Proposiciones
Excitativas
Agenda política

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente felicita al cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu por haber obtenido el premio Globo de Oro, suscrita por el diputado Leopoldo Sánchez Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Leopoldo Sánchez Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

El cine, además de ser un medio de comunicación, también es comprendido como una industria cultural por su dinámica de trabajo multifactorial, en donde se labora con la finalidad de crear productos de valor económico y simbólico.1

México, entre los años de 1936 a 1969, tuvo una época de oro debido a que en ese periodo la producción cinematográfica mexicana logró su mayor penetración internacional. Después de esa época, la industria cinematográfica mexicana ha mantenido un perfil irregular debido a la competencia extranjera y a la reducción de presupuesto a ese rubro.

A pesar de todas las adversidades, existen actores, guionistas, fotógrafos, productores y directores que han alcanzado un reconocimiento tanto nacional como internacional.

Tal es el caso de Guillermo del Toro Gómez, quien en 2007 fue ganador de un Premio Goya, otorgado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, por su película El Laberinto del Fauno.2

Otro de los reconocidos directores mexicanos que ha sido acreedor a un reconocimiento por su trabajo como director y guionista es Alfonso Cuarón quien, el 2 de marzo de 2014 fue galardonado con un Oscar por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas como mejor director por su película Gravity .

Pero existe un tercer cineasta que completa al trío del cine mexicano a quienes la revista The Hollywood Reporter les reconoció los tres primero lugares en un listado de los 50 latinos con más poder en Hollywood, colocando así a Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y a Alejandro González Iñárritu.3

González Iñárritu comenzó su carrera de dirección con algunos comerciales para después pasar a dirigir cortometrajes para la empresa Televisa, en donde trabajó con el cantante español Miguel Bosé. Hasta 1999 dirigió su primer largometraje “Amores Perros”, el cual fue muy bien aceptado por la industria cinematográfica y el público en general, lo cual lo impulsó a seguir su carrera hasta filmar “Babel” la que le valió ganar el premio como Mejor Director en el Festival de Cannes 2006, para convertirse en el primer mexicano en ganar dicho reconocimiento.

El pasado 11 de enero, se realizó la entrega de los Globos de Oro, en Los Ángeles, donde el cineasta mexicano González Iñárritu, fue galardonado, por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood con un Globo de Oro al mejor guion por su película Birdman .

Birdman, que es la primera incursión en la comedia del realizador mexicano, fue la encargada de inaugurar el pasado Festival de Venecia y además de los Globos de Oro a los que fue acreedora, también ganó los dos premios Gotham a los que estuvo nominada.4

El hecho de que el trabajo realizado por este cineasta haya ganado reconocimientos internacionales demuestra que es de gran calidad y que existe un amplio talento mexicano, que a pesar de las adversidades que enfrentan, han salido adelante.

Es así que se extiende una cordial felicitación al director de cine González Iñárritu por su galardón, por poner el nombre de México en alto y por impulsar a la industria cinematográfica mexicana.

La cinematografía en México vive una etapa de reactivación y recuperación, gracias al trabajo y el talento de las actuales generaciones de realizadores, actores, productores, guionistas, técnicos y empre­sarios, que se ha reflejado en la proyección internacional de nues­tro cine y de la imagen contemporánea de nuestro país,5 lo que hace evidente el necesario fortalecimiento de esta industria para lograr su efectiva reactivación que podría impulsar a México tanto culturalmente como económicamente.

Es por lo anteriormente expuesto, que se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión felicita al cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu por haber obtenido el premio Globo de Oro al Mejor Guion por su película Birdman .

Notas

1 Consultado en <http://mexicanadecomunicacion.com.mx/rmc/2011/08/31/breve-desarrollo-historico-estructural-de-la-industria-mexicana-de-cine/>, el 12 de enero de 2015.

2 Consultado en <http://www.jornada.unam.mx/2007/01/29/index.php?section=espectaculos&article=a16n1esp>, el 12 de enero de 2015.

3 Consultado en <http://www.cronica.com.mx/notas/2007/317981.html>, el 12 de enero de 2015.

4 Consultado en <http://www.milenio.com/hey/cine/Birdman-Gonzalez_Inarritu-Alejandro_Gonzalez_Inarritu-Globos_de_Oro_0_425957734.html>, el 12 de enero de 2015.

5 Consultado en <http://mexicanadecomunicacion.com.mx/rmc/2011/08/31/breve-desarrollo-historico-estructural-de-la-industria-mexicana-de-cine/>, el 12 de enero de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2015.

Diputado Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente condena los hechos ocurridos contra periodistas del semanario Charlie Hebdo y se solidariza con los familiares de las víctimas y el pueblo francés, suscrita por la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Adriana González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena los hechos ocurridos en contra de periodistas del semanario Charlie Hebdo y se solidariza con los familiares de las víctimas y con el pueblo francés, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los derechos humanos son prerrogativas indispensables para el desarrollo integral de los individuos y el progreso social. La historia da cuenta de los esfuerzos que se han realizado por preservar aquellas manifestaciones sociales que nos permiten tener libertades que contribuyen a la diversidad de opiniones, religiones y posturas políticas sustentadas en ideologías que se difunden de manera individual o colectiva y que son imprescindibles para la construcción de la democracia en los pueblos del mundo. Ejemplo de ello son las luchas sociales que se han generado en el mundo, una de éstas fue la revolución francesa, que constituyó un parteaguas para el reconocimiento de derechos humanos de parte del Estado a través de su codificación en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Aunado al texto referido, hay otros documentos más desarrollados y de alcance regional como la Convención Americana de Derechos Humanos (1969) y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), así como uno de alcance mundial que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Esta última, expresa en su artículo 3 que “Todo individuo tiene derecho a la vida y a la seguridad de su persona”. Este derecho (a la vida) como prerrogativa básica e indispensable para el ejercicio de otros derechos como el de la libertad de expresión, ha sido de manera reciente objeto de supresión en ciertos países en los que periodistas son privados de la vida por las informaciones que difunden a través de diversos medios de comunicación.

Nuestro país a nivel interno, consagra en la Constitución que existen garantías a la libertad de expresión como la que se observa en al artículo 7 que señala la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. En otras naciones como la francesa también hay disposiciones históricas al respecto, ya que desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano los artículos 10 y 11 consagraron la libertad de opinión y de prensa.

Los acontecimientos que se generaron el día miércoles 7 de enero del año en curso en las instalaciones de Charlie Hebdo de París que dejaron una docena de colaboradores del semanario muertos, entre ellos varios caricaturistas y 11 personas heridas, algunas de gravedad; como ya lo han manifestado autoridades de diferentes partes del mundo, son actos condenables y constituyen actos de terrorismo.

Luego de una larga lucha social por la garantía del ejercicio de libertades como la de expresión, es inadmisible que haya quienes la coarten recurriendo a la violencia. México y Francia han compartido posturas en el ámbito multilateral para hacer frente a retos globales como el combate al terrorismo y al crimen organizado. Nuestra relación diplomática ha permitido la suma de esfuerzos comunes. Nuestros países comparten una visión formulada con base en el respeto a la tolerancia, el respeto a la diversidad y la necesidad de propiciar el diálogo entre las culturas y civilizaciones.

Asimismo, nuestras naciones tienen vínculos tan estrechos que en el Parlamento francés se constituyó un Grupo de Amistad Francia-México y en nuestro país de manera recíproca formamos un Grupo de Amistad con Francia. A esto se le suma la existencia de una larga tradición de intercambios culturales con Francia, ya que actualmente mantenemos un Instituto Cultural en París, así como la Casa de México en la ciudad universitaria en la capital francesa.

También existen eventos culturales de prestigio como: la participación de Francia como invitada de honor en el Festival de Mayo de Guadalajara en 2013; la presentación en el Museo de l’Orangerie en París de una gran exposición dedicada a la pareja Diego Rivera-Frida Kahlo, y la presentación simultánea en el Museo Dolores Olmedo en México de 30 obras impresionistas mayores prestadas por Francia (octubre 2013-enero 2014); una serie de exposiciones en México sobre la fotografía patrimonial, intitulada “Mano a mano, Francia-México: miradas cruzadas fotográficas” (2014).

Además con el afán de tener una remarcada cercanía entre nuestros pueblos, en México contamos con una diversa gama de instituciones como: el Instituto Francés de América Latina (IFAL), la Casa de Francia (mediateca y centro de información sobre Francia Contemporánea), la red de Alianzas francesas (38), el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA), el Colegio Franco-Mexicano en Ciencias Sociales, una antena del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) y tres planteles escolares que dependen del AEFE (en México, Guadalajara y Cuernavaca, con más de a 4500 alumnos, de los cuales el 40% son franceses).

En el sector del turismo, se ha observado un constante crecimiento de visitantes franceses a nuestro país, hasta llegar a tener un aproximado de 173,182 turistas franceses. Además, en nuestra nación existe una comunidad francesa compuesta por alrededor de 30 000 personas.

Por estos motivos, los actos de terrorismo del miércoles 7 de enero contra el semanario Charlie Hebdo, nos llevan a manifestar nuestra solidaridad con el pueblo galo y los familiares de las víctimas que se encontraban en la sede de la revista.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena los hechos ocurridos en contra de periodistas del semanario Charlie Hebdo y se solidariza con los familiares de las víctimas y con el pueblo francés.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente el día 14 de diciembre de 2015.

Diputada Adriana González Carrillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE y al Trife a resolver las quejas presentadas por los partidos políticos en materia de propaganda y gastos electorales, suscrita por los diputados Agustín Miguel Alonso Raya, Trinidad Morales Vargas y Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, diputados federales a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esa honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución:

Consideraciones

El pasado día 10 de enero, la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral decidió suspender la transmisión de un spot televisivo del Partido de la Revolución Democrática en el que se hacía mención de la situación política del país y que contenían imágenes de diversos personajes influyentes en la vida pública mexicana. Entre otros personajes, se mostraban a Gustavo Díaz Ordaz, Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong y, de manera tangencial, al influyente periodista Joaquín López Dóriga.

El spot estaba diseñado siguiendo estrictamente los lineamientos que el Instituto Nacional Electoral aprobó para el efecto y siguiendo cada una de las especificaciones que, en ejercicio de sus funciones, este órgano habría dictado a los partidos políticos y en ejercicio claro de los derechos que se consagran en el inciso a) del Apartado A y en el Apartado C de la fracción III del segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:

III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la ley.

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:

a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado. En el período comprendido entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas, el cincuenta por ciento de los tiempos en radio y televisión se destinará a los fines propios de las autoridades electorales, y el resto a la difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos, conforme a lo que establezca la ley;

...

Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.

...

Derivado de esta situación, el periodista López Dóriga inició una campaña de desprestigio de nuestro instituto político, violando con ello no sólo las disposiciones constitucionales relativas a la libertad de expresión sino además violentando el derecho de réplica solicitado por dirigentes de nuestro partido en diversas ocasiones, con base en el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Es por ello que sostenemos que con la determinación de censurar el spot en el que se alude directamente a varias administraciones priistas y a uno de los poderes fácticos más poderosos del país, en la Comisión de Quejas, el Instituto Nacional Electoral sienta un pésimo precedente y exhibe una posición parcial de dicha institución.

La decisión del Instituto de retirar un spot con la opinión del PRD sobre la situación del país vulnera la libertad de expresión y es un sometimiento ante el poderío de una empresa que históricamente ha socavado los derechos de información y comunicación de los mexicanos. La aprobación expedita de esta medida cautelar contrasta con el lento procedimiento que el INE dio a la petición de aprobar medidas cautelares para suspender la ilegal campaña del PVEM.

El retiro del espot del PRD viola lo establecido en el párrafo primero del artículo 7o. de nuestro texto constitucional:

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Televisa y Joaquín López Dóriga, quienes solicitaron censurar el spot del PRD, se muestran intolerantes ante la crítica y conculcan, de manera sistemática, el derecho de réplica de los ciudadanos y partidos ante señalamientos inexactos, tendenciosos y deformados en sus distintos espacios informativos.

Por lo anterior y con base en los mecanismos de defensa que tenemos para hacer valer nuestros derechos, utilizaremos todos los recursos jurídicos que tengamos a nuestra disposición y resguardaremos los derechos que todas y todos los ciudadanos tienen para ejercer la libertad de expresión, el derecho a la información, a la réplica y a la celebración de elecciones libres y auténticas, tal y como lo garantiza nuestra Constitución.

Es importante señalar que además de lo anteriormente expuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que

“los partidos políticos en nuestro país son entidades de interés público y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.

De acuerdo con ese fin, la libertad de expresión de los partidos políticos cobra especial relevancia, pues a través de su ejercicio les brindan información a los ciudadanos para que puedan participar en el debate público, es decir, en la vida democrática. Más aún, a través de la información que proveen contribuyen a que el ejercicio del voto sea libre y a que los ciudadanos cuenten con la información necesaria para evaluar a sus representantes.

La importancia de proteger la libertad de expresión de los partidos políticos ha sido ya reconocida en los precedentes de esta Suprema Corte. Así, en la acción de inconstitucionalidad 61/2008 se dijo que “la expresión y difusión de ideas son parte de sus prerrogativas como personas jurídicas y se relaciona con las razones que justifican su existencia misma; sin embargo los derechos con que cuentan los partidos políticos en relación a la libertad de expresión no deben llevar a concluir que se trata de derechos ilimitados, ya que existen reglas sobre límites plasmados en el primer párrafo del artículo 7 constitucional y el párrafo 2 del artículo 13 de la Convención Americana. (...) De lo cual se puede deducir que la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión dependerá, por tanto, de que las mismas estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo, y de que cuando existan varias opciones para alcanzar ese objetivo, se escoja la que restrinja en menor escala el derecho protegido.” Fojas 596 y 597.

Asimismo, en la acción de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada se señaló que “en el caso de los partidos políticos, la expresión y difusión de ideas con el ánimo no ya de informar, sino de convencer, a los ciudadanos, con el objeto no sólo de cambiar sus ideas sino incluso sus acciones, es parte de sus prerrogativas como personas jurídicas y se relaciona con las razones que justifican su existencia misma. Los partidos políticos son actores que, como su nombre indica, operan como agentes permanentes de creación de opinión sobre los asuntos públicos; su relación con el tipo de discurso que, por su función, la libertad de expresión está destinada a privilegiar —el discurso político— es estrecha y en alguna medida, funcionalmente presupuesta.”2

Precisándose también que “los partidos políticos tienen derecho a hacer campaña y en parte se justifican institucionalmente porque hacen campaña y proveen las personas que ejercerán los cargos públicos en normas de los ciudadanos. En esta medida, son naturalmente un foro de ejercicio de la libre expresión distintivamente intenso, y un foro donde el cariz de las opiniones y las informaciones es de carácter político —el tipo de discurso que es más delicado restringir a la luz de la justificación estructural o funcional de la libertad de expresión en una democracia—.”3

Estos precedentes ponen énfasis en el hecho de que el ejercicio de la libertad de expresión no solo tiene una dimensión individual sino social, pues implica también un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno4 y apuntan a la necesidad de que las medidas restrictivas se sometan a un test estricto de proporcionalidad.

Asimismo, es necesario tener presente que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión protege no sólo las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una “sociedad democrática”5 (énfasis añadido).

En otras palabras, a partir de la reforma constitucional del diez de febrero de dos mil catorce, el artículo 41, base III, apartado C de la Constitución sólo protege a las personas frente a la propaganda política o electoral que las calumnie, más no así a las instituciones de expresiones que las puedan denigrar.

No existe en la Constitución una finalidad imperiosa que justifique excluir de la propaganda política y electoral de los partidos políticos las expresiones que denigren a las instituciones y a los partidos políticos. En primer lugar, porque como ya se dijo, dicha restricción fue suprimida mediante la reforma constitucional del diez de febrero de dos mil catorce al artículo 41, base I, apartado C. Dicha supresión del texto fundamental puede incluso interpretarse en el sentido de que la limitación del discurso político que denigre a las instituciones, ya no es una restricción válida a la libertad de expresión.

Además, en todo caso la medida no tiene cabida dentro del artículo 6º constitucional, que prevé como únicas limitaciones posibles a la libertad de expresión los ataques a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, que se provoque algún delito, o se perturbe el orden público.

En efecto, la propaganda política o electoral que denigre las instituciones o los partidos políticos no ataca per se la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoca algún delito, o perturba el orden público. Para poder determinar que ese sea el caso, es necesario analizar supuestos concretos de propaganda política o electoral. De lo contrario, es decir, justificar la obligación de abstenerse de propaganda política o electoral que denigre las instituciones o partidos políticos, porque en algún caso futuro puede llegar a incurrir en unos de los supuestos de restricción del artículo 6º constitucional, sería tanto como censurar de manera previa la propaganda política o electoral.”

Por lo anteriormente expuesto y basados en el compromiso por la construcción de una ciudadanía participativa real en México, así como por el fortalecimiento de los valores democráticos que nos permitan a todas y a todos gozar efectivamente de nuestros derechos, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que con pleno respeto a su autonomía e independencia, resuelvan, de manera pronta y expedita, las quejas interpuestas ante estas instancias por los diversos partidos políticos, en materia de propaganda y gastos electorales.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a garantizar los principios electorales de libertad, imparcialidad, autenticidad y equidad, en todas las fases de la realización del próximo proceso comicial.

Notas

1 Fojas 108 y 109.

2 Fojas 115 y 116.

3 Véase también Corte IDH. Caso “La última tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 64. Corte IDH, Opinión Consulta OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, solicitada por el gobierno de Costa Rica, párr. 30; y la tesis de rubro Libertad de expresión y derecho a la información. Su importancia en una democracia constitucional.

4 [TA]; 9a Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX; Diciembre de 2009; página 287; 1a. CCXV/2009.

5 Corte IDH. Caso “La última tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, párrafo 69.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 14 de enero de 2015.

Diputados: Miguel Alonso Raya (rúbrica), Trinidad Morales Vargas, Carol Antonio Altamirano.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversos congresos locales a armonizar su legislación relativa a pueblos y comunidades indígenas con lo establecido en la Constitución Política y en los tratados internacionales en que el Estado mexicano es parte, suscrita por la diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, Martha Edith Vital Vera, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, integrante de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Los pueblos y las personas indígenas constituyen uno de los sectores de la sociedad mexicana que requiere mayor atención para su desarrollo económico, político, social y cultural, y han tenido que enfrentar un largo camino para el reconocimiento y respeto efectivo de sus derechos y libertades fundamentales.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2o. define que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, los cuales conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. De acuerdo a datos del Censo de Población y Vivienda de 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se estima que en el país hay una población de 15.7 millones de indígenas, de estos, 6.6 millones son hablantes de alguna lengua indígena y 9.1 millones no hablan lengua indígena y 400 mil de los hablantes no se consideran indígenas. Existe una numerosa diversidad etnolingüística. Las lenguas indígenas con mayor número de hablantes son el náhuatl, maya, zapoteco, mixteco y otomí.

Durante siglos los pueblos y comunidades indígenas han experimentado discriminación, explotación y marginación, lo cual vulnera sus derechos humanos, uno de los tantos problemas a los cuales se han enfrentado es a la violación de sus derechos sociales ya que la mayoría no cuenta con acceso a la alimentación, salud, educación, vivienda digna, servicios de agua potable, drenaje y electricidad. Por otra parte, son discriminados constantemente a causa de sus usos, costumbres, lengua, cultura, entre otros. Según datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (Enadis), ocho de cada diez mexicanos consideran que no han sido respetados sus derechos por motivo de sus costumbres o su cultura, por su acento al hablar, por su color de piel, por provenir de otro lugar, por su educación, por su religión o por su forma de vestir. Además indica que 44 por ciento de la población considera que no se respetan los derechos de los indígenas; 31 por ciento piensa que se respetan poco; mientras que 22 por ciento manifiesta que sí se respetan.

Respecto a los derechos de los pueblos indígenas en el sistema de derecho internacional se tuvo un avance sustancial en la década de los ochenta y se dio un giro hacia una nueva forma de comprender a los pueblos indígenas, su cultura y su cosmovisión. Esto se tradujo en la adopción de dos instrumentos internacionales. En primer lugar, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, de 1989; protege, promueve y propaga los derechos humanos, laborales y económicos de los pueblos indígenas. Además de servir como base para la legislación nacional, es un instrumento de gran importancia para las mujeres indígenas de nuestro país, debido a que establece que para mejorar las condiciones de vida, de trabajo, de salud, de educación y económicas de los pueblos indígenas es indispensable la participación de sus integrantes; sin ningún tipo de exclusión por motivos de género.

Por otra parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de 2007; aborda los derechos individuales y colectivos; derechos culturales y la identidad; y los derechos a la educación, la salud, el empleo y el idioma. Asimismo, afirma que los pueblos indígenas tienen derecho, como pueblo o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la normativa internacional de los derechos humanos.

Asimismo, señala que los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos que esté fundada, en particular, en su origen o identidad indígena; tienen derecho a la libre determinación, en virtud de este derecho puede decretar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural; tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del estado.

El compromiso prioritario del Estado mexicano hacia los indígenas, sus comunidades y sus pueblos se reafirmó con la reforma al artículo 2o. constitucional del 14 de agosto de 2001 la cual representó un paso muy importante en la construcción de una nueva relación entre el estado, los pueblos indígenas y la sociedad. A través de este reconocimiento expreso, la propia Constitución protege la composición pluricultural de la nación mexicana, que se sustenta en sus pueblos indígenas, los que conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas; dispone que la federación, los estados y municipios deben promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, y crear instituciones y políticas para garantizar sus derechos; asimismo, establece la obligación del estado de asegurar, entre otros, el respeto a la dignidad de las mujeres y los hombres indígenas, y de procurar el acceso de éstos a los servicios de salud para, con ello, mejorar sus condiciones de vida.

Asimismo, define el concepto de pueblo y comunidad indígenas, y proclama su derecho a la libre determinación y a la autonomía; además señala los derechos que pueden ejercerse en el marco de la propia Constitución y de las leyes secundarias respecto del pacto federal y la soberanía de los estados, y garantiza el derecho de esos pueblos a preservar sus lenguas y a emplearlas sin limitación, avalando1 . A partir de esta reforma las legislaturas de las entidades federativas debieron adecuar sus constituciones y expedir leyes reglamentarias en concordancia con lo prescrito en nuestra Carta Magna, aunque cabe señalar que antes de esta reforma entidades federativas como Oaxaca ya contaban con una ley reglamentaria en materia de derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas.

Sin embargo, aún con la obligatoriedad establecida en el artículo segundo de la Constitución federal que señala que “El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico”, en varias entidades federativas con población indígena no existe legislación específica de reconocimiento y protección de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas.

Por otra parte, el decreto de la citada reforma, señala en el segundo artículo transitorio que “Al entrar en vigor estas reformas, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones a las leyes federales y constitucionales locales que procedan y reglamenten lo aquí estipulado”. Contrario a ello, únicamente 24 estados de la República mexicana cuentan con una ley en la materia: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Sus legislaciones incluyen el respeto a la integridad de los pueblos, el reconocimiento y protección de derechos y valores, el derecho a conservar costumbres e instituciones, la protección a la salud, el derecho a la educación y a preservar su lengua indígena.

Como se aprecia, aún hay tareas pendientes hacia las comunidades y pueblos indígenas, por lo que deben ser reconocidos y respetados tanto a nivel nacional como estatal, dándoles lugar y participación en la estructura y en el funcionamiento del estado, reconociendo sus derechos, costumbres y tradiciones, a fin de que prevalezca la igualdad esencial de todos los seres humanos.

El estado como garante de los derechos humanos debe asegurar una efectiva esfera de protección a todos y cada uno de sus habitantes sin distinción; por ello, las entidades federativas, además del reconocimiento y las garantías de derechos humanos consagrados en sus constituciones locales, deben contar con leyes que muestren que los congresos estatales están atentos a los compromisos adquiridos por México a través de la firma y ratificación de convenios y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, tal es el caso del mencionado Convenio 169, esto a través de leyes específicas que reconozcan y protejan los derechos de las comunidades y pueblos indígenas.

Es necesario que los congresos estatales que no cuentan con la legislación específica en materia indígena consoliden un marco general de derechos y garantías sociales de la población indígena y comunidades, a fin de fortalecer, tanto a nivel nacional como a nivel local el pleno reconocimiento y vigencia de los derechos de los pueblos indígenas de México y contar con un marco normativo que regule y proteja sus derechos, así como su situación social, económica, cultural y política.

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que logren armonizar su legislación referente a los pueblos y comunidades indígenas conforme a lo establecido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

Nota

1. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2010). Armonización de la Legislación de las Entidades Federativas Respecto de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. México: CNDH. pp. 29-30.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2015.

Diputada Martha Edith Vital Vera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Profeco a concertar los conceptos de cobro por servicios educativos para el ciclo 2015-2016, suscrita por la diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Magdalena Núñez Monreal, Diputada Federal a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Comisión Permanente el presente punto de acuerdo a través del cual se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, a concertar con los prestadores de servicios educativos que prestan los particulares los diversos conceptos de cobro para el ciclo escolar 2015-2016, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De conformidad a la página de internet del Banco de México, la inflación es “el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo”.

Durante septiembre pasado, el índice de precios al consumidor se vio impactado en un 0.34 por ciento según reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía por el incremento en las colegiaturas que fue de acuerdo al organismo de 4.11 por ciento en preescolar, 3.74 por ciento en secundaria, 1.46 por ciento en preparatoria y de 0.63 por ciento en universidad.

Estos incrementos impactaron en la inflación anual del año pasado que según los últimos datos del Banco de México superó el 4 por ciento.

En 1992 se implementó con éxito, para abatir la inflación, el “Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la Comercialización de los Servicios Educativos que prestan los particulares”, el cual fue suscrito por los titulares de la SEP y la Profeco, en el cual se estableció la obligatoriedad por parte de los prestadores de servicios educativos de concertar con los padres de familia los ajustes a los diversos conceptos de cobro, como lo son el pago de inscripciones, reinscripciones y colegiaturas, entre otros.

En virtud de que a partir de febrero próximo se habrá de iniciar la etapa de solicitudes de preinscripción a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el ciclo escolar 2015-2016, esta legisladora considera conveniente iniciar también en las escuelas particulares la concertación de los diversos conceptos de cobro con los padres de familia bajo la dirección de la Secretaría de Educación Pública y la Procuraduría Federal del Consumidores en base a sus atribuciones, lo cual permitirá coadyuvar a reducir el impacto inflacionario que se presenta cada año en agosto-septiembre.

2015 se vislumbra como un año difícil para la economía de las familias mexicanas dada la repercusión que en el alza de los precios en bienes de consumo tiene la devaluación del peso frente al dólar, la baja en los precios del petróleo y el incremento en el costo de las gasolinas. Si a ello se suman otros incrementos como el de colegiaturas, pues es evidente que la situación económica para quienes son padres de familia y han optado por incorporar a sus hijos a escuelas particulares, se agravará.

Por lo expuesto, considero que en la medida que en las instituciones referidas puedan influir para crear conciencia sobre la necesidad de mantener en su actual valor los diversos conceptos de cobro que existen en las escuelas particulares será de gran beneficio para millones de familias mexicanas, de ahí que se someta a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la Procuraduría Federal del Consumidor a concertar con los prestadores de servicios educativos que prestan los particulares los diversos conceptos de cobro para el ciclo escolar 2015-2016.

Recinto de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2015.

Diputada Magdalena Núñez Monreal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la CFE a establecer la aplicación de tarifas preferenciales en el consumo de energía eléctrica en Tabasco, suscrita por la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante la Comisión Permanente proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los altos cobros que aplica la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Tabasco sólo han propiciado que la resistencia civil se fortalezca, ya que un aproximado de 25 personas al día están dejando de lado el pago de sus recibos. Esto, según versiones del gobierno del estado, representa en promedio un aumento de 140 millones de pesos al mes.

En Tabasco, de acuerdo con las cifras presentadas por la misma CFE y por el Instituto Federal de Acceso a la Información, de los 676 mil 983 usuarios de electricidad, incluyendo hogares, comercio e industria, más de 400 mil presentan adeudos a la paraestatal.

Lo anterior indica que 60 por ciento de los tabasqueños que consumen electricidad no tiene sus pagos de recibos de luz al día, muchos de ellos como parte de un movimiento que se inició hace 17 años para oponerse a tarifas que consideran impagables para la población de bajos ingresos.

Pese a la firma del Acuerdo Solidario Compensatorio por Tabasco en 2007, las personas que no pagan a la CFE se han incrementado de manera considerable: con base en datos de la paraestatal, en 2010, unos 413 mil 918 morosos debían 2 mil 187 millones 547 mil 678 pesos; en 2011, 423 mil 639 usuarios adeudaban 2 mil 758 millones 800 mil pesos; y a marzo de 2012 458 mil 258 personas debían 4 mil 936 millones 580 mil 455 pesos, por lo que podemos inferir que en 2013 las cifras aumentaron, con lo cual se corre el riesgo de caer en una situación de no pago generalizado.

Las tarifas eléctricas en Tabasco son elevadas debido en gran medida a las temperaturas extremas que en la entidad se registran. Por ello, la aplicación de tarifas preferenciales reviste suma importancia.

Las elevadas tarifas eléctricas no permiten el desarrollo industrial del estado, poniéndolo en una desventaja competitiva con el resto del país y del mundo, aunado a que esto se ha convertido en un conflicto para los sectores productivos y la población en general, quienes desde hace varios años solicitan una solución definitiva al alto cobro de la luz.

Aunque en el estado el factor humedad produce mayor calor, en los tabuladores de tarifas eléctricas no se refleja como determinante de un precio justo y preferencial, como sí se presenta en otras entidades con condiciones climáticas incluso menos extremas.

Por ello proponemos que se promueva ante las instancias competentes la reclasificación de una tarifa acorde con la realidad climática del estado, cumpliendo así la promesa del Ejecutivo federal, que se comprometió a bajar el costo de la luz en su campaña hacia la Presidencia y que aún no se ha puesto en marcha.

Dar solución a este conflicto pasa necesariamente por la reasignación de tarifas eléctricas justas y por la renegociación de la deuda sin mencionar los daños a la sociedad que se han derivado en extorsión por parte de la propia CFE ante la falta de pago de los usuarios.

La federación debe proponer esquemas de pago que otorguen facilidades a los usuarios, a través de reducciones de la deuda y plazos que permitan abonar periódicamente los recursos.

Por lo expuesto propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, ciudadano Enrique Peña Nieto, a instruir vía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se establezca la aplicación de tarifas preferenciales en el consumo de energía eléctrica en Tabasco y haga cumplir su promesa de campaña sobre el asunto.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a cerrar las negociaciones con el gobierno de Tabasco para reestructurar las tarifas eléctricas en el estado y considerar el factor climático como un elemento esencial en la fijación de precios.

Tercero. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a autoridades correspondientes para que detengan los acosos y amenazas de corte de luz en hogares y negocios por operativos y empleados de la propia CFE hacia los usuarios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de enero de 2015.

Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SEP que dé a conocer la programación del Plan Integral para el Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento de las Escuelas Normales Públicas, suscrita por los diputados María Sanjuana Cerda Franco y José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Los suscritos, María Sanjuana Cerda Franco y José Angelino Caamal Mena, integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo; al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Hace unos días, la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente dio a conocer los resultados del segundo concurso de oposición para el ingreso en la educación básica del ciclo escolar 2014-2015, cuyo examen sustentaron 16 mil 283 aspirantes a ocupar una de las 5 mil plazas disponibles en los distintos niveles y modalidades de este tipo educativo.

Los resultados de las evaluaciones muestran que sólo 6 mil 564 de los aspirantes a docentes de educación básica resultaron idóneos para incorporarse al servicio educativo. La cifra si bien supera el número de plazas disponibles, hace evidente la falta de sincronía entre los programas de formación inicial docente y lo que se pide a los maestros que enseñen en el aula.

Basta decir que 4 mil 122 de los 7 mil 245 egresados de las normales públicas que presentaron el examen no cuentan con una formación inicial idónea que les permita insertarse con éxito en el servicio educativo.

Más allá de las interpretaciones simplistas y mal intencionados que se ocupan de destacar el número de maestros reprobados, los deplorables resultados son muestra inequívoca del grave abandono en que se encuentran las Escuelas Normales y la urgencia de atender la base fundamental de la calidad educativa: la formación inicial de los docentes.

Para dar cuenta de lo anterior, es importante recordar que en 1994 Miguel de la Madrid firmó, con el secretario de Educación Jesús Reyes Heroles, el acuerdo por el que se confirió a la educación normal el grado de licenciatura y, por tanto, estableció el bachillerato obligatorio para sus aspirantes.

Sobra decir que este decreto presidencial, que sin duda fue trascendental para profesionalización del magisterio mexicano, impactó profundamente a todas las normales, que se convirtieron en corto tiempo en instituciones de educación superior. Este proceso se llevó a cabo sin que hubieran estado preparadas para ello. Tampoco, hay que señalarlo, contaron con los apoyos oportunos y necesarios para alcanzar el perfil académico que les exigía su nueva situación.

Después de 20 años se reestructuró la Secretaría de Educación Pública transfiriendo a las normales a la Subsecretaría de Educación Superior. En 2005 se creó la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación y fue hasta entonces que se inició con la ministración de apoyos financieros para facilitar el tránsito de las normales a instituciones de educación superior. No obstante, la ministración de los recursos se realizó bajo la figura de bolsas concursables, lo que significó que la dotación de recursos se llevara a cabo de manera inequitativa y desigual entre las escuelas normales.

En el marco de la reforma educativa de 2013, se incluye en la Ley General del Servicio Profesional Docente, en el transitorio vigésimo segundo, el mandato a la Secretaría de Educación Pública de formular “un plan integral para iniciar con la mayor brevedad los trabajos formales, a nivel nacional, de diagnóstico, rediseño y fortalecimiento para el sistema de normales públicas a efecto de asegurar la calidad en la educación que imparta y la competencia académica de sus egresados, así como su congruencia con las necesidades del sistema educativo nacional”.

Más allá de los diagnósticos integrados en los Foros Nacionales de Consulta para la Revisión del Modelo Educativo, celebrados de febrero a junio de 2014, los resultados de los Concursos de Oposición dan cuenta de que los avances logrados hasta la fecha en materia de formación inicial de los maestros son a todas luces insuficientes.

Y no podría ser de otra manera si consideramos que a la propia SEP le tomó 20 años incorporar la administración de los servicios de educación normal a la educación superior y a 30 años de este cambio sustancial en la concepción de las escuelas normales, se está todavía en la búsqueda de un modelo institucional para la formación de profesores que responda en forma equilibrada, pertinente, eficaz y eficiente al reto de otorgar a las niñas, niños y jóvenes mexicanos una educación pública de calidad.

En la actualidad, el Sistema de Educación Normal abarca una diversidad de condiciones institucionales. Hay 10 tipos de escuelas normales que imparten 7 licenciaturas. Las hay urbanas, rurales, experimentales, indígenas, beneméritas, centenarias, superiores, federales, estatales, diurnas y nocturnas que entre todas conforman 32 perfiles particulares del normalismo en México. Esto, sin dejar de lado que cada uno de los tipos de escuelas normales tuvo como origen políticas implementadas por los distintos gobiernos a lo largo de más de 100 años de la historia reciente de la educación en el país.

Aunado a lo anterior, es importante reconocer que pese a la incorporación de las escuelas normales a la Subsecretaría de Educación Superior no se ha logrado la interacción entre éstas y las instituciones de educación superior. Prevalece la vinculación natural con la educación básica en razón de las necesidades del plan de estudios pero cuentan aún con una limitada o nula incursión en la investigación educativa.

Si bien el mandato legal no establece un término específico para dar cumplimiento al diagnóstico, rediseño y fortalecimiento para el sistema de normales públicas, para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza es impostergable propiciar que exista sincronía entre los planes y programas de educación básica y los de la educación normal.

Con ello se pretende evitar que se sigan reproduciendo esquemas en donde las escuelas de educación básica tienen un plan de estudios y los de las normales uno distinto que data incluso hasta una década y media anterior, con contenidos, autores y lecturales diferentes que no necesariamente coinciden con los contenidos de las evaluaciones para su ingreso en el servicio.

En mérito de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública a dar a conocer públicamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, la programación detallada del plan integral para el diagnóstico, rediseño y fortalecimiento de las escuelas normales públicas, y establecer con claridad las fechas y los términos para la presentación del nuevo modelo de educación normal que permitirá asegurar la calidad en la educación que imparta y la competencia académica de sus egresados, así como su congruencia con las necesidades del sistema educativo nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de enero de 2015.

Diputados: María Sanjuana Cerda Franco, José Angelino Caamal Mena (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del INAH a informar sobre las acciones de restauración y conservación realizadas en 2014 en diversas zonas arqueológicas del istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, suscrita por el senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, senador Eviel Pérez Magaña, senador de la República de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción I, 76, fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorte a la titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que informe sobre las acciones de restauración y conservación realizadas en 2014 en las zonas arqueológicas de San José el Mogote, Lambityeco, Yagul y en las diversas ubicadas en el istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca; las acciones programadas para 2015 en las referidas zonas; y en su caso, las medidas adoptadas para evitar el saqueo o la destrucción de las mismas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El escenario cultural de México es un exponente artístico en todos sus ámbitos: sus danzas coloridas y cargadas de simbolismo indígena se recrean por todas partes del mundo; su arte que recorre las galerías internacionales. Pero sobre todo se destacan sus ruinas, vestigios de civilizaciones pasadas. Todo esto fuente y energía de nuestra identidad nacional ha convertido a México en patrimonio1 histórico de la humanidad.

El patrimonio cultural de México es todo aquello que nos caracteriza como mexicanos. Son nuestros vestigios del pasado tanto prehispánicos como coloniales e históricos, todo lo que las generaciones anteriores nos legaron y que forman parte substancial de nuestra historia. También lo son las tradiciones y leyendas. Nuestro pasado milenario tiene un sinfín de elementos como documentos, monumentos y zonas arqueológicas.

Este patrimonio es reconocido por diversos países como uno de los más ricos y diversos del mundo Ha incluido entre sus principios parte de los planteamientos de la UNESCO y sus organismos derivados. La investigación histórica, documental, técnica y científica de éste se impone en nuestro país por la simple razón de que es necesario contar con un mejor conocimiento de nosotros y del mundo que nos rodea. Apreciación y expresión de nuestra realidad.

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos se enmarca en la definición cronológica de los bienes pertenecientes a nuestro patrimonio, que comprende las épocas prehispánica; colonial y decimonónica; y del siglo XX, estableciendo las acciones de coordinación entre instituciones federales, estatales y municipales con los particulares en distintos campos, como la investigación, difusión y protección de este patrimonio.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala derechos humanos y consecuentemente, principios y deberes del Estado, vinculados con la cultura, de tal forma que se establece como principio esencial el criterio democrático que debe orientar al Sistema Educativo Nacional en el mejoramiento cultural del pueblo, el reconocimiento y respeto de los derechos culturales indígenas y el reconocimiento de la composición pluricultural de la nación.

Por ello resulta fundamental dar seguimiento a todas aquellas zonas arqueológicas que por diversas circunstancias se encuentran en algún grado de deterioro o maltrato, esto por diversas cuestiones naturales o humanas.

En México los Estados que tienen más zonas arqueológicas son Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Campeche (sin dejar de considerar que en la mayoría y el Distrito Federal se encuentran diversas zonas arqueológicas).

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene bajo su resguardo 187 zonas arqueológicas dentro de las cuales se encuentran las del estado de Oaxaca.

Oaxaca cuenta con 95 mil 364 kilómetros cuadrados de extensión, con el quinto lugar en del país donde conviven 16 grupos étnicos; está cubierta en su mayor parte por montañas que alcanzan altitudes mayores de los 3,000 metros, con una extensa composición multicultural, étnica y lingüística, con importantes sitios arqueológicos y vestigios de antiguas civilizaciones americanas.

Se considera que Oaxaca tiene el tercer lugar en zonas arqueológicas del país después de Quintana Roo y Yucatán, debido a que su arqueología está situada en un concepto de cultura plural plasmada en ciudades, pueblos, arquitectura, religión, sociedad, lenguas, costumbres y tradiciones, divididas de acuerdo con su situación: las que están expuestas y las que permanecen enterradas. Las primeras han sido objeto de numerosas investigaciones y exploraciones como Monte Albán, ciudad prehispánica en la que se desplegó en toda su magnitud la cultura zapoteca y que fue el centro del poder político y económico de la región.

En cuanto a las zonas que han sido exploradas, éstas son las más numerosas, tomando en cuenta que se localizan también en cuevas, costas, islas, montañas o cañadas, y es precisamente en estos sitios donde se encuentran las respuestas a un sinfín de preguntas que se han planteado los arqueólogos y otros especialistas.

Lamentablemente algunas de estas zonas están descuidadas o han sido dañadas, además de estar afectadas por los saqueos que se cometen en ellas.

Un ejemplo de es la de San José el Mogote en el municipio de Guadalupe Etla, que es una zona que muestra evidencias arqueológicas de ocupación temprana, probablemente desde la época lítica, donde es posible saber que sus pobladores ya hacían cálculos astronómicos, actividad importante en la cultura mesoamericana.

La zona de Lambityeco en el municipio de Tlacolula de Matamoros, llamándose por sus orígenes “montículo del alambique” es un tanto otra de las zonas arqueológicas abandonadas de Oaxaca, a pesar de que cuenta con vigilancia y museo de sitio. Sitio que fue un productor de sal, tanto durante época prehispánica (proporcionando hasta el 90% de la sal consumida en el valle entre el 600 y el 700 D.C.) hasta tiempos relativamente recientes.

La zona arqueológica de Yagul en el mismo municipio , importante centro prehispánico, cuyo nombre en zapoteca es Yagule que significa “árbol o palo seco” es un lugar fastuoso con el 75% de excavación que cuenta con el más grande juego de pelota de la región oaxaqueña y el segundo en Mesoamérica.

Las ruinas de Guiengola en Santo Domingo Tehuantepec, que por su ubicación, forma y sistema constructivo, se cree que era un sitio fortificado donde se resguardaban y defendían los zapotecas de los ataques de grupos hostiles, y que es probable que fuera el centro administrativo del reinado zapoteca en el istmo al momento de la conquista española, además de haber sufrido la devastación de la naturaleza también ha sufrido la del hombre.

La pluralidad de las tradiciones y la diversidad de las expresiones artísticas y culturales de nuestro país así como sus zonas arqueológicas, implican una tarea de preservación y protección que compromete a todos los sectores y grupos de la sociedad, con conciencia de la importancia de preservar nuestro patrimonio nacional que implique acciones para alentar actitudes de valoración, aprecio y custodia de los bienes que lo integran.

Resulta importante dar protección a nuestras zonas arqueológicas para que estas permanezcan como una fuente de cultura, de aprendizaje y turismo. Salvaguardar las zonas arqueológicas de nuestro México, significa tener contacto con las profundidades filosóficas de la historia y de los valores que rigieron nuestra civilización prehispánica.

Es en este sentido que la presente proposición se enfoca a recabar información cierta sobre programas ejecutados y por realizarse en el presente año; así como las medidas adoptadas para evitar destrucción y saqueo; y de esta manera, coadyuvar en las acciones necesarias para preservar las zonas arqueológicas de Oaxaca en comento y fomentar en la ciudadanía una cultura de respeto y protección a éstas Lo que coadyuvará en que continúen siendo una fuente importante de conocimiento, cultura y atractivo turístico. Por lo que someto a esa soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que informe sobre las acciones de restauración y conservación realizadas en 2014 en las zonas arqueológicas de San José el Mogote, Lambityeco, Yagul y en las diversas ubicadas en el istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca; las acciones programadas para 2015 en las referidas zonas; y en su caso, las medidas adoptadas para evitar el saqueo o la destrucción de las mismas.

Fuentes:

Tiempo en Línea, Saquean impunemente zonas arqueológicas en Tehuantepec , 2 de enero de 2015. En línea: http://www.tiempoenlinea.com.mx/index.php/explore/features-3/31011-saqu ean-impunemente-zonas-arqueologicas-en-tehuantepec

Zonas arqueológicas de Oaxaca descuidadas . En línea: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1074843&page=3

Presidencia de la República. Zonas arqueológicas de México . En línea:
http://www.presidencia.gob.mx/zonas-arqueologicas-de-mex ico/

Turi-México, Oaxaca Arqueología. En línea:
http://www.turimexico.com/oaxaca/oaxacaarqueologia.php

Ramos Soto Ana Luz, Gómez B. Roberto, Turismo y economía en el estado de Oaxaca. En línea:
http://www.eumed.net/rev/turydes/03/rsgb.htm

Universidad Pedagógica Nacional, Patrimonio Nacional de México: Memoria e Interpretación. En línea: http://www.educa.upn.mx/cultura/num-14/214-patrimonio-nacional-de-mexic o-memoria-e-interpretacion

México Desconocido . En Línea
http://www.mexicodesconocido.com.mx/el-patrimonio-cultur al-de-mexico.html

Senador Eviel Pérez Magaña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y a la Sener a informar al Senado acerca de las negociaciones realizadas con Guatemala sobre la explotación de yacimientos de hidrocarburos, suscrita por la senadora Gabriela Cuevas Barron y la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN

Las suscritas, senadora Gabriela Cuevas Barron y diputada Adriana González Carrillo, integrantes de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Energía a informar a esta soberanía sobre las negociaciones entabladas con Guatemala respecto a la exploración y explotación de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos son depósitos que se encuentran divididos por una frontera y, por lo tanto, pueden estar bajo dos o más jurisdicciones, lo que hace posible que desde una jurisdicción diferente se extraigan los recursos sobre los que algún país tiene derechos soberanos.1 Los recursos petroleros bajo la jurisdicción mexicana no solamente comprenden los vinculados a Estados Unidos y Cuba, pues también tenemos relaciones de este tipo con otros países como Guatemala, por lo que debemos prestar especial atención a los hechos que se están desarrollando en todas las fronteras del país, tanto marítimas como terrestres, respecto a la explotación de los yacimientos de hidrocarburos.

La Región Sur, identificada por la Secretaría de Energía en esta materia, cubre una superficie aproximada de 390,000 kilómetros cuadrados, abarcando los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y porciones de los estados de Veracruz, Oaxaca y Guerrero; colinda al norte con el Golfo de México, al noreste con la Región Norte en el paralelo 18° y el río Tesechoacán, al este con el Mar Caribe, Belice y Guatemala y al Sur con el Océano Pacífico.2

A continuación, se desglosan las reservas probadas, probables y posibles de crudo, gas natural y gas seco reportadas por el Sistema Nacional de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía al primero de enero del 2014:3

2. Las relaciones económicas y comerciales entre México y Guatemala deben ser una prioridad para el gobierno mexicano, dado que conllevan oportunidades de crecimiento económico regional. Sin duda, el logro de este objetivo en los próximos años estará vinculado en gran parte al desarrollo del sector energético que logren impulsar de manera conjunta y en apego al derecho internacional.

En este sentido, y en pleno reconocimiento de que el desarrollo e impulso del sector energético en la frontera sur de nuestro país resulta de suma importancia, es necesario que el Ejecutivo Federal envíe información a esta soberanía sobre las negociaciones que se estén llevando a cabo con el gobierno de Guatemala. Además, se requiere tener conocimiento de los avances que el gobierno guatemalteco ha registrado respecto a la exploración y eventual explotación de yacimientos transfronterizos; sobre todo después de haberse publicado el Acuerdo Ministerial 398-2012, mediante el cual se convocó a la presentación de propuestas para realizar dichas acciones en siete áreas donde posiblemente puede extraerse petróleo y de las cuales el Gobierno de México ha advertido que en tres podrían existir yacimientos transfronterizos, así como la probabilidad de riesgos potenciales de contaminación de aguas internacionales en caso de explotación unilateral o no regulada.

Si bien es cierto que en la XI Reunión de la Comisión Binacional México-Guatemala, celebrada en agosto de 2013, se acordó la creación de un Grupo Técnico que estaría encargado de determinar la viabilidad de negociar un acuerdo de exploración y explotación de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos, se desconoce si este Grupo Técnico se implementó y, en su caso, tampoco se conocen los resultados de su trabajo.

Lo único que conocemos es que México entregó a Guatemala una copia del Acuerdo Bilateral de Yacimientos Transfronterizos con EUA para aprovechar la experiencia que se tiene sobre el tema con ese país y avanzar en la negociación.

Esto es de suma importancia porque se trata de 10 áreas compartidas en la Plataforma Yucatán y la Cuenca Sierra Madre de Chiapas-Petén, que abarcan los estados de Oaxaca y Chiapas, el sur del departamento del Petén y la zona norte de los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz e Izabal en Guatemala, así como el distrito de Toledo, Belice, donde existirían enormes reservas de crudo, según un estudio de World Petroleum Resources Project.4

La plataforma Yucatán podría sumar reservas de hasta 3,177 millones de barriles, mientras que la cuenca Sierra Madre de Chiapas-Petén, 3,826 millones. Esto sin considerar el descubrimiento de un nuevo yacimiento petrolífero cerca del río Hondo, en el distrito de Orange Walk, Belice, limítrofe con Quintana Roo y el Petén.5

Por otro lado, llama la atención que el pasado 30 de abril del año en curso en Mérida, Yucatán, los gobiernos de México y Guatemala hayan firmado un Memorándum de Entendimiento en materia energética como parte del proceso de integración energética regional con énfasis en el desarrollo de la industria del gas natural.6 Documento del que se desconoce el contenido hasta el momento porque no se encuentra disponible al público en la página de la Dirección General de Asuntos Internacionales adscrita a la Secretaría de Energía, en donde sí se hace mención a la Memoranda existente con países como Cuba, Brasil, Canadá y Estados Unidos, Dinamarca, España, Islandia, India, Nueva Zelandia, Corea y China.7

Aunado a lo anterior, se desconocen los resultados y compromisos que ha asumido el Gobierno Mexicano durante los múltiples encuentros que se han llevado a cabo en el marco de dicho Memorándum para el desarrollo de la industria del gas natural, como la Primera Reunión del Grupo de Trabajo sobre Interconexión Gasífera entre México y Guatemala que se llevó a cabo en octubre de 2014 “a fin de estrechar y reforzar la colaboración energética para el establecimiento de proyectos que favorezcan el desarrollo económico, con beneficios sociales y ambientales para la población de ambos países”.8

En la reunión, se alcanzaron acuerdos que impulsarán el análisis y los estudios que sustenten los posibles desarrollos de infraestructura de transporte de gas natural con destino a la región Sureste de México y su extensión hacia Centroamérica, a partir de los planteamientos expuestos por el Viceministro del Área Energética de Guatemala y la Subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía de México.

3. Tomando en consideración lo anterior, y en pleno reconocimiento de la importancia que tiene el sector energético para ambos países, llaman la atención las declaraciones que el Secretario de Energía hiciera respecto a que México se encuentra negociando un acuerdo en materia de yacimientos transfronterizos con Guatemala para determinar la participación de cada país en caso de explorar y explotar recursos. El funcionario destacó que “Pemex puede tener 20% de participación inicial, y a cada país le tocará una proporción en función de la presencia geográfica del yacimiento”.9

Si bien es cierto que estas declaraciones y las acciones realizadas en materia de gas natural son un claro indicio de que la Secretaría de Energía tiene identificadas áreas de oportunidad de yacimientos continentales transfronterizos, se debe reconocer que las acciones que se realicen o pretendan realizar sobre este tipo de recursos son de suma importancia para el pueblo mexicano y como tal deben ser manejados con transparencia.

Han existido avances significativos en materia de gas natural y se han identificado áreas de oportunidad para la explotación de yacimientos fronterizos. Por ello, es urgente y necesario que se reporten los pasos que se implementarán para las reservas probadas de hidrocarburos en la Región Sur dado que su extracción y consecuente uso debe ser analizado con cautela y sobre todo con transparencia.

Resulta de vital importancia que las autoridades competentes rindan un informe detallado sobre las acciones que se han realizado, los acuerdos que se han alcanzado y las acciones por implementar en este sector con el Gobierno de Guatemala.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Energía a informar al Senado de la República sobre el memorándum de entendimiento suscrito con el gobierno de Guatemala en materia energética, enfocada en gas natural y los resultados de las reuniones que se han llevado a cabo en el marco de dicho memorándum.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Energía a informar al Senado de la República sobre las negociaciones que se han realizado con el gobierno de la República de Guatemala sobre el uso y aprovechamiento de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos.

Notas

1 Valenzuela Robles Linares, José María, “Yacimientos transfronterizos de hidrocarburos. Entre el hecho jurídico y el diplomático”, DE: http://biblio.juridicas.unam.mx/estrev/derint/cont/10/art/art10.htm.

2 “Prospectiva del Mercado del Petróleo Crudo 2010-2025”, Secretaría de Energía, DE: http://www.sener.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/perspectiva_crudo_2010_2025.pdf .

3 “Resumen del Registro de Reservas de Hidrocarburos”, Secretaría de Energía, DE: http://egob2.energia.gob.mx/SNIH/Reportes/Portal.swf?ProgGuid=FCAF8F9D- 21D6-4661-98B5-55D84B9C1D85.

4 “Guatemala y Belice unificarían reservas petroleras”, El Financiero, DE: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/guatemala-y-belice-unificarian- reservas-petroleras.html

5 Ibídem.

6 Sener, boletín de prensa 083, “México y Guatemala estrechan su colaboración energética para proyectos que favorezcan el desarrollo de la región”, DE: http://sener.gob.mx/portal/Default_blt.aspx?id=3025.

7 “Memorandos de Entendimientos y Convenios Vigentes”, Dirección General de Asuntos Internacionales, Secretaría de Economía, de: http://www.sener.gob.mx/portal/Default.aspx?id=2643.

8 Ibídem.

9 De: http://www.am.com.mx/Leon/negocios/buscan-un-acuerdo-pemex-y-guatemala- 134834.html

Palacio Legislativo, a 14 de enero de 2015.

Senadora Gabriela Cuevas Barron (rúbrica)


Diputada Adriana González Carrillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP a informar a esta soberanía sobre los recortes del gasto público ante el colapso de los precios del petróleo, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En la primera quincena de octubre de 2014 presenté una proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público a informar a esta soberanía sobre cuáles eran las verdaderas causas de los errores y las inconsistencias de proyección del crecimiento económico en que dicho organismo estaba incurriendo, porque a inicios de dicho año habían pronosticado audazmente que el PIB llegaría a 3.9 por ciento, pero en mayo la corrección oficial determinó que sería 2.7. Para mucho antes del 31 de diciembre del año pasado, esa corrección estaba pulverizada. Difícilmente se llegará a tener una tasa de crecimiento superior a 2 por ciento, aun con todos los trucos estadísticos que se quieran presentar.

Para enero de 2015, los supuestos básicos adoptados en la elaboración del documento Criterios generales de política económica 2015, como el precio del barril de petróleo y el tipo de cambio, ya se evaporaron, la realidad de la crisis sistémica los hizo trizas.

En este sentido, dos son los principales problemas que las autoridades hacendarias y monetarias del país no quieren reconocer y que hace un punto de partida equívoco para sus proyecciones:

1. Que la crisis financiera y económica mundiales tienen un carácter sistémico, cuya única solución radica en encontrar los mecanismos necesarios para la eliminación de la burbuja especulativa mundial y nacional representada –entre otros– por instrumentos financieros altamente especulativos y mecanismos frágiles de control de lavado de dinero, que son aprovechados para implantar operaciones ilícitas como se menciona en la prensa, fueron los usados por Ficrea.

2. La miopía de altas autoridades nacionales, al no distinguir las inversiones en producción a las de especulación, tal como se muestra en las declaraciones del doctor Videgaray, cuando ante la pregunta periodística “¿tiene cuantificado más o menos a que volumen de capital en nuestro país actualmente se puede considerar especulativo?” respondió: “El capital es el capital, y creo que no debemos ponerle ese tipo de calificativos, puesto que vivimos en un mercado abierto y México es un país ampliamente integrado a los mercados financieros internacionales y entendemos que competimos por el capital que hace inversión directa. Lo importante es que compitamos por ese capital y todo lo que hemos venido haciendo para contribuir a una mayor estabilidad de la economía...tenemos que ser atractivos para el capital por la competitividad propia, por la productividad de las inversiones en México y no dependerá de un entorno de bajas tasas de interés. Volvernos más competitivos a partir del proceso de reformas, va a consolidarnos como un destino atractivo para el capital, en sus varias modalidades”.

Lamentablemente, la vigencia de esos errores y equívocos conceptuales continúa, y más bien, lejos de corregirse, se mantienen como ejes centrales de las políticas fiscal y monetaria del país. En el escenario actual, caracterizado por la caída estrepitosa del precio del petróleo –que se pretende cubrir con una “devaluación compensatoria”–, así como por un inminente aumento de las tasas de interés en EUA; por una desaceleración de la economía mundial y una recesión del mercado interno mexicano, el doctor Videgaray señaló, el jueves 8 de enero: “Nuestra prioridad debe ser mantener la disciplina de la política macroeconómica para asegurar la estabilidad, específicamente me refiero a la política fiscal... ante cualquier necesidad de ajuste por una disminución de los ingresos habrá que acomodarse reduciendo el gasto público”.

La situación económica nacional y la metodología que se ha venido implantando para medirla rigurosamente dejan mucho que desear, como se demuestra en los cálculos erróneos oficiales producidos a lo largo de 2014.

Ahora ocurre que el secretario de Hacienda y Crédito Público dice que la reducción del ingreso petrolero no es mayor preocupación, pues los ingresos por esa vía están asegurados debido a las coberturas adquiridas. Sin embargo, lo que no está asegurado son los reales impactos económicos que se generan alrededor de una caída del precio del petróleo en otros sectores de la economía. Y difícilmente lo entenderán. Adicionalmente a ello, diversos analistas, han comentado que las coberturas se hacen efectivas pero hasta el último trimestre del año, así que los pagos que se tendrían que hacer a lo largo del año fiscal quedarían desfasados, lo cual es una preocupación para el flujo de efectivo y el funcionamiento económico.

Por ello la urgencia de que el gobierno federal precise en cuáles áreas o sectores y en qué monto se realizarán los anunciados ajustes.

Consideraciones

¿Qué están demostrado fehacientemente los pronósticos fallidos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público?

Que en la actualidad los modelos matemáticos aplicados a la economía, y las propias técnicas econométricas han avanzando muchísimo en emisión de pronósticos. Así como que los errores de las proyecciones económicas y econométricas, de las dimensiones ocurridas a la Secretaría de Hacienda, solo se pueden lograr cuando existen graves inconsistencias en la generación de hipótesis. Y por lo mismo es necesario tomar mucha atención al respecto de la aplicación de tales cálculos, con motivo del interés nacional.

Que los inversionistas están a la expectativa de los informes especializados para la adecuada toma de decisiones, y que la certidumbre es una variable fundamental para ellos.

Que las expectativas de empleo y del futuro de las familias dependen de la conducción correcta, transparente, sin mentiras, sin engaños de las políticas públicas. Y que en una situación de descrédito, los anuncios de recortes en el Gasto Público deben de ser conocidos así como sus causas directas.

Que es un hecho que se requiere un ajuste presupuestal, debido a que las medidas compensatorias, adoptadas por el régimen actual, que son: la vigencia de las coberturas y una devaluación del peso mexicano son insuficientes para cubrir los faltantes.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta al secretario de Hacienda a informar a esta soberanía sobre cuál o cuáles son las áreas o los sectores donde se pretende que recaigan los recortes del gasto público ante el colapso de los precios del petróleo y la insuficiencia de la devaluación compensatoria.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2015.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del DF a fomentar la cultura de la donación de órganos, suscrita por la diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, Martha Edith Vital Vera, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, integrante de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

En el mundo son numerosas las muertes que ocurren todos los días, y muchas de ellas pueden evitarse con un trasplante de órganos ya que la mayoría de los casos este se presenta como una oportunidad invaluable para pacientes con padecimientos crónicos degenerativos que necesitan un órgano para salvar su vida.

De acuerdo con cifras del Global Observatory on Donation and Transplantation (GODT), en 2012 se trasplantaron 114 mil 690 órganos sólidos en todo el mundo y 26 mil 526 donaciones fueron de personas fallecidas. De ellos, 77 mil 818 fueron de riñón, 23 mil 986 de hígado, 5 mil 935 de corazón, 4 mil 359 de pulmón, 2 mil 423 de páncreas y 169 de intestino delgado. España ocupa a nivel mundial el primer lugar en donación y trasplantes de órganos y tiene una tasa de donación de 34.8 donantes por cada millón de habitantes, 1 seguido de Croacia y Bélgica.

Respecto a Latinoamérica, en el mismo año se realizaron 14 mil 902 trasplantes, de los cuales 11 mil 508 fueron de riñón, 2 mil 466 de hígado, 526 de corazón, 159 de pulmón, 232 de páncreas y 11 de intestino delgado.2

En nuestro país, la tasa anual de donantes es de 3.6 por cada millón de habitantes, y se encuentra muy debajo de países como Brasil, Colombia y Venezuela, lo cual significa que la cultura de donación de órganos es casi nula.

En lo que refiere a ello la Ley General de Salud en el artículo 320 señala que “toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o parcialmente, para los fines y con los requisitos previstos...”,3 asimismo el artículo 321 menciona que “la donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes”.

En cuanto a la donación expresa el artículo 322 establece que ésta se podrá constar por escrito y ser amplía cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto de determinados componentes y que podrá señalarse que se hace a favor de determinadas personas o instituciones, además el donante también podrá expresar las circunstancias de modo, lugar y tiempo y cualquier otra que condicione la donación. En el caso de la donación tácita el artículo 324 refiere que habrá consentimiento tácito del donante, cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de cualquiera de las siguientes personas que se encuentren presentes: el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante.

Sin embargo, aunque la Ley General de Salud establece que todos los ciudadanos mexicanos son donadores de órganos (donador tácito), en nuestro país la donación de órganos está en proceso de aceptación cultural y las causas de las bajas tasas de donación son multifactoriales: creencias religiosas y tabúes, desconfianza en el uso de los órganos, temores a la donación en vida, bajo nivel de conocimiento sobre la donación de órganos, temor a la cirugía, impacto en la salud, falta de consentimiento por la familia, entre otros; como consecuencia, los pacientes en lista de espera ven lejana la posibilidad de mejorar su calidad de vida.

De acuerdo a cifras del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), hoy en día 19 mil 239 pacientes se encuentran en espera de un órgano o de un tejido, principalmente de riñones y córneas. Son niños, jóvenes y adultos que tienen padecimientos crónicos degenerativos como insuficiencia renal, diabetes mellitus, insuficiencia cardiaca, hepática, enfisema pulmonar o disfunción de algún tejido y requieren de un trasplante de órganos o de tejidos, para salvar o mejorar su calidad de vida.

Desafortunadamente en lo que va del año solo se han realizado 5 mil 248 trasplantes, y los demás continúan en espera o fallecieron debido a falta de donadores, existe una gran disparidad entre las personas que esperan un trasplante y los que se han realizado; hay una baja cultura de donación de órganos que ayude a salvar o mejorar la vida de quienes tienen la esperanza de recibir un órgano o un tejido, lo anterior se puede apreciar en la siguiente gráfica.

La donación de órganos se puede llevar a cabo por diferentes vías, la más común es la donación en vida y se realiza cuando en algunos casos una persona puede donar algún órgano o porción de órgano sin que afecte su salud, esto se encuentra regulado en la Ley General de Salud, la cual en el artículo 333 establece que para realizar un trasplante entre vivos deben cumplirse los siguientes requisitos por parte del donante:

I. Ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales.

II. Donar un órgano o una parte de él siempre que su función pueda ser compensada por el organismo de forma adecuada y suficientemente segura.

III. Tener compatibilidad aceptable con el receptor.

IV. Recibir la información completa sobre los riesgos de la operación y las consecuencias de la extracción del órgano, de parte de un médico distinto de los que intervendrán en el trasplante.

V. Otorgar su consentimiento de forma expresa, es decir, en un documento.

VI. Cuando el donador no tiene parentesco alguno con el receptor se señala que se deben cumplir con requisitos específicos: obtener la resolución favorable del comité de trasplantes del hospital, previa evaluación médica, clínica y psicológica, el interesado en donar debe otorgar su consentimiento expreso ante un notario público y manifestar que recibió información completa sobre el carácter altruista, libre y consciente de la donación, sin que medie remuneración alguna, y haber cumplido todos los requisitos legales y procedimientos establecidos por la Secretaría, para comprobar que no se está lucrando con esta práctica.

La otra donación es la cadavérica, esta ocurre cuando la persona fallece ya sea por paro cardiorrespiratorio o muerte encefálica y se cuenta con el consentimiento de su familia para la donación; en el caso de las personas que fallecen por muerte encefálica se pueden donar sus órganos (corazón, riñones, hígado, pulmones, páncreas, etcétera) y tejidos. Sin embargo, no todas las personas que fallecen pueden ser donadoras de órganos.

De igual forma el artículo 334 señala que para realizar trasplantes de donantes que hayan perdido la vida se deben cumplir con los siguientes requisitos:

I. Comprobar, previamente a la extracción de los órganos y tejidos y por un médico distinto a los que intervendrán en el trasplante o en la extracción de los órganos o tejidos, la pérdida de la vida del donante.

II. Existir consentimiento expreso del disponente, que conste por escrito o no constar la revocación del tácito para la donación de sus órganos y tejidos;

II Bis. Proporcionar información completa, amplia, veraz y oportuna al o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante de la persona fallecida, conforme a la prelación señalada, de los procedimientos que se llevarán a cabo; y

III. Asegurarse que no exista riesgo sanitario.

De acuerdo con datos del sector salud, cada año fallecen aproximadamente 380 mil personas que podrían ser candidatas para donar; no obstante, tan solo en el año 2013 el Cenatra reportó que mil 587 donaciones fueron de personas fallecidas, de ellas mil 149 fallecieron de paro cardíaco irreversible y 438 de muerte encefálica.

El trasplante de órganos permite salvar vidas, sin embargo, su accesibilidad es limitada por el escaso número de donantes; la donación es la única forma de obtener órganos o tejidos para un trasplante y para que ello ocurra se requiere del apoyo de la sociedad: un sólo donador puede beneficiar a más de 8 personas.

Como se mencionó, la Ley General de Salud establece que todos los ciudadanos mexicanos somos donadores de órganos y asimismo la voluntad de ser donador también se puede manifestar de manera verbal o por escrito. Para ello existen diferentes medios para expresar ser donador, uno es el caso del Cen tro Nacional de Trasplantes (Cenatra) el cual cuenta con dos alternativas:

a) La Tarjeta de Donador Voluntario es un medio de comunicación con el cual se puede manifestar el deseo de ser donador de órganos y/o tejidos con fines de trasplante; el objetivo de esta tarjeta es que la misma sea entregada a un familiar para que en el momento de la pérdida de la vida sea el quien apoye su decisión.

b) El documento oficial de la donación radica en manifestar el consentimiento expreso de todas aquellas personas cuya voluntad, después de la vida, sea donar sus órganos y/o tejidos para que sean utilizados con fines terapéuticos. Este proceso consiste en que el documento antes referido, sea expedido por una autoridad federal facultada para tal efecto (Cenatra) a solicitud expresa del ciudadano debiendo acudir de manera personal con identificación oficial a este órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud a recibir el documento solicitado.

Como se aprecia, los mecanismos con los que se cuenta son factibles; sin embargo, la mayor parte de la población tiene bajos niveles de conocimiento respecto a la cultura de la donación de órganos y sobre los trámites y procedimientos a seguir en caso de querer donar sus órganos, por lo que se considera necesario el fortalecimiento de la cultura de donación de órganos a través de otros mecanismos.

Un ejemplo de programa satisfactorio y funcional que fomenta la donación de órganos es el que recientemente inició en el Estado de Chiapas ya que a través de la licencia de conducir los ciudadanos pueden expresar su voluntad de ser o no donadores, por ello se considera deseable que las autoridades de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias se sumen al fomento de la cultura de donación de órganos extendiendo la formalización de ser donador voluntario de órganos en el trámite de licencia para conducir, debido a que se ha constatado que hay mayor sensibilización sobre este tema al realizar este trámite, además de que se manifiesta una mayor tendencia de comunicar esa intención con los familiares.

Con el fomento a la cultura de la donación de órganos se logrará una mayor sensibilización y solidaridad, asimismo se aumentará el número de trasplantes, se satisfará la demanda de la población y se reducirá la cantidad de personas en lista de espera a nivel nacional.

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal para que en el ámbito de sus respectivas competencias impulsen el fomento de la cultura de la donación de órganos, sugiriendo incluyan en las licencias de conducir la leyenda “Donador de Órganos: SÍ–NO”.

Notas

1 Global Observatory on Donation and Transplantation. (2012). Organ Donation and Transplantation Activities. Página 2.

2 Newsletter Red/Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante. (2013). Actividad de donación y trasplante de órganos, tejidos y células, y recomendaciones aprobadas por el Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante . Madrid. Página 39.

3 Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Ley General de Salud. Extraído de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_040614.pdf, noviembre 2014.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente a 14 de enero de 2015.

Diputada Martha Edith Vital Vera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y tanto al gobierno como a la PGJE de Guerrero a atender las denuncias presentadas por las agresiones contra la libertad de expresión perpetradas el 13 de diciembre de 2014 en Tlalpa, suscrita por el senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del PT

El senador Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, somete a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo con moción de urgente resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a impedir la fractura del orden constitucional en el estado de Guerrero así como al gobierno y procuraduría general de justicia de dicho estado a llevar ante la justicia a los probables responsables del ataque a periodistas perpetrado el 13 de diciembre en el poblado de Tlapa de dicha entidad federativa, con base en las siguientes

Consideraciones

Privación ilegal de la libertad de periodistas en Guerrero

Un grupo de encapuchados irrumpió el sábado 13 de diciembre de 2014 en una reunión del Club de Periodistas del Estado de Guerrero que se llevaba a cabo en el poblado de Tlapa, con motivo de la entrega de reconocimientos a comunicadores destacados de las siete regiones de dicha entidad federativa. Armados con palos, los individuos embozados exigieron la cancelación del evento. Miguel Ángel Mata, presidente de la organización de periodistas relató la dinámica de la agresión:

“Nos decían que había políticos del PRI, del PRD, que había diputados, alcaldes, les abrimos las puertas para que ingresaran, se dieron cuenta que no había nadie de los que ellos creían... aun así hubo golpes, a mi esposa la golpearon con un tolete. Nos exigían que nos disculpáramos, no sé de qué. Nos llevaron posteriormente, nos sacaron de ahí, nos pasearon por las calles de Tlapa, nos empujaron, nos humillaron, nos golpearon, nos encerraron posteriormente en la sala de cabildos, donde ahí se erigieron ellos como un jurado popular.”

Aproximadamente 130 periodistas fueron retenidos por más de seis horas. Se les permitió retirarse hasta que lograron obtener la cantidad de tres mil pesos que alegaban era la indemnización por haber causado lesiones a uno de los integrantes del grupo violento.

Fractura del orden constitucional en Guerrero

Los periodistas afectados han manifestado que solicitaron la intervención de la Policía Federal. Sin embargo, al percatarse dicha corporación de la presencia del movimiento de “los ayotzinapos” en el lugar, manifestaron que no podían intervenir y procedieron a retirarse.

Fernando Santamaría Cruz, director general del diario El Faro de la Costa Chica señaló en torno a la falta de apoyo de la Policía Federal lo siguiente:

“...que si bien es cierto se han cometido errores por parte de la actuación de ellos, este error está derivando en que ahora ya no están actuando para nada, están dejando al pueblo en estado de indefensión, con el ánimo de no volverse a equivocar están permitiendo que esta gente haga lo que se le antoja”.

El director Santa María Cruz alertó sobre el riesgo grave en que fueron colocados los más de 100 periodistas a los que se expuso en la plaza pública ante aproximadamente 500 personas, denostándolos y llenándolos de vituperios, así como el hecho de haber sido obligados a permanecer tirados en el suelo, lo cual expresó de la manera siguiente:

“...pudieron habernos ejecutado, desaparecido. Contamos con medidas cautelares y activamos los botones de pánico, pues resulta que puedo proporcionar copia del seguimiento que se le dieron, a donde se llega el momento en que la Policía Federal dice ya ubicamos a los beneficiarios, pero como está el movimiento de los ayotzinapos en ese lugar no podemos intervenir y nos retiramos”.

A pesar de haber sido las víctimas de una agresión, el grupo violento de encapuchados obligó a los periodistas a firmar un documento que contenía una disculpa por supuestos agravios en su contra. La filiación del grupo de encapuchados violentos se confirmó con certeza unos cuantos días después. En efecto, el Movimiento Popular Guerrerense Región Montaña, envió un comunicado al periódico La Jornada Guerrero donde asume la autoría directa del ataque a los periodistas y pretende evadir su responsabilidad alegando que los periodistas se sometieron voluntariamente a los diversos hechos narrados con anterioridad. El presidente del Club de Periodistas de Guerrero, Miguel Ángel Mata, reiteró que fueron tratados en forma humillante.

Aplicación puntual de la ley

Las víctimas presentaron una denuncia ante la Procuraduría General del Estado de Guerrero por ataques a la libertad de expresión. También manifestaron la probable comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad, extorsión y amenazas, además de ser obligados a firmar documentos en los que se asentaron hechos que no son ciertos. Cabe mencionar que en dicha diligencia, los comunicadores fueron apoyados con el acompañamiento por parte de personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La comisión, en cumplimiento de su misión protectora, dio inicio a una queja de oficio por el atentado a la libertad de expresión de 130 periodistas. La comisión hizo un llamado al gobierno de Guerrero y a la procuraduría para que con prontitud y diligencia investiguen los hechos hasta la detención de los probables responsables y su presentación ante la autoridad correspondiente.

Ante la gravedad de los hechos, el ombudsman nacional decidió emitir sendas medidas cautelares de protección a favor de los agraviados, con el propósito de evitar hechos de difícil o imposible reparación.

Finalmente, es preciso destacar que cada vez son más frecuentes los ataques a la prensa en el contexto de conflictos sociales o políticos. En la dinámica de dichos acontecimientos, como sucedió esta ocasión en Guerrero, las autoridades de los tres órdenes de gobierno por igual se abstienen de intervenir en lo general con lo cual dejan a los periodistas a merced de personas que buscan imponer sus puntos de vista por medio de la fuerza suprimiendo así la libertad de expresión, pilar fundamental de la vida democrática en México. Es por ello que se requiere no sólo que la ley penal surta efectos y se aplique en todas sus consecuencias a los responsables del ataque perpetrado en contra de los miembros del Club de Periodistas el 13 de diciembre en Tlapa, Guerrero. También es necesario que encabezados por la Secretaría de Gobernación, se otorguen garantías a los comunicadores de que podrán realizar su labor de manera segura y sin intentos de censura por parte de grupos o individuos, o servidores públicos a efecto de que las y los mexicanos disfruten del derecho a la información.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta, con toda atención, a la Secretaría de Gobernación, por conducto de su titular, para que, en ejercicio de sus atribuciones y facultades, lleve a cabo los actos de gobierno necesarios para impedir que en lo sucesivo en el estado de Guerrero, en perjuicio de periodistas y personas que hagan uso de su derecho a la libertad de expresión, se rompa el orden constitucional y se vulneren las libertades civiles.

Segundo. Se exhorta al gobierno del estado de Guerrero y a la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad a que, con celeridad y eficacia, atiendan las denuncias presentadas por los integrantes del Club de Periodistas del Estado de Guerrero y apliquen la ley llevando a los probables responsables ante los tribunales correspondientes por las agresiones a la libertad de expresión perpetradas el 13 de diciembre de 2014 en el poblado de Tlapa, Guerrero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2015.

Senador Marco Antonio Blásquez Salinas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJE de Oaxaca a investigar el asesinato de Julián González Domínguez, dirigente de la zona triqui, suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja, diputado de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo a Laura Velasco Ortiz, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, una forma de clasificar a las organizaciones (de indígenas migrantes entre México y Estados Unidos) consiste en agruparlas según su orientación transnacional o local.

De acuerdo con este criterio, un primer grupo de organizaciones lo forman el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB), la Red Internacional de Indígenas Oaxaqueños (RIIO), la Coalición de Comunidades Indígenas Oaxaqueñas (Cocio), la Asociación Cívica Benito Juárez (ACBJ), la Organización Regional Oaxaqueña y Vamos por la Tierra. Este primer grupo de organizaciones actúa en California, Baja California y Oaxaca, y sus núcleos de activistas están en California y Oaxaca.1

En dicho tenor, es necesario destacar que en días pasados, Julián González Domínguez, dirigente de la zona triqui de la RIIO, fue asesinado en el estado de Oaxaca. Según las declaraciones de Ana Velasco Cervantes, dirigente de dicha organización y de testigos, indican que

González Domínguez fue sacado de su hogar alrededor de las siete horas en la comunidad denominada La Brama Paraje Pérez del municipio de Santiago Juxtlahuaca por un comando de 10 personas a bordo de dos unidades, una de ellas una camioneta marca Ford tipo Lobo. El cadáver del dirigente fue localizado minutos después en la comunidad de San Isidro, de ese mismo ayuntamiento ubicado en la región de la mixteca.2

Velasco Cervantes indicó: “González Domínguez trabajaba en el conflicto agrario que mantenían las comunidades de Tierra Blanca y la Brama, por lo que ya había recibido anteriormente varias amenazas de muerte.”3

Asimismo, González Domínguez era integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la zona triqui, por lo que Salomón Jara Cruz, consejero nacional de dicha organización, publicó en sus redes sociales: “Hace aproximadamente 2 horas un comando saco (sic) de su casa al compañero Julián González y lo asesino (sic) cobardemente, ocurrido en Labrama paraje Pérez”.

Cabe mencionar que

La orientación transnacional, junto con su heterogéneo componente étnico, define el perfil panétnico-transnacional de estas organizaciones, agrupando comités locales y asociaciones propueblos de origen mixteco, zapoteco y triqui. No obstante que, en general, se sostienen en forma cotidiana por el activismo de un conjunto visible de líderes o representantes, aunque su legitimidad deriva de la capacidad para articular demandas de las asociaciones propueblos o bien de las comunidades-pueblo de las que emergen como representante.4

Al respecto, nos pronunciamos porque este cobarde asesinato sea esclarecido lo antes posible y que el o los responsables de este hecho sean juzgados en estricto apego a la ley; asimismo hacemos un llamado para que la integridad personal de las líderes y los líderes sociales, en este caso indígenas y sus familias, esté garantizada por el Estado mexicano. Por ello presentamos a esta honorable asamblea el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca a investigar, de manera expedita, el asesinato de Julián González Domínguez, dirigente de la zona triqui de la Red Internacional de Indígenas Oaxaqueños.

Notas

1 Laura Velasco Ortiz, “Organizaciones de indígenas migrantes entre México y Estados Unidos”, [en línea], México, http://www.nacionmulticultural.unam.mx/acervo/libro/lib_018/lib_018_58. pdf

2 La Jornada Zacatecas, “Asesinan a dirigente de la zona triqui en Oaxaca”, [en línea], México, http://ljz.mx/2015/01/12/asesinan-dirigente-de-la-zona-triqui-en-oaxaca /

3 ADN Sureste, “Ejecutan a líder Triqui perteneciente a RIIO)”, [en línea], México, http://adnsureste.info/?p=25259

4 Laura Velasco Ortiz, Op. Cit.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de enero de 2015.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al comisionado nacional de Seguridad Pública a coordinar con autoridades locales de Guerrero un plan de seguridad en las escuelas de educación básica en la entidad, suscrita por el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, José Angelino Caamal Mena, Diputado de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En Guerrero se vive un proceso de descomposición del tejido social provocado por el incremento del crimen y la violencia. Situación que atenta contra la tranquilidad y bienestar de los guerrerenses que día con día sufren las consecuencias de una estrategia contra la inseguridad que no ha rendido los resultados esperados.

Las cifras no dan pauta para equivocaciones o erróneas interpretaciones: en los casos del fuero federal, la incidencia total de delitos en el año 2012 ascendió a 2 mil 673; en el pasado 2013, ocurrieron mil 813 y hasta octubre del año pasado, la cifra alcanzó el 87.31 por ciento del año precedente, con mil 583 delitos de este orden, con una tendencia que hace presumir a las autoridades, supere la de 2013.1

Para el caso de los delitos del fuero común, por ejemplo, se observa que las tasas de homicidio, por cada cien mil habitantes, colocan a Guerrero como uno de los estados más violentos: 23 en 2007, 45 en 2010 y 76 en 2012, lo cual representa un incremento del 230 por ciento en un periodo de cinco años.

No obstante que el panorama general del estado ha sido objeto de diversos análisis, estudios y de la aplicación de políticas públicas, cuyo objetivo ha sido el restablecimiento del orden social, la ineficacia de las mismas, así como el estado de corrupción que afecta a las instituciones responsables de la procuración de justicia, ha provocado una intensa movilización social que demanda, con un justificado sentido de urgencia, el restablecimiento del orden y la aplicación de la justicia.

Sin demerito de los lamentables y atroces hechos ocurridos en el mes de septiembre del 2014, que han conmocionado al país y a la comunidad internacional, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza considera necesario hacer un urgente llamado a las instituciones responsables del orden y procuración de justicia federal, estatal y local, ante otros hechos que agravan la descomposición del tejido social en el estado de Guerrero y vulnera uno de los derechos humanos fundamentales de la niñez y juventud en ese estado.

Nos referimos a los reiterados ataques y agravios a la impartición de la educación Básica y de otros niveles, sufridos en la entidad, situación que provocó, en primera instancia, el inicio anticipado del periodo vacacional decembrino y, más grave aún, el daño a la normalidad escolar, tanto en afectaciones graves a la infraestructura educativa escolar, como a la tranquilidad y seguridad física y psicológica de la planta docente que está comprometida con mejorar las condiciones sociales de la infancia y adolescencia guerrerense.

Padres de familia, alumnos y docentes de escuelas no solo de educación básica, localizadas en municipios como el de Iguala, Chilpancingo u otros enclavados en la zona norte o costera del estado, como Teloloapan, Acapulco o Zihuatanejo, o de la Montaña Baja, como Chilapa, por citar solo algunos, han sido afectados por hechos delincuenciales que van desde el robo de material educativo, equipo de cómputo, incendios de salones en planteles escolares, enfrentamientos del crimen organizado en sus inmediaciones, secuestro y homicidio de docentes, levantones, robo de nómina, entre muchos otros.

Los agravios y hechos delincuenciales no se han presentado de manera reciente, sino que forman parte de una recurrencia constante que data desde el año 2006 en la totalidad de los 81 municipios del estado de Guerrero.

La situación de violencia que priva en el estado, derivó que desde el pasado 20 de noviembre de 2014 se decretase la suspensión definitiva del semestre en 198 escuelas del puerto de Acapulco, reconociendo el titular de la Secretaría de Educación de Guerrero, doctor Salvador Martínez de la Rocca, que dicha suspensión de clases fue debido a la inseguridad que priva principalmente en la periferia de Acapulco.

En igual sentido, desde el miércoles 10 de diciembre pasado, por la falta de condiciones para garantizar la seguridad de los profesores, en el municipio de Chilapa fueron cerradas 110 escuelas de todos los niveles educativos en la zona rural, después de los hechos de violencia que se desató entre grupos de la delincuencia organizada por el control de la plaza.

La inseguridad no es un hecho aislado; la violencia y el crimen organizado no afecta solo al municipio de Acapulco, Iguala o Tlapa, por lo que su atención no debe centralizarse solo en algunos municipios del estado de Guerrero.

El efecto de medidas inocuos está a la vista: más de 15 mil alumnos de nivel educativo de básica y media superior de por lo menos 100 escuelas no reanudaron clases en el puerto de Acapulco el pasado 7 de enero del año en curso, como estaba previsto, manteniéndose el paro de labores iniciado en noviembre de 2014 por no existir las condiciones mínimas necesarias para el regreso a las aulas y quienes deben contribuir en la generación de estas condiciones, en nada ayudan, pues la mayoría de los agentes municipales, encargados del orden público, se encuentran en paro laboral.

El incumplimiento de una planeación educativa, de los contenidos trazados o la falta de un ambiente y entorno propicio para realizar con normalidad la tarea educativa, afecta por igual a cada uno de los 900 mil 236 alumnas y alumnos de educación Básica, a sus padres; a casi 47 mil maestros y directivos; de igual manera, el robo y saqueo daña irreversiblemente la infraestructura y equipamiento educativo de los 10 mil 366 planteles educativos de ese nivel en la entidad.

Reconocemos que la actividad turística en el puerto de Acapulco ha sido un detonante económico en el estado y un referente nacional e internacional de esa industria y como tal, acciones que garanticen la seguridad en ese destino turístico, como el arribo de más de mil 300 elementos de la Gendarmería Nacional, deben ser asumidas por la importancia que merece la seguridad de turistas nacionales e internacionales en la pasada época vacacional decembrina.

Sin embargo, en Nueva Alianza creemos que es apremiante que se implementen en el estado de Guerrero acciones de mediano y largo plazo, tendientes a consolidar instituciones de gobierno y procuración de justicia, lo suficientemente sólidas, eficientes, confiables y capaces de proveer el orden y la seguridad mínima necesaria a la sociedad guerrerense.

Por las condiciones en que se vive el estado no es posible pensar en medidas absolutas o remedialistas; consideramos que se debe actuar de fondo, aun cuando las acciones y medidas a instrumentar sean graduales y focalizadas.

Como legisladores, hemos pugnamos por que prevalezca en las acciones de los tres órdenes de gobierno el interés superior de la infancia y adolescencia del país; por ello, demandamos que se garantice y proteja el derecho a la educación y a la justicia en Guerrero de manera universal y no selectiva.

En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al comisionado nacional de Seguridad para que con irrestricto apego al pacto federal, coordine junto con las autoridades locales y municipales de Guerrero un plan de acción inmediata orientado a salvaguardar el entorno y la seguridad pública en las escuelas de educación básica, a fin de que se brinden las mínimas condiciones de protección a los alumnos, docentes, escuelas y a todo aquel miembro de la comunidad escolar de educación básica, a efecto de que se concluya en las mejores condiciones con el ciclo escolar 2014-2015 en esa entidad.

Nota

1 Reporte de incidencia delictiva del fuero federal por entidad federativa 2012 – 2014. Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Noviembre de 2014.

Disponible en: http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEje cutivo/Resource/28/5/images/Publicacionfuerofederal(2).pdf. Consulta realizada el 17 de noviembre de 2014, a las 11:08 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2015.

Diputado José Angelino Caamal Mena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al delegado en Cuauhtémoc, DF, a erradicar el “cobro de piso” ejercido contra locatarios del mercado de Mixcalco, suscrita por el diputado José Luis Flores Méndez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, el diputado José Luis Flores Méndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguientes

Consideraciones

De acuerdo con versiones periodísticas dadas a conocer la semana pasada, líderes de ambulantes conocidos como Los Jaimes exigen cuotas de entre 3 mil y 8 mil pesos mensuales, a cambio de no instalar sus puestos enfrente de los comercios establecidos en la zona de Mixcalco.1

Al realizar recorridos por la zona, los reporteros pudieron constatar que personas con radios de comunicación pasan a los comercios para exigir la cuota, mientras otros hacen guardia en las inmediaciones, ante la pasividad de los elementos de la policías auxiliar y preventiva que se hacen de la vista gorda en sus rondines; y algunos hasta comen en los puestos instalados sobre la vía pública.

De acuerdo con estas informaciones, al menos cinco comerciantes han confirmado las amenazas, en tanto que algunos refieren que no dieron la cuota y les invadieron. Otro más habría negociado y terminó por pagar mil 500 pesos a cambio de que le respetaron el frente de su local durante las ventas de esta temporada navideña.

Comerciantes entrevistados por el diario Reforma acusaron que ese territorio lo controlan tres líderes vinculados con el PRD, Los Jaimes, conocidos como Jaime Chino y Jaime Ronco, así como una mujer de nombre Manuela Torres.

De acuerdo con Guillermo Gazal, presidente de Procentrhico, estos dirigentes operan en total impunidad. “Hay derecho de piso para nosotros, llegan y nos dicen: queremos tanto. Según la tienda es el monto, piden 5 o 10 mil al mes”, refirió el dirigente empresarial.

Cabe mencionar que hace apenas un año, la policía capitalina desalojó a miles de ambulantes de la zona de Mixcalco, operativo que se desarrolló con relativa tranquilidad, lo que contrasta con el momento presente, cuando estos comerciantes han comenzado a regresar, y para la romería navideña invadieron las calles de Manuel Doblado, Lecumberri, Miguel Alemán, Leona Vicario, San Antonio Tomatlán y Circunvalación.

Aunque parezca una verdad sabida, las calles no son propiedad de ningún grupo de comerciantes, sino un bien que debe ser disfrutado por toda la sociedad, para lo cual el gobierno debe desempeñarse como autoridad y no como alcahuete, tal y como parece que ha venido ocurriendo en esta zona de Cuauhtémoc, en donde el ambulantaje constituye un poder fáctico cuya fortaleza parece superar a la de la jefatura delegacional de esa demarcación.

Entendemos a la perfección la necesidad de millones de mexicanos por ganarse la vida honestamente, pero esta prerrogativa no puede contraponerse con las de otros ciudadanos que pretenden hacer lo mismo y para ello cuentan con locales debidamente establecidos y acondicionados para ello, ni mucho menos con el de los transeúntes que pueden y deben ejercer su derecho a la movilidad, tal y como recientemente lo acaba de aprobar la Cámara de Diputados.

En este sentido, se hace imperioso que la jefatura delegacional en Cuauhtémoc ejerza sus funciones como administradora del espacio público y no como cómplice de grupos de presión.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al jefe delegacional en Cuauhtémoc, a efecto de que erradique la práctica conocida como “cobro de piso” que se ejerce en contra de los locatarios del mercado de Mixcalco.

Nota

1 http://www.reforma.com/libre/online07/aplicacionEI/webview/iWebView.asp x?Coleccion=1066&Folio=1642966&TipoTrans=8#ixzz3OGEgUVZm>, el 8 de enero de 2015, a las 14 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2015.

Diputado José Luis Flores Méndez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a transparentar la operación y los avances del Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, suscrita por el diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Juan Pablo Adame Alemán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a garantizar la inclusión digital en el Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 14 de julio de 2014 fue publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación la reforma a la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones que el Poder Legislativo le ha entregado a los mexicanos.

Esta legislatura trabajó en un esfuerzo sin precedentes en el proceso de reforma al marco jurídico en materia de telecomunicaciones, primero en el ámbito constitucional, y recientemente en la legislación secundaria que detalla su ejecución.

Las Cámaras de Diputados y de Senadores, con sentido crítico, analizaron a detalle las iniciativas del Ejecutivo y trabajamos en su mejora, con un afán de no negarle a México los cambios que necesita con urgencia.

Uno de los temas que se contienen en dichas disposiciones legales es el del “apagón analógico”, o proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), el cual consiste en la finalización de la transmisión de señales audiovisuales radiodifundidas en formato analógico, en favor de las que se difunden en formato digital.

Con lo anterior se logra un uso mucho más eficiente del espectro radioeléctrico que traerá consigo la posibilidad de la recepción de una mayor cantidad de canales con mejor calidad de señal que la actual –multiprogramación y alta definición–, así como la liberación por completo de la banda de frecuencia de los 700 megahertz que por mandato constitucional y legal el Ejecutivo deberá destinar para la operación de su red mayorista de banda ancha móvil.

El plazo que se fijó tanto en el transitorio quinto del decreto de reforma constitucional, como en el décimo noveno del decreto de reforma a la legislación secundaria culmina el 31 de diciembre de 2015, condicionando la terminación de las señales analógicas a un nivel de penetración de los equipos receptores y/o decodificadores de señal digital de 90 por ciento de los hogares de escasos recursos definidos por la Secretaría de Desarrollo Social.

Por ello, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de su Subsecretaría de Comunicaciones publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del 13 de mayo de 2014 su programa de trabajo para la transición a la Televisión Digital Terrestre en el cual hace saber, entre otras decisiones:

1. La entrega directa de los receptores de televisión digital a los beneficiarios de programas sociales mismos que, en vez de decodificadores, serán televisiones planas.

2. La entrega física de las mismas la realizará el personal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

3. El calendario que se impuso para la entrega de las televisiones en diversas regiones del país.

Derivado de la revisión al portal del programa en el sitio web de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes situado en http://www.sct.gob.mx/tdt, no es posible encontrar información básica, como lo es:

• Partidas presupuestales destinadas para el programa.

• Número de viviendas a ser beneficiarias por cada municipio y estado.

• Avance de la entrega de los televisores digitales por cada municipio y estado.

• Calendario de entrega real por semana y por municipio en la entrega.

• Centros de entrega autorizados, horarios y encargados de los mismos.

Por la importancia del programa, la cantidad de beneficiarios, y el alto costo al erario público, es de la más alta importancia que éste sea totalmente transparente para que la sociedad civil pueda vigilar la correcta aplicación del mismo.

Por lo expuesto anteriormente, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución.

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe a la opinión pública sobre el número de viviendas beneficiarias y el avance de la entrega de receptores en el Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que esclarezca cuáles son las partidas presupuestales que están destinadas a la adquisición de los receptores en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que trabaje bajo un esquema de máxima publicidad en el Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre con el fin de que se especifiquen y publiquen los centros de entrega autorizados, sus horarios y los responsables de los mismos. Ello con el objeto de que la sociedad civil pueda participar como observadora y de esta manera se eviten abusos y violaciones a lo establecido en dicho programa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2015.

Diputado Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención de la SHCP, de la Sener y de Pemex con relación a la importación de petróleo y al abasto de gasolinas, suscrita por los diputados Guillermo Sánchez Torres y Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, Guillermo Sánchez Torres y Aleida Alavez Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Recientemente, Petróleos Mexicanos (Pemex) propuso a las autoridades de Estados Unidos un intercambio de petróleo a cuyo amparo el país importaría hasta 100 mil barriles por día (bpd) de crudos ligeros y condensados a cambio de exportarle crudos pesados.

México, el noveno productor mundial de petróleo, está en vía de convertirse también en importador de crudo. Se busca traerlo de Estados Unidos, el principal comprador del hidrocarburo mexicano.

La exportación de petróleo está prohibida en Estados Unidos desde la década de 1970, con algunas excepciones como Canadá, adonde envía unos 250 mil barriles de crudo.

La intención de comprar crudo de Estados Unidos fue adelantada en agosto del año pasado por Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex. El funcionario la ratificó el 19 de diciembre de 2014. Se estima que el intercambio comenzará en el primer trimestre, entre finales de febrero y marzo del presente año.

Después que los presidentes Enrique Peña Nieto y Barak Obama, se reunieron en Washington, la secretaria de Comercio estadunidense, Penny Pritzker, dijo que su gobierno sostiene discusiones con funcionarios de México para exportar crudo liviano a su vecino del sur.

Pemex presentó la propuesta a la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio estadounidense, con lo que se busca incrementar la producción de gasolina y diesel y disminuir la de combustóleo y de petrolíferos con alto contenido de azufre.

El crudo ligero y condensado de Estados Unidos se mezclaría con el petróleo nacional para mejorar el proceso en las refinerías, las cuales tienen una configuración llamada cracking (descomposición molecular), según Pemex.

El crudo importado sería para mejorar procesos en las refinerías de Salamanca, Tula y Salina Cruz “las cuales tienen configuración cracking, a cambio de la exportación de crudos mexicanos pesados para ser procesados en las refinerías estadunidenses de alta conversión coking”.

Actualmente, el país importa casi la mitad de las gasolinas que consume, pues las seis refinerías de Pemex, las únicas que operan, no producen la cantidad suficiente para satisfacer la demanda. De acuerdo con datos a 2012 de Pemex, en México se elaboran 418 mil 100 barriles diarios de gasolinas, y 299 mil 600 de diesel.

Pemex señala que este acuerdo no representaría un compromiso adicional a los 803 mil barriles diarios de crudo mexicano que se exportaron en promedio a Estados Unidos el año pasado.

Las compras de crudo al exterior marcarían un viraje en la tradición exportadora de crudo de Pemex, aún uno de los mayores abastecedores de petróleo a Estados Unidos, que ha elevado su propia producción debido al auge del desarrollo de depósitos de shale (lutitas).

No obstante que el gobierno mexicano se apresta a importar petróleo, la caída en el precio del crudo de exportación aviva temores de un ajuste en las finanzas públicas, ya que una tercera parte del gasto del Estado se financia con la explotación del hidrocarburo.

Hay desabasto de gasolina en 12 estados, entre ellos Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Querétaro, Guerrero, Puebla y Tlaxcala, aunque no se descarta que se sumen más por la multiplicación de la problemática en el resto del país.

El desabasto es tanto de la gasolina Magna como en la Premium y el diésel, aunque es más evidente en las dos primeras por el gran consumo.

Por ejemplo, la falta de refinerías y las tomas clandestinas de combustible en los 460 kilómetros de ductos de Pemex, que abastecen a Puebla y Tlaxcala son las causas por las que se agudizó el desabasto desde hace tres semanas en las estaciones de servicio de esas entidades.

La falta de combustible en la terminal de Puebla, de donde se abastece a Tlaxcala, provocó esta situación. Existen problemas frecuentes de abasto desde hace dos meses y se agudizó en las dos últimas semanas de diciembre y en lo que va de enero.

Se carece más de la gasolina Magna, la de mayor venta, pero la Prémium y diesel también escasean; en una estación normalmente se venden al día alrededor de 15 mil litros de los tres productos.

El ramal de que depende la región Puebla-Tlaxcala recibió mantenimiento y se atendieron algunas tomas clandestinas. Por ello se complicó el abasto para Puebla y Tlaxcala.

De acuerdo con la Asociación de Gasolineros Unidos de los Estados de Puebla y Tlaxcala, en el poliducto que pasa por la autopista a Orizaba hay más sabotaje que en los del resto del país. Además, consideran que es un asunto de seguridad nacional.

Por lo expuesto sometemos a la consideración de esta asamblea del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda solicitar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía que entreguen un informe detallado sobre la importación de petróleo y gasolinas. Asimismo, que dicho informe se entregue a las Comisiones de Energía, y de Hacienda del Congreso de la Unión.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda solicitar a Petróleos Mexicanos que realice un estudio sobre las situaciones de sus instalaciones en todo el país, y que dicho estudio considere costos preventivos y de mantenimiento, el cual se entregue a esta soberanía. Asimismo, solicitar a Pemex que tome medidas para regularizar con la mayor brevedad el suministro de gasolinas en los estados afectados.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión, a 14 de enero de 2015.

Diputados: Guillermo Sánchez Torres, Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa, a la SEP y a la Sedesol a realizar programas y acciones de prevención y disminución del maltrato infantil, suscrita por la diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, Martha Edith Vital Vera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El maltrato infantil es un problema grave a nivel mundial que se ha incrementado, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que es una prioridad en la salud la cual requiere de respuestas inmediatas dada su gravedad.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, maltrato infantil se define “como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o que ponga en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil”.

La protección de los niños contra toda forma de violencia es un derecho fundamental garantizado en diversos tratados y normas internacionales de derechos humanos. Al respecto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en el artículo 3o.: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, con lo cual se puntualiza que independientemente de la edad, sexo, raza o cualquier otra característica los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir un trato respetuoso igual que todo ser humano, así como a todos los derechos inalienables que de dicha condición se derivan.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala los principios generales de protección a los niños, y el artículo 24, parte 1, señala: “Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”.

Finalmente, la Convención sobre los Derechos del Niño contiene una serie de normas universales relativas a la infancia; reconoce que los niños son personas con derechos que se deben respetar, al igual que los de los adultos; define a los niños como los menores de 18 años, otorgándoles protección contra el abuso, descuido y explotación infantil, reconoce que para el adecuado desarrollo social de los niños, niñas y adolescentes es necesario que crezcan y se desarrollen en un ambiente de amor, felicidad y comprensión; y establece que los niños deben ser objeto de cuidado y asistencia especiales por su estado de inmadurez física, mental y emocional, subrayando la responsabilidad del Estado y la familia para la protección y asistencia que se les debe proporcionar.

Respecto al maltrato, el artículo 19, parte 1, establece: “Los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”, protegiéndolo así de cualquier forma de maltrato infantil.

A escala regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 19 establece: “Todo niño tiene derecho a medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Además el Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 16 menciona los derechos que deben ser protegidos por los Estados parte: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre...”

Sin embargo, por razones sociales y culturales de distinta índole es sabido que los niños, niñas y adolescentes son maltratados en espacios y lugares que deberían ser de protección, de afecto, de estímulo a su desarrollo integral y de resguardo y promoción de sus derechos y sufren de maltrato en el hogar, en la escuela, en los sistemas de protección y de justicia, en el trabajo y en la comunidad.

De acuerdo con Ocultos a plena luz: un análisis estadístico de la violencia contra los niños, informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, independientemente de las circunstancias económicas, sociales, culturales, religiosas o étnicas de los niños, la violencia aún es un componente muy real de sus vidas en todo el mundo y con frecuencia, el desarrollo de los niños que han sido objeto de abusos graves o de abandono es inadecuado, y tienen dificultades de aprendizaje y desempeño escolar. También pueden tener bajos niveles de autoestima y sufrir depresión, lo que, en el peor de los casos, puede ser motivo de que adopten conductas de alto riesgo y comportamientos autodestructivos.

Similares consecuencias pueden sufrir los niños que presenciaron episodios violentos. Los niños que crecen en hogares o comunidades violentas tienden a interiorizar esas conductas violentas como manera de resolver disputas y a repetir esas pautas de violencia y abuso contra sus cónyuges e hijos.

En el informe se señala que solamente en 2012 el número de niños y adolescentes menores de 20 años que fueron víctimas de homicidio llegó a 95 mil, lo que convirtió a este delito en la principal causa prevenible de lesiones, heridas y muerte de menores. En su inmensa mayoría, esas víctimas (85 mil) vivían en países de ingresos bajos y medios.

Los datos indican que es mucho mayor el número de niños que sufren la violencia en forma de disciplina, por lo general en sus propios hogares y desde que son muy jóvenes, en promedio 6 de cada 10 niños del mundo (aproximadamente mil millones) de 2 a 14 años de edad sufren de manera periódica castigos físicos (corporales) a manos de sus cuidadores. En la mayoría de los casos, los niños son objeto de una combinación de castigos físicos y agresiones psicológicas. En general, las formas más graves de castigo corporal son los golpes en la cabeza, jalón de orejas y golpes en el rostro.

Respecto a la violencia sexual, cerca de 120 millones de niñas de todo el mundo (algo más de 1 de cada 10) han sido víctimas de relaciones sexuales forzadas y otras agresiones sexuales en algún momento de sus vidas, se señala que los niños también están en peligro, aunque no hay una estimación mundial debido a la falta de datos comparables.

Finalmente, casi 1 de cada 3 adolescentes de 15 a 19 años (84 millones) que integran uniones formalizadas han sido víctima de violencia emocional, física o sexual por el marido o la pareja en algún momento de su vida.1

Como se aprecia, la violencia contra la infancia es multicausal, compleja y multifacética, no es privativa de un país o región.2 Entre las principales causas de la violencia contra niños, niñas y adolescentes se encuentra la percepción social de que los niños y niñas son propiedad de los adultos.

Hay ciertas formas de violencia que son comunes en todos los entornos, el castigo físico y otras formas de castigo cruel o degradante son empleados por padres y madres y otros miembros de la familia en el hogar, por los responsables del cuidado y protección de los niños y niñas en instituciones, por educadores en las escuelas y también se infligen a niños y niñas en conflicto con la ley.

En los lugares de trabajo donde se encuentran niños y niñas que no alcanzan la edad mínima legal para trabajar los empleadores a menudo gozan de impunidad para castigarles físicamente por su rendimiento inadecuado. El abuso sexual, la violencia física y psicológica y el acoso sexual son formas de violencia que tienen lugar en todos los entornos.

En la mayoría de las sociedades, el abuso sexual de niñas y niños es más común dentro del hogar o es cometido por una persona conocida por la familia. Pero la violencia sexual también tiene lugar en la escuela y otros entornos educativos, tanto por parte de los padres como de los educadores.

Es frecuente que se produzca en entornos laborales muy cerrados, éste es el caso de los niños y niñas trabajadores empleados como trabajadores domésticos en hogares de terceros. También tiene lugar en instituciones y en la comunidad.

Las niñas sufren considerablemente más violencia sexual que los niños y su mayor vulnerabilidad a la violencia en muchos entornos es en gran parte de la influencia de relaciones de poder basadas en el género, profundamente arraigadas en la sociedad. Al mismo tiempo, los niños tienen mayor probabilidad de ser víctimas de homicidio y particularmente de la violencia que involucra armas.3

En México, según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hay 39 millones 226 mil 744 niñas, niños y adolescentes de hasta 18 años de edad, representando a 34.9 por ciento de la población mexicana: al menos 1 de cada 3 personas es menor de 18 años los cuales son considerados un grupo vulnerable.4

La Carta Magna reconoce los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el artículo 4o., párrafo noveno, establece que las niñas y los niños son un sector de la población a quien el Estado debe proveerles lo necesario para propiciar el respeto a su dignidad y el ejercicio pleno de sus derechos y señala: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.5

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reitera el reconocimiento de tales derechos y hace referencia explícita a cada uno de ellos. Respecto al maltrato infantil, el artículo 11, establece que es obligación de madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes “Protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación. Lo anterior implica que la facultad que tienen quienes ejercen la patria potestad o la custodia de niñas, niños y adolescentes no podrán al ejercerla atentar contra su integridad física o mental ni actuar en menoscabo de su desarrollo”.6

No obstante, lamentablemente en nuestro país existen miles de niños en situación de vulnerabilidad los cuales a diario son maltratados de diversas formas las cuales en el peor de los casos pueden provocar la muerte. En un primer nivel se emplean gritos, sacudidas, empujones o bofetadas, se castiga al niño hincándolo en un rincón por horas, le privan de los alimentos, se les insulta a la menor provocación. En otro nivel se utilizan todo tipo de objetos para lastimarlos: hebillas de cinturón, planchas, alambres, cordones mojados, etcétera.

Finalmente, en un tercer y fatídico nivel les provocan hemorragias internas y externas, mutilación de alguno de sus miembros, o bien les provocan daño cerebral a causa de innumerables golpes en la cabeza, fracturas de huesos e incluso los matan al asfixiarlos, quemarlos o azotarlos contra la pared.7

Lo anterior repercute considerablemente en los niños ya que durante su desarrollo presentan problemas de salud física y mental irreversibles, así como efectos sociales y laborales negativos, el maltrato es una causa de sufrimiento y resentimiento para los niños que puede tener grandes consecuencias a largo de su vida, muchos adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, tales como la violencia familiar, depresión, tabaquismo, alcoholismo y drogadicción.

Tan sólo en 2013, las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia de los Sistemas estatales del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia reportaron 27 mil 552 denuncias por maltrato infantil; de estos reportes, en 15 mil 796 se comprobó maltrato. El tipo de maltrato más común es la omisión de cuidados, el maltrato físico, maltrato emocional, abandono, abuso sexual, la explotación laboral y explotación sexual comercial; y los principales responsables del maltrato son las madres, los padres, padrastros, abuelos, tíos, madrastras y maestros, tal como se muestra en las gráficas.

Debido a que la mayoría de los niños maltratados son devueltos a sus progenitores, muchos casos terminan con la muerte del menor por las lesiones infligidas. Un gran número de muertes por esta causa se presenta en los primeros 18 meses de vida y son atribuidas a lesiones relacionadas con quemaduras, asfixia, envenenamiento, golpes o negligencia, entre otras.

El maltrato infantil en sus diferentes formas es un problema que tiene graves consecuencias que pueden durar toda la vida, por lo tanto debe ser atendido urgentemente por diversos sectores, ya que como señala la OMS la prevención del maltrato infantil requiere un enfoque multisectorial y los programas eficaces son los que prestan apoyo a los padres y les aportan conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos.

Señala que entre ellos se encuentran las visitas domiciliarias de enfermeras para ofrecer apoyo, formación e información; la formación de los padres, generalmente en grupos, para mejorar sus aptitudes para criar a los hijos, mejorar sus conocimientos sobre el desarrollo infantil y alentarlos a adoptar estrategias positivas en sus relaciones con los hijos, y las intervenciones con múltiples componentes, que generalmente incluyen el apoyo a los padres y su formación, la educación preescolar y la atención al niño, además de programas preventivos destinados a prevenir los traumatismos craneoencefálicos por maltrato como los programas hospitalarios mediante los cuales se informe a los nuevos padres de los peligros de zarandear a los niños pequeños y de cómo afrontar el problema de los niños con llanto inconsolable, así como los destinados a prevenir los abusos sexuales en la infancia donde generalmente se realiza y se les enseñan a los niños en las escuelas: la propiedad de su cuerpo; las diferencias entre los contactos normales y los tocamientos impúdicos; cómo reconocer las situaciones de abuso; cómo decir “no”; cómo revelar los abusos a un adulto en el que confíen.

Por ello se debe tomar en cuenta que los niños son sujetos de derecho, no objetos que requieren protección y la lucha contra el maltrato infantil requiere programas y políticas amplias que abarquen tanto la promoción como la protección de los derechos de los niños y considerando que la infancia es la etapa más importante de la vida en la cual se van a estructurar rasgos de la personalidad determinantes para una vida futura, que la principal responsabilidad de la educación y el desarrollo de los hijos recae en la familia, que los niños deben aprender en entornos libres de violencia y que la escuela proporciona un entorno en el que puede modificarse cualquier actitud de tolerancia con respecto a la violencia y pueden aprenderse comportamientos y valores no violentos y que se deben tener en cuenta los factores de riesgo sociales, económicos y el medio físico de la comunidad, se considera necesario que se lleven a cabo acciones coordinadas de las Secretarías de Salud, de Educación Pública, y de Desarrollo Social para que en el ámbito de sus atribuciones lleven a cabo programas de apoyo para los padres y personas encargadas del cuidado de los niños para que durante su educación tomen en cuenta formas de disciplina no violentas, así como el fomento de relaciones sanas entre padres e hijos; se fomenten enfoques basados en la resolución pacífica de conflictos, la aplicación de políticas contra la intimidación y la promoción del respeto de todos los miembros de la comunidad escolar y se incrementen estrategias de prevención para reducir los factores de riesgo inmediatos en las comunidades, esto con la finalidad de prevenir y disminuir el maltrato infantil.

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud, de Educación Pública, y Desarrollo Social a llevar a cabo en el ámbito de sus respectivas atribuciones programas y acciones coordinados permanentes de prevención, identificación de menores de alto riesgo y de víctimas potenciales a fin de prevenir y disminuir el maltrato infantil.

Notas

1 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2014). Ocultos a plena vista: un análisis estadístico de la violencia contra los niños. Extraído de http://files.unicef.org/publications/files/Hidden_in_plain_sight_statis tical_analysis_EN_3_Sept_2014.pdf, octubre de 2014.

2 Pinheiro, Paulo Sergio (experto independiente para el estudio del secretario general de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños; 2006). Informe mundial sobre la violencia contra los niños y niñas. Organización de las Naciones Unidas.

3 Ibídem, página 7.

4 Son los grupos o comunidades que, por circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad, se encuentran en una situación de mayor indefensión para hacer frente a los problemas que plantea la vida y no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. La vulnerabilidad coloca a quien la padece en una situación de desventaja en el ejercicio pleno de sus derechos y libertades.

5 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm, octubre de 2014.

6 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/185.pdf, octubre de 2014.

7 Sotelo M. (2014). ¿Por qué invertir en la infancia?: Impacto presupuestal en México de los costos derivados del maltrato y abuso infantil . México: Fundación en Pantalla contra la Violencia Infantil, página 4.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2015.

Diputada Martha Edith Vital Vera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE a transformar el régimen jurídico de la empresa Exportadora de Sal, SA de CV, suscrita por la diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, diputada a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente el presente punto de acuerdo con la finalidad de que la Secretaría de Economía analice la viabilidad de transformar el régimen jurídico de la paraestatal Exportadora de Sal, SA de CV al de una empresa productiva del estado, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La sal es, junto con el petróleo y el gas, uno de los principales insumos para toda la industria química del mundo, por lo que los países desarrollados consumen una gran cantidad de ella.

En 2012, la entidad denominada Exportadora de Sal, SA de CV (ESSA), sectorizada en la Secretaría de Economía tuvo una producción de 7.2 millones de toneladas métricas, ingresos brutos por mil 814.11 millones de pesos (mdp), y una ganancia neta de 153.52 mdp.

Sin embargo al inicio de la presente administración se encontró una problemática basada en la antigüedad del equipo y de la maquinaria que representaba altos costos de mantenimiento; el almacenamiento por 20 años de un sobrante de agua muy salada (salmuera), que puso en riesgo la operación de la empresa y a la propia laguna Ojo de Liebre, santuario mundial de la ballena gris, sobrante que se genera de manera anual.

Las ventas al extranjero se realizaban por debajo del costo de producción y de mercado; las tierras ejidales con renta ínfima y tierras nacionales en uso sin pago de renta al gobierno; así como una deficiente regulación fiscal.

El diagnóstico expuesto representaba una pérdida de mercado a nivel mundial ante la falta de innovación y valor agregado en los productos, a pesar de que ESSA es líder en calidad y producción mundial y su participación en los dos mercados más grandes (Estados Unidos de América y China), era muy reducida.

Para 2014 la producción se elevó a 9.5 millones de toneladas métricas. Convirtiéndose en la empresa que más creció en su género en el mundo en este lapso. Se tuvieron ingresos brutos por 2 mil 344.170 mdp, una ganancia neta de 221.558 mdp y el gasto corriente se disminuyó en 10 por ciento.

Asimismo la salmuera residual almacenada por 20 años, en lugar de ser tirada al mar se vendió, lo que representó un contrato a favor del gobierno por más de 17 mil 500 mdp, adicionalmente 840 mdp serán renovables cada año.

Se están adquiriendo equipos de punta a nivel mundial para reemplazar los existentes, lo que disminuirá el costo operativo en algunos rubros hasta en 30 por ciento.

Se creó un área de comercialización que en los primeros meses logró aumentar ventas 30 por ciento y precios en más de 5 por ciento en dólares; se corrigieron todos los contratos de venta que permitían ajustes de precio por debajo del costo y se concretó un acuerdo inicial con la paraestatal China-Salt para instalar en ese mercado (el más grande del mundo) el primer centro de distribución directo de empresa extranjera para ese mercado. Lo mismo se está intentando en Estados Unidos de América.

ESSA tiene el proyecto para 2018 de contar con una producción anual de 15 millones de toneladas métricas, lo que representaría más del doble que en 2012, contar con ingresos anuales superiores a los 5 mil 250 mdp y una ganancia neta de 2 mil 940 mdp.

Si se llevara a efecto la transformación del régimen jurídico de ESSA de “empresa de participación estatal mayoritaria” a “empresa productiva del estado” se lograría incrementar su rentabilidad y utilizar su potencial detonador al máximo, pues le permitiría contar con mayor libertad desde el punto de vista administrativo, lo que permitiría al gobierno federal como impulsor del desarrollo económico e industrial utilizar a ESSA para que nuestro país se convirtiese en el principal productor de derivados químicos de sal a nivel mundial evitando que continuemos importándolos. Con base en el consumo regional de estos productos en la zona del Pacífico norte, del volumen de producción de ESSA y del valor comercial de los mismos, podría fácilmente generar ingresos en divisas por más de 700 mil mdp equivalentes al total del IVA que hoy se recauda en todo el país o 3.5 puntos del producto interno bruto (valor actual), con ganancias netas cercanas a los 70 mil millones de pesos, es decir el equivalente al presupuesto de un estado como Jalisco o al costo total del tren México-Querétaro.

Por lo anteriormente expuesto es que esta legisladora considera de suma importancia someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a analizar la viabilidad de transformar el régimen jurídico de Exportadora de Sal, SA de CV, a una empresa productiva del estado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2015.

Diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a solicitar al Consejo Técnico del IMSS ampliar el periodo de conservación de derechos que se brindan a los asegurados que quedan privados de empleo remunerado, suscrita por el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, diputado integrante de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La reforma laboral aprobada por el Congreso de la Unión a finales de 2012 tenía como uno de sus objetivos el flexibilizar los diferentes tipos de contratación con la finalidad de atraer mayor inversión, generar empleos y fomentar la competitividad. Sin embargo, se dejó de lado la armonización de legislación laboral contigua, misma que también presenta repercusiones, sobre todo en cuanto a los esquemas de seguridad social.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la tasa de desempleo para diciembre de 2013 fue de 4.25% de la población económicamente activa. Mientras que el tiempo promedio para conseguir empleo es de seis meses según la encuesta de “Motivaciones del mexicano en el trabajo”.

En el mes de diciembre de 2013, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señaló en el informe “Indicadores clave del mercado de trabajo” que los periodos de desempleo se están alargando en comparación con 2008.

“Los titulares periodísticos sobre una reciente disminución de las tasas de desempleo ocultan la amarga realidad de que para muchos trabajadores desempleados es cada vez más difícil encontrar un empleo en un período de tiempo razonable de seis meses o menos”, dijo Ekkehard Ernst, Jefe de la Unidad de Tendencias del Empleo de la OIT.

A pesar de que en el citado informe se menciona a México con un 98.2 por ciento de posibilidades de que los trabajadores desempleados consigan empleo en el periodo de un año, probabilidad que es muy alentadora en comparación con países más industrializados, la explicación a esto es que los trabajadores encuentran ocupación en empleos informales con mayor facilidad que en las otras economías. De igual forma México es el tercer país con mayor riesgo para los trabajadores de perder su empleo en menos de un año, sólo debajo de Filipinas y España.

En septiembre de 2011 un informe conjunto de la OIT y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señaló que los países del grupo de los 20, del cual México forma parte, podrían padecer una gran falta de empleo debido a la desaceleración acentuada en 2008. Será hasta 2015 que los países miembros del G20 podrán recuperar su número de puestos de trabajo a como se tenían antes de 2008, si se tiene un crecimiento sostenido mínimo del 1.3 por ciento.

La relación salud y trabajo son dos elementos interrelacionados estrechamente, mismos que impactan en el desarrollo nacional y en la calidad de vida de los ciudadanos. En consecuencia, el propósito del presente exhorto es que el Ejecutivo Federal ejerza la facultad expresada en el artículo 109 de la Ley del Seguro Social con la finalidad de que los trabajadores desempleados, conserven por mayor tiempo los derechos a los servicios de salud.

Dichos beneficios existen actualmente para el trabajador y su familia directa únicamente por ocho semanas; no obstante es necesario ampliar este tiempo de seguridad medica como una medida para alcanzar a cubrir por lo menos la mitad del promedio de tiempo necesario para conseguir un empleo.

Esta medida fomentará la competitividad de los trabajadores mexicanos, puesto que las personas sanas tienen la capacidad de ser más productivas en el trabajo, y en consecuencia se incrementan las posibilidades de adquirir un empleo nuevamente.

“Invertir en la salud de los trabajadores es una forma de invertir en la productividad de una empresa” señaló Manuel Pando Moreno, director del Instituto de Investigaciones de la Salud Ocupacional de la Universidad de Guadalajara en la Conferencia inaugural del Congreso y Coloquio Internacional de Gestión y Desarrollo de Organizaciones Saludables, en octubre de 2013.

De igual forma seria pertinente agregar que invertir en la salud de los trabajadores es una forma de invertir en la productividad de un país.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a ejercer su facultad concebida en el segundo párrafo del artículo 109 de la Ley del Seguro Social, a fin de solicitar al Consejo Técnico de dicho instituto la ampliación del periodo de conservación de derechos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de enero de 2015.

Diputado José Angelino Camaal Mena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al GDF que informe sobre las acciones legales emprendidas contra servidores públicos y particulares por las irregularidades presentadas en la línea 12 del Metro, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) es, sin duda, un medio de transporte fundamental para el desarrollo económico y social de la Ciudad de México, diariamente es utilizado por más de 5 millones de usuarios.

En un inicio se erigió como un medio de trasporte con múltiples beneficios para los usuarios –rápido, limpio y económico–, sin embargo, con el transcurso de los años en agravio de la población, paulatinamente su funcionamiento y operación se ha visto afectado.

Diversas líneas que integran el Metro de la Ciudad de México, han presentado múltiples desperfectos técnicos y fallas operativas, lo que ha originado un impacto negativo, entre ellas la línea 12.

La línea 12 del metro es conocida como la línea dorada en alusión al Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana, cuenta con un total de 24,475 kilómetros, de los cuales 20,278 kilómetros son para el servicio de pasajeros y 4,197 kilómetros para el servicio de mantenimiento.

Los desperfectos de la denominada Línea Dorada, se presentan en 11 de sus 20 estaciones, lo que ha generado pérdidas económicas considerables. Esta situación no permite cumplir cabalmente con el objetivo de atender la demanda del servicio de transporte en el oriente de la Ciudad de México.

En marzo de 2014, diversos medios de comunicación documentaron múltiples fallas en la construcción, por lo que la Contraloría General del Distrito Federal ha sancionado de manera administrativa y legal a servidores públicos.Asimismo, han señalado que existen otros funcionarios que por sus atribuciones, tienen alguna responsabilidad pero que no han sido sancionados por sus probables actos u omisiones.

Por su parte, la Contraloría General del Distrito Federal, de manera extraoficial, ha dado a conocer que recientemente aplicó 55 sanciones a 38 personas, de las cuales 27 se notificaron en la PGJDF por posibles responsabilidades penales, además de inhabilitaciones a diversos funcionarios para seguir trabajando en la administración pública; también, interpuso 34 castigos económicos que en conjunto superan los 21 mil 907 millones de pesos.

El gasto que las autoridades han erogado para solventar las fallas técnicas que presenta la línea 12, se suman a los más de 22 mil millones de pesos que costó su construcción con un resultado poco alentador.

Es importante hacer énfasis en que la pasada y la actual administración del Gobierno del Distrito Federal, han mostrado poca transparencia en el uso de los recursos públicos en torno a la construcción, licitación y manteniendo de la línea 12, incumpliendo las expectativas de ser un gobierno accesible y cercano a la gente.

Ante dicha situación, mostramos nuestro interés para que se esclarezcan las irregularidades que afectaron a la Línea 12 del Metro y se sancionen conforme a derecho a los servidores públicos responsables.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, acudimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Gobierno del Distrito Federal, envíe a esta Comisión un informe pormenorizado sobre las acciones legales emprendidas en contra de funcionarios públicos y particulares por actos u omisiones que derivaron en diversas irregularidades en la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como el impacto financiero por el cierre de 11 de las 20 estaciones.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 14 días de enero del año dos mil quince.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y a la Sener a informar al Senado respecto a las negociaciones realizadas con Cuba y Estados Unidos de América sobre yacimientos transfronterizos continentales de hidrocarburos, suscrita por la senadora Gabriela Cuevas Barron y la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN

Las suscritas, senadora Gabriela Cuevas Barron y diputada Adriana González Carrillo, integrantes de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Energía a informar a esta soberanía sobre las negociaciones entabladas con Estados Unidos de América respecto a la exploración y explotación de yacimientos transfronterizos continentales de hidrocarburos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Nuestro país cuenta con una gran cantidad de reservas naturales de hidrocarburos, razón por la que nos hemos adherido a una amplia gama de normas internacionales relativas al aprovechamiento, la conservación y el uso sustentable de estos recursos con el propósito de aprovecharlos de la manera más óptima en colaboración con otros Estados.

Al primero de enero de 2014, las reservas probadas de hidrocarburos ascendían a 13,438 millones barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce). De éstas, el 73% corresponde a crudo, 9% a condensados y líquidos de planta y 18% a gas seco equivalente. El 70% de las reservas probadas de crudo se ubican en regiones marinas y el 30% restante en campos terrestres; mientras que el 56% de las reservas probadas de gas natural se ubica en campos terrestres y el 44% en campos marinos.1

Tomando en cuenta lo anterior, y reconociendo la posibilidad de que pudieran existir yacimientos de petróleo o de gas natural a lo largo de nuestros límites fronterizos tanto terrestres como marítimos, se estima importante el desarrollo de consultas periódicas entre los gobiernos con los que nuestro país comparte frontera a fin de analizar cuáles son las mejoras que se pueden implementar para un uso más eficiente de los recursos.

2. México y Estados Unidos dieron un primer paso en la protección de sus intereses respecto a los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos a través de la suscripción de un tratado que entró en vigor el 17 de enero del 2001, denominado “Tratado para la Delimitación de la Plataforma Continental en la Región Occidental del Golfo de México”, mediante el cual se estableció una moratoria de diez años en torno a la definición de los límites de cada país sobre los denominados “hoyos de dona”.2

El artículo IV de dicho Tratado estipuló que durante un periodo que terminaría 10 años después de su entrada en vigor no se autorizaría ni permitiría la perforación o la explotación petrolera o de gas natural en la plataforma continental dentro de 2.8 millas náuticas del límite establecido en el Artículo I para no perjudicar a ninguno de los países mientras se definieran los límites de cada yacimiento tranfronterizo.

Previo al vencimiento del plazo moratorio de 10 años, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron una prórroga de tres años más, hasta el 17 de enero de 2014, con la posibilidad de extenderla por periodos adicionales en caso de que antes de esa fecha no se concluyera la negociación o no entrara en vigor algún acuerdo relativo a la utilización y reglamentación de los yacimientos transfronterizos en el Golfo de México.3

Consecuentemente, y tras una serie de negociaciones efectuadas entre ambos gobiernos, el 20 de febrero de 2012 se suscribió en Baja California Sur el “Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América relativo a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México”, mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de julio.

Este acuerdo permite la exploración segura, eficiente, equitativa y ambientalmente responsable de los yacimientos de hidrocarburos compartidos que pudieran encontrarse a lo largo de la frontera entre ambos países en el Golfo de México. Asimismo, busca generar en el largo plazo la certeza jurídica necesaria para el aprovechamiento de los recursos que pudieran encontrarse en la zona y sienta las bases para que los gobiernos de México y Estados Unidos trabajen de manera coordinada y logren una situación benéfica, justa y equitativa para ambos, en la probable explotación de los recursos energéticos que se encuentren en la línea de frontera en el Golfo de México a través de la unificación de yacimientos.4

Sin embargo, este acuerdo no responde a la interrogante sobre las medidas que se podrán llevar a cabo a fin de eficientar la extracción de petróleo o gas natural en las fronteras terrestres de nuestro país ni tampoco respecto al polígono oriental del Golfo de México, que tiene una extensión aproximada de 20,000 kilómetros cuadrados y puede requerir un acuerdo entre Cuba, México y Estados Unidos.

Por lo anterior, es imperante que se analice la viabilidad de suscribir instrumentos que permitan explorar y explotar yacimientos transfronterizos que se encuentran dentro de las primeras nueve millas náuticas adyacentes al litoral, así como en la frontera terrestre entre México y Estados Unidos para la extracción de hidrocarburos.

Retomando el artículo 27 constitucional, la Nación tiene el derecho sobre el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana, por lo que es mandatario que se informe a los ciudadanos y a esta soberanía sobre cualquier posible negociación que se esté llevando a cabo referente a los hidrocarburos identificados con Estados Unidos y Cuba.

Asimismo, y en pleno reconocimiento de que los derechos soberanos de México y el patrimonio de la nación se encuentran en juego, se requiere que exista plena claridad respecto a la explotación de estos yacimientos y que, atendiendo a lo dispuesto en la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, se informe a esta Soberanía de las negociaciones respectivas.

“No hay que olvidar que la soberanía de un Estado sobre su territorio y sobre la riqueza natural que contiene no puede ser fragmentada y, mucho menos, compartida; [y que] la porción de un recurso transfronterizo, sea sólido o líquido, en su propio lado de la frontera, pertenece sólo a ese Estado o sea que es sólo de su propiedad. Cosa distinta es que, por razones económicas y ecológicas, un país en esas condiciones coopere con su vecino en la utilización y conservación de un recurso a través de una acción conjunta y planeada”.5

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Energía a informar al Senado de la República si se han iniciado negociaciones con la República de Cuba y los Estados Unidos de América respecto a los hidrocarburos que se localizan en la denominada “Dona Oriental” del Golfo de México.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Energía a informar al Senado de la República si se han iniciado negociaciones con los Estados Unidos de América respecto a yacimientos transfronterizos de hidrocarburos que se encuentran dentro de las primeras nueve millas náuticas adyacentes al litoral y en la frontera norte de nuestro país.

Notas

1 Pemex, “Informe anual 2013”, de: http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Documents/Informe-An ual/InformeAnual2013.pdf, pág. 27.

2 Entrada en vigor del Acuerdo de Yacimientos Transfronterizos entre México y Estados Unidos, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Nota de Coyuntura, 23 de julio de 2014.

3 Secretaría de Relaciones Exteriores, “Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América relativo a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México. Libro Blanco”, de: http://www.sre.gob.mx/images/stories/doctransparencia/rdc/7lby.pdf, fecha de consulta: 25 de agosto de 2014.

4 La unificación de yacimientos significó que cualquier yacimiento que se identificara como transfronterizo se explotaría entre los dos países y luego se repartiría el porcentaje de recursos que correspondieran a cada cual, de conformidad a un acuerdo previo. Esto permitiría a ambos países explotar los recursos que les corresponden de manera eficiente, maximizando la recuperación de hidrocarburos de los yacimientos compartidos. Asimismo, obliga a las partes a intercambiar constantemente información sobre cualquier yacimiento del que se tengan indicios que es transfronterizo, dentro del límite de las 3 millas marinas a partir de la frontera. Secretaría de Energía, “Tratado sobre Yacimientos Transfronterizos entre México y Estados Unidos”, DE: http://sener.gob.mx/tyf/res/resumen_ejecutivo.pdf, fecha de consulta: 25 de agosto de 2014.

5 González Félix, Miguel Ángel, “La delimitación de la frontera marítima en el Golfo de México”, Los espacios marítimos y su delimitación. Referencia especial al Golfo de México , México, Secretaría de Energía, 1999.

Palacio Legislativo, a 14 de enero de 2015.

Senadora Gabriela Cuevas Barron (rúbrica)


Diputada Adriana González Carrillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación de desigualdad que afronta el país y las acciones por realizar para atender las recomendaciones de la OCDE y del Coneval, suscrita por la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, senadora Lorena Cuéllar Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución respecto de la situación de desigualdad que afronta nuestro país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nunca antes nuestro país había estado tan polarizado. El proyecto económico instaurado en nuestro país hace más de treinta años ha logrado la creación de multimillonarios, pero también ha sumido en la pobreza a una gran proporción de la población mexicana. Los programas sociales sólo han sido un instrumento publicitario y electorero, que no han logrado combatir la profunda desigualdad imperante en nuestro país.

En los últimos años, se han multiplicado los mecanismos para evaluar las acciones que realiza el gobierno para combatir esta desigualdad, como es la Ley General de Desarrollo Social, así como la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Estos instrumentos, lejos de una visión ideologizada de las políticas sociales, informan respecto de la eficacia de dichas medidas, a efecto de que el Estado pueda realizar acciones más adecuadas.

El 17 de diciembre de 2014, el Coneval presentó el “Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014”, el cual analiza el ejercicio de los derechos sociales marcados por la Ley General de Desarrollo Social e incorpora la medición multidimensional de pobreza a nivel nacional y estatal (2008, 2010 y 2012) así como a nivel municipal. En dicho informe, aborda la situación del ejercicio de los derechos sociales a través de diversos indicadores de desarrollo social en el país, desde inicios de los años noventa; los avances y retos de la política de desarrollo social en México y un análisis de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en el documento “Estudios económicos de la OCDE México Enero 2015 Visión General”, advierte que “durante las últimas tres décadas, la economía mexicana ha experimentado una prolongada desaceleración del crecimiento, lo que la ha rezagado respecto de otras economías de la OCDE y ha minado el nivel de vida relativo de sus habitantes, al tiempo que ha socavado la confianza de éstos en las instituciones públicas. Después de la rápida, pero insostenible, convergencia observada durante las décadas de 1960 y 1970, el crecimiento del ingreso per cápita cayó bruscamente a consecuencia de varias crisis macroeconómicas graves, situándose en una tasa anual de 0.6% entre 1980 y el día de hoy, un resultado muy por debajo de lo observado en otras economías emergentes.”i

La delicada situación económica que vive nuestro país obliga a cuestionar las políticas de combate a la pobreza adoptadas por la Administración Peña, toda vez que las familias que viven en pobreza, de acuerdo con el informe de la OCDE, “han tenido una capacidad limitada para asegurarse contra circunstancias económicas adversas. En consecuencia, sus patrones de ingreso y consumo se ubican en los niveles más bajos de la distribución del ingreso y son muy volátiles; asimismo, siguen de cerca las tendencias macroeconómicas generales, es decir, aumentan en los buenos tiempos y disminuyen en los malos. Por ejemplo, en los cuatro años de 2007 a 2010, México registró una reducción acumulada de más de 5% en el ingreso real disponible de los hogares, una de las caídas más pronunciadas en los países de la OCDE.”ii

En este mismo tema, el Coneval señala que la falta de crecimiento del ingreso de la familia y con ello la disminución de la pobreza, no sólo implica una falla en el desarrollo económico y social del país, sino también a la ineficacia del crecimiento económico y de los múltiples programas presupuestales. Por si fuera poco, en los últimos siete años, el precio de los alimentos ha aumentado más que la inflación promedio, provocando una fuerte caída del poder adquisitivo. De esta manera, el número de personas en situación de pobreza fue de 53.3 millones en 2012 (45.5 por ciento), mientras que para 2010 fue de 52.8 millones (46.1 por ciento).iii Es importante advertir que, aún y cuando el informe de la OCDE advierte que deben compartirse los beneficios de las reformas estructurales con toda la población, mantener la política económica de nuestro país no logrará revertir estas tendencias.

Por lo que hace a la medición de la desigualdad en los ingresos, ambos informes reportan el coeficiente de Gini. Este índice muestra una mejoría en el tiempo, al pasar de 0.529 en 1992iv a 0.482 en 2013.v No obstante, el Coneval afirma que la disminución “no ha sido estadísticamente significativa y México continúa presentando altos niveles de desigualdad en la distribución del ingreso.”vi Cabe advertir también que este informe refiere que la población con ingreso inferior a la línea de bienestar aumentó de 2008 a 2012, al pasar de 49% a 51.6% de la población total.vii

La OCDE propuso en su informe las siguientes recomendaciones previas para combatir la creciente desigualdad que vive nuestro país y de esta manera, lograr una reducción significativa de la pobreza:

•Mejorar la equidad y la eficacia del gasto en educación mediante su reorientación hacia la educación preescolar, primaria y secundaria. Concentrarse en mejorar la calidad de la docencia.

•Promover el acceso a atención médica de calidad a través de una mayor coordinación entre las instituciones de salud, a fin de reducir las redundancias; en especial, fomentar el intercambio de servicios entre redes de atención médica.

•Favorecer una mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral formal mediante un mejor acceso de niños menores de tres años a guarderías de calidad, y ampliar las políticas orientadas al mejoramiento del mercado laboral.

•Aprobar las iniciativas de ley de seguro de desempleo y pensión universal a fin de proteger del riesgo de pérdida de ingresos a quienes buscan empleo y a las personas de mayor edad, así como para reducir la desigualdad.

• Expandir al máximo el nuevo programa Prospera, de transferencias de efectivo, para ayudar a sus beneficiarios a ampliar sus capacidades, concluir sus estudios, incorporarse al sector formal y conseguir empleos bien remunerados.viii

Por otra parte, el Coneval realizó las siguientes recomendaciones para mejorar los ingresos de las y los mexicanos:

• Los programas presupuestarios tienen alcances limitados para fomentar el empleo y mejorar el ingreso. El incremento sostenido del poder adquisitivo en el país debería provenir de las mejoras en el crecimiento económico, en el empleo, los salarios, la productividad, la inversión y la estabilidad de los precios, especialmente de los alimentos, entre otras variables de la economía del país.

• Por ello, es necesario diseñar mecanismos que mejoren los salarios, la productividad, la inversión y la estabilidad de los precios para generar un incremento sostenido del poder adquisitivo.

• Debido a la gran influencia que tiene la economía norteamericana sobre la mexicana, es importante buscar diversas estrategias que impulsen el mercado interno, así como tener una relación comercial más diversificada.

• Analizar diferentes opciones para garantizar un piso mínimo de ingreso a la población que disminuya o prevenga su vulnerabilidad. Al menos, deberían discutirse las siguientes opciones:

– Ampliación de los programas existentes. Atender a la población pobre que vive en comunidades dispersas y de difícil acceso y que actualmente no son atendidas por programas sociales, mediante la definición de una nueva estrategia en el marco de los programas ya existentes.

– Renta básica ciudadana. Transferencia monetaria a toda la población como estrategia de no exclusión de la población pobre.

– Piso mínimo solidario. Transferencia monetaria a toda la población como estrategia de no exclusión de la población pobre, que puede ser no aceptada y transferida a grupos vulnerables.

– Programa de Empleo Temporal Universal. Pago de un porcentaje del salario mínimo a cambio de actividades comunitarias o de infraestructura.ix

Es necesario advertir que todas las recomendaciones vertidas pueden concentrarse en la necesidad de cambiar el modelo económico y poner más atención en las comunidades más necesitadas, dejando de prestar toda la atención del Estado a las grandes empresas e intereses económicos.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe el presente como de urgente resolución:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita un informe a la Secretaría de Desarrollo Social respecto de las acciones que se adoptarán para afrontar la situación económica actual en lo relativo al combate a la pobreza y el desarrollo de los programas de desarrollo social, en particular para atender las recomendaciones de la OCDE y del Coneval.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias para atender las recomendaciones de la OCDE y del Coneval.

Notas

i Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Estudios económicos de la OCDE México Enero 2015 Visión General , 2015, p. 7 http://www.oecd.org/eco/surveys/Mexico-Overview-2015%20Spanish.pdf, consultado el 9 de enero de 2015

ii Ibídem, p. 28

iii Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014, p. 64

iv Ibídem, p. 75

v Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Op. Cit., p. 2

vi Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, op.cit., p. 75

vii Ibídem, p. 205

viii Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Op. Cit.

ix Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Op. Cit., pp. 223-224

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los catorce días del mes de enero de dos mil quince.

Senadora Lorena Cuéllar Cisneros (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a ajustar los montos mínimos por los cuales se solicitan datos personales, en el marco de lo establecido en el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, suscrita por el diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, David Pérez Tejada Padilla, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las transacciones financieras realizadas con dinero proveniente del crimen organizado, son consideradas como uno de los problemas más graves en materia de seguridad y economía en nuestro país, por lo cual, como las implementadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por medio de la resolución que reforma el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a las Casas de Cambio a partir del 1 de enero de 2015, implican una mejor regulación del dinero que fluye a través de dichos establecimientos.

Como punto de encuentro comercial, en la franja fronteriza del norte de México se realiza un gran porcentaje del intercambio de divisas que fortalecen la economía de familias y empresas nacionales, situación que debemos considerar como de vital importancia para los intereses de nuestro país, toda vez que el entorno internacional obliga a promover acciones que impulsen el desarrollo económico.

Sin embargo, el diseño de las normas debe considerar el impacto social y económico que implica su aplicación, dado que la población deberá acatar las disposiciones que dicta el gobierno, en pro de una buena convivencia y un mejor desarrollo social.

En este contexto, la implementación de la reforma al artículo 95 de la ley en comento ha despertado suspicacia entre la población en general y el sector empresarial en particular del estado de Baja California, en cuanto al impacto que dicha reforma tendrá en el corto y mediano plazo.

Se habla de un mayor incremento en la actividad de los negocios informales, debido a la probable carga económica que implicaría hacerse con los servicios especializados de contadores y abogados que apoyen a los pequeños y medianos empresarios para la transición que les implica cumplir con las nuevas disposiciones, ello debido a que son los negocios formales los que cumplen a cabalidad con la ley.

Como se especifica en el Plan Nacional de Desarrollo, la competitividad se considera como uno de los ejes para el fortalecimiento y crecimiento económico nacional, que ante la volatilidad que presenta del mercado internacional, se debe incentivar desde el gobierno.

Considerando que la franja fronteriza norte mantiene lazos comerciales y sociales con una dinámica diferente al resto del país, dada su cercanía con Estados Unidos, resulta inevitable el establecer diferencias puntuales en las leyes comerciales en cuanto a materia económica, puesto que la cantidad de mercancías y transacciones monetarias difieren del resto de las entidades federativas.

Las modificaciones que atañen al marco normativo que regula las operaciones de las casas de cambio, podrían convertirse en un factor que impida el intercambio comercial para la pequeña y mediana industria, las cuales no suelen manejar cantidades como los que se especifican en los rangos intermedio y superior de la reforma en cuestión. La implementación de la reforma en comento se percibe como un trámite burocrático que implicaría la contratación de profesionistas especializados en la materia, con lo cual, sus ganancias se verían disminuidas, en comparación del costo que significaría acoplarse a las nuevas disposiciones.

Lo anterior, aunado a las modificaciones realizadas al IVA y el IEPS, impactan negativamente a las transacciones comerciales legales, impidiendo lograr niveles de competitividad ante los retos que representa la economía norteamericana, la cual opera con ventaja sobre los comerciantes y empresarios nacionales.

En el mismo sentido, ante el proceso de captura de datos personales, se considera inseguro el proporcionar dicha información, pues no se conocen los mecanismos de protección a los mismos, aunado a la pérdida de tiempo que esta acción implicaría, incluso para transacciones ínfimas.

Tiempo, seguridad y gastos que implica la implementación de las nuevas disposiciones, son los tres factores que inciden en el ánimo de la ciudadanía, generando incertidumbre, lo que en un año donde se considera que vendrán ajustes derivados de la implementación de las reformas aprobadas durante el 2014, puede derivar en un nuevo frente de inconformidad.

Los esfuerzos por combatir la informalidad y fomentar la inclusión de un número mayor de contribuyentes formales, no deben ser detenidos por la falta de certeza entre los ciudadanos en acciones legítimas y necesarias, como la reforma aprobada al artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, la cual tiene como fin detectar dinero proveniente de la delincuencia organizada y evitar el lavado de dinero, siempre y cuando los montos considerados dentro de la ley sean acordes a la realidad, puesto que un eje primordial de la economía nacional se encuentra en los pequeños y medianos empresarios, los cuales generaron siete de cada diez empleos formales durante el 2014, de acuerdo a la Secretaría de Economía.

Considerando la importancia de la reforma en comento, y tomando en cuenta las preocupaciones de la ciudadanía, considero necesario empatar ambos a partir de una campaña de difusión que permita la correcta implementación de las nuevas disposiciones con el apoyo de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que ajuste proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que ajuste los montos mínimos por los cuales se solicitan datos personales, tanto de personas morales como físicas, de acuerdo a las nuevas disposiciones establecidas en el artículo 95 de la Ley general de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, a fin de evitar el rezago en materia de competitividad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los catorce días del mes de enero del 2015.

Diputado David Pérez Tejada Padilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la SE a informar sobre las acciones y estrategias que implantarán para detener la tendencia inflacionaria y amortiguar los posibles efectos negativos en la actividad económica nacional, suscrita por el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT

Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El problema de recaudación fiscal no es nuevo; desde hace ya varias décadas la carga tributaria se sentó en los ingresos de Petróleos Mexicanos (Pemex), dando paso a beneficios fiscales, la evasión de impuestos y regímenes especiales para las grandes empresas, llenando este vacío tributario de recaudación por medio del ingreso petrolero y la recaudación fiscal de las clases medias y hasta en ciertos casos, de los más desprotegidos.

Frente a este escenario, y en el marco de la reforma energética impuesta desde la Presidencia de la República y aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 2013, se propuso una reforma fiscal que subsanara los vacíos que dejaría la apertura al sector privado en materia de energéticos.

Es decir, ante el inminente vacío en la recaudación fiscal que se generará en las arcas del fisco mexicano, el gobierno federal propuso y el Congreso de la Unión aprobó el desmesurado incremento en gravar diversos bienes y servicios que perjudicarán directamente el bolsillo de todos los mexicanos.

A pesar de ello, el gobierno federal, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), recaudó de enero a septiembre de 2014, 117.373.9 millones de pesos, es el mayor ingreso que ha tenido el fisco en los últimos cinco años1 .

Sin embargo, el panorama de las finanzas del país no es alentador, pues el Banco Mundial señaló que el crudo seguirá con precios bajos durante 2015, lo cual reflejará cambios importantes en el ingreso real de países exportadores e importadores de petróleo, y además no se puede dejar de observar la gravedad de la depreciación del peso frente al dólar.

Con el precio del petróleo por los suelos y el dólar por las nubes, los mexicanos sienten incertidumbre, al respecto el doctor en economía, Gerardo Esquivel Hernández, académico del Colegio de México (Colmex), señalo que “En términos estrictamente psicológicos podemos anticipar que una mayor volatilidad en el tipo de cambio, la información del precio del petróleo y su impacto en las finanzas públicas, pueden generar una mayor incertidumbre y los consumidores pueden ser cautelosos en el ejercicio de su gasto”2

Por tal razón, se puede afirmar que el gobierno federal es muy bueno para crear y cobrar nuevos impuestos, pero muy malo para administrarlos en beneficio del pueblo mexicano. La administración federal no ha sido capaz de presentar una reforma hacendaria congruente, que satisfaga los enormes cambios originados por la globalización, así como las demandas sociales y económicas nacionales. Año tras año proponen lo mismo, gravar más y crear nuevos impuestos; sin embargo, estas reformas han provocado un estrangulamiento financiero para todo el país.

Ante tal panorama, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, señaló que “se recortaría el gasto antes que subir impuestos”, a simple vista esta decisión pareciera tener tintes electorales, pues es incongruente que en pleno año electoral se proponga reducir el gasto público.

Es innegable que en la vida política e institucional existe gran dispendio de recursos públicos, excesivos salarios y prestaciones de la alta burocracia, por tal razón, una bandera que siempre se ha portado e impulsado es la austeridad republicana; es decir, reducir los salarios de los servidores públicos de altos mandos, eliminar bonos extraordinarios y demás prestaciones superfluas y frívolas.

La inflación es un problema que aqueja de manera nacional a las familias mexicanas, los salarios no aumentan en proporción directa con los precios de la canasta básica e hidrocarburos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó que al cierre del año 2014, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento de 0.49 por ciento, así como una tasa de inflación anual de 4.08 por ciento3 .

Evidentemente la presión no cesa y escenarios no son los esperados, el problema está en que tampoco se ve una solución clara. Por tal razón, las consecuencias en el incremento de los precios, o bien, la inflación, provoca que México tenga un menor crecimiento, y peor aún, un estancamiento.

Claro es que los resultados que se han obtenido en cuanto a las altas tasas de inflación en México están totalmente relacionados con el manejo irresponsable que actualmente se tiene de la hacienda pública, es evidente que el objetivo en el aumento fiscal no es precisamente en beneficio de todos, y que los métodos hasta hoy llevados a cabo en las finanzas nacionales no han ido de acuerdo a las necesidades lógicas ni a la realidad económica del país.

Por lo anterior, la conducción de la política monetaria requiere de una instrumentación responsable de la política fiscal que intensifique la prevención del déficit económico y que, a su vez, se conduzca como política inclusiva que impulse al desarrollo social, político y económico del país.

Los datos advierten, y de no aplicarse una solución consciente, la inflación seguirá haciéndose presente en este año. Por lo tanto, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y la de Economía, deben informar a esta soberanía cómo se va contrarrestar el constante aumento inflacionario.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, hacer pública la información sobre:

a) Las acciones y estrategias que implementarán en el presente año para detener la tendencia inflacionaria y amortiguar posibles impactos negativos en la actividad económica nacional.

b) ¿Cuáles serán las acciones y estrategias que implementarán para estabilizar la política macroeconómica del país?

c) ¿Cómo la reforma miscelánea fiscal aprobada en el año 2013 ha mejorado el crecimiento y la estabilidad de la economía nacional?

Notas

1. Gómez Robles, Paulina. “Actos de fiscalización se incrementarán en el 2015”, en El Economista. Consultado el 9 de enero de 2015, disponible en: http://eleconomista.com.mx/finanzas­publicas/2014/12/25/actos-fiscaliza cion-se-incrementaran-2015

2. Luna, Carmen. “Dólar y petróleo dan golpe psicológico a mexicanos”, en CNN Expansión. Consultado el 9 de enero de 2015, disponible en: http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/08/dolar -y-petroleo-dan-golpe-psicologico-a-mexicanos

3. Hernández, Enrique. “Cierra inflación en 4.08 %, la más alta en cuatro años” en Diario 24 horas. Consultado el 9 de enero de 2015, disponible en: http://www.24-horas.mx/cierra-inflacion-en-4-08-la-mas-alta-en-cuatro-a nos/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2015.

Senador David Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del ISSSTE, el Conaculta y el INBA a explorar la posibilidad de reubicar el teatro Jiménez Rueda, suscrita por la diputada Cristina González Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscribe, diputada Cristina González Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el Sistema de Información Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en febrero de 1961 se publicó el decreto presidencial por el que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibió en concesión, por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), algunos terrenos ubicados en avenida de la República, frente al Monumento a la Revolución, para la construcción de su edificio sede. En el mismo decreto se establecía que el inmueble tendría una sala para espectáculos al servicio de la SEP, administrada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA)1 .

En dicho teatro, menciona la publicación, ubicado en el número 154 de la avenida de la República, se realizaron obras de teatro, ópera, danza, música, variedades, espectáculos infantiles, festivales, conferencias y asambleas, habiendo sido inaugurado el 22 de noviembre de 1965 con la presentación de la obra Mudarse por mejorarse de Juan Ruiz de Alarcón, bajo la dirección de José Luis Ibáñez.

Este foro fue sede del Programa de Teatro Escolar, del Festival de México en el Centro Histórico, del Festival Internacional Cervantino y del Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro.

Sin embargo, y a pesar de que los más recientes trabajos de remozamiento en este recinto cultural fueron realizados entre mayo de 2007 y enero de 2008, lo cierto es que era urgente el cierre de este recinto, ya que, tras el terremoto de 1985, el inmueble donde estaba ubicado seguía padeciendo sus efectos, pues el edificio contiguo, también propiedad del ISSSTE, se había inclinado sobre su estructura, lo que significaba un riesgo mortal para cientos de personas.

De acuerdo con información dada a conocer la semana pasada por un diario de circulación nacional, tanto el INBA como el ISSSTE habrían confirmado el cierre del teatro Julio Jiménez Rueda, así como también que ambas instituciones trabajan en forma coordinada para decidir, de manera conjunta, el mejor esquema para que se dé continuidad de forma inmediata a la programación artística que la Coordinación Nacional de Teatro tenía contemplada para el presente año, misma que se realizará en el espacio que definan ambas instituciones2 .

Si bien es cierto resulta encomiable la decisión tomada por las autoridades para preservar la vida e integridad de los asistentes al teatro Jiménez Rueda, el cierre de este recinto no debe implicar necesariamente la pérdida de un espacio cultural para la capital del país, sobre todo cuando es evidente que se carece entre la población del gusto por el arte dramático, a pesar de que nuestro país cuenta con talento de sobra entre escritores, escenógrafos, actores, encargados de vestuario y demás personal involucrado con el desarrollo de este arte escénico.

Como consecuencia de lo anterior, exhortamos respetuosamente al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, al presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y a la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a efecto de que se explore la posibilidad de reubicar el teatro Jiménez Rueda.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y a la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a efecto de que se explore la posibilidad de reubicar el teatro Jiménez Rueda.

Notas

1. Consultado en <http://www.sic.gob.mx/ficha.php?table=teatro&table_id=448>, el 8 de enero de 2015, a las 14:40 horas.

2. Consultado en <http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documento/Impresa.aspx?id=1642816-1066&url=http://hemerotecalibre.reforma.com/20150107/interactiva/RCUL20150107-022.JPG&text=JIM%c9NEZ+RUEDA&tit=Cierra%20sus%20puertas%20el%20Jim%E9nez%20Rueda#ixzz3OGPETSpp>

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2015.

Diputada Cristina González Cruz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del GDF a derogar el decreto que otorga un predio a la Embajada de Azerbaiyán en México para albergar la estatua de Heydar Aliyev, suscrita por los diputados Fernando Rodríguez Doval y Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados Fernando Rodríguez Doval y Adriana González Carrillo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, presentan al pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de carácter de urgente y obvia resolución.

Consideraciones

El 26 de agosto de 2011, el gobierno del Distrito Federal, representado por los secretarios de Desarrollo Urbano, Felipe Leal, y de Medio Ambiente, Martha Delgado, celebró un convenio de colaboración con la República de Azerbaiyán, representada por su embajador en México, Ilgar Mukhtarov. En dicho convenio, el gobierno de Azerbaiyán se comprometió a otorgar 65 millones de pesos al gobierno capitalino para la remodelación del Parque de la Amistad y de la Plaza Tlaxcoaque, en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Por su parte, el gobierno del Distrito Federal (GDF) se comprometió a instalar una estatua de Heydar Aliyev, ex presidente del país asiático. Tras la suscripción del acuerdo referido, varias voces de organizaciones civiles, académicos y escritores se alzaron en contra de la efigie de Aliyev, personaje polémico en la historia y reconocido dictador de la nación azerbaiyana.

Heydar Alirza Oglu Aliyev, nacido en 1923, fue dirigente de la KGB (Komitet Gosvdaistvennoi Bezopasnosti), la agencia de seguridad nacional e inteligencia de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). La KGB era la institución gubernamental responsable de mantener el control político por la vía de la coerción. Así pues, Aliyev, como dirigente de la agencia, perseguía a los disidentes, los privaba de su libertad y mantenía un estado de terror que disuadía la oposición al régimen.

Posteriormente, Heydar Aliyeb fue la cabeza del Partido Comunista y el líder de la República Soviética de Azerbaiyán, de 1969 hasta 1982. Más tarde, una vez disuelta la URSS y constituido Azerbaiyán como Estado independiente, Aliyeb orquestó un golpe de Estado en contra de Abulfaz Elchibey, presidente electo por la ciudadanía. De esta manera, Aliyev, no sólo llegaba a la presidencia de la República de Azerbaiyán, sino que mostraba un desprecio absoluto por las instituciones y los ideales de democracia y libertad.

Aliyev gobernó por 10 años –adicionales a las dos décadas al frente de la República Soviética de Azerbaiyán– hasta 2003, año en el que falleció y fue sucedido en el poder por su hijo Ilham Aliyev, mediante unas elecciones criticadas por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa por no cumplir con los estándares internacionales mínimos.

El período de este personaje al frente del gobierno de la República de Azerbaiyán, personaje al cual ahora se pretende homenajear, estuvo plagado de violaciones a los derechos humanos, particularmente de los opositores políticos; de un control apabullante de los medios de comunicación; de una excesiva centralización del poder; y de un riguroso dominio sobre el petróleo y otros sectores de la economía azerbaiyana, como medio para sostenerse en el poder. Esta situación se ve reflejada en las calificaciones otorgadas anualmente por la organización Freedom House a varios países del mundo. En el caso de Azerbaiyán, durante el tiempo en que Aliyev gobernó, las calificaciones equivalieron a naciones clasificadas como “no libres” o “parcialmente libres”. Esta organización consideró que la libertad de expresión, de asociación y religiosa, así como los derechos de las mujeres en este país se encontraban minados por el diseño institucional y por una distribución poco equitativa del poder.

En este contexto, y ante las pretensiones del gobierno capitalino, entonces encabezado por Marcelo Ebrard, José Sarukhán, ex rector de la UNAM, cuestionó la decisión. Afirmó que es incomprensible que se honre a una figura que no tiene el menor registro de derechos humanos y de rectitud. Por su parte, Jacobo Dayán, director de contenido del Museo Memoria y Tolerancia criticó la ligereza con la que se acordó la instalación de la estatua y recordó que Heydar Aliyev fue un gobernante poco respetuoso de los derechos humanos y de la democracia. El Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec también solicitó al GDF que reconsiderara este proyecto.

Ante la polémica desatada, el gobierno de la Ciudad de México instaló un consejo consultivo que evaluara el asunto y emitiera recomendaciones no vinculantes para las autoridades del DF. Dicho comité recomendó que la escultura no ocupara el lugar que el convenio establecía. No obstante, y a pesar de las protestas y recomendaciones, la estatua de Aliyev fue colocada en el Parque de la Amistad.

Al llegar Miguel Ángel Mancera a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, ordena la remoción de la estatua. La decisión fue apelada por el embajador Mukhtarov ante instancias judiciales, mismas que resolvieron que el amparo era improcedente y que la escultura podía ser retirada si así lo decidían las autoridades. Esto es, el tribunal colegiado estimó que los conflictos entre ambas partes, de acuerdo con lo establecido en el convenio, debían ser resueltos por la vía de la conciliación y no mediante un juicio de amparo.

Desafortunadamente, las intenciones de rendir un homenaje a un personaje opuesto a los valores democráticos y de respeto a las libertades no han cesado. El 27 de agosto de 2013, el GDF adquirió una casa con un valor de 32 millones de pesos, en Paseo de la Reforma 660, colonia Lomas de Chapultepec, en la delegación Miguel Hidalgo. Dicha vivienda pretende ser desincorporada y enajenada a favor de la República de Azerbaiyán, por conducto de su embajada en nuestro país para que sea acondicionada como una casa de cultura y sea el albergue de la estatua de bronce de Heydar Aliyev.

El decreto publicado en la Gaceta Oficial del DF, por el que se anticipa la enajenación de la propiedad de 1420 metros cuadrados de superficie, establece que ésta se hará bajo la modalidad de pago en especie. Lo anterior significa que la vivienda será entregada a modo de contraprestación por las labores llevadas a cabo por Azerbaiyán en el Parque de la Amistad.

Resulta inadmisible que México, una nación comprometida con los valores democráticos y con el respeto irrestricto a los derechos humanos, honre a un dictador, a cambio de 65 millones de pesos. El gobierno capitalino está cometiendo un error al simular empatía con la ciudadanía que se opone a rendir tributo a un personaje como Aliyev para, posteriormente, otorgar parte del patrimonio de nuestra ciudad para dichos fines. Recordemos que esa vivienda, que ahora pretende ser donada para enaltecer la vida de un dictador como lo fue Heydar Aliyev, fue adquirida por el gobierno del Distrito Federal con recursos provenientes de los contribuyentes. Los recursos públicos, producto del pago de las obligaciones de los mexicanos, no pueden ni deben de ser utilizados para que las autoridades capitalinas cumplan compromisos poco transparentes y que se oponen a los principios democráticos y de libertad resguardados por nuestra Constitución.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, a derogar el decreto publicado el 8 de enero de 2015 por el que el gobierno del Distrito Federal desincorpora de sus bienes el terreno de 1420 metros cuadrados de Paseo de la Reforma 660 para su posterior enajenación a título oneroso en la modalidad de pago en especie del predio señalado a favor de la República de Azerbaiyán para la instalación de la estatua del dictador Heydar Aliyev.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2015.

Diputados: Adriana González Carrillo, Fernando Rodríguez Doval (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJDF a favorecer el respeto de los derechos humanos en la investigación que realiza de los hechos en agravio de Yanira Esparza Noriega, suscrita por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Martha Lucía Mícher Camarena, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que realice una investigación apegada a derecho, como un presunto feminicidio, bajo la perspectiva de género y con pleno respeto a los derechos humanos de las víctimas, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

De acuerdo a una nota periodística publicada el 7 de enero de 2015, por la redacción de la revista Proceso,1 el 18 de febrero del año pasado Yanira Esparza Noriega, joven edecán de 27 años, desapareció sin dejar rastro. Sus padres sospecharon que había sido víctima de una red de trata de personas, por lo cual la buscaron incansablemente a través de campañas en redes sociales. Dentro del expediente 142/EXT/2014 iniciado en la de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR) se describe a Yanira como una mujer de tez blanca y ojos medianos y cabello ondulado teñido de castaño, de 1.53 metros de estatura y complexión delgada.

Diez meses después, el cadáver de Yanira fue encontrado en la cisterna del edificio de departamentos que habitaba, en el residencial Grand Chapultepec, ubicados en Río Atoyac 89, colonia Cuauhtémoc.

Tras el hallazgo, se dio parte a las autoridades, el Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y en vísperas de Nochebuena sus familiares recibieron la llamada para acudir a reconocer el cadáver. Los elementos que llevaron a su plena identificación fueron los implantes que tenía en busto y cadera y una cirugía en la nariz.

Actualmente la investigación se encuentra a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

De lo expuesto se desprende un asunto que nos impacta como sociedad y como grupo parlamentario, primeramente por la forma en que se suscitó la desaparición de la joven Yanira Esparza Noriega y 10 meses después, la manera en que fue hallado su cadáver, el cual había sido depositado en la cisterna del edificio en el que la víctima habitaba, de lo cual se desprenden elementos que pudieran ser constitutivos del delito de feminicidio en agravio de Yanira Esparza Noriega.

Para el GPPRD esta situación es grave que debe ser atendida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a la mayor brevedad, mediante la aplicación del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio, contenido en el acuerdo A/017/2011 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal de 25 de octubre de 2011. Lo anterior a fin de garantizar el pleno respeto a los derechos humanos, entre ellos el derecho a la debida diligencia, a la igualdad y no discriminación, desde la perspectiva de género.

Por ello, resulta indispensable que las autoridades competentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal lleven a cabo la investigación eficaz, con pleno respeto de los derechos humanos, con perspectiva de género a fin de que a la mayor brevedad estén en posibilidades de contar con elementos necesarios para determinar la responsabilidad de la persona o personas agresoras de lo que pudieran ser hechos constitutivos del delito de feminicidio.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que a la mayor brevedad, aplique el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del delito de feminicidio, para favorecer el pleno respeto a los derechos humanos, entre ellos el derecho a la debida diligencia, a la igualdad y no discriminación y desde la perspectiva de género, en la investigación que realiza de los hechos que pudieran ser constitutivos del delito de feminicidio en agravio de Yanira Esparza Noriega.

Nota

1 http://www.proceso.com.mx/?p=392410

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2015.

Diputada Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y al gobernador de Baja California a no demoler el inmueble Puerta México, situado en la garita de San Ysidro, de Tijuana, suscrita por el diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, Jaime Bonilla Valdez, diputado por Baja California a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de los siguientes

Consideraciones

El patrimonio cultural es la herencia en este tema, propia del pasado de una comunidad, con la que esta vive en la actualidad y que transmite a las generaciones presentes y futuras. Este patrimonio se integra por elementos intangibles y elementos materiales, así que son parte de él los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios que les son inherentes.

Por lo mismo, como parte del patrimonio cultural tenemos los edificios emblemáticos que dan sentido de unidad a los habitantes de una determinada ciudad, también conocido como “patrimonio arquitectónico”, entendido este último como las construcciones o sus ruinas que con el paso del tiempo, han adquirido un valor mayor al originalmente asignado y que va mucho más allá del uso original. Este valor puede ser cultural o emocional, físico o intangible, histórico o técnico.

Como parte del patrimonio cultural tenemos a las obras de arquitectura que, debido a una multiplicidad de razones, no todas de índole técnica o artística, se consideran que, sin ellas, el entorno donde se hallan dejaría de ser lo que es.

De tal forma, hay edificaciones que dan sentido de identidad a los habitantes de una ciudad, son edificios emblemáticos, no necesariamente de gran antigüedad, pero sí de gran representatividad para la ciudad. Por ejemplo, el Polyforum Cultural Siqueiros, es un edificio de la Ciudad de México relativamente reciente, con poco más de 40 años de inaugurado; sin embargo, es un edificio representativo de la ciudad, que a los habitantes de la ciudad les da sentido de pertenencia a una sociedad, es decir, los identifican como individuos pertenecientes a un conjunto mayor con rasgos comunes y, por lo mismo, identifica a la ciudad y a la vez los habitantes se identifican con él.

De hecho, no es raro que un edificio emblemático de una ciudad sea de una antigüedad menor de la requerida para que puedan ser protegidos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, pero pese a lo anterior, no dejan de ser parte importante de la historia reciente de la ciudad, y se convierte en espacio de relación social, de identificación simbólica cotidiana, de expresión e integración cultural, representando físicamente la idea de lo colectivo en el territorio de la ciudad como hecho del día a día.

En el caso particular de Tijuana, Baja California, tenemos como ejemplo de un edificio que se ha convertido en referente de la ciudad y que sus habitantes reconocen como parte de su patrimonio cultural, al que forma parte de la entrada a Tijuana desde la garita de San Ysidro, California, conocido como “Puerta México”. Dicho edificio cuenta con más de 50 años de antigüedad y es parte importante de la historia de la ciudad.

Pese a la relación que con el paso del tiempo se ha construido entre la sociedad tijuanense y el edificio Puerta México, las autoridades federales tiene considerada su demolición, esto sin que medie ningún proceso para tomar en cuenta el sentir de sociedad tijuanense.

Los planes para la destrucción de este icónico inmueble fue anunciada por el director del centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en Baja California, argumentando que debido a la necesidad de ampliar los carriles de circulación que conducen hacia la garita de San Ysidro, es necesario demoler el edificio que albergó por años a la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras dependencias federales.

Si bien estamos de acuerdo en que es necesario modernizar y ampliar los pasos fronterizos, entre estos, el de la Puerta México, también estamos seguros que por la importancia que tiene desde el punto de vista cultural, bien vale la pena encontrar un diseño en la vialidad que respete a este edificio.

A partir de este anuncio, en Tijuana se ha creado un amplio movimiento social en defensa del mismo, ya que la sociedad tijuanense considera que este edificio es pate importante de su identidad cultural. Aunque el edificio pertenece al gobierno federal, los tijuanenses lo sentimos como un espacio público, que pertenece a todos los habitantes de la ciudad.

Recordemos que el espacio público es espacio de historia, de identificación con el pasado de toda ciudad, que expresa identidades y orígenes comunes. Pero a la vez, a manera de un escrito, es pasado y presente, donde las huellas e identidades del pasado se mezclan y trascienden a las acciones del presente.

A partir de dicha identidad con el pasado, el espacio público se convierte en espacio de relación social, de identificación simbólica cotidiana, de expresión e integración cultural, representando físicamente la idea de lo colectivo en el territorio de la ciudad como hecho del día a día.

Si bien el marco jurídico federal aplicable al patrimonio cultural no prevé la protección de edificaciones históricas posteriores al siglo XIX, en Baja California sí encontramos un instrumento jurídico que contempla la protección de inmuebles con al menos 49 años de antigüedad, de hecho, en Baja California tenemos la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural del Estado de Baja California, cuyo artículo 5o., fracción I, a la letra dice:

Artículo 5. Para efectos de esta ley se entiende por

I. Edificios: Construcciones creadas principalmente para cobijar o permitir el desarrollo de cualquier actividad humana, que se encuentren vinculadas a la historia social, política, económica, cultural, artística y religiosa del estado, o que tengan más de cuarenta y nueve años de construido, así como las relacionadas con la vida de un personaje de la historia de la entidad.

De tal forma, el edificio Puerta México por estar profundamente relacionado cuando menos con la historia social y económica de Tijuana y por lo mismo de Baja California, cumple los supuestos de la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural del Estado de Baja California.

No está de demás mencionar en este punto que si bien la ley invocada para proteger la Puerta México, es una ley estatal, esto no demerita el argumento que sostiene que hay instrumento jurídico para la protección de la misma, si recordamos, dentro de la jerarquía del orden jurídico mexicano, la ley federal se encuentra al mismo nivel que la ley estatal, una no es más que la otra, simplemente atienden ámbitos de competencia distintos.

De conformidad con lo expuesto, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Comunicaciones y Transportes a que durante las obras para la construcción de más líneas de cruce a Estados Unidos se respete la integridad del edificio Puerta México, situado en la garita de San Ysidro, de Tijuana, Baja California, de tal forma que se busque un diseño que no requiera la demolición del mencionado inmueble.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del Estado Libre y Soberano de Baja California, y al titular del Instituto de Cultura de Baja California a que de acuerdo con las normas jurídicas aplicables y las atribuciones a ellos conferidas busquen el reconocimiento como patrimonio cultural del estado del edificio Puerta México, situado en la garita de San Ysidro, de Tijuana, Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de enero de 2015.

Diputado Jaime Bonilla Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT, la SFP y la ASF información sobre las obras y los contratos adjudicados a Grupo Tradeco en el periodo 2003-2012, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Administrar y ejecutar eficientemente los recursos que el gobierno obtiene de los contribuyentes y de las demás fuentes de ingresos públicos no sólo es una prescripción en nuestro máximo ordenamiento jurídico, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también se establece en el régimen de sanciones penales, por tanto, es imperativo atender los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la ejecución de obras públicas.

Lamentablemente, no siempre es así y tampoco todos los servidores públicos deciden atenerse al orden jurídico. Esta es la presunción evidenciada en diversos medios de comunicación electrónicos y escritos sobre adjudicaciones directas y obras con irregularidades vinculadas al Grupo Tradeco durante el periodo 2003 a 2012 que no fueron sancionadas.

Se ha documentado que el consorcio fue beneficiado con múltiples contratos millonarios durante la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, además, hay evidencia que construyó carreteras con fallas, abandonó obras antes de concluirlas o se elevaron los costos de los proyectos que tenía adjudicados.

Un claro ejemplo fue el proyecto Durango-Sinaloa, pues aunque la Auditoría Superior de la Federación la observó por incumplimiento de normatividad, lo cual ocasionó pasar de los 8 mil 889 millones de pesos a los 22 mil 100 millones en 2012, permaneció como la contratista.

El puente Baluarte, reconocido por el libro Guinness de los Récords del Mundo, como el puente atirantado más alto del mundo, también fue identificado como una de los más grandes monumentos a la opacidad, la corrupción e impunidad.

Tradeco logró la mayoría de obras vía adjudicación directa. Trasciende que tan sólo entre 2003 y 2012 los contratos adjudicados ascendieron a los 15 mil 143 millones de pesos con la constante de sobrecostos y retrasos en las obras.

A manera de ejemplo, tan sólo en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2012, presentado por la Auditoría Superior de la Federación el 20 de febrero de 2014, se dio a conocer el sobrecosto de la construcción de autopistas durante todo 2012, destacando el gasto en la autopista Durango-Mazatlán, por presentar 45 observaciones e incurriendo en sobrecostos más allá de 30 por ciento de lo invertido.

El órgano fiscalizador señaló que, no obstante, el periodo de ejecución original del proyecto fue de 2002 a 2010, su fecha de conclusión se modificó a 2013, pasando de un monto de inversión original de 8 mil 889.9 millones de pesos a 22 mil 100.2 millones de pesos.

En el análisis se determinaron observaciones por un importe de mil 616 millones de pesos, debido a diferencias de volúmenes, trabajos de mala calidad, errores en la integración de precios unitarios extraordinarios, por variación de la tasa de interés, así como por intereses de pagos anticipados, entre otros.

Las evidencias de las irregularidades son muy claras durante la administración del presidente Felipe Calderón, se aprecia el déficit ético en la administración pública, así como una franca omisión de lo que significa conducirse sin actos de corrupción y tráfico de influencias.

Los sexenios gobernados por Acción Nacional sin duda explican cómo una empresa cuyo capital inicial fue de 10 mil pesos, según constó en la escritura tirada por el notario Felipe Alfredo Beltrán, en solamente 20 años logró incrementar su capital social hasta los 30 mil millones de pesos.

Otro ejemplo grave que justifica las altísimas ganancias de Tradeco, se reporta como en el 2003 el fundador del grupo en comento, se incorporó a Petróleos Mexicanos (Pemex) como director ejecutivo del proyecto Cantarell –el pozo más productivo– y benefició a la empresa dirigida por su hijo con un gran contrato de 379 millones de pesos.

Recientemente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reclamó a la constructora –con más contratos durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón– más de 400 millones de pesos en créditos fiscales, siendo el crédito fiscal de mayor monto de 47 millones 123 mil pesos por el incumplimiento del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante el periodo de 2010.

Así, una empresa al amparo del tráfico de influencias y el conflicto de interés –no sólo expuesta como evasora de impuestos; omisa en el cumplimiento de contratos en los términos pactados y desatenta con la normatividad ambiental, tal como lo denunció la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) respecto a la manifestación de impacto ambiental para el muelle de Manzanillo en Colima– sigue pretendiendo participar en concursos de obras públicas, al amparo de la impunidad que, tal vez, en otra administración era la regla.

Sin duda alguna estos antecedentes obligan a quienes en ejercicio de la función de control al Poder Ejecutivo, tienen el deber de verificar la veracidad de lo antes expuesto en contra de la contratista conocida como Grupo Tradeco a fin de advertir sobre las posibles contrataciones en lo futuro de la misma con la administración federal, debido a las múltiples irregularidades y probable daño causado al erario.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, envíe a esta soberanía un informe detallado de las acciones realizadas para atender las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación respecto a las obras realizadas por Grupo Tradeco en el periodo comprendido entre 2003 y 2012.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de la Función Pública haga pública la información sobre los contratos adjudicados a Grupo Tradeco en el periodo comprendido entre 2003 y 2012.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, envíen a esta soberanía un informe desglosado de cada una de las contrataciones que la administración pública federal llevó a cabo durante el periodo de 2003 a 2012 con el Grupo Tradeco, para que, en su caso, se finquen responsabilidades en contra de quien resulte responsable por daño al erario y se establezcan las sanciones administrativas y penales que conforme a derecho procedan.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2015.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión bicamaral del Congreso de la Unión para organizar las actividades conmemorativas del centenario de la expedición de la Carta Magna, suscrita por la senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

María del Pilar Ortega Martínez, senadora de la República del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, !a siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que se propone la creación de una comisión bicameral del Congreso de la Unión encargada de la organización de las actividades de la conmemoración del centenario de la expedición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 5 de febrero de 2017 se cumplirán 100 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicho documento deriva de la Revolución de 1910, la primera revolución social del siglo XX y en él se encuentran plasmadas las demandas de los campesinos, trabajadores y, en general, de la sociedad mexicana de la época.

Es justo mencionar también que la Constitución de 1917 es producto de la evolución a través de los años de los textos constitucionales que han tenido vigencia en México, desde la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812, hasta la Constitución Política de la República Mexicana de 1857, pasando por textos tan diferentes, e incluso opuestos, como el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814, las Leyes Constitucionales de 1836 y el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de 1865.

A la fecha nuestra Constitución cuenta con 220 decretos de reforma; la última data del 7 de julio de 2014.1

Es en el contexto del próximo centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el pasado 5 de febrero de 2013, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial suscribieron el acuerdo para la creación del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicho acuerdo tiene el objeto de establecer en forma coordinada las actividades conmemorativas, homenajes, expresiones y demás acciones que se llevarán a cabo para la celebración del centenario de nuestra Constitución.

En este sentido, es de vital importancia que el Congreso de la Unión cuente con una comisión bicameral que se encargue de trazar un plan de trabajo y coadyuvar de manera coordinada con los otros dos Poderes de la Unión y los Poderes Estatales con el objeto de atender de manera pertinente dicho acuerdo y contribuir con los propósitos Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el mismo sentido, la comisión propuesta deberá realizar y organizar actividades con el objeto de dar a conocer la evolución del texto constitucional, desde la óptica del Poder Legislativo, durante sus casi cien años de vigencia, evolución que en si misma representa los cambios sociales y políticos de México durante ese tiempo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras del Poder Legislativo que propongan la creación de una Comisión Bicameral del Congreso de la Unión para la organización de las actividades de la conmemoración del Centenario de la expedición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Nota

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm

Salón de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de enero del año 2015.

Senadora María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al pago de la nómina magisterial de Oaxaca, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Benjamín Robles Montoya, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como es de todos conocido, una de las disposiciones aprobadas dentro de la reforma educativa, tiene que ver con la centralización del pago de la nómina, que ahora en lugar de ser responsabilidad de las entidades federativas, correrá a cargo del Gobierno federal.

El pasado 8 de enero, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) anunció que a partir del mes de enero de 2015, la Federación se haría cargo del pago de la nómina magisterial de la entidad.

En respuesta, el 9 de enero la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) solicitó públicamente al IEEPO detener la emisión de los cheques con formato federalizado en todas las regiones del Estado de Oaxaca, así como la reexpedición de los cheques estatales y la liberación de los pagos de la manera tradicional.

Tal solicitud de la sección 22 tiene sustento en la ampliación hasta el 1 de marzo de 2015 aprobada por la Cámara de Diputados para que las entidades que no hayan concluido con la conciliación de la nómina con las de las Secertarías de Educación Pública y la de Hacienda y Crédito Público, puedan hacerlo y sólo hasta entonces la Federación asuma el pago de la correspondiente nómina magisterial.

Como parte de las acciones para oponerse a la entrada en vigor de la nueva modalidad de pago a cargo del Gobierno federal antes de lo acordado, la CNTE determinó manifestarse en aeropuertos y terminales de autobuses del Estado el pasado 10 de enero, así como en gasolinerías de la Ciudad de Oaxaca.

Asimismo mediante un comunicado la Sección 22 exigió que se respete la estabilidad laboral y el reconocimiento de todos los trabajadores de la educación y que el pago de las quincenas venideras sea pagada en tiempo y forma.

En medio de la situación de conflicto derivado del nuevo mecanismo de pago previsto por la reforma educativa, es necesario tener en cuenta los efectos perudiciales que para la economía del estado se generan con el cerco a terminales de autobuses, gasolinerías y aeropuertos.

Es por ello que resulta de vital importancia antender el conflicto a través del diálogo y la conciliación, haciendo uso de la política como una eficaz herramienta para dar salida al disenso.

En ese tenor y teniendo en cuenta la situación de crisis política que atraviesa el país, así como la prórroga aprobada por la Cámara de Diputados para que la Federación asuma el pago de las nóminas magisteriales hasta el mes de marzo, resulta conveniente analizar la viabilidad de aplicar dicha prórroga en el Estado de Oaxaca, a fin de evitar la profundización de un conflicto que, durante ese tiempo, bien puede ser atendido y resuelto mediante el diálogo.

Es necesario que el Ejecutivo Federal tenga presente en todo momento que 2015 es un año electoral que tendrá lugar en un contexto de crisis política y social, por lo que resulta indispensable evitar la profundiazación de conflictos que eventualmente pongan en riesgo las propias elecciones y la estabilidad política de nuestro país.

Por lo antes expuesto someto a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación, y de Educación Pública del gobierno federal a respetar el artículo sexto transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015 en lo que corresponde al pago de la nómina magisterial del estado de Oaxaca.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 14 días del mes de enero de 2015.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a sancionar de manera ejemplar al alcalde con licencia de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, suscrita por la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La semana pasada fue detenido el alcalde con licencia del municipio Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, a quién se le atribuyen conductas relacionadas con el desvío de recursos públicos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y vínculos con la delincuencia organizada, específicamente con el cártel de los Zetas.

La Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, a través de su titular, Tomás Zerón de Lucio, informó que se comenzó a indagar al alcalde luego de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual detectó que durante el periodo comprendido entre octubre de 2012 y agosto de 2014, se realizaron operaciones con montos inusuales en transferencias bancarias y dinero en efectivo.

El monto presumiblemente alcanzaría los 200 millones de pesos, los que habrían sido triangulados a distintas cuentas, dentro de las que se destacan tres pertenecientes a empresas con diversos giros comerciales, en las que el exalcalde Gallardo posee alguna participación como accionista.

Ahora también se sabe que José Ricardo Gallardo Cardona creó empresas que son propietarias de cinco residencias en la zona metropolitana de Dallas, Texas, en Estados Unidos, inmuebles cuyo valor alcanzarían los 527 mil dólares.

De acuerdo con investigaciones periodísticas, los cuatro inmuebles están a nombre de Inversión Creativa Desarrollos Inmobiliarios LLC, constituida por Gallardo en julio de 2012, en la localidad de Lewisville.

Una propiedad más aparece a nombre de Quality Inmobiliaria Potosina LLC, creada por Gallardo Cardona en McAllen, Texas, en septiembre de 2011.

Inversión Creativa posee dos inmuebles en Arlington, uno en Fort Worth y uno en Dallas, todos dentro de la zona conocida como Metroplex.

Asimismo, Dora Patricia Juárez Alejo, quien fuera esposa de Gallardo Cardona, aparecía como funcionaria de Quality Inmobiliaria.

Las acciones desplegadas por Gallardo Cardona indican que durante su administración municipal éste habría incurrido en conductas delictivas, las cuales fueron detectadas por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dando lugar a su consignación ante un juez competente en procesos penales federales.

De resultar ciertas las acusaciones vertidas en contra del funcionario en cuestión, estaríamos frente a conductas que laceran la confianza de los ciudadanos en sus autoridades, por lo que se hace necesario que, una vez que ha sido puesto a disposición ante un juzgado, Gallardo Cardona, las autoridades ministeriales agoten todos los medios procesales a su disposición, a efecto de que obtengan una sentencia ejemplar que sirva como advertencia a todos aquellos que pretendan hacer uso de los cargos públicos en beneficio propio y no de los electores que les otorgan su confianza a través del voto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a efecto de que se apliquen sanciones ejemplares en contra del ciudadano José Ricardo Gallardo Cardona, alcalde con licencia de Soledad de Graciano Sánchez, en el estado de San Luis Potosí.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2015.

Diputada María del Carmen García de la Cadena Romero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y al DIF a informar sobre la población rescatada en julio de 2014 en el albergue La Gran Familia, de Zamora, Michoacán, suscrita por la diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En meses pasados la opinión pública en nuestro país vía los medios de comunicación fuimos testigos de un operativo federal, encabezado por la Procuraduría General de la República, y la Secretaria de la Defensa Nacional, donde se rescataron a más de 500 personas, siendo la mayoría de ellas menores de edad, quienes estaban privados de su libertad en la casa-hogar “La Gran Familia”, localizada en el municipio de Zamora Michoacán, presumiendo que eran víctimas de abusos sexuales y psicológicos por parte del personal adscrito a dicha casa, principalmente por Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, administradora del albergue, quien además era reconocida como su presidenta y fundadora desde 1948.

Según informes de la Procuraduría General de la República, en el lugar de los hechos fueron rescatadas en ese momento, 174 niñas de entre tres y 17 años de edad, así como 278 niños del mismo rango de edad; así también, fueron recuperados 138 mayores de edad de entre 18 y 40 años y seis bebés que oscilan entre los dos meses y dos años de edad. Por ello la autoridad se dio a la tarea de recabar información, sobre la procedencia estas niñas, niños y adolescentes, lo cual serviría para que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Nacional y de los estados, llevaran a cabo la reintegración a sus respectivas familias.1

Una vez a salvo, las autoridades recabaron diversas declaraciones de testigos y víctimas que tuvieron relación con el albergue La Gran Familia y que refirieron haber sido víctimas de diversos delitos, abusos físicos y psicológicos, así como obligados a pedir dinero en casas y calles, ser alimentados con comida en mal estado, dormir en el suelo entre plagas y con la prohibición de abandonar las instalaciones.

Entre los probables delitos que se consideraron, se encontraban los de: lesiones, abuso sexual, privación ilegal de la libertad y trata de personas por parte de algunos miembros del albergue.

Cabe señalar que seis trabajadores del albergue, entre maestros y supervisores, fueron enviados a prisión, acusados de privación de la libertad, delincuencia organizada y trata de personas. La directora quedó libre de responsabilidad penal debido a la argumentación de su deterioro físico y mental, pese a que se acreditó su presunta responsabilidad en al menos tres delitos federales.

Consideramos que los espacios de cuidados alternativos no son los espacios ideales para el desarrollo de las y los menores de edad, de hacer uso de ellos, estos deberán contar con la supervisión y vigilancia institucional para evitar que la población infantil sufra de violencia, maltrato y estigma social, ya que es frecuente encontrar que las instituciones que acogen a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. También, en muchos casos, brindan sus servicios con recursos limitados y generalmente no proporcionan a la población bajo su resguardo la atención, el afecto y el cariño necesario para su desarrollo integral.

Por ello resulta preocupante el conocimiento de información donde se indica que a 6 meses del cierre del albergue “La Gran Familia” nuevamente se denuncia el regreso de Rosa Verduzco, “Mamá Rosa”, con un nuevo albergue en Zamora, Michoacán, donde se presume tiene al menos a ocho personas, solo que a decir del secretario de gobierno en la entidad, Jaime Darío Oseguera Méndez, indica que la autoridad estatal no ha otorgado ningún permiso para que opere este sitio.

Por otra parte, el DIF estatal no puede intervenir aseguró la presidenta de la dependencia en Michoacán, Katherine Rose Ettinger, ya que en el nuevo albergue presuntamente abierto, no hay menores de edad.2

El 21 de julio, el gobierno del estado de México confirmó que 52 menores que se encontraban internados en La Gran Familia, los cuales quedaron bajo custodia del DIF mexiquense, por lo que fueron canalizados a dos albergues administrados y operados por esta institución, se trata de 25 niñas de entre 7 y 18 años y 27 niños de entre 9 y 18 años.3

Al DIF del estado de Guanajuato le fueron puestos a disposición 12 menores de edad guanajuatenses que también estaban internados en la casa hogar. Se trata de hombres y mujeres de entre 12 a 17 años, las personas recuperadas son originarias de los municipios de León, Celaya, Tarimoro, Cortazar, Salamanca y Acámbaro.4

Asimismo, el DIF del estado de Michoacán dio a conocer que el 30 de julio, rescataron a 84 menores de edad y diez adultos entre ellos, seis madres con sus hijos menores de dos años, los cuales fueron canalizados a la ciudad de Morelia a un nuevo albergue.5

También, se sabe que el DIF Jalisco realizó con éxito las reintegraciones familiares de los rescatados entre el 19 y 20 de julio de 2014, lo anterior relacionado con 55 personas y una bebé que nació en este periodo, y que fueron puestas a disposición del DIF Jalisco, las cuales fueron reintegradas; cinco de ellos a las instituciones que tenían la tutela o custodia; dos al Consejo Estatal de Familia y tres a Hospicio Cabañas; los otros 51 fueron reintegrados en su totalidad a su familias.

Sin embargo, del resto de la población rescatada poco o nada se sabe de su situación y condiciones actuales, por lo que es indispensable el conocer cuál es el estado en el que se encuentran todas y cada una de las niñas y niños. Lo cual corresponde a la correspondencia de la Procuraduría General de la República, y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nacional.

La petición del informe, es un nuevo llamado a regular el funcionamiento de las instituciones que brindan el acogimiento o los cuidados alternativos para que lo hagan respetando y protegiendo los derechos humanos de las niñas y los niños. El acogimiento residencial o institucional debe ser considerado como una medida extrema, solo utilizable cuando se hayan agotado todas las medidas anteriores. Los acogimientos o cuidados alternativos se deben de brindar siempre bajo la constante supervisión del Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la la Procuraduría General de la República, al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nacional y a los DIF estatales para que informen sobre la población rescatada en el albergue La Gran Familia los días 19 y 20 de julio de 2014 en Zamora Michoacán y de las que poco o nada se sabe de su situación y condiciones actuales, por lo que es indispensable el conocer cuál es el estado en el que se encuentran todas y cada una de estas personas.

Notas

1 Conferencia de prensa del día martes 15 de julio de 2014> boletín de prensa 127/14

http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol14/Jul/b12714.shtm

2 Mamá Rosa, sin permiso para tener nuevo albergue, y DIF estatal no puede interceder en el nuevo albergue de Mamá Rosa, Excelsior, 13y 19 12/diciembre 2014.

3 “en albergues del estado de México fueron internados 52 menores de la gran familia”

http://www.jornada.unam.mx/2014/07/22/politica/009n1pol

4 “Regresan a casa 14 jóvenes guanajuatenses rescatados de la Gran Familia” http://guanajuatoinforma.com/?p=20028

5 http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/albergue-gran-familia-abando naron-pgr-1026911.html

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 14 de enero de 2015.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno, la PGJ, la Contraloría General y la Asamblea Legislativa del DF a investigar sobre las probables irregularidades en los contratos asignados por el delegado en Iztapalapa a la empresa Amexire, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República; y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia y la Contraloría General del Distrito Federal a llevar a cabo –en el ámbito de sus atribuciones– de manera objetiva e imparcial las investigaciones conducentes con relación a probables irregularidades en diversos contratos asignados por el delegado en Iztapalapa en favor de la empresa Amexire, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hace unas semanas se dio a conocer en medios de comunicación que la madrugada del 17 de diciembre de 2014, Jesús Salvador Valencia Guzmán, delgado en Iztapalapa, después que se quedara dormido al conducir tuvo un accidente de tránsito en el que se impactó contra un automóvil estacionado. La relevancia de los hechos estriba en que la camioneta en que se trasladaba resultó ser propiedad de la empresa Amexire, que ha sido beneficiada con la adjudicación de diversos contratos por el titular de dicha demarcación territorial.

Asimismo, destaca que desde el principio el funcionario público fue contradictorio en sus declaraciones, basta mencionar las siguientes:

• Con relación a la propiedad de la camioneta debido a que no obstante, en un primer momento manifestó que la seguía pagando a través de un autofinanciamiento, posteriormente se dio a conocer la propiedad en favor de la empresa referida.

• En lo relativo a la causa por la cual se quedó dormido mientras conducía, señaló que obedecía a gripe y excesivas jornadas de trabajo, empero posteriormente se dio a conocer que se encontraba bajo el influjo del alcohol, situación que debido a omisiones de autoridades policiacas del Distrito Federal, no fue corroborada por el perito correspondiente.

Sobre el vínculo que existe entre el delegado en Iztapalapa y la empresa Amexire, la prensa escrita ha documentado que el jefe delegacional ha otorgado contratos por alrededor de 50 millones de pesos a esta empresa que, entre otras circunstancias, ha sido cuestionada por contar con un domicilio “fantasma”. Al efecto, según testimonio de vecinos del domicilio señalado por la empresa, alguna vez fue utilizado como bodegas y ahora se encuentra en desuso.

Los legisladores del PRI estamos a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, de ahí la trascendencia de que los hechos no queden como acontecimientos aislados, sino que sean investigados sin mayor celeridad y con absoluta legalidad para que en caso de que las conductas encuadren en uno o varios tipos penales, se establezcan las penas y sanciones que conforme a derecho procedan.

En esta tesitura, como mexicanos peros sobre todo, como representantes populares tenemos la obligación de ser los primeros en respetar la normatividad vigente y de conducirnos con estricto apego a derecho, lo cual no fue observado en los hechos que hemos referido. No podemos ser indiferentes ante conductas de esta naturaleza en las que los titulares de las delegaciones se conducen como soberanos y de manera impune.

Por lo que hace a su calidad de servidor público, el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala quienes forman parte de este régimen, en este sentido por lo que respecta al Distrito Federal, refiere que son las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza dentro de su administración pública, en la Asamblea Legislativa y en los órganos que ejercen la función judicial del fuero común en esta jurisdicción.

En complemento de lo anterior, es menester señalar que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para el ejercicio de sus funciones cuenta con diversas atribuciones, todas tendientes a generar y procurar las condiciones mínimas que hagan asequible el desarrollo de la entidad y sus instituciones, privilegiando la legalidad y la sana convivencia.

Asimismo, la fracción XXVII del artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establece que entre otras, la Asamblea del Distrito Federal tiene como atribución remover a los jefes delegacionales; esto, ante la actualización de alguna de las causas graves que establece el propio Estatuto, con el voto de las dos terceras partes de los diputados que integren la legislatura.

Por otro lado, el propio ordenamiento establece en el artículo 108 que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a propuesta del jefe del gobierno o de los diputados, podrá remover a los jefes delegacionales por causas graves, entre las que se encuentran las siguientes:

• Por violaciones sistemáticas de la Constitución, del presente Estatuto o de las leyes federales y del Distrito Federal.

• Por realizar cualquier acto o incurrir en omisiones que afecten gravemente el funcionamiento de la administración pública del Distrito Federal o el orden público en la entidad.

Es fundamental que el jefe del gobierno, la Contraloría General, la Procuraduría General de Justicia y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal actúen de manera responsable y objetiva para que los hechos sean esclarecidos y se dé certeza jurídica a la población de esa demarcación territorial y del Distrito Federal.

Por lo expuesto, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI acudimos a esta asamblea a proponer los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia y la Contraloría General del Distrito Federal a llevar a cabo –en el ámbito de sus atribuciones– de manera objetiva e imparcial las investigaciones conducentes con relación a probables irregularidades en diversos contratos asignados por el delegado de Iztapalapa en favor de la empresa Amexire. Asimismo, a enviar a esta soberanía un informe pormenorizado de los resultados.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al jefe del gobierno y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a llevar a cabo en el ámbito de sus respectivas atribuciones una investigación integral de la gestión de Jesús Salvador Valencia Guzmán como titular de la delegación Iztapalapa y, en su caso, destituirlo del encargo.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 14 de enero de 2015.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación económica del país, suscrita por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución respecto de la delicada situación económica que vive nuestro país , al tenor de las siguientes

Consideraciones

La actual administración de Enrique Peña Nieto ha demostrado a lo largo de dos años al frente del Ejecutivo federal su ineptitud para conducir México. A finales de 2014 salieron a la luz las pruebas de cómo una imagen respaldada por los medios de comunicación y los poderes fácticos es incapaz de tomar decisiones de Estado, por lo que la inseguridad toca dimensiones alarmantes; los casos de corrupción invaden todas las esferas de la vida nacional; la incapacidad de dialogar en problemas sociales se ha convertido en asunto institucional y la incompetencia extrema en lo que parecía el flanco más fuerte, el económico, se ha generalizado.

La economía ha empezado a ser el gran problema de la administración Peña, teniendo signos alarmantes al inicio de este año. No hay persona externa del Ejecutivo y del grupo en el poder que respalde la errática manera en que se ha conducido. Claro ejemplo de lo anterior es la delicada situación en que se ha puesto a las finanzas públicas por la incapacidad de despetrolizar la economía y fortalecer el mercado interno, al errar significativamente el estimado del precio del barril de petróleo y el tipo de cambio del dólar.

En septiembre del año pasado, la Cámara de Diputados recibió el paquete económico para el año en curso, en cuyas previsiones contemplaba un precio de 82 dólares por barril de petróleo crudo con un tipo de cambio de 13.10 pesos por dólar. Estos cálculos, desde un primer momento, fueron equivocados y tuvieron que someterse a cambios durante el proceso legislativo en ambas Cámaras. Los diputados redujeron el cálculo original de 82 a 81 dólares y los senadores le hicieron un segundo ajuste a 79. Por su parte, el dólar fue ajustado a 13.40 pesos por dólar, siendo que ambos factores fueron totalmente conservadores y en ellos no fue prevista la tendencia global del mercado petrolero.

El pasado 5 de enero, el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares que da el Banco de México, registró un valor de 14.9469, el más alto desde marzo de 2009.1 El 9 de enero pasado, Pemex reportó que la cotización promedio del petróleo nacional alcanzó un valor de 39.70 dólares por barril, el menor precio en casi seis años,2 lo que representa que el petróleo ha perdido cerca del 55 por ciento de su valor y el peso ha sufrido una depreciación de más del 11 por ciento.

Por si fuera poco, en su reciente visita a Washington, Peña confirmó la importación de petróleos ligeros, lo cual es sumamente preocupante y grave debido a que México es un país petrolero, y ahora se convertirá en importador de petróleo ligero, lo cual resulta una aberración energética y un atentado contra la economía nacional, una decisión equivocada de nuestras autoridades y que no debemos aceptarla como sociedad mexicana. Es de destacar que este tipo de petróleo es más productivo que el pesado, por lo que en nuestro país se combinan para producir las gasolinas. En el caso de que se ocupara puro petróleo ligero, la producción de gasolina sería mayor.

El gobierno mexicano ha justificado la importación aduciendo a que requiere 100 mil barriles diarios de petróleo ligero para combinarlo con el pesado y con ellos producir más gasolina, siendo que la solución más adecuada sería dejar de exportar 100 mil barriles diarios, de los 225 mil barriles de petróleo ligero diarios que importó entre enero y noviembre de 2014 y dirigirlos hacia las actividades para las que será utilizado el petróleo que se pretende importar de Estados Unidos.

En esta época en que ha decaído el precio del petróleo comprar petróleo ligero muy caro a Estados Unidos y estar vendiendo petróleo mexicano ligero barato. Tal parece que el fin último de la visita de Peña a la Casa Blanca, la de Estados Unidos, fue negociar la conversión de nuestro país de un Estado exportador de petróleo a uno importador de petróleo triangulado por Estados Unidos.

Resulta ilógico y fuera de todo balance que por un lado nuestro país exporte a Estados Unidos su mejor petróleo, entre ellos parte del “Istmo” y parte del “Olmeca”, que son de los mejores petróleos del mundo, y por el otro lado le compre petróleo ligero a Estados Unidos ¿En qué razonamiento cabe eso y cómo puede admitirse semejante absurdo?

A fin de reducir las alertas sobre el tema, el gobierno federal ha advertido que se contrataron coberturas para cubrir una reducción en el precio del petróleo. Asimismo, ha dicho que se cuenta con el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y, por si fuera poco, la Cámara de Diputados creó un fondo de beneficio para los estados de 11 mil millones de pesos. No obstante, todos estos recursos no logran subsanar la pérdida por la caída de los precios del petróleo. Por si fuera poco, las coberturas se establecieron en un tope de 228 millones de barriles al año de los 398 millones de barriles que se espera exportar en 2015, según los Criterios de Política Económica 2015. Es decir, las coberturas petroleras sólo podrían cubrir el 57 por ciento de los millones de barriles a exportar. Si los precios se mantuvieran en 40 dólares y el tipo de cambio se considera a 13.40 pesos, el volumen no asegurado sería de 170 millones de barriles; y esos 170 millones de barriles no asegurados significan una pérdida de más de 90 mil millones de pesos.

Sumando los recursos del Fondo de estabilización, el fondo de protección a los estados y las coberturas petroleras nos arroja una cifra de alrededor de 60 mil millones de pesos; si la pérdida es de 90 mil y si sigue bajando de muchos más miles de millones de pesos, estamos en un problema de caída de ingresos muy grave.

Este escenario desolador exige la adopción de medidas adecuadas para afrontar la situación. No es posible seguir malbaratando nuestros recursos, a través de estas importaciones, o las contraprestaciones que se pretenden incluir en los contratos a celebrar en la ronda uno que sólo provocarán ampliar el boquete de nuestras finanzas que asciende ya a más de cien mil millones de pesos.

El propio secretario de Hacienda anunció el pasado 8 de enero, durante la presentación del Estudio Económico de México 2015, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que frente a la volatilidad de los mercados, se consideraba reducir el gasto público, a fin de no afectar las finanzas del país. Lo anterior, a través de medidas que mantuvieran la disciplina de la política macroeconómica, en particular la política fiscal.3

En este entorno, nuestra prioridad debe ser mantener la disciplina de la política macroeconómica para asegurar la estabilidad. Específicamente me refiero a la política fiscal, donde la decisión clara del presidente de la República es que cualquier necesidad de ajuste por una disminución de los ingresos, habrá de acomodarse reduciendo el gasto público; es decir, no habrá un incremento en el déficit público, por el contrario, el objetivo este año es reducir el déficit público y, por supuesto, tampoco habrá incrementos en los impuestos.4

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía que se aprueben los presentes como de urgente resolución

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo federal a que, en razón de la situación económica que afronta nuestro país, adopte las medidas de disciplina financiera a que se refiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria e informe a este Congreso de la Unión de las acciones implementadas.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita un informe detallado al secretario de Hacienda y Crédito Público respecto de las acciones que se pretenden tomar para reducir el gasto público a efecto de combatir la reducción de los ingresos petroleros.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al secretario de Energía y al presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos que se suspenda indefinidamente la Ronda Uno y se informe a esta Comisión Permanente sobre los criterios que se han elaborado para la definición de las condiciones económicas de los contratos.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al secretario de Energía que suspenda la exportación e importación de crudo ligero durante el ejercicio fiscal de 2015 y hasta en tanto se tengan proyecciones claras respecto del mercado de hidrocarburos en el futuro.

Notas

1 El 4 de marzo de 2009, el tipo de cambio fix logró un valor de 15.3650 pesos por dólar, en tanto que el 13 de marzo de 2009, la última vez en que estuvo por arriba de 15 pesos por dólar, al cotizarse en 15.11 pesos por dólar.

2 Petróleos Mexicanos, 9 de enero de 2015, http://www.pemex.com/Paginas/default.aspx#.VLBdlyuG-Cl, consultado el 9 de enero de 2015

3 Patiño, Dainzú, “Hacienda contempla reducir gasto público ante volatilidad en mercados” en El Financiero, http://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-planea-reducir-gas to-publico-ante-volatilidad-en-mercados.html, 8 de enero de 2015, consultado el 9 de enero de 2015.

4 Cardoso, Víctor, “Se recortará el gasto antes que subir impuestos, dice Videgaray” en La Jornada, 9 de enero de 2015, http://www.jornada.unam.mx/2015/01/09/economia/022n1eco, consultado el 9 de enero de 2015.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a catorce de enero de dos mil quince.

Senadora Dolores Padierna Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF y al Congreso de Coahuila a solicitar a sus Consejos de la Judicatura y Tribunales Superiores de Justicia información relativa a las inversiones efectuadas por la sociedad Ficrea, SA de CV SFP, suscrita por el diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado José Alberto Rodríguez Calderón, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Ficrea, fue constituida en el año 2006 por el C. Rafael Antonio Olvera Amezcua y dos años después se le autorizó para operar como una Sociedad Financiera Popular, a fin de que prestara servicios financieros de ahorro, inversión y crédito a pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo con la información que se desprendía de la lectura de su página electrónica, Ficrea se autocalificaba como une empresa que tenía como valores principales la honestidad, compromiso, confianza, atención y servicio, presumiendo de ser transparente y sincera en su actuar, así como en el uso y manejo de la información de los recursos materiales y financieros de sus clientes y de la institución.

Nada más lejos de lo anterior. Derivado de las investigaciones realizadas por las autoridades federales, se podido demostrar que Ficrea trianguló fondos realizando conductas fraudulentas que dieron paso a la comisión de diversos ilícitos.

Como consecuencia de lo anterior, el 19 de diciembre del año pasado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocó la autorización de Ficrea para operar como sociedad financiera popular, esto por realizar operaciones fraudulentas que derivaron en una afectación a miles de ahorradores que depositaron su confianza en ella.

Ante estos hechos que afectaron a quienes depositaron sus recursos en Ficrea y que indiscutiblemente reflejan un menoscabo en su economía, la Administración Federal a través de la Procuraduría General de la República, solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra del accionista mayoritario de la empresa, Rafael Antonio Olvera Amezcua, a fin de procesarlo por su probable responsabilidad en hechos de defraudación que podrían superar los 2 mil 700 millones de pesos.

Las acciones ejercidas por el gobierno federal implican también la solicitud realizada a la Interpol para la localización y detención del empresario, a quien se le acusa de desviar recursos para la compra de bienes inmuebles, aeronaves, yates y demás actividades y bienes no relacionados con la misión y visión de Ficrea.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que existe un total de seis mil 366 clientes de Ficrea, de los cuales hasta el 3 de enero del presente año han realizado 2 mil 317 solicitudes de seguro de depósito. Sin embargo, ha salido a relucir que dentro de los ahorradores defraudados se encuentran los Tribunales de Justicia de Coahuila y del Distrito Federal.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, Magistrado Edgar Elías Azar, mencionó que el Tribunal invirtió en Ficrea la cantidad de 120 millones de pesos, recursos que deben esclarecerse en cuanto su procedencia, ya que presumiblemente pueden ser parte del erario público del Distrito Federal.

El propio magistrado Edgar Elías Azar ha indicado que instruyó al Consejo de la Judicatura a abrir una investigación con la contraloría interna del Tribunal para determinar si realmente existía información que hubiera inhibido la inversión en Ficrea y que no se haya tomado en cuenta por los administradores de los 120 millones de pesos y así deslindar responsabilidad interna de los asesores financieros del Tribunal.

Es decir, la coordinación interna del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal es inadecuada o con ausencia de transparencia, porque ellos recibieron diversas demandas mercantiles, civiles y penales en contra de Rafael Olvera Amezcua, por incumplimientos de pagos o apropiaciones indebidas de fondos, lo que evidencia que no era factible invertir en una empresa de la que Olvera Amezcua es socio.

Por ejemplo, en el año 2011, se emitió una orden de aprehensión por parte del Juez 34º Penal del Distrito Federal por el delito de abuso de confianza en contra de Olvera Amezcua, por lo que fue detenido y encarcelado en el Reclusorio Norte. En el año 2012 le otorgó el perdón la parte demandante después de que Olvera Amezcua aceptara pagarle y reconocer ante el juez los malos manejos de su empresa, reparando los daños por los malos procedimientos y administración de la empresa, cuyo monto ascendió a 3 millones de pesos.

En el año 2006, el banco HSBC demandó a Olvera ante el Juzgado Décimo Civil en el expediente 428/2006, proceso que a la fecha sigue en trámite.

De conformidad con lo anterior, resulta difícil de creer que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal desconociera las conductas ilícitas en las que estuvo inmiscuido Olvera Amezcua, pero, sobre todo, que a pesar de ello decidiera invertir millones de pesos en la empresa Ficrea.

Además de esta decisión de inversión, surge la incógnita sobre el origen de los recursos que se destinaron a la Sofipo, debido a que éstos podrían formar parte del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia capitalino, por lo que podríamos estar hablando de dinero público y no de cantidades pertenecientes a entes privados.

Si bien es cierto el Tribunal de Justicia del Distrito Federal ha dado a conocer a través de su Presidente las acciones emprendidas para recuperar los recursos posiblemente defraudados por Ficrea, resulta menester que tanto la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como ésta soberanía conozcan de manera puntual sobre las acciones que se han emprendido tras conocerse las irregularidades cometidas por la sociedad financiera popular, esto en virtud de que podrían estar en juego los recursos aportados por los contribuyentes de la capital del país y de que la vigilancia de las entidades de ahorro constituye una facultad exclusiva de la Federación.

Aunado a lo anterior, ahora también se sabe que el Poder Judicial del estado de Coahuila de Zaragoza invirtió recursos de su Fondo de Mejoramiento para la Administración de Justicia en Ficrea.

A pesar de que el órgano judicial de Coahuila emprendió acciones para recuperar los cerca de 90 millones de pesos invertidos, lo cierto es que al igual que en el caso del Distrito Federal, también se hace necesario contar con información que nos permita saber las razones por las que se decidió invertir esas cantidades y las acciones que se han ejercido para recuperarlas, por lo que también se hace extensivo el presente exhorto a las autoridades de la referida entidad federativa.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que soliciten a los Consejos de la Judicatura y a los Tribunales Superiores de Justicia de dichas entidades federativas, información relativa a las inversiones efectuadas en la sociedad denominada Ficrea, SA de CV SFP, y la remitan a esta soberanía.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de enero de 2015.

Diputado José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la CNDH a investigar las violaciones cometidas contra el ciudadano hondureño Ángel Amílcar Colón Quevedo, suscrita por los diputados Roxana Luna Porquillo y Ricardo Mejía Berdeja, de los Grupos Parlamentarios del PRD y de Movimiento Ciudadano, respectivamente

Quienes suscriben, Roxana Luna Porquillo y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano, respectivamente, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ángel Amílcar Colón Quevedo, hondureño de 38 años y perteneciente a la etnia garífuna de origen africana, en 2009 salió de su país para emprender un viaje a Estados Unidos por el que pasó por México donde, lamentablemente, fue víctima de tortura por militares, policías federales y policías estatales.

Después que su hijo mayor fuera diagnosticado de una grave enfermedad, Ángel Amílcar decidió abandonar Honduras para llegar a Estados Unidos y así enviar dinero a su familia para poder cubrir los gastos médicos que necesitaban realizar. Sin embargo, durante su viaje sufrió varios abusos y el 9 de marzo de 2009, tras unos meses de haber ingresado en México, en un operativo policiaco-militar en Tijuana, Baja California, mientras se encontraba en un domicilio a la espera de un coyote que lo pasara al otro lado de la frontera, fue detenido de manera arbitraria y con violencia.

Amílcar fue acusado de delincuencia organizada, acopio de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud; fue torturado por militares, policías estatales y federales para que firmara una declaración auto-incriminatoria. Llegó a estar arraigado en un cuartel militar y luego en un hotel en Tijuana hasta ser trasladado al penal, sin que tomaran en cuenta su declaración preparatoria en la que informó al juez segundo de procesos penales de Tepic que había sido obligado a firmar documentos bajo amenazas y torturas.

Aunado a lo descrito, el Consulado de Honduras fue notificado de la detención de su conciudadano cuando ya estaba arraigado, violando su derecho al debido proceso.

Durante cinco años, seis meses y siete días, Ángel Amílcar permaneció recluido en el centro federal de readaptación social número 4 en Tepic, sin más pruebas en su contra que la declaración hecha bajo tortura y el parte informativo de los policías y militares que lo golpearon durante y después de su detención.

Ante esta situación, Amnistía Internacional México (AI), organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, declaró a Ángel Amílcar preso de conciencia por considerar que fue encarcelado por motivos de discriminación en razón del color de su piel. De igual forma, la organización declaró que su caso representa la práctica sistemática de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes a la que agentes policiacos y elementos de las fuerzas armadas recurren a menudo con el objetivo de obtener declaraciones y así sustentar sus acusaciones.

AI emprendió con el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez una serie de acciones que lograron un eco más grande en sociedad civil que llegó a impactar al poder legislativo, el cual también se unió a las exigencias de justicia y libertad para Ángel Amílcar.

El 15 de octubre de 2014, la Procuraduría General de la República presentó conclusiones no acusatorias en favor de Ángel reconociendo que no se encontraba acreditada su responsabilidad penal en los delitos por los cuales había sido acusado.

Amílcar logró su libertad ese día pero no justicia para su caso. El 9 de noviembre de 2014 regresó a su país, donde fue recibido por diversas instancias del gobierno hondureño como el comisionado nacional de los Derechos Humanos y el secretario de Derechos Humanos, Gobernación, Justicia y Descentralización. “Ángel, solicitó formalmente a esta última dependencia el apoyo con medidas de acompañamiento para facilitar su retorno a Honduras, entre las que destacan el apoyo para iniciar un proyecto productivo y para continuar con su proceso de rehabilitación física y psicológica” (http://www.centroprodh.org.mx/index.php?option=com_content&view=ar ticle&id=1422%3Agobierno-hondureno-no-genera-condiciones-adecuadas- de-retorno-para-angel-amilcar&catid=209%3Afront-rokstories&lang =es), la instancia no sólo asumió el compromiso sino que hizo pública a través de medios de comunicación la reunión y el acuerdo pactado.

Sin embargo, Ángel no ha recibido respuesta alguna de su solicitud a pesar de haberse puesto en contacto en varias ocasiones con funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos. Actualmente, Ángel no cuenta con las condiciones adecuadas de subsistencia. Por esa razón, organizaciones de la sociedad civil han solicitado al gobierno de Honduras, encabezado por Juan Orlando Hernández, para que a través de los mecanismos institucionales correspondientes dé con la mayor brevedad una respuesta positiva a la petición de Ángel.

De igual forma, las organizaciones pidieron al gobierno mexicano que además de investigar las denuncias de tortura y garantizar que Ángel Amílcar reciba una reparación integral por las violaciones a sus derechos humanos, revise el enfoque que aplica a los exámenes médico forenses de presuntas víctimas de tortura a fin de armonizarlos con las normas internacionales establecidas en el Protocolo de Estambul.

El caso de Ángel Amílcar Colón Quevedo, por las condiciones de persona migrante y origen étnico resulta un caso paradigmático de la criminalización y la tortura que se realizan en México, ejemplo de las sistemáticas violaciones a derechos humanos que las personas migrantes enfrentan en este país.

Por lo expuesto presentamos con carácter de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Relaciones Exteriores a colaborar en el ámbito de sus atribuciones con el gobierno de Honduras para atender la solicitud de implantación de las medidas necesarias a efecto de asegurar el retorno y la plena reintegración de Ángel Amílcar Colón Quevedo.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar las violaciones de derechos humanos cometidas contra Ángel Amílcar Colón Quevedo y a emitir las recomendaciones correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 14 de enero de 2015.

Diputados: Roxana Luna Porquillo, Ricardo Mejía Berdeja (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJE de Querétaro a investigar y proceder conforme a derecho por el probable cobro de dádivas y comisiones para adjudicar contratos por el alcalde de El Marqués, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República; y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Querétaro, para que en el ámbito de sus atribuciones realice las investigaciones que conforme a derecho procedan en relación al probable cobro de dádivas y comisiones en la adjudicación de contratos por parte de Enrique Vega Carriles, alcalde del municipio El Marqués, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Para hablar de buen gobierno es indispensable que, por un lado, la administración pública brinde un trato digno y respetuoso hacia la ciudadanía, y por el otro lado, que los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno se conduzcan bajo los principios de integridad, honestidad, transparencia, capacidad y liderazgo, todo en función del combate a la corrupción.

En el caso de las autoridades municipales, al ser el primer vínculo que el ciudadano tiene con las autoridades, resulta doblemente importante garantizar el absoluto cumplimiento de dichos principios. Bajo este contexto, ante conductas que transgredan estos ejes, de inmediato deben ser investigadas por las autoridades competentes de acuerdo al caso concreto.

En contravención a los principios que hemos señalado y en perjuicio del erario y la población del municipio de El Marqués, Querétaro, el 5 de enero de 2015 se hizo del dominio público un video en el cual queda de manifiesto que Enrique Vega Carriles, alcalde de dicha demarcación lleva a cabo el denominado “cobro de moches” y que además castiga a los proveedores que se niegan a pagar los sobornos exigidos a cambio de contratos con la jurisdicción.

De acuerdo con información de medios de comunicación, el video que se encuentra bajo el resguardo del periódico Reforma revela cómo el secretario de Administración, Noé Miguel Marín Noriega, le indica a un proveedor que fue congelado por no acatar las “disposiciones”, y le exige un pago de 50 mil pesos por dos contratos recibidos.

Asimismo, en la grabación se observa cómo el propio funcionario municipal asegura que tiene que entregarle el dinero al presidente municipal.

Si bien es cierto que los hechos observados, por sí mismos son materia de investigaciones penales, no es suficiente que se sancionen de manera autónoma, por el contario, deben ser materia de una investigación exhaustiva e integral, a fin de determinar si se trata de una práctica sistemática y en su caso, se impongan las penas y medidas que conforme a derecho procedan.

Por lo anterior es necesario que las autoridades locales instrumenten las averiguaciones que conforme a derecho procedan, con el objetivo de esclarecer los hechos. Sobre el particular, los legisladores del PRI estamos convencidos de que este asunto debe ser atendido de manera responsable, objetiva y transparente.

En el PRI, consideramos que no podemos permitir que estas prácticas indebidas se conviertan en conductas comunes por parte de nuestras autoridades, por lo que hacemos público nuestro rechazo y exigimos a las autoridades que conozcan del asunto que se realicen las investigaciones necesarias para castigar conforme a derecho a los responsables.

Por lo expuesto, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI acudimos a esta asamblea a proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Querétaro para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones que conforme a derecho procedan en relación con el probable cobro de dádivas y comisiones en la adjudicación de contratos por parte de Enrique Vega Carriles, alcalde del municipio El Marqués.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 14 de enero de 2015.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a suscribir el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) son un conjunto de derechos humanos que están vinculados a la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y estrechamente relacionados con la dignidad humana, a pesar de que por mucho tiempo se consideraron en una categoría inferior a aquella con que son reconocidos los derechos civiles y políticos. Así pues, los DESC se refieren a aspectos como el derecho al trabajo y seguridad social, la alimentación, la salud, la vivienda, el agua, la educación y la cultura.

Desafortunadamente, alrededor del mundo, millones de personas viven a diario violaciones graves a sus derechos económicos, sociales y culturales, toda vez que en la mayoría de los países éstos derechos no se encuentran vigentes en su legislación, lo que coloca a estas personas en condiciones que nos les permiten acceder a un recurso efectivo que las proteja contra actos que conculquen sus derechos fundamentales.

Consciente de ello, en 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). El pacto obliga a las partes a reconocer y aplicar progresivamente los Derechos económicos, sociales y culturales, incluidos los derechos laborales, a la salud, a la educación y a un nivel de vida adecuado, pero no incluye ningún mecanismo por el cual estas obligaciones puedan ser legalmente exigidas.

Por ello y después de 40 años de la entrada en vigor del PIDESC, en 2006 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dio al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales la tarea de negociar formalmente un protocolo en el que se establecieran mecanismos de denuncia e investigación para el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Las negociaciones se concluyeron en abril de 2008, y el protocolo facultativo resultante fue adoptado formalmente por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de ese año, abriéndose para su ratificación el 24 de septiembre de 2009.

La entrada en vigor del protocolo facultativo permitirá a las personas que sufran violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales, y que no cuenten con un recurso que las proteja ante tal violación, solicitar protección en el Sistema Universal de Naciones Unidas.

Así, el protocolo facultativo fue diseñado con dos grandes objetivos: en primera instancia el ayudar a mejorar y promover la creación de mecanismos de queja nacionales, generando así oportunidades para que las personas puedan exigir sus derechos en sus países; y en segundo término, motivar a los Estados a cumplir plenamente las obligaciones impuestas por el pacto, las cuales derivan de los derechos fundamentales.

Dicho protocolo adquiere mayor relevancia derivado de los recortes que en políticas sociales han aplicado los gobiernos de todo el mundo, amenazando de manera grave el ejercicio pleno de los derechos humanos a la salud, la educación, el trabajo y la vivienda, por citar algunos.

En el protocolo se establecen, para su operación, tres tipos de procedimientos:1

1. El de comunicaciones permite a cualquier persona que esté bajo la jurisdicción de un Estado parte y alegue ser víctima de una violación, denunciar este estado por la vulneración de cualquiera de los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el pacto.

2. El de comunicaciones entre Estados posibilita que un Estado parte pueda denunciar a otro por considerar que no cumple las obligaciones dimanantes del pacto.

3. El de investigación, de carácter confidencial, permite al comité investigar sobre presuntas violaciones continuadas y graves de los DESC en el territorio de cualquier Estado signatario, basándose en fuentes fidedignas y siempre con el consentimiento del Estado.

Así las cosas, por la naturaleza del protocolo, la firma de este resulta fundamental para combatir el rezago social existente de manera globalizada, pues genera mecanismos con los que las personas pueden interponer quejas ante el comité de la ONU en caso de que el Estado no cumpla su obligación de mejorar la situación económica, cultural y social del quejoso.

Como se ha referido, la importancia del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Protocolo Facultativo del Pacto consiste en el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, así como en generar mecanismos que hagan efectivo el acceso a ellos.

En el caso de nuestro país, algunos de estos derechos se encuentran incorporados de forma expresa en la Constitución, mientras que de algunos otros la observancia y exigibilidad se desprenden de tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado y ratificado, como es el caso del propio Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento que cabe señalar, fue firmado y ratificado por el Estado mexicano desde 1981.

No obstante lo anterior, y a pesar de haber firmado y ratificado el pacto, es preocupante que un país como México no forme parte de tan importante esfuerzo por combatir de manera decidida, frontal y contundente la pobreza y el hambre de sus ciudadanos, sobre todo cuando en enero de 2013 el presidente Enrique Peña Nieto anunció la implantación del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, la cual tiene como objetivo general llegar a “cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación” y “eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez”.

Cabe recordar que cuando el presidente Enrique Peña Nieto anunció la estrategia apuntó: “Hay que decirlo de manera subrayada: no es una medida asistencialista, no se trata sólo de repartir alimentos entre quienes carecen de él. Es una estrategia integral de inclusión y bienestar social. Es un cambio estructural en materia de combate de la pobreza”.

Sin embargo, rehusarse a suscribir el protocolo hace que estas palabras suenen huecas y que la estrategia en su conjunto devenga únicamente en un programa populista, electorero y meramente asistencialista, sobre todo si tomamos en consideración que datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estiman que hay 52 millones de personas en pobreza multidimensional, es decir, 46.2 por ciento de la en México.2

Incidencia, número de personas y carencias promedio en los indicadores de pobreza 3

Al respecto, Arturo Ávila Salazar, encargado del departamento de Comunicación y Proyectos Tecnológicos de Amnistía Internacional (AI), capítulo México, considera que la negativa del gobierno mexicano a suscribir este protocolo es preocupante, pues “si bien el gobierno federal ha reiterado numerosas veces su compromiso para erradicar la pobreza, hasta el momento se ha negado a firmar este tratado, lo cual podría poner en entredicho la credibilidad de este compromiso. El protocolo no va a solucionar por sí mismo el problema de la pobreza en México, pero es un paso necesario para el empoderamiento de quienes viven así y una muestra del compromiso del Estado mexicano con sus habitantes y con la comunidad internacional para garantizar una vida digna a todas las personas”.4

La situación de pobreza en que se encuentra México es realmente preocupante, día a día hay más carencias, mas hambre y menos oportunidades de desarrollo, mientras que por el contrario aumenta el desempleo, la delincuencia y la violencia, de ahí que sea tan oportuno el momento para que México suscriba este instrumento y forme parte de esta comunidad de Estados dispuestos a erradicar de manera definitiva, no sólo el hambre en sus países, sino que además reconoce y pondera los derechos humanos en su conjunto.

Consecuentemente y en virtud de lo expuesto, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a suscribir con la mayor brevedad el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Notas

1 http://www2.ohchr.org/spanish/law/docs/A.RES.63.117_sp.pdf

2 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/esta disticas/2013/justicia0.pdf

3 Inegi, MCS-ENIGH 2010, con base en la metodología del Coneval sobre el cálculo multidimensional de la pobreza en México 2010.

4 http://www.jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=130507_044123_1

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2015.

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conagua a implantar un programa de protección del ecosistema El Manantial, de Tizayuca, Hidalgo, suscrita por el diputado Francisco González Vargas, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Francisco González Vargas, diputado a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 122, numeral 1, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La presa “El Manantial”, construida por el Gobierno Federal hace más de 45 años en el municipio de Tizayuca, Estado de Hidalgo, se encuentra prácticamente abandonada por las autoridades encargadas del cuidado del medio ambiente y de regular y controlar el manejo de las aguas residuales.

La presa “El Manantial” se encuentra en una de las zonas de mayor afectación en lo relativo a la sobreexplotación de los mantos acuíferos en dicha entidad federativa. “El Manantial” tiene una capacidad de almacenamiento de alrededor de 4 millones de metros cúbicos de agua; sin embargo, la belleza y atractivo que tenía este cuerpo de agua, con actividades tales como la acuacultura, la pesca deportiva y la recreación, se han venido extinguiendo debido a la alta contaminación de la presa, producida por la indiscriminada disposición final de aguas residuales contaminadas provenientes de diversas empresas e industrias usuarias del recurso hídrico, quienes las descargan en los causes de los ríos y demás escurrimientos tributarios de la presa, o directamente en ella, sin el debido tratamiento previo que permita devolver al vital líquido la calidad mínima exigida por las normas oficiales mexicanas o normas mexicanas, en la materia.

En noviembre de 2004, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó un Punto de Acuerdo por el que se exhortó al Gobernador del Estado de Hidalgo, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, tomaran las medidas correspondientes para la prevención y control de la contaminación e iniciaran los trabajos de evaluación sobre el impacto ambiental y la promoción del rescate de la presa “El Manantial”; desafortunadamente, el problema de la contaminación no sólo subsiste, sino que se agrava paulatinamente, ante la ausencia de las acciones pertinentes para tal efecto.

La problemática que presenta la presa “El Manantial”, requiere de la intervención de las autoridades competentes, aplicando y exigiendo la observancia de la ley por los gobernados, sean personas físicas o morales, así como de las instancias gubernamentales correspondientes; que con sus actividades transgreden las normativas del país en la materia, produciendo daños y perjuicios de carácter público o privado.

Es lamentable que un espacio natural tan importante en esa localidad, carezca de utilidad alguna debido a la contaminación y a la falta de un plan rector que haga posible su preservación natural.

Habitantes de las poblaciones localizadas en el área, han señalado a las diversas empresas e industrias, particularmente las constructoras, consideradas como las principales fuentes de contaminación del Río “El Papalote” y de otros escurrimientos afluentes del vaso de “El Manantial”. Se han pronunciado por la realización de los estudios necesarios para determinar la responsabilidad en que incurren los diversos actores sociales y económicos, y la aplicación de las sanciones legales procedentes.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en su apartado VI. Objetivos, estrategias y líneas de acción, Sección VI.4. México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.

Por su parte, en las diversas estrategias y líneas de acción que integra el capítulo VI.4 señalado en el párrafo anterior, se establece: “Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono; impulsar la planeación integral del territorio, considerando el ordenamiento ecológico y el ordenamiento territorial para lograr un desarrollo regional y urbano sustentable; así como ampliar la cobertura de infraestructura y programas ambientales que protejan la salud pública y garanticen la conservación de los ecosistemas y recursos naturales.

El artículo 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para, entre otros:

- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar;

- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;

- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas;

- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles con la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad en la preservación de los ecosistemas, y

- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

Asimismo, los artículos 78 y 78 Bis de la Ley en comento, establecen que “En aquellas áreas que presenten procesos de degradación o desertificación, o graves desequilibrios ecológicos, la Secretaría deberá formular y ejecutar programas de restauración ecológica, con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ella se desarrollaban.”.

Expresan también, que “en aquéllos casos en que se estén produciendo procesos acelerados de desertificación o degradación que impliquen la pérdida de recursos de muy difícil regeneración, recuperación o restablecimiento, o afectaciones irreversibles a los ecosistemas o sus elementos, la Secretaría, promoverá ante el Ejecutivo Federal la expedición de declaratorias para el establecimiento de zonas de restauración ecológica. Para tal efecto, elaborará previamente, los estudios que las justifiquen.”

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, dispone también, entre otras, la preservación de los ecosistemas y ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, así como sus funciones, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos; salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que dependen la continuidad evolutiva, así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional.

En particular, prevé la preservación de las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial; asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, sus elementos y sus funciones.

Por otra parte, la Ley de Aguas Nacionales, establece en su artículo 1o.: “La presente Ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.

En base a las consideraciones de hecho y de derecho, señaladas en el párrafo anterior, hago del conocimiento de esta Soberanía los siguientes

Antecedentes

En el municipio de Tizayuca, estado de Hidalgo, debido a sus características de medio físico, los cuerpos de agua son escasos, por lo que cuenta con muy poca vegetación y la existente está en peligro de extinción debido al crecimiento y expansión urbana industrial en la región, integrada a la zona metropolitana del valle de México.

Ante tal circunstancia, las autoridades municipales y diversas organizaciones de la sociedad civil, han conjuntado esfuerzos para rescatar, proteger y preservar el entorno ecológico de la presa “El Manantial” para beneficio de la comunidad y de los visitantes que acuden a ella.

La protección de esta área natural, permitiría contar con diversos servicios ambientales para los habitantes de la región, así como proveer un espacio de conservación con flora y fauna silvestre endémica de la región.

Cabe destacar que este espacio se constituye como lugar de descanso y reproducción de aves migratorias.

La presa “El Manantial” se ubica en la zona noreste del territorio municipal, es considerada el cuerpo de agua más importante, este vaso constituye una parte significativa dentro del municipio. Tizayuca no posee cobertura vegetal significativa y la mayor parte de su superficie está destinada a actividades humanas productivas, modificando desfavorablemente el medio físico, con las alteraciones que esto representa y el acrecentamiento de los riesgos de desastres como el de inundaciones.

La situación en la que actualmente se encuentra la presa, es preocupante; por una parte, recibe descargas de las aguas residuales de los usos doméstico urbano e industrial que contribuyen en gran medida a incrementar los índices de contaminación del cuerpo de agua “El Manantial”; por consiguiente, en el estado en que se encuentra, este vaso constituye además un problema de salud pública y un conflicto de intereses por la falta de ordenamiento en el uso del terreno adyacente.

En mérito de lo anterior expuesto y fundado, elevo a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a su órgano desconcentrado, Comisión Nacional del Agua, para que de forma coordinada realicen los estudios técnicos, económicos y sociales, en el ámbito de sus respectivas competencias, que permitan establecer un programa rector de acciones públicas, privadas y sociales, para la protección del ecosistema denominado “El Manantial”, ubicado en el municipio de Tizayuca, Hidalgo.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realizar las acciones procedentes para declarar santuario de aves migratorias la presa “El Manantial”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de enero de 2014.

Diputado Francisco González Vargas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Guerrero a investigar sobre el asesinato de los sacerdotes Gregorio López Gorstieta, Johm Ssenyondo y José Ascención Acuña Osorio, suscrita por los diputados Roxana Luna Porquillo, Carlos de Jesús Alejandro y Víctor Reymundo Nájera Medina, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, Roxana Luna Porquillo, Carlos de Jesús Alejandro y Víctor Reymundo Nájera Medina, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La madrugada del pasado 22 de diciembre de 2014 el sacerdote Gregorio López Gorostieta fue secuestrado por personas armadas que ingresaron al seminario de Ciudad Altamirano en Guerrero, en la región de Tierra Caliente, lugar en el que se encontraba para oficiar varias misas y participar en una ceremonia navideña.

De acuerdo a información proporcionada por las autoridades del municipio de Tlapehuala, también en Guerrero, el cuerpo del sacerdote fue encontrado el jueves 25 de diciembre, con un impacto de bala en la cabeza y huellas de tortura, en la carretera Iguala-Ciudad Altamirano a la altura del monumento al general Lázaro Cárdenas, en el poblado de colonia Juárez de Tlapehuala.

El sacerdote era originario de Nanchititla, estado de México, se ordenó en Altamirano y fue profesor del seminario católico en la misma ciudad. Los motivos de su secuestro y asesinato aún no son aclarados pero algunos medios de comunicación han mencionado que fue secuestrado tras acusar al cártel de los Guerreros Unidos del secuestro y supuesta muerte de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

El 29 de diciembre, el fiscal de Guerrero, Miguel Ángel Godínez, informó que el cura Gregorio murió por asfixia y no por arma de fuego, luego de que un perito médico le practicase la necropsia al cuerpo del sacerdote.

Aunado al lamentable suceso y a la gran pérdida para la comunidad católica y guerrerense, este crimen resulta alarmante al haberse cometido después de que el 3 de diciembre del año pasado el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong firmara el convenio de implementación del mando único y anunciara el arranque del plan especial de seguridad para la región de Tierra Caliente que abarca 36 municipios de Guerrero, Michoacán, estado de México y Morelos, en el que dio inicio un despliegue de las fuerzas federales en esta zona con el supuesto objetivo de garantizar la seguridad de la población y acabar con la delincuencia en esa área.

Durante la firma, el secretario de Gobernación estuvo acompañado por los gobernadores de Guerrero, Rogelio Ortega; Michoacán, Salvador Jara; Morelos, Graco Ramírez, y del estado de México, Eruviel Ávila; además de los secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos; de Marina, Vidal Francisco Soberón, y el procurador, Jesús Murillo Karam, en donde se hicieron diferentes acuerdos y compromisos para poner fin a la inseguridad que se vive en la región.

A pesar del fuerte operativo emprendido por el gobierno federal coadyuvado con los gobiernos estatales, el padre Gregorio fue secuestrado y asesinado. Hasta hoy no se ha aprehendido a ningún autor o ejecutor del crimen que tiene de luto a la ciudadanía guerrerense.

De igual forma no podemos olvidar que el padre Gregorio López es el tercer sacerdote asesinado este año en el estado de Guerrero. El 30 de abril de 2014, el padre John Ssenyondo de origen ugandés, fue raptado por personas armadas cuando salía de oficiar una misa en Santa Cruz, municipio de Chilapa, para dirigirse a la iglesia del poblado de Nejapa, donde estaba asignado desde hace cinco años. El 14 de noviembre del mismo año, expertos forenses identificaron el cadáver del sacerdote católico ugandés entre los restos humanos encontrados en una fosa común en Zitlala, municipio vecino de Chilapa. El 21 de septiembre de 2014, el sacerdote José Ascensión Acuña Osorio párroco de San Miguel Totolapan fue “levantado” y su cuerpo apareció dos días después en el río Balsas, cerca del pueblo de Santa Cruz de Las Tinajas, municipio de San Miguel.

Ante esta situación, el Papa Francisco, expresó sus condolencias por la muerte del sacerdote Gregorio López Gorostieta, a través de un telegrama firmado en su nombre por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y dirigido al obispo Maximino Martínez, de la diócesis de Ciudad Altamirano.

“Profundamente apenado al recibir la triste noticia del asesinato del padre Gregorio López Gorostieta, el Santo Padre expresa su más sentido pésame a vuestra excelencia, así como al clero, comunidades religiosas y fieles de esa amada diócesis”, estas fueron las palabras del mensaje de Parolin y añadió que además de reprobar todo atentado a la vida y dignidad de las personas, el Papa Francisco exhortaba a los sacerdotes y demás evangelizadores de la diócesis a proseguir su misión pese a las dificultades, reconociendo de esta manera la inseguridad que se vive en el estado.

Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano en un comunicado exigió a las autoridades el cese a la violencia y el esclarecimiento del asesinato del sacerdote originario de Nanchititla, y de los demás crímenes que han provocado dolor en tantos hogares de nuestra patria, así como castigo conforme a derecho a los culpables.

Quienes suscribimos este documento, nos sumamos a las exigencias de justicia y a los reclamos contra la violencia y la impunidad que tienen agotada a la ciudadanía guerrerense y a todo México.

Por lo expuesto, y en atención a nuestras obligaciones como servidora y servidores públicos, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General del estado de Guerrero a agilizar y a realizar conforme a derecho la investigación sobre el asesinato de los sacerdotes Gregorio López Gorostieta, John Ssenyondo y José Ascensión Acuña Osorio.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 14 de enero de 2015.

Diputados: Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Víctor Nájera Medina y Carlos de Jesús Alejandro.

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al Congreso de San Luis Potosí y a la PGR que se audite la Cuenta Pública de Soledad de Graciano Sánchez y se remita a esta soberanía información sobre las investigaciones que se realizan respecto al ex alcalde, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República; y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 2 de enero de 2015 José Ricardo Gallardo Cardona, militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó licencia de su encargo como presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí.

El 6 de enero del año en curso el titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) informó el cumplimiento de la orden de aprehensión dictada por el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Hermosillo, Sonora, en contra de José Ricardo Gallardo Cardona, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Lo anterior fue a partir de la denuncia formulada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, después de que ésta detectará operaciones en el sistema financiero nacional por montos inusuales en transferencias bancarias y en efectivo, presumiblemente con origen ilícito, mismas que eran trianguladas para esconder su origen y destino.

Sobre el particular, la Procuraduría General de la República ha señalado que se llegó a la determinación de ejercer acción penal debido a que se detectó que desde las cuentas del municipio de Soledad de Graciano Sánchez se realizaban pagos por el concepto de servicios médicos a las cuentas de la Clínica de Especialidades Wong, SA de CV, y a su vez, de éstas los recursos se transferían a cuentas relacionadas con José Gallardo Rincón Cardona.

Para dimensionar la gravedad de los hechos y la importancia de que éstos sean investigados a fondo y desde todas sus aristas, la propia Procuraduría General de la República ha dado a conocer que de octubre de 2012 a agosto de 2014 se detectaron transferencias ilegales desde el municipio por un monto superior a los 200 millones de pesos, lo anterior a través de diversas actividades comerciales como la distribución de carne, sector inmobiliario, rubro automotriz, autotransporte, servicios, eventos sociales e incluso una gasolinera.

Aunado a lo anterior, de acuerdo con medios de comunicación e información oficial, el alcalde con licencia es accionista de empresas que residen en Estados Unidos, las cuales están siendo investigadas para determinar si también recibían dinero público. Asimismo, entre los bienes que integran su patrimonio se encuentran inmuebles con un valor de 32 millones 963 mil 500 pesos, relojes por un millón de pesos, joyas por 300 mil, automóviles de colección por dos millones e incluso un violín valuado en 5 millones pesos.

La importancia de estas acciones estriba en que con ellas se coadyuva a la transparencia y rendición de cuentas, situación crucial para todo régimen democrático. En síntesis, resulta fundamental que las investigaciones no se circunscriban únicamente a lo concerniente a las transacciones irregulares, sino que en complemento se lleve a cabo una investigación integral del ejercicio, uso y destino de los recursos públicos durante la gestión del exalcalde Ricardo Gallardo Cardona.

Por ello es fundamental que la Auditoría Superior del Estado, órgano que tiene a su cargo la función de fiscalización superior de las finanzas públicas en San Luis Potosí, compruebe el cumplimento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, adquisiciones, obra pública, servicios, arrendamiento, conservación, uso, destino y enajenación de muebles e inmuebles y demás activos y recursos del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Lo anterior con la finalidad de investigar si se presentaron actos u omisiones de otros servidores públicos, los cuales pudieran constituir responsabilidades administrativas o penales que atentan contra el patrimonio del municipio y, en su caso, se apliquen las sanciones que conforme a las leyes correspondan y se presenten las denuncias ante las autoridades competentes.

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí es la dependencia encargada de llevar a cabo el desarrollo e implementación de las acciones tendientes al control y vigilancia de los procedimientos que permiten garantizar la correcta implementación y ejercicio de los recursos públicos, de ahí lo valiosa que es su correcta intervención, la cual de ser necesaria, deberá ser en complemento o coordinación con las demás instancias que de acuerdo a la naturaleza de los hechos tengan jurisdicción en los mismos.

Por lo expuesto, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI acudimos a esta asamblea a proponer los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Congreso de San Luis Potosí solicite a la Auditoría Superior del Estado, lleve a cabo una auditoría integral de la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, durante el periodo de gobierno de Ricardo Gallardo Cardona y, en su caso, se impongan las sanciones resultantes de los daños y perjuicios causados a la hacienda pública municipal.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República envíe un informe pormenorizado a esta soberanía sobre las investigaciones por la probable comisión de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de José Ricardo Gallardo Cardona, alcalde con licencia de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2015.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y a la SEP a disponer con los Servicios de Salud de las entidades federativas una campaña de personal odontológico en las escuelas de nivel básico y medio superior que contribuya a la formación de un hábito del cuidado bucal, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: con base en las siguientes

Consideraciones

Las enfermedades dentales son un problema de salud pública al que no se le ha otorgado la importancia debida, dichas enfermedades bucales de mayor prevalencia, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, son la caries dental y la enfermedad periodontal; las de frecuencia media son las anomalías cráneo-facio-dentales y maloclusiones; las de frecuencia variable son el cáncer oral, las alteraciones de tejidos dentales, los traumatismos maxilofaciales y la fluorosis dental.

En México, de acuerdo con la clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud, se encuentra entre los países de alto rango de frecuencia en enfermedades bucales, dentro de ellas la caries dental, que afecta a más del 90% de la población mexicana.

Las enfermedades bucales por su alta morbilidad se encuentran entre las cinco de mayor demanda de atención en los servicios de salud del país, situación que condiciona el incremento en el ausentismo escolar y laboral, así como la necesidad de grandes gastos económicos que rebasan la capacidad del sistema de salud y de la misma población.

Como consecuencia de lo anterior, la sociedad mexicana y sus instituciones carecen de la capacidad económica para resolver las necesidades de atención odontológica de la población. Sin embargo, es importante señalar que la mayoría de las enfermedades bucales pueden ser controladas con actividades preventivas y de diagnóstico temprano, para una disminución significativa de sus secuelas incapacitantes, como ha sido demostrado científicamente.

Datos de Asociación Dental Mexicana (ADM) en México señalan que:

• 85% de la población padecen caries.

• 90% de la población padece gingivitis ,

• En promedio, se consume sólo tres pastas de dientes y un cepillo dental. Promedio muy por debajo de países como Estados Unidos, Argentina o Brasil.

• De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 9 de cada 10 mexicanos padecen caries o enfermedad de las encías (periodontal).

• Se estima que en México 70% de menores de 18 años y 5 de cada 10 niños mayores de 3 años presentan afecciones odontológicas,

• Mientras que 8 de cada 10 adultos mayores de 60 años sólo tienen 10 piezas dentales.

• El doctor Heriberto Vera Hermosillo, director del Programa Nacional de Salud Bucal que coordina la Secretaría de Salud de México asegura que todos los mexicanos han sufrido caries o alguna lesión en la boca desde edad temprana.

• Agrega que el problema aumenta con la edad, pues a los 12 años se tienen, en promedio, dos piezas dañadas; los adultos de 44 años poseen 15, y los de 65 años, 17 de un total de 32 que integran la dentición definitiva (incluyendo los terceros molares o “muelas del juicio”).

Por esta razón, es indispensable unificar y establecer los criterios de atención a la salud bucal, con énfasis en la prevención, en los sectores público, social y privado.

La normatividad de la prevención para la práctica odontológica, pública, social y privada en el ámbito nacional, ha sido la estrategia de acción más efectiva para mejorar el estado actual de salud bucal de la población mexicana. Estas acciones tienen como propósito general reforzar las medidas básicas más importantes como la higiene bucal, la alimentación adecuada y la eliminación de hábitos nocivos, como parte del mejoramiento de los estilos de vida y de los patrones de consumo.

Con la aplicación de la Norma Oficial Mexicana de Prevención y Control de Enfermedades Bucales, se optimiza los servicios odontológicos del país, elevar la calidad y equidad de los mismos con énfasis en la prevención, la disminución de costos y la reducción, en la mayor medida posible, de los problemas derivados de la mala práctica; todo esto, con el propósito de mejorar el nivel de salud bucal de la población mexicana, y de crear una nueva cultura: La Cultura de la Salud.

La salud bucal de los individuos y de la población es la resultante de un complejo y dinámico juego de factores, conocido como el proceso salud-enfermedad; por lo tanto el modelo de atención para las enfermedades bucales deberá estar basado en el reconocimiento de éste y en el manejo de la prevención para la correcta conservación de las estructuras y funcionamiento del aparato estomatognático que permitan, en el mediano y largo plazo, disminuir el nivel de incidencia y prevalencia de las enfermedades bucales más frecuentes en la población mexicana.

Sin embargo, la política de atención y prevención bucal en los últimos 20 años ha originado solo dos Normas Oficiales la NOM-013-SSA2-1994 y la NOM-013-SSA2-2006, por lo que ha nueve años de la última declaratoria de política pública se vuelve necesario actualizar los métodos, técnicas y criterios de operación del Sistema Nacional de Salud, con base en los niveles de prevención, control y vigilancia epidemiológica de las enfermedades bucales de mayor frecuencia en la población de los Estados Unidos Mexicanos en la actualidad.

En ese contexto, se debe exhortar a las Secretarías de Salud y de Educación Pública del Gobierno Federal, para que en coordinación con los Servicios de Salud de las entidades federativas dispongan de una campaña de presencia continua de personal odontológico en las escuelas de educación nivel básico y medio superior, así como el otorgamiento gratuito de cepillo y pasta dental que forme en el estudiante el hábito de la educación bucal.

Con ello, se prevendrá la formación de enfermedades bucales a nivel masivo, grupal e individual, así como la orientación del mejoramiento de hábitos higiénico-alimentarios, eliminación de hábitos nocivos funcionales y parafuncionales, a la conservación de ambas denticiones sanas, a orientar la vigilancia en el consumo y uso adecuado de los fluoruros sistémicos y tópicos; al empleo de las medidas de protección específica, al diagnóstico temprano, al tratamiento y control de estas enfermedades.

En consecuencia, someto a consideración de esta soberanía, la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública del gobierno federal, para que en coordinación con los Servicios de Salud de las entidades federativas dispongan de una campaña de presencia continua de personal odontológico en las escuelas de educación de nivel básico y medio superior que coadyuven a la formación de un hábito del cuidado bucal, así como el otorgamiento gratuito de cepillo, pasta dental y accesorios que prevengan el aparecimiento de caries y enfermedades periodentales.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a fin de que instruya a quien corresponda a actualizar la Norma Oficial Mexicana identificada como NOM-013-SSA2-2006 toda vez que a 9 años de la última declaratoria de política pública en salud bucal se vuelve necesario actualizar los métodos, técnicas y criterios de operación del Sistema Nacional de Salud, con base en los niveles de prevención, control y vigilancia epidemiológica de las enfermedades bucales de mayor frecuencia en la población de los Estados Unidos Mexicanos en la actualidad.

Dado en el salón de sesiones, a los catorce días del mes de enero de dos mil quince.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al GDF que informe sobre las causas de la enajenación del inmueble situado en Paseo de la Reforma 660 a la Embajada de Azerbaiyán, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 15 de noviembre de 2012, el gobierno de la República de Azerbaiyán entregó a la Ciudad de México el Parque de la Amistad, que contenía la escultura de su ex presidente Heydar Aliyev.

Dicha entrega generó gran polémica en torno al personaje de esta escultura por grupos defensores de los derechos humanos que consideraron un agravio reconocer en una efigie a ese líder político, con un pasado controvertido en su país.

Tras las presiones y protestas públicas, en enero de 2013 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal exigió al gobierno local retirar la estatua de Aliyev, misma que fue retirada quedando bajo el resguardo de las autoridades locales.

En agosto de ese año, la administración capitalina publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la adquisición de un inmueble de mil 420 metros cuadrados, situado en Paseo de la Reforma 660 cuyo costo fue alrededor de 32 millones de pesos, el cual serviría para albergar un espacio de la cultura de Azerbaiyán, amén de la estatua.

Meses después, en mayo de 2014, el Comité del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, dictamino? procedente la desincorporación y posterior enajenación a título oneroso en la modalidad de pago en especie del inmueble en mención.

Hasta el 7 de enero de 2015, el gobierno del Distrito Federal, a través de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor, no publicó el decreto desincorporatorio del inmueble, que actualmente cuenta con una superficie de terreno de mil 400 metros cuadrados y mil 8 metros cuadrados de construcción y que servirá de nueva sede de la Embajada de Azerbaiyán en el país.

Si bien el Distrito Federal goza de personalidad jurídica y patrimonio propios, dicho patrimonio tiene la característica de ser de dominio público y, por tanto, requiere mayor transparencia en el acto jurídico celebrado.

Este hecho que se considera como una muestra para resarcir la afectación propiciada por el retiro de la estatua del ex presidente Aliyev, el gobierno del Distrito Federal otorga el predio en la modalidad de pago en especie sin dar a conocer cuál es la contraprestación recibida, además de que no explicó el motivo para la desincorporación y enajenación de este inmueble.

En aras del fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, solicitamos atentamente al gobierno del Distrito Federal que explique por qué después casi ocho meses de que el Comité del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal dictaminó de manera favorable la desincorporación y enajenación dé a conocer porqué la compra-venta se regiría bajo la modalidad de pago en especie, incluyendo el valor catastral antes de determinarla procedente, así como las condiciones y los criterios que se consideraron.

Por lo expuesto se somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al gobierno del Distrito Federal que informe detalladamente las causas que motivaron la desincorporación y posterior enajenación del inmueble situado en Paseo de la Reforma 660 a la Embajada de Azerbaiyán y por qué se determinó la modalidad de contraprestación de pago en especie y cuáles serán los lineamientos para realizar dicha modalidad de pago.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2015.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SEP y del Conaculta a cubrir el sueldo y las prestaciones adeudados a los trabajadores de la cultura, suscrita por la diputada Joaquina Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada Joaquina Navarrete Contreras integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 58, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo

Consideraciones

Cuándo se quiere presentar a México ante el mundo, lo primero que hacen los integrantes de todos los órdenes de gobierno, es exhibir la obra de nuestros literatos, pintores, danzarines, escultores, dramaturgos o los vestigios de nuestras enormes culturas prehispánicas. Qué sería de nuestro país, sin Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Ruiz de Alarcón, los muralistas, los grandes poetas.

En la debacle general que asfixia a nuestro país, nuestros trabajadores del arte, nuestros creadores, siguen teniendo niveles únicos en el mundo, que nos llenan de orgullo nacional y constituyen en fuente importantísima de divisas. Son eje básico de la identidad e historia nacionales.

En tal virtud, se podría pensar, que México, como otros países, tutelaría de manera cálida y puntual a sus trabajadores de la cultura; empezando por el respeto de sus derechos laborales y de seguridad social, indispensables para su bienestar, incluida su familia. Pero no es así, erróneamente, se considera al arte y a la cultura como algo superfluo (o incluso peligroso), que se debe practicar a cuenta y riesgo de las personas de talento; repitiendo la mentira de que se trabaja “por amor al arte”. Esto en franca violación a los derechos humanos a la cultura y al trabajo digno, que humanizan y hacen trascender, previstos en los artículos artículo 4o., penúltimo párrafo, y 123 Constitucionales.

En suma, nuestro incomparable patrimonio humanístico y cultural, tiene un inframundo de marginación, injusticia y maltrato sistemáticos contra nuestros trabajadores del arte.

Es así, como desde hace años, y concretamente el Gobierno Federal, ha retardado u omitido los pagos a que tienen derecho, dejando en la absoluta estrechez económica a los creadores de nuestra Nación. Recorriendo más el espacio de tiempo, entre 6 y 9 meses, la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, han omitido el pago de sueldos y prestaciones a artistas, creadores, promotores culturales y trabajadores que prestan sus servicios en el mundo de la cultura.

Esta arbitrariedad, ha llegado a diversos museos de Bellas Artes, al Centro Nacional de las Artes, y a trabajadores de Antropología e Historia (Museo Nacional de Antropología, Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, y la Coordinación Nacional de Museos).

¿Se imaginan las fiestas decembrinas que tuvieron que sufrir estos trabajadores? Para facilitar estas maniobras inhumanas e ilegales, los funcionarios responsables disfrazan las relaciones de trabajo de prestación de servicios profesionales, con el subsecuente pago de honorarios, razón por la cual no acceden a sus derechos correlativos en materia laboral y de seguridad social (la precariedad e injusticia más absolutas), la peor parte la llevan los creadores que ya son adultos mayores, por obvias razones. Este panorama general, desde luego tiene algunas excepciones.

En tal virtud, urge por una parte, el pago inmediato de los adeudos; más esto no es suficiente, al propio tiempo se deben crear los mecanismos para la formalización de estos trabajadores, que les permita acceder a sus prestaciones laborales y de seguridad social.

La próxima vez que acudamos a alguno de estos espacios, llevemos en la mente que muchos de estos trabajadores, siguen prestando sus servicios en bien de nosotros y nuestro país, sin quizás haber recibido sus sueldos durante casi un año, o medio año.

Este incumplimiento de las autoridades, es aún más reprobable, si se toma en cuenta que la SEP y Conaculta a mediados del pasado diciembre informaron que realizarían los pagos de inmediato, y que los recursos ya estaban liberados. ¿Y entonces? Además hay que tomar en cuenta que la Cámara de Diputados oportunamente asignó los dineros para que los trabajadores del arte gozarán de sus pagos oportunos.

Este trato inhumano e inconstitucional ya no puede ser la “cultura” permanente de los gobiernos; es hora de ponerle fin, por los artistas, pero sobre todo por la Nación. Un mejor apoyo a nuestros trabajadores del arte, permitirá un mayor florecimiento de nuestra cultura y nuestro país, incluida el área económica; será instrumento central para la paz social.

Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública, y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para que cubran de inmediato los adeudos en materia de sueldos y prestaciones que tienen con artistas, creadores, promotores y demás trabajadores de la cultura, incluidos los que prestan sus servicios en los Institutos Nacionales de Antropología e Historia y de Bellas Artes y Literatura.

SEGUNDO . La Comisión Permanente, exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública, y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para que tomen las medidas necesarias para que en adelante no se repitan estos adeudos de salarios y prestaciones, y al propio tiempo inicien un proceso para la formalización de las y los trabajadores de la cultura que son víctimas de diversas formas de simulación de sus relaciones de trabajo, y accedan a sus prestaciones legales en materia laboral y de seguridad social.

Dado en la Sede de la honorable Comisión Permanente, a 14 días del mes de enero de 2015.

Diputada Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Contraloría General y a la Asamblea Legislativa del DF a investigar e informar a esta soberanía sobre las posibles irregularidades en el uso de recursos públicos por las administraciones de las delegaciones Iztapalapa y Miguel Hidalgo, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República; y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Contraloría General y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen una investigación integral a las administraciones de las delegaciones Iztapalapa y Miguel Hidalgo, por posibles irregularidades en el uso de recursos públicos y en su caso procedan conforme a derecho. Asimismo, informen a esta soberanía sobre el avance de las mismas y las responsabilidades penales y administrativas que de ellas deriven, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Aunado a garantizar el servicio eficiente de los servicios públicos como alumbrado público; agua potable; mantenimiento de panteones, jardines, áreas verdes recreativas, las autoridades delegaciones del Distrito Federal tienen la responsabilidad de emprender distintas acciones de política pública para ejercer eficientemente los recursos públicos, no dejando a un lado la transparencia, el acceso a la información pública gubernamental y la rendición de cuentas.

Sin embargo, diversos medios de comunicación han hecho del dominio público la molestia de gran parte de la población de las distintas demarcaciones en relación al mal uso que se le ha dado al presupuesto. Al efecto, han documentado múltiples acciones antijurídicas en detrimento de la sociedad, ejemplo de ello, son las más de 70 denuncias presentadas en contra de 11 delegaciones relacionadas con prácticas de abuso de autoridad y nepotismo, asimismo, con diversas irregularidades en la contratación de obra pública, omisiones y supervisión de su personal en la realización de actividades propias de las delegaciones.

Es importante señalar que no se trata de una cuestión exclusiva de una u otra jurisdicción, por el contrario se trata de una práctica generalizada. Sobre el particular, la delegación Gustavo A. Madero, es la demarcación que cuenta con más denuncias con 23, seguida por Benito Juárez con 11.

Aunado a esta situación, también está documentado que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ha identificado la falta de intervención oportuna de las autoridades delegaciones que ponen en riesgo a los ciudadanos de la capital, por tal motivo, emitió la recomendación 12/2014 dirigida a 10 delegaciones -Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco-, para que realicen las acciones necesarias que permitan garantizar la seguridad de los ciudadanos, en relación con la deficiente atención en materia de construcciones irregulares.

Dentro del cúmulo de conductas que se han llevado al margen de la ley, destaca que el titular de la Delegación Iztapalapa ha reconocido un gasto superior a los 21 millones de pesos en la compra masiva de juguetes por adquisición directa para celebrar el día de reyes, día del niño, 10 de mayo y día del padre. Además de que recientemente estuvo involucrado en el choque de una camioneta presuntamente propiedad de la empresa Amexire, S de RL de CV, misma a la que probablemente benefició con un contrato de más de 48 millones de pesos.

En este orden de ideas, se encuentran los hechos acontecidos en la delegación Miguel Hidalgo, en relación a la instalación de parquímetros por la empresa EcoParq, en donde la poca transparencia en el uso de esos recursos económicos y la ausencia de rendición de cuentas por parte de las autoridades delegacionales ha sido una constante que hasta el momento en la mayoría de los casos, se han mantenido en la impunidad.

Asimismo, figuran las controversias relacionadas con la fiesta privada llevada a cabo en la Rotonda de las Personas Ilustres, la campaña “Cero Tolerancia” de verificación de establecimientos públicos y mercantiles, y el Proyecto de rehabilitación del corredor urbano Avenida Presidente Masaryk, todas ellas, se han traducido en actos de molestia para la población, cierre injustificado de establecimientos y pérdida de tiempo en el traslado.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, acudimos a esta honorable asamblea a solicitar a las autoridades competentes del Distrito Federal, para que realicen una investigación integral por posibles irregularidades en el uso de recursos públicos y, en su caso, procedan conforme a derecho, por lo cual, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Contraloría General y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen una investigación integral a las administraciones de las delegaciones Iztapalapa y Miguel Hidalgo, por posibles irregularidades en el uso de recursos públicos y en su caso procedan conforme a derecho. Asimismo, informen a esta soberanía sobre el avance de las mismas y las responsabilidades penales y administrativas que de ellas deriven.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 14 días del mes de enero de dos mil quince.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Tlaxcala a rendir un informe en materia de obra pública, suscrita por la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, senadora Lorena Cuéllar Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Tlaxcala a que rinda un informe detallado sobre los contratos de obra pública que han sido adjudicados durante su mandato, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Por definición, la corrupción es el mal uso del poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada. La colusión es un tipo particular de corrupción que se caracteriza por ser la asociación delictiva que realizan servidores públicos con contratistas, proveedores y arrendadores, con el propósito de obtener recursos y beneficios ilícitos, a través de concursos amañados o adjudicaciones directas.

A este tipo de corrupción se le conoce como “conflicto de interés” y se da a muchos niveles. Como ejemplo tenemos el emblemático caso en el que recientemente se ha visto involucrada tanto la Presidencia de la República como el Secretario de Hacienda, donde un corporativo que ha sido beneficiado con sustanciosos contratos de obra pública, lleva a cabo una venta a nivel de particulares.

Para diversos especialistas es claro que existe un serio conflicto de interés, dado que el Corporativo que celebró el contrato de compraventa con un funcionario a nivel de particulares, se ha favorecido enormemente con las contrataciones del Gobierno Federal.

Y en este lamentable contexto, vengo a plantearles el caso del estado de Tlaxcala donde todo apunta a que están ocurriendo situaciones similares durante el actual Gobierno.

Distintos reportes han mostrado que los contratos de obra pública que ha adjudicado el actual gobernador se han concentrado en un grupo reducido de empresas creadas ex profeso en los inicios de 2011, es decir al inicio de su gestión.

Las empresas más favorecidas por el gobernador actual son Grupo Constructor Engrane, SA de CV, cuya dirección es ocupada por la hija del actual titular de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda; Grupo Constructor Equipo Pesado, SA de CV; y Trejo Mendoza y Asociados, SA de CV, propiedad de Miguel Ángel Trejo Mendoza, sobrino de la esposa del titular de dicha dependencia.

Las tres compañías mencionadas anteriormente han sido beneficiadas a través de adjudicaciones directas o ternas por invitación. En el mes de agosto pasado del 2014, los archivos de la SECODUVI registraban 16 contratos para Grupo Constructor Engrane, durante los años 2011, 2012 y 2013 por un monto de 22.5 millones de pesos.

Ahora bien, tal parece que la omisión no para en las adjudicaciones; puesto que tenemos el caso en el que se pretende quitar el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura para convertirlo en un Sanborns.

Estamos hablando de un edificio que data de 1939 y que ha sido parte de la identidad y donde se desarrollan actividades culturales para las y los tlaxcaltecas, muchos de los cuales dejarán de asistir por no contar con recursos para trasladarse hacia la nueva sede.

Este despojo no es más que otra muestra de la rapaz tendencia neoliberal que despoja a nuestros pueblos y que como diría Frei Betto, es capaz de mercantilizar hasta con nuestra imaginación.

Y la respuesta que se le ha dado a la sociedad ante ambos casos ha sido el silencio absoluto. Ni el titular del Instituto de Cultura, ni de la Secoduvi, han mencionado algo al respecto; y ni qué decir del gobernador que ya nos tiene acostumbrados a que nunca da la cara cuando la sociedad le exige rendir cuentas.

Esta es una situación que indigna y nos pone en alerta, Tlaxcala es un Estado con un Índice de Desarrollo Humano de 0.723 puntos, nivel similar al de Belice y muy por debajo de la media nacional. En Tlaxcala el 40.8% de la Población Económicamente Activa (PEA) labora en la informalidad, es decir, somos un Estado con muchas carencias y con un Gobierno que solo parece estar dedicado a generar obras públicas de manera irresponsable y a vender el patrimonio de nuestros ciudadanos.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Tlaxcala a que remita un informe detallado sobre los contratos de obra pública que ha adjudicado durante su mandato.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Tlaxcala a que informe de manera detallada sobre el presunto cambio de sede del Instituto de Cultura del estado y el uso que se le dará a sus actuales instalaciones.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2014.

Senadora Lorena Cuellar Cisneros (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco y a la Condusef a llevar a cabo una campaña informativa nacional sobre el funcionamiento de las casas de empeño, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en el artículo 87, numeral 1, fracción II, y artículo 276 del Reglamento del Senado de la República somete a consideración del pleno de esta soberanía el presente con punto de acuerdo por el que se exhorta la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros lleve a cabo las acciones o campañas pertinentes para supervisar el funcionamiento de las casas de empeño y prever posibles irregularidades y fraudes en perjuicio de los usuarios al tenor de las siguientes

Consideraciones

Luego de la época decembrina y como resultado de la falta de planeación en el gasto económico de las familias mexicanas, surge la necesidad de hacer uso o de requerir un financiamiento para enfrentar dificultades por la falta de liquidez y para solventar gastos diarios emergentes en la llamada “cuesta de enero”. En este escenario aparecen diferentes sectores de la población que carecen de servicios financieros bancarios, y requieren de una de las formas de obtener dinero inmediato a través del crédito prendario ofrecido por las casas de empeño.

Estadísticas de la Asociación Nacional de Casas de Empeño (Anace) revelan que 35 millones de mexicanos acuden a estos lugares para acceder a préstamos prendarios cuyas tasas de interés anual pueden llegar a 372 por ciento.

En esta temporada alrededor del 60 por ciento de los pignorantes (como se les llama a los usuarios) son amas de casa. La Anace estima que el sector en general crecerá 10 por ciento en la demanda de préstamos durante la llamada “cuesta de enero” y que podría alargarse hasta el próximo mes de mayo. Este incremento significará unos 100 millones de pesos adicionales por mes en las casas afiliadas a esta asociación.

La Anace también señala que entre 20 y 25% de los cerca de 6 mil 500 establecimientos de préstamo prendario en México son instituciones que operan fuera de la ley y sin cumplir con las normas regentes de este sector.

El 16 de enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto por el que se reformó y adicionó la Ley Federal de Protección al Consumidor.

En dicha reforma se estableció la obligación de la Procuraduría Federal del Consumidor de crear y operar el Registro Público de Casas de Empeño.

La Procuraduría Federal del Consumidor instauró el Registro Público de Casas de Empeño con el fin de salvaguardar los derechos de los consumidores y dar certeza y seguridad jurídica a quienes utilizan este servicio. En este registro se puede consultar:

1. Nombre y ubicación de las casas de empeño que se encuentren inscritas en el RPCE.

2. Sanciones a las que se han hecho acreedoras las casas de empeño registradas en el RPCE.

Los prestadores del servicio de mutuo con interés y garantía prendaria (proveedores) deberán inscribirse en el Registro Público de Casas de Empeño con la finalidad de obtener la autorización para operar como casas de empeño de acuerdo a la normatividad vigente aplicable.

En la Procuraduría Federal del Consumidor, la Dirección General de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamiento es la Unidad Administrativa responsable del Registro Público de Casas de Empeño, esta función se realiza a través de la Dirección General Adjunta del Registro Público de Casas de Empeño, área encargada de la organización, operación y funcionamiento del Registro.

En este sentido, la Ley Federal de Protección al Consumidor considera como infracción grave la operación de una casa de empeño sin la inscripción en el Registro Público de Casas de Empeño y la sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo 128 Bis.

En el caso de que una casa de empeño opere sin la inscripción correspondiente en el Registro Público de Casas de Empeño, podrá ser clausurada total o parcialmente, podrá ser hasta por noventa días y con multa de $133,298.57 a $3’732,360.02, misma que será impuesta por la Profeco.

Desafortunadamente, es una realidad que existen muchas casas de empeño en la rama de préstamos con garantía prendaria, empresas privadas, con el propósito de desarrollar y operar franquicias en todo el país, que durante esta época de inicio de año otorgan créditos prendarios que abusan de la necesidad de las personas, por lo que las quejas de usuarios de este tipo de préstamos por causas como la negativa a entregar prendas, invalidación de refrendos, información errónea sobre las tasas de interés y robo de piezas empeñadas cobra mayor importancia.

En el interés de salvaguardar los intereses de las familias mexicanas en esta “cuesta de enero” y de prever mayores abusos y fraudes en la operación de este servicio de gran demanda por la población mexicana y encontrando que son la figura de las Instituciones de Asistencia Privada que tienen fundamento jurídico en la fracción tercera del artículo 27 Constitucional, en donde se reconoce la existencia de Instituciones de Beneficencia Privada, cuyo objeto sea el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados o cualquier otro objeto lícito y que son la base del concepto que maneja la Ley especial que las regula, La Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos que las familias mexicanas necesitan hoy más que nunca el apoyo de instituciones que respalden y salvaguarden sus intereses económicos, situación que no puede pasar inadvertida por el Congreso de la Unión en el ánimo de promover acciones que protejan y defiendan su economía.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría de Federal del Consumidor en coordinación con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que en el ámbito de sus atribuciones lleven a cabo una campaña nacional con acciones dirigidas a alertar e informar a la población mexicana sobre el funcionamiento de las casas de empeño para prever abusos y operaciones fraudulentas.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a para que el ámbito de sus atribuciones realice acciones que permitan cumplir la normatividad vigente en regulación y operación de las casas de empeño en los 31 estados y en el Distrito Federal.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 14 días del mes de enero del año dos mil quince.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH y a la Segob a intervenir y cesar las violaciones de los derechos humanos de internas en el Cereso Francisco J. Mújica, en Morelia, Michoacán, suscrita por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Martha Lucía Mícher Camarena, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Secretaría de Gobernación para que intervengan y cesen las violaciones a los derechos humanos de las dos mujeres autodefensas internas en el Cereso Francisco J. Mújica de Morelia, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

En días recientes los medios de comunicación hicieron pública la decisión del padre Gregorio López de solicitar la intervención de Amnistía Internacional (AI) para denunciar las violaciones a derechos humanos que atestiguó durante su visita al estado de Michoacán, particularmente por el caso de dos mujeres integrantes de las denominadas autodefensas, que se encuentran presas en el Centro de Readaptación Social (Cereso) Francisco J. Mújica de Morelia, Michoacán, cuando este es un penal exclusivo para varones.

De acuerdo al testimonio del Padre, una de ellas denunció haber sufrido una violación sexual de la que resultó embarazada y que ahora está a punto de dar a luz; cuando aún no ha sido juzgada y las acusaciones por las que ingresó al penal al parecer fueron prefabricadas, pues de acuerdo al padre Gregorio, al levantar la denuncia se le incriminó por el delito de portación de un arma de uso exclusivo del Ejército Mexicano, cuando en realidad no portaba esa arma.

Lo expuesto por el Padre Gregorio constituye una grave violación a los derechos humanos de estas dos mujeres, que al estar indebidamente encarceladas en los mismos separos que los otros 240 autodefensas varones, por lo que se encuentran mayormente expuestas y en un alto grade de vulnerabilidad que las coloca en permanente riesgo además de perpetuar la discriminación y violencia en su contra.

Para el PRD esta situación es grave y debe cesar de manera inmediata, consideramos que las autoridades han vulnerado el principio de la debida diligencia ya que no han actuado para evitar las discriminaciones directas surgidas de un proceso judicial que no ha tomado en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, generando con ello un trato discriminatorio y desfavorable con graves consecuencias para estas dos mujeres. Por lo que estimamos que el Estado debe asumir la responsabilidad por las acciones u omisiones que han cometido las instituciones en el incumplimiento de la erradicación de estas formas discriminaciones y de violencia.

Consideramos que es inminente que las autoridades competentes inicien las gestiones necesarias para su inmediata reubicación en un penal femenil y para que se inicie la investigación por los posible delitos de violencia sexual en contra de una de ellas, para que se le brinde la atención médica, psicológica y jurídica necesaria que permita la reparación de los daños causado, así como las previsiones y la atención de salud materno infantil, que requiere por su condición de embarazo.

Ciertamente los hechos expuestos contienen elementos suficientes para determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos y actos de autoridad contrarios a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contrala Mujer (Belém do Pará), así como a los principio de igualdad y no discriminación máximos estándares de la tutela pro persona (en ese caso pro mujeres) que contiene el artículo 1 constitucional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que inicie una queja de oficio y realice una visita urgente al Cereso Francisco J. Mújica de Morelia para verificar las condiciones en que se encuentran las dos mujeres autodefensas encarceladas en ese penal.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación para que tome las medidas necesarias para que dentro de la brevedad posible reubique en un penal femenil a las dos mujeres autodefensas internas en el Cereso Francisco Mujica de Morelia.

Palacio Legislativo de San Lázaro sede de la Comisión Permanente, a 8 de enero de 2015.

Diputada Martha Lucía Mícher Camarena

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNBV y a la Condusef a llevar a cabo acciones de protección de los usuarios de las cajas de ahorro popular, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las cajas de populares, son Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo constituidas y organizadas bajo un marco legal, tienen por objeto llevar a cabo operaciones de ahorro y préstamo con sus socios acreditados en términos de la ley que regula dicha actividad.

Las Sociedades forman parte del sistema financiero mexicano con el carácter de integrantes del sector social sin ánimo especulativo y reconociendo que no son intermediarios financieros con fines de lucro.

Las cajas de ahorro tienen por objeto realizar actividades de ahorro y préstamo se rigen por la Ley General de Sociedades Cooperativas, así como por la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP). Entendiéndose como ahorro, la captación de recursos a través de depósitos de ahorro de dinero de sus socios; y como préstamo, la colocación y entrega de los recursos captados entre sus mismos Socios. Este tipo de sociedades cooperativas se deberá constituir con un mínimo de 25 socios.

En este marco, la legislación mexicana reconoce tres clases de sociedades cooperativas: 1) de consumidores de bienes y/o servicios; 2) de productores de bienes y/o servicios y de ahorro y, 3) préstamo.

La autorización y el tipo de operaciones que las cajas de ahorro ofrezcan a sus socios, dependerá del monto total de activos con que éstas cuenten (la cifra se establece en UDIS). Dependiendo de este monto se les asignará un nivel de operación:

• Nivel Básico: Sus activos no rebasan el límite equivalente en moneda nacional a 2’500,000 UDIS. No requieren autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para realizar operaciones de ahorro y préstamo.

• Nivel I: Monto de activos totales iguales o inferiores a 10 millones de UDIS.

• Nivel II: Monto de activos totales superiores a 10 millones e iguales o inferiores a 50 millones de UDIS.

• Nivel III: Monto de activos totales superiores a 50 millones e iguales o inferiores a 250 millones de UDIS.

• Nivel IV: Monto de activos totales superiores a 250 millones UDIS.

Actualmente con el fin de salvaguardar el ahorro de los socios, las autoridades financieras se encuentran en un proceso de regularización de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que actualmente operan en el mercado.

De acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en julio del año 2014, sólo 141 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo estaban debidamente autorizadas, mientras que 624 operaban de manera ilegal.

Las cajas de ahorro que operan de manera ilegal son las que defraudan a los socios, y muchas de las veces engañan a los socios vendiendo la idea que las cajas no tienen clientes sino socios, es decir, no hay un beneficiario único de las ganancias de éstas; todos sus participantes serán beneficiados, sin embargo al no conocer las reglas legales con las que pueden operar llegan a quebrar o a defraudar a quienes realizaron ahorros.

Cada una de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo se debe sujetar a la Ley General de Sociedades Cooperativas y a la Ley Para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con niveles de operación I a IV, autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se sujetan a las Disposiciones que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La Ley establece que la autoridad competente podrá llevar a cabo la investigación pertinente de quienes deseen operar una caja de ahorro popular, conocer un poco de su historia, cuándo se fundó, el arraigo en la comunidad, así como saber de entre los socios cuál ha sido su experiencia dentro de la caja.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en términos de Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, establece que tiene facultades de supervisión sobre las Sociedades constituidas para realizar las operaciones de ahorro y préstamo como Sociedad Cooperativa de Ahorro de Ahorro y Préstamo con niveles de operación I a IV.

El artículo 42 de la Ley Para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, constituyó un fideicomiso que se denomina Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores, o Fondo de Protección.

El Fondo de Protección tiene como finalidad llevar a cabo la supervisión auxiliar de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con niveles de operación I a IV; realizar operaciones preventivas tendientes a evitar problemas financieros de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y en un caso extremo se cuenta con una cobertura para los depósitos de los Socios hasta por un importe equivalente a 25,000 UDIS (poco más de $111 mil pesos) por persona cualquiera que sea el número y clase de operaciones.

Ciertamente se recomienda utilizar únicamente los servicios que ofrecen las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo autorizadas, las cuales se pueden consultar en el Padrón de Entidades Financieras Supervisadas (PES) de la página web de esta Comisión, en el que encontrará, entre otros datos, la denominación dirección y teléfonos de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo autorizadas para operar como tales por éste Órgano Supervisor.

Por lo anteriormente expuesto, a fin de garantizar el ahorro, así como los derechos a los socios que forman parte de alguna Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, sometemos a la consideración de esta Soberanía, el presente proyecto con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a fin de que lleven a cabo las acciones pertinentes para garantizar la protección de los ahorros de los usuarios en las distintas cajas de ahorro popular, así como identificar, y en su caso sancionar conforme a derecho, a quienes incumplen con la ley que las regula.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 14 días de enero del año dos mil quince.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa a informar a esta soberanía sobre las causas y el grado de toxicidad del derrame de cianuro ocurrido en el ejido Juan Álvarez, de Caborca, Sonora, suscrita por el senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador de la república Isidro Pedraza Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de que informe detalladamente a esta soberanía, sobre las causas y el grado de toxicidad que generó el derrame de cianuro ocurrido en el ejido Juan Álvarez, dentro del municipio de Caborca del estado de Sonora. Así como también se informe sobre el grado de cumplimiento por parte de la minera Penmont, S de RL de CV, de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-120-Semarnat-1997 y NOM-055-SEMARNAT-2003, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 23 de diciembre del 2014 se presentó un derrame de solución cianurada en el en el ejido Juan Álvarez, dentro del municipio de Caborca del estado de Sonora, esta situación fue solventada por la empresa minera Penmont, S de RL de CV, hasta el día 29 del mismo mes.

El 7 de enero de 2015 se interpuso una denuncia ciudadana ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente con la finalidad de que la institución atendiera la problemática. Por lo que dicha dependencia informo a través de su portal electrónico que el derrame de cianuro fue de aproximadamente 82 metros cúbicos presentándose dentro de las instalaciones de la minera Penmont, S de RL de CV, específicamente en el proyecto denominado Unidad Noche Buena, en el patio de lixiviación 4 suroeste.

En su comunicado informó que el personal de la propia empresa contuvo el derrame tras colocar un bordo de contención lo que permitió que cerca de 64 metros cúbicos de la sustancia en cuestión fuera rebombeada a los patios destinados para dicho fin y los 18 mil restantes fueron absorbidos por el material utilizado para la construcción del bordo de contención.

Ante estos hechos diversos sectores de la población del Estado de Sonora ha manifestado su preocupación sobre las implicaciones que ocasionaría a la salud y el medio ambiente. De acuerdo con el Consejo Internacional de Metales y Medio Ambiente señala que un inadecuado uso de cianuro contraviene en la salud de las personas generando enfermedades respiratorias e incluso la muerte. Para las plantas y los animales, el cianuro es extremadamente tóxico. Derramas de cianuro pueden matar la vegetación e impactar la fotosíntesis y las capacidades reproductivas de las plantas. En cuanto a los animales, el cianuro puede ser absorbido a través de la piel, ingerido o aspirado.

El derecho a un medio ambiente sano está consagrado en el artículo cuarto de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Que a letra dice:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”

Por otro lado, el artículo 27 de la Ley Minera establece que “los titulares de concesiones mineras, independientemente de la fecha de su otorgamiento, están obligados a sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad en las minas y de equilibrio ecológico y protección al ambiente”.

Por lo cual la Norma Oficial Mexicana NOM-120-SEMARNAT-1997 establece las especificaciones de protección ambiental para realizar actividades de exploración minera directa. Además la Norma Oficial Mexicana NOM-055-SEMARNAT-2003 establece los requisitos que deben reunir los sitios que se destinarán al confinamiento controlado de residuos peligrosos.

Por lo tanto, es necesario conforme a las atribuciones con las que está dotada la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, revise e informe a esta soberanía sobre el grado de cumplimento de estas normas por parte de la Minera Penmont, e informe las causas que originaron este derrame y determine las implicaciones medioambientales de este suceso a fin de evitar tanto daños a la salud de sus trabajadores y habitantes aledaños, como evitar daños a nuestro ambiente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a informar detalladamente a esta soberanía, sobre las causas y el grado de toxicidad que generó el derrame de cianuro ocurrido en el ejido Juan Álvarez, dentro del municipio de Caborca del estado de Sonora. Así como también se informe sobre el grado de cumplimiento por parte de la minera Penmont, S de RL de CV, de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-120-SEMARNAT-1997 y NOM-055-SEMARNAT-2003.

Senador Isidro Pedraza Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a implantar con los gobiernos de los estados acciones para promover la recolección y el reciclaje de desechos electrónicos, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Actualmente el gobierno de la República está llevando a cabo el proceso de transición hacia la Televisión Digital Terrestre, dicho proceso tiene como finalidad que las familias mexicanas de escasos recursos cuenten con un televisor moderno digital.

La Fundación Mexicana para el Reciclaje Tecnológico a favor de la Educación (RET), señala que con el cambio de televisiones en nuestro país se calcula que se desecharán 15 millones de televisiones análogas en los próximos años, sin embargo la información para canalizar los desechos no es clara para la ciudadanía.

En la actualidad los televisores analógicos cuentan con tecnología de tubo de rayos catódicos (CRT por sus siglas en ingles) y algunos de sus componentes contienen materiales tóxicos, los cuales dañan el medio ambiente y afectan la salud de las personas.

Ahora bien, no sólo las televisiones analógicas afectan al medio ambiente, ya que en las últimas décadas ha aumentado la fabricación de nuevos productos electrónicos, entre los que se encuentran las computadoras o las denominadas tabletas y celulares, los cuales cuentan con una reducida vida útil, trayendo como consecuencia que cada día aumenten los desechos electrónicos, generando desperdicios que exigen un trato diferente al de la basura convencional.

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático indicó en 2012 que en México se producían anualmente más de 300 mil toneladas de desechos electrónicos, mismos que son arrojados en los tiraderos y rellenos sanitarios.

Asimismo, señala que la etapa de recolección y transporte es la más costosa en el proceso de reciclaje, incluso puede representar más de 80 por ciento del costo total del proceso, representando un grave problema para el correcto manejo de desechos electrónicos.

La empresa Recicla Electrónicos México (Remsa), indica que en México se generan 1.2 millones de toneladas de residuos electrónicos anuales, lo que nos convierte en el segundo generador de este tipo de desechos en Latinoamérica, después de Brasil.

En el caso de las televisiones, el modelo no logra ser sustentable. Se vuelve inviable reciclar cuando el producto es vidrio y plástico en más de 70 por ciento. El precio de un kilo de estos productos está en alrededor de 80 centavos, pero necesita trabajo especial porque es material contaminado con metales pesados.

El correcto manejo, desensamble parcial o total y reciclaje de los televisores analógicos al final de su vida útil es de gran importancia para evitar impactos negativos en el medio ambiente y la salud humana.

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son los contaminantes de mayor crecimiento en el mundo, y en nuestro país no es la excepción, tanto es así que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estima que 75 por ciento de estos residuos se encuentran almacenados al interior de casas y oficinas porque se desconoce el procedimiento de desecho, así como el manejo de ellos.

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en su fracción VIII del artículo 19, señala que todos los residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, así como de fabricantes de productos electrónicos, deberán tener un manejo especial.

Por ello es importante que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, lleven a cabo las acciones pertinentes a fin de asegurar que los denominados “residuos electrónicos” tengan un manejo y un destino final ambientalmente correctos.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas implementen las acciones necesarias para promover la recolección y el reciclaje de desechos electrónicos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2015.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y al procurador de Justicia de San Luis Potosí a informar sobre la investigación del asesinato del bebé Diego Sánchez Carrasco, perpetrado en septiembre de 2013, suscrita por la diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con fecha 5 de junio de 2014, recibimos al seno de la Comisión de los Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, una petición signada por el señor Sergio Carrasco Meza, tío abuelo del niño Diego Sánchez Carrasco, quien manifiesta que el niño Diego fue asesinado por su padre José de Jesús Sánchez Gallegos.

Los hechos de este lamentable acontecimiento, según la versión del señor Sergio Carrasco Meza, ocurrieron el 19 de septiembre de 2013, cuando la madre del menor de edad fallecido, Mirna Liliana Carrasco Rivera, había salido junto con su hija de un año de edad a cobrar un dinero que utilizaría para comprar alimento y medicamentos para el nene Diego.

Minutos después José de Jesús Sánchez Gallegos avisó por teléfono a su esposa que su nene se encontraba mal porque se había atragantado con leche y lo llevó a una clínica donde mintió a los médicos sobre lo sucedido. Los médicos de esa clínica indicaron que llevaran al nene al Hospital General, ya que presentaba golpe severo en la cabeza.

Posteriormente, en el Hospital General encontraron que el nene tenía un traumatismo craneoencefálico muy severo e interrogaron a sus padres por separado. Es el caso que José de Jesús Sánchez Gallegos fue descubierto y dijo que el nene se le había caído de la cama que era aproximada de 30 centímetros de altura.

En el hospital se les dijo que informarían a la policía, por ello José de Jesús Sánchez Gallegos huyó sin avisar a su esposa, abandonándola junto con su nene moribundo y su pequeña hija. Pocos días después el nene murió. La madre del nene presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la muerte de su nene y otra denuncia por despojo, ya que cambiaron las chapas de su domicilio conyugal.

Semanas después, José de Jesús Sánchez Gallegos logró tener comunicación con su esposa, quien se encontraba en un alto grado de vulnerabilidad, ya que anteriormente le habían diagnosticado daño psicológico derivado de la muerte de su nene. La convenció de que se desistiera de continuar con sus demandas, y de que se fuera con él llevando también a su hija.

Después de varios meses de litigio y amparos presentados por José de Jesús Sánchez Gallegos, se ordenó su aprehensión, por lo que él actualmente se encuentra en calidad de prófugo, acompañándolo su esposa e hija, quienes se encuentran también en riesgo.

Hay antecedentes de que un juez intentó favorecer a José de Jesús Sánchez Gallegos, reclasificando la conducta a un homicidio imprudencial, siendo que la propia esposa del victimario habló con ese juez para que reclasificara el delito. Posteriormente, el juez fue removido de Ciudad Valles debido a que había varios reclamos similares en su contra.

Se tienen indicios de que José de Jesús Sánchez Gallegos maltrataba a Diego tapándole la boca cuando lloraba, ignorándolo, insultándolo frecuentemente y además se negaba a cubrir los gastos derivados de su derecho a recibir alimentos.

En la actualidad se informa que pese a existir orden de aprensión, el presunto responsable vive y se pasea gozando de impunidad total por Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, población donde también viven los padres del victimario.

Ante esta situación y ante el riesgo de que este grave delito quede impune y la demanda de justicia pronta y expedita se vea borrada, estamos solicitando que el probable responsable sea consignado ante un juez y los ofendidos puedan tener pleno acceso a la justicia y a la reparación del daño.

Así entonces, y tomando en cuenta que esta Comisión de Derechos de la Niñez tiene el firme compromiso de velar y garantizar por el principio del interés superior de la niñez, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se proporcione y cumpla con lo previsto en las leyes aplicables y poder dar así la garantía de derechos y la justicia requerida en los lamentables hechos descritos con anterioridad en la persona del menor de edad Diego Sánchez Carrasco.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador y al procurador de Justicia de San Luis Potosí, para que informen sobre la investigación del asesinato del bebé Diego Sánchez Carrasco, realizado en septiembre de 2013 y el que a la fecha no se ha realizado la detención del culpable.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 14 de enero de 2015.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se solidariza con el pueblo francés por los recientes atentados terroristas, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8, fracción II, y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El terrorismo es hoy una de las manifestaciones más funestas de la intolerancia, del odio y de la sinrazón. Nadie es ajeno al hecho de que atentados como el sufrido en Francia, en contra del semanario Charlie Hebdo , tienen como principal objetivo acallar voces, sembrar el miedo e imponer, por medio de la violencia, una visión única. Es pues, un atentado contra la democracia y la libertad de expresión.

Los pilares fundamentales del republicanismo francés han sido mancillados en una afrenta que nos cimbra a todos por igual, a todos aquellos quienes reconocemos en el diálogo, la deliberación y las libertades fundamentales el rumbo correcto para dirimir nuestras diferencias.

El pasado 7 de enero de 2015, la sociedad francesa fue sacudida por una masacre, una que ahora forma parte ya de su historia como nación. Es importante mencionar que el origen de estos acontecimientos se encuentra en la gran diversidad de opiniones e ideales que caracterizan al debate público francés. Hay quienes no toleran la libertad de expresión, y esto, hay que decirlo, no es privativo de grupos religiosos radicales.

Dentro de este contexto, resulta importante mencionar que la libertad de expresión es reconocida internacionalmente en diversas figuras jurídicas internacionales, como lo son:

Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos

Artículo 19

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad

Una vez analizados los artículos antes mencionados, podemos darnos cuenta que la creación de estos convenios internacionales se encuentra encaminada a mantener la inviolabilidad, indivisibilidad e inalienabilidad de los derechos fundamentales del individuo, en el país que esté.

En este sentido, y tomando en consideración lo anterior, entendemos que las expresiones del individuo deben ser protegidas por la fuerza del estado. La amenaza latente del terrorismo es eso: la aniquilación del individuo; la imposición de ciertos valores colectivos a partir de la violencia.

Se considera importante resaltar que este tipo de eventos no son aislados, asociados muchos de ellos a la gran intolerancia que existe en contra del periodismo, siendo éste uno de los blancos preferidos de los grupos cuya principal bandera es la intolerancia. El terrorismo constituye un mecanismo para silenciar a la prensa y tratar de sembrar miedo en aquellos que han optado por hacer valer su libertad de expresión. Hechos que sin duda alguna combate el periodismo libre y autónomo.

Hacemos votos, pues, porque impere la tolerancia, el respeto, y la libertad del individuo; porque las diferencias se diriman en función de los cauces institucionales democráticos, a partir de procesos y procedimientos de naturaleza incluyente.

Sólo la democracia puede vencer al terrorismo; sólo la democracia puede frenar al fanatismo, a la recalcitrante visión única.

Hacemos votos también porque estos lamentables hechos no sean utilizados para estigmatizar a una religión o credo en particular; que las acciones de un puñado de individuos no definan a cientos de millones de individuos.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía se solidariza con el pueblo de Francia por los recientes atentados terroristas, manifestando nuestro inquebrantable compromiso con la libertad de expresión y haciendo votos porque impere el diálogo, la tolerancia, el respeto y la paz.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2015.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que la SHCP transfiera recursos adicionales a los estados para el cumplimiento de su obligación legal de financiamiento público a los partidos políticos en las entidades, suscrita por el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la presente proposición, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Derivado de la reforma político electoral llevada a cabo recientemente, las facultades y actividades de preparación, organización y actuación en los procesos electorales federales y locales fueron sustancialmente modificadas. Destaca que el monto de prerrogativas para los partidos políticos en las entidades federativas quedó como una obligación de las entidades y que el monto de dichas prerrogativas fue homologado al tomar como base un factor de 65% del salario mínimo en dichas entidades.

El artículo 41 constitucional en su Base V apartado C, inciso 1 señala que:

Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;

De esta forma, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 51, inciso a), fracción I y II, establece:

Artículo 51.

1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta ley, conforme a las disposiciones siguientes:

Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

I. El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el organismo público local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, para los partidos políticos nacionales, o el salario mínimo de la región en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos políticos locales;

II. El resultado de la operación señalada en el inciso anterior constituye el financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma que establece el inciso a), de la Base II, del artículo 41 de la Constitución;

El problema de esta disposición es que omite que las legislaciones estatales y por tanto, los presupuestos correspondientes, no son homogéneas sino que se fijan otros criterios, entre los que destacan factores menores para el cálculo de las prerrogativas en las entidades que el ahora recientemente reformado.

El apoyo de la federación es indispensable en virtud de que la Constitución ha establecido nuevas obligaciones a las entidades y estas no disponen de recursos propios para enfrentarlas.

La nueva fórmula de la Ley General de Partidos Políticos implica una diferencia con las fórmulas que cada entidad federativa contiene en sus legislaciones, dando como resultado un déficit presupuestal para el cumplimiento cabal de la entrega de las ministraciones a los partidos.

Lo anterior y siendo que la jerarquía legal de la Constitución y la Ley General de Partidos, implica su acatamiento por encima de las disposiciones locales se hace necesario se prevea la entrega de un apoyo extraordinario a las entidades para que se encuentren en posibilidad de cumplir con su obligación constitucional y legal de financiamiento a partidos políticos

Por lo expuesto, fundado y motivado, el suscrito pone a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfiera recursos adicionales a las entidades federativas, para el cumplimiento de su obligación constitucional y legal de financiamiento público a los partidos políticos en las entidades.

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 14 de enero de 2015.

Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a informar respecto a las coberturas a fin de abarcar a 100 por ciento la producción petrolera proyectada para 2015, suscrita por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Yesenia Nolasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración el presente punto de acuerdo, conforme al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que en nuestro país de 2005 a 2014 la producción mexicana de petróleo crudo disminuyó en un millón de barriles por día, hasta alcanzar los 2 millones 350 mil barriles diarios.

Que una tercera parte del gasto del Estado mexicano se financia con la explotación del hidrocarburo, por lo que la actual caída en el precio del crudo de exportación promueve lo que serían ajustes en las cuentas fiscales del país.

Que la caída en el precio internacional del crudo resuelve que es urgente que las finanzas públicas busquen nuevos ajustes en relación con una menor dependencia del petróleo.

Que aunque el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, cite lo contrario, una gran parte de los ingresos que contempla el gobierno en el presupuesto son provenientes de la venta de petróleo, por lo que ante el actual escenario con un precio de mezcla mexicana por debajo de los 50 dólares, se vislumbra un riesgo.

Que un punto rescatable es la decisión de adquirir coberturas petroleras,1 dado que estas dan tiempo para evaluar las opciones e implementar acciones con toda oportunidad.

Que dichas coberturas fueron adquiridas por 773 millones de dólares, equivalente 10 mil 467 millones de pesos, alcanzando una cobertura de 228 millones de barriles por día.

Que sin embargo las coberturas petroleras cubrirán únicamente al 26 por ciento de la producción estimada para el próximo año —si se toma en cuenta el pronóstico de producción de 2.4 millones de barriles diarios—. Lo anterior es dado porque en la cobertura derivara en 2015 de dos fondos, por un lado se adquirieron opciones de venta de petróleo (tipo put) por 228 millones de barriles —que condicionan el precio promedio de venta de la mezcla mexicana.2

Sin embargo la urgencia de determinar acciones corresponde a que el Banco Mundial anunció que los precios del petróleo no se recuperarían durante todo 2015.

Que en consideración el gobierno debe atender la necesidad de cambios fiscales que reduzcan la dependencia de las finanzas públicas sobre el precio del petróleo.

Que económicamente las opciones que tendría que analizar el gobierno mexicano radican en recortar el gasto, aumentar la deuda o aumentar ingresos vía impuestos.

Que nuestro país tiene una línea de crédito de 72 mil millones de dólares del Fondo Monetario Institucional, sin embrago incrementar demasiado la deuda generaría especulaciones y ahuyentaría inversionistas, debilitando aún más la moneda nacional que hoy día ha roto la barrera de los 15 pesos.

Que el adquirir cualquier tipo de endeudamiento debe estar suficientemente justificado en la generación de rendimientos favoreciendo de manera directa el crecimiento económico, de no ser así resulta una mala estrategia económica.

Que el alza de impuestos suele ser una mala estrategia desde el punto de vista analítico empresarial, pues como base de ejemplo, la tasa impositiva de inicio en 2014 no resulto ser favorable para la economía, dado que se contrajo el gasto y la inversión privada.

Otra de las opciones es la reducción del gasto público, misma que ya se deja ver como la opción por parte de los tomadores de decisiones de la Secretaria de Hacienda, el pasado día 9 de enero, Luis Videgaray, anunció que “en caso de que los ingresos del país mermen por la caída del precio del petróleo, la compensación se hará con un ajuste al gasto público, no con un alza a los impuestos ni con un mayor déficit fiscal.”3

Lo importante en este sentido de recortar el gasto público es que sea direccionado hacia el gasto corriente y no al gasto productivo, que se promueva el impulsó a la producción interna generadora de valor agregado y empleo y se corrijan los excesos del gasto corriente en la alta burocracia.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a hacer de conocimiento público las estrategias y medidas económicas y fiscales que se estudian ante la caída del precio del barril de petróleo y el debilitamiento del peso.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a hacer de conocimiento público si la protección total que tienen las coberturas petroleras es suficiente para cubrir al 100 por ciento la producción proyectada para todo 2015.

Notas

1 Las coberturas petroleras las adquiere México mediante el proceso de compra de opciones para garantizar un valor mínimo en el precio del crudo, mediante la venta de contratos a futuro a un precio fijo.

2 www.arenapublica.com/articulo/2014/

3 http://www.milenio.com/

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2015.

Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades del gobierno de Puebla y a la CNDH a investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos de activistas y alcaldes auxiliares de la entidad, suscrita por la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, Roxana Luna Porquillo, Carlos de Jesús Alejandro, Gloria Bautista Cuevas, Víctor Reymundo Nájera Medina y Vicario Portillo Martínez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Actualmente, en México nos enfrentamos a un serio problema en materia de protección de derechos humanos puesto que persisten sistemáticas violaciones entre las que podemos enumerar las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, hostigamientos y ejecuciones extrajudiciales, por mencionar algunas de las más recurrentes.

En este sentido nos compete enunciar hoy una situación preocupante para el país. En Puebla, las violaciones a garantías constitucionales y a derechos humanos, principalmente de activistas, comunidades indígenas y dirigentes sociales son una constante que parece recrudecerse cada vez más.

En este documento queremos recordar algunas de las injusticias que se han cometido contra pobladores de las comunidades poblanas de Cholula, Chalchihuapan y San Miguel Canoa, autoridades comunitarias y grupos sociales vulnerables de Puebla. Todas estas acciones se han enmarcado en un contexto de discriminación, hostigamiento, represión y criminalización de la protesta social.

Además de los conocidos hechos sucedidos en la comunidad indígena de Chalchihuapan, Puebla el pasado 9 de julio de 2014, el gobierno poblano siguió con su práctica de represión y violación a los derechos humanos, al detener de manera arbitraria, con violencia y sin orden de aprehensión el pasado 7 de octubre, al abogado Adán Xicale Huiltle, su hijo Alejandro Paul Xicale Coyópol, y los hermanos Primo Manuel y Albino Tlachi Álvarez, en un operativo policiaco frente al palacio municipal de San Andrés Cholula, cuando se encontraban pacíficamente en un plantón indefinido, en demanda de diálogo con las autoridades municipales, y en señal de protesta por el proyecto llamado “Parque de las Siete Culturas” que se pretende levantar en la zona arqueológica de Cholula, proyecto que ha recibido el rechazo generalizado de la población.

La inconformidad social derivada de la pretensión de imponer este proyecto, ha sido encabezada por Adán Xicale Huiltle, entre quienes decidieron formar el Círculo de Defensa del Territorio de Cholula, reclamando cuestiones básicas como la transparencia y consulta pública ante proyectos lesivos que pueden afectar drásticamente el patrimonio histórico de los poblanos, demandas que han tenido como respuesta la cárcel y la cerrazón al diálogo para tratar adecuadamente los problemas sociales como es el caso.

Como muestra del abuso de poder por parte de las autoridades poblanas, a pesar de que las detenciones que se mencionan, fueron realizadas a las tres de la mañana, los detenidos fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla hasta después de las trece horas del mismo martes 7 de octubre, ocultando el paradero a sus familiares durante más de diez horas.

Otro de los casos que queremos abordar es el de la aprehensión de Jairo Javier Montes Bautista, el presidente de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, emitida el 16 de octubre por el Juez Tercero Penal bajo los delitos de tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, motín y ataques a las vías de comunicación.

A Javier Montes se le acusa por el simple hecho de defender la identidad cultural de su junta auxiliar y manifestarse contra la reforma a la Ley Orgánica Municipal de Puebla, que desconoce al gobierno de los pueblos y les cancela la facultad de nombrar sus autoridades comunitarias, como jueces de paz y agentes subalternos del ministerio público, quienes abordaban conflictos menores a través de usos y costumbres de los pueblos, cuyos gobiernos eran las juntas auxiliares reconocidas en la ley desde 1887, además de cancelar servicios como seguridad pública y el Registro Civil de las Personas, esta reforma inhibe la participación comunitaria y atenta contra la identidad de los pueblos indígenas. Ante esta situación, Javier Montes, como otros ediles auxiliares del estado, se opuso rotundamente a dicha reforma; sin embargo, a las demandas legítimas de los pueblos, como sucedió con la comunidad indígena de Chalchihuapan, el gobierno del estado respondió con la aplicación de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública conocida como Ley Bala que tuvo como sentido callar a la comunidad a través de la intimidación por el uso de la fuerza lanzando proyectiles de gas y balas de goma, lo que tuvo como consecuencia, lesionados graves y el fallecimiento del menor, José Luis Tehuatlie Tamayo.

Esta situación originó la recomendación 2VG/2014 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, en la que pedía al gobierno de Puebla reparar las violaciones que había cometido al reprimir la protesta. Pero lo absurdo de esto, es que el gobierno del estado de Puebla, ha señalado que la aprehensión de Javier Montes Bautista, se debe al cumplimiento de la recomendación de la CNDH, así que en lugar de reparar el daño a los agraviados, en Puebla se les encarcela.

Además de lo señalado, las autoridades estatales criminalizaron a Montes a través de un comunicado de la Procuraduría del estado en el que lo vincularon con presuntos integrantes del crimen organizado. Esta línea de criminalización se verá más adelante en otros activistas y opositores perseguidos por el gobierno de Puebla.

El comité para la libertad de los presos políticos ha declarado que Javier Montes se ha caracterizado por defender los derechos de su comunidad y exigir justicia por los hechos ocurridos el pasado 9 de julio en Chalchihuapan, condenando la arbitrariedad de las acciones del gobierno de Puebla para detener a quienes se oponen a su paso.

Contrario a esto, los titulares de la Procuraduría General de Justicia del estado, Víctor Antonio Carrancá Bourget, y de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas Rosas, encargados del operativo policiaco del 9 de julio en Chalchihuapan siguen en sus cargos y no han sido investigados por sus implicaciones en la muerte del menor de 13 años y de las distintas violaciones a los derechos humanos de las personas de esa comunidad. De igual forma, la recomendación de la CNDH no ha sido cumplida sustantivamente por el gobierno del estado, el cual se ha encargado de cumplir “a medias” los señalamientos de la comisión, de manera indolente e indiferente.

En esta misma línea de cinismo político, durante la madrugada del sábado 18 de octubre, las Policías ministerial y estatal realizaron un operativo en Chalchihuapan, y detuvieron a cinco personas ingresando de manera violenta en varios domicilios sin previa identificación, ni presentando órdenes de cateo o aprehensión, violando chapas y forzando puertas; de tal modo que inicialmente las personas pensaron que se trataba de un secuestro.

Florentino Tamayo Ponce, Raúl Contreras Montes, Vicente Juárez García, Álvaro García Xelhua y Fausto Montes, fueron detenidos en este operativo que duró aproximadamente media hora y en el que participaron 13 unidades, sin placas ni torretas, así como hombres encapuchados y vestidos de negro, todos con armas largas; 9 personas resultaron heridas a causa de esta acción emprendida.

De manera satírica, alrededor de las 10:30 de la mañana de ese mismo días (unas 6 horas después del operativo), el gobierno estatal envió el boletín 2055 que dice: “El día de ayer el gobierno del estado de Puebla realizó el evento de cumplimiento a la recomendación 2VG/2014 emitida por la CNDH el pasado 11 de septiembre, en el que informó (que) la Fiscalía Especial del Caso Chalchihuapan, resolvió la averiguación previa, ejercitando acción penal en contra de probables responsables de distintos delitos, por lo que en cumplimiento de 12 órdenes de aprehensión y de cateo, libradas por un juez penal, fueron detenidos 6 elementos de la Policía Estatal y 5 personas civiles quienes han sido puestos a disposición del mismo juez.” De esta forma, el gobierno morenovallista justificó las detenciones arbitrarias y el allanamiento a los moradores de Chalchihuapan en el que buscaban al edil Javier Montes.

Continuando con los casos, señalamos ahora que el mismo 18 de octubre de 2014, el presidente de la junta auxiliar de La Resurrección, Sabino Leonardo Báez Serrano, fue detenido por elementos de la Policía Ministerial mediante engaños. Los agentes lo hicieron subir a una camioneta alegando que harían un recorrido, ya en el vehículo le hablaron de la orden en su contra por los delitos de presunta resistencia de particulares y el ejercicio indebido de funciones.

La detención del edil se ejecutó justo después de haber conformado, con otros presidentes auxiliares, el organismo Juntas Auxiliares por México (Jamac) que tenía como fin luchar por el derecho del Registro Civil en todo el estado tras las modificaciones a la Ley Orgánica Municipal, y después de interponer un amparo por el mismo tema.

En este tenor, destaca lo ocurrido el viernes 31 de octubre a las dieciséis horas. Al salir de las oficinas de Obras Públicas del ayuntamiento de Puebla, el presidente auxiliar de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez, fue detenido de manera arbitraria por los delitos de robo, amenazas y privación ilegal de la libertad; el 2 de noviembre fue trasladado al penal de San Miguel, en la ciudad de Puebla. La detención se ejecutó sin una orden, a pesar de tener en sus manos el amparo 1671/2014 de parte del Juzgado Tercero de Distrito, para evitar cualquier orden de aprehensión en su contra. Después de lo acontecido, el 5 de diciembre, ganó un nuevo amparo para lograr su libertad por el que pagó 28 mil pesos, pero el Distrito Séptimo de lo Penal ordenó una nueva orden de aprehensión, por abuso de autoridad.

El pasado 17 de diciembre le fue imputado el delito de peculado; es decir, malversación de recursos públicos con lo que el edil pierde toda posibilidad de salir de prisión con otra fianza.

La comunidad indígena de San Miguel Canoa asume que esta persecución contra el edil se debe a que éste, en el marco de la reforma a la Ley Orgánica Municipal –a la que se opusieron los presidentes de las juntas auxiliares de San Bernardino Chalchihuapan y La Resurrección–, interpuso un amparo contra ella y tras ser presionado para retirar la demanda no desistió.

Organizaciones sociales y familiares del alcalde, han denunciado tortura física y psicológica por parte de reos del penal de San Miguel en nombre del gobierno de Puebla, a fin de que sus hijos Javier y Rocío Pérez desistan de la lucha legal y defensa del pueblo náhuatl.

También es importante señalar en este punto que tanto el edil de San Miguel Canoa, el de Chalchihuapan y el de La Resurrección, eran integrantes de la Coordinación Estatal por la Defensa y la identidad de los Pueblos que reclama el derecho histórico de sus comunidades, la mayoría indígenas, de contar con oficinas de Registro Civil, Jueces de Paz, policías y ministerio público, y apoyaron abiertamente a los vecinos de San Bernardino Chalchihuapan tras el violento operativo del 9 de julio. De esta manera, son tres los ediles encarcelados por oponerse a las reformas y la represión del gobierno morenovallista.

Para concluir, falta abordar las detenciones de los dirigentes sociales Rubén Sarabia Sánchez y su hijo Atl Rubén Sarabia Reyna.

El pasado 19 de diciembre aproximadamente a las 11 horas, el ciudadano Rubén Sarabia Sánchez, líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA 28 de Octubre) fue detenido cuando asistía a una reunión concertada con el secretario de gobernación municipal José Guillermo Aréchiga Santamaría, al llegar las oficinas del citado funcionario, lo esperaban personas con armas largas, 9 hombres y 3 mujeres, sin orden de aprehensión y sin explicación alguna fue subido de manera violenta a un vehículo Jetta sin placas. Esta detención fue precedida por actos de hostigamiento ejecutados el 28 de noviembre por policías ministeriales de Puebla, quienes catearon el domicilio de los hijos de Ruben Sarabia, los sometieron, les sembraron bolsas pequeñas con droga, les robaron algunas pertenencias y se llevaron en calidad de presentadas a la madre y hermana de Atl Rubén Sarabia Reyna, familiares que fueron presionadas en el ministerio público para que señalaran al joven como presunto narcomenudista. De esta manera se enteraron sobre la preparación de acusaciones por narcotráfico y homicidio contra los hijos de Rubén Sarabia Sánchez por parte del gobierno de Puebla, que resulta ser la misma línea de investigación contra el edil Javier Montes.

De manera posterior, el 22 de diciembre, aproximadamente, a las 22:05 horas fue detenido Atl Rubén Sarabia Reyna, por elementos de la policía ministerial de Puebla en las inmediaciones de El Ángel de Independencia, aquí en el Distrito Federal.

Atl Rubén Sarabia se encontraba en esta ciudad de México, participando en diversas movilizaciones sociales en apoyo a la libertad de su padre y para visitar el plantón indefinido que organizaciones sociales iniciaron ese mismo 22 de diciembre frente a la Secretaría de Gobernación para exigir respeto a las libertades políticas y cese a la represión del movimiento social en Puebla.

Los hermanos del detenido indicaron que unos 20 hombres armados montados en vehículos con placas de Puebla, se acercaron al vehículo de éste, rompieron los cristales y se lo llevaron de manera violenta y sin mostrar ninguna orden de aprehensión. También resulta desconocido si las autoridades del Distrito Federal tenían conocimiento del operativo que se realizó por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla para detener a Atl Rubén Sarabia Reyna.

Asimismo, esta detención se llevó a cabo ignorando por completo que el jueves 11 de diciembre la cuarta visitadora general de la CNDH, Yolanda Leticia Escandón Carrillo, había dirigido el oficio V4/73505 a Luis Maldonado Venegas, secretario general de Gobierno de Puebla, para solicitarle “acciones necesarias tendientes a salvaguardar la integridad y seguridad personal” Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, Atl Tonatiuh Rubén Sarabia Reyna, Xihuel Sarabia Reyna, Ehecatl Tonatiuh Sarabia Amador y las mujeres Alejandra López Reyna e Irma Reyna Martínez.

Cabe destacar que las medidas cautelares también fueron solicitadas por la CNDH para los opositores al parque de las Siete Culturas, Adán Xicale, Paul Xicale, Primo Tlachi, Albino Tlachi y Alfredo Portillo, y para los presidentes auxiliares de San Miguel Canoa y La Resurrección, Raúl Pérez Velázquez y Leonardo Báez Serrano, respectivamente, actualmente presos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Puebla.

Las violaciones a los derechos humanos que el gobierno de Rafael Moreno Valle ejerce de manera constante contra las personas que se oponen a sus leyes y acciones dictatoriales como la “Ley Bala”, son indignantes. Además, es importante señalar que el pasado 30 de diciembre, a diputadas y diputados federales de la fracción parlamentaria del PRD bajo el argumento de poner en riesgo la seguridad interna del reclusorio, se nos negó realizar visitas a las personas privadas de su libertad que han sido nombradas a lo largo de este punto de acuerdo –y otras más–, que permanecen recluidas en los Ceresos de Puebla y San Pedro Cholula.

Resulta evidente que el crecimiento del movimiento y el descontento social en Puebla se enmarca en las reformas y leyes que han culminado en la privatización del agua, el intento de desaparecer las juntas auxiliares, así como en actos represivos como el acoso y hostigamiento a los mototaxistas, y todas las demás acciones que atentan contra los derechos humanos de la ciudadanía que habita en Puebla, y por las que muchas más personas de las señaladas en este documento encuentran en riesgo su seguridad e integridad. Ante este malestar, la respuesta del gobierno poblano se traduce hoy en más de 45 detenciones arbitrarias de activistas y opositores, la muerte de un niño de 13 años y la omisión e indolencia ante los señalamientos de organismos como la CNDH que piden garantizar los derechos humanos de la sociedad en Puebla.

Ante este malestar, la respuesta del gobierno poblano se traduce hoy en más de 45 detenciones arbitrarias de activistas y opositores, llevadas a cabo en el presente año, además de la muerte de un niño de 13 años y la omisión e indolencia ante los señalamientos de organismos como la CNDH que piden garantizar los derechos humanos de la sociedad en Puebla.

Por lo expuesto, y en atención a nuestras obligaciones para garantizar, proteger y respetar los derechos humanos de la ciudadanía, y atendiendo la gravedad de las violaciones a los derechos de las personas en Puebla, presentamos la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos de Adán Xicale Huitle, Alejandro Paul Xicale Coyopol, Albino Tlachi Álvarez, Primo Manuel Tlachi Álvarez, Rubén Sarabia Sánchez, Atl Rubén Sarabia Reyna, Raúl Pérez Velázquez, Alcalde Auxiliar de San Miguel Canoa, Puebla, Sabino Báez Serrano, Alcalde auxiliar de la Resurrección y Jairo Javier Montes Bautista, Alcalde Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan.

Segundo . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Puebla y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, a cesar el hostigamiento y la represión contras las comunidades indígenas, y la protesta social en Puebla.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla a garantizar el debido proceso para Adán Xicale Huitle, Alejandro Paul Xicale Coyopol, Albino Tlachi Álvarez, Primo Manuel Tlachi Álvarez, Rubén Sarabia Sánchez, Atl Rubén Sarabia Reyna, Raúl Pérez Velázquez, Alcalde Auxiliar de San Miguel Canoa, Puebla, y Jairo Javier Montes Bautista, Alcalde Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, con respeto pleno a las garantías procesales de los imputados, observando los más altos estándares en materia de derechos humanos, a investigar los presuntos actos de tortura que les han sido infligidos y a garantizar su seguridad e integridad.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría General de gobierno del estado de Puebla a otorgar las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, Atl Tonatiuh Rubén Sarabia Reyna, Xihuel Sarabia Reyna, Ehecatl Tonatiuh Sarabia Amador, Alejandra López Reyna, Irma Reyna Martínez, Raúl Pérez Velázquez, Leonardo Báez Serrano, Adán Xicale, Paul Xicale, Primo Tlachi, Albino Tlachi y Alfredo Portillo.

Quinto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del Distrito Federal para que haga pública la información que esclarezca si tenía conocimiento del operativo que la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla llevó a cabo el 22 de diciembre de 2014 para detener a Atl Rubén Sarabia Reyna en el Distrito Federal y, en su caso, especifique las actuaciones que pudieran haber sido realizadas por autoridades del Distrito Federal para tal efecto.

Sexto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión de Derechos Humanos a solicitar las medidas cautelares pertinentes para las personas Roberto Formacio, Karina Pérez, Teodulo Coaya, Armando Pérez, Mafa Larringa, Braulio Coyopol, Arturo Heulitl, Víctor Blanco, Paola Zuculima, Leonor Romero, Hilario Gallegos, Araceli Montes Bautista, Claudia López Reyna, Rocío Pérez Pérez y Javier Pérez Pérez.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 14 de enero de 2015.

Diputado Roxana Luna Porquillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a resolución para explotar aguas nacionales en favor de ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y habitantes de Santo Domingo Huehuetlan el Grande, Puebla, suscrita por la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua, licenciado David Korenfeld Federman, para que reconozca la resolución presidencial del 10 de mayo de 1928 sobre la concesión los derechos para el uso, aprovechamiento o explotación de aguas nacionales del río Huehuetlán, en favor de ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y los habitantes del municipio de Huehuetlán el Grande, Puebla, de acuerdo a las siguientes

Consideraciones

El artículo 27 de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos dispone de la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos naturales, entre ellos el agua ya sea por particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo federal, de acuerdo a las reglas y condiciones que las leyes establezcan; de acuerdo a la Ley Nacional de Aguas de 1922 confirmaba el pleno derecho de los aprovechamientos existentes, amparados por títulos, concesiones o confirmaciones expedidos por autoridad competente, disponía que los títulos expedidos por el Ejecutivo de la Unión, contenidos en el artículo 13 de esta ley, en cuanto al aprovechamiento de las aguas, se regiría por el mismo y, que los usuarios al concluir la ejecución de las obras autorizadas por sus títulos, podrían solicitar que se les expidiera la concesión en los términos de la ley vigente para que fuera ésta la que amparara, para lo sucesivo, el aprovechamiento de las aguas.

La declaratoria de jurisdicción federal de las aguas del rio Huehuetlán ocurrió hasta el 30 de agosto de 1933, fecha en la que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de propiedad nacional 61 de dicha corriente.

La resolución presidencial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo de 1928 sobre el decreto para la dotación de tierras por mil 996 hectáreas al Ejido Santo Domingo Huehuetlan, de las cuales 499 hectáreas corresponden a terrenos de riego que en el año 1928 se venían regando con las aguas del río Huehuetlán, al amparo del resolutivo quinto que dice a letra:

“Quinto. Comprendiéndose dentro de esta dotación 499 hectáreas de terrenos de riego que han venido regándose con las aguas del río de Huehuetlán, corresponde en tal virtud a la villa de que se trata, como accesión y de acuerdo con el artículo 773 del código civil del distrito y territorios federales el uso y aprovechamiento de tales aguas, las que se usarán de acuerdo a un plan general encaminado a obtener el máximo de utilidad, el cual será siempre sujetado a la aprobación de la Comisión Nacional Agraria, la que fijará el volumen correspondiente y ordenará y dirigirá las obras necesarias para su aprovechamiento”.

Finalmente, resulta oportuno señalar también, la existencia del “Decreto mediante el cual se otorgan las facilidades administrativas y se condonan contribuciones a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, que realicen actividades de carácter agrícola, silvícola, pecuario y acuícola”, así como el “Decreto que reforma el diverso publicado el 11 de octubre de 1995, mediante el cual se otorgan las facilidades administrativas y se condonan contribuciones a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, que realicen actividades de carácter agrícola, silvícola, pecuario y acuícola”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 1995 y 11 de octubre de 1996, respectivamente.

Mediante dichos decretos, los usuarios que se dedican a actividades agrícolas, silvícolas, pecuarios y acuícolas, inclusive en zonas de veda o reglamentadas, podrán obtener un título de concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las agua nacionales.

Cabe recalcar que se entregó el expediente completo al licenciado Víctor Manuel Trillo Arroyo, gerente de Servicios a Usuarios de la Comisión Nacional del Agua, sobre la investigación que se realizó desde el año 2012 hasta enero de 2014 para los trámites correspondientes sobre la liberación del título de propiedad de manos del ciudadano Bibiano Aguilar Maquial, representante legal de la Sierra Mixteca Poblana.

Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua, licenciado David Korenfeld Federman, a reconocer la resolución presidencial del 10 de mayo de 1928 sobre la concesión los derechos para el uso, aprovechamiento o explotación de aguas nacionales del río Huehuetlán, en favor de ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y los habitantes del municipio de Huehuetlán el Grande, Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2015.

Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las Auditorías Superiores de la Federación y de Oaxaca revisar y fiscalizar la Cuenta Pública de Putla Villa de Guerrero, suscrita por los diputados José Luis Esquivel Zalpa y Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales José Luis Esquivel Zalpa y Trinidad Secundino Morales Vargas, por el Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que el clima sociopolítico en el municipio de Putla Villa de Guerrero, Estado de Oaxaca, ha sufrido complicaciones en los últimos meses, tal es así que el siete de abril del año dos mil catorce, fue tomado el Palacio Municipal por la Regidora Claudia Álvarez Luna, en virtud de un conflicto con trabajadores a quienes presuntamente no se les reconocían sus derechos laborales; para abonar a la resolución del mismo, intervino la Secretaria General de Gobierno del Estado de Oaxaca.

No obstante del conflicto señalado en el párrafo antecedente, el ocho de octubre del presente año, de nueva cuenta fue tomado el Palacio Municipal, ahora por habitantes de la cabecera municipal, bajo el argumento de falta de obras públicas y un supuesto desvío de $5,300,000.00 (Cinco millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.), a un fraccionamiento privado y deshabitado, denominado “Las Mandarinas”.

Derivado de lo anterior, se conformó en Putla Villa de Guerrero la coordinadora de barrios, fraccionamientos y colonias, así como una comisión ciudadana, que junto con la representación municipal de la Cámara Nacional de Comercio, solicitaron formalmente el veintiocho de octubre de la anualidad corriente, ante el H. Congreso del Estado de Oaxaca la revocación del mandato del Presidente Municipal C. Mónico Castro Reyes.

Luego entonces, en fecha doce de noviembre de dos mil catorce, las organizaciones citadas en el párrafo anterior, fundamentaron su solicitud al Lic. Carlos Altamirano Toledo, para que en su carácter de Auditor Superior del Estado de Oaxaca, realizara una fiscalización de la cuenta pública del ayuntamiento de Putla Villa de Guerrero, por lo que hace al ejercicio fiscal del año dos mil catorce, bajo el argumento de falta de la debida rendición de cuentas ante la ciudadanía, supuestos malos manejos en la administración pública municipal y desconocimiento de la aplicación de las partidas presupuestales de los ramos 28 y 33 en sus fondos III y IV.

Los anteriores sucesos, han generado un ambiente de tensión, fricción e intranquilidad, entre habitantes y autoridades del Ayuntamiento, provocando incluso conatos de violencia verbal y física.

Esta soberanía en uso de su facultad exclusiva señalada en los artículos 74 fracción VI y 79 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está en posibilidad de solicitar la revisión directa de los recursos federales que administren o ejerzan los municipios, misma que se realizará a través de la entidad de fiscalización superior de la Federación. De igual forma de exhorta a la Auditoria Superior del Estado de Oaxaca, para que en uso de sus respectivas atribuciones y ámbito de competencia, revise y fiscalice la cuenta pública del Ayuntamiento de Putla Villa de Guerrero.

Asimismo, esta honorable Cámara de Diputados debe velar por la efectiva organización política y administrativa, del municipio de Putla Villa de Guerrero en el Estado de Oaxaca, y en general de todos los municipios que conforman nuestra República Mexicana, respetando en todo momento lo mandatado por el artículo 115 en su fracción IV del máximo ordenamiento jurídico en cita.

Sin menoscabo de lo anterior, en todo momento se debe prevenir cualquier acto de violencia al interior del municipio de Putla Villa de Guerrero, estableciendo una mesa en la que se privilegie el dialogo para superar los conflictos expuestos, llegando a una pacífica solución con las y los actores políticos involucrados.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Auditoria Superior de la Federación y se exhorta a la Auditoria Superior del Estado de Oaxaca, para que en uso de sus respectivas atribuciones y ámbitos de competencia, revisen y fiscalicen la cuenta pública del ayuntamiento de Putla Villa de Guerrero.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta al presidente municipal ciudadano Mónico Castro Reyes, a la coordinadora de barrios, fraccionamientos y colonias, comisión ciudadana, representación municipal de la Cámara Nacional de Comercio y al titular de la Secretaría General de Gobierno del estado de Oaxaca, para que establezcan a la brevedad una mesa de diálogo, plural e incluyente, con la finalidad de superar los conflictos en el municipio Putla Villa de Guerrero y evitar se genere cualquier tipo de violencia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 14 de enero de 2015.

Diputados: José Luis Esquivel Zalpa, Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbricas)

Con punto de acuerdo, a fin de que la SHCP presente por escrito una explicación de la estrategia para enfrentar la caída de los precios del petróleo, suscrita por el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la presente proposición, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La economía nacional tiene graves problemas que no deben menospreciarse y que hacen necesario un conjunto de explicaciones por parte del gobierno federal, tanto en lo general, como en el impacto especifico a las entidades.

1. De entrada el crecimiento económico del país no ha sido el que se esperaba, hay una caída del precio y de la plataforma petrolera, y además existe una inestabilidad cambiaria, que son circunstancias muy graves y que se están combinando con un impacto negativo.

Por ejemplo, el peso se ha ido deslizando rápidamente de 13 pesos por cada dólar, que se promediaban en agosto, a los 15 pesos por dólar en estos momentos, y no es previsible que la moneda nacional se recupere, porque la recuperación norteamericana y los anuncios de la Reserva Federal de aumentar gradualmente de los intereses que pagarán, hace que los capitales prefieran a Estados Unidos como destino.

Adicionalmente, el crecimiento económico de 2.1% está muy por debajo, casi más de la mitad de lo que se esperaba. Recordemos que durante 2014 se había anunciado desde un 3% hasta un 3.9 %.

Aunque ese crecimiento es mejor al de otros países de América Latina, eso no cambia el hecho de que crecer alrededor de 2 % es muchísimo menos de lo que necesita el país.

El gobierno mexicano no tiene nada que presumir, sus expectativas de crecimiento dependen no de las decisiones y políticas que toma, sino de la economía norteamericana, que está recuperándose a un buen ritmo.

Y aun cuando la economía norteamericana sirva de impulso a la mexicana, es probable que el crecimiento de México mejore sólo un poco y es difícil que supere el umbral de 3% en 2015. Es decir, que la economía está creciendo muy poco y que en un escenario de optimismo sólo crecería algo más, pero de ninguna manera lo que se necesita.

Otro de los elementos negativos es el precio del petróleo, que se encuentra en 39 dólares, cuando fue previsto en 79 dólares. Aun cuando pudiera remontar el precio, éste seguramente no pasará de 45 dólares por barril en el 2015 porque existe un entorno internacional de mayor producción.

Ante esto la SHCP ha dicho “una verdad a medias” pues si bien existen los seguros de cobertura que ha señalado el secretario Videgaray, se omite un hecho: las coberturas únicamente resguardan las exportaciones de crudo y sobretodo es muy grave que las coberturas no son participables para las entidades federativas.

2. Debe destacarse que las coberturas no son ingresos normales o recurrentes, ante lo cual los estados tendrán ingresos mucho más bajos de los que esperaban.

Aunque el gobierno federal tiene un mecanismo para cubrir ese déficit que es el Fondo para la Estabilización de las Entidades Federativas diseñado específicamente para estos temas, debe explicar cuanto tiempo resiste ese fondo y que piensa hacer si resulta insuficiente a mediano plazo.

Existe el riesgo de que las entidades tengan un enorme faltante en sus presupuestos proyectados, lo cual puede ser muy delicado en un año electoral porque al mismo tiempo, la Federación contará con dinero y las entidades con graves déficits.

Esto significa que el riesgo económico puede convertirse y manejarse políticamente al trasladar los impactos a las entidades en el transcurso del año.

3. Al mismo tiempo, es verdaderamente ofensivo que mientras se ve este panorama tan difícil, el gobierno federal mantenga un costoso programa de comunicación y autoelogios en la televisión, así como obras que podrían ser suntuarias como la remodelación del hangar presidencial.

No es ético ni prudente que el gobierno tenga metas de austeridad endebles y que no tenga la capacidad de reducir el gasto burocrático en beneficio de la inversión.

4. La Comisión Permanente acordó citar a funcionarios de la Secretaría de Hacienda para abordar temas sobre variables económicas en el país.

No obstante, es pertinente que la reunión de trabajo sea antecedida por la entrega de material informativo con el que de manera clara y por escrito se fije la posición del Ejecutivo para evitar que la intervención del Congreso sea solo marginal, y sin elementos que enriquezcan el análisis.

Por tanto, se propone especificar los siguientes temas:

1. Expectativas de crecimiento económico

2. Producción y precio del petróleo

3. Devaluación de la moneda nacional

4. Expectativas sobre la Recaudación Federal Participable e impacto a las entidades

5. Programa de austeridad

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, el suscrito pone a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita al Ejecutivo federal que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presente por escrito una explicación de la estrategia para enfrentar la caída de los precios del petróleo y específicamente para garantizar las participaciones a las entidades federativas.

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 14 días del mes de enero de 2015.

Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la CNDH a intervenir en las afectaciones sociales de los habitantes del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, suscrita por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Yesenia Nolasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración el presente punto de acuerdo, conforme al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que como parte de su campaña presidencial el entonces candidato Enrique Peña Nieto, promovió una serie de compromisos firmados ante notario, lo único obtenido de ese proceso es mostrarse mediáticamente como honrados y comprometidos por este simple hecho.

Que el pasado día 2 de enero el Presidente Enrique Peña Nieto, visitó el estado de Oaxaca por primera vez desde su campaña electoral como precandidato, en esta ocasión asistió para inaugurar un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) que transportará gas natural en el municipio de Salina Cruz.

Que esta visita se da después de aquella cancelación en donde la Presidencia de la República indicó que por razones climatológicas se posponía la gira programada al municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo.

Basta recordar que en abril de 2012 el entonces candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, se comprometió en Oaxaca a consolidar la operación de la red de hospitales de esta entidad, a efecto de que los oaxaqueños cuenten con el beneficio de la salud y con espacios hospitalarios dignos y funcionando, firmando entonces su compromiso numero 16 ante la presencia de la Notaria Pública 87 de la entidad, Liliana Alejandra Bustamante García, en un evento realizado en la Alameda del Centro Histórico de la capital.

Que a pesar de su promesa ante cientos de Oaxaqueños, en la actualidad el sector salud del Estado se enfrenta a grandes protestas para exigir mejoras en su equipo de trabajo, dotación de medicamentos y equipo de curación, así como más personal médico y de enfermería.

El sistema de salud oaxaqueño funciona de manera óptima sólo en las áreas de emergencias, las áreas restantes están en marcados aprietos debido a un desabasto de medicinas.

En el cuadro siguiente se podrá notar el número de compromiso firmado y lo prometido por el entonces candidato presidencial.

208: Construir un Hospital de especialidades en Juchitán, para servicio de las regiones del Istmo y de la Costa

209: Rehabilitar la carretera Oaxaca-Ixtlán-Valle Nacional-Tuxtepec

210: Concluir la carretera Oaxaca – Istmo

211: Modernizar la carretera Nochixtlan - Yucuda - Tlaxiaco - Putla - Pinotepa Nacional. Primera etapa

212: Concluir la carretera Oaxaca - Puerto Escondido

213: Aeropuerto en la región del Istmo1

El presidente de la República no muestra gran interés en Oaxaca de Juárez, pues su primera gran mentira fue no regresar durante los primeros 100 días siendo presidente, como lo había prometido.

Peña Nieto en su visita del 2 de enero dijo que en Oaxaca, sumado a las inversiones anunciadas, vendrán más proyectos de infraestructura carretera, hospitalaria y de obra civil que detonarán desarrollo y bienestar.

De acuerdo a la promesa de campaña número 213 firmada ante notario, de que se cuente con un aeropuerto en la región del istmo, no se ve voluntad política pues el pasado 12 de marzo de 2013, presente un punto de acuerdo con el propósito de utilizar el aeropuerto de la base Militar número 2 de forma dual.

El propósito es que el aeropuerto albergue operaciones tanto militares como comerciales, dicho aeropuerto se encuentra ubicado en la ciudad de Ixtepec, Oaxaca, esta acción busca impulsar el desarrollo comercial, turístico y económico de la zona, tanto como el incremento productivo de las empresas de la región pues beneficiaría a los proveedores representando para ellos una reducción significativa de costos.

Que en relación al compromiso 210, carretera Oaxaca-istmo, persisten las mismas dificultades técnicas, legales y financieras de hace más de 10 años, lo que resultaría en un proyecto de importancia estratégica para el desarrollo de Oaxaca y el sur-sureste de México, se ha convertido en un estandarte político por parte del gobierno federal con la finalidad de recuperar para su partido político el Estado de Oaxaca.

La carretera en comento permitiría unir la capital de Oaxaca con el istmo de Tehuantepec, donde se ubica el puerto de Salina Cruz, reduciendo el recorrido de cuatro horas a sólo una hora y media.

El puerto de Salina Cruz actualmente mueve 14 millones de toneladas de productos petrolíferos, una cifra que espera aumentar tras la construcción de una planta solidificadora de azufre en Coatzacoalcos, Veracruz, por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex). Recientemente, Pemex reinició las exportaciones de crudo desde el recinto oaxaqueño a la costa oeste de Estados Unidos y Asia tras la rehabilitación de la terminal marítima.2

Que el nulo interés del representante del ejecutivo radica principalmente en que no existe una cláusula de castigo o compensatoria por no cumplir los compromisos firmados, el acto presentado ante notario es una acción ficticia y sin valor real, un acto de confiabilidad y no un contrato.

Por lo expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que haga de conocimiento público el avance de los 266 compromisos firmados ante notario, así como el estatus en que se encuentra el cumplimiento de cada uno.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en medida de sus atribuciones, a evaluar los daños morales y afectaciones sociales y en su caso económicas, generados a los habitantes del estado de Oaxaca, en particular en la zona del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, por el incumplimiento de los compromisos firmados por el presidente Enrique Peña Nieto, en su proceso de campaña presidencial.

Notas

1 www.es.wikipedia.org/

2 www.t21.com.mx/

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sede de la Comisión Permanente, a los 14 días del mes de Enero de 2015.

Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica)


Excitativas

A las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores, para que emitan el dictamen de la minuta que contiene la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., Párrafo Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica, y se reforma el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, suscrita por la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, senadora de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido por el artículo 67, numeral 1 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Mexicanos y 21, fracciones III y XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo al funcionamiento de la Comisión Permanente, le solicita respetuosamente formule excitativa con base a las siguientes

Consideraciones

1. Con fecha 5 de diciembre de 2013, el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el dictamen de las Comisión de Gobernación que contiene proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica, y se reforma el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

2. Mediante oficio de fecha 5 de diciembre de 2013, el secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió a la Cámara de Senadores la minuta mencionada en el punto anterior.

3. La Presidencia de la Mesa Directiva informó de la recepción del asunto y de su turno directo el viernes 6 de diciembre de 2013 a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, Segunda, para su dictamen.

4. Que ha transcurrido en demasía el término previsto en la ley y el reglamento para que las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, emitan el dictamen correspondiente.

Por lo antes expuesto, solicito a usted, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente lo siguiente:

Único. Formule excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, Segunda para que emitan el dictamen a la minuta que contiene la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica, y se reforma el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Senadora Angélica de la Peña Gómez (rúbrica)


Agenda política

Comentarios relativos a los actos terroristas acaecidos en la República Francesa, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI

El pasado 7 de enero del año en curso tuvo lugar uno de los actos más violentos de las últimas décadas para la nación francesa, en donde tres hombres atacaron las instalaciones de la revista “Charlie Hebdo”, lo cual cobró la vida de 12 personas y dejó heridas a otras 11.1

Desafortunadamente, los ataques en contra de policías y civiles no se detuvieron ahí, ya que al día siguiente, en la localidad de Montrouge, ubicada al sur de París, un hombre abrió fuego en contra de una agente de la policía municipal, lo cual causó la muerte de la mujer y heridas graves a otra persona más. 2

Posteriormente, se registró la toma de cinco rehenes en un supermercado en la Puerta de Vincennes, en el este de París. Después de varias horas de tensión e intercambio de disparos con la finalidad de liberar a las personas en una tienda de alimentos kosher, murió abatido el terrorista y cuatro de sus rehenes, quedando otras 4 personas heridas de gravedad.3 Ese mismo día se dio a conocer que dos personas fueron tomadas como rehenes por un hombre armado dentro de una joyería en la ciudad de Montpellier, al sur de Francia.4

De acuerdo con la información dada a conocer, estos hechos habrían sido perpetrados por una célula terrorista integrada por fundamentalistas, quienes así habrían mostrado su inconformidad en contra de diversas caricaturas publicadas en la revista Charlie Hebdo.

Los hechos aquí consignados merecen la más enérgica repulsa por parte del Estado mexicano, toda vez que constituyen una muestra criminal de lo que pueden generar la intolerancia, el fanatismo y el desprecio por la vida de civiles inocentes y desarmados, por lo que es dable que esta Comisión Permanente exprese su condena hacia éstos, así como su solidaridad con las víctimas y, en general, con la República Francesa en su conjunto, nación ésta con la que nos unen lazos entrañables de amistad y cooperación respetuosa.

Los enemigos de la democracia y la civilización han mostrado el rostro. Su cobardía e infamia son infinitas. Las causas que los mueven son despreciables, pero no debemos confundir a una partida de asesinos con la generalidad de los practicantes de una confesión respetabilísima, que buscan, como todas las personas de bien, su felicidad y desarrollo en un ambiente de paz. Permitir que estos lamentables hechos den pie a una ola de xenofobia en contra de uno de los segmentos más valiosos de nuestra especie, significaría el triunfo de los violentos sobre los pacíficos, de los perversos sobre los bondadosos.

Es necesario serenar los ánimos para así evitar la adopción de medidas que vayan en contra de los valores democráticos y libertarios que rigen a la comunidad internacional, pero ello no debe obstar para emprender la persecución y justo castigo de quienes basan su pensamiento en la destrucción de los que no piensan como ellos.

La construcción de un modelo de convivencia pluricultural es posible. Tal es el reto que enfrenta actualmente el mundo. Apostemos por una era de progreso incluyente. Trabajemos para hacer de la diversidad una fortaleza, no un impedimento para el progreso.

Conocemos de sobra la capacidad de los franceses para sobreponerse a la adversidad y resurgir de ella. La historia es generosa en ejemplos de lo anterior. Después de todo, y como bien lo decía el general Charles de Gaulle, “Francia no puede ser Francia sin la grandeza”.

Muchas gracias.

Notas

1 http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/01/150106_livetext_francia_tir oteo_charlie_hebdo 9 de enero de 2015 14:02 horas.

2 http://www.24-horas.mx/matan-a-mujer-policia-en-otro-tiroteo-en-paris-t ras-masacre-en-charlie-hebdo/ 9 de enero de 2015 14:20 horas.

3 http://eleconomista.com.mx/internacional/2015/01/09/abaten-hermanos-kou achi-sosopechoso-tienda-judia 9 de enero de 2015 14:29 horas.

4 http://www.24-horas.mx/se-registra-otra-toma-de-rehenes-en-francia-ahor a-en-una-joyeria/ 9 de enero de 2015 14:31 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2015.

Diputados Federales del Grupo Parlamentario PRI