Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a considerar la inclusión de toda Baja California y Othón P. Blanco, Quintana Roo, en la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para la zona fronteriza norte, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PVEM

Los suscritos, diputados federales de los estados de Baja California y Quintana Roo por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que incluya a los municipios de Ensenada, el Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe en Baja California y al municipio de Othón P. Blanco en Quintana Roo, a la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para las zonas fronterizas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En términos del artículo 28 constitucional se prevé que las bases para señalar precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular serán fijados en las leyes respectivas, en este sentido el transitorio Décimo Cuarto, fracción I, inciso b) de la Ley de Hidrocarburos, establece que a partir del 1 de enero de 2015 y, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2017 la regulación sobre precios máximos al público de gasolinas y diésel será establecida por el Ejecutivo Federal mediante acuerdo.

En el transitorio señalado se menciona que la política de precios máximos al público que se emita deberá prever ajustes de forma congruente con la inflación esperada de la economía y, en caso de que los precios internacionales de estos combustibles experimenten alta volatilidad, el Ejecutivo Federal preverá mecanismos de ajuste que permitan revisar al alza los incrementos de los citados precios, de manera consistente con la evolución del mercado internacional.

Concordamos en el sentido que ha dado el Ejecutivo Federal sobre el interés público de moderar el impacto de las variaciones del precio de la gasolina y el diésel, así como de la inflación en la economía de las familias mexicanas, por lo que es conveniente establecer precios máximos de venta al consumidor final de las gasolinas Pemex Magna y Pemex Premium y el Diésel, así ha sido necesario establecer los precios máximos al público de las gasolinas y del diésel para el ejercicio fiscal de 2015, tomando como referencia los precios al público vigentes al 31 de diciembre de 2014, con la finalidad de no afectar negativamente las finanzas públicas ni las de Petróleos Mexicanos.

El incremento que el Ejecutivo federal aplicó desde enero de 2015 es inferior a la meta establecida para la inflación esperada de nuestro país para este año prevista por el Banco de México, lo que beneficia a los hogares mexicanos.

Asimismo, para evitar la posibilidad de arbitraje económico, entendido como la posibilidad de tomar ventaja de una diferencia de precio entre dos mercados, en el consumo de los combustibles con la región colindante con los Estados Unidos de América, el Ejecutivo Federal consideró necesario que la política de precios homologados y escalonados aplicada en la zona fronteriza, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con las modificaciones derivadas del Acuerdo publicado el 1 de enero de 2015 en el Diario Oficial de la Federación continúen vigentes.

Existe un llamado social que hacen las diversas cámaras empresariales y del sector social, así como la ciudadanía general del municipio de Ensenada, el Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe en Baja California, correspondiente a la tarifa de los combustibles de gasolina Magna, Premium y Diesel con cifras de 13.57, 14.38 y 14.20 pesos por litro, respectivamente, ya que ambas regiones no son consideradas como parte de la franja fronteriza y por ello no obtiene los mismos subsidios federales que operan en los municipios de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y parte de Mexicali, donde el costo del combustible se encuentra en los 9.03 pesos por litro de Magna, 9.84 pesos por litro de Premium y 14.20 por litro de Diesel.

El mecanismo de homologación, en uso en la frontera norte desde 2002, consiste en que los precios de las gasolinas en la franja fronteriza norte de nuestro territorio se fijan cada martes homologándolos con los precios de los combustibles en la zona sur de Estados Unidos de América, tomando como referencia el promedio de los precios en la semana inmediata anterior el tipo de cambio vigente en el mismo periodo.

Por lo que hace a la frontera sur, la reciente baja en los precios internacionales del petróleo, también ha generado una disminución generalizada en los precios de los combustibles. Conforme a los datos obtenidos en la primera semana de febrero de este año, el precio de venta final al público de las gasolinas en ese país ha descendido a precios menores a los correspondientes para la venta de gasolinas en nuestro territorio.

Así, tenemos que considerando los precios de venta al consumidor final de las gasolinas en Belice al 7 de febrero de 2015 y un tipo de cambio de 7.44 pesos por dólar beliceño, en el caso de la gasolina Premium, la diferencia resultó ser de 1.34 (un peso con treinta y cuatro centavos) por litro; por lo que hace a la gasolina Magna (comercializada como Regular en Belice), la diferencia es de $1.59 (un peso con cincuenta y nueve centavos) por litro; y en el caso del Diésel, la diferencia es de $1.16 (un peso con dieciséis centavos) por litro, conforme se desglosa en la tabla siguiente:

Esta diferencia de precios se ha reflejado en que los habitantes del Municipio de Othón P. Blanco acudan a comprar combustible a la zona libre de Belice que se encuentra a pocos minutos de distancia, con el fin de ahorrar en la adquisición de este producto; el mismo comportamiento se ha observado en relación con ciudadanos beliceños que acudían a comprar gasolina a nuestro país cuando los precios eran más bajos que los de su país.

Es necesario atender el pedimento de incluir a las regiones señaladas en las políticas de precios de combustible homologados y escalonados en función de la importancia de las actividades económicas del municipio de Ensenada, la totalidad del Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe, así como en el municipio de Othón P. Blanco en Quintana Roo, primarias para el comercio internacional como la pesca, la agricultura y el turismo, las cuales generan miles de empleos directos y donde las actividades requieren de un importante consumo de combustible para llevarlas a cabo y que en las condiciones vigentes minan la competitividad y el crecimiento de los productores de las zonas referidas pues los precios de sus productos aumentan y su demanda disminuye.

Los precios de los combustibles no sólo han menguado la vida económica de estas regiones, sino que también ha trastocado la vida cotidiana de los bajacalifornianos y quintarroenses ahí asentados, pues el precio referido ha impactado negativamente el costo del transporte público y de la comercialización de los productos básicos de consumo.

En los asuntos fronterizos se han adoptado diversos criterios, definiciones y extensiones territoriales contenidas en acuerdos binacionales y programas de desarrollo como el Convenio para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Región Fronteriza entre Estados Unidos y México “Convenio de la Paz” donde se determina a la zona fronteriza como el área que se extiende 100 kilómetros al norte y 100 kilómetros al sur de la frontera entre ambos países, criterio adoptado por el Programa Integral Ambiental Fronterizo, PIAF, el Programa Frontera XXI y el Programa Frontera 2012, teniendo el convenio y los programas referidos como nota distintiva la procuración del bienestar económico y social a través de un enfoque sustentable; en el mismo sentido el Banco de Desarrollo de América del Norte considera como franja fronteriza binacional a la extensión de 210 kilómetros, 105 al norte y 105 al sur a partir de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos. Como es evidente, ambos criterios asisten que tanto el municipio de Ensenada, el Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe sean comprendidos en las políticas de precio homologado y escalonado de combustibles del gobierno federal.

Es en razón de la incertidumbre y preocupación de la ciudadanía en estas regiones y ya que ha sido decisión del Ejecutivo federal que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea la encargada de prever los ajustes de forma congruente con la inflación esperada de la economía, así como en el caso de que los precios internacionales de las gasolinas Pemex Magna y Pemex Premium, y el Diésel experimenten alta volatilidad, y es la Secretaría la encargada de establecer los mecanismos para ajustar al alza los incrementos de los citados precios, de manera consistente con la evolución del mercado internacional, debiendo recabar previamente la opinión de la Secretaría de Energía, y que en virtud de la inflación esperada para el próximo ejercicio fiscal, así como el comportamiento esperado de los mercados internacionales de las gasolinas y el diésel, he tenido a bien determinar un ajuste de 1.9 por ciento respecto del precio aplicado en diciembre de 2014, con excepción de la zona fronteriza, la cual está sujeta a la política de precios homologados y escalonados determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente durante el ejercicio fiscal de 2014, es que se pone a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente resolución

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso, se revise la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para las zonas fronterizas para que se incluya al municipio de Ensenada, al Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe en Baja California y al municipio de Othón P. Blanco en Quintana Roo, como beneficiarios de tal política.

Dado el 17 de febrero de 2015, en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro.

Diputados: María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Ricardo Medina Fierro, Benjamín Castillo Valdez, Mayra Karina Robles Aguirre, Adán David Ruiz Gutiérrez, Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), Raymundo King de la Rosa (rúbrica), María Carmen López Segura, María Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), Ana Lilia Garza Cadena y David Pérez Tejada Padilla (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE a diseñar y difundir por los medios de comunicación una campaña para explicar que los beneficios de los programas sociales gubernamentales son un derecho de los mexicanos y no se entregan a cambio de votos, a fin de garantizar la equidad en los procesos electorales, a cargo del diputado Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Luis Alberto Villarreal García integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y el artículo 79, numeral I, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La democracia como sistema de vida y de gobierno se funda en la igualdad esencial de todos los seres humanos. Es la forma superior de legitimación del ejercicio político y el sistema óptimo para respetar la dignidad de la persona humana; por lo tanto, se requiere de la presencia de instituciones sólidas que actúen siempre y en todo momento a favor de la legitima expresión de la voluntad popular, haciendo frente a todas aquellos obstáculos que van en detrimento de los estándares de la misma; de tal suerte que la transparencia y rendición de cuentas, se inscriben como los principales mecanismos para llevar a cabo dichos fines, ya que representan la principal herramienta del sistema democrático que permite un efectivo combate al fenómeno de la corrupción; por tanto, a través de la promoción de su ejercicio, se garantiza la existencia del Estado de Derecho.

El compromiso de Acción Nacional a efecto fomentar el ejercicio de la transparencia en todas aquellas acciones que conllevan el ejercicio de la vida política de México, se inscribe como una de sus más grandes prioridades. Informar a los ciudadanos respecto al destino del pago de sus impuestos, constituye una de las principales obligaciones que dan sentido y congruencia al ejercicio político, en donde el apego al principio de la legalidad, representa una garantía absoluta de eficacia y eficiencia del sistema democrático.

El Instituto Nacional Electoral (INE), como institución garante de la debida manifestación popular en México, tiene la misión de contribuir al desarrollo de la vida democrática, garantizando el ejercicio de los derechos político-electorales de la sociedad a través de la promoción de la cultura democrática y la organización de comicios federales en un marco de equidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Por lo tanto, el asegurar el desarrollo de procesos electorales justos y equitativos apegados a derecho, en donde se ponga de manifiesto la importancia de contar con un adecuado sistema de transparencia que impida el uso inadecuado de recursos que condicionen el voto de los ciudadanos mexicanos, representa una de las metas que permiten salvaguardar los principios y valores democráticos que deben imperar en el Estado mexicano.

Los programas sociales, son pagados con los impuestos de los mexicanos y por lo tanto, no pueden ser utilizados como un medio condicionante por parte de ningún gobierno o fuerza política con la finalidad de obtener algún tipo de ventaja en el terreno de las contiendas electorales, como se expresa en el artículo 134 Constitucional en su párrafos séptimo y octavo:

“Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Los recursos públicos a los que hace referencia el texto constitucional provienen del erario público, es decir, de la contribución que los ciudadanos hacen al Estado por medio del pago de sus impuestos. Por ende, los programas sociales gubernamentales que deben ser utilizados de manera subsidiaria y no de manera demagógica, son financiados con el dinero de los ciudadanos, por lo que no pueden ser la bandera de un gobierno o grupo político en su beneficio.

Desafortunadamente, durante los últimos meses se ha visto como se ha violentado de manera alarmante la garantía de procesos electorales donde prive la libertad y la competencia equitativa como principios democráticos, a partir de la promoción de la imagen gubernamental a costa de las necesidades más elementales de la población. Basta con recordar, como ejemplos, la utilización con fines electorales de programas públicos del gobierno federal por parte de la Secretaria de Desarrollo Social en 2013, la situación que fue denunciada en su momento a través del llamado “semáforo de alerta de contingencia democrática” en las entidades federativas de Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Aguascalientes, Chihuahua, Oaxaca, Durango, Coahuila y Sinaloa.

Por otro lado, cabe mencionar lo acontecido durante los últimos meses con la entrega de televisores con motivo de la transición a la televisión digital terrestre, cuyas cajas llevan impresa la leyenda “Mover a México”, slogan del gobierno federal, situaciones que han sido denunciadas en diversas ocasiones por Acción Nacional por comprometer la legalidad y la equidad de los procesos electorales.

La posición de nuestro partido ha sido clara, firme y precisa, exigimos respeto al marco normativo, respeto a las leyes que rigen los procesos electorales, respeto a los programas de desarrollo social, respeto a la población que debe ser beneficiada por estos, y respeto al proceso democrático en nuestro país.

En el México de hoy no puede permitirse que en ningún orden de gobierno, haya quien aproveche su condición o posición en el servicio público para sus propios intereses y para los fines de un grupo por encima del interés general. La democracia exige de todos los actores, y en especial de los gobernantes cumplir con la ley, con el Estado de Derecho, y no presentando programas gubernamentales bajo la bandera de ningún partido político.

Pero también es necesario contribuir a que la ciudadanía esté bien informada sobre el ejercicio libre del voto, y que no se sienta o sea coaccionada por la obtención de un beneficio social o por la amenaza de perderlo.

El INE es la institución propicia para promover y generar los marcos de equidad necesarios para que la próxima contienda del 7 de junio no se vea opacada por acciones o prácticas antidemocráticas.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Instituto Nacional Electoral a diseñar y difundir de forma constante, a través de los medios de comunicación, una campaña para explicar, de forma clara y precisa, que los beneficios de los programas sociales, las obras públicas y todas las acciones que ejecutan el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales no son partidistas y no pueden entregarse a cambio de votos, ya que los mismos provienen del pago de los impuestos de los ciudadanos y consecuentemente son un derecho de todos los mexicanos.

Segundo. La honorable Cámara de diputados reitera su compromiso con la democracia y el derecho de los mexicanos y promoverá una campaña en los términos del resolutivo anterior a través de sus tiempos oficiales, con el fin de garantizar la equidad en los presentes comicios electorales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2015.

Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Sectur que considere el amplio potencial de Orizaba, Veracruz, para ser reconocido y nombrado como “pueblo mágico”, a cargo del diputado Juan Isidro del Bosque Márquez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Juan Isidro del Bosque Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Turismo a considerar el alto potencial del municipio de Orizaba, Veracruz, para ser reconocido y nombrado “Pueblo Mágico”, con base en las siguientes

Consideraciones

El programa “Pueblos Mágicos”, implementado por la Secretaría de Turismo desde 2001, a fin de generar desarrollo económico y social, está enfocado a la promoción del turismo y generación de ingresos por esta misma actividad, para el logro de resultados positivos, es importante diseñar estrategias y acciones orientadas al desarrollo y consolidación del turismo a fin dar continuidad a la promoción de las zonas turísticas que adquieran dicha denominación. Para la Secretaría de Turismo, el programa Pueblos Mágicos contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. Actualmente en México existen 83 Pueblos Mágicos.1

El pasado 10 de Octubre de 2014, la Secretaría de Turismo emitió la Convocatoria del Programa Pueblos Mágicos, motivo por el cual, las autoridades municipales de Orizaba, Veracruz, iniciaron los trámites para buscar la nominación de “Pueblo Mágico”.2 Para dar cumplimiento, en sesión de cabildo, los regidores aprobaron el Plan de Desarrollo Turístico para la ciudad de Orizaba, Veracruz, con en esta aprobación se formalizó uno de los requisitos para ser nombrado Pueblo Mágico. El municipio de Orizaba cuenta con servicios, atractivos turísticos, monumentos, edificios emblemáticos, el Paseo del Río, así como áreas de diversión natural, y adicionalmente el teleférico. Con el reconocimiento, se busca desarrollar el proyecto de cableado subterráneo para toda la ciudad, con la implementación de dicho proyecto se estará beneficiando a la población, logrando además que Orizaba sea una ciudad modelo en el país.3

Con esta distinción se favorecerá la promoción turística a nivel nacional e internacional no sólo de Orizaba, sino de la región que conforma las zonas metropolitanas de Orizaba y Córdoba. Con el impulso de la zona a través del fomento del turismo se fortalecerán los servicios que se ofrecen, reactivándose todos los sectores que conlleva la actividad económica, cultural y social. Así mismo, con la promoción que realice la Secretaría de Turismo hacia el extranjero, representará la llegada de más turistas, los cuales visitaran la zona no solo en periodos vacacionales, ocasionando una derrama económica y laboral favorable para el desarrollo y fortalecimiento de la región.

Conforme a los requisitos para solicitar la denominación de “Pueblo Mágico”, la Secretaría de Turismo, es la instancia que dará su aval para que se le nombre en esa categoría, permitiendo al municipio acceder a más recursos para proyectar la ciudad a nivel nacional e internacional. En su visita al municipio de Orizaba, el director de Pueblos Mágicos del estado de Hidalgo, Gerardo Lozano Matus, expreso que “las ciudades que participan para obtener la denominación de Pueblo Mágico, deben contar con mucha infraestructura turística y la ciudad de Orizaba, la tiene con el teleférico que es uno de los cuatro que hay en el país, el histórico Cerro del Borrego, el Museo de Arte, espacios públicos, iglesias, teatro, en fin una amplia gama de lugares que aportan mucho para lograr el objetivo, además, Orizaba forma parte de los 10 lugares más limpios de México, tiene una amplia gastronomía y se ha embellecido en los últimos años lo que permite calificar muy bien en muchos de los requisitos”.4

La ciudad de Orizaba es un atractivo turístico ya que cuenta con lugares muy interesantes que son dignos de visitar, siendo para los visitantes nacionales e internacionales un lugar pintoresco, rodeado de montañas cubiertas de vegetación y un clima agradable, además de poseer un bello paseo peatonal por la orilla del rio que atraviesa gran parte de la ciudad.

Tal como lo señalamos en una proposición con punto de acuerdo aprobada en agosto del 2013 por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el municipio de Orizaba ofrece a sus turistas, según datos de la propia Secretaría de Turismo Federal, guías turísticas y agencias de viajes diversos centros turísticos de gran envergadura como son:5

• El Palacio de Hierro, que es una construcción de estilo francés, totalmente desarmable, es preciso señalar que en el mundo solo existen 2 palacios con esta característica, está ensamblado con 823 mil 222 tornillos, y pesa aproximadamente 600 toneladas, esta edificación fue traída de Bruselas, Bélgica;

• El Pico de Orizaba, es el volcán más alto de México y tercero de Norteamérica, alcanza 5 mil 747 metros sobre el nivel del mar, se encuentra en los límites de Puebla y Veracruz, es conocido como el “Citlaltépetl”, que significa “Cerro de la Estrella”;

• El Palacio Municipal es un edificio de calicanto y cemento con armadura de hierro, declarado Patrimonio Nacional, fue construido en 1903, su estilo arquitectónico es de tipo neoclásico. Un dato importante es que José Clemente Orozco plasmó en este edificio su única obra en Veracruz, el mural llamado “Revolución Social”;

• El Río Orizaba y sus Puentes, es un paseo turístico a lo largo de los 3.5 km de río que atraviesan la ciudad, nace en las faldas del volcán Pico de Orizaba, a una altura aproximada de 2,800 metros sobre el nivel del mar, son 15 puentes los que cruzan el rio, siendo el más antiguo el de “San Antonio” que data de 1550;

• El Museo de Arte del Estado, fue construido a finales del siglo XVIII, tiene más de 700 piezas de los siglos XVIII, XIX y principios del XX, las cuales describen más de 100 años de historia del arte de México y Veracruz, destacando 36 obras de Diego Rivera;

• Los 500 Escalones, es un lugar recreativo y deportivo, existe la Cascada del Elefante, que es una formación rocosa con dos pequeñas caídas de agua simulando los colmillos y su trompa, la caída principal es de 20 metros y cuenta con la segunda tirolesa más larga de nuestro país;

• La Piedra del Gigante, es un monolito de 8 x 5.5 metros, pesa 6 toneladas, era utilizado para sacrificios, en él, se observa un guerrero de 5 metros de altura grabado, está ubicado en el cementerio municipal “Juan de la Luz Enríquez”;

• El Castillo Mier y Pesado, es de estilo inglés, es herencia de doña Isabel Pesado y don Antonio Mier, el edificio es único en todo el continente americano, tiene hermosos jardines y un gran espejo de agua, el lugar fue declarado “Patrimonio Artístico Nacional” en febrero de 2014;

• La Concordia es la plaza de toros y centro de espectáculos techado en forma geodésica, con capacidad para 6,844 personas, siendo la más grande del estado y la más moderna de Latinoamérica, inaugurada en 1994, posee un domo geodésico, y es un escenario vanguardista;

• La Catedral de San Miguel fue establecida por orden de los franciscanos en 1642, es de estilo barroco-corintio y neoclásico, además posee un reloj único en el país, elaborado en París, Francia, por A. Borrel en 1864, relojero de Napoleón III;

• Teleférico, con sus 917 metros de longitud es el tercero más largo del país. Conecta el centro de la ciudad con el Cerro del Borrego, donde los visitantes podrán acceder al Ecoparque Cerro del Borrego;

• Ecoparque Cerro del Borrego, conjuga historia, naturaleza y recreación. Cuenta con dos museos, el del Sitio y el Geográfico de Orizaba II, áreas de picnic, cabaña comedor, senderos interpretativos, tres miradores y una tirolesa de 250 metros de longitud. En el centro del Ecoparque aún se conservan los vestigios del fuerte que en 1862 fuera escenario de la cruenta guerra entre el ejército francés y el mexicano a causa de la Intervención Francesa;

• Alameda “Francisco Gabilondo Soler”, con sus más de 4 hectáreas, es uno de los parques más grandes del Estado de Veracruz. Lleva el nombre del ilustre cantautor orizabeño, mejor conocido como “Cri-Cri, el grillito cantor”;

• Teatro Ignacio de la Llave, es uno de los teatros más importantes por su calidad sonora. Cuenta con capacidad para más de 400 espectadores, siendo el primer teatro en contar con domo de madera en el país, en su inauguración en 1875. Este sitio es idóneo para la presentación de danzas, obras de teatro, zarzuelas y encuentros musicales;

• Archivo Municipal de la Ciudad, fue declarado “Patrimonio Cultural de Orizaba” en 2005, resguarda uno de los acervos históricos más antiguos del Estado, que se encuentra catalogado en diversas áreas como hemeroteca, biblioteca y fonoteca;

• Cementerio “Juan de la Luz Enríquez”, este sitio se sustenta en sus monumentos, como “La Niña del Ángel”, además de albergar a insignes personajes como el General Ignacio de la Llave;

• Auditorio Metropolitano, es el auditorio más grande de Veracruz contando con una capacidad para 3,714 espectadores. Fue remodelado en diciembre de 2014; con nueva iluminación, piso, pintura y revestimiento de butacas;

• Orizaba es la ciudad con más museos en Veracruz, contando con un total de 12. Siete en el Palacio de Hierro: Museo de Futbol, de la Cerveza, de Presidentes y Banderas, Raíces de Orizaba, Geográfico, Interactivo y Planerario “Rodolfo Neri Vela”. Dos en el ecoparque Cerro del Borrego, el del Sitio y el Geográfico de Orizaba II. El Museo de la Ciudad, en las instalaciones del Archivo Municipal. El museo Torre de Catedral, en el interior de la Catedral de San Miguel Arcángel y el Museo de Arte del Estado;

• Turismo religioso: Orizaba cuenta con 17 iglesias y 2 ex conventos, su estilo arquitectónico de cada uno de ellos es vasto, encontrando estilos como el churrigueresco, neoclásico, romano o gótico;

• Gastronomía: con un conjunto de ingredientes de la cocina prehispánica, entre los platillos tradicionales están las picaditas, gorditas de frijol, tostadas, garnachas, pambazos y el chileatole;

• Ecoturismo y deporte extremo pueden practicarse en sitios como la Laguna de Ojo de Agua, el ecoparque Cerro de Escamela y el paseo de los 300 y 500 escalones, en el Parque Nacional Cañón del Río Blanco;

• Zona de monumentos históricos, Orizaba cuenta con 113 monumentos de categoría histórica, mismos que han sido reconocidos por su importancia estatal y nacional.

Estos son algunos lugares turísticos que pueden disfrutar los visitantes nacionales e internacionales, además Orizaba, tiene gastronomía, costumbres y tradiciones, fraternidad, calidad y calidez humana, entre otros aspectos que demostrar. Cuenta con infraestructura hotelera y restaurante para albergar a los turistas que deseen visitar esta ciudad.

En nuestro país, existen pueblos que cuentan con atributos simbólicos, leyenda, historia, y hechos trascendentes, en fin, magia que surge y se percibe en cada una de sus manifestaciones socio-culturales, teniendo un significado para su aprovechamiento turístico y cultural.6 Un Pueblo Mágico refleja con claridad lo que su gente, lo que ha hecho y de lo que se siente orgullosos, es un pueblo que a través del tiempo y ante la modernidad, continua conservando su herencia histórica cultural.

Por ello, resulta trascendental recordar que el principal objetivo del programa es promover la conservación de la cultura y fomentar el turismo a través de la colaboración de las localidades que demuestren su interés en pertenecer al programa y conservar su riqueza cultural. Después de varios meses de evaluaciones a que son sometidas las ciudades que pretenden ser catalogadas como Pueblos Mágicos, la Secretaría de Turismo impone la denominación de Pueblos Mágicos a las poblaciones del territorio nacional que han preservado las tradiciones seculares, ancestrales e importantes de grandes acontecimientos históricos en la vida de México. Son reconocidos por su mayor tradición y belleza de sus calles, y lo pintoresco de sus construcciones, comparten su encanto con calles estrechas, construcciones peculiares, así como costumbres locales muy arraigadas.7

La Secretaría de Turismo, ha resuelto que el municipio de Orizaba, continúe participando, en la segunda fase del procedimiento, motivo por el cual, le fue asignado el número de folio 301180001-2014-47. Por ello, es oportuno expresar que con el reconocimiento y nombramiento de Pueblo Mágico a la ciudad de Orizaba, Veracruz, se propiciará un fomento al turismo de gran medida, y sustentable, y como representantes populares debemos hacer todo lo posible por concretar la propuesta que beneficiará al turismo y por ende a los pobladores de las zonas metropolitanas de Orizaba y Córdoba.

Por todo lo anterior, presento al pleno de ésta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita a la Secretaría de Turismo a que consideren el alto potencial del municipio de Orizaba, Veracruz, que ha solicitado el reconocimiento y nombramiento como “Pueblo Mágico”, con la finalidad de concretar esta certificación para promover la conservación de la cultura y fomentar el turismo.

Notas

1 Secretaría de Turismo, “Pueblos Mágicos”, http://www.sectur.gob.mx/pueblos-magicos/

2 Cortes Robles, Laura, “Busca Orizaba ser un Pueblo Mágico,” en El Sol de Orizaba, 18 de enero de 2015, en http://www.oem.com.mx/elsoldeOrizaba/notas/n3675187.htm

3 Vela Marlene, “Busca Orizaba ser Pueblo Mágico”, en La Tía Justa.com, 6 de diciembre de 2014, en http://www.infoveracruz.com.mx/2014/12/busca-orizaba-ser-pueblo-magico/

4 Zepeda, Icker, “Orizaba en busca del título de Pueblo mágico,” en InfoVeracruz.com, Periodismo a la Vanguardia, 9 de Febrero de 2015, en http://latiajusta.com.mx/orizaba-en-busca-del-titulo-de-pueblo-magico/

5 Sitios Turísticos de Orizaba, en: www.orizaba.org/turismo/

6 Secretaría de Turismo, “Pueblos Mágicos”, http://www.sectur.gob.mx/pueblos-magicos/

7 Pueblos Mágicos, Atlas turístico, en http://atlasturistico.sectur.gob.mx/pueblosmagicos.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2015.

Diputado Juan Isidro del Bosque Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Oaxaca a dejar sin efecto las convocatorias de concurso de docentes y emitir otras acordes con los postulados constitucionales y legales sobre la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica, a cargo de la diputada María Guadalupe Mondragón González, del Grupo Parlamentario del PAN

La diputada María Guadalupe Mondragón González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI; 153, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

La educación, palanca del desarrollo

México requiere con urgencia de ciudadanos portadores de habilidades y capacidades que les permitan desarrollar plenamente su personalidad. Lo anterior se necesita principalmente en dos ámbitos: en el mundo globalizado y competitivo del siglo XXI y en la ampliación de nuestra incipiente vida democrática. Frente a dicho panorama, el Constituyente Permanente, integrado por las Cámaras de Senadores y Diputados así como por las Legislaturas de las entidades federativas, optó por sentar las bases para construir una solución que permitiera el desarrollo a largo plazo del país: fue así como se perfeccionó la preceptiva constitucional en materia de educación.

Como en muchas otras materias y actividades, México aparece como un país de contrastes. En materia de educación y servicios educativos, desde hace décadas uno de los estados con mayores rezagos es Oaxaca. De ahí que, a efecto de no quedarse más atrás en los indicadores de desempeño y aprovechamiento en torno al hecho educativo, se hace impostergable la instrumentación de las acciones, planes y programas derivados de la reforma constitucional en materia de educación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013 así como de los tres ordenamientos emanados de dicha reforma: la Ley General de Educación reformada, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Pensando en las futuras generaciones, en la niñez y juventud actuales de nuestro país, se introdujo en el texto constitucional el tercer párrafo del artículo 3o. para establecer que el Estado se erija en garante de la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. En la fracción III del mismo precepto se dispuso también que el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevaran a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijó los criterios, los términos y condiciones de evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia del servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Finalmente, en la misma fracción se estableció con claridad que serían nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley.

Apartándose de los postulados constitucionales, la autoridad educativa de Oaxaca ha procedido a lanzar sendas convocatorias de concurso para obtener en propiedad los cargos siguientes: M10 0321, Director; M10 E0341, Subdirector y M10 E0301, Supervisor. Las bases para los concursantes, suscritas por el jefe del departamento de Escuelas Secundarias Generales del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se refieren a la antigüedad, preparación profesional, práctica directiva, participación sindical y acciones meritorias. No se establece como requisito la evaluación establecida en el artículo 3o. constitucional a que se ha hecho mención con anterioridad.

Lo anterior trastoca los fundamentos técnicos, jurídicos y administrativos de la educación en México en general y en Oaxaca en particular. Priva a la niñez y juventud de dicha entidad del derecho a disfrutar de un servicio educativo de calidad. Condena a los habitantes del estado de Oaxaca al rezago y al atraso por no darse cuenta de que el principal factor para lograr un mejor nivel de vida es precisamente la educación de calidad. Expone a las y los docentes a un proceso de concurso viciado de nulidad de origen que afecta a todos y cada uno de los actos subsecuentes.

La calidad de la educación, derecho de la niñez de Oaxaca

En el último cuarto de siglo, principalmente, hemos sido testigos del surgimiento, madurez y consolidación de los derechos de la niñez. La Declaración y posterior Convención sobre los Derechos del Niño es quizás el instrumento internacional que se propagó con mayor rapidez alrededor del planeta logrando adhesiones numerosas que han hecho del derecho de los niños y las niñas un axioma moral de las democracias contemporáneas. A la par, la tradición de atención y cuidados hacia la niñez por parte de las autoridades mexicanas de los tres órdenes de gobierno, se vio coronada con la expedición en el año 2000 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Tanto en los tratados internacionales como en el artículo 4º de nuestra Ley Fundamental así como en la preceptiva integral de la ley secundaria, recién sustituida por un ordenamiento más completo e integral, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, destaca la educación como un derecho fundamental. La educación es un derecho de derechos, y con mayor razón para la niñez y juventud. En efecto, la satisfacción del derecho a la educación abre nuevos horizontes y habilita a las personas para exigir y disfrutar de otros derechos como a la protección de la salud, a la alimentación, al agua, a la vivienda, entre otros. Es importante mencionar que la educación es la base para una convivencia armónica que permita la construcción de capital social, ciudadanía y democracia. De todo ello se está privando a las y los alumnos de Oaxaca al pretender perpetuar esquemas de ingreso a la función directiva y de supervisión totalmente superados en razón de que han mostrado su fragilidad para alcanzar la calidad de la educación.

De vital importancia resulta el hecho de que el organismo constitucional autónomo cuya principal función es velar por la calidad de la educación a través de la implementación principalmente de la evaluación de docentes, directivos y alumnos se ha pronunciado sobre estos mismos hechos objeto de la presente proposición. El 26 de febrero del año en curso el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación solicitó formalmente al Gobernador de Oaxaca dejar sin efecto las convocatorias para promoción a puestos de subdirector, director y supervisor efectuadas el 13 de febrero. El Instituto señaló con toda claridad que dichos procesos contravienen abiertamente a lo dispuesto en el artículo 3o. constitucional. Anunció también dicho órgano que la omisión obliga a iniciar el proceso de anulación de conformidad con su marco de competencia derivado principalmente de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en concordancia con la Ley General del Servicio Profesional Docente y desde luego la nueva preceptiva contenida en el artículo 3o. constitucional.

Igualmente resulta importante precisar que los lineamientos emitidos por el Instituto en materia de evaluación educativa son obligatorios para las autoridades educativas. Los padres de familia esperan y confían que sus hijos reciban una educación de calidad que les permita encontrar oportunidades mayores de desenvolvimiento en la vida, resultado que pasa únicamente por la observancia precisa y exacta de los postulados fundamentales y legales en materia de educación.

En consecuencia, con la finalidad de preservar el derecho a la calidad de la educación de la niñez y juventud del estado de Oaxaca, como palanca para elevar el nivel de vida de los habitantes de dicha entidad federativa, se somete a consideración de esta asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta, con toda atención, al señor gobernador constitucional de Oaxaca a que deje sin efecto: 1) La Convocatoria de concurso de los subdirectores con M.10, para obtener en propiedad M.10 E0321, director; 2) La Convocatoria de concurso de los docentes con M.10, para obtener en propiedad E0341, subdirector y 3) La Convocatoria de concurso de los directores con M.10, para obtener en propiedad M.10 E0301, supervisor y, en su lugar, emita nuevas convocatorias que se sujeten a los postulados constitucionales y legales sobre la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2013.

Diputada María Guadalupe Mondragón González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Profeco a establecer una campaña de verificación de estaciones de servicio, plantas de almacenamiento y distribución, vehículos de reparto y autotanque de gas LP, y niveles de seguridad en el proceso de venta y distribución del combustible, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Karen Quiroga Anguiano, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde 2008 se han registrado 21 denuncias y sanciones, así como cuatro accidentes de explosión, contra la empresa Gas Express Nieto, a lo que se suma el incidente ocurrido en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa.

El 13 de septiembre de 2009, en Xalapa, Veracruz, una camioneta cargada con 46 tanques de uso doméstico se impactó de frente con un automóvil estacionado, lo que dejó daños por más de 15 mil pesos y lesionado a Roberto Azael Callejas Lara, de 25 años, quien quedó prensado entre su vehículo y un montículo de piedras.

En 2012, un tanque de gas doméstico en mal estado explotó en una vivienda de la colonia San Francisquito, en Querétaro, dejando quemaduras de segundo grado a Carolina San Elías Arreguín y a dos bomberos.

Ese mismo año, otra pipa chocó contra un poste de luz al quedarse sin frenos, en la colonia El Tanque, delegación Magdalena Contreras, Ciudad de México, lo que provocó la fuga del tanque de gas del vehículo. Se desalojaron los inmuebles de la zona, entre ellos un jardín de niños; no hubo víctimas.

El 29 de julio de 2014 se registró un estallido en la clínica Río de Luz, en la colonia Cerrito Colorado, en Querétaro, al chocar una pipa con un vehículo particular; el saldo fue de ocho personas lesionadas y tres fallecidas, entre ellas una niña de siete años, además de casas y vehículos afectados.

En cuanto a las multas, en 2009 la Procuraduría Federal del Consumidor , Profeco, informó que el monto por sanciones económicas a gaseras ascendía a más de 11 millones de pesos, debido a prácticas abusivas contra los consumidores durante 2008.

Entre las empresas multadas por entregar cilindros con contenidos inferiores a lo pagado se encontraba Gas Express Nieto de México. En 2014, esta empresa ya contaba con 21 denuncias; sin embargo, en ninguna de ellas se inició un proceso administrativo para sancionarla.

Más recientemente, el 24 de febrero de 2015, una pipa de la empresa Gas Express Nieto se volcó la madrugada de hoy en el kilómetro 24 de la carretera México-Toluca sin que se reporten personas lesionadas.

Adicionalmente a los accidentes en los que se ha envuelto la empresa Gas Express Nieto de México, existen otros antecedentes relacionados con el Gas LP, uno de ellos fue el ocurrido en la carretera México-Pachuca en mayo 2013, donde la explosión de la pipa de gas en San Pedro Xalostoc, Ecatepec, que dejó como saldo 22 personas fallecidas.

Como se puede observar, la venta y distribución del Gas LP, se ha convertido en México en una bomba de tiempo, donde después de las investigaciones nos encontramos con irregularidades relacionadas con la negligencia en materia de seguridad.

Ahora, según la Ley de Protección al Consumidor, es un principio básico de la relaciones de consumo:

“La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos...”

Asimismo, el artículo de dicho ordenamiento establece que la Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

En ese orden, la ley en consulta, también le otorga a la Procuraduría Federal del Consumidor la atribución para promover y proteger los derechos del consumidor a través de verificaciones; además, cuando se realicen actos, hechos u omisiones que vulneren derechos e intereses de una colectividad o grupo de consumidores, en términos del artículo 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ejercitar una acción colectiva de conformidad con lo dispuesto en el Libro Quinto de dicho Código.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para en el ámbito de sus atribuciones y facultades, establezca una campaña permanente de verificación a estaciones de servicio, plantas de almacenamiento y distribución, y a vehículos de reparto y vehículos auto-tanque de gas LP; así como los niveles de seguridad en el proceso de venta y distribución de dicho combustible, con la finalidad de que se encuentren operando conforme lo establecen las leyes, normas oficiales y demás disposiciones legales en la materia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2015.

Diputada Karen Quiroga Anguiano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al impulso de la movilidad sustentable no motorizada, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Rosa Elba Pérez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Según datos del Banco Mundial, en México, durante 2010, 20 mil personas murieron por accidentes viales y otras 2 mil debido a enfermedades relacionadas con la contaminación vehicular. “El tráfico vehicular es, en la mayoría de las ciudades de América Latina, el principal responsable de las emisiones de óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y dióxido de azufre y un gran contribuyente al aumento de partículas suspendidas. Todos ellos nocivos para la salud y la calidad de vida”.

El uso de la bicicleta es ampliamente reconocido por proporcionar beneficios tales como:

• Ser un vehículo silencioso, limpio, asequible y sostenible.

• Facilita el tráfico vehicular.

• Actúa como soporte de cohesión social.

• Promueve el aprovechamiento de la energía y el uso del espacio para mejorar la calidad de los espacios públicos y la reducción de tiempos de desplazamiento.

• Mejora la salud física, mental y reduce los niveles de estrés por ser una actividad física moderada.

Con la expansión del uso de la bicicleta ha crecido también el interés por la innovación en ellas, de tal suerte que ahora existen bicicletas eléctricas que proporcionan amplios beneficios para el usuario y el medio ambiente. Éstas se diferencian de la bicicleta convencional por tener un pequeño motor con batería eléctrica que le proporciona a través del pedaleo un empuje suficiente para alcanzar una velocidad máxima de 25 a 40 kilómetros por hora (Km/h), a partir de la cual el motor se desconecta y se convierte en una bicicleta convencional. Su uso puede variar en función del pedaleo, es decir, puede ser utilizada como una bicicleta convencional o bien conectar cualquier nivel de asistencia para un uso más sencillo y con menor esfuerzo.

La batería utilizada por este tipo de bicicletas está elaborada a base de litio o de plomo. Las primeras se cargan durante aproximadamente tres horas y tienen una vida útil de 500 cargas completas, lo que significa que puede durar entre 3 y 4 años. Las segundas utilizan ácido de plomo como los automóviles y gastan una por año, aproximadamente.

Permite además recorridos más largos, menor tiempo de desplazamiento, permite que personas con diferentes estados físicos puedan hacer uso de este medio, como son las personas mayores; y a su vez facilita el traslado en terrenos con pendiente.

Esta tecnología ha tenido gran aceptación. Entre las razones que esgrimen los nuevos usuarios para preferir este medio de transporte están el evitar el tráfico, disminuir los tiempos de traslado, evitar multas de tránsito, ahorrar en estacionamientos, economizar en combustible, reducir los impactos al medio ambiente ya que dicho vehículo eléctrico no emite gases contaminantes y no genera desechos como aceites, filtros o repuestos, además de mejorar la salud del usuario.

Los usos más comunes a lo largo del mundo las encontramos en1 :

• Recreación

• Desplazamiento de trabajadores

• Entrega de productos y servicios

• Uso de Policía local y ejército

• Apertura estudiantil

Según un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad, en el DF los automóviles crecen mucho más rápido que la población, esto significa que a mayor cantidad de autos la congestión vehicular aumentará, así como los tiempos de traslado y por supuesto, la contaminación. Un vehículo que circula a 10 millas por hora (i.e. 16 km/h, casi la velocidad promedio actual de los autos en el DF) contamina 233 por ciento más que uno que circula a 30 millas por hora (48 km/h)2 .

Lo anterior sin mencionar los impactos que ya genera en el medio ambiente el desarrollo de la industria petroquímica en el país y las graves repercusiones a la salud de la población y al equilibrio ecológico de los ecosistemas.

Una ciudad con alta circulación de bicicletas por sus calles permitiría reducir los niveles de contaminación ambiental y sus niveles de monóxido y dióxido de carbono, hidrocarburos y otras partículas que favorecen la contaminación del aire.

México cuenta con una normatividad muy completa para tratar de la calidad del aire, sin embargo es necesario impulsar acciones conjuntas para alcanzar dichos objetivos. La implementación de programas como Hoy no circula, cuyo objetivo es el de prevenir y minimizar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en el Distrito Federal mediante la limitación de su circulación, o el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria (PVVO), han sido destacadas propuestas, sin embargo dificultan de cierta manera la movilidad diaria de las personas en las ciudades más concurridas. Hoy en día las ciudades “verdes” alrededor del mundo son las más competitivas y eficientes, ya que ofrecen una mejor calidad de vida, con mejores servicios ambientales e indicadores claros que permiten evaluar su desempeño.

El tema del cambio climático en el contexto del siglo XXI, tiene una complejidad transversal que abarca no sólo los contenidos relacionados con las fluctuaciones en el clima o la deforestación de los bosques, sino con la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero.

El presente punto de acuerdo tiene su origen en el área de oportunidad que la Ley General de Cambio Climático (DOF 06/06/2012), junto con la Estrategia Nacional de Cambio Climático (DOF03/06/2013) ofrecen para generar incentivos que den prioridad al transporte no motorizado y al ciclista. En virtud de lo anterior, la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados ofrece la correspondencia más idónea para su dictamen.

La Ley General de Cambio Climático (LGCC) ha definido la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero que deberán ser implementadas a lo largo de los próximos años, para cumplir con la meta aspiracional de reducir al año 2020 treinta por ciento de emisiones con respecto a la línea base, y cincuenta por ciento de reducción de emisiones para 2050 en relación con las emitidas en el año 2000. La trayectoria identificada que permitiría lograr estos objetivos implica que para 2020 se deben reducir las emisiones anuales en alrededor de 288 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e), y para 2050 las emisiones totales deberán alcanzar un nivel máximo de 320 MtCO2e.3

La LGCC también establece que se considerarán como instrumentos económicos de carácter fiscal a los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política nacional sobre el cambio climático y que en ningún caso, estos instrumentos se establecerán con fines exclusivamente recaudatorios, y considera prioritarios para el otorgamiento de estos estímulos fiscales, a las actividades relacionadas con la utilización de equipos y tecnologías que tengan por objeto reducir o controlar las emisiones, así como promover prácticas de eficiencia energética.4

Como fundamento de nuestra propuesta, el artículo transitorio tercero de la LGCC, instituye que para el año 2020 las dependencias y entidades de la administración pública federal, centralizada y paraestatal, las entidades federativas y los municipios deberán implementar acciones de mitigación para alcanzar la meta-país en materia de reducción de emisiones. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, deberán haber generado de forma gradual un sistema de subsidios que promueva las mayores ventajas del uso de combustibles no fósiles, la eficiencia energética y el transporte público sustentable con relación al uso de los combustibles fósiles.

En ese orden de ideas, es del interés de este punto de acuerdo, apoyar aquellas líneas de acción previstas en la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) para acelerar la transición energética hacia fuentes de energía limpia, y principalmente dar viabilidad a la meta M3.7 que a la letra dice:

“M3.7 Generar incentivos , infraestructura y programas para favorecer el transporte no motorizado , articulado dentro de sistemas integrados de transporte, en el que se dé prioridad al peatón y al ciclista para generar beneficios ambientales y de salud inmediatos.”

Además del respaldo de instrumentos económicos para el efectivo cumplimiento de las acciones previstas en la LGCC, este punto de acuerdo pretende poner el acento en la necesidad de la participación de la población como entes activos y corresponsables. De allí que, presentamos una reflexión sobre aquellos esquemas desarrollados en otros países, que aprovechan las mejores prácticas para una mejor calidad de vida para la población. En ese sentido, nos planteamos explorar las alternativas para la aplicación de estímulos fiscales que favorecen no sólo la gestión responsable de los recursos, sino la participación de todos los interesados en el nivel que corresponda.

Propuesta

Algunos países están reduciendo la congestión del tráfico y la contaminación atmosférica mediante diversos incentivos que los gobiernos han promovido para estimular el uso de bicicletas, como forma de transporte personal.

La bicicleta tiene muchas ventajas: alivia las congestiones viales, disminuye la contaminación atmosférica, reduce la obesidad, eleva la condición física y principalmente no emite gases de efecto invernadero y su precio es accesible a millones de personas que no pueden pagar los costos de un automóvil. Las bicicletas aumentan la movilidad mientras que reducen la congestión del área pavimentada; seis bicicletas caben en un carril para automóvil y las ventajas para estacionarlas es aún mayor: 20 bicicletas ocupan el espacio de estacionamiento de un auto.

La bicicleta no es solamente un medio flexible de transporte; es sin duda un medio eficaz para substituir al automóvil en viajes cortos y de esa forma reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Gracias a todos los beneficios mencionados anteriormente, es que muchas ciudades en el mundo apuestan por el uso masivo de la bicicleta como alternativa para la movilización de personas. En ciudades como Santiago de Chile, Bogotá, Río de Janeiro, Lima y Medellín, los gobiernos promueven programas de desarrollo de políticas públicas que favorezcan la conducción de bicicletas, como la construcción de ciclo vías, alquiler de bicicletas públicas entre otros proyectos que han logrado un aumento significativo del uso de éstos vehículos de dos ruedas y a la par la disminución de la emisión de gases tóxicos para el ambiente así como la promoción de estilos de vida saludables para las personas.

En el último año se ha ampliado la lista de países que han implementado incentivos para vehículos limpios en sistemas de transporte público y particular. En la lista de países que han apostado a estas tecnologías se encuentran países en desarrollo con economías parecidas a la mexicana.

Estados Unidos de América

En Estados Unidos de América las bicicletas eléctricas están libres del pago de aranceles, lo cual impacta directamente en el precio del producto, lo hace más accesible a cualquier sector de la población, además de los diferentes incentivos que ofrecen para promover el uso de este tipo de vehículos. Cabe destacar la acción del Ripon College de Wisconsin y la Universidad de New England en Maine. En lugar de construir infraestructura para albergar automóviles nuevos en sus recintos, han descubierto que resulta más barato otorgar a cada estudiante de primer año una bicicleta si están de acuerdo en dejar el coche en casa para desplazarse hacia la universidad. La sustitución de los coches por las bicicletas en el campus ha supuesto una interesante reducción de la contaminación atmosférica y la congestión del tráfico a la vez que se ha creado un sentido de comunidad.

Casi 75 por ciento de los departamentos de policía norteamericanos que sirven a poblaciones de 50 mil habitantes han incorporado bicicletas como vehículo para su patrullajes de rutina. Los agentes de tráfico moviéndose en bicicleta son más productivos en las ciudades en parte porque son más ágiles y pueden llegar a la escena de un accidente o un crimen más rápidamente y en silencio. Por lo general hacen 50 por ciento más arrestos por día que los oficiales de patrullas motorizadas. Fiscalmente, el costo de operar una bicicleta es mínimo en comparación con el de un coche de policía5 .

España

El área metropolitana de Barcelona implementó medidas de apoyo al uso de la bicicleta y el vehículo eléctrico. Desde el punto de vista ciudadano, destaca la subvención de 250 euros que a partir de octubre de 2014 pueden solicitar los vecinos de los municipios del área de Barcelona. Por ahora la entidad está cerrando los convenios con las tiendas de bicis y tiene presupuesto para otorgar la subvención para un millar de bicicletas. El precio de las bicis eléctricas oscila entre 600 o 700 euros y más de mil 500. La ayuda está prevista para las que no superen los mil 250 euros6 .

Las subvenciones a la compra de vehículos eléctricos se complementan con una partida de 200 mil euros destinada a ayuntamientos que compren vehículos limpios para sus servicios públicos e incluso para la movilidad de sus empleados. Además, cederán 102 bicis eléctricas a ayuntamientos.

El ayuntamiento de Madrid, también ha optado por alquilar bicicletas eléctricas para ayudar a residentes y visitantes a recorrer la ciudad7 .

Colombia

Se lanzó el programa E-Bike to Work, mediante el cual algunos trabajadores podrán acceder a un pool de 20 bicicletas eléctricas para desplazarse de la casa a la oficina y viceversa, utilizando los 354 kilómetros de ciclo rutas que tiene Bogotá. Busca promover a través de ideas innovadoras alternativas de transporte que contribuyan con la movilidad de la ciudad con las que además se les facilita la vida a los ciudadanos de forma amigable con el medio ambiente, la salud e incluso los gastos personales.

Colombia se está perfilando como uno de los mercados más interesantes para el desarrollo futuro de la movilidad eléctrica en Latinoamérica, fundamentalmente porque presenta una matriz energética de las más limpias de la región debido a su alta participación de energías renovables, razón por la cual hoy la movilidad eléctrica hace parte importante del plan estratégico de las compañías en ese país con énfasis tanto en el transporte masivo como con el individual.

También, para promover las tecnologías limpias y avanzar en la estrategia de reducción de la contaminación atmosférica, el gobierno nacional a través del Consejo Superior de Política Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Confis) aprobó la disminución del arancel para un contingente de vehículos eléctricos e híbridos por los próximos 3 años.

Una de sus principales motivaciones fue la necesidad de continuar implementando estrategias para lograr la efectiva disminución de la contaminación atmosférica. Según un estudio del Banco Mundial, realizado en 2012 por solicitud del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los costos en los que incurre Colombia por mortalidad y morbilidad asociadas a contaminación representan 1,1 por ciento del producto interno bruto (PIB) de 2009 (5.7 billones de pesos)8 .

Italia

El gobierno italiano puso en marcha un generoso programa de incentivos para estimular la compra de bicicletas y bicicletas eléctricas, con el propósito de mejorar la calidad del aire y reducir el número de vehículos en tránsito. Este subsidio cubre directamente 30 por ciento del costo de la bicicleta9 .

Costa Rica

Está en proceso de implementación del sistema Mobie.E, que consiste en definir el marco legal y las políticas públicas para facilitar el acceso a incentivos para la compra de vehículos eléctricos. Se prevé que Costa Rica tenga cada vez más infraestructura y proyectos que impulsen el uso de los vehículos híbridos ya que intentan cumplir con la baja del carbono en el aire.

Otros países

Por último, con medidas menos formales pero sí implementadas, encontramos a Alemania y en particular Berlín, que como es bien sabido son aficionados a andar sobre pedales.

También tenemos a Australia que siempre está a la vanguardia y que también colabora con los incentivos a trabajadores y eso ha hecho que las bicicletas eléctricas aumentaran 11 por ciento de acaparamiento del sector en un solo año10 .

Francia, Bélgica, Holanda y Gran Bretaña se unen con la cultura del ciclismo y dan incentivos a ciudadanos que asistan a su trabajo en bicicleta convencional y eléctrica. Recibiendo aproximadamente .21 euros/kilómetro/día con un límite de hasta 15 kilómetros diarios. Según reportes de estado demuestran que es más eficaz cubrir esta tarifa e incluso genera ahorros así como beneficios personales a cada persona11 .

Por su parte, China, que cuenta con 430 millones de bicicletas, tiene la flotilla más grande del mundo pero el mayor índice de propiedad de bicicletas corresponde a los países bajos, Holanda y Bélgica, que tienen más de una bicicleta por habitante12 .

“México se encuentra a tiempo de cambiar para alcanzar la sustentabilidad y la equidad social. Si el día de hoy comenzamos a planear una mejor movilidad basada en alternativas de transporte público y no motorizado y en la reducción de la intensidad del uso del automóvil, es posible lograrlo”13.

En virtud de lo anterior, y con la intención de que las tecnologías para la movilidad sustentable no motorizada cuenten con estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política nacional sobre el cambio climático que coadyuvan a la reducción de emisiones anuales establecidas para el año 2020, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con las Secretarías de Economía, de Energía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la de Comunicaciones y Transportes, consideren al ciclista y a las tecnologías para la movilidad sustentable no motorizada, como sujetos beneficiarios del sistema de subsidios que promueva las mayores ventajas del uso de combustibles no fósiles, la eficiencia energética y el transporte público sustentable con relación al uso de combustibles fósiles.

Notas

1. Morchin, W. (2006). Electric Bicycles, A Guide to Design and Use. IEEE PRESS.

2. IMCO. (Enero,2012).Movilidad competitiva en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México: diagnóstico y soluciones factibles. http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2012/1/costos_congestion_en_zmvm2 _final_abril.pdf

3. Acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Cambio Climático DOF 03/06/2013

4. Ley General de Cambio Climático. Artículos 92 y 93.

5. Terra Ecología Práctica ; “El retorno de la bicicleta”, 10 de julio de 2014; http://www.terra.org/categorias/articulos/el-retorno-de-la-bicicleta

6. El País , Cataluña. El Área Metropolitana ultima el proyecto de un carril bici entre Barcelona y Esplugues.

23 de Septiembre 2014.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/23/catalunya/1411459 031_815915.html

7. El País , Cataluña; “250 Euros para quien compre una bicicleta eléctrica”, 23 de Septiembre de 2014;

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/23/catalunya/1411459 031_815915.html

8. Portaolio. Aprobada Reducción de Aranceles para Vehículos Eléctricos. 24 de Julio 2013.

http://www.portafolio.co/economia/reduccion-aranceles-ve hiculos-electricos

9. Gaceta Parlamentaria; número 3905-VI, 12 de Noviembre de 2013; http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2013/nov/2013 1112-VI/Proposicion-4.html

10. Twenergy; “Las bicicletas eléctricas triunfan en toda Europa”, 18 de Septiembre de 2014; http://twenergy.com/a/las-bicicletas-electricas-triunfan-en-toda-europa -1386

11. Twenergy; “Las bicicletas eléctricas triunfan en toda Europa”, 18 de Septiembre de 2014; http://twenergy.com/a/las-bicicletas-electricas-triunfan-en-toda-europa -1386

12. Gaceta Parlamentaria número 3905-VI; 12 de Noviembre de 2013; http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2013/nov/2013 1112-VI/Proposicion-4.html

13. ITDP. Planes Integrales de Movilidad. Lineamientos para una movilidad urbana sustentable. México 2012,p.5

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2015.

Diputada Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Chihuahua a armonizar su legislación en materia de feminicidio con la federal y los instrumentos internacionales, a cargo de la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, 76 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Antecedentes

I. Con la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el 1° de febrero de 2007, se establece por primera vez en un ordenamiento jurídico la violencia feminicida, al referirse a la violencia extrema de la violencia de género contra las mujeres, y le añade elementos tales como que se conforma por el conjunto de conductas misóginas, que pueden conllevar impunidad social y del Estado.

II. Posteriormente, en 2011, se incorpora el delito de feminicidio como un nuevo tipo penal, en el catálogo de delitos del orden federal, dándole un tratamiento de homicidio doloso calificado, a quien prive dolosamente de la vida a una mujer, cuando se cometa en ciertas circunstancias y no sólo atendiendo a la calidad de la víctima.

III. De acuerdo con el Inegi, en su clasificación de delitos de 2011, esta clase de delito incorpora todas aquellas figuras típicas en las que, para su configuración, el victimario priva de la vida dolosamente a una mujer bajo ciertas circunstancias como: violencia de género, violencia familiar, desprecio u odio a la víctima, tortura o tratos crueles o degradantes, exista o haya existido una relación de afecto o de confianza entre la víctima y el agresor, la víctima se haya encontrado en estado de indefensión o para ocultar una violación.

IV. El delito de feminicidio se encuentra ligado con la violencia ejercida en contra de las mujeres, es así que la Endireh 2011, reveló que del total de mujeres de 15 años y más, 46.1% sufrieron algún incidente de violencia de pareja a lo largo de su actual o última relación conyugal. El porcentaje fluctúa entre 56.9% en el Estado de México y 29.8% en Chiapas.

V. El 42.4% de las mujeres de 15 años y más, declaró haber recibido agresiones emocionales en algún momento de su actual o última relación que afectan su salud mental y psicológica; 24.5% recibió algún tipo de agresión para controlar sus ingresos y el flujo de los recursos monetarios del hogar, así como cuestionamientos con respecto a la forma en que dicho ingreso se gasta.

El 13.5% de estas mujeres de 15 años y más, confesó haber sufrido algún tipo de violencia física que les provocaron daños permanentes o temporales. Los contrastes por entidad federativa son: el Estado de México con 15.5%, mientras que en Sinaloa alcanzó el 9.7 por ciento.

VI. Las mujeres de 15 años y más, víctimas de violencia sexual cometida por sus propias parejas, representan el 7.3%; ellas declararon haber sufrido diversas formas de intimidación o dominación para tener relaciones sexuales sin su consentimiento.

VII. El delito de feminicidio es sin duda la forma extrema de violencia contra las mujeres, que por lo general se asocia a una violencia sistemática y se encuentran estrechamente vinculados con el odio hacia una condición de género atribuida a las desigualdades que han existido por generaciones y reproducen relaciones de poder inequitativas entre mujeres y hombres, que en la mayoría de los casos, es sufrida en el núcleo familiar por parte del cónyuge, ex parejas o de personas conocidas.

VIII. De acuerdo al Inegi, respecto al feminicidio, en 2010, el total de defunciones registradas ascendió a 592 mil 018 (332 mil 027 hombres y 259 mil 669 mujeres), mientras que las muertes por homicidio fueron 25 mil 757 (23 mil 285 hombres y 2 mil 418 mujeres); es decir, el 4.4% de las defunciones del país fueron por esta causa.

IX. En 2010, a nivel nacional hubo 4.4 defunciones por cada 100 mil mujeres y las tasas de muertes por homicidio por encima de la media nacional, se registran en Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa, Baja California, Guerrero, Tamaulipas, Morelos, Oaxaca, Coahuila y Quintana Roo.

X. Desafortunadamente la condición de las mujeres y el tipo de violencia que enfrentan, se exacerban por la proliferación del crimen organizado y el narcotráfico, lo que hace que se incremente el número de feminicidios. Anteriormente se había tipificado el delito dentro de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero no consideraba penas, lo que lo hacía inoperante. Sin embargo, en diciembre de 2010, el Estado de Guerrero, se convirtió en la primera entidad en incluir el delito de feminicidio en su Código Penal.

XI. Por lo que se refiere a los lugares en donde se perpetra el feminicidio, de acuerdo con información del Inegi, en el último quinquenio cuatro de cada 10 homicidios de mujeres han ocurrido en su hogar, y tres en la vía pública. Es importante señalar que la proporción de muertes de mujeres en la vía pública aumentó de manera considerable, pasando de 27.9% en 2005 a 35.7% en 2009.

Considerando

I. Que la introducción de la palabra feminicidio alude a formas de violencia extrema que conllevan a la muerte de las mujeres caracterizadas tanto por la misoginia en que se originan, como por la tolerancia - expresa o tácita - del Estado e instituciones frente a estas conductas, es decir, la violencia institucional en contra de las mujeres ha contribuido en gran medida a la preservación y reproducción de la sociedad patriarcal, tolerante de la violencia contra las mujeres, en todas sus manifestaciones.

II. Que es entonces que la violencia contra las mujeres hasta privarles de la vida, un problema social que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, consecuencia de la sistemática vulneración de sus derechos fundamentales, los cuales son inherentes a su condición humana, y que por lo tanto deberían de recocerse sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición.

III. Que en ese sentido, es que se coloca a las mujeres como un grupo social en condición de desventaja, al resultar doblemente o innumerablemente victimizada. Entendiéndose por víctima, de acuerdo a los señalado en la Declaración sobre los principios fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y Abuso del Poder , “como las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones y omisiones que violen la legislación penal vigente en los estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.

IV. Que el acceso y la procuración de justicia para las mujeres, se encuentran condicionados no sólo por su situación económica y social, sino por estereotipos de género y socio culturales regionales, por lo que en muchas ocasiones las mujeres que han sido víctimas de la violencia son ignoradas y marginadas, consecuentemente en algunos casos a estas mujeres sus agresores terminan privándoles de la vida.

V. Que ante ello, el Estado debe proporcionar garantías plenas y efectivas de atención, protección, restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. En ese sentido es fundamental la inclusión de la perspectiva de género en la impartición de justicia, ya que en contra sentido, se estaría consintiendo tácitamente con la comisión de delitos contra mujeres.

VI. Que reconociendo lo anterior, hace falta legislar el delito de feminicidio de manera homóloga, a fin de que en cualquier entidad federativa, se castiguen como tal las mismas conductas que prevé el Código Penal Federal, así como la previsión de las medidas de atención a las víctimas, tales como atención y tratamientos médicos, psicológicos, espacios adecuados, personal calificado y capacitado, para la atención, pero lo más importante para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y la preservación de sus vidas, ya que sin duda, el bien jurídico tutelado más preciado es la vida y es en base a este bien, que pueden desarrollarse los demás derechos de que toda persona es titular, por ello la privación de la vida constituye la conducta mayormente reprochable y condenable por la sociedad y por la ley, por lo que se recomienda considerar:

• Tipificar expresamente el delito de feminicidio en el Código penal estatal, contemplando la definición y la sanción conforme al Código Penal Federal, y señalar las circunstancias que consideran que el delito se cometió por razones de género.

• Establecer para su armonización con el Código Penal Federal, la pena de 40 a 60 años de prisión, así como la determinación de la multa correspondiente, acorde al mismo ordenamiento.

• Incorporar entre las circunstancias que se consideran para que el delito sea considerado como feminicidio, cuando:

* La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.

* A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia.

* Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima.

* Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.

* Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.

* La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida.

* El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

• Sancionar en la legislación penal, al sujeto activo del delito de feminicidio con la pérdida de todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

• Sancionar al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia en el delito de feminicidio, armonizándolo con el Código Penal Federal (Pena privativa de libertad, multa y destitución e inhabilitación).

• Ampliar en la ley de violencia estatal, la figura del agravio comparado.

• Incorporar tiempos para emitir la alerta de violencia de género.

• Mandatar explícitamente en la ley de violencia estatal, la especialización de las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con feminicidio; y la elaboración y aplicación de protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de feminicidio.

VII. Dentro del orden jurídico mexicano, existen otras leyes federales que coadyuvan a la contención del fenómeno de la violencia contra las mujeres, tales como:

• Ley General de Víctimas.

• Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

VIII. Que no obstante lo anterior, la violencia en su peor expresión, que causa la muerte de mujeres en todo el país cobrando la vida de inocentes y que la tipificación del delito de feminicidio en el orden jurídico nacional, constituye un hito en la historia de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, es así que de acuerdo a lo establecido en el artículo 325 del Código Penal Federal, la privación de la vida de las mujeres, constituye la máxima afrenta que el derecho penal prevé y sanciona, la conceptualización del feminicidio y su tipificación, encuentran su marco de referencia en diversos instrumentos internacionales y está previsto en él, la adecuación al tipo a través de diferentes causas.

IX. Que es importante recordar que dentro de las recomendaciones hechas al Estado mexicano en materia de derechos humanos, se encuentra llevar a cabo la debida armonización del marco jurídico nacional, que en el delito de feminicidio, se aprecia la existencia de la intencionalidad, es decir la presencia del dolo, ya que concurren la voluntad y la conciencia en el agente activo de ejecutar un hecho con la intención de causar la muerte a una mujer, intención que puede ser determinada de acuerdo a las circunstancias que se señalan en el propio precepto y que se consuma con la muerte de la víctima.

Los sujetos requeridos para que exista el delito de feminicidio son dos, el activo y el pasivo o víctima, aunque pueden existir diversos sujetos activos y diversos sujetos pasivos de este delito. El sujeto activo puede ser cualquier persona, mujer u hombre indistintamente, mientras que el sujeto pasivo siempre será una mujer.

Los objetos que se presentan, como en todo delito, son el material y el jurídico; en este caso el objeto material es la mujer sobre la cual recae directamente el daño, consistente en la privación de la vida de una o más mujeres, con la incidencia de diversos objetos jurídico lesionados, que constituyen cada uno, un bien tutelado por la ley, que son: la vida humana, la integridad física, psíquica, la libertad sexual, la inviolabilidad del cuerpo de las mujeres, actos basados en la discriminación y subordinación implícita en la violencia contra las mujeres.

X. Que en este tipo de delito la conducta típica es privar de la vida a una o más mujeres, que a diferencia del tipo penal del homicidio, este tipo penal si describe diversas causales que señalan formas y medios de ejecución específicos, como el nexo causal entre conducta típica y el resultado típico.

XI. Que la culpabilidad es resultante de la antijuridicidad de la conducta desplegada por el sujeto activo lesionando el bien jurídico tutelado, en ese sentido, en este tipo de delitos, este elemento se encuentra presente, basta estudiar los contextos y las circunstancias en que se perpetra y en donde se evidencia la crueldad y la extrema violencia.

XII. Que dentro de los principales fundamentos para tipificar el delito de feminicidio, se encuentran la igualdad sustancial, la no discriminación, el respeto del derecho de las mujeres a una vida sin violencia y el respeto a la vida de las mujeres.

XIII. Que es importante mencionar que la tipificación del feminicidio, constituye la clasificación independiente, incluyente que visibiliza y reconoce la privación de la vida de mujeres por razones de género, en la que concurren circunstancias especiales de extrema violencia como la tortura, el descuartizamiento, decapitación, la asfixia entre otras, en la que además pueden presentarse otros tipos penales como la violación, la privación de la libertad, la trata de personas, entre otras formas crueles e inhumanas de causar dolor hasta la muerte de una o varias mujeres, lo que justifica plenamente la inclusión de una disposición formalmente separada del tipo penal de homicidio.

XIV. Que el feminicidio surge como medida a la injusticia distributiva, por la selectividad del poder, por la violencia social, por las marcadas desigualdades entre mujeres y hombres, por la falta de acceso a las mujeres a la justicia, entre otras, como una respuesta para crear confianza en el sistema, que ha invisibilizado o minimizado los contextos en los cuales se han perpetrado este tipo de injustos penales que lesionan severamente a la sociedad. Con la aparición de esta figura se obliga al juzgador a realizar un análisis penal exhaustivo de las evidencias en los crímenes de ésta índole.

XV. Que la severidad de la penalidad del delito, hace patente la intolerancia de la desigualdad estructural que ha existido, en perjuicio de las mujeres, en donde se encuentran al extremo de la violencia y de la discriminación por género de las mujeres, por lo que es de estricta justicia exigir al sistema penal la valoración adecuada de la gravedad para la imposición proporcional de las penas.

De lo anterior, se desprende que en el ámbito normativo, se refleja un esfuerzo del Estado mexicano por castigar el delito de feminicidio a fin de estar en congruencia con lo señalado en el derecho supranacional y cumplir con los compromisos internacionales en la materia; y que es una realidad que las mujeres continúan siendo vulneradas en sus derechos fundamentales y humanos por diversos factores, entre ellos por el hecho de ser mujeres, por su estatus social, económico o cultural, así como por la falta de reconocimiento de sus derechos en los cuerpos normativos, en ese sentido se pretende llevar a cabo la armonización del marco jurídico del Estado de Chihuahua, acorde con las normas federales en la materia.

Por lo anteriormente expuesto, es que la suscrita diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, solicita a esta soberanía que sea aprobado de forma urgente el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Congreso de estado de Chihuahua a llevar a cabo la armonización legislativa en materia de feminicidio con base a la legislación federal y a los instrumentos internacionales aplicables en materia de derechos humanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2015.

Diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Gobierno del INEE a difundir los criterios, las herramientas metodológicas y los instrumentos utilizados, así como los que habrán de utilizarse en la evaluación de desempeño docente, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción XVIII; 6o., fracción I; 62, numerales 2 y 3, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los ejes medulares de la reforma educativa aprobada en el año 2013 fue el establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación, cuya coordinación fue atribuida por mandato constitucional al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

De esta manera, el INEE tiene como tarea principal evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Para ello, en ejercicio de sus funciones el INEE ha emitido las disposiciones para la definición de los parámetros e indicadores, así como los elementos, métodos y etapas de la evaluación para el ingreso y promoción al Servicio Profesional Docente, correspondientes a Educación Básica y Media Superior así como, entre otros, los Programas y Calendarios a que deberán sujetarse los procesos de evaluación del Servicio Profesional Docente.

Lamentablemente, a pesar de que el Instituto advirtió, desde la formulación del Programa Anual 2014, los riesgos y las acciones de mitigación respecto de: las plazas a concurso, las convocatorias, la aplicación de las evaluaciones, del procesamiento de datos y la adjudicación de plazas; y, desde luego, las metas y plazos para cada una de las etapas y procesos de la evaluación obligatoria; la información difundida públicamente en torno a los contenidos y alcances de la evaluación realizada en el marco de los Concursos de Oposición para el Ingreso al Servicio en Educación Básica y Media Superior, no fue lo suficientemente explícita para evitar que ante la evidente falta de cultura de la evaluación que persiste en la sociedad mexicana se presentaran cuestionamientos y la interpretación maliciosa de sus resultados.

Es importante reconocer que hubiera sido deseable que la explicación técnica sobre los contenidos específicos de los instrumentos utilizados en la evaluación para el ingreso a la educación básica y media superior; así como los correspondientes a la promoción en educación media superior, se diera a conocer antes que los resultados de la evaluación y, desde luego, que no fue una buena señal el incumplimiento de la fecha establecida para la publicación de los mismos.

A la luz de los resultados obtenidos de los Concursos celebrados en julio y diciembre de 2014, es evidente la falta de sincronía que existe entre los programas de formación inicial docente y lo que se pide a los maestros que enseñen en el aula; como lo es, sin duda, que haber ofrecido una explicación clara y suficiente a la ciudadanía, habría permitido que un proceso que de suyo es transparente y busca fortalecer la calidad de la educación, no se viera empañado con suspicacias e interpretaciones mal intencionadas que lesionan la imagen pública de los maestros.

En este sentido, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, consciente de la importancia de que las evaluaciones sean sistemáticas, integrales, obligatorias y periódicas y que consideren los contextos demográfico, social y económico de los agentes del Sistema Nacional de Evaluación como son los recursos o insumos humanos, materiales y demás condiciones que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se mantiene atento al desarrollo de las evaluaciones del desempeño docente que habrán de aplicarse en las 32 entidades federativas en los próximos meses:

Por ello, considerando que la evaluación de desempeño docente debe centrarse en obtener evidencias que den cuenta de su actuación en el salón de clase y en otros espacios escolares, la comprensión y análisis de factores que intervienen en los procesos de aprendizaje, así como los progresos y las dificultades que enfrentan los maestros en el desempeño de su función docente, para las y los diputados del Grupo Parlamentario Nueva Alianza es indispensable que el Instituto haga pública la información sobre las “pruebas escritas, observación y registro del comportamiento de los docentes y de sus intervenciones en la clase, entrevistas, portafolio de evidencias”, así como el peso que tendrá cada una de ellas, incluyendo los ejercicios de autoevaluación en los resultados de la evaluación de cada docente.

Es importante así mismo que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación responda públicamente a algunos cuestionamientos como son:

• ¿La información del contexto que arrojó el Censo Nacional de Escuelas, Maestros y Alumnos (CEMABE) es pertinente, suficiente y si se está cumpliendo con la actualización que deben realizar las autoridades educativas en sus distintos ámbitos de competencia?

• ¿Existe alguna evaluación de los resultados alcanzados por los Consejos Técnicos Escolares, no únicamente en términos de su integración y funcionamiento, sino de la implementación de los procesos de autoevaluación en los Centros Escolares?

• ¿Se ha realizado algún ejercicio de evaluación previo respecto de la gratuidad, idoneidad, pertinencia y calidad de los programas de formación continua, actualización y desarrollo profesional que se ofrecido a los docentes y al personal directivo y de supervisión desde la aprobación de la reforma educativa?

Si consideramos que el INEE -desde la primera evaluación de los docentes de nuevo ingreso al servicio público (2014-2015- ha reconocido la importancia de hacer un diagnóstico de necesidades de formación a los docentes, con la finalidad de ofrecerles una oferta formativa para el fortalecimiento de sus capacidades y poder evaluarlos para determinar su ingreso formal al servicio, lo es más para que quienes se encuentran en servicio exista una valoración similar. Con ello, se estará dando cumplimiento a su atribución de “Contribuir a la evaluación de los procesos de formación, actualización, capacitación y superación profesional de los docentes”, que le confiere la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

En este sentido, es necesario que el INEE haga del conocimiento de la sociedad en general, y en particular de las maestras y maestros las respuestas a los siguientes cuestionamientos:

• ¿Se ha dado seguimiento a la oferta de asesoría y acompañamiento que se ofrece a los docentes que ingresaron, como resultado de los Concursos de Oposición al servicio docente antes del 15 de febrero de 2015?

• ¿Cuáles son los criterios que utilizarán el Instituto y las autoridades educativas para definir el primer grupo del personal que realiza funciones de dirección y supervisión que deberá someterse en septiembre próximo a la evaluación de desempeño?

Más allá del cumplimiento de lo establecido en el Artículo 68 de la Ley General del Servicio Profesional Docente de dar a “Conocer con al menos tres meses de anterioridad los perfiles, parámetros e indicadores, con base en los cuales se aplicarán los procesos de evaluación”, cuyo plazo se cumple a partir del próximo 15 de marzo, es indispensable que se hagan públicos los criterios, herramientas metodológicas e instrumentos que habrán de utilizarse en la evaluación de desempeño docente que tendrá verificativo en el presente año 2015 a los docentes que decidan participar en los procesos de evaluación con fines de promoción en la función u otras promociones en el servicio que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente.

En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a que haga pública la información amplia y detallada acerca los criterios, herramientas metodológicas e instrumentos que habrán de utilizarse en la evaluación de desempeño docente y presente los resultados de la evaluación en torno a la oferta de formación continua, actualización y desarrollo profesional que se ha otorgado a los docentes desde la puesta en marcha de la reforma educativa, incluyendo la valoración del grado de pertinencia que guarda la misma con los contenidos de las evaluaciones que habrán de aplicarse a partir del año 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de marzo 2015.

Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat, la Profepa y el gobierno de Coahuila a impedir la construcción de un centro de confinamiento de residuos industriales en General Cepeda, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, de la agrupación Movimiento de Regeneración Nacional

Luisa María Alcalde Luján, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y al titular del Poder Ejecutivo de Coahuila a impedir la construcción de un sitio para el reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente establecidos, en el municipio de General Cepeda, Coahuila, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. En diciembre de 2014, 208 ejidatarios de 48 ejidos del municipio de General Cepeda, particularmente de los ejidos Noria de la Sabina y Jalpa, así como 89 ejidatarios de Hipólito, perteneciente al municipio de Ramos Arizpe, en Coahuila, presentaron un escrito de inconformidad ante diversas autoridades federales y locales en contra de la autorización a la manifestación de impacto ambiental modalidad regional (MIA-R) emitida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), correspondiente al proyecto “Construcción de un sitio para el reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados”, mismo que pretende instalar un basurero de residuos tóxicos en el municipio de General Cepeda, dentro del ejido La Noria de la Sabina, con una superficie de 34 hectáreas y capacidad instalada de tratamiento inicial de 40 mil 253 toneladas anuales de desechos industriales.

La inconformidad de los ejidatarios fue interpuesta ante el titular de la Semarnat, así como el titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de dicha Secretaría; también se presentó ante el presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador Rubén Moreira Valdez, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaria del Medio Ambiente de Coahuila. De igual manera, diversos ciudadanos presentaron el 29 de enero de 2015 ante el titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, una denuncia popular en la que se solicitan medidas preventivas en contra del proyecto, así como la revocación inmediata de la MIA-R que se impugna. Sin embargo, ninguna autoridad ha dado respuesta a ninguna de estas solicitudes pese a que fueron presentadas en tiempo y forma, de manera pacífica y respetuosa, como señalan los artículos 8o. y 35, fracción V, de la Constitución Política. El párrafo segundo del artículo 8o. claramente ordena a las autoridades a responder en breve término a los peticionarios por escrito, motivando y fundamentando su decisión, por lo que las autoridades requeridas, particularmente la Semarnat y la Profepa, deben dar cumplimiento inmediato y satisfacer el derecho de petición de los ejidatarios de los municipios de General Cepeda y Ramos Arizpe.

2. Como se evidencia en las diversas denuncias y escritos presentados por los habitantes de la región, el análisis del MIA-R y su respectiva autorización revela una grave falta de pericia y de rigor científico y metodológico en torno al proyecto, mismo que además resulta a todas luces injustificable desde el punto de vista logístico, técnico y económico, en razón de los siguientes motivos:

a) No se justifica la necesidad e idoneidad del proyecto. La autorización del MIA-R afirma sin probar que “se evaluaron distintas alternativas en los alrededores de General Cepeda, siendo la mejor alternativa el predio localizado en el ejido La Noria de la Sabina por cumplir con todos los requisitos de la norma NOM-055-SEMARNAT-2003, la cual establece los requisitos que deben reunir los sitios destinados para un confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados”. Sin embargo, en ninguna parte del MIA-R existe mención alguna ni mucho menos evaluación de distintas alternativas en los alrededores de General Cepeda, cuando por norma general todo proyecto de infraestructura, y en particular los que entrañen riesgos a la salud y el medio ambiente, deben justificar como mínimo la necesidad e idoneidad del mismo.

b) Ausencia de elementos técnicos y metodológicos objetivos. En su autorización, la DGIRA afirma que la información contenida en la MIA-R “aplica instrumentos metodológicos apropiados” para valorar los impactos ambientales que pudieran ser generados por el desarrollo del proyecto, y afirma que fueron presentados “planos topográficos y fotografías que corresponden a los elementos técnicos que sustentan dicha información”. No cabe duda de que una MIA exige rigor científico y metodológico, con minuciosa interpretación, además de otros instrumentos técnicos para fundamentar a cabalidad un proyecto de la trascendencia que se pretende. En consecuencia, la DGIRA tenía la obligación de valorar los elementos técnicos necesarios para tomar una decisión objetiva e informada.

Sin embargo, como la propia autorización admite, los únicos elementos técnicos presentados por la empresa en la MIA-R fueron planos topográficos y fotografías del terreno. No se incluyeron los informes periciales técnicos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC), ni la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), ni la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial (DGPAIRS), ni la Dirección General del Organismo de la Cuenca de Río Bravo, no obstante la solicitud de consulta que la propia Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental les formuló para el caso. Particular atención merece la ausencia de una solicitud de informe pericial técnico a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, ubicada en Saltillo, misma que por su especialidad y experiencia era la más calificada para expedir un dictamen científico respecto a la posible contaminación de los mantos acuíferos, los daños a la flora y fauna de la región, y demás consecuencias negativas en la producción agropecuaria del municipio de General Cepeda.

Ante la evidente ausencia de elementos científicos objetivos, la autoridad debió haber recurrido a la abundante información técnica por la cual fue desechado hace 15 años un proyecto similar en San José de la Paila (ubicado a tan sólo 15 kilómetros del ejido de La Noria de la Sabina), pues en ese expediente se encuentran datos suficientes en cuanto a su proximidad e identidad con la pertenencia a la misma cuenca hidrológica y, por lo tanto, el conocimiento de las corrientes subterráneas y los afluentes superficiales a los arroyos y a la presa de El Tulillo, que con tanta acuciosidad llevaron a cabo expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la propia Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En lo que hace al estudio geológico, hidrológico, hidrogeológico, climatológico, de riesgo sísmico e hidrogeoquímico contenido en la MIA-R, éste se limita a afirmar sin demostrar que “en el acuífero que subyace a la superficie de interés es un agua no apta para el consumo humano por la cantidad de sales disueltas y la salinidad que representa”, lo cual resulta absurdo si se considera que con esa agua sobreviven los habitantes de los ejidos de La Rosa, Tanque San Vicente, Hipólito y Noria de la Sabinas, así como sus cosechas (maíz y forraje) y ganado.

c) Posible afectación a Área Natural Protegida. Por su importancia infranqueable, no debe soslayarse el hecho de que el sitio propuesto para el proyecto se encuentra comprendido dentro del Área Natural Protegida (ANP) registrada como “Sierra de la Paila”, ubicada precisamente en los límites de los municipios de General Cepeda y Parras de la Fuente. Pese a que su área de extensión no se encuentra claramente delimitada en el decreto de protección publicado en 1930 (pues en ese entonces se decretaban zonas protegidas sin determinar coordenadas o puntos reconocibles), no cabe duda de que la Sierra de la Paila tiene un valor de preservación prioritario por la abundante flora y fauna endémica que en ella habita, tal como el oso negro, el venado cola blanca, coyotes, pumas, cotorras serranas, pájaros carpinteros, etcétera. En razón de lo anterior, resulta a todas luces inexcusable que ni la autorización de la autoridad ambiental, ni la MIA elaborada por la empresa solicitante, hayan considerado la existencia de dicha ANP o las posibles consecuencias que el proyecto tendría sobre la flora y fauna endémica de la región.

3. A las inconsistencias y contradicciones de la autorización de la MIA-R debe sumarse el temor fundado de los pobladores de la región de que el proyecto, por sus características, encubra intenciones muy distintas a las que se alegan.

En principio, porque el municipio y el sitio elegido no tiene actividad industrial que sea fuente de desechos peligrosos o de alto riesgo. En realidad se trata de una región esencialmente dedicada a actividades agropecuarias, de turismo paleontológico y pequeña industria, por lo que resulta inverosímil el argumento de que los habitantes de General Cepeda o de sus alrededores se verán beneficiados por el proyecto.

El municipio de General Cepeda colinda con los de Parras de la Fuente, Saltillo y Ramos Arizpe, siendo estos últimos dos donde hay amplia actividad industrial que genera desechos tóxicos o residuos peligrosos, y donde además ya existe un centro de manejo y tratamiento de residuos industriales con capacidad sobrada para la actividad de toda la región. El Cimari (Centro Integral para el Manejo y Aprovechamiento de Residuos Industriales), ubicado en el ejido de Sacrificio y Guadalupe (kilómetro 106 de la Carretera Saltillo-Piedras Negras), abarca una superficie de 6 mil hectáreas y tiene instalaciones para el tratamiento de los residuos de ambos municipios para los siguientes 50 años, ofreciéndose la apertura de 15 celdas por año con capacidad de almacenamiento de hasta 180 mil metros cúbicos. En este sentido, la propuesta y ubicación del proyecto en General Cepeda, por la carretera Saltillo-Torreón, no justifica su traslado por más de 80 kilómetros ya que requerirán de transportación especializada, resultando absurdo abrir nuevos depósitos lejanos cuando los próximos a las zonas industriales resultan sobrados de capacidad.

¿Cuál es entonces la justificación de un proyecto que no representará beneficio alguno para los habitantes de General Cepeda, de su industria o para la industria de la región? La única explicación se encuentra quince años atrás, cuando el Instituto Nacional de Ecología, dirigido por Gabriel Quadri de la Torre, autorizó un proyecto para construir un centro de confinamiento de residuos peligrosos con una superficie de 3 mil hectáreas en el ejido de San José de la Paila, ubicado a tan sólo 15 kilómetros del ejido de La Noria de la Sabina. Los pobladores de la región alegaron que el proyecto era en realidad un basurero industrial que pretendía importar residuos tóxicos, riesgosos e, incluso, radioactivos de Estados Unidos de América, y tras oponerse pública y legalmente al mismo durante ocho años, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa determinó la nulidad de la autorización que otorgó la Secretaría del Medio Ambiente y el Instituto Nacional de Ecología precisamente por la inadecuada justificación técnica y metodológica del proyecto, así como por la vasta información pericial que demostró un riesgo de daño inminente al medio ambiente y a la salud de los habitantes de la región.

4. El derecho internacional público reconoce el “principio precautorio” o “de precaución” como un principio general internacional en materia de medio ambiente. Este principio se define como la respuesta de la autoridad ante la falta de certeza científica sobre los posibles efectos ambientales o de salubridad de determinadas actividades. En consecuencia, el principio precautorio exige a las autoridades a adoptar disposiciones que reduzcan la posibilidad de que determinada actividad o proyecto produzca un daño ambiental grave, a pesar de que se ignore la probabilidad precisa de que dicho daño ocurra. Este principio se encuentra ampliamente reconocido en diversos tratados y declaraciones internacionales de los que México es parte, tales como la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Convenio sobre la Protección del Ozono, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Transformados, entre otros.

Con fundamento en el principio precautorio, la autoridad federal competente debe dejar sin efectos la autorización a la MIA-R en tanto no se realicen los estudios técnicos y científicos necesarios para determinar si el proyecto entraña posibles daños sobre la salud y el medio ambiente de los habitantes, la flora o la fauna de la región. Asimismo, y con base en el mismo principio precautorio, la autoridad municipal debe abstenerse de dar su autorización al proyecto o realizar acción alguna tendiente a modificar el régimen de uso de suelo para convalidar el mismo, en tanto no exista información técnica y científica suficiente para evaluar su supuesta viabilidad o sus riesgos potenciales. En cuanto a los actos y autorizaciones que en el ámbito de sus atribuciones correspondan a la autoridad municipal, éstos deben estar fundados en procedimientos democráticos y transparentes que respeten en todo momento la participación y el derecho a la consulta de los ejidatarios y de sus autoridades representativas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a dejar sin efectos la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional promovida por la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte, SA de CV, para la construcción de un sitio para el reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente establecidos, en el municipio de General Cepeda, Coahuila.

Segundo. Se exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a resolver en breve término la Denuncia Popular interpuesta el 29 de enero de 2015 por diversos ciudadanos en contra de la construcción de un sitio para el reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente establecidos, en el municipio de General Cepeda, Coahuila.

Tercero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Coahuila, a través de la Secretaría de Medio Ambiente del estado, a negar la autorización para la construcción de un sitio para el reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente establecidos, en el municipio de General Cepeda por los riesgos potenciales de daño irreversible al medio ambiente y a la salud de los habitantes de la región.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2015.

Diputada Luisa María Alcalde Luján (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sectur y el director general de ProMéxico a realizar una campaña destinada a atraer la inversión hotelera en Palenque, Chiapas, a cargo del diputado Simón Valanci Buzali, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Simón Valanci Buzali, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Como establece el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el turismo representa la posibilidad de crear trabajos, incrementar los mercados donde operan las pequeñas y medianas empresas, así como la posibilidad de preservar la riqueza natural y cultural de los países.1

Nuestro país cuenta con diversos municipios turísticos, en diversas entidades federativas que tienen una gran riqueza, tanto natural como cultural, lo que los coloca dentro de los sitios más visitados por nacionales y extranjeros, y que a pesar de esa afluencia turística carecen de la infraestructura necesaria para brindar un adecuado servicio.

Tal es el caso de Palenque, un municipio del Estado de Chiapas, que cuenta con diversos lugares a visitar. Por mencionar algunos:

• La zona arqueológica de Palenque, la cual fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

• Bonampak y Yaxchilán, las cuales también son zonas arqueológicas localizadas a 140 y 165 kilómetros de Palenque.

• Centro Ecoturístico la Cañada.

• Centro Ecoturístico Valle de Bascán.

• Centro Ecoturistico Bajlum Pakal.

• Cascadas de Agua Azul.

• Cascada La Asunción2

Además, Palenque ha crecido en popularidad entre los turistas, ya que en los últimos años se ha registrado un aumento de visitantes en ésta zona llegando a ser la quinta zona arqueológica más visitada en nuestro país, la cual recibió a 476 mil 946 visitantes durante el 2014.3

También, se construyó el Aeropuerto Internacional en Palenque, con la finalidad de promover aún más el turismo hacia esta zona y contribuir con una facilidad de acceso. La importancia de esta obra de infraestructura se centró en la conectividad aérea, el impulso al sector turístico, la generación de empleos y mayores recursos para las familias.4

A pesar de todos los atractivos turísticos con los que cuenta, de la popularidad de la que es propietario y las mejoras en la infraestructura para su conectividad con el mundo, Palenque no ha crecido en servicios turísticos de una forma proporcional a su concurrencia, ya que carece de una oferta hotelera para alojarse en el lugar, lo que provoca que éste municipio sea considerado como un sitio de paso y no se tenga un crecimiento económico favorable por la fuga de recursos ocasionada por esa situación.

Es por ello que urge la inversión de hoteleros que fortalezcan la oferta hotelera en Palenque, ya que debido a que el número de cuartos es insuficiente, los turistas nacionales y extranjeros tienen que pernoctar en Villahermosa, Tabasco.5

Lo que Palenque necesita es la inversión para la construcción de más centros ecoturísticos, que sean ambientalmente responsables y que traten de conservar, lo mejor posible, la naturaleza y la cultura de la región, para que así se provoque un involucramiento activo y socioeconómico que beneficie a las poblaciones locales.

Para ello, ProMéxico, siendo un organismo del gobierno federal encargado de coordinar acciones encaminadas a la atracción de inversión extranjera, debe colaborar en esta ardua tarea, junto con la Secretaría de Turismo, para hacer de Palenque una región turística con excelente oferta hotelera.

Dentro de los objetivos enmarcados en los Lineamientos para la operación de los apoyos y servicios de ProMéxico, se encuentra el de apoyar la atracción de inversión extranjera a través de ferias, seminarios, foros y otras formas de difusión y encuentros con inversionistas internacionales, tanto en México como en el exterior,6 mientras que la Secretaría de Turismo tiene como misión conducir el desarrollo turístico nacional, mediante las actividades de planeación, impulso al desarrollo de la oferta, apoyo a la operación de los servicios turísticos y la promoción, articulando las acciones de diferentes instancias y niveles de gobierno.7 Es por estas razones que dichas instituciones son las adecuadas para impulsar en Palenque la inversión necesaria para que cuente con una amplia oferta hotelera.

Así, ProMéxico y la Secretaría de Turismo, podrán crear una campaña que incentive a los inversionistas hoteleros, tanto nacionales como extranjeros, para que empleen parte de sus recursos en la construcción de hoteles sustentables en la zona arqueológica de Palenque.

Es por lo anteriormente expuesto, y porque México es uno de los países más competitivos para la inversión productiva a nivel internacional debido a su estabilidad macroeconómica y política, baja inflación, tamaño y fortaleza de su mercado interno, tasa de crecimiento económico y su capacidad para generar manufactura avanzada,8 que se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Turismo y al Director General de ProMéxico para que en colaboración realicen una campaña destinada a atraer la inversión hotelera al municipio de Palenque, Chiapas.

Notas

1 Consultado en: http://pnd.gob.mx/, 19 de enero de 2015, 13:40 horas.

2 Consultado en: http://www.palenque.gob.mx/lugares-a-visitar, 19 de enero de 2015, 13:45 horas.

3 Consultado en: http://www.unionchiapas.mx/articulo/2014/10/13/cultura/palenque-quinta- zona-arqueologica-mas-visitada, 19 de enero de 2015, 17:58 horas.

4 Consultado en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/02/12/inauguran-aeropuerto-inte rnacional-en-palenque-chiapas-8233.html, 19 de enero de 2015, 14:38 horas.

5 Consultado en: http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=430237&po=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=430237&po=4, 19 de enero de 2015, 18:46 horas.

6 Consultado en:
http://www.promexico.gob.mx/documentos/pdf/LineamientosV 601ene2014.pdf, 19 de enero de 2015, 13:53 horas.

7 Consultado en: http://www.sectur.gob.mx/conoce-la-sectur/vision-y-mision/, 19 de enero de 2015, 19:18 horas.

8 Consultado en: http://www.promexico.gob.mx/, 19 de enero de 2014, 13:51 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2015.

Diputado Simón Valanci Buzali (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la Conagua a promover e impulsar acciones para el aprovechamiento de agua pluvial, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Karen Quiroga Anguiano, diputada federal de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene como objetivo principal incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado en las comunidades urbanas, promoviendo la sostenibilidad de los servicios. Asimismo una, de sus principales estrategias, es mejorar el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico con el fin de incrementar los recursos presupuestales y financieros públicos y privados para mejorar la distribución del agua y así lograr la aplicación en los proyectos de inversión del sector hidráulico. También tienen a su cargo consolidar la investigación aplicada y la transferencia tecnológica.

En el Programa Nacional Hídrico contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece que la Conagua fortalece la gestión integrada y sustentable del agua, preserva el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, incrementa las capacidades técnicas, científicas y tecnológicas del sector, así como asegura el agua para el riego agrícola, energía, industria, turismo y otras actividades económicas y financieras de manera sustentable.

En esta misma tesitura se debe de considerar que en México uno de los principales desafíos para las zonas urbanas es la distribución equitativa del agua. Por lo tanto uno de los principales problemas de dicha distribución corresponde al ámbito de la poca inversión que se le ha dado a los proyectos hidráulicos, por ejemplo el aprovechamiento del uso de agua pluvial.

La importancia del estudio de la sustentabilidad ambiental con énfasis en la cuestión hidráulica necesita de la responsabilidad en el aprovechamiento del uso de los recursos hidráulicos, para algunos autores “la situación mundial del agua a nivel urbano es cada vez más crítica a consecuencia de la sobreexplotación de los cuerpos de agua (superficial o subterránea) y de su contaminación” (Rodríguez, L. Morales, J., 2007, página 41), es decir, se deben de construir obras con tecnología e innovación para el aprovechamiento de agua pluvial para generar agua en lugar de sobreexplotarla. Hasta ahora sólo se ha tratado de revertir el problema construyendo infraestructura para mejorar el desagüe pero no se trata sólo de desechar sino de reutilizar el agua de lluvia.

Otro punto que se debe de considerar es que en México se consolido el drenaje profundo el cual es un acto de la cultura contra el agua, dicho de otra manera, donde había valles, montañas, bosques, laderas, ríos, navegación, lagos canales, ahora hay carreteras, tranvías, viaductos, periféricos, ejes viales y dobles pisos y si bien esto atrae inversión y desarrollo se necesita de una buena gestión del agua para reutilizar el agua de pluvial y evitar las posibles inundaciones que se pueden provocar por este hecho.

Por otro lado la escasez del agua se debe a un alto crecimiento urbano. Sin lugar a dudas considerar el estado actual del problema de la sobreexplotación, los expertos mencionan sobre el tema de abastecimiento del recurso ha sido logrados gracias a los acuíferos del área metropolitana del valle de México (AMVM) que han llegado a una sobreexplotación de las cuencas de Lerma y Cutzamala, este origen de abastecimiento provoca costos muy elevados que hasta ahora sólo han sido cubiertos con subsidios, en lugar de invertir en innovación y tecnología para revertir dicha situación.

Es por ello que hasta ahora no se ha dado una solución sostenible ante la problemática de la sobreexplotación, actualmente “en la cuenca hay una sobreexplotación de agua subterránea del 200 por ciento, ya que extrae de los seis acuíferos un volumen de 2 mil 71 hectómetros cúbicos (66m³/?), mientras que la recarga natural proveniente de la lluvia es de 669 hectómetros cubículos.” (Breña, 2007) Siendo así el grado excesivo de sobre explotación se ha generado una escasez en la cuenca en México por la falta de proyectos que incentiven el eficiente abastecimiento del recurso, que actualmente es considerando un derecho humano: el agua.

Asimismo está falta de programas y proyectos hidráulicos traen como consecuencia hundimientos que se dan en las zonas donde se encuentran los acuíferos sobreexplotados los cuales son: Distrito Federal, Cuautitlan, Teoloyucan, San Vicente Chicoloapan, Tutitlán, Ecatepec, Tizayuca, Tepotzotlán, Coacalco, Zumpango, Chalco, Amecameca y Tláhuac (Breña, 2007). Estas zonas bien pueden comenzar con un uso razonable y sustentable del agua, con la inversión en programas que coordinen inversiones en la captación de agua pluvial, y así coadyuvar a evitar los hundimientos. En este mismo orden de ideas la situación actual del sistema de abastecimiento para la Ciudad de México en su gran mayoría son pozos y los sistemas de Lerma y Cutzamala, además el crecimiento de la mancha urbana ha generado un incremento en las zonas donde se producen escurrimientos, es decir, las autoridades tiene que construir infraestructura para evitar desgracias y controlar las inundaciones. Por lo mismo el uso del agua de lluvia o residual es considerada la acción de primer orden para poder tener un abastecimiento de agua menos desigual (Merino, 2000).

Por lo anterior es necesario crear acciones que representen un uso adecuado del agua, por ejemplo el agua en las zonas urbanas se ve afectado el insumo en la medida que el crecimiento urbano va en incremento, en México el uso urbano abarca el 73 por ciento, siendo así hasta ahora la zona metropolitana de la ciudad de México considerada como la zona de urbanidad más grande y por lo tanto compleja al momento de resolver problemas.

Lo anterior implica que la economía de un país como México donde la mayoría de su población es urbana crece más que en las que la de los países que no son urbanizados. Esto se da por la productividad de las empresas por la gran mano de obra que tiene a comparación de los que tienen mayoritariamente zonas rurales.

Los análisis que se han hecho a las zonas urbanas prevén que va en incremento las zonas con mayor urbanización. El abastecimiento del agua en este sentido tienen un gran reto para poder dotar a estas zonas urbanas que benefician a la economía pero al mismo tiempo es un reto para los gobiernos poder responder a los servicios que implica atender a la población urbana como lo son: agua potable, alcantarillado y saneamiento en las localidades urbanas.

Bajo el anterior orden de ideas es por lo que la Conagua debe de cumplir con sus objetivos y estrategias a fin de asegurar que estos sectores urbanizados que tienen menos distribución del agua y llegan al conflicto no dan cuenta que el tema de la distribución tiene que ver con aspectos administrativos, jurídicos, normativos, ambientales que bien se pueden llegar a solucionar a partir de proyectos y programas que incentiven el tema actual de sustentabilidad.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a promover e impulsar acciones mediante programas y proyectos para el aprovechamiento de agua pluvial.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2015.

Diputada Karen Quiroga Anguiano

Con punto de acuerdo, relativo a la creación de la universidad de la energía, en Villahermosa, Tabasco, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La cobertura en educación superior en el país, alcanza apenas a alrededor de un 24% del grupo de edad escolar correspondiente, y la oferta que mantiene y reproduce se ubica en disciplinas que ya no se corresponden con la producción y transferencia de nuevas áreas del conocimiento moderno, de tipo inter y transdisciplinario.

Efectivamente, como se ha dicho en otras partes, la educación no puede solucionar ni la pobreza ni las crisis políticas, pero sin ninguna duda, sin su intervención no podrán edificarse las bases constitutivas de un nuevo desarrollo más justo y democrático. Es una condición necesaria aunque no siempre suficiente.

Esto supone el impulso a la creación de un tipo de universidad y de sistema de producción de conocimientos distinto, que haga de lo educativo y de la educabilidad un proceso institucional compartido, participativo y deliberativo para centrar sus objetivos en construir nuevos conocimientos que puedan ser apropiados con fines de transformación y liberación. Ello tiene que ver también con la redimensionalidad de esta formación y de la construcción educativa, con la gestión de los conocimientos y su organización desde formas distintas, porque desde allí es que se reproducen modelos de organización social, familiar y relaciones interpersonales que pueden superar las actuales estructuras piramidales, asimétricas y autoritarias, por otras de corte eminentemente participativas y comunitarias, que puedan llegar a operar por encima de las prácticas dominantes que buscan en lo fundamental la desorganización y la confrontación de los grupos mayoritarios de la sociedad entre sí, para diferenciarlos y sojuzgarlos.

Es por ello que la propuesta que aquí se presenta, busca incrementar la capacidad del sistema de educación superior nacional, así como organizar la oferta educativa en áreas de frontera y de gran impacto en la sociedad y la producción, ubicando la misma en un estado, como lo es el de Tabasco, en donde se cuenta con condiciones óptimas para el despliegue de esta propuesta, dada su cercanía con campos petroleros, sus excepcionales condiciones medioambientales que deben protegerse, una gran capacidad educativa y tecnológica instalada y la infraestructura para lograrlo, así como con la voluntad política de un gobierno, como el del licenciado Arturo Núñez, que ha decidido ubicar la educación como prioridad de su política pública, desde una visión adecuada a la construcción de una sociedad del conocimiento, y del aprovechamiento de los saberes para fines de bienestar y desarrollo económico y social.

Desde las perspectivas estratégicas de una propuesta como ésta, se debe concebir que el cambio estructural de una Universidad de la Energía debe ser un imperativo, y que en éste juega un papel muy relevante la puesta en marcha de decisiones que se orienten de manera explícita a la innovación y al cambio de manera integral en el conjunto del sistema educativo. El propósito fundamental de esta acción debe estar dirigido a fortalecer los componentes claves de la integración y la articulación de los sujetos, instituciones, agencias y recursos para garantizar una estructura flexible de redes y de movilidad académica que evite sustituir, alterar o dirigir la iniciativa local.

Crear la Universidad de la Energía en la zona centro del estado de Tabasco, como una institución de investigación y formación de profesionales relacionados con los campos del conocimiento de la existencia, aprovechamiento, control y producción de la energía desde tres ámbitos de su estudio y aplicación, a saber: el subsuelo, el suelo y la atmósfera.

Dar sustento a la creación y desarrollo de una IES, en un estado que cuenta con todos los componentes y elementos del contexto de su aplicación, como lo es el de Tabasco.

Este proyecto de creación de una nueva universidad, por el modelo de innovación que impulsa, estaría organizado para producir y transferir un alto valor social en conocimientos y aprendizajes relacionados con la Energía, con la pertinencia y responsabilidad social en sus tareas y procesos académicos, y de bien público de la institución hacia su entorno. La transformación de sus estructuras irán tomando el cuerpo de una red que se sostiene en plataformas de cooperación interinstitucionales de todo tipo y nivel desde proyectos compartidos, con un muy amplia movilidad de académicos y estudiantes, con la coparticipación de recursos, instalaciones y equipo y con una orientación educativa no punitiva sino sustentada en un aprendizaje múltiple, significativo, complejo, interdisciplinario e inter y transcultural. Los valores educativos se comparten y son motivo de análisis e investigación, la docencia se articula con la investigación cognitiva y se da un fuerte impulso a la investigación estratégica con el objetivo de que el cambio de contenidos sea permanente y en correspondencia con el logro de objetos de conocimiento y aprendizaje, la creación de nuevas habilidades y capacidades de resolución de problemas desde el contexto de su aplicación. Este modelo se articula con una amplia posibilidad de innovación, con actores comunitarios y regionales, nacionales e internacionales que la impulsan de adentro hacia afuera de la universidad.

Esta concepción de nueva universidad, se sostiene en la construcción de una identidad que hace posible la fortaleza institucional enraizada en la problemática social, en la comprensión de la necesidad de impulsar un desarrollo original, en la búsqueda de reconstituir las capacidades de las personas como actores reales de su proceso cognitivo y en evitar que la educación siga siendo un mecanismo de desigualdad, de violencia, de competencia mercantil y de diferenciación racista.

Desde la formulación académico-institucional anterior, la estructura y proceso académico (así como las carreras que se proponen) de la Universidad de la Energía, sería la siguiente:

1. Primer Tramo formativo: Tronco Básico interdisciplinario. Duración dos semestres.

2. Segundo Tramo Formativo: ingreso a alguna de las tres áreas de conocimiento:

a) Energía del Subsuelo (geofísica, geología, gas, petróleo, minerales, etcétera;

b) Energía del Suelo, áreas acuíferas y marítimas (ríos, mar, extracción petrolera, medio ambiente, sustentabilidad, nuevas tecnologías de aplicación, etcétera;

c) Energía de la Atmósfera (viento, sol, ciencias del espacio, etcétera).

3. Tercer Tramo Formativo: ingreso a la especialidad en alguna de las tres áreas anteriores, sobre la base de proyectos de generación de conocimientos, su aplicación y generación de empresas relacionadas.

Por lo anteriormente expuesto presentamos ante el pleno de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que en junto con Petróleos Mexicanos (Pemex) impulse la creación de la Universidad de la Energía el estado de Tabasco, como una institución de investigación y formación de profesionales relacionados con campos del conocimiento para el aprovechamiento y desarrollo de la energía, desde tres ámbitos de su estudio y aplicación, a saber: el subsuelo, el suelo y la atmósfera en el Estado de Tabasco con recursos compartidos para su ejecución y función.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 3 días del mes de marzo de 2015.

Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Conaculta y el INBA a rendir un homenaje nacional a Raquel Tibol, a cargo del diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, diputado federal a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguientes

Consideraciones

El 22 de febrero murió en la ciudad de México Raquel Tibol, escritora, periodista, curadora y promotora cultural, a quien se consideraba como la decana de la crítica de arte en nuestro país.

Argentina de nacimiento y mexicana por decisión, Tibol, cuyo verdadero apellido era Rabinovich, vivió una vida intensa y envidiable, toda vez que se codeó con los grandes genios de la plástica mexicana, a quienes no estimó admiración ni mucho menos su crítica.

Autora de más de cuarenta libros, Tibol fue distinguida con la amistad de Diego Rivera y Frida Kahlo, quienes la introdujeron al mundo de la plástica. “El contacto con Frida y Diego me conmocionó, era tan diferente a todo lo que yo había vivido que nunca terminaré de agradecerle a Diego esa invitación”, llegó a decir Tibol.

De Raquel Tibol se agradece lo mordaz de su crítica, su independencia y honestidad intelectual, pues antes que complacer personajes o camarillas, prefirió siempre anteponer su visión sobre el arte, gustara ésta o no. “La crítica de arte que se hace hoy día debería de ser más aguda, menos mafiosa. Muchos de los críticos escriben de sus amigos o de las corrientes que privilegian. Un verdadero crítico, hoy por hoy, en un panorama tan plural como el que estamos viviendo, debe girar 180 grados su mirada y abarcarlo todo, cosa que no está ocurriendo”, señaló hace siete años mientras era galardonada con la medalla Bellas Artes.

La ausencia de Tibol deja un espacio en la plástica mexicana que será difícil de llenar. Por eso es que se hace necesario un reconocimiento a su trayectoria, la cual es sinónimo de libertad y compromiso con las ideas, antes que con las personas o sus intereses.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y a la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a efecto de que se rinda un homenaje nacional a Raquel Tibol.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2015.

Diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Órgano Interno de Control en la Sener a verificar y vigilar a los servidores públicos de ésta encargados de implantar diversas disposiciones administrativas, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Karen Quiroga Anguiano, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

EL 11 de agosto de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Hidrocarburos, en la que se establece en su Artículo 80 fracción II, que le corresponde a la Secretaria de Energía, determinar la política pública en materia de energía aplicable a los niveles de almacenamiento y a la garantía de suministro de hidrocarburos, a fin de salvaguardar los intereses y la seguridad nacionales, mediante medidas que deberán cumplir los permisionarios que se establecerán mediante disposiciones de carácter general.

De acuerdo con el artículo 84, fracciones VII, XVIII y XXI de la Ley de Hidrocarburos son obligaciones de los permisionarios prestar los servicios de forma eficiente, uniforme, homogénea, regular y continua; presentar anualmente el programa de mantenimiento de sus sistemas e instalaciones, y comprobar su cumplimiento con el dictamen de una unidad de verificación debidamente acreditada, así como presentar la información que les sea requerida por la Secretaría de Energía.

En el transitorio vigesimoséptimo de la Ley de Hidrocarburos, establece que la regulación a cargo de la Secretaria de Energía, será hasta el 31 de diciembre de 2015.

No obstante, que la regulación para los permisionarios de gas licuado de petróleo se estableció hasta el 31 de diciembre del año en curso, los hechos ocurridos el pasado 29 de enero de 2015, donde la Procuraduría capitalina informó que como consecuencia de la explosión de una despachadora de gas, se derrumbó al menos un 70% del hospital materno infantil ubicado en Cuajimalpa, cobrando la vida de tres personas adultas, cuatro bebés y 22 menores, así como 32 personas adultas heridas, lo anterior es una tragedia que no puede quedar desapercibida. .

Adicionalmente a lo anterior, desde 2008 se han registrado 21 denuncias y sanciones, así como cuatro accidentes de explosión, contra la empresa Gas Express Nieto, a lo que se suma el incidente ocurrido en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa.

El 13 de septiembre de 2009, en Xalapa, Veracruz, una camioneta cargada con 46 tanques de uso doméstico se impactó de frente con un automóvil estacionado, lo que dejó daños por más de 15 mil pesos y lesionado a Roberto Azael Callejas Lara, de 25 años, quien quedó prensado entre su vehículo y un montículo de piedras.

En 2012, un tanque de gas doméstico en mal estado explotó en una vivienda de la colonia San Francisquito, en Querétaro, dejando quemaduras de segundo grado a Carolina San Elías Arreguín y a dos bomberos.

Ese mismo año, otra pipa chocó contra un poste de luz al quedarse sin frenos, en la colonia El Tanque, delegación Magdalena Contreras, Ciudad de México, lo que provocó la fuga del tanque de gas del vehículo. Se desalojaron los inmuebles de la zona, entre ellos un jardín de niños; no hubo víctimas.

El 29 de julio de 2014 se registró un estallido en la clínica Río de Luz, en la colonia Cerrito Colorado, en Querétaro, al chocar una pipa con un vehículo particular; el saldo fue de ocho personas lesionadas y tres fallecidas, entre ellas una niña de siete años, además de casas y vehículos afectados.

Si bien existe un sin número de normatividad vigente, los accidentes ocasionadas por gaseras siguen persistiendo tan sólo recientemente el día 24 de febrero, continúan registrando accidentes; por ejemplo la ocasionada por la volcadura de una pipa de Gas Express Nieto sobre la carretera México-Toluca.

En consecuencia de todo lo anterior, la Secretaría de Energía se vio obligada a emitir disposiciones de carácter general antes de lo señalado en el transitorio vigesimoséptimo de la Ley de Hidrocarburos, para establecer medidas para aquellos permisionarios de gas LP en materia de mantenimiento y sustitución de infraestructura y equipos, así como capacitación de personal publicados el 25 de febrero de 2015 en el Diario Oficial de la Federación.

En dichas disposiciones se establece que los permisionarios deberán contar con instalaciones y equipo necesario, de su propiedad o en legitima posesión, que cumplan con las especificaciones técnicas y condiciones de seguridad previstas en las normas oficiales mexicanas aplicables para la prestación de servicio y capacitarán a su personal de conformidad con la normatividad vigente, así como sujetar a un programa de mantenimiento sus instalaciones y equipo.

Los permisionarios estarán obligados a que al menos el 52 por ciento de los cuarenta y un centavos por kilogramo del margen comercial será dedicado a sustitución de equipo y como máximo el 48 por ciento restante se destinara a mantenimiento y capacitación en materia de prevención y atención de siniestros.

Dada la relevancia de las disposiciones emitidas por la Secretaria de Energía y descritas con anterioridad, es que debe existir una permanente vigilancia y verificación del personal de la Sener encargada de su establecimiento para evitar actos de corrupción o hechos negligentes que ocasionen eventos trágicos que impliquen más pérdidas de vidas humanas.

Por todo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Órgano Interno de Control adscrito a la Secretaría de Energía, para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades verifique y vigile a los servidores públicos de dicha secretaría responsables de implementar las disposiciones administrativas de carácter general que establecen medidas para los permisionarios de distribución de gas licuado, petróleo relativas al cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de mantenimiento y sustitución de infraestructura y equipos, así como capacitación de personal, publicadas en la Diario Oficial de la Federación el miércoles 25 de febrero de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de marzo de 2015.

Diputada Karen Quiroga Anguiano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la instauración de oficinas consulares de Estados Unidos de América en Tabasco, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentas ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Siguiendo a nuestras buenas tradiciones diplomáticas y consulares con los Estados Unidos de Norteamérica, se considera prudente revisar los puntos estratégicos para la ubicación de los consulados de los vecinos del norte en zonas que se han vuelto puntos valiosos para seguir alimentando esas relaciones.

Lo anterior, corresponde a la valiosa situación en la que se encuentra Tabasco y lo que un consulado de Estados Unidos significaría en un estado fronterizo y puerta con Centroamérica. Si bien, en Tabasco se cuenta con agencias consulares de El Salvador y la Embajada de Guatemala en el municipio fronterizo de Tenosique, sería prudente negociar con el gobierno estadounidense para que se instaure una oficina consular en territorio tabasqueño.

La situación de Tabasco en la materia han cambiado y con ello, sus necesidades. Cada vez más ciudadanos tabasqueños (empresarios, funcionarios e incluso migración de diferentes nacionalidades) necesitan los servicios consulares de los Estados Unidos. El servicio más cercano a Tabasco, se da en las oficinas consulares de la Embajada de los Estados Unidos ubicadas en Mérida, Yucatán haciendo poco operativo y de difícil acceso derivado de la distancia y traslado para poder asistir a estos servicios consulares.

Según la Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares, los estados parte como lo es México, teniendo presente que previamente han mantenido relaciones de esta naturaleza desde hace tiempo (por la geografía natural de los dos Estados) cuenta los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos a la igualdad soberana de los Estados, al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales y al fomento de las relaciones de amistad entre las naciones...

Por lo tanto la Sección Primera, artículo 2 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares del 24 de abril de 1963 establece que

Establecimiento de relaciones consulares

1. El establecimiento de relaciones consulares entre Estados se efectuará por consentimiento mutuo.

2. El consentimiento otorgado para el establecimiento de relaciones diplomáticas entre dos Estados implicará, salvo indicación en contrario, el consentimiento para el establecimiento de relaciones consulares.

3. La ruptura de relaciones diplomáticas no entrañará, ipso facto, la ruptura de relaciones consulares.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno de Tabasco en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) busque a través de los Tratados Consulares bilaterales y de las respectivas legislaciones internas, la instauración inmediata de oficinas consulares de los Estados Unidos de América en territorio del estado de Tabasco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de marzo de 2015.

Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sener y la STPS a establecer con las autoridades estatales y las municipales de protección civil un programa o acciones de verificación y detección de irregularidades de las tomas de gas natural o LP en las unidades habitacionales del país, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Karen Quiroga Anguiano, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción 1; 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La pasada explosión del hospital Materno Infantil Cuajimalpa ocurrida el pasado 29 de enero del presente año y que por desgracia dejó 73 heridos y tres personas fallecidas, ha alertado a las autoridades de todos los órdenes de gobierno a trabajar coordinadamente para la verificación, detección y prevención oportuna de cualquier anomalía en las prestadoras de servicio de este producto.

A partir de este lamentable suceso, la propia Secretaría de Energía puso en práctica sus facultades de investigación y verificación en materia de seguridad industrial, con el operativo practicado a dos plantas de distribución de gas LP de la empresa Gas Express Nieto, dando por resultado la inmovilización de once pipas, nueve camiones de reparto, siete cilindros en mal estado y la clausura de cuatro tanques de almacenamiento.

Aunado a ello, con las recientes volcaduras de los tanques de gas de la empresa Gas Express Nieto, la última acaecida el pasado 24 de febrero de este año, y en menos de un mes de la catástrofe del hospital infantil, ha generado una psicosis entre la ciudad y los mexicanos por tomar mayores precauciones y obliga a las autoridades capitalinas y federales a realizar acciones mayores de prevención y verificación de los diversos puntos de abastecimiento, distribución y suministro del gas.

Un factor clave para la temprana detección de este tipo de irregularidades se encuentra en las diversas unidades habitacionales que existen en todo el territorio mexicano. Muchas familias que viven en condominio ya sea vertical u horizontal, tienen tomas de gas natural o por tanques en zonas al aire libre o en las diversas áreas comunes del condominio, ya sean toman personales o prorrateadas. Esto se traduce en decenas y tal vez cientos, de diversas tomas de gas en un mismo conjunto habitacional que multiplica el riesgo a los mexicanos que habitan un mismo predio.

La antigüedad, el deterioro, algún caso fortuito o de fuerza mayor, incluso la posible negligencia de alguna constructora de algún edificio, pueden ser causales de alguna ruptura, desajuste o irregularidad en alguna de estas tomas de gas que se traduce en un peligro inminente en los habitantes de una unidad habitacional. Tan sólo en el año 2013, el propio Distrito Federal quien concentra la mayor parte de unidades habitacionales en todo México, reportó a través de la Procuraduría Social del Distrito Federal, que de los ocho mil condominios registrados, cuatro mil sufren de algún deterioro físico o de riesgo, que pueden ser fallas estructurales, deterioro sísmico, geológico o por inundación.

Por ello resulta necesario que la propia Secretaría de Energía en coordinación con diversas autoridades como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y las autoridades encargadas de la Protección Civil de cada estado y municipio, trabajen conjuntamente para programar visitas a las diversas unidades habitacionales, especialmente aquellas de escasos recursos y de interés social con mayor antigüedad, para que se verifiquen todas y cada una de los puntos de contacto con gas natural o LP, con el fin de evitar nuevas catástrofes y en beneficio de la seguridad de los millones de mexicanos que habitan bajo este tipo de vivienda.

Por todo lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de Energía, y del Trabajo y Previsión Social, para que de manera conjunta establezcan con las autoridades encargadas de Protección Civil de los estados y municipios, un programa o acciones de verificación y detección de irregularidades de las tomas de gas natural o LP en las unidades habitacionales de todo el país, tendientes a salvaguardar la vida y tranquilidad de sus habitantes

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de marzo de 2015.

Diputado Karen Quiroga Anguiano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y el INAH a realizar acciones para investigar, proteger y conservar los vestigios arqueológicos que se encuentren en el terreno que ocupará el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Zuleyma Huidobro González integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea proposición acuerdo de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los mexicas, en un largo peregrinar de más de 200 años desde su lugar de origen, que data se encontraba ubicado al norte de Mesoamérica, llegaron a esta región que estaba ocupada por diversos grupos humanos con desarrollos culturales complejos y florecientes.

Hacia el año 1325 de nuestra era, se establecieron en un islote ubicado en la parte occidental del lago de Texcoco a cambio de pagar tributo a los tepanecas de Azcapotzalco, quienes eran dueños de esa parte del lago.

El grupo errante estableció su ciudad en el lugar donde vieron dicha señal, la cual consistía en un águila parada sobre un nopal, y la llamó México-Tenochtitlan

De acuerdo con su historia, el lugar de la fundación les fue indicado mediante una señal por su dios tribal, Huitzilopochtli, quien se comunicaba con ellos a través de su sacerdote.

Actualmente es una zona ocupada en gran parte por la ciudad de México y su área conurbada, y muy poco queda ya de los grandes cuerpos de agua que proporcionaron todo un modo de vida a los grupos humanos que desde hace cerca de treinta mil años comenzaron a poblar esta región, que ahora conocemos como cuenca de México y que los mexicas llamaban Anáhuac.

Con el pasar de los años, la constante devastación, despojo, saqueo, que ha sufrido México en su patrimonio cultural autóctono e indígena, sumado a la falta de aprecio y respeto de tales bienes, trae como consecuencia su destrucción y la no divulgación del acervo cultural de nuestro país, a generaciones futuras.

Una serie de factores como la densidad poblacional, la necesidad de mejores de servicios, la modernidad y la voracidad de las empresas coludidas con las autoridades mexicanas, pueden vulnerar el acervo arqueológico y paleontológico de la zona del ex lago de Texcoco.

Nuestros museos se encuentran repletos de ejemplos del esplendor de las culturas que existían en este territorio antes de la llegada de los españoles y nuestras calles y plazas exponen las impresionantes edificaciones que heredamos de las épocas de la conquista y la colonización.

Sin embargo, la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México pone en peligro, dicho acervo, aseguro el arqueólogo Luis Morett Alatorre, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo.

Quien afirma que se realizaron investigaciones en los meses de mayo y junio de 2003, con especialistas de los Estados Unidos y la India, localizando más de 280 puntos con restos de asentamientos o campamentos temporales y/o permanentes, fragmentos de piezas prehispánicas, material de cerámica, lítica, restos constructivos de palafitos de carácter ritual y ofrendario, así como evidencias de yacimientos paleontológicos, información que el Gobierno Federal tiene en su poder, señala:

La zona donde quieren construir el nuevo aeropuerto es una vasta zona arqueológica y paleontológica, El lecho del lago de Texcoco, que es donde se proyecta el aeropuerto, es un área no suficientemente explorada, solo una pequeña fracción al sur del caracol fue trabajada hace 15 años”...1

La destrucción de los restos de nuestros antepasados, nos imposibilita a transmitir a las generaciones venideras el legado del acervo cultural de nuestro país.

Por lo que resulta imprescindible proteger y adoptar medidas eficaces tendientes a la protección, defensa y recuperación de los bienes culturales de las mexicanas y de los mexicanos.

El gobierno federal es responsable de la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de nuestro país, en términos del artículo 2o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que en su parte conducente dice:

Artículo 2o. Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos...

Asimismo señala en su artículo 3o.:

Artículo 3o. La aplicación de esta ley corresponde a:

I. El presidente de la República;

II. El secretario de Educación Pública;

III. El secretario del Patrimonio Nacional;

IV. El Instituto Nacional de Antropología e Historia;

V. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y

VI. Las demás autoridades y dependencias federales, en los casos de su competencia.

Asimismo, la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, señala lo siguiente:

Artículo 2o. Son objetivos generales del Instituto Nacional de Antropología e Historia la investigación científica sobre antropología e historia relacionada principalmente con la población del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así como el paleontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de las materias y actividades que son de la competencia del Instituto...

Por lo que, es procedente exhortar al titular del Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto para que proteja y actué en la defensa y recuperación de los bienes culturales que se puedan encontrar en el terreno que ocupará el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Así como, al Instituto Nacional de Antropología e Historia a que cumpla con los objetivos a que se refiere el artículo 2o. de Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el terreno que ocupará el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, así como a hacer públicos los avances que se den al respecto.

México está comprometido con sus antepasados y con su historia, por lo tanto, considero que es deber y obligación de los Diputados representar los intereses de los ciudadanos anteponiendo el interés público, sobre los intereses particulares, por lo que:

Someto a su consideración, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, para que proteja y actué en la defensa y recuperación de los bienes culturales que se puedan encontrar en el terreno que ocupará el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a que cumpla con los objetivos a que se refiere el artículo 2o. de Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el terreno que ocupará el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, así como a hacer públicos los avances que se den al respecto.

Nota

1 http://www.jornada.unam.mx/2014/09/11/politica/018n1pol

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2015.

Diputada Zuleyma Huidobro González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del ISSSTE a cumplir las recomendaciones de la ASF sobre la Cuenta Pública de 2013 en materia de estancias infantiles, a cargo de la diputada Joaquina Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Joaquina Navarrete Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 6 y el 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con base en las siguientes

Consideraciones

Después de la terrible tragedia de la guardería ABC, localizada en Hermosillo, Sonora, el pueblo de México, da por descontado que los gobiernos federal y locales, cumplen en forma estricta las normas para la seguridad física y para el desarrollo integral de las niñas y niños usuarios de tales espacios.

Sin embargo, sorpresivamente en la Cuenta Pública relativa a 2013, la Auditoría Superior de la Federación, ASF, destaca graves omisiones respecto a las estancias infantiles del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, concluyendo que este Instituto: debe mejorar la calidad en la prestación del servicio en términos del desarrollo integral del niño y reforzar sus mecanismos de control para garantizar la seguridad física de las estancias infantiles.

Concretamente, la Auditoría Superior de la Federación, comunicó al Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado:

a) La falta de acreditación de la supervisión de 69 estancias;

b) La carencia de dictamen estructural y de gas en 54 estancias;

c) La carencia del dictamen eléctrico actualizado en 71 estancias;

d) La carencia de las acciones para lograr que la totalidad de estancias contaran con dictámenes en materia de protección civil que aseguren la integridad física de los menores usuarios.

Lo anterior, para que el referido órgano interno de control en el ámbito de sus atribuciones, investigue si las omisiones pudieran ser constitutivas de responsabilidades administrativas de los servidores públicos encargados de la operación del Programa “Servicios de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil”.

En relación con las inadmisibles omisiones antes referidas, la ASF, refiere la siguiente recomendación:

Recomendación al desempeño, “para que el ISSSTE, analice” las causas por las cuales las estancias infantiles no contaron con los programas internos de protección civil y dictámenes estructurales, de gas y eléctrico y, con sus resultados, garantice que todas las estancias sean supervisadas y que se refuercen las supervisiones de la jefatura de servicios educativos para estancias y Programas de Bienestar Infantil, a fin de asegurar la integridad física de los menores usuarios.”

Pero no sólo en materia de seguridad física, la ASF estableció recomendaciones, sino en relación al desarrollo integral de los menores: “al momento de la integración del presente informe, el ISSSTE no acreditó la evidencia documental para verificar la evaluación sobre desarrollo integral infantil de los niños en 2013.” Por lo que se le recomienda a este Instituto “analizar las causas por las cuales no acreditó la evidencia documental para verificar la evaluación sobre desarrollo integral infantil de los niños usuarios y, con sus resultados, estudie la viabilidad para implementar un sistema de control e información para monitorear el desarrollo integral infantil de los niños.”

Incluso en materia de alimentación, se indica que el ISSSTE, “no acreditó la autorización de la Guía Básica de Alimentación para lactantes, maternales y preescolares de las estancias para el bienestar y desarrollo infantil, por parte de la junta directiva del instituto, ni la supervisión de 69 estancias infantiles. El instituto tampoco acreditó la información sobre la higiene y la seguridad en áreas físicas y equipo de la cocina y lactario en las estancias infantiles, ni el soporte documental de las 172 estancias supervisadas. Por lo que la ASF le recomienda superar esta omisión.”

En suma, la ASF señala respecto a la supervisión de la seguridad física de las estancias: el ISSSTE llevó a cabo, “la supervisión a 172 estancias, equivalentes al 71.4 por ciento de las 241 estancias con que contaba a diciembre de 2013, sin acreditar la falta de supervisión de 69 estancias. Los resultados de la supervisión mostraron que el 34.3 por ciento (59 estancias) de las estancias supervisadas careció de un programa interno de protección civil autorizado por el Sistema Nacional de Protección Civil, que el 31.4 por ciento (54 estancias) careció de un dictamen estructural y de gas, y que el 41.3 por ciento (71 estancias) no dispuso de un dictamen de instalaciones eléctricas actualizado. Con relación al desarrollo integral del niño, el instituto debía asegurar que todas las áreas del servicio que se brindan en las estancias cumplieran el objetivo de desarrollar integralmente a los niños y las niñas lactantes, maternales y preescolares; sin acreditar las evaluaciones de desarrollo integral infantil efectuadas a los niños usuarios en 2013, ni los informes respectivos. En materia de alimentación, el ISSSTE evaluó a 172 de las 241 estancias con que contaba a diciembre de 2013, sin acreditar las causas por las que dejó de supervisar a 69 estancias infantiles.”

Remata la ASF señalando que: el ISSSTE no cumplió con la normativa contable en el registro de sus operaciones, también incumplió la normativa al no integrar las actividades desarrolladas en un solo programa, asimismo incurrió en el incumplimiento referente a 59 profesionales (14.7 por ciento) de 401 que no cumplieron con el perfil establecido para desempeñar sus labores en las estancias.

En materia de costo de los servicios de las estancias infantiles 2013, se determinó un costo unitario por niño de los servicios de atención en estancias infantiles de 51.4 miles de pesos anuales, “para brindar atención a 28 mil 4 infantes, de los cuales 18 mil 964 fueron atendidos en estancias propias, y 9 mil 40 en estancias contratadas.”

Incluso en materia de cobertura, enfatiza que: “En 2013, el servicio de estancias del ISSSTE atendió a 35 mil 116 el 90.1 por ciento, de los 38 mil 989 beneficiarios que determinó como su población objetivo y tenían el derecho a la prestación del servicio. Los 3 mil 873 beneficiarios no atendidos, fueron inscritos en la lista de espera para ser atendidos en cuanto existiera lugar en una de las 241 estancias infantiles que operaron en ese año.

Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta asamblea, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Único. Se exhorta al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cumplir con urgencia las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación vertidas en la Cuenta Pública de 2013, en materia de estancias infantiles, destacadamente las relativas a asegurar la integridad física de los menores usuarios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2015.

Diputada Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Morelos a proteger por la Comisión Estatal de Seguridad Pública la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja, diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Según los datos presentados por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, A C en el reporte La violencia en los municipios y en las entidades federativas de México (2014)1 , dado a conocer hace unas semanas, Morelos cuenta con el índice de violencia más elevado entre las 32 entidades federativas del país con 34.05 puntos; mientras que el municipio de Cuernavaca, presenta el nivel de violencia más alto entre los municipios de más de cien mil habitantes del país, con 62.19 puntos, el cual es tres veces más que el calculado para todo el país: 18.84.

Asimismo, el municipio de Cuautla se ha incorporado a la lista de los 20 municipios más violentos de todo el país en 2014 y, de los 20 con mayor número de secuestros, cinco se localizan en Morelos.

Por su parte, Cuernavaca es también el segundo municipio con mayor tasa de violaciones a nivel nacional, 46.82 por cada cien mil habitantes. A la par de tener la tasa más elevada de robos con violencia, mil 144.12 por cada 100 mil habitantes, la cual es siete veces la nacional: 155.96.

Respecto al delito de extorsión, Cuernavaca representa el segundo lugar a nivel nacional con una tasa de 52.64 y Cuautla el tercero con una tasa de 33.13. A su vez, debe destacarse que:

Con un saldo de 32 muertes relacionadas con hechos violentos cerró el mes de febrero en el estado de Morelos, una más que en enero, pese a que éste tiene 31 días, frente a los 28 del segundo mes. Siete de las víctimas eran mujeres y tres taxistas. Además, también fue localizada una osamenta.

Los municipios con más hechos fueron Cuautla, Yautepec y Jiutepec, con cuatro en cada uno; seguidos de Cuernavaca, Ayala y Huitzilac, con tres. En Jojutla, Temixco y Tlaquiltenango se reportaron dos hechos, mientras que en Axochiapan, Puente de Ixtla, Temoac, Tlaltizapán y Yecapixtla hubo uno2 .

Por otro lado, según el observatorio económico México ¿Cómo vamos? indicó que:

Morelos registró un crecimiento económico en ese lapso de 0.5 por ciento. En tanto, la generación de empleos sumó 2 mil 73, lo que significó menos de 75 por ciento de los puestos necesarios para emplear a los jóvenes que ingresan a la población económicamente activa (PEA) [...] Además, Morelos también ocupó uno de los últimos lugares en el rubro de estado de derecho3 .

No está por demás recordar el cobarde asesinato del joven activista Gustavo Salgado Delgado, a inicios del pasado mes de febrero, o del enfrentamiento violento entre elementos del Mando Único y comerciantes que se manifestaban en el centro histórico del municipio de Cuernavaca, ocurrido en fechas similares.

Resulta urgente que se emprenda una estrategia integral en materia de seguridad en el estado, que se encuentre en concordancia con el respeto irrestricto a los derechos humanos y establezca, como principal objetivo, garantizar que los morelenses cuenten con el bienestar, orden, paz y tranquilidad que tanto les hace falta; es por ello que presento a esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a Graco Ramírez Garrido, gobernador del estado de Morelos, a que por medio de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, proteja la integridad física, los derechos y patrimonio de los morelenses.

Notas

1. Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, AC, “La violencia en los municipios y en las entidades federativas de México (2014)”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/finish/5-prensa/205- la-violencia-en-los-municipios-y-en-las-entidades-federativas-de-mexico -2014/0

2. La Unión de Morelos , “32 muertes violentas, saldo de febrero en Morelos”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.launion.com.mx/morelos/justicia/noticias/67699-32-muertes-vi olentas-saldo-de-febrero-en-morelos.html

3. Sin Embargo , “El Morelos del que Graco Ramírez no habla: con violencia a la alza y una economía a la baja”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.sinembargo.mx/15-02-2015/1249513

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2015.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la CNDH y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado de México a investigar los abusos de la policía y personal de la administración municipal durante el desalojo y la demolición de viviendas en el predio El Barco, de los ejidos de San Miguel Tocuila, en Texcoco, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Israel Moreno Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:

Primera. A partir del año 1999, las personas afectadas, adquirieron de buena fe y mediante pago en efectivo; derechos de propiedad sobre los terrenos, mismos que se ubican en los predios El Barco y La Cruz pertenecientes, a los ejidos de San Miguel Tocuila y sus barrios, en el municipio de Texcoco, estado de México.

Segunda. Los ejidatarios, Mercedes Gutiérrez Hernández, Teresa Herrera Dehesa, José Daniel Ruiz Ruiz, Felipe Ruíz Ayala y José Guadalupe Torres Pérez; en su carácter de propietarios, realizaron la transmisión de la propiedad de los terrenos ubicados en los predios conocidos como El Barco y La Cruz, mediante contratos de cesión de derechos y posteriores cobros de dinero en efectivo realizados por intermediación de Alfonso Verona Casales; quedando con ello transmitidos legalmente los derechos de propiedad de los terrenos.

Tercera. A lo largo de más de 10 años de trabajo, esfuerzo y la inversión de capital propio, las familias afectadas construyeron un patrimonio inmobiliario, que se consolidó en viviendas y otras edificaciones, que se realizaron en los terrenos adquiridos.

Cuarta. Entre los años 2000 y 2010, la autoridad municipal de Texcoco, la Comisión Federal de Electricidad y otros organismos gubernamentales, realizaron los cobros de impuestos y servicios, relacionados con las viviendas construidas; del mismo modo los cobros relacionados con el reconocimiento de vecindad. Sin embargo, a 10 años o más de haber iniciado y en muchos casos de haber concluido sus viviendas. Miembros del comisariado ejidal, en un acto cuestionable de interés público, solicitan a la presidente municipal la profesora Delfina Gómez Álvarez, “Detener las construcciones” mediante el oficio número 3/II/2013. La autoridad municipal abre un expediente de los solicitado y da a conocer las acciones que llevará a cabo mediante el oficio AA/19/2013 firmado por Ernesto Bautista Roldán, director de Desarrollo Urbano.

Quinta. Derivado de esta solicitud, la autoridad administrativa abre un procedimiento administrativo común AJ/48/2013, con fecha 9 de julio de 2013, cuya finalidad fue verificar la existencia de construcciones en el predio El Barco, por lo que en su informe DDU/283/BIS, en un acto unilateral y doloso otorga valor probatorio a los informes de sus subalternos, argumentando que las construcciones establecidas no cuentan con licencias, permisos, planos arquitectónicos, uso de suelo, factibilidad de servicios entre otros, apoyándose en el decreto número 246, por el que se adiciona el libro décimo octavo denominado “De las construcciones” y que por su vigencia y constitucionalmente, no debió ser aplicado en forma retroactiva a los hechos que analizó la autoridad. Por lo que la sanción administrativa dictada por la presidenta municipal la maestra Delfina Gómez Álvarez, consiste en la demolición de viviendas sin previo aviso el 28 de octubre de 2013. Entre burlas y abusos de autoridad se demolieron 14 viviendas.

Sexta. En vista de lo anterior, se iniciaron 14 procedimientos contenciosos administrativos ante la Cuarta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado de México; y cuya resolución administrativa AJ/48/2013, con fecha de 30 de septiembre de 2013, fue favorable a los afectados. Sin embargo; la autoridad aun así hizo la demolición de 14 viviendas.

Séptima. El día 3 de octubre de este 2014, el ayuntamiento inició un nuevo procedimiento administrativo bajo el expediente AJ/03/2014, donde la Dirección de Desarrollo Urbano, lleva a cabo la demolición de 26 viviendas, haciendo uso de la fuerza pública y maquinaria pesada; nuevamente fue autoritaria, sin tomar en cuenta otras instancias; no sólo se volvió a violentar las garantías individuales de los afectados, a una debida notificación y su derecho de audiencia, sino que esta vez, ni siquiera respetaron los amparos promovidos ante este procedimiento administrativo. Dejando a las familias en un estado de indefensión jurídica.

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución.

Único. Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, para que investigue los abusos de la policía y personal de la administración municipal, durante el desalojo y demolición de viviendas. Así como a la autoridad municipal para indemnizar a las familias que se les demolió su vivienda en el predio El Barco de los ejidos de San Miguel Tocuila, municipio de Texcoco, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2015.

Diputados: Israel Moreno Rivera, Jorge Federico de la Vega Membrillo, Jessica Salazar Trejo, Teresa Mojica Morga, Joaquina Navarrete Contreras, Marino Miranda Salgado, Víctor Efigenio Marroquín Cristóbal, Crystal Tovar Aragón, Amalia Dolores García Medina, Julisa Mejía Guardado, Arturo Cruz Ramírez, Caludia Elena Águila Torres, Valentín González Bautista, Trinidad Morales Vargas, Jhonatan Jardines Fraire, Tomás Brito Lara, Carla Reyes Montiel (rúbricas).