Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4211-VII, martes 10 de febrero de 2015
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a considerar la inclusión de toda Baja California en la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para la zona fronteriza norte, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PVEM
Los suscritos, diputados federales del estado de Baja California por el Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que incluya al municipio de Ensenada, el Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe a la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para la zona fronteriza norte, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En términos del artículo 28 constitucional se señala que las bases para señalar precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular serán fijados en las leyes respectivas, en este sentido el transitorio Décimo Cuarto, fracción I, inciso b) de la Ley de Hidrocarburos, establece que a partir del 1 de enero de 2015 y, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2017 la regulación sobre precios máximos al público de gasolinas y diésel será establecida por el Ejecutivo Federal mediante acuerdo.
En el transitorio señalado se menciona que la política de precios máximos al público que se emita deberá prever ajustes de forma congruente con la inflación esperada de la economía y, en caso de que los precios internacionales de estos combustibles experimenten alta volatilidad, el Ejecutivo Federal preverá mecanismos de ajuste que permitan revisar al alza los incrementos de los citados precios, de manera consistente con la evolución del mercado internacional.
Concordamos en el sentido que ha dado el Ejecutivo Federal sobre el interés público de moderar el impacto de las variaciones del precio de la gasolina y el diésel, así como de la inflación en la economía de las familias mexicanas, por lo que es conveniente establecer precios máximos de venta al consumidor final de las gasolinas Pemex Magna y Pemex Premium y el Diésel, así ha sido necesario establecer los precios máximos al público de las gasolinas y del diésel para el ejercicio fiscal de 2015, tomando como referencia los precios al público vigentes al 31 de diciembre de 2014, con la finalidad de no afectar negativamente las finanzas públicas ni las de Petróleos Mexicanos.
El incremento que el Ejecutivo federal aplicó desde enero de 2015 es inferior a la meta establecida para la inflación esperada de nuestro país para este año prevista por el Banco de México, lo que beneficia a los hogares mexicanos.
Asimismo, para evitar la posibilidad de arbitraje económico, entendido como la posibilidad de tomar ventaja de una diferencia de precio entre dos mercados, en el consumo de los combustibles con la región colindante con los Estados Unidos de América, el Ejecutivo Federal consideró necesario que la política de precios homologados y escalonados aplicada en la zona fronteriza, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con las modificaciones derivadas del Acuerdo publicado el 1° de enero del 2015 en el Diario Oficial de la Federación continúen vigentes.
Existe un llamado social que hacen las diversas cámaras empresariales y del sector social, así como la ciudadanía general del municipio de Ensenada, el Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe en Baja California, correspondiente a la tarifa de los combustibles de Gasolina Magna, Premium y Diesel con cifras de $13.57, $14.38 y $14.20 pesos por litro, respectivamente, ya que ambas regiones no son consideradas como parte de la franja fronteriza y por ello no obtiene los mismos subsidios federales que operan en los municipios de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y parte de Mexicali, donde el costo del combustible se encuentra en los $9.03 pesos por litro de Magna, $9.84 pesos por litro de Premium y $14.20 por litro de Diesel.
Es necesario atender el pedimento de incluir a las regiones señaladas en las políticas de precios de combustible homologados y escalonados en función de la importancia de las actividades económicas del municipio de Ensenada, la totalidad del Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe, primarias para el comercio internacional como la pesca y la agricultura, las cuales generan miles de empleos directos y donde las actividades requieren de un importante consumo de combustible para llevarlas a cabo y que en las condiciones vigentes minan la competitividad y el crecimiento de los productores de las zonas referidas pues los precios de sus productos aumentan y su demanda disminuye.
Los precios de los combustibles no sólo han menguado la vida económica de la región, sino que también ha trastocado la vida cotidiana de los bajacalifornianos ahí asentados, pues el precio referido ha impactado negativamente el costo del transporte público y de la comercialización de los productos básicos de consumo.
En los asuntos fronterizos se han adoptado diversos criterios, definiciones y extensiones territoriales contenidas en acuerdos binacionales y programas de desarrollo como el Convenio para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Región Fronteriza entre Estados Unidos y México “Convenio de la Paz” donde se determina a la zona fronteriza como el área que se extiende 100 km al norte y 100 km al sur de la frontera entre ambos países, criterio adoptado por el Programa Integral Ambiental Fronterizo, PIAF, el Programa Frontera XXI y el Programa Frontera 2012, teniendo el convenio y los programas referidos como nota distintiva la procuración del bienestar económico y social a través de un enfoque sustentable; en el mismo sentido el Banco de Desarrollo de América del Norte considera como franja fronteriza binacional a la extensión de 210 km, 105 al norte y 105 al sur a partir de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos. Como es evidente, ambos criterios asisten que tanto el municipio de Ensenada, el Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe sean comprendidos en las políticas de precio homologado y escalonado de combustibles del Gobierno Federal.
Es en razón de la incertidumbre y preocupación de la ciudadanía en la región y ya que ha sido decisión del Ejecutivo federal que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea la encargada de prever los ajustes de forma congruente con la inflación esperada de la economía, así como en el caso de que los precios internacionales de las gasolinas Pemex Magna y Pemex Premium, y el Diésel experimenten alta volatilidad, y es la Secretaría la encargada de establecer los mecanismos para ajustar al alza los incrementos de los citados precios, de manera consistente con la evolución del mercado internacional, debiendo recabar previamente la opinión de la Secretaría de Energía, y que en virtud de la inflación esperada para el próximo ejercicio fiscal, así como el comportamiento esperado de los mercados internacionales de las gasolinas y el diésel, he tenido a bien determinar un ajuste de 1.9 por ciento respecto del precio aplicado en diciembre de 2014, con excepción de la zona fronteriza, la cual está sujeta a la política de precios homologados y escalonados determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente durante el ejercicio fiscal de 2014, es que se pone a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente resolución
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través del Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Doctor Luis Videgaray Caso, se revise la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para la zona fronteriza norte para que se incluya al municipio de Ensenada, al Valle de Mexicali y el Puerto de San Felipe como beneficiarios de tal política.
Dado a los 10 días del mes de febrero del año 2015 en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro.
Diputados: María Elia Cabañas Aparicio, Ricardo Medina Fierro, Benjamín Castillo Valdez, Mayra Karina Robles Aguirre, Jaime Chris López Alvarado, Adán David Ruíz Gutiérrez (rúbrica), María Carmen López Segura, María Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), David Pérez Tejada Padilla (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a realizar en coordinación con la Sedena, la Semar y el gobierno de Tamaulipas medidas y acciones para restablecer el orden y la paz en Matamoros y Reynosa, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN
Los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y el artículo 79, numeral I, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que lleve a cabo las medidas y acciones necesarias para restablecer el orden y la paz en los municipios de Matamoros y Reynosa del estado de Tamaulipas, en coordinación con las Secretarías de la Defensa Nacional, y de Marina, y con el gobierno de Tamaulipas, bajo las siguientes
Consideraciones
Los medios de comunicación y las redes sociales han dado cuenta de los actos de violencia, cometidos por integrantes del crimen organizado, que se han suscitado en días pasados en los municipios de Matamoros y Reynosa del estado de Tamaulipas.1
Derivado de lo anterior, el Consulado de los estados Unidos en Matamoros emitió una alerta sobre el aumento de la violencia entre Matamoros y Reynosa, así como la presencia de grupos armados circulando por las avenidas y calles de Matamoros.2
Esto, a pesar de que la Secretaría de Gobernación, en mayo de 2014, puso en marcha la Estrategia de Seguridad para Tamaulipas, a partir de tres ejes:3
1) Desarticular, en su composición y operación, a las organizaciones delictivas,
2) Sellar las rutas de tráfico ilícito de personas, sustancias, armas y dinero, y
3) Garantizar instituciones locales de seguridad, suficientes, eficientes y confiables.
Aun y cuando las autoridades federales anuncian avances en materia de seguridad en la Entidad, los ciudadanos no perciben estos resultados, y los eventos recientes, son una prueba inequívoca que se tiene que fortalecer la seguridad que realmente devuelva la tranquilidad y el bienestar a la población tamaulipeca.
Estos hechos delictivos, aparte de robar la paz a los ciudadanos, desincentivan la actividad productiva y comercial de la región fronteriza, perjudicando insoslayablemente la atracción de inversiones nacionales y extranjeras, así como el turismo procedente de los estados Unidos, todo esto dañando la generación de empleos y los ingresos de las familias que habitan en estos municipios.
Por todo lo anterior, los diputados de Acción Nacional del estado de Tamaulipas solicitamos de manera urgente la intervención de la Secretaría de Gobernación para que lleve a cabo las medidas y acciones necesarias para restablecer el orden y la paz en los municipios de Matamoros y Reynosa de nuestro estado, con la coordinación y colaboración de otras instancias del gobierno federal como la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina y, por supuesto, del propio gobierno de Tamaulipas.
Por lo anteriormente expuesto, los diputados del Partido Acción Nacional nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que lleve a cabo las medidas y acciones necesarias para restablecer el orden y la paz en los municipios de Matamoros y Reynosa de Tamaulipas, en coordinación con las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, y con el gobierno de Tamaulipas.
Notas
1 Dejan 15 muertos balaceras registradas desde el domingo en Tamaulipas.
http://www.proceso.com.mx/?p=394937
2 Expect Continued Violence in Northern Tamaulipas.
http://matamoros.usconsulate.gov/sm02042015.html
3 Estrategia de Seguridad para Tamaulipas. http://www.gobernacion.gob.mx/es/SEGOB/Sintesis_Informativa?uri=http%3A %2F%2Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Content%3A4931&cat=http%3A%2F%2Fwww. SEGOB.swb%23swbpress_Category%3A1
Diputado Carlos Alberto García González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a implantar por la Dirección General de Aeronáutica Civil disposiciones para colaborar con el Ministerio Público en la investigación de los delitos cometidos mediante vehículos aéreos no tripulados, o “drones”, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Mirna Esmeralda Hernández Morales y Jesús Antonio Valdez Palazuelos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en virtud de las facultades conferidas en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes
Considerandos
Desde la aparición de los vehículos aéreos no tripulados, mejor conocidos como drones, como instrumentos bélicos, sus áreas de aplicación se han ampliado considerablemente.
La posibilidad de pilotear aeronaves sin tripulación manejadas desde tierra o dirigidos de antemano hacia un punto específico, ofrecieron a los ejércitos combatientes durante la Segunda Guerra Mundial la posibilidad de causar bajas al enemigo sin poner en riesgo la vida de sus pilotos.
Además de ser utilizados como bombarderos, fueron empleados eficazmente en labores de vigilancia, reconocimiento e inteligencia por los militares de diversos países del mundo, hasta el punto de considerar a los drones como asesinos a control remoto.
Sin embargo, su practicidad, versatilidad y capacidad para llegar a zonas de difícil acceso a pie o en vehículos terrestres, han contribuido a que sean utilizados en distintos ámbitos civiles y mercantiles. Desde hace varios años se vienen empleando en labores cartográficas y topográficas debido a sus avanzados equipos fotográficos y de video que ofrecen una enorme exactitud y calidad de resolución.
Han sido utilizados para vigilar cultivos en zonas agrícolas e incluso para fertilizarlos o fumigarlos desde el aire; como un eficiente servicio de mensajería o como una herramienta para vigilar bosques y costas, además de planificar y controlar asentamientos humanos.
Las aplicaciones que se les han dado son vastas y seguramente seguirán creciendo, hasta que cada ciudadano tenga la posibilidad de contar con uno para su propia recreación o la de sus hijos.
No podemos negar que las ventajas que ofrecen son sumamente benéficas. Han llegado al punto de ser empleadas en el abastecimiento de víveres y medicinas para los damnificados en zonas de desastre y para dirigir los trabajos de bomberos en incendios forestales.
Sin embargo, también representan un riesgo considerable cuando son operados en zonas densamente habitadas o con impericia, y su uso puede llegar a violentar los derechos humanos de particulares.
Los equipos más sofisticados pueden alcanzar la altura suficiente para invadir el espacio aéreo por donde sobrevuelan aeronaves tripuladas, causando un daño equivalente al que puede provocar una bandada de aves y que puede llegar al extremo de derribar un avión si se internan en uno de los motores.
Aún los drones más pequeños y austeros pueden provocar accidentes cuando son operados cerca de aeropuertos, particularmente durante el despegue o aterrizaje de las aeronaves y helicópteros, o cuando son empleados como novedosas cámaras de video durante la realización de un evento público. Ya se han registrado múltiples casos en que este tipo de objetos han estado a punto de colisionar con aviones que brindan el servicio de transporte y otros donde los pilotos desde tierra han perdido su control y han causado daños a la integridad de quienes se encuentran en tierra.
También se ha mencionado que la captura de imágenes o la videograbación realizada en zonas pobladas puede constituir una intromisión en la privacidad de los residentes, pues puede poner en evidencia la existencia de ciertas edificaciones o actividades que deseen mantener reservadas. Lo anterior implica una sería violación a los derechos humanos, a la intimidad y a la privacidad, pero cuando estas actividades recaen sobre instituciones públicas aún las consecuencias pueden ser más perjudiciales.
El espionaje de las actividades realizadas por instituciones militares, policiales o de inteligencia puede poner en riesgo no sólo la seguridad pública sino la nacional. Que las prácticas y técnicas antidisturbios, de defensa y de investigación puedan ser conocidas públicamente, puede ser aprovechada por la delincuencia organizada y el terrorismo para conseguir sus propósitos con total impunidad.
Y todo ello puede verse agravado por la inminente proliferación que prevén los empresarios y fabricantes dedicados a la producción de vehículos aéreos no tripulados. Empresas como Quetzal Aeroespacial o Teal Group coinciden en señalar que dentro de diez años, el diez por ciento de las aeronaves que surcan el cielo serán drones.
Resulta evidente que la normatividad jurídica que regula el uso de este tipo de aeronaves debe ser constantemente actualizada de acuerdo con los avances tecnológicos, con el fin de garantizar el respeto a los derechos humanos y la seguridad tanto de quienes utilizan el transporte aéreo como de quienes, estando en tierra, puedan verse afectados.
Al respecto, la Ley de Aviación Civil no establece ninguna directriz, pero la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió el 23 de febrero de 2013 la circular CO AV-23/10, para establecer los requerimientos mínimos para obtener la aprobación de tipo y, en el caso, autorización de operación para el sistema de aeronave no tripulada, mismas que se encuentran a la vanguardia y son sumamente adecuadas.
En ella se establece una normativa muy rígida, pero apropiada, para aquellos drones que tienen un peso superior a los 20 kilogramos. Para aquellos de un peso inferior los requisitos son más flexibles pero no por ello deficientes.
De manera general, toda aeronave de este tipo debe obtener una autorización de operación expedida por la DGAC, garantizando que:
• No podrá volar a una altura mayor a 150 metros o 500 pies de altura, lo cual asegura que no invadirán el espacio aéreo por donde vuelan las aeronaves tripuladas y con ello se evitarán las eventuales colisiones.
• No podrá volar en un aeródromo con tráfico aéreo o en espacios aéreos restringidos, lo que garantiza que no puedan interferir en la trayectoria de aviones o helicópteros durante su despegue o aterrizaje.
• No dejarán caer o, en el caso, aventarán cualquier artículo o animal, evidentemente porque su precipitación puede causar daños a las personas, contenedores, vehículos o estructuras que se encuentran en tierra.
• Sólo volarán en un área cercana a una ciudad, centro o construcción cuando se considere que se han tomado las medidas de seguridad y procedimientos apropiados para su operación y siempre se conserve una distancia adecuada de las personas o bienes inmuebles que pueden ser dañados.
• El piloto no perderá el contacto visual con el dron, con el objeto de mantener un permanente monitoreo o vigilancia que evite accidentes con edificios o que, saliendo del rango de recepción, pueda causar daños a terceros.
• El piloto deberá poseer, cuando menos, capacitación teórica de piloto privado de avión o helicóptero y acreditar por lo menos cincuenta horas de vuelo en el sistema de aeronave no tripulada, para asegurar que su conducción no estará a cargo de personas inexpertas que puedan causar accidentes por su impericia.
Las anteriores disposiciones evitan en gran parte los percances y desgracias posibles, pero también existen normas que deben adecuarse, sobre todo para coadyuvar con la autoridad ministerial en la investigación de los delitos que se cometen utilizando como medio un vehículo aéreo no tripulado.
La más relevante deficiencia que tiene la circular es que sólo se encuentra destinada a empresas legalmente constituidas, cuando el número de personas físicas usuarias va en aumento y sin duda, superará en un futuro próximo el de las morales. El hecho de no contar con la autorización administrativa no les impedirá pilotear un dron y la seguridad pretendida quedará en letra muerta.
En segundo término, la circular requiere que la aeronave esté identificada con una placa que contenga los datos para identificar al propietario o, en su caso, a la persona que lo registró, sin embargo, únicamente lo exige cuando las dimensiones de su estructura lo permita. Al respecto debemos comentar que el diseño de muchos drones no permite su inserción, pues están compuestos por finos tubos que lo imposibilitan y en caso de la comisión de un ilícito será difícil determinar a quién pertenece.
Por último, la circular omite imponer la obligación a cargo del propietario del dron de colocarle un sistema de posicionamiento global o una tecnología similar que permita rastrear todos los recorridos que la aeronave realice. Si bien es cierto que debe tener los instrumentos electrónicos que permitan determinar su ubicación y contar con un historial de sus vuelos, nada impide que éstos sean alterados. Además, no es necesario que cuenten, por ejemplo, con un sistema de posicionamiento global (GPS) que permita revisar todos los recorridos hechos con anterioridad y así auxiliar a la autoridad ministerial en la investigación de posibles delitos.
En virtud de lo aquí expuesto, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por medio de la Dirección General de Aeronáutica Civil, modifique la circular CO AV-23/10 que establece los requerimientos mínimos para obtener la aprobación de tipo y, en el caso, autorización de operación para el sistema de aeronave no tripulada, con el fin de que incluya los siguientes aspectos:
1) Establezca como destinatarios de sus disposiciones tanto a personas físicas como morales.
2) Requiera invariablemente para la expedición de una autorización de operación de un vehículo aéreo no tripulado, la inserción de todos los datos del propietario en su estructura por cualquier medio, aunque lo anterior no implique la colocación de una placa.
3) Requiera invariablemente para la expedición de una autorización de operación de un vehículo aéreo no tripulado, la instalación de un sistema de posicionamiento global o cualquier tecnología similar que permita rastrear la totalidad de sus recorridos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2015.
Diputados: Mirna Esmeralda Hernández Morales, Jesús Antonio Valdez Palazuelos (rúbricas).Con punto de acuerdo, por el que se solicita la declaratoria 2015, Año de la Batalla de Celaya, Centenario de la Conclusión de la Revolución Mexicana, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Jesús Oviedo Herrera, integrante Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, inciso 2, fracción V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Cámara de Diputados siempre se ha distinguido por reconocer la labor de los mexicanos que de manera individual o colectiva han contribuido de manera significativa a nuestra nación.
En Celaya se registraron las más importantes batallas de la Revolución Mexicana y éstas fueron entre Álvaro Obregón y Francisco Villa, en las cuales participaron alrededor de 50 mil hombres y en ellas se determinó el rumbo político de nuestro país.
Los acontecimientos que antecedieron a las batallas por Celaya son los siguientes:
Después de la caída de don Porfirio Díaz, la Presidencia de Francisco I Madero y la toma del poder por pare del general Victoriano Huerta, la ofensiva contra Huerta estaba dividida en cuatro ejércitos comandados por los generales Álvaro Obregón (noreste), Francisco Villa (norte), Pablo González (oriente) y Emiliano Zapata (sur).
Don Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, quien desplegando la bandera del constitucionalismo organiza un movimiento armado contra Victoriano Huerta y convoca a una reunión en la Hacienda de Guadalupe, cuya principal finalidad era derrocar al gobierno del general Huerta y convocar a nuevas elecciones democráticas. Se designó entonces a Venustiano Carranza como primer jefe del Ejército Constitucionalista.
Las acciones de guerra se suceden, y se destacan como caudillos vencedores los generales Álvaro Obregón en el noreste y Villa al norte. Las diferencias entre ambos eran muy notorias aun cuando peleaban por las mismas causas.
Sin embargo, la cohesión militar no perdura. Por diferencias de criterio Villa se rebela contra Venustiano Carranza al igual que Emiliano Zapata y otros más, por los que tratándose de restablecer la unidad rota se convoca a todos, en Aguascalientes a una convención que precisamente se conoce como “Convención de Aguascalientes”, en la cual se designa presidente provisional al general (villista) Eulalio Gutiérrez .
(Previamente se había presentado la invasión estadounidense al puerto de Veracruz, en 1914).
Lejos de atenuarse los problemas surgen más formándose ahora una nueva fracción que se autodenomina “convencionalistas”, que hace frente a los “constitucionalistas” también conocidos como “carrancistas”.
El principal disidente de la convención fuel el general Francisco Villa (Doroteo Arango), quien con su legendaria actividad durante la Revolución, queda frente a frente del ameritado general Álvaro Obregón por parte de los constitucionalistas. El enfrentamiento de los dos era inevitable siendo la región del bajío el lugar destinado para dirimir por medio de las armas las diferencias....
Cronología de las Batallas de Celaya
6 de abril. Un primer encuentro entre los villistas y los carrancistas se da en “El Guaje”, en que Obregón pierde 800 hombres.
7 de abril. En la primera batalla formal que se registra en Celaya, el general Obregón desorienta al ejército Villista haciendo tocar una “diana militar” con lo que gana terreno sobre los convencionalistas. Las bajas de ambos bandos superan los cuatro mil hombres.
12 de abril. Ambos grupos se refuerzan y reciben parque y efectivos, alcanzando los 15 mil al mando de Obregón y 30 mil al mando de Francisco Villa. La fuente de abastecimiento del general Villa era desde Chihuahua, mientras que del general Obregón desde Veracruz, esto marcaba una superioridad por parte del sonorense.
13 de abril. Inicia la segunda batalla, ocupando un radio de 200 kilómetros, prolongándose por más de 38 horas de combate.
15 de abril. Obregón plantea dejarse atacar y sitiar por Villa, para atacarlo por la retaguardia. Para el medio día la batalla estaba decidida a favor de Obregón, Villa se retira.
16 de abril. 120 oficiales del ejército villista son fusilados en la plaza de toros “Celaya”
En total fueron más de 50 mil las personas que participaron en estos combates.
El recuento de muertos, heridos y desaparecidos asciende a más de 21 mil hombres.
Son consideradas las batallas en la que han intervenido el mayor número de efectivos de toda América, después las batallas de la Guerra Civil estadounidense.
Los combates de Celaya finiquitaron el movimiento armado en México para consolidar la Constitución de 1917 que hoy nos rige.
Estas batallas marcaron el principio de la derrota de las fuerzas organizadas por e el “Centauro del Norte”, general Francisco Villa.
Después de las batallas, hubo otras que ratificaron la derrota de los villitas, en una de ellas, “Santa Ana del Conde” es donde el general Obregón Pierde el brazo derecho.
Fueron los últimos capítulos del drama que había dividido y ensangrentado a la nación. Así se finiquitó el movimiento armado para dar paso a la vida institucional que se consolida el 5 de febrero de 1917.
Fue un parteaguas que México requería para constituirse.
De ahí la importancia pues pese a ser una serie de batallas terribles, y de venganzas no menos atroces, fue el paso necesario para terminar con el estado de cosas que amenazaba con convertirse en una auténtica guerra civil.
Por lo anteriormente expuesto, con la intención de que todos los mexicanos reconozcamos a la Batalla de Celaya como la conclusión de la Revolución Mexicana y, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, inciso 2, fracción V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda impulsar la promoción y utilización de la frase 2015, Año de la Batalla de Celaya, Centenario de la Conclusión de la Revolución Mexicana, como membrete en todos los oficios que emita durante 2015.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a que a través de las autoridades correspondientes, determine la utilización de la frase 2015, Año de la Batalla de Celaya, Centenario de la Conclusión de la Revolución Mexicana como membrete en todos los oficios que se emitan en la administración pública federal durante 2015.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Cámara del Senado de la República del honorable Congreso de la Unión a que promocione y utilice la frase 2015, Año de la Batalla de Celaya, Centenario de la Conclusión de la Revolución Mexicana como membrete en todos los oficios que emita durante 2015.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Judicial de la Federación a que a través de las autoridades correspondientes determine la utilización de la frase 2015, Año de la Batalla de Celaya, Centenario de la Conclusión de la Revolución Mexicana como membrete en todos los oficios que se emitan en la Administración Pública Federal durante 2015.
Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas y del Distrito Federal a que en sus plataformas de comunicación y en sus documentos oficiales que emitan durante 2015 utilicen la frase 2015, Año de la Batalla de Celaya, Centenario de la Conclusión de la Revolución Mexicana, así como a realizar acciones conmemorativas de esta celebración.
Sexto. Se exhorta a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para que a través de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, se ordene la creación y transmisión de capsulas informativas y spots promocionales sobre la Batalla de Celaya a través del Canal del Congreso.
Séptimo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que a través de la Secretaría de Educación Pública se amplíe la información sobre la Batalla de Celaya en los Libros de Texto Gratuitos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2015.
Diputado Jesús Oviedo Herrera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del gobierno de Coahuila, la Semarnat, la Conagua y la Profepa a promover la cancelación inmediata del proyecto Centro Integral de Manejo y Tratamiento, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos Industriales y Peligrosos en General Cepeda, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, a tenor de los siguientes
Antecedentes
Mediante oficio número SGPA/DGIRA/DG.06159 de fecha 18 de julio de 2014, la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, autorizó la manifestación de impacto ambiental correspondiente al proyecto denominado “Construcción de un sitio para el reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados”, de la Sociedad Ecológica del Norte, SA de CV, con pretendida ubicación en el municipio de General Cepeda Coahuila, determinándolo ambientalmente viable, y por lo tanto resuelve autorizarlo de manera condicionada.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, con la decisión señalada en el párrafo anterior, dejaron incontestado el recurso del 4 de junio de 2014, conteniendo la inconformidad y rechazo total a la autorización que la empresa Sociedad Ecológica del Norte, SA de CV, ha solicitado para la construcción de un centro de confinamiento en el ejido La Noria de la Sabina del municipio de General Cepeda, suscrito por el Comisariado Ejidal del ejido Hipólito del municipio de Ramos Arizpe Coahuila, por el Consejo de Vigilancia, el secretario, el juez auxiliar y 89 nombres con firma de los habitantes del mismo ejido.
El proyecto presentado por la empresa, señala que no existen poblaciones en un radio de 30 kilómetros a la redonda. Sin embargo, entre la cabecera municipal de General Cepeda y el sitio en cuestión existen aproximadamente 45 kilómetros y en el intermedio se localizan los ejidos de La Rosa, Tanque San Vicente, Hipólito y Noria de la Sabina.
En estos ejidos existe una población considerable y su principal actividad económica es la agricultura de temporada; es decir son una población altamente vulnerable que no puede ser despojada de su propiedad y forma de sobrevivencia. El despojo de la propiedad no puede ser considerada beneficio colectivo si además de este acto confiscatorio, se llegara a instalar un residuo tóxico.
Los ejidatarios conocen a la perfección que Semarnat dio luz verde al estudio de impacto ambiental que presentó la compañía y es altamente probable que durante el inicio de este año, 2015 podría estarse concretando la autorización final.
Es muy importante señalar que el municipio y el sitio elegido del que forma parte (km 82 de la carretera de saltillo-torreón), no tiene actividad industrial alguna que sea fuente de desechos peligrosos o de alto riesgo, tratándose de una región íntegramente dedicada a actividades agropecuarias, de turismo paleontológico y pequeña industria; por tal motivo, no puede elegirse de manera arbitraria a una localidad, municipio o estado, como un basurero y pensar que no habrá una lucha legítima por parte de sus habitantes para defender su propiedad y el medio ambiente.
Los recursos planteados por los habitantes van desde la figura de acciones colectivas, consagradas en el artículo 17 constitucional y sus leyes reglamentarias, hasta un conflicto social de grandes consecuencias. Por tal motivo esta solicitud al Pleno de la Cámara de las y los Diputados, tiene el objeto de llamar su atención en este grave problema.
Además cabe resaltar que, para la emisión del resolutivo que se ataca, ni la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC), ni la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), ni la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial (DGPAIRS), ni la Dirección General del Organismo de la Cuenca de Río Bravo, hubieran contestado emitiendo la opinión requerida a la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental por la consulta que ésta última les formuló.
Resulta insostenible que no se hubiera solicitado pericial técnica a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, ya que por su especialidad y experiencia era la más apropiada y calificada para expedir un dictamen científico sobre todo en cuanto a contaminación de acuíferos, flora y fauna y consecuencias negativas en la producción agropecuaria del municipio.
El país atraviesa por una delicada situación social, económica y sobre todo, con un alto desprestigio de la clase política, que ve en el ejercicio del gobierno la posibilidad de hacer negocios a costa de derechos y en no pocas ocasiones contra el medio ambiente. No podemos darles la espalda a los habitantes de Cepeda en Coahuila y obviar esta grave situación.
En virtud de lo expuesto, sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta a los titulares del gobierno constitucional de Coahuila; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a promover la cancelación inmediata del proyecto denominado centro integral de manejo y tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos industriales y peligrosos en el municipio de General Cepeda, Coahuila.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2015.
Diputada Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y el SAT a ampliar la prórroga para presentar declaraciones de impuestos bimestrales del ISR de los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano y del PAN
Los suscritos, diputados federales integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución solicitando la aplicación de un caso de excepción del régimen de incorporación fiscal, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado octubre de 2013, la Cámara de Diputados aprobó a propuesta del Ejecutivo Federal, diversas modificaciones a las leyes fiscales. Entre ellas, se aprobaron reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) con el propósito de crear el denominado régimen de incorporación fiscal (RIF).
Dentro de esta nueva Ley del ISR destacan entre otras de no menor importancia, las siguientes modificaciones:
1. Se eliminó el régimen intermedio y del régimen de pequeños contribuyentes (Repecos) y
2. Se establece como un nuevo régimen denominado de incorporación fiscal quedando establecido en el Título IV, capítulo II, Sección II de la citada ley.
Se establecen nuevos requisitos de tributación para quienes se adhieran al régimen de incorporación como es entregar a sus clientes comprobantes fiscales por sus ventas o prestaciones de servicios, debiendo expedir dichos comprobantes utilizando la herramienta electrónica de servicio de generación de factura electrónica que se encuentra en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria.
También, se establece la obligación de que los contribuyentes registren sus ingresos, sus gastos, sus inversiones así como sus deducciones.
Pagar con una tarjeta de débito, crédito, de servicios o un cheque a nombre del contribuyente para poder deducir gastos mayores a 2 mil pesos, por citar algunas.
Es importante recordar que el régimen de pequeños contribuyentes fue pensado como un mecanismo fiscal que combatiera los altos niveles de informalidad que existen en nuestro país.
Dicho régimen estaba dirigido a personas físicas con actividades empresariales que tuvieran baja capacidad de ingresos. Por ello, la ley les permitía una simplificación administrativa que consistía en no llevar una contabilidad formal, ni tener como obligación la expedición de comprobantes con requisitos fiscales siempre y cuando atendieran a requisitos específicos como no tener ingresos que excedieran los 2 millones de pesos anuales.
La exposición de motivos de la miscelánea fiscal enviada por el Ejecutivo federal, señalaba que una de las razones que daban origen al RIF era la reducción de la economía informal.
Sin embargo, algunos expertos señalan que con las reformas aplicables a partir del presente año, el pequeño comercio no resistirá el cambio de régimen lo que generará en el corto y mediano plazo una mayor informalidad, lo que supone un objetivo contrario a lo planteado en la reforma.
La reforma en materia de Repecos es contradictoria pues ante lo complejo que resulta hoy en día tributar bajo el RIF, muchos han optado por cerrar sus negocios o simplemente no pagar impuestos y contribuir aún más al comercio informal.
En México, existen más de un millón de tienditas de abarrotes de las que dependen 5 millones de mexicanos. Sin embargo, desde el inicio del presente año la aplicación del nuevo régimen de incorporación generó una caída en las ventas de estos comercios hasta en 25 por ciento. En suma, el nuevo régimen representa más una amenaza que una alternativa fiscal que les genere beneficios.
Resulta importante señalar que de alguna forma los Repecos ya eran considerados dentro de la economía formal, y por lo tanto, no había motivo sólido para justificar su traslado obligatorio y arbitrario a nuevo régimen. ¿Por qué trasladar al régimen de incorporación fiscal, al comercio ya formal que ya paga impuestos, pero además complicar una vez más el cumplimiento de sus obligaciones?
Ahora con el RIF, es necesario que los contribuyentes registren sus operaciones contables en sistemas electrónicos especializados, presenten declaraciones electrónicas y que ciertos gastos sean pagados a través de cheques, transferencia electrónica de fondos o monederos electrónicos.
Esto significa que el pequeño comercio deba actualizarse y tener un software contable que posiblemente vale mucho más de lo que mensualmente puede ingresar por ventas durante un mes en dichos comercios, además de que la norma vigente aplicable en materia fiscal supone que el dueño de un pequeño negocio sabe hacer uso de la tecnología, de los sistemas electrónicos contables y que cuenta con internet.
El nuevo régimen del RIF ha generado una serie de complicaciones al pequeño comerciante porque dificulta el pago de sus impuestos, pero además genera incertidumbre jurídica y una mayor informalidad como resultado de que muchos comerciantes no cuentan con las capacidades necesarias para cumplir con las obligaciones del nuevo régimen.
La realidad que vive el pequeño comercio es mucho más sencilla de lo que supone la aplicación de las leyes fiscales. La contabilidad del pequeño comercio es una contabilidad básica, que no requiere sistemas contables electrónicos, por lo tanto, es importante que el gobierno federal entienda que el pequeño comercio requiere de registros contables simplificados que no sólo les permita mantenerse en la formalidad, sino también hacer accesible el pago de sus impuestos.
Por esta razón, hemos sido contundentes en señalar que la reforma propuesta en materia del régimen de pequeños contribuyentes, lesiona gravemente al pequeño comercio y con ello, a una gran parte de la economía mexicana en su totalidad.
Hoy, los efectos son palpables. Durante el primer semestre del año, la inversión se redujo en 60 por ciento con respecto al año pasado y nuestra economía no ha sido capaz de crecer por arriba del 2 por ciento del producto interno bruto, como resultado no sólo por la mayor carga fiscal que existe en nuestro país, sino también por la complejidad que suponen las leyes fiscales para poder realizar el pago de impuestos.
En este contexto, resulta fundamental atender a este sector de la población que contribuye a la dinámica económica del país. Es primordial que tanto el Congreso de la Unión como el Ejecutivo federal atiendan a las demandas del pequeño comercio y se pueda establecer de forma inmediata un esquema de administración tributaria especial para el régimen de pequeños contribuyentes.
Sólo así, podremos proteger a un sector importante de nuestra economía y consolidar mediante mejores mecanismos, el comercio formal, generando en consecuencia mayores ingresos para la federación y más inversión para el desarrollo.
Asimismo, se estudie y aprueben las iniciativas ya presentadas en la Comisión de Hacienda y Crédito Publico de esta Cámara de Diputados o en su caso en el mismo acto se proponga una solución definitiva, en los términos aquí solicitados. Dichas iniciativas son las siguientes:
1. Proyecto de decreto que reforma al artículo 111 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta mediante la modificación de su primer párrafo, la modificación de la tabla de reducción del impuesto sobre la renta a pagar en el régimen de incorporación y finalmente la adición de los artículos 111-A, 111-B, 111-C y 111-D. Propuesta por el diputado José Francisco Coronato Rodríguez.
2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación. Propuesta por la diputada Aleida Alavez Ruíz del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de fecha 18 de septiembre de 2014.
3. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. Propuesta por la diputada Margarita Licea González del Partido Acción Nacional (PAN) de fecha 09 de octubre de 2014.
4. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta a cargo de la senadora Layda Sansores San Román del Partido del Trabajo de fecha 28 de octubre del 2014.
5. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta a cargo de la diputada Ana Lilia Aguilar Gil del Partido del Trabajo de fecha 19 de noviembre del 2014.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta honorable Soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria para que mediante las normas legales conducentes se amplíe la prórroga dispuesta en la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre del año 2014 y en el artículo 22 fracción V de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, para presentar las declaraciones bimestrales sobre impuesto sobre la renta de los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal hasta que se dictaminen las iniciativas de reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta pendientes en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta honorable Cámara de Diputados.
México, DF, a 10 de febrero de 2015.
Diputados: Juan Ignacio Samperio Montaño, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, José Francisco Coronato Rodríguez, Margarita Licea González (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la administración pública federal a regularizar la situación jurídica de la Secretaría de la Función Pública, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, diputada federal Magdalena Núñez Monreal, secretaria de la Mesa Directiva e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, que tiene como objetivo exhortar al titular de la administración pública federal a regularizar la situación jurídica de la Secretaría de la Función Pública, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Al inicio de la actual administración, por iniciativa del Presidente de la República, el Poder Legislativo reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la cual desapareció a la Secretaría de la Función Pública. El artículo 26 ya no la contempla.
“Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias: Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Energía, Secretaría de Economía, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Secretaría de Turismo, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.”
Fue en el segundo artículo transitorio del decreto correspondiente, que se estableció con relación a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública que estas entrarían en vigor a la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se proponía crear en materia de anticorrupción entrara en funciones y por lo tanto la Secretaría de la Función Pública continuaría ejerciendo sus atribuciones conforme a los ordenamientos vigentes al momento de expedición del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 2 de enero de 2013.
Es un hecho notorio, para esta Soberanía, que con la designación del nuevo titular de la dependencia del Ejecutivo Federal denominada Secretaría de la Función Pública, queda en el limbo el artículo transitorio al que he hecho mención, y en un estado de Derecho, debe haber claridad con relación a la competencia de los órganos de gobierno.
Por competencia ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe entenderse “la facultad o capacidad que tienen las autoridades para conocer y decidir sobre determinadas materias”.
Más allá del debate con relación a si un servidor público designado por el titular de la administración pública federal, tiene independencia o no para actuar imparcialmente en la investigación de determinados hechos que involucran a su superior jerárquico, es indispensable definir la situación jurídica de la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de que los posibles afectados con sus determinaciones tengan los elementos indispensables para ejercer ante las autoridades correspondientes los medios de defensa que prevé nuestro orden jurídico.
Con relación a las responsabilidades de los servidores públicos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus numerales 109 y 113 lo siguiente: “Art. 109.- El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las Leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones... III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones...” “Art. 113.- Las Leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las Leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos y obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.”
De lo anteriormente señalado, es indudable que las responsabilidades de los servidores públicos es una materia de competencia constitucional, por lo cual si la Secretaría de la Función Pública, es en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal la que tiene la atribución específica para conocer y decidir respecto a esas responsabilidades de carácter administrativo de los servidores públicos, la Ley Orgánica correspondiente debe precisar con claridad sus atribuciones para conocer sobre asuntos de esa índole, y como se ha señalado, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en vigor no contempla a la Secretaría de la Función Pública y solo hace referencia a ella en un artículo transitorio.
Por lo tanto, el asunto litigioso relativo a la investigación de diversos inmuebles propiedad del presidente de la República, de su cónyuge y del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el probable conflicto de intereses que pueda determinar o no la dependencia denominada Secretaría de la Función Pública, podría ser desestimado por un órgano jurisdiccional competente al haber sido encausado por un órgano administrativo a todas luces irregular dese el punto de vista del Derecho Constitucional y Administrativo.
De ahí, la importancia de que el presidente de la República, directamente interesado en dilucidar los hechos que motivaron la designación del recientemente designado Secretario de la Función Pública, proceda a la brevedad a regularizar la situación jurídica de dicho órgano administrativo, puesto que por razones de seguridad jurídica para él y todos los mexicanos es necesario fijar parámetros y reglas procesales que generen equidad entre las partes contendientes en un juicio, y el artículo segundo transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, podría ser contrario al derecho humano de acceso a la justicia, lo cual representaría una violación a los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la administración pública federal a regularizar la situación jurídica de la Secretaría de la Función Pública.
Palacio Legislativo de San Lázaro, febrero de 2015
Diputado Magdalena Núñez Monreal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a impulsar por la SRE una política exterior dirigida a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los niños migrantes deportados sin juicio previo por la autoridades migratorias de Estados Unidos de América, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El suscrito, René Ricardo Fujiwara Montelongo, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
La migración constituye hoy en día un tema de suma trascendencia en la agenda nacional, pero sobre todo en la agenda internacional de los países que se encuentran en zonas y regiones con un importante número de flujo de personas.
Su presencia cada vez mayor, obliga a los Estados a abordarlo, no sólo desde la política interior, sino también desde las relaciones bilaterales y regionales, e incluso en las agendas de seguridad nacional.
La Organización de las Naciones Unidas estima que hasta el mes de septiembre de 2013, el número de migrantes internacionales a nivel mundial alcanzó los 232 millones de personas, representando el 3.2% de la población mundial; de los cuales, 40 millones lo hacen con carácter de indocumentados.
Este organismo internacional afirmó durante el “Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo”, que los países desarrollados acogen a 136 millones de migrantes internacionales, mientras que en los países en desarrollo residen 96 millones.
Por nuestra ubicación geográfica, México constituye un país de origen, tránsito y destino de un flujo importante de personas que, con el objetivo de encontrar un mejor futuro para sí y su familia en la búsqueda del llamado “Sueño Americano”, se encuentran con una serie de obstáculos que conlleva esta aventura tan riesgosa y que en muchas ocasiones, lamentablemente, ocurren desenlaces dolorosos, llegando incluso hasta la pérdida de la vida.
En el año 2013, el 50% de los migrantes internacionales vivían en 10 países, de los cuales, Estados Unidos albergaba el mayor número de estas personas con un total de 45.8 millones, nación que recibió entre los años 1990 a 2013 a casi 23 millones de personas, el mayor número de migrantes internacionales; es decir, el equivalente a un millón de migrantes internacionales por año.
Asimismo, los datos oficiales del Sistema de Información Estadística sobre las Migraciones en Mesoamérica y la Organización Internacional para las Migraciones reportan que la población latinoamericana representa el 52% de la población extranjera en Estados Unidos, de los cuáles, más de 30 millones de personas son de origen mexicano (57%).
En el mismo sentido, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su estudio “La Globalización de la Delincuencia: Una evaluación de la amenaza del crimen organizado transnacional”, estima que un tercio de los inmigrantes en Estados Unidos son ilegales y que un 80% de estos procede de Centro y Sudamérica, incluido México.
Generalmente el concepto “migración” se asocia como un problema social; sin embargo, en Nueva Alianza consideramos que esta palabra simboliza una valerosa expresión de la voluntad de una persona por superar la adversidad y acceder a una vida mejor para ellos y sus familias.
La migración puede producir beneficios sustanciales considerando que las economías, tanto de países desarrollados como de países en desarrollo, necesitan de las y los migrantes para satisfacer la demanda de trabajadores con diferentes grados de especialización.
Muchos migrantes, junto con sus familias, se ven obligados a trasladarse debido a diversos factores como la pobreza, la falta de un trabajo decente, las violaciones a sus derechos humanos, coexistir en medio de un conflicto armado, la persecución y la degradación del medio ambiente, entre muchos otros y cuando no existen posibilidades de una migración reglamentada, los migrantes recurren a mecanismos de migración irregular.
Si bien la migración es un asunto de primordial importancia e incluso de seguridad nacional, el tema de las y los niños migrantes se ha convertido en una cuestión sumamente alarmante, que ha traspasado los niveles de alerta para la región de Latinoamérica y de los Estados Unidos de América, convirtiéndose en una auténtica crisis humanitaria.
El tránsito de estos menores se realiza sin el acompañamiento o supervisión de sus padres o tutores, por lo que la condición de vulnerabilidad e indefensión aumenta seriamente, a lo que debemos de sumar al alto índice de violencia e inseguridad que se vive día a día en la frontera norte del territorio nacional.
En este contexto, la situación de las y los niños migrantes debe ser vista como una alta preocupación por parte del Estado mexicano y ser atendida de manera integral y en estricto apego a los Derechos Humanos.
Según datos de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, hasta el mes de mayo de 2014 las autoridades migratorias norteamericanas detuvieron a 47 mil menores de edad, cifra que supera el total de detenciones hechas en el año 2013, que fue de aproximadamente 38 mil 833.
Gran parte de estas detenciones ocurrieron en Río Grande, en el Estado de Texas, dónde se registra el 71% de los casos, representando un aumento del 168%, en comparación al año pasado y lo que más preocupa de esta situación es que 3 de cada 4 menores sin acompañante son originarios de Centroamérica.
A su vez, el Instituto Nacional de Migración estima que cada año, alrededor de 40 mil niños y niñas que migran son repatriados desde Estados Unidos a México, de los cuales 18,000 viajan solos.
Existen múltiples causas por las que estos infantes viajan solos en este largo y difícil camino hacia el vecino país del norte, entre los que se incluye el deseo de niños, niñas y adolescentes de reunirse con sus familiares, el anhelo de mejorar su nivel de vida a través del desempeño de un trabajo, o por la esperanza de escapar de la violencia familiar o social que viven en su país de origen.
Aunado a la situación a la que se enfrentan los menores que son detenidos para efectos de repatriación en los Estados Unidos de América, debemos de sumar los señalamientos que hacen instituciones como el DIF y la UNICEF, en el sentido de que existen autoridades migratorias en ambos lados de la frontera norte del país que persiguen, maltratan, discriminan, segregan e inclusive dan trato inadecuado a niños migrantes indocumentados.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) establece el llamado “Ciclo Migratorio”, entre los que enumera el procedimiento administrativo por el que atraviesan los niños migrantes no acompañados de la siguiente manera:
1) El niño sale del lugar de origen.
2) Llega a la frontera.
3) Cruza la frontera.
4) Es detenido por la autoridad migratoria del lugar de destino.
5) Es llevado a una estación migratoria.
6) El Consulado del país de origen coordina la repatriación.
7) Es trasladado al puerto de entrada de su país.
8) Se queda en un albergue de tránsito (si es que existe).
9) Se localiza a los padres o familiares.
10) Es trasladado de regreso a su lugar de origen.
De acuerdo con las cifras de repatriados que proporciona el Instituto Nacional de Migración, en 2012 ocurrieron 17 mil 129 eventos de repatriación de menores de 18 años provenientes de los Estados Unidos de América, de los cuales, el 79.3 por ciento no iban acompañados al momento de su repatriación.
Recientemente la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), organización humanitaria internacional, ha denunciado las flagrantes violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de los menores migrantes mexicanos no acompañados al ser deportados, sin que medie un juicio previo y que su caso sea evaluado ante un juez migratorio.
Esto resulta aún más grave al ser discriminatorio respecto de otros menores de distinta nacionalidad como los centroamericanos, pues estos niños reciben un trato distinto por el simple hecho de no compartir frontera con Estados Unidos. El problema persiste debido a una legislación violatoria de los derechos humanos, puesto que no da un trato igualitario a todos los menores migrantes no acompañados que son detenidos por las autoridades migratorias, al discriminar a los menores migrantes mexicanos.
Esta legislación establece que los menores mexicanos deben ser entrevistados por agentes fronterizos dentro de las primeras 48 horas después de su detención y los agentes pueden obtener su consentimiento e irse durante la sesión, siendo su deportación la prioridad de estos agentes.
Para menores procedentes de otros países, la ley exige su traslado a refugios de detención dentro de las primeras 72 horas, lugar donde deben ser entrevistados para evaluar si son prospectos para ser asilados sin ser expulsados, sin que medie un juicio migratorio.
Las estimaciones indican que alrededor de 15 mil jóvenes mexicanos son detenidos cada año por la patrulla fronteriza mientras intentan cruzar la frontera y cerca del 60% de ellos mencionan la violencia como la razón por la que salieron de México; no obstante, menos de un 5% tiene la oportunidad de que su caso sea evaluado ante un juez migratorio.
El Coordinador Principal del Programa de México y Derechos de Migrantes de WOLA, Maureen Meyer afirmó que los niños mexicanos no deberían ser procesados de forma diferente sólo porque son de un país vecino y estimó que Estados Unidos recibió una avalancha de más de 68 mil menores migrantes que cruzaron solos la frontera, en su mayoría centroamericanos desplazados por los conflictos armados que persisten en sus respectivos países.
Otro aspecto discriminatorio que excluye a los menores migrantes mexicanos de las políticas migratorias de Estados Unidos de América se da en los visados para refugiados: con las mismas situación expuestas sobre las causas que motivan a los menores a dejar sus países de origen y con la constante presión de Naciones Unidas, el gobierno de los Estados Unidos de América anunció que aumentaría a 4 mil los visados de refugiados que se emiten anualmente para latinoamericanos; sin embargo, en estas emisiones se excluyen a las niñas y niños menores del país.
Las y los menores migrantes no acompañados deben ser tratados igualmente por todas las Naciones, el derecho internacional de los derechos humanos así lo establece.
En tal sentido, México cuenta con un vasto andamiaje jurídico nacional e internacional que busca garantizar los derechos humanos de las personas migrantes.
Conforme al artículo 1º de nuestra Carta Magna, que reconoce los derechos humanos contemplados tanto en la misma Constitución como en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, las familias migrantes son protegidos por diversas normas jurídicas, entre las que destacan:
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 4o. y 11);
• Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias;
• Convención Sobre los Derechos del Niño;
• Ley de Migración;
• Memorándum de Entendimiento Sobre Protección Consular de Nacionales de México en Estados Unidos de América;
• Memorándum de Entendimiento Sobre Mecanismos de Consulta Sobre Funciones del Servicio de Inmigración, Naturalización y Protección Consular; y el
• Memorándum de Entendimiento Sobre Cooperación en Contra de la Violencia Fronteriza.
Asimismo, existen múltiples acuerdos bilaterales que se han celebrado entre México y los Estados Unidos de América con la finalidad de asegurar una repatriación segura y ordenada de migrantes:
• Procedimientos para la Repatriación Segura y Ordenada de Nacionales Mexicanos en las fronteras de Ciudad Acuña, Coahuila- Del Río, Texas y Piedras Negras, Coahuila – Eagle Pass, Texas y su Protocolo que lo Enmienda;
• Procedimientos para la Repatriación segura y ordenada de nacionales mexicanos, San Diego y sus Adiciones;
• Arreglo Local para la Repatriación de nacionales mexicanos, El Paso;
• Arreglo para la Repatriación Segura y Ordenada de Nacionales Mexicanos entre las Autoridades Migratorias del Sector Laredo, el Consulado de México en Laredo, Texas y el Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas;
• Acuerdo de Repatriación en las fronteras de Mc Allen y de Brownsville, Texas;
• Arreglo para la Repatriación Segura y Ordenada de Nacionales Mexicanos en las Fronteras de San Luis Río Colorado, Nogales y Agua Prieta, Sonora; y
• Procedimientos para la Repatriación Segura y Ordenada de Nacionales Mexicanos en Nogales, Phoenix, Yuma, Tucson y Douglas.
El Estado mexicano se encuentra obligado a garantizar, respetar y proteger los derechos humanos, permitiendo su goce con absoluta libertad; en este sentido, las autoridades deben privilegiar en todas sus actuaciones el cumplimiento integral y armónico de los derechos humanos, sin importar la situación migratoria.
Conforme al mandato constitucional, establecido en el artículo 89, fracción X, corresponde una obligación para el Presidente de la República dirigir la política exterior del Estado Mexicano, bajo la conducción del principio normativo de respeto, protección y promoción de los derechos humanos, máxime cuando se trata de un sector social vulnerable como son las y los niños migrantes.
Es en tal sentido que se dirige este respetuoso exhorto al Ejecutivo, pues es innegable que la discriminación atenta directamente contra el derecho a la igualdad, no es razón justificable el hecho de que un menor sea originario de un país vecino para deportarlo sin un juicio previo, violándose además su derecho humano del acceso a la justicia.
Todos los seres humanos, especialmente los menores y más aún si están en una condición de migrantes, deben ser tratados sin discriminación alguna y con el debido proceso legal, anteponiendo sobre todas las cosas, el interés superior de la niñez.
Por esta razón, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, preocupado por la situación que están viviendo nuestros menores migrantes connacionales en el país vecino del norte, presentamos este Punto de Acuerdo para exhortar de manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en el ámbito de sus respectivas competencias, promueva una política eficaz con el gobierno de los Estados Unidos de América, la cual permita a nuestros menores migrantes, el respeto a sus derechos humanos de igualdad y acceso a la justicia ante las autoridades migratorias de ese país; lo anterior, en aras de construir una sociedad más justa entre ambos países.
Si bien existe un vasto andamiaje jurídico nacional e internacional que busca proteger y garantizar los derechos humanos de las y los migrantes, queda claro que estas normas están quedando sólo en el papel.
Se necesita más que una norma jurídica, se necesita la voluntad conjunta de todos los actores políticos para encaminar una política integral que sea eficaz, así como el compromiso y los resultados que la comunidad internacional espera recibir de quienes estamos involucrados en este problema.
En este contexto, la situación de las y los niños migrantes que son deportados sin juicio previo debe ser vista como una alta preocupación por parte del Estado mexicano en la conducción de su política exterior, para ser atendida de manera integral y conforme al total respeto a los Derechos Humanos.
En Nueva Alianza tenemos una firme convicción sobre el irrestricto respeto por los derechos humanos. Estamos ciertos que la situación migratoria no debe ser un impedimento para que a las y los migrantes se les respeten sus derechos fundamentales, puesto que el espíritu humanista de nuestra Ley suprema nos obliga a adoptar una nueva y firme postura en la conducción de la Política Exterior, basada como eje principal, el respeto por los derechos humanos, modificando la visión del problema migratorio, no como un asunto policiaco o de seguridad nacional, sino más bien con una postura humanitaria.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que por conducto del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, impulse una política exterior dirigida a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las y los niños migrantes que son deportados sin juicio previo por las autoridades migratorias de los Estados Unidos de América.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2015.
Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al fraude ocasionado por la sociedad financiera popular Ficrea, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Alfonso Durazo Montaño, de la agrupación Movimiento de Regeneración Nacional
Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Particularmente durante los últimos tres años, la sociedad financiera popular Ficrea, captó recursos del público ahorrador, por la cantidad de 6 mil 200 millones de pesos ofreciendo con engaños, mala fe y con dolo, tasas de interés muy atractivas; promoviendo y abriendo oficinas captadoras en las principales ciudades de la república y ofertando “sus servicios financieros” en forma pública y a través de medios de difusión de comunicación masiva.
De esta manera, creó empresas subsidiarias “Leadman Trade” y Baus and Jackmam”, a donde destinó y derivó los recursos de los ahorradores, y fueron éstas sociedades quienes otorgaron créditos y préstamos a terceros, sin mayor control ni vigilancia de las autoridades financieras.
Reconocido por las autoridades, Ficrea defraudó 2 mil 700 millones de pesos, que fueron desviados por su director y principal accionista el señor Rafael Olvera Amezcua, a la compra de autos de lujo, y bienes inmuebles en México, Estados Unidos y España, en forma personal, para su familia, por medio de prestanombres y a través de empresas creadas de exprofeso en esos países.
La poco profesional y tardía intervención de las autoridades financieras, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, por medio de su presidente Jaime González Aguadé, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, Condusef, por medio de su director Mario Alberto di Costanzo Armenta y la Secretaría de Hacienda, permitieron que el fraude se realizara progresivamente durante años y que finalmente se consumara, y de esa forma dejar en el desamparo a miles de ahorradores, en su gran mayoría personas de clase media, que tenían ahí invertidos la totalidad de su patrimonio y que corren el riesgo de no recuperarlo.
Es el caso de que con fecha de 7 de noviembre de 2014, se conoció públicamente que Ficrea había sido “intervenida gerencialmente por la CNBV a través del Comité de Protección al Ahorro” por supuestos serios problemas de cumplimiento regulatorio, falta de transparencia e integridad en su información, así como la falta de disposición para atender de manera adecuada los requerimientos de información de la autoridad, nombrándose en esa fecha como interventor al licenciado Federico López Cárdenas.
Cabe mencionar que dicho proceso adoleció de vicios en su emisión que afectan su legalidad, ya que los desplegados publicados no vienen firmados, ni se encuentran fundados ni motivados como lo exige la legislación aplicable.
También se hace mención que el Comité de Protección al Ahorro de la CNVB acordó en sesión del mismo 07 de noviembre de 2014 la suspensión parcial y temporal de las operaciones de “FICREA”, tomándose como medidas que ésta no celebre nuevas operaciones de ahorro y crédito y no se cubran las obligaciones de pago a su cargo, con los miles de ahorradores privados, además de personas morales e inclusive dependencias oficiales como el Tribunal Superior de Justicia del DF y el de Coahuila; inmediatamente después las autoridades financieras revocan la autorización a Ficrea para actuar como sociedad financiera popular, Sofipo.
En vista de lo anterior es que los ahorradores se ven afectados directamente en su esfera jurídica y patrimonial, por los actos fraudulentos de personas sin escrúpulos y por la negligencia y falta de capacidad, de las autoridades financieras, CNBV, Condusef y la Secretaría de Hacienda, encargadas de supervisarlos oportunamente y de dar aviso a tiempo a los ahorradores del inminente peligro que existía de perder todo su patrimonio.
Es el caso de que un mes después, el 23 de diciembre de 2014 Ficrea a través de su interventor, adopta la decisión de iniciar un proceso de disolución y liquidación, designándose como liquidador en este proceso, al servicio de administración y enajenación de bienes, SAE; e inician el trámite de “invitar” a los ahorradores defraudados a ejercer su derecho del “pago del seguro de obligaciones garantizadas” que establecen las leyes, de los cuales ya van más de 3 mil 200 solicitudes, para recibir aproximadamente 131 mil pesos contra el saldo de cada ahorrador, y reservándose sus derechos a recibir más de sus ahorros, cuando concluya el proceso de la liquidación de Ficrea y el liquidador ejercite las acciones legales para recuperar lo defraudado en México, Estados Unidos y en España.
Es decir en menos de tres meses la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, realiza la intervención gerencial, revoca la autorización a Ficrea para actuar como sociedad financiera, autoriza la disolución, inicia la liquidación de Ficrea e invita a los ahorradores defraudados a pasar a cobrar su “seguro de obligaciones garantizadas” por 131 mil pesos, con lo cual considera estar “resolviendo este asunto”. Ojalá y hubieran actuado con esa eficiencia antes de que se cometiera el fraude.
El titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé, en su comparecencia ante la Tercera Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión, admitió que los activos asegurados y confiscados a Ficrea al momento de realizar la “intervención gerencial”, consistentes en contratos de arrendamiento financiero con sus empresas subsidiarias por 3 mil 200 millones de pesos, 28 bienes inmuebles, y 234 automóviles, un fideicomiso irrevocable en garantía por 200 millones de pesos, además de mobiliario, no alcanzan para pagarles a los ahorradores defraudados; identificando un quebranto de 2 mil 700 millones de pesos en su perjuicio y daño patrimonial.
Estos sucesos afectan la credibilidad en nuestro sistema financiero y en sus autoridades responsables de vigilar su sana y legal operación, por lo que no podemos permitir que nuevamente se repitan en México estos actos de defraudación colectiva, al amparo de la incapacidad , ineficiencia e irresponsabilidad de nuestras autoridades financieras, se debe reformar la legislación actual, se debe de legislar urgentemente, para contar con un marco normativo eficaz que realmente proteja en forma efectiva y oportuna a los ciudadanos, en contra de los actos fraudulentos de personajes como el Sr. Rafael Olvera Amezcua y demás cómplices, que están escondidos y gozando de su fortuna mal habida en el extranjero.
Es necesario que se impongan responsabilidades y penalidades amplias y severas a los funcionarios de la administración pública, que intervienen y son responsables de la vigilancia y supervisión de la operación y administración de estas sociedades financieras y que por acción u omisión solapan o permiten este tipo de fraudes masivos.
Por ello se debe analizar el comportamiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Condusef y de la Secretaria de Hacienda en este caso concreto y deslindar responsabilidades de los funcionarios responsables y aplicar sanciones inmediatas y ejemplares, que sirvan como precedente, para evitar más Ficrea, más ahorradores defraudados, más afectados, más personas que están muy cerca de quedarse sin patrimonio alguno.
Es por lo anterior que proponemos se proceda con toda energía y celeridad, contra todos los responsables de este fraude colectivo, que evidentemente no es sólo el Sr. Rafael Olvera Amezcua, sino demás accionistas, funcionarios, directores, gerentes o personas involucradas que participaron activamente en este ilícito, que se proceda a su arraigo, antes de que huyan y no sea factible su localización.
Asimismo, es necesario, es ético, es moral, que el gobierno federal proteja de inmediato a los ahorradores defraudados por Ficrea, les reintegre sus ahorros, proteja sus patrimonios, y nos los deje a la deriva, inmersos en procedimientos judiciales interminables en México, en Estados Unidos o en España, todos ellos burocráticos, y costosos, o sumidos en procesos de liquidación, incautación y recuperación de bienes en México y en el extranjero.
Por lo expuesto, proponemos los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para hacer pública la información referente a la investigación efectuada por el Comité de Protección al Ahorro por supuestos serios problemas de cumplimiento regulatorio, falta de transparencia e integridad en su información, así como la falta de disposición para atender de manera adecuada los requerimientos de información de la autoridad, encabezada por el interventor licenciado Federico López Cárdenas.
Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, para realizar una investigación sobre las autoridades financieras relacionadas en el caso de Ficrea, las cuales corresponden a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debido a la poco profesional y tardía intervención dentro del caso.
Tercero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, para llevar a cabo las medidas conducentes que ofrezcan mecanismos de resarcimiento para los patrimonios de los ahorradores defraudados, cediendo los derechos de cobro al propio Gobierno Federal, para que este continúe con el proceso de recuperación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2015.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al titular de la SCT a respetar la integridad del edificio Puerta México, situado en la garita de San Ysidro, en Tijuana, Baja California, de tal forma que en la ampliación de carriles para el cruce fronterizo se busque un diseño que no requiera la demolición del inmueble, a cargo de la diputada María Carmen López Segura, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal de Baja California por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
La Comisión Nacional de la UNESCO establece que el término bienes inmuebles se refiere a una manifestación material, imposible de ser movida o trasladada.
El patrimonio inmueble está constituido por monumentos, obras de la arquitectura y de la ingeniería, sitios históricos y centros industriales, zonas u objetos arqueológicos, calles, puentes, viaductos... de interés o valor relevante desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, etnológico, histórico, artístico o científico, reconocidos y registrados como tales. Esta categoría además incorpora a los vitrales, murales, esculturas y amueblamiento que forman parte de otros bienes inmuebles.
Por patrimonio arquitectónico se puede entender un edificio, un conjunto de edificios o las ruinas de un edificio o de un conjunto de edificios que, con el paso del tiempo, han adquirido un valor mayor al originalmente asignado y que va mucho más allá del encargo original. Este valor, puede ser cultural o emocional, físico o intangible, histórico o técnico.
Las obras de arquitectura que pueden considerarse de patrimonio arquitectónico serán entonces las que, debido a una multiplicidad de razones, no todas de índole técnica o artística, se consideran que, sin ellas, el entorno donde se ubican dejaría de ser lo que es.
En ciudades jóvenes, existen edificaciones que sin ser de gran antigüedad son consideradas por los habitantes de la localidad como un edificio representativo de la ciudad.
Concretamente en la ciudad de Tijuana, Baja California, existe un edificio que los habitantes reconocen como un patrimonio arquitectónico de la ciudad, que además sirve como entrada México en la garita internacional de San Ysidro, conocido como “Puerta México”.
El edificio “Puerta México” fue construido en 1961 por orden del Presidente Adolfo López Mateos, como parte del Programa Nacional Fronterizo, que tenía como objeto dotar a las ciudades fronterizas de edificios decorosos. La “Puerta México” es obra del célebre arquitecto mexicano Mario Pani, que ha construido diversos edificios en México y en el extranjero que constituyen verdaderas joyas de la arquitectura moderna mexicana.
La “Puerta México” es una sólida construcción que además de su belleza tiene sótanos de hasta tres pisos, que sirven para sostener la enorme estructura que tiene dos alas a cada lado sin columnas, figurando desde el aire un águila estilizada, lo que ha convertido al edificio en un monumento arquitectónico de la ciudad de Tijuana, Baja California.
Lamentablemente y a pesar del valor que le han conferido los tijuanenses, las autoridades federales tienen considera su demolición.
La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, anuncio que debido a la necesidad de ampliar los carriles que conducen a la Garita Internacional de San Ysidro, es sumamente necesario demoler el edificio “Puerta México” que durante muchos años fue sede en Tijuana de la Secretaria de Relaciones Exteriores.
Ante esta situación, en Tijuana se ha creado un amplio frente social en defensa de la “Puerta México”, ya que los tijuanenses consideramos que este edificio es parte de nuestra identidad y de nuestra historia, además de ser una joya arquitectónica diseñada por uno de los más grandes arquitectos mexicano.
En ese tenor, considero que a fin de proteger el patrimonio arquitectónico que representa la “Puerta México” para los tijuanenses, es oportuno presentar la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que se respete la integridad del edificio conocido como Puerta México, situado en la Garita de San Ysidro ubicado en la ciudad de Tijuana, Baja California, de tal forma que para la ampliación de carriles para el cruce fronterizo, se busque un diseño que no requiera la demolición del mencionado inmueble.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2015.
Diputada María Carmen López Segura (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE a actuar –en el ámbito de sus atribuciones– con imparcialidad y legalidad en el desarrollo del proceso electoral de 2015 para que con oportunidad instruya y capacite a los funcionarios de casillas y los dote del material necesario, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN
La diputada Martha Leticia Sosa Govea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracciones II y III, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe con imparcialidad y legalidad en el desarrollo del proceso electoral 2015, para que con debido tiempo instruya y capacite a los funcionarios de la casillas, tanto ordinarias como especiales, así como que se les provea de los materiales documentales y electrónicos necesarios para la próxima jornada electoral de este año.
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 40 que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república, representativa y democrática, por tanto, la forma de gobierno que tenemos es democrática, que de acuerdo a distintos politólogos, la clasifican en electoral y representativa. La democracia electoral es aquella que todos ejercemos cada 3 o 6 años para la elección de Diputados y Senadores así como Presidente de la República; mientras que la democracia representativa es aquella por la que elegimos a quienes van a representarnos, depositando nuestra capacidad de decisión a través del Congreso de la Unión, Congresos locales y gobiernos federales, estatales y municipales.
Así bien que con la reciente reforma política electoral, se hizo un cambio histórico con el que se procurará contiendas electorales más transparentes y confiables, buscando garantizar que no solamente quienes ejercen el poder en nombre de la ciudadanía, sino todos los gobernados tengan derecho a expresar sus opiniones, materializar sus expectativas y alcanzar el pleno desarrollo en una nación democrática; sin embargo, es de señalar que como ésta y muchas leyes vigentes son sujetas de ser perfectibles pues aún y cuando pasaron por un proceso legislativo exhaustivo, existen hechos que la misma ley no alcanza a prever o encuadrar al tipo, es por ello, que me permito hacer uso de esta tribuna para hacer algunos señalamientos y observaciones para que en las próximas elecciones que ya están a la puerta, el Instituto Nacional Electoral preste mayor atención, como a continuación enumero:
1. Que para el cumplimiento de la labor del día de la elección, los funcionarios previamente elegidos, deben recibir la capacitación exhaustiva y completa para el desempeño de su encargo; sin embargo, en el momento de la jornada surgen diversos supuestos de manera exógena o simplemente no se les brinda el material electoral completo o en su defecto, no se les enseña cómo usarlo, cómo es el caso de los medios informáticos que deben utilizarse en las casillas especiales; por tanto, estás irregularidades en muchos casos se traducen en que otras personas diferentes a las designadas intervengan en los trabajos de la Mesa Directiva de la Casilla y no se dé un conteo correcto y un registro de electores confiables y certero.
De acuerdo con la LEGIPE, los presidentes de los consejos distritales son los encargados de custodiar la documentación de las elecciones de diputados por mayoría relativa y representación proporcional, de senadores por mayoría relativa y representación proporcional y de presidente de los Estados Unidos Mexicanos y deben de entregar a los presidentes de las mesas directivas de casilla la documentación y útiles electorales necesarios, así como apoyarlos para el debido cumplimiento de sus funciones; sin embargo, como lo refiere el inciso d) del artículo 80, es omiso al no mencionar expresamente que se les entregue a los presidentes de casillas especiales los medios informáticos necesarios para su labor. Así, muchas veces no se les entrega estos instrumentos electrónicos porque simplemente no está precisado en la ley, o en el momento de la jornada electoral se los hacen llegar, sin la responsabilidad de verificar si son correctos o simplemente de cómo usarlos.
3. Que el inciso e) del al artículo 256 de la LEGIPE, establece que el Presidente del Consejo Distrital ordenará la publicación de la lista de ubicación de casillas aprobadas, a más tardar el 15 de abril del año de la elección. Y los numerales 2 y 3 del artículo 285, mencionan que la hora de cierre de la votación en todas las casillas será a las 18:00 horas; así como el supuesto de poder dejarla abierta después de esa hora. Estos articulados, que bien aluden a todas la casillas; sin embargo, se considera necesario ser más claros, repetitivos y blindar a las casillas especiales , pues de acuerdo con la experiencia son en las que más anomalías se presentan dada su naturaleza y en las que no puede verificarse de manera estricta su cierre de casilla. Por ello, se considera necesario que el Instituto Nacional Electoral implemente todos los medios y medidas necesarios para que cumplan con ese horario. Por otra parte que los consejos distritales, a propuesta de las juntas distritales ejecutivas publiquen la ubicación para instalación de casillas especiales para la recepción del voto de los electores que se encuentren transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio y que por tanto, publiquen la lista de ubicación de estas casillas especiales aprobadas, a más tardar el 15 de abril del año de la elección, con el objetivo de que los ciudadanos puedan prever en dónde votar con antelación y no como ha sucedido en la práctica que no conocen con tiempo la ubicación de las casillas especiales y por eso dejan de emitir su voto.
4. Que en el tema de las casillas especiales, es necesario que el Instituto se cercioré que a los presidentes de mesas directivas de las casillas especiales se les entregue la documentación y materiales, con excepción de la lista nominal de electores con fotografía, en lugar de la cual recibirán los medios informáticos necesarios para verificar que los electores que acudan a votar se encuentren inscritos en la lista nominal de electores que corresponde al domicilio consignado en su credencial para votar y que de verdad a los funcionarios de las casillas realmente se les brinde la capacitación basta para el manejo de los medios informáticos. En este sentido, es necesario delimitar el número de 1, 500 boletas entregadas, ya que no especifica de que candidatura son, por tanto, el hecho de no especificar ha sido causa de muchos fraudes electorales en distintos Estados de la República.
5.Que el artículo 284 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, menciona el numeral 2 que cuenta con cuatro supuestos que pueden aplicarse para votar en las casillas especiales, mismos que nos son claros y requieren ser reformadas, como es el caso del inciso A) y b).
Consecuentemente , es necesario analizar el inciso A ) que si bien dice que podrá votar por los diputados por ambos principios, en la redacción de este artículo sólo se menciona que el Presidente de Mesa de casillas le entregará una “boleta única” para diputados y en el que le asentará la leyenda “representación proporcional”, o la abreviatura “R.P.”; sin embargo, no es claro, ya que no precisa el voto para el diputado bajo el principio de Mayoría Relativa, por lo que en la práctica esa “boleta única” sólo se contabiliza como un voto para el diputado bajo el principio de “RP”, dejando fuera el voto asignado para Mayoría relativa, lo que provoca que las elecciones no sean certeras ni confiables, pues la confusión se inicia con la misma redacción.
Con respecto al inciso b) establece que sí el elector se encuentra fuera de su distrito, pero dentro de su entidad federativa, podrá votar sólo por diputados por el principio de representación proporcional, y por senador por los principios de mayoría relativa y representación proporcional y por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente de la mesa directiva le entregará la boleta única para la elección de diputados, asentando la leyenda “representación proporcional”, o la abreviatura “R.P.” y las boletas para la elección de senadores y de presidente, sin embargo; nuevamente es necesario que se adicione las leyendas de “representación proporcional”, o la abreviatura “R.P.” y “Mayoría relativa” en el caso de senadores para evitar confusiones. Pues es de señalar, que en las pasadas elecciones en el Estado de colima, la falta de una clara redacción en este artículo así como una debida capacitación a los funcionarios de la casilla provocaron diversas anomalías e ilegitimidad en las elecciones.
En este orden de ideas, el Estado debe de garantizar que el derecho al sufragio sea accesible para todos, que la construcción de la democracia sea transparente y que todos seamos parte de ella., por ello el instituto como garante de que las elecciones sean apegadas a Derecho debe valorar y tomar en cuenta los diversos supuestos que en actos son delitos y que su falta de adecuada redacción, aplicación y vigilancia hace que muchos mexicanos pongan en duda la capacidad el INE.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que, en el ámbito de sus atribuciones actúe con imparcialidad y legalidad en el desarrollo del proceso electoral 2015, para que con debido tiempo instruya y capacite a los funcionarios de la casillas, tanto ordinarias como especiales, así como que se les provea de los materiales documentales y electrónicos necesarios para la próxima jornada electoral de este año.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2015.
Diputada Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a implantar con las autoridades de Tabasco medidas para evitar, prever y reparar los daños generados a los vehículos que transitan por vialidades en malas condiciones en la entidad, a cargo de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México los reportes de la Policía Federal indican que las principales causas de los accidentes en las carreteras federales son en 80 por ciento factor humano, 7 por ciento debidas al vehículo, 9 por ciento por factores naturales y 4 por ciento por las características de la vialidad. Dentro del factor estructural de tránsito se encuentran los errores en los señalamientos viales, las carreteras en mal estado o sin mantenimiento, ya sea con baches, hoyos o pavimento deteriorado, y la falta de pintura y reflejantes en las líneas centrales de la carretera.
Las cifras anteriores difieren con los datos que el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), ya que nos reporta que 16 por ciento de los accidentes carreteros se deben a la falta de mantenimiento en las carreteras de México
Cabe mencionar que aunque el factor climatológico no guarda relación con el problema de las características de la vialidad, no realizar el mantenimiento correspondiente de manera pronta en caso de daños, lo vuelve parte de la problemática.
Otra cifra alarmante es que en el país, en promedio cada día 14 personas mueren en accidentes carreteros y 92 resultan lesionadas. Asimismo, en el país existen carreteras libres y rurales que se encuentra en pésimo estado por falta de atención de las autoridades, situación que es propicia para asaltos, robos y daños a los vehículos. En 2014 la Dirección General de Conservación de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) reconoció que no se pudo avanzar en las mejoras de las condiciones físicas de la red federal de carreteras libres de peaje. Existe un inventario del deterioro en la SCT, este reporta que a finales de 2014 casi 2 de cada 10 kilómetros de carreteras se encuentran en situación no satisfactoria.
Es de suma importancia analizar el papel de la regulación en materia de carreteras y otras vialidades desde ángulos diversos, además se debe de realizar un estudio sobre el peso y dimensiones de los vehículos y realizar propuestas de política pública que minimicen los costos sociales, pero que también no afecten la competitividad del sector transporte.
Tabasco sufre un índice de accidentes superior al promedio nacional y se encuentra dentro de los estados con un alto número, con 4 mil 445 accidentes solamente en diciembre de 2014. Cifra que va más allá del daño vehicular. Los daños contra la salud y el índice de mortandad son resultado de la falta de mantenimiento en carreteras y calles.
Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y autoridades correspondientes del estado de Tabasco, a implementar de manera coordinada, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, las medidas necesarias y adecuadas para evitar, prever y reparar los daños generados a los vehículos que transitan por las vialidades del estado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2015.
Diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Chihuahua a devolver el salario retenido a los profesores en la entidad, a cargo de la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Martha Beatriz Córdova Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Exposición de Motivos
El salario es uno de los principales derechos constitucionales de los mexicanos, que se encuentra expresado en el artículo 123 de nuestra Carta Magna, y este es un derecho inalienable.
Lamentablemente el pasado mes de diciembre, los maestros en el estado de Chihuahua, pertenecientes a la sección 42 del SNTE, fueron víctimas de un descuento nominal, de día y medio de salario. Éste fue un atropello que no tuvo ningún sustento, ya que dentro de sus recibos no aparecía el desglose explicando el motivo por el cual había sido retenida dicha cantidad del bono navideño.
Ésta es una violación total a los derechos humanos y laborales que se permiten con la mal llamada reforma educativa, ya que a decir de los afectados, el descuento no se sabe si fue autorizado por el sindicato o la secretaría de finanzas del gobierno del estado o por propia autorización del Ejecutivo del estado.
Con el centralismo que se permite, gracias a la reforma educativa y las leyes secundarias en esa materia, se sabe que los pagos a los empleados del magisterio deben de ser desde la federación, más sin embargo esta legislatura aprobó que los pagos de la federación a los trabajadores de la educación se empezaran a realizar a partir del mes de marzo de este año.
Por tal motivo los responsables son directamente las instancias estatales materia que nos ocupa.
La educación es el pilar en toda sociedad, con esta se logra generar una sociedad libre, y resulta imperioso que las personas a cargo de la educación sean bien remunerados, cosa que desgraciadamente no pasa en nuestro país, necesitan contar con capacitación que los actualice y por sobretodo contar con la adecuada infraestructura para poder ejercer esa noble labor, la de enseñar.
Lamentablemente no es de sorprender que veamos muy a menudo a los encargados de brindar educación a la sociedad, tener que salir a las calles a protestar, para alzar sus voces ante el descontento y la injusticia, a manifestar su inconformidad por el abuso de los diferentes sectores gubernamentales y sindicales que atropellan sus derechos, el estado que es que tiene que salvaguardar todos esos derechos en muchas ocasiones son violentados por cuestiones políticas que desgraciadamente no conocen ni atienden de forma directa la problemática que se vive en las escuelas.
El descuento de día y medio del cual fueron objeto los trabajadores de la educación afiliados a la sección 42 del SNTE, fue de forma arbitraria y anticonstitucional, en el estado de Chihuahua, y tengamos claro que esta no es otra cosa más que una provocación por parte de la entidad hacia los profesores afectados, temo que en las manifestaciones de los profesores se vaya actuar de manera equivocada por parte del Ejecutivo del estado, como comúnmente lo hacen todos los gobernantes para tratar de acallar las voces de descontento e inconformidad.
Tan solo en Chihuahua los maestros de la sección 42 del SNTE se han manifestado de diversas formas y hasta el momento el titular del sindicato no les ha notificado ninguna solución a sus denuncias, es mas a uno de los maestros que fungía como parte del sindicato que se pronunció en contra de la ejecución del descuento lo destituyeron de su cargo en el multicitado sindicato.
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobernador constitucional de Chihuahua, licenciado César Horacio Duarte Jáquez, a devolver el salario retenido a los maestros en esa entidad lo antes posible.
Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Finanzas, ingeniero Jaime Ramón Herrera Corral, a devolver el salario retenido a los maestros en esa entidad lo antes posible.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2015.
Diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco a verificar la legalidad de los conceptos de cobro que Telmex ha impuesto a los clientes a partir del 1 de enero de 2015, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, diputada federal Magdalena Núñez Monreal, secretaria de la Mesa Directiva e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo a través del cual se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a verificar la legalidad de los diversos conceptos de cobro que Telmex a impuesto a sus clientes a partir del primero de enero de 2015, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, tuvo entre otros objetivos el de reducir los costos de telefonía fija y móvil, en beneficio de la economía de los usuarios a partir del primer día de la presente anualidad.
Sin embargo, los recibos de cobro de Telmex, que emite a cada uno de sus clientes que tienen contratado algún paquete de telefonía fija, correspondientes a los primeros meses de 2015 no reflejan algún beneficio de carácter económico, pues mantienen el mismo monto del año anterior.
Lo que incorporan son diversos conceptos que identifican como “beneficios” entre los que se incluyen minutos a celular 044 y 045, llamadas locales sin límite de tiempo, minutos Lada Internacional, minutos Lada Mundial y la membresía a Claro-Video.
Si bien los recibos referidos señalan que los minutos Lada Nacional serán ilimitados, es un hecho que no existe un ahorro en beneficio de los consumidores como se estableció en la reforma de Telecomunicaciones, sino que la empresa Telmex, mantiene sus paquetes con el mismo costo y a cambio otorga otros “beneficios” a sus clientes para mantener las tarifas que cobraban al 31 de diciembre pasado.
La Procuraduría Federal del Consumidor por mandato de la ley de la materia, es la instancia competente para actuar en defensa de los consumidores, motivo por el cual esta legisladora considera conveniente que con base en su marco normativo, lleve a efecto un análisis para determinar si los “beneficios” que otorga Telmex y el monto de sus paquetes son legales y cumplen con el espíritu de la reforma constitucional en materia de comunicaciones.
Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a verificar la legalidad de los diversos conceptos de cobro que Telmex a impuesto a sus clientes a partir del primero de enero de 2015.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2015.
Diputada Magdalena Núñez Monreal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a supervisar aeronaves y sus condiciones físicas para garantizar la seguridad de concesionarios, usuarios y población en general; y a mantener actualizada una base de datos de incidentes en territorio nacional donde resulten involucradas aeronaves de cualquier tipo, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
José Angelino Caamal Mena, diputado a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción I y 2; 100 y 103 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante el pleno de esta soberanía el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Sin duda alguna los accidentes aéreos no son una constante cotidiana, diferentes investigaciones han dado como resultado que son mayores las probabilidades de sufrir un accidente automovilístico que un accidente aéreo, algunas estadísticas señalan que es mucho mayor la probabilidad de sufrir algún tipo de lesión como consecuencia de un accidente automovilístico que por un accidente aeronáutico (en 97.5 por ciento de los accidentes aéreos hay sobrevivientes y existe una probabilidad en 1.2 millones de sufrir un accidente aéreo), pero si tocamos el tema de la probabilidad de muerte la diferencia es muchísimo mayor, la probabilidad de morir en un accidente de aviación es de 1 en 11 millones, en tanto que la de morir en un accidente automovilístico es de 1 en 50001 .
No obstante estos reveladores cálculos estadísticos, en nuestro país hablar de accidentes aéreos es algo que ya está resultando común e incluso cotidiano. Se ha convertido en nota constante para noticieros de medios electrónicos y para medios impresos informar sobre incidentes en los que se ven involucradas aeronaves de transporte aéreo privado comercial2 y que van desde aterrizajes de emergencia hasta verdaderos accidentes con saldos de heridos y decesos.
De acuerdo con notas periodísticas publicadas, tan solo en el año 2014, se informó de 23 accidentes de aeronaves civiles que dejaron un saldo de 37 muertos y 20 heridos, las aeronaves involucradas en estos acontecimientos fueron en su mayoría de aquellas conocidas como “avionetas” utilizadas para servicios de fumigación, transporte de personas y capacitación (escuelas de aviación), esta información no comprende aquellos incidentes en los que los pilotos tuvieron que realizar aterrizajes de emergencia ni siniestros en los que se vieron involucradas aeronaves utilizadas por el crimen organizado; en tanto que en lo que ha transcurrido del presente año habían ocurrido cinco accidentes y un aterrizaje de emergencia, este último llevado a cabo en la denominada Autopista del Sol, en las inmediaciones de la ciudad de Chilpancingo.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza nos preocupan sobremanera estas cifras, en especial por el alto número de vidas humanas perdidas, y las lesiones sufridas por quienes han tenido la fortuna de sobrevivir en esos accidentes, pero también por la frecuencia en que estos hechos se están suscitando.
Al respecto es importante señalar lo complicado que resulta al público en general conocer cifras oficiales que informen el número exacto de incidentes en que se ven involucradas aeronaves civiles y las acciones llevadas a cabo por la autoridad aeronáutica responsable de supervisar la operación de ese tipo de aeronaves.
La Ley de Aviación Civil faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a verificar que los concesionarios y permisionarios cumplan las disposiciones señaladas en ese cuerpo legal, ello con la principal finalidad de garantizar las condiciones máximas de seguridad y operación que protejan la integridad física de los usuarios y de terceros.
Si bien es cierto la secretaría hizo público el Programa de Verificaciones Técnico-Administrativas3 por realizarse durante 2014, sería importante que la autoridad hiciera públicos los resultados de dichas acciones de verificación programadas, a efecto de informar a la población qué concesionarios y permisionarios cumplieron o incumplieron con sus obligaciones legales, además de relacionar, en su caso, las aeronaves siniestradas con los concesionarios que las operaban o les brindaron mantenimiento y si, como consecuencia, fueron sancionados en términos de ley.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, estimamos necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haga pública esta información, a efecto de que aquellas personas que se encuentren en posibilidad de contratar la prestación de los servicios ofertados por los concesionarios de servicios aéreos tengan la certeza de que contratan empresas que cumplen a cabalidad con sus obligaciones legales y que reúnen las condiciones de seguridad necesarias para operar.
Es cierto que los accidentes son impredecibles, que en un accidente convergen diversos elementos y situaciones en las que la acción del hombre no puede influir; pero también es cierto que el actuar del ser humano puede minimizar las probabilidades de que un accidente ocurra y que la actuación oportuna de la autoridad puede convertirse en un factor trascendente para que se reduzcan aún más las probabilidades de un siniestro que, eventualmente, puede costar vidas humanas.
Muchos han sido los casos de los que hemos tenido conocimiento en que los accidentes pudieron ser evitados o sus consecuencias pudieron ser diferentes si la autoridad hubiera actuado en su momento. El objeto de que se lleven a cabo verificaciones administrativas a los concesionarios y las aeronaves que operan, en el caso que nos ocupa, es precisamente el de corroborar que la operación de las mismas se dé en las mejores condiciones de seguridad y que se garantice no sólo la integridad de los usuarios y operadores, sino también la integridad del patrimonio de operarios y consumidores; y en un eventual caso de siniestro se esté en posibilidad de sancionar a aquellos que resulten responsables en cualquier grado.
De tal forma, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos de suma importancia que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no solo lleve a cabo, en ejercicio de sus atribuciones legales, visitas de verificación a concesionarios y permisionarios de servicios de aviación, sino que haga públicos los resultados de dichas verificaciones y que en caso de que alguna aeronave se vea involucrada en un incidente exista información pública cierta y precisa que permita conocer las condiciones en que operaba o si, en su defecto, había sido objeto de alguna supervisión o verificación por parte de la autoridad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta soberanía los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes gire sus instrucciones al director general de Aeronáutica Civil a efecto de que haga públicas y mantenga actualizadas las estadísticas de accidentes en que se vean involucradas aeronaves civiles que operen al amparo de concesiones o permisos otorgados en términos de lo dispuesto en la Ley de Aviación Civil; así como las sanciones que en su caso hayan sido impuestas a concesionarios y permisionarios de las aeronaves siniestradas.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes gire sus instrucciones al director general de Aeronáutica Civil, a efecto de que haga público el Programa de Verificaciones Técnico-Administrativas de 2015, y que en el mismo se consideren, en especial, aquellos concesionarios y permisionarios relacionados a las aeronaves siniestradas durante 2014.
Notas
1. Instituto de Tecnología de Massachussets y National Safety Council, analizando datos estadísticos de vuelos comerciales.
2. Que de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Aviación Civil comprende, entre otros, aeronaves destinadas al servicio de transporte de personas, publicidad comercial, fumigación y capacitación y adiestramiento (escuelas de aviación).
3. http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/00%20Aeronautica/12Nov14PROGRAMA_DE_VERIFICACIONES_R_05.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2015.
Diputado José Angelino Caamal Mena (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador interino de Guerrero y al presidente municipal de Cocula a adoptar medidas ante el secuestro de personas en la localidad, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de su informe especial sobre el estado de Guerrero elaborado en 2013,1 reveló que hay un creciente número de delitos y violencia en la entidad.
La CNDH responsabilizó a las fallidas e ineficientes políticas del gobierno estatal y municipal para combatir la inseguridad y el aumento de la violencia, la cual se traduce en que 46 de los 81 municipios del estado existan grupos de autodefensa.
Los homicidios dolosos en Guerrero ascendieron a dos mil 87 casos en 2013, mientras que el año pasado sumaron dos mil 310 crímenes. La tendencia indica que tan sólo en una década, los homicidios aumentaron un 158 por ciento, pues en 2003 se reportaron 808 casos y en la actualidad se perpetran 59 por cada cien mil habitantes.
La entidad ocupa el segundo lugar en plagios con 207 casos en 2013; equivalentes a seis plagios por cada cien mil habitantes. Las extorsiones también van al alza, durante 2010 se registraron 85 casos y el año pasado cerró con 174 denuncias.
El 29 por ciento de los delitos en carreteras en el país se perpetraron en Guerrero durante 2013, cuando se denunciaron 767 casos, un delito que en 2010 sólo reportó 20 casos y para 2011 se disparó a 580.
A estas preocupantes cifras debemos sumar los hechos ocurridos el pasado viernes 6 de febrero, cuando un grupo de hombres armados, encapuchados y con vestimenta tipo militar,“levantaron” a más de una decena de personas, entre ellas una mujer y trabajadores de la empresa minera Media Luna, a los cuales interceptaron en la carretera Cocula-Nuevo Balsas en la comunidad de Alcalmantlila y los bajaron de una Urvan del servicio público y de otros vehículos particulares, informó un vecino de Balsas.
Posteriormente la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), agentes del Ministerio Público federal, y efectivos del Ejército y de la Gendarmería Nacional realizaron operaciones de búsqueda de las personas plagiadas en patrullas y a pie, así como por aire con el apoyo de un helicóptero.
Asimismo policías comunitarios de Nuevo Balsas instalaron retenes de vigilancia en las entradas y salidas del poblado armados con escopetas y machetes.
De acuerdo con lo narrado por un poblador al medio Sin embargo,ii 19 personas fueron levantadas la tarde del viernes en la carretera estatal Cocula-Nuevo Balsas cerca de las 7 de la noche frente a la comunidad de Alcalmantlila, ubicada a unos 30 minutos de la cabecera municipal de Cocula y a mitad del camino para llegar a Balsas, aunque desde el momento del secuestro el número de víctimas varió.
Por separado, el Alcalde priista de Cocula César Miguel Peñaloza Santana, quien ya fue citado a declarar en dos ocasiones por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por el caso Ayotzinapa, informó que en una plática telefónica que tuvo con el gerente de Media Luna, José Luis Peralta, éste le dijo que no tenía conocimiento del plagio de sus trabajadores.
Señaló que la noche del viernes hubo una operación de efectivos de la Gendarmería Nacional ante la denuncia del plagio de personas y mencionó que para la media noche del viernes los efectivos federales le informaron que había sido una “falsa alarma”.
El sábado 7 de febrero, a medio día en Chilpancingo, el interlocutor de la Policía Comunitaria y de la minera Media Luna en Cocula, Juan Zúñiga Méndez, confirmó la desaparición de 10 a 15 personas, entre los que se encontraban mineros, policías comunitarios y habitantes de las comunidades Nuevo Balsas, Real del Limón y La Fundición municipio de Cocula, Guerrero.
Además denunció que durante los últimos meses otros casos que se han suscitado en la zona es el secuestro de 15 a 20 personas que se dedicaban al comercio, quienes desaparecieron de la región presuntamente a manos del crimen organizado.
Reveló: “hay mucha gente que ha salido de sus localidades, el clima de inseguridad en la región, ha provocado que en los últimos tres años unas 100 familias han sido desplazadas”.
Luego de un operativo que realizaron policías comunitarios y efectivos militares, el medio día del pasado domingo 8 de febrero, fueron liberados 10 empleados de la Minera Media Luna que habían sido secuestrados la noche del viernes.
El comandante Marcos, responsable de la policía comunitaria del lugar, explicó que por separado militares y comunitarios la mañana de este domingo iniciaron un operativo para dar con la ubicación de los trabajadores.
En la búsqueda llegaron hasta la comunidad Campo de Rosas, y en las cercanías del rancho del presunto delincuente Uriel Vences Delgado, conocido como “La Burra”, y quien según las versiones al verse presionado por la presencia de los militares y comunitarios liberó a 10 personas, entre ellas una mujer, aunque según el dicho de los propios liberados, 8 personas aún permanecen en cautiverio.
De acuerdo con versiones de los mismos pobladores, la situación de profunda violencia se ha desatado en Cocula desde hace al menos un año, sin que el gobierno del alcalde César Miguel Peñaloza haya podido enfrentarlo de manera adecuada.
Fue a partir de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, en donde fueron desaparecidos 43 estudiantes, y 6 personas más fueran asesinadas, que comenzara el resguardo de la cabecera municipal de Cocula, y la situación de violencia se controlara por un tiempo.
Sin embargo, los hechos antes narrados ponen en evidencia que la situación de violencia e inseguridad en Cocula siguen existiendo, y en el caso antes expuesto es necesario tener la certeza sobre el número de personas que fueron secuestradas y cuántas siguen privadas de su libertad.
Por lo antes expuesto y fundado sometemos a su consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión:
Primero. Exhorta al gobernador interino del estado de Guerrero, Salvador Rogelio Ortega Martínez, a que en el ámbito de sus facultades, gire instrucciones para que se investigue y castigue a los responsables del secuestro de múltiples víctimas el pasado 6 de febrero, y se realicen las investigaciones y diligencias necesarias para la liberación de todas las personas que aún permanecen secuestradas.
Segundo. Exhorta a César Miguel Peñaloza Santana, presidente municipal de Cocula, Guerrero, a que en el ámbito de sus facultades gire instrucciones a fin de que se realice una investigación exhaustiva y se tomen las medidas necesarias a fin de lograr la liberación de todas las personas que aún permanezcan secuestradas desde el 6 de febrero de 2015.
Asimismo, se le exhorta a que esclarezca la cantidad de personas que fueran secuestradas en dicho evento, y a que haga públicos los nombres de quienes permanezcan en ese estado así como las medidas que hasta el momento se hayan tomado para brindar apoyo a las víctimas liberadas, a sus familias, y a las familias de quienes aún permanecen bajo secuestro.
Notas
i Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa y la Seguridad Pública en el Estado de Guerrero, CNDH 2013, disponible en el enlace
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/info rmes/especiales/2013_IE_grupos_autodefensa.pdf
ii Los secuestrados en Cocula serían hasta 14 personas: autoridades de Nuevo Balsas; artículo disponible en el enlace http://www.sinembargo.mx/08-02-2015/1243641
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 10 días del mes de Febrero de 2015
Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a las autoridades educativas locales a establecer instrumentos de trasparencia, consulta y atención de los trabajadores del sector en las entidades federativas cuyo gasto de servicios personales corresponde al Fone para que validen que el salario se reciba en tiempo y forma, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
La suscrita, diputada Lucila Garfias Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La centralización de la nómina educativa que tuvo como motivación la necesidad de transparentar el ejercicio de los recursos que la federación transfiere a los gobiernos de los entidades federativas para el pago de los servicios personales de los trabajadores de la educación transferidos a partir del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación (ANMEB) ha hecho evidente las disparidades que existen en las remuneraciones, aún en la misma plaza y categoría, entre una entidad federativa y otra, pero fundamentalmente las deficiencias que se presentan en la administración de los fondos destinados a ello así como la magnitud de la concurrencia al financiamiento de la misma que se venían aportando en cada entidad federativa.
Así, en el proceso de conciliación de las nóminas de cada entidad federativa para la integración del Sistema de Administración de Nómina Educativa, aún en marcha, las autoridades educativas han debido incluir todas y cada una de las percepciones que por diversos conceptos han conseguido los docentes a lo largo de su vida laboral.
Así, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, mandató que la Secretaría de Educación Pública, en un plazo no mayor a un año, contado a partir del 1 de enero de 2014, debía:
• Conciliar con las autoridades educativas de los Estados, los registros de las plazas que les fueron transferidas en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, y los convenios que de conformidad con el mismo fueron formalizados con los Estados, así como las plazas correspondientes a años posteriores que sean reconocidas, previa validación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluyendo los conceptos y montos de las remuneraciones correspondientes. (Segundo Transitorio, fracción I.)
• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de las entidades federativas establecerán mecanismos de transparencia para que el trabajador pueda verificar la información correspondiente a su nómina. (Segundo Transitorio, fracción I.)
• Las autoridades educativas de las entidades federativas entregarán a cada uno de sus trabajadores el recibo de nómina respectivo, desglosando los conceptos de pago y descuentos correspondientes. (Artículo 26-A, fracción VII.)
Lamentablemente este proceso, que ha repercutido en la omisión de pagos de miles de docentes a lo largo del territorio nacional, ha excedido los tiempos establecidos en la Ley que le dio origen, desatendido algunas disposiciones normativas y dado pie a especulaciones que, distantes de la realidad, se ventilan en los medios de comunicación.
Hace apenas unos días el periódico reforma señalaba que “3 millones 942 mil 946 de plazas por hora a los estados en 1992, mientras que ahora existen 6 millones 491 mil 404 de plazas.”
Dar crédito a cifras descontextualizadas, es desconocer el importante crecimiento alcanzado en más de 20 años en la cobertura en la educación básica. Basta observar que entre el ciclo escolar 1992-1993 y 2014-2015 en marcha, la expansión de la matrícula en las escuelas federalizadas transferidas ha sido del 68 por ciento en preescolar, 20 por ciento en primaria y 132 por ciento en secundaria, dejando de lado que la transición demográfica ha traído consigo una disminución de la demanda de niñas y niños en edad de cursar la educación básica, lo que ha contribuido también a elevar la cobertura.
Los legisladores de la Unión estamos llamados a reconocer que el hecho de que la información que se difunde en medios de comunicación, no siempre cumple con la rigurosidad de ubicarla en el contexto, trae consigo un sinnúmero de reacciones que se quedan en la superficialidad de la interpretaciones y no profundizan en la realidad que se vive en el sistema educativo nacional y al margen de lo que establece la ley.
Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza hemos insistido en esta tribuna, en la necesidad de que se cumpla con el mandato de establecer los mecanismos de transparencia que establece la ley, con la finalidad de que cada trabajador valide la información correspondiente a su nómina, no solo porque nos corresponde observar la aplicación de las normas que aprobamos, sino porque a nuestro juicio ello contribuiría a generar certidumbres y evitar los errores que en el pago del salario de los maestros se vienen presentando.
Paradójicamente, una vez más se genera distorsión e inequidad en torno al particular. Basta observar que en octubre de 2014, el señor Carlos Loret de Mola, conductor de Primero Noticias, de Televisa, lanzó el portal titulado “Maestro: ¡Checa tu sueldo! http://www.checatusueldo.com/, mismo al que hace apenas unos días, en el marco de las incidencias que se han presentado en el pago a los maestros, invitó nuevamente a los maestros a consultar la información que ofrece.
La página web publicitada vincula al consultante con la información que, en cumplimiento del mandato del artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, deben reportar los gobiernos de las entidades federativas.
Sin embargo, es importante señalar que la información a la que invita el conductor de Televisa corresponde al ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), que virtud a la creación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), ya no existe a partir del presente ejercicio fiscal.
Más aún, los datos y cifras que en ellos se incluye, corresponden precisamente a la información que debió ser conciliada para la integración del Sistema de Administración de la Nómina Educativa (SANE) a partir de la cual se llevan a cabo los pagos a partir del 1 de enero de 2015.
Asimismo, en torno a la entrega del recibo de nómina que establece la fracción VII del artículo 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal, la recepción del mismo por parte de los maestros no se ha materializado, con lo cual se limita el acceso de los docentes a servicios de salud, seguros, créditos y demás prestaciones para las cuales se les requiere como requisito indispensable para acceder al disfrute de los derechos que la norma laboral les otorga.
En este punto, contrario al principio de que todos —desde el individuo hasta el propio Estado— deben ajustarse a leyes que se promulgan públicamente, hacerse cumplir por igual y aplicarse con independencia, es elemento fundamental del estado de derecho consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, el pasado 13 de enero las Secretarías de Gobernación y de Educación del gobierno federal comprometieron exclusivamente con la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Oaxaca, la emisión del pago quincenal más sus prestaciones con un formato que incluya además del cheque correspondiente, el talón y la nómina, a partir de la segunda quincena de enero del dos mil quince. Un compromiso que fue ratificado públicamente por el oficial mayor de la SEP cunado el 19 de enero al referirse a la reunión sostenida en días anteriores con la sección 22 de la CNTE, en conferencia de prensa expresó:
Una de las preocupaciones de la representación sindical es que cuando se les entrega el pago con cheque no venía acompañado del talón como anteriormente lo hacía. El Oficial Mayor no ve ningún problema en “regresar al esquema de que el cheque vaya con su talón impreso.
El esquema diseñado por la Oficialía Mayor tenía previsto que fueran por separado, incluso en diferentes lugares. La entrega del talón que cuenta con el timbrado oficial. Es un tema administrativo que se puede resolver en el tiempo que se comprometió.
Es lamentable que sea a quienes abandonan las aulas a quienes se les garantice el cumplimiento de los preceptos que la ley establece para todos los trabajadores de la educación, pues además de ello, el Instituto de Educación Pública de Oaxaca fue también la primera entidad en la que se habilitó una línea telefónica específica para la atención de las incidencias de pago que, si bien no cumple fehacientemente con los mecanismos de transparencia que deben establecer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de las entidades federativa, si contribuye a clarificar la información que de cada maestro se incluyó en el SANE y, fundamentalmente, a resolver los problemas que se presentan.
Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos que para garantizar que la implementación de la reforma educativa y de las normas que en torno a ella hemos aprobado logre los objetivos que nos planteamos, es indispensable que la ley se cumpla para todos y que la información que se otorga a los principales actores del sistema educativo nacional sea clara, confiable, oportuna y suficiente. No hacerlo así lejos de brindar la certeza que estamos obligados a garantizar a los ciudadanos, contribuye a generar incertidumbres, cuyos efectos podeos observar en varios estados de la República Mexicana.
En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades federativas a que en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal 2014 y la finalidad de contribuir a la consolidación de la reforma educativa, se establezcan de inmediato los mecanismos de transparencia, consulta y atención a los trabajadores de la educación en las entidades federativas cuyo gasto de servicios personales corresponde al FONE, a fin de que validen que el salario que perciben se lleve a cabo en tiempo y forma, acompañado del recibo de nómina respectivo, desglosando los conceptos de pago y descuentos correspondientes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2015.
Diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CDH y a la Fiscalía General de Morelos a garantizar el derecho a una debida procuración de justicia en el caso del asesinato de Alejandro Gustavo Salgado Delgado, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja, diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente.
Exposición de Motivos
Tras unas horas de no tener conocimiento sobre su paradero y por ello el haber comenzando la búsqueda, el pasado miércoles 4 de febrero, el cuerpo de Alejandro Gustavo Salgado Delgado, dirigente del Frente Popular Revolucionario, FPR, fue encontrado torturado, decapitado y con las manos cortadas, en el paraje de Las Huilotas, perteneciente al municipio de Ciudad Ayala en Morelos.
Salgado Delgado se trasladó a una reunión a El Chivatero donde permaneció hasta las seis de la tarde. Sus compañeros lo acompañaron a que tomara un transporte público que lo llevaría a la carretera para tomar el camión urbano que lo llevaría de regreso a Ayala. Al no arribar a su siguiente cita emprendieron su búsqueda en cuarteles municipales y estatales, incluso acudieron al Ministerio Público donde no quisieron recibir la denuncia.1
Salgado Delgado, joven de 32 años se caracterizó por su gran labor a favor de los jornaleros de la montaña de Guerrero y de Oaxaca, así como por apoyar en meses recientes en la promoción de movilizaciones por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Cabe destacar que tras estos hechos, sus compañeros denunciaron que Salgado Delgado había recibido hostigamiento por parte de las autoridades y de caciques locales; como muestra aluden a su arbitraria detención el 20 de marzo de 2014 mientras participaba en una marcha contra la Ley de Ingresos, en Cuernavaca, Morelos.
Asimismo, el Frente Popular Revolucionario, mediante un comunicado expresó:
Este crimen forma parte de la política de terror que implementa el Estado para tratar de amedrentar al movimiento popular en general y a nuestra organización en particular. Somos claros, este crimen nos duele al conjunto de la militancia del FPR, pero nos da más razones para tensar nuestras estructuras e impulsar la caída de este régimen de hambre y miseria, de explotación y muerte.2
Si bien, cuatro hombres, pertenecientes a un grupo denominado Los Victorinos fueron detenidos como sospechosos del crimen. La fiscalía se apresuró a rechazar cualquier sesgo político en el asesinato y apuntó como posible móvil una disputa por tierras.3
Es necesario que este caso se resuelva conforme a lo establecido en la ley y no se apresuren a descartar ninguna línea de investigación, sobre todo en el lamentable contexto que se vive en el país, donde un grupo importante de las víctimas de la inseguridad o de la represión de los gobiernos locales o del federal, son las y los activistas, líderes sociales.
Por ello, buscando en todo momento la aplicación de la justicia por parte del Estado mexicano, presento a esta honorable asamblea el siguiente resolutivo con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General del estado de Morelos a que garantice el derecho a una debida procuración de justicia en el caso del asesinato de Alejandro Gustavo Salgado Delgado, dirigente del Frente Popular Revolucionario.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión de Derechos Humanos de Morelos a investigar los posibles actos de hostigamiento en contra de Alejandro Gustavo Salgado Delgado y demás integrantes del Frente Popular Revolucionario.
Notas
1 Sin Embargo, “Líder social es secuestrado en Morelos y hallado sin cabeza y manos; culpan a Graco”, [en lìnea], México, Dirección URL: http://www.sinembargo.mx/04-02-2015/1240448
2 Frente Popular Revolucionario, “Gustavo Salgado, ¡Presentación con vida!, [en línea], México, Dirección URL: https://frentepopular.wordpress.com/2015/02/04/quisieran-muertos-a-todo s-los-comunistas-pero-por-cada-muerto-alzaran-miles-sus-voces/
3 El País, “Decapitado y desmembrado un dirigente social en el sur de México”, [en línea], México, Dirección URL: http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/05/actualidad/142 3154368_841888.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2015.
Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)