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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del DF a exentar de pago en el trasporte colectivo Metrobús a las personas mayores de 60 años, suscrita por la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Elvia María Pérez Escalante, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los derechos humanos de las personas adultas mayores se encuentran tutelados en el artículo 1o. constitucional y los tratados internacionales.

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Como se observa, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, quedando prohibida toda discriminación motivada por la edad o cualquier otra que atente contra el menoscabo de los derechos de las personas, lo que es aplicable a las personas adultas mayores en el caso que nos ocupa.

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores dice en el artículo 3o., fracción I:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por

I. Personas adultas mayores. Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional;

En el artículo 5o., fracción II, inciso b), dicha ley dispone:

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

II. De la certeza jurídica:

b. A recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el ejercicio y respeto de sus derechos.

Luego, el título tercero de esta ley, “De los deberes del Estado, la sociedad y la familia”, en el capítulo II, “De la concurrencia entre la federación, las entidades federativas y los municipios”, dispone en el artículo 14:

Artículo 14. Las autoridades competentes de la federación, las entidades federativas y los municipios concurrirán para

I. Determinar las políticas hacia las personas adultas mayores, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus programas y acciones, de acuerdo con lo previsto en esta ley; y

II. Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la organización y funcionamiento de las instituciones de atención a las personas adultas mayores.

Por lo que hace a la obtención de descuentos o exenciones de pago para las personas adultas mayores al hacer uso del servicio de transporte público, el artículo 20, fracción IV, dice:

Artículo 20. Corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantizar

IV. El derecho permanente y en todo tiempo, a obtener descuentos o exenciones de pago al hacer uso del servicio de transporte de servicio público, previa acreditación de la edad, mediante identificación oficial, credencial de jubilado o pensionado, o credencial que lo acredite como persona adulta mayor,

En materia de políticas públicas a favor de las personas adultas mayores, dicha Ley establece en cuanto a concurrencia lo siguiente:

Artículo 11. La federación, las entidades federativas y los municipios ejercerán sus atribuciones en la formulación y ejecución de las políticas públicas para las personas adultas mayores, de conformidad con la concurrencia prevista en esta ley y en otros ordenamientos.

Con base en este marco legal, abordo el tema que nos ocupa, considerando procedente y viable la aceptación del exhorto por el jefe del gobierno, tomando en cuenta además las consideraciones que a continuación se vierten.

El Metrobús es un sistema de transporte colectivo de superficie, creado con el carácter de organismo público descentralizado del gobierno del Distrito Federal y operado por concesiones a los particulares en cuanto a los servicios tecnológicos y las unidades motrices que lo integran.

En tal virtud, institucionalmente se le han dado todas las facilidades para su operación, incluyendo un subsidio por el gobierno del Distrito Federal.

Contrariamente a lo que acontece en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, las personas adultas mayores de 60 años o más no están exentas de pago en el Metrobús, sino sólo las que han cumplido 70 años o más.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal a instruir a quien corresponda para que el beneficio de exención de pago en el Sistema de Transporte Colectivo Metrobús se otorgue a las personas adultas mayores de 60 años o más.

Sede de la Comisión Permanente.- México, Distrito Federal, a 21 de enero de 2015.

Diputada Elvia María Pérez Escalante (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al manejo de residuos electrónicos correspondientes a receptores analógicos por la transición a la televisión digital terrestre, suscrita por las senadoras Silvia Guadalupe Garza Galván y María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

Las que suscriben, senadoras Silvia Guadalupe Garza Galván y María del Pilar Ortega Martínez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 60, 176 y demás ordenamientos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución en materia de residuos electrónicos derivados de la transición a la televisión digital terrestre, con fundamento en las siguientes

Consideraciones

El programa Transición a la Televisión Digital Terrestre es la transformación de la señal de televisión analógica (tradicional) a una señal digital. La información publicada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinó que dicha señal digital fomenta la equidad en el acceso a la información, reducción de efectos ambientales negativos, optimizar el uso de energía eléctrica, y se genera un menor gasto del Gobierno por concepto de subsidios a la tarifa de energía eléctrica. Otras ventajas de la televisión digital es la calidad de imagen y sonido, oferta de canales y contenidos, incorporación de servicios como elección de idioma, subtítulos, guía electrónica de programación, servicios interactivos, visión multi-cámara, además de servicios orientados a las personas con debilidad auditiva o visual, entre otras.1

El programa federal tiene como finalidad fomentar la transformación para que los propietarios de televisores analógicos realicen el cambio por un televisor digital de acuerdo al calendario publicado por la administración pública federal. El apagón analógico es la evolución hacia la difusión de mayor calidad de audio y video de las señales analógicas de televisión abierta.

La fecha límite para realizar el apagón analógico en México está prevista para el 31 de diciembre de 2015. Con esta finalidad, el gobierno federal ha implementado un programa estratégico en materia de inclusión digital, cuyo fin es la entrega de televisores digitales a los hogares en los que habite población de escasos recursos (13.8 millones de hogares inscritos en el padrón nacional de beneficiarios de los diversos programas sociales de la Sedesol).

Lo único que se les solicita a las personas para esta entrega gratuita, es estar inscrito en el padrón nacional de beneficiarios de los diversos programas sociales de la Sedesol, pero no se les ha señalado qué tipo de manejo deben dar a sus televisores antiguos.

El 13 de mayo del año 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), en el cual se establecen de manera detallada los objetivos y calendario para la transición a la televisión digital en México.2

Uno de los principales beneficios de la transición digital es el ahorro de energía, con base en información de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) sobre el consumo promedio de energía por televisor, el impacto que genera la transición a la TDT de 12.6 millones de hogares, es una reducción de más del 60 por ciento en el consumo de electricidad por televisor de 21 pulgadas, es decir, una reducción de 1,600 millones de kilowatts hora o 1.3 veces la energía que se economiza en el horario de verano.3

Esta medida también considera un efecto para el medio ambiente, dado que con el ahorro en el consumo de energía mencionado, se evitará la emisión de gases de efecto invernadero equivalente a lo que producen 324 mil autos en un año.

El programa, en el rubro “3.5 El medio ambiente”, establece que como parte del proceso de transición a la TDT millones de televisores analógicos dejarán de utilizarse, convirtiéndose así en residuos electrónicos. Los televisores analógicos están construidos con tecnología de tubo de rayos catódicos (CRT por sus siglas en inglés) y algunos de sus componentes contienen materiales tóxicos como el plomo, cadmio y retardantes de flama bromados, los cuales pueden dañar el medio ambiente si éstos no son acopiados y confinados adecuadamente, mientras que otros de sus componentes como los plásticos y vidrio tienen un alto potencial de reciclaje.

También establece que el correcto manejo, desensamble parcial o total y reciclaje de los televisores analógicos al final de su vida útil es de suma importancia para evitar impactos negativos al medio ambiente (sitios de abandono de estos residuos) y a la salud humana de los grupos expuestos (trabajadores sin medidas de seguridad industrial). Por ello se deben tomar acciones que aseguren que los “residuos electrónicos” que se generen en el proceso de transición a la TDT tengan un manejo y un destino final ambientalmente correctos.

Por su parte, el numeral “5.4 Cronograma de ejecución” señala que a partir de mayo de 2014 se establecerá un plan de manejo para los televisores analógicos desechados producto de la transición a la TDT que considere el acopio y el reciclaje. A la fecha de redacción del presente Punto de Acuerdo, no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación o en las páginas electrónicas de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el plan de manejo correspondiente para los residuos electrónicos que serán desechados con motivo de la implementación del programa Transición a la Televisión Digital Terrestre, siendo que dentro del mismo Programa se establecen los riesgos a la salud y al ambiente con motivo de su desecho y manejo incorrecto.

Asimismo, el calendario de entregas de equipos está en función de las áreas de servicio de las señales radiodifundidas proporcionadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como de la disponibilidad de recursos presupuestarios, bajo el siguiente esquema:

Por su parte también la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), por medio de la coordinadora del Proyecto de Residuos Eléctricos y Electrónicos de la UMSNH, Evelia Santillán Ferreyra, alertó que se desecharán aproximadamente más de 378 mil toneladas de televisores en México,4 debido a la transición digital. Señaló que el problema radica que estos aparatos están siendo desechados de manera inadecuada, la mayoría de ellos será abandonada en basureros o calles de las ciudades, representando un grave riesgo no sólo para la salud de las personas, sino también daños para el medio ambiente.

Mencionó que los televisores al desecharse contienen en promedio un kilo de monóxido de plomo; principalmente la exposición se realiza por inhalación o ingestión y puede ser fatal, ya que “el plomo se acumula dentro del organismo y permanece en él por largos períodos de tiempo”. Calcula, que tan sólo en Michoacán se podrían desechar entre 18 y 20 millones de televisores analógicos, y que las implicaciones ambientales de la puesta en desuso de millones de televisores analógicos, son de gran envergadura, puesto que esos equipos “al dejar de recibir señal, es de esperarse, serán desechados por los propietarios a finales del 2015 y durante el primer semestre del 2016, lo que dará origen a un enorme volumen de residuos electrónicos, de diversos tipos, marcas y tamaños”.5

Con fundamento en la Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, que establece los criterios para clasificar a los residuos de manejo especial y determinar cuáles están sujetos a plan de manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo; establece en el numeral 7, los criterios para determinar los residuos de manejo especial sujetos a plan de manejo y, señala que todos los residuos de manejo especial listados en la norma están sujetos a un plan de manejo.

Es así como en el anexo normativo señala el listado de residuos de manejo especial sujetos a presentar plan de manejo, los cuales en la fracción VII, se establece que son “los productos que al transcurrir su vida útil se desechan y que se listan a continuación:

a) Residuos tecnológicos de las industrias de la informática y fabricantes de productos electrónicos:

• Computadoras personales de escritorio y sus accesorios.

• Computadoras personales portátiles y sus accesorios.

• Teléfonos celulares.

• Monitores con tubos de rayos catódicos (incluyendo televisores).

• Pantallas de cristal líquido y plasma (incluyendo televisores).

• Reproductores de audio y video portátiles.

• Cables para equipos electrónicos.

• Impresoras, fotocopiadoras y multifuncionales.

El desecho inadecuado de residuos peligrosos generará contaminación por metales pesados, principalmente por la liberación de óxido de plomo, que constituye uno de los componentes esenciales de los tubos de rayos catódicos. La coordinadora del Proyecto de Residuos Eléctricos y Electrónicos de la UMSNH, Evelia Santillán Ferreyra, también señaló que el plomo, afecta el sistema nervioso, ya que una vez que el plomo ingresa al organismo, pasa rápidamente al torrente sanguíneo y se distribuye de forma no homogénea en el cuerpo, posteriormente, ingresa al tejido blando: hígado, riñones, cerebro, bazo, músculos y corazón, y después, lentamente se distribuye hacia los huesos.

También comentó que la exposición a altos niveles causa debilidad de dedos, muñecas y tobillos, puede afectar el sistema reproductivo masculino y la memoria, asimismo, causa anemia, disminución de las células sanguíneas y alteración de las funciones nerviosas. Por otro lado la organización ciudadana llamada Proyecto Ecovía planteó que en el cambio de televisores no se consideró el costo ambiental del volumen de desechos que a nivel nacional rebasarlas 378 mil toneladas, así como tampoco se consideró el costo en salud pública que significa la posible liberación de más de 20 mil toneladas de plomo altamente letal para los seres vivos.

El proyecto Ecovía Vías Verdes, AC, a través de su coordinadora general, Sofía Chávez, consideró que si se toma en cuenta el análisis de todo ciclo de vida de los televisores digitales que se dotarán a la ciudadanía, es posible que el costo ambiental de la decisión sea más alto que el ahorro en gasto energético propuesto por el gobierno federal. También dijo que se calcula que cada hogar tiene un promedio de 1.1 televisiones, por lo que, si multiplicamos este número por 15.3 millones de hogares, se podría calcular una generación de televisiones convertidos en residuo en el orden de 16.83 millones de unidades. Si se prevé una generación de 378 mil 675 toneladas de tubos de rayos catódicos que caerán en desuso, con un manejo inadecuado de los mismos podría haber un problema ambiental de 19 mil 615 toneladas de óxido de plomo .

Por otro lado, la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología aplicada a Residuos Sólidos (Somers) pidió a la población que, hasta que no se ponga en marcha un programa de acopio y confinamiento de televisores viejos, estos se guarden en las casas o en lugares donde los vidrios no se puedan romper y el óxido de plomo no sea liberado.6

Por lo mencionado anteriormente, resulta imperante que el gobierno federal por conducto de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, elaboren y publiquen a la brevedad el plan de manejo para los televisores analógicos desechados producto de la transición a la TDT que considere el acopio y reciclaje de los mismos. En el mismo sentido es necesario la participación de los gobiernos federal, estatal y municipal para que en el ámbito de sus competencias, difundan la información correspondiente a población con la finalidad de advertirles sobre los riesgos a la salud que implican la destrucción, manipulación inadecuada, el abandono en las vías públicas o tiraderos clandestinos; asimismo generen un plan estratégico para la recolección, manejo, reciclaje y destino final de televisores analógicos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que informe a la brevedad a esta Soberanía sobre el estado en el que se encuentra la elaboración y publicación del Plan de manejo para los televisores analógicos desechados producto de la transición a la Televisión Digital Terrestre que considere el acopio, reciclaje y disposición final adecuada de los mismos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que informe a la brevedad a esta soberanía sobre el avance y número total, actualizado a la fecha, de televisores analógicos que se han entregado a la población con motivo de la transición a la Televisión Digital Terrestre.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que por conducto de las secretarías correspondientes, y en coordinación con los gobiernos estatales, realice a la brevedad una campaña de difusión en la cual se explique a la población los riesgos potenciales a la salud que ocasionaría desechar los televisores sin un manejo adecuado; asimismo difundan la información necesaria sobre los centros de acopio que se establecerán para recabar los aparatos electrónicos analógicos, así como cualquier otra información necesaria para evitar los riesgos a la salud y al ambiente.

Notas

1 Secretaría de Comunicaciones y Transportes,

http://www.sct.gob.mx/comunicaciones/transicion-a-la-tel evision-digital-terrestre/

2 Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), Diario Oficial de la Federación, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344585&fecha=13/05/2 014

3 Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), Diario Oficial de la Federación, ídem.

4 Periódico El Sol de Morelia, 1 de diciembre de 2014, http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3624610.htm

5 Ibídem.

6 Periódico Reforma, 11 de enero de 2015,

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/defaul t.aspx?id=435306&md5=8ebd1db5071826a83e16559598c851d2&ta=b38499 13c10ee04e761e11add1750758&fg=00ce3da209ad64644941da62635ffc77

Dado en el salón del pleno de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.

Senadoras: Silvia Guadalupe Garza Galván, María del Pilar Ortega Martínez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT que suspenda la entrega de televisores a partir del 1 de febrero y la reanude después del 8 de junio de 2015, suscrita por el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la presente proposición, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Para evitar que la entrega de televisiones tenga un uso electoral lo mejor y lo más sano es fijar una veda electoral, en la que se suspenda la entrega de estos durante el tiempo que duren las precampañas y campañas electorales y se reanude después del 8 de junio.

Si las televisiones se reparten en los meses de junio a diciembre, no habrá mayor afectación, ya que se tendrían casi siete meses para cumplir con la entrega considerando que el apagón analógico está programado para el 31 de diciembre de 2015.

Si el Congreso no interviene, la entrega de televisiones se va a convertir en un mecanismo de compra de votos.

No importa que las cajas tengan algún lema o logo, si quienes las entregan es personal del gobierno federal y nada garantiza que las mismas familias que reciben la tele después sean visitadas por los promotores del voto del PRI.

No podemos ser ingenuos ya que repartir 2. 6 millones de televisiones entre las familias de escasos recursos, sin duda que es una gran operación de carácter electoral, que puede beneficiar al partido en el gobierno de manera directa, en las elecciones federales y en las elecciones estatales.

2. Nadie se puede oponer a que se cumpla con lo que marca la Constitución como derecho a la información, ni a que se culmine la transición digital, pero de ninguna forma podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando los operadores del gobierno federal andan regalando televisiones entre la gente más pobre del país.

Por tanto, se propone que la SCT reordené sus programas de trabajo y suspenda el reparto durante el proceso electoral, para reanudarlo a partir del 8 de junio y de esta forma evitar su uso electoral.

3. Si ya todos sabemos cómo opera el PRI y no hay ninguna confianza en que dispongan de este recurso en los tiempos de campaña, el gobierno debe atender este tema de manera urgente y suspender la entrega de forma inmediata para garantizar la equidad de la contienda y prevenir cualquier abuso.

De poco sirve esperar a que ocurran los operativos y condicionamientos para que sea entonces cuando nos lamentemos de lo ocurrido, desarrollando en ese momento denuncias y litigios, que incluso pueden ser irrelevantes por .su falta de oportunidad.

Reprogramar y ajustar el calendario de entregas es a todas luces lo que recomienda la experiencia y la precaución, con el beneficio de que ello no cancela el cumplimiento del reparto en los meses posteriores a la elección.

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, el suscrito pone a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que suspenda la entrega de televisores, a partir del 1 de febrero y se reanude después del 8 de junio del 2015.

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2015.

Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la STPS a diseñar e implantar instrumentos que difundan el cuidado del ambiente, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Arturo Escobar y Vega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El origen de la conmemoración del Día Mundial de la Educación Ambiental data de 1975, durante el Seminario internacional de educación ambiental, celebrado en Belgrado, donde se establecieron los principios de la educación ambiental en el marco de los programas de trabajo de Naciones Unidas.

Consecuentemente, resultó necesario establecer el 26 de enero como fecha para la conmemoración mundial de la educación ambiental; hasta 1992, México no adoptó las conclusiones del Congreso iberoamericano de educación ambiental, otorgando a ésta el carácter eminentemente político como instrumento esencial para lograr una sociedad sustentable.

Es indispensable comenzar por definir el término educación ambiental, siendo el proceso educativo integral, que además de generar conciencia y soluciones a los problemas ambientales actuales causados por actividades antropogénicas y los efectos de la relación entre el hombre y el ambiente, es un mecanismo pedagógico que además impulsa la interacción que existe dentro de los ecosistemas.

Debemos entender la educación ambiental no sólo como una simple herramienta para combatir el deterioro que afronta actualmente el planeta ante la constante amenaza por la destrucción de la naturaleza, sino que resulta necesario sea vista como un derecho de educarse para protegerse ante la presencia de alguna tragedia ambiental, a través de mecanismos dinámicos y participativos.

Lo anterior ha marcado bases firmes despertando en la población la conciencia que permita identificarse e involucrarse con la problemática ambiental, iniciando con acciones pequeñas desde el lugar en donde se desenvuelven, hasta lograr que establezca como una actividad generalizada a escala mundial.

Sin duda, algunas de las finalidades primordiales de la educación ambiental son proporcionar información suficiente en la población para que ésta adquiera motivación, sentido de responsabilidad y compromiso para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones.

Se busca crear conciencia sobre la interdependencia económica, social y ambiental entre áreas urbanas y rurales, incentivando la educación como medio necesario para proteger y mejorar el ambiente y con ello alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable, a través de la creación de nuevos patrones de comportamiento y responsabilidades éticas hacia el ambiente.

Con el paso del tiempo, el tema de la educación ambiental cada vez resulta más cotidiano, hoy son muchos los ejemplos de países que desarrollan exitosamente métodos sustentables en beneficio del medio ambiente, ello gracias a la participación global de sus habitantes en la educación ambiental; sin embargo, nuestro país sigue presentando un grave rezago en dichos sectores, seguimos percibiendo la problemática como algo ajeno a nuestra persona y por tanto, seguimos responsabilizando de su tratamiento y protección a los demás.

Lamentablemente, la educación ambiental se sigue de manera errónea percibiendo de manera limitativa, pues no se trata sólo de mecanismos de estudio dirigidos a alumnos inscritos a alguna institución educativa, sino debería ser dirigido a toda la población para que desde su hogar u oficina, tengan acceso a los diferentes programas de educación ambiental y así implantar una cultura sustentable en cualquier sector social.

Por ello, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos urgente y necesario centrar todos los esfuerzos encaminados a diseñar programas que atiendan las características específicas de cada sector poblacional a efecto de que los programas de trabajo de educación ambiental sean asequibles para todos y, de esa forma, se garantice el desarrollo social, cultural, turístico y económico con un alto respeto del ambiente.

Por lo anterior propongo, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Educación Pública, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y del Trabajo y Previsión Social a diseñar e implantar en el marco de sus atribuciones instrumentos eficientes e incluyentes que permitan difundir de manera sencilla acciones para participar en el cuidado del ambiente.

Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.

Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conagua a establecer nuevos instrumentos para el otorgamiento o las asignaciones en el uso de aguas nacionales, suscrita por la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, la diputada Lilia Aguilar Gil y el senador David Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presentan ante esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con datos del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef), 884 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable, es decir, casi una octava parte de la población mundial. Esto representa un grave problema para toda la humanidad, ya que mientras que la población mundial se triplicó en el siglo XX, el uso de agua renovable ha incrementado seis veces.

En los próximos 50 años se calcula que la población crecerá entre un 40 y 50% más; asimismo, se estima que 1.4 millones de niños mueren cada año a causa de enfermedades relacionadas con el consumo de agua sucia, es decir alrededor de 4,000 muertes al día o un niño cada 20 segundos.1

Este panorama tan desolador en torno al vital líquido, debe llevar a la sociedad a reflexionar acerca del uso y aprovechamiento que hace de este recurso hídrico, ya que el abuso y exceso en su utilización puede ocasionar graves consecuencias para la población mundial.

En este sentido, México debe cumplir con los compromisos asumidos en la materia, y emprender una política encaminada al uso responsable de este líquido vital, promoviendo el uso racional y adecuado del mismo. Asimismo, el Estado debe hacer valer el derecho humano de que todas las personas tengan acceso al agua, esto implica, por un lado, la construcción de la infraestructura necesaria para que todas las viviendas reciban agua potable; o bien, por otro lado, se puede ver representado en el esfuerzo de que en las zonas rurales donde existen grandes dificultades para hacer llegar una red de tuberías que acerquen el agua a las viviendas, la construcción o el otorgamiento de permisos para que las personas puedan explotar agua de pozos y con esto satisfacer sus necesidades.

Uno de los sectores más afectados por la falta de una infraestructura adecuada de agua, es el campo; algunas estimaciones hablan de que producir alimentos requiere entre 2.000 y 5.000 litros/persona/día, dependiendo de las diferencias climáticas y dietéticas, así como de la eficiencia de los sistemas locales de producción de alimentos, lo anterior, aunado a la falta de una infraestructura adecuada, arroja una campo debilitado y abandonado.

Contrario a lo que necesitan los campesinos y zonas rurales en México, el 7 de abril de 2014, el Ejecutivo Federal expidió un Decreto, a través del cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales daba a conocer las “facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expirado a partir del 1 de enero de 2009”.

En el mismo documento de referencia, se señala que “el 29 de abril de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales”, mediante el cual se modificó, entre otros, el artículo 24 de la referida Ley, a fin de establecer un nuevo periodo para la presentación de solicitudes de prórroga de los títulos de concesión y asignación, lo cual generó confusión entre los usuarios del recurso hídrico que ya contaban con un título autorizado hasta esa fecha”.

Asimismo señala que “del 1 de enero de 2009 a la fecha, no se ha solicitado la prórroga de 73,241 concesiones o asignaciones de aguas nacionales en los plazos previstos por el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, por lo que en términos de dicha disposición esa omisión se considera una renuncia a tal derecho.”

Y reconocen que “dicha circunstancia puede generar perjuicio en el desarrollo de las actividades relacionadas con los usos del agua, principalmente la producción de alimentos, la ganadería, la producción industrial, el acceso, calidad y prestación de los servicios y el turismo, así como el riesgo del surgimiento de conflictos sociales que incidan en la adecuada administración del recurso hídrico.”

En este sentido, el plazo otorgado al 31 de diciembre pasado como límite para solicitar la renovación de los títulos de concesión y asignación de concesiones para el uso de aguas nacionales de más de 73, 000 permisos en lapso de poco más de 8 meses difícil de cumplir. Esto demuestra la falta de publicidad e información a la que no tuvieron acceso los concesionarios, o bien los requisitos solicitados se encontraban fuera de su alcance, por lo tanto, no han podido hacer dichas renovaciones.

Tal es el caso de diversos productores, que han demandado no haberse podido adherir al Decreto presidencial “debido a que los requisitos y reglas de operación establecidas en el Decreto, para los productores, estaban fuera de su alcance”, del mismo modo han manifestado que dicho procedimiento “presentaba serias inconsistencias”, situación que los dejó en estado de indefensión, y sobre todo sin las prórrogas de sus concesiones y con ello se ponen en riesgo la productividad de sus tierras.

En este sentido, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Comisión Nacional del Agua, deben atender las solicitudes que fueron presentadas con el objeto de solicitar las prórrogas de las concesiones o asignaciones, y no concluyeron su trámite ante la instancia correspondiente, o bien no han recibió respuesta de parte de la autoridad.

Del mismo modo de ser necesario, plantear un nuevo procedimiento para la renovación de las concesiones, estableciendo requisitos y mecanismos accesibles para todos, con el objeto de beneficiar a la mayor cantidad de productores o personas posible.

Sería una gran irresponsabilidad, en perjuicio de toda la sociedad que el Ejecutivo Federal no atienda las demandas tanto de productores como de familias que han sido excluidos con la negativa de renovación de concesiones y asignaciones para el uso de aguas nacionales.

Si el Ejecutivo federal tiene verdaderas intenciones de sacar al campo del olvido en el que por décadas ha estado, deberá emprender mecanismos que atiendan las demandas de los más de 73, 000 concesionarios o asignatarios que no pudieron o no fueron beneficiados con las prórrogas de dichos permisos.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Comisión Nacional del Agua con el objeto de:

a) Establecer un nuevo mecanismo para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales;

b) Dar seguimiento y término de manera favorable a las solicitudes de prórroga de los títulos de concesión y asignación de concesiones para el uso de aguas nacionales presentadas en tiempo y forma, y que no han sido resueltas o atendidas por la autoridad competente.

Nota

1 Véase, “Agua en el mundo”, disponible en

http://www.aguas.org.mx/sitio/02a4.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2015.

Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a detener hasta después de las elecciones de 2015 la entrega de televisores digitales realizada como parte de la transición del apagón digital, suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con puntos de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Las Secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Desarrollo Social (Sedesol) iniciaron el sábado 24 de mayo de 2014, en Tamaulipas, la entrega de televisores digitales, con los que se busca lograr el “apagón digital”.

Con dicha etapa se preveía la entrega de 21 mil 441 aparatos en Nuevo Laredo, de los 13.8 millones de televisores gratuitos que considera el programa para todo el país.

“En esta etapa del programa, en total 107 mil personas serán beneficiadas en 17 municipios de la frontera noreste del país: 12 de Tamaulipas, 4 de Nuevo León y 1 de Coahuila”, informó la SCT en un comunicado de prensa. Dicha entrega concluyó en agosto, para dar inicio a la entrega en el centro del país en enero del presente año.

Los beneficiarios han sido y serán los inscritos en el padrón nacional de beneficiarios de programas sociales de la Sedesol. La entrega de televisores en la frontera norte del país terminará en agosto, y en enero de 2015 iniciará para el centro del país.

Por ley, la transición a la televisión digital terrestre en todo el país debe concluir el 31 de diciembre de 2015, lo que es conocido como “apagón analógico”.

Sin embargo, la repartición y entrega de televisores digitales, a la par que ha iniciado las campañas electorales, funcionan como método para la compra de votos, promovida desde el gobierno federal.

Aunado a esto, las pantallas que se distribuyen no se entregan con un dispositivo con acceso a internet ni con un padrón transparente y con los medios de control necesarios para supervisar la entrega.

Es decir, la entrega de estas pantallas es adecuada si es para el beneficio de la gente, pero no debe hacerse en época electoral, pues el único beneficiado con ello será el partido en el gobierno.

El apagón analógico en México inició en la ciudad fronteriza de Tijuana el 29 de mayo de 2013.

Sin embargo, 14 mil hogares no estaban preparados para la transición –sólo contaban con una televisión analógica sin decodificador–, por lo que se quedaron sin señal. Además, el Instituto Federal Electoral pidió restituir la señal analógica para no afectar las campañas electorales que se realizaban, lo que aplazó en los hechos la entrada en vigor de apago analógico, suceso que podría ser replicado a nivel federal hasta pasadas las elecciones por celebrarse en junio próximo, lo que contribuiría a una mejor y más sana elección.

Conforme a lo dispuesto en las leyes electorales en el país, el uso de programas sociales para tratar de beneficiar a determinado partido en los comicios puede ser causa de nulidad de las mismas, y dado que este fenómeno podría suceder en todo el país, es necesario impedir de manera tajante que este programa continúe, a fin de no perpetuar el clientelismo y las malas prácticas electorales.

Por lo expuesto y fundado se someten a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, a instruir en el ámbito de sus facultades a fin de que la entrega de televisiones digitales sea suspendida a escala nacional hasta después del proceso electoral de 2015, en aras de que éste se realice sin clientelismo ni malas prácticas, garantizando el pleno derecho ciudadano a ejercer libremente el voto.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, a instruir –en el ámbito de sus facultades– a quien corresponda a fin de que se integre y haga público un informe respecto a los criterios para selección de beneficiarios a quienes ha sido entregado o se entregará un televisor digital, a fin de que sea posible acceder a dicha información en un procedimiento de transparencia y rendición de cuentas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2015.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a hacer pública la información sobre los contratos con empresas que emplean trabajadores mediante el esquema de outsourcing en la paraestatal en Campeche, suscrita por el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, diputado José Angelino Caamal Mena, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo; al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En meses pasados en este honorable Congreso de la Unión se aprobó la reforma energética, una de las reformas estructurales de mayor importancia para el país, y con la que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estuvo de acuerdo, ya que nuestro país se encontraba ante la oportunidad de cambiar el rumbo para no retrasar su crecimiento y desarrollo económico.

La reforma citada entró en vigor, precisamente el 1 de enero del año en curso, sin embargo en los primeros días del presente año, se ha publicado en varios diarios del país entre ellos El Financiero, La Jornada de Oriente, Milenio, Tribuna de Campeche, El informador, entre otros en los que se informa que Petróleos Mexicanos tomó la determinación de no renovar este 2015 los contratos con distintas empresas que fungían como outsourcing, lo que generaría el despido de, aproximadamente, 15 mil trabajadores que laboran en el estado de Campeche.

Al no renovarse los contratos con estas empresas por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), se restringió la contratación de personal outsourcing y asistencias técnicas en sus diferentes activos de la Región Marina Noreste, dicha restricción fue documentada a través del portal de internet Poresto.net que muestra un documento firmado por el ingeniero Félix Alvarado Arrellano, mismo que expone que por medio del documento como se había reiterado en una reunión de evaluación de la producción realizada el 5 de diciembre, la Dirección General de PEP, en función de las medidas de austeridad solicita que a partir del 1 de enero de 2015 se reduzca a cero el personal outsourcing y asistencias técnicas, por lo que solicita se dé cumplimiento estricto a la instrumentación planteada, dicho documento fue remitido por la Subdirección de Producción Región Marina Noreste, con fecha 2 de enero de 2015.

Esta notificación fue enviada mediante oficio a los encargados de despachos de activos y áreas, entre ellos Ricardo Padilla Martínez, administrador del Activo de Producción Ku Maloob Zap; Jaime Javier Ríos López, administrador del Activo de Producción de Cantarell; Benito Ortiz Sánchez, gerente de Programación y Evaluación; Antonio Esparza Lagunes, gerente de Coordinación Operativa; Sabino Barrios Santiago, coordinador del Grupo Multidisciplinario de Administración de Asuntos Externos y Comunicación, y Juan Francisco Mange Sosa, coordinador del Grupo Multidisciplinario de Control de Gestión.

De acuerdo con algunas organizaciones como la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), esta situación traerá como consecuencia el despido de miles de obreros y agudizará los problemas sociales que derivan del desempleo.

Aunado a lo anterior, habrá un impacto económico en el estado de Campeche, ya que gran parte de su sustentabilidad, proviene de los ingresos económicos generados, no sólo por la paraestatal; sino por sus empleados, ya que son ellos quienes activan gran parte de la economía en el estado, al hacer uso de bienes y servicios de la entidad.

Debido a que no se conocen las particularidades del caso, y para evitar despidos masivos que afecten a profesionistas y técnicos especializados, es necesario que esta soberanía conozca los pormenores del asunto, para que, en su caso, la paraestatal lo revise y evite dichos despidos.

Es de toral importancia para Nueva Alianza, garantizar el empleo a los habitantes de Campeche y demás mexicanos que trabajan para Pemex.

Asimismo es importante ponderar derechos y más aún cuando se trata de los derechos laborales de los trabajadores reconocidos por nuestra Constitución como un derecho humano fundamental y como parte de diversos instrumentos internacionales, en donde la estabilidad en el empleo debe ser garantizada.

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Petróleos Mexicanos “El Consejo de Administración, órgano supremo de administración de Petróleos Mexicanos, será responsable de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y sus empresas filiales”. En su fracción X señala que le corresponde a dicho consejo “Aprobar las políticas de recursos humanos y de remuneraciones de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, sujeto a lo dispuesto en el capítulo VII del título cuarto y demás disposiciones aplicables de esta ley”, sin embargo ésta no debe afectar a personas que son cabeza de familia de un hogar, se debe estudiar la posibilidad de crear alternativas para no dejar sin fuente de empleo a hombres y mujeres que día a día contribuyen al desarrollo económico del país.

Por otra parte y en el mismo tenor la reforma laboral, trató de garantizar el pleno respeto a los derechos laborales para que no sean considerados intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos como elementos propios insuficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, ya que en caso contrario serán solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las obras o servicios, por las obligaciones contraídas con los trabajadores, por lo que esta situación es sin duda reflejo de las reformas aprobadas para beneficio de todos nuestros habitantes, por ello Pemex, como patrón solidario, debe garantizar que no sean violados los derechos laborales de todos los trabajadores.

Estamos conscientes de que Pemex tendrá que afrontar la competencia por parte de otras compañías internacionales que llegarán al país, sin embargo no queremos que esto sea una amenaza para los empleados mexicanos, sino una oportunidad de mejores empleos para los habitantes de Campeche y de todos los connacionales.

Ante las especulaciones de despidos, no queremos ser indiferentes, por eso solicitamos que se informe a esta soberanía respecto a dichos acontecimientos de manera puntual y precisa.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución.

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general de Petróleos Mexicanos para que se hagan públicas las razones sobre la omisión de renovación de contratos de empresas outsourcing en el estado de Campeche.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos para que, como patrón solidario, garantice el respeto por los derechos laborales de los trabajadores que prestaban sus servicios como outsourcing a la paraestatal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero 2015.

Diputado José Angelino Caamal Mena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas a establecer en el marco del PND 2013-2018 programas en favor de la inclusión de las personas con discapacidad, suscrita por la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del PRI

Hilda Esthela Flores Escalera, senadora de la república e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables presento ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Exposición de Motivos

1. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) establece los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país. Asimismo, contempla previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines y determina los instrumentos y responsables de su ejecución.

En este documento de trabajo podemos encontrar la programación y presupuestación de toda la Administración Pública Federal, a partir del cual todos los Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales y Regionales que definen las acciones del gobierno, deberán elaborarse.

Entre las diversas acciones que contempla el PND para al actual sexenio, establece por vez primera en la historia del país, la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.1

El objetivo es que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva.

Asimismo en materia de inclusión, dentro de sus estrategias, destaca lo siguiente:

VI.2. México Incluyente

Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

Estrategia 2.2.4. Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena.

Líneas de acción

• Establecer esquemas de atención integral para las personas con discapacidad, a través de acciones que fomenten la detección de discapacidades, estimulación temprana y su rehabilitación.

• Diseñar y ejecutar estrategias para incrementar la inclusión productiva de las personas con discapacidad, mediante esquemas de capacitación laboral y de vinculación con el sector productivo.

• Asegurar la construcción y adecuación del espacio público y privado, para garantizar el derecho a la accesibilidad.

2. De acuerdo con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad hay en el país 7.7 millones de personas con discapacidad, de las cuales 5.7 millones viven en miseria, 2.2 millones en pobreza alimentaria y 3.8 enfrentan rezago educativo.2

Asimismo, se observan los siguientes datos:

• El Censo 2010, realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), señaló que la mayor prevalencia de esta condición se da entre personas adultas de 60 y más años (26.2%).

• Le siguen los adultos de 30 a 59 años (4.8%), los jóvenes entre 15 y 29 años (1.9%) y los niños de 0 a 14 años (1.6%).

• El Censo 2010 también reveló que en el grupo de la población con algún grado de dificultad para realizar actividades, el 39.4% señaló que la causa fue alguna enfermedad, 23.1% la edad avanzada, 16.3% el nacimiento y 14.9% algún accidente.

• Entre las personas más pobres del mundo, una de cada cinco es una persona con discapacidad (ONU).

• Asimismo, el Inegi señala que más de la mitad de las personas con discapacidad no reciben ingresos y casi el 20%, percibe menos de un salario mínimo.

Las personas con discapacidad ocupan el tercer lugar como grupo social que se siente más desprotegido y el segundo lugar como grupo social más discriminado (Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, Sedesol-Conapred).

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cerca del 60% del total de las personas con discapacidad en edad de trabajar están desempleadas; la tasa de participación económica en la población con discapacidad es sólo de 25%.

Por ello, para poder potenciar las capacidades de las personas con discapacidad y promover una real inclusión, es fundamental que cuenten con herramientas que les permitan valerse por sí mismas y en igualdad de condiciones que los demás.

3. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el tratado más importante ratificado por nuestro país, el cual establece los lineamientos principales para que las personas con discapacidad se encuentren en posibilidades de alcanzar un desarrollo sano e integral, siendo indispensable para lograr esto un cambio cultural, así como de visión en el que gobierno y sociedad, en conjunto, seamos conscientes de la necesidad de cumplir cabalmente estos derechos.

Este documento establece de manera clara y precisa que los Estados parte a través de los diferentes niveles de gobierno deben garantizar el desarrollo de programas que promuevan el respeto pleno a los derechos humanos, en virtud de que en la práctica no se les han dado los instrumentos para que puedan desenvolverse en un plano de igualdad dentro de la colectividad, de allí la importancia de que continuemos fortaleciendo el marco jurídico nacional para garantizar que sin distingos de gobiernos, la inclusión de las personas con discapacidad sea un principio que deba de contemplarse en su planeación gubernamental.

4. La presente administración ha expresado de manera contundente que la inclusión social es uno de los enfoques básicos sobre el cual se deben diseñar todas las acciones del Estado Mexicano, particularmente, tratándose del respeto de los derechos de las personas con discapacidad.

Por ello, reconociendo el trabajo y compromiso del Poder Ejecutivo a favor del respeto de los derechos de las personas con discapacidad, resulta preponderante que se garantice que estás acciones de Planeación Nacional vayan de la mano con estrategias a nivel Estatal que complementen y fortalezcan las acciones en favor de las personas con discapacidad.

De allí, atendiendo los retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad, la necesidad de cumplir con sus derechos adquiridos en tratados internacionales, pero sobre todo sumar esfuerzos con la administración pública federal y potenciar las acciones en materia de discapacidad, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a las Entidades Federativas, teniendo como marco el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a establecer en sus Planes locales de desarrollo, el diseño y fortalecimiento de programas a favor de la inclusión de las personas con discapacidad.

Notas

1 Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad

2 Véase: http://www.conadis.gob.mx, consultado el 19 de enero de 2015.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 21 de enero de 2015

Senadora Hilda Esthela Flores Escalera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias federales a promover acciones para lograr una conexión directa de servicios aéreos entre México y Hong Kong, suscrita por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, conforme a los siguientes

Considerandos

Hong Kong representa hoy una de las economías más atractivas de la inversión extranjera, tanto por su posición geográfica, como puerta entre oriente y occidente, como por el alto desarrollo de su infraestructura física y financiera.1

Hong Kong tiene el segundo mercado bursátil más relevante del continente asiático, sólo detrás de la bolsa de valores de Tokio, Japón. Esa situación resulta vital para México al pensar en captar las inversiones de Asia-Pacífico.

Además, Hong Kong es la principal puerta de entrada y salida del comercio que tiene México y el resto del mundo con China.

México es el segundo mayor socio comercial de Hong Kong2 en América Latina.

En la relación México-Hong Kong, es importante destacar que los lazos de amistad y cooperación se han intensificado durante los últimos años, con avances importantes en las relaciones diplomáticas, en diversos ámbitos, para fortalecer y fomentar las relaciones comerciales.

Así por ejemplo, el 18 de junio de 2012, México y Hong Kong suscribieron el “Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta”. El instrumento busca fomentar las inversiones comerciales entre los dos países y combatir la evasión fiscal (hecho que convirtió a México en el primer país latinoamericano en firmar un tratado así con la antigua colonia británica).

Asimismo, desde 2007 ambos países celebraron el “Convenio entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China Relativo a los Servicios Aéreos”, vigente a partir de 2008, con el propósito de establecer rutar aéreas comerciales directas que conecten a México con Hong Kong.

En este camino de continua y creciente colaboración y crecimiento para los dos países, resulta fundamental continuar realizando las acciones necesarias que faciliten continuar por la misma ruta de cooperación.

Lamentablemente y pese al acuerdo celebrado relativo a servicios aéreos de interconectividad, hoy en día no existen servicios aéreos directos entre México y Hong Kong; situación que representa una limitante grave para la transportación de los ciudadanos mexicanos que desean visitar Hong Kong y de los hongkoneses que deseen visitar México; y naturalmente representa una barrera para el desarrollo en el intercambio comercial, turístico, cultural, y muchas otras áreas.

Actualmente, la única forma de conectar a México con Hong Kong, vía aérea, es a través de rutas creadas con diversos tramos aéreos, con escalas que se traducen en largas horas de trayecto, y en viajes sumamente cansados y costosos, que lejos de incentivar las visitas entre ambos países, desalientan a los ciudadanos mexicanos y hongkoneses.

El establecimiento servicios aéreos de interconectividad México-Hong Kong, representa una valiosa oportunidad para fortalecer las relaciones entre ambos destinos, el intercambio cultural, comercial, y turístico; sin duda, la creación de rutas aéreas se traduce en un mayor flujo de turistas e inversionistas, y con ello en un mayor desarrollo del país.

Por ello, el gobierno mexicano debe reaccionar e implementar las acciones necesarias que permitan hacer realidad el establecimiento de servicios aéreos directos entre México y Hong Kong, y paralelamente fortalecer las estrategias de promoción y difusión de las riquezas nacionales y de los destinos turísticos en la región Asia-Pacífico, particularmente en Hong Kong.

Por todo lo expuesto pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los secretarios de Comunicaciones y Transportes, y de Relaciones Exteriores a implantar las acciones que permitan lograr una conexión directa de servicios aéreos entre México y Hong Kong.

Segundo . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la secretaria de Turismo a incrementar las acciones de promoción y difusión de las riquezas y los destinos turísticos nacionales ante Hong Kong y los demás países asiáticos con que México mantiene relaciones diplomáticas y comerciales.

Notas

1 Hong Kong Asia’s World City.

2 Agustina Rodríguez Alegría. El comercio de Hong Kong y su relación con México .

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2015.

Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la actuación del gobierno en las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Tlatlaya, México; y Ayotzinapa, Guerrero, suscrita por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestro país sufre una grave crisis en materia de seguridad y de derechos humanos, que se ha recrudecido ante una equivocada política de combate a la delincuencia y de atención a los problemas sociales. Las y los mexicanos han levantado la voz en reiteradas ocasiones para exigir un alto a esta situación y clamar por un nuevo rumbo en todo el país. Los representantes del estado debemos ser sensibles a estas voces y tomar las decisiones que permitan garantizar el bien de todas y todos.

I. Tlatlaya

En nuestra memoria deben seguir presentes los hechos ocurridos hace más de seis meses en Tlatlaya, estado de México, donde 22 personas fueron muertas por el Ejército, a modo de una ejecución extrajudicial. En este caso, la respuesta del estado fue inadecuada al intentar engañar sobre los hechos para mantener una buena percepción de nuestro país. En ese caso, al llegar la Procuraduría estatal, no se preservó el lugar de los hechos e incluso se mantuvo la versión de que las muertes habían sido provocadas por un “enfrentamiento” entre soldados y una presunta banda de secuestradores y narcotraficantes pertenecientes al cártel de los Guerreros Unidos.

Estos hechos sólo salieron a la luz cuando la prensa internacional informó el 11 de julio que las 22 personas fueron ejecutadas por el ejército y que no fallecieron durante un enfrentamiento. Asimismo advirtió que fueron secuestrados, torturados y ejecutados por elementos de las Fuerzas Armadas en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya1 . En ese momento, la Procuraduría General de la República atrajo la investigación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se retractó de su versión original que coincidía con la del Ejército y del gobierno del estado de México. Human Rights Watch afirmó que era poco creíble la versión de que sólo 3 soldados actuaron por cuenta propia para ejecutar a 22 personas y luego convencieron a todo el gobierno mexicano de que fue un tiroteo. Indicó que la investigación debería considerar adecuadamente las evidencias que señalan que militares habrían actuado de manera “irregular”2.

Cabe advertir que en agosto de 2008 ocurrió una matanza similar en ese municipio, donde murieron al menos 23 personas, incluyendo varios menores. Según el relato de Miguel Ángel Granados Chapa, horas después de la masacre, elementos del ejército recogieron los casquillos de las AR-15 y AK-47 y limpiaron la escena del crimen. Los soldados despojaron a los lugareños de sus celulares y los amenazaron: si denunciaban, sufrirían las consecuencias3 . Con ello se logró evitar la investigación de los lamentables hechos de 2008 y lograr que tan sólo algunas organizaciones tuvieran registro de lo sucedido.

En 2014 la situación fue diferente. Gracias a un reportaje difundido por la revista Esquire y la participación de los medios de comunicación, se forzó a una investigación contra elementos militares. Por esta razón, el 25 de septiembre, la Secretaría de la Defensa Nacional presentó a ocho elementos del Ejército, un oficial y siete elementos de tropa, como posibles responsables de la muerte de estas 22 personas, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial militar por “su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa; independientemente de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades civiles conforme a su competencia en el referido acontecimiento”3

Días más tarde, la Procuraduría General de la República confirmó que consignaría a tres militares implicados en los hechos de Tlatlaya, pues habían incurrido en exceso de fuerza4 . Según esta versión, las pruebas demuestran que los militares ingresaron en la bodega en la que se encontraban los 22 presuntos delincuentes y realizaron disparos después de un enfrentamiento con hombres armados, que duró entre 8 y 10 minutos. “Al cesar los disparos, ingresaron tres elementos militares y realizaron una secuencia nueva de disparos que no tiene justificación”5.

Por otra parte, en el marco del proceso de renovación de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, su entonces titular, Raúl Plascencia Villanueva, emitió la recomendación 51/2014. En ella, se prueban violaciones a derechos humanos por parte de miembros del Ejército, donde se alteró el lugar de los hechos y se fabricaron versiones de lo ocurrido. Cabe advertir que esta recomendación dista mucho de atender a cabalidad lo ocurrido.

II. Ayotzinapa

Horas antes de que la Procuraduría General de la República (PGR) pretendiera darle un nuevo giro al caso de Tlatlaya, en el sur profundo mexicano detonó otra crisis de seguridad pública de dimensiones inimaginables. El 26 y 27 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala, Guerrero, a unas tres horas del Distrito Federal, cercano también a la zona de Tierra Caliente del estado de México, y ante la presencia del 27 batallón de infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, fueron asesinados 6 jóvenes y secuestrados 43 normalistas del municipio de Ayotzinapa, Guerrero.

Desde entonces, para muchos observadores nacionales e internacionales había una conexión entre la matanza de Tlatlaya y los hechos en Iguala, Guerrero. El vínculo más claro entre ambos sucesos trágicos está en la presencia del cártel de los Guerreros Unidos en Tlatlaya e Iguala, así como su presunta capacidad de corrupción de los cuerpos policiacos y de los elementos del 27 Batallón de Infantería.

El 7 de noviembre de 2014, la Procuraduría General de la República realizó un relato público de los sucesos que presuntamente concluyeron en la ejecución múltiple de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos, en el basurero de Cocula, Guerrero. En este relato construyó la versión oficial de los hechos ocurridos la trágica noche de Ayotzinapa, sin precisar la manera en que murieron los 28 jóvenes, la duración de la hoguera ni la manera en que todo se mantuvo en el mayor sigilo. Al ser cuestionado sobre el papel del Ejército en las inmediaciones del sitio, el procurador se congratuló de que no hubieran participado porque hubieran respondido para “apoyar a la autoridad constituida” que era la policía municipal de Iguala. Su afirmación abrió un flanco muy peligroso en el otro expediente: Tlatlaya. ¿Respondieron los soldados que atacaron a 22 jóvenes en Tlatlaya a la petición de alguna autoridad?

El 14 de diciembre, el semanario Proceso difundió información obtenida de un documento del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Chilpancingo, Guerrero, del que se desprende que tanto elementos de la Policía Federal como integrantes del 27 Batallón de Iguala estuvieron al tanto de lo que aconteció esa noche del 26 y 27 de septiembre6 .

La PGR ha desestimado toda información que obligue a replantear y abrir las “líneas de investigación” sobre los sucesos de Iguala, Guerrero, y menos vincularlos con las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, estado de México, a pesar de los indicios que señalan la presencia de las mismas células del crimen organizado. Apenas el pasado 13 de enero de 2015, el titular de la Agencia de Investigación Criminal (ACI), afirmó que “se han agotado todas las líneas de investigación surgidas durante la indagatoria”7 y que en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sólo estaban involucrados policías municipales de Iguala y Cocula, así como integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. También afirmó que entre las 380 personas interrogadas por la PGR se encuentran 36 militares; no obstante “no existe ningún señalamiento directo contra integrantes del ejército”8 . Lo anterior, aún y cuando faltan los peritajes de los 16 restos humanos por parte de la Universidad de Innsbruck.

La desafortunada declaración sobre las líneas de investigación parece un intento por dar “carpetazo” a los sucesos de Iguala. Lo anterior, después de que padres y alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa acudieran a las instalaciones del cuartel del 27 Batallón de Infantería de Iguala y fueron agredidos por los propios militares. Ante estos hechos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentó denuncias de hechos ante la PGR por presuntas agresiones de 200 personas contra la Policía Militar “mediante el uso de extinguidores y lanzamiento de petardos, piedras y botellas que obtuvieron mediante la retención de un tráiler que transportaba cerveza”. No obstante, el secretario de Gobernación y el procurador, aceptaron que grupos civiles ingresen de manera ordenada y con respeto a las instalaciones militares, acompañados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos9.

Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos decidió reclasificar el expediente de Tlatlaya como “investigación de violaciones graves a derechos humanos” y determinó que, al menos con cinco de los 22 civiles ejecutados, los militares privaron de la vida a las víctimas con sus propias armas. Con esta reclasificación busca ejercer las facultades constitucionales de investigación. Es indispensable que la PGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) amplíen su investigación tanto de los sucesos en Tlatlaya, como en Iguala y agoten todos los posibles vínculos entre un suceso y otro.

La tensión con los familiares, alumnos y organizaciones sociales que están apoyando a las víctimas de Iguala, Guerrero, y quienes claman por esclarecer los hechos de Tlatlaya, no puede ser ignorada por este Congreso de la Unión. Mucho menos podemos dejar que las víctimas ahora se conviertan en presuntos agresores de instalaciones militares.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe el presente como de urgente resolución:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a abrir una línea de investigación respecto de los hechos ocurridos en Tlatlaya y Ayotzinapa en que, a partir de los indicios que señalan la presencia de un mismo grupo de la delincuencia organizada, se defina si ambos están vinculados.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a agotar todas las líneas de investigación existentes y, aquéllas que deriven de la información proporcionada por medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil relacionadas con los hechos acaecidos en Tlatlaya y Ayotzinapa.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que, a partir del seguimiento a la recomendación 51/2014 y de la información descubierta hasta el momento se valore la expedición de una nueva recomendación que permita atender los hechos ocurridos en Tlatlaya bajo la nueva clasificación de violaciones graves a derechos humanos y ahonden en la atención de las víctimas.

Notas

1. “Tlatlaya, primera gran masacre del gobierno de EPN, según HRW, se vuelve tema mundial” en sin embargo.mx: periodismo digital con rigor, http://www.sinembargo.mx/19-09-2014/1121286, 19 de septiembre de 2014, consultado el 22 de septiembre de 2014

2. Idem

3. Granados Chapa, Miguel Ángel, “Matanza Silenciada” en Reforma, 9 de octubre de 2008, en Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa, http://catedragranadoschapa.cua.uam.mx/secciones/noticias/tlatlaya.html , consultado el 15 de enero de 2015

4. Muedano, Marcos y Alcántara, Liliana, “En Tlatlaya, ejecuciones, admite PGR” en El Universal, 1 de febrero de 2014, http://www.eluniversal.com.mx/impreso/wportada_20141001.pdf, consultado el 15 de enero de 2015

5. Ídem

6. Hernández, Anabel y Fisher, Steven, “La historia no oficial” en Proceso, 14 de diciembre de 2014, n. 1989, pp. 6-11

7. “Las líneas de investigación por el caso Iguala, “agotadas”: PGR” en La Jornada, 14 de enero de 2015,

http://www.jornada.unam.mx/2015/01/14/politica/003n1pol, consultado el 15 de enero de 2015

8. Idem

9. Martínez, Fabiola, “La Sedena invita a la CNDH a visitar el cuartel de Iguala” en La Jornada, 15 de enero de 2015, http://www.jornada.unam.mx/2015/01/15/politica/003n1pol, consultado el 15 de enero de 2015

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.

Senadora Dolores Padierna Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del Metro a realizar trabajos de rehabilitación en las líneas 6 y 7, suscrita por el senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, Pablo Escudero Morales, senador de la república de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 87, numeral 1 , 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro a realizar con la brevedad los trabajos de rehabilitación, actualización y mantenimiento de trenes e instalaciones de la línea 6 y 7 del Metro, con base en los siguientes

Antecedentes

La mañana del jueves 18 de diciembre de 2014, un tren del Servicio de Transporte Colectivo Metro se descarriló de las vías de la zona de talleres, en la estación El Rosario, terminal de las líneas 6 y 7, al derribar una barda y detenerse con medio vagón en el aire por encima de una bodega aledaña a la zona.1

Más tarde, el Sistema de Transporte Colectivo informó2 que el tren con motrices 221/222, al desplazarse en la zona final del taller de la estación El Rosario de la línea 7, no frenó de forma adecuada y derribó una barrera de contención al final de la vía, conocida como “tapón de vía”, provocando, únicamente, daños materiales, ya que el incidente ocurrió en vías secundarias.

Asimismo, mediante un comunicado de prensa, el Sistema de Transporte Colectivo informó3 el 18 de diciembre que abrió un expediente para determinar las causas del incidente ocurrido en la estación El Rosario, debido a que el convoy no alcanzó a detenerse, como lo explicó el ingeniero Solay Zyman, subdirector general de Operación, quien señaló que el Comité para la Investigación de Incidentes Relevantes reuniría todos los elementos para conformar un dictamen que estableciera las causas del accidente.

Ahora bien, el 20 de octubre de 2014, cientos de usuarios que viajaban en la línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro fueron desalojados del tren en el que viajaban ya que se estaba quemando una de las llantas.4 Durante los meses de julio a septiembre el Metro tuvo más de 15 suspensiones de gravedad de su servicio, en trenes de las líneas 1, 3, 5, 6, 7 y A del Metro, ya sea por fallas técnicas, eléctricas o mecánicas e incluso por conductores en estado de ebriedad.5

Es importante recordar que el director general del Servicio de Transporte Colectivo ha manifestado que cada día se retiran de circulación 3 trenes por desperfectos en sus sistemas de tracción-frenado, o bien, por problemas en la apertura y cierre de sus puertas; y que el Metro suspende sus servicios debido a fallas en su funcionamiento, entre 15 y 20 ocasiones, por tiempos menores a 10 minutos, y entre 2 y 3 suspensiones con lapsos mayores de 10 minutos, aproximadamente.6

El 13 de agosto de 2014, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó7 la creación del Fideicomiso Maestro Irrevocable y de Administración, para afectar y/o gravar como garantía o fuente de pago, los ingresos provenientes del aumento a la tarifa aplicado desde inicios del presente año,8 y el 17 de octubre de 2014, el jefe de gobierno del Distrito Federal anunció9 la conformación del Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago para el Programa de Mejoramiento del Sistema de Transporte Colectivo, con un monto de 2 mil millones de pesos destinados, entre otras cosas, a la revisión y actualización de trenes de las líneas 6 y 7, entre otras.

La Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, cuyo objeto es regular y controlar la prestación de los servicios de transporte de pasajeros, para garantizar su adecuada utilización y la seguridad de los usuarios, establece que el Sistema de Transporte Colectivo Metro es organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual forma parte del Programa Integral de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, y por las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.10

Asimismo, la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, como dependencia de la administración pública centralizada,11 tiene la obligación de realizar todas aquellas acciones tendientes a que los servicios públicos de transporte de pasajeros, se lleven a cabo con eficiencia y eficacia, garantizando la seguridad de los usuarios,12 así como determinar la infraestructura de los servicios de transporte de pasajeros en la Ciudad de México, con base en estudios correspondientes, características y especificaciones técnicas.13

Finalmente, es importante destacar que el ordenamiento citado, señala que los usuarios tienen derecho a que el servicio público de transporte se preste en las mejores condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia.14

En tal tesitura, el Sistema de Transporte Colectivo Metro tiene la obligación de garantizar y salvaguardar la seguridad de sus usuarios, por lo que es necesario que lleve a cabo una revisión, mantenimiento y actualización integral de todas la infraestructura de sus instalaciones, principalmente de la línea 6 y 7, las cuales han presentado recurrentes problemáticas en su operación en los últimos meses, a fin de evitar una suspensión general como la ocurrida en la línea 12 (quien ha interrumpido sus operaciones por más de un año), o un infortunio de mayores proporciones, ya que actualmente cuenta con los recursos obtenidos gracias al incremento a la tarifa de viaje realizado el año precedente por el Gobierno del Distrito Federal.

Por ello, se propone a esta Comisión Permanente que exhorte al director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro a realizar con brevedad los trabajos de rehabilitación, actualización y mantenimiento de trenes e instalaciones de la línea 6 y 7 del Metro.

Considerando

I. Que como senador de la república, electo por el Distrito Federal, considero que es imprescindible poner un alto a las repetidas suspensiones que aquejan al servicio que brinda el Sistema de Transporte Colectivo, pues resulta necesario poder garantizar plenamente la seguridad de los usuarios que viajan en el Metro de la Ciudad de México, antes de que una catástrofe de mayores proporciones suceda.

II. Que el artículo 118, fracción VII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, establece que para el desarrollo y bienestar social en la Ciudad de México, la administración pública debe tomar en cuenta el transporte público, entre otras materias.

III. Que la administración pública del Distrito Federal es centralizada, desconcentrada y paraestatal15 y el Sistema de Transporte Colectivo es un organismo público descentralizado que forma parte de la Administración Pública Paraestatal, de conformidad a la fracción I del artículo 20 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal.

IV. Que la fracción II del artículo 99 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, los organismos descentralizados tienen por objeto principal, la generación de bienes y la prestación de servicios públicos o sociales prioritarios para el funcionamiento de la Ciudad de México y la satisfacción de las necesidades colectivas.

V. Que el artículo 3 de la ley señala que la prestación de los servicios públicos de transporte en el Distrito Federal es de utilidad pública e interés general, cuya obligación de proporcionarlos corresponde a la administración pública, ya sea a través de empresas de participación estatal u organismos descentralizados,

VI. Que el artículo 1 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal establece que la administración pública del Distrito Federal tiene la responsabilidad de asegurar, controlar, promover y vigilar que los servicios de transporte de pasajeros, se efectúen con apego a la normatividad aplicable en la materia.

VII. Que el artículo 94 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal señala que habrán de establecerse las medidas necesarias que garanticen al usuario la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, implementando los mecanismos o infraestructura que salvaguarden su seguridad personal.

VIII. Que el artículo 7, fracción III, de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, determina que la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal tiene la facultad de realizar todas aquellas acciones tendientes a que los servicios públicos y privados de transporte de pasajeros, además de llevarse a cabo con eficiencia y eficacia, garanticen la seguridad de los usuarios.

IX. Que el artículo 101 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, establece que todos los usuarios tienen derecho a que el servicio público de transporte sea prestado en las mejores condiciones de seguridad comodidad higiene eficiencia.

X. Que el Senado de la República debe tomar las medidas correspondientes, dentro del través de la eficiente prestación de servicios de transporte público en la Ciudad de México, mediante el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República del honorable Congreso de la Unión exhorta al director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro a realizar con brevedad los trabajos de rehabilitación, actualización y mantenimiento de trenes e instalaciones de la línea 6 y 7 del metro.

Notas

1 Descarrila tren del Metro en El Rosario; no hay heridos, El Universal, sección Metrópoli, 18 de diciembre de 2014.

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/desc arrila-tren-del-metro-en-el-rosario-no-hay-heridos-1062810.html.

2 Tren rebasa tope en zona de maniobras del taller El Rosario’, tarjeta informativa El Rosario, Sistema de Transporte Colectivo, 18 de diciembre de 2014. http://www.metro.df.gob.mx/comunicados2/detalleComunicados.html?id_comu nicado=1 086.

3 Investiga STC incidente ocurrido con un tren en talleres El Rosario, comunicado de prensa STC/157/2014, Sistema de Transporte Colectivo, 18 de diciembre de 2014. http://www.metro.df.gob.mx/comunicados2/detalleComunicados.html?id_comunicado=1087.

4 Desalojan tren L3 Metro quemadura llanta, El Universal, sección Metrópoli. hltp://www.eluniversal.com.mx/ciudad­metropoli/2014/desalojan-tren-13-m etro-quemadura-llanta-1047547.html.

Atiende STC incidente en Juárez’, tarjeta informativa del Sistema de Transporte Colectivo, 20 de octubre de 2014. hltp://www.metro.df.gob.mx/comunicados2/detalleComunicados.html?id_comu nicado= 1 046.

5 Hila Metro cadena de fallas, Reforma, sección ‘Ciudad, 18 de septiembre de 2014. www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=339914.

6 Seguirá Metro fallando ¡durante 4 años!, Reforma, sección ‘Ciudad’, 23 de septiembre de 2014.

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.asp x?id=347956.

7 Aprueba ALDF Fideicomiso Maestro para atender prioridades del STC-Metro, Comunicación Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 13 de agosto de 2014. http://www.aldf.gobmx/comsoc-aprueba-aldf-fideicomiso-maestro-atender-p rioridades-stc-metro-­18886.html.

8 Acuerdo por el que se emite resolución que determina el importe de la tarifa aplicable al Sistema de Transporte Colectivo (Metro), publicado el 7 de diciembre de 2013, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, número 1750, página 3 [http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/52a2adfd170 60.pdf]

9 Anuncia Mancera Fideicomiso de 2 mil millones de pesos y convocatorias a licitaciones para modernización del STC Metro’, Coordinación General de Comunicación Social, 17 de octubre de 2014. http://www.noticiasdetuciudad.df.gob.mxl?p=85289

10 Artículo 20, fracción 1, de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal.

11 Artículo 2, Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

12 Artículo 7, fracción III, de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal.

13 Artículo 7, fracción XXXIV, de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal.

14 Artículo 101 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal.

15 Artículo 2, Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Sexagésima Segunda Legislatura, a veintiuno de enero de dos mil quince.

Senador Pablo Escudero Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJDF a investigar y resolver el caso de Ti Kip Fernández Vilchis, quien falleciera tras ser atropellada por el Metrobús en la Ciudad de México, suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

A través de la plataforma change.org , Luz del Carmen Vilchis Esquivel denunció que el 9 de enero de 2014, su hija Ti Kip Fernández Vilchis “falleció atropellada por el Metrobús en la línea de Insurgentes, a la altura de la calle de Encanto, a unos metros de la estación Olivo”.1

Sin embargo, corrompieron el expediente en la fiscalía de Álvaro Obregón. El que fuera un dictamen inicial de Semefo que describía que mi hija no tenía restos de drogas ni alcohol, fue sustituido por un documento espurio en el que se afirma que conservaron un fragmento de su hígado para emitir un informe posterior en el cual dicen que el órgano revela un porcentaje de 85/100 de alcohol.2

Aunado a ello, la denunciante alega que el expediente está formado con una serie de elementos falsos, a la par de que no se realizaron las pruebas correspondientes a la unidad del Metrobús, y la pérdida de los cinco videos que contenían las pruebas fundamentales para corroborar el atropellamiento de la joven de 31 años.

Hay varios casos de atropellamiento donde las víctimas han perdido la vida. Por ejemplo, en octubre pasado, Omar Godoy Cabadilla de 25 años, falleció tras haber sido arrollado por la unidad 067 de la línea 2 del Metrobús, mientras paseaba a sus mascotas.3

Por su parte, el pasado mes de mayo “la unidad del Metrobús, identificada con el número económico 0018, atropelló a una mujer de 72 años, quitándole la vida. Esto sucedió al sur de la avenida Insurgentes, en la colonia Actipan, cerca de Barranca del Muerto”.4

O en abril pasado, “un hombre de la tercera edad murió tras ser arrollado por una unidad de Metrobús de la Línea 4; en el cruce del Eje 5 Oriente, Javier Rojo Gómez, y la calle Río Florido, en la colonia Doctor Alfonso Ortiz Tirado, Iztapalapa”.5

Sin embargo, el caso de Fernández Vilchis resulta alarmante ya que según su madre se alteraron las pruebas de los hechos y, por ende, de un real ejercicio de justicia. Por ello, abogando por la exigencia de justicia que hace Luz del Carmen Vilchis Esquivel por su hija Ti Kip Fernández Vilchis, presentamos a esta asamblea el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a investigar y resolver de manera expedita y con estricto arreglo a la ley el caso de Ti Kip Fernández Vilchis.

Notas

1 1 Change.org, “Justicia para mi hija muerta, atropellada por Metrobús” [en línea], México. Dirección URL: http://chn.ge/1zsdf0o

2 Ídem.

3 El Universal, “Salva a su perro, pero él muere atropellado” [en línea], México. Dirección URL: http://www.eluniversaldf.mx/iztacalco/salva-a-su-perro-pero-el-muere-at ropellado.html

4 Revolución tres punto cero, “Metrobús atropella a mujer de 72 años” [en línea], México. Dirección URL: http://revoluciontrespuntocero.com/metrobus-atropella-a-mujer-de-72-ano s/

5 El Universal, “Atropella Metrobús a adulto mayor en Rojo Gómez” [en línea], México. Dirección URL: http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/atropella-metrobus- a-adulto-mayor-en-rojo-gomez-1007094.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2015.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP a informar trimestralmente al Congreso de la Unión sobre la implantación de las recomendaciones formuladas por la OCDE, suscrita por la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La diputada María Sanjuana Cerda Franco, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 8 de enero de 2015, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó a la nación respecto del documento denominado Estudios económicos de la OCDE México Enero 2015 .

En el citado documento, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), encargada de agrupar a 34 países miembros y promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo, hace un análisis pormenorizado de la situación económica de México basado en: a) Estimular la recuperación macroeconómica; b) Reformas estructurales para impulsar el crecimiento y reducir la informalidad; c) Compartir los frutos del crecimiento.

La publicación de la OCDE reconoce, por un lado, la serie de medidas normativas aprobadas por el Poder Legislativo y, por otra, la coyuntura económica adversa ante la cual se ponen a prueba las mismas. Asimismo, señala que:

“México se enfrenta a adversidades externas, en particular la disminución de los precios del petróleo y el anuncio del endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos. De ahí que en el corto plazo sea fundamental la total implementación de las reformas a fin de gozar de los beneficios de una recuperación firme y sostenida. Para ello será necesario contar con un fuerte compromiso político y que se fortalezca aún más la capacidad administrativa. A futuro, las reformas complementarias podrían ir más lejos, para resolver los cuellos de botella estructurales que persistan: con la adopción de las mejores prácticas de la OCDE sería posible aumentar el crecimiento potencial en otro punto porcentual anual. La percepción generalizada de corrupción, la gobernanza administrativa endeble y una insuficiente aplicación de las leyes constituyen problemas serios que desalientan la inversión y promueven la informalidad.”

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hemos fomentado regular las disposiciones que propician que los que más ingresos tienen, aporten proporcionalmente más al erario público. Igualmente es necesario actualizar la legislación tributaria para evitar y sancionar prácticas de elusión y evasión de impuestos, porque así vamos subsanando una de las principales debilidades de nuestro sistema tributario, que es la falta de certeza, control y previsión.

El documento en cita, proyecta una notable mejoría en el crecimiento del PIB, que llegará casi a 4% en 2015. Es previsible el fortalecimiento de la confianza de los inversionistas conforme se fortalezca la demanda externa, gracias a la recuperación de Estados Unidos y al estímulo fiscal (0.5% del PIB en 2014).

Bajo dicho contexto emitieron las siguientes recomendaciones:

Reformas para impulsar el crecimiento y reducir la informalidad

El Pacto por México es un audaz paquete de reformas cuya finalidad es mejorar las condiciones económicas, impulsar el crecimiento y reducir la informalidad. Estas reformas, que pasaron por el proceso legislativo, deberían ponerse en marcha plenamente, supervisarse de cerca, evaluarse con regularidad y, de ser necesario, ajustarse de manera adecuada. En ciertas áreas deberían plantearse reformas adicionales.

• Concentrarse en implementar cabalmente el paquete de reformas bajo una atenta supervisión al más alto nivel político, y afianzar la calidad de la capacidad administrativa y de la gobernanza en todos los órdenes de gobierno.

• Reformar las instituciones de justicia, consolidar el Estado de derecho, abordar los problemas de seguridad y reducir la corrupción generalizada con reformas orientadas a la eficacia de las resoluciones judiciales en materia civil, comercial y penal, y reforzar la transparencia de las licitaciones públicas.

• Mejorar y simplificar el acervo actual de regulaciones, así como su calidad, a nivel local, estatal y nacional.

• Eliminar gradualmente las restricciones a la propiedad y al traspaso de tierras ejidales y, al mismo tiempo, brindar más apoyo al ingreso rural y al acceso al financiamiento.

Compartir los frutos del crecimiento

El elevado nivel de desigualdad ha conducido a muchas familias a la pobreza, con poco acceso a educación y a atención médica de calidad, lo cual afecta las perspectivas de crecimiento de largo plazo. Las reformas recientes ayudarán, pero serán necesarios mayores esfuerzos.

• Mejorar la equidad y la eficacia del gasto en educación mediante su reorientación hacia la educación preescolar, primaria y secundaria. Concentrarse en mejorar la calidad de la docencia.

• Promover el acceso a atención médica de calidad a través de una mayor coordinación entre las instituciones de salud, a fin de reducir las redundancias; en especial, fomentar el intercambio de servicios entre redes de atención médica.

• Favorecer una mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral formal mediante un mejor acceso de niños menores de tres años a guarderías de calidad, y ampliar las políticas orientadas al mejoramiento del mercado laboral.

• Aprobar las iniciativas de ley de seguro de desempleo y pensión universal a fin de proteger del riesgo de pérdida de ingresos a quienes buscan empleo y a las personas de mayor edad, así como para reducir la desigualdad.

• Expandir al máximo el nuevo programa Prospera, de transferencias de efectivo, para ayudar a sus beneficiarios a ampliar sus capacidades, concluir sus estudios, incorporarse al sector formal y conseguir empleos bien remunerados.

Nueva Alianza reconoce que las observaciones de la OCDE, constituyen el reflejo de la serie de Reformas Estructurales que modificaron el sistema normativo nacional, mismas que se vinculan y relacionan unas con otras, pues no podemos dejar de lado que el sistema jurídico nacional es monolítico, y únicamente se encuentra dividido en materias para su estudio, pero constituye una unidad sólida en nuestro país.

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza es partícipe de que el Estado deba jugar un papel complementario o compensatorio a partir de un compromiso social verdadero. No podremos decir que las Reformas Estructurales son exitosas, mientras no generen una redistribución del ingreso en favor de los grupos sociales más vulnerables.

Una de las recomendaciones citadas y que guarda especial interés con la Agenda del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, es la relacionada con culminar la reforma en materia de Pensión Universal y el Seguro de Desempleo, pues constituyen una necesidad ineludible, en el marco de las recientes reformas de flexibilización laboral. Si se flexibiliza el mercado laboral, tenemos que proteger a los trabajadores y a la población en general con la ampliación de los derechos sociales; el fortalecimiento de un rubro de la seguridad social, no debe debilitar otro, porque se afecta la integralidad de la seguridad social.

En Nueva Alianza consideramos que las grandes reformas deberán generar el crecimiento económico esperado e incrementar sustancialmente la recaudación fiscal del Estado, de tal manera que los beneficios se canalicen a financiar las políticas de protección social como el seguro de desempleo y la pensión universal. Ejemplo de lo anterior es reconocer que la reforma hacendaria ha permitido un incremento sustancial de los ingresos fiscales, que crecieron 6.1% en los primeros tres trimestres de 2014 y se espera que aumenten 7.5% en 2015.

Bajo dicha línea del pensamiento, las Reformas Estructurales y principalmente la Reforma Hacendaria entendida en sentido amplio, que incluye las Reformas Energética, Fiscal, Financiera, y Laboral, mismas que afecta directamente el financiamiento del Estado, solo podrán rendir los resultados esperados, si todos nosotros asumimos el compromiso de vigilar la correcta aplicación de las disposiciones, de evaluar el desempeño del sistema tributario y financiero, así como fortalecer la capacidad regulatoria del Estado y preservar los elementales márgenes de soberanía nacional.

El Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2015, fue definido en medio de presiones considerables, tanto nacionales como internacionales, derivado principalmente del ajuste al precio del barril de petróleo pasando de 82 dólares propuesto por el Ejecutivo, a 81 dólares propuesto por la Cámara de Diputados, hasta llegar a los 79 dólares propuestos por el Senado.

En pocas ocasiones, el Congreso ha tenido que ajustar a la baja el precio del barril de petróleo, situación que ahora ha ocurrido y que nos obliga a una revisión profunda del andamiaje estructural de los ingresos del Estado mexicano. Es imperioso que las reformas estructurales comiencen a detonar el crecimiento económico, para que las finanzas públicas sean cada vez menos dependientes de los ingresos petroleros.

Por otro lado, debemos reconoce que se debe ser prudente respecto del endeudamiento como fuente de financiamiento del gasto público, ya que siempre se corre el riesgo de que la inercia del gasto público, incorpore el instrumento del déficit como un componente constante para complementar los ingresos públicos.

Esta situación podría generar una dinámica nociva, que consiste en hacer sistemático el endeudamiento público para financiar las obligaciones del Estado; sobre todo si el gasto público tiende a concentrarse en gasto corriente y no en la inversión en desarrollo de infraestructura o en desarrollo social. México es uno de los seis países que tienen el nivel de deuda pública más cercano al rango de “prudencia” que garantizaría certidumbre. Sin embargo, México ya padeció fenómenos desastrosos en el pasado reciente, y el legislativo debe implementar los mecanismos para evitar la vuelta de esos escenarios.

Derivado de lo anterior Nueva Alianza, hace un llamado al Ejecutivo Federal para continuar fortaleciendo, el sistema financiero mexicano, el régimen tributario, y en general las Finanzas Públicas del país tanto en sus componentes nacionales, como en sus conexiones internacionales, con el objeto de generar condiciones de competencia que permitan mayor crecimiento económico y bienestar social.

En consecuencia se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informen trimestralmente Congreso de la Unión al respecto de la implementación de las recomendaciones hechas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el documento denominado Estudios económicos de la OCDE México Enero 2015.

Sin que lo anterior violente de ninguna manera el respecto a la soberanía nacional, procurando adecuar la serie de observaciones y recomendaciones al sistema jurídico mexicano en lo que resulta competencia y procedente.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente se somete a la consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir un informe trimestral al Congreso de la Unión al respecto de la implementación de las recomendaciones hechas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el documento denominado Estudios económicos de la OCDE México Enero 2015 , con pleno respeto de la Soberanía Nacional y que sean competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de enero 2015.

Diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del DF a dar mantenimiento oportuno a las escaleras del Metro y facilitar la movilidad de las personas adultas mayores y con capacidades diferentes, suscrita por la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Elvia María Pérez Escalante, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Todos sabemos que las personas adultas mayores y las personas con discapacidad encuentran serias limitantes en cuanto a su movilidad en las calles y avenidas de la ciudad, pero más aún en los sistemas de transporte.

Tal es el caso del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en el que ven disminuida y a veces, prohibida su capacidad de transportación por diversos factores, entre los que destaca su desplazamiento por las escaleras que les resultan, en muchas de las estaciones, interminable y a veces inalcanzable subir y subir hasta la salida, debido esto a que las escaleras electromecánicas dejan de prestar el servicio.

Recientemente ha entrado en operación el denominado “Fideicomiso Maestro del Metro”.

El diagnóstico que institucionalmente reconoce en lo relativo a la accesibilidad y movilidad es el siguiente:

Se reconoce que existe deterioro de la infraestructura por desgaste natural, obsolescencia y averías frecuentes que requieren de mantenimiento correctivo, lo que afecta la calidad del servicio.

Se reconoce que los equipos son obsoletos lo que impacta de manera relevante el servicio a los usuarios en cuanto a accesibilidad, movilidad y seguridad.

En lo que se refiere a accesibilidad se reconoce que se hace más evidente cuando los usuarios no pueden subir y bajar escaleras fijas, como es el caso de las personas adultas mayores y personas con discapacidad, que al encontrar las escaleras electromecánicas fuera de servicio que, por obvia razón, no pueden utilizar.

Se reconoce también que estas personas se ven obligadas a optar por otro medio de transporte o a esforzarse a subir y bajar por sí mismos, afectando así su salud y su seguridad inclusive, por el riesgo de sufrir un accidente.

Los usuarios, se advierte, se ven afectados en su circulación dentro de las estaciones a través de las escaleras electromecánicas puesto que por la indisponibilidad de éstas se hace más lenta la movilidad y se saturan las escaleras fijas, provocando en ellos estrés e incomodidad y retraso en sus tiempos de traslado.

En cuanto a la seguridad de los usuarios, aspecto muy importante sobre todo para las personas adultas mayores y personas con discapacidad, se advierte también, que durante su circulación en las estaciones a través de las escaleras electromecánicas, la seguridad se ve afectada por el grado de deterioro de las mismas, pudiéndose generar paros intempestivos y por consecuencia, caída de los usuarios.

Se precisa en la información del fideicomiso que los equipos de las escaleras electromecánicas han sobrepasado los 20 años de vida útil estimada para su uso y que, por tal razón los equipos presentan componentes vitales con desgaste significativo como son escalones, ejes principales, sistemas de tracción de pasamanos, cadenas de escalones, placas portapeines, etcétera, que ponen en riesgo la seguridad del público usuario, y presentan fallas repetitivas que reducen la disponibilidad y operación de los equipos; escaleras que se ubican en estaciones de mayor afluencia.

Se informa en la página del Fideicomiso Maestro del Metro, que hasta la fecha, se han instalado 466 escaleras electromecánicas en toda la red, de las cuales 62 han llegado al final de su vida útil y así también, los componentes principales de 219 más, por lo que, la oferta se ve disminuida en 281 escaleras que no presentan condiciones óptimas de funcionamiento que aseguren una disponibilidad adecuada y seguridad en su uso; que solamente existen 185 escaleras que cumplen con las características de funcionamiento y seguridad, lo que representa un déficit de 281 escaleras, de las que 62 están totalmente fuera de condiciones óptimas de funcionamiento y de las 219 restantes sus principales componentes excedieron su vida útil.

El objetivo del proyecto, se dice, consiste en recuperar y mejorar la accesibilidad y el traslado de los usuarios dentro de 27 estaciones de las Líneas 1, 2, 3 y 7 de la red del sistema, con la instalación de 62 escaleras electromecánicas, lo que permitirá mejorar la calidad del servicio en los rubros de seguridad, confort y tiempo de traslado dentro de las estaciones, siendo las personas adultas mayores y personas con dificultad para subir y bajar escaleras fijas los principales beneficiados.

El proyecto consiste en la adquisición y sustitución parcial de equipos obsoletos que permitirán recuperar de forma parcial las variables de calidad que el Metro requiere para brindar el servicio de transporte para el que fue creado, Se pretende dar especial atención a las condiciones de accesibilidad, seguridad, tiempo de traslado de los pasajeros así como de confort, para coadyuvar al cumplimiento de la misión del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que consiste en “Proveer un servicio de transporte público masivo, seguro, confiable y tecnológicamente limpio; con una tarifa accesible, que satisfaga las expectativas de calidad, accesibilidad, frecuencia y cobertura para los usuarios, con transparencia, equidad y eficiencia logrando niveles competitivos a nivel mundial.

Así, se pretende sustituir 62 escaleras electromecánicas con más de 44 años de operación en las líneas 1, 2, 3 y 7 por escaleras modernas, con tecnología de punta y sistemas más eficientes mecánicos, eléctricos y de ahorro de energía, contemplando el retiro de las escaleras electromecánicas por sustituir; la readecuación de la obra civil; y, la instalación de las nuevas escaleras electromecánicas.

Pero lograrlo requiere de trabajo a desarrollar a futuro a cargo del Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Fideicomiso Maestro del Metro, que inició sus operaciones con dos mil millones de pesos, para cumplir once acciones de rehabilitación y modernización.

El hecho es que en la actualidad es necesario contemplar y atender, el mantenimiento a todas las escaleras electromecánicas que se encuentran con servicio deficiente o nulo, pero en forma oportuna, no solo para brindar calidad en el servicio, sino para atender eficazmente la demanda y el reclamo de las personas adultas mayores y personas con discapacidad, que día a día, transitan con su calidad de usuarios de este sistema de transporte, con todos los inconvenientes que se han relatado.

No omito manifestar que con el incremento de dos pesos por boleto para uso del Metro, se externó el compromiso de destinar una parte al mantenimiento de las escaleras electromecánicas.

Por otra parte, considero importante señalar que los derechos humanos de las personas adultas mayores y personas con discapacidad se encuentran tutelados por el artículo 1o. constitucional y los tratados internacionales.

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra dice:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Como puede observarse, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, quedando prohibida toda discriminación motivada por la edad, las discapacidades o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o el menoscabo de los derechos y libertades de las personas, lo que aplica a las personas adultas mayores y personas con discapacidad en el caso que nos ocupa.

Por lo expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de Unión exhorta respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal, a fin de que se proporcione mantenimiento oportuno a las escaleras eléctricas del Sistema Colectivo Metro para facilitar la movilidad de las personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Notas

http://www.metro.df.gob.mx/organismo/costoboleto.html

http://www.animalpolitico.com/blogueros-neoliberal-nel-l iberal/2013/12/09/aumento-del-metro-cambio-de-que/

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/12/08/932531

http://eleconomista.com.mx/distrito-federal/2013/11/16/a umento-tarifa-metro-mejorara-servicio-mancera

http://www.jornada.unam.mx/2013/12/07/edito

http://www.metro.df.gob.mx/imagenes/organismo/boleto/inf orme11compromisos.pdf

Sede de la Comisión Permanente, México, Distrito Federal, a 21 de enero de 2014.

Diputada Elvia María Pérez Escalante (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias federales a promover acciones para lograr una conexión directa de servicios aéreos entre México y Vietnam, suscrita por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con los siguientes

Considerandos

Las relaciones diplomáticas entre México y Vietnam se establecieron el 19 de mayo de 1975, y a partir de aquella fecha los lazos de amistad y cooperación bilateral en distintos campos han permitido avances importantes de desarrollo1 mutuo.

Como ejemplo basta recordar que en los últimos años se han firmado acuerdos sobre cooperación científica y tecnológica, educación y cultura, salud, turismo, supresión de visas en pasaportes diplomáticos y oficiales, y el establecimiento de un mecanismo de consultas bilaterales.

Todos estos acuerdos han sido el resultado de una relación de muchos años de acercamiento, de comunicación, de intercambio bilateral, lo cual ha fortalecido la relación entre ambas naciones, elevándola a un estadio de mayor cooperación2 y estrecho intercambio cultural y comercial.

Durante los últimos 39 años, los lazos entre ambos países han logrado frutos en diferentes sectores, principalmente en el comercio, donde el volumen de intercambio entre ambos países ha aumentado considerablemente. En 2012, por ejemplo, el intercambio comercial alcanzó los 795 millones de dólares.

Sin lugar a dudas la relación bilateral entre México y Vietnam es de suma importancia, por lo tanto es importante continuar trabajando para establecer nuevos elementos de cooperación, pero también para facilitar la comunicación entre ambos Estados.

En este orden de ideas, existen tres temas, principalmente, que sin duda alguna coadyuvarán en el impulso de las relaciones bilaterales entre México y Vietnam:

1. La supresión de requerimiento de visa.

2. Interconectividad aérea entre ambos países.

3. Fomento y difusión del turismo nacional en Vietnam.

1. La supresión de requerimiento de visa para ingresar al país

Actualmente los ciudadanos de Vietnam que desean visitar nuestro país, así como los mexicanos que pretenden visitar Vietnam requieren de visa expedida por los gobiernos de cada país, respectivamente, lo que en términos de comunicación bilateral constituye una barrera migratoria al limitar el flujo de turistas, el intercambio comercial y las inversiones.

Por lo tanto, es necesario eliminar esa barrera migratoria, a través de la suscripción de un acuerdo bilateral con Vietnam, de supresión de visas, con el propósito de que los ciudadanos de aquél país puedan visitar México sin el requisito de la visa en el filtro de revisión migratoria, y a su vez, los mexicanos que deseen viajar a Vietnam puedan hacerlo sin el requisito de visa.

El gobierno mexicano, debe coadyuvar con esta medida, en virtud de la importancia de fomentar la cooperación internacional, estimular el turismo y los intercambios comerciales y culturales entre México y Vietnam.

2. Interconectividad aérea entre ambos países

Actualmente no existe una conexión directa de servicios aéreos entre ambos países, lo que constituye una barrera para el flujo de visitantes vietnamitas, que desean ingresar a nuestro país, y de nuestros connacionales que pretenden viajar a Vietnam. Actualmente visitar aquel país y regresar, implica realizar toda una travesía; se viaja a través de distintos tramos o rutas aéreas, a costos sumamente elevados y con largas horas de viaje e incomodidades para los viajeros. No existen rutas directas entre ambos países con un lapso de tiempo de viaje corto, a costos bajos y cómodos para los viajeros.

No se puede continuar en esa situación, máxime que en la actualidad, gracias a las tecnologías de comunicación es posible realizar dicho viaje en una fracción de tiempo relativamente corta.

Por estas razones es necesario que el gobierno mexicano, en coordinación con el gobierno de Vietnam implemente las acciones necesarias para el establecimiento de servicios aéreos directos.

Para darnos una idea de la importancia de del establecimiento de rutas directas entre nuestro país y aquellos países con los cuales mantiene vínculos de amistad, basta conocer algunas de las cifras más recientes del Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM) del Instituto Nacional de Migración (INM). Tan solo en el lapso de enero-abril de 2014 se registraron 4 millones 813 mil 666 visitantes foráneos a nuestro país por vía aérea, cifra 10.5 por ciento mayor a los 4 millones 356 mil 710 que se observaron en igual plazo en el 2013.3 Es decir, México es un destino turístico mundial que merece ser fortalecido.

En el caso particular del flujo turístico Vietnam-México, de conformidad con el reporte de llegada de visitantes vía aérea por nacionalidad, del Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM) del Instituto Nacional de Migración, muestra que en 2005 ingresaron al país 282, y en 2014 lo hicieron 1,160, es decir el número de visitas se incrementó considerablemente, a pesar de las barreras de interconectividad aérea existentes. Prueba contundente para trabajar en el establecimiento de servicios aéreos directos entre ambos países.

Todos estos datos reflejan la urgencia de implementar acciones para generar vías de comunicación directa entre México y Vietnam; es una necesidad de nuestra nación y una obligación del gobierno federal de solucionarla.

3. Fomento y difusión del turismo nacional en Vietnam

Como es bien sabido, México es uno de los destinos turísticos más importantes en el mundo, por tanto, continuar fomentando la difusión del mismo en el exterior es una tarea primordial del gobierno federal; recordemos que el turismo es una de las industrias más importantes para generar el crecimiento sostenido de muchos países, particularmente de México, lo que demanda estrategias de promoción y difusión eficaces.

Para darnos una idea, basta observar algunas cifras del Banco de México (Banxico), el cual informó que el ingreso de divisas por turistas internacionales durante los primeros cinco meses del año pasado creció casi 17 por ciento, con respecto al mismo periodo de 2013.

En el reporte de enero a mayo de 2014, el Banxico señala que se alcanzó la cifra de 7 mil 22 millones de dólares, esto es, 19.7 por ciento superior a lo captado en igual lapso del año que precede, que fue de 6 mil 15 millones de dólares.

Aunado a esto, el flujo de turistas internacionales también mostró un significativo incremento, 19.2 por ciento mayor a lo registrado en igual periodo de 2013, al contabilizarse 11.7 millones de personas.

En este contexto, es indudable la importancia de continuar fomentando las riquezas nacionales y los destinos turísticos de nuestro país; sin duda alguna, pilar fundamental para el desarrollo económico de México.

Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto de que mediamente las acciones y los mecanismos diplomáticos conducentes suscriban un acuerdo bilateral con Vietnam de supresión de visas, con el propósito de fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre México y Vietnam.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo, a incrementar las acciones de promoción y difusión de las riquezas y los destinos turísticos nacionales, ante Vietnam y los demás países asiáticos con los que México mantiene relaciones diplomáticas y comerciales.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Relaciones Exteriores, para que implementen las acciones necesarias que permitan lograr una conexión directa de servicios aéreos entre México y Vietnam.

Notas

1 Embajada de Vietnam en México.

2 Manual de Organización de la Embajada de México en Vietnam, Secretaría de Relaciones Exteriores.

3 Análisis integral del turismo, Secretaría de Turismo.

Senado de la República, a 19 de enero de 2015.

Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la integración de una mesa tripartita de negociación formada por legisladores, autoridades federales y una comisión de ahorradores de Ficrea, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentan ante esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Antecedentes

El 7 de noviembre de 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores llevó a cabo una intervención gerencial a Ficrea y se designó con el carácter de interventor-gerente de dicha entidad al licenciado Federico Manuel López Cárdenas. Además, mediante acuerdo de esa misma fecha, el Comité de Protección al Ahorro del Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores aprobó la suspensión parcial de operaciones, así como el cierre temporal de las oficinas y sucursales de Ficrea, SA de CV, SFP.

Dicha intervención se llevó a cabo debido a que la CNBV identificó que esa Sociedad Financiera Popular presentaba serios problemas regulatorios detectados durante diversas visitas de inspección en materia financiera, operativa y de riesgos, y de evaluación sobre el cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero.

Adicionalmente, la CNBV argumenta que detectó que Ficrea utilizaba a la sociedad anónima Leadman Trade, SA de CV, para transferir recursos a los acreditados de la Sofipo, y que el pago de las amortizaciones de los respectivos créditos, provenían a su vez de una cuenta de Leadman, evidenciando que a través de Leadman se realizaba una triangulación no transparente de los recursos de la Sofipo.

La CNBV comprobó que cerca de 98 por ciento de la cal1era de crédito originada por Ficrea, se canalizaba a través de Leadman, sin que esta última sociedad presentase información de sopol1e de manera adecuada.

La CNBV señala que Ficrea mostró falta de transparencia e integridad de la información y falta de disposición para atender de manera adecuada los requerimientos de información necesarios para que la Comisión ejerciera debidamente sus funciones de supervisión.

Durante la intervención gerencial a Ficrea, la CNBV aseguró que el objetivo de esa decisión era salvaguardar los ahorros del público inversionista y que las irregularidades encontradas habían sido opol1unamente informadas tanto a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP como a la Procuraduría General de la República.

El 17 de diciembre de 2014, el Comité de Protección al Ahorro del Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores informó que Ficrea debía entrar en estado de disolución y liquidación.

El 18 de diciembre, se notificó a Ficrea, SA de CV, SFP sobre el emplazo para revocar la autorización para operar como Sociedad Financiera Popular.

Pese a que la CNBV otorgó un plazo de diez días hábiles a Ficrea, para que ofreciera pruebas y formulara alegatos, en relación con la causal de revocación de su autorización para operar como sociedad financiera popular, fue el mismo 18 de diciembre cuando Ficrea ejerció su derecho de audiencia por escrito pero no presentó alegatos ni pruebas en su defensa, por lo cual el Comité de Protección al Ahorro del Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores, en su sesión extraordinaria celebrada el 17 de diciembre de 2014, determinó la disolución y liquidación de Ficrea, SA de CV, SFP.

El 23 de diciembre de 2014, mediante oficio publicado en el Diario Oficial de la Federación, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocó la autorización otorgada a Ficrea para operar como sociedad financiera popular y resolvió iniciar el proceso de disolución y liquidación.

El 26 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un aviso en el que se designó como liquidador al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para que este organismo funja como el responsable de la realización del pago de las obligaciones garantizadas en beneficio de los ahorradores de Ficrea.

El enero pasado, nuestro grupo parlamentario presentó un punto de acuerdo suscrito por el diputado Miguel Alonso Raya, el diputado Carlos Morales y un servidor, en el que solicitamos la comparecencia de diversos funcionarios para que expusieran en la Comisión Permanente entre otras cosas, información sobre los avances en las investigaciones de lavado de dinero y del fraude que provocaron el proceso de disolución y liquidación de Ficrea.

En la misma fecha citada en el párrafo anterior, fue aprobado nuestro punto de acuerdo por el pleno de la Comisión Permanente, por ello, el pasado viernes 16 de enero, comparecieron ante la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente, el licenciado Jaime González Aguadé, titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del licenciado Alberto Di Constanzo Armenta, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y del licenciado Alberto Bazbaz Sacal, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Durante las comparecencias, los legisladores y los funcionarios tomaron un acuerdo por consenso para constituir una mesa tripartita de negociación, integrada por representantes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), así como de una delegación de representantes de los ahorradores defraudados por Ficrea, a fin de encontrar mecanismos de solución para el resarcimiento del daño a los ahorradores y el pago integral de sus ahorros.

Por tal motivo, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un exhorto para que con la brevedad se instale una mesa tripartita de negociación integrada por legisladores de todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión, por los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluyendo al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en su calidad de liquidador de Ficrea.

Segundo . Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que garantice que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes brinde las garantías legales a fin de que los ahorradores que cobren el seguro puedan recuperar la totalidad de sus recursos ahorrados en Ficrea.

Tercero . Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las autoridades que de ella dependen, a que en el proceso de liquidación y disolución de Ficrea se establezca el mecanismo idóneo para que se conforme un fondo para cubrir el cien por ciento de los recursos de los ahorradores, dando prioridad a aquellos de menores recursos socioeconómicos.

Cuarto . Se exhorta a la Banca de Desarrollo a participar en el diseño e implementación de un esquema para monetizar la cartera de al arrendamientos en relación con los depósitos de los ahorradores, incluyendo como garantías los bienes y otros activos que se recuperen en los procesos judiciales, a fin de potenciar el alcance de este mecanismo hacia la consecución de una solución justa para los ahorradores.

Quinto . Finalmente, se exhorta a la Procuraduría General de la República a que presente el avance de las investigaciones sobre lavado de dinero en las operaciones financieras de Ficrea.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.

Diputados: Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Miguel Alonso Raya, Fernando Cuellar Reyes, Roberto López Suárez, Carlos Augusto Morales López.

Con punto de acuerdo, relativo a la separación de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios, suscrita por la senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María Cristina Díaz Salazar, senadora de la República de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

Nuestra Constitución establece en su artículo 18 criterios específicos para la correcta separación de las personas que se encuentren privadas de su libertad. Estos criterios constitucionales establecen que se encontrarán en sitios distintos y completamente separados: las personas que se hallen en prisión preventiva y las personas extinguiendo una pena; las mujeres y hombres y, la separación a aquellas personas bajo proceso o sentencia por delincuencia organizada.

Sin embargo, en la mayoría de los centros penitenciarios, estos criterios no son una realidad, toda vez que las personas cumpliendo sentencia condenatoria y aquellas que se encuentran bajo proceso, hombres y mujeres e incluso aquellos cumpliendo sentencia por delincuencia organizada conviven dentro del mismo lugar, sin separación alguna.

Resulta importante mencionar que el mismo artículo 18 de nuestra Carta Magna determina, de manera clara, que el fin de la prisión es la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que el sentenciado no vuelva a delinquir, y que la reinserción de los internos, está íntimamente relacionado con la prevención del delito, elemento esencial de la seguridad pública.

Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es la encargada de realizar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP),1 actividad que de manera coordinada realiza con los organismos públicos locales de Derechos Humanos.

A través de este instrumento, la CNDH examina la condición actual de los sistemas penitenciarios en nuestro país, la situación en la que habitan los reclusos y la capacitación de los custodios. Todo esto, con el motivo de revisar el respeto a los Derechos Humanos dentro de cada uno de los centros penitenciarios.

Dentro del DNSP del 2012, la Comisión arrojó datos alarmantes sobre la situación de los reclusorios en nuestro país, destacando la sobrepoblación y hacinamiento en los reclusorios, las carencias en las instalaciones, las deficiencias en el trato digno y en general las condiciones en las que viven los reclusos, que no se apegan a los estándares mínimos en materia de Derechos Humanos.

Dicho documento señala como uno de los principales desafíos el llevar a cabo la correcta separación de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios, no sólo en los dormitorios sino también en áreas comunes.

En México, datos del Centro de Análisis de Políticas Públicas “México Evalúa” muestran que hasta enero de 2013, 41.3 por ciento de los internos no contaba con una sentencia condenatoria. Las consecuencias que esto genera son diversas; por un lado, se genera un gran problema de sobrepoblación; por el otro, se obliga a convivir en un mismo espacio a sentenciados y procesados, generando efectos criminógenos importantes tales como la reincidencia y un proceso de reinserción ineficaz.2

En el mismo reporte se observan diferencias importantes a nivel estatal: en Baja California Sur, Durango, Oaxaca y Quintana Roo, más de 60 por ciento de los internos por delitos de competencia local y federal no ha recibido una sentencia. En el extremo opuesto se encuentra el Distrito Federal con un porcentaje menor a 20.

Sobre la correcta separación entre sentenciados y procesados, existe una creciente preocupación a nivel internacional. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en su informe relativo a las Personas Privadas de la Libertad en las Américas que: como medidas de prevención de la violencia se debe, entre otras, “establecer una clasificación y separación adecuada de los reclusos.”3

De igual forma, es importante mencionar que la separación de personas privadas de la libertad es un estándar dentro de la región, y se encuentra elevado a rango Constitucional en países como: Haití, El Salvador, Paraguay, Nicaragua, Honduras, Guatemala, etc. De esta manera se resalta la importancia que tiene una correcta separación dentro de los centros penitenciarios, que permita evitar situaciones como el hacinamiento, motines y, en general, la ingobernabilidad dentro de los centros penitenciarios.

Estas separaciones responden a situaciones que permitan una mejor reinserción de la persona que delinquió, por ejemplo la correcta separación entre personas sujetas a proceso de aquellas que se encuentren cumpliendo sentencia condenatoria, busca evitar que se generen efectos negativos en una persona que no ha delinquido o bien aún no se ha comprobado su culpabilidad al tener una convivencia constante con delincuentes.

La separación que se refiere a delincuencia organizada responde a dos situaciones: 1) la necesidad de realizar una debida clasificación penitenciaria de los internos, para una conveniente y estratégica ubicación de los mismos al interior de los centros penitenciarios a fin de garantizar que las personas inculpadas o cumpliendo sentencias por este tipo de delitos se encuentren en las condiciones especiales que determina la ley (restricción de comunicaciones, vigilancia especial, etc.) y 2) evitar que las personas privadas de la libertad por otros delitos de menor gravedad generen una convivencia constante entre este grupo de delincuentes o inculpados, y que esta convivencia genere efectos negativos que trunque o evite la reinserción de una persona.

Al respecto, es conocido que los centros penitenciarios en México se han convertido en ámbitos donde imperan la arbitrariedad, violencia y corrupción. Esto es el resultado de más de una década de desatención al problema carcelario en México por parte de los Gobiernos; y es también generado por la apatía de los ciudadanos, que han preferido no mirar hacia las cárceles.

Si bien es cierto que existe un rechazo por parte de la sociedad hacia todo lo que tiene que ver con las personas que cometen delitos y se encuentran en las cárceles, debemos hacer particular énfasis en que las personas privadas de la libertad se encuentran bajo tutela del Estado, esto lo obliga a garantizar las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna,4 así como la protección a sus derechos humanos.5

Un sistema penitenciario que funcione de forma adecuada, es un aspecto necesario para garantizar la seguridad de la ciudadanía y la buena administración de justicia. Por el contrario, cuando las cárceles no reciben la atención o los recursos necesarios, su función se distorsiona; en vez de proporcionar protección, se convierten en escuelas de delincuencia y comportamiento antisocial, que propician la reincidencia en vez de la rehabilitación.6 De esta manera impiden que en la práctica las penas privativas de la libertad cumplan con la finalidad esencial que establece la Constitución: la reforma y la readaptación social de los sentenciados.

Todo lo anterior demuestra la importancia de contar con una correcta separación en todo el sistema penitenciario. Este desafió que representa dar cumplimiento sobre la base del respeto a los derechos humanos, con la separación entre procesados y sentenciados; que las mujeres purguen sus condenas en lugares separados a los de los hombres y, la debida clasificación penitenciaria de los internos, no son otra cosa que el cumplimiento del mandato constitucional que establece el artículo 18 y que tienen como fin lograr la reinserción de los sentenciados.

Estos criterios constituyen aspectos determinantes para lograr ejercer un control eficaz de la seguridad al interior de los centros penitenciarios, una eficiente administración de justicia y el pleno respeto a los derechos humanos establecidos en nuestra Carta Magna.

Es por lo anteriormente expuesto, y por la urgente necesidad de realizar las acciones tendientes a garantizar la correcta separación física entre las personas que se encuentra privadas de la libertad bajo los criterios establecidos en el artículo 18 de la Constitución, por lo que someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que a través del Órgano Administrativo Desconcentrado para la Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad, se tomen las medidas inmediatas y suficientes a fin de garantizar la plena separación de las personas privadas de su libertad en los centros penitenciaros de su jurisdicción, de acuerdo con los criterios de separación establecidos en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicha separación deberá ser de la siguiente manera:

a) Espacios exclusivos para personas en extinción de penas privativas de la libertad.

b) Espacios exclusivos para personas sujetas a prisión preventiva.

c) Espacios exclusivos para mujeres atendiendo a los mismos criterios descritos en los incisos a) y b).

d) Espacios exclusivos para personas privadas de su libertad por delitos de delincuencia organizada y/o que requieran medidas especiales de seguridad.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las entidades federativas a que tomen las medidas inmediatas y suficientes a fin de garantizar la plena separación de las personas privadas de su libertad en los centros penitenciaros de su jurisdicción, de acuerdo con los criterios de separación establecidos en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicha separación deberá ser de la siguiente manera:

a) Espacios exclusivos para personas en extinción de penas privativas de la libertad.

b) Espacios exclusivos para personas sujetas a prisión preventiva.

c) Espacios exclusivos para mujeres atendiendo a los mismos criterios descritos en los incisos a) y b).

d) Espacios exclusivos para personas privadas de su libertad por delitos de delincuencia organizada y/o que requieran medidas especiales de seguridad.

Notas

1 CNDH, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2012.

http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/prog ramas/DNSP_2012.pdf

2 México Evalúa, La Cárcel en México ¿Para qué? http://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2013/08/MEX-EVA_INDX-CAR CEL-MEXICO-VF.pdf

3 Cfr. CIDH. Informe sobre las Personas Privadas de la Libertad en las Américas, OEA, 31 de diciembre de 2011, párr. 15.

4 CorteIDH Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, Párrafo 153

5 La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en su jurisprudencia constante sobre los derechos que gozan las personas recluidas en centros penitenciarios. Cfr. Corte IDH. Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011. Serie C No. 224, Párrafo 50; Corte IDH. Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012 Serie C No. 241, Párrafo 92 y Corte IDH. Caso Díaz Peña Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de junio de 2012. Serie C número 244, Párrafo 135

6 CIDH, Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, Cap. VIII, párrs. 68 y 69, CIDH, Informe sobre las Personas Privadas de la Libertad en las Américas, OEA, 31 de diciembre de 2011, párr. 11.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 21 días de enero de 2015.

Senadora Cristina Díaz Salazar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a entablar relaciones diplomáticas con el Reino de Bután, suscrita por la senadora Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, senadora Gabriela Cuevas Barron, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 87, numeral 5, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a entablar relaciones diplomáticas con el Reino de Bután, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La política exterior debe ser un instrumento fundamental para promover el desarrollo económico, político y social de nuestro país mediante el diálogo, la actividad diplomática y la cooperación, tanto en los ámbitos bilateral como multilateral. Esta es la tarea fundamental de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dependencia encargada de asegurar la coordinación de las acciones y los programas en el exterior a fin de lograr un impacto positivo en nuestro país.

En concreto, esta secretaría tiene la obligación de dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular, velar por el buen nombre de México, defender los intereses de los mexicanos en el exterior y coadyuvar a la promoción comercial, económica y turística del país.

2. De acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Titular de esta dependencia tiene dentro de sus facultades no delegables la de coordinar las relaciones económicas y de cooperación de México con el exterior y conducir las tareas de promoción económica, comercial, de inversiones y turística a través de las representaciones diplomáticas y consulares.

En ese mismo sentido, el artículo 39 de dicho ordenamiento señala que a la Dirección General de Cooperación y Promoción Económica Internacional corresponde: “Diseñar, dirigir, coordinar e instrumentar, en colaboración con las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y Estatal y las representaciones de México en el exterior, las estrategias y actividades que en materia de atracción de inversión extranjera directa, promoción económica, comercial y turística realicen la red de embajadas, consulados y oficinas de México en el exterior”.

3. Desde la pasada administración, la relación de México con los países asiáticos se desarrolló de manera creciente. A la fecha, nuestro país mantiene relaciones con 35 de los 36 estados que integran aquella región, siendo Bután el único Estado con el que México no tiene relaciones diplomáticas. Y aunque desde el año 2012 se dio a conocer que “las respectivas Misiones ante la Organización de Naciones están realizando gestiones para oficializar los lazos entre ambos países”, la actual administración no ha reportado avances al respecto.1

Sobre este punto, es importante mencionar que el artículo 19 del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores establece que corresponde a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, entre otras, las siguientes obligaciones:

a) Presentar opciones de política exterior y participar en la planeación, el diseño, la ejecución y la evaluación de los programas de acción internacional, específicos para los países y organizaciones de la región de Asia y del Pacífico, así como para la región en su conjunto, a corto, mediano y largo plazo, basándose en los lineamientos generales de política exterior;

b) Coordinar la recopilación y análisis de información sobre la situación interna y posición internacional de los países de esa región, generar opciones de política exterior y, en su caso, transmitirla a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a otras instancias nacionales; y

c) Proponer la apertura o cierre de las misiones diplomáticas y representaciones consulares, así como la definición de concurrencias, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes.

4. Dentro de las características que distinguen a Bután se encuentra el índice de felicidad interna bruta (FIB), ya que de acuerdo con su filosofía la felicidad de la gente precede a indicadores como el del producto interno bruto (PIB).

Una muestra de esta filosofía se encuentra en las palabras del discurso que el Rey Jigme Khesar Namgyel Wangchuck dirigió a la nación en el marco de su coronación: “Durante mi reino nunca gobernaré como su rey. Los protegeré como un padre, los cuidaré como un hermano y les serviré como un hijo. Les daré todo y no me quedaré con nada; viviré como un buen ser humano que encontrarán digno de seguir como un ejemplo para sus hijos. No tengo otra meta personal más que la de satisfacer sus deseos y aspiraciones”.2

Y aunque esta visión pueda parecer algo lejana, es importante señalar que las naciones ya han empezado a prestar atención a la filosofía butanesa. De hecho, a iniciativa de Bután, en la Asamblea General de Naciones Unidas se realizaron una serie de encuentros para dialogar sobre este tema y, mediante la resolución 65/309 de julio de 2011, se invitó a los Estados Miembros a emprender la elaboración de nuevas medidas que reflejaran mejor la importancia de la búsqueda de la felicidad y el bienestar en el desarrollo con miras a orientar sus políticas públicas. Además, en la resolución 66/281 del 28 de junio de 2012, se reconoció la necesidad de aplicar al crecimiento económico un enfoque más inclusivo, equitativo y equilibrado, que promueva el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la felicidad y el bienestar de todos los pueblos.

5. Fue hasta los años setenta que Bután comenzó a abrirse al mundo y a extender sus relaciones con diversos países, y tras varios siglos de monarquía absoluta, en 2008 se constituyó bajo la forma de Monarquía Constitucional. En ese año fue que se estableció por primera vez su Asamblea Nacional o Tshogdu, lo que le permitió ingresar a la Unión Interparlamentaria en octubre de 2013.

En este marco, los senadores que integramos la delegación mexicana ante la UIP hemos tenido encuentros cercanos con parlamentarios de Bután. Y en la 131ª Asamblea de la UIP, celebrada el pasado mes de octubre, los jefes de ambas delegaciones manifestamos nuestro interés para incentivar el intercambio parlamentario y fomentar una colaboración más estrecha y de amistad en beneficio de las sociedades.

Recientemente, países como Colombia, España y Costa Rica han establecido relaciones diplomáticas con Bután a fin de abrir oportunidades de cooperación y fortalecer los lazos de amistad, sumando ya 63 los países con los que Bután mantiene relaciones. México no puede quedar al margen y debe emprender acciones para dinamizar sus relaciones y darse a conocer en todo el mundo, tomando en cuenta la cultura tan rica de naciones como el Reino de Bután.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que, con pleno respeto a los principios normativos de la política exterior, entable relaciones diplomáticas con el Reino de Bután.

Notas

1 Nuevos espacios para México en Asia-Pacífico, Memoria Documental , Dirección General para Asia-Pacífico, 1 de diciembre de 2006 al 31 de agosto de 2012, Subsecretaría de Relaciones Exteriores.

2 De http://www.kingdomofbhutan.com/kingdom/kingdom_3_.html.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 21 días del mes de enero de 2015.

Senadora Gabriela Cuevas Barron (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNBV a informar a esta soberanía respecto a la situación de solvencia financiera de las sociedades financieras populares, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Antecedentes

El 4 de junio del año 2001, siendo presidente Vicente Fox se promulgó la Nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular con la finalidad de “regular, promover y facilitar la captación de fondos o recursos monetarios y su colocación mediante préstamos o créditos u otras operaciones por parte de las Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias; así como, los Organismos de Integración Financiera Rural”.

Tales entes institucionales de la intermediación financiera, entre otros aspectos, estarían dirigidas a dinamizar liquidez de los sectores populares y canalizarlos de la forma más rápida posible a créditos, y evitar la lentitud de los circuitos bancarios tradicionales. Sin embargo, después de más de una década de operación, el crecimiento e impacto de este tipo de organizaciones crediticias requiere de una revisión de los resultados obtenidos

De los tres tipos de intermediación citadas en la ley, a las denominadas Sociedades Financieras Populares (Sofipo) se les faculta para intervenir en una amplia cobertura de operaciones financieras en diversos niveles, como se puede comprobar en el art. 36, pueden participar en recibir y ofrecer créditos de todos los sectores nacionales y extranjeros; pasando por inversión en valores, transacciones con instituciones nacionales y extranjeras, negocios y representaciones con terceros con bancos de todo tipo; adquisición de divisas; constitución de depósitos a la vista o plazo en instituciones de crédito y entidades financieras del exterior, y hasta emitir títulos de crédito en forma masiva, entre otras muchas más.

Estos son temas y aspectos que requieren una revisión, para evitar sean vehículos de formas ilícitas de flujos de dinero.

Precisamente el 19 de diciembre de 2014, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la revocación de la autorización para operar a la Sociedad Financiera Popular Ficrea, SA DE CV, debido a que desde que fuera intervenida, el 7 de noviembre, se detectaron “operaciones fraudulentas” y la intervención estaba dirigida a “frenar un mayor deterioro de sus activos”, según las autoridades.

Las operaciones fraudulentas consistieron en desviar unos 2 mil 700 millones de pesos de los ahorradores y darle a dicho dinero otro uso diferente al establecido en los contratos. En ese sentido, lo ilegal no es haber sacado el dinero al exterior sino el uso que se le dio al adquirir bienes raíces, adquisición alejada de la búsqueda de la rentabilidad de las inversiones. Para ello se triangularon depósitos con un grupo de empresas: Leadman Trade, SA de CV; Baus y Jackman Leasing, SA de CV, y Monka Comercial; las cuales tienen como socio principal a Rafael Olvera Amezcua a la vez principal accionista de Ficrea, SA de CV.

El delito de fraude se configura en el momento en que los destinos del dinero de los clientes no es el comprometido con ellos. Así el total de la cartera crediticia de Ficrea llega al orden de 6 mil 284 millones de pesos, de los cuales 2 mil 700 millones no están acreditados, están asignados a cuentas privadas del dueño. La intervención de la CNBV, hace recuperable una parte de los depósitos, pero no todo el monto.

La situación de incertidumbre sobre los depósitos de los clientes de Ficrea llevó a una reunión de trabajo convocada por la Tercera Comisión de la honorable Comisión Permanente, para tratar el tema, invitando a los titulares de la CNBV, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La misma que se realizó el 16 de enero de 2015.

Varias dudas surgieron en referencia a la exposición del caso. No quedó claro sí todo el dinero faltante se usó mayoritariamente en la adquisición de bienes raíces, que de ser así habría una amplísima red de propiedades físicas. O sí, lo que debieran de estar investigando las autoridades bancarias y las que tengan competencia en este caso, es, en qué tipo de inversiones especulativas o de activos tóxicos se estaban colocando los ahorros depositados.

El titular de la CNBV, licenciado Jaime González Aguadé, comentó que a la brevedad se monetizarán los activos de Ficrea, pero que los recursos e inmuebles recaudados por las autoridades federales “resultan insuficientes para pagar a los afectados”.

Es claro que la Ley de Ahorro y Crédito Popular, presenta una serie de deficiencias y vacíos que permite o no prevé la comisión de ilícitos, por lo que es necesario conocer de cerca que está pasando con las inversiones que realizan las Sociedades Financieras Populares, ¿son rentables? ¿son seguras?¿son en derivados tóxicos? Son parte de las inquietudes de los depositantes.

En la página oficial http://www.cnbv.gob.mx/sectores-supervisados/sector-popular, se destaca que en la actualidad están “autorizadas 40 Sociedades Financieras Populares y una Sociedad Financiera Comunitaria”, las mismas que están bajo la supervisión y control de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Consideraciones

Que todo lo anterior, en particular el caso Ficrea significa un desfalco para los ahorradores, que de no implementarse una solución a ellos creará desconfianza en el sector financiero.

Que no existe una plena trasparencia o al menos no se conocen mayores detalles de montos, fechas, beneficiarios directos e indirectos en las operaciones fraudulentas citadas por la CNBV.

Que a la Ley de Ahorro y Crédito Popular le hace falta una serie de regulaciones que permitan prevenir fraudes financieros.

Que el artículo 34 de la Ley de que señala la obligación “que tienen las Sociedades Financieras Populares de proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, toda clase de información y documentos que, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, les solicite en relación con las operaciones que celebren y los servicios que presten.

Que es necesario conocer la capacidad de pago de las Sociedades Financieras Populares, es decir conocer a exactitud cómo están cumpliendo o cumplirán sus obligaciones de vencimientos a corto plazo, con la finalidad de evitar que se repitan casos como los ocurridos a la fecha, es decir sí gozan de solvencia financiera al corto plazo.

Por lo anterior, someto a la consideración de la asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a informar a esta soberanía cual es la situación de solvencia financiera de las sociedades financieras populares para cumplir con sus obligaciones de corto plazo.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias a difundir la celebración del 28 de agosto como Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, suscrita por la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Elvia María Pérez Escalante, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde el año de 1982, los adultos mayores son homenajeados en todo el mundo, luego de que tuvo lugar la primera Asamblea Internacional de la Organización de la Naciones Unidas dedicada al envejecimiento.

En ese mismo año, la ONU decretó el mes de agosto para conmemorar la vejez a nivel mundial.

En México se celebró a los adultos mayores, por primera vez, en 1983. En ese año, la celebración denominada “Día del Anciano”, se llevó a cabo en la Ciudad de México. Al año siguiente la celebración se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo León.

Más adelante, en 1998, se instituyó en todo el país, el 28 de agosto de cada año para conmemorar el “Día del Anciano”.

El 25 de junio de 2002, al ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la conmemoración en honor a las personas mayores cambió su nombre, llamándose desde entonces “Día Nacional del Adulto Mayor”.

Dicha ley contribuyó a la conceptualización más adecuada de la terminología, de tal manera que resultara respetuosa y apropiada para referirse a las personas que han cumplido sesenta años o más y que son objeto de la tutela y protección de ley.

Este ordenamiento legal antes citado, en su Título Quinto, dio creación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), como organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con la misión de ser rector de la política nacional a favor de este importante sector de la población en México.

Cabe destacar que el antecedente directo del Inapam, corresponde al Instituto Nacional de la Senectud, creado por decreto presidencial el 22 de agosto de 1979, como organismo público descentralizado, cuyo objeto se centró en proporcionar atención integral a las personas de edad avanzada en toda la República.

Actualmente, el Inapam mantiene un compromiso constante para la promoción de los derechos de los adultos mayores, con la finalidad de procurar su bienestar.

A nivel internacional, la celebración promovida por la Organización de las Naciones Unidas, se denomina: “Día Internacional de las Personas de Edad”, teniendo como antecedente, desde el año de 1982 en que se decretó conmemorar, el mes de agosto, como el mes internacional de la vejez.

Para promover mejoría en las condiciones de vida de los adultos mayores, el 14 de diciembre de 1990, la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 45/106, eligió el día primero de octubre para celebrar el “Día Internacional de las Personas de Edad”, en seguimiento a iniciativas como el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado por la ONU.

Tanto el “Día Internacional de las Personas de Edad” como el “Día Nacional del Adulto Mayor” en México, tienen por objeto reconocer la contribución de las personas adultas mayores al desarrollo en todos los ámbitos del quehacer humano.

El lema del Día Internacional de las Personas de Edad es: “No dejar a nadie atrás: promoción de una sociedad para todos”.

Lo anterior nos permite advertir que, direccionar la celebración del Día del Adulto Mayor exclusivamente a los abuelos, es una forma de discriminación, que tuvo origen a iniciativa de un locutor de radio, cuya audiencia meta eran los abuelos.

Por tal motivo, considero que es una forma de discriminación, porque no todas las personas adultas mayores son abuelos, ni todos los abuelos son personas adultas mayores.

En este orden de ideas, si por desconocimiento de esta realidad, se realiza otro tipo de celebración en la fecha en que debe celebrarse el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, esto es un error que impacta negativamente en los derechos humanos de los adultos mayores y que no contribuye al objeto que persigue la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y los principios que le dieron origen.

Recientemente, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, hizo un llamado a superar los prejuicios para conseguir que los adultos mayores sean social y económicamente activos; y que estén protegidos para envejecer de forma sana.

En efecto, este grupo social ha contribuido y sigue contribuyendo de distintas maneras al desarrollo económico y social pero, desafortunadamente, se le sigue discriminando, lo que es necesario prevenir y evitar.

En la actualidad, viven en el mundo casi 700 millones de personas de sesenta años o más y se espera que en el año 2050 se alcanzará la cifra de 2,000 millones, esto es, más del 20% de la población mundial.

En México, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen 10.9 millones de personas adultas mayores en el país, de las cuales; 6 millones de hogares tienen un adulto mayor como jefe de familia; 2.7 millones de hogares están compuestos por el adulto mayor como jefe de familia; 2.2 millones de hogares están compuestos por el adulto mayor, sus padres o hijos y otros parientes.

Un dato muy importante de la estadística advierte que un millón de hogares están habitados por personas adultas mayores que viven en soledad. Dato que demuestra lo que hemos reiterado: no todas las personas adultas mayores son abuelos, ni todos los abuelos son personas adultas mayores.

Es por ello la importancia de que la fecha establecida para la conmemoración del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores sea respetada tal cual para los fines para los que fue instituida.

Finalmente, una manera de asegurar la plena participación e integración de las personas adultas mayores en el conglomerado social, sin exclusiones ni discriminaciones, es el fomento y la difusión de campañas de información y promoción de sus derechos; de sus derechos humanos fundamentales; y, el reconocimiento y concientización de todos en cuanto a su integridad, su dignidad y dignificación, su derecho a una vida libre de violencia, a no sufrir abandono, y al disfrute pleno de sus derechos sin discriminación, su derecho a la salud, la alimentación, la educación, la asistencia social y otros servicios, a la certeza y protección jurídica, al trabajo y también a vivir en el seno de la familia sin exclusiones ni rechazo.

Es por todo lo antes expresado la importancia de que el día 28 de agosto de cada año, sea difundida y promovida la ya institucionalizada celebración del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, con esa terminología que involucra a todos y a todas las personas de sesenta años o más.

Sin soslayar que esa fecha fue establecida e instituida para la conmemoración del Día Nacional del Adulto Mayor y que ahora proponemos que la denominación se complemente para ser acorde y congruente con la terminología que deviene del ordenamiento legal vigente que se titula: Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

No omitimos manifestar que, no estamos en contra de que se celebre el día del abuelo y de las abuelas. Consideramos que puede y debe seguirse celebrando, pero en una fecha distinta, por todas las razones y consideraciones que anteceden, reiterando que no todas las personas adultas mayores son abuelos o abuelas, ni todos los abuelos y abuelas son personas adultas mayores.

Por lo antes expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía para que promueva y difunda en el comercio organizado, que el día 28 de agosto de cada año, está establecida e instituida en México, la celebración del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores y que por tanto, se elija una fecha distinta para la celebración del día de los abuelos y las abuelas.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a fin de que promuevan y difundan que el día 28 de agosto de cada año, está establecida e instituida en México, la celebración del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a fin de que promuevan el establecimiento e institucionalización del día de los abuelos y de las abuelas, en una fecha distinta de la correspondiente a la celebración instituida para las personas adultas mayores.

Notas

http://www.presidencia.gob.mx/dia-del-abuelo-en-mexico/

http://www.cuandoo.com/dia-de-los-abuelos-en-mexico-2100 .html

http://www.ntn24.com/noticia/onu-resalta-importancia-de- adultos-mayores-en-el-dia-internacional-de-las-personas-de-edad-27211

http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3556518.htm

http://www.diariopresente.com.mx/section/acervo/115714/2 8-agosto-dia-abuelo-mexico/

http://www.provincia.com.mx/28-de-agosto-dia-del-adulto- mayor-y-dia-del-abuelo-en-mexico/

http://www.diarionorte.com/article/112426/los-adultos-ma yores-y-su-calidad-de-vida

http://www.ppn.com.py/html/noticias/noticia-ver.asp?id=1 16192&desc=Los-adultos-mayores-estamos-mas-que-vivos-afirman-en-su- dia

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/45/106

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/28_de_agosto_Dia_Naci onal_del_Adulto_Mayor

http://www.caritas-mexico.org.mx/quienes-somos/caritas-c iudad-de-mexico/123-caritas-ciudad-de-mexico/342-agosto-mes-del-adulto- mayor.html

http://iieg.gob.mx/contenido/PoblacionVivienda/CoepopdfN ota201315Adultomayor.pdf

Sede de la Comisión Permanente, México, Distrito Federal, a 21 de enero de 2015.

Diputada Elvia María Pérez Escalante (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias federales a promover acciones para lograr una conexión directa de servicios aéreos entre México e Indonesia, suscrita por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con los siguientes

Considerandos

México es una nación que mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con un gran número de países de diferentes partes del mundo. Dentro de las relaciones que mantiene con las naciones del sureste asiático, las de Indonesia son de las más antiguas.

El 6 de abril de 1953 México estableció relaciones diplomáticas con Indonesia, y en 1961 se designó al primer Embajador residente en Yakarta, con lo que México afianzó su presencia en Indonesia al contar desde entonces con una representación permanente en la capital del país.1

Las relaciones diplomáticas con Indonesia han sido, desde 1953, del más alto nivel y ambas naciones han patentizado su deseo por ampliar su colaboración en diversos campos. Así por ejemplo, a partir de 2008 se cuenta con un convenio de cooperación educativa y cultural, y están en proceso de negociación diversos instrumentos de cooperación en las áreas de salud, deporte, y medio ambiente.

De manera sobresaliente durante los últimos años se ha intensificado el diálogo político por medio de visitas recíprocas de alto nivel y encuentros más frecuentes multilaterales, lo que ha permitido incrementar el acercamiento y la cooperación entre ambos países; con áreas potenciales de colaboración como el comercio, la agricultura, el desarrollo social, el medio ambiente, el transporte y la reducción de pobreza, el turismo, entre muchos otros.

Debido a ello se han firmado instrumentos de cooperación de suma importancia; uno de los de mayor trascendencia ha sido en materia fiscal, para evitar la doble tributación y fomentar el intercambio comercial.

Las relaciones comerciales México-Indonesia han ido aumentando al grado de que Indonesia se ha convertido para México en el socio comercial número 30, a escala global (69 como comprador y 25 como abastecedor) y en el número 12, en la relación comercial México-Asía Pacífico.

Entre los años 2000 y 2010, el comercio entre México e Indonesia se duplicó pasando de 498.7 mil dólares a un millón 627.2 mil dólares. Y las exportaciones de Indonesia a México crecieron en 98 por ciento durante el mismo periodo.2

Las siguientes tablas muestran el crecimiento comercial entre ambas naciones.

Balanza Comercial México-Indonesia3

Sin lugar a dudas la relación diplomática y comercial entre el Estado mexicano con Indonesia –país con el que se cumplen 61 años de relación diplomática– es de suma importancia y va en crecimiento, por ello es de suma importancia continuar trabajando en la búsqueda de mayores lazos de cooperación y crecimiento en la relaciones bilaterales entre ambos países en distintos ámbitos.

En este sentido, hay tres temas en los que se debe trabajar para impulsar de manera eficaz las relaciones entre México e Indonesia: 1.Trámites y permisos de visita recíproca sencillos. 2. Fomento del turismo entre ambas naciones. 3. Interconectividad aérea directa entre ambos países.

1. Trámites y permisos de visita recíproca sencillos.

Actualmente los nacionales de Indonesia que desean visitar nuestro país, así como los mexicanos que pretenden visitar Indonesia requieren de visa para poder internarse en dichos países, respectivamente. Es necesario facilitar la entrada a ambos países como un primer impulso para el crecimiento de las relaciones entre ambos países. Para lograrlo se sugiere la suscripción de un acuerdo bilateral de supresión de visa para estimular los flujos turísticos, comerciales, culturales o de inversión.

Es decir, para contribuir en el estrechamiento de las relaciones entre ambos países se es fundamental terminar con las barreras de comunicación, por ello una medida que mucho ayudará en ese camino será suprimir el requerimiento de visa para aquellos ciudadanos, de México y de Indonesia, que ya cuenten con visa de Estados Unidos de América o de Australia (países que se toman como referencia dado el alto número de ciudadanos mexicanos e indonesios que ya cuentan con visa de Estados Unidos de América o de Australia).

En otras palabras, se sugiere suprimir la visa para aquellos indonesios que deseen visitar nuestro país y que ya cuentan con la visa de Estados Unidos de América o de Australia. Lo mismo para nuestros connacionales que pretendan visitar Indonesia y que ya cuentan con cualquiera de estas visas.

Asimismo, se sugiere la búsqueda de mecanismos sencillos y ágiles para la expedición de visas, a fin de facilitar las entradas a territorio mexicano y viceversa, atendiendo los compromisos internacionales que se adquieran, para estimular el turismo, los intercambios comerciales, culturales y en general las relaciones entre ambas naciones.

2. Fomento del turismo entre ambas naciones.

Es importante destacar que el turismo constituye un pilar estratégico de la economía nacional, y una de las mejores formas para atraer inversiones.

Para continuar estimulando el crecimiento del turismo internacional, particularmente con Indonesia, es importante que el gobierno mexicano implemente mayores acciones de promoción turística de nuestro país. Es importante hacer uso de los recursos de difusión.

Desarrollar el turismo constituye una tarea primordial para el país con beneficios inmediatos y directos, sobre todo, considerando que el turismo es uno de los sectores que más contribuye al producto interno bruto (PIB) de México; entre 8.4 por ciento y 8.5 por ciento, según las cuentas nacionales medidas por el Inegi, y además de su aportación al PIB genera 2.5 millones de empleos directos y 5.0 millones de indirectos,5 además de la derrama económica que representan las divisas que traen los extranjeros.

3. Interconectividad aérea directa entre ambos países.

Una limitante directa entre México e Indonesia ha sido la falta de vuelos directos entre ambas naciones. No hay aerolíneas mexicanas, Indonesias, ni de otra nacionalidad que hoy en día conecten en México e Indonesia a través de vuelos directos. Sin duda alguna esto representa un impedimento considerable para que exista un mayor flujo de ciudadanos entre ambos países, pues la comunicación es menor y los costos son mayores.

En este contexto, y debido al importante papel de ambas naciones como motores económicos en Asía y en América Latina,6 resulta fundamental eliminar las barreras de interconectividad, elaborar una estrategia competitiva holística para el sector turístico, promover la interconectividad, el comercio y la imagen de México en Indonesia recíprocamente.

Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto de que mediamente las acciones y los mecanismos diplomáticos conducentes promueva la supresión de visas, bajo las consideraciones expuestas en el presente instrumento, para los visitantes mexicanos e Indonesios, con el propósito de fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre México e Indonesia.

Segundo . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo, a incrementar las acciones de promoción y difusión de las riquezas y los destinos turísticos nacionales, ante Indonesia y los demás países asiáticos con los que México mantiene relaciones diplomáticas y comerciales.

Tercero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Relaciones Exteriores, para que implementen las acciones necesarias que permitan lograr una conexión directa de servicios aéreos entre México e Indonesia.

Notas

1 Secretaría de Relaciones Exteriores, Manual de Organización de la Embajada de México en Indonesia.

2 Embajada de México en Indonesia, Secretaría de Relaciones Exteriores.

3 Secretaría de Economía con datos de Banxico.

4 Global Trade Atlas.

5 Consultores Internacionales, SC, El Economista.

6 México e Indonesia pactan favorecer relación comercial. El Financiero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.

Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a postergar la extracción de hidrocarburos no convencionales por el método de fractura hidráulica, suscrita por los diputados Trinidad Morales Vargas y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Trinidad Morales Vargas, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

Los proyectos de fracking requieren de inversiones que sólo se pueden sostener con un precio del crudo que supere 60 dólares por barril.

Un pozo de shale promedio produce unos 600 barriles (de equivalentes de petróleo y gas) por día únicamente durante su primer año. La tasa de disminución en los pozos es de aproximadamente 40 por ciento. La perforación promedio del pozo de shale cuesta alrededor de 7 millones. Por tanto, el costo de agregar mil barriles por día es de aproximadamente 11.7 mdd. Si un campo de esquisto que produce 100 mil bpd y tiene una disminución de 40 por ciento al año, tendrá que invertir alrededor de 500 millones al año sólo para mantener ese nivel de producción.

Se necesita perforar una gran cantidad de pozos, que tienen una producción que se declina muy rápido, sólo lo que se produce el primer año de extracción, equivale a la producción de los siguientes 10 años.

El crudo extraído es extremadamente liviano por lo que necesita ser mezclado con otro más pesado, producido en otros países, para poder ser tratado en las refinerías norteamericanas, que han sido diseñadas para procesar petróleos más pesados provenientes de Venezuela y el Golfo de México.

Éste es un hecho que hay que considerar, porque por una prohibición del Senado de Estados Unidos no puede exportar crudo, sino productos refinados, es por eso que se ve en la necesidad de mezclar ese crudo para utilizarlo en las refinerías

El problema para las empresas de hidrofracturación de Estados Unidos es la imposibilidad de refinanciar dichas deudas si están perdiendo dinero a sus puertas. En algún momento, si los precios se mantienen bajos, las compañías con mayor apalancamiento se irán a pique y las más prósperas no podrán absorberlas bien por falta de efectivo o de confianza de los inversores, necesaria para garantizar una financiación de la deuda.

La producción del petróleo de esquisto está en manos de empresas muy pequeñas que no se comparan con otras corporaciones como Chevron. Son empresas independientes financiadas por la banca y susceptibles a la baja de los precios del petróleo. De esta manera, el fracking , lejos de llevar a Estados Unidos a una independencia energética podría convertirse en la nueva causa de una otra crisis financiera para esta nación y para México también, ya que el gobierno Mexicano había apostado a las inversiones extranjeras para la extracción de gas shale, lo que con la baja del petróleo no es rentable para ninguna nueva inversión.

En su artículo, la DPA citó el caso del empresario Harold Hamm, quien fundó la compañía Continental Resources, precursora en el desarrollo de proyectos de esquisto en Dakota del Norte, Estados Unidos, y que como consecuencia de baja del precio del crudo, ha sufrido una caída de su acciones en 55 por ciento, lo que representa una pérdida de 12 mil millones de dólares en el valor de mercado.

Costo ambiental

Diversas asociaciones y grupos ambientalistas de todo el mundo han cuestionado a Estados Unidos por impulsar las labores de fracking , a pesar de su nocivo impacto ecológico.

El proceso de extracción del petróleo de esquisto se realiza alcanzando el subsuelo, con productos químicos nocivos y peligrosos, que contaminan los acuíferos y envenenan la tierra, y que puede así tener efectos potenciales en la actividad sísmica.

De hecho, recientemente la ciudad texana de Danton, en Estados Unidos, conocida por sus reservas de petróleo y gas, estableció la prohibición de este método.

La iniciativa, aprobada por los ciudadanos en las elecciones legislativas de noviembre con un respaldo de 59 por ciento de los votos, ha convertido a la ciudad en la primera en dar este paso en el estado que lidera la explotación petrolera en la nación estadounidense.

Recientemente, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, prohibió la fracturación hidráulica, debido a los “efectos potenciales sobre el agua, el aire, los recursos terrestres, los servicios comunitarios y locales”.

Los saudíes y los Emiratos Árabes Unidos, por su parte, seguirán bombeando petróleo. Son países, no empresas, y, por tanto, no pueden cerrar sus puertas sin más y marcharse a casa; tienen presupuestos que financiar y ningún sustituto del petróleo como fuente de reservas internacionales. Rusia, el tercer extractor de petróleo por detrás de EUA y Arabia Saudí, se encuentra en una situación mucho más precaria que las monarquías petroleras de Oriente Medio, aunque semejante: el petróleo es su sangre vital.

La oferta y la demanda de petróleo son muy poco elásticas respecto al precio de corto plazo. Por tanto, la trayectoria para este año del precio dependerá en gran medida de las noticias y la consiguiente reacción de los mercados. Una ola de bancarrotas en la industria del esquisto seguramente lo eleve, ya que se percibirá como un factor negativo para la oferta. Sin embargo, resulta imposible predecir cuánto aumentará. Muy probablemente siga en precios bajos lo que obligue a Estados Unidos a olvidarse del boom del esquisto, lo cual tendría consecuencias nefastas para su recuperación económica.

La extracción del gas de esquisto o shale por medio de la fractura hidráulica no es rentable y menos con la caída de los precios del petróleo, pero aún es menos viable por el daño ambiental, ya que no habrá recurso económico que pueda revertir el saldo de pasivos ambientales y daños a la salud.

Es el momento de que esta legislatura actúe con responsabilidad y considere postergar o prohibir la extracción de hidrocarburos para no tener que enfrentar una crisis financiera y una fuerte devastación ambiental.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaria de Energía postergar o prohibir en todo el territorio nacional la extracción de hidrocarburos no convencionales por el método de fractura hidráulica.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.

Diputados: Trinidad Morales Vargas, Graciela Saldaña Fraire (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Movilidad del DF a implantar acciones para que la empresa de transporte Uber se sujete a la normativa vigente sobre el uso de taxis, suscrita por el senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Miguel Romo Medina, senador de la República en la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de esta soberanía el presente punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal para que implemente acciones a fin de que los prestadores de servicios de transporte de la empresa Uber se sujeten a la normatividad y regularización vigente para los taxistas al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Uno de los problemas más graves en las grandes ciudades es sin duda alguna el de la movilidad. La configuración y regulación del transporte en sus diferentes modalidades es una tarea por demás compleja, misma que en el caso del transporte público debe considerar entre otros aspectos: la eficiencia, sustentabilidad, rendimiento, pero sobre todo, la seguridad de los millones de pasajeros que día a día hacen uso de los diferentes tipos de transporte público.

Desde el año 2012, en las principales ciudades del mundo, entró en operación la empresa Uber, la cual ofrece un servicio de transporte utilizando como medio de enlace una aplicación para teléfonos inteligentes. A través de dicha aplicación, el usuario solicita un vehículo para que lo recoja en un determinado punto y de acuerdo a su destino se establece una tarifa. Actualmente el servicio tiene presencia en 250 ciudades de más de 50 países; en México la empresa ofrece traslados en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey.

A todas luces, el servicio ofrecido por los choferes de la empresa Uber es en esencia el mismo que ofrecen los taxis, con la diferencia de que los segundos se sujetan a medidas de control tales como la asignación de un permiso especial de circulación, la regulación y actualización de flotillas de manera obligada, así como la emisión de una licencia de conducir con características específicas.

Si bien es cierto que con las medidas regulatorias anteriormente enunciadas no se han erradicado por completo algunos problemas tales como el abuso en las tarifas y la proliferación de los denominados “taxis pirata”, no se puede dejar de lado la utilidad y conveniencia de contar con mecanismos y lineamientos mínimos para regular el transporte público.

El peligro de que los usuarios sean víctimas de un delito es latente, pues los choferes inscritos en el padrón de la empresa anteriormente citada son sometidos a un proceso de selección y reclutamiento que en ningún momento toma en cuenta la normatividad establecida por las dependencias de movilidad y transporte de las ciudades donde comienza a funcionar el servicio.

En algunas ciudades del mundo se han presentado hechos delictivos en los cuales las víctimas han utilizado la aplicación para solicitar un traslado. Un lamentable suceso muestra del riesgo al que son expuestos los usuarios, tuvo lugar en la ciudad de Hyderabad, al sur de India, en donde un conductor contratado mediante la aplicación presuntamente violó a una pasajera y al ser arrestado, se descubrió que contaba con antecedentes delictivos considerados de gravedad, los cuales fueron ignorados por la empresa al momento de incluir al chofer en su sistema como un prestador del servicio1 .

En algunas ciudades de países como España, Tailandia, India, Holanda, Francia y Estados Unidos2 , se han comenzado a imponer restricciones a fin de proteger a los pasajeros, además de buscar la configuración de un marco normativo que termine con la competencia desleal que este servicio representa para los otros servicios de vehículos de transporte público.

La finalidad de este exhorto tiene como objetivo fundamental proteger y asegurar la integridad de los pasajeros sin dejar de lado la promoción y fortalecimiento de fuentes legitimas de trabajo.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta soberanía sea aprobado la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal para que implemente acciones a fin de que los prestadores de servicios de transporte de la empresa Uber se sujeten a la normatividad y regularización vigente para los taxistas.

Notas

1. http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/india-prohiben-operar-a-emp resa-de-transporte-de-eu-1060757.html

2. http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2014/12/09/las-controversias-ub er-mundo

Fuentes
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/india-prohiben-operar-a-empresa-de-transporte-de-eu-1060757.html Consultado el 23-12-2014

http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2014/12/09/las-controversias-uber-mundo Consultado el 23-12-2014

http://www.jornada.unam.mx/2014/12/16/mundo/029n4mun Consultado el 23-12-2014

http://cadenaser.com/ser/2014/09/02/internacional/140961 8718_850215.html Consultado el 23-12-2014

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.

Senador Miguel Romo Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente celebre reunión con el titular de la Sedatu a efecto de que informe sobre las acciones implantadas para atender los daños ocasionados por los fenómenos climáticos Ingrid y Manuel en septiembre de 2013, suscrita por el senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Javier Lozano Alarcón, senador de la República del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se cita al licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a una reunión de trabajo ante la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, a efecto de que informe las acciones que hasta ahora se han implementado para atender los daños ocasionados en distintos estados del país por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, y de los avances de las investigaciones por la probable responsabilidad de los servidores públicos que autorizaron la construcción de asentamientos poblacionales en zonas de alto riesgo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En septiembre de 2013, dos fenómenos meteorológicos, la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, impactaron en distintos estados del territorio nacional, provocando serios daños, particularmente en Guerrero, Hidalgo y Veracruz.

Inundaciones severas, deslaves de carreteras y desbordamientos de ríos y presas, dejaron a miles de mexicanos damnificados, incomunicados, sin alimentos, sin acceso a servicios básicos, colocando a la población en una situación de riesgo y vulnerabilidad, ocasionando además un sinnúmero de daños materiales, personas heridas, desaparecidas y más de un centenar de personas fallecidas.

Ante estos lamentables hechos, el presidente Enrique Peña Nieto, instruyó a titulares y subsecretarios de diversas secretarías de estado para que, en coordinación con los gobiernos locales y las autoridades de protección civil, atendieran y cuantificaran los daños ocasionados en todo el país en viviendas, negocios, infraestructura y otros rubros, a fin de salvaguardar la vida y el patrimonio de los habitantes de alrededor de los 500 municipios que resultaron perjudicados.

De igual forma, requirió al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) el inicio de una investigación por las posibles omisiones cometidas por funcionarios de los distintos órdenes de gobierno, que descuidaron advertir oportunamente a la población, así como por aquéllos que han permitido construcciones irregulares en zonas de alto riesgo. Acciones que, de lo contrario, pudieron haber contribuido a mitigar los efectos de los fenómenos que costaron la vida de más de una centena de mexicanos, y el perjuicio de miles de familias que tuvieron que ser desalojadas.

Meses después, el titular de esa dependencia informó que el resultado de la evaluación de las consecuencias de la contingencia climatológica, reflejó aproximadamente un total de 20 mil 775 viviendas afectadas: de ese total, 13 mil 701 correspondieron al estado de Guerrero; de las cuales 9 mil 46 necesitarían ser construidas en su totalidad; 4 mil 464 presentaban daños menores, pero el resto estaría sujeto a reconstrucción o reubicación.

En este sentido, se estimó que se requerirían más de mil 200 millones de pesos para las tareas de reconstrucción, de los cuales el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) aportaría aproximadamente 500 millones y el resto de los recursos saldría del presupuesto del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).

Ante la cuantificación de los daños, la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, con la inclusión de una partida especial a la que se destinaron 7 mil millones de pesos para el Fondo Guerrero, con la finalidad de atender la recuperación de la región afectada por los huracanes Ingrid y Manuel.

No obstante lo anterior, en estados como Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y Veracruz, donde el gobierno federal hoy pretende trabajar para resolver el problema de inseguridad presentado en dichas entidades, el gobierno de la República ha dejado a un lado otras tareas de igual importancia, como la de publicar los resultados de las acciones que hasta ahora se han implementado para restablecer la infraestructura y atender a los damnificados por los referidos fenómenos naturales.

A pesar del riesgo bajo el que viven los mexicanos de todos los estados del país expuestos a la impredecible fuerza de la naturaleza, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ha sido omisa en revelar los datos de edificaciones en zonas de alto riesgo o de usos de suelo no habitacionales; ha postergado rendir un informe sobre el resultado de la investigación respecto a funcionarios probablemente responsables por la concesión de permisos de construcción de viviendas en zonas irregulares. Lo anterior, no obstante que el titular del Ejecutivo federal le fijó un plazo específico para realizar dichas investigaciones y que hasta el momento no se ha cumplido.

Por ello, resulta necesario que el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, rinda un informe detallado sobre las acciones que hasta ahora han sido llevadas a cabo para atender a las diversas comunidades que fueron afectadas por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, así como del resultado de la investigación de las probables responsabilidades de funcionarios por los daños ocasionados.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita al licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a una reunión de trabajo ante la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, a efecto de que informe las acciones que hasta ahora se han implementado para atender los daños ocasionados en distintos estados del país por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, y de los avances de las investigaciones por la probable responsabilidad de los servidores públicos que autorizaron la construcción de asentamientos poblacionales en zonas de alto riesgo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.

Senador Javier Lozano Alarcón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la entrega de televisiones digitales por el gobierno federal, suscrita por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, estableció que la transición digital terrestre debe culminar el 31 de diciembre de 2015. Asimismo, instruyó a los Poderes de la Unión a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno.

A fin de atender esta obligación del Constituyente Permanente, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes comenzó un proceso de entrega de televisiones digitales. El proceso resulta sumamente inicuo y tiene claros fines electorales, en favor del PRI, rumbo a las elecciones de junio de este año.

La transición a la TV digital y el reparto de televisores pueden quebrantar el equilibrio en la contienda electoral, además de significar un alto costo para el pueblo de México, más de 31 mil millones de pesos. Lo anterior es confirmado por la opacidad y la contradicción en el proceso de transición y la carencia de un estudio respecto de los impactos ambientales que se generará con la sustitución masiva de televisores analógicos. Asimismo, es clara la estrategia del Ejecutivo de usar esta obligación para posicionar a los candidatos del PRI en las zonas más pobres donde se están entregando las televisiones.

Los televisores que se están entregando traen el logo “Mover a México”, eslogan del gobierno peñista. Esto genera un posicionamiento tramposo de los candidatos del PRI que competirán en las próximas elecciones. Eso debe eliminarse e incluir mejor el Escudo Nacional como establece el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social para el caso de programas de desarrollo social.

El citado artículo establece lo siguiente:

Artículo 28. La publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social deberán identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la ley correspondiente e incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

El argumento de la SCT para incluir el slogan “Mover a México” es que así se evita la reventa de dichos aparatos. Sin embargo, este argumento es pobrísimo, porque no existe prohibición alguna para que lo puedan vender o empeñar, con lo que quedan claras las intenciones del gobierno en materia del uso propagandístico que se le dan a los programas sociales.

Aunado a lo anterior, no todos los hogares accederán a la televisión digital, porque en el decreto que expidió las leyes secundarias de telecomunicaciones se establece que para el apagón analógico se debe tener tan sólo un nivel de penetración de 90 por ciento de hogares de escasos recursos definidos por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Lo anterior implica que los hogares de personas que no sean catalogadas de escasos recursos, no recibirán apoyo y ello puede incluir a hogares que no están dentro de programas de la Sedesol y también hogares de clase media-baja que, aunque no estén en pobreza, tampoco tengan recursos para adquirir un nuevo televisor o un decodificador.

La sustitución de televisores analógicos por digitales genera basura electrónica (residuos electrónicos), sin que hasta el momento haya un plan para su disposición debida (recolección, recuperación para reúso o reciclaje de lo que se puede aprovechar, y disposición final de lo no aprovechable). Los televisores analógicos que se conviertan en basura electrónica si no se manejan adecuadamente contaminarán el subsuelo, mantos acuíferos y repercutirán negativamente en la salud de las personas y en el ambiente. La mayoría de estos televisores puede usarse con el nuevo sistema, mediante el uso de decodificadores, evitando de esta manera la generación de tantos desechos.

No debe perderse de vista que, a 11 meses de que terminen las transmisiones analógicas y se de paso a la transición digital terrestre (TDT) en todo el territorio nacional, el proceso podría estar en riesgo por la falta de recursos económicos para adquirir los televisores que la SCT, en nombre del Estado, regala a las familias seleccionadas por la Sedesol.1

De acuerdo con un reporte que presenta Reforma, en 2014, la dependencia gastó 6 mil millones 98 mil pesos para comprar 2.43 millones de televisores, por lo cual para este año se necesitarían de 19 mil 902 millones de pesos para adquirir los equipos faltantes. La SCT había asegurado que el costo de los televisores incluía la distribución, pero adjudicó varios contratos a Código Empresarial (Human Factor) para instalar hasta 341 estaciones de distribución de televisores: de 40 millones de pesos para el periodo de mayo a noviembre de 2014, por 379 millones de pesos para el periodo de noviembre de 2014 y el 31 de marzo de 2015.2

Trascendió que al tener la SCT en el presupuesto 2015 etiquetado para televisores 7 mil 915 millones de pesos, de seguir los gastos como hasta ahora, tendría un faltante de 19 mil 902 millones de pesos para terminar de comprar los televisores.3

Pese a lo anterior, el enorme gasto de recursos públicos erogado, la iniquidad en la contienda electoral generará que nuestra democracia se vea manchada por acciones contrarias a la misma y que vienen del propio gobierno, por lo cual es necesario que se suspenda la entrega indiscriminada de televisiones digitales y se postergue para después de terminadas las elecciones de junio del presente año.

Esta alternativa implica que sea casi imposible cumplir con la fecha para el apagón analógico del 31 de diciembre de 2015, por lo cual se puede buscar modificar el transitorio de la Constitución que estableció esa fecha o que se rebase esa fecha sin más. Si se rebasa la fecha para el apagón sin modificar la Constitución, no existiría consecuencia de ello y sí puede contribuir a la construcción de una democracia.

Aunado a lo anterior, es importante que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza, con el fin de que explique a cabalidad cuáles fueron las consideraciones técnicas y operativas de continuar con la entrega de televisores en temporada electoral, además de explicar por qué no se previeron los recursos necesarios para el caso.

La SCT señaló, en voz de Javier Lizárraga, asesor de la dependencia en materia de telecomunicaciones, que hasta después de 2016 no se establecerá un mecanismo para dotar de internet a las televisiones digitales que repartió a la población, para lo cual analizará diversas opciones como lanzar una prueba piloto en este año para estudiar los modelos de implantación,4 siendo que desde un principio, dicha Secretaría había anunciado que se realizaría lo necesario para que las televisiones tuvieran acceso a internet desde su entrega, por lo cual es necesario conocer la justificación que tuvo la SCT al respecto.

Por lo expuesto y fundado solicito a esta soberanía que se aprueben como de urgente resolución los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a una reunión de trabajo al secretario de Comunicaciones y Trasportes, Gerardo Ruiz Esparza, a fin de que explique el faltante de recursos destinados para la adquisición de televisiones digitales, y el conflicto que representa la entrega de éstos en temporada electoral.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión demanda la suspensión inmediata de la entrega de televisiones digitales en los municipios y estados de la república que este año se encuentran en proceso electoral, a fin de asegurar que los procesos sean lo más democráticos y transparentes posibles.

Tercero. La Comisión Permanente demanda de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe detallado donde explique el por qué se tomó la decisión de posponer hasta después de 2016 el dotar de internet a las televisiones que ha repartido a la población, además de los mecanismos que se utilizarán al respecto.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral a realizar una investigación detallada respecto de la entrega de televisores por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y sus posibles repercusiones en las contiendas electorales de 2015.

Notas

1 “La SCT necesita 12 mil mdp más para completar la entrega de TVs digitales”, en Etcétera, disponible en http://www.etcetera.com.mx/articulo/la_sct_necesita_12_mil_mdp_mas_para _completar_la_entrega_de_tvs_digitales/33463/

2 Guerrero, Vania. “Faltan a SCT 12 mil mdp para televisores”, en Reforma, disponible en http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=438894&v=4&po=4#ixzz3PD9Mcl9F

3 Ídem.

4 Arias, Adrián. “Internet en televisores digitales, hasta 2016: SCT”, en Crónica, disponible en http://www.cronica.com.mx/notas/2015/878395.html

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.

Senadora Dolores Padierna Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del DF a construir una fábrica de artes y oficios en la delegación Cuauhtémoc, suscrita por el diputado Leopoldo Sánchez Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Leopoldo Sánchez Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El combate a la inseguridad ha sido un tema prioritario por parte de los gobiernos federal y locales, por lo que se han llevado a cabo acciones tendientes a disminuir los delitos de alto y bajo impacto; pero también se medidas preventivas tendientes a fomentar políticas públicas que eviten que las personas realicen actos delictivos.

El ex subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Székely Pardo, expuso que mientras mayor es el nivel de estudios de las personas, disminuye el riesgo de que se dediquen a actividades delictivas y, en la medida en que pasen más tiempo al interior de las escuelas, también se reduce el riesgo de que se conviertan en víctimas de los delincuentes.1

Pero no sólo debemos limitarnos en una educación formal o institucional, sino que dicha política tiene que ser más amplia, es decir, considerar la multiculturalidad y los diversos espacios educativos y recreativos que se puedan llevar a cabo, acorde a las necesidades de los grupos sociales. Tal como lo señala la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los programas preventivos requieren ocho puntos principales, siendo los relacionados con políticas educativas: las medidas basadas en los conocimientos, la integración de la prevención del delito en las políticas de desarrollo socioeconómico y las diferentes estrategias para grupos especiales, en particular para chicos y chicas, hombres y mujeres y miembros vulnerables de la sociedad.

Lo señalado en los párrafos anteriores demuestra la necesidad de aplicar una política educativa-preventiva en ciudades tan pobladas y de gran extensión como es el Distrito Federal, ello conforme a las demandas sociales y los índices delictivos que la Ciudad de México presente.

Si bien diversos barrios y colonias de la Capital del País muestran alto margen de inseguridad, la colonia Morelos -y particularmente el barrio de Tepito- en la delegación Cuauhtémoc es una de las más peligrosas, donde se han creado grupos delictivos con personas de todas las edades y donde el narcomenudeo, el robo y la piratería son ejercidos de forma diaria y, prácticamente, pública.

Por esto precisamente es que Tepito requiere de forma urgente la aplicación de una política social combativa y preventiva ya que, como lo señala Gabriel Regino, ex subsecretario de Seguridad Pública del DF, la criminalidad en este lugar tiene un origen social y debe ser combatida con programas de intervención social dirigidos a “cohesionar a los grupos a favor de la legalidad”.2

Con el fin de combatir la criminalidad en la colonia Morelos y prevenir la creación de nuevas organizaciones delictivas y el incremento de las ya existentes, los habitantes del territorio requieren perentoriamente un espacio público, accesible a toda la población en el cual se desarrollen actividades recreativas y talleres, donde los jóvenes (principalmente) y en general todas las personas, encuentren una forma de esparcimiento y hasta un medio de subsistencia legal; tal es el caso de la Fábrica de Artes y Oficios, mejor conocidos como “Faro”.

Ubicados en las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta y Gustavo A. Madero, los espacios culturales creados por el Gobierno del Distrito Federal que conforman la Red de Faros, tienen como principal objetivo el generar una oferta cultural en zonas marginadas mediante servicios que favorezcan la prevención, inclusión, cohesión e inserción social, así como contribuir a la formación y ocupación de las personas con artes y oficios diversos, como posibilidad de cambio y de transformación comunitaria.3

En estas “fabricas” se ofrecen de forma anual más de 1,535 actividades artístico-culturales beneficiando a más de 350,000 personas, impartiendo 150 talleres trimestrales de artes, oficios e infantiles con 10,000 inscritos, y brindando más de 200 actividades de servicio a la comunidad.4

Este programa educativo – cultural ha tenido tal existo que ha obtenido reconocimientos internacionales como es el Coming Up Taller entregado en la Casa Blanca, por parte del Museo de Ciencias de Boston, el Tecnológico de Massachussets y la empresa Intel al crear un Club House Computer Center, el Centro Cultural España impulsando intercambios culturales a través de residencias artísticas con la Red,5 por mencionar algunos. Pero aún más importante, se ha beneficiado a miles de mexicanos de todas las edades, logrando que muchas de ellas se alejen permanentemente de las adicciones y la delincuencia, asimismo, jóvenes y adultos han desarrollado sus capacidades y creado una fuente de ingresos con lo aprendido en los talleres.

Es esencial que políticas y acciones tan exitosas y con grandes beneficios sociales se difundan en toda la ciudad y se apliquen en colonias y demarcaciones que lo necesitan. Los “Faros” son para miles de jóvenes un espacio en el que sus habilidades y capacidades se desarrollan y donde muchos encuentran una mejor calidad de vida.

Con la construcción de una “Fabrica de Artes y Oficios” en la colonia Morelos se ayudaría al combate efectivo de la delincuencia, se podrían eliminar los grupos delincuenciales y principalmente se prevendrían los actos delictivos. Esta medida fomentaría la educación y el acercamiento a la cultura por parte de miles de niñas, niños, jóvenes y adultos “tepiteños” quienes al no tener otro medio de esparcimiento y recreación se refugian en las adicciones y caen en manos del crimen.

Si bien es importante fomentar de forma general la educación, la cultura y las artes, es importante otorgar prioridad a aquellos grupos sociales, territorios, colonias o delegaciones que presentan índices elevados de delincuencia y pocas oportunidades educativas y de recreación.

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Gobierno del Distrito Federal para que, a través de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal y en coordinación con el Jefe Delegacional de la Delegación Cuauhtémoc, lleve a cabo la construcción de una Fábrica de Artes y Oficios “Faro” en las inmediaciones del barrio de Tepito en la colonia Morelos de la delegación Cuauhtémoc.

Notas

1 http://www.sems.gob.mx/es_mx/sems/281008_educacin_factor_elemental_para _prevenir_la_ 19 de enero de 2015 13:13 horas.

2 http://mexico.cnn.com/nacional/2012/06/29/tepito-un-barrio-de-la-ciudad -de-mexico-que-se-resiste-a-la-autoridad 19 de enero de 2015 14:18 horas.

3 http://www.cultura.df.gob.mx/index.php/programas/capital-social/5251-re d-de-fabricas-de-artes-y-oficios-faros 19 de enero de 2015 14:36 horas.

4 http://farodeoriente.org/red-de-faros-de-la-ciudad-de-mexico/ 19 de enero de 2015 14:38 horas.

5 http://farodeoriente.org/red-de-faros-de-la-ciudad-de-mexico/ 19 de enero de 2015 14:42 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 21 de enero de 2015.

Diputado Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a restablecer los trabajos de la Comisión Conjunta México-Irán, suscrita por la senadora Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, senadora Gabriela Cuevas Barron, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 87, numeral 5, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a restablecer los trabajos de la Comisión Conjunta México-Irán, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La República Islámica de Irán es un líder regional y una potencia media con una influencia extraordinaria en el Medio Oriente cuya importancia geopolítica se desprende de su ubicación privilegiada entre Asia Central, Asia Occidental y el Sudeste asiático. Su liderazgo internacional en materia de producción y exportación de energía es indudable, toda vez que cuenta con enormes reservas de combustibles fósiles, además de ser considerado el primer país proveedor de gas natural en el mundo, el cuarto en volumen de reservas petroleras probadas y el segundo mayor exportador de petróleo.

Según datos del BP Statistical Review of World Energy , a finales de 2013, Irán contaba con el 9.3% de las reservas probadas de petróleo y con el 18% de gas natural en todo el mundo. Y actualmente, países como China, Francia, India, Italia, Países Bajos, Noruega, Rusia, España y el Reino Unido mantienen contratos para la explotación conjunta de recursos petroleros, sin dejar de mencionar que el sector petrolero representa prácticamente el 60% de los ingresos gubernamentales totales y el 80% del valor total de las exportaciones.1

Ciertamente, el programa nuclear iraní acarreó sanciones económicas y embargos comerciales que afectaron considerablemente la economía del país: el crecimiento económico se desaceleró sensiblemente al pasar de 5.2% anual en 2010 a 0.94% en 2012; el rial iraní se devaluó en aproximadamente un 40% el desempleo aumentó a 12.5%.2 A pesar de ello, Irán cuenta con una economía cada vez más sofisticada al ser “punto de encuentro de modelos de planeación centralizada, propiedad gubernamental, libre comercio en cierta escala y apertura a la inversión privada nacional y extranjera”.3 De hecho, la moderada apertura política y el levantamiento temporal de las sanciones económicas a causa del acuerdo alcanzado en noviembre de 2013 con los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU (G5+1) para dar una solución pacífica y diplomática a la crisis derivada del programa nuclear iraní, generaron nuevas expectativas en las relaciones comerciales y diplomáticas que sostiene Irán con el resto del mundo.

De esta forma, la política exterior de Irán se está encauzando hacia la moderación política, la apertura económica y el estrechamiento de los vínculos con Occidente.

2. Las relaciones bilaterales entre México e Irán datan de 1889, fecha que determina los primeros contactos diplomáticos. Sin embargo, después de varios intercambios inestables y tras la firma de un documento de amistad el 24 de marzo de 1937, las relaciones diplomáticas finalmente se establecieron el 15 de octubre de 1964, por lo que el pasado mes de octubre se celebraron los 50 años de las relaciones entre ambos países.

Cabe destacar que en 1979 se cerró nuestra Embajada en Teherán ante el peligro de represalias por la decisión del Gobierno mexicano de recibir al depuesto Sha Mohamed Reza Pahvlevi. Ante esta medida, el Gobierno de Irán decidió bajar el nivel de su Embajada a Encargado de Negocios hasta junio de 1990, cuando acreditó nuevamente a un Embajador. En julio de 1992 se reabrió la Misión Diplomática mexicana, iniciándose un proceso de acercamiento y colaboración entre ambas naciones. Y para corresponder a la visita del Canciller mexicano realizada en febrero de 1993, el Canciller iraní visitó nuestro país, ocasión en la que se anunció la creación de la Comisión Conjunta México-Irán , establecida como el foro de diálogo bilateral para diseñar las líneas de acción, planear una agenda de trabajo e implementar las acciones necesarias para lograr un mayor acercamiento en materia política, económica, comercial, educativa y científica.

Así, en junio de 1993 se efectuó la primera reunión de dicha Comisión en Irán, lo que abrió amplias posibilidades al incremento de los intercambios. Y ocho años después, en julio de 2001, se realizó en la ciudad de México la II Reunión de la Comisión Conjunta México-Irán. Sin embargo, han transcurrido casi 15 años sin que se haya efectuado otra reunión y sin que se aprovechen los beneficios de este mecanismo.

Debido a la importancia de Irán, tanto a nivel regional como en el mundo, es importante que se reactive la Comisión Conjunta México-Irán a fin de poder identificar áreas de cooperación en el ámbito científico y tecnológico como en el sector de la nanotecnología y el energético.

En materia económica, Irán es apenas el 77° socio comercial de México a nivel mundial. Y en el ámbito educativo y cultural, tampoco se han reportado avances significativos, pues son contados los estudiantes que se han beneficiado de los programas de intercambio académico.

En cuanto a la relación comercial es de destacar que en los últimos años, el comercio entre México e Irán no ha sido constante. Mientras que en 2007 el comercio total fue de 62 millones de dólares, en 2008 disminuyó a 31 mdd, en 2009 a 19 mdd y en 2010 a 6.2 mdd, teniendo un repunte significativo en 2012 al alcanzar los 133.3 mdd, pero volvió a caer en 2013 a 20.9 mdd.4

3. A pesar de la distancia geográfica y cultural, México e Irán comparten varios aspectos y ciertas coincidencias en su vida nacional e internacional al ser ambos países poseedores de importantes recursos naturales que comparten una herencia común como descendientes de dos grandes culturas milenarias.

En este sentido, debemos sabernos importantes para una nación estratégica como Irán y por ello es indispensable trabajar conjuntamente con ese país en el marco de una comisión que permita reducir los obstáculos que impiden una relación comercial mucho más sólida.

La relación bilateral ha madurado y actualmente se encuentra en un momento propicio para avanzar sobre temas de interés común. Conscientes de ello, se juzga necesario que exista un mecanismo formal que dé continuidad a la agenda de trabajo y establezca líneas de acción que permitan consolidar la relación en los ámbitos económico, comercial, educativo, científico y político entre ambas naciones.

Resulta pues de particular importancia que la Comisión Conjunta México-Irán retome las reuniones de trabajo que desde hace catorce años no se han celebrado a fin de convertirse en la punta de lanza que sirva para avanzar en la consolidación de la ya provechosa y cercana relación que México salvaguarda con Irán, tomando en cuenta que las nuevas posturas de Irán a nivel internacional podrían abran nuevas ventanas de oportunidad para la interacción económica y comercial.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, restablezca los trabajos de la Comisión Conjunta México – Irán a fin de que se promueva una agenda bilateral que beneficie a ambos países.

Notas

1 De: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/serieasia16.pdf.

2 De: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Iran_FICHA%20PAIS.pdf .

3 De: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/serieasia16.pdf.

4 De: http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/informa cion-estadistica-y-arancelaria.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 21 días del mes de enero de 2015.

Senadora Gabriela Cuevas Barron (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a permitir la participación de la CNDH y la CDI en la “gran reforma para el campo”, suscrita por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Yesenia Nolasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración el presente punto de acuerdo, conforme al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que hace 21 años, el 1 de enero de 1994, se inició la vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, que permitiría la apertura de las fronteras comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá, promoviendo la idea de generar un de los bloque comercial de suma importancia y competencia a nivel mundial.

Que si bien en nuestro país el sector de armadoras de autos resulta ser una de los pocos beneficiados con el TLCAN, esto derivado a que México, se ha posicionado como uno de los principales productores de automóviles a nivel mundial.1

A pesar de que el sector de la industria automotriz es un indicador de crecimiento e impulso económico y desarrollo nacional, existen contrapartes.

Que otra cifra que debe analizarse a detalle por el gobierno nacional es el de las exportaciones, mismas que pasaron de 51 mil millones de dólares en 1993, a 223 mil millones en 2011, un aumento de 330 por ciento, según los dio a conocer la cámara de comercio de Estados Unidos.

Que la misma Cámara de Comercio de EUA ha indicado que las exportaciones agrícolas a México en rubros como granos y carne se han quintuplicado desde que se firmó el TLC, 1994 a 2014.2

Que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, con la firma del TLC, los salarios reales deberían haber subido en México, pero en la realidad ocurrió una caída anual de 0.17 por ciento promedio, desde 1994 hasta el 2010.3

Que según la Federación Internacional de los Derechos Humanos, FIDH,4 , en un informe reveló que el Tratado de libre comercio de América del Norte ha generado un deterioro de los derechos humanos en México, citando que México se ha convertido en un “basurero del sector agroalimentario estadounidense”; el deterioro de las condiciones laborales en el sector de la maquila textil y electrónica; y el debilitamiento del sector sindical mexicano.5

Asimismo el informe señala que contrario a lo que algunos analistas sostuvieron en su momento, la integración continental no hizo las veces de trampolín para las firmas mexicanas, ya que la economía de este país depende, hoy más que nunca, de las firmas estadounidenses y de su estrategia de expansión.

Que la FIDH, señala que a raíz de la crisis del campo mexicano, miles de campesinos y campesinas han emigrado hacia las ciudades en busca de trabajo, mientras el Estado mexicano abre su mercado interno a la importación de alimentos de EUA, este país mantiene sus subsidios agrícolas y con medidas fitosanitarias, entre otras, cierra sus puertas a los productos agrícolas mexicanos, por ello, la política ha traído la migración de miles de mexicanos, cuyos derechos humanos y laborales no son contemplados dentro de los acuerdos comerciales”.6

Que lo anterior ha promovido que diversas organizaciones campesinas, algunos congresos de los estados, diputados y representantes populares, se han venido manifestando desde hace varios años, demandando la renegociación del TLCAN en materia agropecuaria.

Lo anterior nace porque con la entrada de vigencia del TLCAN, 3.2 millones de campesinos dejaron sus tierras y cinco millones de productores decidieron dedicarse a actividades distintas.

Que al día de hoy alrededor de 600 campesinos abandonan el sector agropecuario cada día y 550 mil habitantes del sector agrario emigran a los Estados Unidos anualmente, situación que afecta a la producción agraria y deja en abandono las tierras ejidales.

Que con las recientes modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, abre un amplio margen legal para el despojo de bienes y tierras de ejidatarios, pequeños propietarios y comunidades indígenas en las que pudieran encontrarse yacimientos petroleros, gas e instalaciones eléctricas.

Que en materia legislativa debe prevalecer el reconocimiento como interés público y orden social las actividades del campo, la propiedad social de la tierra, la producción alimentaria, vida y cultura de los campesinos, el derecho a la alimentación y la soberanía y seguridad alimentaria.

Que es obligación velar por el respeto a los derechos de los y las campesinos y campesinas y pueblos indígenas sobre sus territorios y a sus modos de producción.

Que el gobierno federal anunció una denominada “Gran reforma para el campo”, en la cual se delinea que existirá la aplicación de políticas públicas diferenciadas y la transformación del subsidio al incentivo productivo.

Que se enuncia una oferta de mayores créditos y servicios financieros para el campo, sincronizar la oferta y la demanda de productos agropecuarios y contar con un moderno marco legal para dinamizar el sector agroalimentario del país.

Por lo expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaria de Economía, a la Secretaria de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que establezcan –en medida de sus atribuciones– una mesa de diálogo con organizaciones campesinas en el marco de la entrada en vigencia de la Ronda Uno, correspondiente a la nombrada reforma energética, con el propósito de establecer estrategias en favor del sector agropecuario.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que permita participar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, dentro del análisis de la denominada gran reforma para el campo, teniendo estas dos comisiones derecho a voz y sean consideradas sus observaciones, enalteciendo así las necesidades de los trabajadores del campo.

Notas

1 http://www.cefp.gob.mx/
2 www.animalpolitico.com/
3 www.eleconomista.com.mx

4 La FIDH, es la la primera organización internacional de defensa de los derechos humanos, constituida en 1922. Su lema fue: “La paz para los derechos humanos”.

5 www.fidh.org/
6 Ibíd.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sede de la Comisión Permanente, a los 21 días del mes de Enero de 2015.

Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a incluir en el Catálogo Universal de Servicios de Salud la atención de las enfermedades crónico-degenerativas, suscrita por el senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Eviel Pérez Magaña, senador de la república de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción I, 76, fracción I, 164,169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para que en el ámbito de sus atribuciones modifiquen los criterios sobre la atención de las enfermedades crónico degenerativas del Seguro Popular y se incluyan en el Catálogo Universal de Servicios de Salud para su atención médica en todos sus niveles, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los cambios en el estilo de vida de la población han contribuido a que las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares constituyan actualmente una de las principales preocupaciones para las autoridades de salud a nivel mundial.

La falta de actividad física relacionada con trabajo sedentario, el consumo de tabaco, las dietas poco saludable con ingesta de alimentos hipercalóricos, ricos en grasas y azúcares pero con escasas vitaminas, minerales y otros micronutrientes, han propiciado que las personas, sin importar su condición social o económica, presenten cambios fisiológicos que los llevan a padecer una o varias enfermedades. Los cambios que se observan ante la presencia de estos factores son la elevación de la tensión arterial, de los niveles de glucosa, lípidos, todo esto acompañado de sobrepeso y obesidad. Estos factores conocidos como “factores modificables” son responsables del 80% de las enfermedades coronarias y de la enfermedad cerebrovascular.

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son un grupo heterogéneo de padecimientos que contribuye a la mortalidad mediante un pequeño número de desenlaces como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y la enfermedad vascular cerebral.i

Existen enfermedades degenerativas del cerebro, asociadas a la edad (como el Alzheimer y el Parkinson), articulares (como la artrosis de columna, cadera o rodilla), oculares (de la córnea o la retina), óseas (osteoporosis), hipertensión, la artritis, la esclerosis múltiple, fibromialgia, diabetes, el cáncer y hasta el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

Las enfermedades crónicas degenerativas van degradando física y/o mentalmente a quienes la padecen, pues provocan un desequilibrio en los mecanismos de regeneración celular.ii Los tratamientos que existen tienden a ser paliativos, es decir, enfocados a atenuar los efectos que producen y a tratar de mejor la calidad de vida de las personas afectadas.iii

La Organización Mundial de la Salud ha estimado que debe darse atención imperante por parte de los gobiernos para prevenir y controlar las enfermedades crónicas, mostrando en un estudio que el 80% de las muertes por enfermedades crónicas se dan en los países de ingresos bajos y medios, afectando a hombres y mujeres por igual.

También señala que existe la necesidad de prever y comprender la relevancia de estas enfermedades y que es una cuestión cada vez más importante el intervenir urgentemente contra ellas, pues el número de personas, familias y comunidades afectadas está aumentando y su amenaza creciente constituye una causa subestimada de pobreza que dificulta el desarrollo económico de muchos países.iv

En este tema, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2008 señaló que en México las principales causas de muerte son las enfermedades crónicas degenerativas, como la diabetes mellitus, los tumores malignos y las enfermedades isquémicas del corazón.

Así también, la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) 2012 informó que la proporción de adultos con diagnóstico médico previo de diabetes fue de 9.2%, lo que mostró un incremento en comparación con la proporción reportada en la ENSAUT 2000 (5.8%) y en la ENSANUT 2006 (7%). Para los grupos de 60 a 69 años se observó una prevalencia ligeramente mayor en mujeres que en hombres (26.3 y 24.1%, respectivamente) que se acentuó en el grupo de 70 a 79 años (27.4 y 21.5%, respectivamente). Al hacer las comparaciones por grupo de edad para 2000, 2006 y 2012, tanto en hombres como en mujeres se observó un ligero incremento en el diagnóstico médico previo de diabetes conforme aumenta la edad; después de los 50 años este aumento fue mayor en 2012.

Para este mismo año la Secretaría de Salud reportó en su 2º Informe de Labores 2013-2014 que dentro de las principales causas de mortalidad de mexicanos en edad productiva, de 15 a 64 años, la tasa calculada por cada cien mil habitantes, fue para la diabetes mellitus de 42.9; tumores malignos de 41.4; enfermedades del corazón de 34.0; isquémica del corazón de 23.2; enfermedades del hígado de 26.5.

Para personas de 65 años y más, la tasa calculada por cada cien mil habitantes, de las principales causas de mortalidad son: corazón 1,096.8; isquémicas del corazón 746.9; diabetes mellitus 697.5; tumores malignos 535.8; e insuficiencia renal 94.5.v

Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), la insuficiencia renal crónica (IRC) en 2013 fue la quinta causa de muerte general en México y la tercera a nivel hospitalaria.

La insuficiencia renal crónica (IRC) es la pérdida progresiva de la función renal que se caracteriza por anormalidades en la estructura o función del riñón, por lo que el organismo pierde gradualmente la capacidad de filtrar las sustancias tóxicas de la sangre. En México existen 10 millones de personas con algún grado de insuficiencia renal, de las cuales cerca de 129 mil se encuentran en etapas avanzadas con requerimientos de diálisis o hemodiálisis. Por ello, es importante que los programas de atención a la insuficiencia renal crónica hagan hincapié en la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de ésta y sus complicaciones, para retrasar la progresión a diálisis y poder acceder a trasplante de riñón de forma oportuna, con la consecuente mejoría en la calidad de vida del paciente.

Considerando lo anterior, es necesario elaborar e implementar una política de salud clara, orientada a disminuir el impacto que puede tener la IRC en un futuro cercano. Se deben tener lineamientos prácticos para la detección oportuna de la IRC y para la atención de complicaciones tempranas a través de tratamientos nefroprotectores, que implican el control de los niveles de glucosa, anemia, hipertensión y proteinuria y que permiten retrasar la progresión a diálisis y al trasplante de riñón.

Por otro lado, de acuerdo a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (administradora del Seguro Popular), se informó que en 2013 existían 59.1 millones de personas no derechohabientes, que en caso de padecer IRC no tendrían manera de enfrentar los altos costos del tratamiento, ni la complejidad de una enfermedad que gradualmente deteriora su calidad de vida.

Así como esta enfermedad y otras crónicas degenerativas son uno de los mayores retos que enfrenta el Sistema Nacional de Salud (SNS). Lo son por varios factores: el gran número de casos afectados, por su creciente contribución a la mortalidad general, por la conformación en la causa más frecuente de incapacidad prematura y por la complejidad y costo elevado de su tratamiento.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como mandato legal, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre señala: “todo ser humano tiene derecho a la salud y se considera a la enfermedad como un mal social”. En consecuencia, afrontarla es una responsabilidad pública.

Uno de los compromisos más importantes de la sociedad mexicana frente a las condiciones de salud en coordinación con las autoridades federales y estatales, es lograr el empoderamiento de los programas de su prevención y protección de la salud para contribuir al bienestar de todos sus habitantes.

El SNS está regulado por la Ley General de Salud (LGS) en su título tercero “De la Protección en Salud” y específicamente en el artículo 77 bis 3 de esta ley se señala que:

Las familias y personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, se incorporarán al Sistema de Protección Social en Salud que les corresponda en razón de su domicilio, con lo cual gozarán de las acciones de protección en salud.

Este Sistema se conoce como Seguro Popular , que brinda acceso a servicios médicos gratuitos a la población no asalariada.

Es así como muchos mexicanos que no cuentan con servicios de seguridad social como el ISSSTE o el IMSS tienen que afiliarse al Seguro Popular para poder contar con atención médica, sin embargo, este seguro no cubre muchas enfermedades crónico-degenerativas, las cuales como ya se mencionó se presentan cada vez más en nuestra población, además de que a la fecha presenta algunas deficiencias.

Por citar: el Estudio de Satisfacción de Usuarios del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) 2013, realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), destaca que para el caso de los pacientes con diabetes, de los derechohabientes que fueron entrevistados al acudir a la clínica u hospital para atenderse por dicho padecimiento, a sólo 68.3% les midieron los niveles de azúcar en la sangre, a 8% no le tomaron la presión y 34.6% registró niveles elevados de este indicador.

Para el año 2015 el Seguro Popular tiene asignado para su ejercicio fiscal un monto de 74 mil 789.2 millones de pesos (mdp), 2 mil 459 mdp más que lo asignado para el año 2014, por lo que se considera que éste podría ampliar sus coberturas, incluyendo a las enfermedades crónico degenerativas mencionadas como la insuficiencia renal en sus distintas etapas dentro de su Catálogo Universal de Servicios de Salud en las etapas I, II y III, así como en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos en las etapas IV y V (su atención ampliada y la implementación de tratamientos nefroprotectores contribuiría a disminuir el gasto destinado a diálisis, con ahorros que podrían ser destinados al trasplante renal).vi

Cabe mencionar que en el citado catálogo se encuentran la atención médica a enfermedades crónico degenerativas como la diabetes, la obesidad, la hipertensión arterial y el cáncer de mama, cérvico-uterino y de próstata. Pero resulta necesario que se brinde el tratamiento que la población necesite para casos concretos en todos los niveles, es decir hasta nivel médico quirúrgico.

Uno de los retos que tiene el Seguro Popular es precisamente garantizar la completa prestación de servicios médicos de calidad para sus afiliados que sufran estos padecimientos.

Es en este sentido que en la presente proposición se considera que es fundamental generar acciones para garantizar el acceso al tratamiento y cobertura universal médica que incluya las principales enfermedades crónico-degenerativas que cada día tienen mayor incidencia en nuestra población

Por lo que se estima que para cumplir con lo que nuestra Constitución mandata se deben instrumentar acciones para coadyuvar en la solución a esta necesidad de nuestra población que no dispone de los recursos para tratar los altos costos que estas enfermedades implican.

Por lo expuesto, me permito poner a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para que en el ámbito de sus atribuciones modifiquen los criterios sobre la atención de las enfermedades crónico degenerativas del Seguro Popular y se incluyan en el Catálogo Universal de Servicios de Salud para su atención médica en todos sus niveles.

Notas

i Córdova-Villalobos José Ángel, Barriguete .Jorge A., Las enfermedades crónicas no transmisibles en México: sinopsis epidemiológica y prevención integral, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, salud pública de México / vol. 50, no. 5, septiembre-octubre de 2008.

ii López, F. (2007). Epidemiologia. Enfermedades transmisibles y crónico-degenerativas . México: El Manual Moderno.

iii Halabe, J. y Nellen, H. (2004). Enfermedades crónicas de etiología infecciosa . México: El Manual Moderno.

iv Organización Mundial de la Salud, Enfermedades crónicas y promociones de la salud (en línea); www.who.int/chp/chronic_disease_report/part1/es/

v Secretaria de Salud, Segundo informe de labores 2013-2014 , págs. 168-169, 1 de septiembre de 2014.

vi Crónica, “Insuficiencia renal crónica: problema de salud pública sin cobertura en el Seguro Popular”, 11, febrero, 2013. En línea: http://www.cronica.com.mx/notas/2011/604787.html

Bibliografía:

Secretaría de Salud, Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) 2012.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en línea: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos

Organización Mundial de la Salud, en línea:

http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/part1/es/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y 2015.

Senador Eviel Pérez Magaña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias federales a promover acciones para lograr una conexión directa de servicios aéreos entre México y Japón, suscrita por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con los siguientes

Considerandos

La relación entre México y Japón ha sido larga y próspera durante más de 400 años. A lo largo de la misma se han firmado varios acuerdos para el acercamiento mutuo de ambos países, no sólo en el ámbito político y económico sino también cultural.

Aunque los primeros contactos entre ambas naciones ocurrieron el 30 de septiembre de 1609 con el naufragio del galeón San Francisco, frente a las costas de Iwawada, en su camino de regreso de las Filipinas a la Nueva España, las relaciones económicas, culturales, migratorias y políticas entre México y Japón iniciaron el 30 de noviembre de 1888, con la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, en Washington, DC.

Las relaciones diplomáticas se interrumpieron durante la Segunda Guerra Mundial, pero se reanudaron con profundo entusiasmo el 2 de febrero de 1952. A partir de entonces la relación se profundizó e incrementó a grade escala, destacándose la llegada de diversas empresas japonesas a México, entre las que destacaron las empresas de la industria automotriz.1

En este sentido, el 2014 fue un año importante para México y Japón, ya que marcó el Cuatrocientos Aniversario de la Misión Hasekura, la primera misión comercial japonesa que arribó a México, y el primer contacto entre ambas naciones.

En 2014, además de conmemorar el Cuatrocientos Aniversario de la Misión Hasekura, celebramos importantes eventos en la relación bilateral: 405 años de los primeros contactos, 10 años de la firma del Acuerdo de Asociación Económica (AAE), 10 años del programa de cooperación hacia terceros países, así como 55 años de la visita a México del Primer Ministro Nobusuke Kishi y del canciller Shintaro Abe.2

El Festival Internacional Cervantino, gran festival artístico y cultural de América Latina, se unió a los festejos del Año de Intercambio de Amistad México-Japón, donde el país nipón fue el invitado internacional de ese año.

Retomando la importancia de las relaciones México-Japón, ambos países mantienen una relación cada vez más estrecha en el ámbito económico, pues a 10 años de la firma del AAE, la suma total del intercambio económico se incrementó en más de un 70%. En 2013, Japón se ubicó como el cuarto socio comercial de México a nivel mundial y el segundo entre los países de la región Asia-pacífico. Sin lugar a dudas una relación fundamental.

La relación con Japón es prioritaria por los altos niveles de inversión japonesa productiva en México y por el gran potencial que representa dicho país para el comercio internacional de México. Japón es una nación con un gran peso específico en los mercados financieros internacionales y de comercio.

Estas relaciones han sido prosperas a pesar de la ubicación geográfica de cada país; el establecimiento de vías de comunicación directas, permitiría un mejor acercamiento y un mayor crecimiento en las relaciones entre ambos países, pues hoy en día, por ejemplo, no existen servicio aéreos comerciales directos entre México y Japón. Por lo que atender y resolver este tipo de problemáticas por parte del gobierno federal, ayudarán a mejorar e incrementar sustancialmente las relaciones entre ambos países.

Cabe considerar que la época de los galeones ha pasado a la historia con sus viajes inusitadamente largos y peligrosos; las modernas formas de comunicación permiten ponerse en contacto de inmediato, y afortunadamente facilitan el diálogo y acercamiento de todos los pueblos3 Sin embargo, a pesar de ello, actualmente no existe servicio aéreo directo que conecte a México y Japón, y que permita a los usuarios llegar a su destino en un corto periodo de tiempo y a un costo menor respecto de los que actualmente se generan. Lo anterior a pesar del Convenio Sobre Servicios Aéreos celebrado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Japón, vigente desde 1973.

Por lo anterior, resulta primordial fortalecer la interconectividad aérea entre ambos países, como una acción básica e indispensable para mejorar e impulsar el flujo de los ciudadanos entre ambos países. Medida que a todas luces viene aparejada de beneficios en costos bajos, tiempos cortos y mayor comodidad durante el transporte.

En una relación histórica entre México y Japón es urgente la conectividad aérea comercial directa; máxime cuando ya existe un instrumento firmado entre ambas naciones. El gobierno mexicano debe tomar la iniciativa, junto con el gobierno de Japón, para hacer realidad el establecimiento de servicios aéreos directos que comuniquen ambos países.

Debido al importante papel de ambas naciones como motores económicos en Asía y en América Latina,4 debemos transitar hacia la eliminación de barreras de interconectividad, por el contrario, el gobierno mexicano debe trabajar en estrategias de mayor cooperación y comunicación en los diferentes sectores.

Asimismo, el gobierno federal debe renovar constantemente sus estrategias de promoción y difusión turística (pilar estratégico de la economía nacional, y una de las mejores formas para atraer inversiones) en aquella nación, y en todas aquellas con las que tiene una relación diplomática y comercial.

Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Relaciones Exteriores, para que implementen las acciones necesarias que permitan lograr una conexión directa de servicios aéreos entre México y Japón.

Segundo . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo, a incrementar las acciones de promoción y difusión de las riquezas y los destinos turísticos nacionales, ante Japón y los demás países Asiáticos con los que México mantiene relaciones diplomáticas y comerciales.

Notas

1 Relaciones Bilaterales México-Japón, Presidencia de la República.

2 Relaciones Bilaterales México-Japón, Presidencia de la República.

3 Embajada de Japón en México.

4 México e Indonesia pactan favorecer relación comercial. El Financiero.

Senado de la República, a 19 de enero de 2015.

Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Segob a dar celeridad a la integración de las ternas de candidatos a ocupar el cargo de comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Benjamín Robles Montoya, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas fue creada como una de las respuestas del Estado mexicano a la grave crisis de inseguridad y violencia que ha prevalecido en nuestro país desde hace ya varios años, con un saldo devastador en lo que se refiere a pérdida de vidas humanas y desapariciones, así como de personas que han perdido a sus seres queridos sin siquiera conocer la suerte que corrieron.

Uno de los más grandes fracasos de la estrategia de seguridad durante la administración pasada y que se ha extendido a la actual, es precisamente que ha producido una inacabable cantidad de víctimas directas e indirectas de delitos y de violaciones a derechos humanos, a las que el Gobierno federal aberrantemente calificó en su momento como daños colaterales, o bien prejuzgó acusándolos de estar involucrados en hechos delictivos, condenando así a miles de personas a la indefensión y a la revictimización.

Fue entonces que surgió la exigencia desde diversos sectores de la sociedad civil, de brindar una adecuada e integral atención a las víctimas, por lo cual el Ejecutivo Federal creó en 2011 la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas (Províctima), organismo descentralizado cuya labor fue absolutamente gris e intrascendente.

Es hasta principios de 2014 que finalmente, con el consenso de todas las fuerzas políticas, se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, organismo descentralizado, no sectorizado, integrado por siete comisionados elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, a partir de ternas enviadas por el Ejecutivo Federal.

El 8 de octubre de 2013, el Senado de la República eligió a los siete integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quedando integrado por Adrián Franco Zevada, Susana Thalía Pedroza de la Llave y Julio Antonio Hernández Barros por un periodo de cinco años; Sergio Jaime Rochín del Rincón y Carlos Ríos Espinosa por un periodo de tres años; así como María Olga Noriega Sáenz y María del Rosario Torres Mata para un periodo de un año.

El 7 de octubre de 2014 concluyó el periodo para el cual fueron elegidas las Comisionadas María Olga Noriega Sáenz y María del Rosario Torres Mata, por lo cual unos días antes, específicamente el 28 de agosto, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria pública para la elección de comisionados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en la cual se estableció el procedimiento para la elección de quienes habrán de sustituir a las dos Comisionadas salientes.

En dicha convocatoria se señaló que la recepción de propuestas y documentación se debería realizar dentro de los 20 días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, plazo que feneció el día 25 de septiembre de 2014.

En los términos expuestos en la convocatoria, una vez concluido el plazo la Secretaría de Gobernación llevaría a cabo la publicación de las propuestas recibidas y remitiría al Ejecutivo Federal aquellas que cumplieran con los requisitos, a fin de integrar las ternas que serían remitidas al Senado de la República.

Sin embargo, a pesar de que desde el 7 de octubre concluyó el periodo de las dos Comisionadas salientes y que desde entonces la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas labora de manera incompleta, no se ha dado cumplimiento a lo señalado en la propia convocatoria y hasta la fecha el Ejecutivo Federal no ha remitido las ternas al Senado de la República.

Por tal motivo resulta urgente llevar a cabo a la mayor brevedad la elección de los dos Comisionados, máxime tomando en consideración la relevancia de la labor de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como el hecho de que llevamos más de tres meses desde que quedaron vacantes dos cargos de Comisionados y han transcurrido en exceso los plazos previstos en la convocatoria correspondiente.

La labor de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es fundamental en el contexto histórico de nuestro país, marcado por la violencia y la criminalidad, no solo proveniente de la delincuencia, sino del propio Estado; por ello es necesario garantizar el pleno y correcto funcionamiento de la Comisión.

Por lo antes expuesto someto a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que a la brevedad lleve a cabo la publicación de las propuestas de candidatos a ocupar el cargo de Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, y remitirla al Ejecutivo Federal a fin de integrar las ternas correspondientes.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que una vez que reciba las propuestas, remita en el menor tiempo posible las ternas al Senado de la República para culminar el proceso de elección de dos Comisionados Ejecutivos de Atención a Víctimas, de conformidad con el primer párrafo del artículo 85 de la Ley General de Víctimas.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 21 días del mes de enero de 2015.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Contraloría y la Procuraduría de Justicia del DF y al INBA a investigar sobre lo ocurrido el pasado 20 de diciembre en la Capilla Británica, en la delegación Cuauhtémoc, suscrita por la diputada Irazema González Martínez Olivares, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrito, Irazema González Martínez Olivares diputada federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Distrito Federal se ha caracterizado por el gran número de inmuebles y sitios históricos que se encuentran distribuidos en las diversas demarcaciones delegacionales que lo integran, en las cuales encontramos desde monumentos, conventos, iglesias y edificios históricos.

A pesar de la importancia histórica y cultural que estos espacios representan no sólo para los mexicanos, sino para la sociedad en general, han sido objeto de la realización de eventos que ponen en riesgo su integridad.

Un ejemplo de esto lo vimos reflejado el 13 de junio del año pasado, en el que la actriz de telenovelas y series televisivas, Claudia Cervantes Hinojosa, sobrina del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, llevó a cabo una fiesta de cumpleaños en el Panteón Civil Dolores, el cual es uno de los más grandes y antiguos del país; alberga en su interior a la Rotonda de Personas Ilustres en donde se honra la biografía de 115 personas. Es un homenaje a los hombres y mujeres que aportaron a la historia política, social, cultural, científica y militar del país.

Esta situación derivó en la aplicación de una sanción económica para la citada artista, y la separación del cargo de los funcionarios que autorizaron dicho evento.

Sin embargo, y de forma lamentable, este tipo de hechos no han dejado de seguir ocurriendo, esto debido a que el pasado 20 de diciembre, el diputado del PRD José Luis Muñoz Soria y su esposa, Verónica Olvera, directora de Desarrollo Social de la delegación Cuauhtémoc, llevaron a cabo la organización de una fiesta en la Capilla Británica, el cual es un recinto resguardado por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), con motivo de anunciar el compromiso matrimonial de su sobrino, Geovanni Ramírez Olvera, quien actualmente funge bajo el cargo jefe de la Unidad de Mercados de la delegación Cuauhtémoc.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo del gobierno del Distrito Federal, la Capilla Británica está dedicada a la promoción del teatro y fomento a la lectura. Es el único vestigio que se conserva del antiguo Panteón Inglés, establecido hacia 1824, en lo que fueran las Huertas de San Cosme, donde Cortés fundó un hospital. En dicho cementerio, donado por las autoridades al Reino Unido, fueron sepultados súbditos ingleses como el destacado pintor Daniel Thomas Egerton y su esposa. La capilla data de 1908 y su diseño es totalmente de estilo neocolonial, sobresaliendo sus muros revestidos de tezontle enmarcados en piedra cantera de manera dentada. Su portada luce un arco rebajado, sobre el cual se abre la clásica ventana coral de forma barroca mixtilínea, y como remate, un nicho resguarda la imagen de San Cristóbal cargando al niño Dios.

De tal forma que el haber llevado a cabo una fiesta bajo el argumento de que se contaba con un permiso del área de cultura de la delegación Cuauhtémoc, en donde como ya se ha hecho mención trabajan la esposa y sobrino del diputado José Luis Muñoz Soria, quien actualmente pretende obtener el cargo como jefe delegacional de dicha demarcación territorial, es una clara violación a las reglas que se tienen establecidas para el uso de las instalaciones, ya que se llevó a cabo el ingreso de mariachis y bebidas alcohólicas, elementos prohibidos para este tipo de recintos culturales, así como tampoco se respetaron los horarios de uso del mismo.

Es por esto que consideramos importante se lleven a cabo una investigación exhaustiva sobre estos hechos, ya que resulta claro que no fue para un evento cultural lo que se realizó, sino para un festejo privado que refleja la proclividad por el mal gusto y el nepotismo que impera en esa demarcación capitalina.

Si bien, ya se ha iniciado una investigación por parte de la Contraloría del DF, resulta de vital importancia que la citada situación sea investigada y resuelta bajo la más estricta legalidad y trasparencia, a consecuencia de que en la organización de dicho evento, como ya se ha hecho mención, contó con la intervención de un funcionario federal, diputado federal José Luis Muñoz Soria, y dos funcionarios públicos adscritos a la delegación Cuauhtémoc; Verónica Olvera, directora de la Oficina de Desarrollo Social de la delegación Cuauhtémoc, y Geovanni Ramírez Olvera, jefe de la Unidad de Mercados, generándose así una serie de interrogantes acerca de los recursos utilizados para la realización de dicho evento y la forma en se otorgó el permiso.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Contraloría del gobierno del Distrito Federal, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para que en base a sus funciones lleven a cabo de forma transparente y apegada a la ley, las investigaciones correspondientes sobre los hechos ocurridos el pasado 20 de diciembre en la Capilla Británica, y se apliquen las sanciones a los funcionarios públicos y responsables de dicho evento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2015.

Diputada Irazema González Martínez Olivares (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que realice diversas acciones respecto a la inmovilización de aeronaves mexicanas en Venezuela, suscrita por los senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, senadores de la LXII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal realizar diversas accciones con respecto a la inmovilización de aeronaves mexicanas en la República Bolivariana de Venezuela, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El martes 5 de noviembre de 2013 a las 3:33 pasado meridiano el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela, Vladimir Padrino López, publicó en la cuenta de twitter lo siguiente: “Dia 4 nov 22:36 hrs Cmdo. Defensa Aeroespacial @ceofanb detecto e intercepto aeronave Hawker 25 matricula XBMGM” y anexó una fotografía presumiblemente del avión totalmente incendiado. Inmediatamente después publicó lo siguiente: “Este incursor fue inmovilizado por medios aéreos de nuestra AMB, 7MN al norte Buena vista del Meta, estado Apure”. La matrícula de esta aeronave era mexicana.

2. En reacción a lo anterior, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un primer comunicado el miércoles 6 de noviembre de 2013, que a la letra señala:

Incidente de aeronave con matrícula mexicana en Venezuela

En seguimiento a la información difundida el día de hoy en diversos medios de comunicación, en la que se vincula a una aeronave con matrícula mexicana en un incidente con las Fuerzas Armadas de Venezuela, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Embajada de México en ese país, emitió una nota diplomática en la que se solicita el esclarecimiento de los hechos en estricto apego al derecho internacional.

La SRE se mantendrá atenta a la respuesta que se otorgue a esta solicitud y ha entrado en contacto con autoridades venezolanas, a fin de obtener la información con la prontitud que el caso amerita y deslindar las responsabilidades a las que haya lugar.

3. A partir de entonces, diversos medios de comunicación dieron a conocer información sobre el avión Hawker 25 matrícula XB-MGM, como el nombre del propietario, la escala en el aeropuerto de Querétaro, México y los nombres de los supuestos tripulantes y sus pasajeros. Todo ello, en un vacío de información oficial.

4. El jueves 7 de noviembre de ese año, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un segundo comunicado en el que escuetamente informa sobre la respuesta obtenida a la solicitud de información. Textualmente el comunicado señala lo siguiente:

Información en torno al incidente de una aeronave con matrícula mexicana en Venezuela

En seguimiento al caso de una aeronave con matrícula mexicana y el incidente que ésta tuvo con las Fuerzas Armadas de Venezuela, la Secretaría de Relaciones Exteriores añade las siguientes precisiones fundamentadas en información contenida en una nota diplomática enviada por ese país:

El avión y la pista en la que éste fue ubicado fueron inhabilitados por la Fuerza Aérea venezolana.

Según la información contenida en la nota diplomática del gobierno venezolano, los ocupantes abandonaron la aeronave antes de su inhabilitación.

Las autoridades venezolanas y mexicanas continúan las investigaciones en torno a este caso y se mantienen en constante comunicación.”

5. A través de los medios de comunicación trascendió el discurso televisado del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro, quien molesto se refirió a la solicitud de aclaraciones por parte del Gobierno mexicano. El presidente Maduro señaló que él instruyó al canciller a que diera todas las explicaciones y que tratara de que el presidente mexicano supiera que estaban abogando por un avión “Full de cocaína”. Cabe destacar que a más de un año no se han dado más explicaciones al respecto y no se ofrecieron pruebas sobre el contenido del avión, o al menos estas no han sido dadas a conocer fehacientemente.

6. El 9 de noviembre de 2013 a las 22:30 horas la cancillería emitió otro comunicado, con un poco más detalle acerca de la nota diplomática enviada por parte del gobierno venezolano el jueves 7 de noviembre, de la que se hablaba en el comunicado anterior. Además, la cancillería mexicana anunció la convocatoria al embajador de la República Bolivariana de Venezuela en México para extender la solicitud del gobierno mexicano de esclarecer estos hechos. A la letra el comunicado dice:

México solicita mayor información a Venezuela sobre el incidente de una aeronave con matrícula mexicana

Enterado de las declaraciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en torno al incidente en el que se vio involucrada una aeronave con matrícula mexicana, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó lo siguiente:

En el ejercicio de su soberanía y en el marco del respeto al derecho internacional, México solicita la información que disponga Venezuela al respecto. Asimismo, se reitera la plena disposición del gobierno mexicano de cooperar con las autoridades venezolanas en las indagatorias de este caso.

De la nota diplomática enviada por el gobierno venezolano el pasado 7 de noviembre, se desprende solamente la siguiente información:

1) Que la aeronave ingresó a espacio aéreo venezolano sin la respectiva autorización.

2) La aeronave fue perseguida por espacio de cuarenta minutos, haciendo caso omiso a los llamados de las autoridades venezolanas.

3) La aeronave aterrizó en una pista clandestina.

4) No se encontró rastro de tripulación.

5) En dicha nota no se revela el contenido de la carga del avión.

Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha hecho llegar ningún elemento adicional por los canales diplomáticos correspondientes.

El embajador de Venezuela en México será convocado este lunes a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para extender la solicitud del gobierno mexicano de esclarecer estos hechos conforme al marco del derecho internacional.

7. Tan sólo un día antes de la inhabilitación de la aeronave mexicana, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela realizó una visita oficial a México, tras la cual la cancillería mexicana reiteró su posición a favor de la candidatura de Venezuela como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

8. Paralelamente a los comunicados de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió el siguiente comunicado:

La Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en torno al incidente de una aeronave Hawker Siddeley DH, 125, serie 400A, con matrícula mexicana XB-MGM, propiedad de Jorge Salazar Ochoa, informa lo siguiente:

El 4 de noviembre a las 11:59 horas partió del aeropuerto de Querétaro a Bonaire, Antillas Holandesas, con siete personas a bordo para un vuelo estimado de cinco horas. Los pasajeros registrados fueron: Isaac Pérez Dubon; Susana Bernal Rivas, Adriana Cruz Méndez, Sergio Franco Moga y Manuel Rodríguez Benítez.

Los pilotos Mauricio Pérez Rodríguez y Carlos Alfredo Chávez Padilla presentaron licencias apócrifas.

Se tiene información no oficial de los servicios de tránsito aéreo de Antillas Holandesas, en el sentido de que una vez que dicha aeronave arribó a las Antillas, se presentó un nuevo plan de vuelo para que saliera de Bonaire, Antillas Holandesas, hacia La Ceiba Honduras, con despegue tres horas después de su llegada a Bonaire.

La información con que se cuenta indica que la aeronave transportó en ese vuelo sólo a tres personas: a los dos pilotos y de nueva cuenta a Isaac Pérez Dubon.

Los servicios de tránsito aéreo de Antillas Holandesas indican que los demás pasajeros que venían de Querétaro descendieron en Antillas Holandesas.

No se informó sobre si se presentó denuncia por la utilización de los documentos apócrifos con los que se ostentaron los pilotos y demás investigaciones que tendría que realizar la Dirección General de Aeronáutica Civil, no sólo en este caso, sino en todos los vuelos de aeronaves catalogadas como de carácter privados.

9. El martes 9 de diciembre del 2014 el gobierno de Venezuela informó que derribó dos aeronaves mexicanas por violar su espacio aéreo, presuntamente con fines de narcotráfico. Esto, fue una vez más conocido por medio de la cuenta de twitter del Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien publicó dos mensajes acompañados de fotos, el 8 y 9 de diciembre. Los mensajes decían:

“Una vez más nuestra defensa aeroespacial integral detecta, intercepta e inmoviliza aeronave que ingresó ilegalmente.”

“Otra aeronave inmovilizada por la FANB al SE de Elorza. Violó espacio aéreo presumiblemente con fines de narcotráfico.”

Las fotografías de las aeronaves fueron las que revelaron las matrículas y con ello su nacionalidad.

10. El gobierno de Venezuela puso en vigencia en 2013 una nueva ley de defensa del espacio aéreo que permite derribar aviones sospechosos de transportar droga. Desde la promulgación de esta Ley, se han interceptado o inmovilizado, según reportes del ministro de Defensa, 23 aeronaves. De éstas, según medios de comunicación, el general Padrino sólo ha dejado que se sepa la nacionalidad de las 3 mexicanas.

11. Tras los hechos del 8 y 9 de diciembre de 2014, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó al gobierno venezolano la inmediata confirmación acerca de la nacionalidad mexicana de las aeronaves derribadas. La dependencia expresó en un comunicado el jueves 11 de diciembre de 2014 lo siguiente:

La Secretaría de Relaciones Exteriores pide a Venezuela confirmar supuesta inmovilización de dos aeronaves

Enterada de la supuesta inmovilización en Venezuela de dos aeronaves presuntamente matriculadas en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha solicitado al gobierno de ese país la inmediata confirmación de esta información.

La subsecretaria para América Latina y el Caribe, Vanessa Rubio Márquez, estableció contacto con sus contrapartes en la cancillería venezolana para reiterar la solicitud del gobierno mexicano, para el pronto esclarecimiento de este caso.

A este respecto, ofreció la colaboración de las autoridades mexicanas para la identificación del origen de dichas aeronaves.

México reitera su firme voluntad de cooperación con otros países en la lucha contra el crimen organizado, basada en la estrecha colaboración e intercambio oportuno de información.”

12. En resumen, es un hecho que a esta Soberanía le preocupa la actuación de la República Bolivariana de Venezuela, y la escueta actuación que ha tenido el gobierno mexicano. Es alarmante también que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha emitido comunicado alguno con respecto a las aeronaves derribadas el 8 y 9 de diciembre. Existe una falta de registros y procedimientos con las que aeronaves de vuelos privados viajan con cierta “facilidad” dentro y fuera del territorio nacional.

Consideraciones

I. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

II. Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, es deber de los Senadores presentar proposiciones y denuncias, así como, representar los intereses legítimos de los ciudadanos, y promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes.

III. Que en México, como la República Bolivariana de Venezuela, al firmar y ratificar la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos comprometimos a que toda persona acusada de cometer un delito tiene derecho a que se le presuma inocente mientras no se le pruebe su culpabilidad. Lo anterior se establece en el artículo 11 de la mencionada declaración, que a la letra dice:

Artículo 11.

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

IV. Que el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, suscrito el 7 de diciembre de 1944, cuyo texto traducido en español y francés fue firmado en Buenos Aires el 24 de septiembre de 1968, el cual se denominó “Protocolo de Buenos Aires”, establece que el desarrollo futuro de la aviación civil internacional puede contribuir poderosamente a crear y a preservar la amistad el entendimiento entre las naciones y los pueblos del mundo, mientras que el abuso de ésta puede llegar a constituir una amenaza a la seguridad general. Asimismo considera deseable evitar toda disensión entre las naciones y los pueblos y promover la cooperación de la cual depende la paz del mundo. Por lo que los gobiernos que la suscribieron basados en ciertos principios y arreglos, para que la aviación civil internacional pueda desarrollarse de manera segura y ordenada y de que los servicios internacionales de transporte aéreo puedan establecerse sobre una base de igualdad de oportunidades y realizarse de modo sano y económico.

V. Que el Convenio sobre las Infracciones y Ciertos Otros Actos Cometidos a Bordo de Aeronaves, suscrito en la ciudad de Tokio en 1963, en el numeral 2 del artículo 13 establece lo siguiente:

Artículo 13

1. ...

2. Si un Estado contratante considera que las circunstancias lo justifican, procederá a la detención o tomará otras medidas para asegurar la presencia de cualquier persona que presuma que ha cometido uno de los actos a que se refiere el artículo, párrafo 1, así como de cualquier otra persona que le haya sido entregada. La detención y demás medidas se llevarán a cabo de acuerdo con las leyes de tal Estado, y se mantendrán solamente por el periodo que sea razonablemente necesario a fin de permitir la iniciación de un procedimiento penal o de extradición.

3. La persona detenida de acuerdo con el párrafo anterior tendrá toda clase de facilidades para comunicarse inmediatamente con el representante correspondiente del Estado de su nacionalidad que se encuentre más próximo.

4. ...

5. Cuando un Estado, en virtud de este artículo, detenga a una persona, notificará inmediatamente al Estado de matrícula de la aeronave y al Estado del que sea nacional el detenido y, si lo considera conveniente, a todos los demás Estados interesados tal detención y las circunstancias que la justifican. El Estado que proceda a la investigación preliminar prevista en el párrafo 4 del presente artículo, comunicará sin dilación sus resultados a los Estados antes mencionados e indicará si se propone proceder dicha persona.

Adicionalmente, el numeral 2 del artículo 15 del citado Convenio, establece lo siguiente:

Artículo 15.

1. ...

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en sus leyes sobre entrada, admisión, expulsión y extradición, el Estado contratante en cuyo territorio sea desembarcada una persona, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8, párrafo 1, o desembarque de una persona a la que se le impute alguno de los actos previstos en el artículo 11, párrafo 1, le concederá en orden a su protección y seguridad un trato no menos favorable que el dispensado a sus nacionales en las mismas circunstancias.

VI. Que el artículo 7 de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo emitido por la asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela establece como obligación por parte del Comando Estratégico Operacional dependiente del Comando de la Defensa Aeroespacial Integral registrar todos los procedimientos de interceptación, persuasión, inutilización e inmovilización establecidas en dicha ley, tal y como a continuación se transcribe:

Artículo 7. Todos los procedimientos de interceptación, persuasión, inutilización e inmovilización serán registrados por el Comando Estratégico Operacional por órgano del Comando de la Defensa Aeroespacial Integral y por aquellas dependencias que éste designe para tal fin.

Adicionalmente el artículo 12 de la citada ley establece sobre la asistencia a las personas involucradas acorde a los protocolos respectivos de rescate y salvamento en atención a los tratados internacionales de acuerdo a lo siguiente:

Artículo 12. En caso de llevarse a cabo las medidas de inutilización e inmovilización, se prestará la debida asistencia a las personas involucradas acorde a los protocolos respectivos de rescate y salvamento en atención a los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela en esta materia.

VII. Que la Dirección General de Aeronáutica Civil es un organismo adscrito a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encargado de la administración y cumplimiento de la legislación relacionada con la aviación y aeronáutica civil en México y que de acuerdo con el artículo 21 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, establece entre otras, lo siguiente:

Artículo 21. Corresponde a la Dirección General de Aeronáutica Civil:

I. Proponer al superior jerárquico las políticas y programas de transporte aéreo y ejercer la autoridad en el marco de su competencia;

II. al V. ...

VI. Tramitar las solicitudes de concesión, y otorgar los permisos y autorizaciones para la prestación de los servicios de transporte aéreo regular, no regular, internacional, nacional o de servicio aéreo privado nacional y, en su caso, del no comercial, así como organizar en coordinación con la Dirección General de Autotransporte Federal o con los Centros SCT, la prestación de los servicios de autotransporte federal que se otorguen por el área competente;

VII. Autorizar la operación de aeronaves ultraligeras, globos aerostáticos, aeromodelismo y otras similares, así como vigilar sus actividades;

VIII. Aprobar los horarios de operación de los aeropuertos y de las aeronaves de las líneas aéreas, coordinar el comité de operación y horarios, así como las operaciones aeronáuticas especiales;

IX. Expedir los certificados de matrícula y de aeronavegabilidad a las aeronaves civiles, así como llevar, organizar, controlar y mantener actualizado el registro aeronáutico mexicano;

X. Registrar, aprobar y, en su caso, modificar los procedimientos terminales y de vuelo, así como el sistema de aerovías del espacio aéreo nacional;

XI. Tramitar y someter a la consideración del Secretario, a través de su superior jerárquico, las solicitudes de concesión para construir, operar y explotar aeropuertos; otorgar los permisos para la construcción, operación explotación de los demás aeródromos civiles, y proponer la expedición de las normas oficiales mexicanas que le corresponden; así como llevar a cabo la certificación anual de los aeródromos civiles y pistas;

XII. Autorizar la reubicación, ampliación, modernización o reconstrucción de aeropuertos y, en

XIII. Emitir la normatividad, autorizar, controlar y verificar las instalaciones, sistemas y servicios para la navegación, aproximación, ayudas visuales, comunicaciones y meteorología aeronáutica, así como las especificaciones de los equipos destinados a dichos servicios;

XIV. Otorgar los permisos para el establecimiento de fábricas de aeronaves, motores y sus partes y componentes y talleres aeronáuticos, y llevar su control y vigilancia; asimismo, certificar, convalidar y autorizar, dentro del marco de sus atribuciones, los programas de mantenimiento y los proyectos de construcción o modificación de las aeronaves y sus partes y productos utilizados en la aviación, así como opinar sobre la importación de las mismas, y expedir o reconocer los certificados de homologación de ruido producido por las aeronaves;

XV. Vigilar el cumplimiento de las condiciones que establezcan las concesiones, permisos y autorizaciones y proponer, en su caso, su modificación, caducidad, revocación, rescate o requisa; así como declarar la suspensión de operación de aeronaves;

XVI. Expedir, controlar, renovar, validar y, en su caso, suspender y cancelar las licencias al personal que intervenga directamente en la operación aeronáutica previos los exámenes que correspondan;

...

VIII. Que de acuerdo con las facultades conferidas al Senado de la República, está la de analizar la política exterior del estado mexicano, así como aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, tal y como a continuación se indica:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

...

IX. Que el Senado de la República aprobó el 30 de abril de 2014 un acuerdo mediante el cual manifestó su preocupación por la inhabilitación y destrucción de la primer aeronave mexicana en la República Bolivariana de Venezuela, el acuerdo a la letra dice:

Primero. El Senado de la República manifiesta su preocupación por la forma en que se ha manejado la inhabilitación y destrucción de una aeronave con matrícula mexicana, por parte de las fuerzas armadas de la República Bolivariana de Venezuela.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, en cumplimiento con el “Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Venezuela sobre prevención, control, fiscalización y represión del consumo y tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, que ratificaron ambas naciones, remita a esta soberanía un informe pormenorizado y técnico en el que se detallen los acontecimientos vinculados a la avioneta con matrícula mexicana en territorio de la República Bolivariana de Venezuela.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que brinde a esta Soberanía un informe sobre las acciones que el Consulado de México en Venezuela ha emprendido para localizar a los tres pasajeros desaparecidos que viajaban en la aeronave con matrícula mexicana en comento.

Cuarto. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a revisar y aplicar los mecanismos de registro y protocolo.

X. El cuarto resolutivo de dicho acuerdo aprobado el 30 de abril de 2014 fue atendido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mediante la respuesta del licenciado Alejandro Zendejas Vázquez, director general adjunto técnico de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Subsecretaría de Transporte de esa dependencia, en julio del mismo año. La respuesta en comento explica que la Dirección General de Aeronáutica Civil aplica la normatividad vigente y que los mecanismos de registro y protocolos se ven revisados y aplicados de manera continua, e incluso la Dirección General Adjunta de Seguridad Aérea “practica visitas de verificación técnico administrativas de manera periódica a las instalaciones aeroportuarias, donde se cerciora de la aplicación de los mecanismos de registro y protocolos de los vuelos, incluyendo los privados, y en caso de incumplimiento se aplicarán las medidas correctivas correspondientes.”

XI. Que con estas dos nuevas destrucciones de aeronaves mexicanas, se pone en duda de la implementación de los protocolos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hacia los vuelos privados, así como la eficiencia de la diplomacia mexicana para el cumplimiento de los acuerdos internacionales.

Por lo expuesto, sometemos a consideración del pleno de este Senado de la República, el siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República manifiesta su preocupación por la manera como se ha manejado la inhabilitación y destrucción de tres aeronaves con matrícula mexicana por parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que implemente acciones tendientes a que se respeten los acuerdos internacionales suscritos con nuestro país. Específicamente, que solicite a su homólogo de la República Bolivariana de Venezuela, los registros que comprueben que se cumplieron con los procedimientos de interceptación, persuasión, inutilización e inmovilización registrados por el Comando Estratégico Operacional del Comando de la Defensa Aeroespacial Integral, tanto para el aeronave inhabilitada en noviembre del año 2013 como de las aeronaves interceptadas el diciembre de 2014.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que remita un informe sobre los registros y los protocolos de actuación que se siguen con este tipo de vuelos privados o civiles, de manera particular, en los tres casos que nos ocupan así como los planes para evitar que este tipo de situaciones se repitan.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente en San Lázaro, el 21 de enero de 2015.

Senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito. (Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia de Veracruz a informar sobre la investigación de la desaparición del periodista Moisés Sánchez Cerezo, suscrita por el diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura, conforme a lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con relación a la desaparición del periodista Moisés Sánchez Cerezo en el Estado de Veracruz.

Antecedentes

El periodista Moisés Sánchez Cerezo escribe y toma fotos para el semanario La Unión, de su propiedad, que se distribuye en las congregaciones pertenecientes al municipio de Medellín, en el estado de Veracruz. Además, es activista vecinal en diversas colonias donde se agrupan “guardias de seguridad” y “vecinos vigilantes” quienes buscan contrarrestar la ola de inseguridad y robos del fuero común que azotan a esta comunidad, ubicada en la zona conurbada de Boca del Río y Veracruz.

El pasado día 2 de enero, familiares de Sánchez Cerezo denunciaron que tres vehículos llegaron al domicilio del agraviado al filo de las 19:30 horas y de ellos descendieron hombres fuertemente armados que por la fuerza se llevaron al fotorreportero, así como instrumentos de trabajo como computadora, cámara fotográfica y aparatos celulares.

Familiares del reportero y activista escribieron a diversos medios de comunicación locales y nacionales sobre la “desaparición de Moisés Sánchez”; en el correo electrónico hicieron énfasis de las amenazas previas que su familiar había sufrido: “Hace poco le habrían advertido que si no le bajaba, le darían un susto.”

Es necesario recordar que Veracruz ha sido declarada como la región más peligrosa para ejercer el periodismo en nuestro país y en América Latina, de acuerdo con la organización Internacional Articulo 19. Asimismo, Reporteros Sin Fronteras ha declarado que Veracruz es uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo en México, con al menos 15 comunicadores asesinados y otros cuatro desaparecidos desde el 2000.

Frente a este clima de violencia la actuación del gobierno mexicano ha sido ineficaz e insuficiente. A pesar de que desde 2006 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y que creara en Veracruz la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, la violencia hacia las y los periodistas no ha disminuido y en su gran mayoría los casos no han sido esclarecidos. Ello tiene como consecuencia la impunidad con la que actúan los criminales en Veracruz y el clima de miedo para ejercer dicha profesión.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz a informar de manera clara y oportuna el estado que guarda la investigación de la desaparición del periodista Moisés Sánchez Cerezo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 21 de enero del 2015.

Diputado Uriel Flores Aguayo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al GDF que informe sobre las acciones legales emprendidas contra servidores públicos por las irregularidades presentadas en la línea 12 del Metro, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal, para que presente un informe en el que se detallen las acciones legales y las sanciones administrativas que ha emprendido por los actos u omisiones de diversos servidores públicos que derivaron en diversas irregularidades en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo metro en la capital del país, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) es, sin duda, un medio de transporte fundamental para el desarrollo económico y social de la Ciudad de México, diariamente es utilizado por más de 5 millones de usuarios.

En un inicio se erigió como un medio de trasporte con múltiples beneficios para los usuarios –rápido, limpio y económico–, sin embargo, con el transcurso de los años su funcionamiento se ha visto mermado en agravio de la población, es decir, paulatinamente su funcionamiento y operación se ha visto afectado por diversas omisiones de funcionarios públicos de la capital.

Por su fuera poco, diversas líneas que integran el Metro de la Ciudad de México, han presentado múltiples desperfectos técnicos y fallas operativas, que han originado un impacto negativo, entre ellas la Línea 12.

La Línea 12 del metro es conocida como la línea dorada en alusión al Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana, cuenta con un total de 24,475 kilómetros, de los cuales 20,278 kilómetros son para el servicio de pasajeros y 4,197 kilómetros para el servicio de mantenimiento.

Los desperfectos de la denominada Línea Dorada, se presentan en 11 de sus 20 estaciones, lo que ha generado pérdidas económicas considerables. Esta situación no permite cumplir cabalmente con el objetivo de atender la demanda del servicio de transporte en el oriente de la Ciudad de México.

En marzo de 2014, diversos medios de comunicación documentaron múltiples fallas en la construcción, por lo que la Contraloría General del Distrito Federal ha sancionado de manera administrativa y legal a servidores públicos. Asimismo, han señalado que existen otros funcionarios que por sus atribuciones, tienen alguna responsabilidad pero que no han sido sancionados por sus probables actos u omisiones.

Por su parte, la Contraloría General del Distrito Federal, de manera extraoficial, ha dado a conocer que recientemente aplicó 55 sanciones a 38 personas, de las cuales 27 se notificaron en la PGJDF por posibles responsabilidades penales, además de inhabilitaciones a diversos funcionarios para seguir trabajando en la administración pública también, interpuso 34 castigos económicos que en conjunto superan los 21 mil 907 millones de pesos.

El gasto que las autoridades han erogado para solventar las fallas técnicas que presenta la Línea 12, se suman a los más de 22 mil millones de pesos que costó su construcción con un resultado poco alentador.

En este sentido, debe ser público y accesible a la ciudadanía el informe que la empresa Systra realizó y presentó ante la Asamblea Legislativa el Distrito Federal, en relación al comportamiento dinámico de los trenes para clarificar sus orígenes y establecer las medidas jurídicas y administrativas que conforme proceda.

Es importante hacer énfasis en que la pasada y la actual administración del Gobierno del Distrito Federal, han mostrado poca transparencia en el uso de los recursos públicos en torno a la construcción, licitación y manteniendo de la Línea 12, incumpliendo las expectativas de ser un gobierno accesible y cercano a la gente.

Ante dicha situación, mostramos nuestro interés para que se esclarezcan las irregularidades que afectaron a la Línea 12 del Metro y se sancionen conforme a derecho a los servidores públicos responsables.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, acudimos a esta honorable asamblea a proponer el siguiente.

Punto de Acuerdo

Único. Proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al jefe del Gobierno del Distrito Federal para que presente un informe en el que se detallen las acciones legales y las sanciones administrativas que ha emprendido por los actos u omisiones de diversos servidores públicos que derivaron en diversas irregularidades en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la capital del país.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 21 días de enero del año dos mil quince.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFT a dar respuesta al escrito remitido por la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado respecto al cumplimiento de diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, suscrita por los senadores Javier Lozano Alarcón y Juan Gerardo Flores Ramírez, de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PVEM, respectivamente

Los que suscriben, senador Javier Lozano Alarcón, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y el senador Juan Gerardo Flores Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, ambos del Senado de la República, conforme a lo establecido en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones a responder en un plazo no mayor a 5 días hábiles, el escrito que con fecha 19 de noviembre de 2014 remitió la Junta Directiva de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República, con base en las siguientes

Consideraciones

El 14 de octubre de 2014 los integrantes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República sostuvimos comparecencia con los comisionados integrantes del pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con la finalidad de conocer los resultados del trabajo realizado por el órgano constitucionalmente autónomo en el transcurso del primer año de gestión.

Durante la comparecencia se abordaron temas relacionados con el cumplimiento de los artículos transitorios del decreto constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica, así como de los transitorios del decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Los senadores integrantes de estas comisiones realizamos cuestionamientos sobre diversos asuntos, entre los que destacan la celebración de consultas públicas sobre la definición de mercados relevantes, la desincorporación de activos del agente económico preponderante, la eliminación del cobro de larga distancia, la portabilidad numérica, la licitación de las nuevas cadenas de televisión nacional y el apagón analógico, entre otros. Sin embargo, debido al formato de la comparecencia y al tiempo, las respuestas proporcionadas por los comisionados durante el transcurso de la comparecencia fueron insuficientes, lo que impide contar con elementos que brinden la confianza necesaria sobre la actuación en tiempo y forma de este órgano regulador.

Por esta razón y tomando en cuenta que los comisionados se mostraron dispuestos a mantener diálogo constante con el Senado; con fundamento en lo dispuesto por los artículo 28 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos s Mexicanos, 117, 133 fracción V, 135 y 274 del Reglamento del Senado de la República, los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Comunicaciones y Transportes dirigimos un escrito al licenciado Gabriel Contreras Saldívar, comisionado presidente del IFT, recibido por este órgano el 19 de noviembre de 2014, a efecto de que los comisionados integrante es del pleno del IFT respondieran o explicaran algunos temas que quedaron inconclusos durante el desahogo de la comparecencia ya referida.

Los temas en comento o tienen que ver con las modificaciones a las Reglas de Portabilidad Numérica publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 de noviembre de 2014, así como la necesidad de celebrar consultas públicas con relación a temas centrales en materia de competencia efectiva, específicamente en cuanto a los mercados relevantes que deben ser objeto de investigación para la determinación de la posible presencia de agentes económicos con poder sustancial en los mercados relevantes de los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión, determinación de mercados relevantes que resulta fundamental en el contexto de la eventual presentación de un plan de desincorporación de activos por parte del agente económico preponderante en el sector telecomunicaciones, un tema central para el que también se requiere de un proceso de consulta pública, amplio y oportuno, sobre los criterios o disposiciones regulatorias que ese instituto pretende utilizar como base para evaluar el plan de desincorporación en cuestión.

La información que el IFT proporcionó durante la multicitada comparecencia en relación a estos temas, preocupa a los proponentes porque consideramos como una falta grave el incumplimiento, en tiempo y forma, de las disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso que nos ocupa, pero además, porque aún cuando ha existido un acercamiento por parte del Senado de la República para conocer detalladamente las razones por las que el IFT ha decidido realizar ciertas acciones al margen de lo previsto en la Constitución y las disposiciones secundarias en la materia, a la fecha han transcurrido casi dos meses, 41días hábiles en total, sin que exista respuesta alguna por parte de este órgano colegiado.

En virtud de lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del pleno de esta asamblea el presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones a responder en un plazo no mayor a cinco días hábiles, el escrito que con fecha 19 de noviembre de 2014, remitió la Junta Directiva de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República, a efecto de conocer las razones por las que no se ha dado cabal cumplimiento al mandato constitucional y legal previsto en las disposiciones normativas de telecomunicaciones y radiodifusión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.

Senadores: Javier Lozano Alarcón , Juan Gerardo Flores Ramírez. (Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se convoca a comparecer al coordinador para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur a fin de que explique los resultados de la coordinación y el seguimiento de la implantación de las políticas públicas en la materia, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

El 8 de julio del 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se creaba la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur.

Entre sus considerandos, se establece que la necesidad para la creación de dicha dependencia federal se suscribe en el marco de la implementación de acciones encaminadas a resguardar los derechos humanos, el tránsito seguro de los flujos migratorios así como, fomentar la cohesión social y convivencia armónica con base en el Estado de derecho.

Asimismo, el decreto de referencia instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y demás autoridades en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, para coordinarse en la definición de estrategias y proporcionar, dentro de sus respectivas competencias, la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur.

También, se estipula que la Secretaría de Gobernación tendrá la responsabilidad de cubrir las erogaciones necesarias para el cumplimiento del decreto de mérito, con cargo al presupuesto modificado autorizado para tal efecto.

En virtud del decreto, algunos días después de la creación de dicha coordinación, suscribí un punto de acuerdo con el propósito de crear los puentes entre la dependencia federal y el trabajo legislativo que he venido desempeñando como presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste de esta honorable asamblea, a efecto de coadyuvar decididamente en el fortalecimiento de las acciones orientadas a proteger a los migrantes nacionales y extranjeros en el tránsito hacia los Estados Unidos.

Recordemos, que las entidades que conforman la región sur-sureste del país son las que presentan un mayor índice de expulsión de migrantes, de ahí la necesidad de actuar desde el ámbito de mis funciones legislativas.

Lo anterior viene a colación, ya que a casi ocho meses de creación de la Coordinación en cita, no sabemos absolutamente nada acerca del trabajo que ha realizado esta Unidad administrativa, para la atención integral de la migración en la frontera sur.

No existe, a la fecha, algún informe, pronunciamiento, boletín o noticia al respecto.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara Alta confirmó lo señalado y agregó que se destinaron mil millones de pesos para cubrir las erogaciones derivadas de la creación de la Coordinación federal.

Este tema es de suma importancia, ya que observamos que la política pública en materia de migración en nuestro país es inexistente, no hay tal.

Un dato que confirma esto, es el diagnóstico sobre el Instituto Nacional de Migración que difundió el Instituto para la Seguridad y Democracia, AC, en el que concluye que la institución federal ha quedado rebasada, e insisten en la necesidad de reestructurar dicho organismo por presentar graves fallas en materia de transparencia y rendición de cuentas; así como, un desfase en su política migratoria.

Resulta impostergable un golpe de timón en materia de política migratoria en nuestro país.

No entendemos la creación de un órgano gubernamental que no ha dado ningún resultado visible relativo a su propio sentido de creación.

Esta situación es lamentable e indignante.

Por otro lado, hemos sido testigos de la intención del gobierno de los Estados Unidos de América por emprender acciones concretas para solucionar el tema migratorio.

Acciones que han sido bloqueadas por intereses políticos. Sin embargo, este tipo de acciones no las tenemos por parte de nuestras autoridades federales, y sí las hay, que las informen.

Todo parece que la postura del gobierno federal, es la de esperar lo que emprenda el gobierno norteamericano, sin ninguna intención de impulsar acciones desde el interior.

Mientras tanto, las circunstancias que enmarcan la situación del migrante por territorio nacional son de un total abandono, y más aún, de un recalcitrante abuso por parte de las propias autoridades y de grupos criminales.

Son situaciones intolerables, que por más que se denuncian o se proponen soluciones de parte de otras fuerzas políticas u organizaciones civiles, el gobierno federal hace oídos sordos.

La tan anunciada estrategia nacional en la materia, que derivó en la creación de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, no ha presentado ningún resultado.

En consecuencia, someto a consideración de esta Soberanía, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión convoca a comparecer al titular de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, para explicar los resultados de la coordinación y seguimiento a la implementación de las distintas políticas públicas en materia migratoria para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur; así como, los efectos del impulso en el desarrollo, a partir de políticas sociales, económicas y culturales, en coordinación con las autoridades competentes, con el fin de atender la materia migratoria en la frontera sur.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a los veintiún días de enero de 2015.

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para que el Instituto Nacional del Derecho de Autor y el Conaculta promuevan una campaña contra la piratería de libros, suscrita por la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) considera a la piratería como la reproducción y distribución de copias de obras protegidas por el derecho de autor, así como su transmisión al público o su puesta a disposición en redes de comunicación en línea, sin la autorización de los propietarios legítimos, cuando dicha autorización resulte necesaria legalmente.

Es un acto que afecta a millones de personas a nivel mundial, incluso la Cámara de Comercio Internacional ha señalado que la piratería y el uso no autorizado de la propiedad intelectual representan 2 por ciento de la economía global.

En nuestro país, la realización de estos actos es un delito que infringe la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal Federal y las categorías más comunes de piratería son los ataques a la música, al videocine, al vestido, calzado y perfumes, al igual que a las bebidas alcohólicas y cigarros.

Sin embargo, cada día se extiende más la práctica de la piratería abarcando otras categorías, perjudicando a obras protegidas por el derecho de autor como son los libros o programas informáticos.

En el caso de la piratería en libros, tan sólo en el año 2013, de acuerdo al Centro Mexicano para la Protección de los Derechos de Autor, se decomisaron 20 toneladas de libros apócrifos sólo en el estado de México y el Distrito Federal.

En este mismo sentido, la reproducción de obras en copia fotostática generó pérdidas por 500 millones de pesos.

Aunado a ello, se suma el problema de las descargas ilegales por internet de e-books, que en el año 2009 fue de 25 millones, en 2010 de 88 millones, en 2011 de 86 millones y no dudamos que se haya elevado el número en los años subsecuentes hasta el día de hoy.

Sin duda, la práctica de la piratería afecta a los creadores porque perjudica su principal fuente de ingresos y sobre todo el esfuerzo dedicado ya sea en investigación, análisis, descubrimiento, innovación o por la creación de una obra de su autoría.

Otro problema es que se disminuye en gran medida el empleo dirigido a personas que laboran en las industrias culturales, debido a que se acorta la producción de obras originales.

Las pérdidas se ven reflejadas también en la economía del país ya que la elaboración de productos piratas origina que no se cobre un impuesto, el cual se puede reinvertir en desarrollo cultural. Además, se eleva la evasión fiscal, produce el cierre de empresas productoras y editoriales, perjudicando la reproducción y el desarrollo intelectual e innovador de las personas.

Asimismo, el combate a la piratería por parte del estado eroga varios recursos que van destinados a la investigación de quienes realizan los actos delictivos, la detención, la aplicación de penas y el seguimiento de aquellos que fueron inculpados y remitidos con las medidas de seguridad pertinentes.

Derivado de lo anterior, tenemos un problema que es pertinente combatir, asumiendo que la erradicación de la piratería no sólo es trabajo de las autoridades, también de la población, ya que es el destino final de los productos, porque simplemente si no existieran los productos apócrifos y quienes los compraran, se reducirían notablemente las ventas, sus efectos y la producción de los mismos.

Por ello, se presenta punto de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional del Derecho de Autor y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a efecto de que efectúen las acciones pertinentes para emitir una campaña que promueva un alto a la piratería de libros e impulsar una cultura de legalidad dirigida al respeto de los derechos de autor.

Consideramos que es pertinente generar acciones que induzcan al fomento de la cultura de la legalidad, es decir, que se promueva la adquisición de productos originales, para lo cual se requiere la participación de la sociedad promoviendo el rechazo a dichos productos.

Combatamos la piratería porque es un fenómeno que cada día abarca más sectores, en este caso, los números se incrementan cada día en cuanto a la piratería de libros, afectando los derechos de los autores, la creación de empleos, el cierre de empresas, asimismo se genera un aumento en la competencia desleal, se incrementa la economía informal y la comisión de delitos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Instituto Nacional del Derecho de Autor y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a efecto de que realicen una campaña que promueva un alto a la piratería de libros e impulse una cultura de legalidad dirigida al respeto de los derechos de autor.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.

Diputada María del Carmen García de la Cadena Romero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo y de distintas dependencias federales a informar sobre el avance en el ejercicio de los recursos públicos destinados al sector agropecuario, suscrita por los diputados Mario Rafael Méndez Martínez y Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Mario Rafael Méndez Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

Al menos cinco aspectos estratégicos fundamentales para desarrollo del país, dependen del campo:

1) La alimentación de las y los mexicanos;

2) Superar el hambre y la pobreza del medio rural;

3) Las materias primas para reactivar la industria nacional;

4) La biodiversidad y la sustentabilidad; y,

5) La soberanía alimentaria del país.

En el Partido de la Revolución Democrática, sostenemos que descuidar el campo es fallarles a los campesinos y fallarle a México.

Como es del conocimiento de todos ustedes, los subejercicios en el gasto público en lo que va de la actual administración, han sido motivo de comentarios críticos por diversos especialistas en el tema de las finanzas públicas, así como por sectores económicos y políticos del país.

Lo crítico de la situación para los productores del campo, es que los programas que presentan subejercicio son justamente los programas más importantes para el productor, son los apoyos determinantes en la producción agropecuaria, como son por mencionar los más relevantes: Procampo Productivo; programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura; Programa de Prevención y Manejo de Riesgos; Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural. No son los únicos programas del sector que presentan subejercicios; pero son los más relevantes.

Cabe preguntarnos cómo podemos combatir el hambre y la pobreza en el medio rural, incrementar la producción y generar empleos, con estas ineficiencias e irresponsabilidades de las áreas operativas de la Administración Pública Federal.

Nos preguntamos si en el incremento “incontrolado” de los precios de los productos del campo están influyendo los subejercicios en el Sector Agropecuario, pues cuando fallan los estímulos para el agricultor, para el ganadero o el empresario, no solo afectamos a él y sus familias, estamos afectando a la economía de los mexicanos, aumentando la escasez y provocando el encarecimiento de los productos básicos y estratégicos en el mercado nacional.

Para que los recursos fiscales cumplan con el objetivo de incentivar la producción, generar alimentos, empleos y bienestar en el medio rural, es necesario que lleguen al productor de manera oportuna; solo así se convierten en parte del círculo virtuoso de la producción agrícola, al adquirir a tiempo los insumos y el equipamiento que permiten la utilización óptima en el inicio del ciclo agrícola.

Debemos recordar que el calendario del sector agropecuario, no lo determinan las dependencias burocráticas del sector. Las lluvias no saben de cambios de administración ni de la curva de aprendizaje de los novatos.

Los recursos entregados a destiempo, pierden la efectividad y el propósito para lo cual se autorizaron, impactan negativamente en la productividad, elevan los costos de producción y muestran finalmente el desinterés y burocratismo del servidor público, que no entiende la importancia de la oportunidad en el manejo de los recursos en los ciclos agrícolas.

Se han afectado miles de hectáreas con diversos cultivos en varios Estados de la República; que han sufrido sequías, lo cual ha disminuido drásticamente el hato ganadero en algunas regiones del país y se han puesto en riesgo las cosechas en los estados más afectados.

De igual forma, las plantaciones de café, de cítricos, de la caña de azúcar, etc., están pasando por diferentes contingencias fitosanitarias, sin que se les brinde la atención debida por las dependencias competentes del sector.

Por lo antes expuesto y fundado, y con base en lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, reglamentaria de los artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 constitucionales, que consignan la obligatoriedad de los ejecutores del gasto de administrar los recursos públicos federales con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas, en equidad de género y la debida evaluación de los ingresos y egresos públicos federales; y con base en lo estipulado en el artículo 106 de la misma Ley, que establece que los ejecutores del gasto deberán remitir al Congreso de la Unión, la información que éste les solicite en relación a sus respectivos presupuestos, en términos de las disposiciones generales aplicables, someto a la consideración de esta representación nacional la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y a los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de Economía del gobierno federal, a que con la mayor brevedad posible y dentro del ámbito de su competencia informen sobre el avance en el ejercicio de los recursos públicos para el Sector Agropecuario correspondiente al ejercicio fiscal 2014 del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación).

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.

Diputados: Mario Rafael Méndez Martínez, Trinidad Morales Vargas (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SFP y a la SCT información sobre las obras y los contratos adjudicados a Grupo Tradeco en el periodo 2003-2012, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Administrar y ejecutar eficientemente los recursos que el gobierno obtiene de los contribuyentes y de las demás fuentes de ingresos públicos no sólo es una prescripción en nuestro máximo ordenamiento jurídico, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también se establece en el régimen de sanciones penales, por tanto, es imperativo atender los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la ejecución de obras públicas.

Lamentablemente, no siempre es así y tampoco todos los servidores públicos deciden atenerse al orden jurídico. Esta es la presunción evidenciada en diversos medios de comunicación electrónicos y escritos sobre adjudicaciones directas y obras con irregularidades vinculadas al Grupo Tradeco durante el periodo 2003 a 2012 que no fueron sancionadas.

Se ha documentado que el consorcio fue beneficiado con múltiples contratos millonarios durante la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa; además, hay evidencia que construyó carreteras con fallas, abandonó obras antes de concluirlas o se elevaron los costos de los proyectos que tenía adjudicados.

Un claro ejemplo fue el proyecto Durango-Sinaloa, pues aunque la Auditoría Superior de la Federación la observó por incumplimiento de normatividad, lo cual ocasionó pasar de los 8 mil 889 millones de pesos a los 22 mil 100 millones en 2012, permaneció como la contratista.

El puente Baluarte, reconocido por el libro Guinness de los Récords del Mundo, como el puente atirantado más alto del mundo, también fue identificado como una de los más grandes monumentos a la opacidad, la corrupción e impunidad.

Tradeco logró la mayoría de obras vía adjudicación directa. Trasciende que tan sólo entre 2003 y 2012 los contratos adjudicados ascendieron a los 15 mil 143 millones de pesos con la constante de sobrecostos y retrasos en las obras.

A manera de ejemplo, tan sólo en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, presentado por la Auditoría Superior de la Federación el 20 de febrero de 2014, se dio a conocer el sobrecosto de la construcción de autopistas durante todo el 2012, destacando el gasto en la autopista Durango-Mazatlán, por presentar 45 observaciones e incurriendo en sobrecostos más allá del 30 por ciento de lo invertido.

El órgano fiscalizador señaló que, no obstante, que el periodo de ejecución original del proyecto fue de 2002 a 2010, su fecha de conclusión se modificó a 2013, pasando de un monto de inversión original de 8 mil 889.9 millones de pesos, a 22 mil 100.2 millones de pesos.

En el análisis, se determinaron observaciones por un importe de 1,616 millones de pesos, debido a diferencias de volúmenes, trabajos de mala calidad, errores en la integración de precios unitarios extraordinarios, por variación de la tasa de interés, así como por intereses de pagos anticipados, entre otros.

Las evidencias de las irregularidades son muy claras durante la administración del Presidente Felipe Calderón, se aprecia el déficit ético en la administración pública, así como una franca omisión de lo que significa conducirse sin actos de corrupción y tráfico de influencias. Los sexenios gobernados por Acción Nacional, sin duda explican como una empresa cuyo capital inicial fue de 10 mil pesos, según constó en la escritura tirada por el notario Felipe Alfredo Beltrán, en solamente 20 años logró incrementar su capital social hasta los 30 mil millones de pesos.

Otro ejemplo grave que justifica las altísimas ganancias de Tradeco, se reporta cómo en el 2003 el fundador del grupo en comento se incorporó a Pemex como director ejecutivo del proyecto Cantarell –el pozo más productivo– y benefició a la empresa dirigida por su hijo con un gran contrato de 379 millones de pesos.

Recientemente el Servicio de Administración Tributaria reclamó a la constructora –con más contratos durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón– más de 400 millones de pesos en créditos fiscales, siendo el crédito fiscal de mayor monto de 47 millones 123 mil pesos por el incumplimiento del pago del impuesto al valor agregado durante el periodo del 2010.

Así, una empresa al amparo del tráfico de influencias y el conflicto de interés –no sólo expuesta como evasora de impuestos; omisa en el cumplimiento de contratos en los términos pactados y desatenta con la normatividad ambiental, tal como lo denunció la Profepa respecto a la manifestación de impacto ambiental para el muelle de Manzanillo en Colima– sigue pretendiendo participar en concursos de obras públicas, al amparo de la impunidad que, tal vez, en otra administración era la regla.

Sin duda alguna estos antecedentes obligan a quienes en ejercicio de la función de control al Poder Ejecutivo, tienen el deber de verificar la veracidad de lo antes expuesto en contra de la contratista conocida como Grupo Tradeco, a fin de advertir sobre las posibles contrataciones en lo futuro de la misma con la administración federal, debido a las múltiples irregularidades y probable daño causado al erario.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública que publique todos los contratos que se llevaron a cabo entre el gobierno federal y Grupo Tradeco durante el periodo comprendido entre 2003 y 2012. Asimismo, envíe a esta soberanía un informe pormenorizado de las acciones emprendidas por actos u omisiones relacionados con esta empresa.

Segundo. Solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que informe a está soberanía cómo ha atendido las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación respecto a las obras realizadas por Grupo Tradeco en el periodo comprendido entre 2003 y 2012.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 21 días de enero del año dos mil quince.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a garantizar la seguridad sanguínea en los estados y los municipios de la república, en particular en Chetumal, del municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, suscrita por la senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del PRD

Senadora Luz María Beristáin Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Recientemente en el municipio de Chetumal, estado de Quintana Roo, se han suscitado diversas situaciones las cuales propician que no exista una seguridad sanguínea en dicho municipio; por ejemplo por diversos medios de comunicación locales se ha denunciado un desabasto de bolsas plásticas donde se almacena la sangre de los donadores y por lo tanto no se está garantizando la protección a la salud, es fundamental que se cuente con los elementos que brinden una seguridad sanguina, si bien es cierto que la falta de esta no ha ocasionado consecuencias mayores, también lo es que el municipio debe de estar preparado para cualquier emergencia médica.

Al hablar de seguridad sanguínea hablamos de vidas humanas, de niños, jóvenes y adultos, es decir; de la sociedad en general, por ello debemos revisar y supervisar la situación médica en el municipio para poder brindar los elementos que le hacen falta en esa localidad para poder garantizar el derecho a la salud y evitar posteriores hechos lamentables.

Por otro lado la ciudadanía ha precisado que el desempeño y funcionalidad al interior del municipio en materia de seguridad sanguínea no es suficiente, por lo que también es necesario que en los demás municipios del estado se revise la calidad de salud sanguínea, por la trascendencia de esta problemática.

La problemática en comento es amplia, como se mencionó anteriormente, es necesario realizar las acciones necesarias para garantizar la seguridad sanguínea en todo el territorio nacional.

Por lo que debemos de tomar acciones urgentes para atender la problemática, no es un tema menor, el cual de atenderse se evitarán situaciones lamentables.

Es menester expresar el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestra Constitucional Federal

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

Estamos abordando un tema de interés general para los mexicanos, de suma delicadeza, ante dicha situación es imperante proponer bajo la argumentación anterior el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud federal a que garantice la seguridad sanguínea en la localidad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, y en todos los demás municipios del estado, así como en todos los estados de la república mexicana, con la finalidad de brindar un servicio de salud digno y de calidad en Chetumal y en todo el territorio nacional.

Dado en el salón de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 21 de enero de 2015.

Senadora Luz María Beristáin Navarrete (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE a investigar la supuesta venta de candidaturas en el Partido de la Revolución Democrática, suscrita por la diputada Cristina González Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Cristina González Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado 19 de enero de este año, el periódico El Financiero reveló cómo fue que José Luis Abarca se hizo de la candidatura por la presidencia municipal de Iguala, se dice que él mismo afirmaba que había entregado dos millones de pesos a Jesús Zambrano, entonces presidente del Partido de la Revolución Democrática

Dicha afirmación se refiere como reiterativa en diversos encuentros, y señala como fuente a varios integrantes del PRD de amplia solvencia moral y trayectoria partidista, quienes pidieron permanecer en el anonimato por considerar que sus vidas corren peligro en el municipio de Iguala, donde aún opera el cártel Guerreros Unidos, al que pertenecían Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda.

Quienes filtraron la información al diario temen al expresidente municipal de Iguala, postulado por la coalición PRD-PT-Movimiento Ciudadano, toda vez que hasta antes de ser encarcelado, en sus dos años de administración, sus principales adversarios internos, compañeros de su partido, Justino Carvajal y Arturo Hernández fueron ejecutados junto con 20 simpatizantes de éstos, considerando también los 53 cadáveres extraídos de fosas clandestinas cerca del ayuntamiento guerrerense.

En el reportaje se señala cómo Abarca se consolidó como candidato de la izquierda para Iguala sobre su contrincante en la elección interna Óscar Díaz, quien resultó ganador de la encuesta que el PRD empleaba como método alterno, para superar las crisis eternas durante las elecciones, y a quien, al imponerse Abarca, la dirigencia del PRD asignó una diputación local.

El PRD, junto con Lázaro Mazón, dirigieron la candidatura de Abarca a pesar de que la fortuna de éste creciera inexplicablemente en medio de comentarios de que en 2009 los hermanos de María de los Ángeles Pineda, su esposa, eran integrantes y operadores del cartel de los Beltrán Leyva, con el señalamiento de que inclusive la Procuraduría General de la República (PGR) ofrecía 60 millones de pesos por información que condujera a su captura.

Pese a que Óscar Díaz aventajaba con más de seis puntos a Abarca en las preferencias para la presidencia municipal de Igual, el PRD le negó el triunfo, impidió sesiones de consejo estatal e impuso a José Luis Abarca como candidato.

En este contexto es que José Luis Abarca comienza a aparecer en los mítines de Ángel Aguirre en 2011, arropado tanto por el perredismo nacional y el gobierno del estado de Guerrero. Lázaro Mazón, que ha sido dos veces alcalde de Iguala, senador, precandidato por el PRD al gobierno de Guerrero, secretario de Salud de la entidad y ahora integrante del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), tuvo siempre el apoyo financiero de Abarca, y en contraprestación fue introduciéndolo al ámbito político con la figura de empresario exitoso. Así, Mazón, coordinador regional de la campaña presidencial de López Obrador, el hombre fuerte de éste último en Guerrero, y hasta antes de los sucesos del 26 de septiembre en Iguala, el candidato de Morena para las elecciones a gobernador de la entidad próximas a realizarse, vio en Abarca a un hombre acaudalado que de ganar la encuesta interna garantizaría que los votos para su coalición PRD-PT-MC, en julio de 2012, serían también los votos para Andrés Manuel, así como el candidato “empresario” que éste pudiera ofrecer a la izquierda en Guerrero.

En el reportaje se menciona que el 12 de mayo de 2012, durante una gira de trabajo que el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador hizo por Guerrero, se topó con un ambiente desconcertante en Iguala, donde se señalaba a gritos la irregularidad de la candidatura de Abarca y que inclusive Óscar Díaz esperó al final del mitin y entregó a López Obrador un expediente negro, señalando a José Luis Abarca como el lavador de los Pineda, a lo que López Obrador se deslindó, de forma indolente y negligente, respondiendo que él no podía hacer nada y que el tema debía tratarse con los dirigentes estatales y nacionales.

Finalmente, también se afirma que el lunes siguiente a las 43 desapariciones forzadas y seis ejecuciones, el 29 de septiembre de 2014, Jesús Zambrano se reunió con José Luis Abarca en el Distrito Federal, reunión en la cual, según la senadora Dolores Padierna, se planeó la fuga del alcalde.

Es en función de lo señalado en los párrafos precedentes que se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que investigue la supuesta venta de candidaturas al interior del Partido de la Revolución Democrática, así como la inobservancia de sus procesos internos de selección de candidatos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.

Diputada Cristina González Cruz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a coordinarse por la SHCP con los gobiernos estatales y municipales de Guerrero, Oaxaca y Chiapas en la operación del programa de reactivación económica de esas entidades, suscrita por el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la presente proposición, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El Ejecutivo federal puso en marcha un plan con la finalidad de reactivar la economía en los tres estados de la República Mexicana con menores índices de bienestar y con un marcado rezago productivo en las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas –Chiapas, Guerrero y Oaxaca-, argumentando que uno de los principales componentes de los conflictos sociales existentes en estas entidades, es la falta de oportunidades de crecimiento y desarrollo.

2. Con el propósito de reducir la pobreza y la desigualdad, se publicó un decreto en el Diario de la Federación el primero de enero de este año, en el cual se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes que se dediquen a las actividades primarias y vinculadas con las mismas.

En consonancia, el Ejecutivo plantea crear tres zonas económicas especiales en dichas entidades con tratamientos fiscales preferenciales.

3. En materia de gasto, el Ejecutivo ha planteado inversiones en dichas entidades, pero desde una perspectiva centralista, al no incluir a los gobiernos locales en la planeación y programación de dichos recursos.

Es cierto que el gasto bien pueden desarrollarlo las dependencias y entidades del Gobierno Federal, pero desde una perspectiva federalista, lo ideal es que se establecieran convenios de participación de las autoridades locales.

Puede darse el caso de que las inversiones no estén alineadas a una perspectiva integral, o que enfrenten problemáticas sociales y económicas que sería mejor enfrentar de manera conjunta.

4. En un contexto nacional, marcado por el año electoral en que habrá de renovarse la Cámara de Diputados y realizarse elecciones locales en Guerrero y Chiapas, resulta fundamental subrayar que la exclusión de los gobiernos estatales y municipales en la operación del programa señalado, permite considerar que la aplicación de este plan, puede tener un enfoque netamente electoral; claro ejemplo de lo anterior, es la aplicación de un amplio programa de empleo temporal y pavimentación en estos estados donde existe el riesgo de que tenga sesgos por intereses partidistas.

Por otra parte, si en verdad se requiere reactivar la economía en estos estados del sur del país, las acciones no pueden limitarse a programas asistencialistas, unilaterales y con tinte electoral.

5. Bajo estas consideraciones es pertinente señalar que en la implementación del programa, participen activa y coordinadamente el gobierno Federal, así como el de las entidades federativas y los municipios en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativa aplicable, asegurando con ello, la transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de los recursos.

Por lo antes expuesto, se presenta a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se coordine con los gobiernos estatales y municipales de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en la operación del programa de reactivación económica de estas entidades.

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 21 días del mes de enero de 2015.

Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno y a la ALDF a solicitar una investigación y revisión integral sobre el ejercicio de recursos públicos durante la gestión de Jesús Salvador Valencia Guzmán como delegado en Iztapalapa, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República; y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de gobierno y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con objeto de que en el marco de respectivas atribuciones, soliciten al órgano fiscalizador competente realice una revisión integral y exhaustiva sobre el ejercicio de recursos públicos durante la administración de Jesús Salvador Valencia Guzmán como jefe delegacional en Iztapalapa, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Son incuestionables los importantes avances que hemos alcanzado en materia de transparencia y rendición de cuentas durante los últimos años, sin embargo, es una realidad que en algunas demarcaciones territoriales, los excesos y arbitrariedades cometidos por servidores públicos continúan siendo un problema de dimensiones mayúsculas. Al efecto, tenemos lo que acontece en la mayoría de las delegaciones en que se divide el Distrito Federal, donde por regla general es frecuente conocer de irregularidades y falta de transparencia en la conducción de los titulares de dichas jurisdicciones.

Lo anterior queda de manifiesto en la trayectoria de Jesús Salvador Valencia Guzmán, delegado de Iztapalapa quien se distingue por ser objeto de múltiples cuestionamientos en torno a su desempeño dentro del servicio público, ya sea en faceta de director general del DIF del Distrito Federal, responsable de coordinar a la policía de proximidad en el Centro Histórico y de poner en marcha el programa de reordenamiento de anuncios espectaculares, como miembro de la fundación del Partido de Centro Democrático y por supuesto como jefe delegacional, ésa ha sido una constante permanente.

Sobre el particular, desde el inicio de su administración como jefe delegacional en octubre de 2012 en diversas ocasiones ha sido relacionado con actos de corrupción, extorciones y abuso de poder, quedando todas en la impunidad. Basta mencionar lo acontecido la madrugada del 17 de diciembre de 2014 cuando al quedarse dormido –supuestamente por arduas jornadas de trabajo–, mientras manejaba una camioneta envisto a un automóvil que se encontraba estacionado y aunque por sí mismo el siniestro pareciera grave, lo cierto es que debido a los factores y omisiones que se presentaron a partir de éste, como servidores públicos tenemos la obligación de ser minuciosos en las investigaciones.

Los hechos son trascendentes en virtud de que como se encuentra ampliamente documentado, la camioneta en la cual se trasladaba es propiedad de la empresa Amexire, la cual ha recibido la adjudicación de diversos contratos con la demarcación.

Al efecto, según medios de comunicación esta empresa y la Delegación Iztapalapa han celebrado contratos por alrededor de 50 millones de pesos. Asimismo, es menester señalar que entre otras circunstancias, dicha empresa ha sido cuestionada por tener un “domicilio fantasma”, pues de acuerdo con el testimonio de vecinos, el lugar alguna vez fue utilizado como bodegas y ahora se encuentra en total desuso.

En este orden de ideas, es fundamental que como servidor público, este y otros conflictos e irregularidades imputables al jefe delegacional con licencia sean resueltos por las autoridades responsables pues de no hacerla, se estarían causando graves afectaciones a la población de dicha demarcación territorial.

Lo anterior, debido a que conforme a lo establecido en la constitución federal, son servidores públicos: “...los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la administración pública federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones...”.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, por ello consideramos de vital importancia que los hechos sean investigados con celeridad y absoluta legalidad para que en caso de que las conductas encuadren en uno o varios tipos penales, se impongan las penas y medidas conducentes.

En cuanto a la viabilidad de nuestra pretensión, es oportuno precisar que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para el ejercicio de sus funciones cuenta con diversas atribuciones, todas tendentes a generar y procurar las condiciones mínimas que hagan asequible el desarrollo de la entidad y sus instituciones, privilegiando la legalidad y la sana convivencia.

Aunado a lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción XXVII del artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, establece que entre otras, este órgano legislativo tiene como atribución, remover a los jefes delegacionales, esto ante la actualización de alguna de las causas graves que establece el propio Estatuto, con el voto de las dos terceras partes de los diputados que integren la legislatura.

En este sentido, es importante que el jefe de gobierno y las demás autoridades responsables se conduzcan de forma comprometida y objetiva, privilegiando ante todo el bienestar de la delegación Iztapalapa, jurisdicción con el mayor número de habitantes y con uno de los presupuestos más altos.

Por lo expuesto, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI acudimos a esta asamblea a proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al jefe de gobierno y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con objeto de que en el marco de respectivas atribuciones, soliciten al órgano fiscalizador competente realice una revisión integral y exhaustiva sobre el ejercicio de recursos públicos durante la administración de Jesús Salvador Valencia Guzmán como jefe delegacional en Iztapalapa.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 21 de enero de dos mil quince.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la Conagua a cumplir la sentencia derivada del amparo directo número 282/2012, referente a consultar a la comunidad y los pueblos indígenas del valle de Ocotlán y Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, respecto a la modificación del decreto de veda de 1967, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El 14 de julio de 1967, el gobierno federal emitió un decreto de veda en los valles centrales del estado de Oaxaca, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre del mismo año. En dicho decreto se “regula” la administración y conservación del acuífero del valle, es decir que se restringe a todos los residentes de la región de valles centrales de Oaxaca el uso y aprovechamiento del agua, resultando sumamente afectados con dicho instrumento legal los indígenas y campesinos de los distritos de Ocotlán y Zimatlán de Álvarez, Oaxaca.

A pesar de que los indígenas y campesinos de la zona tienen un acceso sumamente restringido al agua, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sigue cobrándoles el líquido no obstante de haber dejado de contar con el vital líquido desde el año 2005, toda vez que los pozos estaban secos. Lo anterior obligó a estas comunidades a implementar técnicas para la captación de agua pluvial, sin embargo esta iniciativa no ha sido suficiente para satisfacer su necesidad de este líquido vital.

Ante esta situación, los campesinos de 16 comunidades de los valles centrales del estado de Oaxaca decidieron conformar la Coordinadora de los Pueblos Unidos en el Cuidado y Defensa del Agua (Copuda), para que de manera coordinada iniciaran los procesos legales correspondientes en contra de dicho decreto.

La defensa inició con la interposición de un amparo directo, el cual fue radicado en el Decimoprimer Tribunal Colegiado, juicio que fue resuelto el 8 de abril de 2013, logrando que en la resolución se ordenara a la Comisión Nacional del Agua iniciar un procedimiento de consulta a los pueblos indígenas afectados a efecto abrogar o modificar el decreto de veda, para que únicamente los pueblos indígenas y campesinos de la región puedan tener libre acceso al agua, no así las empresas y zonas urbanas de la región.

Cabe señalar que la Conagua interpuso un recurso de revisión para combatir la resolución de abril de 2013, recurso que fue resuelto el 5 de septiembre de 2013 por la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del Distrito Federal desechando la pretensión de la autoridad federal.

En este sentido, los promoventes están a la espera de que dicha resolución sea acatada, en sus términos por Conagua, y se comience con los trabajos para llevar a cabo la consulta que le fue ordenada, y consecuentemente sea modificado el decreto de veda que tanto ha afectado a las comunidades indígenas y a los campesinos de la región de valles centrales de Oaxaca.

Cabe señalar que la expedición de este decreto de veda, en 1967, ha provocado serias afectaciones al desarrollo económico y social de la región, toda vez que disminuyeron seriamente las actividades de cultivo.

Una vez más, queda al descubierto la parcialidad y opacidad con la que se conducen las autoridades federales, cuando de respeto a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas se trata, ya que las mineras sí han podido explotar el vital líquido para su beneficio, mientras que los campesinos que habitan en la región son multados por pasar el límite establecido en el decreto para utilizar el agua. Es incomprensible que a un campesino se le multe con 25 mil pesos por utilizar agua para sus cultivos, mientras que las empresas derrochan el agua impunemente.

Así pues y toda vez que el director de Conagua ha hecho oídos sordos al mandato judicial, violentando no únicamente dicha resolución, sino además los derechos humanos y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, es que resulta necesaria la intervención de esta soberanía, a efecto de contribuir a la gobernabilidad, estabilidad y crecimiento democrático de México, exigiendo al director de Conagua acate a la brevedad la resolución en comento.

Consecuentemente y en virtud de lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al director general de la Comisión Nacional del Agua a fin de que dé cumplimiento, de manera inmediata, a la sentencia derivada del amparo directo 282/2012, referente a consultar a la comunidad y pueblos indígenas del Valle de Ocotlán y Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, respecto de la modificación al decreto de veda de 1967.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJE de Querétaro a investigar y proceder conforme a derecho por el probable cobro de dádivas y comisiones para adjudicar contratos por el alcalde de El Marqués, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República; y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Querétaro, para que en el marco de las competencias constitucionalmente a su cargo, investigue exhaustivamente el probable cobro de dádivas y comisiones imputables a Enrique Vega Carriles, Alcalde del municipio El Marqués, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El valor e importancia del municipio radica en que debido a su ingeniería constitucional son el primer vínculo entre el Estado y la población, situación que queda de manifiesto desde su naturaleza jurídica. Al efecto el primer párrafo del artículo 115 de la Constitución federal, a la letra establece lo siguiente: “Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre...”

Sobre el particular, el propio referido precepto jurídico señala que entre otras cuestiones, los municipios tendrán la facultad de aprobar: bandos de policía y gobierno; reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción que organicen la administración pública, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. De ahí la importancia de que sus autoridades se conduzcan con estricto apego a los principios de –integridad, honestidad, transparencia, capacidad y liderazgo, todo en función del combate a la corrupción.

En este orden de ideas, es fundamental que la comisión de conductas que contravengan los principios antes mencionados, sean investigados y en su caso, sancionados por las autoridades correspondientes, en virtud de que en gran medida, de estas acciones depende la gobernabilidad y estabilidad del Ayuntamiento, por lo cual no podemos ser omisos ante casos de esta naturaleza.

Las consideraciones que hemos señalado obedecen a que durante los primeros días del año en curso, específica mente el 5 de enero de 2015 se hizo del dominio público un video en el que por su propia y especial naturaleza quedan de manifiesto la comisión de conductas al margen de la ley, todo en perjuicio del erario y la población del municipio de El Marqués, Querétaro.

En el video que rápidamente se convirtió en viral en las principales redes sociales, pueden ser observadas personas cercanas a Enrique Vega Carriles, alcalde de dicha demarcación mientras llevan a cabo conductas de lo que coloquialmente es conocido como el “cobro de moches”, peor aún, en la grabación se puede ver como es castigado uno de los proveedores que se negaba a pagar los sobornos exigidos a cambio de la celebración de contratos con el ayuntamiento.

Cabe mencionar que según medios de comunicación, el citado video se encuentra bajo el resguardo del periódico Reforma y en éste queda de manifiesto cómo el secretario de Administración, Noé Miguel Marín Noriega, le dice al antes mencionado proveedor que la razón por la cual fue congelado obedeció a la falta de acatamiento de las “disposiciones”, acto seguido, le exige un pago de 50 mil pesos por dos contratos recibidos.

Aunado a lo anterior, se vincula directamente al edil cuando en la grabación se observa el funcionario municipal encargado de realizar el cobro de dadivas asegura que tiene que entregarle el dinero al presidente municipal, de ahí la importancia de que esta soberanía nacional coadyuve con el buen gobierno y administración del municipio de El Marqués.

Por las dimensiones del asunto y naturaleza de las afectaciones, es fundamental que los hechos no sean investigados como un acontecimiento aislado, sino que más bien, se lleve a cabo una investigación integral sobre la gestión del mandatario, pues de omitirlo se corre el grave riesgo de que queden en la impunidad una serie de conductas de igualo mayor gravedad.

En el mismo sentido, los legisladores del PRI hacemos el llamado para que los hechos sean dirimidos con responsabilidad, eficacia, eficiencia, profesionalismo y absoluta transparencia, y que en su caso, se establezcan las penas y medidas que conforme a derecho procedan.

En el PRI, reprobamos este tipo de conductas, por ello consideramos crucial que las autoridades correspondientes lleven a cabo las acciones necesarias a fin de que hechos materia de la presente proposición no formen parte de la cotidianidad o peor aún, que sean vistos como normales.

Por lo expuesto, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI acudimos a esta asamblea a proponer los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Querétaro, para que en el marco de las competencias constitucionalmente a su cargo, investigue exhaustiva mente el probable cobro de dádivas y comisiones imputables a Enrique Vega Carriles, alcalde del municipio El Marqués.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la entidad superior de fiscalización del estado de Querétaro, para que en el ámbito de sus atribuciones realice una investigación integral en relación al uso, ejercicio y destino de los recursos públicos durante la gestión de Enrique Vega Carriles, alcalde del municipio El Marqués.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2015.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de convocar a una reunión al director general de Pemex para que informe sobre el resultado de las negociaciones del contrato colectivo de trabajo con el STPRM, suscrita por la diputada Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

El titular del Ejecutivo federal insistió que los derechos de los trabajadores petroleros quedarían intocados. La letra de la reforma energética del 11 de agosto del 2014 y los hechos, prueban lo contrario.

En el marco de la crisis económica aguda que golpea al país, se sigue la fórmula neoliberal, reprobada por nuestra Constitución, para enfrentarla: ningún sacrificio para los que más tienen, quienes por el contrario seguirán aumentando su riqueza; afectación de derechos a los que menos tienen, los que llevan más de 30 años esperando con los cinturones apretados.

En este sentido, los trabajadores petroleros, han denunciado que Pemex y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), están negociado modificaciones al contrato colectivo de trabajo de esta empresa, en afectación grave de sus derechos. Esto, tal y como lo anunciamos desde que se publicitó la reforma energética, dijimos en su momento que ante todo se enfilaba como una contrarreforma laboral con el pretexto del pasivo laboral; pasivo que no es responsabilidad de Pemex que debió destinar oportunamente los recursos necesarios para crear las reservas necesarias para hacerle frente, a fin de garantizar el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social a su cargo.

Las modificaciones de comento, se traducirían, en:

a) Los trabajadores y los empleados de confianza, de nuevo ingreso, ya no tendrán derecho a una pensión o jubilación otorgada por Pemex, sino que serán afiliados a las administradoras de fondos para el retiro (Afores), en el marco de cuentas individuales. Es decir, en adelante serán excepción los trabajadores que accedan a una pensión o jubilación.

b) Por lo que hace a los trabajadores en activo, se ajustarán los parámetros para determinar sus pensiones, comenzando por el incremento de la edad para pensionarse o jubilarse.

c) Además de las pensiones y jubilaciones, se modificará el contrato colectivo de trabajo, en otros rubros, para reducir el costo laboral de esta empresa productiva.

Estas medidas se dan en cumplimiento de las inconstitucionales disposiciones contenidas en los artículos 3o. y 4o. transitorios del decreto de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Ley General de Deuda Pública, en el marco de la reforma energética, y cuyo alevoso contenido se puede reducir en el siguiente párrafo:

La proporción de la obligación de pago que en su caso asuma el Gobierno Federal reconocido conforme al párrafo anterior será por un monto equivalente a la reducción del pasivo laboral que resulte del acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo...

Es decir, que es mentira que el estado pagará el pasivo laboral, lo cubrirán los propios trabajadores en renuncia forzada de sus derechos, y luego nula de pleno derecho. Pasivo que además es a mediano y largo plazo y no un monto a pagar en este momento. Pura simulación jurídica para afectar a los trabajadores en sus derechos, y que va en contra por lo menos de los artículos 5o., 33, 394 y 402 de la Ley Federal del Trabajo.

Desde luego las tropelías que se anuncias contra el contrato colectivo de trabajo, son sólo el principio para su desmantelamiento casi total.

Esto también va contra el principio esencial del derecho laboral, de que se tiene derecho al mismo salario por el mismo trabajo; nos encontremos con trabajadores que realizando el mismo servicio, reciban condiciones de trabajo diferenciadas. Va en contra del artículo 1o. Constitucional que prevé la igualdad de derechos humanos, sin discriminaciones, y de su progresividad.

No se puede alegar el declive de los precios del petróleo como causa, ya que estas medidas cercenadoras de derechos, fueron producto de la reforma energética. Con y sin precios a la baja, se hubiera marginado a los trabajadores en sus derechos.

En suma, la realidad, los artículos 3o. y 4o. transitorios de cita, se traducen en un chantaje jurídico, que busca que los trabajadores de Pemex y CFE hagan una renuncia masiva de sus derechos, entrometiéndose además en el régimen laboral interno de Pemex y CFE, lo que resulta inconstitucional: “Deberán modificarse el contrato colectivo”, dicen, “deberá modificarse el Reglamento de los trabajadores de confianza”, otra vez señalan estos preceptos.

El artículo 394 de la Ley Federal del Trabajo es claro de que el contrato colectivo no puede concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en contratos vigentes en la empresa o establecimiento. La Carta Magna y la ley de cita, declaran la nulidad de pleno derecho de toda renuncia de los derechos humanos laborales. Pero esto no tiene relevancia, a la derecha no le importa el estado de derecho.

El chantaje jurídico, se traduce: en que si los trabajadores quieren que el pasivo laboral sea absorbido en los términos referidos, entonces los trabajadores de nuevo ingreso deberán pagar solos sus pensiones con sus propios recursos, mediante cuentas individuales que manejarán las Afores, las fraudulentas Afore, las desacreditadas afore; también significa, que en primera estos trabajadores ya no tienen asegurada una pensión; que serán pensiones de miseria; que deberán cotizar muchos más años, que se van a transferir cantidades multimillonarias al insaciable capital financiero, básicamente extranjero, tercero, que a los jóvenes del país, que pareciera que no son mexicanos, se les discrimina frente a los demás trabajadores, condenándoseles de por vida a empleos precarios, sin futuro.

Por lo que hace a los trabajadores petroleros actualmente en activo, de manera progresiva, se les irán ajustando los parámetros para determinar sus pensiones, es decir, se les irá reduciendo el monto de las mismas y, además se les incrementará la edad para pensionarse, entre otros.

Con relación a las jubilaciones y pensiones en curso de pago, “se supone” que se les respetará; esto en tanto no se las desconocen como sucedió con los trabajadores ferrocarrileros, que quedaron con paupérrimas pensiones del IMSS.

No hay pues, beneficio alguno para los trabajadores, sino saqueo de sus derechos; el propósito real, es dejar a Pemex y CFE sin cargas a costa de los derechos adquiridos por los trabajadores, para facilitar su desmantelamiento y privatización como lo reclaman las corporaciones, especialmente extranjeras; además esto permite crear un mercado de mano de obra más fluido para la transferencia a precio de remate de la mano de obra altamente calificada de Pemex y CFE en beneficio de las empresas privadas. Es también un camino, para elevar el índice de expoliación de los trabajadores, para mayores recurso fiscales y, de utilidades para las empresas privadas, saqueadoras del patrimonio nacional.

En suma, nacerán corporativos inmensamente ricos, al lado de trabajadores cada vez más pobres.

Concluimos con otra parte de texto de los transitorios 3 y 4 ya múltiples veces señalados:

El gobierno federal asumirá el pasivo, “...siempre que, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, Petróleos Mexicanos alcance un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo aplicable en la empresa y en los organismos subsidiarios, modifique el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, e implemente un Programa de Austeridad en el Gasto”.

No hay plazo que no se cumpla, ni para tan monstruosa injusticia. Más los trabajadores petroleros y el pueblo de México, serán los que digan la última palabra.

Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente convoca al titular de Petróleos Mexicanos (Pemex) a una reunión de trabajo con esta soberanía para que informe en detalle sobre el resultado de las negociaciones del contrato colectivo de trabajo, llevadas a cabo por el STPRM, así como de los cambios al Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza y Organismos Subsidiarios, mismos que entrarían en vigencia a partir del 2015, especialmente en materia de pensiones y jubilaciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.

Diputada Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Congreso de San Luis Potosí que requiera una investigación y revisión integral sobre el ejercicio de recursos públicos durante la gestión de Ricardo Gallardo Cardona como alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República; y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al honorable Congreso de San Luis Potosí, para que en el ámbito de sus atribuciones, instruya al órgano fiscalizador de la entidad para que en observancia al principio de máxima publicidad, lleve a cabo una revisión integral en relación al uso y destino de recursos públicos del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, durante la gestión de Ricardo Gallardo Cardona, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En las últimas semanas, integrantes de prácticamente todos los institutos políticos han solicitado licencia de su encargo actual para contender por un nuevo cargo de elección popular, situación que debe ser valorada en cada caso concreto, debido a que por un lado, están aquellos que se han conducido con responsabilidad, transparencia y profesionalismo, y otros que por el contrario, lo han hecho, al margen de la ley, entre cuestiona mientas y con constantes irregularidades.

Bajo este contexto, en el primer supuesto es incuestionable que se trata de conductas que buscan seguir generando acciones en favor de las entidades a las cuales representan y continuar con proyectos sociales, empero el segundo supuesto, representa la pretensión de seguir generando beneficios particulares en perjuicio de la población. Es por ello que en el Grupo Parlamentario del PRI, apoyamos a unos y reprobamos a los otros.

Al efecto, el 2 de enero de 2015 se hizo del dominio público que José Ricardo Gallardo Cardona, miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó licencia para ausentarse de sus funciones como presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Sin embargo, el 6 de enero el titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer el cumplimentó a una orden de aprehensión en contra del ex edil, esto por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En este orden de ideas, los legisladores del PRI consideramos de vital importancia que los hechos no se circunscriban de manera exclusiva a los que dieron pauta a la orden de aprehensión referida. Para dimensionar la gravedad de los hechos, es oportuno recapitular sobre algunos de los aspectos más relevantes del asunto.

Al efecto, después de las investigaciones conducentes las autoridades ministeriales y judiciales descubrieron el desarrollo de operaciones en el sistema financiero nacional por montos inusuales en transferencias bancarias y en efectivo, las cuales debido a su naturaleza se presume fueron hechas con recursos de origen ilícito, debido a que eran trianguladas para esconder su origen y destino.

Sobre el particular, la Procuraduría General de la República señaló que el ejercicio de la acción penal obedece a que se detectó que desde las cuentas del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, se llevaban a cabo pagos por el concepto de servicios médicos a las cuentas de la Clínica de Especialidades Wong, SA de CV, y a su vez de éstas, los recursos se transferían a cuentas relacionadas con José Gallardo Rincón Cardona.

Aunado a lo anterior, la propia Procuraduría General de la República dio a conocer que tan sólo de octubre de 2012 a agosto de 2014 se detectaron transferencias ilegales desde el municipio, las cuales superan los 200 millones de pesos y se logró por el desarrollo de actividades comerciales como la distribución de carne, sector inmobiliario, rubro automotriz, autotransporte, servicios, eventos sociales e incluso una gasolinera.

En complemento a lo señalado, está ampliamente documentado, tanto en medios de comunicación como en reportes oficiales, que el alcalde con licencia es accionista en empresas que residen en Estados Unidos, y que cuenta con un vasto patrimonio, que entre otros bienes, se encuentra compuesto por inmuebles que en su conjunto alcanzan un los 32 millones 963 mil 500 pesos, relojes con un valor que oscila entre el millón de pesos, automóviles de colección por dos millones de pesos, e incluso un violín que está valuado en 5 millones pesos.

Como vemos se trata de un nivel de vida que no corresponde ni puede ser sostenido con los ingresos económicos a que por imperio de ley le corresponden a los titulares de los ayuntamientos.

De ahí la importancia de que la Auditoría Superior del estado, como órgano que tiene a su cargo la función de fiscalización superior de las finanzas públicas en San Luis Potosí, conozca del asunto y que lleve a cabo las acciones que permitan determinar el cumplimento de las obligaciones inherentes al uso, destino y ejercicio de los recursos del erario, tales como son adquisiciones, obra pública, servicios, arrendamiento, conservación, uso, destino y enajenación de muebles e inmuebles y demás activos y recursos del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Al ser elementos fundamentales para la consolidación de todo régimen democrático, en el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de la transparencia y rendición de cuentas, por lo cual consideramos crucial que en caso de comprobarse el indebido ejercicio de los recursos públicos, se actualicen las consecuencias penales y administrativas que conforme a derecho correspondan.

Por último, hacemos el llamado que durante el proceso penal que actualmente enfrenta, en todo momento, se observe y cumpla el debido proceso, es decir, que no haya ningún tipo arbitrariedades ni concesiones. En síntesis, que sean los elementos probatorios los que definan su situación jurídica.

Por lo expuesto, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI acudimos a esta asamblea a proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al honorable Congreso de San Luis Potosí para que, en el ámbito de sus atribuciones, instruya al órgano fiscalizador de la entidad para que en observancia al principio de máxima publicidad, lleve a cabo una revisión integral en relación al uso y destino de recursos públicos del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, durante la gestión de Ricardo Gallardo Cardona.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2015.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita información a la Sagarpa, a la Ssa y a la Semarnat en materia de acciones relativas a organismos genéticamente modificados, suscrita por el senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

El senador Isidro Pedraza Chávez, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral I, fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, a la Secretaría de Salud, Ssa, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, a que informen a esta soberanía sobre las políticas, programas y acciones relacionadas con la autorización para el uso de semillas transgénicas en la agricultura nacional y para su comercialización.

Considerando

Que la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, LBOGM, establece en el artículo 1 que su objetivo es “regular las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados, con el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola.”

Que con el objetivo de materializar el carácter federal de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, se creó la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, Cibiogem;

Que la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados establece en el artículo 3, fracción VIII, que un centro de origen, es aquella área geográfica del territorio nacional en donde se llevó el cabo el proceso de domesticación de una especie determinada.

Que en la fracción IX establece que un centro de diversidad genética es aquella área geográfica del territorio nacional donde existe diversidad morfológica, genética o ambas de determinadas especies y se caracterizan por albergar poblaciones de los parientes silvestres de plantas domesticadas, que constituyen una reserva genética;

Que la diversidad biológica se define por la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, lo que incluye ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; y que adicionalmente comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y entre los ecosistemas;

Que la inocuidad es la evaluación sanitaria de los organismos genéticamente modificados que sean para uso o consumo humano o para procesamiento de alimentos para consumo humano, cuya finalidad es garantizar que dichos organismos no causen riesgos o daños a la salud de la población;

Que más adelante, la LBOGM define las formas de utilización de los organismos genéticamente modificados, y en particular las semillas transgénicas que son:

Utilización confinada (LBOGM, artículo 3, XXXIV) es cualquier actividad por la que se modifique el material genético de un organismo o por la que éste, así modificado, se cultive, almacene, emplee, procese, transporte, comercialice, destruya o elimine, siempre que en la realización de tales actividades se utilicen barreras físicas o una combinación de éstas con barreras químicas o biológicas, con el fin de limitar de manera efectiva su contacto con la población y con el medio ambiente.

Que la propia ley establece que para los efectos de esta ley el área de las instalaciones o el ámbito de la utilización confinada no forma parte del medio ambiente.

Que se establece la existencia de zonas autorizadas (LBOGM artículo 3, XXXV) que son las áreas o regiones geográficas que se determinan caso por caso en la resolución de un permiso, en las cuales se pueden liberar al ambiente organismos genéticamente modificados que se hubieren analizado.

Que se establecen las zonas restringidas (LBOGM, artículo 3, XXXVI) los centros de origen, los centros de diversidad genética y las áreas naturales protegidas, dentro de los cuales se restringe la realización de actividades con organismos genéticamente modificados, en los términos de la ley;

Que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, (LBOGM, artículo 19) es una comisión intersecretarial que tiene por objeto formular y coordinar las políticas de la administración pública federal relativas a la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados, OGM;

Que corresponde a la Semarnat, resolver y expedir permisos para la realización de actividades de liberación al ambiente de OGM, así como establecer y dar seguimiento a las condiciones y medidas a las que se deberán sujetar dichas actividades, conforme a las disposiciones del presente ordenamiento, incluyendo la liberación de OGM para biorremediación. (LBOGM, artículo 11, III);

Que corresponde a la Semarnat realizar el monitoreo de los efectos que pudiera causar la liberación de OGM, permitida o accidental, al medio ambiente y a la diversidad biológica, de conformidad con lo que dispongan esta ley y las normas oficiales mexicanas que de ella deriven; (LBOGM, artículo 11, IV);

Que corresponde a la Semarnat suspender los efectos de los permisos, cuando disponga de información científica y técnica de la que se deduzca que la actividad permitida supone riesgos superiores a los previstos, que puedan afectar negativamente al medio ambiente, a la diversidad biológica o a la salud humana o la sanidad animal, vegetal o acuícola. Estos dos últimos supuestos, a solicitud expresa de la Sagarpa o de la Ssa, según su competencia, con apoyo en elementos técnicos y científicos; (LBOGM, artículo 11, VI)

Asimismo la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados en su Artículo 13, establece que Corresponde a la Sagarpa...

I. Participar en la formulación y aplicar la política general de bioseguridad;

II. Analizar y evaluar caso por caso los posibles riesgos que las actividades con OGM pudieran ocasionar a la sanidad animal, vegetal y acuícola, así como al medio ambiente y a la diversidad biológica, con base en los estudios de riesgo y los reportes de resultados que elaboren y presenten los interesados, en los términos de esta ley;

III. Resolver y expedir permisos para la realización de actividades con OGM, así como establecer y dar seguimiento a las condiciones y medidas a las que se deberán sujetar dichas actividades, conforme a las disposiciones del presente ordenamiento;

IV. Realizar el monitoreo de los efectos que pudiera causar la liberación de OGM, permitida o accidental, a la sanidad animal, vegetal y acuícola, y a la diversidad biológica, de conformidad con lo que dispongan esta Ley y las normas oficiales mexicanas que de ella deriven;

V. Suspender los efectos de los permisos, cuando disponga de información científica y técnica superveniente de la que se deduzca que la actividad permitida supone riesgos superiores a los previstos, que puedan afectar negativamente a la sanidad animal, vegetal o acuícola, a la diversidad biológica o a la salud humana. Estos dos últimos supuestos, a solicitud expresa de la Semarnat o de la Ssa, según sea su competencia conforme a esta ley, con apoyo en elementos técnicos y científicos;

Y que corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el ejercicio de las siguientes facultades, respecto de la importación de OGM y de productos que los contengan;

LBOGM, artículo 18, V. Impedir la entrada al territorio nacional de OGM y productos que los contengan, en los casos en que dichos organismos y productos no cuenten con permiso y/o autorización, según corresponda, para su importación, conforme a esta ley.

En su artículo 32 Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados establece que: Requerirá de permiso la realización de las siguientes actividades:

I. La liberación experimental al ambiente, incluyendo la importación para esa actividad, de uno o más OGM;

II. La liberación al ambiente en programa piloto, incluyendo la importación para esa actividad, de OGM, y

III. La liberación comercial al ambiente, incluyendo la Importación para esa actividad, de OGM.

En el artículo 33 establece: Una vez que las Secretarías correspondientes reciban una solicitud de permiso de liberación al ambiente de OGM, y siempre y cuando cumpla con la información y los requisitos establecidos en esta ley, deberán remitirla al registro, para su inscripción y publicidad respectivas.

LBOGM, artículo 86. Las especies de las que los Estados Unidos Mexicanos sea centro de origen y de diversidad genética así como las áreas geográficas en las que se localicen, serán determinadas conjuntamente mediante acuerdos por la Semarnat y la Sagarpa, con base en la información con la que cuenten en sus archivos o en sus bases de datos, establecerán en los acuerdos que expidan, las medidas necesarias para la protección de dichas especies y áreas geográficas;

LBOGM, artículo 88. En los Centros de Origen y de Diversidad Genética de especies animales y vegetales sólo se permitirá la realización de liberaciones de OGM cuando se trate de OGM distintos a las especies nativas, siempre que su liberación no cause una afectación negativa a la salud humana o a la diversidad biológica.

Considerando asimismo

Que uno de los organismos ejecutivos derivados de la LBOGM de la cual es parte ejecutiva la Secretaría de Salud, es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, organismo que realiza la evaluación, caso por caso, de los estudios sobre inocuidad de los alimentos, que elaboran y presentan los interesados en utilizar organismos genéticamente modificados para la producción de alimentos.

Que la Cofepris emite anualmente una lista de evaluación de inocuidad de Organismos Genéticamente Modificados y si no hay evidencia de riesgos para la salud emite la “autorización para comercialización e importación para su comercialización de organismos genéticamente modificados” y publica la lista correspondiente;

Que la primera lista de evaluación de inocuidad de organismos genéticamente modificados se publicó en febrero de 1995 y de entonces a la fecha se han evaluado y autorizado 132 Organismos Genéticamente Modificados, OGM, de los cuales 67 son maíz, 30 algodón, 19 soya, y el resto papa, canola, jitomate, alfalfa, remolacha y arroz.

Que en 2013 se liberaron trece productos y en 2014 cinco, tres de algodón, uno de soya y uno de maíz.

Que los Organismos Genéticamente Modificados están sujetos a Autorización en los términos del título Quinto de la LBOGM y su Reglamento y de los lineamientos establecidos en el procedimiento para la evaluación de inocuidad de organismos genéticamente modificados, destinados al uso o consumo humano, procesamiento de alimentos, biorremediación y salud pública.

Que para obtener una autorización de alguno de los OGM enlistado en los artículos 91 al’ 98 de la Ley de Bioseguridad de OGM, las empresas o agricultores deberán presentar una solicitud, acompañada de la información científica que valide la inocuidad de los productos.

Que en la introducción del ensayo Centroamérica: uso de semillas genéticamente modificadas e incremento del ingreso de los agricultores, de Gilberto Aboites Manrique y Gustavo Félix Verduzco, publicado por la Comisión Económica para América Latina, Cepal, ONU, dicen: “existen estudios que muestran que el uso de semillas modificadas genéticamente confiere ventajas económicas por concepto de incrementos en la producción incluso entre agricultores medianos y pobres...” señalando que los casos más recientes del aumento en el uso de semillas transgénicas son Egipto, Burkina Faso, India y China (James, 2009).

Sin embargo el mismo estudio reconoce “que hay literatura que alerta sobre los efectos sociales adversos que puede significar impulsar un esquema altamente concentrado del mercado semillero...lo que ocasionaría cierta dependencia alimentaria.” (Martínez 2002)

Que hay abundantes estudios que documentan la importancia de México como Centro de diversidad genética, de origen de diversas plantas alimenticias y de su domesticación. Se presenta entonces una contradicción entre la variedad y riqueza de las plantas que fueron domesticadas Y las variedades que se crean a partir de la técnica contemporánea, que a su vez depende para su desarrollo de la diversidad genética que se expresa en nuestros ecosistemas.

Que de acuerdo a estudios realizados para la Comisión para la Conservación y Uso de la Biodiversidad, Conabio, por la doctora Carolina Burgeff, que fueron presentados durante la consulta pública para la elaboración de la Ley del Instituto Nacional de la Alimentación, “se ha documentado la distribución natural de los parientes silvestres de maíz, frijol, algodón, calabazas, chiles, vainilla, cacao, tomates, aguacates, nopales que son cultivados en México. Todo esto constituye lo que denominamos agrobiodiversidad, elemento clave para la seguridad alimentaria” y asimismo se establece que existe una relación dinámica entre las variedades silvestres y las cultivadas, lo que da origen a nuevas variedades, generándose “un proceso continuo de evolución en gran parte gracias a los procesos culturales de cultivo y aprovechamiento que subsisten al día de hoy.”

Que a pesar de que en numerosos tratados internacionales se han establecido los principios de colaboración y defensa del germoplasma, para que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de los productores del campo, a la conservación ambiental y al uso sostenible de la biodiversidad, en los hechos un oligopolio formado por seis empresas transnacionales se ha adueñado de las patentes de plantas genéticamente modificadas.

Que las semillas de variedades criollas, producto del trabajo de miles de años de las comunidades campesinas, tanto de pueblos antiguos como de inmigrantes, que las aclimataron, cuidaron, seleccionaron, protegieron y compartieron, no pueden ser consideradas simplemente como materia prima para ser “mejorada” en procesos de laboratorio, que se convierten en propiedad privada de empresas nacionales o trasnacionales.

Que una de las características de la agricultura familiar y de la producción campesina que predomina en el campo mexicano, es el ser custodios de la agrobiodiversidad y que “la diversidad de un cultivo nativo surge de la interacción del cultivo con su entorno, la presencia de parientes silvestres y el manejo dado por el hombre.” (Burgeff 2014)

Considerando que “en México el 81.3 por ciento de las explotaciones agrícolas son unidades productivas de agricultores familiares” (Cepal/FAO/IICA, 2014) ésta y la agricultura de pequeña escala juegan y seguirán jugando un papel fundamental en la alimentación de la población no sólo en México, sino en el mundo. Esta agricultura está íntimamente vinculada a la agrobiodiversidad nativa y a su conservación. El fomento, uso y desarrollo de especies nativas puede ser una opción para mejorar la calidad nutricional de la dieta mexicana.

Que la experiencia mexicana de los últimos treinta años, es que la agricultura de grandes extensiones no ha podido resolver la autosuficiencia y que cada año aumenta la importación de alimentos, lo que parece indicar que es necesario un cambio de estrategia productiva.

Que respecto a la propiedad intelectual del germoplasma, diversos instrumentos legales, Tratados internacionales, acuerdos entre países, reconocen el valor agregado de los centros de origen y de diversidad genética y llaman a su protección;

Que los derechos de los agricultores, campesinos e indígenas, quedan a lo que cada país decida; por eso consideramos necesario que a la brevedad posible se establezca en las leyes mexicanas el derecho a la conservación del germoplasma originario, creando la institución capaz de coordinar a los productores e investigadores en la tarea de custodiar la biodiversidad existente en el país.

Que los sistemas de conservación de material genético en el sitio de origen (in situ) y en centros especializados (ex situ) se han desarrollado en los últimos 50 años, y significan una oportunidad para establecer la base material que contribuya a la autosuficiencia alimentaria.

Que, por otra parte, los campesinos y los pequeños agricultores tienen el derecho a sembrar, guardar, intercambiar y vender las semillas que cultivan, como lo establece la Declaración del Comité Internacional de Planificación por la Soberanía Alimentaria, hecha en la tercera sesión del órgano rector del tratado internacional sobre recursos fitogenéticos, por la alimentación y la agricultura, (Túnez, junio de 2009)

Que, en este orden de ideas, se presenta el tema de los transgénicos como una de las discusiones clave en el tema de producción y disponibilidad alimenticia.

Que actualmente no existe información confiable, ni resultados indiscutibles, sobre el probable efecto nocivo para los seres humanos y plantas originarias de los cultivos transgénicos. Que tampoco hay información técnica indiscutible sobre efectos favorables, más allá del posible aumento de producción que se obtenga del cultivo a partir de semillas modificadas, de tal manera que la incertidumbre ha generado una discusión a partir de convicciones encontradas que no lleva a conclusiones irrebatibles.

Que corresponde al Estado crear la legislación y los mecanismos para conciliar los intereses diversos, estableciendo con claridad las reglas de participación de gobierno, empresas, productores, industrializadores y comercializadores de alimentos, un acuerdo que asegure a los consumidores finales la inocuidad de los alimentos, a los poseedores legítimos de variedades criollas y a quienes opten por utilizar OGM sus derechos, cuidando que queden a salvo la integridad del entorno físico y la salud de los consumidores.

Por las consideraciones expuestas, el senador Isidro Pedraza Chávez presenta a esta honorable asamblea para su discusión, votación y en su caso aprobación, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

1. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaria de Salud, ambas como integrantes de la Comisión Intersecretarial de Biosegdridad de los Organismos Genéticamente Modificados informen a esta soberanía sobre la situación actual de los permisos de cultivos transgénicos autorizados por esa secretaría en sus fases de liberación experimental, cultivos piloto o cultivos abiertos, incluyendo información sobre autorizaciones durante 2014 y sobre el estado que guardan la solicitudes de permisos para la liberación comercial de maíz transgénico ingresadas en el segundo semestre del mismo año.

2. Se solicita a la Sagarpa que elabore un programa especial para el fomento a la producción de maíz y frijol en sistemas de agricultura familiar y pequeña escala, promoviendo el uso y desarrollo de variedades criollas que contribuyan a reducir la dependencia de productos agrícolas de importación.

3. Se solicita a la Cofepris que informe a esta soberanía las bases de evaluación de la inocuidad que se aplican para autorizar la comercialización, o importación para comercializar, productos agrícolas transgénicos.

4. Se solicita a la Semarnat informe los permisos para la realización de actividades de liberación al ambiente de OGM y el resultados del monitoreo que ha realizado sobre los efectos que pudiera causar la liberación de OGM, permitida o accidental;

5. Se exhorta a la Sagarpa a establecer un programa de preservación de semillas y fomento a la producción de maíz nativo, para crear condiciones de competitividad de la producción campesina frente a la agricultura extensiva;

6. Se exhorta a la Cofepris para establecer una norma a fin de que las empresas industrializadoras y comercializadoras incluyan en las etiquetas de productos que contienen productos o derivados de productos transgénicos, la información clara, visible y precisa sobre el tipo y contenido transgénico, a fin de que los consumidores puedan ejercer su derecho a elegir si lo consumen;

7. Se exhorta a la Sagarpa a promover la creación de grupos de trabajo, compuestos por organizaciones de la sociedad civil, pequeños agricultores e indígenas, que participen en la conservación in situ de recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, y que desarrollen sistemas campesinos de producción y transformación de alimentos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 21 de enero de 2015.

Senador Isidro Pedraza Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa y al jefe del gobierno del Distrito Federal a solicitar una investigación sobre las posibles irregularidades en el uso de recursos públicos por las administraciones de Iztapalapa y Miguel Hidalgo, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República; y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al jefe de Gobierno para que a través de la Contraloría General y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, presenten un informe pormenorizado de los avances en las investigaciones realizadas a las administraciones de las delegaciones Iztapalapa y Miguel Hidalgo, debido a posibles irregularidades en el uso, gestión y destino de recursos públicos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Asociado a garantizar el servicio eficaz de los servicios públicos como mantenimiento de panteones, alumbrado público y agua potable, las autoridades delegaciones del Distrito Federal tienen la responsabilidad de instrumentar diversas políticas, planes y acciones de gobierno para ejercer eficientemente los recursos públicos, no dejando a un lado la transparencia, el acceso a la información pública gubernamental y la rendición de cuentas.

En el inicio de este año 2015 se ha hecho del dominio público la molestia de gran parte de la población de las distintas delegaciones políticas en relación al mal uso que se le ha dado al presupuesto. Al efecto, han documentado múltiples acciones antijurídicas en detrimento de la sociedad, ejemplo de ello, son las más de 70 denuncias presentadas en contra de 11 delegaciones relacionadas con prácticas de abuso de autoridad y nepotismo, asimismo, con diversas irregularidades en la contratación de obra pública, omisiones y supervisión de su personal en la realización de actividades propias de las delegaciones.

Diversos medios impresos han informado que no se trata de una cuestión exclusiva de una u otra jurisdicción, por el contrario se trata de una práctica generalizada. Sobre el particular, la delegación Gustavo A. Madero es la demarcación que cuenta con más denuncias con 23; seguida por Benito Juárez, con 11.

En el mismo sentido, también está documentado que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ha identificado la falta de intervención oportuna de las autoridades delegaciones que ponen en riesgo a los ciudadanos de la capital, por tal motivo, emitió la recomendación 12/2014 dirigida a 10 delegaciones –Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco–, para que realicen las acciones necesarias que permitan garantizar la seguridad de los ciudadanos, en relación con la deficiente atención en materia de construcciones irregulares.

Dentro del cúmulo de conductas que se han llevado al margen de la ley, destaca que el titular de la Delegación Iztapalapa ha reconocido un gasto superior a los 21 millones de pesos en la compra masiva de juguetes por adquisición directa para celebrar el día de reyes, día del niño, 10 de mayo y día del padre. Además de que recientemente estuvo involucrado en el choque de una camioneta presuntamente propiedad de la empresa Amexire, S de RL de CV, misma a la que probablemente benefició con un contrato de más de 48 millones de pesos.

Si bien en cierto, la renuncia del señor Jesús Valencia al cargo contribuye al proceso, no es suficiente para reparar o solventar los daños, por el contrario, los legisladores del PRI consideramos como indispensable que se establezcan las investigaciones necesarias a fin de sancionar a los responsables del posible mal manejo de los recursos públicos en detrimento de toda la ciudadanía.

En paralelo a estos hechos, se encuentran los actos acontecidos en la delegación Miguel Hidalgo, en relación a la instalación de parquímetros por la empresa Ecoparq, en donde la poca transparencia en el uso de esos recursos económicos y la ausencia de rendición de cuentas por parte de las autoridades delegacionales ha sido una constante que hasta el momento en la mayoría de los casos, se han mantenido en la impunidad.

Entre estas controversias, también figuran las relacionadas a fiestas privadas llevadas a cabo en espacios públicos, monumentos o capillas como la acontecida en la Rotonda de las Personas Ilustres, o bien otras acciones en perjuicio de la economía como la campaña Cero Tolerancia de verificación de establecimientos públicos y mercantiles por la que se han cerrado un número importante de establecimientos, y el proyecto de rehabilitación del corredor urbano avenida Presidente Masaryk, todas ellas, se han traducido en actos de molestia .para la población, cierre injustificado de establecimientos y pérdida de tiempo en el traslado.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, acudimos a esta honorable asamblea a solicitar a las autoridades competentes del Distrito Federal, para que realicen una investigación integral por posibles irregularidades en el uso de recursos públicos y en su caso, procedan conforme a derecho, por lo cual, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente:

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al jefe de Gobierno para que a través de la Contraloría General y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, presenten un informe pormenorizado de los avances en las investigaciones realizadas a las administraciones de las delegaciones Iztapalapa y Miguel Hidalgo, debido a posibles irregularidades en el uso, gestión y destino de recursos públicos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 21 días del mes de enero de dos mil quince.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención de la SHCP, la SE, el Banco de México, la CNBV, NAFIN y el Bancomext respecto a la inversión para el desarrollo, suscrita por los diputados Guillermo Sánchez Torres y Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales Guillermo Sánchez Torres y Aleida Alavez Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La reforma financiera promulgada el 9 de enero de 2014 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 del mismo mes y año, representa una oportunidad para que el sector financiero contribuya en mayor medida al crecimiento económico.

Esta reforma se basó en cuatro pilares: incrementar la competencia en el sector financiero; fomentar el crédito través de la banca de desarrollo; ampliar el crédito a través de las instituciones financieras privadas; y mantener un sistema financiero sólido y prudente.

Dentro del primer pilar, se integran medidas que fomentan una mayor competencia en todo el sistema financiero. Bajo las mejores condiciones que se impulsan con esta reforma, se habrán de inhibir prácticas anticompetitivas y se propicia la expansión de la oferta del crédito. Con ello se avanza hacia una reducción de las tasas de interés, es decir, se propiciará que el crédito sea más barato.

El segundo pilar de la reforma financiera consiste en fomentar el crédito redefiniendo el mandato de la Banca de Desarrollo. La banca del Estado mexicano se convertirá en un verdadero motor del crecimiento económico. La reforma da un especial énfasis a las áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como son la infraestructura, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y pequeños productores del campo, y en general todos aquellos sectores no atendidos por la banca privada, promoviendo además la innovación y la creación de patentes fomentando la sustentibilidad ambiental, la perspectiva de género, la inclusión financiera de niños y jóvenes, y pudiendo realizar funciones de banca social.

El tercer pilar de la reforma financiera consiste en ampliar el crédito a través de las instituciones privadas. Para ello se fortalecen las facultades de las autoridades financieras, con el propósito de evaluar periódicamente el desempeño de las instituciones de banca múltiple en relación con los niveles de crédito que efectivamente coloquen, de modo que canalicen más recursos a proyectos productivos. El objetivo es que los depósitos de los ahorradores se canalicen al crédito en mayores proporciones.

El cuarto pilar es fundamental para la estabilidad macroeconómica. Éste consiste en mantener la solidez del sistema financiero que México ha construido de una manera responsable a lo largo de ya varios años.

En este contexto, la economía de México podría crecer 3.4 por ciento en 2015, por arriba de la estimación de crecimiento económico a nivel global de 3.1 por ciento, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Informe Perspectivas Económicas 2015, elaborado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, destaca que como parte de los países emergentes, México y Centroamérica se podrían ver afectados por la desaceleración en el crecimiento de China, la disminución en los precios de petróleo y los ajustes a las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos.

En 2015 se tendrá un entorno internacional complejo, un posible aumento de las tasas que impactará al financiamiento para la inversión y un panorama económico interno que acelera la necesidad de hacer ajustes fiscales para que las empresas inviertan y dinamicen el mercado interno.

De acuerdo con la Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio realizada por el Banco de México, para el periodo julio a septiembre de 2014, el 80.8 por ciento de las empresas encuestadas señaló que recibió financiamiento de proveedores, 33.9 por ciento utilizó crédito de la banca comercial, 22.7 por ciento de otras empresas del grupo corporativo y/o la oficina matriz, 6.3 por ciento de la banca de desarrollo, 7.5 por ciento de la banca domiciliada en el extranjero y 3.8 por ciento por emisión de deuda.

En lo que respecta al endeudamiento de las empresas con la banca, 45.9 por ciento de las empresas encuestadas señaló que contaba con créditos bancarios al inicio del trimestre.

El 24.6 por ciento de las empresas utilizó nuevos créditos bancarios durante el tercer trimestre del año.

Los resultados de la encuesta indican que las dos fuentes de financiamiento más utilizadas por las empresas son los proveedores y la banca comercial. En el tercer trimestre de 2014 en particular, se observó una reducción tanto en el financiamiento por proveedores (de 82.7 por ciento de las empresas en el trimestre previo a 80.8 por ciento en el trimestre que se reporta), como en el financiamiento a las empresas otorgado por la banca comercial (de 39.7 por ciento de las empresas en el trimestre previo a 33.9 por ciento en el trimestre que se reporta).

Del resto de las fuentes de financiamiento, 22.7 por ciento de las empresas reportaron haber utilizado financiamiento de otras empresas del grupo corporativo y/o oficina matriz (24.4 por ciento en el trimestre previo), 6.3 por ciento de la banca de desarrollo (6.4 por ciento en el trimestre previo), 7.5 por ciento de la banca domiciliada en el extranjero (5.4 por ciento en el trimestre previo), y 3.8 por ciento de las empresas reportó haber emitido deuda (1.8 por ciento en el trimestre previo).

Por tamaño de empresa, los resultados del tercer trimestre muestran que 81.3 por ciento de las empresas que emplean entre 11 y 100 empleados recibió financiamiento por parte de proveedores, mientras que para el conjunto de empresas de más de 100 empleados, dicha proporción fue de 80.4 por ciento.

En lo que se refiere al crédito de la banca comercial, el porcentaje de empresas de hasta 100 empleados que lo señaló como fuente de financiamiento durante el trimestre de referencia fue de 30.1 por ciento, mientras que la proporción de empresas con más de 100 empleados que utilizaron este tipo de financiamiento fue de 36.1 por ciento.

Por otra parte, en diciembre de 2014, los analistas consultados por el Banco de México en relación a los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos meses consideran que los principales factores son, en orden de importancia: los problemas de inseguridad pública (23 por ciento de las respuestas y el de mayor frecuencia por décimo segundo mes consecutivo); el precio de exportación del petróleo (14 por ciento de las respuestas); la inestabilidad financiera internacional (13 por ciento de las respuestas); y la debilidad del mercado externo y la economía mundial (11 por ciento de las respuestas).

La proporción de analistas que considera que el clima de negocios mejorará en los próximos 6 meses aumentó con respecto a la encuesta del mes anterior y continuó siendo la preponderante en el mes de diciembre. Por su parte, la fracción de especialistas que piensa que el clima de negocios permanecerá igual disminuyó, en tanto que la que considera que empeorará se mantuvo en el mismo nivel.

La mayoría de los analistas opina que la economía está mejor que hace un año, si bien dicha fracción disminuyó en relación a la encuesta anterior.

El porcentaje de analistas que considera que es un buen momento para invertir disminuyó con respecto a la encuesta del mes previo, si bien continuó siendo el preponderante, al tiempo que la fracción de especialistas que consideran que es un mal momento aumentó.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda solicitar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía que entreguen un informe detallado sobre la reforma financiera y su vinculación con la inversión productiva en el país. Asimismo que dicho informe se entreguen a las Comisiones de Hacienda y Economía del Congreso de la Unión.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda solicitar al Banco de México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a Nacional Financiera y al Banco de Comercio Exterior, que procedan a realizar un estudio sobre la canalización del financiamiento por regiones, sectores e industrias. Asimismo, de la participación con la banca privada y la inversión extranjera, a partir de la reforma financiera.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2015.

Diputados: Guillermo Sánchez Torres, Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Condusef y a la CNBV a llevar a cabo acciones para proteger a los usuarios de las sociedades financieras populares, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las cajas de populares, son sociedades cooperativas de ahorro y préstamo constituidas y organizadas bajo un marco legal, tienen por objeto llevar a cabo operaciones de ahorro y préstamo con sus socios acreditados en términos de la ley que regula dicha actividad.

Las sociedades forman parte del sistema financiero mexicano con el carácter de integrantes del sector social sin ánimo especulativo y reconociendo que no son intermediarios financieros con fines de lucro.

Las cajas de ahorro tienen por objeto realizar actividades de ahorro y préstamo se rigen por la Ley General de Sociedades Cooperativas, así como por la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Entendiéndose como ahorro, la captación de recursos a través de depósitos de ahorro de dinero de sus socios; y como préstamo, la colocación y entrega de los recursos captados entre sus mismos socios. Este tipo de sociedades cooperativas se deberá constituir con un mínimo de 25 socios.

En este marco, la legislación mexicana reconoce tres clases de sociedades cooperativas: 1) de consumidores de bienes y/o servicios; 2) de productores de bienes y/o servicios y de ahorro y, 3) préstamo.

La autorización y el tipo de operaciones que las cajas de ahorro ofrezcan a sus socios, dependerá del monto total de activos con que éstas cuenten (la cifra se establece en Udis). Dependiendo de este monto se les asignará un nivel de operación:

• Nivel Básico : Sus activos no rebasan el límite equivalente en moneda nacional a 2’500,000 Udis. No requieren autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para realizar operaciones de ahorro y préstamo.

• Nivel I: Monto de activos totales iguales o inferiores a 10 millones de Udis.

• Nivel II: Monto de activos totales superiores a 10 millones e iguales o inferiores a 50 millones de Udis.

• Nivel III: Monto de activos totales superiores a 50 millones e iguales o inferiores a 250 millones de UDIS.

• Nivel IV: Monto de activos totales superiores a 250 millones Udis.

Actualmente, con el fin de salvaguardar el ahorro de los socios, las autoridades financieras se encuentran en un proceso de regularización de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo que actualmente operan en el mercado.

De acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en julio del año 2014, sólo 141 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo estaban debidamente autorizadas, mientras que 624 operaban de manera ilegal.

Las cajas de ahorro que operan de manera ilegal son las que defraudan a los socios, y muchas de las veces engañan a los socios vendiendo la idea que las cajas no tienen clientes sino socios, es decir, no hay un beneficiario único de las ganancias de éstas; todos sus participantes serán beneficiados, sin embargo al no conocer las reglas legales con las que pueden operar llegan a quebrar o a defraudar a quienes realizaron ahorros.

Cada una de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo se debe sujetar a la Ley General de Sociedades Cooperativas y a la Ley Para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV, autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se sujetan a las disposiciones que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La ley establece que la autoridad competente podrá llevar a cabo la investigación pertinente de quienes deseen operar una caja de ahorro popular, conocer un poco de su historia, cuándo se fundó, el arraigo en la comunidad, así como saber de entre los socios cuál ha sido su experiencia dentro de la caja.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en términos de Ley para Regular las Actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, establece que tiene facultades de supervisión sobre las sociedades constituidas para realizar las operaciones de ahorro y préstamo como sociedad cooperativa de ahorro de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV.

El artículo 42 de la Ley Para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, constituyó un fideicomiso que se denomina Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores, o Fondo de Protección.

El Fondo de Protección tiene como finalidad llevar a cabo la supervisión auxiliar de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV; realizar operaciones preventivas tendientes a evitar problemas financieros de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y en un caso extremo se cuenta con una cobertura para los depósitos de los socios hasta por un importe equivalente a 25,000 Udis (poco más de 111 mil pesos) por persona cualquiera que sea el número y clase de operaciones.

Ciertamente se recomienda utilizar únicamente los servicios que ofrecen las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo autorizadas, las cuales se pueden consultar en el Padrón de Entidades Financieras Supervisadas de la página web de esta comisión, en el que encontrará, entre otros datos, la denominación dirección y teléfonos de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo autorizadas para operar como tales por este órgano supervisor.

Por lo anteriormente expuesto, a fin de garantizar el ahorro, así como los derechos a los socios que forman parte de alguna sociedad cooperativa de ahorro y préstamo; sometemos a la consideración de esta soberanía, el presente proyecto con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, realicen las acciones que garanticen la protección de quienes hacen uso de las sociedades financieras populares, así como inspeccionar y en su caso sancionar, conforme a derecho, a quienes operan de manera irregular.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 21 días de enero del año dos mil quince.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, al gobierno de Sonora y al IMSS a informar de los avances de la investigación realizada sobre el incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, suscrita por la diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 5 de junio de 2014, se conmemoró el quinto aniversario de la que es considerada la peor tragedia que involucra a la niñez mexicana, el incendio de la guardería ABC de Hermosillo Sonora, que tuvo como resultado la muerte de 25 niñas y 24 niños, y alrededor de 24 menores afectados por quemaduras, así como 80 niños y niñas más por la exposición y/o inhalación del humo toxico.

La historia de esta tragedia se ha destacado por estar envuelta no sólo en el dolor de la pérdida de vidas inocentes, sino también por él sufrimiento, el daño y el reclamo de justicia de las y los padres de las víctimas de la guardería ABC; resalta, tanto la forma en que se informa el origen del siniestro, así como la manera como se han llevado a cabo las investigaciones del caso, - que a la fecha no nos muestran culpables definitivos- y por lo tanto existe la sospecha pública de que no se ha castigado a los verdaderos culpables que provocaron el fatídico incendio, quienes siguen gozando de impunidad, como si nada hubiera pasado.

Es conocido por todas y todos que el reclamo de justicia de los padres y madres de las y los niños llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien a través de un informe reconoció la existencia de 19 funcionarios involucrados en los hechos por negligencia y omisión.

Sin embargo, cabe señalar, que en junio de 2012 tres años después del siniestro, sólo funcionarios menores habían sido procesados penalmente por la tragedia y ninguno fue encarcelado. Ninguna instancia federal o estatal aceptó llevar a juicio a los copropietarios de la guardería ABC –entre quienes se encontraban familiares de integrantes del gabinete del ex gobernador de Sonora Eduardo Bours y Marcia Gómez del Campo, prima política de Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón–, quien fue absuelta del proceso penal iniciado en su contra.

Así también, el hecho de que las y los niños fallecidos y lesionados se encontraran bajo el cuidado del Estado Mexicano, por virtud de una prestación derivada del derecho a la seguridad social de sus padres, genera una responsabilidad indeclinable e irrenunciable de las diversas autoridades.

Por lo que de nueva cuenta, este al igual que otros casos, dan vida a la dolorosa memoria que se caracteriza por la impunidad y el desinterés de las autoridades federales y estatales en hacer justicia. El reclamo para que se castigue a los culpables del incendio de la guardería ABC, será permanente, pues se ha demostrado que hubo una serie de complicidades y corrupción que originaron el incendio.

Consideramos que no debemos permanecer inmóviles, insensibles e indiferentes ante la falta de atención para ejercer justicia de quienes están al frente de nuestras instituciones. Debemos continuar impulsando la búsqueda y la aplicación de la Justicia y Legalidad que es una petición reiterada de nuestros ciudadanos en todo el país.

Ante ello compartimos plenamente la indignación de los padres, madres, familiares y de toda la sociedad por los lamentables hechos donde resultaron heridos y perdieron la vida las niñas y niños de la guardería ABC. Por lo que, solicitamos a la Procuraduría General de la República (PGR), al gobierno del estado de Sonora y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), información sobre los avances de las más recientes investigaciones, y demandamos con toda firmeza que se esclarezcan los hechos, se aprehendan a los responsables y se castigue con todo el peso de la Ley a los autores de este crimen, sin importar su condición política, económica o social.

Es momento de mostrar que México ha cambiado y que, nada ni nadie se debe encontrar por encima de la ley. Démosle la tranquilidad a los padres, madres y familiares y a toda la sociedad de que el gobierno tiene el deber y compromiso con la justicia.

Por ello, consideramos que la Comisión Permanente de este H. Congreso, debe pronunciarse porque el caso no se convierta en otro número más del expediente de la impunidad que prevalece en nuestro país. Es nuestra responsabilidad exigir justicia y estar atentos y vigilantes de la acción de la autoridad ministerial, y también exigirle a la autoridad que se les repare el daño a los familiares y a las víctimas de los sucesos del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

En nuestro país se vive entre la injusticia, la impunidad y el oprobio por lo que es necesario modificar esta parte de nuestra historia, demandando con energía lo que por derecho nos corresponde a todas y todos los mexicanos; justicia y respeto a nuestros derechos humanos, particularmente en el caso de estas niñas y niños víctimas de la tragedia de la guardería ABC.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, al gobierno del estado de Sonora y al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que informe sobre los avances de la investigación realizada sobre el incendio de la guardería ABC, de Hermosillo Sonora.

Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2015.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Condusef y a la Profeco a llevar a cabo acciones para proteger a los usuarios de las casas de empeño, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en el artículo 87, numeral 1, fracción II, y artículo 276 del Reglamento del Senado de la República somete a consideración del pleno de esta soberanía el presente con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, para que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, lleve a cabo las acciones o campañas pertinentes para supervisar el funcionamiento de las casas de empeño y prever posibles irregularidades y fraudes en perjuicio de los usuarios al tenor de las siguientes

Consideraciones

Después de la época decembrina y como resultado de la falta de planeación en el gasto económico de las familias mexicanas, surge la necesidad de hacer uso o de requerir de un financiamiento para enfrentar dificultades por la falta de liquidez y para solventar gastos diarios emergentes en la llamada “cuesta de enero”.

En este escenario aparecen diferentes sectores de la población que carecen de servicios financieros bancarios, y requieren de una de las formas inmediatas de obtener dinero a través del crédito prendario ofrecido por las casas de empeño.

Estadísticas de la Asociación Nacional de Casas de Empeño, Anace, revelan que 35 millones de mexicanos acuden a estos lugares para acceder a préstamos prendarios cuyas tasas de interés anual pueden llegar a 372 por ciento.

En esta temporada, alrededor del 60 por ciento de los pignorantes (como se les llama a los usuarios) son amas de casa. La Anace estima que el sector en general crecerá 10 por ciento en la demanda de préstamos durante esta época, que podría alargarse hasta el próximo mayo. Este incremento significará unos 100 millones de pesos adicionales por mes en las casas afiliadas a esta asociación.

La Anace también señala que entre 20 y 25 por ciento de los cerca de 6 mil 500 establecimientos de préstamo prendario en México son instituciones que operan fuera de la ley y sin cumplir con las normas regentes de este sector.

El 16 de enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto por el que se reformó y adicionó la Ley Federal de Protección al Consumidor.

En dicha reforma se estableció la obligación de la Procuraduría Federal del Consumidor de crear y operar el Registro Público de Casas de Empeño.

La Procuraduría Federal del Consumidor instauró el Registro Público de Casas de Empeño, RPCE, con el fin de salvaguardar los derechos de los consumidores y dar certeza y seguridad jurídica a quienes utilizan este servicio. En este registro se puede consultar:

1. Nombre y ubicación de las casas de empeño que se encuentren inscritas en el RPCE.

2. Sanciones a las que se han hecho acreedoras las casas de empeño registradas en el RPCE.

Los prestadores del servicio de mutuo con interés y garantía prendaria (proveedores) deben inscribirse en el Registro Público de Casas de Empeño con la finalidad de obtener la autorización para operar como casas de empeño de acuerdo a la normatividad vigente aplicable.

En la Procuraduría Federal del Consumidor, la Dirección General de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamiento es la Unidad Administrativa responsable del Registro Público de Casas de Empeño, esta función se realiza a través de la Dirección General Adjunta del Registro Público de Casas de Empeño, área encargada de la organización, operación y funcionamiento del registro.

En este sentido, la Ley Federal de Protección al Consumidor es muy clara, ya que considera como infracción grave la operación de una casa de empeño sin la inscripción en el Registro Público de Casas de Empeño y la sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo 128 Bis.

En el caso de que una casa de empeño opere sin la inscripción correspondiente en el Registro Público de Casas de Empeño, podrá ser clausurada total o parcialmente, podrá ser hasta por noventa días y con multa de 133 mil 298.57 pesos a 3 millones 732 mil 360.02 pesos, que será impuesta por la Profeco.

Desafortunadamente, es una realidad que existen muchas casas de empeño en la rama de préstamos con garantía prendaria, empresas privadas, con el propósito de desarrollar y operar franquicias en todo el país, que durante esta época de inicio de año otorgan créditos prendarios que abusan de la necesidad de las personas, por lo que las quejas de usuarios de este tipo de préstamos por causas como la negativa a entregar prendas, invalidación de refrendos, información errónea sobre las tasas de interés y robo de piezas empeñadas cobra mayor importancia.

En el interés de salvaguardar los intereses de las familias mexicanas en esta “cuesta de enero” y de prever mayores abusos y fraudes en la operación de este servicio de gran demanda por la población mexicana y encontrando que son la figura de las Instituciones de Asistencia Privada que tienen fundamento jurídico en la fracción tercera del artículo 27 constitucional, en donde se reconoce la existencia de Instituciones de Beneficencia Privada, cuyo objeto sea el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados o cualquier otro objeto lícito y que son la base del concepto que maneja la Ley especial que las regula, La Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos que las familias mexicanas necesitan hoy más que nunca el apoyo de instituciones que respalden y salvaguarden sus intereses económicos, situación que no puede pasar inadvertida por el Congreso de la Unión en el ánimo de promover acciones que protejan y defiendan su economía.

Por todo lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en coordinación con la Procuraduría de Federal del Consumidor para que en el ámbito de sus atribuciones lleven a cabo una campaña nacional con acciones dirigidas a alertar e informar a la población mexicana sobre el funcionamiento de las casas de empeño para prever abusos y operaciones fraudulentas.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a para que el ámbito de sus atribuciones realice acciones que permitan cumplir la normatividad vigente en regulación y operación de las casas de empeño en los 31 estados y en el Distrito Federal.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al fiscal general y al secretario de Salud de Chihuahua a atender a los niños con niveles altos de plomo en la sangre, suscrita por la diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En días pasados, circularon diversas notas periodísticas que señalaban que, en el estado de Chihuahua, al menos 119 niños y niñas que habitan en el fraccionamiento Residencial Los Nogales, se encuentran contaminados mostrando altas concentraciones de plomo en la sangre.

Este fraccionamiento, ubicado al sur del municipio de Chihuahua, comenzó a poblarse desde el año 2003, para lo cual la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología debió otorgar la licencia de uso de suelo al Instituto de la Vivienda para que iniciara la construcción del fraccionamiento, en el que ahora, 360 niños están bajo supervisión médica ante la sospecha de estar contaminados por plomo.

El cambio de uso de suelo industrial a habitacional, fue autorizado con el oficio: AUA 4349/2004. Asunto: Licencia de uso de suelo, procedente para vivienda tipo H-45, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal de fecha 10 de agosto de 2004.

Este fraccionamiento se encuentra en las inmediaciones de la ex Fundidora Ávalos, al sur de la ciudad, y comenzó a construirse en 2006 por el entonces Instituto Chihuahuense de la Vivienda, pese a que los estudios de impacto ambiental establecían que la contaminación del suelo en la zona podía “representar un daño a la salud pública debido a la descomposición de metales que contienen y el contacto directo con las personas”.

Documentos que han salido a la luz pública, revelan que con base en el informe de resultados de la manifestación de impacto ambiental realizada en 2006 –previo a la construcción del fraccionamiento– por el laboratorio Earth Tech México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) notificó al entonces secretario de Fomento Social, Carlos Carrera Robles, que en el suelo de la zona existía una concentración de 511 microgramos de plomo, cuando la Norma Oficial Mexicana NOM-147-Semarnat/SSA1-2004 establece concentraciones máximas de 400 microgramos.

A pesar de lo anterior, se concretó la creación del fraccionamiento Residencial Los Nogales, el cual fue cubierto por las partículas de más de 3 mil 500 toneladas de desechos que la fundidora dejó regados al cerrar sus operaciones en 1993.

Ante estos hechos, el pasado viernes 16 de enero, el secretario de Salud de la entidad, Pedro Hernández Flores, anunció que serían hospitalizados por 48 horas los menores de edad para ser sometidos a exámenes exhaustivos, puesto que padres de familia que habitan en este sector, han denunciado que sus hijos han enfermado y su salud se ha deteriorado considerablemente debido a dicha contaminación.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “el plomo es una sustancia tóxica que se va acumulando en el organismo afectando a diversos sistemas del mismo, con efectos especialmente dañinos en las y los niños de corta edad; el plomo se distribuye por el organismo hasta alcanzar el cerebro, el hígado, los riñones y los huesos y se deposita mayoritariamente en dientes y huesos, donde se va acumulando con el paso del tiempo. Para evaluar el grado de exposición humana, se suele medir la concentración de plomo en sangre.

Los niños de corta edad son especialmente vulnerables a los efectos tóxicos del plomo, que puede tener consecuencias graves y permanentes en su salud, afectando en particular al desarrollo del cerebro y del sistema nervioso. En las mujeres embarazadas, la exposición a concentraciones elevadas de plomo puede ser causa de aborto natural, muerte fetal, parto prematuro y bajo peso al nacer, además de provocar malformaciones leves en el feto.

No existe un nivel de concentración de plomo en sangre que pueda considerase exento de riesgo. Sí se ha confirmado, en cambio, que cuanto mayor es el nivel de exposición a este metal, más aumentan la diversidad y la gravedad de los síntomas y efectos a él asociados, incluso las concentraciones en sangre que no superan los 5 microgramos por decilitro (µg/dl) –nivel hasta hace poco considerado seguro– pueden entrañar una disminución en la inteligencia del niño, así como problemas de comportamiento y dificultades de aprendizaje”1 .

Es totalmente evidente que estos espacios destinados actualmente a la vivienda, no son los adecuados para el correcto desarrollo de niñas, niños y adolescentes, y que su salud no es idónea, pues los padres de familia aseguran que sus hijos sufren de desmayos, dolores musculares, sangrado de nariz, somnolencia y manchas en la piel, por lo cual, es importante que se les brinde el servicio médico preventivo y adecuado, pues de lo contrario, se estaría vulnerando su derecho a la salud.

Asimismo, no podemos permitir que este y muchos otros casos más, queden en la impunidad, por ello es necesario que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua abra una línea de investigación en torno a qué dependencia y funcionarios fueron los responsables de autorizar el desarrollo de viviendas en una zona altamente contaminada, y por ende se finquen las responsabilidades de las afectaciones a la salud por presencia de plomo en niñas y niños.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua, a garantizar plenamente el derecho a la salud de las niñas y niños habitantes del fraccionamiento Residencial Los Nogales, en el municipio de Chihuahua, intoxicados por plomo.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a investigar para que se consigne y se castigue al o, en su caso, los responsables de la autorización del desarrollo de viviendas en una zona contaminada por plomo, que ocasiona una grave afectación a la salud pública.

Nota

1. OMS. “Intoxicación por plomo y salud”, disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs379/es/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 enero de 2015.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a dar a conocer los calendarios establecidos en las reglas de operación de los programas estratégicos para 2015, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestro país, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se ubica entre los primeros quince productores mundiales de alimentos, además exporta sus productos a 45 países del mundo.

Datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), señalan que en México existen aproximadamente 4 millones de unidades económicas rurales con actividad agropecuaria y pesquera; una de cada diez hectáreas del territorio nacional está dedicada a las actividades agroalimentarias; en este sector se emplean 7 millones de mexicanos y la producción aporta 4% del producto interno bruto nacional, esta es la dimensión del sector primario en nuestro país.

Desde el inicio de la actual administración federal, el sector agropecuario se convirtió en uno de los temas del gobierno federal, tiene un objetivo muy claro definido por el mismo presidente de la república, “incrementar la producción de alimentos, a partir de una mayor productividad. Es decir, que en cada hectárea se coseche más, y que en cada rancho o establo se críe más ganado”, con lo cual se logrará mejorar los ingresos de quienes viven en el campo y ofrecer alimentos a mejores precios para todos los mexicanos.

El tema prioritario sobre el cual giran las estrategias de políticas públicas es elevar la productividad del sector, para lograr este objetivo, desde la Sagarpa, se han revisado las directrices del entramado programático del sector y se ha puesto en marcha una nueva política agroalimentaria nacional, diseñada con la participación de las principales organizaciones campesinas y de los productores del país.

Desde el año 2013, como parte de esta nueva visión, se inició la transformación de sus programas de apoyo a los productores, con objeto de que éstos sean más oportunos y eficaces.

En 2015, la Cámara de Diputados aprobó al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural un presupuesto por 353 mil 007.3 millones de pesos, lo que representa 14 mil 337.4 millones de pesos más que en 2014; a su vez, la Sagarpa ejercerá el presupuesto más alto de su historia: 92 mil 141.5 millones de pesos; lo que representa en términos reales un incremento del 7.5%.

La evolución del sector primario es favorable, el índice Global de la Actividad Económica para este sector presentó un crecimiento anual de 7.6% en agosto del año pasado, sumando 7 meses consecutivos de crecimiento. De igual forma, durante el primer semestre del año pasado, el producto interno bruto primario creció 3.5% en el primer semestre de 2014, mayor que el crecimiento de 0.4% del mismo periodo del año anterior.

Este incremento en la producción, sin duda alguna disminuirá el índice de dependencia alimentaria, y se reflejará en mayores niveles de ingreso para los productores primarios.

De forma paralela al crecimiento del presupuesto y al rediseño programático de la secretaría, se encuentran las reglas de operación de los programas, las cuales señalan de forma puntual y específica su operación, requisitos, fechas de calendarios, formas de evaluación, resultados, etcétera. Es decir, del éxito del diseño y de la implementación de estos programas, dependerá mucho dependerá que se cumplan los objetivos señalados por esa nueva estructura programática.

Las reglas de operación para el ejercicio fiscal 2015 fueron publicadas el pasado 28 de diciembre del 2014, dos meses antes de lo previsto, con objeto de otorgarles a los productores más tiempo para que puedan acceder a ser beneficiarios de los apoyos que otorgan estos programas.

Los programas que se incluyen en las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación son: Programa de Fomento a la Agricultura, Programa Integral de Desarrollo Rural, Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, Programa de Fomento Ganadero, Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola y Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.

También están el Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados, Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación, Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios y Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora.

El documento señala que las Reglas de Operación fueron elaboradas conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de mayo de 2013, el cual reconoce que “el campo es un sector estratégico, a causa de su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional”, y que “la capitalización del sector debe ser fortalecida”.

Ante esta situación es imperativo que, aprovechando el uso de los tiempos oficiales con los que el gobierno federal cuenta, se realice, a la brevedad posible, una campaña nacional de información propagandística a lo largo y ancho del territorio nacional, para que los productores que aspiren a ser beneficiarios de estos programas se encuentren listos para iniciar los trámites ante las ventanillas respectivas.

La ignorancia de los procedimientos y las fechas de operación de los programas no deben de ser pretextos para que los productores no puedan acceder estos beneficios.

Con base a estas consideraciones, es que los suscritos senadores del Grupo Parlamentario de PRI, sometemos ante esta honorable Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que se implemente una campaña mediática a nivel nacional con objeto de dar a conocer los calendarios establecidos en las reglas de operación de los programas estratégicos del año 2015 y que los productores puedan acceder a los mismos.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a implantar con los gobiernos locales acciones para promover la recolección y el reciclaje de desechos electrónicos, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Actualmente el Gobierno de la República está llevando a cabo el proceso de transición hacia la televisión digital terrestre, dicho proceso tiene como finalidad que las familias mexicanas, de escasos recursos, cuenten con un televisor moderno digital.

La Fundación Mexicana para el Reciclaje Tecnológico a Favor de la Educación, señala que con el cambio de televisiones en nuestro país, se calcula que se desecharán 15 millones de televisiones análogas en los próximos años, sin embargo la información para canalizar los desechos no es clara para la ciudadanía.

En la actualidad los televisores analógicos cuentan con tecnología de tubo de rayos catódicos (CRT, por sus siglas en inglés) y algunos de sus componentes contienen materiales tóxicos, los cuales dañan el medio ambiente y afectan la salud de las personas.

Ahora bien, no sólo las televisiones analógicas afectan al medio ambiente, ya que en las últimas décadas ha aumentado la fabricación de nuevos productos electrónicos, entre los que se encuentran las computadoras o las denominadas tabletas y celulares, los cuales cuentan con una reducida vida útil, trayendo como consecuencia que cada día aumenten los desechos electrónicos, generando desperdicios que exigen un trato diferente al de la basura convencional.

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático indicó que en 2012, en México se producían anualmente más de 300 mil toneladas de desechos electrónicos, mismos que son arrojados en los tiraderos y rellenos sanitarios.

Asimismo, señala que la etapa de recolección y transporte es la más costosa en el proceso de reciclaje, donde incluso puede representar más del 80% del costo total del proceso, representando un grave problema para la correcta gestión de desechos electrónicos.

La empresa Recicla Electrónicos México indica que en México se generan 1.2 millones de toneladas de residuos electrónicos anuales, lo que nos convierte en el segundo generador de este tipo de desechos en Latinoamérica, después de Brasil.

En el caso de las televisiones, el modelo no logra ser sustentable. Se vuelve inviable reciclar cuando este producto está constituido en más de un 70% por vidrio y plástico. El precio de un kilo de estos productos está en alrededor de 80 centavos, pero necesita trabajo especial porque es material contaminado con metales pesados.

El correcto manejo, desensamble parcial o total y reciclaje de los televisores analógicos al final de su vida útil es de gran importancia para evitar impactos negativos al medio ambiente ya la salud humana.

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, son contaminantes de mayor crecimiento en el mundo y en nuestro país no es la excepción, tanto es así que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estima que el 75% de estos residuos se encuentran almacenados al interior de casas y oficinas porque se desconoce el procedimiento de desecho, así como el manejo de ellos.

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en su fracción VIII del artículo 19, señala que todos los residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, así como de fabricantes de productos electrónicos, deberán tener un manejo especial.

Por ello es importante que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, lleven a cabo las acciones pertinentes a fin de asegurar que los denominados “residuos electrónicos” tengan un manejo y un destino final ambientalmente correctos.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, lleven a cabo un programa permanente de recolección y el reciclaje de desechos electrónicos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 21 días de enero del año dos mil quince.


Agenda política

Comentarios sobre los ataques realizados por el grupo terrorista Boko Haram en las Repúblicas de Camerún, y Federal de Nigeria, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI

Con el permiso de la Presidencia:

Compañeras y compañeros legisladores:

El grupo terrorista Boko Haram realizó este fin de semana un ataque a las aldeas de Mabass y Makxy, situadas al norte de la República de Camerún, el cual trajo como saldo el secuestro de 80 personas, entre ellas 50 chicos de entre 10 y 15 años de edad, así como la muerte de tres personas y heridas a otras decenas.

Ante esta situación de violencia, los pobladores han decidido desplazarse de su lugar de origen para resguardarse en zonas ubicadas en el interior o cercanas al centro del país y salvaguardar sus vidas, dejando de lado sus bienes materiales.

Boko Haram es un grupo yihadista cuya lectura delirante de las enseñanzas religiosas les ha llevado a la pretensión de instaurar un estado confesional en Nigeria y otras zonas de África, para lo cual no ha desdeñado el uso de la violencia extrema, incluso en contra de la población civil, especialmente las mujeres y niñas, a las que considera como “botín de guerra”.

Baste con señalar que el 14 de abril del año pasado, Boko Haram raptó a más de 200 menores en una aldea de Nigeria, esto como represalia porque las niñas recibían educación de corte occidental, la cual consideran pecaminosa. Las menores secuestradas que lograron escapar de sus captores denunciaron que las cautivas eran ultrajadas y obligadas a cambiar de religión, previa advertencia de que su negativa les costaría la vida.

A pesar de que el ejército de Camerún logró liberar al menos 24 de las personas secuestradas, mediante una persecución de los atacantes cuando se dirigían a Nigeria, lo cierto es que la sevicia con que se conduce Boko Haram constituye un foco de preocupación que hace temer por la preservación de vidas inocentes en naciones con las que, como Camerún y Nigeria, mantenemos lazos de amistad y cooperación que valen la pena volver más estrechos.

Vale la pena decir que, en el caso de Nigeria, esta Cámara de Diputados cuenta con un grupo de amistad que ha venido desarrollando acciones de diplomacia legislativa, las cuales han contribuido al entendimiento entre nuestras naciones.

Los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI rechazamos todo acto terrorista y de violencia contra la población civil de Camerún y Nigeria, máxime cuando ello significa la transgresión del derecho de guerra y la vulneración del sistema universal de derechos humanos.

Es por ello que aprovechamos la presente oportunidad para expresar nuestra solidaridad con los gobiernos de aquellos países africanos, repudiar a cualquier organización que se valga de la violencia para alcanzar sus fines y hacer patente nuestro dolor por las víctimas de actos tan irracionales como los aquí señalados.

Muchas gracias.