Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4218-IV, jueves 19 de febrero de 2015
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a considerar la inclusión de toda Baja California y Othón P. Blanco, Quintana Roo, en la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para la zona fronteriza norte, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PVEM
Los suscritos, diputados federales de los estados de Baja California y Quintana Roo por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que incluya a los municipios de Ensenada, el Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe en Baja California y al municipio de Othón P. Blanco en Quintana Roo, a la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para las zonas fronterizas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En términos del artículo 28 constitucional se prevé que las bases para señalar precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular serán fijados en las leyes respectivas, en este sentido el transitorio Décimo Cuarto, fracción I, inciso b) de la Ley de Hidrocarburos, establece que a partir del 1 de enero de 2015 y, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2017 la regulación sobre precios máximos al público de gasolinas y diésel será establecida por el Ejecutivo Federal mediante acuerdo.
En el transitorio señalado se menciona que la política de precios máximos al público que se emita deberá prever ajustes de forma congruente con la inflación esperada de la economía y, en caso de que los precios internacionales de estos combustibles experimenten alta volatilidad, el Ejecutivo Federal preverá mecanismos de ajuste que permitan revisar al alza los incrementos de los citados precios, de manera consistente con la evolución del mercado internacional.
Concordamos en el sentido que ha dado el Ejecutivo Federal sobre el interés público de moderar el impacto de las variaciones del precio de la gasolina y el diésel, así como de la inflación en la economía de las familias mexicanas, por lo que es conveniente establecer precios máximos de venta al consumidor final de las gasolinas Pemex Magna y Pemex Premium y el Diésel, así ha sido necesario establecer los precios máximos al público de las gasolinas y del diésel para el ejercicio fiscal de 2015, tomando como referencia los precios al público vigentes al 31 de diciembre de 2014, con la finalidad de no afectar negativamente las finanzas públicas ni las de Petróleos Mexicanos.
El incremento que el Ejecutivo federal aplicó desde enero de 2015 es inferior a la meta establecida para la inflación esperada de nuestro país para este año prevista por el Banco de México, lo que beneficia a los hogares mexicanos.
Asimismo, para evitar la posibilidad de arbitraje económico, entendido como la posibilidad de tomar ventaja de una diferencia de precio entre dos mercados, en el consumo de los combustibles con la región colindante con los Estados Unidos de América, el Ejecutivo Federal consideró necesario que la política de precios homologados y escalonados aplicada en la zona fronteriza, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con las modificaciones derivadas del Acuerdo publicado el 1 de enero de 2015 en el Diario Oficial de la Federación continúen vigentes.
Existe un llamado social que hacen las diversas cámaras empresariales y del sector social, así como la ciudadanía general del municipio de Ensenada, el Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe en Baja California, correspondiente a la tarifa de los combustibles de gasolina Magna, Premium y Diesel con cifras de 13.57, 14.38 y 14.20 pesos por litro, respectivamente, ya que ambas regiones no son consideradas como parte de la franja fronteriza y por ello no obtiene los mismos subsidios federales que operan en los municipios de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y parte de Mexicali, donde el costo del combustible se encuentra en los 9.03 pesos por litro de Magna, 9.84 pesos por litro de Premium y 14.20 por litro de Diesel.
El mecanismo de homologación, en uso en la frontera norte desde 2002, consiste en que los precios de las gasolinas en la franja fronteriza norte de nuestro territorio se fijan cada martes homologándolos con los precios de los combustibles en la zona sur de Estados Unidos de América, tomando como referencia el promedio de los precios en la semana inmediata anterior el tipo de cambio vigente en el mismo periodo.
Por lo que hace a la frontera sur, la reciente baja en los precios internacionales del petróleo, también ha generado una disminución generalizada en los precios de los combustibles. Conforme a los datos obtenidos en la primera semana de febrero de este año, el precio de venta final al público de las gasolinas en ese país ha descendido a precios menores a los correspondientes para la venta de gasolinas en nuestro territorio.
Así, tenemos que considerando los precios de venta al consumidor final de las gasolinas en Belice al 7 de febrero de 2015 y un tipo de cambio de 7.44 pesos por dólar beliceño, en el caso de la gasolina Premium, la diferencia resultó ser de 1.34 (un peso con treinta y cuatro centavos) por litro; por lo que hace a la gasolina Magna (comercializada como Regular en Belice), la diferencia es de $1.59 (un peso con cincuenta y nueve centavos) por litro; y en el caso del Diésel, la diferencia es de $1.16 (un peso con dieciséis centavos) por litro, conforme se desglosa en la tabla siguiente:
Esta diferencia de precios se ha reflejado en que los habitantes del Municipio de Othón P. Blanco acudan a comprar combustible a la zona libre de Belice que se encuentra a pocos minutos de distancia, con el fin de ahorrar en la adquisición de este producto; el mismo comportamiento se ha observado en relación con ciudadanos beliceños que acudían a comprar gasolina a nuestro país cuando los precios eran más bajos que los de su país.
Es necesario atender el pedimento de incluir a las regiones señaladas en las políticas de precios de combustible homologados y escalonados en función de la importancia de las actividades económicas del municipio de Ensenada, la totalidad del Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe, así como en el municipio de Othón P. Blanco en Quintana Roo, primarias para el comercio internacional como la pesca, la agricultura y el turismo, las cuales generan miles de empleos directos y donde las actividades requieren de un importante consumo de combustible para llevarlas a cabo y que en las condiciones vigentes minan la competitividad y el crecimiento de los productores de las zonas referidas pues los precios de sus productos aumentan y su demanda disminuye.
Los precios de los combustibles no sólo han menguado la vida económica de estas regiones, sino que también ha trastocado la vida cotidiana de los bajacalifornianos y quintarroenses ahí asentados, pues el precio referido ha impactado negativamente el costo del transporte público y de la comercialización de los productos básicos de consumo.
En los asuntos fronterizos se han adoptado diversos criterios, definiciones y extensiones territoriales contenidas en acuerdos binacionales y programas de desarrollo como el Convenio para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Región Fronteriza entre Estados Unidos y México “Convenio de la Paz” donde se determina a la zona fronteriza como el área que se extiende 100 kilómetros al norte y 100 kilómetros al sur de la frontera entre ambos países, criterio adoptado por el Programa Integral Ambiental Fronterizo, PIAF, el Programa Frontera XXI y el Programa Frontera 2012, teniendo el convenio y los programas referidos como nota distintiva la procuración del bienestar económico y social a través de un enfoque sustentable; en el mismo sentido el Banco de Desarrollo de América del Norte considera como franja fronteriza binacional a la extensión de 210 kilómetros, 105 al norte y 105 al sur a partir de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos. Como es evidente, ambos criterios asisten que tanto el municipio de Ensenada, el Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe sean comprendidos en las políticas de precio homologado y escalonado de combustibles del gobierno federal.
Es en razón de la incertidumbre y preocupación de la ciudadanía en estas regiones y ya que ha sido decisión del Ejecutivo federal que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea la encargada de prever los ajustes de forma congruente con la inflación esperada de la economía, así como en el caso de que los precios internacionales de las gasolinas Pemex Magna y Pemex Premium, y el Diésel experimenten alta volatilidad, y es la Secretaría la encargada de establecer los mecanismos para ajustar al alza los incrementos de los citados precios, de manera consistente con la evolución del mercado internacional, debiendo recabar previamente la opinión de la Secretaría de Energía, y que en virtud de la inflación esperada para el próximo ejercicio fiscal, así como el comportamiento esperado de los mercados internacionales de las gasolinas y el diésel, he tenido a bien determinar un ajuste de 1.9 por ciento respecto del precio aplicado en diciembre de 2014, con excepción de la zona fronteriza, la cual está sujeta a la política de precios homologados y escalonados determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente durante el ejercicio fiscal de 2014, es que se pone a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente resolución
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso, se revise la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para las zonas fronterizas para que se incluya al municipio de Ensenada, al Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe en Baja California y al municipio de Othón P. Blanco en Quintana Roo, como beneficiarios de tal política.
Dado el 17 de febrero de 2015, en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro.
Diputados: María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Ricardo Medina Fierro, Benjamín Castillo Valdez, Mayra Karina Robles Aguirre, Adán David Ruiz Gutiérrez, Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), Raymundo King de la Rosa (rúbrica), María Carmen López Segura, María Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), Ana Lilia Garza Cadena y David Pérez Tejada Padilla (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SAT a agilizar los pagos pendientes por concepto de devolución del IVA a favor de los contribuyentes, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con un atraso en los proceso de devoluciones del impuesto al valor agregado (IVA) a favor de los contribuyentes. Organismos como la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) se ha manifestado en distintas ocasiones, señalando que el SAT ha sobrepasado sus facultades, incumpliendo con lo dispuesto en las leyes de la materia, pues hace uso de procedimientos y criterios que retrasan sin justificación la obtención, o no, de las devoluciones de IVA a favor de los contribuyentes. Lo anterior configura, sin lugar a dudas, violaciones a principios y derechos fundamentales como los de legalidad, seguridad y certeza jurídica.
Resulta preocupante que estos procedimientos no hayan sido atendidos por la autoridad hacendaria, aun y cuando desde 2013, la Prodecon ha manifestado diversas recomendaciones sistémicas sobre los procedimientos y criterios que el SAT ha utilizado para retrasar injustificadamente la obtención de las devoluciones de IVA por parte de los contribuyentes, configurando malas prácticas administrativas.
Si bien estas violaciones de derechos han tratado de ser subsanadas, lo cierto es que el SAT no ha garantizado el derecho de los contribuyentes a obtener en forma expedita los saldos de IVA a su favor y, en cambio, ha iniciado auditorías a los contribuyentes que solicita la devolución de IVA. Un gran número de contribuyentes continúan a la espera de que la autoridad resuelva su solicitud de devolución de IVA, donde los plazos legales se han prolongado, generando graves perjuicios en el flujo de efectivo necesario para la inversión, la creación de fuentes de trabajo, el pago de proveedores y simplemente contar con los recursos que por derecho les son propios.
Sobre las resoluciones de procedencia de solicitudes de IVA se han detectado diversas prácticas administrativas deficientes por parte de la autoridad hacendaria. La autoridad ha insistido en solicitar información y realizar requerimientos extemporáneos, innecesarios y excesivos; además, de que un gran número de las auditorías fiscales iniciadas son injustificadas y afectan directamente a los contribuyentes. Sumado a lo anterior, la información que el SAT ha emitido para agilizar la solicitud es deficiente, ya que continuamente requiere mayor documentación. Además, este procedimiento de continuamente requerir más y más información ha representado una gran carga probatoria para el contribuyente.
Si bien el SAT ha buscado mecanismos para agilizar los procesos de devoluciones del IVA, existen contribuyentes que duplican el tiempo de espera de su devolución. El SAT estableció un plazo ilegal entre 90 y 180 días para concluir este proceso; sin embargo, existen casos donde este plazo ha excedido el doble del tiempo establecido unilateralmente por el SAT. Diversos sectores productivos como alimentos, farmacéutico, minería, exportación, automotriz y otros, son sectores que tienen grandes afectaciones, pues se ven imposibilitados al carecer de flujo de efectivo de realizar nuevas inversiones y adquirir activo fijo para continuar con sus actividades. Con los retrasos del SAT, los contribuyentes se han visto envueltos en problemas de cargas financieras excesivas, falta de flujo de efectivo, entre otros problemas.
A pesar de que el 8 de octubre de 2014 el SAT emitió un comunicado donde expresó cambios en su normatividad interna a propuesta de la ombudsman fiscal respecto a las reglas de actuación y para garantizar los derechos de los contribuyentes, lo cierto es que un gran número de contribuyentes siguen expresando su preocupación por la situación de retraso en el proceso de devolución de IVA e insisten en la necesidad de que distintos órdenes de gobierno los ayuden a hacer valer sus derechos.
Entre las reglas emitidas por el SAT para agilizar las devoluciones de saldos a favor de IVA destacan:
– Cuando con motivo de la solicitud de devolución de saldos a favor de IVA, el SAT inicie una auditoría de verificación de procedencia, el acto de fiscalización deberá concluir en un plazo de 90 días, o máximo 180, en flagrante violación al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. La notificación de procedencia o no de la devolución deberá ser notificado dentro de esos mismos plazos.
– Se levantará acta final de visita con el fin de otorgar al contribuyente la oportunidad de refutar cualquier observación hecha por la autoridad.
– La auditoría de revisión de procedencia de la devolución se hará preferentemente a través de visita domiciliaria, con el fin de verificar la existencia material de las operaciones que dan origen al saldo a favor solicitado.
– Se deberá informar al contribuyente auditado de la solicitud de informes a terceros.
– Si el contribuyente tiene varias solicitudes de devolución respecto de un mismo impuesto, el SAT podrá efectuar un solo requerimiento de información y documentación por todas las solicitudes y, en su caso, practicar una sola auditoría.
Estas reglas fueron establecidas con el fin de garantizar el debido proceso y proporcionar seguridad jurídica a los contribuyentes que solicitan las devoluciones de saldos a favor de IVA. El poder legislativo en el ámbito de sus competencias debe pugnar por hacer valer los derechos de los contribuyentes pues éstos se han visto vulnerados.
El Poder Legislativo debe procurar, y manifestarse en contra de cualquier práctica generalizada dilatoria que viole derechos de los contribuyentes, así como de las negativas de devolución sin fundamento o faltas de motivación, de requerimientos excesivos, rechazos improcedentes y violaciones de plazos legales.
Los diputados como representantes de los ciudadanos cumplidos debemos estar atentos a que el SAT cumpla con sus funciones y garantice los derechos de los contribuyentes, los cuales han visto afectados sus intereses vitales. Se debe informar de manera veraz y exacta el estatus de las solicitudes de devolución de los contribuyentes, así como enfatizar la necesidad de cumplir con los plazos legales en los procedimientos de la autoridad hacendaria, evitar cargas probatorias onerosas e injustificadas, condicionar las devoluciones apegadas a la renuncia de otros derechos como contribuyentes, así como que las solicitudes de devolución sean resueltas debidamente fundadas y motivadas.
Así, por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria a que en pleno cumplimiento con la legislación vigente agilice los pagos pendientes por concepto de devolución del impuesto al valor agregado a favor de los contribuyentes, así como a conducirse en estricto apego a la legalidad en la aplicación de procedimientos y criterios que permitan cumplir con el proceso de devoluciones del IVA.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria para que en un plazo no mayor a 20 días hábiles después de haber recibido el exhorto, informe a la opinión pública las acciones emprendidas para dar cabal cumplimiento a la legislación respecto a las solicitudes de devolución del impuesto al valor agregado a personas morales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2015.
Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, la SEP y la CNDH a dar a la sociedad en general mayor información sobre el tema de tatuajes y perforaciones corporales, a cargo de la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, María del Carmen García de la Cadena Romero, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Educación Pública, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a dotar de mayor conocimiento, con apoyo de foros y platicas, a los docentes en el tema del bullying o acoso escolar para que efectúen actividades dentro del horario escolar, que fomente la armonía y valores entre los alumnos, a fin de lograr una convivencia sana y libre de acoso, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Actualmente es triste ver como la discriminación es un fenómeno que se practica de forma diaria, la cual se ha buscado combatir de diversas maneras. Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación define a la discriminación como:
“Una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido.”1
Desafortunadamente, hay grupos que son más vulnerables a este tipo de situaciones, entre los cuales se encuentran las personas que han realizado alguna modificación corporal, en específico, quienes son portadoras de tatuajes y/o perforaciones.
Según la Real Academia Española, se entiende por tatuaje como cualquier dibujo indeleble en la epidermis,2 mientras que a la perforación se le define como la práctica de perforar o cortar una parte del cuerpo humano, generalmente para insertar aretes o pendientes.3
El uso de tatuajes y perforaciones provienen de tiempos muy remotos en distintos tipos de sociedades, tribus o grupos sociales, donde las motivaciones podían tener una intención dual:
Diferenciarse de los demás, con una marca única y propia que lo distingue de los demás, o bien identificarse con los demás, en un grupo donde todos están tatuados, y pertenecer al grupo. 4
En los tatuajes, se pueden encontrar distintos significados donde tiene connotaciones sociológicas, antropológicas y psicológicas, y pueden estar ligados a la evolución política, social y cultural; mostrando los siguientes ejemplos:
Mágico / religioso: El objetivo era llamar la atención de los dioses y recibir de ellos protección física y espiritual en el tránsito de la vida y la muerte.
Dolor y luto: En Occidente, tatuarse la imagen de un ser querido fallecido, una cruz, u otro símbolo alusivo a la muerte es una forma de invocar la protección del alma del fallecido.
Terapéutico o Curativos: para calmar los dolores, prevenir las enfermedades de los niños, ahuyentar a los demonios y protegerse contra la mala suerte.
Marca Tribal: es un Signo de Integración Social. Son ejemplos de ello los moko maori, los hindúes, los birmanos y los árabes.
Distinción Social y Respeto: identificaba al individuo mismo y su status dentro de ese grupo.5
En el caso de las perforaciones también podemos encontrar una estrecha unión con el tema religioso, cultural y social:
Perforación del lóbulo de la oreja: nombrada como la más común, donde antiguamente su propósito era el de prevenir la entrada de los demonios por los orificios de las orejas. Otro propósito, es que fue usada como un accesorio que indicaba status y belleza.
Perforación lingual: practicada por las tribus mayas y aztecas, con el propósito de derramar sangre como ritual de agrado a los dioses, y como forma de alcanzar un estado alterado de conciencia que permitiera comunicación con los Dioses.
Perforación del Septo: muy común en las tribus guerreras del mundo, como una herramienta que impide comer durante los largos ayunos exigidos por la religión.
Perforación del ombligo: Reconocido como símbolo distintivo de su divinidad.6
Como podernos ver, con el paso del tiempo los tatuajes y perforaciones han ido cambiando como todos los entornos, ya que actualmente ser portador de ellos resulta contraproducente, en donde nos encontramos con los prejuicios inculcados por la sociedad.
Es un hecho que el tema de tatuajes y perforaciones abarca más la parte cultural de una sociedad, donde hoy en día no es muy bien visto.
Cabe destacar que no debemos juzgar a las personas por su apariencia, sabemos que lo diferente causa temor pero no debemos manifestarlo como marginación.
Con el objetivo de prevenir estos hechos, se expidió la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cuyo objeto consiste en trabajar a favor de la sociedad para el cambio de la cultura por la no discriminación, para que toda persona que viva o transita en los Estados Unidos Mexicanos goce de todos los derechos y libertades consagrados en el orden jurídico mexicano.
Conforme al artículo 2, de dicha ley, encontramos lo siguiente:
Artículo 2. Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos.7
Por ello mismo, es de suma importancia que como sociedad trabajemos con más información, nuestra cultura, el hecho de que una persona porte un tatuaje o perforación, no implica que las aptitudes, actitudes y conocimientos sean limitados o no cuenten con los mismos valores y educación que alguien que no se halla sometido a este tipo de modificaciones corporales, es esencial que trabajemos juntos para erradicar este tipo de discriminaciones.
En virtud de lo aquí expuesto, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las secretarías de Gobernación y de Educación Pública, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de dotar de mayor información y conocimiento a la sociedad en general sobre el tema de modificación corporal (tatuajes y perforaciones), así como para evitar que sean discriminados quienes se someten a estas modificaciones
Notas
1 Portal: http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_ opcion=142&op=142
2 Portal: http://www.publispain.com/tatuajes/
3 Portal: http://tatuajesypiercingsenmurcia.blogspot.mx/2012/06/piercing-de-perfo rar-o-cortar-una-parte.html
4 Portal: http://www.proyectosalonhogar.com/Tatuaje/Historia.htm
5 Portal: http://www.proyectosalonhogar.com/Tatuaje/Historia.htm
6 Portal: http://www.supermujer.com.mx/vida/comunidad/historia-de-los-tatuajes-y- piercings.html
7 Portal: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2015.
Diputada María del Carmen García de la Cadena Romero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a aplicar de forma irrestricta el artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo de la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada federal Flor de María Pedraza Aguilera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y en el artículo 79, numeral I, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Educación Pública a que aplique de forma irrestricta el artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, con base en las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo tiene derecho a recibir educación. Asimismo, establece que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.
La educación es un derecho humano fundamental, que resulta necesario para el ejercicio de todos los demás derechos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26 establece que "toda persona tiene derecho a la educación".
En el compromiso 6, de la Declaración de Copenhague, firmado por nuestro país, se establece que los gobiernos se comprometen a “lograr los objetivos del acceso universal y equitativo a una educación de calidad” [...] “procurando alcanzar el más alto nivel posible de educación” y a garantizar “el pleno e igual acceso a la educación”.
Por ello, resulta indiscutible que el acceso a la educación es un derecho humano que debe ser garantizado a toda persona y principalmente a los niños de nuestro país.
En este marco de obligaciones para el Estado, es necesario destacar los hechos ocurridos con respecto a integrantes de la sección 22 de la CNTE de Oaxaca que paralizaron el lunes de la semana anterior partes de la ciudad de México, dejando, de nueva cuenta a 1 millón 300 mil alumnos sin clases, lo que representa un ataque directo contra el derecho constitucional y humano de acceso a la educación para las niñas y niños.
Bajo el argumento de que se adeuda el pago de salarios a 3 mil 600 docentes, a quienes no se bonificó su quincena, la Sección 22 con 8 mil maestros de la CNTE secuestraron otra vez a la Ciudad de México para proteger sus privilegios e asfixian con sus plantones el tránsito en Paseo de la Reforma, causando pérdidas enormes al empresariado, comerciantes y los prestadores de servicio de la zona.
La CNTE demanda 9 mil plazas adicionales, la “regularización” de otras tantas plazas que quedaron fuera de la nómina por ser aviadores o no tener el nombramiento además y, el ascenso de trabajadores que ocupan plazas administrativas a la categoría de maestros.
La estrategia de exigir y amenazar en público, y conducir en privado negociaciones silenciosas, es garantía de éxito para la CNTE, que consigue siempre todo lo que quiere. Lo deseable sería que el gobierno fuera firme en la ruta planteada por la reforma educativa, pero todo parece indicar que los maestros de la CNTE ya le tomaron la medida al gobierno de Enrique Peña Nieto, basta con bloquear el Paseo de la Reforma, con amagar con un plantón en el Zócalo, la ley se vuelve altamente flexible y selectiva.
La decisión del gobierno federal de permitir estas y otras muchas violaciones a las normas legales asociadas a la reforma educativa y, muy particularmente, a los derechos de los alumnos, ponen en tela de juicio el compromiso de las autoridades con los objetivos centrales de dicha reforma. Con la complacencia y debilidad mostrada por la Secretaría de Gobernación, parece que todo aquello de la evaluación a los profesores, los concursos de oposición y el censo magisterial ha quedado en el olvido.
La permisividad y debilidad del gobierno federal con los grupos minoritarios del magisterio más aguerridos y recalcitrantes, que a base de marchas y los plantones, está aplastando el espíritu de la reforma educativa. Queda claro que la disposición de ceder en todo frente a la CNTE no está ayudando en nada a cumplir con lo dispuesto en dicha reforma que contó con el respaldo de la mayoría de las fuerzas políticas para alcanzar una calidad de educación y mayor preparación de los maestros, así como depurar los faltistas y aviadores, parece que todo fue en vano, al menos en el estado de Oaxaca.
Ante la impunidad de que han gozado los miembros de la CNTE, que no asisten a las aulas debido a reuniones sindicales, marchas y otras actividades es necesario recordar que el artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de septiembre del 2013, establece que “con el propósito de asegurar la continuidad en el servicio educativo, el servidor público del sistema educativo nacional, el personal docente y el personal con funciones de dirección o de supervisión en la Educación Básica y Media Superior que incumpla con la asistencia a sus labores por más de tres días consecutivos o discontinuos, en un periodo de treinta días naturales, sin causa justificada será separado del servicio sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o para el Organismo Descentralizado, y sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas, aplicando para ello el procedimiento previsto en el artículo 75 de esta Ley”.
Qué más necesitan las autoridades para que apliquen la ley y se les sancione de forma ejemplar a los maestros miembros de la CNTE que no han asistido a sus labores, debe aplicárseles el artículo 76 de esta ley sin distinción alguna.
Es preciso recordar que entre 2006 y 2012, el acumulado de clases suspendidas por paros de maestros en el estado de Oaxaca fue equivalente a un año escolar completo (210 días). Tan solo en el 2013 y como resultado del paro de labores de miembros de la sección 22, (entre agosto y octubre) el 94 por ciento de los alumnos oaxaqueños perdieron 38 días de clases.
En Oaxaca más de un millón de niñas, niños y jóvenes se ven afectados por la decisión de miles de trabajadores de la educación de no acudir a las aulas por manifestarse contra la reforma educativa. Con ello indiscutiblemente se limita su derecho a una educación de calidad con equidad, lo que sin duda disminuye sus oportunidades de mejorar su calidad de vida y desarrollo.
En defensa de la educación y en del interés superior de la infancia, es necesario que se aplique la Ley, a fin de que los maestros verdaderamente comprometidos con la educación, se incorporen a los centros educativos a realizar la principal labor que el pueblo de México espera de ellos, que es la educar a las nuevas generaciones y hacer de ellos, los futuros ciudadanos de un país más próspero; que les ofrezca más y mejores oportunidades de desarrollo con base en los conocimientos, capacidades y las habilidades adquiridas en un sistema educativo de calidad.
Es necesario insistir en que la Ley General del Servicio Profesional Docente, en su artículo 6, se establece que “en la aplicación de la ley y demás instrumentos que deriven de ella, las autoridades deberán promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de los niños y los educandos a recibir una educación de calidad, ello con fundamento en el interés superior de la niñez y los demás principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Basta ya de que no sancione a los maestros que se han convertido en profesionales de chantaje, que en vez de estar dando clases en sus estados andan marchando y tomando calles en la capital del país. El magisterio oaxaqueño ha demostrado que no va a ceder ni un ápice el poder que le ha permitido quitar y poner profesores a su antojo, usufructuar plazas laborales; mientras no sean castigados de acuerdo a la ley, se mantendrá esta dinámica perversa que les permite conseguir siempre lo que quieren, con la permisividad del gobierno federal, y lo peor de todo, atentando contra el derecho de cientos de miles de niñas y niños a recibir una educación de calidad.
En virtud de las consideraciones aquí expuestas, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades educativas a que apliquen de forma irrestricta el artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2015.
Diputada Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y organismos correspondientes de Tabasco a implantar medidas para apoyar en las materias económica, de seguridad y ambiental a El Ceibo, en la frontera sur, a cargo de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La zona de la frontera sur conocida como El Ceibo es una población que se encuentra en el Municipio de Tenosique y colinda con los límites de Guatemala, esta ubicación estratégica genera que se convierta en uno de los 370 cruces ilegales que reconoce el gobierno, el cual lamentablemente es en su mayoría de uso clandestino.
El Ceibo es una de las franjas con mayor demanda de tarjetas de visitante regional, pero la migración de indocumentados es parte del día con día de la zona. De los 177 mil extranjeros irregulares presentados ante las autoridades en 2014, 10 por ciento, aproximadamente 17 mil, se localiza en El Ceibo.
Aunado a esto, el problema de seguridad crea un panorama de incertidumbre y peligro. Tenemos lo ocurrido el 20 de enero de 2005: en la zona de El Ceibo desaparecieron 12 jóvenes que realizaban una excursión hacia las montañas de la frontera entre México y Guatemala.
La Comisión de Asuntos Fronterizos Sur del Senado reportó en 2013 que “hay un incremento de las actividades del narcotráfico, ya que se han adquirido fincas a ambos lados de la línea divisora entre Tabasco y Guatemala, y también ha aumentado el tránsito indocumentado de personas”. Además, “son de alto riesgo debido a las operaciones del crimen organizado: hay asaltos y secuestros de migrantes, y de algunos habitantes de la región”, y “la presencia de numerosos cruces informales a lo largo de la frontera entre Tabasco y Guatemala, donde hay tráfico de personas, mercancías, animales, fauna silvestre, armas y drogas”. Ello significa que las autoridades están conscientes de que hay un foco de riesgo en el territorio.
Las consecuencias de esta situación van desde el tráfico de indocumentados, flora, fauna y droga hasta el transporte de focos infecciosos como el Chikungunya.
Las medidas tomadas para controlar las problemáticas de El Ceibo han sido insuficientes. Resulta urgente que las autoridades actúen de forma apremiante, pues la situación condiciona el desarrollo económico, afecta la seguridad, crea problemas de salud y daña el ambiente.
Por las razones expuestas se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría de Gobernación y organismos relacionados de la entidad federativa a implantar de manera urgente y coordinada, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, las medidas necesarias y adecuadas para apoyar de manera económica, y en materia de seguridad y ambiental la zona de la frontera sur correspondiente a El Ceibo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2015.
Diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y la Ssa a vigilar el cumplimiento de la NOM-056-FITO-1996, en cuanto a los productos transgénicos, e informar a la población sobre los efectos nocivos por consumirlos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja, diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante el Congreso de la Unión punto de acuerdo conforme a la siguiente.
Exposición De Motivos
Según la organización internacional Greenpeace, “un transgénico (organismo modificado genéticamente, OMG) es un organismo vivo que ha sido creado artificialmente manipulando sus genes”. Asimismo,
“Los transgénicos son un grave riesgo para la biodiversidad y tienen efectos irreversibles e imprevisibles sobre los ecosistemas. Suponen incremento del uso de tóxicos, contaminación genética y del suelo, pérdida de biodiversidad, desarrollo de resistencias en insectos y vegetación adventicia (malas hierbas) y efectos no deseados en otros organismos1 .
Todo ello conlleva a que los efectos de usar transgénicos se reflejen tanto en la salud, como en el medio ambiente y en lo socio-económico y agrario. Por ejemplo, en el rubro de la salud:
“Los riesgos sanitarios a largo plazo de los OMG presentes en nuestra alimentación o en la de los animales cuyos productos consumimos no se están evaluando correctamente. Informes científicos independientes muestran evidencias de riesgos a la salud: nuevas alergias, aparición de nuevos tóxicos y efectos inesperados”2 .
Por otro lado, en términos ambientales, “las variedades transgénicas contaminan genéticamente a otras variedades de la misma especie o a especies silvestres emparentadas, ya que una vez liberados al medio ambiente los transgénicos no se pueden controlar. La contaminación genética es irreversible e impredecible.”3 . Aunado a ello,
“Las grandes multinacionales productoras de transgénicos han estado haciendo presión en muchos países para obtener acceso a sus mercados. Sus ambiciones globales han encendido uno de los movimientos de base más grandes del mundo, de ciudadanos, productores y científicos que se oponen a estos intentos. En México, en particular, esas empresas enfrentan una resistencia muy fuerte por parte de grandes sectores de la población4 .”
Es en este contexto, que “grupos civiles denunciaron a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de autorizar el consumo del maíz transgénico sin realizar las investigaciones necesarias para determinar las posibles afectaciones”5 , a la par de haber autorizado 135 líneas de transgénicos para consumo humano.
Cabe destacar que según la Alianza por la Salud Alimentaria, la mayoría de estos transgénicos contienen glifosato, químico herbicida que afecta de manera importante a la salud. “La Cofepris, que depende de la Secretaría de Salud está autorizando el consumo sin ninguna investigación, sino que toman las de Estados Unidos”, detalló Adelita San Vicente de Semillas de Vida.6
Ante este panorama, Elena Álvarez-Buyla, de la Alianza por la Salud Alimentaria, previó la futura presencia de la hormona vegetal 2,4D “agente naranja”, potente cancerígeno y destructor neuronal, prohibido a nivel internacional, ya que al no frenarse el cultivo de maíz transgénico, la tolerancia del glifosato no se detendrá y pronto se comenzaría a utilizar el 2-4D.7
A la par de que,
“Las evidencias científicas de los últimos años, que muestran una fuerte asociación entre el consumo de alimentos transgénicos y la exposición a glifosato con el aumento de la prevalencia de enfermedades tales como inflamación en el intestino, incidencia de ciertos tipos de cánceres, alteraciones renales y enfermedades neurodegenerativas8.
Es por ello que resulta necesario que la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, haga del conocimiento de las y los mexicanos que consumir este tipo de alimentos pone en riesgo su salud y, de esta manera, evitar posibles daños en la población mexicana; en dicho tenor presento a esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que vigile el cumplimiento de la NOM-056-FITO-1996 en lo concerniente a los productos transgénicos.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a que, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, emprenda las acciones necesarias para prevenir, controlar e informar a la población mexicana sobre los efectos nocivos de consumir productos transgénicos.
Notas
1. Greepeace, “Impacto de los Transgénicos”, [en línea], España, Dirección URL: http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Transgenicos/Transgen icos/Problemas-de-los-transgenicos/
2. Greenpeace, “Efectos para la salud”, [en línea], España, Dirección URL: http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Transgenicos/Transgen icos/Problemas-de-los-transgenicos/Efectos-de-los-transgenicos-para-la- salud1/
3. Greenpeace, “Efectos para el medio ambiente”, [en línea], España, Dirección URL: http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Transgenicos/Transgen icos/Problemas-de-los-transgenicos/Efectos-de-los-transgenicos-para-el- medio-ambiente/
4. Grrrowd, “Protege al maíz mexicano, ¡Di no a los transgénicos!”, {en línea}, España, Dirección URL :
https://www.grrrowd.org/es/projects/apoya-mexicanos-cont ra-transgenicos/ https://www.grrrowd.org/es/projects/apoya-mexicanos-contra-transgenicos /
5. Sin Embargo, “La Cofepris ya autorizó 135 líneas de transgénicos en México, alertan ONG’s de salud”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.sinembargo.mx/17-02-2015/1253549
6. Ídem.
7. Ídem.
8. La Jornada, “Encima de todo, una puñalada transgénica”, [en línea], México, Dirección URL:
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/28/opinion/028a2pol
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2015.
Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP a incluir Puerto Peñasco, Caborca, Pitiquito, Altar, Trincheras, Oquitoa, Atil, Tubutama, Magdalena y Santa Ana en la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas y el diésel para la zona fronteriza norte, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
La suscrita, Dora María Talamante Lemas, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La reforma constitucional en materia energética publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013 estableció como dos de los ejes estratégicos el crecimiento económico y el desarrollo incluyente que permitiese al país, por un lado, aprovechar sus recursos energéticos en favor de mayor inversión y generación de más empleos, a partir de iniciativas que promuevan el abasto de energía en cantidades suficientes “y a costos competitivos”; y, por otro lado, el acceso a la energía para democratizar la productividad y mejorar “la calidad de vida de la población” en las distintas regiones del país, consciente del enorme potencial y riqueza energética existente México.
De esa manera, previo análisis, debate y modificaciones por el Congreso de la Unión, el 11 de agosto de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las leyes secundarias que dieron forma al espíritu de la citada reforma constitucional en materia de hidrocarburos, como la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Ingresos sobre ellos, la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, Ley de Petróleos Mexicanos, la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del mismo sector, así como las modificaciones realizadas a diversos ordenamientos.1
Todo lo anterior, a fin de dotar de instrumentos jurídicos y de generar las condiciones necesarias de competencia en el sector, imprimiendo dinamismo a la economía mexicana para lograr la disminución de los precios de hidrocarburos.
Sin embargo, a seis meses de la publicación de las citadas leyes y de la puesta en marcha de los mandatos establecidos en los transitorios para diversas secretarías de Estado, entidades de la administración pública federal, empresas productivas del estado y órganos reguladores, lamentablemente el panorama no es nada alentador en el sector, especialmente en el mercado de las gasolinas ante el panorama de la disminución de los precios internacionales del petróleo, particularmente de la mezcla mexicana de exportación, que hasta hoy se encuentra en 46.57 dólares por barril, por lo que se enfrentan retos considerables que es menester atender de forma urgente.
Precisamente, uno de los imperativos fijado para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo al régimen de transición que se instauró para la libre competencia en el expendio de gasolinas, es establecer las políticas de precios homologados y escalonados de las gasolinas para las zonas que así lo requieran, a fin de evitar la disparidad en los precios en mismas regiones.
Así, en cumplimiento de lo señalado en el transitorio décimo cuarto, fracción I, inciso b), de la Ley de Hidrocarburos, el cual establece que a partir del 1 de enero de 2015, y como máximo hasta el 31 de diciembre de 2017, la regulación sobre precios máximos al público de gasolinas y diésel será establecida por el Ejecutivo federal, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el acuerdo 016/2014, publicado el 1 de enero de 2015, estableció los precios máximos al público al que se sujetarán los precios de las gasolinas y el diésel.
Dicho acuerdo fijó como regla de que los precios máximos de gasolinas Pemex Magna y Pemex Prémium, así como el diésel, reflejarán un ajuste de 1.9 por ciento respecto del precio aplicado en diciembre de 2014, traduciéndose en términos reales a 13.57, 14.38 y 14.20 pesos por litro, respectivamente. Mientras, para el caso de la zona fronteriza del país, se estará sujeto a la política de precios homologados y escalonados determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente durante el ejercicio fiscal de 2014.
Para los efectos de citado acuerdo, por zona fronteriza se entenderá la comprendida entre la línea divisoria internacional con Estados Unidos de América y la paralela situada a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país.
Por eso, más allá de determinar la distancia como elemento para aplicar la política de homologación de precios, la secretaría excluyó, con base en un criterio territorial y no de dinámica económica, regiones que por sus actividades productivas y comerciales dependen en gran medida de Estados Unidos de América, y que por la disparidad de precios de los combustibles les imposibilita competir con las comunidades del país vecino del norte.
Tal situación atraviesan los municipios como Puerto Peñasco, Pitiquito, Altar, Trincheras, Oquitoa, Átil, Tubutama, Magdalena y Santa Ana y Caborca, considerado región fronteriza cuya cabecera se encuentra a más de 20 kilómetros del país vecino del norte, quedan excluidos de la política de homologación de los precios de las gasolinas y que en comparación con otros municipios cercanos, como San Luis Río Colorado, General Plutarco Elías Calles y Nogales, por citar algunos, el precio de la gasolina Magna es de 7.59 pesos por litro, mientras que la Prémium oscila en 8.92.
En el caso de Puerto Peñasco, por ejemplo, donde más de 90 por ciento del ingreso de las familias proviene la actividad turística de vecinos de Estados Unidos de América, se encuentra imposibilitado para competir en condiciones similares con su colindante de San Luis Río Colorado, teniendo que aumentar los precios de la oferta hotelera y de servicios, entre otros factores por la disparidad existente en precios de gasolinas y diésel entre ambos municipios.
Situación similar se presenta en el caso de Caborca, municipio con actividades preponderantemente turísticas, agrícolas y ganaderas, que a pesar de ser “considerada región fronteriza por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2002”, se excluye de la citada política implantada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Además, los precios de los combustibles no sólo han perjudicado la vida económica de la región, sino que también ha generado el descontento social que se manifiesta en el día con día de los sonorenses y habitantes en tales municipios, pues el precio referido ha impactado de manera negativa en el costo del transporte público, así como en la venta de los productos básicos de consumo.
La situación ha llegado a tal grado que la representación en Sonora de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo ha detectado2 la venta “clandestina” de gasolina, al margen del cumplimiento de las leyes y normas de seguridad en materia de transporte de estos combustibles, así como de la propia Constitución. Afortunadamente, no se han presentado accidentes originados por la problemática que atraviesan los municipios afectados.
Sin duda, la diferencia de los precios del combustible implica una disminución importante en las actividades económicas de dichas poblaciones, al encontrarse limitadas a competir con regiones favorecidas por la política de homologación, ya que al ser más elevado el precio de los combustibles, los precios en los municipios mencionados deben incrementarse, disminuyendo la competitividad de la región.
En atención de lo expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a revisar por el secretario de Hacienda y Crédito Público la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas y el diésel para la zona fronteriza norte para incluir Puerto Peñasco, Caborca, Pitiquito, Altar, Trincheras, Oquitoa, Átil, Tubutama, Magdalena y Santa Ana en dicha política.
Notas
1 Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y las realizadas a las leyes de Inversión Extranjera; Ley Minera, y de Asociaciones Público Privadas; la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública.
2 http://www.eldiariodesonora.com.mx/nota.php?nota=44158
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2015.
Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para prevenir y sancionar las malas prácticas médicas en los servicios públicos de salud del país, a cargo del diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de la agrupación Movimiento de Regeneración Nacional
Francisco Alfonso Durazo Montaño, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y de la Agrupación de diputados de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
En ocasiones, las personas no logramos entender el dolor e impotencia de la situación de muchos de los ciudadanos que han sufrido la impunidad y el tráfico de influencias en su perjuicio y vemos sencillo opinar y juzgar abiertamente, siendo tan sólo un tercero y espectador.
En México sufrimos de una “enfermedad” llamada actuación médica dolosa, y ésta acción delictiva, suele ocurrir, desafortunadamente algunas veces, en hospitales públicos y los privados.
El 9 de enero del presente año, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, Ifai, solicitó a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Conamed, brindara el número de quejas o denuncias por negligencia médica desde 2006 hasta 2013. Con base a esto, el organismo menciona que de cada 100 quejas interpuestas por presunta negligencia médica, sólo dos concluyen con fallos contra el doctor investigado.
Esto indica que del 100 por ciento de las quejas por negligencia, sólo el 2 por ciento termina en fallos a favor del quejoso.
Según la estadística de quejas concluidas por modalidad del Conamed, el 2013 se finalizó con tan sólo 43 sentencias condenatorias para el acusado, de los mil 775 procesos desahogados.
Dentro del mismo órgano nacional, se encuentra el registro de dictámenes concluidos por la especialidad relacionada con el diagnostico o procedimiento aplicado en la atención médica involucrada en la queja, con un numero de 174 casos, donde se pudo comprobar la mala práctica de los médicos, predominando en cirugías; e ubica al Instituto Mexicano del Seguro Social en el primero lugar en cuanto a quejas por negligencias médicas, con mil 68 expedientes, seguido del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, con 319 casos.
En cuanto al año en curso, no existe un documento oficial, exacto y detallado que nos indique de qué manera ha avanzado éste problema. Sin embargo, lo que si indica el mismo organismo según sus datos, es que en lo que va del año, existen 20 casos en los que se ha podido comprobar la mala práctica de los médicos, encabezando la lista negra de igual manera el IMSS e ISSSTE.
Últimamente, las negligencias médicas se han convertido en una práctica común entre los hospitales públicos y privados.
La mayor parte de las personas consideran una pérdida de tiempo presentar queja ante las autoridades, pues lo consideran que el proceso carece de transparencia y es “luchar contra un monstruo”, ya que en ocasiones se presenta encubrimiento por parte de los titulares de la institución hacia sus empleados.
Diferentes situaciones se suscitaron en el Centro de Salud Rural de San Felipe Jalapa de Díaz y San Antonio de la Cal, en Oaxaca, donde en varias ocasiones se le ha negado la atención a mujeres en fase de parto, motivo por el cual se han visto en la necesidad de dar a luz en jardines y vías públicas.
Otro caso más, donde incluso se solicitó a la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la Republica, iniciar averiguación previa en contra del personal médico de en un hospital de la secretaría federal, por inadecuada atención a una persona de 55 años que acudió por problemas de hemorroides, al no valorarlo correctamente, le causaron la muerte.
Hace poco también, la Comisión Nacional de Derechos Humanos giró recomendación en contra del gobernador Rolando Zapata Bello en Yucatán, por presunta negligencia médica de dos hospitales públicos en dicha entidad, quienes causaron la muerte de una indígena maya con embarazo gemelar, como a sus bebés en gestación.
La lista es larga y podría mencionar varios, así que solo comento uno último y por el cual hago presente ante ustedes este punto de acuerdo.
El caso del señor Édgar Mondragón Bustamante, padre del menor Ismael Mondragón Molina, fallecido el 15 de diciembre de 2004 dentro del Hospital Infantil de Sonora, en el cual, tal como se evidencia del caudal probatorio, se fueron cometiendo de manera sistemática y evidente, actos de dolo criminal, intención homicida, corrupción, impunidad y encubrimiento por parte de distintos servidores públicos participes directos e indirectos dentro de las investigaciones de dicho delito.
Al menor ultimado, le fue diagnosticada “craneosinostosis”, enfermedad que impide el correcto desarrollo del cerebro; el cual fue atendido por el doctor José Manuel Orozco Vázquez, cirujano dentista maxilofacial, quien operó al menor bajo la intención de privarlo de la vida pues cometió acciones premeditadas, para intervenir como si fuese un perito en neurocirugía, situación que a la fecha ha quedado impune pese al amplio caudal de pruebas y dictámenes que se han desahogado en el proceso.
Es de destacar que el hospital infantil no asignó al doctor Orozco Vázquez; éste fue designado por el neurólogo pediatra doctor Óscar Alberto Campbell Araujo, médico ajeno a la institución. Quien indicó y valoró al menor, asumiendo que requería de un tratamiento quirúrgico con “distensores craneales”, método considerado controvertido y no avalado por el Colegio de Neurocirujanos y sus peritos.
Con base en engaños, el mencionado doctor que atendió al menor, realizó una neurocirugía, siendo el médico un cirujano dentista maxilofacial.
Según el acucioso dictamen de los peritos médicos legistas, pertenecientes a la Procuraduría de Justicia del estado de Sonora, pericial médica a cargo del Colegio de Neurólogos y Neurocirujanos de Sonora, la Conamed, y pericial a cargo del Instituto Nacional de Pediatría, se dictaminan a favor del menor Ismael Mondragón Molina, y señala como responsables de mala praxis a los médicos, pruebas palmarias y contundentes, que sin embargo, en un extremo por demás inadmisible fueron soslayadas por el juez de la causa, quien confirió impunidad al hecho pues determino culpabilidad médica, lo cual de manera alguna ocurrió, ya que lo que corresponde a la realidad es “homicidio Calificado”.
Es por ello que mediante amparos y otras acciones legales realizadas por el ofendido señor Mondragón Bustamante, el 31 de mayo de 2010, el agente del Ministerio Público solicita al juez, 18 órdenes de aprehensión en contra de varias personas, incluido el comité de morbi-mortalidad del hospital infantil del estado, por los delitos de encubrimiento y falsedad de declaraciones en perjuicio de la fe pública y procuración y administración de justicia, mismas que fueron rechazadas bajo el supuesto “falta de acreditación de los hechos”, siendo necesario que el juez determine conforme a la realidad de los hechos, la determinación de “homicidio doloso”.
Es evidente que el caso del menor Ismael Mondragón Molina ha tomado dimensiones que no debió, y es tal la situación, que a diez años de los hechos, el padre del fallecido ha agotado ya todos sus recursos y todas las instancias para esclarecer y hacer justicia en contra de los culpables de la muerte de su hijo.
Presentamos este punto de acuerdo, en el cual se detallan brevemente los hechos y se exhorta a que se tomen las medidas pertinentes y que las autoridades responsables le dé agilidad al mismo y esclarezcan los hechos.
Por lo expuesto, y tomando en cuenta el firme compromiso de velar y garantizarse el interés superior de la niñez, previsto en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Convención sobre los derechos del niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se propone a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que instruya al Procurador General de la Republica, para atraer esta grave violación a los intereses superiores del menor asesinado y se le confiera todo el apoyo para evitar que sea impune el asesinato denunciado por el señor Édgar Mondragón Bustamante.
Se exhorta al Ejecutivo federal a que realice junto con su gobierno una estrategia contra las malas prácticas médicas, y se prevean, atiendan y sancionen a éstas.
Segundo. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que de audiencia al recurrente de justicia y se solucione el caso del señor Mondragón Bustamante.
Tercero. Se exhorta al gobernador de Sonora, al presidente del Tribunal Superior de Justicia y presidente del Poder Legislativo de Sonora, impidan la impunidad en el caso planteado y se le brinden todo el apoyo al recurrente para recibir la justicia expedita que el caso requiere.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2015.
Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Ssa a establecer los requisitos, los procedimientos, las medidas sanitarias y las sanciones para regular la reproducción y venta de animales domésticos, suscrita por los diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo para exhortar a la secretaria de Salud a que en el marco de sus facultades establezca los requisitos, procedimientos, medidas sanitarias y sanciones para regular la reproducción y la venta de animales domésticos, con objeto de evitar que se realicen de manera irresponsable y clandestina, como una medida de protección a la vida y de trato digno de los animales; al tenor de las siguientes
Consideraciones
En las ciudades, zonas metropolitanas y en menor medida en el resto del país, de manera desafortunada, se ha venido desarrollando, al amparo de la clandestinidad y del desinterés, un problema tanto social como de salud pública, y de cuidado y protección a los animales.
La tenencia irresponsable de animales, tanto domésticos como silvestres en los hogares, ha derivado en problemas de extinción de aquellas en peligro o bien en sobrepoblación de algunas especies como perros o gatos, lo que conlleva el deterioro de sus condiciones y expectativa de vida, a la par de graves afectaciones a la salud de la población en general.
Situaciones en las que de manera negligente a las mascotas no se les esteriliza, se les deja libre e incluso hasta se les alimenta en la calle, de manera insensible se les abandona completamente en la vía pública por cambiar de parecer en el deseo de poseerlos o –circunstancia especifica que es el objeto del presente punto de acuerdo– tenerlos con fines de reproducción para vender clandestinamente a las crías y obtener un beneficio económico, son las situaciones que han permitido que en las ciudades de nuestro país, así como sus zonas metropolitanas y en cada vez más regiones –incluso rurales–, los animales domésticos en su gran mayoría sufran de condiciones de vidas deplorables y no dignas para su sano desarrollo y a la par, a las autoridades y la población les represente un grave problema de salud pública.
Como se mencionó en el párrafo anterior, la reproducción en criaderos improvisados con ambientes terribles, así como la posterior compra y venta de esas mascotas de manera clandestina –principalmente en la vía pública–, sin control, sin regulación por parte de las autoridades correspondientes, en condiciones deplorables e insalubres, es un verdadero problema de magnitudes graves que nos incumbe a todos.
Un claro y específico ejemplo de este asunto sucede con los perros.
Es tan común que incluso se considera “normal” y parte natural de entorno en nuestro día a día, ver deambular en las calles a un sinnúmero de perros sin dueño y hogar, en busca de alimento y obviamente sin los cuidados y las prevenciones en materia de su salud y que les corresponde.
A nivel mundial el problema se encuentra en las mismas magnitudes, es así que desde la década de los noventas los focos rojos al respecto se encendieron e incluso la Organización Panamericana de la Salud (OPS) cambio el nombre de “pero callejero” por “perro de dueño irresponsable”.1
Nuestro país no es la excepción y es tan grande el problema que resulta imposible cuantificar con exactitud de manera estadística el número de estos animales que se encuentran en esta situación; las cifras exactas al respecto no existen.
No obstante y como referencia, según datos oficiales en nuestro país se estima que hay ya más de 23 millones de perros y gatos2 y se considera que tan solo alrededor de un 30 por ciento de ellos se encuentran atendidos en un hogar, el desafortunado 70 por ciento restante son animales en situación de calle, con todo lo que ello conlleva.3
Más de 10 millones de perros y gatos callejeros que además, no son esterilizados y por ende continúan reproduciéndose; haciendo de este problema un círculo interminable de más y más animales en esta situación.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, entre 2008 y 2010 se sacrificaron en los centros oficiales correspondientes, en promedio entre 600 mil y 800 mil perros al año,4 cifra que además se sigue incrementando.
Tan solo en la Ciudad de México se tiene registros de que existen alrededor de 3 millones de perros callejeros5 y cada mes alrededor de 10 mil de éstos son sacrificados.6
De manera comparativa, a nivel Latinoamérica, tristemente somos el país con el mayor número de perros y gatos en el territorio y de igual manera el primer país con el mayor número de éstos, en situación callejera.
Esto lleva consigo no solo las repercusiones en el trato digno para estos animales, sino también ha desatado un problema grave de salud para la sociedad en su conjunto.
En particular, los perros no solo tienen una alta tasa reproductiva, sino también sus desechos poseen un elevado índice infeccioso de enfermedades que afectan al ser humano; algunas de ellas incluso mortales.
Al respecto, y de acuerdo con fuentes oficiales, se estima que al menos en la capital del país estos animales desechan en la calle cerca de 700 toneladas de heces fecales en un solo día.7
Desechos que según la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, tienen la capacidad de afectar la salud del ser humano con más de 100 enfermedades que son capaces de transmitir entre bacterianas, infecciosas o de origen parasitario, como puede ser la leptospirosis, anquilostomiasis, brucelosis y cestodiasis, por mencionar algunas, y claro además de la rabia que si bien se considera casi erradicada en el país, sigue latente la amenaza.8
Ante ello, las medidas oficiales tanto a nivel federal como estatal y locales para contrarrestar el problema se han orientado hacia la recolección de los animales callejeros, su posterior sacrificio si no son reclamados –en promedio de cada 10 perros que llegan a los distintos albergues públicos, 9 son sacrificados y solo 1 es reclamado–9 y a la par campañas de esterilización gratuitas para mascotas.
Sin embargo, y a pesar de tener un impacto positivo, estas excelentes campañas no han mitigado ni mucho menos reducido o solucionado el problema, esto se debe a que estas medidas actúan sobre la manifestación del problema, es decir se aplican sobre la consecuencia, pero no inciden directamente sobre el verdadero origen que lo motiva.
Ello crea ese círculo vicioso e interminable de más animales callejeros y cada vez lamentables sacrificios de estos seres vivos.
Se estima que al menos en la Cuidad de México se sacrifican alrededor de 10 mil perros cada mes y ello no representa ni la más mínima reducción en el número de estos animales que andan deambulando en la vía pública.10
El origen de este problema radica en propietarios irresponsables, pero también, y cada vez en mayor medida, en personas sin escrúpulos, carentes de moral y además de la preparación requerida, que en los patios, azoteas o cualquier espacio de sus hogares, se dedican a la cría y posterior venta clandestina de perros “de raza”, que simulan su interés meramente económico-lucrativo con un supuesto amor hacia estos animales.
Es reconocido el derecho de ganarse el sustento para la vida, pero siempre de manera legal y decorosa, pero no por medio de una práctica que se caracteriza por la ausencia de las condiciones mínimas de respeto hacia la vida, que atenta directamente en contra de ella y que además afecta la salud de la sociedad en su conjunto.
Los verdaderos amantes de esta especie y de cualquier otra, que se dedican de manera válida a este negocio, lo realizan de manera legítima, legal, certificada, profesional, en criaderos perfectamente establecidos, con apego total a los estándares de reproducción de la especie y, sobre todo, en condiciones que privilegian el profundo respeto hacia sus animales.
Los anteriores desafortunadamente son un mínimo porcentaje.
Son más las personas, familias e incluso verdaderos grupos de mafias que sin observar ninguna medida médica o sanitaria se dedican a la reproducción y posterior venta callejera de crías de perros; animales que en muchos casos e incluso –si se da el caso– posterior a la venta, pierden la vida por haber nacido en condiciones deplorables y sin haber recibido la atención medica profesional requerida.
Animales que por la menor cantidad de dinero caen en manos de dueños irresponsables que los compran para lo mismo o para “tenerlos” como mascota, pero que en cualquier momento los sacan a la calle y ahí los abandonan sin ni siquiera vacunarlos y ya no se diga, esterilizarlos o llevarlos a un centro público que los reciba y los ponga en adopción.
Por otro lado, los perros que no son vendidos; literalmente son abandonados en la calle por considerarse sobras que detienen el negocio; porque su edad ya no es atractiva para la venta.
Somos una sociedad que no solo tolera, sino que también propicia y motiva esta lamentable situación de reproducir, vender y comprar un “perro de raza”; por encima de promover una cultura de la tenencia responsable y la adopción de la sobrepoblación de animales domésticos callejeros.
Creemos criar, vender y adquirir “especies de raza” cuando en realidad, estamos reproduciendo desmedidamente animales sin calidad genética, con enfermedades, que no cubren los estándares mínimos de la especie deseada; pero sobre todo, con seres vivos a los que se les condena a una vida deplorable y carente del cariño necesario, de los cuidados y atención merecida y peor aún; del respeto que les corresponde.
Con todo lo anterior, esta soberanía debe de abonar en el intento de muchos verdaderos amantes de los animales; ya sea en el anonimato desde su casa, en criaderos responsables o desde la sociedad organizada, pero todos ellos en la tenencia responsable y amorosa de los animales; que claman por poner fin a la venta callejera y clandestina de animales domésticos y a su reproducción y tenencia en condiciones irresponsables y deplorables.
Como sociedad tenemos una deuda pendiente con los seres vivos –en este caso animales callejeros– con quienes compartimos este mundo que también les pertenece.
No podemos perder la sensibilidad ante estos animales y sus actuales condiciones de vida.
Regulemos la reproducción de los animales domésticos como perros y gatos, así como también su venta.
Tenemos las instituciones correspondientes que cuentan con los conocimientos y la capacidad para hacerlo.
Los animales domésticos e incluso los silvestres que se encuentran en cautiverio o como la mayoría de los casos en el abandono ya sea en supuestos hogares pero generalmente en la calle, son mascotas de todos.
Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Artículo Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la secretaria de Salud a que en el marco de sus facultades establezca los requisitos, procedimientos, medidas sanitarias y sanciones para regular la reproducción y la venta de animales domésticos, con objeto de evitar que se realicen de manera irresponsable y clandestina, como una medida de protección a la vida y de trato digno de los animales.
Artículo Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la secretaria de Salud a que en el marco de sus facultades, realice campañas a nivel nacional que promuevan una cultura de tenencia responsable de animales domésticos y de denuncia de su reproducción y venta de clandestina y carente de los permisos y certificaciones correspondientes.
Notas
1 Organización Panamericana de la Salud (OPS), reporte 1994.
2 Inegi. Censo de Población y Vivienda 2010.
3 Inegi. Censo de Población y Vivienda 2010.
4 Secretaria de Salud. 2008.
5 Secretaria de Salud del Distrito Federal.
6 Secretaria de Salud del Distrito Federal.
7 Secretaria de Salud del Distrito Federal.
8 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.
9 Secretaria de Salud.
10 Secretaria de Salud del Distrito Federal.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2015.
Diputados: María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Rafael González Reséndiz.Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Tabasco a atender las recomendaciones de la CNDH sobre procuración de defensa y salvaguarda de los derechos humanos en la entidad, a cargo del diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y el artículo 79, numeral I, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La salvaguarda de los derechos humanos como eje rector del principio de la legalidad, debe inscribirse como una de las prioridades fundamentales del estado de derecho, en cuyo ejercicio se asegura la dignidad de la persona humana, a través de la procuración del bien común.
Desafortunadamente en nuestro país, las violaciones en materia de derechos humanos tales como las detenciones arbitrarias, desapariciones, hostigamientos, ejecuciones extrajudiciales, entre otras, se inscriben como una realidad lacerante para la sociedad mexicana al amparo de la impunidad y la soberbia, demostrando con ello graves falencias y carencias al interior del sistema de procuración e impartición de justicia. De igual manera, la ausencia de protocolos y medidas que garanticen el debido respeto a los derechos humanos, representan uno de los principales elementos que impiden el establecimiento y garantía del orden y la paz de los ciudadanos.
Por su parte, Tabasco no es ajeno a esta realidad, por el contrario, basta mencionar los graves y reprobables hechos en materia de violaciones a los derechos humanos de la sociedad en general, en donde el gobierno, por acción u omisión incumple con su tarea de respetar, proteger y defender los derechos humanos. Por otro lado, una serie de académicos e investigadores como Ángela Mendoza, responsable del área de comunicación e investigación del Comité de Derechos Humanos de Tabasco, quien calificó a la entidad como “tierra de tortura, feminicidios, violaciones a los derechos de los migrantes y de aguda contaminación ambiental.”
De todos es conocido que la migración ha sido desde hace mucho tiempo la manifestación de la voluntad del ser humano por tener una vida mejor y de superar la adversidad; por lo tanto, se inscribe como un derecho humano consagrado en instrumentos internacionales. Sin embargo, en ese estado, se han presentado acontecimientos de maltrato y sometimiento por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración y autoridades estatales, particularmente en la localidad de Tenosique, en perjuicio de la comunidad migrante, situación que demuestra una vulneración grave del principio de la legalidad, al ser los propios agentes del Estado, los que violentan los derechos humanos de esta población; por lo tanto, resulta indispensable reforzar aquellos mecanismos que garanticen de manera adecuada la seguridad y los protocolos en materia de derechos humanos.
Por mencionar otros casos, cabe pues referirse a que el pasado 7 de septiembre de 2014 en esa entidad federativa, le fue negada atención médica a una mujer de 15 años de edad, quien dio a luz a su recién nacido en la sala de espera del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer, en Villahermosa. Ante esta situación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación dirigida al gobierno de Tabasco por violación a los derechos humanos a la protección de la salud y al trato digno en agravio de la mujer y su hijo.
En cuanto a las vulneraciones de la correcta impartición y procuración de justicia se refiere, merece la pena recordar los hechos del pasado 18 de octubre de 2014, en donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, nuevamente emitió una recomendación al gobierno de Tabasco por violaciones a los derechos humanos, a la legalidad y al trato digno de tres internos del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, CRESET, en donde la CNDH contó con elementos que evidencian que se vulneraron los derechos humanos de los internos, a la seguridad jurídica y al trato digno derivado de acciones u omisiones contrarias a los derechos de las personas privadas de su libertad, así como omitir otorgar facilidades para el desarrollo de actividades recreativas y laborales.
Por lo tanto, estos hechos ponen de manifiesto la urgente necesidad de que el gobierno de Tabasco atienda de manera oportuna y expedita, todas aquellas recomendaciones emitidas por parte de la CNDH a efecto de subsanar de manera puntual todas aquellas irregularidades que suponen un impedimento para el pleno goce de los derechos humanos a favor de la población. Asimismo, resulta indispensable que la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad federativa, actúe con eficacia y eficiencia a efecto de garantizar siempre y en todo momento el debido proceso, con la finalidad de combatir de manera frontal a la corrupción e impunidad, y regresar de la paz, seguridad y tranquilidad a la sociedad tabasqueña.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Tabasco a que atienda de manera oportuna y puntual las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de procuración defensa y salvaguarda de los derechos humanos en esa entidad federativa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2015.
Diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a propiciar acciones para acelerar la reactivación del ingenio azucarero Nuevo San Francisco, a cargo del diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del PRD
Uriel Flores Aguayo, diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Veracruz a propiciar las acciones necesarias para acelerar la reactivación del ingenio azucarero Nuevo San Francisco, ubicado en el municipio de Lerdo de Tejada, Veracruz. Al tenor de las siguientes
Consideraciones
a) El ingenio azucarero Nuevo San Francisco, se encuentra ubicado en el municipio de Lerdo de Tejada, Veracruz. Perteneciente al grupo Gargonz, se declaró en proceso de quiebra el 1 de octubre de 2013, cerrando sus instalaciones y actividades en el mes de diciembre de ese mismo año. Se dejaron de pagar diversos adeudos; sueldos, prestaciones de ley, aguinaldos, pensiones, así como a proveedores.
b) Ante la declaración de quiebra y el cierre del Ingenio, cerca de 850 obreros activos y jubilados, 2 mil 200 productores de caña de azúcar y 5 mil 500 familias dependientes directa o indirectamente, dejaron de percibir recursos económicos. Esto derivó en una gran crisis económica y social dentro del municipio y lugares colindantes de la región.
c) A la fecha, a pesar de que existen diversos acercamientos de autoridades estatales y federales, buscando dar solución al conflicto social que se ha causado, no existe la certidumbre de que se vaya a dar solución definitiva.
Como representantes populares, debemos hacernos portadores de esas voces, exigiendo que el gobernador gire las instrucciones pertinentes a su gabinete para atender y resolver esta grave situación en el estado de Veracruz.
Por lo anteriormente expuesto, someto al pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador del Estado de Veracruz a dar celeridad a la creación de un mecanismo financiero que permita la reactivación y el pago de adeudos de los trabajadores del ingenio azucarero “Nuevo San Francisco”, de Ciudad Lerdo, Veracruz.
Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a 19 de febrero de 2015.
Diputado Uriel Flores Aguayo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del IMSS a adoptar medidas para eliminar en el caso de pensionados y jubilados el trámite de comprobación de supervivencia, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Diputado José Francisco Coronato Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a efecto de que el Instituto Mexicano del Seguro Social adopte las medidas necesarias para eliminar el trámite de comprobación de supervivencia a los pensionados y jubilados por representar un sector social vulnerable y lo cual transgrede sus derechos fundamentales, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La seguridad social nace en Alemania, en la época del Canciller Otto von Bismarck, con la Ley del Seguro de Enfermedad, en 1883.
En México, la seguridad social tiene como antecedente la Constitución Política del 5 de febrero de 1917 en el artículo 123 fracción XXIX, que establece: “Se considera de utilidad social el establecimiento de cajas de seguros populares de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo y de otras con fines análogos para lo cual el gobierno federal, como el de cada estado, deberán fomentar la organización de instituciones de esta índole, para difundir e inculcar la previsión popular”. Derivado de lo anterior, se crearon institutos especializados para la atención de los trabajadores, que dependiendo del tipo de empresa en la que laboraban era la naturaleza de la institución que los respaldaba.
De esta forma nacieron las siguientes instituciones:
IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social.
ISSSTE, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
ISSFAM, Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Infonavit, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Fovissste, Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores.
El objetivo de la seguridad social es ofrecer protección a las personas que están en la imposibilidad (temporal o permanente) de obtener un ingreso, o que deben asumir responsabilidades financieras excepcionales para que puedan seguir satisfaciendo sus principales necesidades, para lo cual se les proporciona seguro social. Estos servicios o beneficios incluyen típicamente la provisión de pensiones de jubilación, seguro de incapacidad, pensiones de viudez y orfandad, cuidados médicos y seguro de desempleo, sin embargo, el término es también usado para referirse a la seguridad básica, tales como comida, educación y cuidados médicos.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en un documento publicado en 1991 denominado “Administración de la seguridad social”, definió la seguridad social como:
“La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”.
Asimismo, la seguridad social es considerada como un derecho en la Carta Internacional de Derechos Humanos, donde claramente se expresa:
Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
De lo anterior se puede inferir que la seguridad social es un derecho de todas y todos los mexicanos que el Estado, como institución, está obligado a brindar en un plano de igualdad, sin hacer distinción de edad, sexo, religión, preferencias, ni de ninguna otra índole, incluyendo la institución a la cual esté afiliado para recibir éste servicio, en los términos que permita satisfacer sus necesidades bajo el respeto irrestricto de la dignidad humana.
Lo anterior se menciona toda vez que a partir del mes de Mayo del presente del año el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) estableció que más de un millón de Jubilados y Pensionados que son ex trabajadores del Estado y cerca de cuatro millones contando los familiares, no estarán obligados al pase de vigencia o de revista como es comúnmente conocido el trámite de vigencia para verificar que si aún se encuentran con vida éstas personas, lo cual no sólo es indignante, sino en ocasiones por sus circunstancias físicas particulares les es casi imposible realizarlo.
La institución consideró que el obligar a las personas adultas a trasladarse físicamente a las oficinas o clínicas correspondientes para realizar el trámite de “pase de vigencia”, y que en algunos casos se tenían que auxiliar de ambulancias para poder llegar al lugar donde se debería de cumplir con el trámite resulta innecesario, ya que existen mecanismos para verificar que aún están con vida, como lo son una serie de convenios de colaboración para el intercambio de información con instituciones como Consejo Nacional de Población.
El pase de vigencia de los jubilados se realizaba en dos periodos del año, del 3 de febrero al 15 de abril y del 1 de agosto al 15 de octubre de cada año, teniendo en cuenta que se deben de realizar dos veces al año. Eliminando de esta manera la presencia física en las instalaciones del Instituto a los jubilados.
Ahora bien, de acuerdo a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en su Artículo 214 en la fracción X:
“Artículo 214. Corresponde a la Junta Directiva: la Junta Directiva en su atribución:
...
X. Dictar los acuerdos que resulten necesarios para otorgar los beneficios previstos en los seguros, prestaciones y servicios establecidos en esta Ley;
Congruentemente, se instruyó a la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, llevara a cabo las acciones necesarias para la verificación del estatus de los pensionados y jubilados, sin que tengan que presentarse en las instalaciones del Instituto. Así como la creación de un Centro de Estudios y Apoyo a la Tercera Edad a escala nacional, lo cual no sólo dicho acuerdo refrenda su respeto a dichos beneficiarios, sino además representa un precedente muy importante.
Como consecuencia, las personas serán visitados en sus hogares por el personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); es importante hacer notar que el beneficio de las personas de la tercera edad, teniendo en cuenta que son las personas más desprotegidas a causas de sus dolencias y las condiciones físicas que naturalmente se dan por el trascurso de la vida.
El envejecimiento es comúnmente una experiencia fisiológica de un progresivo declive en las funciones orgánicas y psicológicas como una pérdida de las capacidades sensoriales y cognitivas, por estas razones el tener que acudir a las oficinas o clínicas del Instituto para dar cuenta de que aún se encuentran vivos para poder tener derecho de seguir cobrando sus respectivos pagos y que dependen de ellos para mantenerse, en base a un derecho fundamental, resulta en ocasiones un verdadero esfuerzo y desgaste innecesario.
Se considera a las personas de 60 a 74 años como de edad avanzada; de 75 a 90 viejas o ancianas, y las que sobrepasan los 90 se les denomina grandes viejos o grandes longevos.1 A todo individuo mayor de 60 años se le llamara de forma indistinta persona de la tercera edad, aunado a lo anterior, es importante destacar que gran mayoría de los ancianos utiliza bastón, caminadora o silla de ruedas para su movilidad.
Lo anterior fue posible gracias a que la Junta Directiva del ISSSTE, con el respaldo unánime de las representaciones sindicales de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios y Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal aprobó formalmente el 29 de abril del 2014, en su sesión ordinaria 1344 presidida por el director general, Sebastián Lerdo de Tejada, la cancelación del pase de vigencia presencial para cerca de un millón de jubilados y pensionados.
En nuestro país existe la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en la cual establece en su artículo 14 fracción segunda que se desarrollan los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la organización y funcionamiento de las instituciones de atención a las personas adultas mayores. Es por ello que es necesario implementar en el Instituto Mexicano del Seguro Social los mismos mecanismos como lo realizó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para lograr una equidad normativa.
Ahora bien, tomando en consideración que la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, establece en su artículo 264 fracción XIV que corresponde al Consejo Técnico del propio Instituto conocer y resolver todos aquellos asuntos que por su importancia y trascendencia, como lo es el caso en particular que nos ocupa, siendo el de respetar la dignidad de las y los pensionados y jubilados, tomando en consideración las circunstancias particulares físicas que su caso les representa el comparecer en forma regular para dar testimonio de su propia existencia, lo cual no solamente es indigno, sino violatorio de sus derechos humanos, aunado que ésta medida ya ha sido implementada por otra institución de seguridad social como lo es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el no hacerlo, resulta discriminatorio.
Derivado de lo anterior someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que por conducto de la Mesa Directiva de esta honorable soberanía, se exhorte de manera respetuosa al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, a adoptar las medidas pertinentes para eliminar el trámite de comprobación de supervivencia a los pensionados y jubilados por resultar violatorio de sus derechos fundamentales, tal y como ocurrió con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Para lo cual se deberán implementar los mecanismos de verificación que respeten sus derechos humanos.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro a 19 de febrero de 2015.
Diputado José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del IFT a expedir los lineamientos para los pagos por acceso a multiprogramación, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
La suscrita, María Sanjuana Cerda Franco, diputada federal del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6o., fracción I; 62, numeral 3, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
La multiprogramación es la distribución de más de un canal de programación en el mismo canal de transmisión de radiodifusión (que incluye radio y televisión), lo que representa la posibilidad de transmitir un mayor número de contenidos programáticos a través del mismo recurso de espectro concesionado.
Por ejemplo, el canal de televisión “A” puede partir su señal en los canales “A1”, “A2” y “A3” con diferente programación. Se tiene previsto que los concesionarios puedan celebrar contratos con terceros para ofrecer el acceso a los canales en multiprogramación. Estos terceros podrán ser programadores nacionales, independientes, extranjeros e incluso otros concesionarios de radiodifusión.1
La multiprogramación abre la posibilidad de ingresos adicionales para los concesionarios en la parte publicitaria. Tan sólo en el Distrito Federal, podría haber más de 30 canales, lo que se traduce en un abanico de nuevas posibilidades para los pequeños anunciantes y los creadores de contenidos.2
En el artículo Trigésimo Tercer transitorio de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicada en el Diario Oficial de la Federación del 14 de julio de 2015, el Congreso de la Unión ordenó al IFT emitir dentro del plazo de 180 días hábiles, lineamientos para la autorización de acceso a la multiprogramación, y en su caso para el pago de la contraprestación que corresponda para tal efecto.
En su décima sesión extraordinaria celebrada el pasado 9 de febrero, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) expidió los “Lineamientos Generales Para el Acceso a la Multiprogramación”, con el objeto de regular la autorización para el acceso a la multiprogramación y sus condiciones integrales de funcionamiento.
Los referidos Lineamientos contemplan los requisitos para obtener autorización para el acceso a la multiprogramación y las obligaciones que deberán cumplir quienes accedan a ella. Asimismo se prevé la posibilidad de que los concesionarios celebren contratos con terceros para que de manera libre y en condiciones de mercado tengan acceso a los canales de programación en multiprogramación.
No obstante que en los Lineamientos sí se hace referencia a ciertas condiciones específicas para los llamados “Agentes Económicos Preponderantes” o “Agentes Económicos con Poder Sustancial de Mercado” como lo exige la Ley,3 se determinó que no resulta conveniente en ningún supuesto, el cobro de una contraprestación por el acceso a la multiprogramación en ningún supuesto, bajo los siguientes argumentos:
a. El cobro de una contraprestación por la autorización tendría como supuesto generador una conducta deseable que el Instituto debe fomentar en los concesionarios, esto es, el uso más eficiente del espectro radioeléctrico;4
b. El hecho de que el Instituto establezca una contraprestación para la autorización de la multiprogramación podría afectar la creación de condiciones óptimas para el desarrollo de la pluralidad de la información.5
c. Que en cada canal multiprogramado existirán cargas para el concesionario en favor del Estado como por ejemplo el hecho de que tengan que cumplir con las mismas reglas y disposiciones aplicables en términos de contenido, publicidad, producción nacional independiente, defensor de la audiencia, tiempos de Estado, boletines, encadenamientos y sanciones.6
Como consecuencia de lo anterior, la opinión pública no se hizo esperar: catedráticos y expertos en la materia a lo largo de todo el país cuestionaron la actuación de la autoridad en este rubro, al considerar que el IFT perdió la oportunidad de que los grandes concesionarios de radiodifusión pagaran por la sobreexplotación del espectro que genera la multiprogramación, y con ello generar un beneficio económico para el Estado,7 mientras que las dos nuevas cadenas de TV digital abierta actualmente en proceso de licitación,8 entrarán en desventaja, pues si bien tendrán la posibilidad de multiprogramar, enfrentarán la dificultad de integrar contenidos adicionales.9
También se ha afirmado que un uso más intensivo del espectro sin contraprestación en ningún supuesto, podría resultar violatorio del artículo 134 constitucional, que protege como valor fundamental el manejo de los recursos económicos de la Nación.10
Independientemente de las justificaciones expuestas por el órgano regulador, lo cierto es que la Ley Federal de Telecomunicaciones en su artículo 158 fracción III, impone al IFT la obligación de expedir lineamientos no sólo para el acceso a la multiprogramación, sino también para los casos en que proceda un pago como contraprestación por tal concepto :
Artículo 158. El Instituto otorgará autorizaciones para el acceso a la multiprogramación a los concesionarios que lo soliciten, conforme a los principios de competencia y calidad, garantizando el derecho a la información y atendiendo de manera particular la concentración nacional y regional de frecuencias, incluyendo en su caso el pago de las contraprestaciones debidas bajo los siguientes criterios :
I. a II.
III. El Instituto expedirá lineamientos para la aplicación del presente artículo, así como para el pago de la contraprestación que en su caso corresponda;
IV. a V.
Atendiendo al sentido literal del mandato legislativo, el IFT debe expedir dos tipos de lineamientos:
a. Los relacionados con los términos, condiciones y requisitos para acceder a la multiprogramación; y
b. Los relacionados con los supuestos en los que procederá el pago de una contraprestación para acceder a la multiprogramación y en su caso, los mecanismos para su cálculo.
El IFT incumple con la ley al emitir lineamientos que nada dicen respecto a los supuestos en los que procederá el pago de una contraprestación y de ser el caso, la forma en que la misma será calculada.
Dicha obligación se reitera también en el artículo 15 de la misma ley, que al efecto se transcribe:
Artículo 15. Para el ejercicio de sus atribuciones corresponde al Instituto:
LIV. Fijar, en su caso, el monto de las contraprestaciones que, en los términos establecidos en esta Ley, se tendrán que pagar por el acceso a la multiprogramación;
No obstante lo anterior, en el artículo 5°, de los Lineamientos expedidos por el IFT se establece que:
Artículo 5 . No procederá el pago de contraprestación con motivo de la autorización de acceso a la Multiprogramación.
Independientemente de lo anterior, el Instituto podrá fijar el monto de contraprestaciones con motivo de la autorización para prestar servicios adicionales al de radiodifusión.
Es posible que los lineamientos contravengan también criterios ya adoptados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente los expuestos en la resolución dictada en la acción de inconstitucionalidad 26/2006, en la cual nuestro máximo tribunal declaró inconstitucional el hecho de que quedara a discreción de la autoridad el pago de una contraprestación por la autorización para prestar servicios adicionales a los de radiodifusión, amén de que puede privarse al Estado del pago de una contraprestación que debiera resultar procedente.11
Por todo lo anterior, en Nueva Alianza consideramos que la interpretación conjunta de los artículos art 15, fracción LIV y 158 fracción III de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión permite afirmar que fue voluntad del legislador prever que SI existen casos en los cuales procede el cobro de una contraprestación por concepto de acceso a multiprogramación y que el Instituto debe expedir lineamientos en los que se describan claramente tales supuestos y la forma y rubros que se considerarán para calcular las referidas contraprestaciones.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones a expedir los lineamientos para definir los casos en los cuales procederá el pago de una contraprestación por concepto de acceso a multiprogramación y los criterios para fijar la referida contraprestación, a fin de cumplir con el mandato legal previsto en la fracción LIV del artículo 15 y en la fracción III del artículo 158 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Notas
1 http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/12/la-multiprogramacion-en -mexico-no-tendra-contraprestación.
2 Gabriel Sosa, especialista en telecomunicaciones. Fuente: http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/12/multiprogramacion-trae ria-mas-ingresos-televisoras.
3 En los lineamientos se invoca la fracción II del artículo 158 de la LFTR, que establece que “Tratándose de concesionarios que pertenezcan a un agente económico declarado como preponderante o con poder sustancial, el Instituto no les autorizará la transmisión de un número de canales superior al cincuenta por ciento del total de los canales de televisión abierta, incluidos los de multiprogramación, autorizados a otros concesionarios que se radiodifunden en la región de cobertura;”
4 Acuerdo por el que el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite los “Lineamientos generales para el acceso a la multiprogramación”, página 4.
5 Ibídem, página 5.
6 Ibídem.
7 Opinión de Gabriel Sosa Plata. Experto en Telecomunicaciones.
8 El proceso de licitación continúa y actualmente se encuentra en la etapa de “dictaminación y constancias de participación”, misma que concluirá, entre el 5 y 9 de marzo del presente año, con la notificación de las respectivas Constancias de Participación a los Interesados que hayan cumplido con todos los requisitos previstos en las bases de licitación.
La tercera etapa iniciará con la apertura de los sobres que contienen las Ofertas de Cobertura y Económica de los Participantes, lo cual se llevará a cabo el 11 de marzo próximo. La emisión del fallo será a más tardar el 19 de marzo. Fte. http://www.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2015/02/COMUNICADO-IFT- 06-03.02.15.pdf
9 Agencia Reforma/Rafael Aceves/12/02/2015. Fuente: http://www.am.com.mx/leon/mexico/obtienen-regalazo-televisa-y-tv-azteca -180254.html
10 Palabras del profesor y economista del ITAM, Ramiro Tovar Landa. Fte: http://homozapping.com.mx/2015/02/anticonstitucional-exentar-del-pago-d e-contraprestaciones-a-televisoras-en-multiprogramacion/
11 Acción de Inconstitucionalidad 26/2006. Diario Oficial de la Federación del 20 de agosto de 2007.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de febrero de 2015.
Diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Guerrero a atender las recomendaciones de la CNDH en materia de procuración de defensa y salvaguarda de los derechos humanos en la entidad, a cargo de la diputada María Guadalupe Mondragón González, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Guadalupe Mondragón González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En los últimos dos años, México ha sido un foco rojo en materia de derechos humanos. Por un lado, los derechos de los mexicanos se han visto vulnerables por la falta de protocolos y medidas que garanticen el orden y la paz en el país; y, por otro, aunado a esta crisis en dicha materia, algunos estados intensifican esta característica por la violencia que se vive en las entidades.
Algunos casos de esta índole son las detenciones arbitrarias, las desapariciones, los hostigamientos, las ejecuciones extrajudiciales y otros acontecimientos que describen una realidad lacerante para la sociedad mexicana.
Como prueba de ello, Guerrero ha sido uno de los territorios con mayor conflicto en el país en los últimos años.
Desde 2011, durante el gobierno de Ángel Aguirre, se ha mantenido la impunidad sobre los hechos violentos ocurridos el 12 de diciembre de ese año en la Autopista del Sol, que derivaron en la muerte de dos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y de Gonzalo Miguel Rivas, trabajador de una gasolinera, además de 50 personas lesionadas, la detención arbitraria de 27 personas, una víctima de tortura y 16 que recibieron maltrato por parte de las autoridades estatales.
Posteriormente, con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 en el municipio de Iguala se demuestra una vez más la debilidad que ese estado tiene para la salvaguarda de los derechos humanos.
A partir de este hecho relacionado con los normalistas, diversas organizaciones civiles y defensores de derechos humanos se han pronunciado contra el gobierno de Guerrero y promovido una intensa campaña en esa región que tiene como propósito fortalecer liderazgos sociales y defender jurídicamente casos de violaciones graves de derechos humanos.
Recientemente, organizaciones agrupadas en torno al seguimiento del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas se han preocupado por los hostigamientos y las amenazas que dichas organizaciones en Guerrero han recibido por parte de las propias autoridades estatales e incluso por el gobernador interino Rogelio Ortega Martínez.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado desde 2011 el ascenso de agentes estatales presuntamente involucrados en diversos acontecimientos que lastiman a la sociedad guerrerense en materia de derechos humanos.
El juicio político que este organismo solicitó contra los entonces procurador general de la Justicia del Estado de Guerrero, Alberto López Rosas, y secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ramón Almonte Borja, no ha sido resuelto por el congreso local.
Actualmente, la CNDH mantiene abierto el expediente de queja sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Por su lado, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos respaldó a la CNDH en esta tarea con relación al municipio de Iguala, el cual es un hecho que muestra el punto crítico y desafiante que actualmente enfrenta México.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) brindará asistencia técnica en el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Los objetivos que persiguen son la elaboración de recomendaciones con respecto a los planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas, las líneas de investigación y el plan de atención integral de víctimas.
Guerrero, además de ser un estado donde la vulnerabilidad de los guerrerenses resulta afectada por las propias autoridades estatales, el gobierno no logra fortalecer la formación de protocolos que permitan promover y defender la libertad de expresión y el activismo con relación a los derechos humanos, sobre todo ahora, en donde la administración estatal se encuentra en desequilibrio y en víspera de las elecciones de este año.
Por tanto, estos hechos obligan al gobierno de Guerrero a atender de manera puntual oportuna y expedita todas las recomendaciones emitidas por la CNDH y organismos como la CIDH, que de manera coordinada con el Ejecutivo emitirán de igual modo recomendaciones a efecto de garantizar el ejercicio del buen gobierno para el pleno goce de los derechos humanos a favor de la población. Asimismo, resulta indispensable que las instituciones públicas en materia de seguridad de dicha entidad federativa, ahora en coordinación con el Ejército Mexicano y con las fuerzas federales, actúe siempre y en todo momento con la debida responsabilidad y transparencia a efecto de combatir de manera frontal la corrupción e impunidad, y regresar de esta manera la paz, seguridad y tranquilidad a la sociedad guerrerense.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Guerrero a atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de procuración defensa y salvaguarda de los derechos humanos en esa entidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2015.
Diputada Guadalupe Mondragón González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del gobierno de Veracruz y de la Secretaría de Seguridad Pública a revisar e implantar estrategias efectivas de seguridad pública en Xalapa, a cargo del diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del PRD
Uriel Flores Aguayo, diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Veracruz, así como al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, a dar revisión e implementar estrategias efectivas de seguridad pública en Xalapa, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La percepción de la ciudadanía de que la inseguridad aumenta en Xalapa, capital del estado de Veracruz, sigue siendo muy fuerte, a lo que se agregan una serie de casos concretos que han sacudido a la ciudad a últimas fechas.
El presidente municipal de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez reconoció que falta mucho por hacer en materia de seguridad en la capital del estado, en declaración pública al portal informativo al calor político, afirmó “tenemos un indicador per cápita de 3 mil 700 dólares cuando debería ser 9 mil dólares de cada uno de los ciudadanos, tenemos diferentes tareas, retos y problemáticas que atender, como la generación de empleo, y el cuidado de jóvenes desocupados, los cuales están tomando otro tipo de alternativas de vida y otros caminos, lo que origina que vivir en Xalapa sea más peligroso”.
Por su parte, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana del Gobierno de la República, Roberto Campa Cifrián, en declaraciones públicas afirmó que son tres los municipios veracruzanos que aglutinan graves problemas de inseguridad; Veracruz, Boca del Río y Xalapa. Lo que se traduce en que más de 80 colonias registren los mayores índices delincuenciales y hasta de origen de presos del estado.
Asimismo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Xalapa, Juan Carlos Stivallet Collinot, denunció a principios de este año que el problema de la inseguridad en la ciudad y en la entidad sigue siendo un caso grave. De entre los empresarios, él sabe que se siguen registrando secuestros, extorsiones, pago de piso, entre otros delitos. Lamentablemente, reconoció, los empresarios no denuncian por temor a que el escenario sea contraproducente.
Secuestros, asaltos, extorsión y otros delitos, son tema cotidiano en la ciudad de Xalapa, por ello, como representantes populares, debemos hacernos portadores de esas voces, exigiendo el establecimiento de mecanismos eficaces para la prevención y el combate al delito para la pronta recuperación de la paz pública que caracterizaba a Xalapa.
Por lo anteriormente expuesto, someto al pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta, al gobernador de Veracruz, hacer uso de sus atribuciones constitucionales en materia de seguridad pública e instruir a la Secretaría de Seguridad Pública del estado para diseñar, mejorar e implementar estrategias que permitan la disuasión y el combate eficaz de los delitos que se cometen en la ciudad de Xalapa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a 19 de febrero de 2015.
Diputado Uriel Flores Aguayo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sener y la Comisión Reguladora de Energía a garantizar la vigilancia del cumplimiento de las especificaciones técnicas de seguridad de las respectivas NOM por los permisionarios con actividades de transporte, almacenamiento o distribución de gas LP, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
La que suscribe, María Sanjuana Cerda Franco, diputada de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:
Consideraciones
La Secretaría de Energía reconoce que es obligación del Estado mexicano, en este caso del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Energía (Sener) y de la Comisión Reguladora de Energía, garantizar que el Gas Licuado de Petróleo se suministre bajo condiciones de seguridad.
Así lo señala la Dirección General de Planeación Energética de la Secretaría de Energía señala en la presentación de la “Prospectiva del mercado de gas licuado de petróleo 2007-2016” que “El gas licuado de petróleo es una fuente vital de energía al ser el principal combustible utilizado para uso doméstico en más de 70% de los hogares mexicanos. Su acceso representa un signo de desarrollo y calidad de vida de la población. Garantizar su suministro bajo premisas de bienestar social y bajo condiciones de seguridad es compromiso del Estado mexicano .”
Con base en esta prospectiva, en 2006, el número de viviendas que emplearon gas LP equivalió a 74% del total nacional de viviendas. Asimismo, se señala que del volumen de gas LP consumido en ese mismo año, aproximadamente 54% fue distribuido en forma de recipientes portátiles (cilindros) de diversa capacidad y 46% fue repartido a través de redes y tanques estacionarios.
Esos son los datos más recientes publicados en la Secretaría de Energía en cuanto a gas LP. No obstante, el documento en cuestión presenta valores prospectivos con base en los cuales la Sener estima que la demanda interna de gas LP crezca a un ritmo promedio anual de 1.0%, pasando de 311.2 mbd en 2006 a 344.4 mbd en 2016.
Según el mismo documento, en el 2016 se prevé que la composición sectorial de esta demanda esté concentrada en el sector residencial, con 64% del total; seguida por servicios, con una demanda de 14%; industrial, con 9%; autotransporte, con 8%; y en menor medida, los sectores petrolero y agropecuario, con 3% y 2% respectivamente.
Así pues, podemos constatar que las actividades relativas al gas LP afectan en mayor medida a los hogares y, en segundo lugar, al sector de servicios. Los hoteles, restaurantes, escuelas y hospitales constituyen algunos de los principales consumidores del gas LP en el sector servicios.
Esto se debe al hecho de que la versatilidad del gas LP, permite que pueda ser aprovechado no sólo para su uso tradicional (calentamiento de espacios, agua y alimentos), sino también en secadoras de ropa, generadores de emergencia, sistemas de aire acondicionado y alumbrado de exteriores mediante antorchas
Con base en lo anterior, podemos constatar que las viviendas y los espacios públicos son los que más consumen gas LP y que, por ende, se encuentran más expuestos a accidentes derivados del manejo de este gas. Las y los mexicanos en el desarrollo de sus actividades cotidianas son el blanco directo de los potenciales peligros que pueden resultar del transporte, almacenamiento y distribución de un gas inodoro, incoloro y que se maniobra a presión.
Dado el uso cotidiano y el peligro inherente a su naturaleza inflamable, el gas LP representa un grave peligro para la salud y seguridad de la sociedad en general. Por lo cual, es imprescindible que las autoridades competentes realicen una estricta y minuciosa supervisión y vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables a quienes realicen actividades de aprovechamiento de gas LP.
Una prueba del alto potencial de riesgo que implica el manejo de gas LP para la sociedad en su vida cotidiana, fue el fatal accidente ocurrido el 29 de enero del presente año en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, que quedó devastado por la explosión de una pipa de gas, dejando un saldo de más de 70 lesionados y más de 3 muertos.
A este accidente en el Hospital Materno Infantil se le suman otras explosiones de gas: la pipa de gas en la comunidad de San Pedro Xalostoc, del 7 de mayo de 2013; la ocurrida en las oficinas centrales de Pemex, el 31 de enero de 2013 y la de una plaza comercial de Reynosa, Tamaulipas, el 15 de mayo de 2014.
El expendio del gas LP al público, en los diversos sectores de consumo localizados en todo el territorio nacional, es responsabilidad de las empresas privadas, que a tal efecto se han constituido legalmente y que cuentan con un permiso otorgado por la Sener o la CRE, según corresponda. Sin embargo, el establecimiento de las normas que regulan dichas actividades peligrosas y la vigilancia del cumplimiento de las mismas, corresponde estrictamente al gobierno federal.
Al efecto, el artículo 90 del Reglamento de Gas Licuado establece:
“La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), según corresponda, de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, así como con el presente Reglamento, podrán realizar por sí, o con el auxilio de Unidades de Verificación aprobadas por la Secretaría o la Comisión en las materias correspondientes, la verificación de las condiciones técnicas de seguridad y de operación de los Permisionarios y Usuarios Finales, con el objeto de vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables.”
De acuerdo a lo anterior, la Sener y de la CRE tienen la obligación de supervisar y verificar que los permisionarios de alguna actividad relativa al manejo y distribución de gas LP funcionen con estricto apego a las normas de seguridad en la materia. El hecho de que la Sener y la CRE puedan auxiliarse de unidades verificadoras que les ayuden en el cumplimiento de dicha obligación, no los deslinda de supervisar que los diferentes permisionarios cumplan con las normas de seguridad, entre otros.
En efecto, las unidades de verificación son personas acreditas en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, aprobadas por la misma Sener o la CRE, según corresponda, para que lleven a cabo la evaluación de conformidad de las NOM en materia de gas LP.
Por ende, si las unidades de verificación que certifican el cumplimiento de las empresas permisionarias que manejan y distribuyen gas LP con las Normas Oficiales aplicables, son acreditadas y aprobadas por el Gobierno Federal, entonces el Gobierno Federal tiene la obligación de realizar una selección más estricta de las unidades de verificación que aprueba, para que le coadyuven en su obligación legal de supervisar y vigilar por la seguridad de la sociedad ante el desarrollo de actividades relativas al gas LP.
Además, con base en el artículo 87 del mencionado reglamento menciona que:
“el diseño, construcción, equipamiento, operación, modificación, mantenimiento y retiro de plantas de depósito, plantas de suministro, plantas de distribución, estaciones de gas LP, para carburación, sistemas de transporte por ductos, redes de distribución por ductos, semirremolques, carrotanques, buque-tanques, centros de intercambio, centros de destrucción, talleres de equipos de carburación, bodegas de distribución, instalaciones de aprovechamiento, auto-tanques, vehículos de reparto, recipientes transportables, recipientes no transportables y demás instalaciones, vehículos y equipos de gas LP, se llevará a cabo con apego a las normas oficiales mexicanas aplicables . Las actividades a que se refiere el párrafo anterior deberán evaluarse y dictaminarse por personas acreditadas y aprobadas en la materia correspondiente, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.”
De lo anterior queda establecida la obligación del Gobierno Federal para regular las especificidades técnicas en materia de seguridad, entre otros, que se deberán respetar. De tal suerte que también es responsabilidad del Gobierno Federal regular el transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de gas LP.
Entonces, si bien el transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de gas LP es operado por empresas privadas que cuentan con un permiso otorgado por el Gobierno Federal; la vigilancia y supervisión del estricto apego que estas empresas deben tener respecto a las normas aplicables en materia de seguridad corresponde únicamente al Estado.
A raíz de la reforma energética esta facultad le corresponde a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos (ANSIPA), tal y como se establece en el artículo 5, fracción III de la Ley de la ANSIPA.
Sin embargo, con base en el artículo transitorio vigésimo primero de la Ley de Hidrocarburos, en tanto entre en funciones la Agencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley de la materia, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía continuarán regulando y supervisando, en el ámbito de sus atribuciones, la industria de los Hidrocarburos en materia de seguridad industrial y operativa.
La ley en la materia que se menciona es la Ley de la ANSIPA y en ese contexto, el artículo transitorio cuarto de la Ley de la ANSIPA, establece que la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía continuarán despachando los asuntos que les competen, con base en las disposiciones legales aplicables, hasta la entrada en vigor del Reglamento Interior de la Agencia.
Ahora bien, con base en lo dispuesto en el artículo transitorio primero del Reglamento de la Ley de la ANSIPA, el reglamento entrará en vigor el día dos de marzo de dos mil quince.
Por eso el presente punto de acuerdo se dirige a las autoridades que aún son competentes en la materia. En este caso, la CRE y al Sener, para exhortarles que cumplan a cabalidad con su obligación de garantizar seguridad en la operación de actividades relacionadas con el manejo de gas LP.
Si bien en la conferencia de prensa ofrecida el 16 de febrero de 2015 por el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y el titular de la Sener, los resultados de los peritajes realizados por la PGJDF y el informe técnico elaborado por especialistas de la Sener determinaron la existencia de una fuga en el equipamiento del auto-tanque, que suministraba gas LP a la Institución hospitalaria, esto no deslinda al Estado en su obligación de supervisar estas actividades de suministro de gas LP, precisamente para que este tipo de accidentes no ocurran.
En efecto, con base en diversas pruebas científicas y análisis técnicos realizados por las mencionadas dependencias de gobierno, la fuga se originó por la fractura de dos tornillos en la junta de la bomba de trasiego de gas, ubicada en la parte media inferior del auto-tanque. La fatal fractura fue causada por la fatiga de los tornillos, debido al mantenimiento deficiente, lo cual propició el derrame y vaporización del combustible. Esto determina incuestionablemente la responsabilidad de la empresa privada por no cumplir con las normas de seguridad en la materia.
Por lo cual el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza respalda las acciones penales y civiles que se le imputará a la empresa Gas Express Nieto, responsable de la explosión del hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, así como las sanciones administrativas que se le aplicarán.
Sin embargo, lo ocurrido también denota una vigilancia y supervisión totalmente laxa de las unidades de verificación responsables de certificar en materia de seguridad a dichas empresas privadas y, por ende, falta de firmeza por parte del Estado a la hora de aprobar las unidades de verificación, encargadas de coadyuvar al Estado en su tarea de comprobación del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas aplicables para garantizar la seguridad de la población ante el transporte, almacenamiento, distribución y expendio de gas LP.
En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, consideramos indispensable que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, según corresponda, refuercen la regulación de los sistemas de transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de gas LP, particularmente en lo referente a los sistemas gas rodante.
Asimismo, consideramos urgente que el Gobierno Federal, a través de la Sener y de la CRE, aumente y fortalezca sus actividades de supervisión y vigilancia del cumplimiento de la normatividad vigente en la industria de gas LP por el bien de la seguridad y salud de los consumidores y agentes involucrados en el almacenamiento, transporte, distribución y expendio del gas LP.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero . Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Energía y al Titular de la Comisión Reguladora de Energía, según corresponda, para que fortalezcan la regulación de las especificaciones técnicas de los sistemas de transporte, almacenamiento y/o distribución de gas licuado de petróleo, con el fin de garantizar una mayor seguridad en el desarrollo de dichas actividades.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Energía y al Titular de la Comisión Reguladora de Energía, según corresponda, para que aumenten y fortalezcan la supervisión y vigilancia del cumplimiento, por parte de los permisionarios que realicen actividades de transporte, almacenamiento y/o distribución de gas LP, de las especificaciones técnicas de seguridad contenidas en el reglamento de gas licuado, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables, por ellas expedidas.
Dado en el Palacio de San Lázaro, a 19 de febrero de 2015.
Diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Morelos a atender las recomendaciones de la CNDH en materia de procuración de defensa y salvaguarda de los derechos humanos en la entidad, a cargo del diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Luis Miguel Ramírez Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Nuestro país atraviesa una profunda crisis en materia de promoción, defensa, garantía y salvaguarda de los derechos humanos, en donde las detenciones arbitrarias, desapariciones, hostigamientos, ejecuciones extrajudiciales, entre otras, se inscriben como una realidad lacerante para la sociedad mexicana al amparo de la impunidad y la corrupción.
Como prueba de ello, es necesario mencionar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido 13 recomendaciones por desapariciones que involucran a 37 víctimas, en donde el estado de Morelos, se inscribe como una de las entidades federativas que no han establecido un criterio claro, homologado y público en esta materia.
El estado de Morelos, representa una de las entidades federativas más violentas del país, en donde se cometen más atropellos en perjuicio de la dignidad de la persona humana por parte, inclusive, de los propios elementos de policía y seguridad del estado.
Como prueba de lo anterior, basta con recordar que delitos como la detención arbitraria, la “siembra” de droga y tratos crueles, fueron las principales causas de queja ante la Comisión de Derechos Humanos contra elementos policías adheridos al Mando Único, dependiente de la Comisión Estatal de Seguridad, de tal suerte que al cierre de 2014, el organismo defensor sumó más de 259 quejas promovidas por ciudadanos y ciudadanas que denunciaron haber sido víctimas de abusos policíacos en los municipios donde opera el Mando Único, de acuerdo con distintos medios de comunicación, esta es la cifra de abusos policiacos más alta de la historia.
Asimismo, resulta imperante hacer mención de la condena emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el asesinato del activista defensor de derechos humanos, Gustavo Alejandro Salgado Delgado, el pasado 12 de febrero, quien fuera hallado decapitado y sin manos en un paraje del estado de Morelos. De acuerdo con la información disponible, desde septiembre de 2014, Salgado Delgado habría recibido una serie de amenazas de muerte presuntamente por parte de agentes de la policía del municipio Ayala, Morelos, las cuales, supuestamente estarían relacionadas con sus labores como defensor de los derechos humanos.
Esta situación fortalece el círculo vicioso de impunidad al interior del estado y permite el establecimiento de la delincuencia organizada ya que de acuerdo con Edgardo Buscaglia, Presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México: “A medida en que se violan con mayor frecuencia los derechos humanos, la delincuencia organizada aumenta”, y más aún cuando son los propias fuerzas encargadas de velar por seguridad de la población, las que bajo la más absoluta impunidad, actúan a favor de grupos delincuenciales, ya que las organizaciones criminales no son únicamente compuestas por criminales, sino que se ha demostrado ante las graves violaciones en materia de derechos humanos en el país, que existen agentes que actúan entre la legalidad y la ilegalidad, vulnerando con ello, los principios, valores y objetivos del Estado de derecho.
Este escenario nos plantea a la corrupción como la principal causa de las vulneraciones en materia de derechos humanos, en donde se pone de manifiesto la urgente necesidad de contar con protocolos y medidas que garanticen el debido respeto a los derechos humanos por parte de los elementos de seguridad, herramienta que permite un combate efectivo y frontal a este fenómeno al amparo del principio de la legalidad y salvaguarda de la dignidad de la persona humana.
Por lo tanto, estos hechos obligan al gobierno del estado de Morelos a atender de manera puntual oportuna y expedita, todas aquellas recomendaciones emitidas por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos , a efecto de garantizar el ejercicio del buen gobierno para el pleno goce de los derechos humanos a favor de la población. Asimismo, resulta indispensable que la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad federativa, actúe con siempre y en todo momento con la debida responsabilidad y transparencia a efecto de combatir de manera frontal a la corrupción e impunidad, y regresar de esta manera la paz, seguridad y tranquilidad a la sociedad morelense.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno del estado de Morelos a que atienda de manera oportuna y puntual, las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de procuración defensa y salvaguarda de los derechos humanos en esa entidad federativa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2015.
Diputado Luis Miguel Ramírez Romero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Sener que haga público el proceso para indemnizar a Pemex por las inversiones hechas en las áreas que no conservó tras la Ronda Cero, conforme al artículo sexto transitorio, párrafo séptimo, del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, publicado en el DOF el 20 de diciembre de 2013, a cargo del diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Miguel Alonso Raya, coordinador, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La reforma constitucional en materia energética dispone las reglas para la Ronda Cero mediante su artículo sexto transitorio, párrafo séptimo, que establece:
En caso de que, como resultado del proceso de adjudicación de asignaciones (....) a que hace mención este transitorio, se llegaran a afectar inversiones de Petróleos Mexicanos, éstas serán reconocidas en su justo valor económico en los términos que para tal efecto disponga la Secretaría del ramo en materia de Energía. El Estado podrá asignar una contraprestación al hacer una asignación. (...)
El 13 de agosto del 2014 la Secretaría de Energía (Sener) da a conocer los resultados de la Ronda Cero y Uno.
La legislación secundaria ni los reglamentos prevén ningún mecanismo, recurso o instancia, que pudiera utilizar o a la cual recurrir Petróleos Mexicanos (Pemex), en caso de inconformidad con la resolución de la Sener.
Ahora bien, ni la legislación secundaria ni los reglamentos, prevén ninguna metodología a utilizar por Sener, para establecer el “justo valor económico” de la indemnización que recibirá Pemex por las inversiones ya realizadas en las áreas que fueran finalmente otorgadas a particulares.
Tampoco se ha aclarado el mecanismo, recurso o instancia, que pudiera utilizar o a la cual recurrir Pemex en caso de inconformidad con la retribución establecida por la Sener.
El 11 de diciembre del 2014 se da a conocer las bases de licitación para la adjudicación de contratos de producción compartida para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas someras, y las cuales, tiene las mismas omisiones ya señaladas.
Por otro lado, en la página web de la Presidencia de la República se establece que Pemex “mantiene su papel estratégico en la industria petrolera nacional mediante el mecanismo de Ronda Cero; es decir, Pemex escoge primero:
–Se protegen las inversiones que Pemex ya ha realizado.
– Se le aseguran los derechos de extracción que tienen sobre todos los campos petroleros en producción.
– Se le asignan de manera preferente las mejores áreas de exploración”.
En un entorno de desaceleración económica global de los principales países desarrollados, la tendencia a la baja de los precios del petróleo, el recorte al gasto público federal declarado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la tendencia al alza del dólar; resulta indispensable aclarar la metodología a usar que la Sener implementará, pues claramente se dañaría el patrimonio no sólo de Pemex, sino de la nación. Incluso, implicaría impedir que la empresa productiva del Estado gozará de la autonomía presupuestal de las que tanto presumían quienes impulsaron la reforma energética.
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución:
Único. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaria de Energía hacer público el proceso mediante el cual se indemnizará a Petróleos Mexicanos por las inversiones hechas en las áreas que no conservó tras la Ronda Cero, conforme a lo dispuesto en el artículo Sexto transitorio párrafo séptimo del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 2013.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2015.
Diputado Miguel Alonso Raya (rúbrica)
Con motivo del 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna, a cargo del diputado Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del PRI
Los pueblos se identifican por su historia, su patrimonio cultural, sus expresiones sociales y su creatividad permanente, que les nos da un lugar en el mundo actual. La cultura como tal nos proporciona cohesión social y moldea la construcción del presente y del futuro. Es un valor supremo que hace libres a los hombres y a los pueblos.
Esta manifestación se traduce en la creación, tanto individual como en forma colectiva, de objetos materiales, pensamientos y formas de expresión social, que tienen un significado o valor para un determinado grupo o comunidad social, para la sociedad en general o para el creador mismo.
En el campo de la cultura, Las manifestaciones inmateriales se conocen como bienes intangibles que son aquéllas como los cánones estéticos, las lenguas, las tradiciones indígenas, rurales y urbanas, las costumbres generacionales, las creencias, la historia y la religión, entre otros.
El rasgo distintivo de México
La lengua que hablamos nos define y nos da identidad, en México hay una importante diversidad de pueblos indígenas, somos uno de los 10 países más ricos en diversidad lingüística, ya que cuenta con 68 lenguas originarias y 364 variantes, lo que significa una inmensa gama de lenguas maternas y dialectos.
Son con las que aprendimos a jugar y utilizamos de niños para nombrar y contar las cosas que nos rodean de la naturaleza y sociedad es la que empleamos para expresar las necesidades y saberes, conocimientos, sentimientos y valores con nuestra gente en pocas palabras con la lengua materna nos comunicamos y nos mantenemos unidos, porque la lengua cumple dos funciones fundamentales en la vida:
Es una herramienta de comunicación social, a través de ella damos a conocer a los demás lo que sabemos, sentimos, pensamos, queremos y nos ayuda para el desarrollo de nuestros pensamientos, quiero decir que cuando hablamos o escuchamos, cuando leemos o escribimos, se activa nuestro razonamiento. A pesar de que el español es el idioma oficial del país, las lenguas indígenas han acompañado la vida de México desde su fundación y suponen una fuente inagotable de conocimiento.
Por otra parte, se refieren a la lengua materna como la primera que puede ser adquirida por la persona y puede corresponder a la que habla la madre, pero también a la del padre o cualquier persona con la que se tiene contacto en la etapa inicial de la vida.
Al respecto, Naciones Unidas señala que con el tiempo es probable que más de 50 por ciento de los 7 mil idiomas que se hablan en el mundo desaparezcan en pocas generaciones; 96 por ciento de los que hablan su lengua materna representan 4 por ciento de la población mundial.
Por ello, el país se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura a fin de promover la preservación y protección de todos los idiomas que emplean los pueblos del mundo.
En el actual gobierno, lo principal es la preservación de las lenguas que están en gran parte de nuestro país promoviendo la enseñanza y la educación en la lengua materna, resaltando el derecho a la educación como un derecho humano fundamental para poder ejercer otros derechos, además de que promueve la libertad y la autonomía personal.
Los idiomas son la herramienta para fortalecer la calidad del aprendizaje se debe promover la educación, con materiales de aprendizaje en las lenguas de la comunidad de cada región.
El idioma es esencial para todos los tipos de comunicación; ahora bien, la comunicación es lo que posibilita el cambio y el desarrollo en las sociedades. El uso –o el desuso– de determinadas lenguas puede hoy abrir o cerrar puertas a amplios sectores sociales en muchos lugares del mundo.
http://www.cndh.org.mx/node/912944
http://www.relpe.org/especial-dia-internacional-de-la-le ngua-materna/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2015.
Diputado Samuel Gurrión Matías (rúbrica)
Con motivo del Día del Ejército Mexicano, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del PVEM
Un Ejército tiene la importante misión de defender la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional.
Dada la importancia de esta institución, se estableció por decreto presidencial el 19 de febrero de 1950 como el Día del Ejército Mexicano, a fin de conmemorar la creación de nuestro actual instituto armado.
El día de hoy es pertinente reconocer la valentía, la sangre derramada y la gran importancia de esta institución para el correcto funcionamiento de la Republica, y sobre todo tener presente que cada momento que disfrutamos de paz, es el trabajo y la lucha ofrecida por miles de soldados.
Según una solicitud de información pública indica que el ejército mexicano hasta el año 2013 contaba con alrededor de 212 mil 208 elementos y desde 1979 ha mantenido un crecimiento lento pero sostenido en sus filas.
Este aumento se establece en función de las necesidades que requiere nuestro Ejército para cumplir cabalmente con los principios que le mandata la Carta Magna los cuales son:
1. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación;
2. Garantizar la seguridad interior;
3. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas;
4. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y
5. En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.
Las amenazas a la seguridad nacional de nuestro país en este siglo son complejas y multidimensionales, pero sin lugar a duda la que representa mayor peligro por su grado de sofisticación y permeabilidad es el crimen organizado, por lo que su combate debe hacerse de manera frontal y sin titubeos, y así lo han entendido las diversas administraciones, incluida la del presidente Enrique Peña Nieto, este combate ha sido desempeñado de forma eficiente por el Ejército, Fuerza Área, Marina Armada de México y la Gendarmería Nacional
El Ejército también se encarga de implementar y organizar el Servicio Militar Nacional, el cual tiene como principal objetivo la formación de jóvenes con sentido patriótico y conocimientos básicos sobre la doctrina militar vigente, estos elementos les servirán cuando formen parte de las reservas nacionales, ya que en caso de una movilización estos serán llamados para formar parte de las Fuerzas Armadas.
Otra labor que realiza el Ejército por mandato constitucional es el Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, esta tarea tiene por objetivo llevar un estricto control y registro de las armas de fuego que en forma licita se encuentran en territorio nacional, además de otorgar los permisos necesarios para la portación y posesión de las mismas, así como para el manejo de materiales explosivos.
Finalmente, cabe resaltar que existe una fuerte relación entre el Ejército y la Protección Civil, es por eso que cuando nos referimos al Plan DN-III, rápidamente acuden a nuestra cabeza imágenes de efectivos del Ejército realizando labores de rescate o servicios sanitarios para la población en situación de desastre.
Por el valioso aporte que desempeña el Ejército en la salvaguarda de la paz y sobre todo por la lealtad hacia el pueblo mexicano, es la institución nacional mejor valorada por los mexicanos, para los encuestados, el Ejército Mexicano alcanza el 80.7 por ciento de confianza, la Marina 80.1, la Iglesia Católica 68.1, el Instituto Nacional Electoral 53.3 y la Policía Federal el 50 por ciento.
Es pues un honor honrar a las mujeres y hombres pertenecientes a tan grandiosa institución y los conminamos a seguir defendiendo los intereses de todos los mexicanos con la lealtad y el honor que les caracteriza y a respetar los derechos humanos los cuales son parte integral de nuestra democracia.
Por todo lo anterior en el Partido Verde brindamos todo nuestro respeto y reconocimiento a una de las instituciones de mayor prestigio y mejor ponderadas por la población mexicana, haciendo votos para que el Ejército de México siga defendiendo nuestra patria con valor, honor y lealtad.
Dado en la Cámara de Diputados, a 19 de febrero de 2015.
Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica)
Con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
A t’aane’ un naajil a pixán,
tumen ti’ kuxa’an a laats’ilo’ob.
Ti’e’ úuchben xa’anilnaj,
tu’ux ku k’a’saj a kajtalil,
ti’ ku p’aatal t’aan.
En español expresa lo siguiente:
Tu idioma es la casa de tu alma.
Ahí viven tus padres y tus abuelos.
En esa casa milenaria,
hogar de tus recuerdos,
permanece tu palabra.
Jorge Miguel Cocom Pech, poeta maya
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) aprobó en noviembre de 1999, la celebración del Día de la Lengua Materna, en conmemoración de las manifestaciones estudiantiles que tuvieron lugar en 1952 en Dhaka, capital del actual Bangladesh, y en las que varios participantes murieron en defensa de la lengua bangla para que se reconociera como uno de los dos idiomas oficiales del entonces Pakistán.
Este año, la Unesco nos invita a aprovechar esta fecha para verlo como la oportunidad para reflexionar y celebrar la diversidad cultural. Para recordar que somos uno en la diferencia y que esto nos fortalece. Esta diversidad se expresa, difunde y evoluciona primordialmente a través de la lengua.
Las lenguas del mundo, cada una es un código de comunicación, la forma de entender el mundo y expresarlo, que cada pueblo tiene. Es el alma de los pueblos.
En nuestro país además del español, nuestro patrimonio lingüístico está formado por las 364 variantes pertenecientes a 11 familias lingüísticas que hablan nuestros 68 pueblos indígenas. Asimismo, a los que debemos sumar las lenguas que los migrantes han traído y que hablan al interior de sus comunidades.
En esta reflexión, nos ocupa particularmente la situación de nuestras lenguas indígenas. El Censo de Población y Vivienda 2005, realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), reportó que había aproximadamente 6 millones 100 mil personas hablantes de una lengua indígena; mientras que en 2010 el Censo reporta que en México casi 7 millones de habitantes de 3 años y más hablan alguna lengua indígena. Lo anterior muestra un incremento de 900 mil habitantes con respecto al número de hablantes en 2005; a pesar de estos datos, es preocupante que 100 de las 364 variantes lingüísticas están en peligro de desaparecer.
En particular, quiero llamar la atención de los diputados de la LXII Legislatura sobre la situación que vive la lengua maya; en mi estado natal, Campeche, 71 mil 852 personas la hablan, de un total de 822, 441 habitantes, según los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, publicados por el Inegi. Esto significa que alrededor de 10 por ciento de la población habla maya; también es necesario mencionar que existen otras lenguas indígenas que se hablan en el estado y son tzetzal, chol y kanjobal. En total, 12 por ciento de la población en Campeche habla lengua indígena.
Es cierto que ya contamos con algunos importantes instrumentos jurídicos, institucionales y presupuestales, para dar cumplimiento del artículo segundo constitucional. Por ejemplo, la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas tienen poco más de 10 años de vigencia. Esta soberanía, cada año, asigna un presupuesto, aunque no suficiente, para que la educación intercultural bilingüe sea una realidad para cada niña y niño indígena mexicano.
El verdadero reto ahora es que estos instrumentos se apliquen para dar efectivo cumplimiento al principio de multiculturalidad que reconoce nuestra Constitución.
Una de las tareas del Estado mexicano en su conjunto es preservar y difundir las lenguas indígenas. Y en ese sentido es apropiado que esta celebración sea el marco para asumir los retos que aún tenemos en esta materia.
Este año la Unesco nos convoca a sumar esfuerzos bajo el lema “Inclusión en y a través de la educación: los idiomas cuentan”. Sin duda, la preservación de las lenguas, cualquiera que éstas sean debe estar intrínsecamente ligada a la política educativa.
El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza se pronuncia por el acceso efectivo de los derechos culturales de todos los mexicanos, en especial de aquellos cuya lengua está en condiciones de riesgo. Debemos ir más allá del discurso y hacer posible un México con inclusión social y desarrollo humano intercultural.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero 2015.
Diputado José Angelino Caamal Mena (rúbrica)