Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para que en el caso de la adolescente Alondra Luna Núñez se proceda con urgencia al deslinde de responsabilidades y la reparación del daño que en derecho procedan, y se apliquen acciones a fin de evitar que otros niños sean sustraídos del país en desconocimiento de sus derechos humanos, a cargo del diputado Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

El 16 de abril de 2015, con lujo de fuerza cual si se tratara de una delincuente y un objeto, entre escenas de enorme abuso y angustia, que han conmovido al mundo entero, un grupo de agentes de la Policía Federal adscritos a la Policía Internacional (Interpol) sacó por la fuerza a Alondra Luna Núñez, de 14 años de edad, de la telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz, sita en la ciudad de Guanajuato, causándole lesiones psicológicas y también físicas, en un desconocimiento alarmante del “interés superior del niño” y de la dignidad y soberanía nacionales. Esto es aún más grave porque Alondra padece discapacidad motriz, que le reduce la movilidad del lado derecho del cuerpo.

Lo más condenable es que lo anterior se llevó a cabo con la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la juez de primera instancia Cinthia Elodia Mercado García, con asiento en Los Reyes, Michoacán, en un acto que más se asemejó a un secuestro.

Todo se originó en que la ciudadana Dorotea García, quien reside en Estados Unidos, basándose supuestamente en una cicatriz que la menor tenía en la frente afirmaba que era hija suya, sustraída siete años atrás por el marido.

En el trámite que llevó la juez referida no se contó con la comparecencia de la persona que supuestamente ejecutó la sustracción; no se escuchó a los padres de Alondra, Gustavo Luna y Susana Núñez, ni a la adolescente cuál era su derecho, menos se practicó la prueba de ADN para tener la seguridad sobre su filiación.

Alondra fue llevada de Guanajuato a Houston, Texas, sin ser acompañada por nadie de su confianza y al parecer con documentos falsos. Fue sometida a exámenes de ADN, que probaron que no era hija de la promovente Dorotea García, por lo cual fue repatriada. En suma, una cadena de violaciones que si no llegaron a más, fue en gran parte porque estos condenables abusos corrieron por las redes sociales.

Este evento se tradujo en el desconocimiento por lo menos de

• Artículo 1o. constitucional, que ordena: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”;

• Artículo 4o. constitucional: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos”;

• Convención sobre los Derechos del Niños, artículos 9o. y 12;

• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 73; y

• Suprema Corte de Justicia de la Nación. Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes.

El Estado mexicano ha señalado a través de funcionarios de la Secretaría de Gobernación que el caso de la niña Alondra Luna no puede quedar en mera disculpa, lo cual es de esperarse y que así prevalezca la aplicación estricta del estado de derecho.

Por todo lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero, Se exhorta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a proceder con urgencia en el caso de la adolescente Alondra Luna Núñez a realizar las investigaciones que en derecho procedan para el deslinde de responsabilidades y reparación de daño, aplicándose al propio tiempo las acciones necesarias de índole nacional e internacional, en coordinación con las demás autoridades competentes, para evitar que otras niñas y niños sean sustraídos del país en desconocimiento de sus derechos humanos y de los de sus padres.

Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a los gobernadores de los estados, al jefe del gobierno del Distrito Federal, y a los Poderes Judiciales federal y locales a fortalecer en ámbito de sus respectivas atribuciones la capacitación de los servidores públicos de todos los niveles en el conocimiento y la defensa de los derechos humanos de las niñas y los niños, para su debida tutela.

Tercero. Se solicita al Consejo del Poder Judicial de Michoacán que proceda en el marco de la ley a investigar la actuación de la juez Cinthia Elodia Mercado García y, en su caso, se determinen las responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales que procedan.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2015.

Diputado Miguel Alonso Raya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la remoción de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, a cargo de los diputados Graciela Saldaña Fraire y Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, Graciela Saldaña Fraire y Carol Antonio Altamirano, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción 1; 79, numeral 2, fracción 11; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

• El desempeño de la ciudadana Rosario Robles Berlanga al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, ha convertido los próximos comicios en una elección de Estado, que se marca por los abusos, la opacidad, y sobre todo, el ánimo de lucrar electoralmente con las necesidades de la gente más pobre.

Ya en abril de 2013, utilizó el programa Cruzada Nacional contra el Hambre con fines electoreros y ante las denuncias fue respaldada por el presidente Enrique Peña Nieto volviendo tristemente célebre la frase: “Rosario no te preocupes, hay que aguantar”.

Los esfuerzos por abatir la pobreza se han distorsionado para que el PRI, a través de la secretaria Robles Berlanga, busque revertir su descenso en las preferencias electorales, utilizando amañadamente los programas sociales federales a favor de sus candidatos.

Eso está ocurriendo en Oaxaca, Quinta Roo y muchas otras entidades en la que el acceso al Programa de Empleo Temporal se está utilizando con fines electorales. El diseño y operación de esos programas está justificado como una alternativa de recuperación económica, pero de manera conveniente, no se comparte la información con las autoridades estatales, por lo cual se maneja con absoluta discrecionalidad.

• Un hecho que ejemplifica la operación política de Rosario Robles fue el recorrido de la titular de Sedesol por Oaxaca, el jueves 9 y viernes 10 de abril, donde de manera paralela a los eventos oficiales se alentó la asistencia y vinculación con los operadores políticos del PRI.

No puede haber ingenuidad. No es necesario para la operación del programa ni creíble que por coincidencia, la titular de Sedesol esté recorriendo los distritos en temporada electoral, ni que vaya al istmo de Tehuantepec para encerrarse en una reunión con mil vocales del Programa Prospera a puerta cerrada.

Además, el candidato del PRI a diputado suplente por el distrito de Tlacolula, Adolfo García Morales, incluso participó en distintos actos llegando a participar en su presidum.

• Un ejemplo de que Rosario Robles ha designado para la Sedesol como funcionarios del más alto nivel a consumados priistas es la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, la cual se encuentra dirigida por Juan Carlos Lastiri Quirós, quien ha sido diputado local suplente; presidente municipal de Zacatlán; diputado local propietario en la LIV Legislatura; diputado federal propietario en la LXI Legislatura, en todos estos cargos como representante del Partido Revolucionario Institucional y donde internamente también se ha desempeñado como secretario técnico del Consejo Político Estatal; secretario general de la Confederación de Organizaciones Populares; secretario de Organización del Frente Juvenil Revolucionario; presidente del comité municipal; presidente del comité seccional y delegado político regional.

Otro caso es el del destacado priista Javier Guerrero, quien fue funcionario muy recientemente en Sedesol como subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, y ahora realiza funciones partidistas como secretario regional del PRI en los estados de Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Es un digno ejemplo de cómo la información y la estructura de Sedesol será utilizada electoralmente.

Pero la mezcla de funcionarios y candidatos del PRI al gobierno y del gobierno al PRI no termina ahí.

Sofía Castro hoy es candidata del PRI en el distrito V, donde construyó su estructura y usa como plataforma su paso reciente paso como delegada de Sedatu, Jorge IlIescas, gerente en Liconsa, hoy opera en el distrito I de Oaxaca a favor del PRI y no deben olvidarse casos de Héctor Pablo Ramírez Puga, hoy director de Liconsa y Alejandro Murat en Infonavit, ambos dirigentes priistas y aspirantes a la gubernatura que no cesan en su activismo político.

• En el país se vive una práctica cotidiana por demás insultante e imperdonable, de la secretaria Rosario Robles Berlanga, al aprovecharse de su cargo y de la grave necesidad de la gente menos favorecida de nuestro país, utilizando el Programa de Zonas de Atención Prioritaria, dirigido a las localidades de alta y muy alta marginación para la obtención del voto a favor del PRI.

Concretamente, la principal herramienta de la titular de la Sedesol, es el programa de “Atención de Zonas Prioritarias” y de forma específica en el rubro denominado de “Apoyos Complementarios” con el que, a través de la “organización comunitaria, la planeación participativa y la promoción social”, escuda un actuar faccioso para desplegar su trabajo de base partidario.

En el colmo de los absurdos, cuando el escrutinio público y la transparencia debieran ser las mejores garantías para evitar el uso parcial de los programas sociales, es cuando existe mayor opacidad.

Convenientemente Rosario Robles utiliza la veda electoral para ocultar “legalmente” su actuar electorero, omitiendo deliberadamente la información de todas aquellos hechos que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíbe, a lo que debemos añadir la discrecionalidad y condicionamiento con que operan los programas ~~ sociales, no solamente los que tiene que ver con alimentación, sino también con el programa de empleo temporal en los que no existe vigilancia oportuna.

La realidad es que el Padrón de Beneficiarios del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias hoy no puede ser consultado y el argumento esgrimido es que “las obras y acciones de este programa se encuentran en ejecución, una vez que hayan concluido y entregadas a los beneficiarios, se integrará el padrón respectivo”.

¿Para qué servirá la información si sólo estará disponible una vez concluida la ejecución y la entrega a beneficiarios?

Como si esto no fuera suficiente para ocultar su proceder, el método para la identificación de las personas o grupos de personas en situación de pobreza más reciente con el que se cuenta es del año 2013 ¿Debemos creer que realmente no se cuenta con un listado de regiones, municipios y/o beneficiarios actualizado en el que se sustente la aplicación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, más allá de la declaratoria de zonas de atención prioritaria de la Cámara de Diputados, publicada en el DOF del 3 de diciembre de 2014?

• Además es evidente que la actuación de Rosario Robles alienta explotar con fines electorales los programas sociales, como lo exhiben distintas investigaciones.

Por ejemplo, la investigación que realizo el periódico Excélsior, publicada el 19 de abril de 2015, con el título “Crece voto en distritos más pobres; están en Oaxaca, Chiapas y Guerrero”, muestra que el voto en los distritos electorales con mayor pobreza y pobreza extrema en el país ha ido en aumento tomando en consideración las cifras que da el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, respecto a los comicios electorales del 2006 y 2012.

La opinión de especialistas1 sobre este fenómeno es que puede ser resultado del temor de los mexicanos más marginados a perder los beneficios de los programas sociales. Es decir, los ciudadanos más pobres de México se ven urgidos por la necesidad y se convierten en un soporte electoral alentado artificialmente. Los electores más pobres son presionados a vota por el partido en el poder para asegurar su permanencia.

Dicha publicación muestra el incremento de la participación ciudadana en las elecciones 2006 y 2012, con los siguientes porcentajes:

• La actuación y las omisiones de la C. Rosario Robles contraviene las disposiciones legales instituidas con relación a la aplicación de los recursos del Estado con relación a la equidad electoral, ya que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la letra establece:

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Mientras tanto, la cuarta parte de los habitantes de Quintana Roo vive en pobreza o pobreza extrema como fue publicada por el periódico La Jornada 2 , y donde la Cruzada contra el Hambre es prácticamente inexistente en esta entidad, los quintanarroenses sabemos que los informes oficiales, desvarían de la realidad pues conforme a sus mediciones el estado obtiene la mayor derrama económica del sector turístico y, por consiguiente, es el que más divisas aporta a la economía del país en este rubro, mientras que en el día a día la población, sobre todo maya, no tienen acceso a comida ni a los medios necesarios para subsistir.

Por lo descrito se presenta a esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Resolutivos

Primero. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, a realizar las acciones conducentes para que su gobierno cese de utilizar los programas sociales con fines electorales.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita al titular del Poder Ejecutivo federal, la remoción de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga.

Tercero. Se dé cuenta a esta soberanía sobre las acciones que se tomen derivadas de los primeros resolutivos de este punto de acuerdo.

Notas

1 Mario Luis Fuentes, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social.

2 Carlos Águila Arreola, La Jornada, viernes 9 de enero de 2015, página 28.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2015.

Diputados: Graciela Saldaña Fraire y Carol Antonio Altamirano (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la jefatura del Gobierno del Distrito Federal a crear un protocolo de actuación en caso de desastres mayores; así como a otorgar apoyos económicos a los permisionarios afectados por el incendio ocurrido en la central de abasto el 7 de abril de 2015, suscrito por diputados integrantes de la Comisión del Distrito Federal

Los abajo suscritos, integrantes de la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por la que se exhorta a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal a implementar un protocolo de actuación para desastres mayores que ocurran en la ciudad; así como para que se otorguen apoyos económicos a los permisionarios afectados por el incendio ocurrido en la Central de Abasto el pasado 7 de abril de 2015.

Lo anterior, con base en las siguientes

Consideraciones

1. El pasado 7 de abril del año en curso, alrededor de las 7:20 horas, se registró un incendio en el andén cuatro del mercado de flores y hortalizas de la Central de Abasto de esta ciudad; afectando 102 locales con igual número de permisionarios; y un número aún sin cuantificar de familias.

2. Que una vez que se tuvo conocimiento de los hechos, el diputado Gerardo Hernández Tapia, presidente de la comisión, acordó con el director de la Central de Abastos de la Ciudad, licenciado Julio César Serna que con la finalidad de conocer con precisión los lamentables hechos ocurridos en el siniestro del día 7 de julio del presente año, se había instruido al secretario técnico de la comisión realizara un recorrido por dicha zona y elaborará una nota informativa a los integrantes de la Comisión del Distrito Federal; para que estos contaran con mayores elementos de información sobre el lamentable incidente acontecido.

En tal virtud, el 9 de abril siguiente, el licenciado Edgard Delgado Aguilar, Secretario Técnico de la Comisión del Distrito Federal, realizó el recorrido acompañado del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director ejecutivo de Normatividad Comercial y Operación de la Central de Abasto; y del subgerente del Mercado de Flores y Hortalizas, el ciudadano Andrés Ramírez Márquez.

3. Del recorrido a que se ha hecho mención y de la nota informativa elaborada, se desprende que:

a) El fuego se inició en la última sección del lado norte del andén de flores y se propagó hacia el sur, presumiblemente ocasionado por material altamente flamable como es el floricel, festones, elementos de plástico, madera, celofán, pinturas en aerosol y otros utilizados para la elaboración de arreglos florales; dañando principalmente el arco-techo (techumbre) de cuatro secciones de locales.

b) El incendio pudo controlarse aproximadamente en una hora, mientras que en sofocarse tardo dos horas; con la participación de elementos de diversas estaciones del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Central de Abasto, Iztapalapa, Iztacalco y Benito Juárez. Al lugar acudieron también integrantes de distintas dependencias públicas como son Protección Civil, Secretaría de Seguridad Pública, Emergencias Mayores de la Ciudad; y privadas como la Cruz Roja.

c) Durante el recorrido, se pudo apreciar los rastros de estructuras de madera utilizadas en diversos locales, conocidos también como “tapancos”, que en mucho contribuyeron a la propagación del incendio; además de que muchos de estos locales eran realmente utilizados como bodegas que almacenaban productos como los ya señalados. Locales de 18, 14 e incluso 7 metros cuadrados.

d) En la visita, los funcionarios comentaron al secretario técnico de la comisión, que ese mismo día 8 de abril, a las tres de la tarde, habían concluido las peritajes por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de las compañías aseguradoras; por lo que posteriormente se había dado inicio a la remoción y limpieza de escombros, así como a permitir el acceso de los permisionarios a los locales, una vez comprobado que no existía peligro para ello.

e) Asimismo, que se habían sostenido dos reuniones con los permisionarios y entre los primeros acuerdos se determinó la reubicación de estos en la parte exterior de sus locales, para permitir la inmediata comercialización de sus productos, por tratarse en su mayoría de personas que “van al día con sus ventas”.

f) De igual forma, informaron que el día 7 de abril por la tarde, se constituyeron en el lugar los titulares de las Secretarías de Desarrollo Económico y del Trabajo de la ciudad, acordando brindar apoyos a los permisionarios afectados, a través del Seguro de Desempleo y del Fondo para el Desarrollo Económico de la Ciudad.

g) Poco antes de concluir el recorrido, los funcionarios informaron al secretario que se estaría colocando un comedor temporal para apoyar a los afectados, y que se integrarían mesas de trabajo para ver el tema de la cobertura del seguro; ya que ésta, básicamente se refería a las estructuras como eran trabes, techumbres y luminarias, y no a las pérdidas de mercancía sufrida por los permisionarios.

4. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas que lamentar, sólo mermas materiales que se están cuantificando. No obstante, existe una afectación considerable en la actividad productiva de los comerciantes, y por ende en su economía. De ahí, la importancia de que se otorguen a la brevedad, los apoyos prometidos por el gobierno de la ciudad.

Así como, financiamiento para sus mercancías que les permitan regresar a la “normalidad” comercial lo más pronto posible.

5. Si bien, del informe se observa y es de reconocerse la rapidez con la que actuaron las autoridades –Especialmente de la propia Central de Abastos– y su sensibilidad ante los sucesos; existen algunos elementos a señalar; a decir de diversas personas que estuvieran presentes durante los hechos, no existió una adecuada coordinación de las autoridades que llegaron al lugar; por lo que es necesario se trabaje en un protocolo de actuación para casos de emergencia como la registrada.

Lo anterior, debido a que se perdió tiempo en lo que las autoridades se “ponían de acuerdo” tanto en su labor, como en la determinación de quien “estaba al mando” lo cual, pudo contribuir a la propagación del incendio.

6. Esto, con la finalidad de contribuir y coadyuvar desde la esfera legislativa, a la adecuada atención de las necesidades de los afectados; y proponer medidas que apoyen a quienes se vieron damnificados por estos lamentables sucesos del incendio, ocurrido en el andén cuatro de la central de abasto el día 7 de abril del presente año.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de su Mesa Directiva, exhorta de manera respetuosa a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal para que

Primero. Se otorguen a la brevedad los apoyos necesarios a las personas afectadas por el incendio acaecido en el andén cuatro de la central de abasto el martes 7 de abril de 2015.

Segundo. Se trabaje en la creación de un Protocolo de actuación para casos de emergencias mayores como la registrada con base en el considerando quinto de esta propuesta.

Tercero. Se sustituyan los modelos estructurales de los locales comerciales por elementos que no permitan tan fácilmente la propagación del fuego u otros accidentes, como son los tapancos de madera.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2015.

Diputados: Gloria María del Carmen Valencia González, Margarita Saldaña Hernández, Antonio Cuéllar Steffan, Irere Sánchez Balderas, Guiliana Guadalupe Quiroz Ávila, Muñoz Kapamas Felipe de Jesús (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR al SAT a determinar si hay defraudación fiscal por parte del candidato del PAN a la gubernatura de Sonora, del titular del Ejecutivo, del secretario de Hacienda y del director general de Auditoría Fiscal de esa entidad, a cargo de la diputada Lorenia Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita Lorenia Valles Sampedro, diputada federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguientes

Consideraciones

La Información que se ha dado a conocer por diversos medios de comunicación desde el 26 de abril, señalan actos de corrupción por parte del gobierno del estado de Sonora. La Cámara de Diputados no puede pasar por alto las evidencias de estos actos de corrupción y debe apoyar una investigación a fondo que aclare los hechos y exija que caiga todo el peso de la ley sobre los que resulten responsables.

La información que ha dado a conocer la prensa muestra clara evidencia de abuso de poder del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, para condonar impuestos a su propia empresa, a sus familiares y al candidato del PAN a la gubernatura, Javier Gándara.

El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, reveló a medios de comunicación públicos, que a raíz de recibir dos denuncias anónimas el SAT está haciendo una revisión a fondo de los procedimientos para cobrar los impuestos en Sonora.

Los informes de auditores y los reportes internos revelan que entre marzo de 2009 y septiembre de 2014, el gobierno de Sonora utilizó indebidamente un esquema fiscal para condonar impuestos por casi 708 millones de pesos a 41 empresas cercanas a Guillermo Padrés, su familia, y al candidato del PAN, Javier Gándara.

Esto se hizo al amparo del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, firmado con el gobierno federal. El propósito del convenio es que las entidades federativas se involucren en la recaudación de impuestos para beneficio de su población.

Hay indicios que señalan que se simularon auditorías y cobro de 123 adeudas fiscales federales, que sumaban 776 millones 444 mil 315 pesos y que correspondían a las 41 empresas cercanas al gobernador de Sonora.

La información disponible indica que Javier Gándara Magaña tenía un adeudo de 14 millones 108 mil 348 pesos de impuestos del ejercicio fiscal 2011. De esa cantidad no pagó ni un sólo peso, debido a que le condonaron el total de su deuda. Lo cual es una violación evidente de la ley.

La ley tiene claramente tipificados los actos de corrupción de funcionarios públicos:

a) Existe violación del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que establece como obligación de los funcionarios abstenerse de aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para familiares o personas a que se refiere la fracción XI del citado ordenamiento.

b) El artículo 108 del Código Fiscal de la Federación establece; que comete el delito de defraudación fiscal quien, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

c) El artículo 97 del mismo Código establece como agravante la participación de funcionarios o empleados públicos en los delitos fiscales. En este sentido los medios de comunicación han señalado que están involucrados; el Secretario de Hacienda de Sonora, Carlos Villalobos Organista y el director general de Auditoría Fiscal, Roberto Francisco Ávila Quiroga.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el presente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuoso exhorta a la Procuraduría General de la República y al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que realicen las investigaciones necesarias, con profundidad y rigor para determinar la responsabilidad del delito de defraudación fiscal de Javier Gándara Magaña, candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura del estado de Sonora, Luis Carlos Terán Balaguer, el gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, y sus funcionarios; el secretario de Hacienda de Sonora, Carlos Villalobos Organista, y el director general de Auditoría Fiscal, Roberto Francisco Ávila Quiroga.

Segundo. Se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y a la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que investigue y determine los actos u omisiones del gobierno del Estado de Sonora que beneficiaron a Javier Gándara Magaña, candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura del estado de Sonora.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que determine la responsabilidad administrativa por tráfico de influencias para otorgar condonaciones indebidas en beneficio de Javier Gándara Magaña candidato a la gubernatura del estado de Sonora, realizadas por parte del gobernador Guillermo Padrés Elías, el Secretario de Hacienda de Sonora, Carlos Villalobos Organista y el director general de Auditoría Fiscal, Roberto Francisco Ávila Quiroga.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,a 30 de abril de 2015.

Diputada Lorenia Valles Sampedro (rúbrica)