Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4260-VIII, jueves 23 de abril de 2015
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, la SHCP y el SAT a informar a la opinión pública si se realiza alguna investigación en torno a la probable asignación de contratos a cambio de sobornos en Sonora donde participarían el gobernador Guillermo Padrés Elías y su hermano Miguel Padrés Elías, a cargo del diputado Willy Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Willy Ochoa diputado federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El pasado jueves 5 de marzo de 2015 el diario estadounidense The Wall Street Journal, publicó un artículo en el que se advierte la posibilidad de actos de corrupción en México, específicamente en Sonora al destacar una investigación por sobornos donde se señala como probables actores al Gobernador de la entidad, Guillermo Padrés Elías y a su hermano Miguel Padrés Elías.
De acuerdo con el diario, el gobierno federal abrió una investigación al respecto, encabezada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, basada en las acusaciones de que los hermanos Padrés Elías recibieron pagos por la cantidad de 3.3 millones de dólares (equivalentes a 51 millones 150 mil pesos al tipo de cambio de 15.50 pesos por dólar), por parte de firmas que ganaron contratos públicos con el gobierno sonorense, equivalentes a 20 millones de dólares (310 millones de pesos).
The Wall Street Journal expone que, según la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, el dinero fue pagado por el empresario Mario Aguirre, para obtener las licitaciones para proveer uniformes escolares.
Adicionalmente, se refiere que la investigación de la SHCP sostiene que Miguel Padrés transfirió 5.7 millones de dólares (88 millones de pesos) a una cuenta bancaria en Estados Unidos, que abrió en 2012, a nombre de Tenerife CV, una firma con sede en Holanda. También se tiene referencia de que Miguel Padrés depositó adicionalmente 522 mil dólares (8 millones de pesos) en otra cuenta en Estados Unidos abierta por su hermano en el 2011, a nombre de Dolphinius, CV, otra sociedad de responsabilidad limitada con sede en Holanda. En total, Miguel Padrés transfirió 8.9 millones de dólares (137 millones de pesos) de cuentas de México a cuentas en bancos de Estados Unidos, desde que su hermano Guillermo Padrés se convirtiera en gobernador de Sonora en el año 2009.
Cabe destacar que el 24 de febrero pasado, tanto el gobernador Guillermo Padrés y su hermano Héctor, Miguel y Julio aseguraron públicamente que su fortuna familiar ascendía a 261 millones 875 mil 633 pesos entre mueblerías y ranchos sin mencionar ni hacer referencia a las cuentas citadas por The Wall Street Journal.
La nota cita la investigación en el sentido de que se realizaron una serie de operaciones en el Sistema Financiero Nacional y extranjero, con recursos que posiblemente tienen un origen ilícito y con un alto grado de probabilidad se operaron con la finalidad de ocultar su origen, localización, destino o propiedad?, también ha sido señalada la ausencia de explicación sobre la raíz de los fondos de Miguel Padrés, ni de sus actividades empresariales ni sus declaraciones juradas.
El gobernador Padrés, ha negado categóricamente haber abierto cuentas bancarias a nombre de la firma holandesa y desconoció la investigación tratando de desacreditarla, achacándola a rivalidades políticas.
Sin embargo, los señalamientos hechos al gobernador Padrés son graves y deben ser aclarados, más aún cuando se ha puesto en entredicho a la investigación, si el gobernador sonorense cuenta con dinero que no debería o cuyo origen sea inexplicable, la tarea de la Secretaría de Hacienda es investigar y la de las instituciones, como esta soberanía, es mantener ojos vigilantes en él.
Siendo necesario recordar que no es la primera vez que el gobernador Padrés se ha visto envuelto en controversias, simplemente basta con evocar una represa en su rancho en Sonora, cuyos habitantes se encuentran a merced de las inclemencias del clima, situación que lo hizo acreedor a una multa y a que se le ordenara la destrucción de la represa, símbolo de su inestabilidad y voracidad.
Las acusaciones en contra del gobernador Padrés son graves y deben ser aclaradas en aras de la consolidación de un servicio público transparente, eficaz y, sobre todo, benéfico para la población y no para privilegiar intereses particularmente en detrimento de la ciudadanía, es por lo anteriormente expuesto, que elevo a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria, a efecto de que informen a la opinión pública si se está realizando alguna investigación con relación a la probable asignación de contratos a cambio de sobornos en Sonora, en el que participarían el gobernador Guillermo Padrés Elías y su hermano Miguel Padrés Elías.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2015.
Diputado Willy Ochoa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales a convocar a reuniones con el titular de la Profepa y con el encargado del Fideicomiso del Río Sonora para abordar el tema relativo a los derrames tóxicos acontecidos en ese estado, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la madrugada del 7 de marzo se reportó un nuevo derrame en Cananea, Sonora. En esta ocasión se advierte que la responsable fue Minera María, debido a una falla en el sistema de bombeo, provocando una contaminación de 180 metros cúbicos de solución gastada de cobre.
Según la Procuraduría de Medio Ambiente dicho derrame ha contaminado el arroyo El Tordillo, afectando una longitud de 1.6 kilómetros. Al intentar ejecutora las medidas de control, la empresa no pudo dar inicio a las actividades de neutralización de la solución derramada en el cauce del arroyo debido a un enfrentamiento con los locales.
El desastre ecológico, sucede a pocos kilómetros donde seis meses atrás aconteció el derrame de más de 40 millones de litros de lixiviados de cobre acidulado por una falla en la mina de Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, el cual fue considerado el peor desastre ambiental en la historia de la minería moderna.
Existe una gran preocupación de que este tipo de situaciones sigan sucediendo, por lo que se requiere de atención inmediata y apegada al marco jurídico aplicable por parte de las autoridades encargadas de vigilar y supervisar las medidas que deben adoptar las mineras para prevenir y atender dichos acontecimientos.
De tal suerte se busca evitar que se vulneren nuevamente los derechos humanos, especialmente a un ambiente sano, de los habitantes de la zona, como sucedió con el derrame ya referido, en río Sonora el 6 de agosto de 2014.
Por lo anteriormente descrito se presenta a esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Resolutivos
Primero. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Soberanía para que convoquen a una reunión de trabajo con el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de que informe sobre el seguimiento ante los casos de los derrames de soluciones contaminantes de cobre en los Ríos Sonora y Bacanuchi y recientemente, del arroyo El Tordillo, en el estado de Sonora.
Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Soberanía para que convoquen a una reunión de trabajo con el encargado del Fideicomiso de Río Sonora a fin de que informe sobre el estado que guarda la afectación causada por el derrame de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi, ocurridos el 6 de agosto de 2014 como consecuencia de las actividades de la minera Buenavista del Cobre.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2015.
Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Salud federal y locales, y a la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre a fortalecer la información sobre la desnutrición en menores de cinco años, a cargo de la diputada Liliam Mara Flores Ortega Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Liliam Mara Flores Ortega Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y corresponde al Estado garantizarla.
Este derecho fundamental y los correspondientes al sano desarrollo integral de los menores se encuentran establecidos asimismo en los artículos 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 6 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 1, fracción I, y 6 de la Ley General de Desarrollo Social; 3, fracciones VII Bis y XIV, 27, fracción IX, 111, fracción II, y 112, fracción III, de la Ley General de Salud; y 3, 7, 10, 13, 44 y 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La adecuada nutrición, en particular en los primeros mil días de vida, tiene efectos en la salud y el desarrollo de las personas a lo largo de sus vidas, previniendo enfermedades e incluso muerte prematura.1
Según el Informe mundial de nutrición, 45 por ciento de las muertes de niños se debe a una nutrición deficiente.
Mejorar la nutrición de los niños reduce los costos de salud y contribuye a mejorar la productividad.
Si bien en México se ha observado una mejoría en los indicadores de desnutrición, en el último cuarto de siglo, la reducción es inferior a la deseada y, además, se ha dado un incremento en el sobrepeso y la obesidad.
Pese a ello, persiste una elevada prevalencia de retraso en el crecimiento (13.6 por ciento) y anemia (22) en menores de 5 años, mientras que 9.8 por ciento de menores de 5 años, un tercio de escolares y adolescentes y 70 por ciento de adultos tienen sobrepeso u obesidad.2
Está demostrado que es factible mejorar las condiciones de desnutrición rápidamente con un paquete de intervenciones adecuado.
Brasil redujo el retraso en crecimiento de 19.4 por ciento en 1989 a 13.5 en 1996 y posteriormente a 7.1 en 2007 (0.58 puntos porcentuales por año o 4.3 por ciento por año). Chile pasó de una prevalencia de retraso en crecimiento de 13.5 por ciento en 1986 a una de 4.2 en 1994 y de 1.8 en 2013 (0.43 puntos porcentuales por año o 3.2 por ciento por año).
México tiene hoy la misma prevalencia que Brasil y Chile hace más de dos décadas,3 no obstante que en el país diversos programas contribuyen a mejorar la nutrición, como el Programa de Apoyo Alimentario, Prospera Programa de Inclusión Social, las Caravanas de Salud, y los programas de agua limpia y de educación.
En México, la información sobre el estado de nutrición se proporciona solamente cada seis años, a través de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.
No hay un sistema único de información que permita conocer el estado de nutrición de las y los niños en México que se actualice de manera permanente, ni permite dar seguimiento a la evolución de las condiciones de cada niño.
La reducción de la desnutrición requiere la concurrencia oportuna de políticas, programas y acciones que atiendan sus causas directas y subyacentes, y para ello se requiere de información suficiente y actualizada sobre la evolución del indicador.
El doctor Rivera Dommarco, director del Centro de Investigaciones en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, concluye que el retraso en el crecimiento de los menores continúa siendo problema de salud pública, mayor que en países de ingresos similares, máxime que el aumento en el sobrepeso y obesidad en niños y adultos es uno de los problemas de salud más importantes en México.
En ese contexto, someto a consideración de la Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Salud del gobierno federal y locales a utilizar un sistema de información de peso-talla en niños menores de cinco años que permita dar seguimiento puntual a la situación de los niños, el cual deberá ser acordado en el marco de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y a la Secretaría de Salud del gobierno federal a levantar una encuesta de medio camino de nutrición que aporte mayores elementos para la toma de decisiones.
Notas
1 Victora C, 2012. Presentación. Informe de nutrición mundial (situación de México). Doctor Juan Ángel Rivera Dommarco.
2 Presentación. Informe de nutrición mundial (situación de México). Doctor Juan Ángel Rivera Dommarco.
3 Doctor Juan Ángel Rivera Dommarco, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Cuernavaca, México.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 23 de abril de 2015.
Diputada Mara Liliam Flores Ortega (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la investigación de posibles actos de corrupción y delitos de tráfico de influencias por la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y servidores públicos adscritos a la SCT, a cargo de la diputada Alejandra López Noriega, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Alejandra López Noriega, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I, II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública que ejerzan y cumplan con sus atribuciones legales en torno a los presuntos delitos en el que incurrieron los ciudadanos Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, en su carácter de senadora de la República con licencia, Javier Hernández Armenta, director del centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, Sonora y Raúl Murrieta Cummings, subsecretario de Infraestructura de la SCT, lo anterior al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los actos de corrupción cometidos por la hoy candidata del Partido Revolucionario Institucional, Claudia Pavlovich Arellano, que han sido puestos en conocimiento de la ciudadanía por los más importantes medios de comunicación locales y nacionales, obligan a los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta legislatura, y al resto de sus integrantes a realizar un exhorto urgente a las autoridades federales, con el objeto de que adopten las medidas legales, prontas y oportunas que permitan arribar a la verdad histórica de los hechos que han sido difundidos, por la posible comisión de delitos previstos y sancionados por el Código Penal Federal.
Así, debemos destacar en primer término que el Partido Acción Nacional, impulsor del sistema nacional anticorrupción, condena enérgicamente las conductas ilegales que la candidata del Partido Revolucionario Institucional realizó y que reconoció haber tramado para beneficiar a un grupo de amigos, afines a su campaña política.
Lo anterior, mediante la alteración de bases en licitaciones públicas nacionales e internacionales, en las que como intermediaria, rompió con los principios de equidad, transparencia y honradez que deben regir en todos los actos de la administración pública federal, para beneficiar a ciertos empresarios, de quienes ha recibido favores, como el préstamo o renta de una avioneta con registro norteamericano para realizar actos de campaña, lo que en cualquiera de los dos supuestos se encuentra prohibido por la ley.
Como antecedentes, debemos mencionar que el Estado mexicano, para hacerse de servicios y bienes necesarios para gobernar y mejorar la vida de los ciudadanos, tiene la obligación de seguir los procedimientos de adquisiciones señalados en la ley.
Uno de ellos es la licitación pública, que se trata de un concurso abierto, que se publica para que las empresas, en igualdad de circunstancias, de forma equitativa, e imparcial, participen para que el contrato de cada obra pública, bien o servicio, le sea otorgado a la empresa ganadora de la licitación.
Por tanto, la naturaleza de una licitación tiene como objetivo el conseguir que la empresa contratada sea la que ofrezca las mejores condiciones para el estado, no solo en el precio, que es fundamental, sino también en calidad, experiencia, personal, y tiempo de entrega del bien.
Para ello la licitación debe hacerse en una absoluta igualdad de circunstancias entre sus participantes, y debe haber una secrecía absoluta e imparcialidad de los funcionarios encargados de llevar a cabo la licitación pública. No hacerlo así significaría otorgar el favoritismo del Estado a un particular, en perjuicio de los demás ciudadanos, y significaría un acto de corrupción de las autoridades que deben ser imparciales y justas.
Las licitaciones que nos ocupan, se tratan de las identificadas con las claves LO-009000999-T217-2014 y LO-009000999-N134-2014 respectivamente, realizadas por la SCT para la construcción de diversos tramos de carreteras en Sonora.
Con su publicación, para el registro de los licitantes, se emiten documentos denominados bases de licitación, que explican detalladamente qué es lo que el gobierno está buscando, en este caso, la construcción de las carreteras, y cuáles son los plazos, requisitos y modalidades del servicio, pero también las características de las empresas que pueden participar.
Es decir, deben establecerse en las bases de licitación, requisitos que aseguren que, dependiendo de la importancia y magnitud de la obra pública, solo puedan participar empresas con la solidez, experiencia necesaria, capacidad de respuesta inmediata, estructura operativa y de personal, capacidad para resolver contratiempos, y liquidez financiera, suficiente, entre otros requisitos que determine la autoridad.
En el caso que nos ocupa, para asegurar esas condiciones, y dada la importancia de las obras, se requería que la empresa, o las empresas que participaran de manera conjunta, acreditaran tener la experiencia necesaria en el ramo y la capacidad técnica, presentando contratos previos de obras similares terminados satisfactoriamente, que sumados dieran un monto de doscientos millones de pesos. Ello no era un requisito imposible de cumplir, puesto que se trata de una licitación nacional e internacional, y de que ello asegura que las empresas que participen, no sean empresas improvisadas o de reciente creación ex profeso. Es una forma de evitar corrupción y favoritismos y de que los funcionarios creen empresas para que participen en sus propias licitaciones.
No obstante, la ahora senadora con licencia Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, en un claro afán por hacerse de un beneficio indebido para ella y sus amigos, gestionó la modificación de las bases de la licitación, en forma posterior a su publicitación.
Tal actuar deleznable y que denota la falta de probidad y valores de la candidata del Partido Revolucionario Institucional, debe ser condenado y castigado públicamente, pues con su intervención desnaturalizó el procedimiento de licitación pública, dando lugar a la simulación, dados los intereses que manifestó en forma pública y privada con los que favoreció a un grupo de empresarios de quienes ahora recibe prebendas y favores.
Todo lo anterior, en la celebración de procesos de licitación, se traduce en un acto de corrupción.
Dicha circunstancia fue difundida por el periódico Reforma el pasado dieciséis de abril de dos mil catorce, en donde se señaló que:
“La ex senadora Claudia Pavlovich, actual candidata del PRI al gobierno de Sonora, intercedió ante la Secretaría de Comunicaciones para que empresarios amigos ganaran contratos de obras carreteras con valor de 442 millones de pesos.”
En la misma nota, también se consignó lo siguiente:
“Ahora, los constructores que ella benefició le prestan al menos un avión para uso personal y para viajar a actos de campaña electoral.”
Por tanto, a continuación se presenta un resumen de la simulación y operación del tráfico de influencias
1. Las licitaciones públicas fueron convocadas por la SCT, a través de sus funcionarios como el Director General de Carreteras: Oscar Callejo Silva y su equipo; pero la supervisión y ejecución de la obra, una vez contratada, se realizaría a través de los funcionarios del centro SCT Sonora, dirigido por Javier Hernández Armenta.
2. Una vez publicadas las bases de la licitación, diversos empresarios de Sonora se quejaron ante Javier Hernández Armenta de que ellos no cumplían el requisito legal de 200 millones en contratos, es decir, que ninguna de las empresas de ese particular grupo de amigos empresarios, podía participar por no acreditar esa experiencia previa en contratos tan importantes.
3. El funcionario del centro SCT Sonora, Javier Hernández, hace suya esa problemática como si fueran sus propios intereses de por medio, e intenta ayudarles, hablando con la candidata del Partido Revolucionario Institucional Claudia Pavlovich para que interceda por él ante el subsecretario de la SCT, para no hacer nada sin el permiso del superior.
4. Claudia Pavlovich está de acuerdo en utilizar sus influencias con el Subsecretario porque los empresarios excluidos son sus amigos, por lo que Pavlovich habla con el Subsecretario de la SCT y pide ayuda para quitar o reducir el requisito de los 200 millones en contratos.
5. El subsecretario muestra renuente porque sabe que modificar las bases de una licitación, una vez publicadas, al comentar que ésta “levanta mucha suspicacia”, porque sabe que se trata de beneficiar a un grupo particular. No obstante accede y da carta libre a Hernández Armenta para que opere el cambio en las bases, llamándole al director general de Carreteras de la SCT, encargado de la licitación, para que en la junta de aclaraciones se modifique el requisito de 200 millones, reduciéndolo a 100.
Si bien la ley de adquisiciones señala que la modificación de las bases en la junta de aclaraciones puede realizarse, ello se justifica si existen errores o circunstancias que así lo ameriten para asegurar mejores condiciones para el Estado, pero nunca para los particulares.
En este caso se modificaron las bases única y exclusivamente para beneficiar a empresarios amigos de los funcionarios, y aunque formalmente simularon que la modificación era legal, del contenido de las llamadas se desprende que la verdadera motivación del cambio era fomentar que ellos tuvieran una ventaja que les permitiera ganar. El cambio no fue para dejar que cualquier sonorense entrara en la licitación, puesto que como señalan en las conversaciones, dejaron el requisito en 100 millones y no en 75 para que otros empresarios no afines al grupo pudieran entrar y ganar. La verdadera motivación del cambio era ilegal. Pues el cambio no iba orientado a cumplir con los principios de Eficacia, economía, eficiencia, imparcialidad, Honradez, transparencia, ni buscaba mejorar las condiciones para el estado, sino para los particulares, por la sencilla razón de ser amigos de la Senadora con licencia Claudia Plavlovich.
No obstante, una vez hecho lo anterior, no se detuvieron. su intención no solo era la de participar, sino más bien la de adjudicarse los contratos a través de la simulación.
6. Una vez modificadas las bases, y habiéndose establecido el requisito de 100 millones en vez de 200 en contratos en los últimos 5 años, se gestionó por parte de los mismos funcionarios, a petición de Pavlovich, operado por Hernández Armenta, y ejecutado por el Director General de Carreteras de la SCT, quien es encargado de emitir las bases y los fallos de la licitación, que las empresas que resultaran ganadoras fueran las personas del ¨grupo de amigos¨ de Pavlovich que tuvieran el resultado más ¨creíble¨ y que pudieran justificar mejor una evaluación dirigida sin despertar sospechas.
El ciudadano Javier Hernandez Armenta llamó a Pavlovich para señalarle quiénes son los propuestos para ganar la licitación, antes de que se emitiera el fallo, lo cual descubre que todo se trataba de una simulación, donde no obstante haberse simulado el cumplimiento de todos los requisitos y procedimientos formales, se dejaba en evidencia que se trataba actos orquestados y orientados a que los contratos de carreteras quedaran en manos de amigos constructores de Claudia Pavlovich, afines a su campaña y partido.
7. Los licitantes ganadores en ambas licitaciones, son la misma empresa en consorcio con otras, quienes en su propuesta económica, tenían el lugar número 8 y 9, pues había otras siete empresas cuyas propuestas eran más baratas. No obstante lo anterior, se eligió el sistema de evaluación de puntos y porcentajes, que permite evaluar otras características (como la de los 200 millones que se cambió para beneficiarlos) para asignar el contrato no a los más baratos, sino a quienes cumplieran con otros aspectos determinados ex profeso para que ganaran.
Ante lo anterior, es entendible que se diga que todos los actos son legales a simple vista, pero basta hacer un análisis a las evidencias para saber que no se trata de un verdadero concurso en igualdad de condiciones donde haya ganado la empresa que le convenía más al estado, sino que se trata de un fraude a la ley y una simulación para beneficiar a unos cuantos, en un claro acto de corrupción y tráfico de influencias, abuso de autoridad y asociación delictuosa, sin perjuicio de la responsabilidad como servidores públicos que ostentaban para no ser parciales en beneficio de persona alguna.
Todo lo anterior significa que se ha dejado al descubierto una red oculta o velada de corrupción, disfrazada de actos supuestamente legales, realizados al límite de lo que las leyes permiten, pero de los cuales ya conocemos su verdadera intención.
Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, urge a las autoridades federales competentes, como lo son la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República, a revisar con precisión todos los fallos y dictámenes de la licitación, para que pueda determinarse si en efecto, como las conversaciones señalan, se favoreció de manera ilegal a los contratistas ganadores, y se castigue no solo el haberlos favorecido con el fallo, sino también al compartirles información privilegiada y utilizar las influencias políticas de los servidores públicos para lograr intereses personales.
En esa tesitura, es pertinente citar los artículos del Código Penal Federal, que a consideración de esta fracción, se actualizan en relación a los hechos narrados. Veamos.
Código Penal Federal
Artículo 212. Para los efectos de este título y el subsecuente, es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal centralizada o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, en los órganos constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión, o en los Poderes Judicial federal y Judicial del Distrito Federal, o que manejen recursos económicos federales. Las disposiciones contenidas en el presente título, son aplicables a los gobernadores de los estados, a los diputados a las legislaturas locales y a los magistrados de los tribunales de justicia locales, por la comisión de los delitos previstos en este Título, en materia federal.
Artículo 214. Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor público que:
IV. Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice, o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión.
Al infractor de las fracciones III, IV, V y VI se le impondrán de dos a siete años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Artículo 218. Comete el delito de concusión: el servidor público que con el carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija, por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquiera otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada por la ley.
Artículo 220. Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones:
I. El servidor público que en el desempeño, de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte;
...
Al que cometa el delito de ejercicio abusivo de funciones se le impondrán las siguientes sanciones:
...
Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia este artículo exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a doce años de prisión, multa de trescientas veces a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Artículo 221. Comete el delito de tráfico de influencia:
I. El servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, y
II. Cualquier persona que promueve la conducta ilícita del servidor público o se preste a la promoción o gestión a que hace referencia la fracción anterior.
III. El servidor público que por sí, o por interpósita persona indebidamente, solicite o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que hace referencia la primera fracción del artículo 220 de este Código.
Al que cometa el delito de tráfico de influencia, se le impondrán de dos años a seis años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a seis años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Artículo 222. Cometen el delito de cohecho:
I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto relacionado con sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, y
Artículo 223. Comete el delito de peculado:
I. Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa.
...
IV. Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.
En tal sentido, ante la evidente actualización de todos y cada uno de los delitos señalados previamente, cometidos por candidata del PRI, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Raúl Murrieta Cummings, Óscar Raúl Callejo Silva y Francisco Javier Hernández Armenta, entre otros, es necesaria la manifestación categórica y enérgica de parte de todos los integrantes de esta soberanía, para exigir que las autoridades de la federación (Secretaría de la Función Pública y Procuraduría General de la República) procedan de inmediato a iniciar las investigaciones correspondientes que permitan aclarar la comisión de los delitos que han sido detallados previamente, destacando entre ellos, el tráfico de influencias, el ejercicio indebido del servicio público y el ejercicio indebido de funciones, entre otros, todos ellos orquestados por la candidata del Partido Revolucionario Institucional al gobierno de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.
En segundo término, se debe hacer un llamado enérgico y categórico, con el objeto de que los citados, renuncien inmediatamente a sus cargos como servidores públicos de la federación, para que no obstaculicen las investigaciones que se realicen al interior de las dependencias en las que actualmente se desempeñan.
Debe decirse en este apartado, que en cualquier país desarrollado, donde opera el Estado constitucional de derecho, funcionarios públicos acusados por las conductas que se han citado en el cuerpo del presente, renunciarían de mutuo propio a sus cargos, no obstante ante la desvergüenza del presidente Enrique Peña Nieto, es evidente que los funcionarios federales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, deben ser instados por esta Cámara, con el objeto de que se aparten del servicio público, al no haberse aclarado hasta este momento las imputaciones sobre la corrupción y falta de probidad con las que se han conducido, siempre en contubernio con la candidata del PRI al gobierno de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.
Es trascendental para la vida pública y política del país, que esta Soberanía actúe en lo inmediato, sobre actos delicuenciales y de corrupción perpetrados por personajes que aspiran a realizarlos para beneficiarse en los actuales procesos electorales, con la finalidad de continuar ejecutandolos a la postre desde otros derroteros.
Por lo anterior, ponemos a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de la República, para que ejerza y cumpla con prontitud sus atribuciones, en torno a la investigación de la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, en su calidad de Senadora de la República, así como los CC. Raúl Murrieta Cummings, Oscar Callejo Silva y Javier Hernández Armenta, todos funcionarios de la Administración Pública Federal adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por la presunta comisión de actos de corrupción y los delitos de tráfico de influencias, ejercicio indebido del servicio público y ejercicio indebido de funciones, entre otros, sobre la modificación y simulación de las licitaciones públicas identificadas con las claves LO-009000999-T217-2014 y LO-009000999-N134-2014 respectivamente
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, proceda a la renuncia inmediata del ciudadano Raúl Murrieta Cummings, subsecretario de Infraestructura, adscrito a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal mexicano; a la renuncia del ciudadano Óscar Raúl Callejo Silva, quien se desempeña actualmente como director general de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; así como del ingeniero Francisco Javier Hernández Armenta, quien se desempeña actualmente como director general del Centro SCT Sonora, considerando que por la urgencia que el caso amerita, deberán separarse de sus cargos para que no obstaculicen la investigación en relación a las posibles conductas ilícitas cometidas durante su administración.
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 23 de abril de 2015.
Diputada Alejandra López Noriega (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las correspondientes autoridades federales y estatales a investigar las presuntas ejecuciones extrajudiciales por elementos de la Policía Federal en Apatzingán, Michoacán, suscrita por los diputados Víctor Reymundo Nájera Medina y Roberto Cabrera Solís, del Grupo Parlamentario del PRD
Quienes suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62 numeral 3; 79, numerales 1, fracción II y 2; 100; 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con una importante investigación periodística realizada por Laura Castellanos1 , se señala que los acontecimientos ocurridos el pasado 6 de enero de 2015 en Apatzingán, Michoacán, en donde 16 personas perdieron la vida, fueron en realidad ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Policía Federal; de esta manera, la versión oficial del entonces comisionado federal de Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, quien declaró que los decesos fueron producto de “fuego cruzado” con el saldo de un atropellado y ocho muertos, queda en un total entredicho enraizado en una crisis severa de desconfianza institucional.
El reportaje intitulado “Fueron los Federales”, presenta los resultados obtenidos del análisis e investigación de testimonios grabados en audio de 39 personas, entre las que se encuentran sobrevivientes, personas detenidas y liberadas, testigos circunstanciales, familiares de las víctimas, personal del Hospital General Ramón Ponce y empleados del Servicio Médico Forense (Semefo), entre otras.
El texto comienza describiendo que la madrugada del 6 de enero del año en curso, un centenar de integrantes y simpatizantes de la Fuerza Rural del grupo G250, que se encontraba en un plantón en los portales del Palacio Municipal de la ciudad de Apatzingán –porque su grupo creado por Alfredo Castillo, había sido disuelto por el mismo creador 20 días antes–, fue atacado por policías federales.
Conforme a las distintas pruebas que la periodista recabó, quienes se encontraban en el plantón no tenían armas largas, sólo palos y ramas de limonero, y seis de ellos portaban pistolas registradas, las cuales pusieron inmediatamente en el suelo cuando lo ordenó la Policía Federal. El testimonio de un integrante del G250, señala que los policías, estacionados detrás de los portales, tenían en su mayoría el rostro cubierto y armas largas Galil calibre 308, Heckler & Koch G3 calibre 7,62, R-15 calibre 2.23.
Este asalto en la madrugada fue el primero de dos que se perpetraron el mismo día, narra Castellanos. Durante esta primera embestida de la Policía Federal que duró 15 minutos, diversos testigos declararon que personas sin armas que buscaban refugio en el jardín central, fueron arrodilladas por los elementos policiacos y ejecutadas ahí mismo. De igual forma, más personas eran detenidas y subidas a camionetas por los policías.
El segundo ataque, resultado de la indignación y enojo de sobrevivientes, guardias rurales y familiares de los detenidos y atacados, fue originado por el aviso de que una caravana de la Policía Federal salía del jardín central con compañeros detenidos y heridos que pedían auxilio; por lo que armados con palos, subieron a camionetas para liberarlos.
Cuando las personas alcanzaron la caravana, descendieron de sus vehículos y rompieron los cristales de una camioneta de la Policía Federal para buscar a sus compañeros. Frente a esta situación, los policías comenzaron a detonar sus ametralladoras M60 –armas utilizadas para reventar el blindaje de vehículos cuando se trata de operativos contra la delincuencia organizada– contra una docena de vehículos sin blindaje.
La periodista apunta que después de 20 minutos de tiroteo, comenzado sobre las 7:45 horas del mismo 6 de enero, los civiles comenzaron a detenerse ante la diferencia de sus palos y armas cortas, contra las ametralladoras de la Policía Federal. En ese momento, más elementos policiacos entraron a la escena para cometer otras ejecuciones extrajudiciales de acuerdo a los testigos, quienes también señalaron que, pese a que un hospital se encontraba cerca del lugar, la Policía no pidió ambulancias.
Al respecto de la atención médica, el reportaje enfatiza el intento del director del Hospital General Ramón Ponce, Carlos Torres Vega, de trasladar a las personas heridas gravemente a Morelia a las 13:00 horas; sin embargo, la Policía Federal impidió esta acción provocando la muerte a una de las personas. No fue sino hasta después de siete horas que el traslado fue aprobado; lamentablemente, un herido de la pelvis falleció al llegar a la caseta por la espera durante la que sangró muchísimo.
En este mismo sentido, el equipo médico del hospital declaró que familiares comenzaron a llegar al lugar buscando a sus familiares desparecidos. De estos casos, destaca el de madres de niñas heridas –una de ellas de dos años– que presuntamente se habían llevado policías federales.
Igualmente, resulta alarmante que, de acuerdo al reportaje, ningún cadáver fue trasladado al Semefo de Apatzingán supuestamente porque hubo instrucciones de no llevar los cuerpos a las instalaciones.
“Tres actas de defunción prueban el traslado de cadáveres a una distancia promedio de tres horas de trayecto: A Luis Alberto Lara Belmonte, de 20 años, con “laceración en ambos pulmones y traumatismo torácico”, se le llevó al Semefo de Lázaro Cárdenas; a Luis Gerardo Barajas Rodríguez, de 18 años, que murió “por la penetración de múltiples proyectiles de arma de fuego” en abdomen, se le trasladó a Zamora, y a Guillermo Gallegos Madrigal, de 20 años, que falleció por “penetración de un proyectil de arma de fuego a cráneo”, lo canalizaron al Semefo de Morelia.”2
Los testimonios y videos vertidos en el texto indican cómo las personas atacadas por la Policía Federal llegaron a desangrarse hasta por una hora, y que la escena fue alterada por los mismos elementos policiacos quienes pusieron armas junto a las personas asesinadas.
Con esta investigación, la versión oficial expuesta por Castillo en la que justifica los ataques con la historia de un desalojo a hombres armados y la de una supuesta emboscada a la caravana de Policía Federal para quitarles vehículos incautados, en la que hubo un “fuego amigo” negando ejecuciones extrajudiciales, se ha visto desarmada ante las diferentes pruebas del reportaje para el cual se solicitó una entrevista con el ex comisionado, quien nunca respondió.
A 100 días de estos sucesos, Alfredo Castillo fue nombrado titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade). Con este nombramiento, el poder federal muestra el desprecio y el nulo interés por el respeto y garantía de los derechos humanos de las personas no sólo en Michoacán, sino en cualquier parte del país.
La masacre descrita en el texto anterior, basado en el reportaje de Laura Castellanos, es un foco rojo más al mapa de una nación gastada por la corrupción, y la violencia institucional, que cada día se recrudece en aras de la “seguridad nacional”.
Las distintas violaciones a los derechos humanos y garantías constitucionales señaladas, enmarcadas en un uso excesivo de la fuerza y la falta, y violación, de protocolos de actuación con una visión de derechos humanos, nos convocan a someter a esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en los hechos sucedidos en Apatzingán, Michoacán, el pasado 6 de enero de 2015, en el que perdieron la vida 16 personas civiles, presuntamente, a manos de elementos de la Policía Federal.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar una investigación a fondo de los hechos ocurridos el 6 de enero de 2015 en Apatzingán, Michoacán, a fin de deslindar responsabilidades y castigar a los responsables materiales y a quienes en la cadena de mando determinaron y decidieron el operativo de la Policía Federal; a investigar el presunto uso excesivo de la fuerza de los elementos de la Policía Federal; así como la responsabilidad del entonces comisionado federal de Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, ahora titular de la Comisión Nacional del Deporte.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, a que dentro de las atribuciones que le confiere su normatividad, inicie la investigación correspondiente sobre los hechos registrados en Apatzingán, Michoacán, en el que perdieron la vida 16 civiles a manos de elementos de la Policía Federal, y finque las responsabilidades correspondientes a quienes participaron e incumplieron con la misión de la institución a su cargo; así como a solicitar al Órgano de Control Interno de la Policía Federal iniciar una investigación sobre el posible uso excesivo de la fuerza y la violación a los derechos humanos cometidas presuntamente por elementos de la Policía Federal.
Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán a girar instrucciones al Servicio Médico Forense de la entidad para emitir una versión pública del registro de los cuerpos ingresados a sus instalaciones entre el 6 y el 10 de enero de 2015.
Notas
1. Castellanos, Laura. “Fueron los Federales”. En línea: http://aristeguinoticias.com/1904/mexico/fueron-los-federales/
2. Ibid
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2015.
Diputados: Víctor Nájera Medina, Roberto Cabrera Solís, Roxana Luna Porquillo (rúbricas).Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de salud a promover campañas para la toma de conciencia sobre los efectos nocivos del ruido, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Ricardo Astudillo Suárez, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El ruido, el cual siempre ha sido un elemento presente en la vida del hombre, no es en la actualidad un factor meramente accidental, sino que, con la proliferación de los motores de combustión interna, los aviones de reacción y las diferentes clases de máquinas, se ha convertido en un fenómeno cotidiano de nuestras vidas.
El ruido urbano se define como el ruido emitido por toda clase las fuentes, a excepción del producido en las áreas industriales. Las fuentes primarias del ruido urbano son el tránsito automotor, ferroviario y aéreo, la construcción y obras públicas y los sonidos propios del vecindario. El ruido característico del vecindario proviene de locales, tales como restaurantes, cafeterías, discotecas; música en vivo o grabada; competencias deportivas; animales domésticos, etcétera.
Lo anterior ha obligado a muchos países a establecer reglas para regular el ruido del tránsito de los aviones y autos, la maquinaria de construcción y complejos industriales a través de normas de emisión y reglamentos. No obstante, son pocos los casos en los cuales se cuenta con un marco regulatorio para el ruido urbano del vecindario, debido a la dificultad que representa definirlo, medirlo y controlarlo.
En las megalópolis, aglomeraciones urbanas de hasta diez millones de habitantes, como Sao Paulo, la Ciudad de México, Lima, Buenos Aires y Bogotá, sólo por citar los ejemplos latinoamericanos, la población está cada vez más expuesta al ruido urbano debido a las fuentes antes mencionadas y sus efectos sobre la salud se consideran un problema cada vez más acuciante.
Y es que uno de cada tres ciudadanos de los países occidentales asegura sufrir durante el día problemas de salud ligados al ruido, mientras que uno de cada cinco dice tener dificultades para conciliar el sueño a causa del tráfico, lo que eleva el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares e hipertensión, según encuestas realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El peligro del ruido afecta especialmente a los jóvenes, con base en datos de un estudio en la materia, la OMS advierte que mil 100 millones de jóvenes de todo el mundo tienen el riesgo de padecer pérdidas de audición debido a la exposición a ruidos que forman parte de sus hábitos cotidianos. En el informe también se estima que 50 por ciento de jóvenes está expuesto a riesgos debido al uso de reproductores mp3 y teléfonos inteligentes, y 40 por ciento por los niveles de los ruidos nocivos que se producen en clubes, discotecas y bares.
En este contexto, las consecuencias de la contaminación acústica en la salud del ser humano son múltiples, siendo las principales: deficiencia auditiva causada por el ruido; interferencia en la comunicación oral; trastorno del sueño y reposo; efectos psicofisiológicos sobre la salud mental y el rendimiento; efectos sobre el comportamiento e interferencia en actividades cotidianas.
Es en este sentido que cada 24 de abril se lleva a cabo la celebración del Día Mundial de la Concientización Respecto al Ruido, la cual tiene como propósito reducir la contaminación auditiva y concientizar a las personas sobre los peligros que el ruido genera contra la salud pública.
Es por lo tanto imperativo implementar estrategias sobre el manejo del ruido, para de esta manera desarrollar criterios para el establecimiento de niveles seguros de exposición y promover la evaluación y control del ruido como parte de los programas de salud ambiental. Estas metas elementales deben guiar las políticas nacionales para el mejor manejo del ruido. En este sentido, la Agenda 21 de las Naciones Unidas apoya principios de manejo ambiental sobre las cuales se pueden basar las políticas de nuestro gobierno, incluidas las políticas de manejo de ruidos: el principio de precaución, el principio “el que contamina paga” y el de prevención. En todos los casos, el ruido se debe reducir al nivel más bajo posible en una situación dada. Si la salud pública está en riesgo se deben tomar medidas de protección incluso si no hubiera evidencia científica completa.
En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades en materia de salud a promover campañas para la concientización sobre los efectos nocivos del ruido, especialmente entre la juventud, por ser el grupo de edad con mayor exposición a niveles de ruido que pueden afectar su salud a mediano y largo plazo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2015.
Diputado Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y la SEP a mejorar los planes de estudio y la infraestructura educativa, a cargo del diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Danner González Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El espíritu democrático de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, es tener un sistema educativo fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, para que el país alcance un desarrollo pleno.
Con la llegada del neoliberalismo, la educación quedó reconfigurada en una política donde el gobierno decidió ceder a los intereses del mercado este bien público.
Ahora la educación, pese a que es un derecho humano consagrado en la Carta Magna, artículo 3o., primer párrafo, donde se expresa que desde el nivel básico hasta el medio superior será obligatoria y las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de sus atribuciones legales, están obligadas a garantizarlo, año tras año se le vulnera a miles de jóvenes en el país.
El acceso a la educación pública y gratuita de nivel medio superior es un problema estructural que tiene que ver con la reorientación del presupuesto y los servicios públicos.
La falta de oportunidades para los jóvenes estudiantes no es un problema nuevo y mucho tiene que ver con que las instituciones de nivel bachillerato con mayor demanda no han aumentado su matrícula en el área metropolitana, por ejemplo: en 2012, de los 307 mil 23 aspirantes que presentaron la prueba para poder ingresar en una de las 595 escuelas de nivel medio superior de la Ciudad de México, 42 mil 710 jóvenes (13.9 por ciento) se quedaron sin lugar.1
Mientras, 29 mil 973 aspirantes (1 de cada 3 jóvenes que presentó el examen) fueron rechazados en las escuelas de su preferencia por no lograr el puntaje requerido o por tener una calificación menor de 7 en el certificado de secundaria, el mínimo para ser aceptado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Después de la UNAM y el IPN, las preparatorias a cargo de la Secretaría de Educación del estado de México fueron las que tuvieron más demanda, con 48 mil aspirantes, de los cuales sólo aceptaron a 22 mil 261.2
En agosto de 2014 hubo 309 mil 502 concursantes registrados; de ellos, 25 mil 90 no fueron aceptados en ninguna escuela. La UNAM tuvo una demanda de 52.3 por ciento; es decir, cerca de 161 mil 753 aspirantes, pero sólo aceptó 36 mil jóvenes. El IPN tuvo 48 mil 828 aspirantes, pero fueron aceptados sólo 20 mil. Y el Colegio de Bachilleres aceptó a 2 mil.3
Esas cifras son desalentadoras para los jóvenes que desean ingresar en una escuela que les permita desarrollarse plenamente. Los fondos destinados a la educación media superior que deberían ser una fuente de inversión a futuro, mas ahí la decadencia sigue haciéndose presente: en lugar de que se incrementen, sus recursos van en descenso.
Con miras de altura y transparencia se podría no sólo construir nueva infraestructura o rehabilitar la existente para dar oportunidad de acceder al nivel medio superior a miles de jóvenes, pero también se podrían financiar otras modalidades educativas útiles como el bachillerato a distancia, el abierto o en línea.
Es necesario atender esta problemática que puede causar crisis de expectativa entre los jóvenes y sus familiares. Los jóvenes representan actualmente un tercio de la población y son el futuro del país. Si hay gente preparada podrá crecer el país intelectual, cultural y económicamente, además de que abonará a cambiar los balances de poder del país respecto a los demás.
Mientras el problema de su exclusión de las aulas educativas sea una lacerante realidad, este sector estará condenado a la marginación social. Es momento de considerar la viabilidad de construir nuevas instituciones públicas en este nivel, ya que desde hace años no se han construido las suficientes instalaciones o no se han ampliado las actuales.
Por eso se debe garantizar y hacer valer el derecho a la educación media superior pública, para ello hay que aumentar la matricula en las instituciones del nivel medio superior de carácter público, además de mejorar y rehabilitar la infraestructura existente, sobre todo en el área metropolitana de la Ciudad de México y en las zonas más marginadas del país.
Otro tema que la Secretaría de Educación Pública no ha atendido y que es imprescindible resolver, es el que tiene que ver con la mala calidad educativa producto de que los planes educativos son errados y equivocados, pareciera que en las escuelas se instruye, pero no se educa, los maestros enseñan, pero no forman, pues en todos los niveles, aunque es más notorio en el nivel básico, no se está preparando a los estudiantes con aptitudes que les permita un mejor desempeño educativo en las áreas sociales, humanas y, sobre todo, en las ciencias duras como matemáticas, física o química, mucho menos para que a futuro sean ciudadanos pensantes y agentes de las transformaciones sociales, culturales, económicas, tecnológicas y políticas que requiere el país.
Así lo demuestran las pruebas de calidad educativa aplicadas por la OCDE entre los países miembros, conocida con el nombre de PISA, donde el país mejora pero no aprueba en las aplicaciones registradas, sobre todo en matemáticas y español que es donde los jóvenes siguen reprobando, lo cual da cuentas de que no están siendo preparados para enfrentarse a los nuevos retos de la sociedad del conocimiento.
Lo más dramático es que el gobierno federal pretende un recorte de los programas sociales y educativos para el próximo año. De acuerdo con el Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, conocido como “Pre-criterios”, el cual se entrega al Congreso de la Unión, el titular del Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha anunciado un ajuste del gasto por 135 millones de pesos.4
Entre la lista de programas educativos que sufrirán una reducción el año que viene, la SHCP menciona los siguientes:5
- A Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico se quitarán 308.6 millones de pesos: pasará de 13 mil 441.4 a 13 mil 132.4 millones de pesos;
- Al programa Prestación de Servicios de Educación Media Superior se reducirán 217.7 millones de pesos: pasará de 7 mil 972.9 a 7 mil 755.2 millones de pesos;
- Al Programa Escuelas de Tiempo Completo se recortarán 311.1 millones de pesos, pues pasará de 10 mil 369.6 a 10 mil 58.5 millones de pesos;
- Al Programa Nacional de Becas se quitarán 367.6 millones de pesos: pasará de 12 mil 253.8 a 11 mil 886.2 millones de pesos; y
- El Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación tendrá una reducción de 108.5 millones de pesos: de 3 mil 615.2 millones de pesos pasará a 3 mil 506.7.
Por ninguna circunstancia la educación debe pagar las deficiencias de los errados cálculos económicos del gobierno federal por estar alejados de la realidad, y porque los proyectos se elaboran con la perspectiva de un entorno económico externo en recuperación y sin considerar la fuerte caída del precio del petróleo, la volatilidad de los mercados financieros, la depreciación del tipo de cambio y un menor dinamismo de la economía global.
Sobre todo cuando esto contrasta notablemente con el despilfarro de los recursos públicos, ya que entre 2000 y 2013, el gasto corriente del gobierno creció a una tasa real anual promedio de 5.2 por ciento, incrementando su nivel total de 10.9 a 15.2 del PIB.6
Derivado de lo anterior someto a consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a no reducir los recursos en ningún programa educativo para el ejercicio fiscal de 2016 y, por el contrario, destine más recursos al sector educativo, poniendo especial atención en el nivel medio superior para que se mejore la infraestructura educativa de las zonas marginadas y del área metropolitana de la Ciudad de México, así como para que se amplíe la matrícula de las escuelas públicas de bachillerato.
Segundo. Se exhorta a la Secretaria de Educación Pública a actualizar y mejorar el plan de estudios de todos los niveles educativos, a fin de que prepare a los estudiantes con mejores aptitudes para su desempeño educativo en las áreas sociales, humanas y de las ciencias duras.
Notas
1 “Más de 42 mil jóvenes, sin derecho a ocupar un lugar en el nivel medio superior”, en Contracorriente, 28 de julio de 2012. Disponible en http://www.educacioncontracorriente.org/archivo/index.php?option=com_co ntent&view=article&id=54784:mas-de-42-mil-jovenes-sin-derecho-a -ocupar-un-lugar-en-el-nivel-medio-superior&catid=38:tertulia-educa tiva&Itemid=61 [Última consulta: 19 de abril de 2015]
2 “120 mil rechazados en bachillerato UNAM; ingresó 1 de cada 4”, en Becatón. Disponible en http://www.becaton.com.mx/120000-rechazados-en-bachillerato-unam-ingres aron-1-de-cada-4/ [Última consulta: 19 de abril de 2015]
3 “Sólo 32 por ciento quedó en la prepa de su preferencia”, en Excélsior, 2 de agosto de 2014. Disponible en http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/02/974111 [Última consulta: 19 de abril de 2015]
4 “La SHCP entrega al Congreso de la Unión el documento de pre-criterios 2015”, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, comunicado de prensa, 29 de marzo de 2015, página 1. Disponible en http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_029_2015.pdf [Última consulta: 8 de abril de 2015]
5 Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, página 65. Disponible en http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/info_relativ a_2/precriterios_2015_vf.pdf [Última consulta: 8 de abril de 2015]
6 “La SHCP entrega al Congreso de la Unión el documento de pre-criterios 2015”, obra citada.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2015.
Diputado Danner González Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de conmemorar el centenario de vida de Enrique Ramírez y Ramírez, defensor de los principios de la Revolución Mexicana, por su gran labor política, periodística y humanista, a cargo del diputado Arnoldo Ochoa González, del Grupo Parlamentario del PRI
Arnoldo Ochoa González, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, IV y VI y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Es necesario recordar a un gran hombre que ante todo fue un honroso mexicano y que además de desarrollar una inconmensurable labor política y periodística, fue un gran humanista con un alto grado de responsabilidad y sensibilidad.
Así, el nombre de Enrique Ramírez y Ramírez resuena como ejemplo histórico del mexicano incansable y trabajador, como brillante ideólogo y un destacado parlamentario que en su labor como Diputado trabajó con los elementos del pensamiento y la palabra, propugnando por una nación esencialmente fuerte, reconociendo que la compleja historia de México con la aportación y esfuerzo de todos los mexicanos puede construir un país con un brillante provenir; de esta forma él predicó siempre con el ejemplo.
Ramírez y Ramírez ha dejado huella en el corazón de México, y es nuestro deber honrar la memoria de este hombre, cuyo quehacer siempre buscó con convicción una sociedad basada en la justicia social a través de los elementos trazados por la Revolución Mexicana.
Su lucha se ha convertido en nuestra también, porque debemos construir los caminos que conviertan a esta nación en una más prospera, justa, equitativa, segura, libre y democrática.
Su actuar nos ha mostrado que en el devenir histórico, debemos preocuparnos haciendo notorio que la historia demanda nuestro actuar, y asumir nuestra responsabilidad en el presente de constantes cambios del que somos partes.
Enrique Ramírez y Ramírez enriqueció con su pensamiento las tribunas, la prensa y siempre mantuvo la idea avante de que la vida cultural de la nación, el crecimiento productivo y la mejora de las condiciones en toda la Republica debían estar integralmente basados en los ideales del Revolución, trayendo así un debate ideológico fortalecido, el cual debemos retomar en todo momento, y no debe ser conciliado con las ideas de los detractores de la democracia.
Es así que además de recordar al hombre, debemos también recordar los ideales que siempre trajera consigo, aquellos que nos hacían saber una y otra vez, por medio de sus acciones y sus palabras, que nuestro México se desarrolló debido a la obra consolidada en la Revolución.
Sus creencias, además de una invaluable presea para el pueblo mexicano, deben ser siempre un mapa de acción, porque él creía en un ciclo de reformas profundas que transformarán a nuestro país y lo acercarán a uno mucho más humano, en el que se extendiera la seguridad social, se aliviaran los problemas de empleo y vivienda, se persiguiera una reforma fiscal proporcional a la ganancia individual, una reforma educativa como elemento esencial de las pautas de cambio y mejoría, una reforma política para buscar los cimientos de una verdadera democracia, una reforma de Estado.
Es momento de recordar y hacer que las causas justas tomen su cauce; es momento de recordar lo que significa mencionar el nombre de Enrique Ramírez y Ramírez y mirar nuestro pasado para después construir un brillante porvenir.
De ahí la necesidad y la importancia de reflexionar nuestro actuar y el de nuestras instituciones, lo que se ha hecho para engrandecer a México, tal como lo fue el legado heredado a todos los mexicanos por Ramírez y Ramírez, quien en una trayectoria de medio siglo de intensa actividad política revolucionaria, desentrañó lo que verdaderamente significa coadyuvar en el desarrollo del pueblo mexicano y contribuyó a la formación de políticos verdaderamente comprometidos con nuestro país.
Nuestra nación ha vivido enormes cambios en la búsqueda de su prosperidad y en la construcción de una sociedad más justa y con mejores oportunidades para su gente, como ha sido su aspiración histórica, es así que, llamamos a recordar el centenario del natalicio de Enrique Ramírez y Ramírez como hombre de vanguardia, defensor incansable de la Revolución y hombre congruente con sus principios cuyo ejemplo debe ser tomado por todos nosotros para superar las dificultades del país y retomar con nuevos bríos la ruta del desarrollo.
Es así que la Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente
Acuerdo
Único. Se acuerda conmemorar el centenario de vida de Enrique Ramírez y Ramírez, como hombre de convicción nacionalista, pensador y dirigente social comprometido, defensor de los principios de la Revolución Mexicana, por su gran labor política, periodística y humanista.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2015.
Diputado Arnoldo Ochoa González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la Semarnat y la Profepa acciones para detener el daño ambiental por la invasión de los manglares en Campeche, a cargo de la diputada Diana del Carmen Vera Ávila, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada federal Diana del Carmen Vera Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de ésta honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El porvenir de todas las comunidades de nuestro país está inexorablemente vinculado con su entorno natural, al ser la naturaleza fuente original de nuestra riqueza nacional y la principal proveedora de los bienes necesarios para garantizar una vida digna para el ser humano, por lo cual el equilibrio entre crecimiento económico y social, desarrollo tecnológico y medio ambiente es una responsabilidad compartida entre ciudadanos, comunidades y gobierno.
El artículo 4o. de la Carta Magna reconoce que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, estableciendo la obligación del Estado de garantizar dicho derecho; lo cual se refuerza con los compromisos internacionales que nuestro país ha asumido al adherirse al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, que señala en su artículo 11 el derecho a vivir en un medio ambiente sano y la obligación del Estado de promover la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente señala en su artículo 3ro fracción I que el Ambiente es “el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados”, esto implica que el derecho a un medio ambiente sano comprende realizar las acciones necesarias para garantizar la protección, salvaguarda y el equilibrio entre los elementos naturales y artificiales que hacen posible la existencia de todos los organismos vivos.
Derivado de lo anterior, es la obligación del gobierno federal a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el ámbito de sus competencias, garantizar el respeto a las leyes que tienden a proteger nuestro medio ambiente, por lo cual las nuevas invasiones a los manglares del borde sur del arroyo La Caleta en Ciudad del Carmen, Campeche, afectan de manera directa ese ecosistema y van en detrimento de la flora y fauna que se encuentra en la zona, poniendo además en peligro a las familias que habitan de manera irregular estos terrenos.
Este arroyo, como bien lo señala el programa parcial de mejoramiento urbano de la zona del arroyo La Caleta de julio de 2012, es una corriente superficial de agua, con la aportación de la Laguna de Términos, y conectado con ésta a través de su boca poniente, cuya función principal es servir de receptor del escurrimiento de las aguas pluviales de la zona norte de la Ciudad del Carmen. El polígono del área del Arroyo consta de 7.5 kilómetros de longitud, un ancho de sección que oscila entre los tres y los setenta metros, ocupando 258.88 hectáreas, lo que representa un 8.7 por ciento del área urbana del centro de población que cuenta con 2,962.16 hectáreas, convirtiéndose en una de las reservas naturales más importantes de manglares en México.
La importancia de los manglares no puede ni debe pasar inadvertida, estos ecosistemas naturales producen la mayor cantidad de materia orgánica, sirven de fijadores de sedimentos, recicladores de materia orgánica y refugio de vida silvestre, son creadores de terreno, tienen un alto contenido de nutrientes que permiten que los peses los ocupen como áreas de desove o criadero, son el hogar de una gran variedad de aves y otros organismos marinos, protegen la costa contra la erosión, las marejadas, tormentas y huracanes, producen oxígeno y usan el bióxido de carbono del aire, son importantes para la educación e investigación científica, toleran altas concentraciones de sal en la savia; lo cual los convierte en ecosistemas de gran importancia para el desarrollo ambiental.
A pesar de que desde 2012 existen los lineamientos para el rescate y aprovechamiento del arroyo La Caleta, esto como consecuencia de aproximadamente 21 colonias irregulares por donde atravesaba el Arroyo y la paulatina pérdida de este entorno natural, en fechas recientes se dio una nueva afectación a los manglares por parte de 862 familias que mantienen invadidos más de 80 mil 400 metros cuadrados desde el puente de la avenida Periférica Norte hasta la avenida Boquerón del Palmar, realizando acciones como la tala de mangle, la quema de la flora para la limpia del terreno y obligando a las diversas especies de aves, iguanas, cocodrilos y otros animales tanto terrestres como marinos a huir de su hábitat en busca de refugio.
Estos actos de invasión se han desarrollado a lo largo de muchos años con el pretexto de establecer viviendas en un medio físico no apto para el desarrollo urbano, ya que se carece de servicios básicos y existe el peligro latente de eventos hidrometeorológicos que permitan la entrada del mar a la zona durante la temporada de huracanes y nortes, poniendo en riesgo no sólo la vida de los invasores sino de la sociedad en general, ya que al destruir la barrera protectora que representa el manglar, se elimina la protección contra el oleaje que en años anteriores ha inundado el malecón en la época de lluvias.
Aunado a lo anterior, los humedales son rellenados con basura, desechos y materiales pétreos, contaminando el subsuelo y la corriente del Arroyo que está conectada a la Laguna de Términos, la cual fue declarada mediante decreto presidencial del 6 de junio de 1994 como área natural protegida con el carácter de área de protección de flora y fauna, por ser este un tema de interés público ante el grave deterioro ambiental que sigue sufriendo, estableciéndose en el Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna de Laguna de Términos que sus humedales conforman junto con los de Tabasco una unidad ecológica y son considerados como los más importantes de Mesoamérica.
El programa parcial de mejoramiento urbano de la zona del arroyo La Caleta identificó atinadamente cinco afectaciones a este ecosistema: contaminación del agua, contaminación del suelo, contaminación del agua, deterioro urbano y conflictos socioeconómicos; ante estos eventos se han presentado desde 2013 diversas denuncias ante la Profepa y la PGR que no han tenido respuesta por parte de la autoridad, continuando con la impunidad que ha caracterizado el deterioro de nuestra riqueza natural.
La preocupación del Grupo Parlamentario de Acción Nacional por los daños a los manglares siempre ha estado presente, desde marzo del 2006 se presentó en esta Cámara una iniciativa de reforma que adicionaba un artículo 60 a la Ley General de Vida Silvestre para prohibir cualquier obra o actividad que afectara la estructura y función del ecosistema de manglar, salvo que la misma fuera autorizada en materia de impacto ambiental mediante el establecimiento de condicionantes que garantizaran la calidad y cantidad del flujo hídrico que sostiene dicho ecosistema, exceptuando de la prohibición, las obras o actividades dirigidas a proteger y restaurar el ecosistema de manglar, así como las actividades de investigación y en caso de autorizarse la obra o actividad en materia de impacto ambiental, la autorización debía contener las medidas de compensación que correspondieran; sin embargo, a la fecha esto no ha sido una realidad.
Ante esta grave amenaza al ambiente, que pone en riesgo no sólo la vida de innumerables especies animales y vegetales, sino también de los pobladores de Ciudad del Carmen, es indispensable que las autoridades en todos los niveles de gobierno realicen las acciones necesarios para garantizar el respeto a la ley en materia ambiental y proteger la zona de manglares, implementando además las estrategias tendientes a revertir los daños causados y controlar sus efectos a largo plazo, realizando las investigaciones correspondientes para fincar responsabilidades por estas invasiones.
Ante lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar las acciones necesarias para detener el daño al medio ambiente derivado de la invasión a los manglares ocurrida en el estado de Campeche, garantizar el respeto a la las leyes en materia ambiental y realizr las diligencias necesarias para fincar las responsabilidades correspondientes.
Segundo. Se informe a la opinión pública en un plazo no mayor a 30 días naturales las acciones tomadas para la resolución de este asunto.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados a los veintitrés días del mes de abril de 2015.
Diputada Diana del Carmen Vera Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a intervenir por el INM ante el trato contrario a los derechos humanos de los migrantes, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Karen Quiroga Anguiano, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México a nivel internacional se ha adherido a tratados internacionales que defienden y reconocen los derechos de los migrantes como lo son: el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa relativo a la Readmisión de Personas (1998), la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Estatuto de los Apátridas (2000), la Convención sobre la condición de los extranjeros (1931) y la Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones (2002), lo anterior es muy significativo tomando en consideración que México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.
El Instituto Nacional de Migración es un órgano administrativo desconcentrado de la Administración Pública Federal, dependiente de la Secretaría de Gobernación. El cual tiene bajo su responsabilidad: la salvaguarda, la integridad y el pleno respeto de los derechos humanos de dicho sector.
El Instituto Nacional del Migrante (INM) tiene como misión fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de los migrantes y extranjeros, a los cuales se le deben de reconocer sus plenos derechos, por medio de una gestión migratoria, bajo el estricto apego a la dignidad de las personas.
Uno de los principales objetivos del Instituto es garantizar el respeto de los derechos de los migrantes a través de fortalecer y mejorar la gestión de la regularización, el control y la verificación de los mecanismos necesarios a fin de fomentar una cultura de la legalidad migratoria con el fin de proporcionar un flujo migratorio documentado, ordenado y seguro para México.
El Estado mexicano cuenta con la Ley de Migración la cual establece, en su artículo primero, que el trato de los extranjeros en el territorio nacional se apega a un marco de respeto, protección y salvaguardar de los derechos humanos con el fin de contribuir en el desarrollo nacional, así como preservar la seguridad nacional.
En la misma regulación en su Título Quinto se tiene como finalidad la protección a los migrantes que transitan por el territorio nacional, ahí mismo, se promueve el derecho a la seguridad personal de los migrantes que el Estado mexicano garantiza en el procedimiento administrativo migratorio, lo cual incluye: la presentación, el alojamiento en las estaciones migratorias, el retorno asistido y la deportación, los servicios públicos del instituto deberán de respetar los derechos reconocidos a los migrantes en situación migratoria.
Asimismo, en el Capítulo VI se establecen los derechos de los alojados en las estaciones migratorias, de aquí que se deben de cumplir al menos con los siguientes requisitos: prestar servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica, así como atender con los requerimientos alimentarios que incluye tres alimentos al día, mantener las instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento, incluso, estos establecimientos deben de contar con espacios de recreación deportiva y cultura, por medio de un trato digno y humano durante toda su estancia en la estación migratoria.
No obstante, lo mencionado en el ordenamiento anterior, recientemente con fecha seis de abril del presente año se presentó una denuncia que fue dirigida al director general de la Coordinación de Delegaciones, comisionado general Segismundo Doguin Garay, con copia a la directora jurídica de Derechos Humanos y Transparencia, al Director de Protección al Migrante Lic. Luis Jesús Meléndez Alvarado, al Encargado del Despacho de la Delegación Federal del INM en Tamaulipas y al Titular del Órgano Interno de Control del INM entre otros.
Que consiste en la denuncia por parte de la agente especial OPI (Oficial de Protección a la Infancia) del Grupo de Protección al Migrante Beta en Matamoros, Fedra Berenice Cárdenas de la Fuente, la cual fue comisionada a apoyar en las operaciones de contención de migrantes en la “Y” griega carretera San Fernando –Matamoros – Reynosa.
Denunciando que fue sometida a horarios no establecidos obligándola a laborar turnos de más de 20 horas seguidas de trabajo, realizando funciones de custodia a los migrantes quienes se encontraban en un autobús, quienes permanecieron dentro de éste, dos días consecutivos, en condiciones deplorables inhumanas e insalubres.
Asimismo la Agente señaló que el encargado del operativo, José Ramiro Valadez García, no le importó que fueran niñas, niños, mujeres; incluso embarazadas, personas con discapacidad y hombres, los cuales tenían acceso a un solo baño, exponiéndolos a condiciones de hacinamiento.
Este no es el único caso en donde nuestro país se ha encontrado en faltas graves a la Ley pues según La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos “ha recibido información de que un número considerable de casos, agentes estatales, ya sean de las diferentes fuerzas de policía o del Instituto Nacional de Migración han estado involucradas directamente en la comisión de los delitos y violaciones a los derechos humanos”.1
Debemos de considerar que los derechos humanos son universales, independientemente de la nacionalidad de todas las personas, pues todas gozan de estos derechos, la discriminación y la segregación hacia los migrantes se deben de enfrentar por medio de una protección reforzada en nuestras instituciones, evitando las acciones rudimentarias de violaciones hacia este sector. Así pues, debemos de considerar que el fenómeno de la migración genera impacto en el desafío que gira en torno al pleno goce de los derechos humanos para todas las personas en todo el planeta.
Estamos convencidos que la Ley para INM no es letra muerta, por tal motivo se deben de garantizar los programas de regularización de los migrantes, así como adoptar las medidas necesarias para sancionar los abusos en contra de los migrantes y elegir las herramientas óptimas para asegurar los derechos económicos, sociales y culturales de los migrantes.
Por todo lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que exhorta a la Secretaría de Gobernación la cual aplica la legislación migratoria a través del instituto nacional de migración para la intervención en el trato que va en contra de los derechos humanos de los migrantes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de abril de 2015.
Diputada Karen Quiroga Anguiano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a revisar la calidad de sus programas para promover la difusión del libro y fomentar tanto la lectura como la industria editorial, a cargo del diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Arturo Escobar y Vega, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El 23 de abril es un día simbólico para la literatura universal ya que ese día se conmemora el fallecimiento de tres grandes personajes de las letras, Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Por este motivo, la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en 1995, decidió rendir un homenaje en todo el mundo a los libros y autores en esta fecha, alentando a todos, y en particular a los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irremplazables contribuciones de aquellos quienes han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad.
El libro es sin duda alguna una de las creaciones más relevantes del ser humano no sólo en lo que hace a la conservación sino también a la transmisión de la cultura, la ciencia, la historia, la filosofía, etcétera. El libro es uno de los representantes por antonomasia de la civilización, incluso hoy que el avance de diferentes soportes tecnológicos le ha hecho perder parte de su popularidad.
Para los seres humanos la relevancia del libro reside en la lectura, acto que constituye la puerta de acceso a la adquisición de nuevos conocimientos. Leer supone un proceso mental a través del cual se incrementa nuestra capacidad para poner atención y para reflexionar, así como nuestros niveles de concentración y razonamiento, elementos todos que nos hacen más aptos para enfrentar de mejor manera muchos de los retos que la vida nos plantea.
Así pues, la lectura y el desarrollo de competencias que de su práctica se desprenden resultan de vital importancia para el progreso social, económico y político tanto de las personas como de las sociedades de las que éstas forman parte.
Dado que la lectura representa un pilar estratégico para el desarrollo de las naciones, en los últimos tiempos un creciente número de gobiernos ha puesto en marcha políticas públicas destinadas a fomentar el hábito de la lectura entre su población, bajo el supuesto de que existe una correlación entre el grado de desarrollo y los índices de lectura que se presentan en la sociedad.
Hablar de fomento a la lectura y el libro implica hacer referencia a un conjunto de acciones encaminadas a propiciar las condiciones ideales para el desarrollo de sociedades lectoras, el impulso de la producción y circulación del libro, la promoción del hábito de la lectura y la escritura, así como el estímulo y la protección de la creación literaria.
Según datos del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlac), México es el primer país productor de libros en la región. No obstante lo anterior, ello contrasta con la cantidad de personas que leen por placer y con la cifra extremadamente baja de consumidores de libros, pues se estima que en nuestro país existen apenas medio millón de personas que compran libros regularmente.
La situación de los índices de lectura en México arroja cifras alarmantes pues se calcula que el 70 por ciento de los mexicanos que asisten a la escuela, desde la educación primaria y hasta la universidad, no lee. Es decir que, a pesar de tener un sistema educativo nacional que rebasa los 30 millones de educandos, éste no ha podido constituirse como el sustento dinámico que requiere el mercado mexicano del libro.
La escasa demanda, que no ha logrado incrementarse significativamente a pesar de las estrategias implementadas por el Programa Nacional de Lectura, ha puesto en entredicho la viabilidad de muchas casas editoriales y librerías de nuestro país. La carencia del número de lectores habituales en el país es tal, que los escritores nacionales que viven de su obra pueden contarse con los dedos de las manos, y ello sucede más por regalías y derechos de las traducciones o adaptaciones a otros géneros artísticos, que por las ventas de sus originales en el territorio nacional.
Estudios comparativos sobre el panorama de la lectura en el mundo, realizados por la OCDE y la UNESCO, revelan que México ocupa los últimos lugares en esta materia en el contexto internacional y regional.
Nuestro país es el penúltimo lugar en hábitos de lectura de una lista conformada por 108 naciones del mundo, con un promedio de 2.8 libros leídos anualmente por cada habitante, cifra muy alejada del promedio de lectura de sociedades como la española y la alemana (7.5 y 12 libros por año, respectivamente).
A pesar de lo mucho que ha avanzado la cobertura de la educación básica y el promedio de escolaridad entre la población mayor de 15 años, para la mayoría de los mexicanos la afición de leer libros no es todavía una costumbre; esta falta de lectura de libros entre la sociedad mexicana, no solamente la alfabetizada, sino incluso en aquella que cuenta con mayor escolaridad, se ha convertido en un lastre cada día más pesado y en un factor de atraso cada vez más evidente e incómodo.
La crisis de lectores que vive hoy la sociedad mexicana amenaza seriamente nuestro proceso educativo y cultural, muy específicamente el desarrollo de los estudiantes, que al carecer de las capacidades lectoras no se benefician suficientemente de las oportunidades educativas y no están adquiriendo los conocimientos y habilidades necesarias para acceder a un mejor porvenir.
Sin una capacidad lectora plenamente desarrollada, nuestros estudiantes no alcanzan un nivel básico de eficiencia, pues fallan en demostrar rutinariamente habilidades y conocimientos que les permitan afrontar los retos del futuro, así como en analizar, razonar y comunicar ideas de manera efectiva y en su capacidad para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, lo cual pone a las personas en una situación de clara desventaja.
En el Partido Verde queremos aprovechar el marco del Día Mundial del Libro para hacer un llamado a la revisión de las políticas públicas en nuestro país encaminadas a fomentar y estimular la lectura, así como la edición, distribución y comercialización del libro mexicano a fin de que éstas puedan cumplir mejor con su propósito. Por este motivo ponemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública a revisar la calidad de sus programas para promover la difusión del libro, fomentar la lectura y la industria editorial con el propósito de que éstos contribuyan mayormente al progreso social y cultural de la sociedad mexicana.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2015.
Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de Pemex, la Sener y la STPS a salvaguardar los derechos de los trabajadores del sector energético del país, a cargo del diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Danner González Rodríguez, diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
A casi siete décadas de existencia, hablar de Petróleos Mexicanos (Pemex) es hacer referencia al esfuerzo, sacrificio, dedicación pero también al desarrollo, éxito y progreso1 del país durante gran parte del siglo XX.
Lamentablemente la hoy empresa productiva del estado atraviesa por uno de los momentos más difíciles desde su creación, a pesar de que el gobierno federal y la mayoría parlamentaria en el Congreso de la Unión, conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (PNA), pudieron concretar e implementar las reformas constitucionales y las leyes secundarias en materia energética.
El desmantelamiento de sus funciones operativas, la carencia de infraestructura, la falta de integración al conjunto del sector energético, la deuda que al cierre de 2014 se ubicó en un billón 143 mil millones de pesos2 (producto de los oscuros esquemas de deuda encubierta llamados Pidiregas y por fideicomisos de los que poco se sabe) y la enorme corrupción, son actualmente gran parte de los rasgos distintivos de Pemex.
Desafortunadamente, y de manera injusta, las autoridades de Pemex pretenden dar salida a esta situación con medidas erróneas y que afectarán a los trabajadores. El director general de la exparaestatal, Emilio Lozoya, hace poco más de un mes señaló que por instrucciones del Consejo de Administración de Pemex se decidió posponer proyectos de exploración en aguas profundas y aplicar recortes de personal3 . Versión confirmada por el propio secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, quien además señaló que entre los despidos habrá no sólo personal de confianza sino también sindicalizados4 .
“Y dicho y hecho”, el 15 de marzo, en Coatzacoalcos, Veracruz, despidieron a 400 trabajadores sindicalizados que se suman a los más de 10 mil trabajadores contratados por outsourcing que dejaron de laborar desde el 1 enero de este año, pero eso no es todo, ya que se espera que otros 60 mil trabajadores sindicalizados sean despedidos en los próximos meses5 .
Como es de conocimiento público, a Pemex se le redujeron 62 mil millones de pesos este año como consecuencia de la caída de los precios del petróleo. Sin embargo, los trabajadores no tienen por qué cargar con los errores del gobierno federal, porque los cálculos económicos desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se han hecho alejados de la realidad, ya que los proyectos de egresos e ingresos de este 2015 se elaboran bajo la perspectiva de un entorno económico externo en recuperación y sin considerar la fuerte caída del precio del petróleo que se viene dando desde hace tiempo, ni la volatilidad de los mercados financieros, mucho menos de la depreciación del tipo de cambio y de un menor dinamismo de la economía global.
Además, es por mandato constitucional la salvaguarda de los derechos de los trabajadores de Pemex, de no hacerlo sería una contradicción muy seria del mismo gobierno federal, ya que él fue el principal promotor de la Reforma Energética, y precisamente en el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía, publicado el 20 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, señala que:
“Los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en los organismos, las dependencias y entidades de la administración pública federal dedicadas a las actividades que comprende el presente decreto se respetarán en todo momento de conformidad con la ley”.
Habría que recordar la declaración social de Querétaro de 1917 es el principio de la lucha de las clases populares por su redención. Es una verdad que artículos como el 3, 27 y 123 sintetizaron las inquietudes sociales del pueblo mexicano, por lo que estos preceptos de la carta fundamental son el ser y el querer ser de la nación, son el punto de partida y meta de las clases sociales que dan aliento y esperanza a este país.
Por lo que el trabajo, al ser un derecho humano y constitucional, no es un artículo de comercio, exige respeto para las libertades, dignidad y derechos de quienes lo prestan, no se puede ser incongruente en este asunto, ni decir una cosa y hacer otra.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al director general de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, y al secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, a que respeten los derechos laborales de los trabajadores de la empresa, a que no se despida a ningún trabajador más y a que se reinstale a los trabajadores petroleros que han sido despedidos.
Segundo. Se exhorta al secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, a que salvaguarde los derechos de los trabajadores del sector energético del país, poniendo especial énfasis en los trabajadores de Pemex.
Notas
1. Historia de Petróleos Mexicanos . Disponible en: http://www.pemex.com/acerca/historia/Paginas/default.aspx [Última consulta: 19 de abril de 2015]
2. “Deuda de PEMEX ya es histórica; aumentó 35.9%”, Milenio , 16 de marzo de 2015. Disponible en: http://www.milenio.com/negocios/Deuda-Pemex-historica-aumento_0_4823517 75.html [Última consulta: 19 de abril de 2015]
3. “Llegan los recortes a Pemex; postpone proyectos y anuncia despidos de personal”, Proceso , 18 de febrero de 2015. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/?p=396229 [Última consulta: 19 de abril de 2015]
4. “Sindicalizados, entre los despidos de Pemex”, El Economista , 22 de febrero de 2015. Disponible en: http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/22/sindicalizados-entre-d espidos-pemex [Última consulta: 19 de abril de 2015]
5. “Inician despidos en Pemex; liquidarán a 400 empleados del edificio inteligente de Coatza”, ForoCoatza, 3 de marzo de 2015. Disponible en: http://www.forocoatza.com.mx/inician-despidos-en-pemex-liquidaran-a-400 -empleados-del-edificio-inteligente-de-coatza/ [Última consulta: 19 de abril de 2015]
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2015.
Diputado Danner González Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la investigación de la posible comisión de diversos ilícitos por parte del ciudadano Javier Gándara Magaña, candidato del Partido Acción Nacional, a la gubernatura del estado de Sonora, a cargo del diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI.
El suscrito, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Diputado Federal a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguientes:
Consideraciones
La simulación con fines de lucro es una conducta condenable ética y moralmente.
Cualquier persona que comete abuso en contra de otra u otras para obtener beneficios indebidos, concita censura y, eventualmente, una sanción social.
Sin embargo, cuando estamos hablando de que, quien comete este abuso, es una persona que aspira a gobernar, la conducta no sólo es execrable, es inadmisible y es punible.
De esto estamos hablando al exponer que el candidato al gobierno del estado de Sonora, Javier Gándara, rente, para uso proselitista, y por lo tanto, con cargo al erario de los ciudadanos, una aeronave que es suya.
Vaya simulación y vaya negocio.
Habrá quienes, eufemísticamente, puedan llamar a esto una "solución creativa", otros, podrán llamarlo abuso; para nosotros, es el indicio de la posible comisión de una conducta delictiva, y desde luego, un fraude.
Javier Gándara Magaña, candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura del estado de Sonora hace uso de aeronaves para trasladarse durante su campaña a diversos municipios de la entidad. Para ello se vale de un avión bimotor con matrícula XA ACG que arrienda a la empresa denominada aerotaxis de la Bahía, propiedad de Joel Sánchez, así como de un helicóptero R - 66, rentado a Servicio de Mantenimiento Técnico DQ, propiedad del grupo Díaz Quintanar con domicilio en Hermosillo.
Otra aeronave utilizada por el ahora candidato blanquiazul lo sería un N89CA, con serie LA152, propiedad de una compañía domiciliada en Calexico, California, así como el de un helicóptero.
Sin embargo, lo que llama sobremanera la atención es el uso de un avión XA - USS, toda vez que éste es propiedad del propio Gándara, pues de acuerdo con información dada a conocer por diversos medios de comunicación, dicha aeronave fue adquirida hace dos años por el ahora candidato a través de su socio Arturo Clamont Dominicis, siendo registrada a nombre de Marcela Fernández, cónyuge del aspirante panista al ejecutivo estatal para, posteriormente, ser dada en arrendamiento a la compañía Servicios y Mantenimiento Técnico DQ.
Empero, durante una entrevista el aspirante aceptó que con el financiamiento público para su campaña que otorga por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, se paga la renta de esta aeronave de su propiedad, lo que nos lleva a concluir que ésta operación le permite obtener ganancias ilícitas, toda vez que se trata de simulación a la ley.
Por si no fuera suficiente lo anterior, el PAN y el equipo de campaña han incurrido en contradicciones, pues mientras ellos afirman que la aeronave no es propiedad del candidato, Javier Gándara ha aceptado que sí es el propietario. Entonces, alguien miente.
Derivado de lo anterior, se vuelve necesario que la Procuraduría General de la República, a través de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la investigue los probables hechos delictivos derivados de esta simulación a la ley, los cuales se podrían hacer consistir en fraude, asociación delictuosa, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia Ilícita y electorales, esto sin dejar de lado la posible modificación dolosa de facturas comprobatorias de gastos dirigida a alterar el costo real del servicio de la renta de la aeronave, así como por utilizar de manera ilegal fondos, bienes o servicios a favor del candidato del blanquiazul.
Exigir el cumplimiento de la ley es una obligación de cualquier ciudadano, pero hacer dicha exigencia y pregonar con el ejemplo es propio sólo de demócratas. Es justo esto último lo que no han hecho el Partido Acción Nacional ni su candidato al gobierno de Sonora, por lo que se vuelven imperioso que aclaren el uso de la multicitada aeronave.
De conformidad con todo lo antes expuesto, exhortamos a las autoridades ministeriales para que investiguen y sancionen a los responsables de semejante fraude cometido en perjuicio de las finanzas públicas estatales, razón por la cual elevamos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República, así como a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y a la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a efecto de que investigue los hechos vinculados con la probable comisión de diversos ilícitos, tales como fraude, encubrimiento, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros, y además se inicien los procedimientos respectivos contra los actos u omisiones que obstruyen la certeza de los recursos que son objeto de fiscalización en el proceso electoral, por parte del C. Javier Gándara Magaña, candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura del estado de Sonora, esto como consecuencia de haberse rentado a sí mismo avión de su propiedad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2015.
Diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INAH y al gobernador de Morelos a pagar la indemnización de las hectáreas de los comuneros de Tetlama y Miacatlán ocupadas actualmente por aquél, a cargo de la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Flor de María Pedraza Aguilera, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Ejecutivo del estado de Morelos, para que lleven a cabo todas las acciones necesarias a efecto de que se efectúe el pago de indemnización de las 707 hectáreas pertenecientes a los comuneros de Tetlama y Miacatlán, y que actualmente ocupa dicho instituto, con base en las siguientes:
Consideraciones
Xochicalco es un sitio arqueológico que se ubica en los municipios de Temixco y Miacatlán estado de Morelos, a 38 km al suroeste de la ciudad de Cuernavaca y fue declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1999.
La zona arqueológica está conformada por la Plaza Central, que alberga un adoratorio y la Gran Pirámide; la Malinche, donde se localizan 20 altares redondos, El Palacio y el Juego de Pelota Sur. La Plaza Principal es el espacio más importante de esta ciudad sagrada por alojar la Pirámide de la Serpiente Emplumada, edificio decorado con relieves por sus cuatro lados, de gran significado para la vida ancestral. Aquí también se localiza la Acrópolis, residencia de los principales soberanos de la ciudad; y el Templo de las Estelas, donde se encontraron las lápidas relacionadas con Quetzalcóatl.
Además también se encuentra el Museo de Sitio de Xochicalco que fue inaugurado en abril de 1996. En este museo hay una colección formada por objetos arqueológicos provenientes de las excavaciones en la zona, tales como, la cerámica y la escultura. Estos objetos están distribuidos en cada sala del inmueble donde el visitante podrá conocer con detalle los aspectos territoriales de Xochicalco, su flora y fauna durante su época de ocupación, así como también, las relaciones comerciales con otras poblaciones.
Como se puede observar, la zona arqueológica de Xochicalco representa un bien cultural de gran relevancia para nuestro país. En este sentido, es urgente que la demanda de los comuneros de Tetlama y Miacatlán sea atendida por las autoridades correspondientes, toda vez que, a manera de presión para que reciban una pronta respuesta, han cerrado los accesos a la zona arqueológica y al museo, evitando de esa manera que miles de turistas nacionales y extranjeros ingresen al lugar desde el 21 de marzo pasado.
La demanda concreta de los comuneros es que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) les pague las 707 hectáreas que ocupa desde 1994, desafortunadamente para estas personas su demanda no es reciente, la misma la hacen año con año sin que hay respuesta alguna por parte de las autoridades competentes.
Según la información dada a conocer en los medios, por parte del vocero y abogado de los campesinos, los comuneros acordaron en asamblea mantener cerrada la zona arqueológica hasta que las autoridades les liquiden sus tierras, de las cuales fueron despojados durante la gestión de Carlos Salinas de Gortari.
De acuerdo a esta información, los campesinos ya demostraron ser los propietarios del predio; sin embargo, no han recibido respuesta favorable por parte de la titular del INAH. Se detalla que hace un año, el INAH y el gobierno del estado de Morelos, suscribieron con los comuneros una minuta en la que acordaron que se les pagaría a los propietarios 293 hectáreas, en una primera etapa, pero hasta la fecha dicho pago no se ha hecho efectivo.
Esta situación es preocupante debido a que, si bien es cierto que se han dado acercamientos que han derivado en acuerdos entre autoridades y los propietarios, es un hecho que esos acuerdos no se han cumplido debido a la falta de voluntad de las autoridades. Todo ello, a pesar de que la documentación que comprueba la propiedad de los comuneros de esas hectáreas ya está integrada, y es del conocimiento del INAH y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Ejecutivo del estado de Morelos, para que lleven a cabo todas las acciones necesarias a efecto de que, con base en sus atribuciones y en estricto apego a la ley, se efectúe el pago de indemnización de las 707 hectáreas pertenecientes a los comuneros de Tetlama y Miacatlán, y que actualmente ocupa dicho instituto.
Diputada Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al titular de la Cofepris a revisar que los consultorios de las farmacias reúnan condiciones para atender a los pacientes, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe Karen Quiroga Anguiano, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Soberanía el presente, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La privatización de los servicios de salud avanza en México, “aunque por un cauce que no es el mejor”: en los consultorios adyacentes a las grandes farmacias que existen desde hace poco más de 15 años, adonde las personas acuden para curar enfermedades no graves en apariencia.
Es importante señalar que, el 30 por ciento de los usuarios de estos servicios cuentan con seguridad social, mientras 35 por ciento son afiliados al Seguro Popular, datos proporcionados por el director del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Mauricio Hernández Ávila, en octubre de 2014.
Con base en un análisis de los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Alimentación 2012, Hernández Ávila dijo que se trata de “una falla del sistema” nacional de salud, pues se encontró que las principales razones de los usuarios para no asistir a los servicios médicos públicos a que tienen derecho son que no les surten las recetas médicas (21 por ciento), y los largos tiempos de espera (40 por ciento).
Para críticos del sistema, este es el resultado de la política gubernamental, que durante años dejó de invertir en infraestructura. Hoy las carencias saltan a la vista.
La investigación del Instituto Nacional de Salud Pública también detectó que 40 por ciento de la demanda de atención en los consultorios anexos a una farmacia es por infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas agudas. En cambio, en los servicios estatales (Seguro Popular) estos motivos representan 24 por ciento de las consultas y 17 por ciento en las instituciones de seguridad social.
Por otra parte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios advierte que en el país existen más de 28 mil farmacias, de las cuales 15 mil (más de la mitad) cuentan con consultorio médico adyacente, lo que excedió a partir del año 2010, cuando la Secretaría de Salud estableció la obligación de que la venta de antibióticos sólo se pudiera realizar con la presentación de una receta médica, evitando así la automedicación o la venta de medicamentos en el mercado negro; sin embargo, de dichos consultorios la Comisión apenas ha revisado 947 y, de éstos, sólo ha clausurado 60, es decir 0.4 por ciento, por no cumplir con medidas mínimas de la legislación sanitaria.
Las razones del cierre de estos negocios son: carecer de separación física del consultorio con la farmacia para evitar conflicto de intereses, no elaborar y conservar expediente clínico de los pacientes, falta de aviso de funcionamiento y responsable sanitario y que no esté a la vista del paciente la cédula profesional del médico.
Otras irregularidades que se han detectado en las revisiones de la autoridad sanitaria consisten en que algunos establecimientos no tienen un área prevista para entrevista y otra para exploración física que asegure la privacidad del paciente, tampoco tienen recetario médico impreso ni buenas condiciones sanitarias.
Por lo anterior, este no es un buen escenario para el sistema sanitario. Si bien esos servicios resuelven parte de la demanda de atención médica en el país a un precio bajo (las consultas cuestan entre 20 y 40 pesos), los pacientes tienen que comprar las medicinas en las farmacias que están a un lado, cuando por ser afiliados de alguna institución no tendrían que pagarlo.
Es sencillo de entender que en los consultorios anexos a una farmacia, generalmente el médico no prescribe la realización de estudios de laboratorio o imagen, y cuando por la persistencia o agravamiento del malestar las personas acuden a los servicios públicos, se eleva el costo de la atención médica.
En ellos se observó que los médicos no avisan de los casos de enfermedades infectocontagiosas a la Secretaría de Salud o a las autoridades sanitarias más cercanas. Tampoco tienen acceso para pacientes con capacidades diferentes y adultos mayores, carecen de lavabo y área de higiene funcional y de programas de control para erradicación de fauna nociva.
En estos lugares, que en ocasiones miden escasos metros cuadrados y no tienen la ventilación e iluminación adecuada, se atiende 9.75 millones de pacientes al mes, es decir, 8.33 por ciento de la población mexicana. Su promedio de atención por consultorio es de 25 a 35 pacientes diarios y se calcula que emplean a 32 mil 500 médicos, algunos recién egresados de las universidades.
Son opción, “por razones de tiempo”.
Sin dejar de omitir que, este tipo de servicios “son mecanismos complementarios que no disputan la clientela, pero sí quitan presión en el primer nivel de atención” de los servicios públicos de salud como el Seguro Popular, el IMSS e ISSSTE.
Acudir a estos servicios “es una decisión libre o por razones de tiempo. Si la farmacia de la esquina resuelve un problema sencillo, en términos de rapidez y eficacia, y si el médico brinda confianza y cuenta con un certificado, se puede optar por ellos, independientemente de contar con un seguro”.
Por lo anterior, las autoridades sanitarias anunciaron que en abril de 2014 iniciarían una campaña para que los médicos aplicaran un cuestionario con el que se lograra la detección oportuna de enfermedades crónico-degenerativas como sobrepeso y obesidad, diabetes e hipertensión, que representan las principales enfermedades que afectan a la población mexicana.
Por todo lo anterior, la demanda en las instituciones de gobierno se concentra en tratamientos y cirugías que las personas ya no pueden pagar de su bolsillo y que tal vez pudieron haberse prevenido. Eso se debería evitar con la atención médica integral y oportuna en las instituciones públicas.
Por lo anterior, es importante que las autoridades involucradas refieran las medidas que a la fecha han adoptado respecto de los consultorios adyacentes a farmacias, así como los médicos de los mismos, como lo es la aplicación de un cuestionario para la detección oportuna de enfermedades crónico-degenerativas, a fin de identificar riesgos asociados con sobrepeso y obesidad. Diabetes e hipertensión arterial.
Por todo lo anterior, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que los consultorios de las farmacias cuenten con las condiciones necesarias para atender a los pacientes, con el fin de evitar un riesgo a los usuarios de estos consultorios que acuden por algún padecimiento en apariencia sencillo de resolver y “escondan” un problema grave de salud que no se identifica de manera oportuna por la falta de equipo y/o condiciones.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se exhorta al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Antonio González Anaya y al director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias a fortalecer el trabajo interno para aprovechar al máximo los recursos económicos disponibles y mejorar la calidad y calidez de los servicios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de abril de 2015.
Diputada Karen Quiroga Anguiano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, la Sedatu, la Conagua y Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México a difundir los estudios de impacto ambiental del nuevo aeropuerto, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Karen Quiroga Anguiano, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía el presente, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde la década de los 90, existen estudios que señalan de manera relevante la situación actual del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que presentaba situaciones de saturación, por lo que en 2001, el gobierno del ex-Presidente Vicente Fox anunció la convocatoria para la construcción de un Nuevo Aeropuerto para la Ciudad de México.
Se presentaron dos proyectos: uno, que pretendía la construcción del nuevo aeródromo en Tizayuca, Hidalgo; y el otro, en la Zona Federal del Ex Vaso de Texcoco, en el Estado de México. Las autoridades optaron por la segunda propuesta. Entre los argumentos a favor están la inutilidad agrícola del páramo texcocano (debido a su alta salinidad), que una parte de los terrenos ya eran propiedad federal y que una parte de los recursos financieros obtenidos por la operación del aeropuerto serían destinados al Proyecto Texcoco.
El inconveniente de la segunda propuesta consistió en que el Gobierno Federal no era el propietario de todos los terrenos que se requerían para el Proyecto, por lo que se tomó la decisión de expropiar predios de varios ejidos de municipios del oriente del Estado de México, sin embargo el precio que se pretendía pagar como indemnización por la expropiación era muy bajo, lo que generó inconformidades que fueron mal atendidas y llevaron a varios de estos pueblos a levantarse en protesta contra el gobierno federal. Encabezados por los ejidatarios de San Salvador Atenco, cabecera del municipio de Atenco, miembros de otros ejidos se opusieron a la construcción de la terminal aérea, logrando —a base de protestas en que salieron a relucir sus machetes campesinos— que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se desistiera de la construcción del aeropuerto en agosto de 2002, luego que un ejidatario de San Salvador muriera en un enfrentamiento contra la entonces Policía Federal Preventiva.
En el mes de diciembre de 2013, el Gobierno Federal a través del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, anunció la existencia de un proyecto para ampliar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hacia Texcoco y sin necesidad de expropiar terrenos.
El 12 de junio de 2014, se presentó el proyecto elaborado por TEN Arquitectos Enrique Norten y la firma norteamericana Skidmore, Owings & Merrill (SOM) y denominado Aeropuerto Internacional Ciudad de México.
Se plantean ideas para llevar a cabo una edificación que tiene, entre otras cosas, una ciudad aeroportuaria, terminal satélite, torre de control, instalación de apoyo, cuatro pistas y una plaza central que funcionaría como un distribuidor que simula una experiencia al aire libre, acompañada de árboles y vegetación variada.
Por otra parte, la propuesta detalla que la centralidad de la estación aeroportuaria se activaría a través de salidas y llegadas conectadas de forma vertical con los accesos principales.
El proyecto también precisa que los umbrales y puntos de transición de la terminal tendrían como encuadre distintivo “decoración que evoque a las montañas y volcanes” que distinguen al Valle de México.
Por otro lado, la propuesta ambiciona un diseño que sería capaz de adaptarse a las nuevas tecnologías.
La planeación igualmente subraya que uno de los objetivos principales de este aeropuerto sería que fuera parte de una “metrópolis sustentable” en la cual las metas de mayor relevancia serían “la participación de la gente, el ejercicio de los recursos, la mejoría del ambiente y la conservación de la naturaleza”.
Finalmente, el proyecto de TEN Arquitectos Enrique Norten y SOM pretendería que la nueva base aérea contara con capacidad de adaptación cuando la ciudad requiriera de un reajuste.
El nuevo aeropuerto estará ubicado en los terrenos federales del ex Vaso de Texcoco, a 14 kilómetros del centro de la Ciudad de México y a 10 kilómetros del actual aeropuerto. Será construido en una superficie de 4,430 hectáreas que son propiedad del Gobierno Federal, por lo que no será necesario expropiar tierras de ejidos colindantes.
No obstante que ha transcurrido casi un año del anuncio del proyecto del nuevo aeropuerto, un no se han publicado los estudios de impacto ambiental por parte del gobierno, pero algunos expertos han señalado algunas las implicaciones ambientales que traería dicho proyecto, siendo principalmente las siguientes:
Estaría asentado en una zona natural protegida: Pareciera que, con ello, ya no habría que buscar más argumentos para estar seguros de que el proyecto atentará contra el medio ambiente. El proyecto estaría construido en la reserva federal del Lago de Texcoco, que comprende más de 4 mil 500 hectáreas. Es decir, si la zona era protegida, cambiar el uso de suelo es desprotegerla, si se trata de un proyecto urbano.
Sobre el flujo de tráfico: El nuevo aeropuerto estaría construido en un predio contiguo al actual aeropuerto, para cuadruplicar de 31 a 120 millones el flujo de viajeros al año. Los ambientalistas cuestionan qué sucederá con ese magno extra de arribados a la capital, ¿Cómo hacer para agilizar el transporte y cómo es que ellos se trasladarán a la ciudad? ¿Cuáles serían, pues, las implicaciones de la llegada de tal cantidad de personas y asimismo, de la contaminación de ese incremento de aviones al aterrizar en la urbe?
Causaría problemas hídricos al resto de la ciudad de México: La enorme obra estaría ubicada como aledaña al lago de Texcoco; de hecho, algunos habitantes de San Salvador Atenco han denunciado asambleas ilegales celebradas en junio para modificar el uso de suelo de al menos mil hectáreas aledañas al lago. Además de que lo anterior causará un descontento social nuevamente en la zona, se dañará un terreno que por algo cargaba otro tipo de tipificación de suelo, por encontrarse al lado del lago.
La misma Comisión Nacional del Agua (Conagua), en una evaluación el sexenio pasado, afirmó que el proyecto dañaría el lago: “En la zona se ubica un importante vaso regulador que evita inundaciones. Alterar su función podría causar un caos hídrico para la ciudad”, advirtió José Luis Luege Tamargo, extitular de la Conagua y presidente de la asociación Ciudad Posible.
Desestabilizaría al lago de Texcoco: Según Luegue Tamargo, y basado en el documento “Consideraciones hidrológicas y ambientales para el posible desarrollo de infraestructura aeroportuaria en el Lago de Texcoco”, un aeropuerto en Texcoco sería un riesgo para el valle de México, pues impediría las funciones naturales de regulación pluvial de la zona. Es decir, más allá de alimentar a los mantos acuíferos como sucedía antes con la función prístina de Texcoco, hoy lo que hace es regular el nivel de agua en las lluvias.
El lago de Texcoco mitiga el cambio climático: Los humedales que rodean el lugar regulan la temperatura en el valle de México. Cuando se evapora el agua de esos vasos, se ayuda a la reflexión de la radiación emitida desde la superficie de la tierra o de efecto invernadero. También se mitigan las emisiones de CO2, por la brisa-aire-tierra de las inmediaciones del lugar.
Peligran las aves: En la zona se contabilizan 131 especies de aves, de las cuales 85% son migratorias, entre ellas algunas especies de patos, aguilillas y halcones, chichicuilotes, búhos, tecolotes y el gavilán rastrero. Se cree que si se cuidan los lagos, e incluso se crean nuevos, podrán preservarse las aves, pero parece prácticamente imposible que por la proximidad al lago no se susciten efectos que desequilibren el ecosistema adyacente.
Ante estos posibles daños ambientales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, han guardado silencio; así como ante los argumentos de la ciudadanía opositora al proyecto, incluyendo lo relativo a la compra de terrenos realizada a través de la Comisión Nacional del Agua y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, no obstante que el propio Presidente de la República señaló desde la presentación del proyecto, que respecto de éste prevalecería la transparencia y rendición de cuentas.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Comisión Nacional del Agua y al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, para que hagan públicos los estudios de impacto ambiental del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, así como la compra de terrenos para edificar dicho proyecto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de abril de 2015.
Diputada Karen Quiroga Anguiano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, la Sedatu, el gobernador del estado de México y la CNDH a tutelar los derechos de diversos ejidos y comunidades del norponiente de dicha entidad, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Gloria Bautista Cuevas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6 y los artículos 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
Cuando el lucro domina la ley y la justicia, un país se acerca a negros capítulos de su historia.
Partamos del texto de la fracción VIII del artículo 27 constitucional, que pese a su amplia carga neoliberal, aún protege las tierras de ejidos y comunidades:
Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como par actividades productivas.
La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.
Y bien, apenas el 7 de marzo de 2015, el presidente municipal de Nicolás Romero, México, Martín Sobreyra, valiéndose de una hermana de nombre Adriana y apoyada por cientos de granaderos, despojó a la comunidad otomí de San Francisco Magú de las oficinas del comité del agua y de la delegación autónoma de este poblado, que administraban conforme a usos y costumbres, con saldo de alrededor de una decena de heridos. El propósito central es apoderarse de sus reservas de agua.
San Francisco Magú tiene especial relevancia histórica. Baste un dato: sus pobladores no pagan el impuesto predial, con base en un decreto expedido en el siglo XVIII por el virrey Juan Antonio de Bizarrón, quien encontró refugio en este poblado al ser acusado de traición por la Corona española. El decreto fue validado en su momento por el presidente Benito Juárez; esto, según tradición oral.
Pero no es sólo San Francisco Magú; en general, los pueblos de México están siendo víctimas de una agresión planificada y sistemática para arrebatarles sus tierras y recursos naturales, a fin de satisfacer los ilegales, inhumanos y antinacionales intereses de unos cuantos, y llevar a cabo desarrollos mineros y petroleros, megaproyectos inmobiliarios, comerciales, de infraestructura y otros. En suma, se pretende dar marcha atrás a la distribución de la riqueza (con todas sus limitaciones), y concretamente al denominado reparto agrario, productos de la Revolución.
Pues bien, esto se da en el estado de México con especial virulencia. Desde hace tiempo, los habitantes de pueblos pacíficos y trabajadores del norponiente del estado de México, que se destacan por sus riquezas naturales, se han visto amenazados por policías estatales, municipales y grupos de choque, con el fin de despojarlos de sus tierras, bosques y aguas.
Esos recursos son codiciados por grupos de inversionistas para integrarlos a la ampliación de la “zona esmeralda”, y crear desarrollos inmobiliarios, campos de golf, centros comerciales y carreteros, entre otros.
Los habitantes, algunos de los que forman parte de pueblos otomíes como los pueblos de San Francisco Magú y San Francisco Xochicuautla, acusan de estas arbitrariedades a empresas como Grupo Higa, a las autoridades locales, y a ex funcionarios, como el ex gobernador Arturo Montiel Rojas.
La respuesta de los habitantes ha sido la resistencia y el uso de las vías legales para la defensa de sus derechos. Y han manifestado a los medios de difusión: “Las autoridades están equivocando su política y se está gestando una resistencia civil no vista en la historia reciente del estado...”
Concretamente, el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra ha denunciado que en el pueblo autónomo de San Francisco Magú, en Nicolás Romero, aparte de lo arriba señalado, se pretende el proyecto de desarrollo inmobiliario Bosques del Paraíso, a costa de devastar 150 hectáreas de bosque y que actualmente ha provocado ya la tala de 12 hectáreas para la construcción de miles de viviendas. Al efecto, las autoridades han otorgado permisos de cambio de uso de suelo de forestal a urbano, sin escuchar a los pobladores.
Algunos de estos actos de arbitrariedad se han detenido sólo por el momento, además de la movilización y unidad de los pueblos, en virtud de resoluciones intachables del Poder Judicial federal.
Recordemos, por si hubiere alguna duda, el siguiente precepto de la Ley Agraria:
Artículo 4o. El Ejecutivo federal promoverá el desarrollo integral y equitativo del sector rural mediante el fomento de las actividades productivas y de las acciones sociales para elevar el bienestar de la población y su participación en la vida nacional...
¡Ya basta de estas conductas de barbarie e ilegalidad de las autoridades del estado de México!
Por todo lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único . Se exhorta a las Secretarías de Gobernación, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; al gobernador del estado de México; y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el marco de sus respectivas atribuciones, a tutelar los derechos de diversos ejidos y comunidades del norponiente del estado de México, como San Francisco de Magú, Xochicuautla, Coyotepec, Cahuacán, Transfiguación y Tlazala de Fabela, cuyas tierras, aguas y bosques pretenden ser despojados por diversas empresas inmobiliarias, en complicidad con funcionarios locales y ex funcionarios del estado de México, procediéndose a llevar a cabo las investigaciones que procedan en el marco de la ley, para el deslinde de responsabilidades.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2015.
Diputada Gloria Bautista Cuevas (rúbrica)