazada, algo raro de suceder, puede por lo tanto estar pasando otra situación de alto riesgo. Restos del feto o de la placenta pueden haber sido retenidos dentro del útero durante todo este tiempo y haber provocado una infección local. A veces, el remedio produce que se desprenda la placenta, con la consecuente muerte del bebé, sin que el bebé sea expulsado. La embarazada piensa que no sucedió nada, no visita a un médico, pero en realidad está reteniendo el aborto.
Tanto el aborto retenido como los restos fetales y de la placenta, pueden hacer que pus se acumule en el útero, tratando en vano de destruir los restos del feto y de la placenta, que deberían haber sido removidos por medio del legrado (raspaje) dentro de un hospital días antes. Los dolores y las hemorragias pueden cubrir otros síntomas que harían sospechar, a una embarazada primeriza, que algo más pudiera estar sucediendo. En la medida que el pus se acumula, éste va invadiendo el torrente sanguíneo de la embarazada y puede esparcirse por todo su cuerpo. Esto se conoce con el nombre de septicemia. Cuando se llega a este cuadro, la única conducta correcta es la remoción de los restos del feto y de la placenta, e internar inmediatamente a la paciente en una unidad de terapia intensiva.
Hay un cierto número de muertes por septicemia, aunque hayan sido internadas, causadas por el uso de las pastillas Cytotec sin revisión médica.
Muchas de las muertes producidas por el aborto en general, y algunos causados por el uso de las pastillas Cytotec se deben a la septicemia. Si no sucede la septicemia pero hay retención de restos del feto o de la placenta, por un tiempo, estos tejidos se vuelven necrosis y son difíciles de remover por medio del curetaje; frecuentemente junto con la remoción de los tejidos con el curetaje es inevitable tener que remover una parte de los tejidos del endometrio, que es la parte más interna del útero. Las paredes internas del útero constituyen el endometrio, por este motivo acaban adhiriéndose unas a otras causando esterilidad en la mujer.
La mayoría de las muertes causadas por el uso de las pastillas Cytotec no son por hemorragias o por septicemia. La mayoría de las muertes ocurren semanas o meses después, debido al uso indebido de las pastillas Cytotec que jamás debería ser utilizado para fines abortivos.
Por ende, es sumamente necesario que el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; intensifique las acciones de monitoreo, control, prevención, suspensión y sanción de páginas de internet que ofrecen la venta ilegal del producto mencionado, sin necesidad de receta médica y para fines abortivos, situación que es a todas luces ilegal, en virtud del grave riesgo que ocasiona a la población femenina en toda la República.
Cuarta: La que suscribe, me desempeño como secretaria de la Comisión de Salud de ésta H. Cámara de Diputados, por lo anterior, me encuentro al tanto de los temas más relevantes en materia de Salud; es el caso que después de recibir varios comentarios al respecto, me di a la tarea de investigar la mencionada situación, percatándome que en efecto, al usar el buscador de Google con la palabra Cytotec (nombre del medicamento) o Misoprostol, el buscador arroja diferentes opciones, entre las que destacan por ser las primeras en aparecer, las relacionadas a la obtención de dicho medicamento sin receta médica (necesaria para obtener este producto legalmente), así mismo, en dichas páginas se encuentra detallado el método de empleo de las mismas con fines abortivos, las dosis y la forma de obtenerlas incluso con envíos a toda la república, siendo que la naturaleza del mismo es para el control de las ulceras gástricas.
Aunado a lo anterior, es de destacar que dichos sitios de internet, si bien no ofrecen alguna dirección para acceder a la compra del multicitado medicamento, si aparecen diversos números de contacto y números de cuenta para realizar los respectivos depósitos por la compra, es por ello que presente la denuncia correspondiente ante la Cofepris, pues es de explorado conocimiento que los abortos clandestinos traen consigo problemas serios para las mujeres que lo practican y en ocasiones incluso la muerte principalmente en adolescentes; no omito manifestar que dicho procedimiento aún no está permitido en muchos estados de la República, por lo que está considerado como ilegal.
Al ingresar al buscador la palabra Cytotec o Misoprotol, encontrara diversas opciones, en donde puede apreciarse a detalle los sitios de internet en comento, sin embargo, existen más sitios que ofrecen el mismo servicio, por lo que en la denuncia correspondiente, solicité se hiciera una investigación a detalle, con la finalidad de cerrar estas páginas de internet, y se proceda conforme a derecho para con los administradores de las mismas o con quien resulte responsable de la venta y distribución clandestina de este medicamento, así como de la promoción de prácticas que se consideran como ilegales en muchos estados de la República.
Por las consideraciones expuestas, me permito someter a esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: El pleno de esta Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; a realizar acciones necesarias en materia de vigilancia y control sanitarios, a fin de atender prevenir y sancionar la venta clandestina por internet, de medicamentos que requieren receta médica y que se usan con fines abortivos, suspendiendo de manera definitiva el funcionamiento de estos sitios electrónicos.
Segundo: Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que emita las alertas y disposiciones de carácter general correspondientes con la finalidad de que las entidades federativas tomen las providencias que la contingencia amerite, intensificando las campañas de información, así como de sanción.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el 5 de marzo de 2014.
Diputada Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores y al jefe de gobierno del DF a hacer del conocimiento público el número de centros de asistencia social públicos y privados con que cuenta cada entidad, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, diputados Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y José Daniel Ochoa Casillas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En nuestro país, existen 41.5 millones de niñas, niños y adolescentes1 que representan el 37 por ciento de la población total,2 siendo esta población menor a los 18 años de edad. Dada su vulnerabilidad, es necesario materializar el firme compromiso de dar cumplimiento a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que la niñez y la adolescencia tengan activos sus derechos plenos e impulsar la adopción y aplicación de políticas públicas encaminada a construir una infancia ideal para las y los niños y adolescentes, partiendo del irrestricto cumplimiento del principio del interés superior del niño previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Sabemos que los tratados internacionales contemplan lineamientos de carácter vinculante para el Estado mexicano, encontrándose entre ellos: la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se observa el otorgarles protección contra el abuso, descuido y explotación infantil, temas que son retomados en la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, adoptada el 30 de septiembre de 1990 en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4o., precisa que en todas las decisiones y actuaciones del Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, cuidado y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Estos y otros instrumentos jurídicos nacionales e internacionales buscan que prioritariamente, el interés superior de la infancia debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad y se relacionan con niñas, niños y adolescentes.
Como se sabe, el pasado 1 de septiembre de 2014, se presentó ante el honorable Congreso de la Unión, la iniciativa de decreto por el que se expedía la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y a la vez, se reformaban diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, señalando que la propuesta fuera considerada con carácter preferente.
Tras recorrer y superar lo relativo al proceso legislativo necesario para dar vida a una nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Congreso de la Unión envió al titular del Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), acto que finalmente se concretó el pasado 4 de diciembre de 2014, por lo que su entrada en vigor fue a partir del día 5 del mismo mes.
La ley general incluye relevantes aspectos que a continuación se describen:
• Reconoce por primera vez como sujetos plenos de derechos y garantiza su pleno ejercicio, respeto, protección y promoción, poniendo fin al régimen tutelar. Lo anterior en congruencia con el principio especial de integralidad que concibe a las niñas, niños y adolescentes como personas autónomas, titulares de derechos que deben ser protegidas solidaria y simultáneamente por la familia, la sociedad y el Estado para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, así como para prevenir que estos sean amenazados o vulnerados.
• Contempla aspectos básicos para la operación de los Centros de Atención, en donde se busca homologar las obligaciones de los centros de asistencia social tanto públicos como privados, para garantizar que exista una infraestructura adecuada y que las niñas, niños y adolescentes estén alojados en espacios idóneos a su género, a su edad y a su condición física y psicológica.
• Crea el Registro Nacional y se establece que los responsables de autorizar, registrar, certificar y supervisar a estos centros serán las Procuradurías de Protección en sus ámbitos de competencia, dichos centros deberán ser administradas por una institución pública o privada, o por una asociación que brinde el servicio de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar y cumplir con las dimensiones físicas acordes.
• Dispone que los Centros de Asistencia Social, realizarán adecuaciones en los términos previstos por la misma ley, así se expresa en el artículo transitorio décimo primero:
Décimo Primero. Los centros de asistencia que se encuentren operando con antelación a la entrada en vigor del presente Decreto contarán con un plazo de 180 días a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación para realizar las adecuaciones conducentes en términos de lo previsto por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Sin embargo, reciente información periodística muestra el incumplimiento de lo antes señalado, ejemplo de ello, es lo siguiente: De acuerdo con una nota de un diario local de Jalisco, el pasado jueves 15 de enero, una menor de 13 años de edad y de origen tzotzil, fue víctima de un intento de violación en la ciudad de Guadalajara, situación que se frustró tras el arribo de presentaba, personas conocidas de ella decidieron a acudir a la Agencia 3 de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se dio parte de lo ocurrido y se confirmó que había sido víctima de un intento de violación y debido a la ausencia de sus padres, sería trasladada a un albergue, por lo cual, fue ubicada en el Hogar Cabañas.
Posterior a su ingreso en el albergue, la menor de edad apareció de nuevo en el centro de la ciudad. Al ver a la adolescente en mal estado, se le cuestionó respecto al albergue donde había sido enviada, y ésta señaló que fue víctima de maltrato físico, no le daban alimentos y que fue arrojada de unas escaleras, lo cual se confirmó al revisarla y darse cuenta de que traía consigo una placa de metal en la espalda. Al momento de la agresión, indicó la menor de edad, fue curada dentro de un cuarto y privada de los alimentos, todo ello dentro del mismo Hogar Cabañas.
A pesar de los hechos, ninguna autoridad tomo el asunto para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, por lo que sus representantes legales se presentaron en el Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, para denunciar las lesiones que requirieron el internamiento de la afectada en una clínica particular. Dados a conocer periodísticamente los hechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) abrió una investigación en la que solicitó información a la casa hogar sobre lo ocurrido.
Otro preocupante caso, es el que desde el 24 de enero del año en curso se dio a conocer que otra adolescente de 13 años interna en la casa hogar Cabañas escapó sin que se tengan noticias de su paradero. La madre denunció la desaparición de su hija de la casa hogar donde se hallaba internada, luego de que la FGE determinó que permaneciera ahí mientras investigaba una denuncia de supuesto abuso sexual de parte de un familiar. Desde noviembre del 2014 a la madre de la menor de edad, no le permitieron ver a su hija y el mes pasado las autoridades del albergue le informaron que la adolescente se había escapado.
Ante estos hechos, es fundamental llevar a cabo una investigación sobre las irregularidades que se presentan en este albergue, pues es inaceptable que se violen los derechos de niñas, niños y adolescentes en los Centros de Asistencia Social.
Por otra parte, existe también el caso que tuvo lugar en el municipio de Zamora, Michoacán, en el albergue “La Gran Familia”, en el que la señora Rosa Verduzco Verduzco es reconocida como presidenta y fundadora desde 1948 y que en 1973 fue constituido como asociación civil.
Según informes de la Procuraduría General de la República (PGR), en el lugar de los hechos fueron rescatadas 174 niñas de entre tres y 17 años de edad, así como 278 niños del mismo rango de edad; también fueron recuperados 138 mayores de edad de entre 18 y 40 años y seis bebés que oscilan entre los dos meses y dos años de edad. Y entre los probables delitos que se consideran se encuentran los de lesiones, abuso sexual, privación ilegal de la libertad y trata de personas por parte de algunos miembros del albergue.
Tomando en cuenta lo anterior, nos remite a años atrás y a rememorar otro caso que también impactó la conciencia colectiva, el de “Casitas del Sur”, el cual tuvo su origen en diciembre del 2008, con la desaparición de una niña de nombre Ilse Michel, la que por orden de un juzgado de lo familiar en el Distrito Federal, llegó en el 2005 al albergue temporal de la procuraduría capitalina como presunta víctima de violencia intrafamiliar.
Es así que el 20 de agosto de 2008 el juez de lo familiar otorgó la guardia y custodia a la abuela materna, pero la casa hogar se negó a entregarla porque la niña ya no estaba ahí.
En enero de 2009, los datos estremecieron porque tras las investigaciones por el paradero de Ilse Michel, otros 26 niños habían desaparecido de albergues afiliados a “Casitas del Sur” en la Ciudad de México, Nuevo León, Hidalgo y Quintana Roo.
Es el caso que, el 29 de enero, dos sedes del albergue fueron aseguradas por la procuraduría capitalina y se rescató a 126 niños, quienes fueron trasladados al DIF, además de que siete personas fueron detenidas.
Estos casos sólo han salido a la luz pública, pero no tenemos idea de cuantos otros casos con estas características se están presentando en el país.
Por ello, es sumamente necesario obtener el esclarecimiento de los hechos y cuántos, dónde y cuáles son los centros que brindan servicios de acogida a menores de edad y adolescentes, así como el número de su población atendida y el estado y calidad de los servicios que prestan, ya que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señala la obligatoriedad de las autoridades de supervisar los Centros de Asistencia Social y brindar la mejor atención y calidez a las niñas, niños y adolescentes que por razón extrema requieren del acogimiento de estos espacios.
Como se menciona con anterioridad, las leyes actuales trazan como una obligación de todos los niveles de gobierno velar por el interés superior de la niñez. Sin embargo y de acuerdo con la información mostrada, esta garantía está siendo incumplida en múltiples espacios de acción de las niñas, niños y adolescentes.
Por lo que la erradicación de esta práctica es un desafío fundamental para el Estado, la sociedad y el derecho nacional e internacional en materia de derechos humanos de la infancia. Así como a la plena garantía del goce y ejercicio de sus derechos fundamentales.
Por ello, además de la armonización legislativa de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con las leyes locales, buscamos que los gobiernos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, implementen el Registro Nacional y se establezca a las y los responsables de autorizar, registrar, certificar y supervisar a estos centros, tarea que recae en las Procuradurías de Protección en sus ámbitos de competencia; dichos centros deberán ser administrados por una institución pública o privada, o por una asociación que brinde el servicio de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar y cumplir con las dimensiones físicas acordes.
Materializando con ello, parte de la creación de una nueva cultura donde se incluya a las niñas, niños y adolescentes como ciudadanos en crecimiento, con validez de sus derechos e inclusión en la igualdad de oportunidades y frente al resto de la sociedad, como sujetos con derechos plenos y seres humanos con dignidad y con capacidades en evolución.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las entidades federativas y al Distrito Federal para que a través de los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) hagan del conocimiento de la opinión pública cuantos Centros de Asistencia Social públicos y privados existen en cada una de las entidades para conocer el total de ellos en el país.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las entidades federativas y al Distrito Federal para que realicen un diagnóstico que registre el número, sexo y edad de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en los Centros de Asistencia Social públicos y privados, a efecto de que permita establecer políticas públicas integrales y multidisciplinarias para garantizar en el ámbito de sus respectivas competencias y sus atribuciones los derechos humanos de los mismos, así como la implementación de lineamientos y mecanismos eficaces para la supervisión, seguimiento y vigilancia de los procesos de atención y de los servicios que reciben por parte del Estado y de las instituciones sociales y privadas.
Notas
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados básicos, disponible en <http://www3.inegi. org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302&s=est>
2 Cálculos de acuerdo con Inegi, Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados básicos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2015.
Diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña, José Daniel Ochoa Casillas (rúbricas).Con punto de acuerdo, relativo al establecimiento de una política de precios homologados y escalonados de las gasolinas y el diésel para la zona fronteriza del sur del país, suscrita por los diputados María de Lourdes Medina Valdés, Juan Bueno Torio y Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del PAN
Los suscritos, diputados María de Lourdes Medina Valdés, Juan Bueno Torio, Juan Pablo Adame, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para establecer una política de precios homologados y escalonados de las gasolinas y diésel para la zona fronteriza del sur del país.
Miles de familias están siendo afectadas por el alza de los precios en gasolina y diésel en la zona fronteriza del sur de Quintana Roo, lo que ha derivado en una competencia por parte de las gasolineras de la zona libre de Corozal, Belice, de disminuir sus precios para tener un mayor número de consumidores de este combustible.
En términos de racionalidad económica, ante el mismo producto la opción más barata siempre será la más demandada, desafortunadamente la afectación es para la zona fronteriza del sur de México, porque al menos para el norte del país la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instrumenta el “acuerdo 016/2014 por el que se sujetan las gasolinas y el diésel a los precios máximos al público”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2015.
Este acuerdo significa que las estaciones de gasolina que se encuentran 20 kilómetros hacia el interior del país respecto de la zona fronteriza norte, estarán exentas de aplicar el aumento al precio de las gasolinas y diésel, por lo que se cuenta con una política de precios homologados y escalonados para estar en mejores condiciones de enfrentar un precio más bajo de las gasolinas y diésel con Estados Unidos.
Por ello, los gasolineros de Chetumal demandan la disminución del precio del combustible a 12 pesos por litro, ante la desventaja que viven respecto de las estaciones de servicio en la zona libre de Belice, donde la diferencia de precios por litro es de 40 centavos en el caso de la Magna, mientras que en la de tipo Premium la diferencia es de 25 centavos.
La oportunidad que presenta el precio de gasolina en Belice ha ocasionado en el sur de la entidad una caída en las ventas de casi una tercera parte de lo que se vendía en el 2013, afectando no solo a los negocios establecidos en nuestro país, sino el ingreso de quienes viven de esta actividad y de todos los ciudadanos que requieren de este combustible para sus tareas cotidianas.
Históricamente, hemos tenido un precio diferenciado entre Belice y México, siempre en perjuicio de los avecindados en Chetumal Quintana Roo, particularmente del municipio de Othón P. Blanco, el cual está a sólo 8 kilómetros de distancia de la zona libre de Belice, por lo que resulta fácil para la población salir a buscar precios de gasolina y diésel más accesibles a sus condiciones económicas.
De hecho, la economía del municipio de Othón P. Blanco sufrió el incremento de la tasa del IVA en Quintana Roo que hasta el 2013 contaba con una tasa del 11 por ciento y ahora el encarecimiento de las gasolinas afecta drásticamente la competitividad comercial y económica de nuestro municipio.
Por ello, la necesidad de establecer en la zona fronteriza sur en Quintana Roo una política de la misma magnitud que se establece en la frontera norte de nuestro país, es decir, incluir el área comprendida entre la línea divisoria internacional entre México con el país de Belice y la línea paralela ubicada a una distancia de veinte kilómetros hacia el interior del estado de Quintana Roo, para homologar los precios de estos combustibles respecto a los que se aplican en Belice, y en función de la fluctuación de los precios de las gasolinas y diésel, aplicar el precio más bajo que resulte entre el resto del país y la zona libre de Belice.
Sobran razones para aplicar esta medida de equidad y resarcimiento fiscal que beneficiará en su totalidad a la ciudad de Chetumal; en particular, los mayores beneficiados serán los ciudadanos y los productores de la zona cañera y agrícola del sur de la entidad, al poder acceder más fácilmente y sin ningún riesgo a combustible más barato en cualquiera de las 30 gasolineras ubicadas en el municipio de Othón P. Blanco, lo que significa apoyar también a este sector fundamental de nuestra economía que se ha visto afectado en su poder adquisitivo tomando en cuenta que la zona sur de Quintana Roo ha sido una de las regiones más golpeadas por la inflación de 2014.
Es urgente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haga suya esta problemática a fin de implementar las políticas referidas en un acuerdo que permita a nuestra entidad en la zona fronteriza sur pero sobre todo a nuestro municipio de Othón P. Blanco, enfrentar la volatilidad que se presenta en los precios de gasolinas y diésel frente a los mercados internacionales.
Con este punto de acuerdo, el Partido Acción Nacional refrenda su compromiso por apoyar y defender los intereses de nuestros ciudadanos en las fronteras, quienes se han visto afectados con la imposición de una miscelánea fiscal recaudatoria y recesiva. Es tiempo de encontrar soluciones que abonen a mejorar la economía de nuestras regiones, a lograr condiciones justas y eficaces que favorezcan el bienestar de todos los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a revisar la problemática que presenta el municipio de Othón P. Blanco, en Quintana Roo, a fin de establecer con la brevedad posible una política de precios homologados y escalonados de las gasolinas y diésel para la zona fronteriza del sur del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2015.
Diputada María de Lourdes Medina Valdés (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Oaxaca a evitar las violaciones de los derechos humanos de las internas del penal femenil de Tanivet, en Tlacolula, a cargo de la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del PRD
La diputada federal de Oaxaca, Angélica Rocío Melchor Vásquez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, de acuerdo a las siguientes
Consideraciones
1. Que como se ha dado a conocer en diferentes medios de comunicación nacional y estatal, las mujeres privadas de su libertad, en el penal femenil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca; han pedido que su voz sea escuchada; para el efecto de que las y los servidores públicos que tienen a su cargo la dirección del penal las traten como seres humanos, pues llevan ya mucho tiempo padeciendo trato inhumano y degradante.
2. Los hechos objetivos ocurridos a últimas fechas son los siguientes:
I. Con fecha sábado 14 de febrero de 2015, por la mañana alrededor de 230 mujeres internas del Penal de Reinserción Social de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca; como único recurso a su alcance, en protesta de los malos tratos recibidos por servidores públicos del penal; específicamente la Directora Ángela Torres y el Lic. Valdemar Pérez Canseco Subsecretario de Reinserción Social de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, y custodios por mandato o permisibilidad de los directivos, tales como la falta de agua potable, el agua que les proporcionan es salada; se negaron al primer pase de lista y a recibir los primeros alimentos del día.
II. Para el medio día las reclusas, solicitaron la presencia del secretario general de Gobierno y del titular de la defensoría de derechos humanos del pueblo de Oaxaca; con el fin de que se instalara una mesa de diálogo que escuchara y resolviera sus peticiones.
3. Cabe aclarar que lo que solicitan son condiciones mínimas de sobrevivencia, tales como las que se enumeran.
I. Revisión y adecuación del contenido de la dieta diaria, conforme al artículo 27 de la Ley de Ejecución de sanciones privativas y medidas restrictivas de libertad para Oaxaca.
II. Asistencia médica permanente y medicamentos. Asistencia médica especializada en hospitales de Salud Pública federal o estatal a mujeres que padecen enfermedades crónico-degenerativas. De acuerdo a los artículos 28-32 de la misma ley.
III. Que les permitan tener más de tres mudas de ropa y ropa para el clima frío.
IV. Respeto a la permanencia de los sus hijas e hijos que requieren cuidados maternos.
V. Personal administrativo y de custodia del sexo femenino. No hombres en un penal para mujeres.
VI. Traslado para que puedan compurgar sus penas en los centros penitenciarios ubicados en la región de donde proceden, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social y en su caso estar cerca del juzgado en que llevan sus procesos, en términos del artículo 18 constitucional.
VII. Adquisición del material necesario para desarrollar su actividad ocupacional trabajo como lo establece el artículo 62 de la Ley de Ejecución de sanciones privativas y medidas restrictivas de libertad para el estado de Oaxaca.
VIII. Mejorar el trato a la visita, revisión higiénica de los alimentos que ingresan para las internas y sus niñas y niños.
IX. Pleno respeto a los derechos humanos de las internas tal como lo prescribe la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Las autoridades, penitenciarias, no obstante que ya había acudido el titular de la defensoría de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, a cerciorarse de las condiciones en que se encontraban las reclusas y les solicitó al subsecretario de reinserción social de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y a la directora del penal que respetasen la integridad física y los derechos humanos, de las mujeres que se encuentran bajo su responsabilidad; durante la madrugada del día domingo 15 de febrero de 2015, ordenaron a un grupo de policías antimotines, que sometieran a las mujeres para encerrarlas en sus celdas con abuso de la fuerza.
5. Posteriormente sacaron de sus celdas a seis mujeres y las desnudaron, las expusieron para que los perros entrenados olfatearan sus genitales y las golpearon, para después recluirlas en una zona apartada del resto de la población penitenciaria; lo que incluso puede encuadrar en actos de tortura.
6. En los días transcurridos desde esa fecha siguieron las acciones vejatorias en contra de las mujeres, pues las autoridades del penal, se obcecaron y les han impedido hasta la fecha que compren el tanque de gas para poder cocinar, les retiraron las mesas y sillas comedor, las dejaron sin cortinas en sus celdas.
Se negaron reiteradamente a atender las medidas cautelares de la defensoría de los derechos humanos. Esperaron hasta el último momento para cumplir –a medias– la suspensión dictada en el incidente del juicio de amparo que promovieron las seis mujeres torturadas, para que cesara su aislamiento.
Han endurecido el uso de la violencia psicológica en contra de la población del penal e incluso ahora están generando un clima de escarnio y de división, hasta el grado de seleccionar a algunas internas para ofrecerles trato preferencial a cambio de fidelidad y de que hostiguen a las “rebeldes”.
7. De las conductas de estos servidores públicos, que han infligido tratos crueles, degradantes e inhumanos han tenido conocimiento diferentes instancias del poder ejecutivo, entre ellos su superior jerárquico, que es el encargado del despacho de la Secretaría de seguridad pública; pero también han sido omisos y han dejado hacer y pasar, sin dictar ninguna medida para impedir que se sigan cometiendo.
8. Al respecto resulta ilustrador el contenido de Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Principio XI
Alimentación y agua potable
1. Alimentación
Las personas privadas de libertad tendrán derecho a recibir una alimentación que responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene, a una nutrición adecuada y suficiente, y tome en consideración las cuestiones culturales y religiosas de dichas personas, así como las necesidades o dietas especiales determinadas por criterios médicos. Dicha alimentación será brindada en horarios regulares, y su suspensión o limitación, como medida disciplinaria, deberá ser prohibida por la ley.
2. Agua potable
Toda persona privada de libertad tendrá acceso en todo momento a agua potable suficiente y adecuada para su consumo. Su suspensión o limitación, como medida disciplinaria, deberá ser prohibida por la ley.
Principios relativos a los sistemas de privación de libertad
Principio XX
Personal de los lugares de privación de libertad
El personal que tenga bajo su responsabilidad la dirección, custodia, tratamiento, traslado, disciplina y vigilancia de personas privadas de libertad, deberá ajustarse, en todo momento y circunstancia, al respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares.
El personal deberá ser seleccionado cuidadosamente, teniendo en cuenta su integridad ética y moral, sensibilidad a la diversidad cultural y a las cuestiones de género, capacidad profesional, adecuación personal a la función, y sentido de responsabilidad.
Se garantizará que el personal esté integrado por empleados y funcionarios idóneos, de uno y otro sexo, preferentemente con condición de servidores públicos y de carácter civil. Como regla general, se prohibirá que miembros de la Policía o de las Fuerzas Armadas ejerzan funciones de custodia directa en los establecimientos de las personas privadas de libertad, con la excepción de las instalaciones policiales o militares.
Los lugares de privación de libertad para mujeres, o las secciones de mujeres en los establecimientos mixtos, estarán bajo la dirección de personal femenino. La vigilancia y custodia de las mujeres privadas de libertad será ejercida exclusivamente por personal del sexo femenino, sin perjuicio de que funcionarios con otras capacidades o de otras disciplinas, tales como médicos, profesionales de enseñanza o personal administrativo, puedan ser del sexo masculino.
Se dispondrá en los lugares de privación de libertad de personal calificado y suficiente para garantizar la seguridad, vigilancia, custodia, y para atender las necesidades médicas, psicológicas, educativas, laborales y de otra índole.
Principio XXIII
Medidas para combatir la violencia y las situaciones de emergencia
1. Medidas de prevención
De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, se adoptarán medidas apropiadas y eficaces para prevenir todo tipo de violencia entre las personas privadas de libertad, y entre éstas y el personal de los establecimientos.
Para tales fines, se podrán adoptar, entre otras, las siguientes medidas:
...
f. Promover la mediación y la resolución pacífica de conflictos internos;
g. Evitar y combatir todo tipo de abusos de autoridad y actos de corrupción; y
h. Erradicar la impunidad, investigando y sancionando todo tipo de hechos de violencia y de corrupción, conforme a la ley.
...
En consecuencia, por una cuestión de congruencia y compromiso con el respeto de los derechos fundamentales de la persona; con fundamento en los artículos antes citados, y en lo establecido por el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer pongo a consideración de esta soberanía, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador de Oaxaca para que realice todas las acciones a su alcance para que cesen de inmediato las violaciones a los derechos humanos de las mujeres reclusas del penal femenil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca; y, en lo sucesivo se observe en todos los reclusorios un trato de respeto pleno a los derechos humanos de todas las personas privadas de su libertad.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Oaxaca, para que se investiguen y en su caso sancionen las conductas que pueden considerarse violaciones graves a los derechos humanos; constitutivas de responsabilidad de los servidores públicos y o delitos; cometidas por el personal directivo del reclusorio de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, en contra de las internas. Así también que en tanto se investigan los hechos, se separe de forma provisional a las personas involucradas, a fin de que la investigación se realice de forma objetiva e imparcial.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2015.
Diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los tres órdenes de gobierno a elaborar los protocolos para la protección de los árboles, a cargo de la diputada Joaquina Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que les confiere la fracción I del artículo 6 y el 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con base en las siguientes
Consideraciones
“Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las posibilidades productivas del país.” Así lo establece la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Más allá de erróneos conceptos supuestamente modernos, la verdad es que la madre naturaleza es la base de toda vida humana, la base de todo desarrollo; al abrazar a las mujeres y hombres con un clima benigno, con la indispensable provisión de oxígeno y agua, con su capa protectora contra los rayos mortales, con su belleza. Y dentro de la multiplicidad armónica, que define a la naturaleza los árboles son uno de sus ejes, dadores centrales de la fotosíntesis, raíz de toda existencia en el planeta; pero también monumentos incomparables; sólo recordemos el artículo 15 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, que refiere que son “monumentos urbanísticos del Distrito Federal”, los ahuehuetes , sauces, fresnos, entre otros (aunque en realidad todo árbol debiera ser tutelado como tal).
En contraposición a esto, vemos como los gobiernos de todos los niveles, con un desdén apenas creíble, en un camino de adicción al cemento, cortan árboles por decenas y miles por la vía expedita y arbitraria de los hechos consumados. En franca violación al derecho a un medio ambiente sano previsto en el artículo 4o. constitucional, que tutela no sólo a los seres humanos, sino a todo ser vivo, en cuya conjunción se da la vida y la salud, y la construcción de futuro para este planeta. Cuando en ocasiones, los árboles cortados son sustituidos por apenas una varitas, árboles en crecimiento, se da una simulación pues la inmensa mayoría o todos mueren al ser dejados a su suerte, y pasaran decenas de años antes de que vuelvan a ser dadores reales de oxígenos, y casa de múltiples animales.
Los árboles no son propiedad de las autoridades, aves de paso, sino de toda la comunidad; quien además con sus impuestos ha respaldado el crecimiento y preservación de los árboles, con los gastos de agua, trabajadores, luz, y demás; por lo que siendo invaluables los árboles, tienen costo de millones, por los gastos de inversión necesarios para su atención.
En la práctica sucede, que las autoridades no realizan previamente a atentar contra el árbol u árboles, los estudios técnicos que se requieren, incluidos los de impacto ambiental, que de realizarse estarían en manos de las mismas autoridades que actúan en complicidad con los jugosos negocios de las inmobiliarias; las procuradurías ambientales se encuentran impotentes ante este entramado de intereses, cerrando este círculo una impunidad pasmosa.
¡Pero es sólo un árbol! Sí, un padre que da la vida, y cuyo sacrificio, salvo casos de urgencia debidamente justificados, debiera estar sujeto, no a trámites meramente administrativos, sino a la decisión de un juez. En este sentido, abre el camino la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, que adopta diversos esfuerzos previos de diversos países y en el derecho internacional, que establecen a la madre naturaleza, y concretamente a los árboles como sujetos de derecho.
La tutela de los árboles, en general, del medio ambiente, debiera realizarse con especial cuidado, en las grandes urbes, como la ciudad de México, por su frágil equilibrio ecológico y la insuficiencia de las áreas verdes. Si bien, el Distrito Federal, va en varios sentidos a la vanguardia en la tutela jurídica de los árboles, en general del medio ambiente; sus hechos muchas veces van a la saga, y vemos como sin cumplir con las leyes y sin escuchar a los vecinos, de un día a otro desaparecen multitudes de árboles, que se debieran cuidar con esmero y, buscarse en todo momento la armonía entre naturaleza y desarrollos inmobiliario, de lo que es claro ejemplo, la estación del Metrobús José María Velasco en la Ciudad de México, en la que una hermosa jacaranda convive con la estación, al haber sido respetado su espacio. Baste sentir la temperatura insoportable de las zonas del Distrito Federal divorciadas de árboles, y la frescura en aquellos lugares en que hay árboles. Pero los árboles, los jardines no sólo son salud física, sino mental, emocional y social.
No sólo los árboles, ven amenazada permanentemente su existencia, como si fueran nuestros enemigos, por la tala inmoderada; sino que al enfermarse los árboles como lo hacemos los seres humanos, en lugar de que los gobiernos gasten unos cuantos pesos y los curen, se les deja al olvido hasta su muerte injusta.
Desde luego, la tutela de los árboles y en general de la madre naturaleza, no sólo requiere de la acción de los gobiernos sino de la sociedad civil, pero la acción del gobierno debe ser urgente y decisiva y ser el primero en poner el ejemplo.
De lo contario, como dicen los ecologista, más tarde que temprano descubriremos que “el dinero no se puede comer”.
Las tareas técnico-científicas, para descubrir vida en el espacio exterior, y que absorben miles y miles de millones, debe limitarse en armonía con la exigencia de salvar primero a la madre tierra y a la humanidad toda.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a todos los órdenes de gobierno, especialmente al gobierno del Distrito Federal, para que elaboren con urgencia los protocolos de actuación que permita la protección estricta de los árboles, salvándolos de toda tala innecesaria, y para que desarrollen una campaña masiva y permanente para curar a los árboles enfermos y, plantar nuevos árboles.
Segundo. Se exhorta al Congreso de la Unión y legislaturas de las entidades federativas a revisar las leyes en materia de medio ambiente sano, que permita el cumplimiento previo de los estudios necesarios respecto a la tala de un árbol u árboles, suprimiendo toda impunidad en la materia. Y que garanticen una verdadera autonomía de las instancias encargadas de la tutela del medio ambiente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2015.
Diputada Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de realizar mesas de negociación para garantizar el pago de las pensiones, la liquidación y la indemnización correspondientes a los jubilados y los ex trabajadores de la Sociedad Cooperativa Talleres Gráficos de la Nación, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
En 1933, nuestro país enfrentaba una etapa incierta, propiciada por una profunda crisis económica. Ante tal situación, el gobierno federal propuso a los trabajadores de Talleres Gráficos de la Nación, organizarse en una sociedad cooperativa.
El lunes 8 de enero de 1934, se publicó un acuerdo presidencial donde decía que "el presupuesto de los Talleres Gráficos de la Nación no demandará asignación alguna en el Presupuesto General de Egresos del gobierno federal, y se cubrirá con los ingresos que se obtengan por los trabajos ejecutados". Como fue hasta 1990, que empezó el despojo a la cooperativa de Talleres Gráficos de la Nación.
Por acuerdo del presidente Lázaro Cárdenas del Río, de fecha 13 de enero de 1938, se constituyó la Cooperativa de Participación Estatal y Responsabilidad Suplementada Talleres Gráficos de la Nación.
En 1993, el Ejecutivo federal promovió un juicio de liquidación de la Cooperativa de Talleres Gráficos de la Nación, y la Secretaría de Gobernación intervino el fideicomiso que había sido creado legalmente en 1990 con dinero de los cooperativistas para el pago de pensiones vitalicias a los jubilados de Talleres Gráficos de la Nación.
Ante tales circunstancias, los jubilados nunca fueron convocados a participar en asamblea o juicio alguno, posteriormente la Secretaría de Gobernación, por conducto del entonces subsecretario, el doctor José Narro Robles, les informó que la fecha del último pago de las pensiones sería el mes de noviembre de 1993.
El 11 de junio de 2003, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad un punto de acuerdo, suscrito por legisladores de todos los grupos parlamentarios, para que se restituyera el fideicomiso para pago de pensiones vitalicias y el pago de pensiones no cobradas desde diciembre de 1993, a la fecha de solución, exhortando a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a que se considerara en el Presupuesto de Egresos de 2004, una partida adicional para resolver en definitiva la situación de los jubilados de la cooperativa Talleres Gráficos de la Nación, y que informara también sobre la situación financiera y legal que guardaba el fideicomiso.
El 29 de mayo de 2013, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo donde le solicita a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que les remita la documentación que certifique el proceso legal de la liquidación e indemnización de los jubilados y ex trabajadores de Talleres Gráficos de la Nación.
No obstante, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no han entregado hasta la fecha documentación requerida, como consta en los escritos de la Mesa Directiva del Senado de la República y de la senadora Graciela Ortiz González.
Por tal motivo, en mi carácter de representante popular y con objeto de que encontrar una pronta solución a esta situación, propongo con el carácter de urgente y obvia resolución los siguientesPunto de Acuerdo
Primero. Integrar una mesa de trabajo y negociación entre representantes de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con legisladores representantes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social, de Fomento Cooperativo, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, y de Derechos Humanos para dar cabal cumplimiento a la demanda de los jubilados y ex trabajadores de la Sociedad Cooperativa Talleres Gráficos de la Nación, en el sentido de que tienen derecho a que se les devuelva el fideicomiso para su pago de pensiones vitalicias, se reintegren las pensiones no cobradas desde diciembre de 1993, y/o la liquidación e indemnización que les corresponda.
Segundo. Una vez aprobado un pago único y finiquito, se solicita que el procedimiento de asignación de dichos recursos se haga durante el ejercicio de este año a través de la Secretaría de Gobernación, tal como se hizo en el año de 1992, conforme al dictamen de la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, en su XVI sesión ordinaria (oficio de la SHCP, 529-I-A-10473, de fecha 22 de abril de 1992).
Palacio Legislativo de San Lázaro, 5 de marzo de 2015
Diputado Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica)
Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo del Grupo Parlamentario del PRD
El 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer; día reconocido de lucha y resistencia por los movimientos feministas y amplios de mujeres, que trabajan por el avance y reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas.
Fue en 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras, celebrada en Copenhague, Dinamarca, que se acordó esta fecha para establecer el día internacional.
Esta fecha tiene sus orígenes en el movimiento internacional de mujeres socialistas de finales del siglo XIX, el cual tenía como finalidad promover la lucha por el derecho al voto femenino, sin restricción alguna basada en el nivel de riqueza, propiedades o educación.
Desde entonces, el 8 de marzo es conmemorado a nivel internacional como un día de reivindicaciones y de lucha por los derechos de las mujeres.
Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica)
Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo del Grupo Parlamentario del PT
Empoderando a las mujeres, empoderando a la humanidad: ¡Imagínalo!
Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer 2015, por celebrarse el próximo 8 de marzo, a 20 años de la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing por 189 estados miembros reunidos en China, ONU Mujeres (entidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer) ha elegido el tema con el que he titulado la presente efeméride.
Y precisamente después de dos décadas es importante reconocer que ninguno de los 189 estados miembros que suscribieron la Declaración de Beijing, en septiembre de 1995, ha alcanzado la igualdad para las mujeres y las niñas, sino que por el contrario, prevalece la desigualdad entre hombres y mujeres.
Entre las principales disparidades, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) identifica el acceso al trabajo decente y la eliminación de la brecha salarial por motivos de género; el reequilibrio de la carga del trabajo de cuidado no remunerado; poner fin a la violencia contra las mujeres; reducir la mortalidad materna y respetar los derechos de la salud sexual y reproductiva; y la participación en el ejercicio del poder y la toma de decisiones a todos los niveles.
En nuestro país, es evidente que hay avances en materia de atención y protección a la mujer, y sin embargo, aún son cientos de miles las mujeres en espera de que el estado convierta en práctica común la protección de su derecho a vivir una vida digna, libre de violencia y con garantías de protección contra cualquier forma de abuso.
Me parece oportuno, por lo tanto, reflexionar sobre las conductas a todas luces reprobables de la desigualdad entre hombres y mujeres, a partir de una de sus causas, la violación al principio fundamental de la dignidad humana.
El filósofo Immanuel Kant entendía que la conducta de los seres humanos tiene su origen en órdenes o “imperativos” de la conciencia y los clasificó en “imperativos categóricos” e “imperativos hipotéticos” y es precisamente en el imperativo categórico donde el concepto de dignidad de la persona humana se asienta, pues si bien todas las cosas e inclinaciones tienen un precio, sea comercial o afectivo, el hombre, siendo un fin en sí mismo, no tiene precio “...sino un valor interno, esto es, dignidad ”.
Y el principio de la dignidad humana es el que debe movernos a las y los legisladores en la actualidad para legislar con el ánimo de cerrar la brecha de la desigualdad que aún persiste en nuestro país entre hombres y mujeres, puesto que la dignidad es un valor en sí. La dignidad identifica al ser humano independientemente de sus calificativos.
Por ello todo orden jurídico que construyamos para combatir la afrenta de cualquier sistema político que desconozca el valor de la paridad de género, tiene que sustentarse en el valor de la dignidad humana frente al estado.
Para la doctora Phumzile Mlambo-Ngcuka, secretaria general adjunta y directora de ONU Mujeres, la igualdad de género debe ser una visión compartida de justicia social y derechos humanos.
Por ello, siguiendo a la maestra Adela Cortina, autora del libro Ética de la razón cordial , coincido en que las declaraciones de derechos humanos tienen su razón de ser en el reconocimiento de que cada persona es un fin en sí mismo y, por lo tanto el cuidado de nuestras mujeres y niñas, debe darse a partir del fortalecimiento de la protección a sus derechos humanos, en el ámbito federal y local, tanto en su orden jurídico, como institucional.
Recordemos que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada el 10 de diciembre de 1948, en su artículo 1o. destaca la importancia de la dignidad humana al señalar: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”
En 1949, la República Federal Alemana, siguiendo a países como Irlanda e Italia expediría en Bonn su ley fundamental, incluyendo en su artículo primero el principio de la dignidad humana en los siguientes términos: “La dignidad humana es intangible, respetarla y protegerla es obligación de todo poder público”. La referencia expresa a la dignidad del hombre como base del sistema axiológico constitucional se extendería a partir de 1949 a otros países.
En México el concepto de dignidad aparecía en varios artículos de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 con relación a la educación, a la familia y al desarrollo nacional, pero no fue sino con la reforma del 10 de junio de 2011, que se acercó el principio de la dignidad humana al centro de los derechos fundamentales del hombre y de la mujer, pues aunque el último párrafo del artículo primero incluya a la dignidad humana como supuesto genérico que protege de la discriminación, la lectura integral del precepto coloca al principio de la dignidad humana como el núcleo de los derechos humanos que protege y promueve nuestra Carta Magna.
Y es precisamente a partir del reconocimiento del principio de validez universal de la dignidad humana contemplado en nuestra Constitución general, que las y los legisladores debemos preocuparnos por fortalecer nuestro marco normativo a favor de los derechos humanos de las mujeres de manera “intangible”, entendiendo por tal lo que no se puede ni se debe tocar.
Deseo traer a la memoria, en esta efeméride conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, al filósofo Giovanni Pico Della Mirandola quien en el siglo quince, al publicar su famoso ensayo titulado Discurso sobre la dignidad del hombre , afirmó que la dignidad humana se finca en la libertad que el ser humano tiene para forjar su vida puesto que “Sólo al hombre Dios le otorgó libre albedrió”.
Y es precisamente esa libertad de decisión que tenemos los seres humanos la que nos puede permitir avanzar significativamente a favor de la igualdad entre hombres y mujeres y en la protección de los derechos humanos de la mujer y de su dignidad humana como lo consigna el párrafo 95 de la Plataforma de Acción de Beijing, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Diputada Magdalena Núñez Monreal (rúbrica)
Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo de la Diputada Martha Lucía Mícher Camarena
Buenos días a todas y todos:
Quiero iniciar esta efeméride con un llamado general de atención, una alerta temprana para que todas y todos hagamos -con honestidad- un examen de consciencia colectivo, que nos permita observar, desde la mirada de los derechos humanos, la distancia que persiste entre nuestros anhelos de igualdad y la realidad que habitamos las mujeres.
Desde esta reflexión colectiva y coincidente, podemos observar cómo en México la vida de las mujeres parece transcurrir en un universo paralelo, en el que por un lado se promocionan políticas públicas para la igualdad y por el otro se obstaculiza el acceso efectivo de las mujeres al ejercicio de sus derechos humanos, una dualidad que ofende en su intento de maquillar el abandono institucional de miles de mujeres, jóvenes y niñas.
No hablo desde una postura fatalista, sino desde la crudeza de una realidad que tampoco da motivos para el aplauso, esa realidad a la que les exhorto a ver de frente y a los ojos, la misma realidad que durante años nos ha motivado a seguir trabajando, como hasta ahora, por un mundo más igualitario, fijando los cimientos de nuestra patria feminista, en la que los derechos de las mujeres sean una realidad vivida.
En este acto de reflexión, es justo reconocer que nuestro esfuerzo no ha sido en vano, que las cosas no son como hace 20 años; es cierto, hoy contamos con políticas públicas para la igualdad de género y con un marco jurídico específico que hace justiciables nuestros derechos humanos. Pero también -con honestidad- debemos aceptar que el progreso ha sido lento, accidentado, diferente para unas mujeres y para otras, y que muchos de los avances legislativos todavía no logran impactar la vida cotidiana de las mujeres.
En esta tesitura, no resulta extraño que el informe de las organizaciones de mujeres y feministas "A 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing: objetivos estratégicos y esferas de preocupación" no tenga empacho en mostrar el atraso que persiste en nuestro país en materia de derechos humanos de las mujeres, reconociendo que los avances no han sido suficientes.
El informe pone al descubierto que nuestro sistema político-social no se ajusta a los principios de equidad e igualdad; nos habla de la historia no oficial, donde no hay “cuentas alegres” y se deja en claro el oprobio de la realidad en la que habitan millones de mujeres en este país.
La realidad nos habla, pues, de un México desventajoso donde no podemos elegir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, en el que unos cuántos nos impiden acceder a la información, generar contenidos e incidir en el control de los medios de comunicación, en el que día a día aumentan las muertes maternas, los embarazos adolescentes, el abuso y explotación sexual de mujeres y niñas, y el feminicidio.
En este panorama, los avances quedan eclipsados porque vemos que algo no anda bien cuando el país sale tan mal evaluado y los resultados no son directamente proporcionales al esfuerzo invertido por cientos de mujeres que trabajamos día a día para erradicar la discriminación, la desigualdad y la violencia en contra de las mujeres.
De pronto, nos desalienta observar cómo se expone la indiferencia, la incapacidad, la parálisis de un gobierno, que de entre toda Latinoamérica obtuvo el menor logro en cuanto a la reducción de muertes maternas, que son evitables.
Por eso creo que debemos reconocer los logros, pero sobre todo no perder de vista que vamos por más, porque todavía el mundo que habitamos las mujeres sigue siendo el de una soterrada tiranía de misoginia, discriminación y estereotipos sexistas.
Ante tanto agravio, quiero dejar claro que las mujeres no estamos aquí para buscar culpables, pero sí para deslindar responsabilidades, porque ahora tenemos herramientas para ello, contamos con una Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y estamos por aprobar reformas integrales a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Quiero detenerme en esta iniciativa de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, que surge del trabajo de Diputadas de la Junta Directiva de la Comisión de Igualdad de Género y organizaciones de la sociedad civil expertas; una iniciativa que –justamente- corrige los errores y vacíos de la legislación vigente, actualiza conceptos y mejora el funcionamiento de mecanismos en materia de prevención y atención de la violencia, así como acceso a la justicia y reparación del daño.
Con esta reformas armonizamos la Ley con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, además de actualizar tópicos fundamentales, como el Mecanismo de Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres y las Niñas; las órdenes de protección; lo refugios, entre otros.
Por eso, este día en el que recordamos la lucha por la reivindicación de nuestros derechos, llamamos a todas las fuerzas políticas a empujar juntas y juntos esa iniciativa, en un acto de congruencia con más de la mitad de la población en este país y con esa mayoría de mujeres mexicanas que nos trajeron aquí, a esta Cámara, para representarlas.
Así pues, exhorto a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a que revisemos las acciones que nos corresponden, reconozcamos las fallas, subsanemos las omisiones y replanteemos nuestras estrategias hacia la igualdad de género; tratemos a mujeres y hombres equivalentes, donde nadie esté ni por encima ni por debajo del otro.
Desde la Comisión de Igualdad de Género, con la voluntad de todas las fuerzas políticas que la integran, seguiremos apuntalando el proceso de armonización legislativa para favorecer el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará); y terminar de una vez por todas con el agravio comparado que discrimina a miles de mujeres.
Hago un llamado a todas las Diputadas y Diputados, así como a la ciudadanía, a mantenernos en estado de alerta permanente, observando el contexto electoral para vigilar que todos los partidos políticos cumplan plenamente con el principio de paridad que ahora los obliga a una proporción del 50 y 50 en la conformación de las candidaturas, este proceso será la prueba de fuego pero confiamos en que la paridad logrará trascender del papel a los hechos.
Desde esta Tribuna, las mujeres dejamos en claro que no escatimaremos esfuerzos para imaginar y crear nuevas formas que den contenido y hagan posible la justiciabilidad de nuestros derechos humanos.
Este 8 de marzo, es una oportunidad para dejar claro que a la discriminación, exclusión y violencia contra las mujeres les ha llegado su fecha de caducidad y nosotras no vamos a descansar hasta lograr la equivalencia entre mujeres y hombres.
Termino con una frase de Rosa Luxemburgo, en espera de que se grave en la memoria colectiva para seguir orientando esfuerzos “Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”
EMPODERANDO A LAS MUJERES, EMPODERANDO A LA HUMANIDAD ¡IMAGÍNALO!
¡Todas las mujeres! ¡Todos los derechos!
Muchas Gracias
Diputada Martha Lucía Mícher Camarena
Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género