Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4213-IV, jueves 12 de febrero de 2015
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a considerar la inclusión de toda Baja California en la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para la zona fronteriza norte, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PVEM
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a realizar en coordinación con la Sedena, la Semar y el gobierno de Tamaulipas medidas y acciones para restablecer el orden y la paz en Matamoros y Reynosa, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN
Proposiciones
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a fortalecer las acciones de prevención y atención de cáncer pulmonar, a cargo de los diputados María del Carmen Ordaz Martínez y Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la SHCP ajustes para incluir Ensenada, parte del valle de Mexicali y el puerto de San Felipe, BC, en la homologación del precio de la gasolina, suscrita por los diputados Andrés de la Rosa Anaya y Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la Profepa, la Semarnat y la PGR acciones en materia de conservación del jaguar, especie en peligro de extinción, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Tribunal Superior de Justicia, el jefe del gobierno y la PGJDF a garantizar la impartición de justicia expedita en el caso de Paola Geraldine Cervantes Cedeño, a cargo de la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del INAH a supervisar la rehabilitación y restauración de la alameda Trinidad García de la Cadena, en la ciudad de Zacatecas, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del PT
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y las autoridades educativas locales a establecer instrumentos de trasparencia, consulta y atención de los trabajadores del sector en los estados cuyo gasto de servicios personales corresponde al Fone, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la CFE a ajustar la tarifa doméstica aplicable en Puerto Vallarta, Jalisco, a cargo del diputado Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer por la SHCP instrumentos para incorporar diversas ciudades de Sonora al acuerdo número 016/2014, por el que se sujetan las gasolinas y el diésel a precios máximos al público, a cargo del diputado Heberto Neblina Vega, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del gobierno de Nuevo León, la Conagua y la SHCP a promover la cancelación inmediata de la obra de infraestructura hidráulica Acueducto Monterrey VI, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y la SEP respecto al uso y destino de los recursos asignados en el PEF de 2014 al proyecto Vida y Cultura, de Desarrollo, Promoción y Fomento a la Cultura, AC, a cargo de la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales de esta soberanía a realizar una consulta entre sociedad civil, expertos y diversas fuerzas políticas sobre la reforma en materia de combate de la corrupción, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención de la SEP y el Conaculta en el caso de los daños ocasionados a las obras murales de Roberto Montenegro en el foro Lindbergh, en Cuauhtémoc, DF, a cargo de la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de Puebla y la Profepa a revisar y atender las demandas ciudadanas respecto al parque ecológico Revolución Mexicana y el aviario para garantizar que la obra cumpla los estándares ambientales y proteja las especies animales albergadas, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a considerar la inclusión de toda Baja California en la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para la zona fronteriza norte, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PVEM
Los suscritos, diputados federales del estado de Baja California por el Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que incluya al municipio de Ensenada, el Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe a la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para la zona fronteriza norte, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En términos del artículo 28 constitucional se señala que las bases para señalar precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular serán fijados en las leyes respectivas, en este sentido el transitorio Décimo Cuarto, fracción I, inciso b) de la Ley de Hidrocarburos, establece que a partir del 1 de enero de 2015 y, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2017 la regulación sobre precios máximos al público de gasolinas y diésel será establecida por el Ejecutivo Federal mediante acuerdo.
En el transitorio señalado se menciona que la política de precios máximos al público que se emita deberá prever ajustes de forma congruente con la inflación esperada de la economía y, en caso de que los precios internacionales de estos combustibles experimenten alta volatilidad, el Ejecutivo Federal preverá mecanismos de ajuste que permitan revisar al alza los incrementos de los citados precios, de manera consistente con la evolución del mercado internacional.
Concordamos en el sentido que ha dado el Ejecutivo Federal sobre el interés público de moderar el impacto de las variaciones del precio de la gasolina y el diésel, así como de la inflación en la economía de las familias mexicanas, por lo que es conveniente establecer precios máximos de venta al consumidor final de las gasolinas Pemex Magna y Pemex Premium y el Diésel, así ha sido necesario establecer los precios máximos al público de las gasolinas y del diésel para el ejercicio fiscal de 2015, tomando como referencia los precios al público vigentes al 31 de diciembre de 2014, con la finalidad de no afectar negativamente las finanzas públicas ni las de Petróleos Mexicanos.
El incremento que el Ejecutivo federal aplicó desde enero de 2015 es inferior a la meta establecida para la inflación esperada de nuestro país para este año prevista por el Banco de México, lo que beneficia a los hogares mexicanos.
Asimismo, para evitar la posibilidad de arbitraje económico, entendido como la posibilidad de tomar ventaja de una diferencia de precio entre dos mercados, en el consumo de los combustibles con la región colindante con los Estados Unidos de América, el Ejecutivo Federal consideró necesario que la política de precios homologados y escalonados aplicada en la zona fronteriza, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con las modificaciones derivadas del Acuerdo publicado el 1° de enero del 2015 en el Diario Oficial de la Federación continúen vigentes.
Existe un llamado social que hacen las diversas cámaras empresariales y del sector social, así como la ciudadanía general del municipio de Ensenada, el Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe en Baja California, correspondiente a la tarifa de los combustibles de Gasolina Magna, Premium y Diesel con cifras de $13.57, $14.38 y $14.20 pesos por litro, respectivamente, ya que ambas regiones no son consideradas como parte de la franja fronteriza y por ello no obtiene los mismos subsidios federales que operan en los municipios de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y parte de Mexicali, donde el costo del combustible se encuentra en los $9.03 pesos por litro de Magna, $9.84 pesos por litro de Premium y $14.20 por litro de Diesel.
Es necesario atender el pedimento de incluir a las regiones señaladas en las políticas de precios de combustible homologados y escalonados en función de la importancia de las actividades económicas del municipio de Ensenada, la totalidad del Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe, primarias para el comercio internacional como la pesca y la agricultura, las cuales generan miles de empleos directos y donde las actividades requieren de un importante consumo de combustible para llevarlas a cabo y que en las condiciones vigentes minan la competitividad y el crecimiento de los productores de las zonas referidas pues los precios de sus productos aumentan y su demanda disminuye.
Los precios de los combustibles no sólo han menguado la vida económica de la región, sino que también ha trastocado la vida cotidiana de los bajacalifornianos ahí asentados, pues el precio referido ha impactado negativamente el costo del transporte público y de la comercialización de los productos básicos de consumo.
En los asuntos fronterizos se han adoptado diversos criterios, definiciones y extensiones territoriales contenidas en acuerdos binacionales y programas de desarrollo como el Convenio para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Región Fronteriza entre Estados Unidos y México “Convenio de la Paz” donde se determina a la zona fronteriza como el área que se extiende 100 km al norte y 100 km al sur de la frontera entre ambos países, criterio adoptado por el Programa Integral Ambiental Fronterizo, PIAF, el Programa Frontera XXI y el Programa Frontera 2012, teniendo el convenio y los programas referidos como nota distintiva la procuración del bienestar económico y social a través de un enfoque sustentable; en el mismo sentido el Banco de Desarrollo de América del Norte considera como franja fronteriza binacional a la extensión de 210 km, 105 al norte y 105 al sur a partir de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos. Como es evidente, ambos criterios asisten que tanto el municipio de Ensenada, el Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe sean comprendidos en las políticas de precio homologado y escalonado de combustibles del Gobierno Federal.
Es en razón de la incertidumbre y preocupación de la ciudadanía en la región y ya que ha sido decisión del Ejecutivo federal que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea la encargada de prever los ajustes de forma congruente con la inflación esperada de la economía, así como en el caso de que los precios internacionales de las gasolinas Pemex Magna y Pemex Premium, y el Diésel experimenten alta volatilidad, y es la Secretaría la encargada de establecer los mecanismos para ajustar al alza los incrementos de los citados precios, de manera consistente con la evolución del mercado internacional, debiendo recabar previamente la opinión de la Secretaría de Energía, y que en virtud de la inflación esperada para el próximo ejercicio fiscal, así como el comportamiento esperado de los mercados internacionales de las gasolinas y el diésel, he tenido a bien determinar un ajuste de 1.9 por ciento respecto del precio aplicado en diciembre de 2014, con excepción de la zona fronteriza, la cual está sujeta a la política de precios homologados y escalonados determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente durante el ejercicio fiscal de 2014, es que se pone a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente resolución
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través del Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Doctor Luis Videgaray Caso, se revise la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para la zona fronteriza norte para que se incluya al municipio de Ensenada, al Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe como beneficiarios de tal política.
Dado a los 12 días del mes de febrero del año 2015 en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro.
Diputados: María Elia Cabañas Aparicio, Ricardo Medina Fierro, Benjamín Castillo Valdez, Mayra Karina Robles Aguirre, Jaime Chris López Alvarado, Adán David Ruíz Gutiérrez (rúbrica), María Carmen López Segura, María Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), David Pérez Tejada Padilla (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a realizar en coordinación con la Sedena, la Semar y el gobierno de Tamaulipas medidas y acciones para restablecer el orden y la paz en Matamoros y Reynosa, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN
Los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y el artículo 79, numeral I, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que lleve a cabo las medidas y acciones necesarias para restablecer el orden y la paz en los municipios de Matamoros y Reynosa del estado de Tamaulipas, en coordinación con las Secretarías de la Defensa Nacional, y de Marina, y con el gobierno de Tamaulipas, bajo las siguientes
Consideraciones
Los medios de comunicación y las redes sociales han dado cuenta de los actos de violencia, cometidos por integrantes del crimen organizado, que se han suscitado en días pasados en los municipios de Matamoros y Reynosa del estado de Tamaulipas.1
Derivado de lo anterior, el Consulado de los estados Unidos en Matamoros emitió una alerta sobre el aumento de la violencia entre Matamoros y Reynosa, así como la presencia de grupos armados circulando por las avenidas y calles de Matamoros.2
Esto, a pesar de que la Secretaría de Gobernación, en mayo de 2014, puso en marcha la Estrategia de Seguridad para Tamaulipas, a partir de tres ejes:3
1) Desarticular, en su composición y operación, a las organizaciones delictivas,
2) Sellar las rutas de tráfico ilícito de personas, sustancias, armas y dinero, y
3) Garantizar instituciones locales de seguridad, suficientes, eficientes y confiables.
Aun y cuando las autoridades federales anuncian avances en materia de seguridad en la Entidad, los ciudadanos no perciben estos resultados, y los eventos recientes, son una prueba inequívoca que se tiene que fortalecer la seguridad que realmente devuelva la tranquilidad y el bienestar a la población tamaulipeca.
Estos hechos delictivos, aparte de robar la paz a los ciudadanos, desincentivan la actividad productiva y comercial de la región fronteriza, perjudicando insoslayablemente la atracción de inversiones nacionales y extranjeras, así como el turismo procedente de los estados Unidos, todo esto dañando la generación de empleos y los ingresos de las familias que habitan en estos municipios.
Por todo lo anterior, los diputados de Acción Nacional del estado de Tamaulipas solicitamos de manera urgente la intervención de la Secretaría de Gobernación para que lleve a cabo las medidas y acciones necesarias para restablecer el orden y la paz en los municipios de Matamoros y Reynosa de nuestro estado, con la coordinación y colaboración de otras instancias del gobierno federal como la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina y, por supuesto, del propio gobierno de Tamaulipas.
Por lo anteriormente expuesto, los diputados del Partido Acción Nacional nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que lleve a cabo las medidas y acciones necesarias para restablecer el orden y la paz en los municipios de Matamoros y Reynosa de Tamaulipas, en coordinación con las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, y con el gobierno de Tamaulipas.
Notas
1 Dejan 15 muertos balaceras registradas desde el domingo en Tamaulipas.
http://www.proceso.com.mx/?p=394937
2 Expect Continued Violence in Northern Tamaulipas.
http://matamoros.usconsulate.gov/sm02042015.html
3 Estrategia de Seguridad para Tamaulipas. http://www.gobernacion.gob.mx/es/SEGOB/Sintesis_Informativa?uri=http%3A %2F%2Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Content%3A4931&cat=http%3A%2F%2Fwww. SEGOB.swb%23swbpress_Category%3A1
Diputado Carlos Alberto García González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a fortalecer las acciones de prevención y atención de cáncer pulmonar, a cargo de los diputados María del Carmen Ordaz Martínez y Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, María del Carmen Ordaz Martínez y Jesús Antonio Valdez Palazuelos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En invierno es muy común que las bajas temperaturas sean el factor principal de enfermedades virales y respiratorias, tal es el caso de la gripa común, la influenza y la bronquitis, pero el frío no es el único causante de serias enfermedades respiratorias, ya que el tabaquismo, la contaminación en espacios cerrados y exterior, alergias y la exposición a riesgos ocupacionales como el polvo y los químicos son los elementos principales de padecimientos como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), las alergias respiratorias, las enfermedades pulmonares de origen laboral y la hipertensión pulmonar.1
Datos señalados por la Organización Mundial de la Salud revelan que actualmente alrededor de 235 millones de personas padecen asma y 64 millones EPOC; desafortunadamente, también señalan que ciertas alergias y enfermedades respiratorias crónicas no llegan a detectarse.2
Cabe resaltar el arduo trabajo del gobierno federal en prevenir y combatir las enfermedades respiratorias crónicas, siendo el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias uno de los órganos más importantes en la lucha contra estas enfermedades. Pese a ello, se ha detectado un aumento sumamente serio en la detección de cáncer pulmonar el cual; datos arrojados por el Instituto Nacional de Cancerología, señalan que anualmente se diagnostican ocho mil nuevos casos de esta enfermedad.
El cáncer pulmonar se forma en los tejidos del pulmón por lo general, en las células que recubren las vías respiratorias. Existen dos tipos principales de cáncer de pulmón, el cáncer de pulmón de células pequeñas y el cáncer de pulmón de células no pequeñas, ellos se clasifican en base del aspecto que tengan éstas células bajo un microscopio.3
Entre los principales factores que dan lugar al cáncer de pulmón se encuentran: el fumar (siendo el factor de riesgo más importante de cáncer de pulmón), estar en el rango entre los 55 y 74 años de edad y ser fumadores activos y el exponerse o haberse expuesto a altos niveles de contaminación, radiación y asbesto.4
Por las características propias del cáncer de pulmón, los síntomas aparecen una vez que la enfermedad se encuentra avanzada, lo cual obliga a la persona a acudir al médico. Entre las principales señales del padecimiento cancerígeno se reconocen: tos frecuente, expectoraciones sanguinolentas, disnea (falta de aire), dolor torácico, disfonía, disfagia y síndrome de homer (se caracteriza por la caída del párpado, pupila contraída y falta de sudoración en la mitad de la cara).
Otro de los síntomas característicos de la enfermedad avanzada es la pérdida de apetito, decaimiento general, dolores de huesos, cansancio, debilidad, confusión, mareos o pérdida de peso.5
Como señalamos, el cáncer pulmonar es uno de los padecimientos oncológicos más agresivos, ya que diversas organizaciones del sector salud a nivel mundial revelan que los índices de mortalidad son muy elevados, siendo el responsable de 30 por ciento del total de los fallecimientos cancerígenos en todo el mundo, siendo diagnosticados de forma anual alrededor de 1.6 millones de casos, de ellos 1.4 millones morirán a causa de la enfermedad.6
México no es la excepción. El doctor Óscar Arrieta, coordinador de la Clínica del Cáncer de Pulmón y Tórax, del Instituto Nacional de Cancerología (Incan), señaló que el cáncer de pulmón se sitúa en el octavo lugar entre los padecimientos oncológicos, debido a su frecuencia, pero ocupa el primer sitio de mortalidad; lo anterior en razón de que de los pacientes atendidos en el instituto, 90 por ciento de ellos fallece antes de los 18 meses.7
Los 8 mil nuevos casos anuales de cáncer de pulmón que revela el Incan reflejan la gravedad de la situación ya que esto significa una detección de 21 pacientes con esta enfermedad de forma diaria. Asimismo, la Secretaria de Salud (Ssa) ha afirmado que dicho aumento se ha reflejado especialmente en mujeres, aunque las causas han sido distintas del tabaquismo, como es la tuberculosis y la exposición al humo de la leña.8
El cáncer de pulmón ocurre principalmente en personas de edad avanzada ya que alrededor de dos de cada tres personas diagnosticadas con cáncer pulmonar son mayores de 65 años, menos de 2 por ciento ocurre en personas menores de 45 años.9
Pese al nivel tan importante de mortalidad de la enfermedad y lo reflejado en diversas estadísticas, el cáncer pulmonar no es sinónimo de muerte. La Ssa afirma que 15 por ciento de los pacientes se logra curar, ello a consecuencia de la detección tardía del padecimiento. Al respecto, el doctor Arrieta afirma que el cáncer de pulmón puede llegar a prevenirse hasta en 80 por ciento de los casos.10
Acciones como no fumar, evitar el humo de las personas que fuman y llevar una alimentación rica en frutas y verduras son sumamente importantes para prevenir este tipo de cáncer que ha causado la muerte de millones de personas. Asimismo, el acudir al médico de forma frecuente o ante cualquier síntoma de la enfermedad de forma temprana puede ser crucial para tener éxito en el combate del cáncer pulmonar.
No podemos permitir que siga aumentando esta enfermedad oncológica y mucho menos que sea la causante de la muerte de miles de mexicanos anualmente. Esto no es un tema de género o de edad, sino que debemos considerar que actualmente el fumar es más común en edades más tempranas, por lo que es necesario que desde el gobierno federal se tomen acciones preventivas, siendo estas las más importantes para disminuir exponencialmente el cáncer pulmonar.
Resulta necesario reconocer las acciones realizadas por los tres niveles de gobierno en materia de salud y del combate a este problema oncológico, pero diversos datos y estadísticas oficiales obligan a fortaleces programas y planes de trabajo a fin de alcanzar los objetivos planteados por la federación los gobiernos locales y municipales.
Por lo expuesto se someten a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud a fortalecer los programas y las acciones encaminados a investigar y combatir el cáncer pulmonar.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Salud a emprender una campaña que tenga como objetivo la prevención del cáncer pulmonar y su temprana detección.
Notas
1 http://www.who.int/respiratory/about_topic/es/ 18 de diciembre de 2014, 12:56 horas.
2 http://www.who.int/respiratory/about_topic/es/ 18 de diciembre de 2014, 12:59 horas.
3 http://www.cancer.gov/espanol/tipos/pulmon 18 de diciembre de 2014, 13:08 horas.
4 http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-pulmon 18 de diciembre de 2014, 13:19 horas.
5 https://www.aecc.es/SOBREELCANCER/CANCERPORLOCALIZACION/CANCERDEPULMON/ Paginas/sintomas.aspx 18 de diciembre de 2014, 13:31 horas.
6 http://bienestar.salud180.com/salud-dia-dia/cancer-de-pulmon-el-mas-agr esivo-y-mortal 18 de diciembre de 2014, 13:38 horas.
7 Ídem.
8 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/11/01/990094 18 de diciembre de 2014, 13:45 horas.
9 http://www.institutomexicanodetorax.com/site/index.php/lodehoy/slidesho w/9-cancer-pulmonar-en-mexico 18 de diciembre de 2014, 13:52 horas.
10 http://bienestar.salud180.com/salud-dia-dia/cancer-de-pulmon-el-mas-agr esivo-y-mortal 18 de diciembre de 2014, 13:48 horas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2015.
Diputados: María del Carmen Ordaz Martínez, Jesús Antonio Valdez Palazuelos (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la SHCP ajustes para incluir Ensenada, parte del valle de Mexicali y el puerto de San Felipe, BC, en la homologación del precio de la gasolina, suscrita por los diputados Andrés de la Rosa Anaya y Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Grupo Parlamentario del PAN
Los suscritos, diputados Andrés de la Rosa Anaya y Juan Manuel Gastélum Buenrostro, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numeral I, fracción II, y numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se realicen los ajustes necesarios que posibiliten la inclusión de las localidades de Ensenada, parte del valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe, en Baja California, en la homologación del precio de la gasolina, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
A partir de diciembre de 2002, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó a Petróleos Mexicanos y a sus organismos subsidiarios homologar el precio al público de la gasolina en las ciudades fronterizas del norte del país con el de Estados Unidos de América.
Esta homologación atiende a que la diferencia del precio de la gasolina afecta la generación de empleos del lado mexicano y produce una importante fuga de divisas, en perjuicio de la economía del país y de las comunidades fronterizas.
Las condiciones que imperan en la región fronteriza y particularmente en el estado de Baja California, generan situaciones de vulnerabilidad que se presentan en la competencia con Estados Unidos dada la cercanía que se tiene con ese mercado, lo cual se da en una proporción mayor al que experimentan los demás estados de la República.
En el caso particular de Baja California, la homologación del precio de la gasolina se da en los municipios o localidades que se encuentran dentro del rango de la faja de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria, sin embargo, deja fuera este parámetro al municipio de Ensenada, parte del valle de Mexicali y al Puerto de San Felipe ubicado dentro del municipio de Mexicali, por encontrarse a una mayor distancia de la línea divisoria.
Esta situación provoca afectación a la economía de los habitantes de dichas comunidades y repercute directamente y de manera negativa en las ventas de gasolina de las estaciones que quedan fuera del llamado polígono de la franja fronteriza norte.
Es menester mencionar que diversas disposiciones previstas en nuestra Carta Magna, la Ley Aduanera o instrumentos internacionales, consideran distintas distancias para establecer la región o franja fronteriza, desde 100 kilómetros a partir de la línea divisoria hasta 200 kilómetros o más. Es decir, no existe un criterio único para delimitar el espacio que abarca la región fronteriza.
En definitiva, es indudable la afectación a la economía de estas localidades del estado de Baja California, por su exclusión de la homologación del precio de la gasolina, que aunado a las dificultades que ha provocado la reforma hacendaria con la homologación del IVA y el aumento de impuestos, provoca una realidad económica adversa para los habitantes de dichas comunidades que además tienen una vocación turística importante que se ve lesionada por los precios de la gasolina.
Para efectos de ilustrar lo mencionado, se expone la siguiente tabla de precios de las ciudades de Baja California:
Por lo expuesto anteriormente, los diputados firmantes sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se realicen los ajustes necesarios que posibiliten la inclusión de las localidades de Ensenada, parte del valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe, en Baja California, en la homologación del precio de la gasolina, dada su cercanía y vinculación con la realidad fronteriza.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2015.
Diputados: Andrés de la Rosa Anaya, Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la Profepa, la Semarnat y la PGR acciones en materia de conservación del jaguar, especie en peligro de extinción, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita Graciela Saldaña Fraire, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
I. Antecedentes
Sonora
Con fecha 28 de febrero de 2014 en el rancho Cueva Blanca del municipio de Granados, Sonora, se encontraron los restos de una hembra de jaguar (panthera onca) la cual fue envenenada y calcinada, presentándose denuncia ante la Procuraduría General de la República por la Dra. Ivonne Cassaigne, misma que fue radicada con el número de averiguación 531, mesa 26 con la Lic. Victoria Karina Medina de la Unidad Especializada en Delitos Ambientales. Dicho ejemplar era conocido con el nombre de “Corazón” y formaba parte de investigaciones científicas, mismo que contaba con un collar transmisor satelital (GPS) colocado por el Instituto de Ecología de la Universidad Autónoma de México. Expediente a la fecha sin concluir.
Quintana Roo
En fecha 23 de junio de 2011 campesinos dieron muerte a jaguar atándolo sobre una bicicleta en una carretera del municipio de José María Morelos, Quintana Roo.
El 28 junio de 2014 sobre la carretera Puerto Juárez-Tulum en el estado de Quintana Roo, se encontró jaguar hembra la cual presentaba dos heridas de impacto de balas, uno en el cráneo y otro a la altura de la cadera. La Profepa tuvo conocimiento del caso por llamada telefónica en la que se realizaba denuncia.
Con fecha 16 de noviembre de 2014 se encontró el cadáver de una hembra de jaguar, degollada, desollada y sin garras en las extremidades anteriores y posteriores en un paraje en la avenida los olivos, el municipio de Solidaridad, Quintana Roo. La Profepa tuvo conocimiento del caso por denuncia realizada por habitantes y organizaciones civiles del municipio de Solidaridad.
II. Consideraciones
De conformidad con lo señalado y enlistado en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, el jaguar es una especie en peligro de extinción.
De acuerdo con el censo realizado en 2011 por la Comisión de áreas naturales protegidas en coordinación con especialistas de la especie, existían 4,100 ejemplares de jaguar en México, mismos que organizaciones que trabajan para la conservación del jaguar han alertado la posibilidad de que esta especie desaparezca ante las amenazas de caza furtiva, la destrucción, fragmentación y deterioro del hábitat y la disminución de las poblaciones de sus presas principales.
El Código Penal Federal vigente en su artículo 420, fracción III, establece que se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente, realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestres.
De igual forma impondrá sanción a quien dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, en peligro de extinción.
En la mayoría de los municipios del estado de Quintana Roo donde se avistan los ejemplares en cuestión sufren de problemas de caza furtiva aunado a la falta de información en materia de conservación ya que existe total ausencia de las autoridades encargas de preservar el medio ambiente y sus recursos naturales.
En este tenor existen las personas que con todo el dolo se dan a la práctica de la caza, y existen los campesinos que en verdad desconocen la legislación, lo que pueden y no pueden hacer ya que existen poblaciones las cuales se encuentran recónditas en las cuales no llega la información y las autoridades no cuentan con los medios necesarios para hacérselas llegar. En esas localidades no saben la importancia de la conservación de especies, cazar a los animales que andan rondando las milpas de los campesinos es muy normal para ellos, es su forma de vida, cazan para comer y en otros casos por mera precaución.
De conformidad a lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Penales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en cuanto tenga conocimiento de la probable existencia de un delito, está obligada a participarlo inmediatamente al Ministerio Público, trasmitiéndole todos los datos que tuviere, de igual forma atendiendo a lo señalado en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Por las razones expuestas anteriormente se propone a esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República para que dé celeridad a la integración y consignación de las averiguaciones iniciadas, relacionadas a las muertes de jaguares en los diversos Estados del país, allegándose de los medios indispensables para la integración del cuerpo del delito y la determinación de la probable responsabilidad y que en caso de no contar con los peritos especialistas en la materia o con los medios científicos para lograrlo, solicite la intervención de instancias Internacionales para tal fin.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a instaurar programas y estrategias efectivas enfocadas a informar sobre la normatividad ambiental y la importancia de la conservación del jaguar y su hábitat tanto en el ámbito rural como en el urbano, haciéndolas llegar a las localidades que se encuentran más alejadas, zonas en donde el avistamiento de esta especie en peligro de extinción es frecuente.
Tercero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente capacite al personal adscrito a esa procuraduría para el efecto del correcto manejo de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2015.
Diputada Graciela Saldaña Fraire (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Tribunal Superior de Justicia, el jefe del gobierno y la PGJDF a garantizar la impartición de justicia expedita en el caso de Paola Geraldine Cervantes Cedeño, a cargo de la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Zuleyma Huidobro González, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En sus orígenes, la inocencia se tomó como un estado de pureza absoluta; la lectura fue ideológica: se afirma que las personas al nacer llegan al mundo inocentes, y ese estado pervive en su existencia hasta la muerte. La aplicación en el proceso penal de esta idea se transmite con igual intensidad: sólo la sentencia judicial puede variar el estado de inocencia. Y por eso cuando el juez “absuelve”, declara y confirma dicho estado de inocencia, mientras que la “condena” es constitutiva, pues a partir de ello nace un estado jurídico nuevo.1
Mientras que la presunción de inocencia posee, además de la eficacia procesal inherente a este derecho, una extraprocesal de recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos, el reconocimiento de inocencia va más allá: permite al sentenciado que ha sido declarado culpable de un delito, alegar en su favor circunstancias supervenientes que demuestran su inocencia.2
Lejos de ser de ser un simple procedimiento incidental, el reconocimiento de inocencia debe verse como un derecho subjetivo público que posee su eficacia en un solo plano: el plano procesal; y que encuentra un influjo decisivo en el régimen jurídico de la prueba. Es una institución de carácter extraordinario y excepcional que reconociendo el principio de seguridad jurídica surgido con la sentencia definitiva, tiene por objeto corregir verdaderas injusticias cometidas por el juzgador penal, cuando habiendo condenado a una persona, posteriormente se demuestra de manera fehaciente e indubitable que es inocente. 3
En México, para hablar de los derechos humanos de quienes son parte de un proceso penal, debemos tener en consideración la reforma constitucional de junio de 2008, ya que en ella se incluyó de manera expresa el principio de presunción de inocencia.
El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona imputada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare responsabilidad penal mediante sentencia emitida por el juez de la causa.
Como regla de trato, la presunción de inocencia opera no sólo en lo que al juicio se refiere, sino también en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de “no autor o no participe” en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad.
La naturaleza y alcances del derecho fundamental a la presunción de inocencia determinan una configuración compleja en su contenido, pues influyen con notoria eficacia tanto en el tratamiento que debe darse al imputado antes y durante el desarrollo del procedimiento, como en la actividad probatoria que se practique con el fin de demostrar su culpabilidad.
Sin embargo, no siempre se llevan a la práctica nuestro texto constitucional, ya que hoy en día es muy común escuchar en los medios de comunicación casos de personas inocentes que se encuentran recluidos en una cárcel por la imputación de delitos que no cometieron.
En la mayoría de los casos se debe a las inconsistencias judiciales, la falta de pruebas contundentes, el cambio radical y “sospechoso” en las declaraciones de las víctimas, las sentencias al vapor y la urgencia de las autoridades por presentar culpables, dejando en el desamparo absoluto a personas inocentes.4
Desafortunadamente un importante número de inocentes están presos porque no tuvieron los recursos económicos para demostrar su inocencia, o simplemente porque su proceso condenatorio estuvo plagado de vicios por parte de la propia autoridad que no les permitió tener una sentencia justa y transparente y conforme a derecho.
Uno de los casos más recientes sacados a la luz de la opinión pública es el de Paola Geraldine Cervantes Cedeño, quien fue privada de su libertad desde el pasado 23 de mayo por agentes judiciales del Distrito Federal, cerca de su domicilio, por el supuesto homicidio de una persona de sexo masculino el 29 de abril de 2011.
De acuerdo con los familiares de la hoy injustamente detenida, ella se encontraba saliendo de su domicilio en Tultitlan, estado de México, para dirigirse a la tienda cuando fue abordada por dos agentes judiciales los cuales querían saber si respondía a alguno de los nombres o alias al de la orden.
Sin importar la diferencia de apellidos fue llevada con lujo de violencia al juzgado 51 (cuyos hechos quedaron asentados por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal con el número de expediente CDHDF/1/121/CUAUH/14/D3427), donde se le dictó de manera inmediata auto de formal prisión por el delito de homicidio.
Las pruebas en las que basa la investigación son una foto extraída de su perfil de la red social Facebook y el testimonio de “vecinos anónimos” del autor intelectual del homicidio, lo cual a todas luces no representan una prueba fehaciente para la imputación de dicho delito.
Ya que los peritajes que hasta ahora se han presentado y están en posesión del juez son contrastantes, pues no existen coincidencias con el parecido de la supuesta cómplice del homicidio con Paola Geraldine, así como los resultados del estudio antropométrico practicado.
A cuatro meses de su detención, Paola Geraldine se encuentra pagando un delito que no cometió, pues a pesar de que se han presentado las pruebas para decretar su inmediata y absoluta libertad, el juez 51 de lo penal en el Distrito Federal resolvió mantenerla en la cárcel, pues “no podía determinar que ella no es la persona que las autoridades buscan”.
Evidentemente por actuaciones irregulares de la autoridad se han vulnerado otros derechos fundamentales de Paola Geraldine como lo son la dignidad humana, la libertad, el honor, la intimidad e, incluso, la propia imagen.
Ante tal situación por la que atraviesa Paola Geraldine y su familia los diputados de Movimiento Ciudadano exhortamos a las autoridades judiciales para que se lleve a cabo el respeto del debido proceso y emita una resolución justa, así como al jefe capitalino para que garantice la impartición de justicia pronta y expedita.
Derivado de lo anterior someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorte al presidente del honorable Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al jefe de gobierno del Distrito Federal y al procurador general de Justicia del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus facultades garanticen la impartición de justicia pronta y expedita, el respeto del debido proceso y se emita una resolución estrictamente apegada a derecho, en la causa penal seguida en contra de la ciudadana Paola Geraldine Cervantes Cedeño.
Notas
1 Hesbert Benavente Chorres, El derecho constitucional a la presunción de inocencia en Perú y México, así como su relación con los demás derechos constitucionales , Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, Año 7, N° 1, 2009, pp. 59-89.
2 https://www.scjn.gob.mx/.../EL%20DERECHO %20A%20LA%20INOCE ...
3 Véase Novena época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta. Tomo V, febrero de 1997, tesis I. 1o. P.22P. Página 785. Número de registro 199,366, aislada, materia penal. Amparo en revisión 881/96 Lorenzo Salazar Salazar. 29 de noviembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Germán Tena Campero. Secretario: Juan José Olvera López.
4 La presunción de inocencia y otros derechos del inculpado en el proceso penal a la luz de su análisis constitucional, conferencia de la señora ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en la Universidad Autónoma de Coahuila, el 30 de mayo de 2014.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2015.
Diputada Zuleyma Huidobro González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del INAH a supervisar la rehabilitación y restauración de la alameda Trinidad García de la Cadena, en la ciudad de Zacatecas, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, diputada Magdalena Núñez Monreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo que tiene como objetivo exhortar al Instituto Nacional de Antropología e Historia a supervisar las tareas de rehabilitación y restauración de la alameda Trinidad García de la Cadena, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 20 de marzo de 2014, la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, recibió la petición de diversos ciudadanos preocupados por la protección del patrimonio cultural de Zacatecas, sustentada en la Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de Zacatecas, en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, y la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, suscrito por México en 1984, de observancia obligatoria en nuestro país, de conformidad con el artículo 133 de la Constitución de la República.
Las obras de rehabilitación y restauración de la alameda Trinidad García de la Cadena, en curso, son realizadas por la Secretaría de Infraestructura del Estado de Zacatecas y como se puede apreciar con las fotografías que se adjuntan a la presente proposición, la alameda Trinidad García de la Cadena ha sido intervenida y modificada en su arquitectura, pórticos, herrería, balaustrada, kiosco, bancas, fuentes, macetones, calles, piso, arriates, flora, y en sus principales elementos ornamentales, afectando a este monumento natural histórico que la Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de Zacatecas, en su artículo 26, lo considera como zona típica, contrariando la Convención de Venecia de 1964, en la que se suscribió la Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios, y la Convención de Florencia relativa específicamente al tema de jardines históricos.
Para los zacatecanos y los mexicanos en general, es de suma importancia que toda obra que forma parte de nuestro patrimonio cultural, se rehabilite y restaure observando la normatividad aplicable, observando los lineamientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos por la sigla en inglés), y no atendiendo las ocurrencias de autoridades y vecinos como al parecer se han llevado a efecto los trabajos relativos a la alameda Trinidad García de la Cadena que se hacen del conocimiento del pleno a través de esta proposición.
Por tal motivo, y atendiendo la preocupación de zacatecanos por mantener la integridad del patrimonio cultural de los mexicanos, como lo son Rebeca Toledo Cisneros, Mónica Eunice Ruiz Rodríguez, Moisés Jiménez Cortés, María Edith Ortega González, Salvador Pintor Rodríguez, Luis Días Leaños y Martín Letechipía, entre otros, esta legisladora somete a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a supervisar las tareas de rehabilitación y restauración de la alameda Trinidad García de la Cadena, realizadas en la ciudad de Zacatecas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2015.
Diputado Magdalena Núñez Monreal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y las autoridades educativas locales a establecer instrumentos de trasparencia, consulta y atención de los trabajadores del sector en los estados cuyo gasto de servicios personales corresponde al Fone, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
La suscrita, diputada Lucila Garfias Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo; al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La centralización de la nómina educativa que tuvo como motivación la necesidad de transparentar el ejercicio de los recursos que la Federación transfiere a los Gobiernos de los Entidades Federativas para el pago de los servicios personales de los trabajadores de la educación transferidos a partir del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación, ha hecho evidente las disparidades que existen en las remuneraciones, aún en la misma plaza y categoría, entre una entidad federativa y otra, pero fundamentalmente las deficiencias que se presentan en la administración de los fondos destinados a ello así como la magnitud de la concurrencia al financiamiento de la misma que se venían aportando en cada entidad federativa.
Así, en el proceso de conciliación de las nóminas de cada entidad federativa para la integración del Sistema de Administración de Nómina Educativa, aún en marcha, las autoridades educativas han debido incluir todas y cada una de las percepciones que por diversos conceptos han conseguido los docentes a lo largo de su vida laboral.
Así, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, mandató que la Secretaría de Educación Pública, en un plazo no mayor a un año, contado a partir del 1º de enero de 2014, debía:
• Conciliar con las autoridades educativas de los Estados, los registros de las plazas que les fueron transferidas en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, y los convenios que de conformidad con el mismo fueron formalizados con los Estados, así como las plazas correspondientes a años posteriores que sean reconocidas, previa validación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluyendo los conceptos y montos de las remuneraciones correspondientes (segundo transitorio, fracción I).
• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de las entidades federativas establecerán mecanismos de transparencia para que el trabajador pueda verificar la información correspondiente a su nómina (segundo transitorio, fracción I).
• Las autoridades educativas de las entidades federativas entregarán a cada uno de sus trabajadores el recibo de nómina respectivo, desglosando los conceptos de pago y descuentos correspondientes (artículo 26-A, fracción VII).
Lamentablemente este proceso, que ha repercutido en la omisión de pagos de miles de docentes a lo largo del territorio nacional, ha excedido los tiempos establecidos en la Ley que le dio origen, desatendido algunas disposiciones normativas y dado pie a especulaciones que, distantes de la realidad, se ventilan en los medios de comunicación.
Hace apenas unos días el periódico reforma señalaba que “3 millones 942 mil 946 de plazas por hora a los estados en 1992, mientras que ahora existen 6 millones 491 mil 404 de plazas.”
Dar crédito a cifras descontextualizadas, es desconocer el importante crecimiento alcanzado en más de 20 años en la cobertura en la educación básica. Basta observar que entre el ciclo escolar 1992-1993 y 2014-2015 en marcha, la expansión de la matrícula en las escuelas federalizadas transferidas ha sido del 68% en preescolar, 20% en primaria y 132% en secundaria, dejando de lado que la transición demográfica ha traído consigo una disminución de la demanda de niñas y niños en edad de cursar la educación básica, lo que ha contribuido también a elevar la cobertura.
Los legisladores de la Unión, estamos llamados a reconocer que el hecho de que la información que se difunde en medios de comunicación, no siempre cumple con la rigurosidad de ubicarla en el contexto, trae consigo un sinnúmero de reacciones que se quedan en la superficialidad de la interpretaciones y no profundizan en la realidad que se vive en el sistema educativo nacional y al margen de lo que establece la ley.
Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario Nueva Alianza hemos insistido en esta tribuna, en la necesidad de que se cumpla con el mandato de establecer los mecanismos de transparencia que establece la Ley, con la finalidad de que cada trabajador valide la información correspondiente a su nómina, no solo porque nos corresponde observar la aplicación de las normas que aprobamos, sino porque a nuestro juicio ello contribuiría a generar certidumbres y evitar los errores que en el pago del salario de los maestros se vienen presentando.
Paradójicamente, una vez más se genera distorsión e inequidad en torno al particular. Basta observar que en el mes de octubre de 2014, el señor Carlos Loret de Mola, Conductor de Primero Noticias de Televisa, lanzó el portal titulado “Maestro: ¡Checa tu sueldo! http://www.checatusueldo.com/, mismo al que hace apenas unos días, en el marco de las incidencias que se han presentado en el pago a los maestros, invitó nuevamente a los maestros a consultar la información que ofrece.
La página web publicitada, vincula al consultante con la información que, en cumplimiento del mandato del Artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, deben reportar los Gobiernos de las Entidades Federativas.
Sin embargo, es importante señalar que la información a la que invita el conductor de Televisa, corresponde al ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, que virtud a la creación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, ya no existe a partir del presente ejercicio fiscal.
Más aún, los datos y cifras que en ellos se incluye, corresponden precisamente a la información que debió ser conciliada para la integración del Sistema de Administración de la Nómina Educativa (SANE) a partir de la cual se llevan a cabo los pagos a partir del 1º de enero de 2015.
Asimismo, en torno a la entrega del recibo de nómina que establece la fracción VII del Artículo 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal, la recepción del mismo por parte de los maestros no se ha materializado, con lo cual se limita el acceso de los docentes a servicios de salud, seguros, créditos y demás prestaciones para las cuales se les requiere como requisito indispensable para acceder al disfrute de los derechos que la norma laboral les otorga.
En este punto, contrario al principio de que todos —desde el individuo hasta el propio Estado— deben ajustarse a leyes que se promulgan públicamente, hacerse cumplir por igual y aplicarse con independencia, es elemento fundamental del Estado de Derecho consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, el pasado 13 de enero las Secretarías de Gobernación y de Educación del Gobierno Federal, comprometieron exclusivamente con la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación del Estado de Oaxaca, la emisión del pago quincenal más sus prestaciones con un formato que incluya además del cheque correspondiente, el talón y la nómina, a partir de la segunda quincena de enero del dos mil quince. Un compromiso que fue ratificado públicamente por el Oficial Mayor de la SEP cuando el 19 de enero al referirse a la reunión sostenida en días anteriores con la Sección 22 de la CNTE, en conferencia de prensa expresó:
“Una de las preocupaciones de la representación sindical es que cuando se les entrega el pago con cheque no venía acompañado del talón como anteriormente lo hacía. El Oficial Mayor no ve ningún problema en “regresar al esquema de que el cheque vaya con su talón impreso.
El esquema diseñado por la Oficialía Mayor tenía previsto que fueran por separado, incluso en diferentes lugares. La entrega del talón que cuenta con el timbrado oficial.
Es un tema administrativo que se puede resolver en el tiempo que se comprometió.”
Es lamentable que sea a quienes abandonan las aulas a quienes se les garantice el cumplimiento de los preceptos que la ley establece para todos los trabajadores de la educación, pues además de ello, el Instituto de Educación Pública de Oaxaca, fue también la primera entidad en la que se habilitó una línea telefónica específica para la atención de las incidencias de pago que, si bien no cumple fehacientemente con los mecanismos de transparencia que deben establecer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de las entidades federativa, si contribuye a clarificar la información que de cada maestro se incluyó en el SANE y, fundamentalmente, a resolver los problemas que se presentan.
Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, estamos convencidos que para garantizar que la implementación de la reforma educativa y de las normas que en torno a ella hemos aprobado logre los objetivos que nos planteamos, es indispensable que la Ley se cumpla para todos y que la información que se otorga a los principales actores del sistema educativo nacional sea clara, confiable, oportuna y suficiente. No hacerlo así lejos de brindar la certeza que estamos obligados a garantizar a los ciudadanos, contribuye a generar incertidumbres, cuyos efectos podeos observar en varios estados de la República Mexicana.
En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las Entidades Federativas a que en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal 2014 y la finalidad de contribuir a la consolidación de la Reforma Educativa, se establezcan de inmediato los mecanismos de transparencia, consulta y atención a las y los trabajadores de la educación en las entidades federativas cuyo gasto de servicios personales corresponde al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa, a fin de que validen que el salario que perciben se lleve a cabo en tiempo y forma, acompañado del recibo de nómina respectivo, desglosando los conceptos de pago y descuentos correspondientes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de febrero de 2015.
Diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la CFE a ajustar la tarifa doméstica aplicable en Puerto Vallarta, Jalisco, a cargo del diputado Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado federal Rafael González Reséndiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a que –en el marco de sus facultades– ajuste la tarifa de consumo doméstico bimestral de electricidad que se aplica a la población de Puerto Vallarta, Jalisco; para pasarla de la 1B a la 1C en concordancia con el aumento a 30 grados centígrados de la temperatura promedio que se ha registrado y se espera en verano, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la actualidad los problemas derivados del calentamiento global, la contaminación ambiental y el cambio climático; ocupan la agenda de las naciones, la academia, los especialistas, la sociedad civil organizada e incluso la conciencia de la población en su conjunto.
La situación no es para menos y así lo exige la realidad, que documentada muestra que estamos en un punto casi sin retorno y que de seguir así sin hacer nada, implicaría la extinción de todos los seres vivos que cohabitamos en este planeta en un tiempo insospechadamente corto.
Afortunadamente la atención de quienes toman las decisiones sobre el tema y de la sociedad mundial, esta sobre este asunto.
Las campañas de disminución de contaminantes, de reutilización y reciclaje, de protección y preservación del medio ambiente, del mejor aprovechamiento de los recursos naturales y en general de una armonización entre el desarrollo y el avance tecnológico-industrial con el cuidado al ecosistema; son una realidad en la mayoría de los países sin distinguir entre industrializados o no.
Nuestro país no es la excepción, conocemos lamentablemente y compartimos tanto la responsabilidad como las consecuencias de este grave problema en nuestro ecosistema y además en nuestra economía.
Ninguna región en el territorio nacional, se ha librado de padecer en su clima los efectos del incremento registrado en casi 0.8 grados de la temperatura promedio global.1
Lo anterior como resultado de las más de 25 mil millones de toneladas de emisión de gases contaminantes que la raza humana emite a la atmosfera.2
Por ello se estima que hoy al menos el 75 por ciento del total de la población mexicana, está expuesta directamente a sufrir un sin número de afectaciones que ello conlleva3 , como pueden ser la erosión irreversible, amplias zona de desertificación, extinción de muchas especies, sequias, inundaciones y cambios en el patrón de las estaciones climáticas.
Tristemente el porcentaje sigue creciendo y acercándose cada vez más al 100 por ciento de la población.
Como es de observarse, estas consecuencias que están presentes en nuestro territorio y que nuestra población sufre, tienen un efecto devastador en las actividades económicas de nuestro país.
La agricultura, la ganadería, la pesca e incluso la actividad industrial o turística han sufrido esos devastadores efectos para han llevado en algunos casos específicos a su pérdida total, golpeando irreparablemente a la economía familiar y local.
En particular, y como objeto del presente punto de acuerdo, la región de Puerto Vallarta no ha estado exenta de lo anterior.
Puerto Vallarta, es un municipio de Jalisco meramente turístico, por su privilegiada ubicación en la costa norte de nuestro territorio.
Su población asciende a casi 300 mil habitantes4 y registra alrededor de 4 millones de turistas anualmente.
Tiene una extensa superficie rica en ecosistemas, flora, fauna, destinos turísticos y además con una importante actividad económica, que han convertido a esta región en uno de los puertos de mayor importancia para nuestro país.5
No obstante a todo lo anterior, la población de esta noble y trabajadora región y su sector turístico, económico e industrial, padecen de una situación derivada de los problemas climáticos que afectan a nuestro país.
El bolsillo y las finanzas familiares, están siendo afectados; por la ausencia del ajuste que se requiere en la tarifa eléctrica que actualmente están pagando y que no corresponde a las estimaciones en la temperatura promedio que se tendrán y que se han registrado desde hace un breve tiempo a la fecha.
Esto se debe a que con acertada sensibilidad, la Comisión Federal de Electricidad aplica 7 distintas tarifas de uso doméstico que responden a las diferentes necesidades en función de la temperatura promedio que se registran en cada localidad específica6 .
Siendo éstas, las siguientes:
Tarifa 1: Servicio doméstico.
Tarifa 1A: Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 25 grados centígrados.
Tarifa 1B: Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 28 grados centígrados.
Tarifa 1C: Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 30 grados centígrados.
Tarifa 1D: Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 31 grados centígrados.
Tarifa 1E: Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 32 grados centígrados.
Tarifa 1F: Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
Con base en este tabulador y el histórico de las temperaturas registradas en su momento, se decidió aplicar para la población de Puerto Vallarta la tarifa 1B.
Tarifa que desafortunadamente y como resultado de los efectos del cambio climático en la región y en todo el país, no corresponde a las estimaciones ni a las temperaturas que en los recientes años se han registrado y que se ubican en el promedio de los 30 grados centígrados, llegando incluso a que se dé el caso de superar esta temperatura.
Más allá de realizar el ajuste por cuestiones metodológicas, llevar a cabo lo anterior, no sólo permitiría un alivio en las finanzas familiares y un apoyo a los bolsillos de los habitantes de Puerto Vallarta, sino representaría además un acto de justicia y sensibilidad frente a los embates del calentamiento global y las afectaciones en el clima de la región, que dependen de éste para consolidar su aportación a la economía tanto de la región, la estatal y a nivel nacional.
El turismo en Puerto Vallarta; además del clima está en manos de sus habitantes que con su trabajo y entrega son muestra de la hospitalidad y el cariño que México sabe dar a sus visitantes.
Esta soberanía, no puede ser insensible ante esta situación que de manera inmediata nos pide una solución.
Sin duda alguna, los beneficios de una cultura incipiente de cuidado y procuración al medio ambiente, llegaran para todo nuestro territorio; solo es cuestión de tiempo, pero mientras tanto la gente de esta región nos pide les extendamos la mano y mitiguemos un poco, la pesada carga del incremento en los gastos familiares que no han sido de su entera responsabilidad.
Puerto Vallarta necesita nuestra ayuda, no dudemos en dársela.
Por lo expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad a que en el marco de sus facultades ajuste la tarifa de consumo doméstico bimestral de electricidad que se aplica a la población de Puerto Vallarta, Jalisco, para pasarla de la 1B a la 1C en concordancia con el aumento a 30 grados centígrados de la temperatura promedio que se ha registrado y se espera en verano.
Notas
1 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. ONU. 2012.
2 Sistema Mundial de Observación del Clima. 2010.
3 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
4 Inegi. Censo de Población y Vivienda 2010.
5 Secretaría de Turismo. Gobierno Federal
6 Comisión Federal de Electricidad. 2015.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2015.
Diputado Rafael González Reséndiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer por la SHCP instrumentos para incorporar diversas ciudades de Sonora al acuerdo número 016/2014, por el que se sujetan las gasolinas y el diésel a precios máximos al público, a cargo del diputado Heberto Neblina Vega, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Heberto Neblina Vega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII, 6 fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el acuerdo número 016/ 2014, por el que se sujetan las gasolinas y el diésel a precios máximos al público, suscrito por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, el 24 de diciembre de 2014 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero del presente año, que a la letra dice:
A partir 1 de enero de 2015 y, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2017, las gasolinas Pemex Magna y Pemex Prémium, así como el Diésel quedarán sujetas a precios máximos al público y se estará a lo siguiente:
I. Los precios máximos de gasolinas Pemex Magna y Pemex Prémium, así como el diésel, reflejarán un ajuste de 1.9 por ciento respecto del precio aplicado en diciembre de 2014, con excepción de la zona fronteriza; y
II. Para el caso de la zona fronteriza del país, se estará sujeto a la política de precios homologados y escalonados determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente durante el ejercicio fiscal.
Para los efectos de este acuerdo, por zona fronteriza se entenderá la comprendida entre la línea divisoria internacional con Estados Unidos de América y la línea paralela ubicada a una distancia de veinte kilómetros hacia el interior del país.
Con este acuerdo se establecieron políticas públicas para apoyar la encarecida y golpeada economía fronteriza, sin embargo con dicha política surgen nuevos problemas para los municipios fronterizos y para los habitantes de estos municipios fronterizos ya que en los últimos meses se han presentado denuncias por parte de ciudadanos preocupados por su seguridad, en relación al transporte de gasolina en autos, camionetas tipo pick up en el cual trasladan depósitos como barriles de plástico o metal, tibores de distintas capacidades, lo cual es sumamente riesgoso, pues no se cumplen la seguridad, el equipamiento y las normas necesarias para el manejo adecuado de combustibles.
En el caso de San Luis Río Colorado, Sonora, se han implantado instrumentos de seguridad por parte de la Dirección de Protección Civil, así mismo la Policía Federal ha actuado para combatir este traslado de gasolina ilegal pero esto ha dado pie a la corrupción, con este fenómeno que se está dando a impactado a la economía en materia de turismo de la región así como a la pequeña y mediana empresa, pequeños contribuyentes del comercio y al auto trasporte público y sobretodo la seguridad en calles y carreteras ya que las usan para trasladar la gasolina.
Actualmente, la gasolina es más barata en la ciudad fronteriza de San Luis Río Colorado, Sonora, llegando a tener una diferencia de hasta 5 pesos por litro en comparación con los precios en gasolineras del valle de San Luis Río Colorado y Golfo de Santa Clara pertenecientes a San Luis Río Colorado, Sonora, cuyas localidades están fuera del acuerdo que están sujetas las política de precios homologados y escalonados por el que se sujetan las gasolinas y el diésel en zonas fronterizas, determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Esas comunidades, cercanas a los límites establecidos en dicho acuerdo, viven en la zozobra con los altos precios de la gasolina, ya que en San Luis Río Colorado la gasolina Magna cuesta 7.16 pesos el litro, en el Golfo de Santa Clara se encuentra en 13.57, casi al doble elevando sus gastos de operación en donde impactan fuertemente el sector pesquero el cual manifiesta su preocupación solicitando que se regionalice el valor del combustible ya que para un pescador con una flotilla de cuatro o más pangas, le es sumamente rentable visitar San Luis para llevar combustible en contenedores inapropiados porque para ellos le genera un significativo ahorro.
Esto ha provocado que el coyotaje y ciudadanos tomen el riesgo de transportarla y almacenarla para su reventa, lo que no sólo es riesgoso en relación a la falta de seguridad y medidas adecuadas para su transporte y almacenamiento, sino que son considerados delitos federales contra el ambiente y la gestión ambiental establecidos en el artículo 414 del Código Penal Federal, que establece pena de 1 a 9 años de prisión a quienes ilícitamente y sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realicen actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga o cualquier actividad con sustancias con consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas, que cause daño a los recursos naturales, a la flora, fauna, ecosistemas, calidad del agua, al suelo, subsuelo o ambiente.
Por lo expuesto pido su apoyo para impulsar este punto de acuerdo, por el cual se solicita respetuosamente al gobierno federal que en el marco de las atribuciones modifique por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el acuerdo número 016/ 2014, por el que se sujetan las gasolinas y el diésel a precios máximos al público, a fin de que además de la zona fronteriza del país, que estará sujeta a la política de precios homologados y escalonados determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente durante el ejercicio fiscal de 2014, que aplica para este ejercicio fiscal, se amplíen dichas políticas de precios homologados para toda la región de la zona fronteriza del país y dé como resultado que el precio del combustible beneficie en todo el municipio o las comunidades que colindan con los 20 kilómetros al interior del país de la franja fronteriza y no sólo se beneficié un pequeño sector aún dentro de un mismo municipio, ampliando las oportunidades para toda la región cercana a la franja fronteriza.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a establecer por la Secretaría Hacienda y Crédito Público instrumentos que incorpore en el acuerdo número 016/ 2014, por el que se sujetan las gasolinas y el diésel a precios máximos al público, en el artículo primero, fracción II, para que además de la zona fronteriza se incluyan Luis B. Sánchez, el Golfo de Santa Clara y El Ejido Nuevo León, comunidades del valle de San Luis Río Colorado y su costa, así como Caborca y Puerto Peñasco, que colindan con San Luis Río Colorado y General Plutarco Elías Calles, Sonora, regionalizando así el precio del combustible y combatir el traslado, el almacenamiento y la venta ilegales de combustibles.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2015.
Diputado Heberto Neblina Vega (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del gobierno de Nuevo León, la Conagua y la SHCP a promover la cancelación inmediata de la obra de infraestructura hidráulica Acueducto Monterrey VI, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, a tenor de los siguientes
Antecedentes
La semana pasada, esta soberanía aprobó una reforma de gran trascendencia en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios.
Sin duda, era indispensable para este país, que de forma arbitraria, sin responsabilidad y transparencia, se adquieran compromisos financieros descomunales. El futro de varias generaciones se comprometía, sin obviar el impacto en la calidad de vida de los más de 115 millones de mexicanos, al día de hoy.
Casos de corrupción son incuantificables. Las deudas para los gobiernos estatales y las alcaldías incrementan, las obras no existen o su calidad anunciada, no corresponde a la materializada. La reforma constitucional señala puntualmente que es indispensable “Incorporar a la Constitución el principio de estabilidad de las finanzas públicas y su consideración en el sistema de planeación” ; ”Otorgar mayor claridad al texto de la vigente fracción VIII del artículo 73 constitucional, al desagregar en cuatro incisos distintos los contenidos relativos al financiamiento del gobierno de la República”; “Crear una Comisión Bicamaral, la cual conocerá las situaciones relacionadas a la contratación de empréstitos con la garantía federal, por parte de los estados que tengan un endeudamiento elevado”; “Establecer el concepto de "mejores condiciones del mercado" para llevar a cabo operaciones de financlamiento público”; “Implantar, bajo la premisa de que el endeudamiento público de las entidades federativas entraña elementos de interés para las finanzas públicas nacionales, la atribución del Poder Legislativo federal para expedir la ley general relativa a las normas de endeudamiento de los estados, los municipios y el Distrito Federal; legislación que deberá abordar los temas de los límites y modalidades para afectar las participaciones en garantía, la inscripción de los empréstitos contratados en un registro público único de deuda pública, la creación de un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda pública y las sanciones aplicables a los servidores públicos que incumplan la normatividad” ; “Fortalecer la previsión constitucional sobre las actividades de fiscalización de la contratación y aplicación de recursos provenientes de financiamiento público en los ámbitos federal y de los estados y municipios, que corresponde a las entidades de fiscalización superior de la federación y de los estados; Especificar la responsabilidad de los servidores públicos en el manejo que hagan de recursos y de la deuda pública.”
Y finalmente “contemplar diversos elementos de responsabilidad financiera en la contratación de deuda pública por los Estados y los Municipios: la posibilidad de contratar operaciones de refinanciamiento o reestructura; ^Sustento constitucional federal al otorgamiento de garantías estatales para créditos contraídos por los municipios; Señalamiento de la armonía que deberá existir en el ejercicio de la facultad legislativa estatal en materia de financiamiento público y los principios en la materia de la Constitución General de la República; Establecimiento de la prohibición de contratar deuda pública para el pago de gasto corriente. Previsión de la autorización de las legislaturas estatales a la contratación de crédito público, con mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados presentes, y con base en la elucidación de los siguientes elementos: mejores condiciones de mercado, destino de los recursos, capacidad de pago y establecimiento de la fuente de pago o del otorgamiento de garantías.”
Pues durante el transcurso de tan encomiable reforma, en el estado de Nuevo León, se gesta un proyecto que técnicamente no está suficientemente discutido para avalar su viabilidad y financieramente, representaría un monto que oscila entre los 18 y 47 mil millones de pesos.
Me refiero a la obra de infraestructura hidráulica denominada: “Acueducto Monterrey VI” la cual consiste en llevar agua desde el río Pánuco en Veracruz a Cerro Prieto en Nuevo León y de ahí, hacer la distribución al área metropolitana de Monterrey.
Existe una preocupación ciudadana enorme por este proyecto. El Congreso local prácticamente desconoce las implicaciones financieras que el estado debiera de comprometer y la última reforma en materia de asociaciones públicas privadas que pudieran dar mayor certeza, el gobernador Rodrigo Medina, la vetó.
Si bien es cierto que en el Plan Nacional de Infraestructura existe un compromiso por parte del ejecutivo federal en este tema, no debemos obviar que la Secretaría de Hacienda ha hecho modificaciones a las previsiones de crecimiento económico y cancelaciones de proyectos muy importantes. Simplemente a la Comisión Nacional del Agua, Conagua, en el ajuste anunciado a finales de enero, se le recortaron seis mil cuatrocientos millones de pesos.
En días recientes la discusión sobre el costo y el cuidado sobre proyectos grandes en materia de infraestructura, han generado sobrada preocupación en esta Cámara. El costo de la obra civil de la línea 12 del metro en la Ciudad de México es de 22 mil millones de pesos, sería una absoluta contradicción del poder legislativo, que en el proyecto “Monterrey VI” que oscila entre los 18 y 47 mil millones de pesos, se extendiera un cheque en blanco.
Además les recuerdo, que se encuentra en curso la aprobación de una nueva Ley General de Aguas, la cual podría incluir modificaciones para el uso de la misma para la extracción de gas shale. Por lo tanto, le solicito a esta soberanía, que en el ánimo de respetar la disciplina financiera, la reforma en materia de aguas nacionales, los ajustes financieros al Presupuesto de Egresos de la Federación y la falta de información al Congreso de Nuevo León, así como a las demandas de organizaciones civiles en el estado como las ocurridas este fin de semana, se cancele este proyecto y si sus promotores insisten, que acudan a las instancias creadas a partir de la reforma constitucional aprobada la semana pasada.
Haces unos días en la revista Forbes se publicó un artículo llamado “Acueducto Monterrey VI: mitos y realidades” el cual contiene información imprecisa y redactada por un contratista del estado, interesado en el proyecto y a fin al gobernador; decir, pareciera que al gobierno local le preocupan los tiempos para hacerse de un negocio altamente redituable, sin importar los daños enormes y el clima de sospecha en el que se mueve.
En virtud de lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El pleno de la Cámara de Diputados, exhorta al gobernador de Nuevo León, la Conagua y la SHCP a promover la cancelación inmediata la obra de infraestructura hidráulica denominada: Acueducto Monterrey VI.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero 2012.
Diputada Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y la SEP respecto al uso y destino de los recursos asignados en el PEF de 2014 al proyecto Vida y Cultura, de Desarrollo, Promoción y Fomento a la Cultura, AC, a cargo de la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Zuleyma Huidobro González, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Desde el mes de noviembre de 2013, denuncié una serie de irregularidades y opacidad al interior de la Comisión de Cultura y Cinematografía, en el etiquetado de los proyectos para la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014 (PEF 2014), sin que se tomaran a la fecha los argumentos de hecho y de derecho: como siempre, no quieren ni ver, ni oír.
El 13 de noviembre de 2013, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto y etiquetó 4 mil 596 millones de pesos para proyectos de infraestructura cultural y asociaciones civiles, generando preguntas en la sociedad de ¿Cómo era posible que al sistema de orquestas de TV Azteca se le destinaran 95 millones de pesos? Mientras el estado Chiapas solo recibiría un millón de pesos; Tamaulipas cien mil y estados como Colima ni un peso.
Peor, de los 506 millones de pesos que recibirían las asociaciones del Distrito Federal, 61 millones 400 mil pesos fueron etiquetados por esta soberanía para una sola asociación civil, denominada Desarrollo, Promoción y Fomento a la Cultura AC, lo cual era absurdo, ya que a los proyectos estatales en materia de cultura se les etiquetó la cantidad de 335 millones 204 mil 791 pesos, y a los proyectos municipales se les etiquetó la cantidad de 337 millones 609 mil 927 pesos, por lo que es absurdo que una quinta parte de dichos montos le fuera dado a una sola asociación.
No se tomaron en consideración las denuncias que había presentado ante la Comisión de Cultura y Cinematografía, por no conocer el contenido de los proyectos, así como no se habían tomado en cuenta para su aprobación aspectos técnicos y mucho menos la fundamentación del dictamen y etiquetado de referencia.
De igual manera, esta Cámara de Diputados no señaló la metodología, criterios, análisis y evaluación que se emplearon para proyectos de organizaciones no gubernamentales que fueron susceptibles de presupuesto y qué criterios se utilizaron para que el resto de los proyectos no fueran considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.
Con fecha 17 de enero de 2015, se hizo del conocimiento público, a través del periódico Reforma , lo siguiente:
“Las denuncias de corrupción y despilfarro en los recursos etiquetados por diputados hallan a veces un desenlace positivo: Vida Cultura (sic), un proyecto al que le asignaron discrecionalmente 61.4 millones de pesos ha sido cancelado”.
“A través del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) este diario tuvo acceso al proyecto, que cotizaba, por ejemplo, la compra de 120 “computadoras de diseño” a 45 mil pesos cada una, un número indeterminado de laptops de 35 mil pesos por pieza y 15 mil rompecabezas volumétricos por seis millones de pesos.”
En los dictámenes, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) determinó que era un proyecto desmesurado con un programa de actividades difuso y de dudoso impacto social, informó que lo desechaba debido a irregularidades”1
Ante la cancelación del etiquetado y subsidio, por contener errores, del proyecto Vida y Cultura, de la asociación civil denominada Desarrollo, Promoción y Fomento a la Cultura AC, lo conducente es exhortar respetuosamente al secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso, y al secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, con el fin de que difunda el uso y, en el caso, destino de los 61 millones 400 mil pesos que fueron etiquetados por el pleno de la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, asimismo, se exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y la Artes a difundir las causas que motivaron la cancelación del proyecto de marras.
Lo anterior, en un ejercicio democrático de transparencia y rendición de cuentas.
Por lo tanto, someto a consideración de esta Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso, y al secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Chuayffet Chemor, para que difunda el uso y, en el caso, destino de los 61 millones 400 mil pesos que fueron etiquetados por el pleno de la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, a la asociación civil denominada Desarrollo, Promoción y Fomento a la Cultura AC, para la ejecución del proyecto Vida y Cultura, mismo que fue cancelado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes por contener irregularidades.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para que difunda las causas por las que se determinó la cancelación del proyecto Vida y Cultura, de la asociación civil denominada Desarrollo, Promoción y Fomento a la Cultura AC, que fuera etiquetado por el pleno de la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.
Nota
1. Jorge Ricardo. “Cancelan por irregular etiquetado”. Periódico Reforma , 17 de enero de 2015.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2015.
Diputada Zuleyma Huidobro González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales de esta soberanía a realizar una consulta entre sociedad civil, expertos y diversas fuerzas políticas sobre la reforma en materia de combate de la corrupción, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde su campaña por la presidencia de la República, el ciudadano Enrique Peña Nieto se comprometió a crear una Comisión Nacional Anticorrupción y un Consejo Nacional para la Ética Pública.
A finales del año 2012 y a lo largo de 2013 se propusieron en el Senado diversas fórmulas de la creación de un órgano autónomo de combate a la corrupción.
De forma paralela, el 2 de enero de 2013 se publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y en la cual se contempla la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, previéndose el traspaso de facultades a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (coordinación de las unidades de auditorías preventivas y supervisión del sistema de control gubernamental, equivalentes a los órganos internos de control Indaabin, registro de servidores público); asimismo se contempla la descentralización del sistema de control y auditorías que estarán a cargo de los titulares de las dependencias y entidades, sobre los cuales tienen competencia.
Sin embargo se previó que dicha reforma sólo entraría en vigor hasta que empezaran las funciones del órgano constitucional autónomo en materia anticorrupción.
El 13 de diciembre de 2013, la Cámara de Senadores aprobó por 11 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 73, 107, 109, 113, 114 y 116 y se adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con dicha reforma se prendió la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, como organismo público autónomo, encargado de prevenir, investigar y sancionar, en la vía administrativa, los actos de corrupción cometidos por los servidores públicos de la Federación.
Así, el 4 de febrero de 2014 se recibió la minuta referida en el párrafo precedente en la Cámara de Diputados y fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Transparencia y Anticorrupción.
Para reforzar el análisis de la minuta, se llevaron a cabo dos foros, el 19 de marzo y el 9 de abril de 2014 respectivamente. En estos eventos, expertos nacionales en materia de transparencia y combate a la corrupción fueron convocados para dar su opinión respecto a la creación de una Comisión Anticorrupción.
A pesar de este indicio de apertura de la discusión, dichas opiniones no fueron puestas en práctica. La propuesta de crear un órgano autónomo de combate a la corrupción fue desechada y en su lugar se empezó a impulsar la idea de un Sistema Nacional Anticorrupción bajo la propuesta del Partido Acción Nacional.
El Partido Acción Nacional ha señalado que su propuesta recoge las observaciones de la sociedad civil, sin embargo, dicha propuesta no se ha abierto a la discusión de todas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, la sociedad civil organizada y no organizada, la academia y la opinión pública.
El Partido del Trabajo y el Partido de la Revolución Democrática han realizado iniciativas en el tema de combate a la corrupción sin que estas hayan sido tomadas en cuenta, como se puede advertir del proyecto en materia de combate a la corrupción, que no llegó a ser discutido en la Comisión de Puntos Constitucionales.
Nuestro compromiso de combate a la corrupción, rendición de cuentas y transparencia debe de iniciar en el proceso legislativo, con un parlamento abierto y transparente.
La sociedad civil debe de ser el centro de la actividad legislativa, por lo que es indispensable que la discusión de las estrategias de combate a la corrupción sea sometida a un proceso de discusión abierto, transparente e incluyente.
Por lo anteriormente descrito, se presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Resolutivos
Primero. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Puntos Constitucionales de esta honorable Cámara a llevar a cabo foros a fin de informar, involucrar y consultar a la sociedad civil organizada y no organizada en las discusiones relativas a la reforma en materia de combate a la corrupción.
Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Puntos Constitucionales de esta honorable Cámara a llevar a cabo un foro con expertos nacionales e internacionales en materia de combate a la corrupción para que den sus opiniones respecto a los mecanismos propuestos por todas las fuerzas políticas en el Poder Legislativo, así como por la sociedad civil, para hacer frente a la corrupción en México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2015.
Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención de la SEP y el Conaculta en el caso de los daños ocasionados a las obras murales de Roberto Montenegro en el foro Lindbergh, en Cuauhtémoc, DF, a cargo de la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Zuleyma Huidobro González, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural”.
El Manual de Organización General del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes señala entre las funciones de éste “concertar acciones para asegurar la protección y salvaguarda de zonas y monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la nación, así como la de dirigir la planeación y coordinación de las estrategias y acciones tendentes a proteger, conservar y restaurar los sitios y monumentos históricos, así como bienes muebles que integran el patrimonio cultural de propiedad federal”.
Roberto Montenegro Nervo, considerado artista excepcional y de capacidad creativa gigantesca y plausible, fue el autor del primer mural del México moderno, El árbol de la vida , que plasmó en 1921 en el ábside de lo que fue el templo del antiguo Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo.
Creó dos murales en relieve, únicos en el país, que se encuentran en las áreas frontales de los vestidores del parque Lindbergh, y que por años estuvieron abandonados a pasar de los pedidos de restauración hechos por investigadores como Julieta Ortiz Gaitán, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Montenegro.1
Debemos recordar que el muralismo en México no sólo representó una expresión artística, sino una falange de la Revolución de 1910 y un idealismo sociopolítico, sí bien es cierto que durante muchos años la obra del foro Lindbergh, realizada por el maestro Montenegro, permaneció en el abandono, a pesar de ser única en su tipo y sí bien se ésta tratando de rescatar, lo cierto es que dicho rescate no lo ésta haciendo personal capacitado al efecto.
La recuperación del teatro se inició hace dos meses, y forma parte de todo el proyecto de restauración del parque de la colonia Condesa; ese proyecto busca recuperar el patrimonio artístico, de art decó, único en un parque en México.
Hasta esta semana avanzaban las obras que contrató y supervisa la delegación Cuauhtémoc (encabezada hasta hace unos días por Alejandro Fernández, quien pidió licencia para buscar una diputación); obras que ejecutan la empresa Sackbé y de las cuales son proyeccionistas los arquitectos restauradores Jaime Ortiz Lajous y Marco Maza, de Alarife y Asociados. Pero ayer, Ortiz Lajous denunció que el miércoles encontraron que la constructora Sackbé causó daños graves en los murales de Montenegro, lo que representa una afrenta para el patrimonio.2
Se dice que los técnicos de la empresa Sackbé se atrevieron a inventar colores y, en su caso, a acabar con los detalles de color, sobre todo en la parte superior, por ello se solicitó que la delegación que hasta ese momento asumió la supervisión de la obra, la suspendiera de inmediato.
Sin embargo, por tratarse de una obra que se considera única y que por sus componentes y características de gran envergadura indudablemente se vuelve histórico, en nuestro tiempo, aunado a que forma parte del patrimonio del país.
Como diputada de Movimiento Ciudadano, coincido en que la cultura es concebida como el conjunto de rasgos que caracterizan e identifican a una sociedad o un grupo social dentro de los cuales destacan las diversas manifestaciones artísticas, cosmovisiones, modos de vida, tradiciones, creencias, festividades, formas de interacción y sistemas de valores y forma parte del patrimonio de la sociedad en su conjunto.
Sin duda, las autoridades saben que es fundamental que se lleve a cabo un proceso de rescate de edificios públicos históricos en el que se articulen los diversos esfuerzos, intereses y visiones, que involucren una eficaz respuesta gubernamental que vea más allá de su dimensión física o de utilidad inmediata, también se debe valorar desde una dimensión sociocultural.
Sin embargo, no siempre resulta ser una prioridad para las autoridades responsables (federales) el rescate y conservación de este tipo de obras, máxime, cuando el Gobierno Federal no le apuesta a la cultura y vemos día con día y con gran desacierto recortes presupuestales en este rubro.
Por ello, con fundamento en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Manual de Organización General del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a planear y coordinar por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes estrategias y acciones tendentes a proteger, conservar y restaurar las obras murales de Roberto Montenegro localizadas en el foro Lindbergh, del Parque México, en la colonia Condesa, delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, por considerarse que se trata del patrimonio cultural del país.
Asimismo, se debe exhortar respetuosamente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a realizar acciones tendentes a asegurar y garantizar la protección de las obras murales de Roberto Montenegro localizadas en el foro Lindbergh, del parque México, en la colonia Condesa, delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal
Derivado de lo anterior someto a consideración de la Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Chuayffet Chemor, a planear y coordinar las estrategias y acciones tendentes a proteger, conservar y restaurar las obras murales de Roberto Montenegro localizadas en el foro Lindbergh, del Parque México, en la colonia Condesa, delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, que integran el patrimonio cultural del país.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a realizar las acciones tendentes a asegurar y garantizar la protección de las obras murales de Roberto Montenegro localizadas en el foro Lindbergh, del Parque México, en la colonia Condesa, delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal.
Notas
1 http://www.eluniversal.com.mx/cultura/2015/murales-de-montenegro-daniad os-en-restauracion-1073109.html. Consultado el 3 de febrero de 2015.
2 Ídem.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2015.
Diputada Zuleyma Huidobro González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de Puebla y la Profepa a revisar y atender las demandas ciudadanas respecto al parque ecológico Revolución Mexicana y el aviario para garantizar que la obra cumpla los estándares ambientales y proteja las especies animales albergadas, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
El Comité de Defensa, Parque Ecológico y el Aviario de Puebla acusan al gobierno del estado de Puebla de realizar un acto de ecocidio, toda vez que varias de las 136 especies de aves, un mono y otras especies de animales que habitaban el aviario en cuestión murieron y de otras más no se sabe con exactitud su paradero.
Esto debido a que tras 23 años de funcionamiento, el aviario pasó a ser parte de la nueva atracción infantil denominada “Parque Ecológico Revolución Mexicana”, que fue inaugurado el pasado 2 del presente mes aun cuando estaba previsto que abriera sus puertas desde el pasado diciembre, con una inversión de 168 millones de pesos, sobrepasando el costo inicial de 85 millones de pesos contemplados para las obras de remodelación.
Según el testimonio de una ex voluntaria del aviario quien, en entrevista con el periódico digital Sin Embargo, indicó que algunas de las especies de aves grandes se encuentran en el Parque Flor del Bosque, zona protegida en Amozoc de Mota, sin embargo, pudo ubicar únicamente a una cuarta parte de las aves que se encontraban en la Esfera del Aviario, que hoy se encuentra cerrado, restaurado pero sin ningún animal dentro.1
“Hoy no existe ni la mitad, aunque el gobierno nos trata de engañar diciendo que están en Flor del Bosque; la verdad es que muchas de las aves ya murieron. Es una pena para los poblanos el ecocidio cometido por el gobierno en el aviario”, denuncia la organización no gubernamental de Puebla en su página de facebook. La activista de Puebla dio a conocer la planeación para construir un árbol artificial dentro del Aviario dentro de la estructura para los niños, obra que es criticada también por el Comité por situar una estructura artificial donde antes habían árboles naturales criados desde más de 20 años. Moreno Valle dio a conocer durante la reinauguración del Parque que el árbol estaría listo dentro de seis meses.2
Cabe destacar que “entre las aves, reptiles y primates asegurados se encuentran 13 especies listadas en la NOM-059-Semarnat-2010, en alguna categoría de riesgo:
Peligro de extinción (P), Amenazada (A) y Sujeta a protección especial (Pr).”3
Es por ello que resulta necesario que el gobierno estatal rinda cuentas a la ciudadanía sobre la situación de las especies animales y, en consecuencia que las instancias estatales y federales responsables coadyuven con los procedimientos conducentes a fin de conocer la realidad del caso, en dicho tenor presento a esta honorable asamblea el siguiente resolutivo con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno del estado de Puebla a que atienda las demandas ciudadanas respecto al Parque Ecológico Revolución Mexicana y el aviario a fin de garantizar que la obra cumpla con los estándares en términos ambientales y proteja las especies animales albergadas.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que revise el cumplimiento de las disposiciones legales en materia ambiental del Parque Ecológico Revolución Mexicana y, en específico, del aviario.
Notas
1 Sin Embargo, “ONG denuncia al gobierno por ecocidio en Aviario de Puebla”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.sinembargo.mx/10-02-2015/1244637
2 Ídem.
3 Ídem.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2015.
Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)