Dictámenes negativos de proposiciones


Dictámenes negativos de proposiciones

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de liberar los recursos del Programa Emergente del Café 2014; en beneficio de los productores de café en el estado de Veracruz

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y Dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a fin de liberar los recursos del Programa Emergente del Café 2014, en beneficio de los productores de café del estado de Veracruz, presentada por el diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; en el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 9 de abril del año en curso.

Una vez recibida por la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego, sus integrantes entramos a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39, numeral 2, fracción I, y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 68, 80, numeral 1, fracción VI, 84, 176, 180, numeral 2, fracciones I y II; 182, numeral 3 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; a la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego le corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes:

Antecedentes

El 9 de abril de 2015, el diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a fin de liberar los recursos del Programa Emergente del Café 2014, en beneficio de los productores de café del estado de Veracruz

El 9 de abril de 2015 la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, con número de oficio: DGPL. 62-II-1-2702 y número de expediente 6469 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición en comento.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión dictaminadora formulamos las siguientes:

Consideraciones

Que las estadísticas del sector cafetalero señalan que en nuestro país el cafeto se cultiva principalmente en 12 entidades, Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Jalisco, Querétaro y Tabasco, en una superficie de 689 hectáreas.

Que coincidimos, de la preocupación de los productores dedicados a la cafeticultura, de poder contar con capacitación u orientación sobre las medidas de prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades que afectan las plantaciones de café; bajo las circunstancias actuales y como consecuencia del cambio climático, responsable del origen de condiciones meteorológicas especiales propiciatorias de la difusión de la plaga, pues gracias a este se genera una combinación de altas temperaturas y lluvias.

Que esta actividad es generadora de empleos directos e indirectos, en ingresos para las familias que se dedican a esta actividad y, en general, en una importante derrama económica que impacta a otras áreas productivas de la economía estatal y regional; por otro lado es importante hacer mención que es de suma importancia el empeño que los productores deben de tener para revalorar las técnicas tradicionales de cultivo a la sombra, en la cual, las plantas crecen bajo un dosel o bóveda de diversos árboles, que impide una mayor incidencia de este tipo de enfermedades.

Que la roya en este momento viene creando adversidades a la producción de este aromático por lo que es necesario establecer un cerco sanitario que impida una mayor diseminación de este hongo que es altamente patológico y daña seriamente las plantaciones, dado que defolia a los arboles impidiendo que el proceso natural de la fotosíntesis se lleve a cabo limitando la nutrición de la planta.

Que la participación de las dependencias del gobierno federal, estatal en coordinación con los productores, es de suma importancia para establecer una mecánica de cooperación, con la finalidad de establecer un compromiso serio y obligado a establecer los lazos técnicos y económicos que limite la diseminación de la enfermedad a más plantaciones.

Que con el ánimo de establecer una campaña fitosanitaria y en términos de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, se considera como:

“Conjunto de medidas fitosanitarias para la prevención, control y erradicación de una plaga en una zona agroecológica, que se ejecuta a través de los organismos auxiliares de sanidad vegetal” La estrategia operativa y normativa de una campaña fitosanitaria se determina por el Senasica.

Que una de las acciones gubernamentales que se puso en marcha para apoyar a los productores de café y así poder hacer frente a la grave contingencia, para atender esta rama productiva tanto para viveros de producción de plantas resistentes a la roya, además de atención de predios establecidos con el aromático y atención fitosanitaria se autorizó 730.6 millones de pesos. (PROCAFE e Impulso Productivo al Café).

Que las reglas de operación, para este componente señalan que “La población objetivo del proponente son todos aquellos productores cafetaleros que preferentemente estén inscritos en el Padrón Nacional Cafetalero (PNC) y que soliciten su apoyo conforme a lo establecido en las presentes reglas de operación de los programas de la Secretaría, en los siguientes 13 estados de la República Mexicana: Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, estado de México y Tabasco.”; establece los apoyos en: infraestructura y producción de planta en viveros tecnificados, adquisición de planta de café arábiga, incentivos económicos (que se establezcan a través del “Fondo de Estímulos Productivos para Pequeños Productores, acompañamiento técnico para el impulso productivo al café, actualización del padrón cafetalero para el impulso productivo al café, infraestructura y equipamiento, paquetes tecnológicos (insumos) y estimación de cosechas.

En la actualidad, se está valorando la mecánica operativa del componente, porque se han detectado retrasos en la entrega de recursos por la validación y dictamen de las solicitantes, evaluando bajo los parámetros aplicables al componente; para la posible entrega de los subsidios a los que se hacen acreedores.

Que se coincide con el promovente que la Sagarpa no puede ser indiferente y ajena a la emergencia económica que vive nuestro país y a la necesidad que tienen los productores cafetaleros.

Que uno de los objetivos del Senasica, es la implementar, programas de apoyo a los productores que garanticen la calidad e inocuidad agroalimentaria, sobre todo para obedecer a estándares de calidad internacional ya que siendo el café un producto de exportación, lo hace susceptible a mejorar su producción ciclo a ciclo.

Sin embargo esta comisión dictaminadora no encuentra sustento técnico ni jurídico sobre el Programa Emergente del Café 2014 al que hace referencia el promovente y que asciende a un total de 238 MDP, lo cual nos imposibilita a solicitar la liberación de un recurso del que no se tiene conocimiento, por lo que no se podría emitir un dictamen positivo.

Que en las reglas de operación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 28 de diciembre de 2014 donde se establecen los lineamientos y condiciones, además de los tiempos que se marcan para la entrega y aplicación, que deben de cumplir los beneficiarios para tener acceso a los subsidios, particularmente del componente PROCAFE e Impulso Productivo al Café, no se desprende la aplicación de un programa especial emergente en el rubro.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta comisión dictaminadora, tenemos a bien poner a consideración del pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero: .Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a fin de liberar los recursos del Programa Emergente del Café 2014, en beneficio de los productores de café.

Segundo: Archívese como asunto total y definitivamente concluido

Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de abril de 2015.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego

Diputados: José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Ofelia Limón Robles (rúbrica), Marisol Morales Fernández (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo, Pedro Porras Pérez (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez, Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Adriana Soto Martínez (rúbrica), secretarios; Salvador Barajas del Toro, Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica en contra), Mónica Clara Molina (rúbrica), Mario César Gaona García (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Alicia Hernández Monroy (rúbrica), José Luis Martínez Meléndez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez, José Luis Oliveros Usabiaga, Jorge Alfredo Pérez Covarrubias (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Micaela Rodríguez Zamora (rúbrica), Rodrigo Rosas Esparza, Blas Ramón Rubio Lara, Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Gildardo Sánchez González (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica)

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que atienda la solicitud del gobierno del estado de Colima, a fin de que se libere los recursos que maneja el Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, en apoyo a todos los productores agrícolas que han sido afectados en sus cultivos con motivo de las recientes lluvias en la entidad

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura le fue turnada para dictamen proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, para que atienda la solicitud del Gobierno del estado de Colima, a fin de que se liberen los recursos que maneja el Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC), en apoyo a todos los productores agrícolas que han sido afectados en sus cultivos con motivo de las recientes lluvias en la entidad, mismo que fue presentado por la diputada Martha Leticia Sosa Govea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 24 de marzo del año en curso.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 2, fracción I, y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 68, 80, numeral 1, fracción VI, 84, 176, 180 numeral 2, fracciones I y II; 182, numeral 3 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; a la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego le corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes:

Antecedentes

El 24 de marzo de 2015, la diputada Martha Leticia Sosa Govea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, para que atienda la solicitud del Gobierno del estado de Colima, a fin de que se libere los recursos que maneja el Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC), en apoyo a todos los productores agrícolas que han sido afectados en sus cultivos con motivo de las recientes lluvias en la entidad.

El 24 de marzo de 2015, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, con número de oficio: D.G.P.L. 62-II-3-2392 y número de expediente 6372 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la Proposición antes citada.

Consideraciones

Que el artículo 118, fracción II, del acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal 2015, establece lo relativo a la publicación de la declaratoria de desastre natural para el Componente de Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero, señaló que con base a la solicitud de declaratoria de desastre natural, la Secretaría publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la declaratoria de desastre natural respectiva en un plazo máximo de 15 días naturales posteriores a la recepción de la solicitud de la misma y de la información del dictamen técnico de corroboración de la ocurrencia del desastre natural debidamente soportado.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 112, fracción I, de las citadas reglas de operación, con la finalidad de fortalecer y elevar la eficiencia de la operación del Componente; así como agilizar el proceso de gestión de los apoyos, en único medio de atención y ventanilla será el Sistema de Operación y Gestión Electrónica, por lo que no se atenderá ninguna solicitud por otra vía, en ese sentido se ha establecido el Lineamiento para la Solicitud, Autorización y Seguimiento al Seguro Agrícola, Pecuario, Acuícola y Pesquero Catastrófico. Asimismo, de conformidad con lo enseñado en el artículo 118 de las citadas reglas de operación, relativas a la solicitud de recursos a la Secretaría, entrega de apoyo e instalación de la Comisión de Evaluación y Seguimiento estatal (CES).

Que a consecuencia de las lluvias atípicas ocurridas durante los días del 13 al 16 de marzo de 2015, existen afectaciones en activos productivos elegibles de productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas del medio rural de bajo ingresos, que no cuentan con algún tipo de aseguramiento público o privado agropecuario, acuícola y pesquero, en los municipios de Armería, Coquimatlán, Comala, Colima, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez del estado de Colima.

Que el secretario de Desarrollo Rural del gobierno del estado y el delegado de la Sagarpa en el estado de Colima, a través del Sistema de Operación y Gestión Electrónica con fecha 17 de marzo de 2015, formularon la solicitud con número de folio 301285 al titular de esta Secretaría para emitir la declaratoria por desastre natural en virtud a los daños ocasionados al sector agropecuario, acuícola y pesquero por el fenómeno meteorológico señalado en el considerando anterior, así como los recursos del componente, manifestado su acuerdo y conformidad con las fórmulas de coparticipación de recursos establecidas en la normatividad aplicable.

Que en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 118 de las reglas de operación, la Dirección General de Atención al Cambio en el Sector Agropecuario, como unidad responsable del Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero, se cercioró de que la autoridad técnica competente hubiese remitido su dictamen técnico sobre la ocurrencia de este fenómeno, mismo que mediante oficio JAG.COL.1.1/087/2015, con fecha 17 de marzo de 2015, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) corrobora la ocurrencia de lluvias atípicas del 13 al 16 de marzo de 2015 en los municipios de Armería, Coquimatlán, Comala, Colima, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez del estado de Colima.

Por los argumentos antes expuestos, la comisión dictaminadora, considera que el presente dictamen en sentido negativo, tiene a bien poner a consideración del pleno los siguientes:

Acuerdos

Primero: Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, para que atienda la solicitud del Gobierno del estado de Colima, a fin de que se liberen los recursos que maneja el Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC), en apoyo a todos los productores agrícolas que han sido afectados en sus cultivos con motivo de las recientes lluvias en la entidad.

Segundo: Archívese el expediente como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2015.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego

Diputados: José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Ofelia Limón Robles (rúbrica), Marisol Morales Fernández (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo, Pedro Porras Pérez (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez, Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Adriana Soto Martínez (rúbrica), secretarios; Salvador Barajas del Toro, Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica en abstención), Mónica Clara Molina (rúbrica), Mario César Gaona García (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Alicia Hernández Monroy (rúbrica), José Luis Martínez Meléndez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez, José Luis Oliveros Usabiaga, Jorge Alfredo Pérez Covarrubias (rúbrica en abstención), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Micaela Rodríguez Zamora (rúbrica), Rodrigo Rosas Esparza, Blas Ramón Rubio Lara, Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Gildardo Sánchez González (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica)

De la Comisión de Derechos Humanos, por el que se desechan tres proposiciones con punto de acuerdo en materia de discriminación a personas tatuadas, con perforaciones y con preferencias sexuales diferentes

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI, 81, numeral II, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de lo siguiente:

I. Antecedentes

A. El 19 de febrero de 2015, la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de dotar de mayor información a la sociedad en general sobre el tema de modificación corporal (tatuajes y perforaciones).

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que la proposición con punto de acuerdo referida fuera remitida a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen, siendo recibida en este órgano legislativo en fecha 20 de febrero de 2015.

B. El 24 de febrero de 2015, la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó dos proposiciones con punto de acuerdo, una por la que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), para que realice un estudio sobre la discriminación actual de las personas con tatuajes en el país, así como una campaña publicitaria que fomente el respeto y tolerancia a las personas tatuadas, la otra, por la que se exhorta al mismo Conapred para que realice una campaña publicitaria que fomente el respeto y tolerancia de las personas con preferencias sexuales diferentes.

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que ambas proposiciones con punto de acuerdo fueran remitidas a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen, siendo recibidas en esta Comisión en fecha 25 de febrero de 2015.

II. Finalidad de las proposiciones con punto de acuerdo

A. Proposición relativa a las modificaciones corporales (tatuajes y perforaciones)

La proposición con punto de acuerdo de la diputada García de la Cadena Romero se compone de un exhorto, mismo que se transcribe:

Único. Se exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de dotar de mayor información y conocimiento a la sociedad en general sobre el tema de modificación corporal (tatuajes y perforaciones), así como para evitar que sean discriminados quienes se someten a estas modificaciones.

La proponente sustenta su proposición con base en las siguientes consideraciones:

Argumenta en torno a la discriminación que este fenómeno se practica diariamente y que se ha buscado combatirlo de diversas maneras. Indica que existen grupos más vulnerables ante la discriminación, entre ellos, [...] las personas que han realizado alguna modificación corporal, en específico, quienes son portadoras de tatuajes y/o perforaciones [...]

Acto seguido, la proponente señala qué se entiende por tatuaje de acuerdo con la Real Academia Española, así como el sentido y alcance que suele dársele a los mismos. La proponente, realiza lo propio con el tema de las perforaciones.

Destaca que hoy día existen multitud de prejuicios en torno a estos elementos donde [...] no es muy bien visto –indicando que– no debemos juzgar a las personas por su apariencia, sabemos que lo diferente causa temor pero no debemos manifestarlo como marginación [...]

Agrega que con el objetivo de prevenir estos hechos fue expedida la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación cuyo artículo 2º. dispone la obligación del Estado de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas.

En razón de lo anterior, deriva que [...] es de suma importancia que como sociedad trabajemos con más información, nuestra cultura, el hecho de que una persona porte un tatuaje o perforación, no implica que las aptitudes, actitudes y conocimientos sean limitados o no cuenten con los mismos valores y educación que alguien que no se halla sometido a este tipo de modificaciones corporales, es esencial que trabajemos juntos para erradicar este tipo de discriminaciones [...]

B. Proposición relativa a las personas tatuadas

La proposición con punto de acuerdo de la diputada Quiroga Anguiano, relativa a las personas tatuadas se compone de dos exhortos, mismos que se transcriben:

Primero. Se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación realice un estudio detallado, profesional y analítico de las personas discriminadas en México por tener tatuajes.

Segundo. Se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación realice una campaña publicitaria que fomente el respeto y tolerancia de las personas con tatuajes y que la misma sea difundida en los diferentes medios de comunicación masiva, así como dentro de las diversas dependencias de gobierno federal y local.

La proponente sustenta su proposición con base en las siguientes consideraciones:

Indica que la discriminación es un gran problema que existe en nuestro país, el cual por cierto fomenta la división y discordia. Señala que sus causas son variables y nos impide como nación apreciar la gran riqueza que posee nuestro país.

Acto seguido se refiere al papel de los tatuajes a lo largo de la historia, así como también la discriminación que se ha dado desde tiempos de la antigua Grecia y Roma donde se marcaba a los prisioneros de guerra, a los esclavos y a los criminales. Señala que existe un “estigma” por [...] asociar lo malo o visceral con el tatuaje –lo que se– ha trasladado hasta nuestra actualidad y ha adoptado un fuerte arraigo en la costumbre mexicana [...] Agrega que en nuestra sociedad [...] se prejuzga bajo métodos poco claros, como personas desaseadas, rebeldes, conflictivas y peligrosas. Se les asocia con el consumo de estupefacientes y portadores de enfermedades. E incluso se les atribuye una discapacidad o que no pueden practicar tareas o actividades de forma limpia, sana o justa. Bajo esta premisa, se les niegan oportunidades, se les juzga por el aspecto físico y en consecuencia, se discrimina por su condición [...]

Sin citar fuente, señala que [...] tan sólo en el Distrito Federal, para 2013, 4 por ciento de las denuncias realizadas ante la Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, fueron hechas por personas discriminadas por tener tatuajes o perforaciones, que si bien puede resultar un mínimo porcentaje, también es cierto que esas minorías deben ser atendidas con prontitud [...]

Allende lo dicho, la proponente refiere el trato que las personas tatuadas reciben en nuestra sociedad y cómo se desconoce la real dimensión de ese arte. Adicionalmente, indica que es al Conapred a quien le corresponde diseñar estrategias e instrumentos, así como promover programas, proyectos y acciones que prevengan y eliminen tal conducta abusiva, de tal suerte que debe ser el Conapred la institución que establezca campañas que promuevan y fomenten el respeto de los derechos de las personas con tatuajes.

C. Proposición relativa a las personas con preferencias sexuales diferentes

La proposición con punto de acuerdo de la diputada Quiroga Anguiano relativa a las personas con preferencias sexuales diversas se compone de dos exhortos, mismos que se transcriben:

Primero. Se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a realizar una campaña que fomente el respeto y tolerancia de las personas con preferencias sexuales diferentes.

Segundo. Se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación que la campaña publicitaria que realice respecto al tema de la diversidad sexual, sea difundida en los diferentes medios de comunicación masiva así como dentro de las diversas dependencias de gobierno federal y local para mayor difusión.

La proponente sustenta su proposición con base en las siguientes consideraciones:

Señala la diputada proponente que desde el año 1990, la Organización Mundial de la Salud [...] excluyó a la homosexualidad de la clasificación estadística internacional de enfermedades y otros problemas de salud, convirtiéndose en uno de los primeros grandes pasos legales para reconocer esta preferencia a nivel mundial [...]

Agrega que a partir de ello han tenido lugar diversas modificaciones a los ordenamientos jurídicos, así como “cambios de costumbres en la sociedad” . De este modo, señala que el día 29 de abril del año 2003 se aprobó en México la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y en noviembre de 2006 fue promulgada la Ley de Sociedades de Convivencia en el Distrito Federal. Ordenamientos que, pese a no ser completos constituyen un gran avance en el tema de la discriminación.

Así también, destaca diversas modificaciones a los ordenamientos del estado de Coahuila y del Distrito Federal, junto con la adopción nacional del día 17 de mayo de 2010 como “Día por la tolerancia y el respeto a las diferencias.”

Con base en lo anterior, la diputada proponente destaca que si bien se dispone de una normativa en la temática, aún perviven en el país tabúes y mucho desconocimiento del tema dentro de la población, por ello, destaca que su propuesta [...] busca difundir entre los mexicanos la existencia de este sector social vulnerable, fomentando el respeto e igualdad de sus derechos, la tolerancia y la buena convivencia en la sociedad, de tal forma que se permita la incorporación a una sociedad plural en armonía y fuera de toda discriminación [...]

Finalmente, agrega que [...] el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es la autoridad responsable, de acuerdo al artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de diseñar estrategias e instrumentos, así como promover programas, proyectos y acciones que prevengan y eliminen tal conducta abusiva, de tal suerte que es ella la única en establecer una campaña que promueva y fomente el respeto de los derechos de las personas con preferencias sexuales diversas. En este contexto, resulta necesario que como autoridad encargada de velar por sus derechos, se realice una difusión informada y respetuosa en los diversos espacios públicos y privados de todas las entidades federativas del país, para que sus derechos se hagan del conocimiento público y se fomente la tolerancia a los mexicanos para una mejor cohesión social [...]

IV. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

Esta Comisión de Derechos Humanos se ha pronunciado en repetidas ocasiones en el sentido de condenar los hechos discriminatorios que se siguen cometiendo en nuestro país y, al mismo tiempo, ha emprendido medidas contundentes desde el ámbito legislativo a fin de que pueda erradicarse esta práctica en nuestro país.

De este modo, el pasado 20 de marzo de 2014 fue Publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación” En cuyo proceso legislativo la presente Comisión de Derechos Humanos tuvo un activo y preponderante papel.

La reforma en cuestión redefine la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, incluyendo elementos del derecho internacional, recomendaciones y observaciones internacionales formuladas, así como un nuevo diseño al Conapred que le permita hacer efectivas con mayor fortaleza sus atribuciones encomendadas.

Ello da cuenta del compromiso que esta Comisión ha asumido en el tópico de la discriminación. Ahora bien, en el caso particular de las proposiciones con punto de acuerdo sujetas a estudio, se coincide plenamente con los postulados de las proponentes, más sin embargo, tras un minucioso estudio, análisis y reflexión, se ha llegado a la conclusión que deben de ser dictaminadas en sentido negativo. Las razones que nos han llevado a esta conclusión son las siguientes:

Primero. El Conapred realiza ya diversas campañas para evitar la discriminación de la que son objeto las personas con tatuajes, perforaciones y que poseen preferencias sexuales diferentes. Incluso, se ha pronunciado en repetidas ocasiones a fin de condenar estos actos que atentan contra la dignidad de las personas1 . En este sentido, el Conapred ha emprendido ya acciones en la materia. Por lo que su proceder no ha sido omiso en este tema.

En el caso del exhorto dirigido a las “Secretarías de Gobernación y de Educación Pública, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos” a efecto de dotar mayor información y conocimiento a la sociedad en general sobre el tema de modificación corporal, debe indicarse que, conforme a la propia Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que la diputada proponente cita, corresponde esta labor de promoción al propio Conapred quien es la institución especializada en el tema de la discriminación. No obstante, al Conapred ya realiza acciones en este sentido por lo que carece de materia el pedimento.2

Segundo. En el caso del exhorto relativo a que el Conapred realice un estudio sobre la discriminación actual de las personas con tatuajes en el país, se indica que el Conapred ha previsto ya en diversos estudios realizados la variable de la discriminación por efecto de los tatuajes. Existiendo ya insumos que permiten analizar esta situación.3

Tercero. La discriminación por tatuajes (o por perforaciones) resulta ser esencialmente una discriminación por apariencia física, respecto de la cual existen muchos insumos elaborados por el Conapred4 . Adicionalmente, de quererse hacer un estudio especializado sobre las personas con tatuajes, no se estaría justificando por qué se realiza este estudio frente a otros posibles como: personas con perforaciones o piercing, personas con color de pelo teñido, personas con problemas de calvicie, personas con formas de vestir diversas a las concebidas como “usuales”, entre otras tantas. No se aportan argumentos cualitativos que justifiquen la prelación para realizar un estudio especializado.

Cuarto. En el caso de las campañas publicitarias y de concientización (tatuajes, perforaciones y personas con preferencias sexuales diversas) no se aportan razones cualitativas de parte de las proponentes con las que justifiquen racionalmente su pretensión (en el caso de la diputada Quiroga Anguiano sólo, sin aportar fuentes, se indica que “Tan sólo en el Distrito Federal, para 2013, 4 por ciento de las denuncias realizadas ante la Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, fueron hechas por personas discriminadas por tener tatuajes o perforaciones, que si bien puede resultar un mínimo porcentaje, también es cierto que esas minorías deben ser atendidas con prontitud.”)

Al respecto, esta Comisión no niega en modo alguno que las personas con tatuajes, perforaciones o con preferencias sexuales diferentes, en efecto, muchas veces son víctimas de discriminación en nuestra sociedad, más ello no constituye un argumento suficiente para la procedencia de las medidas planteadas porque, por una parte son realizadas ya por el Conapred (directamente en el ámbito de las preferencias sexuales y mediante la discriminación por apariencia en el caso de tatuajes y perforaciones) y, por la otra, no se aportan razones cualitativas que justifiquen en el sentido del “test de proporcionalidad”5 su procedencia particularizada.

Lo anterior se justifica en el principio de igualdad sustantiva o material que debe guiar toda política pública, pues no existen elementos en las propuestas que permitan realizar una prelación de estos sectores con respecto a otros tantos en condición de vulnerabilidad y de continua discriminación (véase: migrantes; indígenas; personas de la tercera edad; madres solteras; minorías étnicas, religiosas o incluso políticas; personas en situación de pobreza e incluso calle; afrodescendientes; jóvenes; extranjeros; enfermos; personas con discapacidad; ex reclusos y otros tantos grupos sub representados.)

El argumento que las proponentes indican, en el sentido de que las personas con tatuajes, perforaciones o preferencias sexuales diversas son discriminadas, no puede ser considerado como un argumento que dé prelación sobre otros tantos sectores. Como es sabido, la propia naturaleza de los derechos humanos guarda particulares características, mismas que los hacen (a los derechos humanos) ser especialmente diversos a otros tópicos de la ciencia jurídica.

A diferencia de otros derechos, en el caso de los derechos humanos las decisiones nunca pueden ser tomadas únicamente bajo el criterio del principio de las mayorías, sino más bien bajo el criterio de la razón y la objetividad sustantiva, son precisamente estos los criterios bajo los cuales se erige un Estado constitucional y democrático de derecho que ha colocado a los derechos fundamentales como su eje central de actuación. Luigi Ferrajoli, ha indicado que:

“De aquí la connotación “sustancial” impresa por los derechos fundamentales al Estado de derecho y a la democracia constitucional. En efecto, las normas que adscriben... los derechos fundamentales... son “sustanciales”, precisamente por ser relativas no a la “forma” (al quién y al cómo) sino a la “sustancia” o “contenido” (al qué) de las decisiones(o sea, al qué no es lícito decidir o no decidir). Resulta así desmentida la concepción corriente de la democracia como sistema político fundado en una serie de reglas que aseguran la omnipotencia de la mayoría. Si las reglas sobre la representación y sobre el principio de las mayorías son normas formales en orden a lo que es decidible por la mayoría, los derechos fundamentales circunscriben la que podemos llamar esfera de lo indecidible: de lo no decidible que, y de lo no decidible que no... el principio formal de la democracia política, relativo al quién decide y al cómo se decide –en otras palabras, el principio de la soberanía popular y la regla de la mayoría– se subordinan a los principios sustanciales expresados por los derechos fundamentales y relativos a lo que no es lícito decidir y a lo que no es lícito no decidir”6

Atento a lo anterior, se requieren de elementos de orden cualitativo que permitan justificar la prelación que de un determinado sector de la población se hace en materia de derechos humanos y no únicamente la retórica discursiva de su “discriminación.”

En los casos sujetos a análisis, ciertamente las personas con tatuajes, perforaciones o preferencias sexuales diversas, se constituyen en grupos discriminados, sin embargo, en un análisis ponderado, puede advertirse que quizá existan otros sectores que cualitativamente se encuentren en situación de mayor urgencia que demanda atención inmediata como podrían ser los migrantes, los pueblos indígenas, víctimas de trata, personas con discapacidad, etcétera. Ello, resulta también esencial cuando además de la prelación cualitativa tiene que hacerse frente a una situación de costos de oportunidades (qué otro sector con mayor urgencia podría verse beneficiado con esta decisión).

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de dotar de mayor información a la sociedad en general sobre el tema de modificación corporal (tatuajes y perforaciones), presentada por la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para que realice un estudio sobre la discriminación actual de las personas con tatuajes en el país, así como una campaña publicitaria que fomente el respeto y tolerancia a las personas tatuadas, presentada por la diputada Karen Quiroga Anguiano del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Tercero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para que realice una campaña publicitaria que fomente el respeto y tolerancia de las personas con preferencias sexuales diferentes, presentada por la diputada Karen Quiroga Anguiano del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Cuarto. Archívese los asuntos indicados en los resolutivos primero, segundo y tercero de este acuerdo y ténganse como total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.

Notas:

1 Véase: nota del diario El Universal “Conapred censura prejuzgar tatuajes” viernes 16 de julio de 2010, consultado online en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179085.html

2 En pláticas con personal del Conapred, a esta presidencia se le comunicó que, entre las campañas que realiza el Conapred en este tópico se encuentran las siguientes: Campaña nacional “#SinTags, la discriminación no nos define”, la cual “es una campaña derivada del Movimiento Discurso Sin Odio, (“No Hate Speech Movement”) iniciado y dirigido por el Consejo de Europa entre 2012 y 2014; la cual a su vez forma parte del proyecto “Jóvenes que Combaten el Discurso de Odio en Línea” implementada a nivel internacional. Entre los ejes temáticos de la campaña nacional “#Sin Tags, la discriminación no nos define”, se encuentra el denominado “Sin Homofobia”, mediante el cual se busca crear conciencia sobre el menoscabo en los derechos y la violencia ocasionada por la intolerancia hacia la diversidad sexual. En ese sentido, este eje tiene como finalidad impulsar el respeto a las preferencias sexuales.” Otra programa es la Campaña Internacional contra el odio No Hate (NOH8), la cual busca reforzar la lucha en contra del odio y con ello combatir la homofobia, el clasismo, el racismo, la misógina y la xenofobia, entre otras problemáticas.

3 Véase el Proyecto Tatuajes, Arte, Identidad y Discriminación que realiza el Conapred.

4 Véanse las Encuestas Nacionales sobre la Discriminación en México que realiza el Conapred en la que se prevé esta variable. Así también, el “Reporte sobre la discriminación en México, 2012” del Conapred en el que se indica: “Los tatuajes tienen una connotación negativa para los empleadores, pues, en muchas ocasiones consideran que quien posee alguno representa un alto riesgo delictivo, con lo que se deja de lado la capacidad que pueden tener para desempeñar un trabajo.” Pág. 74.

5 Dicho test de proporcionalidad, lo ha repetido en diversas ocasiones esta Comisión señalando que el mismo conlleva el que una medida guarde la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, que se requiere para alcanzar el objetivo planteado.

6 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantías. La ley del más débil. Ed. Trotta. Trad., de Perfecto Andrés Ibáñez. 7ª ed. Madrid, 2010. Pág. 51.

La Comisión de Derechos Humanos

Diputados: Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), presidente; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Minerva Marisol Sánchez Hernández (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Leticia Salas López (rúbrica), José Luis Muñoz Soria, Roberto Cabrera Solís (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Álvaro Martínez García (rúbrica).

De la Comisión de Derechos Humanos, por el que se desechan tres proposiciones con punto de acuerdo en materia de cumplimiento de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre procuración, defensa y salvaguarda de los derechos fundamentales en distintas entidades federativas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI, 81, numeral II, 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de lo siguiente:

I. Antecedentes

A. El 19 de febrero de 2015, el diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta al Gobierno del estado de Morelos para que atienda las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en materia de procuración de defensa y salvaguarda de los derechos humanos en esa entidad federativa.

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que la proposición con punto de acuerdo referida fuera remitida a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen, siendo recibida en esta Comisión en fecha 20 de febrero de 2015.

B. El 19 de febrero de 2015, la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado de Guerrero para que atienda las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en materia de procuración de defensa y salvaguarda de los derechos humanos en esa entidad federativa.

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que tal proposición con punto de acuerdo fuera remitida a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen, siendo recibida en esta Comisión en fecha 20 de febrero de 2015.

C. En fecha 19 de febrero de 2015, el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado de Tabasco para que atienda las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en materia de procuración de defensa y salvaguarda de los derechos humanos en esa entidad federativa.

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que tal proposición con punto de acuerdo fuera remitida a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen, siendo recibida en esta Comisión en fecha 20 de febrero de 2015.

II. Finalidad de las proposiciones con punto de acuerdo

A. Proposición relativa al exhorto para el Gobierno del estado de Morelos

La proposición con punto de acuerdo del diputado Ramírez Romero se compone de un exhorto, mismo que se transcribe:

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno del estado de Morelos a que atienda de manera oportuna y puntual, las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de procuración defensa y salvaguarda de los derechos humanos en esa entidad federativa.

El proponente sustenta su proposición, de manera sintética, con base en las siguientes consideraciones:

Argumenta que [...] nuestro país atraviesa una profunda crisis en materia de promoción, defensa, garantía y salvaguarda de los derechos humanos [...] y señala que el estado de Morelos [...] representa una de las entidades federativas más violentas del país [...]

Acto seguido, el proponente indica qué ilícitos [...] como la detención arbitraria, la “siembra” de droga y tratos crueles, fueron las principales causas de queja ante la Comisión de Derechos Humanos contra elementos policías adheridos al Mando Único, dependiente de la Comisión Estatal de Seguridad [...], agregando que [...] al cierre de 2014, el organismo defensor sumó más de 259 quejas promovidas por ciudadanos y ciudadanas que denunciaron haber sido víctimas de abusos policíacos en los municipios donde opera el Mando Único [...]

Así, en esa tesitura, concluye que tales sucesos [...] obligan al gobierno del estado de Morelos a atender de manera puntual oportuna y expedita, todas aquellas recomendaciones emitidas por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos [...]

B. Proposición relativa al exhorto para el Gobierno del estado de Guerrero

La proposición con punto de acuerdo de la diputada Mondragón González se compone de un exhorto, mismo que se transcribe:

Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Guerrero a atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de procuración defensa y salvaguarda de los derechos humanos en esa entidad.

La proponente sustenta su proposición con base en las siguientes consideraciones:

Señala que en [...] los últimos dos años, México ha sido un foco rojo en materia de derechos humanos –añadiendo que- algunos estados intensifican esta característica por la violencia que se vive en las entidades [...]

Da cuenta que ilícitos como las detenciones arbitrarias, las desapariciones, los hostigamientos, las ejecuciones extrajudiciales y otros acontecimientos acaecidos en el país son muestra de lo anterior.

Explica que [...] Guerrero ha sido uno de los territorios con mayor conflicto en el país en los últimos años [...] y detalla, que desde tiempo atrás, se ha mantenido la impunidad sobre diversos hechos violentos y actos deleznables como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Menciona también que diversas organizaciones en Guerrero han recibido amenazas por parte de autoridades estatales e incluso del gobernador interino de aquella entidad y describe que la CNDH, hoy en día, mantiene abierto el expediente de queja sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Por lo anterior, concluye que [...] estos hechos obligan al gobierno de Guerrero a atender de manera puntual oportuna y expedita todas las recomendaciones emitidas por la CNDH y organismos como la CIDH [...]

C. Proposición relativa al exhorto para el Gobierno de Tabasco

La proposición con punto de acuerdo del legislador Cáceres de la Fuente se compone de un exhorto, mismo que se transcribe:

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Tabasco a que atienda de manera oportuna y puntual las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de procuración defensa y salvaguarda de los derechos humanos en esa entidad federativa.

El proponente sustenta su proposición con base en las siguientes consideraciones:

Señala que la salvaguarda de los derechos humanos debe inscribirse como una de las prioridades fundamentales del Estado de Derecho. Lamenta que [...] en nuestro país, las violaciones en materia de derechos humanos tales como las detenciones arbitrarias, desapariciones, hostigamientos, ejecuciones extrajudiciales, entre otras, se inscriben como una realidad lacerante para la sociedad mexicana [...]

Por lo que hace al estado de Tabasco, menciona que en el mismo han acontecido [...] graves y reprobables hechos en materia de violaciones a los derechos humanos de la sociedad en general, en donde el gobierno, por acción u omisión incumple con su tarea de respetar, proteger y defender los derechos humanos [...]

Precisa que en esa entidad [...] se han presentado acontecimientos de maltrato y sometimiento por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración y autoridades estatales, particularmente en la localidad de Tenosique, en perjuicio de la comunidad migrante [...] y da cuenta de otros sucesos que han dado origen a la emisión de recomendaciones por parte de la CNDH –sin precisar que recomendaciones–.

Con base en lo anterior, el legislador concluye que [...] estos hechos ponen de manifiesto la urgente necesidad de que el gobierno de Tabasco atienda de manera oportuna y expedita, todas aquellas recomendaciones emitidas por parte de la CNDH a efecto de subsanar de manera puntual todas aquellas irregularidades que suponen un impedimento para el pleno goce de los derechos humanos a favor de la población [...]

IV. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

Esta Comisión de Derechos Humanos en diversas ocasiones ha manifestado su rechazo total hacia cualquier acto que vulnere la dignidad de las personas y que atente contra su integridad. Asimismo desaprueba, enérgicamente, la comisión de delitos como la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales, entre otros, así como la impunidad de que puedan beneficiarse las personas que los cometen.

Cada violación a los derechos humanos lastima a la sociedad entera y, más aún, cuando quienes la cometen tienen el deber moral, ético y profesional de proteger a las personas por ser servidores públicos. De ninguna manera en un Estado que se sustente como democrático y de derecho puede soslayarse el compromiso de garantizar a las personas el ejercicio y disfrute de sus prerrogativas.

Quienes integran la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, están ciertos que esos delitos no pueden justificarse por ningún motivo, por más se alegue la protección de una sociedad.

Ahora bien, en lo que hace a la materia de las proposiciones sujetas a estudio, esta dictaminadora advierte que las mismas presentan una finalidad común: exhortar a los gobiernos de tres entidades federativas –Morelos, Guerrero y Tabasco- para que cada uno atienda las recomendaciones que la CNDH les ha dirigido en materia de procuración, defensa y salvaguarda de los derechos humanos.

Para dictaminar sobre tales propuestas, se estima conveniente hacer un análisis que vincule dicha finalidad con las razones que la motivan y, no sólo circunscribirse al texto literal de las propuestas de acuerdo. Lo anterior para reforzar la opinión técnica de esta Comisión de Derechos Humanos.

Así entonces cabe señalar lo siguiente:

1. Los diputados proponentes presentan las proposiciones en términos imprecisos jurídicamente, además de muy generales, al señalar cada uno que las mismas buscan que se [...] atienda de manera oportuna y expedita, todas aquellas recomendaciones emitidas por parte de la CNDH [...], es decir, por una parte, en sus escritos hacen de lado el carácter no vinculante que tienen las recomendaciones que emite el organismo nacional de derechos humanos.

Por otra parte, arroja sobre esta Representación Popular una atribución que no le es propia: exhortar se cumpla una determinación que emitió otra instancia.

Finalmente, omite determinar a qué recomendaciones alude su propuesta, toda vez que en su escrito refieren un universo tan amplio en tiempo, lugar, destinatario, que resulta inasequible para esta Comisión determinar cuáles son las recomendaciones concretas sobre las que proponen se pronuncie el Pleno de la Cámara de Diputados que es, precisamente, el objetivo que reviste esta clase de propuestas en los términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

En otras palabras expresado, de aceptarse en esos términos las proposiciones, podrían generarse, según se aprecia, tres situaciones: la primera, tiene que ver con hacer un lado la naturaleza propia de las recomendaciones, ya que conforme a lo señalado por el artículo 102, inciso B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 6, fracción III, de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos –LCNDH–, las recomendaciones son no vinculatorias, esto es que carecen de obligatoriedad y, por tanto, no crean deberes u obligaciones para quien las recibe.

La segunda atañe a una invasión de atribuciones porque esta Asamblea Legislativa carece de competencia para solicitar que se cumplan esas recomendaciones; incluso precisamente por su naturaleza no vinculante, no corresponde a la autoridad que las emite exigir u obligar su cumplimiento. En todo caso aquélla, de acuerdo con nuestro sistema jurídico, debe promover la actuación del Senado de la República y, en un momento dado, denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa que corresponda a los servidores públicos señalados en la recomendación como responsables (artículo 46 de la LCNDH).

Por cuanto a la tercera situación, la misma versa sobre la inefectividad del exhorto, toda vez que las propias autoridades a las que se dirigiera el mismo, no tendrían referencia específica sobre a qué recomendaciones se refiere.

Adicionalmente, no se omite mencionar que anteriores ocasiones esta Comisión ha aprobado exhortar a la Secretaría de Gobernación para que la misma, en uso de las atribución que le confiere el artículo 27 fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dé seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los organismos protectores de derechos humanos.1 Sin embargo, cabe precisar que en tales ocasiones los requerimientos formulados a la Secretaría de Gobernación han versado sobre recomendaciones claramente identificadas y en las que se hacen evidentes las violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de una o más autoridades y la situación actual de las mismas.

En ese orden de ideas y toda vez que no es de prosperar el planteamiento por los motivos vertidos en el presente dictamen, habrán de desecharse las proposiciones con punto de acuerdo que se analizan.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Gobierno del estado de Morelos a que atienda de manera oportuna y puntual, las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de procuración, defensa y salvaguarda de los derechos humanos en esa entidad federativa, presentada por el diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Segundo. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Gobierno del estado de Guerrero a atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de procuración, defensa y salvaguarda de los derechos humanos en esa entidad, presentada por la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Tercero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Gobierno del estado de Tabasco a que atienda de manera oportuna y puntual las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de procuración, defensa y salvaguarda de los derechos humanos en esa entidad federativa, presentada por el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Cuarto. Archívense los asuntos indicados en los resolutivos primero, segundo y tercero de este acuerdo y ténganse como total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.

Nota:

1 Véase el dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación del orden federal a que haga uso de sus facultades a efecto de generar las condiciones que permitan el cumplimiento de la recomendación 061/2011 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Disponible en:
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/012_comisioneslxii/01_ordinarias/
016_derechos_humanos/04_dictamenes/04_puntos_de_acuerdo/02_en_sentido_positivo

La Comisión de Derechos Humanos

Diputados: Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), presidente; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Minerva Marisol Sánchez Hernández (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Leticia Salas López (rúbrica), José Luis Muñoz Soria, Roberto Cabrera Solís (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Álvaro Martínez García (rúbrica).

De la Comisión de Derechos Humanos, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, a fin de reconocer a los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, donde fueron atacados y desaparecidos estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, como un crimen de lesa humanidad

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de lo siguiente:

I. Antecedentes

A. El 7 de abril de 2015, los diputados José Luis Esquivel Zalpa y Manuel Rafael Huerta ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de la Agrupación de Movimiento de Regeneración Nacional, respectivamente, presentaron proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, a fin de reconocer a los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, donde fueron atacados y desaparecidos estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, como un crimen de lesa humanidad.

B. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera, para dictamen, a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo en cuestión se compone de un exhorto, mismo que se trascribe:

Único. Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que se exhorte a la Procuraduría General de la República para que reconozca que los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, donde fueron atacados y desparecidos estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, son un crimen de lesa humanidad.

Los proponentes sustentan su petición con base en diez consideraciones. En la primera de ellas indican que [...] el pasado 19 de marzo de 2015 el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamo a las autoridades del Estado Mexicano, particularmente al poder Judicial de la Federación, a que considerará la agresión sufrida por estudiantes de la normalista, en Iguala, el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014 como un caso de “desaparición forzada”. Agregan en la segunda consideración diversas argumentaciones del referido grupo interdisciplinario por las cuales debe ser considerado el hecho como desaparición forzada y no como “homicidio, secuestro o de otro tipo penal [...]

En la tercera condición indican que el día 20 de marzo de 2015 fue dado a conocer por parte de la PGR que en dicho asunto [...] no se advierte que se pudiera tratar de ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil, sino que fueron hechos que si bien son delicados, sensibles y relevantes, constituyen acontecimientos aislados [...]

En la cuarta consideración, los proponentes hacen referencia a la resolución AG/RES-666 (XIII - 0/83) de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, aprobada en sesión plenaria del 18 de noviembre de 1983, la cual refiere acerca de la desaparición forzada y su tratamiento.

El quinto considerando señala los diversos instrumentos internacionales en los que se tipifica el delito de desaparición forzada y de los que el Estado mexicano es parte: la Declaración sobre la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el Estatuto de la Corte Penal Internacional y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas.

En el sexto considerando, los proponentes señalan que en octubre de 2014 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que los hechos acontecidos en Ayotzinapa, Guerrero, implican violaciones graves a los derechos humanos consistentes en ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, atentados contra la integridad de las personas y omisiones en el cumplimiento de la función de seguridad pública. Los diputados proponente consideran, a partir de ello y de datos obtenidos el 21 de febrero de 2013 del CENAPI1 , que el caso de la desaparición forzada es en México una “práctica sistemática y recurrente.”

En el séptimo considerando indican que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha reconocido que en los hechos se está ante un caso de desaparición forzada de personas.

En el octavo considerando los proponentes indican que el 2 de febrero de febrero de 2015, durante el primer día de sesiones del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas en Ginebra, Suiza, el comisionado Julio Hernández Barros, como representante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) e integrante de la delegación mexicana, destaco que “es importante que se reconozca que en México existe la desaparición forzada para tener un diagnóstico real a partir del cual se pueda analizar y tomar las mejores decisiones para su erradicación”.

En la novena consideración señalan que el 24 de marzo de 2015 la CNDH destacó la importancia del derecho a la verdad, entre otros casos.

En el último considerando derivan los proponentes que [...] si existe consenso en los organismos internacionales especializados, así como en los expertos, que por desaparición forzada de personas debe entenderse “al secuestro llevado a cabo por agentes del Estado o grupos organizados de particulares que actúan con su apoyo o tolerancia, y donde las víctimas ‘desaparecen’, las autoridades no aceptan ninguna responsabilidad del hecho, ni dan cuenta de la víctima” y que el Código Penal Federal establece el tipo penal de desaparición forzada de personas e incluso la propia Procuraduría General de la República ha mencionado que consignó a los detenidos por los hechos acaecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, por el delito de desaparición forzada de personas, pero que el juez de distrito que conoce la causa penal es quien no obsequió el auto de formal prisión por lo que el Ministerio Público federal se inconformó, ahora resulta paradójico que la Procuraduría General de la República pretenda evadir la responsabilidad del Estado mexicano y considere que los hechos ocurridos no constituyen un delito de lesa humanidad [...]

III. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

En diversas ocasiones la Comisión de Derechos Humanos se ha pronunciado en temas vinculados con la desaparición forzada de personas. Si bien es cierto, las modificaciones legislativas de este orden han correspondido por regla general a la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados, en múltiples oportunidades se ha tenido la ocasión de tratar estos temas a lo largo del trabajo legislativo que compete a esta Comisión.

En el caso público y notoriamente conocido de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, esta Comisión no puede menos que reafirmar su enérgica condena y su exigencia para que sean investigados con prontitud y bajo los más altos estándares de exigencia los hechos acaecidos, en un marco de respeto y colaboración recíproca entre todos los poderes.

Hecho lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, tras analizar el pedimento de los diputados proponentes, presenta este dictamen en sentido negativo toda vez que el mismo resulta jurídicamente improcedente ante imprecisiones presentes en las propias consideraciones de los proponentes. Esta Comisión, debe dejar claramente asentado que un acontecimiento como el de Iguala no puede quedar en el olvido, constituye un punto de ruptura a partir del cual debe exigirse que acontecimientos como aquel jamás y nunca vuelvan a repetirse. Para ello, y en el ámbito legislativo, se requiere la tipificación adecuada de este delito, así como el establecimiento de altos estándares de exigencia a nuestros servidores públicos. Como hemos indicado, y cómo expondremos, el caso de la propuesta de mérito no es procedente ante diversas ambigüedades que a continuación se señalan:

Primero. Esta Comisión de Derechos Humanos no cuestiona –ni podría hacerlo al no ser su función- el carácter de desaparición forzada de los hechos acontecidos en Iguala, Guerrero. Las instancias con competencia para ello, así como organismos especializados han ya identificado que el caso es de desaparición forzada por lo que sobre este punto no existe disenso.

Segundo. Existe disenso en el carácter de “crimen de lesa humanidad”, toda vez que, en términos del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, tal carácter se deriva siempre que se trate de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. El artículo en cuestión indica:

Artículo 7

Crímenes de lesa humanidad

1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) a h) ...

i) Desaparición forzada de personas;

j) a k) ...

2. ...

3. ...

A esta Comisión de Derechos Humanos no corresponde en modo alguno ser instancia que catalogue o no la desaparición forzada de los estudiantes como un crimen de lesa humanidad. En todo caso, tal categoría ha sido delineada y se encuentra prevista especialmente en el ámbito internacional. Si bien es cierto México ha ratificado el Estatuto de Roma indicado, también lo es que un reto pendiente aún es el de la adecuada regulación en el ámbito legal de los crímenes constitutivos de lesa humanidad. En este sentido, si bien son parte ya del orden jurídico nacional, por su ratificación, no se cuenta con la estructura jurídica que permita procesar a los crímenes de lesa humanidad.

Sin catalogar el caso particular como un crimen de lesa humanidad, toda vez que no es función de esta instancia legislativa, se han advertido imprecisiones en los argumentos vertidos por los proponentes. En efecto, derivan el carácter de sistemático o generalizado que daría pauta a un crimen de lesa humanidad, a partir de datos erróneos. Indican que:

las desapariciones forzadas en México son un asunto transversal, no se tratan de hechos aislados, por el contrario se trata de una realidad diaria, constante, de una práctica sistemática y recurrente, de ello dan cuenta las miles y miles de personas desparecidas en nuestro país. Los datos no mienten, el 21 de febrero de 213 la ex subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, informó que el subsecretario anterior hizo entrega de una base de datos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia de la Procuraduría General de la República (Cenapi) que contiene una lista de más de 27 mil casos de desapariciones de este tipo. El 19 de enero de 2015 la encargada del despacho de la Subprocuraduría de la Procuraduría General de la República, Eliana García Laguna, afirmo, en esta misma Cámara de Diputados, en un Foro sobre Desaparición Forzada de Personas que “en el país hay un registro de 23 mil 271 personas extraviadas o desaparecidas.”

Como los propios proponentes dan cuenta en los números vertidos, existen registros de más de veinte mil personas desaparecidas en nuestro país (27 mil, 23 mil, las cifras ciertamente son inexactas), más sin embargo, debe recordarse que no toda desaparición es constitutiva de desaparición forzada de personas y, de hecho, los datos vertidos dan cuenta de desapariciones en general, dentro de las cuales pudiera caber el caso de desapariciones forzadas más sin embargo, y, de acuerdo con datos públicamente conocidos existe la certeza de que sólo una porción de tal espectro constituyen posibles casos de desaparición forzada de personas.2

En consecuencia, los proponentes derivan una conclusión errónea (la generalización) a partir de un inadecuado tratamiento de datos (considerar las más de 20 mil desapariciones como desapariciones forzadas).

Estos últimos datos provienen de la propia Procuraduría General de la República, por lo que evidentemente contradicen las afirmaciones de que no existen una práctica generaliza o sistemática de Desaparición Forzada en México.

Tercero. Sin presumir sobre el carácter de crimen de lesa humanidad, debe recordarse que la PGR es un órgano especializado a quien compete, entre otras cosas, la investigación y persecución de los delitos federales. A esta Comisión de Derechos Humanos no le compete en modo alguno indicar a la PGR cómo debe de realizar sus investigaciones o bajo que categoría perseguir los delitos.

Cuarto. Como los propios proponentes indican, la PGR consignó originalmente a los inculpados bajo el delito de desaparición forzada más sin embargo, un Juez de Distrito no consideró estos hechos de este modo. En consecuencia, la PGR obró en el sentido que fue indicado tanto por la CNDH, la CEAV y el propio Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Quinto. Finalmente, los proponentes solicitan que la PGR reconozca los hechos ocurridos como crímenes de lesa humanidad. El reconocimiento de este tipo de delitos no constituye en modo alguno una facultad que a la PGR le haya sido conferida. En todo caso, tratándose de delitos cuyo carácter rebasa las fronteras estatales, el reconocimiento de la categoría de este tipo de delitos corresponde al Estado mexicano en general, situación que, como adecuadamente indican los proponentes, fue realizada ya por el Estado mexicano en su reciente visita ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, a fin de reconocer a los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, donde fueron atacados y desaparecidos estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, como un crimen de lesa humanidad, presentada por los diputados José Luis Esquivel Zalpa y Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de la Agrupación de Movimiento de Regeneración Nacional.

Segundo. Archívese el asunto indicado y ténganse como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.

Notas:

1 Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia de la Procuraduría General de la República

2 “CNDH reporta 27 mil desaparecidos en México, cifra cercana a la de Segob” Nota del portal Aristegui noticias, 5 de junio de 2013. Disponible en: http://aristeguinoticias.com/0506/mexico/cndh-reporta-27-mil-desapareci dos/ y en el que se señala: “El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, reveló que en el recuento de esa comisión, se tiene el registro de 24 mil 800 personas desaparecidas y de 2 mil 443 casos más, en los que podría haber indicios de desapariciones forzadas”. Asimismo: “Información para el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU” Amnistía Internacional, disponible en: http://amnistia.org.mx/nuevo/wp-content/uploads/2015/02/amr410012015es. pdf donde se señala que de los más de 22 mil personas desaparecidas no se tiene certeza de cuántas han sido víctimas de desaparición forzada.

La Comisión de Derechos Humanos

Diputados: Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), presidente; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Minerva Marisol Sánchez Hernández (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Leticia Salas López (rúbrica), José Luis Muñoz Soria, Roberto Cabrera Solís (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Álvaro Martínez García (rúbrica).

De la Comisión de Derechos Humanos, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a fin de investigar las presuntas violaciones cometidas en contra del ciudadano Alejandro Mondragón, y al titular de la Secretaría de la Contraloría de esa entidad, para que se indague el presunto conflicto de interés entre el gobierno y la empresa Prosfer Corporación, SA de CV

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de lo siguiente:

I. Antecedentes

A. El 9 de abril de 2015, la diputada Roxana Luna Porquillo, integrante del Grupo Parlamentario del Parido de la Revolución Democrática presentó proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a fin de investigar las presuntas violaciones cometidas en contra del C. Alejandro Mondragón, y al titular de la Secretaría de la Contraloría de esa entidad, para que se indague el presunto conflicto de interés entre el gobierno y la empresa Prosfer Corporación, SA, de CV.

B. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera, para dictamen, a la Comisión de Derechos Humanos, siendo recibido en esta comisión en fecha 10 de abril de 2015.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo en cuestión se compone de tres exhortos, mismos que se trascriben:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla a investigar de acuerdo con sus atribuciones las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas contra el ciudadano Alejandro Mondragón durante el juicio por daño moral que enfrentó.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Puebla a detener los ataques contra las personas que ejercen el periodismo y a garantizar los derechos humanos a la información y expresión.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Contraloría de Puebla a investigar el presunto conflicto de interés entre el gobierno del estado y la empresa Prosfer Corporación, SA de CV.

La proponente sustenta su proposición con base en las siguientes consideraciones:

La proponente refiere que existe una tendencia nacional de la autoridades del país a “limitar los derechos humanos de expresión e información”. Señala que [...] las represiones, las amenazas, el hostigamiento y los ataques que enfrentan las personas que ejercen el periodismo en México son alarmantes. El país es considerado uno de los lugares más peligrosos para ejercer esta profesión [...]

Para sustentar sus afirmaciones indica que, [...] de acuerdo con datos presentados en el informe anual Estado de censura, de la organización Artículo 19, tan sólo en 2014 se registraron 326 ataques contra comunicadores, y 5 reporteros fueron asesinados. Además, en el país 1 periodista es agredido cada 26.7 horas. Estos datos representan un aumento de 80 por ciento del promedio de agresiones a la libertad de expresión en México durante los dos primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto [...]

Refiere igualmente, el caso del periodista y activista Pedro Canché, para quien la diputada proponente considera víctima de “persecución política y encarcelamiento injusto” . Caso similar, argumenta, ha sufrido el periodista Alejandro Mondragón.

Sobre el caso de Alejandro Mondragón, indica que por su labor periodística, en la que ha denunciado “distintos actos de corrupción del gobierno en turno del estado poblano” ha sido injustamente condenado por daño moral.

Sobre el caso particular refiere que en 2014 fue publicada, en el portal del periodista, una nota donde se señaló que la empresa Prosfer Corporación, SA de CV, fue constituida fiscalmente 16 días después de la toma de posesión del gobernador y que desde entonces ha ganado sin licitación los principales contratos de imagen –videoclips, comerciales y audiovisuales– del sexenio de Moreno Valle.

La proponente indica que [...] en las páginas de transparencia de la Secretaría de Turismo ni en la de Puebla Comunicaciones existen rastros de los contratos que le empresa presume en torno a la realización de spots para la feria de Puebla en 2012, y para el Tianguis Turístico que se realizó en la entidad en 2013 [...]

Como consecuencia de lo anterior, la diputada proponente concluye la existencia de [...] un presunto conflicto de interés entre Prosfer, la administración estatal y el ex director del organismo Puebla Comunicaciones, Marcelo García Almaguer [...]

Señala que, [...] ahora, Alejandro Mondragón se ha enfrentado a un juicio por la empresa Prosfer por daño moral, y el Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla ha fallado a favor de la empresa e impuesto una reparación del daño por una suma exorbitante: 2.5 millones de pesos [...]

Además, agrega que [...] Alejandro Mondragón ha asegurado que el Juzgado Segundo de lo Civil nunca le notificó sobre la denuncia ni sobre la sentencia, por lo que no pudo defenderse de la acusación en su contra, siendo violado su derecho al debido proceso. La persecución por parte del estado de Puebla en contra de periodistas y en aras de limitar la libertad de expresión e información es preocupante [...]

Acto seguido, la proponente indica que durante el gobierno de Moreno Valle han tenido lugar diversos actos de persecución e intimidación a la labor periodística en la Entidad. Concluye que [...] Puebla es un foco rojo en materia de derechos humanos. No debe olvidarse que en el estado continúa la resistencia a transparentar información relacionada con publicidad oficial, finanzas e infraestructura, y la defensa a cualquier costo de esta información que pudiese manchar la carrera presidencial de Rafael Moreno Valle [...]

III. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

En diversas ocasiones la Comisión de Derechos Humanos se ha pronunciado en temas vinculados con la libertad de expresión y la labor realizada tanto por periodistas como por defensores de derechos humanos. En tal sentido, incluso ha tenido la ocasión de aprobar la reforma legal que faculta a la federación a atraer los casos en los que puedan verse conculcados los derechos a la libertad de expresión de periodistas y defensores de derechos humanos.

Esta Comisión de Derechos Humanos aprovecha la ocasión para condenar enérgicamente todos aquellos procederes en los que el derecho fundamental y base de un Estado democrático, pueda verse menoscabado.

Sobre el caso particular, se ha estimado por esta Comisión de Derechos Humanos dictaminar el presente asunto en sentido negativo toda vez que los pedimentos solicitados carecen de materia.

En cuanto al primer pedimento, relativo a exhortar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a fin de “...investigar de acuerdo con sus atribuciones las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas contra el ciudadano Alejandro Mondragón durante el juicio por daño moral que enfrentó.” Debe indicarse que, la referida Comisión estatal carece de facultades al respecto, toda vez que el artículo 14 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla indica que “La Comisión no podrá conocer de los asuntos relativos a: I. Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales; II. Resoluciones de carácter jurisdiccional ...” (el remarcado es nuestro).

En caso de estimarse la existencia de un proceso en el que no hayan sido valoradas debidamente las pruebas o, como indica la proponente, ni siquiera haberse surtido los requisitos esenciales de todo proceso (como la notificación), la persona que se dice vulnerada en sus derechos fundamentales dispone de la garantía de amparo. Garantía que debe ser interpuesta ante los tribunales federales en los tiempos y formas legalmente reguladas.

Asimismo, debe indicarse que esta Comisión de Derechos Humanos ha obtenido información de parte del Mecanismo para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos y, en la cual, se nos ha indicado que el Mecanismo tiene conocimiento del asunto en cuestión, de tal manera que lo ha monitoreado pero aún no ha sido incluido como uno de sus casos toda vez que no ha superado el ámbito jurisdiccional y frente a tal circunstancia no tiene competencia dicho Mecanismo, más aún, cuando se ha estimado por el propio Mecanismo que el asunto corresponde a una controversia entre particulares (en lo relativo con la empresa Prosfer). Se ha indicado también a esta Comisión que, en caso de que del monitoreo se derive alguna situación que pueda comprometer la integridad del periodista, el Mecanismo implementará las medidas conducentes para garantizar dicha integridad.

Esta Comisión agrega que, del mismo modo, si el periodista considera que puede encontrarse en una situación que ponga en riesgo su integridad y, si considera que ha sido víctima de amenazas o persecuciones por parte del gobierno de la entidad, se dirija ante el órgano especializado en estos temas que resulta ser la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE). Por ello, se concluye también que el segundo exhorto no resulta adecuado pues, por un lado, esta Comisión de Derechos Humanos no puede (ni le corresponde) concluir la existencia de un clima tal que impida a los periodistas ejercer su labor en el Estado de Puebla y que, como lo presume la proponente, sea orquestado por el propio Gobierno Estatal. En todo caso, se insiste, se dispone de instituciones especializadas en la investigación de estos delitos en contra de la libertad de expresión (la FEADLE).

Finalmente, el tercer exhorto es inviable pues no constituye en modo alguno una materia de conocimiento para esta Comisión de Derechos Humanos. Se trata de un tema en el que se vincula la adecuada legalidad de los procedimientos administrativos, de control y fiscalización, situación que compete a los órganos de control internos a fin de determinar si ha existido un adecuado proceder conforme a las disposiciones legales y reglamentarias que, en este caso, regulan las licitaciones.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a fin de investigar las presuntas violaciones cometidas en contra del C. Alejandro Mondragón, y al titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de esa entidad para que se indague el presunto conflicto de interés entre el Gobierno y la empresa Prosfer Corporation, SA, de CV, presentada por la diputada Roxana Luna Porquillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo. Archívese el asunto indicado y ténganse como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 16 de abril de 2015

La Comisión de Derechos Humanos

Diputados: Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), presidente; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Minerva Marisol Sánchez Hernández (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Leticia Salas López (rúbrica), José Luis Muñoz Soria, Roberto Cabrera Solís (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Álvaro Martínez García (rúbrica).

De la Comisión de Derechos Humanos, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Seguridad para que investigue la detención con uso excesivo de la fuerza en contra de estudiantes normalistas del estado de Guerrero, así como al titular de la Secretaría de Educación Pública y al subsecretario de Gobernación, para que tomen diversas medidas relacionadas con la reposición del semestre de las normales rurales de dicho estado

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de lo siguiente:

I. Antecedentes

A. El 3 de febrero de 2015, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Seguridad a fin de investigar la detención con uso excesivo de la fuerza en contra de estudiantes normalistas del estado de Guerrero, así como al titular de la Secretaría de Educación Pública y al subsecretario de Gobernación, para que tomen diversas medidas relacionadas con la reposición del semestre de las normales rurales de dicho estado.

B. La Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición se remitiera a la Comisión de Derechos Humanos, siendo recibida en fecha 4 de febrero de 2015.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo en cuestión se compone de dos exhortos, mismos que se trascriben:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, a realizar una investigación a fondo que deslinde responsabilidades y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes a los policías federales que en el uso de sus facultades incurrieran en uso excesivo de la fuerza, misma que resultara en las agresiones físicas en contra de estudiantes normalistas de Guerrero.

Segundo. Exhorta al subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, y al titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, a sostener una reunión con los estudiantes normalistas del estado de Guerrero, a fin de atender sus demandas en cuanto a un programa y plazo para la recuperación del semestre escolar que se ha perdido, debido a la situación de gravedad que se ha presentado en dichas escuelas normales, derivado de los hechos ocurridos a estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero.

El proponente sustenta su proposición con base en las siguientes consideraciones:

El diputado proponente relata los hechos ocurridos, indicando que: el 28 de enero de 2015, policías federales retiraron de la caseta de peaje de Palo Blanco, en la Autopista del Sol, a un grupo de manifestantes normalistas, deteniendo en el sitio a 12 de ellos, quienes intentaban realizar un boteo. Agrega que, ante estos hechos, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó un día después de los hechos, que alrededor de las 14:00 horas, personal de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, asignado a la vigilancia y seguridad de la caseta de peaje de Palo Blanco, en la Autopista del Sol, identificó una camioneta tipo pick up de color blanco que no portaba placa de circulación al frente. Señala que a través de un comunicado, la CNS informó que “Los elementos marcaron el alto al conductor, pero éste hizo caso omiso y aceleró la marcha hacia la capital del estado”, señala el texto, añadiendo que los policías implementaron un dispositivo para alcanzarlo y lograron detenerlo varios kilómetros adelante.

Agrega que, de manera simultánea, se detuvo en la caseta a 12 estudiantes que iban a bordo de otro vehículo, quienes fueron liberados alrededor de las 14:40 horas, denunciando en su liberación que recibieron golpes y amenazas por parte de los elementos de la Policía Federal.

El proponente indica –sin citar adecuadamente– que el diario “El Sur de Acapulco” relata que los estudiantes detenidos tenían planeado reunirse el pasado miércoles 28 con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, en la Ciudad de México, para discutir opciones para recuperar el semestre en las nueve normales públicas del estado, pero el encuentro se canceló. Como resultado de ello, indica, los estudiantes se organizaron y se trasladaron de Acapulco a Chilpancingo, pero en la caseta de “La Venta” fueron detenidos por la Policía Federal, arribando más tarde sus compañeros y desencadenándose los hechos que motivan la presentación de su proposición.

III. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

Los hechos que motivan el pedimento del diputado proponente resultan de conocimiento público y son conocidos por esta Comisión. Asimismo, tras analizar a profundidad sus planteamientos, esta Comisión de Derechos Humanos, siguiendo la línea constante que ha mantenido en su labor de estudio y resolución, estima que la propuesta subyacente resulta inviable. Lo anterior, toda vez que los planteamientos presentados carecen en un caso de materia y, en el otro, rebasan el ámbito de lo posible para esta Comisión. Ello se estima así por lo siguiente:

En un primer exhorto, el diputado proponente plantea que la Cámara de Diputados exhorte al titular de la Comisión Nacional de Seguridad, a fin de realizar una investigación a fondo que deslinde responsabilidades y que, en su caso, aplique las sanciones correspondientes a los policías federales que pudieran haber incurrido en un uso excesivo de la fuerza. Sobre el particular, la Comisión de Derechos Humanos se ha documentado y tiene elementos suficientes que le permiten advertir que la Comisión Nacional de Seguridad ha realizado ya una investigación y ha determinado que se actuó conforme a los protocolos existentes por lo que el pedimento del proponente ha quedado sin materia.1

En lo concerniente al segundo exhorto, por el que se solicita que la Cámara de Diputados exhorte al subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, y al titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, a sostener una reunión con los normalistas del estado de Guerrero. Esta Comisión considera que el planteamiento rebasa la esfera de lo que es posible para esta Comisión, toda vez que carece de toda competencia, para dirigir a los servidores públicos pretendidos, el llamado a celebrar reuniones con determinadas personas. Esta “reunión” debe de ser en todo caso producto de la voluntad y el consenso entre ambas partes, no derivado de un “exhorto” que a los servidores públicos indicados realice esta Cámara de Diputados. Indicar a órganos que formalmente pertenecen al Poder Ejecutivo Federal lo que deben o no hacer más allá de lo que normativamente les compete (el celebrar una reunión para atender las demandas de los normalistas) rebasa la función de este poder legislativo.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Seguridad a fin de investigar la detención con uso excesivo de la fuerza en contra de estudiantes normalistas del estado de Guerrero, así como al titular de la Secretaría de Educación Pública y al Subsecretario de Gobernación, a diversas medidas relacionadas con la reposición del semestre de las normales rurales de dicho estado, presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Segundo. Archívese el presente asunto y ténganse como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2015.

Nota:

1 “La Policía Federal informa sobre los hechos ocurridos en la caseta de Palo Blanco, en Chilpancingo, Guerrero” Comunicado de Prensa No. 11. Comisión Nacional de Seguridad, 28 de enero de 2015. Consultado en:
http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/appmanager/portal/
desk?_nfpb=true&_windowLabel=portlet_1_1&portlet_1_1_actionOverride=%2Fboletines%2FDetalleBoletin&portlet_1_1id=1364006

“Detención de estudiantes en la Autopista del Sol fue apegada a protocolos: CNS” Nota del diario “Proceso”, 29 de enero de 2015, consultado en: http://www.proceso.com.mx/?p=394503

“PF actuó apegada a protocolos en detención de normalistas” Nota del diario “El Universal” 30 de enero de 2015, consultado en:
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/-8220pf-actuo-apegada-a-protocolos-en-detencion-de-normalistas-8221-222692.html

La Comisión de Derechos Humanos

Diputados: Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), presidente; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Minerva Marisol Sánchez Hernández (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Leticia Salas López (rúbrica), José Luis Muñoz Soria, Roberto Cabrera Solís (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Álvaro Martínez García (rúbrica).

De la Comisión de Derechos Humanos, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Veracruz, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a la Subsecretaría de Gobernación a tomar medidas para brindar protección a Verónica Huerta Aburto y Patricia Morales, periodistas amenazadas en la entidad

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de lo siguiente:

I. Antecedentes

A. El 5 de febrero de 2015, el diputado Ricardo Mejía Berdeja presentó una proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al gobernador del estado Veracruz, a la Procuraduría General de Justicia del estado y a la Subsecretaría de Gobernación, a tomar medidas para brindar protección a Verónica Huerta Aburto y Patricia Morales, ambas periodistas amenazadas en aquella entidad federativa.

B. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la referida proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos, para su dictamen correspondiente.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo en cuestión se compone de tres resolutivos: A través del primero el diputado promovente plantea que: [...] La honorable Cámara de Diputados exhorte al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a tomar las medidas necesarias y girar las instrucciones correspondientes para que desde el gobierno federal y en los gobiernos municipales que correspondan se tomen medidas urgentes de protección a las periodistas Verónica Huerta Aburto y Patricia Morales, así como a sus familiares y colaboradores cercanos [...]

Mediante el segundo resolutivo el legislador promovente solicita que se [...] exhorte al titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, a que en el marco de sus atribuciones gire instrucciones, a fin de que las denuncias interpuestas por Verónica Huerta Aburto y Patricia Morales sean atendidas con las debidas diligencias y sin demoras, a fin de sancionar a los responsables de las amenazas que han recibido, brindando en todo momento la debida protección a la vida de las denunciantes, así como la de sus familias [...]

Y finalmente, a través del tercer resolutivo, el diputado Mejía Berdeja propone que se [...] exhorte a la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García, a que en el marco de sus facultades gire instrucciones a fin de que el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas pueda ser activado a favor de las periodistas veracruzanas Verónica Huerta Aburto y Patricia Morales, a fin de garantizar los procedimientos de protección que dicho mecanismo brinda [...]

III. Consideraciones del diputado promovente

El legislador Mejía Berdeja señala que [...] la tarde del pasado 2 de enero, un grupo de hombres armados ingresaron al domicilio de Moisés Sánchez Cerezo, editor del diario La Unión de Medellín, de quien se desconociera su paradero desde esa fecha, –y agrega que- fue hasta el 24 de enero que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Veracruz informó que el periodista Moisés Sánchez fue asesinado el mismo día en que un grupo armado, vinculado con la presidencia municipal de Medellín, lo secuestró [...]

El diputado proponente indica que [...] desde los primeros días de la desaparición del periodista, familiares y activistas denunciaron que los operativos de búsqueda desplegados por el gobierno del priista Javier Duarte eran una simulación, tal como lo ha sido cada acción anunciada por el gobernador de dicho estado, para proteger a las personas periodistas que ejercen su profesión en Veracruz [...]

En este contexto, el legislador señala que [...] a tan solo un mes de los hechos antes narrados, la periodista veracruzana Verónica Huerta Aburto recibió una amenaza a través de un mensaje de texto que llegó a su celular [...]

Agrega que [...] la periodista de la agencia de noticias AVC Noticias, Radio Fórmula, Oliva Radio y Quadratín, teme por su vida y la de su familia y, en consecuencia, interpuso este lunes 2 de febrero de 2015, una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención de Denuncias contra Periodistas y/o Comunicadores [...] Señala además que [...] ya en 2012 y en agosto de 2014 la misma reportera fue intimidada por hombres corpulentos que afuera de su domicilio la amenazaron por motivo de su labor periodística [...]

Señala el diputado proponente también que: [...] éste no es el único caso. Después del asesinato del periodista y activista Moisés Sánchez Cerezo, Patricia Morales, del diario Órales! Jarocho, editado por la empresa del Golfo, ha recibido amenazas durante las dos últimas semanas, por lo que también realizó una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público a fin de proteger su vida y la de su familia [...]

De igual forma, añade el legislador que [...] a pesar de los diversos llamados que se han hecho por parte de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, así como por parte de diversas autoridades, el gobierno del estado de Veracruz continúa haciendo caso omiso de la gravedad de la situación que las personas periodistas que viven en la entidad, aun cuando en muchos de los casos se ha logrado acreditar que las amenazas o los asesinatos se encuentran vinculados con el trabajo de los periodistas y las críticas que en dicha labor se realizan hacia el gobierno estatal o a gobiernos municipales [...]

IV. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

Después de realizar un minucioso análisis de los planteamientos presentados en la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, esta Comisión de Derechos Humanos tiene a bien emitir dictamen en sentido negativo, con base en lo siguiente:

Como resultado del trabajo realizado en el Congreso y a petición de defensores de derechos humanos y periodistas, se aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual fue publicada el pasado 25 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. Dicho ordenamiento tiene por objeto establecer la cooperación entre la Federación y las entidades federativas para implementar y operar las medidas de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

Esta Ley crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos de estas personas.

Ahora bien, mediante consulta realizada a dicho Mecanismo, esta Comisión fue informada de que ambas periodistas ya están integradas a ese organismo, precisándose que Patricia Morales desde el 28 de enero del año en curso y Verónica Aburto desde el 5 de febrero. Una vez señalado lo anterior y dado que el Mecanismo es la vía idónea para proporcionar protección a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que se encuentran en situaciones reales o potenciales de riesgo, se considera que la proposición presentada por el diputado Mejía Berdeja ha quedado sin materia.

En cuanto a las solicitudes realizadas en torno al gobernador y al procurador General de Justicia del estado de Veracruz, esta Comisión recuerda que el trabajo realizado por el Mecanismo es un trabajo institucional que involucra a las diversas dependencias del Estado en sus diversos órdenes de gobierno, por lo que una vez integradas las referidas personas en el Mecanismo, es éste quien articula los canales de comunicación y tutela con las referidas dependencias estatales. En consecuencia, estando ya integradas al Mecanismo las personas indicadas, corresponde a ese órgano, en coordinación con el Gobernador del Estado y el Procurador General de Justicia de Veracruz, implementar las medidas pertinentes para la protección de Patricia Morales y Verónica Aburto.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta al gobernador del estado de Veracruz, a la Procuraduría General de Justicia del estado y a la Subsecretaría de Gobernación a tomar medidas para brindar protección a Verónica Huerta Aburto y Patricia Morales, periodistas amenazadas en la entidad, presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

Segundo. Archívese el presente asunto y téngase como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2013.

La Comisión de Derechos Humanos

Diputados: Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), presidente; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Minerva Marisol Sánchez Hernández (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Leticia Salas López (rúbrica), José Luis Muñoz Soria, Roberto Cabrera Solís (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Álvaro Martínez García (rúbrica).

De la Comisión de Población, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que a través del Registro Nacional de Población e Identificación Personal y en coordinación con las 32 entidades federativas, lleve a cabo medidas necesarias a fin de disminuir los índices de personas sin actas de nacimiento

Honorable Asamblea:

A esta Comisión de Población fue turnada, el pasado 5 de febrero de 2015, la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que a través del Registro Nacional de Población e Identificación Personal y en coordinación con las 32 entidades federativas, lleve a cabo medidas necesarias a fin de disminuir los índices de las personas sin acta de nacimiento.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Metodología

Esta Comisión, encargada de analizar y dictaminar la mencionada proposición con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. Antecedentes generales. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II. Contenido de la proposición. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances del punto de acuerdo.

III. Consideraciones. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. Resolutivo. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. Antecedentes

a) En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 5 de febrero del presente año, el diputado Jesús Antonio Valdés del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que a través del Registro Nacional de Población e Identificación Personal y en coordinación con las 32 entidades federativas, lleve a cabo medidas necesarias a fin de disminuir los índices de las personas sin acta de nacimiento.

b) En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha propuesta se turnaran a esta Comisión mediante el oficio No. D.G.P.L. 62-II-7-2032.

II. Contenido de la proposición

El proponente plantea que “La persona es aquel ente por el que se ha creado un marco jurídico, mismo que tiene como principal función la protección del ser humano, de tal suerte que el engranaje legal se ha configurado con el fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, por lo que los diversos ordenamientos establecen la personalidad, entendida ella como la aptitud de poder ser sujeto de derechos y deberes, teniendo la posibilidad de actuar en el mundo jurídico.

La personalidad se integra por elementos de suma importancia, conocidos como atributos de la personalidad, como son el nombre, el domicilio, el estado civil, sino que configuran la identidad como un derecho humano consagrado en la Constitución Federal y en diversos tratados internacionales.

El derecho a la identidad consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades y, a su vez, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, condición necesaria para preservar la dignidad individual la que nos permite ser sujeto de derechos y obligaciones, es decir, formar parte de un Estado.

A nivel internacional se ha dado pie a que los Estados parte fomenten entre los ciudadanos la responsabilidad de registrar a los recién nacidos, tal es el caso de la Convención Americana de los Derechos Humanos (artículos 3, 4, 5, 18 y 20), el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos (artículo 24) y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 7 y 8).

El promovente basado en notas periodísticas, manifiesta que desafortunadamente, en nuestro país el número de personas que no se encuentran registradas es sumamente alto, lo que significa que millones de habitantes no son receptores de derechos, dejándolos en total indefensión.

Estudios realizados por Mauricio Padrón, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), revelan que entre el 7 y 13 por ciento de los mexicanos viven sin acta de nacimiento, por lo que no cuentan con nombre ni nacionalidad. Las cifras anteriormente señaladas permiten afirmar que alrededor de 14 millones de habitantes del país no tienen identidad oficial.

El promovente también manifiesta que los estados con el mayor número de personas sin registro son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Michoacán; éste rezago es sumamente preocupante, ya que va desde el 55. 7 hasta el 74.3 por ciento respectivamente.

El no tener documentos que permitan identificarse es un problema para personas de todas las edades y en todo el país que siguen son contar con un registro o identidad, lo cual resulta de extrema gravedad si tomamos en cuenta que el acta de nacimiento se requiere para tramites escolares y laborales pero principalmente, la falta de un documento de identidad no garantiza el pleno goce y ejercicio de los derechos, tal como lo señala Karen Mercado, presidenta de la organización Be Fundation, “repercute en la violación de otros derechos”.

Si bien establecer más oficinas de registro civil en las entidades federativas no eliminaría el problema, si debe formar parte de una política en la cual también se fomente en la población un sentido de responsabilidad para los recién nacidos y para cualquier persona que no cuente con su registro.

El promovente presentó el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación para que a través del Registro Nacional de Población e Identificación Personal y en coordinación conlas (sic) 32 entidades federativas,se (sic) busque incrementar el número de quioscos y oficinas del registro civil que tengan como propósito principal el registro pronto y oportuno de todas las personas que no tengan acta de nacimiento.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhortaa (sic) la Secretaría de Gobernación, para que a través del Registro Nacional de Población e Identificación Personal se ejerzan acciones tendientes a fomentar entre toda la población la regularización de su acta de nacimiento y el registro pronto y oportuno de los recién nacidos.”

III. Consideraciones de esta Comisión

Esta Comisión de Población coincide en el interés y preocupación expresada por el proponente, diputado Jesús Antonio Valdés, al mencionar que uno de los derechos fundamentales de toda persona es el derecho a la identidad, sin embargo no considera procedente realizar el exhorto a la Secretaría de Gobernación por el siguiente motivo:

El 5 de enero del año en curso, el presidente Enrique Peña Nieto anunció como parte de las acciones para que todos los mexicanos cuenten con un acta de nacimiento, que todos los registros civiles del país quedarán interconectados para crear la Base Nacional de Registro de Nacimientos. Así mismo informó sobre la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y los consulados de México, quienes podrán expedir actas a los connacionales que residen en el extranjero.

Concatenado con lo anterior, la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal aprobó el día 9 de diciembre de 2014 los lineamientos de operación del Programa de Modernización Integral del Registro Civil, instrumento legal que es la materialización de acciones conjuntas entre la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal y los Registros Civiles del país, en el que se establecen objetivos y compromisos particulares, entre los que destacan:

a) Captura y digitalización de los actos registrales del archivo histórico del Registro Civil en la entidad federativa;

b) Modernización, equipamiento y automatización de la estructura y funciones operativas del Registro Civil;

c) Interconexión de la Dirección Estatal del Registro Civil, en adelante Unidad Coordinadora Estatal (UCE) y sus Oficialías; así como la Conexión Interestatal con la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal;

d) Homologación del marco normativo relativo a la materia registral;

e) Uso de formatos únicos con altas medidas de seguridad para inscribir y certificar los actos del estado civil de las personas;

f) Asignación de la Clave Única de Registro de Población;

g) Realización de campañas especiales para la prestación de los servicios del Registro Civil en las regiones que carecen de él, así como llevar acciones de registro extemporáneo de nacimientos

Así mismo, como parte de las acciones que se ejecutarán, se impartirán los talleres y cursos que profesionalicen al personal de las oficialías y direcciones de los registros civiles de las entidades federativas, con el objeto de ofrecer con eficacia y eficiencia de los servicios que se prestan en la institución registral, proporcionando con ello un servicio certificado, especializado y de calidad.

En ese tenor, el Programa de Capacitación Registral tendrá como temas centrales:

I. Registro Civil:

II. Registro Nacional de Población e Identificación Personal:

III. Inscripción de las actas e inconsistencias presentadas:

IV. Situaciones de extranjería:

V. Archivo y conservación de documentos:

VI. Modernización integral del Registro Civil:

VII. La ética y valores, calidad en el servicio y trabajo en equipo:

VIII. Manual para la interpretación de documentos probatorios de la identidad de las personas:

IX. Interconexión de la Base de Datos Nacional del Registro Civil.

X. Formación de instructores:

XI. Lineamientos de Operación del Programa de Modernización Integral del Registro Civil

Dentro de las acciones a realizar se establecerán campañas especiales de Regularización del Estado Civil de las Personas, enfocadas a implementar acciones para abatir el subregistro y registro extemporáneo de nacimiento, haciendo llegar así el servicio del registro civil a aquellas poblaciones o zonas del territorio nacional que cuentan con población vulnerable, cumpliendo con esto con la obligación del Estado de dotar de identidad y certeza jurídica a la población para el pleno ejercicio de sus derechos. Las principales campañas implementadas por los Registros Civiles, entre otras, son las siguientes:

• Registros extemporáneo de nacimiento,

• Matrimonios colectivos,

• Rectificación y aclaración de actas,

• Reconocimientos de hijos,

• Registro de nacimiento gratuito,

• Expedición de certificaciones gratuitas,

• Registro para comunidades indígenas,

• Registro para grupos en situación de marginación, migrantes y adultos mayores,

• Asistencia a Centros de Readaptación Social (Cereso), y

• Programas de ayuda a jornaleros agrícolas.

En ese sentido, con fecha 22 de abril de 2013, se suscribió un convenio de colaboración entre el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de Gobernación, y las 32 entidades federativas, a través de los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia y las Direcciones Estatales de los Registros Civiles, con el objeto implementar la Campaña Nacional para el Registro Universal y Oportuno de nacimientos, a fin de contribuir a erradicar el subregistro de nacimientos y establecer acciones que permitan incrementar el registro universal y oportuno de toda persona en el país.

Por último el Sistema Nacional para la solicitud, trámite y obtención de copias certificadas de las actas del Registro Civil (Actas Foráneas) establece que la solicitud, trámite y obtención de copias certificadas de las actas del Registro Civil (Actas Foráneas) se brinda a partir de 2015 en cada oficialía o juzgado del Registro Civil que cuente con internet. Por tanto, la presente vertiente surtirá los ajustes correspondientes a medida en que se alcance la cobertura total de oficialías o juzgados del país que cuenten con internet.

Es por lo anterior, que no se estima conveniente que esta Comisión de Población solicite a la Secretaría de Gobernación, lleve a cabo las medidas necesarias para disminuir los índices de las personas sin acta, en virtud de que el gobierno federal y los estados ya emprendieron una acción incluso mayor de lo solicitado por el promovente, por lo que esta comisión considera que el presente exhorto queda satisfecho y sin materia.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Población, somete la consideración del pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión de Población del Congreso de la Unión, dictamina en sentido negativo la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita que la Secretaría de Gobernación para que a través del Registro Nacional de Población e Identificación Personal y en coordinación con las 32 entidades federativas, lleve a cabo medidas necesarias a fin de disminuir los índices de las personas sin acta de nacimiento.

Segundo. Archívese y dese como un asunto total y definitivamente concluido.

Dado en la Comisión de Población del Honorable Congreso de la Unión, a los 10 días del mes de marzo de 2015.

La Comisión de Población

Diputados: Javier López Zavala (rúbrica), presidente; Verónica Carreón Cervantes (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Leticia López Landero (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Abraham Correa Acevedo (rúbrica), secretarios; María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Rodrigo Chávez Contreras, Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Carlos Alberto García González, Martha Gutiérrez Manrique (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica en abstención), Yatziri Mendoza Jiménez (rúbrica), Marisol Morales Fernández (rúbrica), Luis Alfredo Murguía Lardizábal (rúbrica), José Luis Muñoz Soria (rúbrica en abstención).

De la Comisión de Turismo, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo y a la Dirección General de ProMéxico, para que realicen una campaña destinada a atraer la inversión hotelera en el municipio de Palenque, estado de Chiapas

Honorable Asamblea

La Comisión de Turismo, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente:

Dictamen

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo y a la Dirección General de ProMéxico, para que realicen una campaña destinada a atraer la inversión hotelera en el municipio de Palenque, estado de Chiapas, presentada por el diputado Simón Valanci Buzali, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Antecedentes

Con fecha 3 de marzo de 2015, en sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el diputado Simón Valanci Buzali, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo y de la Dirección General de ProMéxico, para que realicen una campaña destinada a atraer la inversión hotelera en el municipio de Palenque, estado de Chiapas.

Asimismo, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó: “Túrnese a la Comisión de Turismo, para dictamen”.

En esta misma fecha, la Comisión de Turismo recibió el expediente 6178, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo y de la Dirección General de ProMéxico, para que realicen una campaña destinada a atraer la inversión hotelera en el municipio de Palenque, estado de Chiapas.

Contenido de la Proposición

Como establece el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el turismo representa la posibilidad de crear trabajos, incrementar los mercados donde operan las pequeñas y medianas empresas, así como la posibilidad de preservar la riqueza natural y cultural de los países1 .

Nuestro país cuenta con diversos municipios turísticos, en diversas entidades federativas que tienen una gran riqueza, tanto natural como cultural, lo que los coloca dentro de los sitios más visitados por nacionales y extranjeros, y que a pesar de esa afluencia turística carecen de la infraestructura necesaria para brindar un adecuado servicio.

Tal es el caso de Palenque, un municipio del estado de Chiapas, que cuenta con diversos lugares a visitar. Por mencionar algunos:

• La zona arqueológica de Palenque, la cual fue declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco.

• Bonampak y Yaxchilán, las cuales también son zonas arqueológicas localizadas a 140 y 165 kilómetros de Palenque.

• Centro ecoturístico La Cañada.

• Centro ecoturístico Valle de Bascán.

• Centro ecoturístico Bajlum Pakal.

• Cascadas de Agua Azul.

• Cascada La Asunción2

Además, Palenque ha crecido en popularidad entre los turistas, ya que en los últimos años se ha registrado un aumento de visitantes en esta zona llegan; a ser la quinta zona arqueológica más visitada en nuestro país, la cual recibió a 476 mil 946 visitantes durante el 20143

También, se construyó el aeropuerto internacional en Palenque, con la finalidad de promover aún más el turismo hacia esta zona y contribuir con una facilidad de acceso. La importancia de esta obra de infraestructura se centró en la conectividad aérea, el impulso al sector turístico, la generación de empleos y mayores recursos para las familias4

A pesar de todos los atractivos turísticos con los que cuenta, de la popularidad de la que es propietario y las mejoras en la infraestructura para su conectividad con el mundo, Palenque no ha crecido en servicios turísticos de una forma proporcional a su concurrencia, ya que carece de una oferta hotelera para alojarse en el lugar, lo que provoca que este municipio sea considerado como un sitio de paso y no se tenga un crecimiento económico favorable por la fuga de recursos ocasionada por esa situación.

Es por ello que urge la inversión de hoteleros que fortalezcan la oferta hotelera en Palenque, ya que debido a que el número de cuartos es insuficiente, los turistas nacionales y extranjeros tienen que pernoctar en Villahermosa, Tabasco5

Lo que Palenque necesita es la inversión para la construcción de más centros ecoturísticos, que sean ambientalmente responsables y que traten de conservar, lo mejor posible, la naturaleza y la cultura de la región, para que así se provoque un involucramiento activo y socioeconómico que beneficie a las poblaciones locales.

Para ello, ProMéxico, siendo un organismo del gobierno federal encargado de coordinar acciones encaminadas a la atracción de inversión extranjera, debe colaborar en esta ardua tarea, junto con la Secretaría de Turismo, para hacer de Palenque una región turística con excelente oferta hotelera.

Dentro de los objetivos enmarcados en los lineamientos para la operación de los apoyos y servicios de ProMéxico, se encuentra el de apoyar la atracción inversión extranjera a través de ferias, seminarios, foros y otras formas de difusión y encuentros con inversionistas internacionales, tanto en México como en el exterior6 , mientras que la Secretaría de Turismo tiene como misión conducir el desarrollo turístico nacional, mediante las actividades de planeación, impulso al desarrollo de la oferta, apoyo a la operación de los servicios turísticos y la promoción, articulando las acciones de diferentes instancias y niveles de gobierno7 . Es por estas razones que dichas instituciones son las adecuadas para impulsar en Palenque la inversión necesaria para que cuente con una amplia oferta hotelera.

Así, ProMéxico y la Secretaría de Turismo, podrán crear una campaña que incentive a los inversionistas hoteleros, tanto nacionales como extranjeros, para que empleen parte de sus recursos en la construcción de hoteles sustentables en la zona arqueológica de Palenque.

Es por lo anteriormente expuesto, y porque México es uno de los países más competitivos para la inversión productiva a nivel internacional debido a su estabilidad macroeconómica y política, baja inflación, tamaño y fortaleza de su mercado interno, tasa de crecimiento económico y su capacidad para generar manufactura avanzada8 , que se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: Exhorta al titular de la Secretaría de Turismo y al Director General de ProMéxico para que en colaboración realicen una campaña destinada a atraer la inversión hotelera al municipio de Palenque, Chiapas.

Consideraciones de la Comisión dictaminadora

Esta Comisión, de conformidad con los datos proporcionados por el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (Datatur) encargado de procesar los datos estadísticos del sector turístico y del Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos (SIIMT), del Consejo de Promoción Turística de México, medio que genera y divulga las variables de información estadística de las características y comportamientos de la utilización de 105 servicios turísticos de hospedaje en nuestro país, ambos dependientes de la Secretaría de Turismo (Sectur), estipulan que en el estado de Chiapas en 2014 se cuenta con una oferta total de 863 hoteles con 18,758 cuartos, dentro de 105 cuales 1,442 establecimientos son de alta calidad, 6,389 de calidad y estilo, 590 de bajo presupuesto y 1,127 con categoría no especificada.

En lo referente a los principales destinos de la actividad hotelera en Chiapas, Palenque ocupó el tercer lugar en los periodos 2012-2013 y 2013-2014 como se puede apreciar en las siguientes tablas:

El SIIMT indicó que la llegada de turistas nacionales a Chiapas en el año 2012 ascendió a 3,258,331 y en el año 2013 de 3,013,480 lo que representó un descenso en el turismo nacional del -7.5 por ciento; en cuanto a llegadas de turistas internacionales fue de 357,558 y para el año 2013 de 347,856 registrando un decremento de -2.7 por ciento.

Al considerar ambos indicadores se detectó una baja tanto en la llegada de turistas nacionales como internacionales y por consiguiente en el número de habitaciones ocupadas en los últimos años. Por lo anterior, debe ser prioridad el incrementar el porcentaje de ocupación hotelera de la oferta que actualmente se tiene.

Cabe mencionar que el construir mayor infraestructura hotelera, no traerá como consecuencia que el destino de ser “de paso”. El turista decide pernoctar en determinados destinos en base al producto turístico que encuentra, a los atractivos y actividades que motivan prolongar su estancia.

Por lo anterior esta Comisión dictaminadora considera inviable el exhorto a la Sectur y ProMéxico, por lo que somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Único: Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo y de la Dirección General de ProMéxico, para que realicen una campaña destinada a atraer la inversión hotelera en el municipio de Palenque, estado de Chiapas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2015.

Notas:

1 Consultado en: http://pnd.gob.mx/ , 19 de enero de 2015.13:40 horas.

2 Consultado en: http:l.www.palenque.gob.mx.lugares-a-visitar. 19 de enero de 2015. 13:45 horas.

3 Consultado en: http://www.unionchiapas.mx/articulo/2014/10/13/cultura/palenque-quinta- zona-arqueológica-mas-visitada ,19 de enero de 2015. 17:58 horas.

4 Consultado en:
http//:www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/02/12/
inauguran-aeropuerto-internacional-en-palenque-chiapas-8233.html, 19 de enero de 2015. 14:38 horas.

5 Consultado en: hupv/www.reforma.com/ap1icaciones1ibre/preacceso/articu1o/
default.aspx?id=430237&po=4&urlredirecr=http:www.reforma.com/aplicaciones/
articulo/default.aspx?ld=430237&po=4, 19 de enero de 2015. 18:46 horas.

6 Consultado en: http://www.promexico.gob.mx/documentos/pdf/LineamientosV 601ene2014.pdf 19 de enero de 2015.13:53 horas.

7 Consultado en: http://www.sectur.gob.mx/conoce-la-sectur/vision-y-mision/ 19 de enero de 2015, 19:18 horas.

8 Consultado en: http://www.promexico.gob.mx/, 19 de enero de 2014. 13:51 horas

La Comisión de Turismo

Diputados: Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica), Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), Gabriela Medrano Galindo (rúbrica), José Luis Valle Magaña (licencia), Agustín Barrios Gómez Segués, Carla Guadalupe Reyes Montiel (licencia), Heidy Guadalupe Estrada Martínez, Martín Alonso Heredia Lizárraga, Raúl Paz Alonzo (rúbrica), Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica), Cecilia González Gómez (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales, Dunia Eliane de la Vega Preciado (rúbrica), Miroslava Meza Virrueta, Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica), Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Mayra Karina Robles Aguirre (rúbrica), William Renán Sosa Altamira, Jessica Salazar Trejo, Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez, José Higuera Fuentes, Eduardo Enrique Domínguez Maganda (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes.