Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a considerar la inclusión de toda Baja California y Othón P. Blanco, Quintana Roo, en la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para la zona fronteriza norte, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PVEM

Los suscritos, diputados federales de los estados de Baja California y Quintana Roo por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que incluya a los municipios de Ensenada, el Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe en Baja California y al municipio de Othón P. Blanco en Quintana Roo, a la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para las zonas fronterizas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En términos del artículo 28 constitucional se prevé que las bases para señalar precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular serán fijados en las leyes respectivas, en este sentido el transitorio Décimo Cuarto, fracción I, inciso b) de la Ley de Hidrocarburos, establece que a partir del 1 de enero de 2015 y, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2017 la regulación sobre precios máximos al público de gasolinas y diésel será establecida por el Ejecutivo Federal mediante acuerdo.

En el transitorio señalado se menciona que la política de precios máximos al público que se emita deberá prever ajustes de forma congruente con la inflación esperada de la economía y, en caso de que los precios internacionales de estos combustibles experimenten alta volatilidad, el Ejecutivo Federal preverá mecanismos de ajuste que permitan revisar al alza los incrementos de los citados precios, de manera consistente con la evolución del mercado internacional.

Concordamos en el sentido que ha dado el Ejecutivo Federal sobre el interés público de moderar el impacto de las variaciones del precio de la gasolina y el diésel, así como de la inflación en la economía de las familias mexicanas, por lo que es conveniente establecer precios máximos de venta al consumidor final de las gasolinas Pemex Magna y Pemex Premium y el Diésel, así ha sido necesario establecer los precios máximos al público de las gasolinas y del diésel para el ejercicio fiscal de 2015, tomando como referencia los precios al público vigentes al 31 de diciembre de 2014, con la finalidad de no afectar negativamente las finanzas públicas ni las de Petróleos Mexicanos.

El incremento que el Ejecutivo federal aplicó desde enero de 2015 es inferior a la meta establecida para la inflación esperada de nuestro país para este año prevista por el Banco de México, lo que beneficia a los hogares mexicanos.

Asimismo, para evitar la posibilidad de arbitraje económico, entendido como la posibilidad de tomar ventaja de una diferencia de precio entre dos mercados, en el consumo de los combustibles con la región colindante con los Estados Unidos de América, el Ejecutivo Federal consideró necesario que la política de precios homologados y escalonados aplicada en la zona fronteriza, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con las modificaciones derivadas del Acuerdo publicado el 1 de enero de 2015 en el Diario Oficial de la Federación continúen vigentes.

Existe un llamado social que hacen las diversas cámaras empresariales y del sector social, así como la ciudadanía general del municipio de Ensenada, el Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe en Baja California, correspondiente a la tarifa de los combustibles de gasolina Magna, Premium y Diesel con cifras de 13.57, 14.38 y 14.20 pesos por litro, respectivamente, ya que ambas regiones no son consideradas como parte de la franja fronteriza y por ello no obtiene los mismos subsidios federales que operan en los municipios de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y parte de Mexicali, donde el costo del combustible se encuentra en los 9.03 pesos por litro de Magna, 9.84 pesos por litro de Premium y 14.20 por litro de Diesel.

El mecanismo de homologación, en uso en la frontera norte desde 2002, consiste en que los precios de las gasolinas en la franja fronteriza norte de nuestro territorio se fijan cada martes homologándolos con los precios de los combustibles en la zona sur de Estados Unidos de América, tomando como referencia el promedio de los precios en la semana inmediata anterior el tipo de cambio vigente en el mismo periodo.

Por lo que hace a la frontera sur, la reciente baja en los precios internacionales del petróleo, también ha generado una disminución generalizada en los precios de los combustibles. Conforme a los datos obtenidos en la primera semana de febrero de este año, el precio de venta final al público de las gasolinas en ese país ha descendido a precios menores a los correspondientes para la venta de gasolinas en nuestro territorio.

Así, tenemos que considerando los precios de venta al consumidor final de las gasolinas en Belice al 7 de febrero de 2015 y un tipo de cambio de 7.44 pesos por dólar beliceño, en el caso de la gasolina Premium, la diferencia resultó ser de 1.34 (un peso con treinta y cuatro centavos) por litro; por lo que hace a la gasolina Magna (comercializada como Regular en Belice), la diferencia es de $1.59 (un peso con cincuenta y nueve centavos) por litro; y en el caso del Diésel, la diferencia es de $1.16 (un peso con dieciséis centavos) por litro, conforme se desglosa en la tabla siguiente:

Esta diferencia de precios se ha reflejado en que los habitantes del Municipio de Othón P. Blanco acudan a comprar combustible a la zona libre de Belice que se encuentra a pocos minutos de distancia, con el fin de ahorrar en la adquisición de este producto; el mismo comportamiento se ha observado en relación con ciudadanos beliceños que acudían a comprar gasolina a nuestro país cuando los precios eran más bajos que los de su país.

Es necesario atender el pedimento de incluir a las regiones señaladas en las políticas de precios de combustible homologados y escalonados en función de la importancia de las actividades económicas del municipio de Ensenada, la totalidad del Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe, así como en el municipio de Othón P. Blanco en Quintana Roo, primarias para el comercio internacional como la pesca, la agricultura y el turismo, las cuales generan miles de empleos directos y donde las actividades requieren de un importante consumo de combustible para llevarlas a cabo y que en las condiciones vigentes minan la competitividad y el crecimiento de los productores de las zonas referidas pues los precios de sus productos aumentan y su demanda disminuye.

Los precios de los combustibles no sólo han menguado la vida económica de estas regiones, sino que también ha trastocado la vida cotidiana de los bajacalifornianos y quintarroenses ahí asentados, pues el precio referido ha impactado negativamente el costo del transporte público y de la comercialización de los productos básicos de consumo.

En los asuntos fronterizos se han adoptado diversos criterios, definiciones y extensiones territoriales contenidas en acuerdos binacionales y programas de desarrollo como el Convenio para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Región Fronteriza entre Estados Unidos y México “Convenio de la Paz” donde se determina a la zona fronteriza como el área que se extiende 100 kilómetros al norte y 100 kilómetros al sur de la frontera entre ambos países, criterio adoptado por el Programa Integral Ambiental Fronterizo, PIAF, el Programa Frontera XXI y el Programa Frontera 2012, teniendo el convenio y los programas referidos como nota distintiva la procuración del bienestar económico y social a través de un enfoque sustentable; en el mismo sentido el Banco de Desarrollo de América del Norte considera como franja fronteriza binacional a la extensión de 210 kilómetros, 105 al norte y 105 al sur a partir de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos. Como es evidente, ambos criterios asisten que tanto el municipio de Ensenada, el Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe sean comprendidos en las políticas de precio homologado y escalonado de combustibles del gobierno federal.

Es en razón de la incertidumbre y preocupación de la ciudadanía en estas regiones y ya que ha sido decisión del Ejecutivo federal que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea la encargada de prever los ajustes de forma congruente con la inflación esperada de la economía, así como en el caso de que los precios internacionales de las gasolinas Pemex Magna y Pemex Premium, y el Diésel experimenten alta volatilidad, y es la Secretaría la encargada de establecer los mecanismos para ajustar al alza los incrementos de los citados precios, de manera consistente con la evolución del mercado internacional, debiendo recabar previamente la opinión de la Secretaría de Energía, y que en virtud de la inflación esperada para el próximo ejercicio fiscal, así como el comportamiento esperado de los mercados internacionales de las gasolinas y el diésel, he tenido a bien determinar un ajuste de 1.9 por ciento respecto del precio aplicado en diciembre de 2014, con excepción de la zona fronteriza, la cual está sujeta a la política de precios homologados y escalonados determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente durante el ejercicio fiscal de 2014, es que se pone a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente resolución

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso, se revise la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para las zonas fronterizas para que se incluya al municipio de Ensenada, al Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe en Baja California y al municipio de Othón P. Blanco en Quintana Roo, como beneficiarios de tal política.

Dado el 17 de febrero de 2015, en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro.

Diputados: María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Ricardo Medina Fierro, Benjamín Castillo Valdez, Mayra Karina Robles Aguirre, Adán David Ruiz Gutiérrez, Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), Raymundo King de la Rosa (rúbrica), María Carmen López Segura, María Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), Ana Lilia Garza Cadena y David Pérez Tejada Padilla (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SAT a agilizar los pagos pendientes por concepto de devolución del IVA a favor de los contribuyentes, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con un atraso en los proceso de devoluciones del impuesto al valor agregado (IVA) a favor de los contribuyentes. Organismos como la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) se ha manifestado en distintas ocasiones, señalando que el SAT ha sobrepasado sus facultades, incumpliendo con lo dispuesto en las leyes de la materia, pues hace uso de procedimientos y criterios que retrasan sin justificación la obtención, o no, de las devoluciones de IVA a favor de los contribuyentes. Lo anterior configura, sin lugar a dudas, violaciones a principios y derechos fundamentales como los de legalidad, seguridad y certeza jurídica.

Resulta preocupante que estos procedimientos no hayan sido atendidos por la autoridad hacendaria, aun y cuando desde 2013, la Prodecon ha manifestado diversas recomendaciones sistémicas sobre los procedimientos y criterios que el SAT ha utilizado para retrasar injustificadamente la obtención de las devoluciones de IVA por parte de los contribuyentes, configurando malas prácticas administrativas.

Si bien estas violaciones de derechos han tratado de ser subsanadas, lo cierto es que el SAT no ha garantizado el derecho de los contribuyentes a obtener en forma expedita los saldos de IVA a su favor y, en cambio, ha iniciado auditorías a los contribuyentes que solicita la devolución de IVA. Un gran número de contribuyentes continúan a la espera de que la autoridad resuelva su solicitud de devolución de IVA, donde los plazos legales se han prolongado, generando graves perjuicios en el flujo de efectivo necesario para la inversión, la creación de fuentes de trabajo, el pago de proveedores y simplemente contar con los recursos que por derecho les son propios.

Sobre las resoluciones de procedencia de solicitudes de IVA se han detectado diversas prácticas administrativas deficientes por parte de la autoridad hacendaria. La autoridad ha insistido en solicitar información y realizar requerimientos extemporáneos, innecesarios y excesivos; además, de que un gran número de las auditorías fiscales iniciadas son injustificadas y afectan directamente a los contribuyentes. Sumado a lo anterior, la información que el SAT ha emitido para agilizar la solicitud es deficiente, ya que continuamente requiere mayor documentación. Además, este procedimiento de continuamente requerir más y más información ha representado una gran carga probatoria para el contribuyente.

Si bien el SAT ha buscado mecanismos para agilizar los procesos de devoluciones del IVA, existen contribuyentes que duplican el tiempo de espera de su devolución. El SAT estableció un plazo ilegal entre 90 y 180 días para concluir este proceso; sin embargo, existen casos donde este plazo ha excedido el doble del tiempo establecido unilateralmente por el SAT. Diversos sectores productivos como alimentos, farmacéutico, minería, exportación, automotriz y otros, son sectores que tienen grandes afectaciones, pues se ven imposibilitados al carecer de flujo de efectivo de realizar nuevas inversiones y adquirir activo fijo para continuar con sus actividades. Con los retrasos del SAT, los contribuyentes se han visto envueltos en problemas de cargas financieras excesivas, falta de flujo de efectivo, entre otros problemas.

A pesar de que el 8 de octubre de 2014 el SAT emitió un comunicado donde expresó cambios en su normatividad interna a propuesta de la ombudsman fiscal respecto a las reglas de actuación y para garantizar los derechos de los contribuyentes, lo cierto es que un gran número de contribuyentes siguen expresando su preocupación por la situación de retraso en el proceso de devolución de IVA e insisten en la necesidad de que distintos órdenes de gobierno los ayuden a hacer valer sus derechos.

Entre las reglas emitidas por el SAT para agilizar las devoluciones de saldos a favor de IVA destacan:

– Cuando con motivo de la solicitud de devolución de saldos a favor de IVA, el SAT inicie una auditoría de verificación de procedencia, el acto de fiscalización deberá concluir en un plazo de 90 días, o máximo 180, en flagrante violación al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. La notificación de procedencia o no de la devolución deberá ser notificado dentro de esos mismos plazos.

– Se levantará acta final de visita con el fin de otorgar al contribuyente la oportunidad de refutar cualquier observación hecha por la autoridad.

– La auditoría de revisión de procedencia de la devolución se hará preferentemente a través de visita domiciliaria, con el fin de verificar la existencia material de las operaciones que dan origen al saldo a favor solicitado.

– Se deberá informar al contribuyente auditado de la solicitud de informes a terceros.

– Si el contribuyente tiene varias solicitudes de devolución respecto de un mismo impuesto, el SAT podrá efectuar un solo requerimiento de información y documentación por todas las solicitudes y, en su caso, practicar una sola auditoría.

Estas reglas fueron establecidas con el fin de garantizar el debido proceso y proporcionar seguridad jurídica a los contribuyentes que solicitan las devoluciones de saldos a favor de IVA. El poder legislativo en el ámbito de sus competencias debe pugnar por hacer valer los derechos de los contribuyentes pues éstos se han visto vulnerados.

El Poder Legislativo debe procurar, y manifestarse en contra de cualquier práctica generalizada dilatoria que viole derechos de los contribuyentes, así como de las negativas de devolución sin fundamento o faltas de motivación, de requerimientos excesivos, rechazos improcedentes y violaciones de plazos legales.

Los diputados como representantes de los ciudadanos cumplidos debemos estar atentos a que el SAT cumpla con sus funciones y garantice los derechos de los contribuyentes, los cuales han visto afectados sus intereses vitales. Se debe informar de manera veraz y exacta el estatus de las solicitudes de devolución de los contribuyentes, así como enfatizar la necesidad de cumplir con los plazos legales en los procedimientos de la autoridad hacendaria, evitar cargas probatorias onerosas e injustificadas, condicionar las devoluciones apegadas a la renuncia de otros derechos como contribuyentes, así como que las solicitudes de devolución sean resueltas debidamente fundadas y motivadas.

Así, por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria a que en pleno cumplimiento con la legislación vigente agilice los pagos pendientes por concepto de devolución del impuesto al valor agregado a favor de los contribuyentes, así como a conducirse en estricto apego a la legalidad en la aplicación de procedimientos y criterios que permitan cumplir con el proceso de devoluciones del IVA.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria para que en un plazo no mayor a 20 días hábiles después de haber recibido el exhorto, informe a la opinión pública las acciones emprendidas para dar cabal cumplimiento a la legislación respecto a las solicitudes de devolución del impuesto al valor agregado a personas morales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2015.

Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SEP y la Ssa a fomentar entre los estudiantes de medicina de las instituciones de educación superior mayor interés en la especialidad de hematología, suscrita por los diputados María del Carmen Ordaz Martínez y Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputada María del Carmen Ordaz Martínez y diputado Jesús Antonio Valdez Palazuelos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las profesiones con alto índice de demandas en las Universidades Públicas y Privadas es la medicina, la cual tiene un gran número de especialidades, ello derivado del número de enfermedades y lo complejo de nuestra anatomía y fisiología. En este sentido, podemos señalar diversas ramas la ciencia médica como son geriatría, cardiología, neurología, pediatría, urología, cirugía, otorrinolaringología y proctología, entre muchas otras.

La gran gama de especialidades médicas son elegidas por los doctores en razón de su interés por las mismas y la demanda laboral, lo cual es sinónimo de mayores ingresos económicos. Un estudio realizado por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, dependiente de la Secretaria de Salud y la Secretaría de Educación Pública, señala que las especialidades con mayor demanda son cirugía general, ginecobstetricia, medicina interna, pediatría, anestesiología, médico de urgencia, traumatología y ortopedia, medicina familiar, otorrinolaringología y oftalmología. Este mismo estudio revela las especialidades con menor demanda como son (por señalar algunas), patología clínica, medicina legal, genética, radio oncología, geriatría, epidemiología y hematología.1

Desafortunadamente, la baja demanda en las especialidades repercute en el análisis científico de las enfermedades, el combate a las mismas y principalmente en la atención de las personas que las padecen, ya que si bien se reducen los especialistas, en número de pacientes no disminuye a la par.

Una de las especialidades que está teniendo una baja considerable de doctores interesados en la misma es la hematología. Lo anterior es revelado por el Dr. Gustavo Reyes Brena, del Hospital del ISSSTE de León, Guanajuato, quien hace poco afirmó que en todo el país existen tan solo 600 hematólogos, habiendo estados de la República como el de Quintana Roo, donde no existe uno solo, lo cual obliga a los pacientes a trasladarse a otros hospitales como los de Yucatán.2

Recordemos que la hematología se encarga del estudio y tratamiento de la hemofilia, enfermedad de origen genético referida a los grupos de trastornos hemorrágicos en los cuales la sangre tarda mucho tiempo en coagularse, causando sangrados leves o graves internos y externos.3 Cabe señalar que la hemofilia ataca principalmente a los varones debido a que está relacionada con el cromosoma X, del que la mujer tiene 2 copias a diferencia de los hombres.

Los hematólogos se encargan de estudiar y tratar todos aquellos trastornos que afectan la producción de sangre y sus componentes como los glóbulos rojos, glóbulos blancos, la hemoglobina, las proteínas plasmáticas, el mecanismo de coagulación (hemostasia), etcétera.4 Al ser la sangre el punto principal de la hemofilia, es esencial que más doctores se dediquen a analizar aquel componente fundamental de nuestro cuerpo, mismo que pasa por todos nuestros órganos.

La falta de hematólogos en el país agrava la ya difícil situación de los pacientes con hemofilia, ya que de los 6,100 que se encuentran en el país tan solo el 30 % (alrededor de 1,400) reciben un tratamiento médico adecuado, ello en razón de los altos costos de los medicamentos, los cuales oscilan entre los 5,00 y los 7,000 pesos. 5

Existen diversas instituciones y organizaciones que apoyan a los pacientes con hemofilia, tal es el caso del Instituto de Hematopatología o la Federación de Hemofilia de la República Mexicana A.C., esta última tiene como propósito el impulsar y promover la toma de conciencia de organismos e instituciones relacionadas con las necesidades de las personas con deficiencias congénitas de la coagulación, así como promover la afiliación a la Federación de las asociaciones constituidas legalmente en la República Mexicana.6

A pesar de las diversas asociaciones es necesario que existan médicos especialistas en la enfermedad, que no solo sepan tratar el padecimiento, sino al paciente, tal como lo señala la Dra. Ana Lilia, Hernández Moreno, hematóloga pediatra del Centro Medico la Raza, la capacitación de los enfermos y la colaboración de los especialistas reduce complicaciones en los pacientes, permitiéndoles que lleven una vida normal, con actividad física, con una esperanza de vida de alrededor de 70 años.7

Reconocemos que los estudiantes y doctores tienen la plena libertad de escoger su especialidad y con ello su fuente de ingresos y estilo de vida, pero también es necesario mirar hacia aquellas ramas de la ciencia médica que requieren de más doctores, ello con el fin de investigar las enfermedades, analizarlas y poder otorgar una mejor calidad de vida a toda aquellas personas que sufren serios padecimientos como la hemofilia.

Consideramos que de aumentar de forma importante el número de hematólogos en el país, se combatirá de manera directa la hemofilia, reduciendo el número de personas que la padecen y se podría llegar a encontrar mejores tratamientos. México es un país con médicos profesionistas de excelente calidad, por lo que es sumamente necesario que dichos profesionales observen otros campos de estudio que la sociedad mexicana y los pacientes como hemofilia requieren urgentemente.

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Educación Pública, y de Salud, a efecto de que fomenten entre los estudiantes de medicina de las instituciones de educación superior un mayor interés en la especialidad de hematología.

Notas

1 http://sipse.com/mexico/medicos-desdenan-residencias-especialidades-nec esarias-mexico-111428.html 27 de enero de 2015 18:23 horas.

2 http://www.jornada.unam.mx/2015/01/15/ciencias/a02n2cie 27 de enero de 2015 18:46 horas.

3 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000537.htm 28 de enero de 2015, 12:44 horas.

4 http://www.salud180.com/salud-z/hematologia 27 de enero de 2015 19:54 horas.

5 http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/en-mexico-solo-30-de-hemofilicos -reciben-tratamiento.html 27 de enero de 2015 19:31 horas.

6 http://www.hemofilia.org.mx/?sec=menu2&id=13&id_menu=7 27 de enero de 2015 19:41 horas.

7 http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/09/05/reportan-mas-6000-casos- hemofilia-mexico 27 de enero de 2015 19:43 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2015.

Diputada María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica)


Diputado Jesús Antonio Valdez Palazuelos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a realizar con la Sedena, la Semar y el gobierno de Tamaulipas acciones para restablecer el orden y la paz en Matamoros y Reynosa, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN

Los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y el artículo 79, numeral I, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que lleve a cabo las medidas y acciones necesarias para restablecer el orden y la paz en los municipios de Matamoros y Reynosa del estado de Tamaulipas, en coordinación con las Secretarías de la Defensa Nacional, y de Marina, y con el gobierno de Tamaulipas, bajo las siguientes

Consideraciones

Los medios de comunicación y las redes sociales han dado cuenta de los actos de violencia, cometidos por integrantes del crimen organizado, que se han suscitado en días pasados en los municipios de Matamoros y Reynosa del estado de Tamaulipas.1

Derivado de lo anterior, el Consulado de los estados Unidos en Matamoros emitió una alerta sobre el aumento de la violencia entre Matamoros y Reynosa, así como la presencia de grupos armados circulando por las avenidas y calles de Matamoros.2

Esto, a pesar de que la Secretaría de Gobernación, en mayo de 2014, puso en marcha la Estrategia de Seguridad para Tamaulipas, a partir de tres ejes:3

1) Desarticular, en su composición y operación, a las organizaciones delictivas,

2) Sellar las rutas de tráfico ilícito de personas, sustancias, armas y dinero, y

3) Garantizar instituciones locales de seguridad, suficientes, eficientes y confiables.

Aun y cuando las autoridades federales anuncian avances en materia de seguridad en la Entidad, los ciudadanos no perciben estos resultados, y los eventos recientes, son una prueba inequívoca que se tiene que fortalecer la seguridad que realmente devuelva la tranquilidad y el bienestar a la población tamaulipeca.

Estos hechos delictivos, aparte de robar la paz a los ciudadanos, desincentivan la actividad productiva y comercial de la región fronteriza, perjudicando insoslayablemente la atracción de inversiones nacionales y extranjeras, así como el turismo procedente de los estados Unidos, todo esto dañando la generación de empleos y los ingresos de las familias que habitan en estos municipios.

Por todo lo anterior, los diputados de Acción Nacional del estado de Tamaulipas solicitamos de manera urgente la intervención de la Secretaría de Gobernación para que lleve a cabo las medidas y acciones necesarias para restablecer el orden y la paz en los municipios de Matamoros y Reynosa de nuestro estado, con la coordinación y colaboración de otras instancias del gobierno federal como la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina y, por supuesto, del propio gobierno de Tamaulipas.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados del Partido Acción Nacional nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que lleve a cabo las medidas y acciones necesarias para restablecer el orden y la paz en los municipios de Matamoros y Reynosa de Tamaulipas, en coordinación con las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, y con el gobierno de Tamaulipas.

Notas

1 Dejan 15 muertos balaceras registradas desde el domingo en Tamaulipas.

http://www.proceso.com.mx/?p=394937

2 Expect Continued Violence in Northern Tamaulipas.

http://matamoros.usconsulate.gov/sm02042015.html

3 Estrategia de Seguridad para Tamaulipas. http://www.gobernacion.gob.mx/es/SEGOB/Sintesis_Informativa?uri=http%3A%2F%2Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Content%3A4931&cat=http%3A%2F%2Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Category%3A1

Diputado Carlos Alberto García González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a dependencias de los tres niveles de gobierno a establecer mesas de trabajo a fin de realizar en la zona donde se instaló la planta recicladora Bicentenario proyectos ambientales viables para aprovechar el procesamiento de residuos sólidos urbanos, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

Debido a que en nuestro país existe un grave problema relativo a la generación y manejo de la basura, derivado de los conflictos ambientales que esto genera, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), elaboró el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (PNPGIR) 2008–2012.

El (PNPGIR) tiene como objetivo contribuir al desarrollo sustentable de México a través de una política ambiental de residuos basada en la promoción de cambios en los modelos de producción, consumo y manejo, que fomenten la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial, peligrosos y minero-metalúrgicos; a través de acciones de prevención y minimización de la generación, separación de residuos en la fuente, reutilización y reciclado, la valoración material y energética, hacia la disposición final restringida y apropiada de los residuos como última opción1 .

Que según datos de la Semarnat, en México se generan alrededor de 900 gramos de residuos diarios por habitante, identificando de 400 gramos en zonas rurales, a los casi de 1.5 kilogramos en zonas metropolitanas.

Que la composición de estos residuos, se estima que 53 por ciento son residuos orgánicos biodegradables, 14 por ciento papel y cartón, 6 por ciento vidrio, 4 por ciento plásticos, 3 por ciento metales y 1 por ciento textiles, mientras que el restante (19 por ciento) corresponde a otro tipo de materiales2 .

El porcentaje de residuos reciclados al año oscila 11 por ciento de un total de cerca de 37 millones de toneladas.

Que la Semarnat en 2013, concretó 53 proyectos y 46 acciones de manejo de residuos y, para 2014, se tienen presupuestados más de mil millones de pesos, de los cuales 680 millones serán aplicados junto con los gobiernos de los estados para un mejor manejo de residuos en favor del medio ambiente.

Que el gobierno del estado de México estableció en el municipio de Nezahualcóyotl en el año 2010, la Planta Recicladora Bicentenario, con el objetivo de seleccionar y aprovechar los residuos sólidos hasta en 30 por ciento, con la capacidad de separar materiales como el PET, cartón, papel y vidrio.

Las plantas de reciclaje o de clasificación de residuos, permiten una eficiente selección y clasificación de los residuos sólidos urbanos, tanto orgánicos como inorgánicos, recuperando los materiales reciclables para su comercialización y utilizando los residuos orgánicos seleccionados para un compostaje de alta calidad3 .

Sin embargo, la planta recicladora bicentenario dejó de usarse en la administración municipal 2009-2012 y el predio donde se encuentra fue utilizado como tiradero, de manera irregular se convirtió en un tiradero de desechos y cascajo, lo que hoy en día la mantienen como inservible y en hundimiento.

Que la planta de separación suponía una capacidad de procesar 25 toneladas por hora en cada banda, lo que significaba más de mil toneladas por día, sumando a ello su proceso de funcionamiento durante las 24 horas.

Que el secretario de la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental (CIACA)4 , Ramón Ojeda Mestre, recriminó el abandono de la Planta Recicladora Bicentenario, en el municipio Nezahualcóyotl5 .

Derivado de la preocupación social, económica y ambiental que representa el tema presentó ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que a través de la Semarnat, al gobierno del estado de México, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente local y al municipio de Nezahualcóyotl, establezcan mesas de trabajo interinstitucional, para realizar en la zona donde se estableció la Planta Recicladora Bicentenario, proyectos ambientales viables para aprovechar el procesamiento de residuos sólidos urbanos.

Notas

1. www.semarnat.gob.mx/

2. Ibíd.

3. www.coparm.biz/

4. La Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental (C.I.A.C.A) fue creada en México D.F. en noviembre de 1994 con la participación de 28 juristas de 22 países; y responde a lo que doctrinalmente se conoce como Arbitraje Institucionalizado.

5. www.tallapolitica.com.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2015.

Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los Sistemas de Salud federal y locales a diseñar esquemas de atención profesional inmediata de los niños a quienes se diagnostique cáncer, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Ernesto Núñez Aguilar, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la salud como un derecho humano. Es evidente que todas las personas deberían tener acceso a los sistemas de salud, independientemente de su estatus migratorio, su género, estrato social, entre otras diferencias.

No obstante, debe conferirse prioridad a la atención de acuerdo con la problemática de cada enfermedad y los factores sociales que la circunden como la edad, la vulnerabilidad, sus estadísticas mundiales, entre otras características.

Tal es el caso de los niños que padecen cáncer, por lo cual, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, referenciado los días 15 de febrero de cada año vale la pena precisar datos y aportar ideas para aminorar los pesares de un sector de la población en tal situación.

Argumentación

El cáncer es un término utilizado para referirnos a las enfermedades en donde las células anormales se dividen sin control invadiendo otros tejidos diferentes del de su origen. Las células cancerosas pueden diseminarse a otras partes del cuerpo por los sistemas sanguíneo y linfático.

Esto se traduce en procesos de decaimiento del cuerpo y en dolores catalogados por los médicos como insufribles. En este sentido, el tema del cáncer esconde todavía muchas respuestas a los problemas que genera lastimando a gran parte de la población mundial, es más, los profesionales de la medicina explican que existen más de 100 diferentes tipos de cáncer, los cuales reciben el nombre del órgano o de las células donde se inician.

No obstante, hay la denominación de cáncer infantil asignado a los conglomerados de niños que padecen algún tipo de este mal. Éste es un tema que debe subrayarse con la única intención de que los mexicanos se solidaricen con quienes padecen el problema, y más con el sector de la población identificado como vulnerable y sensible.

Cada año más de 250 mil niños en el mundo reciben el terrible diagnóstico de cáncer; se estima que unos 90 mil niños mueren debido a esta enfermedad. Las cifras son alarmantes, sobre todo si se tiene en cuenta que 70 por ciento de los casos tiene cura.

Sólo en México cada año se registran aproximadamente entre 5 mil y 6 mil casos nuevos de cáncer en menores de 18 años de edad, que deben ser atendidos de inmediato a través de algún sistema de salud público o particular para intentar restaurar la salud perdida o paliar los dolores cuando ya no hay mayor solución.

La problemática en cuestión es sumamente seria. Por ello, la Asociación Internacional de Oncología Pediátrica y la Confederación de Organizaciones de Padres de Niños con Cáncer lograron declarar el 15 de febrero como Día Internacional del Niño con Cáncer. En México, el sitio electrónico Infocancer lo nombra Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil.

El tratamiento del cáncer da diversos resultados. Mientras 80 por ciento de los niños con cáncer en los países desarrollados sobreviven, la realidad es muy diferente en los países en vías de desarrollados, naciones donde se localiza 80 por ciento de los niños diagnosticados mundialmente.

Por lo anterior, la bancada del Partido Verde Ecologista de México en la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados considera propicio exhortar a todos los Sistemas de Salud públicos federales y locales para que independientemente de la afiliación o no a los sistemas estatales ningún niño quede sin la atención inmediata ante el diagnóstico de la enfermedad cancerígena en cuestión.

En virtud de lo expuesto pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura exhorta a los titulares de los Sistemas de Salud federal y de las entidades federativas a diseñar esquemas de atención profesional inmediata de todos los niños a quienes se diagnostique algún tipo de cáncer, independientemente de que estén o no adscritos a algún sistema de salud público.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2015.

Diputado Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSPDF a prestar servicios de seguridad y vigilancia fuera de los planteles educativos para velar por la integridad de los estudiantes, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Ricardo Mejía Berdeja, diputado de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante la honorable asamblea el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La noche del pasado lunes 9, Elizabeth Vitela López, de 23 años, y Sebastián Mancilla Hernández, de 22 años, estudiantes del campus sur de la Universidad Tecnológica de México (Unitec), ubicado en la colonia Granjas Esmeralda, delegación Iztapalapa, sufrieron un ataque a manos de un sujeto armado, quien les causó heridas de bala.

Los hechos se registraron poco después de las 20:00 horas en la calle Avena, esquina con Agricultores, donde testigos refirieron que el presunto agresor escapó en una motocicleta.

Los jóvenes Elizabeth N y Sebastián N fueron atacados cuando salían del campus universitario cuando un sujeto armado se aproximó a ellos y realizó las detonaciones. De acuerdo con los reportes, la mujer presentó un impacto de bala en el pómulo derecho, mientras que el hombre recibió el impacto en el tórax, por lo que fueron trasladados al Hospital General de Xoco; ambos son reportados graves.1

Al respecto, la universidad indicó mediante sus redes sociales:

La Universidad Tecnológica de México expresa su más profunda indignación por la agresión en contra de dos de nuestros estudiantes de campus sur, exigimos a las autoridades que realicen una investigación para encontrar a los responsables y que se haga justicia.

Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con la familia, amigos y compañeros de nuestros alumnos.

Si bien la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ya comenzó la investigación de los hechos, resulta necesario garantizar una debida procuración de justicia en el caso, con la finalidad de que se respeten los derechos humanos de los capitalinos.

Por lo anterior, resulta urgente velar por la seguridad de quienes habitan y transitan por el Distrito Federal, en este caso salvaguardar la integridad física de las personas jóvenes; ante ello, presento a esta honorable asamblea el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal a prestar los servicios de seguridad y vigilancia al exterior de los plantes educativos con la finalidad de velar por la integridad de los jóvenes estudiantes.

Nota

El Economista, “Atacan a balazos a estudiantes de la Unitec Campus Sur”, México, [en línea] http://eleconomista.com.mx/distrito-federal/2015/02/10/atacan-balazos-e studiantes-unitec-campus-sur

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2015.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la STPS a integrar una mesa de diálogo entre las integrantes de Cosmogar, AC; Avon Cosmetics, SA de CV; y el IMSS para atender la problemática sobre el reconocimiento de las mujeres que laboran como representantes de esa empresa y de su derecho de afiliación al régimen obligatorio de seguridad social, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, de la agrupación Movimiento de Regeneración Nacional

Luisa María Alcalde Luján, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a integrar una mesa de diálogo entre las integrantes de Cosmogar, AC, la empresa Avon Cosmetics, SA de CV, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, a fin de atender su problemática sobre el reconocimiento como trabajadoras de las mujeres que laboran tiempo completo como representantes de Avon, y les sea reconocido su derecho de afiliación al régimen obligatorio del IMSS, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las últimas décadas han sido el escenario de profundas transformaciones en el mundo del trabajo. El peso de esta reestructuración y los efectos de la crisis económica han afectado a las y los trabajadores en general, pero sin duda han tenido un impacto mayor en las mujeres, quienes se han incorporado a la actividad productiva y laboral de manera permanente.

En 1970, sólo una mujer por cada cuatro hombres desempeñaba una actividad extra doméstica. Para 2014, 2.2 mujeres por cada 4 hombres están insertas en el mercado laboral (Inegi, ENOE primer trimestre 2014).

A pesar del aumento en la incorporación de las mujeres en la actividad laboral, esto no se ha traducido en mejoras en sus condiciones laborales ya que los puestos que ocupan son poco calificados, precarios y se sitúan fundamentalmente en el sector de los servicios. Ejemplo de esta precariedad es que, a pesar de que la seguridad social es una obligación ineludible para los patrones que puede llevar incluso a una responsabilidad penal, el número de mujeres ocupadas que no cuentan con acceso a la salud asciende a más de 10.8 millones (Inegi 2009).

Entre estas trabajadoras se encuentran las “Representantes de Avon Cosmetics”, empresa que las sujeta a un contrato de comisión mercantil para negarles su calidad de trabajadoras, lo que le ha permitido a la trasnacional evitar el pago de salarios base, vacaciones, aguinaldo, entre otras prestaciones, y omitir la afiliación de estas mujeres trabajadoras ante el IMSS y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit.

Es lamentable que todas las trabajadoras y trabajadores de Avon hayan sido considerados “agentes de comisión mercantil independiente” regulados por el derecho mercantil y no por el laboral, cuando la Ley Federal del Trabajo establece muy claramente que él o la comisionista se conceptuará como “trabajadora” cuando realiza su labor de manera personal y permanente.

Queda claro que este último concepto se tendría que aplicar a las y los “representantes de Avon” que trabajan de tiempo completo y permanentemente para dicha empresa, por lo cual quedarían amparadas por las leyes laborales conforme al Capítulo IX, artículos 285 al 291, de la Ley Federal del Trabajo.

La empresa trasnacional “Avon Cosmetics” tiene contratadas a aproximadamente 400 mil trabajadoras y trabajadores mexicanos. Algunos de ellos desarrollan su oficio en la modalidad de subocupadas, mientras que otras laboran de tiempo parcial o de medio tiempo para apoyar de ese modo el gasto familiar. Sin embargo, una parte importante de este grupo de mujeres trabajadoras labora tiempo completo y de manera permanente, y siendo madres solteras, viudas y cabezas de hogar, necesitan un salario suficiente que garantice cubrir las necesidades básicas de la familia.

Para que las representantes de Avon aspiren a ganar un salario digno, tienen que alcanzar las metas de ventas que establece Avon, metas que, además, deben ser cubiertas en las diecinueve campañas anuales. Estos estándares son establecidos unilateralmente por la empresa, y para alcanzar los niveles más altos dentro del escalafón de metas, las vendedoras tienen que trabajar tiempo completo. Al desempeñar su trabajo de manera permanente, las representantes de Avon tendrían que ser consideradas trabajadoras de acuerdo a la LFT.

En 1972, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la empresa Avon celebraron un primer convenio en el que se establecía que las agentes comisionistas que alcanzaran ingresos mínimos de 500 pesos por campaña debían ser dadas de alta en el IMSS. Dicho límite se fue ajustando hasta 1996, año en que fue firmado el último convenio. Hasta entonces, el seguro otorgado a las trabajadoras cubría solo la atención médica y jubilación.

En septiembre del 2004, el IMSS notificó a la empresa que el convenio dejaría de tener efectos el 15 de noviembre del 2004 en virtud de que las trabajadoras ya cumplían con los requisitos legales de remuneración, permanencia y subordinación que les daba derecho a ser inscritas en el régimen obligatorio. El IMSS también argumentó que la empresa no pagaba cuotas de acuerdo a las percepciones reales de sus representantes de ventas. Sin embargo, Avon se negó a aceptar sus responsabilidades y notificó a las trabajadoras que a desde el 15 de noviembre del 2004 se cancelaría la afiliación de las 27 mil trabajadoras que ya contaban con seguridad social, del total de 450 mil, argumentando que había sido el propio IMSS y no la empresa la que había dado por terminado el convenio.

Al ver violentados sus derechos laborales, las representantes de Avon iniciaron un movimiento para que éstos les fueran reintegrados: marchas, manifestaciones, conferencias de prensa, reuniones con la empresa, cartas a las autoridades laborales, e incluso al presidente de la República, fueron algunas de las acciones que llevaron a la empresa a darlas de alta nuevamente en el IMSS el 8 de febrero de 2005.

Sin embargo, en octubre de 2006 se celebró sorpresivamente un nuevo convenio entre la empresa y el IMSS, en donde se dictaminó que las trabajadoras debían ser consideradas comisionistas mercantiles. Este convenio no tuvo aplicación retroactiva, por lo que desde esa fecha se mantienen afiliadas al régimen obligatorio las 23 mil trabajadoras en los términos del convenio anterior. Sin embargo, las trabajadoras restantes y las que en un futuro se incorporen como representantes de Avon quedarán fuera del régimen obligatorio del IMSS. Cabe destacar que, en la actualidad, ya sólo quedan seis mil trabajadoras de Avon que siguen afiliadas al régimen obligatorio del IMSS.

A diez años del inicio de su lucha, las representantes de Avon agrupadas en la asociación civil “Cosmogar, AC”, siguen reclamando que las mujeres que trabajan de manera personal y permanente sean reconocidas como trabajadoras con derecho a un salario, prestaciones y seguridad social. Es por ello que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene la responsabilidad y la obligación de atender estas demandas e integrar a la brevedad posible una mesa de diálogo entre los y las trabajadoras representantes de Avon, la empresa Avon Cosmetics, y el IMSS, a fin de atender esta grave problemática que sigue privando a miles de trabajadores de sus derechos laborales fundamentales.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, a integrar sin demora una mesa de diálogo entre las trabajadoras que integran “Cosmogar, AC”, la empresa “Avon Cosmetics, SA de CV”, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de atender su problemática sobre el reconocimiento como trabajadoras de las mujeres que laboran tiempo completo como representantes de Avon, y les sea reconocido su derecho de afiliación al régimen obligatorio del IMSS.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 17 de febrero de 2015

Diputada Luisa María Alcalde Lujan (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a ordenar las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada, suscrita por los diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, integrantes del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación a que, en el marco de sus facultades, lleve a cabo un ordenamiento de las empresas que prestan servicios de seguridad privada y garantice que ninguna opere en la ilegalidad y que además en el equipo que utilicen para realizar su función no se contravenga lo dispuesto en ninguna Ley o reglamento al respecto, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En nuestro país, desde hace aproximadamente dos décadas se ha ido desarrollando con un crecimiento vertiginoso el negocio de la seguridad privada.

Muchos han sido los factores que han motivado este comportamiento, principalmente las tendencias recientes de los índices de delincuencia, que llevan de la mano un decremento de la percepción de la seguridad entre las personas y la sociedad en su conjunto.

Como ejemplo de esto, basta observar la estimación de crecimiento que este sector viene mostrando desde el año 2006, una tasa anual que se sitúa entre el 10 y 15%.1

Si bien al respecto se puede considerar, que tanto el surgimiento como el desarrollo de estas empresas responde a una necesidad derivada de un factor social y se ofrece como una alternativa en materia de protección ya sea personal, de bienes, de valores, etcétera; la realidad es que lo lucrativo del negocio ha permitido que en muy desafortunados casos se desvié de su finalidad primordial que es, la de brindar seguridad.

El asunto es alarmante, no sólo por los motivos que propiciaron su crecimiento exponencial; sino también por las condiciones actuales con las que muchas de estas empresas operan y desgraciadamente como consecuencia, los ilícitos que ello conlleva.

Con lo anterior no estamos sugiriendo que sean un mal necesario; únicamente nos referimos a que dado el perfil de sus servicios y su equipo e instrumentos de trabajo como pueden ser las armas de fuego o bien sus vehículos; consideramos imprescindible para su mejor funcionamiento, que su operación se encuentre perfectamente regulada, controlada, vigilada y legalizada; para el bien de todos.

Es así, que incluso consideramos apropiado que tanto en la Ley Federal de Seguridad Privada, como en la Ley General del Sistema de Seguridad Pública; se reconoce la utilidad de su función así como su importancia, al calificarla en determinados casos especiales y específicos, como auxiliar de la función de seguridad pública; ya que se establece lo siguiente:

En la Ley Federal de Seguridad Privada:

“Seguridad Privada.- Actividad a cargo de los particulares, autorizada por el órgano competente, con el objeto de desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores, incluidos su traslado; instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad; aportar datos para la investigación de delitos y apoyar en caso de siniestros o desastres, en su carácter de auxiliares a la función de Seguridad Pública.”2

Al respecto en la Ley General del Sistema de Seguridad Pública:

“Los servicios de seguridad privada son auxiliares a la función de Seguridad Pública. Sus integrantes coadyuvarán con las autoridades y las Instituciones de Seguridad Pública en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, de acuerdo a los requisitos y condiciones que establezca la autorización respectiva.”3

No obstante lo anterior y como lo hemos mencionado, la situación actual en la que operan muchas empresas que ofrecen servicios de seguridad privada; es preocupante.

De acuerdo a cifras oficiales, en nuestro país hasta el año 2012 se tiene el registro de que están operando conforme a lo establece la ley alrededor de 3 mil 300 empresas de seguridad privada.4

De éstas, cerca del 30% operan bajo permisos federales y el porcentaje restante bajo autorizaciones estatales y con operación completamente local.5

Sin embargo, algunos expertos en la materia expresan que hay operando sin ninguna autorización, control o certificación oficial, más de 3 mil empresas que están en funcionamiento activo y ofrecen sus servicios de seguridad tanto personal, a bienes, valores y sistemas de monitoreo.

Es decir, más de 3 mil empresas con un número indeterminado de personal que está en las calles, con equipos de comunicación especializados, vehículos adaptados e incluso en algunos casos portando armas sin la debía certificación, los permisos correspondientes y sobre todo las aptitudes, capacidades y la preparación requerida para la función que dicen desempeñar.

Esto es un grave problema que implica una atención urgente y sin duda, un tiempo considerable para su efectiva solución. Al respecto, esta soberanía no puede quedarse sin hacer nada.

Tenemos la obligación de coadyuvar en su solución con las instituciones correspondientes y en el marco de nuestras facultades.

Además, hay otro tipo de situaciones que pueden parecer mínimas e incluso escapar a la atención; pero que están sucediendo en el día a día y cada vez con mayor frecuencia; y además, están dando cabida a un sinnúmero de ilícitos en contra de la sociedad.

Una de estas situaciones es la que surge por el uso indiscriminado de estas empresas de seguridad privada, de vehículos con equipamiento y modificaciones muy semejantes a las que utilizan las corporaciones oficiales y reconocidas de seguridad pública.

Si bien, en la Ley Federal de Seguridad Privada se especifica en la fracción XVIII de su artículo 25 que “los colores, logotipos o emblemas” que usen estas unidades no podrán ser “iguales o similares a los oficiales utilizados por las corporaciones policiales o por las Fuerzas Armadas”. 6

La realidad es que esto no se respeta, solo se simula observar; y tampoco se incluye de manera grave, en este criterio, al equipamiento adicional que estas unidades utilizan.

En específico, a los dispositivos de iluminación como torretas, luces, faros, estrobos entre otros.

Esto es un verdadero problema y muy grave en materia de seguridad pública, debido a que se están registrando casos de asaltos, extorsión o secuestro en sus diferentes modalidades; cometidos por personal a bordo de este tipo de unidades de seguridad privada de muchas empresas que operan en la clandestinidad e ilegalidad.

Su modo de operar es muy sencillo, con sus unidades y los uniformes que utilizan se hacen pasar por oficiales de policía.

Generalmente se valen del anonimato que ofrece la obscuridad de la noche, circulan en sus unidades equipadas de “seguridad privada” que resultan en ese momento imposibles de distinguirse como tales, marcan el alto a la víctima con sus “luces” generalmente proyectadas de sus torretas -que son idénticas a las que utilizan las patrullas de las distintas corporaciones de seguridad pública-, estas personas descienden de las unidades con uniformes semejantes a los utilizados por los oficiales y aprovechándose de esa confusión en la victima, cometen cualquier tipo de los delitos mencionados.

Lo anterior puede parecer irrelevante, pero de esa manera se han cometido muchos robos, asaltos, extorsiones, secuestros e incluso asesinatos.

De los cuales, ante el temor derivado del amedrentamiento y la amenaza de la que son objeto las víctimas y con la idea además de que se trata de policías de la zona, muchas veces no se denuncian o bien si así se hace, las investigaciones se enfrascan porque se buscan a los culpables entre las filas de las corporaciones policiacas y jamás son encontrados por esa confusión existente.

Es increíble, como la ausencia de un control efectivo en algo tan particular como lo es el uso de los dispositivos de iluminación que utilizan estas unidades sin ninguna restricción; puede permitir de manera deliberada que su finalidad sirva a un propósito completamente criminal.

Desafortunadamente no hay de manera específica una reglamentación estricta al respecto, cuando en la actualidad es evidente que se debe de poner especial atención en este tema que no es menor.

En algunos países tanto latinoamericanos como europeos, se tiene en este tipo de aditamentos, restringido el uso de los colores rojo y azul o ambos a exclusivamente unidades utilizadas por los elementos de las fuerzas de seguridad pública.

Esta restricción no es casual ni tampoco reciente, por el contrario responde a convenios internacionales muy específicos en la materia.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, en los países que la integran se considera asociado el uso del color rojo a una situación de alarma o emergencia y el color azul a un factor de protección. Por ello las luces que emiten las torretas o los distintos aditamentos para el efecto con el que se equipan las patrullas de las corporaciones policiacas, usan alguno de esos dos colores o bien -como es el caso- los dos al mismo tiempo.

Con esa luz que emiten, están indicando que van a una situación de emergencia en materia de seguridad.

Además, estos aditamentos son usados para marcarle el alto a un automóvil que circula delante de la patrulla; haciéndole saber al automovilista en cuestión que se trata de una autoridad en su patrulla de alguna corporación policiaca; independientemente de la hora del día y con mayor utilidad si la visibilidad disminuye por tratarse de la noche.

De igual manera, si en la noche se aprecia la proyección por medio de una torreta –por ejemplo- de estas luces color rojo o azul, se sabe inmediatamente que se trata de policías.

En una situación de emergencia y al requerirse el apoyo y la seguridad que brindan las corporaciones policiacas; estas medidas son de una valiosa importancia.

De ahí, que los vehículos de seguridad privada que de manera desafortunada utilizan este tipo de aditamentos de iluminación, completamente semejantes a los utilizados por las patrullas, en combinación con más equipamiento similar como pueden ser sus uniformes, fácilmente se pueden hacer pasar por vehículos oficiales y valerse de ello para darles otro uso y cometer cualquier tipo de delitos.

Se entiende que dado el perfil de sus servicios, su equipo así como los vehículos utilizados para sus funciones “privadas” pueden requerir dada alguna emergencia, algún señalamiento especial. Pero eso no justifica que pueden ser semejantes o iguales a los utilizados por las corporaciones policiacas o las fuerzas armadas.

Y menos, si se ha detectado que hay muchas empresas del ramo que no están operando legalmente y que fácilmente pueden tener elementos sin profesionalismo, ética, ni moral y que pueden sacar un provecho mediante la comisión de un delito.

Todo lo anterior, en menoscabo también de la imagen de nuestras fuerzas de seguridad pública.

El asunto de la seguridad privada en el país es delicado, pues además hay intereses muy fuertes y una red de complicidades que surgen porque muchos de los dueños que operan este tipo de empresas son integrantes o exintegrantes de las fuerzas de seguridad pública o de las fuerzas armadas.

Sin embargo, esta situación alarmante no puede ni permitirse y mucho menos tolerarse. Tenemos que regularizar no sólo a las empresas, sino también sus protocolos, procedimientos, su operación y funcionamiento, el control sobre su personal así como su fácil identificación y ubicación; y todo ello de forma sistematizada y de manera permanente.

La misma atención particular se debe de tener con su equipo que utilizan para el desempeño de sus funciones, ya sea sus uniformes o los vehículos que utilizan, los cuales deben de ser fácilmente diferenciados de los usados por las corporaciones policiacas.

Realizar y garantizar lo anterior, sin duda alguna apoyará la dignificación del valioso papel de las empresas de seguridad privada en nuestro país y los distintos servicios que ofrecen y además, reforzará su confianza frente a la sociedad.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Gobernación a que en el marco de sus facultades:

1. Lleve a cabo un ordenamiento de las empresas que prestan servicios de seguridad privada.

2. Garantice que ninguna empresa de este sector opere sin los permisos correspondientes y los requisitos establecidos para el efecto.

3. Verifique que las empresas de seguridad privada cumplan con los lineamientos establecidos en las leyes o reglamentos correspondientes, en materia de uniformes, equipo de comunicación, vehículos y equipo o aditamentos que utilicen para realizar su función, con la finalidad de evitar que sean similares o iguales a los utilizados por las corporaciones policiacas y las fuerzas armadas.

Notas

1 Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital, AC. 2013.

2 Fuente: Ley Federal de Seguridad Privada. Artículo 2, fracción I.

3 Fuente: Ley General del Sistema de Seguridad Pública. Artículo 151.

4 Fuente: Dirección General de Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Seguridad.

5 Fuente: Memoria documental. Creación y actualización del padrón único de empresas de seguridad privada. Secretaria de Seguridad Pública. 2013.

6 Ley Federal de Seguridad Privada. Artículo 25, fracción XVIII.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de febrero del 2015.

Diputados: María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Rafael González Reséndiz.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a incluir toda Baja California en la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para la zona fronteriza norte, a cargo del diputado Abraham Correa Acevedo, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Abraham Correa Acevedo, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se incluya a todo el territorio del estado de Baja California en la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para la zona fronteriza norte.

Consideraciones

El estado de Baja California es un territorio que por su cercanía con los Estados Unidos, su frontera con California y la enorme cantidad de mexicanos habitando del otro lado de la línea fronteriza, tiene naturalmente una estrecha relación económica y cultural con ese país.

Es necesario destacar además que todos los municipios de Baja California se encuentran a no más de una hora de distancia de los Estados Unidos de América, por lo que la mayoría de la actividad económica que se lleva a cabo en Baja California tiene directa o indirectamente relación con el vecino país.

Debemos recordar que el pasado 1 de enero de 2014 el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en toda la frontera norte del país, donde se incluye a Baja California, pasó de 11 por ciento a 16 por ciento, destacando que en el vecino estado de California ese gravamen tiene una tasa de 9 por ciento.

Asimismo, según los últimos datos reportados por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el índice de actividad económica en Baja California reporta cuatro trimestres seguidos en números negativos, es decir, Baja California se encuentra técnicamente en crisis.

El único factor que ha logrado reducir el impacto de la crisis es la decisión de mantener los precios de las gasolinas y el diesel a precios que correspondan con los de Estados Unidos. Sin embargo, se ha excluido al municipio de Ensenada, así como a una parte de Mexicali donde se encuentra San Felipe.

Consideremos incorrecta la decisión de excluir a esta parte del estado de Baja California, en virtud de que su actividad económica y competitividad depende en la misma medida de las gasolinas que el resto de los municipios. Además, la exclusión de tales municipios no sólo los pone en desventaja frente al vecino país, sino frente a los otros municipios que conforman el estado, agravando la crisis.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para se incluya a todo el territorio del estado de Baja California en la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para la zona fronteriza norte.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2015.

Diputado Abraham Correa Acevedo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Conapred, el Imjuve y la SEP a promover, implantar y supervisar medidas y políticas públicas para prevenir y erradicar en los centros de educación básica y media superior la discriminación contra las personas infectadas con VIH, a cargo de la diputada Dulce María Muñiz Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Dulce María Muñiz Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, facultada en virtud de los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Considerandos

Uno de los lastres que hemos arrastrado como sociedad es la vergonzosa desigualdad. Conforme a la época de que se trate, ha tenido su origen en aspectos económicos, sociales, ideológicos e incluso religiosos, pero en todas ellas se ha evitado la armonización de la pluralidad que debe regir en toda sociedad democrática.

Si bien se ha hecho frente con menor o mayor éxito a varios de estos factores, los tiempos que vivimos aseguran el surgimiento de nuevas dinámicas de interacción cultural que obligan a nuevas formas de integración social que en muchos casos pueden resultar en extremo complejas y generar un nuevo tipo de desigualdad que se nutre con la discriminación. Puede parecer paradójico, pero en la descomunal era de la información en la que de alguna manera todos, de manera voluntaria o no, somos participes, la ignorancia sigue siendo un campo muy fértil para promover la discriminación.

La crisis del ébola desatada hace unos cuantos meses por los peligrosos brotes de este mortal virus en algunas regiones de África y que incluso se expandió, de manera mucho más controlada a Europa y Asia, puso en alerta al mundo entero respecto a los procedimientos clínicos para contener y combatir la enfermedad, pero también respecto a las medidas necesarias para, ante la sensación de psicosis que levanta una emergencia sanitaria de tales magnitudes, evitar en lo posible actos de discriminación contra quien sea portador de este virus o incluso contra quien pudiese ser sospechoso de portarlo.1

Las epidemias o pandemias sanitarias y la poca o confusa información que suele venir con ellas dadas sus abruptas e incontrolables explosiones, despiertan en las poblaciones afectadas un muy natural sentido de la supervivencia que muy fácilmente puede convertirse en un acto discriminativo. Basta recordar la crisis de la gripe A H1N1 que azotó a nuestro país en 2009 y que puso en alerta y paranoia a prácticamente todo el país y que incluso, llegó a provocar abiertos casos de discriminación2 contra ciudadanos mexicanos en el extranjero por simple hecho de ser sospechosos de portar el virus por llevar un pasaporte mexicano.

Hay, sin embargo, una pandemia igualmente cruel y mortífera con varias décadas de arraigo en nuestras sociedades, con la cual hemos aprendido a convivir y hemos logrado sobrellevar en términos generales pero que, aún hoy en día, a pesar de las intensas campañas informativas al respecto, sigue siendo motivo de discriminación: el VIH. Desde 1981 cuando fueron identificadas por primera vez algunas manifestaciones del cuadro clínico conocido actualmente como virus de inmunodeficiencia humana (VIH), se estima que han muerto en todo el mundo, alrededor de 30 millones de personas.3 La mayor parte de las víctimas corresponde a África subsahariana, que concentra alrededor de dos tercios de los portadores de VIH de todo el planeta.

El constante crecimiento del número de infectados con el virus ha movilizado a gobiernos y sociedad civil en todos los países del mundo de cara a contener la expansión de la enfermedad. A nivel internacional, el Programa Conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para el VIH (Onusida) es una agencia que tiene como propósito coordinar las acciones globales destinadas al control de la pandemia. Aunado a esto, en varios países existen entidades gubernamentales y civiles que cumplen las mismas funciones a través de complejas expediciones médicas destinadas a tratar y paliar los síntomas de la enfermedad en quienes ya la contrajeron, pero sobre todo por medio de arduas campañas informativas destinadas a prevenir más contagios.

Nuestro país no se ha quedado al margen en la lucha mundial contra el sida. La epidemia de VIH ha sido desde un principio objeto de observación y acción por parte de distintas entidades del gobierno mexicano. De entre ellas, la más importante es el Centro Nacional para el Control y Prevención del VIH (Censida), creado con la categoría de consejo nacional en 1986 para coordinar acciones estatales y civiles encaminadas a mantener la epidemia dentro de parámetros manejables. Esta entidad cuenta con un Registro Nacional de Casos de Sida, que toma nota de todos los casos en que la infección por VIH ha progresado a su etapa crónica desde 1983.

De acuerdo con este registro, hasta junio de 2010 se detectaron 141 mil 356 personas que habían desarrollado el sida.4 En nuestro país hasta el 31 de diciembre del 2011, un total de 153 mil 109 casos han sido diagnosticados y reportados en el Registro Nacional de Casos de Sida.5 La tasa de mortalidad por sida ha disminuido de manera considerable desde la introducción de la terapia antirretroviral. El pico máximo que ha registrado este indicador tuvo lugar en el sexenio que va de 1990 a 1996, cuando casi 5 de cada 100 mil mexicanos fallecieron por sida.

En México la forma más común de transmisión del VIH se da por la vía sexual. En 2002 se calculó que el 90 por ciento de las personas que contrajeron el virus lo hicieron a través de la exposición por prácticas de riesgo.6 Un estudio más reciente que data del año 2010 revela que el número de casos de sida en personas entre 15 y 29 años que contrajeron el VIH por la vía sexual corresponde al 98 por ciento del total; aunque entre las mujeres representa el 99 por ciento de los casos, y todos han derivado de relaciones heterosexuales.7 A partir de la suspensión del comercio de sangre y de la regulación estricta de las normas sanitarias en la materia en 1986, los casos de contagio por transfusión sanguínea han disminuido drásticamente desde 1988, de modo que entre 1996 y 2002 no se había vuelto a registrar un solo caso de contagio en México debido a las transfusiones sanguíneas.8

Los datos son contundentes. Tomando como punto de partida esta exhaustiva muestra, la campaña informativa para la prevención del sida va encaminada a la difusión de la práctica segura del sexo entre jóvenes y adultos, que tienen en sus propias manos y en su libre albedrío, la decisión de exponerse o no al riesgo de contraer la enfermedad. Sin embargo, existe un sector portador del virus que no tuvo opción a decidir y que resulta en extremo vulnerable ya no sólo médica sino también socialmente: los niños.

De los casos de sida entre menores de 15 años acumulados entre 1985 y 2002, el 70 por ciento correspondía a infecciones por la vía perinatal, es decir, a través de la transmisión del VIH de una madre infectada a su hijo durante la gestación.9 Desde entonces se han logrado avances en el tratamiento profiláctico con antirretrovirales, que ha demostrado reducir notablemente el riesgo de transmisión perinatal del VIH. En México se cuentan con datos muy precisos sobre el seguimiento a madres seropositivas y sus hijos infectados, pero un estudio en la clínica de atención a niños seropositivos de la UNAM reveló que sólo el 45 por ciento de las madres había recibido atención anterior al parto y 83 por ciento de ellas conoció su condición seropositiva después del embarazo.

Vivimos en una época compleja llena de contrastes. Mientras más integrados estamos por la masiva repercusión de los medios de comunicación en nuestra vida diaria, más notorias y determinantes parecen ser nuestras diferencias. El acoso escolar, también conocido como bullying, es un fenómeno que recientemente ha ganado atención global por la gravedad de los casos que han salido a la luz, en los cuales niños en edad escolar son sometidos a un maltrato psicológico, verbal o físico por parte de sus propios compañeros ya sea en las aulas o en las redes sociales, innegable extensión o sustituto de la vida social en nuestros días. En el entendido de que el bullying es un fenómeno que se da entre niños y adolescentes y que puede ser controlado con la dosis de madurez que pudiese ofrecer la edad adulta, las campañas contra este tipo de hostigamiento van ganando terreno y pretenden hacer partícipes a los propios escolares como a sus autoridades y sus familias.

Sin embargo, cuando el problema va más allá de una conducta impropia entre escolapios, la madurez no parece ser suficiente para llevar el control de la situación. La discriminación en nuestro país hacia niños portadores de VIH no parece cesar, y esta vez no son sólo los compañeros de aula los agresores, sino también las autoridades escolares y las propias familias. A pesar de que el VIH ha estado presente en nuestras sociedades desde hace ya varias décadas y se han hecho intensas campañas informativas ya sea para evitar su propagación o bien, para no estigmatizar a los portadores de este terrible virus, la enfermedad como tal sigue teniendo una muy mala imagen y genera aún mucha desconfianza. Las campañas en contra de la discriminación de personas con VIH parecen surtir efecto solo cuanto más alejada se vea la posibilidad de vivir de cerca un caso.

En nuestro país son cada vez más numerosos los casos de discriminación escolar contra niños infectados con el virus del sida. Ya sea en escuelas públicas o privadas resulta complicado integrar a los infantes con esta enfermedad con el resto de sus compañeros o incluso, con sus maestros o directores quienes ven en estos pequeños una amenaza en la armonía o el prestigio de sus escuelas. Existen incluso sugerencias por parte de autoridades escolares de dar educación y cuidados a niños portadores de VIH en escuelas especiales,10 donde no sean víctimas de discriminación y tampoco pongan, señalan, en riesgo al resto de los alumnos. Este tipo de casos, lamentablemente cada vez más frecuentes en varias ciudades de nuestro país, ha hecho sonar las alarmas respecto a la vulneración de los derechos humanos de este sector de la sociedad mexicana.

Derivado de estos actos de discriminación contra niños portadores del VIH en escuelas primarias, el Senado de la República aprobó en el año 2005 una serie de reformas a la Ley General de Educación que prohíben la discriminación por ese y cualquier otro motivo. La reforma incluye la adición de dos párrafos al artículo 2o. de la ley, que establecen que ningún estudiante será objeto de discriminación, sanción o expulsión motivada por su origen étnico, género, condición social, religión, capacidades diferentes, afecciones físicas o mentales, condiciones de salud, preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.11

Además, se reformó la fracción X del artículo 7o. especificando que debe promoverse la educación para la salud dentro del sistema educativo. La iniciativa de estas modificaciones fue presentada en abril de 2004, semanas después de que se conociera el primer caso de una menor expulsada de una escuela pública en Ocozocuautla, Chiapas, por vivir con VIH/sida12 y en respuesta a una recomendación del Censida.13 A esta denuncia le siguieron otras generadas en Guerrero, Puebla, estado de México, Querétaro y Distrito Federal.

A pesar de este doble esfuerzo, tanto de disminuir el número de casos de niños infectados con VIH como el de evitar la discriminación de los infantes que ya lo han contraído, las cifras son poco halagüeñas. El director del Programa de VIH/Sida y Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ricardo Hernández Forcada, señaló que en México en 2012 había de 8 mil a 10 mil niños que vivían con esta enfermedad.14

La discriminación a niños portadores del VIH no ha sido del todo controlada, y de forma aislada pero constante, se dan a conocer varios casos en distintas entidades del país. La situación ha llevado a que organizaciones civiles ya sea con el financiamiento de particulares o con el apoyo de instituciones públicas, participen directamente en la atención de niños con VIH integrándolos en distintos albergues o incluso creando centros especiales para atender a los menores portadores del virus del sida.15

Las campañas informativas respecto a la naturaleza de la enfermedad y los medios de transmisión de la misma, aunque han logrado en gran medida paliar los efectos colaterales en la atención y la integración de los portadores del virus, ha sido incapaz de erradicar los actos discriminatorios. Y es que la discriminación va mucho más allá de un diagnóstico médico. El padecimiento de una enfermedad es uno de tantos motivos que pueden esgrimirse para levantar una frontera invisible ente individuos. La ignorancia es campo fértil para la proliferación de este tipo de lastres que en pleno siglo XXI, siguen siendo recordatorios tangibles de un pasado que al parecer no se ha ido del todo. Queda mucho por hacer, pero queda claro que el problema debe ser atendido desde sus propias raíces, pues si se deja crecer tan sólo un poco, cualquier campaña tardía será insuficiente para revertir el proceso.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), al Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y a la Secretaría de Educación Pública, para promover, implementar y supervisar las medidas y políticas públicas necesarias para prevenir y erradicar la discriminación que sufren los menores infectados con VIH en los centros de educación básica y media superior.

Notas

1 “Critica la ONU discriminación en EU a personal sanitario que regresa de África”, La Jornada , 4 de noviembre de 2014, consultado en http://www.jornada.unam.mx/2014/11/04/sociedad/033n1soc

2 “Salud lamenta que México haya sido discriminado por la influenza”, CNN , junio de 2011, consultado en: http://mexico.cnn.com/nacional/2010/04/23/salud-lamenta-que-mexico-haya -sido-el-leproso-del-mundo-por-la-influenza

3 http://www.unaids.org/es/resources/presscentre/pressreleaseandstatement archive/2011/june/20110603praids30

4 Panorama epidemiológico del VIH/sida e ITS en México , Centro Nacional para el Control y Prevención del VIH, México, 2010.

5 Panorama epidemiológico del VIH/sida e ITS en México , Op Cit.

6 Roberto Tapia, “Evolución de la epidemia de sida en México”, en Alarcón Segovia, Donato; El sida en México. 20 años de la epidemia , Colegio Nacional, México, 2003, página 30.

7 Ibídem.

8 Ídem, página 31.

9 Ídem, página 32.

10 “Persiste discriminación en escuelas a niños con VIH/sida”, El Mexicano , 31 de julio de 2011, consultado en http://www.elmexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2011/07/3 1/491163/persiste-la-discriminacion-en-escuelas-a-ninos-con-vihsida

11 “Aprueban reformas contra discriminación en la Ley General de Educación”:

http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=1473

12 “Expulsan a niña de una escuela por padecer sida”, El Universal , consultado en http://www.eluniversal.com.mx/estados/52610.html

13 Recomendación general no. 8/2004: “Sobre el caso de la discriminación en las escuelas a menores portadores de VIH o que padecen sida”:

http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/recomdagral8.p df

14 “Reportan que en México hay 10,000 niños que viven con VIH/sida”: http://www.laopinion.com/Reportan_Mexico_10,000_ninos_viven_VIH/sida

15 “Planean estancia para niños con Sida en el Istmo de Tehuantepec” http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=5032&id_opcion=446

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2015.

Diputada Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP a garantizar en el marco del ajuste del gasto para 2015 anunciado por ella el pasado 30 de enero que no se afecten los recursos clasificados en el anexo 13, “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD

Las suscritas, Martha Lucía Mícher Camarena y Dora María Guadalupe Talamante Lemas, integrantes de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta asamblea proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar en el marco del ajuste del gasto para 2015 anunciado por dicha dependencia el pasado 30 de enero que no se afecten los recursos clasificados en el anexo 13, “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El marco internacional de derechos humanos impone a los Estados el deber de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Para que el Estado cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos, es indispensable contar con un presupuesto que refleje su interés y posibilite el cumplimiento de dichas obligaciones.

Los presupuestos públicos con perspectiva de género son una herramienta eficaz para garantizar los derechos de las mujeres; dar cumplimiento al marco legal internacional, nacional y estatal en materia de igualdad entre los géneros, y cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.

Como parte de la estrategia para la igualdad, México ha adoptado el esquema de presupuesto público sensible al género en el que reconoce que mujeres y hombres tienen necesidades e intereses diferenciados, que deben ser considerados para responder con pertinencia a uno y otro sexo. El presupuesto con perspectiva de género conlleva un avance constante hacia una asignación más equitativa de los recursos públicos para favorecer el acceso de las mujeres al ejercicio de sus derechos.

El presupuesto con perspectiva de género tiene profunda incidencia en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pues las metas que presentan mayor rezago para México son justamente las vinculadas con la condición de las mujeres.

México ha suscrito diversos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres. Entre ellos destacan la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1981) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará (1999). Además, ha participado en las cuatro Conferencias Mundiales de la Mujer y aprobó, con la unanimidad de los Estados participantes, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.

En dicha plataforma se estableció la necesidad de “integrar la perspectiva de género en las decisiones presupuestarias sobre las políticas y programas, así como la adecuada financiación de programas específicos para asegurar la igualdad entre las mujeres y los hombres”.

El Estado mexicano ha construido un marco legal congruente con la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres.

El artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

Es decir, conforme al principio de progresividad, el Estado está obligado a generar en cada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma que siempre estén en constante evolución y con ninguna justificación en retroceso.

Estos principios se reflejan en leyes como la General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, y en diversos programas establecidos en estas leyes.

Aún más, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, la perspectiva de género se ha incluido como uno de los tres ejes transversales, por lo cual todas las políticas públicas, programas y acciones derivados del PND deben contar con este enfoque.

El programa especial que el Poder Ejecutivo federal publicó en agosto de 2013 para garantizar el cumplimiento de este eje transversal es el Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad) 2013-2018, de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la administración pública federal, las que deberán considerar sus objetivos, estrategias y líneas de acción para elaborar los respectivos programas.

La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados ha tenido un papel relevante en la institucionalización del presupuesto con perspectiva de género; a través de la Comisión de Igualdad de Género, desde su creación en 1999 con el nombre de Comisión de Equidad y Género, ha desarrollado una serie de acciones para garantizar la asignación de recursos y programas específicos para las mujeres en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

El logro más destacado en el ámbito legislativo desde entonces es el aumento progresivo del gasto etiquetado para mujeres. El comportamiento del presupuesto etiquetado para la igualdad de género en los PEF es el siguiente:

Así, la Comisión de Igualdad de Género promovió que las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres en 2015 consideren recursos destinados al cumplimiento de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y ordenamientos de la política de igualdad como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, el Programa Nacional de Desarrollo 2013- 2018 y el Proigualdad; dichos recursos por un monto de 23 mil 308 millones 185 mil 225 pesos, clasificados en el anexo 13, “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, que fueron aprobados por el pleno de la Cámara de Diputados el 13 de noviembre de 2014, y así fue incluido en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2014.

Aun cuando para 2015 se logró la etiquetación más alta, en proporción con el total del PEF de 2015, las erogaciones para la igualdad representan no más de 0.5 por ciento y resultan insuficientes para solventar las necesidades en la materia.

Ahora bien, en el marco del ajuste del gasto público para 2015, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, anunció una disminución de 2 mil millones de pesos al presupuesto de Petróleos Mexicanos, 10 mil millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad, y 52.3 mil millones de pesos a las dependencias y entidades de la administración pública. De este último, 65 por ciento se aplicará al gasto corriente y el resto a gasto de inversión.

La SHCP ha expresado que este ajuste responde no a una situación económica de urgencia sino a una medida preventiva para fortalecer las finanzas públicas y lograr la estabilidad macroeconómica.

Por tal motivo consideramos que la coyuntura actual es idónea para que el Estado demuestre que los derechos humanos de las mujeres son prioridad para este gobierno y que dicha condición, en el marco del principio de progresividad de los derechos humanos, no se modificará por ajustes del gasto para 2015.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de Hacienda y Crédito Público a garantizar en el marco del ajuste del gasto para 2015 anunciado por dicha dependencia el pasado 30 de enero que no se afecten los recursos clasificados en el anexo 13, “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2015.

Diputadas: Martha Lucía Mícher Camarena, Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a establecer un programa de apoyo a los cafetaleros afectados por la plaga de la roya, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado José Antonio León Mendívil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II; numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, a implantar un programa especial urgente para el control y combate de la roya del café en las regiones del país de cultivo de este grano.

Exposición de Motivos

La grave situación que presenta el sector de la cafeticultura en el país con motivo de la roya del café, ha llevado a varios analistas a calificarla como la peor crisis en la historia de esta actividad.

La información reciente de los propios cafetaleros habla de una afectación del 50 por ciento de las plantaciones, principalmente de Chiapas, Veracruz y Oaxaca, así como de una disminución de la producción nacional en más del 30 por ciento.

Un dato nos ilustrará estos porcentajes. En el ciclo 2000-2001, en México se produjeron 5.5 millones de sacos de café; en la actualidad, en el ciclo 2013/2014 apenas se produjeron 3.1 millones. Es decir, tenemos un descenso de la producción cafetalera de 2.4 millones de sacos, por lo que los productores del grano reportan pérdidas millonarias en los dos últimos ciclos.

Según la información proporcionada por el presidente del Sistema Producto Café de Chiapas, Édgar Flores Miguel, solo en ese estado, que es el principal productor del país, se está perdiendo un promedio de 300 millones de dólares por temporada con motivo de los efectos causados a los cafetales por esta plaga.

Se supone que para combatir esos efectos, la Sagarpa-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica, decretó durante 2013-2014, una campaña de medidas agronómicas y fitosanitarias en 39 mil 650 hectáreas de los 12 estados que cultivan este grano; lo cual por cierto, representa una mínima parte de la superficie afectada; sin embargo, a la fecha no se conocen los resultados alcanzados por esa campaña, pues según la información disponible, en lugar de disminuir la epidemia de roya aumentó en las plantaciones de las 12 entidades.

Más aun, en voz de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, CNOC, una de las principales organizaciones de pequeños productores de café en México, cita textual de su boletín de diciembre pasado: “La dependencia responsable de atender la epidemia de la roya, Senasica, que es un organismo de la Sagarpa, de manera increíble señala que no le asignaron recursos para ello en el 2013 y 2014, se “lava las manos” y ni siquiera divulga adecuadamente a los productores y autoridades en los Estados, los resultados de sus diagnósticos y los avances de la roya.”

Es conveniente mencionar aquí, que de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, para el Programa Productivo del Café, Procafe, se autorizaron 350 millones de pesos; y en el 2014, para este mismo programa, esta Honorable Cámara de Diputados autorizó un ejercicio por 700 millones de pesos; y para 2015, el presupuesto autorizado es por 730.6 millones de pesos.

Senasica tuvo conocimiento de un rebrote “atípico por su virulencia” de roya del café, al menos desde 2012. Así lo registra en el Informe Número 1, un reporte publicado en internet con fecha de marzo de 2013, en donde señala que en octubre de 2012 recibió reportes de brote de la roya en varias fincas cafetaleras de Oaxaca, Chiapas y Veracruz; no obstante, claramente subestima la agresividad de la plaga al señalar en el mismo reporte que: “Actualmente, de acuerdo a la fenología del cafeto, en este momento no se cuentan con focos epidémicos de riesgo, debido a que los cafetales en las principales áreas productoras, se encuentran en la etapa terminal de cosecha y con follaje senescente ...” (Reporte Número 1 de Senasica, de marzo de 2013).

Que es el hongo de la roya del cafeto y como combatirlo

La roya del café es un viejo enemigo conocido de los cafetaleros, que se había mantenido bajo control durante varias décadas y su rebrote reciente tiene que ver con el calentamiento global, envejecimiento de cafetales y falta de labores culturales en las haciendas cafetaleras.

En opinión de los técnicos, “la roya, conocida científicamente como Hemileia vastatrix, es un hongo que infecta las hojas del cafeto, lo cual causa la defoliación de la planta, una maduración anormal, pérdida de calidad, caída del fruto y debilitamiento. Pero en Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y el sur de México, los principales afectados, sus consecuencias nunca habían sido tan perjudiciales como hoy.”

Este hongo necesita condiciones especiales para parasitar la hoja del café. En Colombia y otras regiones productoras de América, durante los últimos años se han presentado alteraciones en las condiciones climáticas (aumento de la precipitación, cambios en la temperatura del aire, disminución del brillo solar y alta humedad relativa), generando estrés en las plantaciones de café y ambientes propicios para desencadenar epidemias de roya, en aquellas variedades que carecen de genes de resistencia al hongo.”

Según los expertos, la renovación de cafetales con materiales resistentes a la roya es la opción de manejo más eficiente y sostenible económica y ambientalmente.

Igualmente el manejo de podas en el cultivo de café, es una práctica que estimula el crecimiento de tejido productivo de la planta y elimina parte del inóculo, así como el tejido dañado y/o muerto por efecto de la roya.

La importancia de la cafeticultura en México

Debemos señalar que la cafeticultura para México es de la mayor relevancia. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable en el artículo 179, considera al café como uno de los 11 productos con carácter básico y estratégico para los mexicanos.

México ocupa el sexto lugar en el mundo en producción de café, con el 3 por ciento de la producción mundial. En términos de exportación, el país se encuentra en onceavo lugar con 2.8 millones de sacos, lo que representa 900 millones de dólares en ingreso de divisas.

Dedicados a la cafeticultura tenemos un padrón con cerca de 550 mil productores y una superficie sembrada para 2010, de 779 mil hectáreas, de acuerdo a los datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera.

Dice un estudio de la Sagarpa y el Sistema Producto Café que, “la cafeticultura destaca en México, por su importancia social, económica y ambiental. En efecto, incluyendo a los productores, jornaleros, operadores de beneficios, obreros de industrias, empleados de cafeterías y participantes en la comercialización y sus familias, alrededor de tres millones de mexicanos dependen del café, en algún grado.”

Esta es la dimensión de lo que está en juego de no atender de manera urgente, con responsabilidad y visión social la amenaza que significa para nuestros cafeticultores el brote reciente de la roya del café.

Todo Centroamérica, desde Guatemala a Colombia, entró en emergencia nacional y decretaron planes especiales de contingencia, desde enero pasado, para ayudar a sus productores en el combate a esta epidemia, atípica y extremadamente agresiva.

Los cafetaleros de México requieren igualmente de un programa especial inmediato para evitar el desastre nacional de la cafeticultura. Sabemos que la mejor forma de combatir esta plaga es renovando cafetales con variedades resistentes, aplicar labores culturales y fertilizar adecuadamente la plantación. En casos emergentes, hay que recurrir a la aplicación intensiva de agroquímicos, especialmente oxicloruro de cobre. Esta no puede ser una tarea de los productores aislados, ni siquiera de los gobiernos locales; se requiere ante todo de un plan integral nacional, con el apoyo institucional y especializado de la federación.

En el sector cafetalero México está perdiendo producción, mercados, divisas, y sobre todo, bajan los ingresos de las familias campesinas y se incrementa la pobreza y el abandono de las plantaciones y de la población que depende de este cultivo.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta representación nacional el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a establecer con carácter urgente un programa nacional de apoyo a los cafetaleros afectados por la plaga de la roya del café.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 17 de febrero de 2015.

Diputado José Antonio León Mendívil (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a incluir Puerto Peñasco, Caborca, Pitiquito, Altar, Trincheras, Oquitoa, Atil, Tubutama, Magdalena y Santa Ana en la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas y el diésel para la zona fronteriza norte, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, Dora María Talamante Lemas, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La reforma constitucional en materia energética publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013 estableció como dos de los ejes estratégicos el crecimiento económico y el desarrollo incluyente que permitiese al país, por un lado, aprovechar sus recursos energéticos en favor de mayor inversión y generación de más empleos, a partir de iniciativas que promuevan el abasto de energía en cantidades suficientes “y a costos competitivos”; y, por otro lado, el acceso a la energía para democratizar la productividad y mejorar “la calidad de vida de la población” en las distintas regiones del país, consciente del enorme potencial y riqueza energética existente México.

De esa manera, previo análisis, debate y modificaciones por el Congreso de la Unión, el 11 de agosto de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las leyes secundarias que dieron forma al espíritu de la citada reforma constitucional en materia de hidrocarburos, como la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Ingresos sobre ellos, la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, Ley de Petróleos Mexicanos, la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del mismo sector, así como las modificaciones realizadas a diversos ordenamientos.1

Todo lo anterior, a fin de dotar de instrumentos jurídicos y de generar las condiciones necesarias de competencia en el sector, imprimiendo dinamismo a la economía mexicana para lograr la disminución de los precios de hidrocarburos.

Sin embargo, a seis meses de la publicación de las citadas leyes y de la puesta en marcha de los mandatos establecidos en los transitorios para diversas secretarías de Estado, entidades de la administración pública federal, empresas productivas del estado y órganos reguladores, lamentablemente el panorama no es nada alentador en el sector, especialmente en el mercado de las gasolinas ante el panorama de la disminución de los precios internacionales del petróleo, particularmente de la mezcla mexicana de exportación, que hasta hoy se encuentra en 46.57 dólares por barril, por lo que se enfrentan retos considerables que es menester atender de forma urgente.

Precisamente, uno de los imperativos fijado para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo al régimen de transición que se instauró para la libre competencia en el expendio de gasolinas, es establecer las políticas de precios homologados y escalonados de las gasolinas para las zonas que así lo requieran, a fin de evitar la disparidad en los precios en mismas regiones.

Así, en cumplimiento de lo señalado en el transitorio décimo cuarto, fracción I, inciso b), de la Ley de Hidrocarburos, el cual establece que a partir del 1 de enero de 2015, y como máximo hasta el 31 de diciembre de 2017, la regulación sobre precios máximos al público de gasolinas y diésel será establecida por el Ejecutivo federal, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el acuerdo 016/2014, publicado el 1 de enero de 2015, estableció los precios máximos al público al que se sujetarán los precios de las gasolinas y el diésel.

Dicho acuerdo fijó como regla de que los precios máximos de gasolinas Pemex Magna y Pemex Prémium, así como el diésel, reflejarán un ajuste de 1.9 por ciento respecto del precio aplicado en diciembre de 2014, traduciéndose en términos reales a 13.57, 14.38 y 14.20 pesos por litro, respectivamente. Mientras, para el caso de la zona fronteriza del país, se estará sujeto a la política de precios homologados y escalonados determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente durante el ejercicio fiscal de 2014.

Para los efectos de citado acuerdo, por zona fronteriza se entenderá la comprendida entre la línea divisoria internacional con Estados Unidos de América y la paralela situada a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país.

Por eso, más allá de determinar la distancia como elemento para aplicar la política de homologación de precios, la secretaría excluyó, con base en un criterio territorial y no de dinámica económica, regiones que por sus actividades productivas y comerciales dependen en gran medida de Estados Unidos de América, y que por la disparidad de precios de los combustibles les imposibilita competir con las comunidades del país vecino del norte.

Tal situación atraviesan los municipios como Puerto Peñasco, Pitiquito, Altar, Trincheras, Oquitoa, Átil, Tubutama, Magdalena y Santa Ana y Caborca, considerado región fronteriza cuya cabecera se encuentra a más de 20 kilómetros del país vecino del norte, quedan excluidos de la política de homologación de los precios de las gasolinas y que en comparación con otros municipios cercanos, como San Luis Río Colorado, General Plutarco Elías Calles y Nogales, por citar algunos, el precio de la gasolina Magna es de 7.59 pesos por litro, mientras que la Prémium oscila en 8.92.

En el caso de Puerto Peñasco, por ejemplo, donde más de 90 por ciento del ingreso de las familias proviene la actividad turística de vecinos de Estados Unidos de América, se encuentra imposibilitado para competir en condiciones similares con su colindante de San Luis Río Colorado, teniendo que aumentar los precios de la oferta hotelera y de servicios, entre otros factores por la disparidad existente en precios de gasolinas y diésel entre ambos municipios.

Situación similar se presenta en el caso de Caborca, municipio con actividades preponderantemente turísticas, agrícolas y ganaderas, que a pesar de ser “considerada región fronteriza por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2002”, se excluye de la citada política implantada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, los precios de los combustibles no sólo han perjudicado la vida económica de la región, sino que también ha generado el descontento social que se manifiesta en el día con día de los sonorenses y habitantes en tales municipios, pues el precio referido ha impactado de manera negativa en el costo del transporte público, así como en la venta de los productos básicos de consumo.

La situación ha llegado a tal grado que la representación en Sonora de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo ha detectado2 la venta “clandestina” de gasolina, al margen del cumplimiento de las leyes y normas de seguridad en materia de transporte de estos combustibles, así como de la propia Constitución. Afortunadamente, no se han presentado accidentes originados por la problemática que atraviesan los municipios afectados.

Sin duda, la diferencia de los precios del combustible implica una disminución importante en las actividades económicas de dichas poblaciones, al encontrarse limitadas a competir con regiones favorecidas por la política de homologación, ya que al ser más elevado el precio de los combustibles, los precios en los municipios mencionados deben incrementarse, disminuyendo la competitividad de la región.

En atención de lo expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a revisar por el secretario de Hacienda y Crédito Público la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas y el diésel para la zona fronteriza norte para incluir Puerto Peñasco, Caborca, Pitiquito, Altar, Trincheras, Oquitoa, Átil, Tubutama, Magdalena y Santa Ana en dicha política.

Notas

1 Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y las realizadas a las leyes de Inversión Extranjera; Ley Minera, y de Asociaciones Público Privadas; la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública.

2 http://www.eldiariodesonora.com.mx/nota.php?nota=44158

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2015.

Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica)