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Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ y a la Secretaría de la Contraloría del estado de Querétaro, para que investiguen y, en su caso, consignen y sancionen, al presidente municipal y al secretario de administración del municipio de El Marqués, de esa entidad, por la probable comisión de diversos ilícitos, suscrito por los diputados José Luis Flores Méndez y María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados José Luis Flores Méndez y María del Carmen García de la Cadena Romero, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado 5 de enero, el diario Reforma publicó en su primera plana una noticia por la cual se da a conocer cómo es que el secretario de Administración del alcalde de El Marqués, Querétaro, Noé Miguel Marín Noriega, cobra sobornos y aplica sanciones de manera indebida a aquellos proveedores que se niegan a pagar determinadas cantidades de dinero a cambio de contratos con el ayuntamiento.1

De acuerdo con un video difundo en la página electrónica del diario de referencia, el funcionario municipal se muestra contando gruesos fajos de dinero, mientras asegura a su interlocutor que tiene que entregarle ese dinero al presidente municipal panista Enrique Vega Carriles.

Horas después de que se publicara la noticia, el alcalde aseguró que el funcionario fue separado de su cargo, de manera temporal, en lo que se realizan las investigaciones.

En su comunicado 001/2015, el gobierno de El Marqués explicó que el funcionario tendrá que defenderse en el órgano interno de control de la Contraloría Municipal.

Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN dio a conocer que inició el proceso de expulsión de Marín Noriega, grabado cuando cobraba “moches”.

Si bien es cierto el despido y la probable expulsión del funcionario en comento constituyen acciones que abonan a esclarecer los hechos dados a conocer por Reforma, no lo es menos que éstas deben ser tan sólo el principio de averiguaciones de mayor envergadura, que permitan conocer hasta dónde llegan las redes de corrupción en el municipio El Marqués.

Es por ello que se vuelve necesaria la intervención de la Procuraduría General de Justicia del estado y de la Secretaría de la Contraloría queretana, a efecto de deslindar responsabilidades, toda vez que estamos frente a hechos que podrían resultar constitutivos de delito y responsabilidad administrativa, conforme a lo dispuesto por el artículo 268 del Código Penal del estado de Querétaro y 41 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos de Querétaro.

Resulta por demás lamentable la existencia de hechos como los dados a conocer por Reforma , sobre todo cuando provienen de funcionarios provenientes de un partido político cuya principal bandera lo es la creación de un sistema nacional anticorrupción, el cual, estamos seguros, prontamente será un realidad y contribuirá a dignificar el ejercicio del servicio público en nuestro país.

Es por lo expuesto que se somete –de urgente y obvia resolución– a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de la Contraloría del estado de Querétaro, a efecto de que investiguen y, en su caso, consignen y sancionen al presidente municipal y al secretario de administración del municipio de El Marqués, por la probable comisión de diversos ilícitos en contra del servicio público.

Nota

1 Consultado en <http://www.reforma.com/edicionimpresa/aplicacionEI/webview/iWebView.aspx?Pagina=339390&Grupo=2&Coleccion=1066&Folio=1642301&TipoTrans=8#ixzz3O12fLO71>,el 5 de enero de 2015 a las 23:30 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2015.

Diputados: José Luis Flores Méndez y María del Carmen García de la Cadena Romero (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente felicita a Tabaré Ramón Vázquez Rosas por su triunfo en las elecciones presidenciales en la República Oriental del Uruguay, suscrito por la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Adriana González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión felicita a Tabaré Vázquez por su triunfo en las elecciones presidenciales en la República Oriental del Uruguay realizadas en noviembre de 2014 y al pueblo uruguayo por contribuir al fortalecimiento de la democracia en su país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

2014 fue un año electoral para Uruguay. El 26 de octubre se llevó a cabo la primera ronda de votación para elegir al nuevo presidente de la República Oriental del Uruguay que gobernará los próximos cinco años. De la documentación emitida por las juntas electorales resulta que el total de votos emitidos fueron 2 millones 372 mil 117. Los votos emitidos según las fórmulas inscritas de candidatos a presidente y vicepresidente lograron los siguientes resultados. El Partido Frente Amplio y sus candidatos Tabaré Ramón Vázquez Rosas y Raúl Fernando Sendic Rodríguez, 1 millón 134 mil 187 votos; al Partido Nacional y sus candidatos, Luis Alberto Lacalle Pou y Jorge Washington Larrañaga Fraga, 732 mil 701 votos; al Partido Colorado y sus candidatos Juan Pedro Bordaberry Herrán y Germán Manuel Coutinho Rodríguez, 305 mil 699 votos; al Partido Independiente y sus candidatos Pablo Andrés Mieres Gómez y Cornado Ricardo Ramos Larraburu, 73 mil 369 votos; al Partido Asamblea Popular y sus candidatos Gonzalo Mariano Abella García y Gustavo Gerardo López Lavignasse, 26 mil 800 votos; al Partido de los Trabajadores y sus candidatos Rafael Ignacio Fernández Rodríguez y Andrea Revuelta Segredo, 3 mil 218 votos y al Partido Ecologista Radical Intransigente y sus candidatos César Enrique Vega Erramuspe y Richard Hugo Álvarez Sangiao, 17 mil 835 votos.

En esta primera ronda, ninguna de las fórmulas presidenciales obtuvo la mayoría absoluta de votantes exigida por la Constitución. Sin embargo, dado que las dos fuerzas políticas más votadas fueron la de Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, con un 48 por ciento y la de Lacalle Pou del Partido Nacional, con el 31 por ciento, estos fueron los candidatos que pasaron a la siguiente ronda de la carrera presidencial, la cual se conoce como balotaje y fue establecida en la reforma electoral de 1996.

En la segunda elección el 30 de noviembre de 2014, votó el 80 por ciento de los 2.6 millones de uruguayos habilitados para sufragar, 10 puntos porcentuales menos de los votos de la primera ronda. El resultado final favoreció a Tabaré Vázquez, quien obtuvo un 54 por ciento de los votos, vis a vis Lacalle Pou, quien recibió el 41 por ciento. Ambos candidatos propiciaron un ambiente electoral de respeto y reconocimiento de los resultados de los comicios, mostrando la integridad del proceso democrático.

Durante este proceso electoral también fueron electos los integrantes del Poder Legislativo por un mandato de cinco años. Se eligieron 30 senadores. El Frente Amplio obtuvo 15 escaños, el Partido Nacional obtuvo 10 escaños, el Partido Colorado 4 escaños y 1 escaño para el Partido Independiente. En la Cámara de Diputados fueron electos 99 legisladores de los cuales el Frente Amplio alcanzó 50, el Partido Nacional 32, el Partido Colorado 13, 3 fueron independientes y 1 por Asamblea Popular.

Tabaré Vázquez reemplazará a José Mujica, de 79 años, quien hace cinco años lo relevó. Su victoria es histórica, pues representa la más amplia que ha habido en una segunda ronda, desde el establecimiento del sistema electoral actual. El nuevo mandatario asumirá el cargo el 1 de marzo, tal como prescribe la Constitución uruguaya, que sólo permite repetir el cargo de presidente de forma no consecutiva.

La postura de Tabaré, ante su triunfo en la elección, se ha caracterizado por el llamado a la unión nacional. Así el mandatario electo expresó: “Quiero contar con todos los uruguayos, pero no para que me sigan, sino para que me guíen y me acompañen”. El trabajo con base en la unidad es la lógica sobre la cual las democracias deben consolidarse, desde el Congreso mexicano compartimos y celebramos este llamado.

Es importante reconocer también a la institución nacional responsable de organizar y conducir este proceso democrático, a la Corte Electoral de la República Oriental de Uruguay. Durante las dos rondas electorales la Corte desarrolló un papel trascendente, y después de ambos comicios promovió el conteo inmediato de los votos para dar con certeza y prontitud a los resultados. Los legisladores mexicanos nos congratulamos por la fortaleza institucional observada en las elecciones, la actitud demócrata de los candidatos participantes y la activa participación ciudadana han hecho que la jornada electoral haya sido pacífica, democrática y ejemplar.

Para México es de gran importancia que países hermanos consoliden sus democracias, dado que es la mejor manera de brindar a los ciudadanos la oportunidad de gozar de una mejor calidad de vida basada en el respeto a los derechos humanos. Es por ello felicitamos al pueblo de Uruguay y a su mandatario electo, recordando que nuestra relación bilateral es de gran trascendencia para el pueblo mexicano.

Nuestros vínculos diplomáticos iniciaron en 1831. Posteriormente, en 1856 las relaciones bilaterales se enfocaron simplemente al envío de cartas. No obstante, el inicio formal de las relaciones diplomáticas ocurre en 1901, una vez que el gobierno uruguayo nombra a su primer representante ante el gobierno mexicano, Juan Cuestas, en calidad de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario. El 13 de mayo de 1902, México reanuda las relaciones diplomáticas y nombra Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Uruguay, a Francisco León de la Barra.

En la historia de la relación bilateral ha habido momentos difíciles, como el periodo de la dictadura en Uruguay, cuando nuestros gobiernos mantuvieron una relación ríspida dada la postura mexicana de apoyar al pueblo uruguayo. Entre diciembre de 1975 y septiembre de 1978, el embajador de México en Uruguay, Vicente Muñiz Arroyo (entregó credenciales en junio de 1974 y permaneció a cargo de la embajada hasta el 11 de mayo de 1977) concedió asilo diplomático a centenares de uruguayos perseguidos por razones políticas. Para la mayoría se obtuvieron salvoconductos que permitieron trasladarse a México sanos y salvos. Una vez que las autoridades empezaron a negar el otorgamiento de los salvoconductos se negoció con España y algunos países la recepción de los asilados, esto se dio hasta mediados de 1977. La embajada de México se distinguió por ser la única representación que permitió el asilo diplomático.

Cuando se reanudó la democracia en Uruguay en 1985 se fortaleció la relación bilateral con México. Los tiempos difíciles de la dictadura sirvieron para construir un espíritu de solidaridad entre nuestras naciones, lo cual creo cimientos para llevar nuestra cooperación a niveles importantes en diversas áreas y temas. De una relación meramente de amistad, creció un vínculo humanitario y también económico. Los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay fortalecieron los vínculos comerciales al firmar el Tratado de Libre Comercio el 15 de julio de 2004.

Con el Tratado de Libre Comercio bilateral hemos: reafirmado los lazos especiales de amistad y cooperación entre nuestros nacionales; fortalecido la integración económica regional, la cual constituye uno de los instrumentos esenciales para que los países de América Latina avancen en su desarrollo económico y social, asegurando una mejor calidad de vida para nuestros pueblos; creado un marco jurídico que propicie las condiciones necesarias para el crecimiento y la diversificación de las corrientes de comercio; alentado la innovación y la creatividad y fomentado el comercio de bienes y servicios que estén protegidos por derechos de propiedad intelectual; y sin duda alcanzado un nivel de excelencia en la relación, con un gran nivel de dialogo político.

Es importante destacar que la relación bilateral se ha institucionalizado a través de varios mecanismos como la Comisión Binacional Permanente, establecida el 9 de octubre de 1990. La primera Reunión de la Comisión tuvo lugar en la ciudad de México, los días 17 y 18 de julio de 1996 y tuvieron que pasar 12 años para que la segunda se llevara a cabo en 2008. Nuestros países han utilizado este marco de diálogo para tratar cuatro ejes temáticos: Asuntos Políticos; Asuntos Económicos, Comerciales y Financieros; Cooperación Educativa y Cultural y Cooperación Técnica y Científica. La continuación de este espacio de dialogo es importante para continuar fortaleciendo nuestra relación.

México y Uruguay han firmado una serie de tratados, convenios y acuerdos en diversos sectores de interés para ambos países. Para México, Uruguay constituye un valioso interlocutor con el Mercosur, con múltiples coincidencias en materia de política internacional. Además, en el plano regional y multilateral, los países comparten posiciones afines en múltiples temas: La promoción de la democracia y los derechos humanos; el combate al crimen organizado y al narcotráfico; la defensa del medio ambiente y la promoción del desarme internacional.

No menos importantes son nuestras respectivas diásporas. Los mexicanos residentes en Uruguay y los uruguayos que viven en México son un lazo humano y cultural, significativo para el entendimiento mutuo. También la felicitación por el triunfo de la democracia en Uruguay, en las elecciones de 2014, la extendemos a estos nacionales uruguayos que viven en nuestro país, pero que no dejan de tener un vínculo histórico, político y sentimental con su patria.

Los legisladores mexicanos celebramos la democracia en Uruguay, nación hermana, que hoy permite a sus ciudadanos elegir a su presidente, vicepresidente y al Poder Legislativo integrado por senadores y diputados. Estamos seguros que el presidente Tabaré Vázquez será un jefe de Estado que sabrá mantener y conducir buenas relaciones con el mundo, sus vecinos en el hemisferio y, desde luego, con el pueblo de México. Los legisladores mexicanos le deseamos éxito en su mandato en beneficio del pueblo uruguayo y de los pueblos latinoamericanos.

Por lo anterior, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión felicita a Tabaré Ramón Vázquez Rosas por su triunfo en las elecciones presidenciales en la República Oriental del Uruguay realizadas en noviembre de 2014 y al pueblo uruguayo por contribuir al fortalecimiento de la democracia en su país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2015.

Diputada Adriana González Carrillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer a los titulares de la CNBV, de la Subprocuraduría de la PGR y de la Condusef, para que expongan el avance en las investigaciones que dieron origen al proceso de disolución y liquidación de Ficrea, suscrito por los diputados Agustín Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez y Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta ante esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

En agosto de 2008, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) emitió la autorización para que Ficrea pudiera operar como una sociedad financiera popular (Sofipo), con lo cual estaría en posibilidad de prestar servicios financieros de ahorro, inversión y crédito principalmente a pequeñas y medianas empresas.

En abril de 2012, la calificadora HR Ratings, en un informe sobre la empresa Leadman Trade, mostró la relación de ésta con Ficrea y Baus & Jackman, una empresa dedicada al arrendamiento automotriz y servicios administrativos, las cuales forman parte del grupo Trade.

Dicho informe señaló que Ficrea era la fuente más importante de fondeo y que representaba 95.3 por ciento de los pasivos de Leadman.

En marzo de 2014, el director de esta Sofipo, mostró la intención de la empresa de convertirse en un banco especializado en pequeñas y medianas empresas (Pymes) para operar a partir de 2015, argumentando que sus activos habían crecido 182 por ciento respecto al año anterior.

En el mes de octubre, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), suspendió a Ficrea el uso de contrato de adhesión al producto denominado Inversión a plazo, por rehusarse a retirar una clausula ilegal en el contrato. Dicha cláusula estipulaba el cobro de una comisión a quien haya expedido un cheque sin fondos y también a quien recibió en su cuenta dicho cheque.

El 7 de noviembre pasado, la CNBV llevó a cabo una intervención gerencial a Ficrea y se designó con el carácter de interventor-gerente de dicha entidad al licenciado Federico Manuel López Cárdenas. Además, mediante acuerdo de esa misma fecha, el Comité de Protección al Ahorro del Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores (Comité), aprobó la suspensión parcial de operaciones, así como el cierre temporal de las oficinas y sucursales de Ficrea, SA de CV, SFP.

La intervención se llevó a cabo debido a que la CNBV identificó que esta Sofipo presentaba serios problemas regulatorios detectados durante diversas visitas de inspección en materia financiera, operativa y de riesgos, y de evaluación sobre el cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero.

Adicionalmente, la CNBV detectó que Ficrea utilizaba a la sociedad anónima Leadman Trade SA de CV (Leadman) para transferir recursos a los acreditados de la Sofipo, y que el pago de las amortizaciones de los respectivos créditos, provenían a su vez de una cuenta de Leadman, evidenciando que a través de Leadman se realizaba una triangulación no transparente de los recursos de la Sofipo.

La CNBV determino´ que cerca de 98 por ciento de la cartera de crédito originada por Ficrea, se canalizaba a través de Leadman, sin que esta última sociedad presentase información de soporte de manera adecuada.

La CNBV señala que Ficrea mostro´ falta de transparencia e integridad de la información y falta de disposición para atender de manera adecuada los requerimientos de información necesarios para que la Comisión ejerciera debidamente sus funciones de supervisión.

El 18 de diciembre de 2014, se notificó a Ficrea, SA de CV, SFP sobre el emplazo para revocar la autorización para operar como sociedad financiera popular.

Pese a que la CNBV otorgó un plazo de diez días hábiles a Ficrea, para que ofreciera pruebas y formulara alegatos, en relación con la causal de revocación de su autorización para operar como sociedad financiera popular, fue el mismo 18 de diciembre cuando Ficrea ejerció su derecho de audiencia por escrito pero no presentó alegatos ni pruebas en su defensa, por lo cual el Comité de Protección al Ahorro del Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores, en su sesión extraordinaria celebrada el 17 de diciembre de 2014, determinó la disolución y liquidación de Ficrea, SA de CV, SFP.

Los ahorradores han denunciado que pese a todas las fallas que tenía detectadas la CNBV sobre el funcionamiento de Ficrea, se permitió que durante 2014, se cometiera fraude en contra de ahorradores adicionales que depositaron sus recursos durante el periodo de marzo a noviembre de 2014.

Otro asunto delicado que los ahorradores han denunciado es el que tiene que ver con la fuga de más de 470 millones de pesos durante el 1 y 6 de noviembre pasado, es decir un día antes de que se diera a conocer la intervención gerencial a Ficrea. Lo cual implica que los recursos fueron transferidos de la caja de Ficrea y Leadman and Trade gracias a que contaban con información confidencial que solo tenían la CNBV y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo cual genera suspicacias que apuntan a un asunto de probable colusión.

El 23 de diciembre pasado, mediante oficio publicado en el Diario Oficial de la Federación, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocó la autorización otorgada a Ficrea para operar como sociedad financiera popular y resolvió iniciar el proceso de disolución y liquidación.

El 26 de diciembre pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación un aviso en el que se designó como liquidador al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para que este organismo funja como el responsable de la realización del pago de las obligaciones garantizadas en beneficio de los ahorradores de Ficrea.

Las razones que dieron origen al proceso de disolución y liquidación de Ficrea son muy graves porque se trata de un asunto que pone en jaque no sólo al sistema financiero de nuestro país, sino a las propias autoridades gubernamentales encargadas de prevenir que se cometan este tipo de delitos. Por lo tanto, es importante saber quiénes están siendo investigados por la comisión de estos actos y cuáles serán las consecuencias penales en contra de quienes llevaron a la quiebra a esta sociedad financiera popular.

Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al licenciado Jaime González Aguadé, titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la licenciada Mariana Benítez, subprocuradora jurídica de la Procuraduría General de la República, y al licenciado Alberto Di Constanzo Armenta, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a fin de que expongan el avance de las investigaciones sobre lavado de dinero que originaron el proceso de disolución y liquidación de Ficrea.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que invalide la resolución tomada el 23 de diciembre de 2014 por el que se dio inicio al proceso de disolución y liquidación de Ficrea.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a crear un fondo de recuperación del dinero de los ahorradores de Ficrea constituido con los recursos incautados del señor Rafael Antonio Olvera Amezcua.

Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que investigue la probable red de corrupción que pudiese existir entre funcionarios del área de inteligencia financiera tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como de la Procuraduría General de la República, que de acuerdo con información publicada recientemente en medios de comunicación, pudieron incurrir en una serie de extorsiones a cambio de mantener las operaciones ilegales de Ficrea.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2015.

Diputados: Miguel Alonso Raya (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez, Carlos Augusto Morales López.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Conanp, al gobierno de Baja California y al ayuntamiento de Mexicali, para que se declare área natural protegida, a la zona de las Tres Lagunas, suscrito por el diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, David Pérez Tejada Padilla, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, integrante de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 y 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración a esta Comisión Permanente el presente punto de acuerdo que exhorta la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al gobierno del estado de Baja California y al ayuntamiento de Mexicali, Baja California, para que declare la zona de Las Tres Lagunas como área natural protegida, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La protección de los recursos naturales es una de las preocupaciones de la administración pública, pues se considera al medio ambiente como uno de los factores que permiten aumentar la calidad de vida de los seres humanos, tal como lo propone el Índice para una vida mejor, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el cual utiliza mediciones de la calidad del agua y la contaminación del aire como indicadores para medir el grado de conservación o deterioro del medio ambiente, vinculando estos dos factores como indicadores de la calidad de vida.

El tema referente al cuidado de los recursos naturales no ha sido de interés nacional e internacional. Ejemplo de ello es la Declaración del Milenio, aprobada por 189 países y firmada por 147 jefes de estado y de gobierno en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en septiembre de 2000, en donde se establecieron ocho objetivos por alcanzar en 2015. Entre éstos, el objetivo número siete hace referencia a la necesidad de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y en el cual México ha cumplido satisfactoriamente con la meta, de acuerdo con datos del Informe de Avances 2013 del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México1 . Este logro no indica que en esta materia se deban disminuir las acciones para proteger al medio ambiente, sino que estos resultados deben impulsarnos a realizar más y mejores medidas.

Como muestra del interés de nuestro país para proteger y ampliar las áreas naturales, contamos con un modelo tripartito que permite el fomento, la protección y la administración de las áreas naturales protegidas, diseñado de tal forma que se involucra a los tres niveles de gobierno y permite la participación de la ciudadanía en la articulación de acciones para el cuidado del medio ambiente, tal como lo requiere el área de las Tres Lagunas, puesto que es necesaria la participación de gobierno y sociedad para lograr el rescate y la preservación de esta zona lagunar.

En el ámbito federal, es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que depende de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la que coordina el sistema que involucra a los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil las comunidades rurales e indígenas, el cual pretende ser representativo, sistémico, funcional, participativo, solidario, subsidiario y efectivo2 .

En el mismo sentido, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece en su artículo 5o., párrafo VIII, que dentro de las facultades de la federación se encuentra el establecer, regular, administrar, vigilar las áreas naturales protegidas de competencia federal. Asimismo, el artículo 7o. dispone que:

“Corresponden a los estados, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: [...]

V. El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas previstas en la legislación local, con la participación de los gobiernos municipales;

XVII. El ejercicio de las funciones que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les transfiera la federación, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de este ordenamiento; [...]”.

La autoridad federal, sin abandonar sus responsabilidades, las complementa con la participación de los gobiernos estatales y municipales, como lo establece el artículo 8o. de la ley mencionada, en su fracción V, que a la letra dice:

“Corresponden a los municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: [...]

V. La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas por la legislación local; [...]”.

Como se mencionó párrafos arriba, es de vital importancia la cooperación de los tres órdenes de gobierno para el avance en la protección del medio ambiente, hecho que se lleva a la práctica gracias a la regulación existente en la ley en comento, tal como se expresa en su artículo 11:

“La federación, por conducto de la secretaría, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de sus municipios, asuman las siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial [...]”.

El ordenamiento federal considera la participación de los gobiernos estatales como rectores de la política medioambiental a través de las legislaturas locales, como se expresa en el artículo 46 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, lo cual se expresa en el artículo 46, que a la letra dice:

“Se consideran áreas naturales protegidas:

IX. Parques y reservas estatales, así como las demás categorías que establezcan las legislaciones locales;

X. Zonas de conservación ecológica municipales, así como las demás categorías que establezcan las legislaciones locales, [...]”.

La responsabilidad de la protección al medio ambiente no recae únicamente en el gobierno federal y gobiernos estatales; también se incluye a los ayuntamientos por ser el orden de gobierno más cercano a la ciudadanía, quienes tienen la facultad de crear y cuidar áreas de naturales protegidas, lo que nos lleva al contexto que originó esta iniciativa referente al área de las Tres Lagunas. En este contexto, se involucra tanto al gobierno estatal, como al gobierno municipal a través de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, que en su Título II, Áreas Naturales Protegidas, artículos 4o. y 5o., indica la participación de ambos ámbitos en cuanto a la creación y preservación de dichas áreas:

“Artículo 4. Corresponde al gobierno del estado: [...]

III. La creación, regulación y administración de las áreas naturales protegidas, parques naturales, urbanos y áreas verdes de jurisdicción estatal.

Artículo 5. Corresponde a los gobiernos municipales con el concurso, según el caso, del gobierno del estado, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales: [...]

I. Llevar a cabo las acciones que sean necesarias para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, salvo que se trate de casos de competencia expresa y exclusiva del estado o de la federación; [...]

III. Estructurar el ordenamiento ecológico municipal con los programas de desarrollo de asentamientos humanos, en la ley de desarrollo urbano y demás disposiciones aplicables de conformidad con lo establecido en esta ley [...]

VI. Crear, regular y administrar parques urbanos y zonas sujetas a conservación ecológica de competencia municipal. [...]”

Para que las acciones planeadas por la administración pública logren concretarse en beneficios tangibles para la población, es necesaria la coordinación con las autoridades locales al nivel más cercano a la ciudadanía, concretamente los gobiernos municipales, pues es en ellos en donde se recogen en primera instancia, las demandas ciudadanas.

El área de las Tres Lagunas es un ejemplo de esto último, puesto que es de interés de los habitantes de Mexicali el que esta zona sea preservada como área natural protegida, como se mostró en el esfuerzo de la campaña Salvemos las Lagunas, en la cual participaron voluntarios en campañas de reforestación y restauración y protección de las lagunas Campestre, México y Xochimilco3 . Asimismo, el ayuntamiento de Mexicali, a través del Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana, ha realizado investigaciones para fundamentar esta propuesta, de donde se desprende la importancia de las Tres Lagunas en diversos rubros, como son4 :

• Clima: debido a que la ciudad de Mexicali se encuentra situada en la provincia fisiográfica del desierto de Sonora, caracterizado por presentar un tipo de clima cálido-seco con escasas precipitaciones pluviales y una temperatura promedio en verano de 38 a 40 grados centígrados, llegándose a registrar máximas de 52 grados centígrados, la conservación de sus recursos hídricos representa una preocupación importante para el desarrollo de sus habitantes.

• Topografía: el terreno de Mexicali es predominantemente plano, requiere de sistemas de bombeo para abastecer de agua potable, así como para el desalojo de las aguas residuales y el drenaje pluvial, lo que representa costos extraordinarios por la habilitación y construcción de obras de infraestructura, al ser mínima su conducción con la pendiente natural.

Es importante señalar que la ubicación de las lagunas como parte del dren natural de la ciudad se ubican en el giro del punto mínimo de la cota 0, por lo que se favorece el embalsamiento y demarcan la discontinuidad orográfica hacia donde drenan en los sentidos este-oeste los escurrimientos pluviales de la mayor parte de la ciudad.

• Hidrografía: uno de los dos cuerpos de agua en la ciudad de Mexicali están representados por el sistema lagunar localizado al sur formado por las lagunas Campestre, México y Xochimilco, mismas que reciben el aporte de agua de drenes agrícolas, y que a través del ayuntamiento de Mexicali se realizan acciones para su rescate y rehabilitación.

• Fauna: existe una gran diversidad de fauna existente en la zona de las lagunas, integrada por especies de aves residentes y migratorias, las cuales llegan a este sitio para alimentarse y descansar en su trayecto hacia el sur del continente. Las especies de aves que anidan en esta zona lacustre, dependiendo la época del año, son: pelicano (Pelicanus Erythrorhynchus), pelicano café (Pelicanus occidentalis), palmoteador de Yuma (Rallus yumanensis), gaviota (Larus Argentatus), zambullidor pico grueso (Podilymbus Podiceps), pato buzo común (Gavia Immer), pato café (Dendrocygna Autumnalis), pato rojo (Aythya Americana), pato colorado o de cuello blanco (Anas Cyanoptera), garza blanca o pescador (Egreta Thula), ganso o barnacla canadiense (Branta Canadiensis) y grulla (Ardea Alba), así como la codorniz de Gambel (Lophortyx Gambelii). En cuanto a las especies de mamíferos terrestres que se han observado en la zona de las lagunas se tiene a los siguientes: la liebre (Lepus Sp.), el conejo matorralero (Sylvilagus Sp.)

• Vegetación: la vegetación existente en la zona de las lagunas es característica del desierto micrófilo, con presencia de asociaciones de matorrales y arbustos herbáceos de tipo desértico y riparia, sobre todo en la ribera de las lagunas la cual es característica de ecosistemas acuáticos. Entre la vegetación existentes se encuentran las siguientes: junco (Typha Latifolia), chamizo (Ambrosia Dumosa), pino salado (Tamarix Aphilla), pinillo salado (Tamarix Rammossisima), mezquite con espina (Prosopis Sp), cachanilla (Pluclea Sericea), tule (Phragmites Communis), gobernadora (Larrea tridentata), palo verde (Cercidium Sp.), carrizo (Ammophila arenaria) y 27 especies más.

• Valor paisajístico: las lagunas Campestre, México y Xochimilco constituyen un recurso patrimonial de los mexicalenses y es de los pocos elementos naturales de gran importancia paisajístico en la ciudad. Es un lugar que presenta un gran atractivo para visitar y recrearse, por lo cual es necesaria su conservación, dado el alto valor natural que representa para el entorno y la población de Mexicali.

El problema más grave que afecta este sistema lacustre se debe a la contaminación, dado que la zona de las lagunas se forma por drenes aportadores de agua, como el dren colector del norte, dren Tula, dren Xochimilco y dren Wisteria; los cuales transportan aguas residuales de los lavados de tierra de los cultivos, mismos que llevan una amplia gama de productos agroquímicos como pesticidas, herbicidas, fungicidas y nematicidas utilizados en la agricultura. En el recorrido de estos drenes también descargan aguas residuales de corrales de engorda, criaderos, descargas de aguas de procesos industriales, así como descargas de aguas negras de asentamientos humanos irregulares establecidos junto a estas corrientes que descargan a las lagunas contaminándolas, principalmente con bacterias coliformes fecales y no fecales.

Lograr que una zona afectada por la contaminación se convierta en un área segura para el equilibrio ecológico de una zona urbana requiere de atención cercana, con el acompañamiento de autoridades de los tres niveles de gobierno, pero dando la responsabilidad a la autoridad municipal, por encontrarse en posibilidades de darle seguimiento con mayor celeridad a este tipo de casos.

El trabajo en equipo entre autoridades y sociedad comienza desde el nivel básico de organización del gobierno: el ayuntamiento, que es el ámbito donde se contextualiza el presente caso, puesto que en el Reglamento de Protección al Ambiente para el Municipio de Mexicali, artículo 128 se establecen las bases para la intervención de la Oficina Municipal de Ecología en materia de preservación y restauración de los recursos del patrimonio natural de los centros de población del municipio, incluyendo las áreas naturales protegidas propuestas por el gobierno municipal.

Para realizar esta tarea, de acuerdo al artículo 130 del reglamento en cuestión, el ayuntamiento se coordinará con el gobierno estatal, de acuerdo a la Ley General Estatal, la cual establece los términos para la expedición de declaratorias para el establecimiento de áreas naturales protegidas de competencia municipal.

Finalmente, la importancia de Las Tres Lagunas queda enmarcada dentro de las Estrategias de Desarrollo Urbano, el cual considera5 :

“un modelo de ordenamiento urbano y ecológico, (en donde) el complejo lagunar campestre, México y Xochimilco se encuentra enmarcada en una zonificación que delimita las capacidades de zonas muy definidas, sobre las cuales las condiciones ambientales para el mejoramiento urbano, la consolidación y la protección ecológica son de suma importancia [...]

Dentro de las principales acciones a realizar se tienen las siguientes:

A) Promover el aprovechamiento de las lagunas Campestre, México y Xochimilco como espacios de oportunidad para la integración funcional de usos y actividades compatibles con la protección ecológica y la conservación urbana.

B) Delimitar las políticas y acciones aplicables a la Unidad de Gestión Territorial de la Laguna Campestre, México y Xochimilco como, área de influencia para la población.

Asimismo, el Programa de Desarrollo Urbano del Centro Poblacional de Mexicali 2025 incluye dentro de sus líneas de acción, la integración urbana de las Tres Lagunas, señalando así la importancia que esta zona le significa al municipio como parte del desarrollo integral de su población, de acuerdo con los factores climatológicos, hidrológicos, de flora y fauna que se mencionaron con anterioridad.

Las áreas naturales protegidas representan áreas de oportunidad para el desarrollo social y permiten el acceso a mejores condiciones de bienestar para la población, y en sus distintas modalidades son consideradas como la mejor alternativa para la preservación de recursos naturales, de acuerdo a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) y a la investigación sobre “El papel de las áreas naturales protegidas en el desarrollo local” en Baja California.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, por medio de Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se realicen los convenios necesarios con el gobierno del estado de Baja California y el ayuntamiento de Mexicali de la misma entidad, para realizar las diligencias conducentes a la creación de área natural protegida de las Tres Lagunas (México, Campestre y Xochimilco).

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Baja California y al ayuntamiento de Mexicali para que, en virtud de la Estrategia de Desarrollo Urbano para el Municipio de Mexicali, los ordenamientos jurídicos que les otorgan facultades en materia y el interés social, sea declarada como zona natural protegida la zona lagunar de las Tres Lagunas (México, Campestre y Xochimilco).

Notas

1. http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/cgi-win/odm.exe/CDR,E

2. http://www.conanp.gob.mx/quienes_somos/mision_vision.php

3. http://www.bionero.org/campanas/limpieza-ciudadana-de-la-laguna-mexico- salvemoslaslagunas-1

4. IMIP, Características para declarar el sistema lagunar Campestre, México y Xochimilco, área de conservación ecológica, 2014.

5. IMIP, Características para declarar el sistema lagunar Campestre, México y Xochimilco, área de conservación ecológica, 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2015.

Diputado David Pérez Tejada Padilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente convoca al comisionado para la seguridad y el desarrollo integral en Michoacán, para que informe sobre la seguridad en esa entidad, las acciones que ha implementado para combatir la violencia y sobre el enfrentamiento que se dio en La Ruana, suscrito por la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada federal Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 58 y el 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión convoca al comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán a presentar informe presencial, bajo las siguientes

Consideraciones

La figura de comisionado de la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán se creó mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de enero de 2014, ignorando el sistema jurídico mexicano, al carecer de sustento constitucional y violar la soberanía del estado de Michoacán.

Lo anterior en consideración de los dispuesto en el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala que en caso de trastorno interior o sublevación en los estados, los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los estados, a petición de la Legislatura del estado correspondiente o por su Ejecutivo, sólo en caso de que la Legislatura no estuviere reunida.

Conforme al artículo 31 de la Constitución de Michoacán, su Congreso sesiona por años legislativos comprendidos del 15 de enero al 14 de enero del próximo año, por lo que correspondía a éste solicitar a los Poderes de la Unión su auxilio.

No obstante, fue el gobernador quien solicitó el apoyo al gobierno federal en materia de seguridad pública, con objeto de enfrentar la situación de violencia e inseguridad que se ha presentado en el territorio michoacano.

Aunado a que el momento generador estuvo fuera del marco jurídico, se advierte que durante su mandato, el comisionado de Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán, Alejandro Castillo Cervantes constantemente vulnera una de las máximas de nuestro estado de derecho: el principio de la división de Poderes, así como violación a los derechos humanos.

El comisionado, según el artículo quinto, fracción II, del decreto por el que se crea la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, es competente para formular y ejecutar políticas, programas y acciones orientadas a la prevención de delitos, fortalecimiento institucional, reconstrucción del tejido social, restablecimiento de la seguridad y desarrollo integral de Michoacán, y aplicarlas en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales.

Asimismo, conforme al párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda autoridad en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Sin embargo, la efectividad del Comisionado se ha puesto en duda debido a que no se advierte un avance en la prevención de delitos, combate a la delincuencia organizada y un excesivo uso de autoridad.

El 16 de diciembre de 2014, en La Ruana, Michoacán ante la presencia de policías federales y la gendarmería, acaeció un enfrentamiento entre un grupo de personas afines a Hipólito Mora, comandante de la fuerza rural en dicho municipio y Luis Antonio Torres “El Americano”, líder de ex miembros de la fuerza rural; y resultaron 11 muertos, entre ellos el hijo de Hipólito Mora.

De conformidad con lo señalado por la juez competente, diez de los fallecidos pertenecían al grupo de Luis Antonio Torres y sólo uno a Hipólito Mora. No obstante el comisionado Castillo señaló que cinco eran del grupo de Mora y seis de El Americano.

Los testimonios sobre el inicio y motivo del tiroteo varían según la fuente: Luis Antonio Torres señala que fue la gendarmería quien abrió el fuego; Hipólito Mora apunta a hombres de El Americano y el comisionado Castillo indica que el fuego se inició debido a una rivalidad que subiste entre El Americano e Hipólito Mora que data del tiempo en que ambos formaban parte de los grupos de autodefensas.

Derivado del enfrentamiento el juez segundo de Apatzingán ha girado 56 órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado en agravio de 10 personas, de las cuales se han ejecutado 37 órdenes (27 contra los integrantes del bando de Hipólito Mora y 10 de El Americano). No obstante, juez negó a la Procuraduría de Michoacán la orden de aprensión por la muerte de Manuel Mora.

El 27 de diciembre Hipólito Mora se entregó voluntariamente junto con 26 de sus seguidores y fueron puestos a disposición del juez competente.

Cuatro días después, el 31 de diciembre, Luis Antonio Torres y nueve de sus seguidores se entregaron a las autoridades estatales y federales, quienes fueron trasladados al penal David Franco Rodríguez por delito de homicidio calificado. Aunque hay más personas involucradas, El Americano declaró que acordaron la entrega de solamente nueve de sus hombres por temor a que la organización delictiva conocida como Los Viagras se apodere de la zona.

El 3 de enero de 2015 Hipólito Mora y sus hombres recibieron auto de formal prisión, derivado de la resolución emitida por la juez María Consuelo López, del juzgado primero en Materia Penal, luego de que consideró suficientes las pruebas para acusar a Mora y a 26 de sus hombres por el tiroteo ocurrido en La Ruana, la localidad de donde era jefe de la Fuerza Rural local.

De la información disponible se advierte confusión y sesgo de la información y de la acción de la justicia.

A partir de los hechos de La Ruana, en Michoacán se han confirmado una serie de abusos y excesos que el comisionado había ejercido desde que tomó posesión de su nuevo encargo como es la invasión de competencia de los distintos poderes estatales y municipales.

Conforme a un reporte independiente de grupo CNN, realizado a partir de fuentes oficiales, desde que el comisionado Castillo tomo el cargo en Michoacán, en los primeros seis meses (febrero a julio) la entidad han crecido delitos de alto impacto como asesinatos (35.3 por ciento), extorsiones (41 por ciento) y robo de automóviles (13.3 por ciento), y sólo el secuestro ha disminuido (11.8 por ciento).

La falta de compromiso para llevar a todos los delincuentes ante la justicia como es Servando Gómez “la Tuta”, líder de los templarios, y pactar la entrega de otros en circunstancias que rayan en el surrealismo, es una de las razones de por qué Michoacán se encuentra en el estado de inseguridad y violencia actual.

Dado los hechos recientes, se requiere que el comisionado Alfredo Castillo, rinda un informe presencial ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para que dé a conocer las acciones que ha implementado en Michoacán para combatir y reducir los niveles de violencia y la actuación del crimen organizado, así como las estrategias para salvaguardar los derechos humanos durante el ejercicio de sus funciones.

Por lo expuesto, se somete a consideración los siguientes

Resolutivos

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, convoca al comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, para que acuda ante esta soberanía a rendir informe presencial del estado que guarda la seguridad en Michoacán.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, convoca al Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, para que acuda ante esta soberanía a rendir informe presencial respecto de las acciones que ha implementado en Michoacán para combatir y reducir los niveles de violencia y la actuación del crimen organizado, así como las estrategias para salvaguardar los derechos humanos durante el ejercicio de sus funciones.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, convoca al comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, para que acuda ante esta soberanía a rendir informe presencial en relación con el enfrentamiento que se dio en La Ruana, Michoacán, la detención de los involucrados, su puesta a disposición y auto de formal prisión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2015.

Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la delegada del IMSS en el estado de Tabasco, para que rectifique la decisión de la subrogación y cierre de la guardería 1098 Patronato Industrial para la Asistencia Infantil, AC, suscrito por la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario MC

Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A través del presente punto de acuerdo, quiero que los presentes tomen conciencia de las graves consecuencias que tendría el cierre de un centro de trabajo tan productivo y con resultados óptimos al negar un nuevo contrato con mayor cantidad de menores. Este es un caso que se ha politizado y que afecta directamente a 45 maestras y maestros que han laborado por más de 22 años, sin mencionar que se está desplazando a niños quienes presuntamente serán reubicados.

Estos trabajadores han manifestado su preocupación y han denunciado que incluso autoridades de la delegación estatal cuentan con la intención de cerrar este centro de labores del IMSS y que la delegada estatal, Karla Pilgram Santos y la Jefa de prestaciones económicas y sociales, Laura Francisca Díaz Sáenz, se han negado sin consentimiento alguno a poder otorgar un nuevo contrato por rencillas con su representante legal.

Esta guardería cuenta ha sido calificada como una de las mejores del estado con un 93% de 100 puntos por lo cual se tiene la impresión que el tema del aumento de apoyos y su cierre se ha politizado.

Esto es una clara violación a los derechos humanos por parte de la delegación del IMSS del estado de Tabasco ya que después de 22 años de arduo labor que además ha sido de primera se esté atropellando a tan respetable institución y a sus trabajadores.

Por lo anteriormente expuesto presentamos ante el pleno de esta asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la delegada estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tabasco, la licenciada Karla Pilgram Santos, rectifique la decisión de la subrogación y cierre de la guardería 1098 Patronato Industrial para la Asistencia Infantil, AC.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de enero de 2015.

Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y al Senasica, para que informen sobre los resultados de la campaña contra la roya del cafeto implementada en 2013 y 2014, suscrito por el senador Eviél Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Eviel Pérez Magaña, senador de la República en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para que informen sobre los resultados obtenidos en la campaña contra la roya del cafeto implementada en 2013 y 2014; exhortando a la dependencia y entidad mencionadas para que en 2015 se amplíe la superficie a atender en el estado de Oaxaca.

Consideraciones

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), a través de su director en jefe, hizo público que en 2015 se establecerá oficialmente la Campaña contra la Roya del Café1 .

Senasica es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que garantiza a nivel nacional la sanidad e inocuidad de los productos de origen animal y vegetal en beneficio de la sociedad, en cumplimiento a las atribuciones que tiene asignadas en el Reglamento Interior de Sagarpa y en su propio manual de organización.

Del citado manual de organización de Senasica, el artículo 49 enumera sus atribuciones2 , dentro de las cuales destaco las siguientes:

Artículo 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado el 10 de julio de 2001, hasta en tanto no se emita el Reglamento Interior del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria tendrá las siguientes atribuciones:

I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de sanidad vegetal y sanidad animal e imponer las sanciones respectivas;

...

IV. Normar y evaluar los programas para la prevención, control, combate de plagas y enfermedades que afecten a la agricultura y a la ganadería; proponer mecanismos de coordinación con los gobiernos del Distrito Federal y de los estados, así como con organismos auxiliares para su implantación, y emitir un dictamen sobre su cumplimiento y recomendar las medidas correctivas que procedan;

...

En cumplimiento de esas atribuciones, la Dirección General de Sanidad Vegetal emitió el manual técnico para el manejo preventivo de la roya del cafeto, versión 20133 , cuyo objetivo general es establecer los lineamientos técnico-operativos que deben ejecutarse para la aplicación de las medidas preventivas contra la roya del cafeto, como base para la ejecución de la campaña contra esta enfermedad.

La roya del cafeto, ilustra el citado manual técnico, es una enfermedad producida por un hongo (Hemileia vastratix ) considerada común en el aromático; ataca a las hojas de los cafetos de las variedades comerciales que se cultivan en la mayor parte de las regiones cafetaleras de México; hizo su aparición en la cafeticultura mexicana en 1981 en el área de Soconusco, Chiapas, en los límites de Guatemala.

Dicho manual agrega: “Con la finalidad de evitar pérdidas en la calidad y cantidad de producción de café en los ciclos posteriores, a partir de 2013 operará la campaña contra la roya del cafeto, como parte de un programa integral para el control de la enfermedad en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz, donde se realizarán acciones de muestreo, capacitación a técnicos y productores, divulgación, control cultural y control químico. Así como en los demás estados productores donde el personal técnico de la campaña contra la broca del café realizará acciones encaminadas al cumplimiento del objetivo de la estrategia contra la roya del cafeto”. En la versión 2013 de dicho manual se especificó la superficie a atender de once entidades federativas, de acuerdo a la siguiente relación:

“4.2.4. Superficie a atender por estado: En cada entidad federativa se atenderá la siguiente superficie:

Chiapas 13 mil 500 hectáreas

Oaxaca: 5 mil hectáreas

Veracruz: 4 mil hectáreas

Puebla: 3 mil 500 hectáreas

Hidalgo: 3 mil 500 hectáreas

Querétaro 300 hectáreas

San Luis Potosí: 2 mil 500 hectáreas

Nayarit: 3 mil hectáreas

Jalisco: mil hectáreas

Colima: 850 hectáreas

Guerrero: 2 mil 500 hectáreas”

Respecto al estado de Oaxaca, datos recientes de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (Sedafpa)4 , de gobierno del estado, arrojan que en 150 municipios de la entidad, que conforman siete regiones cafetaleras, se cultivan 128,286.61 hectáreas de café que representan 18.70 por ciento de la superficie cafetalera a nivel nacional; que están acreditados un total de un millón cien mil 849 productores empadronados; que cien mil 849 familias viven del cultivo del café, representando 12.20 por ciento de los hogares oaxaqueños; y seis millones 500 mil oaxaqueños se benefician directamente, representando una séptima parte de la población estatal.

Estos datos oficiales son suficientes para apreciar la importancia que representa el cultivo del café en Oaxaca y por consiguiente, la necesidad de combatir la roya del cafeto.

En tal virtud, la presente proposición, tiene como objeto exhortar a los titulares de Sagarpa y del Senasica para que rindan un informe sobre los resultados obtenidos en 2013 y 2014 respecto a dicha campaña; y por los datos expuestos particularmente del estado de Oaxaca, que en el próximo 2015 se amplíe la superficie a atender en dicha entidad federativa.

Por lo expuesto, someto a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para que informen sobre los resultados obtenidos en la campaña contra la roya del cafeto implementada en 2013 y 2014; y por las razones expuestas en las consideraciones que anteceden, que en 2015 se amplíe la superficie a atender en el estado de Oaxaca.

Notas

1 Consultado el 15 de diciembre de 2014 en: http://www.senasica.gob.mx/?IdNot=1900

2 Manual de Organización de SENASICA consultado el 15 de diciembre de 2014 en: http://senasica.mx/?id=5781

3 Consultado el 15 de diciembre de 2014 en: http://www.royacafe.lanref.org.mx/Documentos/Manualtecnicoroya.pdf

4 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (SEDAFPA), datos consultados el 17 de diciembre de 2014 en: http://www.sedafp.oaxaca.gob.mx/pages/boletines/2014/agosto/4etapa-comb ate-roya-cafeto.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2015.

Senador Eviel Pérez Magaña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para que el titular de la SFP comparezca ante la Comisión Permanente, en relación al tema de la empresa Higa, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del PAN

Laura Angélica Rojas Hernández, Juan Carlos Romero Hicks, Daniel Gabriel Ávila Ruiz y María del Pilar Ortega Martínez, senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II ,y 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, presenta al pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con puntos de acuerdo

Consideraciones

Los mayores escándalos del año 2014 que concluyó, fueron sin lugar a dudas el de la “Casa blanca”, relacionado con la cancelación de la licitación del tren México- Querétaro, en medio de los peores contextos sociales que ha vivido el país. Ante ello, el Gobierno Federal no dio mayor respuesta que un video de la Primera dama, explicaciones jurídicamente incorrectas del vocero de la Presidencia y una declaración pública de simulación de transparencia, pues seguimos sin conocer la evolución patrimonial de la familia presidencial.

Lamentablemente, la licitación del tren México- Querétaro no fue lo único que probablemente haya sido afectada por el probable conflicto de interés del Presidente de la República con el Grupo Higa, sino que esa empresa también es la encargada de la modernización del hangar presidencial, que según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes requiere de una inversión de 658 millones de pesos.

A lo anterior, hay que sumar la asignación de contratos multimillonarios a Grupo Higa otorgados por el Gobierno del Estado de México desde hace doce años que ascienden a 23 mil millones de pesos aproximadamente, solamente en esa entidad. Se contrató a Grupo Higa para 1) la remodelación del estadio de la Universidad Autonomía del Estado de México, 2) el viaducto elevado bicentenario, 3) la autopista Toluca- Atlacomulco, 4) el estacionamiento del aeropuerto de Toluca, 5) el libramiento de Acambay, entre otros.

Frente al posible conflicto de interés entre el presidente de la República y otros miembros de su gabinete con el Grupo Higa, el 2 de diciembre de 2014 los senadores del PAN y del PRD presentamos un paquete de puntos de acuerdo en los que solicitamos:

1) Que la Secretaría de la Función Pública informe sobre las contrataciones de la administración pública federal realizadas con la empresa Grupo Higa o las empresas en que el señor Juan Armando Hinojosa Cantú sea socio o accionista.

2) Que la Secretaría de la Contraloría del estado de México investigue y, en su caso, sancione la probable infracción a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios por la celebración del contrato de compraventa entre la cónyuge del entonces gobernador de la entidad, Enrique Peña Nieto, y Grupo Higa.

El trabajo de las instituciones que vigilan el desempeño de la función pública y el inicio de las investigaciones para determinar si hay responsables que hayan afectado el patrimonio multimillonario de los mexicanos es indispensable. Sin embargo, no se han iniciado tales procedimientos en estos asuntos en particular.

En cambio, hay que contrastar la actuación del Gobierno Federal ante un escándalo de un millón de pesos por un Porsche que por los 7 millones de dólares de la Casa blanca, relacionados con los 658 millones de pesos si tomamos en cuenta solamente el contrato de la modernización del hangar presidencial.

En el comunicado 047, de 28 de diciembre del año pasado, la Secretaría de la Función Pública informó el inicio de una investigación a Heliodoro Antonio Díaz Aguirre, en su calidad de funcionario público adscrito a Liconsa, por la presunta donación de un vehículo por parte de su padre, Heliodoro Díaz Escárraga, a fin de determinar el origen lícito de los recursos utilizados para la adquisición del automóvil, según una publicación del Facebook de Díaz Aguirre.

La Función Pública en su comunicado menciona que las investigaciones se realizan “derivado de la información que apareció en los medios”. Es decir, la Secretaría inició una investigación de oficio, de inmediato, al día siguiente de la reproducción en medios de comunicación la publicación de una cuenta de Facebook de un funcionario público, por ostentar un bien de un millón de pesos. ¿Por qué no vimos esto cuando estuvo el conflicto de interés por la Casa blanca en todos los medios de comunicación durante semanas?

Nos congratulamos de la eficiencia la eficacia de la Secretaría de la Función Pública en este asunto en la apertura de la investigación de oficio, sin que haya mediado denuncia. Sin embargo, los asuntos en que se presuma corrupción debe tratarse en igualdad de circunstancias tomando en cuenta la magnitud del daño causado a los mexicanos y a su patrimonio.

Ante estos sucesos, se hace urgente la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Según Mauricio Merino en su artículo Combatir la corrupción, la lógica que resumen las propuestas de la sociedad civil para el combate a la corrupción en México: “1) que haya instituciones públicas fuertes, dedicadas a velar por la honestidad de los asuntos públicos; 2) que esas instituciones gocen de autonomía de gestión y de decisión; y 3) que estén articuladas entre sí, de manera que formen un sistema de pesos y contrapesos”.

Estas características no se ven en el actuar de la Secretaría de la Función Pública. Desafortunadamente la eficacia en el inicio de la investigación por el caso del Porsche no la vemos aplicada a los casos más trascendentes. ¿Por qué ante un escándalo de un millón de pesos se inicia una investigación al día siguiente de que sale en medios de comunicación y no ante los constantes reclamos y movilizaciones sociales por el presunto conflicto de interés por la Casa blanca con un valor de 7 millones de dólares –que con el valor del dólar hoy en día supera los cien millones de pesos?

Tanto Transparencia Mexicana como la Red por la Rendición de Cuentas han dejado claro que las instituciones que vigilen el desempeño del servicio público y que combatan la corrupción deben evitar ser instituciones de persecución política, sino que deben gozar de independencia para que se investiguen todos los casos de posible corrupción en igualdad de circunstancias, aunque con especial énfasis en casos graves.

¿Cuál es el criterio para iniciar una u otra investigación de oficio por parte de la Secretaría de la Función Pública?, ¿Cuántas investigaciones de oficio se presentaron en 2014? En el Portal de Transparencia la Secretaría no da cuenta de esa información, ni tampoco sobre cuántas investigaciones tiene abiertas.

Reconocemos el buen trabajo de la Función Pública, sin embargo, los mexicanos también hemos sufrido las consecuencias de sus omisiones. Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero . Esta Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a iniciar, a la brevedad, una investigación del posible conflicto de interés del Presidente de la República y los miembros de su gabinete ampliado con relación a la empresa Grupo Higa y las empresas de que sea socio o accionista el señor Juan Armando Hinojosa Cantú.

Segundo. Esta Comisión Permanente cita a comparecer al encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública, Juan Olivas, para que explique los criterios de inicio de una investigación de oficio y por qué no se inició investigación por el asunto de la “Casa blanca”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2015.

Senadores: Laura Angélica Rojas Hernández, Juan Carlos Romero Hicks, Daniel Gabriel Ávila Ruiz y María del Pilar Ortega Martínez. (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH y al Congreso de Puebla, para que intervengan en los casos de luchadores sociales detenidos por el gobierno de esa entidad, suscrito por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, senadora de la república Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Congreso del estado de Puebla para intervenir, en el ámbito de sus atribuciones, en los casos de luchadores sociales detenidos por el gobierno de Rafael Moreno Valle, con carácter de urgente y obvia resolución, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El 6 de abril de 2014, en el estado de Puebla, fue detenida Doña Enedina Rosas Vélez. Su delito: negarse a firmar en su calidad de comisaria ejidal, la autorización para el paso del gasoducto, que se pretende construir como parte del proyecto integral Morelos.

Al día siguiente de la detención de Enedina Rosas, el defensor de Derechos Humanos, Juan Carlos Flores, también opositor a dicho proyecto, comenzó a organizar las manifestaciones por su liberación, y después de acudir a una reunión a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, fue detenido con lujo de violencia y acusado por delitos que nunca cometió, con base en falsos testimonios rendidos por diversas autoridades policiales.

Estas aprehensiones ilegales marcaron el inicio de una política de represión y hostigamiento contra quienes se manifiestan o se oponen a las decisiones o mandatos del Gobernador Moreno Valle, quien ha utilizado a las instituciones del Estado para encarcelar injustamente a decenas de activistas, defensores y autoridades municipales que lo cuestionaban pública y pacíficamente.

A las detenciones de Enedina y Juan Carlos, se sumaron la de Abraham Cordero, también opositor del Proyecto Integral Morelos; así como la de más de una docena de campesinos, indígenas y ancianos, quienes protestaron contra la supresión del servicio del registro civil en sus pueblos y quienes además son autoridades elegidas mediante el sistema de usos y costumbres indígenas por sus propias comunidades.

Incluso ha detenido a abogados y ejidatarios que se han opuesto a que sus tierras sean expropiadas con fines comerciales y que han resistido los embates del poder público estatal para despojarlos de su único patrimonio.

De acuerdo con la documentación realizada por organizaciones civiles, grupos de abogados y familiares, ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni el Poder Judicial del Estado han puesto límite a las flagrantes violaciones a los derechos humanos cometidas por las instituciones que actúan al servicio del Poder Ejecutivo. Más bien, de acuerdo a las propias organizaciones, tanto el Poder Judicial como la Comisión de Derechos Humanos, actúan al servicio del Gobernador y legitiman las flagrantes violaciones a los derechos humanos que se han venido cometiendo durante todos estos meses en contra de activistas, defensores, autoridades indígenas y cualquier persona que públicamente se atreva a disentir con el titular del Ejecutivo del estado.

Es decir, en Puebla, no hay ninguna institución que limite o evite las arbitrariedades cometidas por el Gobernador.

La persecución y encierro que el gobierno de Puebla impone a activistas, defensores y autoridades indígenas, es una respuesta violenta contra una diversidad de manifestaciones ciudadanas pacíficas en defensa del territorio, del patrimonio cultural y la identidad de los pueblos.

En todos los casos, sin importar la motivación o causa social que se defienda o enarbole, y simplemente por la oposición a las decisiones del Gobernador, se ha establecido como regla el uso político del derecho y de las instituciones de procuración y administración de justicia, así como de defensa de los derechos humanos, en todos los casos documentados se ha evidenciado la fabricación de delitos, las falsas acusaciones de policías y empresarios ligados al Gobierno, así como la validación de detenciones arbitrarias e ilegales, en donde se han incluido resoluciones judiciales inverosímiles y violatorias de los derechos humanos.

Como parte de la falta de mecanismos de control y vigilancia de la actuación de las instituciones y poderes del Estado, se suma la falta de un Consejo de la Judicatura que inspeccione las actuaciones de aquellos juzgadores que se han prestado a la utilización política del derecho y al abuso de poder.

Este tipo de abusos cometidos utilizando las instituciones públicas, es considerado técnicamente por especialistas y mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos como una "desviación de poder", donde el objetivo fundamental es proteger poderes económicos y políticos, utilizando la ley en detrimento de una persona o un grupo de personas interpretándola en su contra y atentando contra sus libertades y derechos.

Con su actuación, el gobierno del Estado de Puebla en su conjunto, se encuentra vulnerando los derechos a la libertad, la integridad, al acceso a la justicia y al debido proceso de quienes participan activamente en las luchas sociales y reivindican el derecho a la consulta previa, libre e informada, a propósito de supuestos proyectos de desarrollo que los afectan directamente, además violenta los principios de los sistemas normativos indígenas basados en usos y costumbres, trasgrediendo con ello su propio mandato Constitucional local, la Constitución General de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Ante la falta de mecanismos en el Estado de Puebla que permitan limitar el abuso del ejercicio del poder público, resulta fundamental la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que revise puntualmente la actuación de cada una de las instituciones del Gobierno de Puebla que han permitido o tolerado el uso arbitrario y político del derecho para inculpar injustamente a luchadores sociales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que en el ámbito de sus facultades y con pleno respeto a su autonomía emita un informe que documente la situación jurídica y de violaciones a los derechos humanos de los luchadores sociales que han sido detenidos en el Estado de Puebla.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta al Congreso del Estado de Puebla para que en el ámbito de sus competencias, solicite información, comparecencias y/o reuniones de trabajo con los titulares de la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia del Estado para revisar la actuación que han tenido en las detenciones, procesamiento y encarcelamiento de los luchadores sociales.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta al Congreso del estado de Puebla para que, en el ámbito de sus atribuciones, revise la pertinencia de realizar las modificaciones legislativas necesarias para la creación de un Consejo de la Judicatura en el Estado Puebla, que coadyuve al fortalecimiento del Poder Judicial en la entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2015.

Senadora Dolores Padierna Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que implanten acciones que protejan a los periodistas, suscrito por el diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, David Pérez Tejada Padilla, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Día del Periodista es una conmemoración en la que se celebra a los comunicadores, en México se designó el día 4 de enero, pues algunos consideran que obedece al fallecimiento de Manuel Caballero en 1826, considerado “el iniciador del periodismo en el país”.

La libertad de expresión y la libertad de imprenta la cual se deriva de la primera, son considerados derechos fundamentales o derechos humanos, y están plasmados en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que establece:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

En el ámbito jurídico interno, la libre manifestación de las ideas está consagrada en nuestra Carta Magna en los artículos 6 y 7, y son parte de las garantías individuales, las cuales están destinadas a proteger los derechos fundamentales de las personas que radican en territorio mexicano.

La protección del periodismo tanto en los tratados internacionales como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obedece a que en una régimen democrático, el periodismo tiene un rol fundamental: brindar a la gente información que le ayude a ejercer su ciudadanía y participar en las decisiones de su gobierno; el periodismo vigila las acciones de los gobernantes para asegurar, que estos, ejerzan su papel de representantes como es debido.

El ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en el mundo, distan mucho de ser respetados y ejercidos libremente y sin ataduras, por el contrario en algunos lugares del mundo la represión ha aumentado.

En todas las regiones del mundo todavía hay muchas personas que son acosadas y encarceladas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y sin este derecho, sin la capacidad para hacerse oír, es muy difícil defender los demás derechos humanos.

Miles de activistas, periodistas, manifestantes pacíficos, miembros de minorías, etc. siguen siendo perseguidos, amenazados, encarcelados, torturados y asesinados por el simple hecho de disentir.

Según datos de Amnistía Internacional, en 2010 se produjeron ataques en contra de la libertad de expresión en, al menos, 89 países.

En nuestro país, la profesión del periodismo sigue siendo uno de los trabajos más castigados y peligrosos, en la última década han sido asesinados más de 80 periodistas y 17 han desaparecido.

En medio de este ambiente de violencia e impunidad, numerosos periodistas se han visto obligados a huir del nuestro país debido a las diversas amenazas que han recibido por parte del crimen organizado, en este contexto, las redes sociales se han convertido en armas eficaces y poderosas para informar a millones de personas ávidas de conocer lo que sucede en tiempo real lo que acontece en el país.

Como respuesta a la situación que viven los periodistas en nuestro país, el gobierno ha implementado una serie de mecanismos para revertir el status de indefensión en el que se encuentra este sector que tan importante servicio presta a nuestra sociedad.

Por ejemplo, en febrero de 2006 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión; en 2012 el Senado de la Republica aprobó una reforma constitucional por la cual permite a las autoridades federales atraer bajo su jurisdicción los crímenes y delitos que atenten contra la libertad de informar o el ejercicio del periodismo, esta reforma permitió la creación del Mecanismo para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.

Sin embargo, estos avances en materia de protección del periodismo no deben sumirnos en la opacidad y el conformismo, sino obligarnos a seguir mejorando los mecanismos que posibiliten ejercer la profesión del periodismo según los estándares internacionales.

Como dijo el Secretario General de la ONU: “Ningún periodista, en ningún lugar del mundo, tiene que poner en peligro su vida para difundir las noticias; juntos protejamos a los periodistas.”

Esta fecha nos brinda la oportunidad de evaluar la libertad de expresión en nuestro país, de defender la independencia de los medios de comunicación y de rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en ejercicio de su profesión.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente respetuosamente exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que implementen las acciones necesarias a fin de poder brindar protección a los periodistas, los cuales ejercen una labor de gran importancia para la conservación de los valores democráticos, los cuales permiten a la sociedad gozar de una vida próspera

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2015.

Diputado David Pérez Tejada Padilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, a fin de concluir la construcción del puente La Pigua, en Tabasco, suscrito por la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso de los Estados unidos Mexicanos, presenta ante esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Datos dados a conocer por la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a mediados del año pasado, establecen que el puente la Pigua, se encuentra en un 97 por ciento de avance en su construcción.

La terminación de esta obra, junto con el respectivo distribuidor vial (el cual tiene un avance del 52 por ciento a mediados del año pasado) es necesaria para que exista una fluidez en esta zona, evitando en gran medida los embotellamientos que se hace durante las horas pico. Con las consecuencias que ello ocasiona en cuanto a horas hombre perdidas.

Se tenía contemplada la terminación de esta obra para diciembre de 2014, lo cual no ha ocurrido.

Somos conscientes que existen dificultades por el tiempo y por derecho de vía, pero consideramos que esta obra es necesaria para el bienestar y desarrollo económico en general de los tabasqueños, y en particular de los transportistas provenientes de Centla y poblaciones cercanas a Villahermosa en el estado de Tabasco así como del transporte pesado que viene procedente de Campeche hacia el municipio de Paraíso.

Por lo anteriormente expuesto presentamos ante el pleno de esta asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular de la misma dependencia, Gerardo Ruiz Esparza, para que se termine la construcción del puente la Pigua, en el estado de Tabasco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de enero de 2015.

Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar campañas de prevención y acciones para erradicar la enfermedad de Chagas en el país, suscrito por el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, diputado integrante de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo; al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La enfermedad de “Chagas” es una enfermedad endémica provocada por el parásito Tripanosoma cruzi, el cual es transmitido por la picadura de un insecto llamado triatoma barberi y por el Triatoma dimidiata, mejor conocidas como chinches hociconas. El nombre de la enfermedad lo recibe del médico brasileño, Carlos Chagas, quien descubrió la enfermedad, su agente causal y su transmisor.

La enfermedad de Chagas afecta a la población más pobre, sobre todo en zonas del país como Jalisco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, ya que las chinches que transmiten el parásito se encuentran en lugares insalubres, escondidas en techos de palma y muros de adobe y madera. La transmisión se da principalmente en zonas rurales, donde existen precarias condiciones socioeconómicas, mientras el vector convive con los habitantes humanos.

Los síntomas más comunes son: fatiga, fiebre, vientre hinchado y miocardiopatias o inflamación del corazón. En los niños suele aparecer el signo de Romaña, una inflamación en los parpados de los ojos que es signo común del mal de Chagas. En la etapa avanzada de la enfermedad suelen presentarse alteraciones de colon, esófago, corazón y puede llegar a ocasionar muerte súbita en personas que aparentaban buena salud.

Los datos de la enfermedad a nivel mundial, continental y nacional son inciertos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2007 se estimaban que 10 millones de personas estaban infectadas, además de causar 15 mil muertes al año en Latinoamérica. En 1996, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) registró un millón 600 mil mexicanos infectados con este mal, y una incidencia anual de 44 mil casos nuevos. En 2011 tan solo en Chiapas se detectaron 62 casos de Chagas. En los estudios que se realizan en el banco de sangre del Hospital General de la Ciudad de México se calcula que la prevalencia del Chagas es del 0.5 al 2.8 por ciento; motivo por el cual, a raíz de transfusiones de sangre el Chagas se transmite a regiones que no son endémicas.

“En marzo de 2012, Médicos Sin Fronteras hizo pública su preocupación por la falta de un programa específico de combate al Chagas en México, y por la ausencia de medicamentos para la enfermedad en el cuadro básico de salud.”

La Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2002, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmitidas por vector, tiene por objetivo establecer las especificaciones, criterios y procedimientos para disminuir el riesgo de infección, enfermedad, complicaciones o muerte por enfermedades transmitidas por vector. Sin embargo, es urgente realizar campañas públicas de salud que tengan por objeto prevenir estas enfermedades en las zonas endémicas y que se garantice el abastecimiento de medicamentos en los centros de salud donde exista mayor incidencia de la enfermedad.

El Estado mexicano debe redoblar esfuerzos contra esta enfermedad que afecta terriblemente a los más pobres, puesto que el factor endémico se da en zonas marginadas, con personas que viven en casas con pisos de tierra o expuestos a la intemperie.

Por lo general las personas desconocen que las chinches pueden transmitir parásitos mortales, posteriormente la dificultad es atenderse en un centro de salud que cuente con médicos capacitados para diagnosticar la enfermedad y por último, se presenta la problemática de conseguir los medicamentos necesarios para combatir la enfermedad.

Por estas razones, el objetivo de este punto de acuerdo es promover la creación y realización de campañas de prevención de la enfermedad, fumigación de los insectos transmisores del parásito, detección temprana de la enfermedad y atención oportuna con medicamentos suficientes para la ciudadanía. Todo con el objetivo de erradicar la enfermedad de Chagas de México.

En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaria de Salud se realicen campañas de prevención, fumigación del vector transmisor, atención temprana de la enfermedad y dotación de medicamentos en las zonas endémicas de propagación de la enfermedad de Chagas, a fin de erradicarla del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero del 2015.

Diputado José Angelino Caamal Mena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ y a la Contraloría General del DF, para que confirmen y, en su caso, sancionen al jefe delegacional de Iztapalapa, por la probable comisión de actos de corrupción, suscrito por los diputados Lourdes Canales Quiñones y Cristina González Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI

Las que suscriben, diputada federales Lourdes Quiñones Canales y Cristina González Cruz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado 17 de diciembre, el delegado de Iztapalapa, Jesús Valencia, chocó contra un vehículo estacionado, una camioneta Jeep Cherokee nueva, con placas 588 – ZVH, hecho que no tendría nada de extraño a no ser por las circunstancias que lo rodean.

Primeramente, el funcionario de extracción perredista afirmó ante los medios de comunicación que había chocado al distraerse mientras leía mensajes en su teléfono celular.

Más tarde señaló en una entrevista radiofónica que el accidente ocurrió por haberse quedado dormido mientras conducía, esto como consecuencia de la supuesta ingestión de medicamente antigripales.

La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal informó que debido a que no hubo personas lesionadas de gravedad ni decesos, no se procedió a la consignación del jefe delegacional ante una agencia del Ministerio Público.

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza aseguró que no se le fue realizada la prueba de alcoholemia al delegado.

De igual forma, Valencia señaló primeramente que la camioneta era prestada, para después mencionar que era de su propiedad.

Otra de las contradicciones del delegado se refiere al lugar de donde procedía al momento del choque. Valencia explicó primero que había salido del evento de navidad de la delegación, pero luego que había ido a una reunión con la dirigencia de la corriente Acción Democrática Nacional, del PRD.

Mientras tanto, la propia delegación afirmó que el cansancio y la gripa fueron condicionantes para el percance.

El delegado dijo que no poseía convenio con dicha empresa. Además, informó que su casa en el Pedregal tiene un valor de 9.5 millones de pesos.

Todas estas contradicciones, de suyo sospechosas, generaron suspicacias desde el primer momento entre la opinión pública de la capital del país, pero lo que vino a generar todavía más desconfianza, fue la información que se dio a conocer con posterioridad, sobre la propiedad de la camioneta en que viajaba Jesús Valencia.

En efecto, la camioneta en la que volcó resultó ser propiedad de la empresa Amexire, que ha prestado servicios a la delegación Iztapalapa por montos que podrían superan los 50 millones de pesos, esto de acuerdo con una investigación realizada por el diario Reforma.

Dicha empresa, con domicilio en Santa Cruz Atizapán, Estado de México, se habría beneficiado con al menos tres contratos por productos de oficina y servicios de construcción para la demarcación, cuya bóveda solo labora durante la madrugada.

Se dio a conocer que la Contraloría General del Distrito Federal solicitará a la delegación una copia de los tres contratos que firmaron, especialmente con el que se le concedió la construcción de viviendas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, cuyo dinero proviene de la federación, el cual se signó por un monto menor de 19 millones de pesos y un máximo de 48 millones de pesos.

Los reporteros pudieron constatar en el portal de la Secretaría de Finanzas capitalina que el vehículo está a nombre de una persona moral y, por tratarse de un modelo 2015, no está inscrita en el Registro Público Vehicular, aunque en septiembre se tramitaron las placas.

En 2013, menciona el diario, Amexire rehabilitó el Deportivo Carmen Serdán bajo el contrato IZP-DGODU-IR-PF-O-075-13, por lo cual se le pagó un millón 949 mil 256 pesos. La convocatoria fue por invitación restringida.

Uno año después, de acuerdo con Reforma, obtuvo por adjudicación directa tres contratos: el IZTP/DGA/AD/324/2014, para dotar equipo de cómputo e impresoras por un monto de 200 mil pesos, así como también el IZTP/DGA/AD/325/2014, por 150 mil pesos para la adquisición de grabadoras, proyectores y pantallas.

Además la licitación LPN/DIZ/DGA/009/14, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, por un mínimo de 19 millones 224 mil pesos y un máximo de 48 millones 60 mil pesos.

Amexire habría participado en este proyecto con el 30 por ciento de los 168 millones 632 mil 530 pesos que el programa federal destinó a Iztapalapa y con el que se realizaron 4 mil acciones de vivienda en 43 colonias, según la propia delegación.

La Secretaría de Salud del Distrito Federal (Sedesa) también ha establecido contratos con la empresa Amexire S de RL de CV. El contrato celebrado entre la dependencia capitalina y la empresa señala que fueron adquiridas “prendas de seguridad y protección personal”, por un monto de 268 mil 420 pesos con 80 centavos, ya incluido el IVA.

El delegado de Iztapalapa tiene fascinación por las Jeep Grand Cherokee, pues utiliza tres: dos, propiedad de compañías que han recibido contratos de la demarcación, y una que está a su nombre. De donde se descubre otra entidad con irregularidades.

La empresa Protexer, S de RL de CV , dueña de una de las camionetas tipo Cherokee que maneja el titular de Iztapalapa , Jesús Valencia , también tiene contratos, al menos con tres delegaciones del Distrito Federal y con los gobiernos capitalino y federal.

Las explicaciones hasta ahora ofrecidas por el delegado no aclaran los hechos acaecidos el pasado 17 de diciembre, sino que han generado todavía más dudas, pues ahora existe presunción fundada sobre la existencia de un grave conflicto de interés entre una empresa contratista y el todavía funcionario, por lo que se hace necesaria una investigación a fondo que ayude a establecer sanciones en contra de quienes resulten responsables de haber incurrido en delitos en contra del servicio público y causales de responsabilidad administrativa.

Mal gobernar una delegación de la que ni siquiera se es vecino, como lo hace Jesús Valencia, es una cosa. Mentir sobre su lucidez al momento de conducir un vehículo es otra, pero conducir un vehículo propiedad de una persona jurídica con la que se tienen lazos de negocios, es corrupción. Por eso, y ante la actitud remisa del delegado para explicar con suficiencia sus relaciones con particulares, se vuelve necesaria la confirmación de los hechos por parte de la Procuraduría General de Justicia y de la Contraloría General, ambas del Distrito Federal y en dado caso, la debida sanción.

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia y a la Contraloría General del Distrito Federal, a efecto de que confirmen, y en su caso, sancionen al jefe delegacional en Iztapalapa, por la probable comisión de actos de corrupción.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2015.

Diputadas: Lourdes Quiñones Canales, Cristina González Cruz (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al Ejecutivo federal realice lo conducente para instituir y celebrar el 25 de marzo como el Día del Niño por Nacer, suscrito por los diputados Raquel Jiménez Cerrillo, Jesús Oviedo Herrera, José Alfredo Botello Montes, Enrique Flores Flores y Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados Raquel Jiménez Cerrillo, Jesús Oviedo Herrera, José Alfredo Botello Montes, Enrique Flores Flores y Fernando Rodríguez Doval, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 constitucional, así como 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, con base a las siguientes

Consideraciones

Primera. La vida es el eje de todos los derechos. El derecho a la vida es una condición del ser humano que se encuentra inherente a su naturaleza, siendo este el inicio de todo orden social principio mismo de su existencia.

El respeto a la vida como derecho humano fundamental debe ser principio imprescindible de nuestras leyes, sin él es imposible exigir el respeto a todos los demás derechos. Es por ello que asumiendo el compromiso como representantes de los niños y niñas que aún no pueden hablar, ni defenderse, por la etapa misma en la que se encuentran, proponemos a modo de respeto y justicia celebrar de manera oficial el “Día del Niño por Nacer”.

Para el Partido Acción Nacional, de acuerdo a nuestros principios de doctrina, “la vida y la dignidad de ser humano deben protegerse y respetarse desde el momento de su concepción hasta la muerte natural”, rector de nuestras acciones.

Segunda

Antecedentes

Esta celebración fue constituida por primera ocasión en El Salvador, siguiéndole Argentina, declarándose el 25 de marzo de 1999, por el reconocimiento de los no nacidos, ante ello el presidente en ese entonces Carlos Saúl Menem expresó en una carta a los presidentes de los países de América Latina, España, Portugal y Filipinas, la invitación de unirse al decreto número 1406/98 del 7 de diciembre de 1998, donde se pide declarar oficialmente Día del Niño por Nacer.

En diversos países de América Latina y Europa aprobaron el proyecto declarando el 25 de marzo de cada año Día del Niño por Nacer, acogiéndolo con diferente nombre en cada país por su ideología, con el propósito de promover una cultura y defensa de la vida desde el momento de su concepción.

El Congreso de Guatemala el 20 de mayo de 1999 declaró el día 25 de marzo como Día nacional del Niño no nacido. La declaración oficial señala que de esta manera se espera “promover una cultura de vida y de defensa de la vida desde el momento de su concepción”.

En Chile , a partir de una campaña que contaba con el apoyo de miles de firmas y varios alcaldes, el 18 de mayo de 1999 la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad un proyecto de acuerdo por el que se solicita al Presidente de la República se sirva declarar el día 25 de marzo de cada año, como el día del niño concebido.

En el marco del III Encuentro de Políticos y Legisladores de América, que se realizó del 3 al 5 de agosto de 1999 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, la primera dama de Costa Rica , Lorena Clara de Rodríguez, anunció la celebración de un día por la vida del no nacido en Costa Rica. El entonces presidente costarricense Miguel Ángel Rodríguez, proclamó el 27 de julio como Día Nacional de la Vida Antes de Nacer.

En Nicaragua , el presidente de la República, Arnoldo Alemán, dictó el día 25 de enero de 2000 un decreto por el que declara el día 25 de marzo de cada año como el “Día del Niño por Nacer”. El primer magistrado nicaragüense fundamenta su resolución en que la Constitución Política de la República, en su artículo 23 declara que “el derecho a la vida es inviolable e inherente a la persona humana”. Luego añade que como “la vida humana necesita de cuidado y protección especiales, tanto antes como después del nacimiento”, el Estado nicaragüense reconoce “como una de sus prioridades velar por el desarrollo integral de las personas por nacer”. Finalmente el decreto reconoce que “el derecho a la vida, inherente a cada uno de los habitantes de la Nación y del mundo, constituye el eje principal de los derechos humanos y por tanto, merece de la decidida atención del Estado, sus instituciones y de toda la sociedad nicaragüense”.

En República Dominicana fue aprobada, a comienzos del año 2001, la ley que instituye la celebración, considerando como “apropiado y necesario consignar un día al Niño por Nacer, con la finalidad de propiciar la reflexión sobre el importante papel que representa la mujer embarazada en el destino de la humanidad, y el valor de la vida humana que porta en su seno”.

En Brasil el proyecto de ley que instituirá el Día del Niño por Nacer, espera su aprobación en la Cámara de Diputados. Se trata de una iniciativa del diputado Severino Cavalcanti (PPB/PE), que reclama la fiesta para cada 25 de marzo.

De lo anterior, claramente se advierte que con el paso del tiempo la importancia del día del niño por nacer se ha vuelto aún más relevante, con el objetivo de promover una cultura de defensa de la vida desde el momento de su concepción. Dicho día se celebra con el fin de propiciar la reflexión sobre el importante papel que representa la mujer embarazada en el destino de la humanidad y el valor de la vida humana que porta en su seno.

Tercera. En ese tenor, como legisladores tenemos la obligación de establecer puntualmente en las leyes en la materia, principalmente en nuestra Constitución Política y en cumplimiento a los tratados internacionales, el derecho a la vida desde la concepción, con la finalidad de no dejarlo a interpretaciones, con ello se lograría respetar la dignidad humana y más aún por los seres indefensos que están por nacer.

Ante esta necesidad de que nuestra ley sea muy clara, presentamos una reforma al artículo 4o. constitucional que a la letra dice:

Artículo 4o. Toda persona tiene derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. El estado garantizara la protección integral de los derechos del niño no nacido desde la concepción.

“Párrafos segundo a décimo...”

Podemos ver que, a través de diversos estudios realizados por científicos, antropólogos, abogados, sociólogos, entro otros, se tiene presente el privilegio del derecho a la vida y a la situación natural de su presencia, para contar con leyes más congruentes a los principios del ser humano, sin embargo existe una gama de mecanismos para la interrupción de la vida. La ausencia de un documento escrito, clarificando en nuestra ley suprema del derecho a la vida desde la concepción, apegándose al respeto de la dignidad humana ha provocado que legislaturas locales expidan ordenamientos jurídicos en la materia a favor del aborto, dejando desprotegidos tanto a la futura madre, como al no nacido.

De acuerdo a estudios psicológicos, la sola acción del aborto daña física y emocionalmente a la mujer y a la familia. La propaganda a favor del aborto mal informa que éste es médicamente seguro, con lo que han argumentado su legalización, esto según debido a la cantidad de muertes maternas causadas por el aborto ilegal, llamando engañosamente a éste maternidad sin riesgos; sin embargo, existen múltiples complicaciones como lo son hemorragias, embolias pulmonares, incluso la muerte.

No pasa desapercibido que tanto las mujeres como los hombres, quienes son también parte importante en este doloroso proceso, sufren física y emocionalmente de lo que ya se ha identificado como el síndrome postaborto, registrando en muchas ocasiones sentimientos de culpa, angustia, ansiedad, depresión, baja autoestima, tendencia al suicidio, pesadillas del evento, entre otros, cuestiones que las leyes no previenen ni apoyan en ningún sentido, como apoyo en tal decisión que pueden arrastrar como secuela para el resto de sus vidas.

Por lo anterior, resaltamos la importancia de concientizar a las mujeres y a los hombres de la importancia y respeto del niño por nacer, solicitando que se instrumenten acciones para instituir este importante día.

Señoras y señores, reconozcamos el derecho a la vida desde la concepción, cualquier valor humano necesita de la vida para hacerse realidad. Si no hay vida todo valor carece de sentido.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que se realice lo conducente para instituir y celebrar el 25 de marzo como el “Día del Niño por Nacer”.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 7 de enero de 2015.

Diputados: Raquel Jiménez Cerrillo, Jesús Oviedo Herrera, José Alfredo Botello Montes, Enrique Flores Flores, Fernando Rodríguez Doval (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al titular de la SHCP, a fin de explicar el paquete de medidas instrumentadas para revertir el desempeño de la economía nacional en el marco de la incertidumbre financiera global, suscrito por los diputados Agustín Miguel Alonso Raya, Trinidad Morales Vargas y Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Miguel Alonso Raya, Trinidad Morales y Carol Antonio Altamirano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base en las siguientes

Consideraciones

1. Desde las últimas dos semanas del mes de octubre se dejaron sentir en los mercados financieros internacionales, turbulencias en los indicadores financieros internacionales que perfilaban un clima de alta volatilidad.

Ello, en medio de un entorno de desaceleración económica global de los principales países desarrollados, a los que se suma China, como el principal país emergente, frente a una dinámica recuperación de la economía norteamericana, y el empoderamiento del dólar frente a las principales divisas del mundo. Y de paso, deprecio el peso mexicano hasta alcanzar niveles superiores a 15 pesos por dólar, desde la segunda quincena de diciembre de 2014, y lo que va de 2015.

2. En este marco, el precio del petróleo comenzó a causar preocupación, cuando el precio de 79 dólares por barril de petróleo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación, fue rebasado a la baja, tendencia que no ha se ha detenido, así el 2 de enero se cotizo en 44.81 dolares por debajo de los 45 dólares por barril , es decir una diferencia de 34.19 dólares respecto al precio fiscal aprobado en el Congreso de la Unión para el Ejercicio Fiscal de 2015.

Si bien, es de todos conocido que para 2014, las coberturas petroleras contratadas por la Secretaría de Hacienda, blindan el Presupuesto aprobado, la preocupación del Grupo Parlamentario, estriba en que las finanzas gubernamentales siguen siendo dependientes en aproximadamente un tercio de los ingresos petroleros. Particularmente, las entidades federativas son altamente vulnerables, ya que las participaciones (del Ramo 28) son resultado del diferencial del precio del petróleo internacional respecto al precio fiscal (aprobado por el Congreso de la Unión), pero no son participables.

Por ejemplo, en la crisis de 2008, derivada de la crisis estadounidense y la baja del precio del petróleo hasta niveles de 28.42 dólares (28 de diciembre de 2008), aunque el promedio anual fue 53.50 dólares por barril, las participaciones de los Estados se desplomaron abruptamente en más de 49 mil millones de pesos, al pasar de 230 mil 960.8 millones a 181 mil 746.8 millones de pesos .

En la coyuntura actual, la tendencia negativa en los precios del petróleo, ya esta afectando la viabilidad financiera, de los gobiernos estatales y, sobre todo, municipales, debido a la caída de de los ingresos petroleros en la Recaudación Federal Participable (RFP), misma que en octubre retrocedió 4.8 por ciento.

Según la consultoría Aregional, de los 2 mil 440 ayuntamientos que hay en México, alrededor de 2 mil dependen casi en su totalidad de los recursos federales.

La situación se complica, en la medida en que los fondos de estabilización que tiene el gobierno federal para enfrentar este tipo de contingencias son insuficientes, toda vez que la baja en el precio del energético es de magnitudes importantes, que incluso podrían ser mayores a las del 2009, si se configura un piso menor de los precios internacionales del petróleo.

Todo esto, conspira contra el de por sí mermado crecimiento económico, y reajustado varias veces a la baja en el 2014, por la Secretaría de Hacienda. Al tercer trimestre, Inegi lo ubicó en 1.9 porciento .

Es importante reconocer, que de no haber sido por el incremento sustancial de los ingresos no petroleros derivados de la reforma hacendaria en el paquete económico de 2014, ya hubiese sido necesario recortar la inversión pública y provocado despidos masivos de trabajadores . Pues los ingresos petroleros, acumulan un retroceso a octubre de 8.4 por ciento, resultado de la disminución de la plataforma de producción y de la baja del precio del petróleo.

Cabe subrayar que esta sensible baja, ha sido compensada con el incremento de 11.2 por ciento de los ingresos tributarios , como son el impuesto al valor agregado, el impuesto especial de producción y servicios a las gasolinas y diesel (IEPPS), el impuesto sobre la renta, que por cierto, hay que destacar, sólo grava a los más altos niveles de ingreso, entre otros.

3. De manera tal que si ya el PRD había cuestionado durante la comparecencia al doctor Luis Videgaray, en la glosa del segundo Informe, por la errática conducción de la economía nacional, la coyuntura actual acrecienta el apremio de los integrantes, para que explique detalladamente las estrategias que habrá de instrumentar para enfrentar tales problemáticas que ya se comienzan a materializarse.

4. Por el lado de la evolución del producto interno bruto, el acumulado de los nueve meses ascendió a 1.9 por ciento , donde sectorialmente, a las actividades primarias correspondió un aumentó 3.9 por ciento, (en términos reales); las actividades secundarias se avanzaron 1.6 por ciento; mientras que el PIB de las actividades terciarias fue superior en 2 por ciento al mismo lapso de 2013.

5. Respecto al tercer trimestre de este año con relación a 2013, el avance es de 2.2 por ciento , Mientras que durante el trimestre julio-septiembre de 2014 respecto al trimestre previo creció 0.50 por ciento.

6. Desglosado por sus componentes sectoriales , trimestralmente, las actividades primarias fueron mayores en 2.52 por ciento; las terciarias 0.50 por ciento; y, las actividades secundarias 0.43 por ciento, respecto al trimestre anterior.

7. El compás lento de la economía se focaliza en el estancamiento de la demanda interna , o en otras palabras del mercado interno, como se ha dicho hasta el cansancio.

En este orden de ideas, la preocupación del Grupo Parlamentario del PRD, radica justamente en la desnutrida demanda interna, cuyos dos factores que la conforman son el consumo interno y la inversión.

Para el caso de la inversión pública en lo que va del año se advierte tasas de crecimiento que promedian casi 20 por ciento, de acuerdo con los informes de la situación de las finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda; empero, ha sido insuficiente a todas luces, para catapultar un mayor crecimiento, pues éste último apenas despegó 1.9 por ciento, muy lejos del proyectado inicialmente (por Hacienda) en los criterios de política económica para 2014, de 3.7 por ciento.

Ello, con todo y que a octubre de 2014, el déficit acumula más de 453 mil 451 millones de pesos. Rompiendo el equilibrio de más de dos décadas.

8. El otro elemento de la ecuación de la demanda nacional, con capacidad de incidir en el crecimiento es el consumo , mismo que al tercer trimestre de 2014, Inegi, consigna que el consumo privado avanzó 3.1 por ciento real, descontando la inflación. Pero la piedra en el zapato es que los gastos en Bienes importados se incrementaron 6.1 por ciento. Lo cual significa que es una demanda para mercados externos, es decir a quienes compramos.

9. En su comparación mensual, las cifras del Inegi señalan una caída del consumo en 0.56 por ciento en septiembre respecto a agosto, donde el consumo de bienes y servicios nacionales cayó 0.65 por ciento, y el de los bienes importados descendió 1.6 por ciento.

10. Otra preocupación para el PRD, es la revelación de la Organización Mundial del Trabajo, en torno de que el crecimiento real del salario medio en el sector formal en México, de 2000 a la fecha, apenas se movió 0.3 por ciento , frente a rangos que oscilan de 1.6 por ciento a 3.1 por ciento en países como, Brasil, Chile, Costa Rica, Nicaragua y Uruguay. Al tercer trimestre de 2014, estos mismos países promedian remuneraciones de 1.7 por ciento menor al 2 por ciento de un año previo. Sólo agregar en de agosto a la fecha la inflación en México ha sido mayor a 4.20 por ciento, rompiendo la meta del Banco de México.

En este mismo tenor, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), se concluye que de 2007 a 2014, el mercado laboral se ha precarizado porque se ha perdido empleos de un nivel salarial alto, pues de 5 millones 293 mil ocupados , que, representan 6.74 por ciento , ganaban más de 10 mil pesos en 2006 , se ha contraído a sólo 3 millones 352 mil personas , que ganan esta remuneración (al tercer trimestre de 2014).

Resulta alarmante, que esta cantidad representa la mitad del 12 por ciento que ganaba más de cinco salarios mínimos. Sólo puntualizar que tampoco estos grupos fueron gravados por la reforma al ISR de personas físicas.

Aquí, el PRD, exige saber que estrategia esta adoptando la Secretaría a su cargo para contener y en su momento revertir esta situación, pues es más que evidente que el comportamiento del consumo, está directamente vinculado con el desplome del ingreso de los hogares mexicanos. En estas condiciones, ¿cómo va a crecer el consumo privado de los hogares, si lejos de avanzar vamos retrocediendo?

Finalmente, en relación a las medidas anunciadas por Peña Nieto con motivo del inicio de 2015, para el beneficio de la economía familiar, puntualizar que no son nuevas, salvo los programas del impulso a emprendedores jóvenes y el programa de impulso al desarrollo de la vivienda, aunque todavía se desconoce su contenido y alcance y las restantes medidas anunciadas ya se habían anticipado tiempo atrás.

En materia económica, se percibe más de lo mismo: no hay ningún viso de acciones que se encaminen a detonar la reactivación económica interna , todo indica que el Ejecutivo Federal, esta apostando a la inercia del desempeño de la economía norteamericana .

Para muestra un botón: por la baja del precio del barril de petróleo internacional y la competencia entre los expendedores del combustibles, las gasolinas para los consumidores de nuestro vecino del norte son más baratas que en México. A tal grado que, la Secretaría de Hacienda exceptuó el pasado viernes del primero y único gasolinazo de 2015 a la franja fronteriza .

Así, por ejemplo, en la frontera con Tijuana, algunas gasolinerías ofrecen el combustible regular sin plomo en 2.25 dólares por galón, que equivale a 8.50 pesos por litro; en San Antonio Texas, se vende en 1.70 dólares por galón, y 1.89 en McAllen, mientras en Tamaulipas se ofrece a 7.97 pesos por litro la Magna y 9.19 pesos la Premium .

Estas situaciones se suscitan, en buena parte, por no escuchar opiniones distintas, pero sobre todo, ante la ausencia de contrapesos y controles, de las instituciones frente al Ejecutivo Federal, que mantiene un control férreo y antidemocrático sobre éstas, lo que descarta una rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

En este clima, las deficiencias o incompetencias, aunque tengan elevados costos para la sociedad, y ésta proteste multitudinariamente en las calles, no son percibidas como reclamos de cambio.

Por lo anteriormente expuesto y legalmente fundado, solicito atentamente que se apruebe la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso, para que comparezca ante esta soberanía, con objeto de explicar el paquete de medidas intrumentadas, en materia de política fiscal, para revertir el mediocre desempeño de la economía nacional, en el marco de la incertidumbre finaciera global registrada en los últimos meses de esta año, especialmente, la baja del precio del petróleo, la depreciación del peso, así como de la previsible alza de las tasas de interés internacionales en 2015.

Sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2015.

Diputados: Miguel Alonso Raya (rúbrica), Trinidad Morales, Carol Antonio Altamirano.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que implemente procedimientos que incentiven la profesionalización de la enfermería en México, suscrito por el diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, David Pérez Tejada Padilla, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La enfermería mexicana remonta sus orígenes a la época del México precortesiano, con el nombre de ticitl , se conocía al hombre y la mujer que se dedicaba a la atención de los enfermos.

Históricamente a las mujeres enfermeras se les denominó de distintas maneras, quienes siempre se encontraban a la sombra de un médico, pues éstas sólo eran capaces de auxiliar y no curar.

Fue hasta el año de 1804, que se reconoció a la primera mujer enfermera sanitaria en Iberoamérica, Isabel de Cendala, quien fue enviada en compañía del doctor Balmis con 50 niños para tomar una vacuna e inocularla de brazo en brazo contra la viruela; actividad que debía ser cumplida por Isabel.

Con el paso del tiempo, fueron principalmente las órdenes religiosas quienes prestaron atención a los enfermos, auxiliados por enfermeras que hacían las primeras curaciones en hospitales y cárceles; solteras o viudas honestas de edad madura, mismas que ganaban $50.00 (cincuenta pesos) al año; su ocupación era tan humilde que no se les exigía licencia ni examen previo para ejercer.

Fue en 1854 que se establece la Escuela de Enfermería y Obstetricia dentro de las instalaciones del mismo edificio de la Facultad de Medicina; dicha escuela podía considerarse, no sólo como un beneficio para los pobres quienes iban a buscar su curación al hospital; sino también como un poderoso factor de la difusión de conocimientos útiles a la mujer; que encontraría en esta carrera, un medio honesto y lucrativo para cubrir sus propias necesidades económicas.

Actualmente, la enfermería es una profesión estudiada principalmente por mujeres y en el mundo, hay claras diferencias en aspectos laborales entre hombres y mujeres, ya sea en lo referente a salarios, o en cuanto a oportunidades o mecanismos de ascenso, de prestaciones o condiciones de trabajo.

Ello sin duda impacta de manera negativa en el número de enfermeras que existen en nuestro país, la Organización Mundial de la Salud señala que en México sólo existen 19 enfermeras por cada 10 mil habitantes, cifra muy por debajo de la recomendación de dicha Organización que establece que lo recomendable es un mínimo de 84 enfermeras por cada 10 mil habitantes.

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señaló la cifra total de enfermeras y enfermeros, misma que asciende a 302 mil a nivel nacional.

Como ya se ha manifestado, las condiciones laborales en las que desempeñan son las principales causas que hacen que dicha profesión muchas de las veces sea criticada e incluso denunciada de negligente, sin embargo, no podemos dejar de advertir los bajos salarios, las deplorables instalaciones y materiales hospitalarios, incluso la básica preparación como razones fundamentales que provocan que la profesión de enfermería no sea impulsada y protegida como cualquier otra profesión.

Al respecto, las y los mexicanos dedicados a dicha labor constantemente se manifiestan con la finalidad de obtener los medios necesarios para lograr su profesionalización y con ello mejorar sus condiciones laborales y consecuentemente, la mejora en los servicios de salud que brindan.

Por lo anterior y en el marco de la celebración del Día de la Enfermera en México, el Partido Verde Ecologista de México se suma a las demandas de este gremio, exhortando a las autoridades correspondientes poner especial atención a las condiciones laborales en las que desarrollan tan noble actividad todas las enfermeras de nuestro país.

Es importante destacar que mientras que en países desarrollados sólo ejercen la enfermería quienes tienen una carrera universitaria, en México la atención es a nivel técnico y no existen estímulos para profesionalizar a este sector.

Ejemplo de lo anterior es el 71 por ciento de las enfermeras y enfermeros del país que son auxiliares, técnicos y postécnicos, mientras que sólo el 29 por ciento cuenta con estudios a nivel licenciatura o tiene un posgrado, según datos del Sistema de Información Administrativa de Recursos Humanos de Enfermería de la Secretaría de Salud.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a efecto de que diseñe e implemente mecanismos eficientes que incentiven y faciliten el proceso de profesionalización de la enfermería en México, lo anterior con la finalidad de garantizar tanto mejores condiciones laborales –salarios y materiales de trabajo–, como un mejor servicio a la sociedad al tratarse de un derecho fundamental como lo es a salud.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente a los 7 días del mes de enero de 2015.

Diputado David Pérez Tejada Padilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al titular de la SHCP, ante el pleno de la Comisión Permanente, para que explique las medidas que el gobierno federal tomará frente al desplome de los precios del petróleo, suscrito por la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde 1970, la venta de petróleo ha sido el pilar de la economía y la palanca de desarrollo de nuestro país. Es la gran riqueza que no han podido entregar a las empresas trasnacionales y que el Revolucionario Institucional, en contubernio con Acción Nacional, pretenden regalar con la aprobación de la reforma energética.

En últimas fechas, el precio de barril de este valioso recurso ha sufrido un desplome alarmante a nivel mundial. Desde hace poco más de 6 semanas, el costo de la mezcla mexicana ha ido en picada llegando, como el día de ayer, a los 41.52 dólares por barril, representando una caída del 50.87 por ciento respecto al promedio del año pasado.

Diversos analistas internacionales relacionan esta baja en los precios petroleros con una sobreoferta del producto, pues países como Arabia Saudita, Noruega y Rusia han aumentado su capacidad extractiva y de venta.

En un país como el nuestro, cuya economía depende en gran medida de la venta de hidrocarburos, la debacle en los precios y la sobre oferta en el mundo representan un foco de alarma que debe atenderse de forma inmediata, pues, si bien adquirimos un seguro que garantiza los costos, no sucede lo mismo con las ventas.

Ante este panorama, en Movimiento Ciudadano creemos que el Secretario de Hacienda de nuestro país debe comparecer ante el pleno de esta Comisión Permanente y explicar las medidas que el gobierno federal tomará ante una eventual caída en las ventas de petróleo.

Es por lo anteriormente expuesto que propongo el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, pues la situación económica de nuestro país está cruzando por un bache que podría profundizarse aún más si no se toman las medidas adecuadas ante el nuevo reto que se presenta ante nosotros.

Derivado de lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se cita al secretario de Hacienda y Crédito Público a comparecer ante el pleno de la Comisión Permanente para explicar las medidas que el gobierno federal tomará frente al desplome de los precios del petróleo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2015.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al GDF que informe sobre las acciones legales que ha emprendido por las irregularidades presentadas en la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) es, sin duda, un medio de transporte fundamental para el desarrollo económico y social de la Ciudad de México, diariamente es utilizado por más de 5 millones de usuarios.

En un inicio se erigió como un medio de trasporte con múltiples beneficios para los usuarios –rápido, limpio y económico-, sin embargo, con el transcurso de los años en agravio de la población, paulatinamente su funcionamiento y operación se ha visto afectado.

Diversas líneas que integran el Metro de la Ciudad de México, han presentado múltiples desperfectos técnicos y fallas operativas, que ha originado un impacto negativo, entre ellas la línea 12.

La línea 12 del metro es conocida como la línea dorada en alusión al Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana, cuenta con un total de 24,475 km, de los cuales 20,278 km son para el servicio de pasajeros y 4,197 km para el servicio de mantenimiento.

Los desperfectos de la denominada Línea Dorada, se presentan en 11 de sus 20 estaciones, lo que ha generado pérdidas económicas considerables. Esta situación no permite cumplir cabalmente con el objetivo de atender la demanda del servicio de transporte en el oriente de la Ciudad de México.

En marzo de 2014, diversos medios de comunicación documentaron múltiples fallas en la construcción, por lo que la Contraloría General del Distrito Federal ha sancionado de manera administrativa y legal a servidores públicos. Asimismo, han señalado que existen otros funcionarios que por sus atribuciones, tienen alguna responsabilidad pero que no han sido sancionados por sus probables actos u omisiones.

Por su parte, la Contraloría General del Distrito Federal, de manera extraoficial, ha dado a conocer que recientemente aplicó 55 sanciones a 38 personas, de las cuales 27 se notificaron en la PGJDF por posibles responsabilidades penales, además de inhabilitaciones a diversos funcionarios para seguir trabajando en la administración pública; también, interpuso 34 castigos económicos que en conjunto superan los 21 mil 907 millones de pesos.

El gasto que las autoridades han erogado para solventar las fallas técnicas que presenta la línea 12, se suman a los más de 22 mil millones de pesos que costó su construcción con un resultado poco alentador.

Es importante hacer énfasis en que la pasada y la actual administración del Gobierno del Distrito Federal, han mostrado poca transparencia en el uso de los recursos públicos en torno a la construcción, licitación y manteniendo de la línea 12, incumpliendo las expectativas de ser un gobierno accesible y cercano a la gente.

Ante dicha situación, mostramos nuestro interés para que se esclarezcan las irregularidades que afectaron a la Línea 12 del Metro y se sancionen conforme a derecho a los servidores públicos responsables.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, acudimos a esta honorable asamblea a proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Gobierno del Distrito Federal, envíe a esta Comisión un informe pormenorizado sobre las acciones legales emprendidas en contra de funcionarios públicos y particulares por actos u omisiones que derivaron en diversas irregularidades en la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como el impacto financiero por el cierre de 11 de las 20 estaciones.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 7 días de enero del año dos mil quince.

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE para que exhorte a los partidos políticos a incrementar los recursos destinados al desarrollo político de las mujeres, suscrito por la senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

María del Pilar Ortega Martínez, senadora de la república del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que la Cámara de Senadores exhorta, respetuosamente, al Instituto Nacional Electoral, a exhortar a los Partidos Políticos para destinar un mayor monto de recursos para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación en la reforma constitucional en materia política-electoral.

Los cambios que introduce la reforma se pueden agrupar en seis grandes ejes temáticos:

1. Régimen de gobierno

2. Autoridades electorales

3. Régimen de partidos

4. Fiscalización y rebase de tope de gastos de campaña

5. Comunicación política.

6. Instrumentos de participación ciudadana

Asimismo el pasado 23 de mayo de 2014, se expidió la legislación secundaria en materia electoral, estableciendo así el nuevo marco jurídico que ha de regir en esta materia en nuestro país.

Dentro de los temas de mayor novedad encontramos la obligación de los partidos políticos para asegurar la equidad de género en la asignación de candidaturas.

Lo anterior tiene su origen en el hecho de que una de las asignaturas pendientes en la agenda política nacional es lograr una verdadera igualdad de género, elevando la participación de las mujeres tanto en las legislaturas locales como en la federal y en los ayuntamientos.

Muestra de lo anterior son los siguientes datos:

• En el ámbito federal, alrededor de uno de cada tres diputados electos es mujer.

• En las legislaturas locales sólo lo es, en promedio, uno de cada cuatro. Es decir, el Poder Legislativo local acusa en su conjunto un rezago en materia de equidad de género con respecto al Poder Legislativo federal, que haría necesario disminuir en 25 puntos porcentuales el coeficiente de subrepresentación de las mujeres en sus cámaras tan sólo para igualarlo.1

Siguiendo con el estudio citado tenemos que “este promedio oculta rezagos mayores en cada entidad. En siete legislaturas locales, por ejemplo, se registran tasas de subrepresentación de las mujeres de entre 50 y 150 puntos porcentuales más altas que la federal. Y tenemos el caso extremo de una legislatura local donde sólo hay una mujer por cada 15 diputados, es decir, donde el coeficiente de subrepresentación femenina es 500 puntos porcentuales mayor que el federal. Resulta claro que el ideal de la igualdad política de hombres y mujeres es, en materia de representación legislativa local, aún meta lejana.”2

En este sentido, es menester reconocer el avance que mediante el sistema de cuotas de género y las candidaturas de representación proporcional se ha logrado, ya que se ha incrementado la participación de las mujeres en los cargos de presentación política, sin embargo, aún existe una subrepresentación de las mujeres, máxime si consideramos su número en la integración de la Lista Nominal del INE conforme a lo siguiente:

Estadística de la lista Nominal por género

Fuente: INE3

Dicho precepto, no debe quedar solo en la letra de la ley, por el contrario se deben realizar acciones afirmativas en pro del adelanto de las mujeres en cuanto a su participación en la vida política del país, su empoderamiento y liderazgo político, así como en la igualdad sustantiva.

En este orden de ideas, considero que no basta con que en ley se establezca la obligación de la equidad de género en las candidaturas, ya que en realidad se debe de s mujeres la igualdad de oportunidades en el acceso a cargos de elección popular, por lo que es necesario adoptar medidas específicas de acción positiva para verdaderamente garantizar que la equidad de género que se establece sea una realidad en la práctica.

En este sentido, es conveniente señalar que uno de los factores que impiden el acceso a las mujeres a puestos de elección popular es que, en no pocas ocasiones los partidos políticos les asignan los distritos o posiciones que no les son rentables electoralmente, es decir se otorga a las mujeres las candidaturas que tradicionalmente el partido político en cuestión pierde en las elecciones.

En este sentido, para <<Delia Melchor (2007-2009 9), la barrera más resistente se encuentra en el interior de los partidos políticos, “porque han encontrado las formas de cumplir con sus estatutos y con la propia legislación electoral y, al mismo tiempo, eludir una distribución más equitativa de postulaciones para las mujeres militantes”>>4

En el mismo orden de ideas, es de particular interés lo que señalan Magdalena Huerta y Eric Magar Meurs en el libro Mujeres legisladoras en México. Avances, obstáculos, consecuencias y propuestas,5 en dicha obra señalan con claridad los siguientes impedimentos a la participación política de las mujeres en México:

1. La tendencia de los tres principales partidos a relegar a una mayor proporción de mujeres que de hombres a distritos o lugares en las listas plurinominales con escasa o nula posibilidad de triunfo.

2. La renuncia o cancelación de candidatas o diputadas electas con suplente varón.

3. La estipulación electoral que exenta de la cuota de género a las y los candidatos de mayoría relativa electos por voto directo.

4. El peso de los métodos de selección de candidaturas en MR: designación versus voto directo.

5. La ausencia de una legislación en materia de elecciones internas.

6. El registro de un bajo porcentaje de mujeres para competir como precandidatas en las elecciones internas de sus partidos para seleccionar candidaturas plurinominales.

7. En los escenarios electorales muy competitivos o cuando un partido percibe que podrá obtener más escaños que en la elección anterior, la lucha interna por las candidaturas se vuelve más feroz y, al parecer, las mujeres tienen menos oportunidades de obtener candidaturas.

Algunos de los problemas en listados supra líneas ya han sido superados por la legislación actual en materia electoral, sin embargo tal y como se anotó en párrafos anteriores puede subsistir la tentación de otorgar candidaturas poco redituables a las mujeres.

Este será un reto que habrá de solucionarse a través de cambios legislativos para replantear la forma en que están diseñados los mecanismos de incentivos económicos y financiamiento a los partidos políticos.

Por otro lado, será necesario generar acciones para promover que los Partidos Políticos estén debidamente preparados para enfrentar estas nuevas disposiciones legales que los obligan a postular el 50% de mujeres candidatas a cargos de elección legislativa. En ese sentido, este punto de acuerdo plantea la necesidad de que se dote de mayores recursos al interior de los partidos a los programas encaminados a fortalecer el liderazgo político de las mujeres.

Es cierto que en la reciente reforma electoral se aumentó del 2 al 3% el monto que debe ser destinado por los partidos a este rubro del total del financiamiento público obtenido para las actividades ordinarias. Sin embargo en este proceso electoral resulta de fundamental importancia el cómo los Partidos hacen frente a esta nueva disposición. Hemos visto en el pasado reciente los mecanismos a que recurrido algunos partidos para evitar el cumplimiento de la ley y en consecuencia, negar a las mujeres la posibilidad real de ocupar espacios de toma de decisión de forma igualitaria. Por ello la reciente reforma constitucional que establece el principio de paridad estará a prueba en las próximas elecciones. Ya se escuchan las voces de muchos líderes partidarios que afirman que “no hay mujeres”, “que no hay perfiles competitivos”, etc.

Ante este escenario resulta importante destinar un mayor número de recursos para promover la capacitación, promoción el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. El éxito o el fracaso de estos mecanismos están en manos de los Partidos Políticos. Nuestro deber como legisladores al haber diseñado un mecanismo constitucional que tiene como fin lograr un mayor equilibrio y caminar de manera más acelerada hacia la plena igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de sus derechos político electorales, es buscar los mecanismos para que tal fin sea una realidad.

Finalmente, señalar que la fracción V de la base II del artículo 41 de la Constitución establece la obligación de los Partidos para designar el 3% del financiamiento público ordinario para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Sin embargo esta disposición no es limitativa para que los Partidos puedan destinar una cantidad mayor de ese recurso para este fin.

Por lo anteriormente, expuesto someto a la consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Instituto Nacional Electoral para que en calidad de órgano público autónomo responsable de la organización de las elecciones, para que a su vez exhorte a los Partidos Políticos a incrementar el monto de recursos destinados a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres del monto destinado al financiamiento de actividades ordinarias.

Notas

1 Cárdenas Morales Natividad. “El financiamiento público de los partidos políticos nacionales para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres”. Cuadernos de Divulgación de la Justicia Electoral.

http://www.te.gob.mx/documentacion/publicaciones/Cuadern os_div_je/cuaderno_1_je.pdf

2 Ibídem.

3 http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Estadisticas_Lis ta_Nominal_y_Padron_Electoral/

4 Cárdenas Morales Natividad “El financiamiento público de los partidos políticos nacionales para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres”. Cuadernos de Divulgación de la Justicia Electoral.

http://www.te.gob.mx/documentacion/publicaciones/Cuadern os_div_je/cuaderno_1_je.pdf

5 Huerta García Magdalena. Mujeres legisladoras en México, avances, obstáculos, consecuencias y propuestas.

http://politica.itam.mx/docinves/documentos/mujereslegis ladoras.pdf

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 7 días del mes de enero del año 2015.

Senadora María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS y a la Conasami, para que convoquen a mesas de trabajo con el GDF y el Senado de la República, a fin de revisar el incremento al salario mínimo, suscrito por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Antecedentes

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4o. establece la protección “de la organización y el desarrollo de la familia”; y que “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”. Este mandato constitucional de defensa y mejora de la vida, permite establecer la obligatoriedad gubernamental para crear y ofrecer el marco jurídico y las condiciones económicas que permitan a las aproximadamente 28 millones de familias mexicanas el acceso a dicho nivel de alimentación y de vida.

De acuerdo a lo anterior y en el marco jurídico vigente, es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Conasami, el organismo público descentralizado responsable de fijar el monto correspondiente. En efecto, el 19 de diciembre de 2014, la mencionada institución dio conocer que “acordó otorgar un aumento general a los salarios mínimos de las dos áreas geográficas para el 2015 de 4.2 por ciento. Los nuevos salarios mínimos legales que regirán a a partir del primero de enero de 2015 son los siguientes: área geográfica A, 70.10 pesos diarios y área geográfica B 66.45 pesos diarios”.

Sin embargo:

1. Mantener la división geográfica en zonas A y B, es absolutamente discriminatoria y marginadora.

1.1. En Oaxaca y Chiapas las políticas laborales del Ejecutivo federal han servido para preservar una pobreza familiar extrema mayoritaria al ser considerados todos sus municipios en la zona B.

1.2. En esta situación de zona B se encuentran otros veinte estados más.

1.3. Pero ocurre que en estos 22 estados hay ciudades medianas y grandes, es decir que cuentan con más de 250 mil habitantes, lugares, donde el costo de la vida es mucho mayor que en las zonas rurales aledañas o de un mismo estado.

1.4. En algunos de los 22 estados de la zona B se han instalado maquiladoras y empresas extranjeras, inclusive transnacionales poderosas que terminan pagando el salario mínimo mexicano, que es el más bajo de todo el continente. Es decir están pagando salarios de hambre, mientras obtienen ganancias multimillonarias.

1.5. Un alto número de familias se encuentran no están incorporadas en el salario de la Zona “A” sino en el salario de la zona B.

1.6. Tomando en cuenta todo lo anterior lo más conveniente para el interés de las familias mexicanas es la eliminación de las zonas.

2. En cuanto los montos del salario mínimo, el ridículo aumento anunciado por la Conasami, en realidad es una pérdida programada del poder adquisitivo del salario mínimo.

2.1. Pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo 2015, por el efecto Videgaray-Carstens de “devaluación compensatoria”.

La política devaluatoria de diciembre en particular, es una seria amenaza para los salarios, porque es resultado de un simple ajuste contable que la Secretaría de Hacienda en coordinación con el Banco de México vienen haciendo, en lugar de hacer uso de las reservas internacionales para resolver el problema y estabilizar el tipo de cambio a los niveles de 13.40. Cada vez que se genera una caída del precio del petróleo se pretende compensar con devaluaciones.

En el caso del salario, esa política produce el efecto de hacer perder poder adquisitivo. Así, tomando en cuenta, un tipo de cambio para el 2014 igual a 13 pesos por dólar y para 2015 de 15 pesos por dólar.

Cuadro: Pérdida del poder adquisitivo del salario por “devaluación compensatoria” 2014-2015

De esta forma vemos que el incremento del 4.2 por ciento, de la Conasami, no representa un aumento como tal en referencia a dólares, pues está muy lejos de la sola devaluación. Porcentualmente hablando, los Salarios Mínimos y sus aumentos representan, en realidad, un decremento del 9.68 por ciento del poder adquisitivo en dólares.

2.2. Pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo por el efecto inflacionario que causará la devaluación. Al aumentar el precio de las importaciones de alimentos y materias primas generará un aumento de costos influyente debido a la alta dependencia de consumo final e insumos, dependencia derivada de las nuevas políticas económicas de los gobiernos de los últimos 5 sexenios.

2.3. Otros elementos como fuga de capitales; la continuación de la crisis petrolera; la posibilidad de un aumento de las tasas de interés en EUA; la fuga de capitales; un mayor deterioro del mercado interno y la incapacidad para controlar la inseguridad son variables que definitivamente podrían ser muy influyentes en los salarios y en los efectos sociales derivados de estas problemáticas. Toda vez que en la actualidad de los 49 millones 500 mil personas que se consideran personas ocupadas, 6 millones 500 mil tienen la remuneración de máximo un salario mínimo y el segmento de trabajadores que ganan entre dos y tres salarios es muy amplio.

3. La pérdida generalizada del poder adquisitivo del salario de 1982 al 19 de diciembre pasado, se puede ubicar en 75 por ciento. Asunto que ya se había advertido a la Conasami, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como a otras instancias del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Pero que evidentemente no tienen el menor interés de resolver, pues algunas de ellas han reconocido el problema pero el cinismo con que están actuando es mayor.

3.1. Dos documentos destacan en este sentido de advertir el problema y proponer soluciones. Uno es el titulado “Política de Recuperación en México y en el Distrito Federal del salario mínimo. Propuesta para un acuerdo” presentado en agosto de 2014, por parte del doctor Miguel Mancera, en nombre de la jefatura del Gobierno del Distrito Federal, donde además de describir en detalle, la trayectoria de caída del salario, también se muestra como a costa de esta política salarial, la productividad laboral aumentó mientras que la empresarial disminuyó, pero se llevó la mayor parte de las ganancias.

El estudio citado establece que –para cumplir con el mandato constitucional citado al inicio del presente punto de acuerdo– “el salario mínimo tendría que ser de 171 pesos diarios, es decir 21.5 la hora, para satisfacer las necesidades de una familia”, y que para evitar un golpe inflacionario en la economía se llegue a dicha meta pero de manera progresiva empezando por ofrecer un primer aumento de 82.86 pesos para el 2015. Aumento cuyo impacto en los precios es insignificante y no más del 1 por ciento en los precios. Este monto significaría un 23 por ciento más, muy por encima del porcentaje de la pérdida por devaluación.

3.2. El otro documento, titulado “los salarios mínimos en Oaxaca. Tiempos de resultados” es de mi autoría y fue presentado en octubre de 2014. En el se hace referencia a la marginación, la desigualdad, y lo incomprensible del monto del salario mínimo en Oaxaca donde amplios segmentos de población se encuentran por muy debajo de la denominada línea de la pobreza. Pues el salario mínimo vigente impide la satisfacción de las necesidades básicas indispensables para vivir dignamente. Esto es histórico. Por ello propongo un cambio en la metodología del cálculo y además como uno de los puntos obligatorios de partida la sobrevivencia física nutricional mínima.

Por ello señalé que “con la política salarial vigente, se están violando preceptos constitucionales. La consideración de Salario Mínimo...en nuestra Constitución, no mandata una remuneración de sobrevivencia infrahumana – como lamentablemente resulta de la forma como se calcula y aplica ahora. Más bien, mandata un salario de sobrevivencia digna y justa como mínimo. Y esto es lo que hay que considerar y restituir como política pública”.

Por ello y otro motivos, es crucial tener un salario único nacional que permita sacar de la pobreza de ingreso a millones de familias; se requiere de cambios sustanciales metodológicos en el cálculo el salario mínimo; una reorganización de las instituciones responsables de su determinación; estudios e investigaciones especializadas para resolver el problema, son solo algunas de las campañas y acciones que me he permitido realizar en estos años”.

El estudio muestra los efectos contra la población que ha traído la política pública federal vigente de salarios mínimos

4. Por otra parte, el artículo 123, en su fracción sexta establece que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y proveer a la educación obligatoria de los hijos”. Se establece claramente, que no se trata de solo el trabajador como tal, sino como jefe de familia.

Consideraciones

Dadas los antecedentes mencionados, y considerando que el derecho a una vida digna es un derecho inalienable de todos los mexicanos tal como se establece en diversos artículos de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y que de manera –en cuanto a remuneración laboral se refiere –explícita está expresado en el salario de un jefe de familia, tal como se indica en los artículos 4o. y 123, fracción VI, ya citados en los antecedentes.

Asimismo que el actual cálculo y los aumentos del denominado salario mínimo está basado en términos monetarios, y en la expresión de sus variaciones, que es la inflación; lo cual ya no es representativo de las necesidades alimentarias y demás que tiene un jefe de familia actualmente. Que además la división y los cálculos promovidos por la Comisión Nacional de Salario Mínimo son obsoletos, sesgados, fuera de la realidad nacional, sin referencias exactas de las condiciones de vida en toda la Nación.

Asimismo que los estudios mencionados en los antecedentes, representan no solo un aspecto crítico, sino son sobre todo una propuesta real, viable, estudiada científicamente.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta al secretario de Trabajo y Previsión Social; a los integrantes del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y a su presidente, para que convoquen a la brevedad a mesas de trabajo con el gobierno del Distrito Federal y el Senado de República con la finalidad de revisar y conciliar los criterios que permitan incrementar a 82.86 pesos el salario minino único para 2015.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2015.

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión de la PGR, al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y a la PGJ de Veracruz, a fin de brindar protección eficiente, pronta y expedita a las personas que se dedican al periodismo, suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

A pesar de que el gobierno del estado de Veracruz ha anunciado, en voz del gobernador o de otros funcionarios, que la inseguridad y la violencia en dicha entidad ha disminuido, sin embargo, en reiteradas ocasiones y por diversos acontecimientos, los hechos desmienten las declaraciones optimistas sobre la situación que impera.

Desde el año 2011, 10 periodistas y profesionales de la comunicación han sido asesinados en Veracruz, además de que se han registrado diversas agresiones contra el mismo sector. En consecuencia, a principios de 2014 la organización Artículo 19 catalogó a ese estado como la entidad más peligrosa de América Latina para ejercer el periodismo, con base en los múltiples casos documentados por la organización, que ha demostrado que los ataques han sido presuntamente cometidos tanto por grupos de delincuencia organizada, como por funcionarios públicos.

En el año 2012, y tras diversas denuncias hechas por parte de periodistas, el gobernador Javier Duarte propuso la creación de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, iniciativa que fue aprobada por el Congreso local, creando un organismo con facultades para ordenar medidas de detención o protección para evitar que los ataques o amenazas a personas periodistas se consumaran.

Sin embargo, a más de dos años de su creación, el organismo ha demostrado ser ineficaz, y la medida pareciera ser más un intento fallido por brindar certeza, que un instrumento verdaderamente eficiente para la protección de periodistas.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (Feadle), de la Procuraduría General de la República (PGR), tiene registro de cuatro periodistas desaparecidos en Veracruz desde 2010, y desde ese mismo año las averiguaciones previas por actos en contra de periodistas y comunicadores también se han incrementado, y hasta el 31 de octubre de 2014 se registraban 57 en total, desde 2010 hasta 2014, más de 14 por año.

En lo que va de 2015, la situación de violencia y peligro que enfrentan los periodistas parece no dar tregua, pues el pasado 2 de enero el periodista José Moisés Sánchez Cerezo se convirtió en el primer periodista del año en ser secuestrado.

Con lujo de violencia, un comando armado irrumpió en el domicilio del fotorreportero y activista social, sacándolo y llevándose también su computadora, cámara fotográfica, así como varios equipos celulares, según informó AGNVeracruz.

Familiares de Sánchez Cerezo indican que conforme a los testimonios de vecinos, al domicilio ubicado en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, llegaron tres automóviles de los que descendieron varios hombres fuertemente armados, quienes ingresaron a la casa y posteriormente subieron a uno de los vehículos a José Moisés, todo esto alrededor de las 19:30 horas.

Los vecinos dieron aviso a la policía municipal, pero sus acciones fueron nulas y cuando finalmente arribaron al domicilio, indicaron que “no podían hacer ya nada”. Hasta el momento se desconoce el paradero de José Moisés Sánchez Cerezo.

El pasado 5 de enero, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz arrestó a diversos integrantes de la policía municipal, como sospechosos de la desaparición del periodista.

De acuerdo a las declaraciones de Jorge Sánchez, hijo del periodista, su padre había publicado varias notas que incomodaban a las autoridades, incluido el alcalde de Medellín de Bravo, en el modesto semanario La Unión, propiedad de Moisés Sánchez Cerezo.

Según la organización Periodistas de a pie, en el semanario de Sánchez se denuncia principalmente la corrupción de las autoridades municipales y los vacíos de poder, publicando las quejas ciudadanas como el robo de cobre e informes como las muertes violentas que se han vuelto cotidianas en los recientes meses.

Por lo antes expuesto y fundado, y ante la falta de seguridad que persiste en el estado de Veracruz en contra de los periodistas, comunicadores e incluso defensores de derechos humanos, sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión:

Primero. Exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión de la PGR a coadyuvar con la procuraduría estatal en las investigaciones relacionadas con los hechos de violencia que incluyen homicidios, secuestros y amenazas contra periodistas en el estado de Veracruz.

Segundo. Exhorta al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a atender de manera eficiente, pronta y expedita las solicitudes hechas a nombre personal o por terceros, a favor de los periodistas del estado de Veracruz que hayan sufrido o sufran amenazas, y a quienes han sido víctimas de actos de violencia y sus familias.

Tercero. Exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz a investigar con la debida diligencia los hechos de violencia cometidos en contra de periodistas y comunicadores en la entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2015.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT, a la SFP y a la ASF, información sobre las obras y contratos adjudicados a Grupo Tradeco en el periodo 2003-2012, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Administrar y ejecutar eficientemente los recursos que el gobierno obtiene de los contribuyentes y de las demás fuentes de ingresos públicos no sólo es una prescripción en nuestro máximo ordenamiento jurídico, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también se establece en el régimen de sanciones penales, por tanto, es imperativo atender los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la ejecución de obras públicas.

Lamentablemente, no siempre es así y tampoco todos los servidores públicos deciden atenerse al orden jurídico. Esta es la presunción evidenciada en diversos medios de comunicación electrónicos y escritos sobre adjudicaciones directas y obras con irregularidades vinculadas al Grupo Tradeco durante el periodo 2003 a 2012 que no fueron sancionadas.

Se ha documentado que el consorcio fue beneficiado con múltiples contratos millonarios durante la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, además, hay evidencia de que construyó carreteras con fallas, abandonó obras antes de concluirlas o se elevaron los costos de los proyectos que tenía adjudicados.

Un claro ejemplo fue el proyecto Durango-Sinaloa, pues aunque la Auditoría Superior de la Federación la observó por incumplimiento de normatividad, lo cual ocasionó pasar de los 8 mil 889 millones de pesos a los 22 mil 100 millones en 2012, permaneció como la contratista.

El puente Baluarte, reconocido por el libro Guinness de los Récords del Mundo , como el puente atirantado más alto del mundo, también fue identificado como una de los más grandes monumentos a la opacidad, la corrupción e impunidad.

Tradeco logró la mayoría de obras vía adjudicación directa. Trasciende que tan sólo entre 2003 y 2012 los contratos adjudicados ascendieron a los 15 mil 143 millones de pesos con la constante de sobrecostos y retrasos en las obras.

A manera de ejemplo, tan sólo en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2012, presentado por la Auditoría Superior de la Federación el 20 de febrero de 2014, se dio a conocer el sobrecosto de la construcción de autopistas durante todo 2012, destacando el gasto en la autopista Durango-Mazatlán, por presentar 45 observaciones e incurriendo en sobrecostos más allá de 30 por ciento de lo invertido.

El órgano fiscalizador señaló que, no obstante que el periodo de ejecución original del proyecto fue de 2002 a 2010, su fecha de conclusión se modificó a 2013, pasando de un monto de inversión original de 8 mil 889.9 millones de pesos, a 22 mil 100.2 millones de pesos.

En el análisis, se determinaron observaciones por un importe de mil 616 millones de pesos, debido a diferencias de volúmenes, trabajos de mala calidad, errores en la integración de precios unitarios extraordinarios, por variación de la tasa de interés, así como por intereses de pagos anticipados, entre otros.

Las evidencias de las irregularidades son muy claras durante la administración del presidente Felipe Calderón, se aprecia el déficit ético en la administración pública, así como una franca omisión de lo que significa conducirse sin actos de corrupción y tráfico de influencias.

Los sexenios gobernados por Acción Nacional, sin duda explican cómo una empresa cuyo capital inicial fue de 10 mil pesos, según constó en la escritura tirada por el notario Felipe Alfredo Beltrán, en solamente 20 años logró incrementar su capital social hasta los 30 mil millones de pesos.

Otro ejemplo grave que justifica las altísimas ganancias de Tradeco, se reporta como en el 2003 el fundador del grupo en comento, se incorporó a Petróleos Mexicanos (Pemex) como director ejecutivo del proyecto Cantarell –el pozo más productivo– y benefició a la empresa dirigida por su hijo con un gran contrato de 379 millones de pesos.

Recientemente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reclamó a la constructora –con más contratos durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón– más de 400 millones de pesos en créditos fiscales, siendo el crédito fiscal de mayor monto de 47 millones 123 mil pesos por el incumplimiento del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante el periodo de 2010.

Así, una empresa al amparo del tráfico de influencias y el conflicto de interés, –no sólo expuesta como evasora de impuestos; omisa en el cumplimiento de contratos en los términos pactados y desatenta con la normatividad ambiental, tal como lo denunció la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) respecto a la manifestación de impacto ambiental para el muelle de Manzanillo en Colima– sigue pretendiendo participar en concursos de obras públicas, al amparo de la impunidad que, tal vez, en otra administración era la regla.

Sin duda alguna estos antecedentes obligan a quienes, en ejercicio de la función de control al Poder Ejecutivo, tienen el deber de verificar la veracidad de lo antes expuesto en contra de la contratista conocida como Grupo Tradeco, a fin de advertir sobre contrataciones futuras de la misma con la administración federal, debido a las múltiples irregularidades y probable daño causado al erario.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes envíe a esta soberanía un informe detallado de las acciones realizadas para atender las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación respecto a las obras realizadas por Grupo Tradeco en el periodo comprendido entre 2003 y 2012.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de la Función Pública haga pública la información sobre los contratos adjudicados a Grupo Tradeco en el periodo comprendido entre 2003 y 2012.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, envíen a esta soberanía un informe desglosado de cada una de las contrataciones que la administración pública federal llevó a cabo durante el periodo de 2003 a 2012 con el Grupo Tradeco, para que, en su caso, se finquen responsabilidades en contra de quien resulte responsable por daño al erario y se establezcan las sanciones administrativas y penales que conforme a derecho procedan.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2015.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al titular de ProMéxico, para que realice el nombramiento del director estatal de Tamaulipas, suscrito por el diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Carlos Alberto García González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de ProMéxico a que haga el nombramiento del director estatal de Tamaulipas, a fin de realizar las medidas y acciones conducentes para la atracción de inversión extranjera directa y el impulso de las exportaciones de empresas mexicanas en dicha entidad federativa, bajo las siguientes

Consideraciones

En junio de 2007, el presidente Calderón mediante decreto creó ProMéxico, como un ente público sectorizado a la Secretaría de Economía, especializado en la atracción de inversión extranjera directa a nuestro país y la promoción de las exportaciones mexicanas.1

ProMéxico tiene los siguientes objetivos:

I. Coadyuvar en la conducción, coordinación y ejecución de las acciones que en materia de promoción al comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

II. Promover y apoyar la actividad exportadora y la internacionalización de las empresas mexicanas, a través de medidas que reordenen, refuercen, mejoren e innoven los mecanismos de fomento a la oferta exportable competitiva, principalmente de las pequeñas y medianas empresas;

III. Difundir y brindar asesoría, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, respecto de los beneficios contenidos en los tratados internacionales o negociaciones en materia comercial, promoviendo la colocación de sus productos y servicios en el mercado internacional, de manera directa o indirecta;

IV. Brindar asesoría y asistencia técnica a las empresas mexicanas en materia de exportaciones;

V. Organizar y apoyar la participación de empresas y productores en misiones, ferias y exposiciones comerciales que se realicen en el extranjero, para difundir los productos nacionales y promover el establecimiento de centros de distribución de dichos productos en otras naciones, y

VI. Promover las actividades tendientes a la atracción de inversión extranjera directa que lleven a cabo las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como apoyar a las entidades federativas en la ubicación de inversión extranjera directa en el territorio nacional.

ProMéxico, para alcanzar los objetivos anteriores, ha establecido oficinas de representación en las Entidades Federativas y en el extranjero.

Actualmente, la estructura operativa de ProMéxico cuenta con una Dirección Ejecutiva de Promoción Nacional que tiene, entre sus facultades, la operación, ejecución y el seguimiento a las relaciones entre ProMe?xico y las entidades federativas, a través de sus oficinas estatales, para atender los procesos de promoción a la inversión extranjera directa y el impulso a las exportaciones de empresas mexicanas.

Esta Dirección de Promoción Nacional se organiza en seis coordinaciones regionales; Metropolitana y Centro, Centro-Occidente, Noroeste, Noreste, Sur y Sureste. En cada entidad federativa el director estatal de ProMéxico es el encargado de realizar las acciones para promover la atracción de inversión extranjera, el comercio internacional y la actividad exportadora en esa entidad.

En octubre de 2009, se estableció la oficina de ProMéxico de Tamaulipas en las instalaciones de la Subdelegación de la Secretaría de Economía en Reynosa, y se nombró al director estatal. Sin embargo, en la presente administración de ProMéxico no se ha designado al director estatal de Tamaulipas, siendo el único estado de la frontera norte del país que no tiene una oficina de representación, por lo que el coordinador regional del noreste ha tenido que asumir y realizar estas actividades para Tamaulipas.2

En consecuencia, los diputados del Partido Acción Nacional solicitamos respetuosamente al director general de ProMéxico que haga el nombramiento del director estatal de Tamaulipas, a fin de que esa entidad paraestatal lleve a cabo sus actividades de manera eficaz y eficiente en ese estado, con la finalidad de captar mayores inversiones, impulsar su comercio internacional y potencializar su vocación exportadora.

Es menester señalar que Tamaulipas es un Estado estratégico por su posición geográfica y sus ventajas competitivas para el comercio exterior de nuestro país.

Tamaulipas tiene 17 puentes internacionales que conectan con Estados Unidos, creando las rutas comerciales más dinámicas de los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN.

Además, durante este año se espera la apertura del puente internacional ferroviario Matamoros-Brownsville. Esta nueva conexión permitirá atender el aumento exponencial del intercambio internacional de mercancías entre México y los países del norte.

Asimismo, el estado cuenta con dos puertos marítimos de altura, Altamira y Tampico, y actualmente se está modernizando y ampliando el puerto de Matamoros. Esto facilita el acceso de los productos de las empresas de Tamaulipas a los mercados de Europa, América Latina y la costa este de Estados Unidos.

El 90 por ciento de la inversión extranjera en Tamaulipas es procedente de Estados Unidos y se ha destinado al sector manufacturero. Los parques industriales se concentran en Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros; 12, 10 y 9 respectivamente, así la mayor parte de las plantas se ubican en la franja fronteriza con Texas.

Adicionalmente, no podemos soslayar mencionar que Tamaulipas, con motivo de la reforma energética, tendrá grandes oportunidades para captar nuevas inversiones para la explotación de hidrocarburos en la Cuenca de Burgos y en los yacimientos de sus costas.

Derivado de lo anterior, es imprescindible que ProMéxico, a través de su Dirección Estatal, promueva los intereses de Tamaulipas entre los inversionistas a nivel mundial, por lo que los diputados del Partido Acción Nacional consideramos de la más alta prioridad el nombramiento del director estatal de ProMéxico de Tamaulipas.

Tamaulipas necesita generar nuevos empleos y oportunidades para los tamaulipecos que mejoren su calidad de vida y de bienestar, es por ello que debemos revitalizar su desarrollo económico mediante la atracción de nuevas inversiones y el crecimiento de las exportaciones.

Por lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente al director general de ProMéxico a que haga el nombramiento del director estatal de Tamaulipas, a fin de realizar las medidas y acciones conducentes para la atracción de inversión extranjera directa y el impulso de las exportaciones de empresas mexicanas en dicha entidad federativa.

Notas

1 Decreto por el que se ordena la constitución del Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal denominado ProMéxico.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4990408&fe cha=13/06/2007

2 Oficinas de ProMéxico en México. http://www.promexico.gob.mx/es/mx/omex

Dado en el Palacio Legislativo, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2015.

Diputado Carlos Alberto García González (rubrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal, genere un reporte del avance de los compromisos presidenciales en las entidades del sur y sureste del país, suscrito por el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la presente proposición, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El titular del poder Ejecutivo estableció un conjunto de acciones a desarrollar en beneficio de la población. Específicamente son obras y proyectos relevantes que tienen alto impacto y que no pueden ser sufragadas con recursos estatales sino federales.

2. Las entidades del sur- sureste de México concentran las menores condiciones de desarrollo. Tienen importantes carencias en materia de infraestructura carretera, puentes, caminos, hospitales, agua potable, drenaje, servicios de salud y educación pública.

Por tanto hay un desequilibrio en el desarrollo regional que debe atenderse con urgencia.

Se debe dar prioridad a las inversiones en las zonas con menor desarrollo justamente para revertir la desigualdad y avanzar en la integración nacional.

Privilegiar la inversión en el centro o norte del país, así como en las principales zonas urbanas es un enfoque incorrecto, en la medida que la desigualdad permanece o incluso se incrementa.

3. Desde el punto de vista de la transparencia, el registro detallado de la inversión es fundamental, y es relevante que la actividad gubernamental transcurra frente a la ciudadanía para que esta valore los esfuerzos realizados así como lo que aún está por concretarse.

Por lo expuesto, el suscrito pone a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a remitir al Poder Legislativo un reporte del avance de cada uno de los proyectos presidenciales en el sur y sureste de México, en el que especifique avances físicos, financieros y plazos de culminación en las obras o proyectos que estén en proceso de ejecución.

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 5 días del mes de enero de 2015.

Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Nayarit, a fin de investigar los hechos ocurridos en contra de un miembro del Consejo Indígena Náyeri, suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso de los Estados unidos Mexicanos, presenta ante esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A mediados del pasado mes de diciembre, en conferencia de prensa en el Distrito Federal, los integrantes y delegados por el Consejo Indígena Náyeri y el Consejo Regional Wixárica por la defensa de Wirikuta, Julián López Cánare y Ubaldo Valdez, respectivamente.

Denunciaron la violación de los derechos de los pueblos Náyeri y Wixárica en la construcción de la presa Las Cruces y las mineras en Wirikuta. Denuncian que la Conagua y la CFE están haciendo consultas a modo para validar el proyecto hidroeléctrico de la Cruces y la presa de La Maroma que forman parte de la infraestructura de los proyectos mineros en Wirikuta, las comunidades son objetos de presión y manipulación de la información, condicionando apoyos federales y estatales e incitando a la división y la confrontación social.1

Asimismo, acusaron que como lo marca la legislación, no se les ha respetado su derecho a una consulta previa, libre e informada respecto al megaproyecto que se pretende construir en dicha región.

“El impacto social no se ha tenido en cuenta. Se hicieron estudios de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), como si el ser humano no tuviera importancia en este megaproyecto. Sólo lo ambiental. Nos ignoran, nos marginan en la construcción de la hidroeléctrica, pero hacen como si nos estuvieran consultando”, dijo en esa ocasión Julián López.2

Sin embargo, tras haber realizado esta denuncia, cuatro días después, es decir el 22 de diciembre, Julián López Cánare fue privado de su libertad en la cabecera municipal de Ruiz, Nayarit

Fue interceptado por cuatro individuos a bordo de una camioneta tipo pick up de modelo reciente que lo subieron por la fuerza a la cabina del vehículo y lo retuvieron ilegalmente por un lapso aproximado de seis horas. Además de robarle su agenda, directorio y el efectivo que traía, le advirtieron que sabían quién es, qué hace y sus “movimientos”.3

Hechos que, aparentemente están relacionados con la denuncia en cuestión, por lo que es necesario garantizar la seguridad de los integrantes de las comunidades que acusan este tipo de anomalías que atentan al medio ambiente y a los derechos humanos de sus habitantes. En dicho tenor,

Julián explicó que no sólo están afectando a sus creencias y cultura sino también al tejido social: “Se están comenzando a dividir las comunidades y familias por este ofrecimiento del megaproyecto. Unos estamos en oposición, otros están siendo convencidos para que lo acepten. Se empiezan a dividir las comunidades por esta labor de convencimiento”. Por su parte, Ubaldo Valdez, del Consejo Regional Wixárika por la defensa de Wirikuta, aseguró que los pueblos originarios están dispuestos a luchar por defender la vida.4

Por ello, resulta evidente la necesidad de, por un lado, salvaguardar su integridad y, por el otro, investigar de manera expedita, los hechos ocurridos en contra de Julián López Cánare a fin de que las denuncias realizadas no sean objeto de ningún tipo de violencia en contra de los líderes indígenas, ni de ningún habitante de dichas comunidades. Razones por las cuales, presentamos a esta honorable asamblea los siguientes resolutivos con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del Estado de Nayarit a investigar los hechos ocurridos en contra de Julián López Cánare, miembro del Consejo Indígena Náyeri.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit a atender las demandas del Consejo Indígena Náyeri y del Consejo Regional Wixárica por la defensa de Wirikuta, referentes al proyecto hidroeléctrico de la Cruces y la presa de La Maroma que forman parte de la infraestructura de los proyectos mineros en Wirikuta.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a cumplir con la normatividad relativa a la Evaluación de Impacto Ambiental en relación con referentes el proyecto hidroeléctrico de la Cruces y la presa de La Maroma que forman parte de la infraestructura de los proyectos mineros en Wirikuta.

Notas

1 Crónica, “Denuncian violación de los derechos de los pueblos Náyeri y Wixárica en Nayarit”, [en línea], México, dirección URL: http://www.cronica.com.mx/notas/2014/874210.html

2 SinEmbargo.mx , “Líder indígena, opositor de hidroeléctrica, da discurso en DF y en Nayarit lo ‘levantan’”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.sinembargo.mx/24-12-2014/1200202

3 Hijos de la Tierra, “Secuestro y retención ilegal de Julián López Cánare, representante del Consejo Indígena Náyeri”, [en línea], México, Dirección URL:

http://hijosmadretierra.blogspot.mx/2014/12/secuestro-y- retencion-ilegal-de-julian.html

4 SinEmbargo.mx, Op. Cit.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 7 días del mes de enero de 2015.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ del estado de Querétaro, a que investigue y –conforme a derecho– proceda por el probable cobro de dádivas y comisiones para adjudicar contratos por parte del alcalde del municipio El Marqués, en esa entidad, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República; y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Querétaro, para que en el ámbito de sus atribuciones realice las investigaciones que conforme a derecho procedan en relación al probable cobro de dádivas y comisiones en la adjudicación de contratos por parte de Enrique Vega Carriles, alcalde del municipio El Marqués, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Para hablar de buen gobierno es indispensable que, por un lado, la administración pública brinde un trato digno y respetuoso hacia la ciudadanía, y por el otro lado, que los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno se conduzcan bajo los principios de -integridad, honestidad, transparencia, capacidad y liderazgo, todo en función del combate a la corrupción-.

En el caso de las autoridades municipales, al ser el primer vínculo que el ciudadano tiene con las autoridades, resulta doblemente importante garantizar el absoluto cumplimiento de dichos principios. Bajo este contexto, ante conductas que transgredan estos ejes, de inmediato deben ser investigadas por las autoridades competentes de acuerdo al caso concreto.

En contravención a los principios que hemos señalado y en perjuicio del erario y la población del Municipio de el Marqués, Querétaro, el 5 de enero de 2015 se hizo del dominio público un video en el cual queda de manifiesto que Enrique Vega Carriles, Alcalde de dicha demarcación lleva a cabo el denominado “cobro de moches” y que además castiga a los proveedores que se niegan a pagar los sobornos exigidos a cambio de contratos con la jurisdicción.

De acuerdo con información de medios de comunicación, el video que se encuentra bajo el resguardo del periódico Reforma revela cómo el Secretario de Administración, Noé Miguel Marín Noriega, le indica a un proveedor que fue congelado por no acatar las “disposiciones”, y le exige un pago de 50 mil pesos por dos contratos recibidos.

Asimismo, en la grabación se observa cómo el propio funcionario municipal asegura que tiene que entregarle el dinero al Presidente Municipal.

Si bien es cierto que los hechos observados, por sí mismos son materia de investigaciones penales, no es suficiente que se sancionen de manera autónoma, por el contario, deben ser materia de una investigación exhaustiva e integral, a fin de determinar si se trata de una práctica sistemática y en su caso, se impongan las penas y medidas que conforme a derecho procedan.

Por lo anterior es necesario que las autoridades locales instrumenten las averiguaciones que conforme a derecho procedan, con el objetivo de esclarecer los hechos. Sobre el particular, los legisladores del PRI estamos convencidos de que este asunto debe ser atendido de manera responsable, objetiva y transparente.

En el PRI, consideramos que no podemos permitir que estas prácticas indebidas se conviertan en conductas comunes por parte de nuestras autoridades, por lo que hacemos público nuestro rechazo y exigimos a las autoridades que conozcan del asunto que se realicen las investigaciones necesarias para castigar conforme a derecho a los responsables.

Por lo expuesto, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI acudimos a esta asamblea a proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro, para que en el ámbito de sus atribuciones realice las investigaciones que conforme a derecho procedan en relación al probable cobro de dádivas y comisiones en la adjudicación de contratos por parte de Enrique Vega Carriles, alcalde del municipio El Marqués.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los siete días del mes de enero de dos mil quince.

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, a garantizar la inclusión digital en el programa de transición a la televisión digital terrestre, suscrito por el diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Juan Pablo Adame Alemán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a garantizar la inclusión digital en el Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Estado mexicano hoy reconoce plenamente que las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones son insumos de la mayor importancia para el desarrollo nacional, por lo cual deberá garantizar su acceso como lo indica el artículo 6o. de nuestra Carta Magna.

Dichos servicios son vehículos de desarrollo económico, salud, educación, derechos humanos, y gobierno. Su importancia hoy es equiparable a la de otros tipos de infraestructura básica como calles, carreteras y electricidad. Su uso es, cada vez más, tanto estratégico como de primera necesidad.

Así se reconoce también en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que enumera a lo largo de su redacción diversas acciones tendientes a democratizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones, así como la importancia de aumentar el número de usuarios de internet sobre todo entre la población de escasos recursos.

Aún con el gran crecimiento que ha tenido el acceso a la red en México en los últimos años, el estudio Hábitos de los Usuarios de Internet en México, realizado por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), estimó que en diciembre de 2013 el número de internautas en el país llegó apenas a 51.2 millones de personas, aún menos de la mitad de los mexicanos.

Es por ello que entre 2013 y 2014 se completó el histórico proceso de reforma en materia de telecomunicaciones que este Poder Legislativo le ha entregado a las mexicanas y a los mexicanos.

Uno de los temas que se contienen en dichas disposiciones legales es el del “apagón analógico”, o proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre, el cual consiste en la finalización de la transmisión de señales audiovisuales radiodifundidas en formato analógico, en favor de las que se difunden en formato digital.

Lo anterior con el fin de lograr un uso mucho más eficiente del espectro radioeléctrico que traerá consigo la posibilidad de la recepción de una mayor cantidad de canales con mejor calidad de señal que la actual –multiprogramación y alta definición-, así como la liberación por completo de la banda de frecuencia de los 700 Mhz que por mandato constitucional y legal el Ejecutivo deberá destinar para la operación de su red mayorista de banda ancha móvil, logrando de ese modo un mayor acceso de los mexicanos a servicios de internet.

El plazo que se fijó tanto en el transitorio quinto del decreto de reforma constitucional, como en el décimo noveno del decreto de reforma a la legislación secundaria culmina el 31 de diciembre de 2015, condicionando la terminación de las señales analógicas a un nivel de penetración de los equipos receptores y decodificadores de señal digital del 90 por ciento de los hogares de escasos recursos definidos por la Secretaría de Desarrollo Social.

Por ello, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de su Subsecretaría de Comunicaciones publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del 13 de mayo de 2014 su Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre que define el calendario, estrategias, y autoridades responsables para la puesta en marcha del proceso para el apagón analógico.

A fin de aprovechar esta coyuntura para brindar una mayor conectividad a los mexicanos, no solo por el efecto de la desocupación de la banda de los 700 megahertz, sino a través de los dispositivos receptores de televisión digital que se entregarían a los beneficiarios, dicho programa en su estrategia 1.3 contiene lo siguiente:

“Estrategia 1.3: Fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación entre los beneficiarios de equipos receptores.

Líneas de acción:

Asegurar que los equipos receptores que se entreguen a los beneficiarios estén habilitados para acceder a Internet, mediante la utilización de un dispositivo con conectividad.

Acordar con los concesionarios de telecomunicaciones programas de cobertura social que consideren condiciones de servicio de conectividad y precios más favorables para la población de escasos recursos.

Desarrollar aplicaciones de educación y productividad en las plataformas operativas de los equipos receptores.”

En ese sentido el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza en conferencia de prensa debido al lanzamiento de la Prueba de la Transición Digital Terrestre en Nuevo Laredo, Tamaulipas el 20 de Mayo de 2014 afirmó lo siguiente:

“Un beneficio adicional que favorece la política de inclusión digital es que los televisiones digitales pueden usarse como dispositivos de acceso a internet, tendrán la conectividad para que el usuario pueda conectarse a internet y el televisor viene acompañado de un control remoto que por un lado es control remoto y por el otro lado es teclado para poderse comunicar por internet a través de las señales correspondientes, en esta primera región que honorablemente nos encontramos el día de hoy, el padrón registrado de Sedesol es de 107 mil beneficiarios.”

La versión estenográfica de dicha declaración está disponible en el sitio web de SCT en la dirección http://www.sct.gob.mx/despliega-noticias/article/version-estenografica- de-la-conferencia-de-prensa-sobre-la-prueba-del-proceso-de-transicion-a -la/.

También así lo afirmó el presidente Enrique Peña Nieto en mensaje en cadena nacional el 4 de enero de 2015 con motivo de la entrada de este año, en donde entre diversas “medidas en favor de la economía nacional” mencionó:

“...Igualmente en 2015, los beneficios de las reformas acompañarán a más mexicanos en su día a día, ya que más de 10 millones de familias de escasos recursos recibirán una televisión digital totalmente gratuita. Esta iniciativa es uno de los esfuerzos más grandes del mundo para acercar las nuevas tecnologías a todos los hogares...”

Reafirmó el punto el vocero del gobierno de la república, Eduardo Sánchez Hernández, en entrevista en Enfoque Noticias de NRM Comunicaciones el 6 de enero de 2015 mencionó:

“...las televisiones digitales se convierten en el ‘patrimonio cibernético de la familia’ ya que estos tienen la posibilidad de tener conexión a internet pues pueden funcionar como una terminal de computadora, donde la idea es acercar a la gente a los beneficios de las nuevas tecnologías de la comunicación...”

Lo anterior contrasta con lo que obra en los procedimientos que ha realizado hasta la fecha la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el fin de adquirir los televisores digitales que el día de hoy se están entregando a los beneficiarios del Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT).

En el Anexo 1 “Proposición Técnica-Especificaciones Técnicas Mínimas” de la convocatoria del procedimiento “Invitación a Cuando Menos Tres Personas Mixta número IA-009-000987-N3-2014” están contenidos los siguientes requisitos para 120,000 televisores digitales:

– Tamaño: 23.5 a 24” pulgadas.

– Panel LED 16:9, con resolución 1280x720 (720p). Refrescado de imagen de 60Hz. Ángulo de visión mínimo 176/176 grados. Contraste: 3000/1. Tiempo de respuesta 8.5 ms.

– Construcción externa de plástico resistente color negro

– Pedestal de plástico resistente color negro

– Sintonizador ATSC A/53 (MPEG2/MPEG-4) y NTSC (analógico), así como el formato e video H.264 considerado en ATSC A/72.

– Audio. Potencia de salida: 3W+3W

– Reproducción multimedia compatible con los formatos MP3 y JPEG vía USB

– Suministro de alimentación: AC100°~240V 50/60 Hz

– Bajo Consumo, ahorro energético modo Standby

– Entradas:

• Un conector hembra de 75 Ohms tipo F, para antena

• Una interfaz multimedia de alta definición (HDMI) hembra

• Una entrada para video compuesto A/V

• Un puerto USB 2.0 tipo A

Accesorios:

• Mando a distancia para controlar las funciones del televisor.

A su vez, en el apartado V.m.1 “Características de los Bienes Objeto de su Propuesta Técnica – A) Especificaciones técnicas” de la convocatoria de la Licitación Pública Nacional Mixta No. LA-009-000987-N73-2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes delineó las características que requería para 2’531,289 televisores:

– Tamaño: 23.5”

– Panel LED 16:9, con resolución 1280x720 (720p). Refrescado de imagen de 60Hz. Ángulo de visión mínimo 176/176 grados. Contraste: 3000/1. Tiempo de respuesta 8.5 ms.

– Construcción externa de plástico resistente color negro

– Pedestal de plástico resistente color negro

– Sintonizador ATSC A/53 (MPEG2/MPEG-4) y NTSC (analógico), así como el formato e video H.264 considerado en ATSC A/72.

– Audio. Potencia de salida: 3W+3W

– Reproducción multimedia compatible con los formatos MP3 y JPEG vía USB

– Suministro de alimentación: AC100°~240V 50/60 Hz

– Bajo Consumo, ahorro energético modo Standby

– Entradas:

• Un conector hembra de 75 Ohms tipo F, para antena

• Una interfaz multimedia de alta definición (HDMI) hembra

• Un puerto USB 2.0 tipo A, 5V 1A

• Una entrada para video compuesto A/V

– Otros:

• Mando a distancia para controlar las funciones del televisor, con baterías incluídas.

• La caja del televisor deberá contar con “agarradera”.

• Contar con logotipo institucional en el bisel que deberá ser con fondo opaco, el cual será entregado al licitante ganador.

• El logotipo en caja deberá ser en color negro.

Derivado de la revisión de las características técnicas de los más de 2.6 millones de equipos que son objeto de las citadas convocatorias, podemos observar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está incumpliendo con el programa que ella misma publicó en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 2014, ya que más del 20 por ciento de los equipos receptores que se entregarán a las personas de escasos recursos beneficiarias no están habilitadas para acceder a internet ya que no cuentan con ninguna interfaz de conectividad a redes.

Lo anterior es preocupante ya que se desperdicia la oportunidad de la entrega de los equipos para hacer llegar a la población vulnerable dispositivos con capacidad para conectarse e internet, de modo que la SCT en los hechos está contradiciendo no solo sus programas y los dichos de sus funcionarios, sino las afirmaciones y compromisos del presidente de la República.

Por lo expuesto anteriormente, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Único: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a garantizar la inclusión digital en el marco del Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), al asegurarse de que los equipos receptores que se entreguen a los beneficiarios estén habilitados para acceder a internet, mediante la utilización de un dispositivo con conectividad, como lo establece el programa de trabajo para tal fin publicado el 13 de mayo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2015.

Diputado Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente se pronuncia en favor de una reforma migratoria en Estados Unidos de América y la salvaguarda de los derechos humanos de los migrantes indocumentados, suscrito por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Ángel Benjamín Robles Montoya, senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta a la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América a efecto de que se apruebe a la brevedad la reforma migratoria que garantice la salvaguarda de los derechos humanos de los migrantes indocumentados, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Teniendo en cuenta que los migrantes mexicanos representan el grupo nacional que más trabajadores aportan a la economía estadounidense, y es que tan solo desde 1994 a 2010, el producto interno bruto de Estados Unidos ha crecido en términos reales en 4 mil 219 millones de dólares; a este incremento los mexicanos aportaron 358 mil millones de dólares, lo que corresponde a un 8 por ciento.

Entre 2000 y 2008, sin considerar el efecto de la crisis, la contribución de los migrantes indocumentados al crecimiento del producto interno bruto estadounidense fue por lo demás contundente, con un aporte del 32 por ciento; siendo el grupo de inmigrantes que más contribuyó a dicho incremento fue, precisamente, el de los mexicanos con una aportación del 11 por ciento al crecimiento total.

A su vez, los migrantes indocumentados mexicanos en Estados Unidos permite el desarrollo económico de México a través del envío de remesas hacia sus familiares. En 2010, el porcentaje ascendió a 586 mil millones de dólares, es decir, el 76 por ciento de la inversión extranjera directa captada en México.

También es cierto que el fenómeno migratorio alcanza a los menores de edad pues al menos nueve mil niñas y niños mexicanos ingresan ilegalmente a los Estados Unidos cada año, lo cual pone en un riesgo latente su integridad física.

Que en enero de 2013, las y los mexicanos celebrábamos la voluntad histórica del presidente Barack Obama respecto de aplicar una profunda reforma migratoria en la que por fin se reconociera la aportación de la comunidad migrante a su economía. Era además una discusión que desde hace años resultaba necesaria para garantizar el reconocimiento y respeto de los derechos de los migrantes, máxime en el marco de iniciativas como la Propuesta 187 en el Estado de California y la Ley SB1070 en Arizona en 2010, criminalizaban los mexicanos migrantes o endurecían las medidas de vigilancia o deportación.

Desafortunadamente, en junio del año pasado, la Cámara del Senado estadunidense aprobó una moción que limita el debate en torno a una enmienda propuesta por dos senadores republicanos, que tiene por objeto reforzar la seguridad en la frontera, pero que en los hechos implicará la militarización de toda la franja fronteriza.

La enmienda planteó el aumento de agentes fronterizos a 40 mil elementos, distribuidos a lo largo de 3 mil 200 kilómetros, es decir, el equivalente a 12 militares por kilómetro.

Ahora, con la reciente acción ejecutiva emitida por el presidente Barack Obama en octubre de 2014, se tiende a priorizar la política de las deportaciones, salvaguardando el bien intrínseco del ser humano, la familia. Este acto es un momento de salvaguarda a los menores de edad ilegales desde 2010 conocida como la acción diferida.

Sin embargo, la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, particularmente el Partido Republicano, ha manifestado su completo rechazo a las acciones ejecutivas presidenciales no obstante que esta política gubernamental beneficiaría a más de 5 millones de indocumentados

Ante estos acontecimientos públicos, los legisladores mexicanos, respetamos las decisiones internas que emita el Congreso General de Estados Unidos, en ejercicio de su soberanía, pero también es claro que el tema de la reforma migratoria tiene consecuencias para nuestros connacionales, por ello, es inminente realizar un pronunciamiento de solidaridad hacia nuestros hermanos mexicanos indocumentados, deseando que pronto su situación migratoria se regualice, adquiriendo cabalmente el ejercicio de sus derechos universales como seres humanos, tales como el derecho a la alimentación, salud, educación, familia, trabajo digno y libre tránsito.

Por ello, considerando que la situación de los migrantes indocumentados ocupa no solo el quehacer político y legislativo de todos los países del mundo, sino que también atrae la preocupación y la participación de los organismos no gubernamentales y de la sociedad civil, manifestamos:

• Que solicitamos respetuosamente que el gobierno de Estados Unidos cuente con un plan migratorio integral, que garantice el respeto a los derechos humanos de los inmigrantes radicados en ese país. Que la Cámara de Representantes permita la revisión y discusión del proyecto elaborado de manera bipartidista en el Senado, que fue avalado por el presidente Barack Obama en 2013.

• Hacemos un llamado a la conciencia y sentido común de las y los legisladores norteamericanos, para evitar que se criminalice a los migrantes indocumentados que se encuentran en su país a través de acciones que fomenten la violencia o militarización, de sus fronteras, explorando como solución, vías adicionales en el ámbito binacional que permita instrumentos diplomáticos y jurídicos internacionales a su alcance.

• Que ante la penosa y urgente situación de los menores migrantes indocumentados no acompañados que se encuentren en Estados Unidos, solicitamos que a la brevedad posible, los gobiernos nacionales de México y Estados Unidos encuentren un enfoque humanitario que dé solución.

• Rechazamos la utilización de la Guardia Nacional como forma de militarizar la frontera con nuestro país, así como el uso de la violencia que frene el flujo migratorio.

• Que cualquier medida o política de atención a los migrantes indocumentados salvaguarde los derechos fundamentales de los ciudadanos que viven en la frontera, que lesiona la dignidad de México y lastima la relación entre los dos países.

• Rechazamos el aislamiento a los migrantes indocumentados o el confinamiento solitario en centros de detención bajo la supervisión de la Oficina de Inmigración y Aduanas.

• Solicitamos la implementación de programas asistencialistas que humanice los programas migratorios de Estados Unidos que priorice la protección de las familias de los migrantes indocumentados.

• Se promuevan programas de empleo temporal para trabajadores agrícolas y para aquellos que cuenten con doctorados o maestrías especializadas, sobre todo en la industria de las tecnologías computarizadas y la investigación.

En consecuencia, se somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión felicita y reconoce la promulgación de la acción ejecutiva emitida por el presidente Barack Obama a favor de los migrantes indocumentados.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita de manera respetuosa a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a efecto de sensibilizar la postura del Partido Republicano que rechaza la política migratoria presidencial, y exhortamos que en aras de la salvaguarda de los derechos humanos de los migrantes indocumentados se pronuncien pronto por una reforma que permita la revisión y discusión del proyecto progresista elaborado de manera bipartidista en el Senado de ese país.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al gobierno estadounidense a que cesen las innecesarias y masivas deportaciones de inmigrantes residentes en Estados Unidos de América y se garantice los derechos humanos de los inmigrantes radicados en la Unión Americana y de sus familias.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2015.

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ del estado de México, para que informe del estado en que se encuentra la investigación de los asesinatos del activista Adrián Rodríguez y su acompañante hondureño, ocurrido en noviembre de 2014, en dicha entidad, suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Consideraciones

Francisco Cerezo, miembro del Comité Cerezo México denunció una vez más que México se convirtió durante las últimas dos administraciones federales en un lugar hostil para el activismo y la prensa, que lejos de mejorar, empeoró al grado de que encarcelar a un defensor de derechos humanos y amenazar a un periodista es una práctica común entre los funcionarios públicos que nadie castiga.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto fueron detenidos arbitrariamente 669 defensores de los derechos humanos acusados por motín, ultrajes a la autoridad, homicidio y secuestro.

Cerezo planteó que el incremento de detenidos por fabricación de delitos despuntó durante la administración actual, pues durante todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se registraron mil casos. Si a este dato –dijo– se le suma que de 2008 a la fecha fueron ejecutados extraoficialmente 90 activistas defensores de derechos humanos a manos de funcionarios públicos, el panorama para el activismo en México es poco alentador.

“Los defensores de derechos humanos están sufriendo amenazas, hostigamientos por la labor que están haciendo en México en su lucha en contra de megaproyectos y de las reformas estructurales. El Estado está generando un clima de criminalización para golpear, amenazar, para la ejecución extraoficial y desaparición forzada”, indicó.

De acuerdo con los registros del Comité, personas vestidas de civil acuden con mayor frecuencia a los lugares de trabajo de los activistas para intimidarlos. Los estados más peligrosos para ser activista en México son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y el Distrito Federal. Para Alberto Patishtán Gómez, maestro indígena que estuvo preso por más de 13 años y que fue encarcelado cuando denunciaba la corrupción del alcalde de El Bosque, Chiapas, la situación en México no es mejor que hace una década. Los ataques hacia los activistas continúan y el encaramiento para detener la protesta social, se convirtió en uno de los mejores métodos para detenerlos.

En un macabro seguimiento de esta tendencia, en días pasados un nuevo atentado a la causa migrante se dio en nuestro país, nos informan que un activista mexicano y otros hondureño que alimentaban a los migrantes centroamericanos que viajan en el tren conocido como La Bestia, fueron asesinados. Ya es una demencial costumbre que en México los activistas, de cualquier tema que refiera derechos humanos, sufra ataques y estos permanezcan impunes. Esta recurrencia sistemática es una figura de un modelo que explica la situación de los derechos humanos, de los migrantes y de la seguridad y la impartición de justicia. No hay figura más honrosa y más valiente que un activista que denuncie injusticias en México, su campo de trabajo no ofrece la seguridad en ninguno de sus conceptos. Son los herederos netos de Belisario Domínguez.

El activista Adrián Rodríguez recibió tres disparos en la cabeza, el pecho y la pierna el pasado domingo cuando estaba visitando a sus padres en el Estado de México. Su amigo, un hondureño de nombre Wilson, recibió cinco disparos y murió a la mañana siguiente.

El activista mexicano Jorge Andrade, integrante del grupo que se dedica a ofrecer comida a los migrantes centroamericanos se expresó que “es muy preocupante que le suceda esto a una persona que se dedicaba a dar ayuda humanitaria a los migrantes”. Wilson acababa de recibir una visa humanitaria que le permitía vivir legalmente en México, gracias a su cooperación como testigo de un ataque armado registrado en febrero pasado. “Espero que la muerte de Wilson y Adrián sea una semilla de esperanza. Ya se ha derramado demasiada sangre”, dijo el padre Pedro Pantoja, el sacerdote jesuita mexicano que también trabaja con migrantes y que además es director de la Casa del Migrante Belén, localizada en Saltillo, Coahuila.

En conferencia de prensa, Pantoja señaló que este caso se suma a los ataques que sufren cada día los activistas, en especial aquellos que defienden a los migrantes ante la inoperancia de órganos del Estado, como el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Migrantes.

En el sur de México, La Bestia se puso en marcha a una mayor velocidad para evitar el abordaje de migrantes. Jorge Andrade y Andrea González, integrantes del Colectivo Ustedes somos Nosotros, informaron que Adrián y Wilson formaban parte del voluntariado que trabaja con su organización, a la que se unieron después de que los tres albergues en los que daban asistencia a migrantes cerraron sus puertas por amenazas del crimen organizado y el hostigamiento de vecinos y autoridades municipales.

Luego de destacar que otros cuatro protectores de migrantes han sido asesinados y seis defensores cuentan con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, González sostuvo que Adrián tenía seis años como voluntario, entregando alimentos a migrantes, y Wilson renunció a su deseo de llegar a Estados Unidos para apoyar al primero.

Este crimen se suma a la descripción del sistema mexicano que se sirve de una infame costumbre, que parece ley, de propiciar la mecánica del olvido; sin embrago es deber de esta institución insistir, reiterar lo que parece una petición que se anexará al inmenso archivo de dolencias mexicanas, un exhorto a las autoridades para que tengan la deferencia de informar a esta soberanía sobre el proceso que debe seguir todo crimen en el país y conminar a que la investigación se conduzca por un camino institucional que ha trazado la impartición de justicia. Informamos que diversas organizaciones no gubernamentales están atentas a esta petición y sus consecuencias.

Por todo lo anterior, sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión

Único. Exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a integrar y hacer público un informar del estado en que se encuentra la investigación de los asesinatos del activista Adrián Rodríguez y su acompañante, el hondureño llamado Wilson en el pasado noviembre, en dicha entidad, ambos, personas que otorgaban alimentación a los migrantes centroamericanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2015.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ y a la Contraloría General del DF a que investiguen lo conducente en relación con las probables irregularidades en los diversos contratos asignados por el titular de la delegación Iztapalapa a la empresa Amexire, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República; y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia y la Contraloría General del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, de manera objetiva e imparcial lleven a cabo las investigaciones conducentes relativas a probables irregularidades en diversos contratos asignados por el titular de la delegación Iztapalapa en favor de la empresa Amexire, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hace unas semanas se dio a conocer en medios de comunicación que la madrugada del 17 de diciembre de 2014, Jesús Salvador Valencia Guzmán, delegado en Iztapalapa, después de que se quedará dormido al conducir, tuvo un accidente de tránsito en el que se impactó contra un automóvil estacionado. La relevancia de los hechos estriba en que la camioneta en la que se trasladaba resultó ser propiedad de la empresa Amexire, misma que se ha visto beneficiada con la adjudicación de diversos contratos por parte del titular de dicha demarcación territorial.

Asimismo, destaca que desde el principio el funcionario público fue contradictorio en sus declaraciones, basta mencionar las siguientes:

• En relación a la propiedad de la camioneta debido a que no obstante, en un primer momento manifestó que la seguía pagando a través de un autofinanciamiento, posteriormente se dio a conocer la propiedad en favor de la empresa referida.

• En lo relativo a la causa por la cual se quedó dormido mientras conducía, señaló que obedecía a gripe y excesivas jornadas de trabajo, empero posteriormente se dio a conocer que se encontraba bajo el influjo del alcohol, situación que debido a omisiones de autoridades policiacas del Distrito Federal, no fue corroborada por el perito correspondiente.

Sobre el vínculo que existe entre el titular de la delegación Iztapalapa y la empresa Amexire, la prensa escrita ha documentado que el jefe delegacional ha otorgado contratos por alrededor de 50 millones de pesos a esta empresa, que entre otras circunstancias, ha sido cuestionada por contar con un “domicilio fantasma”. Al efecto, según testimonio de vecinos del domicilio señalado por la empresa, alguna vez fue utilizado como bodegas y ahora se encuentra en desuso.

Los legisladores del PRI estamos a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, de ahí la trascendencia de que los hechos no queden como acontecimientos aislados, sino que sean investigados sin mayor celeridad y con absoluta legalidad para que en caso de que las conductas encuadren en uno o varios tipos penales, se establezcan las penas y sanciones que conforme a derecho procedan.

Bajo esta tesitura, como mexicanos, pero sobre todo como representantes populares, tenemos la obligación de ser los primeros en respetar la normatividad vigente y de conducirnos con estricto apego a derecho, lo cual no fue observado en los hechos que hemos referido. No podemos ser indiferentes ante conductas de esta naturaleza en las que los titulares de las delegaciones se conducen como soberanos y de manera impune.

Por lo que hace a su calidad de servidor público, el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala quienes forman parte de este régimen, en este sentido por lo que respecta al Distrito Federal, refiere que son las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza dentro de su administración pública, en la Asamblea Legislativa y en los órganos que ejercen la función judicial del fuero común en esta jurisdicción.

En complemento a lo anterior, es menester señalar que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para el ejercicio de sus funciones cuenta con diversas atribuciones, todas tendientes a generar y procurar las condiciones mínimas que hagan asequible el desarrollo de la entidad y sus instituciones, privilegiando la legalidad y la sana convivencia.

Asimismo, la fracción XXVII del artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, establece que entre otras, la Asamblea del Distrito Federal tiene como atribución, remover a los jefes delegacionales, esto ante la actualización de alguna de las causas graves que establece el propio estatuto, con el voto de las dos terceras partes de los diputados que integren la legislatura.

Por otro lado, el propio ordenamiento jurídico, en su artículo 108 establece que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a propuesta del jefe del gobierno o de los diputados, podrá remover a los jefes delegacionales por causas graves, entre las que se encuentran las siguientes:

• Por violaciones sistemáticas a la Constitución, al presente estatuto o a las leyes federales y del Distrito Federal.

• Por realizar cualquier acto o incurrir en omisiones que afecten gravemente el funcionamiento de la administración pública del Distrito Federal o el orden público en la entidad.

En este orden de ideas, es fundamental que el jefe del gobierno, la Contraloría General, la Procuraduría General de Justicia y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, actúen de manera responsable y objetiva para que los hechos sean esclarecidos y se dé certeza jurídica a la población de esa demarcación territorial y del Distrito Federal.

Por lo expuesto, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI acudimos a esta asamblea a proponer los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia y la Contraloría General del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, de manera objetiva e imparcial lleven a cabo las investigaciones conducentes en relación a probables irregularidades en diversos contratos asignados por el titular de la delegación Iztapalapa en favor de la empresa Amexire. Asimismo, envíen a esta soberanía un informe pormenorizado de los resultados.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al jefe del gobierno y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones lleven a cabo una investigación integral de la gestión de Jesús Salvador Valencia Guzmán como titular de la delegación Iztapalapa y, en su caso, sea destituido de su cargo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2015.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a fijar postura respecto a las detenciones sucedidas en Cuba los pasados 30 y 31 de diciembre y 1 de enero, suscrito por el diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 17 de diciembre del año pasado, Barack Obama, presidente de Estados Unidos de América, y Raúl Castro, presidente de Cuba, anunciaron simultáneamente en Washington y en La Habana, sus intenciones por “restablecer las relaciones diplomáticas” entre ambos países y por tomar “medidas mutuas para mejorar el clima bilateral” dado el bloqueo económico que ha permanecido desde hace más de cincuenta años. Dentro de las principales medidas para mejorar esta relación, existe la propuesta de poner fin al embargo económico y comercial, aunque todavía es necesario que el Congreso de Cuba lo apruebe para que pueda proceder.

De este modo, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, aplaude y felicita los acuerdos, pues confía que esto representa un gran avance en el acercamiento en favor de la unidad de la comunidad americana.

Ante estos hechos, y en busca de propiciar la libertad de expresión y el libre ejercicio democrático, la artista cubana Tania Bruguera convocó a los cubanos por medio de redes sociales, y con la etiqueta de #YoTambiénExijo, para manifestarse pacíficamente el martes 30 de enero a las 15:00 horas en la Plaza de la Revolución de La Habana. La activista creía que dicho evento sería el escenario adecuado para escuchar las voces críticas de la ciudadanía hacia el gobierno, pues este se realizaría bajo un esquema de micrófono abierto para que los ciudadanos expresaran sus opiniones sobre el futuro de Cuba.

Hay que recordar que Naciones Unidas, en su Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoce como un derecho internacional en el artículo 19, que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Dicho proyecto artístico se pretendía realizar bajo el nombre de “El Susurro de Tatlin #6”, pero el Consejo Nacional de las Artes Pláticas de Cuba, en un comunicado calificó de “inaceptable” la propuesta “debido a la ubicación y la amplia cobertura que los medios le darían en puntos que son críticos para el gobierno”, y la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba declaró que Bruguera tenía una “evidente intención política” y que la artista “no busca otra cosa que un protagonismo circunstancial”. Además, las autoridades de gobierno amenazaron con “reservarse el derecho de detener a estas personas cuyo único interés es provocativo”.

En primera instancia, el plan de Bruguera consistía en poner a prueba la tolerancia del régimen Castrista ante las críticas de la ciudadanía por las políticas recién acordadas entre los gobiernos, estadounidense y cubano, pues “pensaba que Cuba estaba lista para las diferencias de opinión, para la tolerancia, para perdonar y no olvidar”. Pero en la madrugada del 30 de diciembre, poco antes de que se pudiera llevar a cabo la protesta, el personal de seguridad del gobierno de Cuba detuvo a distintos activistas que tenían planeado participar en la manifestación del mismo día. Entre ellos, el periodista Reinaldo Escobar, quien junto con su esposa Yoani Sánchez, popular bloguera, dirige el portal digital “14yMedio”, y Eliécer Ávila, joven opositor y crítico del gobierno que pertenece a la organización “Somos Más”.

Del mismo modo, Tania Bruguera también fue detenida por la mañana del martes en su casa acusándole de “resistencia y desorden público”, al tiempo de ser golpeada y maltratada en el momento de su detención, según declaraciones de la familia, quien presenció los hechos. Aunado a esto, no era claro por qué ella y los demás opositores políticos fueron puestos en custodia sin que el gobierno cubano haya hecho declaración alguna en su momento.

Después de 24 horas de ser detenida y sin haber podido llegar al lugar citado para la realización del acto, aún se desconocía el paradero de la artista. Además, se reportaron alrededor de cincuenta detenciones de activistas, periodistas y disidentes que pretendían participar en la manifestación, según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN).

El 31 de diciembre, al día siguiente de la detención, se liberó a la artista, pero tras convocar a una conferencia para la prensa y a otra presentación en la avenida Malecón de La Habana, fue nuevamente detenida para ser liberada unas horas después. El jueves 1 de enero, Bruguera fue detenida por tercera ocasión tras visitar una prisión de La Habana donde exigió la excarcelación de otros opositores detenidos por el gobierno. Después de que cerca de mil 300 artistas firmaran una carta pidiendo al presidente Raúl Castro la liberación de Tania Bruguera, ésta por fin fue liberada. Al final de cuentas y después de tres detenciones, a la disidente le fue retirado el pasaporte y no podrá salir de la isla al menos los próximos dos meses.

De acuerdo a diversos medios informativos, la mayoría de los disidentes cubanos arrestados en los últimos días han sido liberados; no obstante, media docena de opositores y activistas permanecerían aún detenidos en La Habana. En total se calcula que unas 80 personas fueron arrestadas desde el pasado martes 30 de diciembre.

Ante las evidentes acciones autoritarias contra los disidentes detenidos sin razón ni declaración alguna, quedan en descubierto los obvios actos represivos y se condenan todas aquellas medidas antidemocráticas que lejos de preservar un régimen político o representar una ideología, atentan violentamente contra los derechos humanos de todos aquellos que tienen derecho a expresar libremente su opinión. De esta manera, el gobierno de Estados Unidos ha manifestado su preocupación por la detención de artistas y opositores pacíficos en Cuba, en donde el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una nota donde pide al gobierno cubano respetar los derechos humanos y la libertad de expresión.

Por otro lado, se ha demostrado que la creatividad y el poder de la democracia han provocado que un lugar icónico como lo es la Plaza de la Revolución, donde Fidel Castro tomó por primera vez el poder, se haya podido convertir en un espacio de crítica y reflexión para la ciudadanía sobre el papel que tiene el gobierno cubano para garantizar el respeto de los derechos humanos.

Aunque cabe señalar que se trata de un asunto bilateral entre dos Estados, en donde corresponde al gobierno de Estados Unidos manifestar su postura en torno al caso, la soberanía mexicana cree necesario también fijar un posicionamiento en cuanto al mismo, ya que, al igual que otros países de la comunidad internacional han mostrado su solidaridad y preocupación por los hechos ocurridos recientemente en nuestro país, el pueblo mexicano también quiere expresar el mismo apoyo y solidaridad con la comunidad cubana.

Dicho lo anterior, y dada la preocupación de la ciudadanía mexicana para que se preserven los derechos humanos a lo largo y ancho del globo, presento ante esta soberanía la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fijar una postura respecto a las detenciones sucedidas en Cuba los pasados 30 y 31 de diciembre de 2014, y 1 de enero de 2015.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2015.

Diputado Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las auditorias de las Cámaras del Congreso que atiendan con celeridad y de manera apartidista, la sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suscrito por la diputada Joaquina Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputada Joaquina Navarrete Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que le confiere los artículos 58 y 59, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten poner a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral a conducirse en el marco de la ley en el caso de denuncia por la campaña El verde sí cumple, con la finalidad de dar certeza al proceso electoral de 2015 y consolidar su legitimidad y confianza como órgano garante de la democracia; en virtud de las siguientes

Consideraciones

Los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México en las Cámaras de Diputados y de Senadores tienen en este momento al aire en medios electrónicos la campaña El Partido Verde sí cumple, que consiste en cuatro temas:

a. Cuotas en escuelas.

b. Circo sin animales.

c. Cadena perpetua a secuestradores.

d. El que contamina paga.

Campaña, que al momento ronda entre los 192 mil impactos en tres meses, que son enteramente ilegales; que representa alrededor de 500 millones de dólares. Es decir, 2 mil 133 al día y 88 por hora.

La representación del Partido de la Revolución Democrática ante el Instituto Nacional Electoral presentó dos quejas en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. A la falta de una investigación pronta y expedita, la misma representación presentó el pasado 9 de diciembre, recurso de inconformidad ante la Contraloría General del Instituto.

El retraso en la suspensión de la campaña, mientras se llevan a cabo las investigaciones, resultan en detrimento de las condiciones de igualdad de los contendientes en las próximas elecciones nacionales de junio de 2015. El tortuguismo –pareciera predeterminado– de la autoridad electoral sin lugar a duda beneficia al infractor de la Constitución General de la República y de las leyes electorales y de telecomunicaciones.

Es urgente que el instituto actué a fin de salvaguardar el principio de autoridad que le reviste la Constitución y que le debiera dar legitimidad y generar la confianza como órgano garante de la democracia. El actuar del Instituto Nacional Electoral (INE) en la conducta ilegal del Partido Verde Ecologista de México puede ser el detonador de confianza para las elecciones de junio de 2015.

Resulta insostenible el argumento de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral que afirma –con respecto del asunto expuesto– que se considere improcedente la solicitud de medidas cautelares en razón de tratarse de hechos consumados, así como de hechos futuros de realización incierta.

Analizando el argumento de la comisión podemos aseverar que la reforma que prohíbe el uso de animales silvestres en circos se aprobó en la Cámara de Diputados el 11 de diciembre de 2014 por 267 votos en pro, 66 en contra y 40 abstenciones, lo que expresa su falta de consenso en una de las Cámaras del Congreso de la Unión. La reforma fue turnada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dicha acción, el Partido Verde Ecologista de México se encuentra promocionándola desde hace más de un año. Por lo que la promoción falta a la verdad en razón de que la reforma no se encuentra en vigencia.

En el caso de la reforma que resulta en cadena perpetua a secuestradores, fue iniciativa presentada por el diputado del PRI, Jesús Alfonso Navarrete Prida, el 29 de abril de 2011.

Dicha reforma estableció:

Artículo 11. Se sancionará con pena de cuarenta años de prisión a prisión vitalicia y de diez mil a doce mil días multa a los autores o partícipes del secuestro que priven de la vida a la víctima.

Por lo que resulta inexacto que la reforma de cadena perpetua a secuestradores la haya promovido el Partido Verde Ecologista de México. Y por lo tanto la información que se reproduce en el spot resulta falsa.

Atención especial merece el spot en la materia que actualmente se encuentra al aire; y que se basa en el diario El Tiempo con la nota de ocho columnas que señala: “Congreso aprobó hasta 140 años de prisión a secuestradores”.

Desafortunada, para la ciudadanía, es la estrategia mediática de basar su mensaje en un medio de comunicación que no existe ; y que dé una información imprecisa.

Por lo que se refriere a la reforma educativa, promovida por el titular del Ejecutivo federal, relativa al cobro de cuotas en las escuelas; ésta se divide en dos modificaciones; la primera, una enmienda a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, que estableció en el artículo quinto transitorio, fracción III, inciso a) del decreto por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo siguiente:

Quinto. Para el debido cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3o. y 73, fracción XXV, de esta Constitución, el Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberán prever al menos lo siguiente:

III. Las adecuaciones al marco jurídico para:

a) Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director , se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.

Y, segunda, la reforma integral a la Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013, en lo particular el artículo 6, que señala:

“Artículo 6o. La educación que el estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias.

Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos.

En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.”

En ese sentido, y como lo establece la Constitución, la autonomía de gestión de las escuelas se vincula con la atribución de la ley secundaria de las autoridades educativas para establecer mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias.

De lo anterior podemos concluir que el establecimiento de la prohibición de cuotas en las escuelas no es una propuesta del Partido Verde Ecologista de México, sino del titular del Ejecutivo federal. Segundo, es relativa la prohibición de cuotas en las escuelas, ya que se atribuye a los directivos de las escuelas a regular los destinos de dichas cuotas, que se vinculan con la autogestión de los planteles educativos.

Lo anterior, nos lleva a la clara conclusión de que la única reforma que se atribuye el Partido Verde a iniciativa suya es la relativa a la prohibición de uso de animales en circos.

Por otra parte, una investigación realizada por la representación del Partido de la Revolución Democrática ante el INE afirma que el Partido Verde y sus legisladores han derrochado recursos que superan las asignaciones de los grupos parlamentarios y con los que realizan una campaña electoral anticipada y cobijada por Televisa y TV Azteca.

Hasta el 5 de diciembre, señala la investigación, el grupo había contabilizado 224 mil spots de televisión, cuyo costo supera los 500 millones de pesos.

No está a cuestionamiento que los partidos y sus grupos parlamentarios en las Cámaras del Congreso de la Unión informen a sus electores de sus actividades; lo que se cuestiona y se demanda es el exceso y ofensivo gasto que se está llevando a cabo en la campaña. Lo que se denuncia, además, es la falta de verdad en los spots de las y los legisladores del Partido Verde; como así lo ha demostrado el presente instrumento parlamentario.

No coincidimos con los representantes de ese partido ante el INE que presume mentiras completas y confunde la congruencia con la mentira. Los partidos tramposos, que quiebran la ley, no contribuyen con la democracia ni a recobrar la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones políticas.

Las legisladoras y los legisladores del Partido de la Revolución Democrática hacemos eco de nuestro representante ante el INE en la exigencia de no permitir que se violen las leyes electorales al no detener lo que entendemos como una campaña anticipada montada sobre supuestos informes legislativos.

Lo anterior, sin considerar un sinnúmero de anuncios espectaculares en las principales ciudades del país.

Los antecedentes de este partido reincidente, ya están documentados.

El 25 de febrero de 2012 la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE ordenó suspender la transmisión de tres promocionales de televisión del Partido Verde Ecologista de México por contravenir el acuerdo respecto al periodo de intercampaña.

En sesión extraordinaria urgente, en respuesta a la queja presentada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y de Movimiento Ciudadano, integrantes de la coalición Movimiento Progresista.

En ese recurso se argumentó que los mensajes de televisión de los diputados verde ecologistas, transmitidos a través de Televisa y TV Azteca, se referían a las propuestas legislativas de ese organismo político. Tras la revisión del contenido, el Instituto Federal Electoral determinó que esa propaganda se transmitió en un periodo prohibido por el acuerdo del 15 de febrero sobre intercampañas. Por lo que acordaron aplicar medidas cautelares y la suspensión de la transmisión de los promocionales en un plazo no mayor a 24 horas.

Asimismo, en 2009, el Consejo General del IFE alista una multa global por dos millones 837 mil 324 pesos, contra el PVEM, Televisa y la revista TV y Novelas por la difusión de 200 spots de una entrevista hecha a dos actores con las propuestas del Partido Verde. El proyecto estimó que el Partido Verde incurrió en una infracción al adquirir tiempo en televisión, a través de un tercero, para difundir su propaganda electoral. Además de considerar que dichas conductas infringieron el principio de equidad de la pasada contienda electoral.

En aquella ocasión la transmisión de los 200 mensajes motivó el inicio de un procedimiento administrativo especial sancionador.

Debemos advertir que el actuar del Partido Verde se funda en dos distorsiones abusivas del sistema; la primera, el partido goza de fuentes extraordinarias de financiamiento de la costosa campaña, y para el caso remoto de una multa, los ingresos para solventarla.

En razón de tal distorsión, cabe preguntar a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras del Congreso de la Unión: ¿alcanzan las prerrogativas de comunicación social del Partido Verde Ecologista de México para financiar la campaña El Partido Verde sí cumple? De no ser así, ¿quién paga la campaña de las y los legisladores?, ¿si se usan recursos públicos para financiar campañas, éstas no deben estar apegadas a la prohibición constitucional de promoción personalizada de servidores públicos?

Y la segunda distorsión del sistema, es una interpretación errónea extendida de una resolución del Tribunal Electoral de 2013 que resolvió que los legisladores pueden, en los spots que contraten para difundir su informe anual, hablar a favor de su partido político, así como, en cuanto a su temporalidad, no pueden difundir sus mensajes durante el periodo de campañas y precampañas.

Aunque, de acuerdo con expertos electorales, los argumentos de la resolución del tribunal son un exceso de dogmatismo jurídico al afirmar que los spots sólo buscan informar a la ciudadanía y que no influyen ni directa ni indirectamente sólo por el hecho de que los emiten los legisladores.

Es necesario y de urgencia precisarle al Instituto Nacional Electoral que dicha resolución fue de primera instancia y que el INE no está obligado a acatar el criterio hasta que se convierta en jurisprudencia.

Quienes promovemos la presente proposición convocamos a la vocación democrática de la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México a que se conduzca con prácticas democráticas propias de un partido joven en la vida pública de la república, a que no sea el mensajero del sistema para dirigirse al pueblo con mentiras y chicanadas jurídicas para sostener una abierta campaña de posicionamiento electoral.

Algunos afirman que la campaña del Partido Verde no influye en la preferencia del elector, necesitan ver las más recientes encuestas a diputados federales.

Para ilustrar el asunto citaremos sólo dos encuestas. En la de El Universal /Buendía y Laredo el Partido Verde en septiembre tenía una intensión de 4 por ciento y en noviembre su intención fue de 6 por ciento. En el periódico Reforma la situación es la misma, es decir al alza: en agosto traía una intensión de 5 por ciento y en este mes lo duplicó a 11 por ciento.

Es urgente que el Instituto Nacional Electoral suspenda la campaña del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ya que se basa en engaños, tienen una dudosa fuente de financiamiento, está deteriorando la confianza de la ciudadanía en los partidos y genera inequidad rumbo al proceso electoral de 2015.

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el pasado 29 de diciembre de 2014, derivado del expediente 4/2014, determinó que la sobreexposición de los informes de labores de los legisladores del Partido Verde Ecologista de México vulneró el principio de equidad establecido en el artículo 134 constitucional. Estimó que con la difusión de los promocionales denunciados, al realizarse de manera reiterada, permanente y continua, se posicionó al PVEM de frente al proceso electoral federal en curso.

Asimismo, se resolvió que la difusión a nivel nacional de los informes de labores de los diputados Enrique Aubry de Castro Palomino y Ana Lilia Garza Cadena, vulnera la prohibición de difundir informes fuera del ámbito geográfico de responsabilidad de dichos servidores públicos. En este sentido, el pleno aprobó por unanimidad el proyecto de sentencia presentado por la ponencia de la magistrada Gabriela Villafuerte Coello, en el que se determinó sancionar con amonestación pública al PVEM.

En relación a los legisladores, se determinó dar vista a las contralorías de las Cámaras de Diputados y Senadores, en virtud de que así lo indica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para efectos de la sanción correspondiente.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración de esa asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, como depositaria de la representación nacional, solicita a las Auditorías de las Cámaras de Diputados y de Senadores, atiendan con celeridad, profesionalismo, y responsabilidad apartidista la sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente con la campaña del Partido Verde Ecologista de México en el expediente 4/2014. Asimismo valore la reincidencia de este grupo parlamentario al momento de emitir la sanción que al caso ocupe.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2015.

Diputada Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la CNBV y a la Condusef que informen sobre el avance de las investigaciones y acciones emprendidas para resarcir el daño derivado por las irregularidades observadas en el caso FICREA, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En noviembre de 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino a la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea, toda vez que se detectaron una serie de irregularidades relacionadas con operaciones fraudulentas en perjuicio de por lo menos 6,500 ahorradores, conllevando a la disolución y liquidación de la empresa. Al respecto, la siguiente cronología de hechos:

Ficrea se funda en 2006, siendo propiedad de Rafael Antonio Olvera Amezcua, quien a su vez es dueño de las empresas Leadman Trade y Baus & Jackman.

El 5 de agosto de 2008, CNVB autoriza que la empresa opere como una Sociedad Financiera Popular (Sofipo), lo que permite prestar servicios financieros de ahorro, inversión y crédito principalmente a pequeñas y medianas empresas.

En marzo de 2014, su director, Sergio Ortiz Valencia, mostró la intención de la empresa de convertirse en un banco especializado en Pymes para 2015, dado que sus activos habían crecido 182 por ciento en relación al año inmediato anterior. Cabe mencionar que desde 2009, se había planteado la intención de convertir a Ficrea en un banco, pero la CNBV dio la negativa a dicho reconocimiento.

El 30 de octubre, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), suspendió a Ficrea el uso de contrato de adhesión al producto denominado “inversión a plazo” por rehusarse a retirar una cláusula ilegal en el contrato, la cual estipulaba el cobro de una comisión a quien haya expedido un cheque sin fondos y también a quien recibió en su cuenta dicho cheque.

El 7 de noviembre, la CNBV intervino a la Sofipo, tras dar a conocer una triangulación de fondos entre ésta y Leadman, empresa por la cual se canalizaba el 98 por ciento de la cartera de Ficrea. El objetivo fue salvaguardar los ahorros de los inversionistas al normalizar las operaciones de la empresa.

El 8 de noviembre, la CNBV informó a los clientes de Ficrea la intervención de la empresa, instando a los afectados a continuar con el pago de los adeudos para no deteriorar su historial crediticio y evitar intereses moratorios.

El 19 de noviembre, los afectados se reunieron con funcionarios de la CNBV y de la Condusef, en donde se señaló que 65 cajas que contenían soporte de la información contable habían sido sustraídas por los administradores anteriores de la Sofipo, lo que dificultó conocer el estado real de la sociedad.

El 26 de noviembre, la intervención gerencial dio a conocer que concluyó el proceso de entrega recepción de parte de la administración y que las cuentas de bancos e inversiones de Ficrea fueron identificadas. Se acordó una reunión para el 3 de diciembre en la que se entregó un informe detallado de los pasivos y activos de la empresa.

El 28 de noviembre, la CNBV pidió prórroga para dar una resolución sobre el caso al no contar con suficiente información. Fue hasta el 19 de diciembre que dicha Comisión revocó la autorización de Ficrea para operar como Sofipo por realizar operaciones fraudulentas.

El 22 de diciembre inició el proceso para recibir las solicitudes de los ahorradores. La CNBV ha informado que 42 por ciento de los ahorradores recuperarán el total de patrimonio y que el resto que reportan recursos superiores a los protegidos por el seguro de depósitos, que equivale a 25 mil Udis o 131 mil pesos, tendrán que esperar a la realización de la cartera y venta de activos, los cuales ascienden a 7 mil 014 millones de pesos.

Por todo lo anterior, mostramos nuestra preocupación e interés para que se sancione conforme a derecho a los responsables y se garantice el patrimonio de los ahorradores.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, acudimos a esta honorable asamblea a proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, informen a esta soberanía el avance en las investigaciones, así como las acciones que han emprendido para resarcir el daño derivado por las irregularidades observadas en el caso de Ficrea.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 7 días del mes de enero del año 2015.

(rúbrica)

Con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de la SHCP, de la CNBV, de la PGR y de la Unidad de Inteligencia Financiera, para que informen las acciones que han realizado en relación con el fraude de Ficrea, suscrito por el senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Mario Delgado Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Recientemente, más de seis mil usuarios han sido defraudados por el mal manejo del Ficrea, Sociedad Financiera Popular (Sofipo) y la falta de supervisión de las autoridades financieras.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizó en junio de 2008 la operación del Ficrea como institución crediticia de conformidad con lo establecido en la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

En junio de 2014, la CNBV reportó 44 sociedades de ahorro y préstamo, con más de 1000 sucursales en el país, con activos de más de 287 mil millones de pesos y una cartera de crédito superior a los 20 mil millones de pesos. El total de clientes a la fecha señalada superó los dos millones 931 mil y la morosidad rondó el 8 por ciento.

Para mayo del 2013, el Ficrea se colocó como la cuarta sociedad financiera popular (Sofipo) más grande del mercado de las cuarenta existentes en el momento y la que menor porcentaje de cartera vencida tenía respecto al total de colocación de créditos entre sus clientes.

A finales del 2013, el Ficrea ya era la segunda Sofipo en concentración de cartera del mercado con el 11.1 por ciento.

De esta forma, el Ficrea registró en 2013 crecimientos superiores a 150 por ciento en servicios. En activos, la financiera popular tuvo un crecimiento de 182 por ciento, es decir, pasó de 973 millones de pesos en 2012 a 2,750 millones en el siguiente año. En materia de captación, el Ficrea reportó en 2013 un incremento de 205 por ciento, al pasar de 760 millones de pesos en el 2012, a 2,320 millones a finales de 2013.

En el último año de operaciones, la cartera de captación del Ficrea mostró un incremento muy alto de aproximadamente el 165 por ciento entre el 2013 y el 2014. En marzo de 2014 se captaron 3,101 millones de pesos mientras que para noviembre del mismo año la cifra se incrementó a 6,240 millones de pesos, es decir, se duplicó la cartera de captación del Ficrea en los últimos meses.

A inicios del 2014, la Sofipo estaba a la espera para poder operar como banco, lo cual sería autorizado por las respectivas autoridades financieras, entre ellas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la CNBV y el Banco Central.

De esta manera, el Ficrea fue creciendo considerablemente en los últimos años por lo que debió llamar la atención de las autoridades financieras reguladoras y obligadas a realizar la supervisión de toda institución financiera que capta recursos del público.

De hecho, como parte de las 11 reformas estructurarles, el 10 de enero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la denominada reforma financiera; reforma que en principio alentaría el crecimiento económico de México, ayudaría a prestar más dinero con mejores condiciones y que fortalecería la solidez del sistema financiero en su conjunto.

Con motivo de la presentación de la reforma financiera al público, se dijo que uno de los ejes de la ésta era ampliar el crédito y para ello se fortalecieron las facultades de las autoridades financieras con el propósito de evaluar periódicamente el desempeño de las instituciones de banca múltiple en relación con los niveles de crédito que efectivamente coloquen, de modo que canalicen más recursos a proyectos productivos. Hoy los indicadores, a casi un año de la reforma, siguen sin cumplirse y la expectativa es que como ha pasado con otras reformas nos quedemos muy lejos de la meta.

Asimismo, uno de los principales estandartes de la reforma financiera consistió en el fortalecimiento de las autoridades financieras a fin de dar mayor protección a los usuarios del sistema financiero, en particular se fortalecieron las facultades de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y de la CNBV. Es imperante resaltar que ambas comisiones surgen como la mejor garantía institucional que se puede tener para la protección de usuarios de los servicios financieros nacionales, que incluye a los ahorradores.

De esta manera, la reforma financiera confirió nuevas facultades a las autoridades reguladoras. En el caso de la Condusef, se buscó su fortalecimiento por lo que se adecuó el marco jurídico vigente para reorientar su objetivo en beneficio de los usuarios de los servicios financieros. Dicha reorientación se enfocó medularmente en mejorar la protección de los usuarios de servicios financieros, así como hacer efectiva la equidad en las relaciones entre éstos y las instituciones financieras, todo ello para el mejor aprovechamiento de los productos y servicios financieros que se ofrecen en el mercado.

De esta manera, se fortalecieron las atribuciones de la Condusef a fin de que ésta pueda, entre otras cosas:

• Asumir la representación de la colectividad de usuarios, cuando se realicen actos, hechos u omisiones que vulneren sus derechos e intereses, por lo que podrá ejercitar la acción colectiva.

• Analizar y ordenar la suspensión de la información que induzca a error dirigida a los usuarios sobre los servicios y productos financieros que ofrezcan las Instituciones Financieras.

• Emitir recomendaciones a las Instituciones Financieras y hacerlas del conocimiento de sus organismos o asociaciones gremiales, así como del público en general.

• Regular los contratos de adhesión y comprobantes de operaciones, así como impedir la difusión de información engañosa de las Instituciones Financieras de su competencia en general.

• Determinar los supuestos en los cuales se considere que existen cláusulas abusivas en los contratos de adhesión.

• Supervisar que las Instituciones Financieras cuenten con Unidades Especializadas para la atención de los usuarios.

• Revisar y ordenar a las Instituciones Financieras, modificaciones a los documentos que se utilicen para informar a los Usuarios sobre el estado que guardan las operaciones o servicios contratados, en caso de que incumplan con las disposiciones de carácter general que establezca la Comisión Nacional.

En materia de ahorro y crédito popular, se reformó la correspondiente ley de ahorro y crédito popular que dio a la CNBV nuevas atribuciones, entre las que destacan:

• Por acuerdo de la Junta de Gobierno, proceder a la suspensión de tres meses a cinco años o la remoción de los miembros del Consejo de Administración y del comité de auditoría, comisarios, directores, gerentes generales, auditores externos, así como miembros del Comité de Crédito, de las Sociedades Financieras Populares; miembros del Comité de Supervisión, contralor normativo o gerente de las Federaciones; miembros de los Comités Técnico y de Protección al Ahorro, y en general de los directivos de las sociedades financieras populares, por incapacidad técnica o por incumplir los principios y mandatos de la ley de manera grave o reiterada. (Artículo 122).

• Recibir información periódica de las sociedades financieras populares a fin de cumplir el mandato que la ley le otorga a la CNBV de ser autoridad sectorial y reguladora en sociedades de ahorro y préstamo popular (Artículo. 122 Bis).

• Se hizo una reforma de manera profunda e importante en materia de partes relacionadas, es decir, aquellas personas que detentan acciones o capital de las sociedades, que actúan por su cuenta con los mismos representantes, vía comisión, mandato, o pueden actuar por nombre de aquellas, en cualquiera de las formas previstas en la ley, en la que puede haber una dependencia de una de las personas sobre la otra. De forma adicional, para fortalecer la capacidad de supervisión, se definió en la misma ley qué significa para efectos de partes relacionadas y comisionistas, parentesco, funcionarios, poder de mando, interés directo. (Artículo 35 y 35 Bis).

• Se estableció la posibilidad de las sociedades populares puedan actuar por cuenta de comisionistas, lo cual de ninguna forma implica evadir las responsabilidades que las sociedades asumen con los ahorradores (Artículos 36 Bis 3 y siguientes).

• Se establecieron los programas de autocorrección, cuando la sociedad en la realización de sus actividades, o el comité de auditoría como resultado de las funciones que tiene conferidas, detecten irregularidades o incumplimientos a lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables (Artículo 136 Bis 3)

• Se fortaleció el régimen legal sancionador, modificando las sanciones aplicables por violaciones a la ley (Artículo 1256 y siguientes) y se modificaron los delitos aplicables (Artículo 136 Bis 7).

En consecuencia, si se fortalecieron las atribuciones de las autoridades con la finalidad de proteger a los usuarios de los servicios financieros no se entiende por qué sucedió el fraude del Ficrea, en el que miles de usuarios se han visto defraudados sin que la autoridad lo haya prevenido, a pesar de que cuenta con las atribuciones para poder realizarlo desde enero de 2014 cuando el Ficrea se posicionó como la segunda Sofipo más representativa en su sector.

De esta manera, el desfalco a los ahorradores del Ficrea ocurrió en 2014, cuando la reforma financiera ya estaba vigente y las autoridades financieras tenían una mejor capacidad legal e institucional.

Estos son algunos de los hechos más importantes que se han identificado.

En marzo de 2014, la CNBV detectó problemas de falta de información por parte del Ficrea, lo cual informó a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Procuraduría General de la República (PGR).

Desde octubre de 2014, las autoridades ya investigaban la operación del Ficrea pero fue hasta el 7 de noviembre del mismo año cuando la CNBV intervino gerencialmente a la sociedad financiera debido a que ésta trianguló recursos a través de una de sus subsidiarias, otorgando el 98 por ciento de la cartera de créditos a través de una sociedad anónima llamada Leadman Trade.

No obstante, en los días inmediatos anteriores a la intervención, entre el 3 y 6 de noviembre, salieron de la tesorería del Ficrea 470 mdp por concepto de pago de gastos a comprobar a Baus and Jackman.

En esa fecha, el Presidente de la CNBV, reportó que la financiera tenía una cartera de 5,755 mdp y 6,366 clientes. De acuerdo con la CNBV, ésta dio aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, para que se presentara una denuncia ante la PGR y se iniciara una averiguación por presunto lavado de dinero.

De hecho el Ficrea operaba con Baus and Jackman, Leadman Trade y Monka Comercial, empresas que eran partes relacionadas y a través de las cuales se sacaron los recursos del Ficrea. Desde finales del 2013 y hasta agosto de 2014, se transfirieron cerca de 1,200 mdp a Leadman Trade para arrendamientos que no fueron formalizados.

El 19 de noviembre los ahorradores del Ficrea llegaron a un acuerdo con las autoridades financieras para que, entre otras cosas, se integrara una comisión bilateral y hacer público el informe del interventor.

En la siguiente reunión del 26 de noviembre se acordó trabajar conjuntamente entre autoridades y ahorradores para reactivar al Ficrea, bajo un esquema viable. El mismo día se acordó que el 3 de diciembre el Interventor presentaría un informe completo de activos y pasivos, ese mismo día se fijarían las condiciones y fechas de la reapertura de la sociedad y se solicitó a la PGR un informe para la liberación de los bienes y recursos financieros asegurados.

En la reunión del 5 de diciembre, las autoridades reconocieron no contar con la información suficiente para dar cumplimiento a la reactivación del Ficrea, por lo tanto, acordaron que antes de concluir el mes darían información sobre una solución definitiva, para la cual convocarían al comité con al menos un día de antelación.

El 12 de diciembre los presidentes de la CNBV y de Condusef se comprometieron a buscar soluciones que nada tendrían que ver con la liquidación del Ficrea. Es importante subrayar que en las reuniones se firmaron acuerdos donde centralmente se presentan:

• La no liquidación y quiebra de la empresa.

• Garantizar la totalidad de los ahorros e intereses para los ahorradores.

• Informar a los ahorradores (a través de la comisión de Ahorradores) las propuestas a fin de cubrir los puntos antes citados.

Estos acuerdos fueron firmados por el Presidente de la CNBV, el Presidente de la Condusef, sus Vicepresidentes y el Interventor Federico López Cárdenas. Por cierto, cabe destacar que la intervención gerencial presenta diversas inconsistencias que deberán ser explicadas.

El 19 de diciembre, la Junta de Gobierno de la CNVB decidió revocar la licencia de operación del Ficrea. De acuerdo con el regulador, la Sofipo destinó alrededor de 2,700 mdp para la compra de bienes de lujo.

Se mencionó que la resolución emana del Comité de Protección al Ahorro (en última instancia del Comité Técnico de Protección), quien de acuerdo con el artículo 100, 102, 108 y demás relativos de la ley aplicable tiene la misión de establecer los mecanismos necesarios para detectar y prevenir los problemas financieros que pudieran presentar las Sofipos y Sofincos, así como crear el mayor valor económico posible sobre las aportaciones de las sociedades, con el único fin de proteger el ahorro de los depositantes de las sociedades.

El comité está integrado por seis representantes del sector de las sociedades financieras populares, y en el caso del Comité de Ahorro por cinco, designados por el propio Comité Técnico, es decir, dicho Comité está formado en su mayor parte por representantes de las mismas sociedades que también participan en otros sectores del sistema financiero nacional, como es el caso del ahorro para el retiro, por lo cual hay un sesgo a la posible parcialidad, al conflicto de interés, al uso indebido de información, y barreras a la competencia en el mercado, como se advierte al leer las previsiones del artículo 104 bis de la ley mencionada.

A pesar de las diversas reuniones que han tenido las autoridades y los representantes de los ahorradores no se han logrado acuerdos que protejan los intereses de los usuarios y protejan su patrimonio.

Hoy es posible advertir que los representantes de la sociedad financiera popular mencionada no fueron los únicos que incumplieron la ley, puesto que también hay omisiones importantes de la misma autoridad.

La CNBV dejó de atender varios aspectos, entre los que destacan básicamente:

1. No recibió información oportuna y veraz de la sociedad.

2. No ejerció su facultad de suspensión o remoción de los directivos de la sociedad.

3. No hizo una investigación profunda de partes relacionadas, comisionistas agentes, familiares, entre otros, como dicta la ley.

4. No puso en marcha un programa de autocorrección del Ficrea.

5. No ha sancionado conforme a la ley, en caso de que hubiere detectado en tiempo y forma irregularidades cometidas por los agentes o representantes, antes de resolver en definitiva la extinción de la sociedad.

Su actuación frágil es doble: cuando se debió prevenir el fraude y la irregularidad, la CNBV dejó de actuar. Por otra parte, cuando debió actuar de manera prudencial y razonable, actuó con exceso y desproporción, de manera apresurada, llegando al caso de la revocación y liquidación del Ficrea.

Es de sobrado y explorado derecho que las medidas drásticas y que implican privaciones de bienes y derechos de particulares (las que se denominan ultima ratio -como las disoluciones, liquidaciones, desincorporaciones de activos-) se deben ejercer siempre y cuando se han agotado las fases previas (comunicaciones previas, conciliación, requerimientos, audiencias).

En este caso, la CNBV, para reparar el daño, pretende borrar todo rastro previo que pueda evidenciar al público y en especial a los ahorradores afectados la falta de oportunidad de su actuación y la probable negligencia en el servicio público.

La CNBV debe ser sometida a revisión y dejar claro qué hizo de acuerdo con las facultades y atribuciones que dio la nueva reforma financiera.

Al engaño del Ficrea a los ahorradores, víctimas injustas del sistema financiero, ahora se suma la posible irresponsabilidad de la autoridad. Incumplen acuerdos con los presentantes de los ahorradores para reunirse con ellos de manera permanente. En adición, y lo que es más grave, en lugar de buscar una alternativa para la reactivación del Ficrea, como lo marca la ley (autocorrección antes que liquidación), como la opción más razonable para no seguir afectando la estrategia de vida de los ahorradores, decidieron unilateral, injustificada, rápida, y arbitrariamente la revocación y liquidación sin que se cuente con información precisa, como las mismas autoridades reconocen en las minutas de trabajo de noviembre y diciembre de 2014.

Los ahorradores ponen su confianza en que la autoridad supervisará a quien puede desviarse de la norma del sistema financiero, no solo de manera formal, sino causando graves daños, como en el caso, ya que no se trata de una situación imprevista, sino totalmente previsible. Quien está obligado a supervisar, fue omiso, lo cual es doblemente dañino, porque se trata no solo de una falta de forma (que no produciría daño directo) sino de fondo y material que causa lucro cesante y daño emergente.

Toda la discusión y las últimas reformas en el sistema financiero, no solo en México sino en el mundo, ha girado sobre la mejor forma para evitar riesgos morales y sistémicos y cómo debemos responder a la pregunta del público de por qué habríamos de pagar los ahorradores, los depositantes, los usuarios, por los errores y excesos de la banca y de quienes otorgan crédito y reciben depósitos y prestan servicios de ahorro y préstamo, y también por la complicidad implícita o directa con la que actúan de la mano con las autoridades.

Recientemente los medios de comunicación han reportado que Rafael Olvera, socio mayoritario del Ficrea, presuntamente buscó desde noviembre de 2014 pagar 90 millones de pesos en sobornos que le habrían solicitado funcionarios de un área de Inteligencia Financiera, lo que permitiría operaciones irregulares del Ficrea. Esto supone una gravedad que merece ser explicada, investigada y sancionada de manera ejemplar.

En sentido estricto, las condiciones para el fraude no fueron determinadas por el interés de los ahorradores, por la falta de cultura financiera, porque se pueden dar casos como éste, o por cualquier otra razón. En realidad, la única explicación posible es la falta de aplicación de las reglas prudenciales del sistema financiero, donde el monitoreo, el control, las auditorias y la evaluación no están funcionando, con independencia de la actividad criminal implícita al caso.

Las distintas vicepresidencias de supervisión de la CNBV son responsables de las auditorías anuales y sus informes, e inclusive de la emisión y seguimiento de las observaciones derivadas de dichas auditorías. Habremos de revisar las irregularidades en que incurrió el Ficrea y lo que hizo la autoridad supervisora encargada de finanzas populares en el periodo comprendido en los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Desde enero de 2014, se dieron nuevas facultades a las autoridades financieras, mismas que aprobó el Congreso de la Unión. En consecuencia, a fin de someter a escrutinio y evaluar qué se hizo con esas facultades y la capacidad jurídica, técnica y administrativa de las autoridades, en el caso de la actuación en el tema del Ficrea, debemos tomar ciertas medidas.

En el sistema financiero, como en cualquier otro sistema, hay y debe haber responsables. El problema con el sistema financiero es que a los usuarios se les exigen garantías con la promesa de permitir mayor generación de crédito, pero cuando se trata de los bancos y demás sociedades financieras y la responsabilidad de las autoridades, las irregularidades graves se ocultan, se niegan o se difuminan. Esto último no lo podemos permitir

Como paso previo, en un ejercicio de control democrático por parte de los representantes de las entidades federativas, y dado que los defraudados viven en distintos estados de la república, al tratarse de un asunto de carácter nacional, habremos de exigir información por parte de las autoridades responsables, citando a los funcionarios públicos competentes deben comparecer ante el Senado de la República.

Por todo lo anterior, proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Comisión Permanente cita a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso; al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, licenciado Jaime González Aguadé; al titular de la Procuraduría General de la República, licenciado Jesús Murillo Karam; y al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, licenciado Alberto Bazbaz Sacal, a fin de que expliquen a esta soberanía las acciones que han llevado a cabo, en la esfera de su competencia, para atender el caso del Ficrea. De manera previa a su comparecencia, los titulares referidos deberán hacer llegar a la honorable Comisión Permanente, de manera oportuna un informe ejecutivo de las acciones que hasta la fecha ha llevado a cabo al respecto.

Segundo. La honorable Comisión Permanente exhorta a la CNBV a que se suspenda el proceso de revocación, liquidación, o cualquier otro acto jurídico tendiente a la extinción de la sociedad denominada Ficrea, y con ello sus derechos y obligaciones, hasta en tanto no se cuente con información clara, completa y oportuna sobre la justificación de la decisión del Comité de Protección al Ahorro, así como las causas, los efectos y las acciones necesarias para deslindar responsabilidades tanto de los agentes públicos como de los privados que han participado por acción u omisión en la pérdida de recursos de los ahorradores.

Tercero. La honorable Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República a que se realicen las investigaciones, de conformidad con sus atribuciones y finquen las responsabilidades penales y administrativas correspondientes, tanto a agentes privados como públicos, con motivo de los hechos y actos por los cuales fueron defraudados los ahorradores del Ficrea. Asimismo, se informe a la honorable Comisión Permanente sobre el avance y resultado de sus investigaciones.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2015.

Senador Mario Delgado Carrillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y a las 32 entidades federativas para que fortalezcan medidas preventivas y acciones para proteger a la población ante el descenso de temperatura por la temporada invernal, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante la temporada invernal 2014-2015 se han registrado temperaturas mínimas de hasta -10° C en algunas regiones del país, por lo que la salud y la integridad de la ciudadanía se encuentran en riesgo. Estas condiciones climatológicas extremas afectan de manera particular a grupos vulnerables de la población, entre los que se encuentran los menores de cinco años y mayores de 65 años, además personas con enfermedades crónicas, como diabetes y obesidad.

El Sistema Meteorológico Nacional pronostica la llegada de, al menos, 53 frentes fríos en esta temporada, que se extenderá hasta el 5 de mayo del 2015. Las entidades con mayor afectación por heladas son Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Por esta razón, instancias del gobierno federal, en coordinación con las entidades federativas, han tomado distintas acciones para proteger a la población de los riesgos para la salud que se presentan durante esta temporada.

Entre las medidas que se han tomado para prevenir a la población sobre el drástico descenso de las temperaturas en esta temporada, se han enviado 61 boletines de alerta invernal por Ambiente Frío; 81 boletines de alerta invernal por Frentes Fríos y 6 oficios de alertamiento para 27 entidades federativas. También se emitió una Declaratoria de Emergencia para 22 municipios del estado de Zacatecas por la ocurrencia de helada severa, la cual tuvo una vigencia del 3 al 13 de diciembre de 2014.

Además, se solicitó a las Unidades de Protección Civil de los estados y del Distrito Federal los Planes Operativos para la Temporada Invernal, realizar el monitoreo permanente de las mismas y el seguimiento de acciones en materia de preparación y auxilio a la población, por medio del Centro Nacional de Comunicaciones.

Para el seguimiento de las acciones se ha establecido comunicación permanente y estrecha coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal, principalmente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con Caminos y Puentes Federales, con la Comisión Nacional de Seguridad mediante la Policía Federal, y con la Secretaría de Turismo con los Ángeles Verdes, para conocer el estado que guardan las carreteras y los puntos de ingreso al país.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres elaboró las infografías “Prepárate Contra el Frío” y “Prepárate para el Invierno”, que tienen como propósito difundir a la población información valiosa relacionada con los riesgos que representa el descenso de temperaturas, además de emitir recomendaciones básicas para el cuidado de la salud y evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. Las infografías pueden consultarse en las páginas de internet del Sistema Nacional de Protección Civil y del Centro Nacional de Prevención de Desastres, y por medio de las redes sociales de Facebook y Twitter.

En el Atlas Nacional de Riesgos se integraron dos mapas relacionados con la temporada invernal: Índice de días con heladas y el de grado de peligro y riesgo por bajas temperaturas. Con estos mapas, la población puede conocer cuáles son las zonas que reciben con mayor intensidad estos fenómenos. Esta información que puede consultarse en la página electrónica del Sistema Meteorológico Nacional.

Por su parte, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud ha implementado la campaña de vacunación contra la influenza estacional, enfatizando que la aplicación de la vacuna contra influenza es prioritaria para niñas y niños de 6 meses a 5 años de edad; personas mayores de 60 años; mujeres embarazadas en cualquier trimestre; personas que padezcan diabetes mellitus, obesidad mórbida, asma, enfermedades renales, cardiacas, cáncer y VIH; personal de salud.

Aunque estas acciones han sido oportunas, teniendo en cuenta las condiciones climáticas extremas que se presentan, no han sido suficientes. El reporte semanal de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal indica que, hasta el 31 de diciembre de 2014, se habían producido 10 defunciones por temperaturas extremas o situaciones asociadas a éstas —2 por hipotermia; 7 por intoxicación con monóxido de carbono u otros gases; una por quemaduras. Además, hasta la misma fecha, se han registrado 113 casos de daños a la salud debido a las mismas situaciones que han producido los decesos.

Los legisladores del PRI estamos conscientes que las condiciones climatológicas actuales del país provocan y potencializan las afectaciones a la salud de la población, por lo que es imprescindible que se redoblen los esfuerzos coordinados interinstitucionales para que las medidas pertinentes se apliquen de forma oportuna y resulten efectivas en la prevención de los daños a la salud y al bienestar de la ciudadanía, especialmente, de los grupos más vulnerables.

El objetivo de la presente Proposición con Punto de Acuerdo es promover el fortalecimiento del trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno y otras autoridades, con el fin de que las acciones implementadas hasta ahora, para prevenir enfermedades y decesos relacionados con la época invernal, se vean fortalecidas y logren reducir instrumentar las acciones necesarias a fin de prevenir enfermedades propias de la época invernal, las acciones hasta ahora emprendidas han sido las adecuadas, sin embargo, deben ser fortalecidas.

Por lo anteriormente expuesto y debido a consideramos una prioridad garantizar la salud de la población en situaciones adversas, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal y a los de las de las 32 entidades federativas, para que, de manera coordinada y en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan sus medidas preventivas, campañas informativas y redoblen esfuerzos para proteger a la población ante el descenso de la temperatura durante la temporada invernal.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 7 días del mes de enero de dos mil quince.

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la ampliación del acuerdo por el que se determinan centros de origen y de diversidad genética del maíz, suscrito por la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

Aleida Alavez Ruiz, diputada federal de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de la Estados Unidos Mexicanos, presentan ante el pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. Que el maíz es central para la seguridad alimentaria y la cultura de nuestra nación, por tratarse de su alimento básico, que representa 53% de la ingesta calórica y 39% de la proteínica que provienen directamente del consumo del maíz.

Segundo. Que el maíz es un producto cultural ya que no puede propagarse solo; representa un proceso histórico alimentario. Los pueblos indígenas mesoamericanos obtuvieron maíz para todo tipo de ecosistemas y para distintos usos, con diversos colores y formas.

Tercero. Que la planta es altamente eficiente: aprovecha bien la energía solar y se pueden obtener hasta 500 semillas en una mazorca. Los campesinos propician el intercambio y vuelven a sembrar otro ciclo agrícola; para ellos no es una mercancía sino la base de su cultura, vida y alimentación.

Cuarto. Que el sistema tradicional de siembra implica que el maíz vaya acompañado de otros productos, cerca de sesenta, muchos de ellos comestibles, además de los inseparables frijol, calabaza, chile y jitomate. Los suelos no se empobrecen, las plantas colaboran unas con otras y se aprovecha mejor el espacio, la riqueza del suelo y la energía del sol.

Quinto. Que los restos muy antiguos que se han encontrado del maíz, su estructura genética y la diversidad de maíces que existen, entre 40 y 60 razas y miles de variedades, demuestran que México es centro de origen y diversidad del maíz. Lo confirma la distribución de maíces llamados criollos y nativos, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

Sexto. Que en noviembre de 2012 la Sagarpa y la Semarnat publicaron en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se determinan Centros de Origen y Centros de Diversidad Genética del Maíz, mismo que se estableció mediante criterios y métodos con base en información georreferenciada de la Conabio, a partir de celdas compuestas por 5 mil hectáreas que definen el maíz observado, el maíz previsto, las vías de comunicación terrestre que unen áreas de maíz observado y maíz previsto; especies de teocintle observadas o previstas y especies de Tripsacum observadas.

Séptimo. Que dentro de la definición de los polígonos de protección se excluyeron las celdas con más de 60 por ciento de superficie de agricultura de riego; las celdas que no están rodeadas por otras celdas con presencia de agricultura de temporal y cultivos de maíz; las celdas en los límites exteriores de los centros de diversidad y las que se encuentran dentro de distritos de riego. Por lo que se refiere a presencia indígena, en las regiones no muestreadas por su difícil acceso según la autoridad se incluyeron celdas donde se encontrara al menos una localidad con presencia indígena con bases en datos de la CDI y el PNUD y ubicadas dentro de un vecindario máximo de dos celdas.

Octavo. Que con base en estos criterios y métodos se decretaron una superficie aproximada de 1,214,018.6 km2 por lo que más del 38% quedo fuera para ser considerado centro de origen y diversidad del maíz. La mayoría de los estados del norte del país fueron excluidos, así como extensiones importantes en Campeche Tabasco Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Guerrero, Michoacán, Durango y Zacatecas, que en muchos casos coincide con autorizaciones de siembras experimentales e incluso piloto de maíz transgénico, y son los espacios que más interesan a las corporaciones semilleras y agricultores empresariales.

Noveno. Que la visión mercantilista que se tiene sobre el maíz está poniendo en riesgo su riqueza genética mediante procesos violentos de combinación y transferencia de genes de diferentes organismos, que en la naturaleza llevarían millones de años o sencillamente no ocurrirían. Se ha demostrado que los maíces genéticamente modificados son pobres en cualidades y los resultados de la experimentación siguen siendo inciertos, además de propiciar una contaminación entre variedades y ha resultado falso que los transgénicos disminuyen la cantidad de agua empleada, que utilices menos agroquímicos, que sean más productivos, que ayuden apaliar el hambre y que ayuden a disminuir los efectos de la agricultura en el clima.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a evaluar la pertinencia de ampliar el acuerdo por el que se determinan Centros de Origen y Centros de Diversidad Genética del Maíz, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de noviembre de 2012 para ser aplicado en todo el territorio nacional, así como formular las propuestas técnicas sobre otras especies alimentarias que son originarias de nuestro país para su protección; así como a la Secretaría de Economía para que promueva el etiquetado de productos alimentarios que sean transgénicos o contengan derivados.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los siete días del mes de enero del año dos mil quince.

Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al representante del Poder Ejecutivo federal, en la Comisión de Concordia y Pacificación, a informar de los trabajos realizados en la solución del conflicto armado en Chiapas, suscrito por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Ángel Benjamín Robles Montoya, senador integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La complicada situación económica y sociopolítica que hoy vivimos en México, es producto de 30 años de políticas completamente alejadas, e inclusive opuestas a los intereses de la población.

Sin embargo, la marginación y la miseria en que viven las comunidades indígenas en nuestro país, especialmente en el sureste, fueron el factor que detonó que la madrugada del 1 de enero de 1994, es decir hace 21 años, indígenas tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales armados, tomaran cinco cabeceras municipales del estado de Chiapas: San Cristóbal de las Casa, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Chanal.

Este levantamiento armado que inició el mismo día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Tal suceso continúa cuestionando al sistema político mexicano sobre sus promesas de modernidad. Su objetivo era y sigue siendo el establecimiento de una democracia participativa, y en sus propias palabras: un nuevo mundo.

Desde entonces, este grupo de “rebeldes” han demandado “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz”, derechos fundamentales de los seres humanos para la consecución del desarrollo humano integral, sin que a la fecha dichas demandas hayan sido atendidas de manera contundente e integral.

No obstante lo anterior y a pesar de las legítimas demandas, la respuesta a este levantamiento por parte del gobierno federal fue el envío del Ejército a sofocar la rebelión. Los combates entre ambas fuerzas duraron 11 días, sin embargo, desde el 12 de enero de ese mismo año, el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) iniciaron acercamientos con el fin de buscar solucionar el conflicto por la vía del diálogo.

Este proceso de dialogó derivó en primera instancia, en que el 21 de enero de 1994 el Congreso de la Unión emitiera una ley de amnistía “en favor de todas las personas en contra de quienes se haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal ante los tribunales del orden federal, por los delitos cometidos con motivo de los hechos de violencia, o que tengan relación con ellos, suscitados en varios municipios del estado de Chiapas el día primero de enero de mil novecientos noventa y cuatro al día veinte del mismo mes y año, a las quince horas”, decreto que fue publicado el 22 de enero del mismo año.

No obstante, estas medidas quedaron meramente como buenas intenciones, toda vez que como ya se ha hecho mención, el conflicto en sí no ha encontrado soluciones y la situación de marginación y falta de desarrollo en que se encuentran las comunidades indígenas cada vez se agrava más, especialmente si tomamos en consideración las recientemente aprobadas reformas educativa, fiscal y energéticas, con las cuales se contribuye a que estas comunidades se mantengan en la miseria y la marginación.

Así pues, a veintiún años del levantamiento zapatista es momento de que el gobierno federal y el Congreso de la Unión asumamos las responsabilidades que nos corresponden y en conjunto, con representantes de los pueblos y comunidades indígenas en México, sentemos las bases para generar acciones que permita solucionar el conflicto de manera definitiva, retomando y respetando los Acuerdos de San Andrés.

De igual manera, de manera conjunta, todos los órganos y niveles de gobierno, con la participación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, diseñemos políticas públicas que permitan la participación política de manera incluyente, retomando la declaración sobre derechos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2006 y el protocolo de actuación emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se establecen con claridad definiciones como tierra, territorios, recursos naturales y la consulta indígena.

En este sentido, es menester no sólo reanudar los diálogos para la pacificación, sino que además, se hace necesario impulsar de manera urgente mecanismos que permitan a las comunidades indígenas y afromexicanas salir del rezago ancestral e injusto en el que se encuentran.

Consecuentemente y en virtud de lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al representante del Poder Ejecutivo federal, en la Comisión de Concordia y Pacificación, a efecto de que informe a esta soberanía las acciones y trabajos que ha realizado a efecto de abonar a la pacificación en el estado de Chiapas, así como el plan de trabajo que en ese sentido se tiene diseñado para 2015.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que instruya a la Secretaría de Gobernación inicie un proceso de consulta a los pueblos indígenas del estado de Chiapas, a efecto de participar en la elaboración del acuerdo de concordia y pacificación.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que instruya a la Secretaría de Gobernación inicie un proceso de consulta a los pueblos indígenas del territorio mexicano, a efecto de participar en la elaboración de una propuesta integral que permita el desarrollo económico de sus pueblos, tomando en consideración y respetando sus lenguas, usos, costumbres y sistemas normativos internos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2015.

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a la SRE, para que implementen operativos de orientación y resguardo a peregrinos en su trayecto en el territorio nacional, con motivo del peregrinaje a Esquipulas, Guatemala, suscrito por el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la presente proposición, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La peregrinación a Esquipulas es la manifestación religiosa y popular más importante del Sureste de México y Centroamérica. Dicho destino es considerado uno de los Santuarios más visitados en todo el mundo.

2. Cada año, alrededor de unos cuatro millones y medio de personas visitan el templo de Esquipulas en el vecino país de Guatemala, de los cuales cerca de 1 millón 500 mil lo hacen en los días cercanos al 15 de enero.

3. En nuestro país, cada año, miles de personas se trasladan desde Tabasco, Chiapas, Oaxaca y otros puntos del territorio nacional hacia Esquipulas. Durante dicho recorrido miles de peregrinos no cuentan con protección alguna durante su traslado a Guatemala.

La autoridad federal brilla por su ausencia e incumple con su tarea de resguardar la tranquilidad pública, ni previene delitos que puedan afectar a los peregrinos.

4. Considerando los altos índices de inseguridad que prevalecen en la frontera sur de nuestro país, resulta necesario que el gobierno federal a través de la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración lleven a cabo un operativo para brindar auxilio, orientación y protección a las personas que realizan la peregrinación, garantizando la vigilancia permanente en la principales carreteras y autopistas que confluyen hacia la frontera México-Guatemala.

5. Así mismo, establecer vínculos de colaboración y coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como organizaciones y agrupaciones civiles, para garantizar la seguridad de las personas y disminuir el riesgo de accidentes, robos o abusos en las carreteras.

6. En complemento, la Secretaría de Relaciones Exteriores debe incrementar su presencia y actividades en Guatemala para prevenir cualquier incidentes, así como para dar orientación y apoyo a los miles de connacionales durante su estancia en la República de Guatemala y en su retorno a nuestro país, considerando las características masivas y populares de esta migración anual.

Por lo expuesto, el suscrito pone a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que a través del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores implemente un operativo de resguardo a los participantes de la peregrinación a Esquipulas en su trayecto desde el territorio nacional, su arribo al punto de llegada en Guatemala y su regreso al lugar de origen.

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 7 días del mes de enero de 2015.

Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente del Conapred, a fin de incrementar acciones encaminadas a contrarrestar el auge de expresiones de discriminación hacia comunidades y pueblos indígenas en redes sociales, suscrito por el senador Ángel Bejamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En recientes fechas se ha observado en distintas redes sociales una especie de campaña, con supuestos fines humorísticos, que utiliza imágenes expresas y textos que simulan lenguas de origen indígena.

El supuesto fin de este tipo de expresiones está relacionado con el uso de las redes sociales como un espacio para ejercer la libre manifestación de ideas o posiciones acerca de temas que van desde lo social, político y económico hasta los que solo pretenden entretener usando cualquier cantidad de ingenio humorístico.

Sin duda, nuestro marco jurídico respeta y defiende el derecho de cualquier mexicano a expresarse sin ningún tipo de censura, situación que celebramos y reconocemos cabalmente.

Sin embargo, nunca vamos a defender o reconocer que este ingenio humorístico sea una manifestación que lastime y denigre a una comunidad que ha sido objeto de un constante y lacerante abandono social, nuestras queridas comunidades y pueblos indígenas.

Por esta población, hemos dado una lucha histórica desde distintos terrenos para lograr que sus derechos dejen de ser vulnerados.

Es importante dejar claro que la importancia de nuestras comunidades indígenas va más allá de reconocerlas como un grupo social más dentro del crisol cultural que conforma nuestra nación; los pueblos y comunidades indígenas son fundamentales para entender México.

El cimiento en el que descansa este país, tiene como una de sus principales bases a este grupo social que, como todos sabemos, descienden directamente de los primeros habitantes del territorio nacional.

Empero, esta condición ha transitado históricamente por un camino lleno de escollos y dificultades.

Hemos sido pocos los que nos comprometimos profundamente para limpiar el tránsito de los pueblos indígenas en la vida nacional, con el único objetivo de reivindicarlos, ya que somos conscientes de lo esencial que resultan para el país nuestras comunidades originarias.

En tal sentido, no resulta casual que nuestro Máximo precepto jurídico dedique una de sus principales disposiciones para establecer de manera clara la importancia de este grupo social.

El artículo 2º constitucional nos permite identificar dicha relevancia, al tenor de lo siguiente:

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país...

Asimismo, el apartado B de la disposición en cita estipula:

La federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Lo anterior, nos permite identificar claramente la relevancia del grupo social de referencia y en consecuencia la responsabilidad que tenemos para luchar por la defensa de sus derechos.

Es por tales motivos, que desde nuestra posición en el H. Congreso de la Unión y comprometidos con nuestras queridas comunidades y pueblos indígenas exhortamos a la autoridad federal, que en el ámbito de sus responsabilidades impulse las medidas necesarias para contrarrestar este tipo de campañas de discriminación en redes sociales.

Necesitamos acciones permanentes por parte de la autoridad competente, orientadas a generar una conciencia en la sociedad acerca del papel que nuestros pueblos y comunidades indígenas representan para la nación para que rechacen el surgimiento de este tipo de expresiones que no sólo dañan a un grupo social en específico, sino que laceran una parte esencial de nuestro país.

En consecuencia, someto a consideración de esta soberanía, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a incrementar acciones encaminadas a contrarrestar el auge de expresiones de discriminación hacia comunidades y pueblos indígenas en redes sociales.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, al titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a implementar campañas permanentes para concientizar a la sociedad del valor de los pueblos y comunidades indígenas con el fin de rechazar cualquier expresión de discriminación hacia comunidades y pueblos indígenas.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2015.

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Ssa y de la SHCP, para abordar el conflicto surgido con motivo de la profesionalización de enfermeros, trabajadores sociales y terapeutas, suscrito por los diputados Agustín Miguel Alonso Raya y Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

La profesión de enfermería ha sido persistente e históricamente subvalorada, negándosele el debido reconocimiento social y laboral.

El derecho a la salud, no debe ser enfocado como una abstracción, sino como una realidad concreta y cotidiana, que exige con base en el artículo 4o. constitucional, entre otras cosas, la profesionalización y un suficiente número de trabajadores en enfermería, trabajo social y terapeutas rehabilitadores físicos; los que constituyen la inmensa mayoría de las personas que prestan sus servicios en el sistema nacional de salud, empezando por las instituciones públicas.

Sobre la importancia de estas actividades para la atención a la salud, baste que transcribamos lo dicho en el Acuerdo por el que se creó la Comisión Permanente de Enfermería:

“Que el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a toda persona el derecho a la protección de la salud, al que todo mexicano debe aspirar sin distinción alguna;

“Que para enfrentar estos retos se precisa la participación organizada de todos los trabajadores de la salud, especialmente el de enfermería por la importancia de sus intervenciones que son esenciales en la promoción y conservación de la salud, en la prevención y tratamiento de las enfermedades, así como en los procesos de rehabilitación...”

A lo anterior, hay que recordar que nuestro país, se aparta de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pues sólo existe un trabajador de enfermería por cada médico, y no tres como lo señala aquella. El incremento indispensable de personas dedicadas a la enfermería, exige su profesionalización, con la mejora sustancial y correlativa de sus condiciones laborales. Lo que repercutirá en la elevación de la calidad de los servicios de salud, en favor de toda la población.

En tal virtud, desde 2006, ha operado en nuestro país el Programa de Promoción por Profesionalización del Personal de Enfermería, de Trabajo Social y de Terapia Física y Rehabilitación. Instrumento para reconocer la preparación superior de éstos profesionistas, con el consiguiente cambio de puesto y mejora de percepciones.

Programa que en forma sencilla, con todas sus limitaciones y falta de transparencia, permitía hasta la fecha, con los requisitos establecidos en las convocatorias respectivas, el ascenso a quienes concluyeran o contaran con una licenciatura o estudios de posgrado.

No obstante, lo anterior, y de que el actual titular del Ejecutivo federal se comprometió a instrumentar un programa de profesionalización en la materia, con acceso a mejores plazas y un incremento de las becas de los pasantes (declaraciones del 8 enero del 2014); transcurridos apenas unos meses, el 3 de septiembre del mismo año la Secretaría de Salud dio a conocer la convocatoria para la promoción por profesionalización del personal de enfermería, de trabajo social y de terapia física y rehabilitación 2014, revirtiendo los beneficios de los que hasta la fecha venían gozando los trabajadores de comento, escudándose en la determinación a este respecto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que alegó razones presupuestales y supuestamente para “evitar abusos”. Como si no estuviéramos en presencia de derechos humanos laborales adquiridos, que por tanto son intocables con base en los artículos 1o. 14 y 123 constitucionales, y como si fuera un “abuso” la mejora mínima de las percepciones de estos trabajadores.

Esta convocatoria que sufrió cambios insuficientes el 2 de diciembre del 2014 ante las movilizaciones masivas de los afectados, y que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación del 11 del mismo mes y año, ha desatado un movimiento nacional de protesta, conformándose la denominada Asamblea Intergremial de Enfermería, Trabajadores Sociales y Terapeutas Rehabilitadores Físicos (AIGETT), integrada ya no sólo por los trabajadores de cita (Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, servicios de salud de las entidades federativas, entre otros), sino por profesores y estudiantes de estas carreras pertenecientes a diversas instituciones de educación superior (IPN, UNAM, UAM, por citar algunas).

Estos trabajadores de la salud han denunciado, que esta convocatoria, revierte el único programa que reconocía sus estudios superiores, con el consecuente otorgamiento de estímulos económicos. Desvalorizando aún más su profesión que se caracteriza por la inestabilidad, en general su precariedad laboral y, poniendo en riesgo la calidad de la atención médica.

En tal virtud, la Asamblea Intergremial de Enfermería, Trabajadores Sociales y Terapeutas Rehabilitadores Físicos (AIGETT) exige la anulación de esta convocatoria, y el inicio de una mesa resolutiva que permita el diálogo entre la titular de la Secretaría de Salud y los trabajadores, sin intermediarios, a fin de alcanzar los términos de un programa de profesionalización universal.

Esto, toda vez que la convocatoria impugnada, a diferencia de las anteriores excluye injustamente a diversos grupos de trabajadores; quita el derecho a participar en el concurso a los llamados “regularizados”, es decir los que fueron contratados por medio del seguro popular, no obstante ya contar con plazas de base; excluye a los que no cuenten con dos años de antigüedad en la institución relativa para acceder a una plaza de “enfermera especialista”, en perjuicio de los trabajadores de nuevo ingreso con título de licenciatura o posgrado. Tampoco pueden concursar los titulados que presten sus servicios en centros de salud (sólo accederán los que laboran en segundo y tercer niveles de atención), y los que cumpliendo con la antigüedad de dos años hayan obtenido su título con anterioridad. Además el ascenso queda restringido a la desocupación de plazas o bien por escalafón, entre otros.

En suma, como denuncian los integrantes de estos tres gremios, en lugar de que se siga impulsando su profesionalización, se quedarán en los hechos congelados a simples técnicos (similar a la agresión que se buscó realizar en contra de los estudiantes del IPN), desalentando su superación y dignificación laboral, y concretamente el estudio de estas profesiones por un mayor número de jóvenes, que permita alcanzar los mínimos cuantitativos requeridos para la debida atención de los pacientes, y evitar las jornadas inhumanas.

Lo que va en contra de la letra y espíritu de los artículos 28 Bis, 49 y 79 de la Ley General de Salud, que pugnan por su profesionalización e incremento de sus responsabilidades lo que va de la mano de su revalorización, incluida la facultad de prescribir de medicamentos. Resulta irracional e inequitativo, que se les exija la profesionalización para ser retribuidos como simples técnicos.

Igualmente, a la par de la defensa de los derechos laborales de estos trabajadores, la Asamblea Intergremial de Enfermería, Trabajadores Sociales y Terapeutas Rehabilitadores Físicos pugna por mejorar las condiciones de los servicios médicos, en todos los sentidos, comenzando por la suficiencia en medicamentos, material y equipos médicos.

Por otra parte, es necesario enfatizar la competencia en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no sólo en el marco del derecho humano a la salud establecido en el artículo 4o. constitucional, sino en apego a la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011, que reformó en párrafo tercero, apartado B del artículo 102 constitucional, para darle competencia en temas laborales.

Sin duda, la movilización del 6 de enero, Día de la Enfermera en México, será un hito en la historia de la lucha de los trabajadores del sector salud, en general de los trabajadores mexicanos, por la reconquista de sus derechos. Esto cobra un doble significado, si se toma en cuenta que la mayoría de los afectados y que se movilizan son mujeres trabajadoras.

Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente solicita la comparecencia de los titulares de las Secretarías de Salud, y de Hacienda y Crédito Público para abordar el conflicto nacional surgido del reclamo de los trabajadores en enfermería, trabajo social y terapeutas rehabilitadores físicos del país, sus causas, implicaciones y vías de solución.

Segundo. La Comisión Permanente, exhorta a la titular de la Secretaría de Salud para que a la brevedad constituya y participe de manera directa en una mesa de diálogo y que sea resolutiva, con los trabajadores en enfermería, trabajo social y terapeutas rehabilitadores físicos del país.

Tercero. La Comisión Permanente, exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud, y de Hacienda y Crédito Público, a continuar impulsando la profesionalización, sin reversiones, en general la dignificación laboral de los trabajadores en enfermería, trabajo social y terapeutas rehabilitadores físico del país.

Cuarto. La Comisión Permanente solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inicie una investigación de oficio sobre la violación de los derechos humanos laborales en perjuicio de los trabajadores en enfermería, trabajo social y terapeutas rehabilitadores físico del país, que representa la convocatoria para la promoción por profesionalización del personal de enfermería, de trabajo social y de terapia física y rehabilitación para el ejercicio fiscal 2014, y sus cambios posteriores, expedida por la Secretaría de Salud, con respaldo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2015.

Diputados: Miguel Alonso Raya, Valentín Maldonado Salgado (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP, para que informe los mecanismos, formas y procedimientos que se han utilizado para el cobro de impuestos especiales en materia de minería, suscrito por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Antecedentes

México cuenta con una amplia variedad de minerales en todo el territorio nacional, posicionándose como el primer destino de inversión en explotación minera de toda América Latina, y manteniéndose en el décimo lugar de la producción minera mundial.

Pese a que esta actividad se volvió constante, la minería se ha establecido como uno de los sectores prioritarios para el desarrollo del país, ya que se caracteriza por aportar el 4.9 por ciento del Producto Interno Bruto, contribuir con la creación de empleos y generar una gran derrama económica nacional.

Es por eso, que la legislación vigente permite la incorporación de empresas privadas en el país, esto con la finalidad de fomentar una mayor participación en el mercado minero tanto para la demanda nacional como internacional.

Cabe mencionar que durante el periodo de 1993 a finales del 2012, se otorgaron un total de 43 mil 675 concesiones mineras, las cuales representan una superficie territorial de 95 millones, 765 mil, 800 hectáreas. Actualmente se encuentran vigentes 26 mil 64 concesiones activas en todo el territorio nacional.

Es en razón de lo anterior, que se volvió necesario determinar la correcta Política Fiscal en materia de derechos. Política encargada de establecer las bases que regulen la actividad que se origina de la prestación del uso, goce o aprovechamiento de los bienes que se encuentran a cargo del dominio público Federal.

Fue entonces que el 11 de diciembre del 2013, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia Fiscal, principalmente la Ley Federal de Derechos, ordenamiento jurídico que entro en vigor el primero de enero del 2014.

Es importante mencionar que dentro de la nueva regulación de Derechos Federales la minería experimento un proceso de transición, especialmente en el cobro que surge por la explotación de los recursos naturales existentes en el país. Es así, que se incorporaron tres nuevos impuestos sobre derechos en materia de minería, los cuales consisten en mantener un equilibrio sustentable dentro de este sector.

Artículos que establecen lo siguiente:

Artículo 268. Los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán anualmente el derecho especial sobre minería, aplicando la tasa del 7.5% a la diferencia positiva que resulte de disminuir de los ingresos derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva, las deducciones permitidas en este artículo, mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente a aquel al que corresponda el pago.

Artículo 269. Los titulares de concesiones mineras que no lleven a cabo obras y trabajos de exploración o explotación debidamente comprobadas de acuerdo con la Ley Minera, durante dos años continuos dentro de los primeros once años de vigencia, contados a partir de la fecha de la expedición de su respectivo título de concesión minera, pagarán semestralmente el derecho adicional sobre minería conforme al 50% de la cuota señalada en la fracción VI del artículo 263 de esta Ley, por hectárea concesionada.

Para el caso de los titulares cuyas concesiones se encuentren en el doceavo año y posteriores de vigencia, que no realicen obras y trabajos de exploración y explotación durante dos años continuos, el pago del derecho será del 100% de la cuota señalada en la fracción VI del artículo 263 antes citado, por hectárea concesionada.

Artículo 270. Los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán anualmente el derecho extraordinario sobre minería, aplicando la tasa del 0.5% a los ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y platino, mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente a aquel al que corresponda el pago.

El derecho a que se refiere el presente artículo, se calculará considerando los ingresos totales del concesionario o asignatario minero por la enajenación o venta del oro, plata y platino, independientemente del número de concesiones o asignaciones de las que sea titular.

Derivando del análisis de los artículos antes mencionados, podemos ver que el sector minero presenta una mejora de oportunidades para el crecimiento nacional.

Pero esto no siempre fue así, basta recordar que en los últimos 20 años el régimen fiscal de pago de derechos sobre minería, se encontraba encaminado a reactivar el desarrollo e inversión de empresas privadas dentro del país. Esto a consecuencia de los bajos precios que mantenían los metales y minerales dentro del mercado nacional e internacional, situación por la cual las empresas se vieron beneficiadas económicamente por la explotación de esta actividad.

En este sentido, resultó importante la incorporación de nuevas contraprestaciones a ley vigente, para así reconocer el verdadero valor de los recursos naturales existentes en México.

Entendemos la importancia de este instrumento jurídico, mismo que facilitará el encadenamiento de procesos regulatorios para las empresas que se constituyan en las regiones del territorio nacional.

Sin embargo, no se puede dejar de mencionar que en la actualidad, aun y cuando existe la ley aplicable al tema, algunos estados del país se ven afectados por el gran incremento de ésta actividad; que sin duda, ha originado una problemática ambiental y social dentro de las regiones mineras, generando grandes inconformidades por parte de los pobladores.

Consideraciones

Según el anuario elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en los informes trimestrales sobre la situación económica, finanzas públicas y deuda pública del cuarto trimestre del 2002, al cuarto trimestre de 2013, los montos recaudados por el cobro de derechos en mataría de minería son bastante insignificantes.

De manera que en el 2013, aproximadamente el 13.22 por ciento del territorio nacional se encuentra concesionado a favor de particulares. Lo que resultó que los ingresos obtenidos por la recaudación de estos derechos no alcanzarán a representar el 0.18 por ciento de todos los ingresos nacionales y en consecuencia no poder cubrir el 2.4 por ciento del producto interno bruto minero extractivo.

Ahora bien, es preocupante saber que en México existe una gran controversia con respecto a la promoción y realización de la actividad minera dentro del territorio nacional.

Por lo que se considera importante mencionar que las actividades que se originan dentro del sector minero reportan grandes utilidades para las empresas privadas que las realizan, siendo pocos los beneficios que percibe la población mexicana, en específico las comunidades que se encuentran en las regiones dedicadas a la extracción de estos recursos, por lo que padecen desproporcionalmente las afectaciones al medio ambiente y la salud humana.

Dentro de este contexto, resulta importante resaltar que la población refleja un gran interés sobre la administración del capital que se obtiene por la explotación de las riquezas que se encuentran en el subsuelo, ya que de acuerdo con el artículo 27 constitucional, esta riqueza le pertenece indudablemente a la nación y el estado es quien las administra a nombre de ella.

Es por eso, que se ha vuelto importante asegurar el ingreso apropiado que se deriva de la actividad minera, por lo que es conveniente revisar la correcta aplicación de nuestro régimen fiscal actual. Fundamentalmente para poder asegurar la correcta distribución de los recursos que se obtienen por la explotación de este sector, ya que de ello depende el poder amparar un sano desarrollo de la industria minera con los diferentes niveles de gobierno.

El segundo punto importante dentro de este tema, es la recaudación del capital de los nuevos derechos especiales en materia de minería. Los cuales tienen como objetivo la creación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios. Capital que será aplicado para mejorar el desarrollo social, ambiental y urbano de las comunidades mineras afectadas por las actividades de exploración y explotación de sustancias minerales.

Así como lo establece la Ley Federal de Derechos, en su artículo 271:

Artículo 271. El Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros se integrará con los recursos por derechos sobre minería a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta Ley y deberán ser empleados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, incluyendo:

I. ...La construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares;

II. ...Pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, así como la instalación y mantenimiento de alumbrado público;

III. ...Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos, y mejora de calidad del aire;

IV. ...Obras que preserven áreas naturales, como por ejemplo, reforestación y rescate o rehabilitación de ríos y otros cuerpos de agua, y

V. ...Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes suburbanos, metrocable de transporte o equivalentes.

Asimismo, como parte del proceso técnico de la creación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios, fue indispensable la creación de un Comité dedicado a la regulación del capital destinado para cada zona de explotación minera. Comité que, sin duda, deberá actuar en beneficio de la región afectada.

Así como lo establece la Ley Federal de Derechos en el artículo que a continuación se menciona:

Artículo 275. Los Estados y el Distrito Federal participarán en los ingresos de los derechos sobre minería a que se refieren los artículos 263 y 267 de esta Ley, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

Para los efectos del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, no se incluirá en la recaudación federal participable, la recaudación total que se obtenga de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta Ley, y se destinará en un 80% al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, el cual se distribuirá, en un 62.5% a los municipios y demarcaciones del Distrito Federal en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales y el 37.5% restante a la entidad federativa correspondiente, a fin de que se apliquen en términos de lo dispuesto por el artículo 271 de esta Ley.

La distribución de estos recursos entre los municipios y demarcaciones del Distrito Federal, y entre las entidades federativas correspondientes, se determinará con base en el porcentaje del valor de la actividad extractiva del municipio o demarcación del Distrito Federal correspondiente, respecto del valor total de la actividad extractiva en el territorio nacional, de acuerdo al registro estadístico de producción minera que para tales efectos elabore la Secretaría de Economía en el año que corresponda.

Para aplicar los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, se conformará en cada entidad federativa un Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras, el cual estará integrado por un representante de la Administración Pública Federal, en este caso, por parte del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a cargo del Comité; un representante del Gobierno del Estado o del Distrito Federal; un representante del o de los municipios o demarcaciones en donde se localicen las actividades mineras; en los casos en donde éstas se realicen en comunidades indígenas o agrarias, un representante de dichas comunidades, así como un representante de las empresas mineras relevantes con actividades en la demarcación.

Los ingresos que obtenga el Gobierno Federal derivado de la aplicación de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta Ley, se destinaran a programas de infraestructura aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio que corresponda.

Con periodicidad trimestral, las entidades federativas deberán publicar, entre otros medios, a través de su página oficial de Internet, y entregar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa a los montos que reciban, el ejercicio y destino del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, desagregándola en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En este sentido y tomando en consideración todo lo anterior, cabe reconocer que la presente legislación está encaminada a regular de forma rígida y equitativa las actividades que se derivan de la minería.

Por otro lado, es preocupante saber que en la actualidad no se cuenta con información precisa sobre el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios y del Comité encargado de vigilar el desarrollo del capital destinado para cada región afectada por esta actividad.

Siendo esta una problemática de suma importancia, es necesario que se haga presente la voluntad de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para aclarar de manera precisa y contundente cual es el verdadero destino de los recursos del Fondo y cuáles son los mecanismos, formas y procedimientos que se utilizan, para solucionar las problemáticas que se originan en cada una de las regiones afectadas por la explotación minera.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar a esta soberanía sobre los mecanismos, formas y procedimientos que se han utilizado para el cobro de impuestos especiales en materia de Minería y cuales han sido los avances que ha tenido el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 7 de Enero de 2015

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades del estado de Puebla y a la CNDH, para que investiguen las presuntas violaciones a los derechos humanos de activistas y alcaldes auxiliares de en esa entidad, suscrito por la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, Roxana Luna Porquillo, Carlos de Jesús Alejandro, Gloria Bautista Cuevas, Víctor Reymundo Nájera Medina y Vicario Portillo Martínez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Actualmente, en México nos enfrentamos a un serio problema en materia de protección de derechos humanos puesto que persisten sistemáticas violaciones entre las que podemos enumerar las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, hostigamientos y ejecuciones extrajudiciales, por mencionar algunas de las más recurrentes.

En este sentido nos compete enunciar hoy una situación preocupante para el país. En Puebla, las violaciones a los derechos humanos de personas activistas y opositoras al gobierno del estado son una constante que parece recrudecerse cada vez más.

En este documento queremos abordar algunas de las injusticias que se han cometido contra pobladores de las comunidades poblanas de Cholula, Chalchihuapan y San Miguel Canoa, así como contra activistas del estado de Puebla. Todas estas acciones se han enmarcado en un contexto de hostigamiento, represión y criminalización de la protesta social.

Abordaremos estos temas en orden cronológico, comenzando por recordar que el 7 de octubre de 2014, el abogado Adán Xicale Huiltle, su hijo, Paul Xicale Coyópol, y los hermanos Primo Manuel y Albino Tlachi Álvarez, opositores a la construcción del Parque de las Siete Culturas de San Andrés Cholula, Puebla, fueron detenidos en un operativo policiaco en el palacio de San Andrés Cholula, que estaba tomado en señal de protesta por el proyecto que se pretende levantar en la zona arqueológica. El jueves 9 de octubre fueron consignados, negándoles cualquier libertad bajo caución.

Activistas y personas defensoras de derechos humanos se han opuesto rotundamente a la construcción del parque ya que señalan que éste va en contra de la forma de vivir en “Las Cholulas” y que el plan perjudica tanto a San Andrés como a San Pedro. De igual forma, muchas personas resultan afectadas por la expropiación de sus terrenos. Los 4 detenidos han encabezado junto con centenares de personas, las protestas ante la construcción de este proyecto, por lo que han sido hostigados y acosados, al punto de haber sido apresados.

Esta situación tiene su antecedente el 14 de marzo de 2014, cuando el Congreso de Puebla aprobó la Ley de Expropiación que agiliza el embargo de bienes con presuntos fines de utilidad pública, que no es otra cosa más que la legalización del despojo de forma rápida y expedita, afectando directamente a los dueños originales de las tierras al no expedir un procedimiento claro y preciso respecto al derecho de defensa de las personas afectadas, en caso de expropiaciones. Esto es lo que está sucediendo con la construcción de la Plaza de las Siete Culturas que afecta aproximadamente hasta 36 mil metros cuadrados de propiedades.

Ante esta amenaza, la ciudadanía preocupada, encabezada por Adán Xicale Huiltle, decidió formar el Círculo de Defensa del Territorio de Cholula, reclamando cuestiones básicas como la transparencia y consulta pública ante proyectos lesivos que pueden afectar drásticamente el patrimonio histórico de los poblanos.

La comunidad decidió iniciar un plantón en las instalaciones del Ayuntamiento de San Andrés Cholula hasta que obtuvieran respuestas a sus demandas pero, intempestivamente, en la madrugada del 7 de octubre, alrededor de las 3:30 horas, se efectuó una violenta operación para desalojar a quienes se mantenían en el plantón.

Durante este operativo, las policías municipal, estatal y ministerial aprehendieron al abogado Adán Xicale Huitle y a su hijo Paul Xicale, así como a dos lugareños más de nombre Primo Manuel Tlachi y Albino Tlachi Valencia, quienes fueron subidos a golpes a una patrulla de San Andrés Cholula sin una orden de aprehensión.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado hasta ya pasado el mediodía del martes 7 de octubre, ocultando el paradero a sus familiares durante horas.

Otro de los casos que queremos abordar es el de la aprehensión de Jairo Javier Montes Bautista, el presidente de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, emitida el 16 de octubre por el Juez Tercero Penal bajo los delitos de tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, motín y ataques a las vías de comunicación. Jairo Montes fue señalado como uno de los principales incitadores que convocó desde un día antes a que pobladores cerraran la carretera Atlixco-Puebla el 9 de julio de 2014 en señal de protesta contra la llamada Ley Bala y la reforma a la Ley Orgánica Municipal que quitó a las juntas auxiliares la facultad de brindar los servicios de registro civil y seguridad pública.

En medio de esta manifestación, murió un menor de 13 años debido al impacto de una bala de goma en su cabeza, lanzada por elementos policiacos. Esta situación originó una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la que pedía al gobierno de Puebla reparar las violaciones que había cometido al reprimir la protesta.

Con base en dicha recomendación, el gobierno estatal ha defendido la detención del edil y opositor político, Jairo Montes, señalando que la aprehensión obedeció al cumplimiento de la recomendación emitida la CNDH, en el caso de San Bernardino Chalchihuapan.

El 21 de noviembre de 2014, le dictaron auto de formal prisión a Jairo Javier Montes Bautista; sin embargo, el titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, Víctor Antonio Carrancá y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas Rosas, encargados del operativo policiaco del 9 de julio siguen en sus cargos y no han sido investigados por sus implicaciones en la muerte del menor de 13 años y de las distintas violaciones a las personas manifestantes.

Continuando con los casos, señalamos ahora que el pasado viernes 31 de octubre a las dieciséis horas, al salir de las oficinas de Obras Públicas del Ayuntamiento de Puebla, el presidente auxiliar de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez, fue detenido de manera arbitraria por los delitos de robo, amenazas y privación ilegal de la libertad; el 2 de noviembre fue trasladado al penal de San Miguel, en la ciudad de Puebla. La detención se ejecutó sin una orden, a pesar de tener en sus manos el amparo 1671/2014 de parte del Juzgado Tercero de Distrito, para evitar cualquier orden de aprehensión en su contra. Después de lo acontecido, el 5 de diciembre, ganó un nuevo amparo para lograr su libertad por el que pagó 28 mil pesos, pero el Distrito Séptimo de lo Penal ordenó una nueva orden de aprehensión, por abuso de autoridad. El pasado 17 de diciembre le fue imputado el delito de peculado; es decir, malversación de recursos públicos con lo que el edil pierde toda posibilidad de salir de prisión con otra fianza.

La comunidad de San Miguel asume que esta persecución contra el edil se debe a que éste, en el marco de la reforma a la Ley Orgánica Municipal –misma a la que se opuso el presidente de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan–, interpuso un amparo contra ella y tras ser presionado para retirar la demanda no desistió.

La oposición que mostró el alcalde de San Miguel Canoa por el retiro del servicio del registro civil de su comunidad, se contrapone con la orden del gobernador

Rafael Moreno Valle, en más de 600 comunidades de la entidad, declararon pobladores de la comunidad.

En este marco resulta alarmante que aunado a lo descrito, organizaciones sociales y familiares del alcalde, hayan denunciado tortura física y psicológica por parte de reos del penal de San Miguel a nombre del gobierno de Puebla, a fin de que sus hijos Javier y Rocío Pérez desistan de la lucha legal y defensa del pueblo náhuatl.

Para concluir, falta abordar las detenciones de los activistas Rubén Sarabia Sánchez, alias “Simitrio”, y de su hijo Atl Rubén Sarabia Reyna.

El pasado 19 de diciembre, aproximadamente a las 11:15, Rubén Sarabia, líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA 28 de Octubre) fue detenido cuando asistía a una reunión concertada con el secretario de gobernación José Guillermo Aréchiga Santamaría, para tratar el asunto del desalojo de trabajadores informales de la plaza Los Gallos, ejecutado el 18 de diciembre.

Al llegar a las escaleras de la Secretaría de Gobernación del municipio de Puebla, ubicada en 3 poniente entre 16 de septiembre y 3 sur, alrededor de 10 a 12 hombres y 2 a 3 mujeres, detuvieron sin orden de aprehensión y de manera violenta a Rubén Sarabia Sánchez para después ser introducido a un automóvil marca Jetta color negro, sin placas de circulación.

Esta detención fue precedida por amenazas contra la esposa, hija e hijo de Sarabia Sánchez. Aunado a esto, el 22 de diciembre, aproximadamente, a las 22:05 horas fue detenido Atl Rubén Sarabia Reyna, hijo de Simitrio, por elementos de la policía ministerial de Puebla en las inmediaciones del Ángel de Independencia, en el DF.

Atl Sarabia se encontraba en compañía de sus dos hermanos: Tonatiuh Ehecatl Sarabia Amador y Xihuel Sarabia Reyna, en el DF, para apoyar las diversas movilizaciones sociales en apoyo a la libertad de su padre y para visitar el plantón indefinido que organizaciones sociales iniciaron ese mismo 22 de diciembre frente a la Secretaría de Gobernación para exigir la liberación de Simitrio y el cese a la represión de la movilización social en Puebla.

Los hermanos del detenido indicaron que unos 20 hombres armados montados en vehículos con placas de Puebla, se acercaron al vehículo de éste, rompieron los cristales y se lo llevaron de manera violenta y sin mostrar ninguna orden de aprehensión. También resulta desconocido si las autoridades del Distrito Federal tenían conocimiento del operativo que se realizó por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla para detener a Atl Sarabia.

Asimismo, esta detención se llevó a cabo ignorando por completo que el jueves 11 de diciembre la cuarta visitadora general de la CNDH, Yolanda Leticia Escandón Carrillo, había dirigido el oficio V4/73505 a Luis Maldonado Venegas, secretario general de Gobierno del estado de Puebla, para solicitarle “acciones necesarias tendentes a salvaguardar la integridad y seguridad personal” Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, Atl Tonatiuh Rubén Sarabia Reyna, Xihuel Sarabia Reyna, Ehecatl Tonatiuh Sarabia Amador y las mujeres Alejandra López Reyna e Irma Reyna Martínez.

Cabe destacar que las medidas cautelares también fueron solicitadas por la CNDH para los opositores al Parque de las Siete Culturas en Cholula, Adán Xicale, Paul Xicale, Primo Tlachi, Albino Tlachi y Alfredo Portillo, y para los presidentes auxiliares de San Miguel Canoa y La Resurrección, Raúl Pérez Velázquez y Leonardo Báez Serrano, respectivamente, actualmente presos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Puebla.

Las violaciones a los derechos humanos que el gobierno de Rafael Moreno Valle ejerce de manera constante contra las personas que se oponen a sus leyes y acciones dictatoriales como la llamada “Ley Bala”, son indignantes.

Además, es importante señalar que el pasado 30 de diciembre, a diputadas y diputados federales de la fracción parlamentaria del PRD se nos negó realizar visitas a las personas privadas de su libertad que han sido nombradas a lo largo de este Punto de Acuerdo -y otras más-, que permanecen recluidas en los Ceresos de Puebla y San Pedro Cholula, debido a su participación en problemas de carácter social.

Lamentamos la negativa de las autoridades basada en el endeble argumento que sostiene que con nuestra visita “se pone en riesgo la seguridad interna del reclusorio”. Sin embargo, esta negativa no detendrá la insistencia de nuestra fracción para realizar las visitas planeadas y conocer la situación jurídica y de salud de las personas detenidas.

El gobierno de Puebla, encabezado por su titular Rafael Moreno Valle, parece enviarnos mensajes claros de represión de los movimientos sociales que se opongan a sus reformas y proyectos, así como de que las autoridades honestas y ligadas a su comunidad no caben en el proyecto de represión e intimidación de Rafael Moreno.

Por lo anteriormente expuesto, y en atención a nuestras obligaciones para garantizar, proteger y respetar los derechos humanos de la ciudadanía, y atendiendo la gravedad de las violaciones a los derechos de las personas en Puebla, presentamos la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos de Adan Xicale Huitle, Alejandro Paul Xicale Coyopol, Albino Tlachi Álvarez, Primo Manuel Tlachi Álvarez, Rubén Sarabia Sánchez, Atl Rubén Sarabia Reyna, Raúl Pérez Velázquez, Alcalde Auxiliar de San Miguel Canoa, Puebla, y Jairo Javier Montes Bautista, alcalde auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Puebla y a la Procuraduría General de Justicia de Puebla a cesar el hostigamiento y la represión contras las comunidades indígenas, y la protesta social en Puebla.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría General de Justicia de Puebla a garantizar el debido proceso para Adan Xicale Huitle, Alejandro Paul Xicale Coyopol, Albino Tlachi Álvarez, Primo Manuel Tlachi Álvarez, Rubén Sarabia Sánchez, Atl Rubén Sarabia Reyna, Raúl Pérez Velázquez, Alcalde Auxiliar de San Miguel Canoa, Puebla, y Jairo Javier Montes Bautista, alcalde auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, con respeto pleno a las garantías procesales de los imputados, observando los más altos estándares en materia de derechos humanos, a investigar los presuntos actos de tortura que les han sido infligidos y a garantizar su seguridad e integridad.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría General de Gobierno del estado de Puebla a otorgar las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, Atl Tonatiuh Rubén Sarabia Reyna, Xihuel Sarabia Reyna, Ehecatl Tonatiuh Sarabia Amador, Alejandra López Reyna, Irma Reyna Martínez, Raúl Pérez Velázquez y Leonardo Báez Serrano, Adán Xicale, Paul Xicale, Primo Tlachi, Albino Tlachi y Alfredo Portillo.

Quinto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del Distrito Federal para que haga pública la información que esclarezca si tenía conocimiento del operativo que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla llevó a cabo el 22 de diciembre de 2014 para detener a Atl Rubén Sarabia Reyna en el Distrito Federal y, en su caso, especifique las actuaciones que pudieran haber sido realizadas por autoridades del Distrito Federal para tal efecto.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2015.

Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las autoridades federales y de Quintana Roo, para que se conduzcan con imparcialidad, en relación con los hechos ocurridos en los municipios de Holbox y Felipe Carillo Puerto, que mantienen presos a luchadores sociales de ambos municipios, suscrito por la senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del PRD

El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República presenta punto de acuerdo de conformidad con las siguientes consideraciones:

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a las autoridades del estado de Quintana Roo y federales que se conduzcan con imparcialidad, objetividad y justicia en relación a los hechos ocurridos en los municipios de Holbox y Felipe Carrillo Puerto, que mantienen presos a luchadores sociales de ambos municipios.

Senadora Luz María Beristáin Navarrete (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a instalar e instrumentar en la ciudad de Tijuana, Baja California, el modelo de atención a población indígena en zonas fronterizas, suscrito por los diputados Carlos de Jesús Alejandro y Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputado Carlos de Jesús Alejandro, secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas, y Aleida Alavez Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con puntos de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En primer lugar quiero comenzar recordándoles que el miércoles 18 de diciembre de 2013 presente a la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhortó a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, a situar oficinas de atención de los pueblos indígenas en las ciudades de los estados fronterizos del norte del país.

La proposición se turnó a la Primera Comisión de Trabado para su análisis y estudio. Cabe mencionar que la propuesta de punto de acuerdo inicial contenía dos resolutivo que a la letra establecía lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para ubicar oficinas de atención a los pueblos indígenas en las ciudades de los estados fronterizos del norte del país que cuenten con suficiencia presupuestal, recursos humanos y materiales.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a realizar un registro de la población indígena en las ciudades fronterizas del norte del país.

No obstante, la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura con fecha 15 de enero de 2014, dictaminó y estableció como único resolutivo el siguiente:

Único: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, licenciada Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, que, en la medida de las posibilidades presupuestarias, materiales y humana, ubique oficinas de atención a los pueblos indígenas en las ciudades de los estados fronterizos del norte del país y realice un registro de la población indígena en las mismas”.

Al respecto, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas remitió su respuesta de la proposición con punto de acuerdo al Presidente de la Comisión Permanente, el 7 de enero de 2014 que a la letra decía:

Actualmente la CDI cuenta con una delegación en Baja California, ubicada en el municipio de Ensenada, un Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena y se están poniendo en marcha mecanismos técnicos, presupuestales y logísticos que permitan la creación de una oficina de enlace en el municipio de Tijuana, para este ejercicio 2014 .

De igual forma la CDI tiene previsto instrumentar en la ciudad de Tijuana un modelo de atención a población indígena en zonas fronterizas, con este modelo se pretende impulsar procesos de revaloración y resignificación de las culturas , así como formar capacidades para una mejor inserción de los indígenas en la vida metropolitana .

Ahora bien; respecto a la parte final de del exhorto, el cual a la letra dice “...y realice un registro de la población indígena en las mismas”, respetuosamente me permito hacer la siguiente consideración:

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas no cuenta con atribuciones para hacer un registro de la población indígena; ya que el único organismo gubernamental con facultades para llevar un registro de población, es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; sin embargo, el Modelo de Atención a Población Indígena en Zonas Metropolitanas, incluye acciones para la ubicación de indígenas en zonas urbanas e investigación sobre sus condiciones de vida, pues es una necesidad para lograr los objetivos de la comisión, el ubicar a la población Indígena para su mejor atención.

Abundando en este tema, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda, 2010; se puede ubicar que en las 56 zonas metropolitanas del país vive casi la cuarta parte de la población indígena. Este sector de la población enfrenta generalmente situaciones que dificultan la conservación de su lengua y cultura. Según esta misma fuente la zona metropolitana de Tijuana está conformada por 3 municipios y en ella habitan 1.7 millones de personas, 33 mil de las cuáles son indígenas que representan el 1.8 por ciento. Esta zona metropolitana ocupa el lugar 16 en cuanto al número total de indígenas y el 31 en cuanto al porcentaje. En razón de lo anterior hacemos nuestros los considerandos de la Exposición de Motivos, ratificando compromisos Institucionales de generar políticas públicas que garanticen la vigencia de los derechos y el desarrollo de los pueblos originarios de nuestro país .

Como podemos apreciarlo en las citas anteriores, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas hizo suyo la proposición del punto de acuerdo, inclusive la voluntad manifiesta de la institución iba más allá del Punto de Acuerdo porque iba a implementar un modelo de atención a población indígena en zonas fronterizas en la ciudad de Tijuana, además la CDI mencionó en su comunicación a este Poder Legislativo que se estaban poniendo en marcha mecanismos técnicos, presupuestales y logísticos que permitieran la creación de una oficina de enlace en el Municipio de Tijuana, para el ejercicio fiscal 2014 .

No obstante, esa voluntad manifiesta de la CDI en la comunicación que envío a esta H. Comisión Permanente del 7 de enero de 2014 sólo fue un propósito de inicio de año nuevo que hasta le fecha no se ha cumplido, además hay que sumarle, a este propósito no cumplido, que la realidad del año 2014 para las Zonas Fronterizas fue sumamente difícil por tantas deportaciones de nuestros connacionales y que muchos de ellos son personas indígenas, para ser francos las ciudades fronterizas fueron totalmente olvidadas por la CDI puesto que no se dio la atención prometida a los Pueblos Indígenas, la de impulsar procesos de revaloración y resignificación de las culturas, así como formar capacidades para una mejor inserción de los indígenas en la vida metropolitana.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara al respecto en su artículo 2o cuando establece que la federación, los estados y los municipios establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades .

Asimismo, la misma Ley de Creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, establece en su artículo 2o. que tiene “como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

De la misma manera se establece en el artículo 25 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que las delegaciones tiene la obligación de:

• Promover y fortalecer acciones de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales en la entidad, para la gestión y atención de los asuntos relacionados con el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas.

• Promover y apoyar los procesos de reconstitución de los pueblos y comunidades indígenas, así como la vigencia de sus derechos.

• Apoyar los procesos de consulta, promoviendo la participación de las comunidades y organizaciones indígenas en las instancias de coordinación y concertación, para contribuir con la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo.

• Coordinar y supervisar a las unidades administrativas de su competencia, respecto de la operación, ejecución y aplicación de los programas, proyectos y acciones a cargo de la comisión, entre otras.

Incluso, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en su artículo 17 Bis que:

Las dependencias y entidades de la administración pública federal, conforme a lo previsto en los reglamentos interiores o sus ordenamientos legales de creación, respectivamente, podrán contar con delegaciones en las entidades federativas o, en su caso, en regiones geográficas que abarquen más de una entidad federativa, siempre y cuando sea indispensable para prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo y cuenten con recursos aprobados para dichos fines en sus respectivos Presupuestos...

Para ir concluyendo, quiero asentar, en primer lugar, que estoy muy convencido de que se requieren instalar urgentemente oficinas de atención a los pueblos indígenas en las zonas fronterizas y ponía el ejemplo en mi pasada proposición el caso de Tijuana, Baja California:

Con base en el censo del Inegi (2010), los indicadores socioeconómicos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, y del estudio Condiciones sociodemográficas de la población indígena en Tijuana, realizado por El Colegio de la Frontera Norte, se menciona que en esa ciudad residen 52 pueblos indígenas tales como: mixtecos, zapotecos, triquis, purépechas, otomís, y nahuas que se asientan en 45 colonias Tijuana, de las cuales 34 son de alta marginación como la colonia Las Torres, 10 de Mayo, Valle Verde, El Pípila, zona oeste de El Florido, Matamoros, Sánchez Taboada, Loma Bonita, Oaxaca y El Pedregal.

Y lo crudo de esa realidad es que estos indígenas asentados en Tijuana no tienen acceso a las políticas públicas de la CDI. Por ello es necesario redoblar esfuerzos en esta materia. Son asentamientos con poca o nula infraestructura básica, no cuentan con pavimentación, alumbrado público, obra pluvial, muros de contención, drenaje, agua potable y electrificación.

En segundo lugar quiero dejar de manifiesto mi preocupación e indignación hacia la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, me parece sumamente grave que una institución como la CDI que tiene la obligación de brindar atención a los pueblos indígenas envíe una comunicación al Poder Legislativo diciendo que está (en presente lo comunicó) poniendo marcha mecanismos técnicos, presupuestales y logísticos que permitieran la creación de una oficina de enlace en el Municipio de Tijuana, para el ejercicio fiscal 2014 y que va impulsar acciones para la atención de los pueblos indígenas .

El Poder Legislativo no puede permitir que la CDI venga a decirnos que está poniendo en marcha políticas públicas y no lo haga. Sin duda, debemos fincarle responsabilidades y no debemos de pasar por alto ninguna falta de respeto al Poder Legislativo y mucho menos permitirnos que se vengan a burlar en nuestras curules.

Por todo lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, insta a la Titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, licenciada Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, a cumplir con la instalación e instrumentación en la ciudad de Tijuana del Modelo de Atención a Población indígena en Zonas Fronterizas con la suficiencia presupuestal necesaria, humana, técnica, material y logística para su implementación, ejecución y operación.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer a la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, licenciada Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, ante el pleno de la Cámara de Diputados, a fin de que nos indique cual es la política pública que se está implementado en las Zonas Fronterizas del norte del país para la atención de los pueblos indígenas.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2015.

Diputados: Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a fin de transparentar y aclarar el origen y destino de la transferencia para construir el Museo Barroco, suscrito por la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Roxana Luna Porquillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Diversos actos de corrupción han rodeado al gobierno del estado de Puebla, en donde el deslinde de responsabilidades y la fuerza de la ley, se han hecho esperar.

Recordemos los hechos recientes, abordados ya en este recinto sobre la construcción de la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan; el Proyecto Integral de Imagen Urbana del Corredor Turístico Cultural; y la construcción de la planta de tratamiento biológico de la planta Audi. Obras las anteriores, rodeadas de opacidad, en las cuales se vio involucrada la empresa Oceanografía, SA de CV, y sus filiales, cuyos contratos, concesiones, otorgamiento de licitaciones y demás negocios realizados entre el Gobierno del Estado de Puebla y la citada empresa, exigían respuestas concretas a la ciudadanía bajo el principio de máxima publicidad y transparencia que nunca se dieron.

Sin embargo, el apoyo incondicional del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y porque no decirlo también de la Secretaría de Gobernación ha sido evidente. Una y otra vez, la opinión pública, mediante anuncios oficiales, de apoyos extraordinarios, miles de tabletas compradas con recursos federales, así como recursos federales que adolecen de la debida transparencia y rendición de cuentas, etcétera.

Prueba de ello, es que diversos medios de comunicación han difundido que en los casi cuatro años de la actual administración, el gobierno de Puebla ha contratado a empresas privadas para la construcción de 4 obras públicas que debe pagar en anualidades por plazos de entre 23 y 25 años: el Museo Internacional Barroco, el Centro Integral de Servicios, las Plataformas Audi, la Rueda de la Fortuna y el Parque Lineal, que suman un promedio de 13 mil 480 millones 933 mil pesos.

Destaca que el proyecto más caro de Moreno Valle entregado a empresas privadas es el Museo Internacional Barroco que fue concesionado a 30 años por 7 mil 280 millones 933 mil pesos.

Alfredo del Mazo señaló que se trata de uno de los proyecto culturales más importantes que tiene actualmente el gobierno de la República, como parte del interés del presidente Enrique Peña Nieto por impulsar la infraestructura que mejora la conectividad, pero también aquella que resalta las virtudes culturales de México.

El gobernador, con fecha 29 de agosto de 2014, declaró públicamente que: “es la primera ocasión en el país en que se utiliza el Fondo Nacional de Infraestructura, Fonadin, para un proyecto cultural. Es el primer proyecto cultural hacendario con una inversión de 500 millones de pesos a fondo perdido lo que da viabilidad a una aportación del gobierno del estado y de la inversión privada para llegar a un monto final de1, 390 millones de pesos”2

Por su parte, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público señaló que son proyectos como los que tiene el gobierno de Puebla, financiables y con andamiaje jurídico, los que permiten realizar el Plan Nacional de Infraestructura planteado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a través de un esquema novedoso como los Proyectos de Prestación de Servicios que permiten al Fonadin apoyar obras con rentabilidad social.

Resulta inadmisible el dispendio de recursos y la discrecionalidad con que se destinan los mismos. Es evidente que la corrupción sigue instalada en el gobierno de Puebla y es no sólo solapada sino perpetrada por el gobierno federal.

500 millones a fondo perdido, destinados al Museo Barraco, que no fueron aprobados por esta Cámara, y que no forman parte del Presupuesto de Egresos de la Federación que aquí discutimos y dispusimos.

500 millones que serán entregados a constructoras privadas para seguir haciendo ricos a los mismos empresarios que desde que empezó la administración de Moreno Ovalle ha beneficiado, a costa de esquilmar los impuestos del pueblo.

Incluso, diversos medios de comunicación revelaron que los propios diputados federales del PRI se negaron públicamente a dar el apoyo durante las discusiones del Presupuesto de Egresos para 2015, debido a las irregularidades e inconformidades sociales. Sin embargo, el Ejecutivo Federal hizo oídos sordos a las posturas de los diputados de su propio partido.

La complicidad es clara y resulta inadmisible. Es evidente el apoyo que la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Gobernación, otorgan al gobernador de Puebla, no a Puebla ni a los poblanos, sino al gobernador y al pequeño grupo de empresarios que trabajan para ellos. Un “apoyo” clandestino, gestado en la opacidad y el contubernio. Un “apoyo” que va por encima de la ley y de las disposiciones presupuestarias establecidas por esta Cámara. Un “apoyo que huele a corrupción”.

En razón de ello, es que someto a su consideración la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, para que transparente y aclare a la sociedad el origen y destino de la transferencia por quinientos millones de pesos para la construcción del Museo Barroco, el fundamento legal, así como las razones amplias y fundadas por lo que dichos recursos van a fondo perdido.

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2015.

Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para solicitar información al Banco de México, en relación con la suscripción de diversos convenios internacionales, a cargo de los diputados Guillermo Sánchez Torres y Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales Guillermo Sánchez Torres y Aleida Alavez Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Por tratados celebrados por México, debe entenderse cualquier “acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”, según el artículo 2, inciso a), de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, así como aquellos celebrados entre México y organizaciones internacionales.

Cabe recordar que el Banco de México (Banxico), anunció en junio de 2012, que, mediante un acuerdo de préstamo bilateral, pondría a disposición del Fondo Monetario Internacional (FMI), hasta 10 mil millones de dólares, para cumplir con su compromiso de apoyar el fortalecimiento de la capacidad de crédito del organismo multilateral.

El incremento de la cuota significaría para México una mayor influencia en la toma de decisiones en los órganos de gobierno del Fondo Monetario Internacional.

Con dicho ajuste, la participación del país en relación con las cuotas totales del FMI pasaría de 1.52 a 1.87 por ciento, lo que implica que la posición de México suba del lugar 16 al 14, así como que aumente su poder de voto de 1.47 a 1.80 por ciento y mayor respaldo económico del Fondo.

Es en este contexto que recientemente, el Congreso de la Unión, le fue turnada la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 3o. y se reforma el artículo 4o. de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe.

Para que por conducto del Banco de México, efectúe la suscripción de acciones o partes sociales del Banco de Desarrollo del Caribe hasta por el equivalente a 28 millones 210 mil dólares americanos, de los cuales, serían pagaderos en efectivo 6 millones 206 mil dólares americanos.

Asimismo, que el monto total de 29 millones 333 mil dólares aportado por México al Fondo Especial de Desarrollo aumente a 32 millones 333 mil dólares americanos.

Lo anterior, a fin de que el Banco de Desarrollo del Caribe pueda seguir contribuyendo a combatir la desigualdad y la pobreza y fomentar el crecimiento sostenible en la región.

Del mismo modo, le fue turnada la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento.

Para dar continuidad a su mandato de reducir la pobreza extrema, mediante resolución 227 del 26 de abril de 2011, aprobó la Decimosexta Reposición de Recursos de este organismo, por un monto de 32 mil 800 millones de Derechos Especiales de Giro, mismos que serán utilizados para cubrir su programa de operaciones durante 2011 y 2014.

México contribuirá en esta Reposición con el 0.29 por ciento del total de las aportaciones de los donantes; esto es 66 millones 140 mil Derechos Especiales de Giro.

También fue turnada la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 12 y se deroga el artículo 2o. de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo.

Se propuso que se autorice al Gobierno Federal, para que por conducto del Banco de México, efectúe la suscripción adicional de 54 mil 925 acciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hasta por el equivalente a 662 millones 584 mil 23.46 dólares de los Estados Unidos de América, de los cuales, serían pagaderos en efectivo 16 millones 104 mil 682.23 dólares de los Estados Unidos de América.

El incremento de la participación y presencia de nuestro país en organismos financieros internacionales como lo es el BID, garantizaría la participación y liderazgo de México en la región de América Latina y el Caribe.

Por su parte, la minuta que propone reformar el artículo 4o. del decreto que autoriza al Ejecutivo federal a firmar, en representación del gobierno de México, los Convenios Consultivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

Con objeto de que el gobierno federal por conducto del Banco de México realice la suscripción adicional de 21 mil 21 acciones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento hasta por el equivalente a 2 mil 535 millones 868 mil 335 dólares americanos.

De los cuales 8 mil 459 acciones corresponden al Aumento General de Capital, equivalentes a mil 20 millones 451 mil 465 dólares americanos, y 12 mil 562 acciones corresponden al aumento selectivo de capital, equivalente a mil 515 millones 416 mil 870 dólares americanos.

Asimismo la minuta que propone se apruebe la reforma al Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1955, modificado por decretos de los años 1980,1986, 1992 y 1994.

Considerando autorizar al Gobierno Federal, suscribir 2,943 acciones adicionales de la Corporación Financiera Internacional, por la cantidad de dos millones novecientos cuarenta y tres mil dólares de los Estados Unidos de América, cantidad que se adicionará a las suscripciones anteriores efectuadas por nuestro país, para hacer un total de 30,532 acciones por la suma de treinta millones quinientos treinta y dos mil dólares de los Estados Unidos de América.

También se propuso autorizar al Ejecutivo Federal, además de la suscripción accionaria de la Corporación Financiera Internacional, para aceptar las enmiendas correspondientes al Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional.

Así como para aceptar la enmienda que modificaría el cálculo de los votos básicos de cada miembro, misma que deriva de la Resolución no. 256 denominada “Enmienda al Convenio Constitutivo y aumento selectivo del capital de 2010”, que modifica el párrafo a) de la Sección 3 del Artículo IV del Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional.

Para aumentar los votos básicos por país miembro de 250 a lo que resulte de la distribución equitativa entre todos los miembros del 5.55 por ciento de la suma total de los derechos de voto de todos los miembros, sin que los votos básicos se fraccionen. Los votos por acciones de cada miembro, no se modifican, se mantiene el número de votos que resulte de la asignación de un voto por cada acción en su poder.

Mientras que la minuta que propone reformar el artículo 4o. del decreto que autoriza al Ejecutivo federal a firmar, en representación del gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

Para que, el gobierno federal por conducto del Banco de México, haga la suscripción adicional de 294 acciones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que corresponden a la resolución “Mayor Representación y Participación de los Países en Desarrollo y en Transición”, para hacer un total de 40,119 acciones.

Se propuso autorizar al Ejecutivo federal, aceptar las enmiendas al Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, como consecuencia de la suscripción adicional de acciones antes referida

Así como la modificación a la forma de cálculo de los votos básicos de 250 acciones por país miembro a una fórmula que calcula el número de votos básicos de cada miembro a lo que resulte de la distribución equitativa entre todos los miembros de 5.55 por ciento de la suma total de los votos de todos los miembros.

Con la condición de que no habrá votos básicos fraccionarios, según lo establecido en la Resolución “Mayor Representación y Participación de los Países en Desarrollo y en Transición”, la cual entró en efectividad el pasado 27 de junio de 2012.

Asimismo, se propuso reformar el artículo 15 del referido Decreto, con la finalidad de homologar el régimen del Convenio Constitutivo del Banco Mundial, al del Fondo Monetario Internacional, debido a que ambos tienen la misma naturaleza de tratado internacional.

Por su parte, la minuta que propone que el Estado mexicano, como miembro del FMI, podría llevar a cabo su contribución al Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza, que el propio FMI acordó crear como parte del mecanismo de apoyo a países de bajos ingresos que estableció desde 2010.

Se propuso reformar el artículo 16 del decreto de referencia, con el objetivo de armonizar con nuestra Carta Magna, el tratamiento que debe darse a las modificaciones y enmiendas al Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, en atención a la naturaleza del instrumento jurídico internacional de que se trata.

Para señalar que el gobierno federal requerirá la autorización expresa del Senado de la República para aceptar o proponer una modificación de la suscripción del Gobierno de México al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y aceptar enmiendas del Convenio respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, estimamos que el aumento de las cuota de México a diversos organismos internacionales es acorde con la pérdida de soberanía económica y diseño de las políticas de desarrollo. Por lo que consideramos necesario que el Banco de México informe periódicamente sobre el costo, las formas, condiciones y los beneficios que aportan al país la suscripción de diversos convenios internacionales, particularmente para el crecimiento y la lucha contra la pobreza.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, acuerda solicitar al Banco de México, un informe sobre los diversos convenios con Instituciones Financieras Internacionales, y que dicho estudio se reporte periódicamente en los informes de la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública.

Sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2015.

Diputado Guillermo Sánchez Torres (rúbrica)


Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Contraloría del estado de Puebla, a investigar el presunto conflicto de interés entre el gobierno de esa entidad y el Grupo Higa, suscrito por la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Roxana Luna Porquillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Puebla atraviesa una severa crisis de derechos humanos que se enmarca en una lamentable coyuntura nacional de violencia estructural, y falta de credibilidad institucional, producto de la corrupción, indiferencia e indolencia de una clase política irresponsable y omisa.

En este marco de desconfianza institucional, en el estado, podemos recordar proyectos que han estado envueltos en la falta de transparencia y acusaciones de corruptela como la construcción de la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, el Proyecto Integral de Imagen Urbana del Corredor Turístico Cultural, y la construcción de la planta de tratamiento biológico de la planta Audi, en las cuales se vio involucrada la empresa Oceanografía S.A. de C.V., y sus filiales, cuyos contratos, concesiones, otorgamiento de licitaciones y demás negocios realizados entre el Gobierno del estado de Puebla y la citada empresa, exigían respuestas concretas a la ciudadanía bajo el principio de máxima publicidad y transparencia que no se han dado.

De esta misma manera la construcción del proyecto más caro del estado, el Museo Internacional Barroco (MIB), estimado en 7 mil 280 millones 933 mil pesos exigía la máxima rendición de cuentas y un proceso de licitación justo y transparente puesto que se trata de uno de los proyectos culturales más importantes que tiene actualmente el gobierno de la República, como parte del interés del presidente Enrique Peña Nieto por impulsar la infraestructura que mejora la conectividad, pero también aquella que resalta las virtudes culturales de México.

El proceso de licitación del proyecto se vio envuelto en un escándalo de conflicto de intereses, cuando el pasado 4 de diciembre el diario The Wall Street Journal publicó un reportaje que declaraba que Grupo Higa, la firma del empresario Juan Armando Hinojosa, empresa favorita del presidente Enrique Peña Nieto y encargada de edificar la polémica “casa blanca”, sería la empresa ganadora del contrato de la construcción del MIB, mostrando más nexos entre Juan Armando Hinojosa Cantú con el gobierno federal.

Ante esta publicación, el gobernador Rafael Moreno Valle se apresuró a negar que la constructora de la “casa blanca” estuviese detrás del MIB. Sin embargo, fue anunciado que el consorcio ganador de la licitación del proyecto en cuestión está integrado por Concretos y Obra Civil del Pacífico, filial de Higa, así como por La Peninsular, constructora del ex gobernador del estado de México Carlos Hank Rohn; Promotora de Cultura Yaxché, también del grupo de Hank, y Operadora y Administración Técnica Sociedad Anónima.

Grupo Marhnos, la única empresa que compitió la licitación del MIB pero que ya no presentó oferta, cuestionó en la junta de aclaraciones el requisito de experiencia para museos y dijo que “en nuestro país solamente hay un museo diseñado, construido y que opera bajo el esquema APP, por lo que se favorece a una empresa en particular, con desventajas a empresas que hayan realizado proyectos APP de otra naturaleza”.

Estamos frente a lo que podría ser un conflicto de interés entre el gobierno federal, el gobierno estatal y el grupo Higa.

En razón de ello, es que someto a su consideración la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Contraloría del estado de Puebla a investigar el presunto conflicto de interés entre el gobierno del estado de Puebla y Grupo Higa.

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2015.

Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos de los estados y a la ALDF, para que armonicen su legislación con la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, suscrito por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México, ha avanzado jurídicamente en materia de derechos humanos, con distintas reformas, nuestro marco legal se ha ido enriqueciendo para garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte.

Como ejemplo de estas reformas, tenemos el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estipula en su párrafo primero: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución General y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

Asimismo, en el segundo párrafo, se indica que “las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”, por lo que, tanto autoridades como la sociedad civil, deben velar y procurar el cumplimiento de tales derechos.

Por otro lado, en el párrafo noveno del artículo 4o. constitucional, se precisa: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral...”, y de esta manera, tendrá los elementos que requiere durante su etapa de crecimiento.

Cabe señalar, que la ley fundamental, en el artículo 73, en el que se incluye la fracción XXIX-P, se contempla la facultad que tiene el Congreso de la Unión para “expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte”.

Es así que el pasado 1o. de septiembre de 2014, el titular del Poder Ejecutivo presentó ante el honorable Congreso de la Unión, la iniciativa de decreto por el que se expedía la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y, a la vez, se reformaban diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, señalando que la propuesta fuera considerada con carácter preferente.

Es importante señalar que entre el trabajo de la Cámara de origen y el dictamen de la Cámara revisora, el proyecto inicial presentado por el titular del Poder Ejecutivo, tuvo modificaciones del 90 por ciento de su contenido y cambio la denominación a Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El dictamen votado por el honorable Congreso de la Unión, incluye entre sus principales logros, los siguientes:

• Reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos y garantiza su pleno ejercicio, respeto, protección y promoción. Poniendo fin al régimen tutelar.

• Genera mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y obliga a las autoridades a incorporar en sus proyectos de presupuesto, la asignación de recursos públicos suficientes para asegurar a las niñas, niños y adolescentes, el goce pleno de sus derechos.

• Garantiza el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, tomando como principios rectores, el interés superior de la niñez, los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas niños y adolescentes; la igualdad sustantiva; la no discriminación; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; la participación; la interculturalidad; la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades, y la transversalidad en las políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales; la autonomía progresiva; el principio Pro persona; el acceso a una vida libre de violencia y la accesibilidad.

• Contiene un catálogo de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que son derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; derecho a la prioridad; derecho a la identidad; derecho a vivir en familia; derecho a la igualdad sustantiva; derecho a no ser discriminado; derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral: derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal; derecho a la protección de la salud y a la seguridad social; derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; derecho a la educación; derecho al descanso y al esparcimiento; derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y cultura; derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información; derecho de participación; derecho de asociación y reunión; derecho a la intimidad; del derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; y los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.

• Determina una serie de obligaciones para quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como para las personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado a niñas, niños o adolescentes.

• Contempla aspectos básicos para la operación de los centros de atención, en donde se busca homologar las obligaciones de los centros de asistencia social tanto públicos como privados, para garantizar que exista una infraestructura adecuada y que las niñas, niños y adolescentes estén alojados en espacios idóneos a su género, a su edad y a su condición física y psicológica.

• Crea el Registro Nacional y se establece que los responsables de autorizar, registrar, certificar y supervisar a estos Centros, serán las Procuradurías de Protección en sus ámbitos de competencia.

• Dispone la creación y regulación de la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados. El Sistema Nacional de Protección Integral estará conformado por los secretarios de despacho y será presidido por el presidente de la República, lo cual resulta fundamental para alcanzar la adecuada coordinación entre las autoridades que lo conforman, y denota el carácter primordial que para el Estado mexicano tienen los derechos de niñas, niños y adolescentes.

• Determina la coordinación operativa del Sistema Nacional de Protección Integral, la cual recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva.

• Establece que para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes las autoridades de los tres órdenes de gobierno tendrán la obligación, en el ámbito de sus respectivas competencias, el de realizar acciones y tomar, medidas de conformidad con los principios que rigen a la ley.

• Crea a nivel federal y local las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con objeto de realizar un efectivo resguardo de los derechos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

• Prevé que las autoridades instrumenten políticas y programas de gobierno integrales, trasversales y con perspectiva de derechos humanos, estableciendo mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación a través del Coneval.

• Contempla un Programa Nacional que contendrá las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de niñas, niños y adolescentes.

Estos y otros aspectos relevantes en torno a la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, fueron remitidos al titular del Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), acto que finalmente se realizó el pasado 4 de diciembre y entró en vigor el día 5 del mismo mes.

Dada la importancia de esta Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la que se verán beneficiados los 41.51 millones de niñas, niños y adolescentes, que representan el 37 por ciento2 de la población total de nuestro país, siendo esta población menor a los 18 años de edad, existe el firme compromiso de avanzar en los estados para que la niñez y la adolescencia tengan sus derechos plenos e impulsar la adopción y aplicación de políticas públicas encaminada a construir una infancia ideal para las y los niños y adolescentes, partiendo del irrestricto cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y el principio del interés superior del niño.

Cabe precisar que de los 41 millones de niñas, niños y adolescentes en el año 2010, 10.5 millones se encontraban en la primera etapa (0 a 4 años), en tanto que 22 millones se encuentran en edad escolar (5 a 14 años).

Otra realidad, es que una de cada dos adolescentes de 12 a 19 años que vive su vida sexual se embaraza, dos de cada diez de entre 15 y 19 años lo han hecho en más de una ocasión y un 40 por ciento de los casos de embarazos, no son planeados ni deseados.

Asimismo, uno de los hechos a los que se enfrenta esta población, es el matrimonio infantil, pues según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2010, un total de 434 mil niños y adolescentes se encuentran casados o en unión libre. De ellos, más de 32 mil tenían entre 12 y 14 años, mientras que alrededor de 402 mil fluctuaban en edades de 15 a 17 años. Esta situación va en contra de la Convención sobre los Derechos de los Niños aprobada por la ONU, por lo cual resulta urgente una reforma en los estados para impedir uniones de ese tipo.

Se sabe que más de tres millones de niños entre 5 y 17 años no asisten a la escuela, la tasa de analfabetismo entre los pueblos indígenas se estima que es del 26 por ciento en la población entre 15 años y más. En cuanto a la violencia escolar o bullying, 4 de cada 10 niñas y niños en México sufre de acoso, lo que ubicaba a nuestro país en un primer lugar de este problema.

Es aquí, donde es urgente incorporar el trabajo de todos los Congresos de los estados de la federación en la tarea legislativa, ya que el honorable Congreso de la Unión ha creado el marco jurídico para garantizar y avanzar en el desarrollo individual y colectivo de las niñas, niños y adolescentes a través de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene como esencia el reconocimiento de los derechos de la infancia y adolescencia.

Aunado a esto, la misma legislación mencionada, contiene dentro de sus artículos transitorios, el plazo para que las legislaturas de las entidades federativas, realicen las modificaciones necesarias a sus cuerpos normativos locales, mencionando lo siguiente:

Transitorios

Primero. ...

Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Tercero. Los Sistemas de Protección Locales y Municipales deberán integrarse a más tardar dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de las modificaciones legislativas a que se refiere el transitorio anterior.

Con base en lo anterior, buscamos la armonización legislativa de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con las leyes locales, esperando que cada una de las legislaturas de los estados y la Asamblea legislativa del Distrito Federal, legislen para que deroguen sus Leyes de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, deseando que con los resultados de este proceso legislativo, no volvamos a presenciar carencias y demandas incumplidas para este sector de la población, que se erradiquen con la atención, protección y garantía de sus derechos. Lo que también debe continuar siendo un tema de prioridad e interés nacional.

Asimismo concebimos el compromiso de crear en nuestra sociedad, una nueva cultura donde se incluya a las niñas, niños y adolescentes como ciudadanos en crecimiento, con validez de sus derechos e inclusión en la igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad, como sujetos con derechos plenos y seres humanos con dignidad y con capacidades en evolución.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que deroguen sus Leyes de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y armonicen sus leyes locales con la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual ha entrado en vigor el pasado 5 de diciembre de 2014.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados básicos, disponible en <http://www3.inegi. org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302&s=est>

2 Cálculos de acuerdo con Inegi, Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados básicos.

Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2015.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a fin de concretar una visita oficial a nuestro país, de la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, suscrito por los diputados Carlos de Jesús Alejandro y Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, Carlos de Jesús Alejandro y Aleida Alavez Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El Estado mexicano ha mostrado históricamente una diplomacia basada en el principio de la concordia y el respeto entre las naciones y que en momentos cruciales ha apoyado a otras naciones que han recurrido y han solicitado la intervención del pueblo mexicano.

Es por ello que bajo esa misma lógica, México forma parte de diversos organismos supranacionales cuyo fin es mediar las relaciones internacionales y asegurar la paz mundial. Uno de esos organismos lo representa la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual es creada al término de la Segunda Guerra Mundial.

Otra de las tareas fundamentales de las Naciones Unidas además de sus intentos por preservar la paz, consiste en conocer la situación que se guarda en los estados miembros referente a ciertos temas en particular, para ello ha creado diversos mecanismos y mandatos, muchos de los cuales el Estado mexicano los ha ratificado, reconociéndoles así plena jurisdicción.

Desde marzo de 2001, el gobierno de México mantiene una invitación abierta a todos los mandatos y mecanismos internacionales de derechos humanos para que realicen visitas oficiales. A raíz de dicha invitación diversos relatores, tanto del sistema de Naciones Unidas como del sistema interamericano, han hecho visitas de carácter oficial a nuestro país presentado sus correspondientes informes.

Del 1 al 18 de junio de 2003, el doctor Rodolfo Stavenhagen, en ese entonces denominado relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas de la ONU, realizó una visita oficial al Estado mexicano. La única visita hasta el momento de la relatoría especializada en pueblos indígenas1 .

Actualmente ese mandato tiene el nombre de Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y recae en la persona de la señora Victoria Lucia Tauli-Corpuz, de origen filipino. Dicho mandato está adscrito al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Recientemente, en su intervención, el presidente de la República mexicana, licenciado Enrique Peña Nieto, durante la inauguración de la sesión plenaria de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas (CMPI), en su calidad de jefe del Estado mexicano reconoció la importancia del trabajo que realiza la ONU para promover los derechos humanos y el desarrollo de los pueblos indígenas al afirmar que:

“Las iniciativas de desarrollo de la ONU merecen la suma de las capacidades y experiencias de todos los países, porque sólo juntos podremos hacer realidad el propósito de construir un mejor futuro para toda la humanidad.

Por convicción, los mexicanos seguiremos actuando con responsabilidad global al interior de este organismo internacional, por ser la instancia que mejor representa la diversidad de las naciones y la aspiración compartida de paz, desarrollo y prosperidad para todos los pueblos del mundo.

En México estamos decididos a construir una verdadera sociedad de derechos en la que todas las personas, independientemente de su origen étnico, puedan ejercer, en su vida diaria, los derechos y libertades que reconoce nuestra Constitución y los tratados internacionales.”2

A más de 13 años de la reforma constitucional de 2001 en materia indígena y luego de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y con el objetivo de verificar el cumplimiento del informe y recomendaciones del doctor Stavenhagen, reviste de suma importancia una visita de la señora Victoria Lucia Tauli-Corpuz para que en su calidad de relatora evalúe el grado de implementación de las reformas y de armonización del derecho internacional, así como los avances y retos en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas de México. Sin lugar a dudas las recomendaciones que emanen de su informe serán un referente para el gobierno mexicano al momento de definir políticas públicas dirigidas a los miembros de comunidades y pueblos indígenas de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente de la Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, así como a la Cancillería mexicana a concretar una visita oficial de la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la señora Victoria Lucia Tauli-Corpuz, a nuestro país.

Notas

1. Portal electrónico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, http://www.sre.gob.mx/index.php/direccion-general-de-derechos-humanos/v ammi Consultado el 15 de diciembre de 2014.

2. Portal electrónico de la Presidencia,

http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/palabras- del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena- nieto-durante-la-sesion-plenaria-de-la-conferencia-mundial-de-los-puebl os-indigenas/ Consultado el 15 de diciembre de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2015.

Diputados: Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, los gobiernos estatales y al GDF, para que a través de los medios de comunicación a su alcance, difundan los derechos de las niñas, niños y adolescentes, suscrito por la diputada Verónica Beatríz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el articulo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La historia indica que el reconocimiento a los derechos del niño, surge en Francia a mediados del siglo XIX, con la idea de ofrecer protección especial a los niños. Es partir de 1841, cuando las leyes comenzaron a proteger a los niños en su lugar de trabajo y, desde 1881, las leyes francesas garantizaron el derecho de los niños a la educación.

Así entonces, es a principios del siglo XX cuando esta idea se esparce por toda Europa, donde comenzó a implementarse la protección de los niños, incluyendo el área social, jurídica y de la salud. Más adelante, en 1919, tras la creación de la Liga de las Naciones (Origen de la ONU), la comunidad internacional comenzó a otorgarle mayor importancia a este tema, por lo que se creó el Comité para la Protección de los Niños.

El 16 de septiembre de 1924, la Liga de las Naciones aprobó la Declaración de los Derechos del Niño –también llamada la Declaración de Ginebra–, reconocido como el primer tratado internacional sobre los Derechos de los Niños, es este documento, a lo largo de cinco capítulos, la Declaración otorga derechos específicos a los niños, así como responsabilidades a los adultos.

Posteriormente, como resultado de la Segunda Guerra Mundial dejó entre sus víctimas a miles de niñas y niños en una situación sumamente vulnerable. Por ello, en 1947 se creó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), al cual se le concedió el estatus de organización internacional permanente a partir de 1953. Es a partir de este momento cuando su mandato alcanzó una dimensión internacional y comenzó a auxiliar a niñas y niños de países en vías de desarrollo. La Organización estableció una serie de programas para que las y los niños tuvieran acceso a educación, buena salud, agua potable y alimentos.

A partir de 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, que describe los derechos de los niños en diez principios. Si bien este documento todavía no ha sido firmado por todos los países y sus principios tienen carácter indicativo, le facilita el camino a la Declaración Universal sobre los Derechos del Niño, la cual se complementa con:

• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho a la protección contra la explotación económica y el derecho a la educación y a la asistencia médica.

• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece el derecho a poseer un nombre y una nacionalidad.

Será el 20 de noviembre de 1989, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas apruebe la Convención sobre los Derechos del Niño. Donde a lo largo de 54 artículos el documento establece los derechos económicos, sociales y culturales de las niñas y niños.

La Convención sobre los Derechos del Niño ha sido firmada por 193 Estados, aunque hay algunas reservas sobre ciertos fragmentos del documento. Sólo Estados Unidos y Somalia la han firmado, pero aún no la han ratificado.

La convención representa el consenso de las diferentes culturas y sistemas jurídicos de la humanidad en aspectos tan esenciales como la relación de la niña y el niño con la familia; los derechos y deberes de los padres y del Estado; y las políticas sociales dirigidas a la infancia, e incluye principios como el interés superior del niño, el derecho a ser reconocidos como sujetos plenos de derechos, el derecho a ser escuchados y participar activamente en los procesos que puedan afectarlos, así como el derecho a su identidad y su privacidad, entre otros.

La Convención sobre los Derechos del Niño, otorga la misma relevancia a todos y cada uno de los derechos de las niñas y los niños. No existe ningún derecho “pequeño” ni tampoco una jerarquía en los derechos humanos. Todos los derechos enunciados en la Convención -tanto los derechos civiles y políticos, como los derechos económicos, sociales y culturales- son indivisibles, están relacionados entre sí, y su objetivo principal es que el Estado proteja y desarrolle la personalidad integral de la niña y del niño.

Pues se parte del hecho de que, las y los niños son personas en formación y por tanto no son propiedad de sus padres ni de la persona que se encuentre a su cargo, son personas con derechos plenos y responsabilidades adaptados a la etapa de su desarrollo. Al reconocer sus derechos de esta manera, la Convención orienta firmemente su mandato hacia la personalidad integral de la o el niño.

La convención cuenta también con tres protocolos los cuales son:

1. El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en conflictos armados (año 2000); y

2. El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, con respecto a la venta de niños, la prostitución y la pornografía infantil (año 2000).

3. El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo al procedimiento de comunicación, (año 2012).

Por otro lado, en el ámbito nacional, el artículo 1°de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula en su párrafo primero, que: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución General y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

Asimismo, en el segundo párrafo, se indica que: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”, por lo que, tanto autoridades como sociedad civil, deben velar y procurar el cumplimiento de tales derechos.

En ese mismo orden de ideas, en el quinto párrafo del mismo artículo, se expresa que: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. Siendo éste, uno de los derechos que ha sido de principal observación y preocupación por parte del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4o., precisa que: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral...”, y de esta manera, tendrá los elementos que requiere durante su etapa de crecimiento.

Cabe señalar que el 29 de mayo del año 2000, se publicó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en ella se previó impulsar un programa nacional para atender los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país.

Actualmente, el contexto constitucional en su artículo 73, establece lo que se incluye la fracción XXIX-P, contempla la facultad que tiene el Congreso de la Unión para: “expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte”.

Es así que el pasado 1o. de septiembre de 2014, el titular del Poder Ejecutivo presentó ante el honorable Congreso de la Unión, la iniciativa de decreto por el que se expedía la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y a la vez, se reformaban diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, señalando que la propuesta fuera considerada con carácter preferente.

Cabe mencionar que entre el trabajo de la Cámara de origen y el dictamen de la Cámara revisora, el proyecto inicial presentado por el titular del Poder Ejecutivo, tuvo modificaciones del 90 por ciento de su contenido, pero sobre todo cambio la denominación a Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Como se sabe, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes aprobada por el H. Congreso de la Unión, fue remitida al titular del Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), acto que culminó el pasado 4 de diciembre y entró en vigor el día 5 del mismo mes.

Con la publicación de esta Ley, se verán beneficiados los 41.51 millones de niñas, niños y adolescentes, que representan el 37 por ciento2 de la población total de nuestro país, siendo esta población menor a los 18 años de edad.

Tenemos el firme compromiso de avanzar en los estados para que la niñez y la adolescencia tengan sus derechos plenos e impulsar la adopción y aplicación de políticas públicas encaminada a construir una infancia ideal para las y los niños y adolescentes, partiendo del irrestricto cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de Convención sobre los Derechos del Niño.

Es aquí, donde es urgente incorporar el trabajo de todos los Congresos y los gobiernos de los estados de la federación en la tarea legislativa y de difusión de la Ley y los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ya que el H. Congreso de la Unión ha creado el marco jurídico para garantizar y avanzar en el desarrollo individual y colectivo de ellas y ellos a través de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene como esencia el reconocimiento de los derechos de la infancia y adolescencia.

Por ello, además de la armonización legislativa de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con las leyes locales, buscamos que los gobiernos de los estados, la Asamblea legislativa del Distrito Federal y los municipios difundan por todos los medios de comunicación posible, lo concerniente a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de conformidad con los artículos 118 fracción VI y 119 fracción II de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, materializando con ello la creación de una nueva cultura donde se incluya a las niñas, niños y adolescentes como ciudadanos en crecimiento, con validez de sus derechos e inclusión en la igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad, como sujetos con derechos plenos y seres humanos con dignidad y con capacidades en evolución.

Consideramos que, de lograr nuestro cometido, los resultados de este proceso de difusión generara entre otros aspectos la reducción de la inequidad, la pobreza y la injusticia social, la violencia familiar, la prostitución infantil, la pornografía, el tráfico de personas, la migración de las y los niños no acompañados, la explotación laboral infantil, la atención de niñas y niños en instituciones de cuidados alternativos y en conflicto con la ley, niños y niñas con discapacidad y con VIH/sida, entre otros.

Así entonces, esperamos que no volvamos a presenciar carencias y demandas incumplidas para este sector de la población, que todo lo anterior, se erradique con la difusión, atención, protección y garantía de sus derechos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobierno federal, los gobiernos estatales, al gobierno del Distrito Federal y a los municipios para que, a través de todos los medios de comunicación a su alcance, difundan los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ánimo de crear una nueva cultura de respeto y fortalecimiento de sus derechos.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados básicos, disponible en <http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=2 7302&s=est>

2 Cálculos de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados básicos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, enero de 2015.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)


Agenda política

Comentarios relativos al tema 2015 Año Internacional de los Suelos, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI

La sexagésima octava sesión de la Asamblea General de la ONU declaró este 2015 como el Año Internacional de los Suelos, esto mediante la aprobación de la resolución A/RES/68/232.

La Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha sido encargada de implementar el Año Internacional de los Suelos 2015 (AIS) en el marco de la Alianza Mundial por el Suelo y en colaboración con los gobiernos y la secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.

De acuerdo con la referida resolución, el AIS 2015 tiene como objetivo aumentar la concienciación y la comprensión de la importancia del suelo para la seguridad alimentaria y las funciones ecosistémicas esenciales.

Los objetivos específicos del Año Internacional de los Suelos 2015 son los siguientes:

• Conseguir la plena concienciación de la sociedad civil y los responsables de la toma de decisiones sobre la profunda importancia del suelo para la vida humana;

• Educar al público sobre el papel crucial que desempeña el suelo en la seguridad alimentaria, la adaptación y la mitigación del cambio climático, los servicios ecosistémicos esenciales, la mitigación de la pobreza y el desarrollo sostenible;

• Apoyar políticas y acciones eficaces para el manejo sostenible y la protección de los recursos del suelo;

• Promover inversiones en actividades de manejo sostenible de la tierra para desarrollar y mantener suelos saludables para los diferentes usuarios de la tierra y grupos de población;

• Fortalecer iniciativas en relación con el proceso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda post-2015, y

• Promover una mejora rápida de la capacidad para la recopilación de información sobre el suelo y la supervisión a todos los niveles (mundial, regional y nacional).

La conmemoración aprobada por la ONU resulta de especial trascendencia para nuestro país, toda vez que de acuerdo con información dada a conocer por la Universidad Nacional Autónoma de México, cerca del 45 por ciento de nuestros suelos se encuentra con algún nivel de deterioro, situación que intensifica los procesos de desertificación e incrementa la vulnerabilidad de la población ante eventos hidrometeorológicos extremos.

Como consecuencia de esto, diversos científicos de nuestra Máxima Casa de Estudios consideraron necesario que la conservación de los suelos cuente con una estrategia nacional que permita conjuntar y direccionar esfuerzos y recursos y que toda práctica de preservación tenga el soporte científico para su realización y cuente con la debida evaluación de su aplicación.

De acuerdo con el doctor José Sarukhán Kermez, ex rector de la UNAM e investigador del Instituto de Ecología, el suelo no es sólo el lugar donde uno está parado, sino un sistema vivo para el sostenimiento de otros ecosistemas y un componente sine qua non para la vida.

“Si no tenemos un sustrato vivo, funcional y operante, cualquier intento de reforestación no se dará; por ello, el Año Internacional de los Suelos debe ser un momento propicio para que esta información salga del ámbito académico”, sugirió.

En este sentido, resulta imperioso hacer eco de lo que señala la comunidad científica universitaria y entonces desarrollar una estrategia que ayude a recuperar la salud de nuestros sueños, en consonancia con lo resuelto por la Asamblea General de la ONU, en perfecta alineación con los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 – 2018.

Nuestro llamado es a generar un sistema que involucre a todos los niveles de gobierno, el cual tenga por objeto procurar la salud y la restauración de nuestros suelos, para así contar con un medio ambiente sano que coadyuve a preservar la viabilidad de nuestra especie y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

Muchas gracias.