Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4255-IX, jueves 16 de abril de 2015
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, la SHCP y el SAT a informar a la opinión pública si se realiza alguna investigación en torno a la probable asignación de contratos a cambio de sobornos en Sonora donde participarían el gobernador Guillermo Padrés Elías y su hermano Miguel Padrés Elías, a cargo del diputado Willy Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales a convocar a reuniones con el titular de la Profepa y con el encargado del Fideicomiso del Río Sonora para abordar el tema relativo a los derrames tóxicos acontecidos en ese estado, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT
Proposiciones
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del INBA a realizar un homenaje nacional en conmemoración del centenario de la pintora, escultora y escritora Leonora Carrington, a cargo del diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa, al Consejo de Salubridad General y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a incluir la atención de la insuficiencia renal crónica en el catálogo de cobertura del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos o –en su caso– en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular, cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la CNDH, al gobernador el estado de México y a la Primera Sala de la SCJN a atender el feminicidio de Mariana Lima Buendía, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Cofepris a intensificar los actos de inspección y verificación de establecimientos que prestan servicios de cirugía y tratamiento estético en el país, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del PVEM
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al contralor general de Guerrero a realizar una investigación relacionada con las acciones u omisiones violatorias de la ley electoral cometidas por el gobernador interino, a cargo de la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Ssa a potencializar la ejecución y transversalidad integral de los programas de salud preventivos, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
- Con punto de acuerdo, relativo a la prevención y sanción de las malas prácticas médicas en los servicios públicos de salud del país, a cargo del diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de la agrupación Movimiento Regeneración Nacional
- Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al secretario de Economía a realizar un estudio que promueva una política arancelaria de mayor efecto en la importación de granos y semillas oleaginosas, a cargo de la diputada Zita Beatriz Pazzi Maza, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los integrantes de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados a difundir y fortalecer sus acciones de investigación, información y educación sobre el efecto del maíz transgénico en la salud humana y la diversidad biológica, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS a elaborar e implantar con el Imjuve y la Sedesol acciones y programas para identificar y erradicar el trabajo infantil en las calles del país, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SEP a efecto de que en el próximo ciclo escolar, las materias de inglés y computación se impartan al menos tres veces por semana en todas las escuelas públicas de nivel básico y medio superior, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del PVEM
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero sobre el desalojo de paristas pertenecientes al Poder Judicial de la entidad, a cargo de la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a fincar responsabilidades administrativas contra quienes resulten responsables del uso indebido de los recursos destinados al Fondo de Apoyo a la Educación Básica, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a establecer estrategias y políticas que garanticen a los menores de edad una vida libre de violencia y con integridad personal, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, relativo a la Cruzada Nacional contra el Hambre, a cargo del diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la PGR y de Pemex a implantar un programa especial para la entrega del combustible decomisado, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a renovar los convenios U006 y U0023 con la ANUIES, a cargo del diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente del Conapred a llevar a cabo acciones para prevenir los presuntos actos discriminatorios cometidos por el candidato del partido Encuentro Social a la gubernatura de San Luis Potosí, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa y de la Cofepris a investigar, inspeccionar y verificar los ríos, los arroyos, los lagos y las lagunas del país para prevenir y controlar los efectos nocivos ambientales en la salud humana, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar por la Segob la alerta de violencia de género en Guanajuato y el estado de México, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y la PGJ del estado de México a realizar una campaña de prevención y profundizar en las investigaciones para el rescate de niñas y adolescentes desparecidas de esa entidad, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a abstenerse de utilizar con fines electorales el Programa de Empleo Temporal, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH y tanto a las autoridades federales como a las de Guerrero a difundir la información respecto al cumplimiento de la recomendación 78/2012 de aquélla, suscrita por los diputados Roberto Cabrera Solís, Víctor Reymundo Nájera Medina y Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, la SHCP y el SAT a informar a la opinión pública si se realiza alguna investigación en torno a la probable asignación de contratos a cambio de sobornos en Sonora donde participarían el gobernador Guillermo Padrés Elías y su hermano Miguel Padrés Elías, a cargo del diputado Willy Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Willy Ochoa diputado federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El pasado jueves 5 de marzo de 2015 el diario estadounidense The Wall Street Journal, publicó un artículo en el que se advierte la posibilidad de actos de corrupción en México, específicamente en Sonora al destacar una investigación por sobornos donde se señala como probables actores al Gobernador de la entidad, Guillermo Padrés Elías y a su hermano Miguel Padrés Elías.
De acuerdo con el diario, el gobierno federal abrió una investigación al respecto, encabezada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, basada en las acusaciones de que los hermanos Padrés Elías recibieron pagos por la cantidad de 3.3 millones de dólares (equivalentes a 51 millones 150 mil pesos al tipo de cambio de 15.50 pesos por dólar), por parte de firmas que ganaron contratos públicos con el gobierno sonorense, equivalentes a 20 millones de dólares (310 millones de pesos).
The Wall Street Journal expone que, según la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, el dinero fue pagado por el empresario Mario Aguirre, para obtener las licitaciones para proveer uniformes escolares.
Adicionalmente, se refiere que la investigación de la SHCP sostiene que Miguel Padrés transfirió 5.7 millones de dólares (88 millones de pesos) a una cuenta bancaria en Estados Unidos, que abrió en 2012, a nombre de Tenerife CV, una firma con sede en Holanda. También se tiene referencia de que Miguel Padrés depositó adicionalmente 522 mil dólares (8 millones de pesos) en otra cuenta en Estados Unidos abierta por su hermano en el 2011, a nombre de Dolphinius, CV, otra sociedad de responsabilidad limitada con sede en Holanda. En total, Miguel Padrés transfirió 8.9 millones de dólares (137 millones de pesos) de cuentas de México a cuentas en bancos de Estados Unidos, desde que su hermano Guillermo Padrés se convirtiera en gobernador de Sonora en el año 2009.
Cabe destacar que el 24 de febrero pasado, tanto el gobernador Guillermo Padrés y su hermano Héctor, Miguel y Julio aseguraron públicamente que su fortuna familiar ascendía a 261 millones 875 mil 633 pesos entre mueblerías y ranchos sin mencionar ni hacer referencia a las cuentas citadas por The Wall Street Journal.
La nota cita la investigación en el sentido de que se realizaron una serie de operaciones en el Sistema Financiero Nacional y extranjero, con recursos que posiblemente tienen un origen ilícito y con un alto grado de probabilidad se operaron con la finalidad de ocultar su origen, localización, destino o propiedad?, también ha sido señalada la ausencia de explicación sobre la raíz de los fondos de Miguel Padrés, ni de sus actividades empresariales ni sus declaraciones juradas.
El gobernador Padrés, ha negado categóricamente haber abierto cuentas bancarias a nombre de la firma holandesa y desconoció la investigación tratando de desacreditarla, achacándola a rivalidades políticas.
Sin embargo, los señalamientos hechos al gobernador Padrés son graves y deben ser aclarados, más aún cuando se ha puesto en entredicho a la investigación, si el gobernador sonorense cuenta con dinero que no debería o cuyo origen sea inexplicable, la tarea de la Secretaría de Hacienda es investigar y la de las instituciones, como esta soberanía, es mantener ojos vigilantes en él.
Siendo necesario recordar que no es la primera vez que el gobernador Padrés se ha visto envuelto en controversias, simplemente basta con evocar una represa en su rancho en Sonora, cuyos habitantes se encuentran a merced de las inclemencias del clima, situación que lo hizo acreedor a una multa y a que se le ordenara la destrucción de la represa, símbolo de su inestabilidad y voracidad.
Las acusaciones en contra del gobernador Padrés son graves y deben ser aclaradas en aras de la consolidación de un servicio público transparente, eficaz y, sobre todo, benéfico para la población y no para privilegiar intereses particularmente en detrimento de la ciudadanía, es por lo anteriormente expuesto, que elevo a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria, a efecto de que informen a la opinión pública si se está realizando alguna investigación con relación a la probable asignación de contratos a cambio de sobornos en Sonora, en el que participarían el gobernador Guillermo Padrés Elías y su hermano Miguel Padrés Elías.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2015.
Diputado Willy Ochoa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales a convocar a reuniones con el titular de la Profepa y con el encargado del Fideicomiso del Río Sonora para abordar el tema relativo a los derrames tóxicos acontecidos en ese estado, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la madrugada del 7 de marzo se reportó un nuevo derrame en Cananea, Sonora. En esta ocasión se advierte que la responsable fue Minera María, debido a una falla en el sistema de bombeo, provocando una contaminación de 180 metros cúbicos de solución gastada de cobre.
Según la Procuraduría de Medio Ambiente dicho derrame ha contaminado el arroyo El Tordillo, afectando una longitud de 1.6 kilómetros. Al intentar ejecutora las medidas de control, la empresa no pudo dar inicio a las actividades de neutralización de la solución derramada en el cauce del arroyo debido a un enfrentamiento con los locales.
El desastre ecológico, sucede a pocos kilómetros donde seis meses atrás aconteció el derrame de más de 40 millones de litros de lixiviados de cobre acidulado por una falla en la mina de Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, el cual fue considerado el peor desastre ambiental en la historia de la minería moderna.
Existe una gran preocupación de que este tipo de situaciones sigan sucediendo, por lo que se requiere de atención inmediata y apegada al marco jurídico aplicable por parte de las autoridades encargadas de vigilar y supervisar las medidas que deben adoptar las mineras para prevenir y atender dichos acontecimientos.
De tal suerte se busca evitar que se vulneren nuevamente los derechos humanos, especialmente a un ambiente sano, de los habitantes de la zona, como sucedió con el derrame ya referido, en río Sonora el 6 de agosto de 2014.
Por lo anteriormente descrito se presenta a esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Resolutivos
Primero. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Soberanía para que convoquen a una reunión de trabajo con el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de que informe sobre el seguimiento ante los casos de los derrames de soluciones contaminantes de cobre en los Ríos Sonora y Bacanuchi y recientemente, del arroyo El Tordillo, en el estado de Sonora.
Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Soberanía para que convoquen a una reunión de trabajo con el encargado del Fideicomiso de Río Sonora a fin de que informe sobre el estado que guarda la afectación causada por el derrame de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi, ocurridos el 6 de agosto de 2014 como consecuencia de las actividades de la minera Buenavista del Cobre.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2015.
Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del INBA a realizar un homenaje nacional en conmemoración del centenario de la pintora, escultora y escritora Leonora Carrington, a cargo del diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de lo siguiente:
Exposición de Motivos
La cultura y el arte ha sido un ámbito de gran relevancia para el país, lo cual ha permitido el reconocimiento nacional e internacional de muchos artistas, poetas, pintores, escultores, etcétera, teniendo nombres tan importantes como José María Velasco, José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Gunther Gerzso, José Luis Cuevas, José Guadalupe Posada y Francisco Toledo.
México también tiene grandes mujeres artistas de fama nacional e internacional, quienes han difundido la cultura mexicana a todo el mundo, tal es el caso de Aurora Reyes, María Dolores Velázquez Rivas, María Izquierdo, Isabel Villaseñor, Frida Kahlo, Lilia Carrillo, Remedios Varo, Carmen Mondragón y Leonora Carrington, por señalar algunas.
Nacida en Lancashire, Inglaterra el 6 de abril de 1917, Leonora Carrington perteneció a una familia acaudalada, recibiendo una esmerada educación en un internado de Florencia, Italia y luego en París, Francia. Para 1936 ingresó a la Academia de Arte Ozenfant, en Londres donde estudió dibujo y pintura, teniendo a mentores, de forma indirecta, como Joan Miró, André Breton, Pablo Picasso y Salvador Dalí. Un año después viajó a Francia con el pintor alemán Max Ernst, quien la introdujo al movimiento surrealista.1
Derivado de un colapso nervioso fue hospitalizada en un nosocomio psiquiátrico en Santander, de donde escapó en 1941 hacia Lisboa encontrando refugio en la embajada mexicana, donde conoció a Renato Leduc. En 1942 ambos emigraron a México reencontrándose con André Breton, Benjamín Peret, Alice Rahon, Wolfgang Paalen y la pintora Remedios Varo, con quien mantuvo una amistad duradera.2
Según la Artstudio Magazine , Carrington desarrolló un lenguaje artístico determinado por diversos temas como el mito céltico, el simbolismo alquímico, el gnosticismo, la cábala, la psicología junguiana y el budismo tibetano.3
Entre sus obras literarias se encuentran “Una camisa de dormir de franela (1951), La señora Oval: Historias surrealistas (1939), La puerta de piedra o la intervención del mole (1960).4 Entre sus esculturas podemos observar The ship of cranes, the palmist, Interventora de atole, tamborilera, gallo, dama y zorro, paseo a caballo, rostro de águila, Caballo, cocodrilo y Curandera, 5 entre otras.
Asimismo, Leonora aún tiene gran fama por cuadros tan famosos como the Inn of the Dawn Horse (1933), Ab Eo Quod (1956), sidhe. The White people of Tuatha dé Dannan (1954), three cats, Mexico City, Brujas juegan al cubilete, el Templo de la Palabra (1954) y la hermana del Minotauro (1953).6
Poco a poco Leonor Carrington tuvo un fuerte impacto en el arte del país, reflejando la cultura y tradiciones mexicanas. El premio Nobel de literatura, Octavio Paz, afirmaba que Carrington era “un personaje delirante, maravilloso, un poema que camina, que sonríe, que de repente abre una sombrilla que se convierte en un pájaro que se convierte después en pescado y desaparece”. Por su parte la escritora Elena Poniatowska escribió el libro “Leonora”, una novela inspirada en su vida, considerando a la escultora “tan grande” como Frida Kahlo.7
La escritora Carrington recibió la medalla de Oro de Bellas Artes y el Premio Nacional de Bellas Artes en 2005. Igualmente fue galardonada con el Premio Coatlicue en el decimocuarto encuentro internacional de Mujeres en el Arte 2010.
Pintora surrealista, escultora y escritora mexicana de origen inglés, Leonora Carrington falleció en mayo de 2011 a los 94 años de edad, defendiendo la vocación de pintora y escribir textos que nadie más ella podía escribir.8
No podemos permitir el olvidar a una artista tan importante para el país, la cual con el mismo esmero que realizo sus obras, también configuró un gran cariño por México. Todas y cada una de sus obras reflejan un sentido surrealista del país, de su vida diaria y de todo aquello que los mexicanos vivimos día con día.
Jamás es muy tarde ni muy temprano para realizar un homenaje a la artista Leonora Carrington, quien ahora tendría 98 años de edad y estoy seguro que si pudiese seguiría maravillándonos con su arte y su expresión.
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a fin de que realice un homenaje nacional en conmemoración del centenario de la pintora, escultora y escritora Leonora Carrington.
Notas
1 “Aniversario del Nacimiento de Leonora Carrington”, David Carranza, 6 de marzo de 2015. http://noticias.starmedia.com/sociedad/aniversario-nacimiento-leonora-c arrington.html
2 “¿Quién fue Leonora Carrington?”, 26 de mayo de 2011. http://razon.com.mx/spip.php?article77992
3 Comunicado Conaculta 752/2013 25 de mayo de 2013 http://www.conaculta.gob.mx/detalle-nota/?id=27158
4 Leonora Carrington. Artista Plástica, escritora. Reseña Bibliográfica http://elcatalejo.com/leonora-carrington-artista-plastica-escritora.htm l
5 “10 esculturas de Leonora Carrington llegan a león”, UN1ON 25 de febrero de 2015 http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2015/02/25/cultura/leon/10-escul turas-de-leonora-carrington-llegan-leon
6 “Leonora Carrington, una surrealista enamorada de México, fallece a los 94” CNNMéxico 26 de mayo de 2011 http://mexico.cnn.com/entretenimiento/2011/05/26/la-artista-surrealista -leonora-carrington-fallece-por-una-neumonia
7 Ídem.
8“Leonora Carrington o la rebeldía”. Elena Poniatowska 28 de mayo de 2011. http://elpais.com/diario/2011/05/28/cultura/1306533603_850215.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2015.
Diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa, al Consejo de Salubridad General y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a incluir la atención de la insuficiencia renal crónica en el catálogo de cobertura del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos o –en su caso– en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular, cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Eufrosina Cruz Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante esta honorable Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
Primero. El artículo 1o., último párrafo, de la Constitución federal, dispone que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”
El artículo 4o. de la Constitución Federal, establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”
El artículo 77 Bis 1, de la Ley General de Salud, establece que “Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.
La Protección Social en Salud, es un mecanismo por el cual el Estado garantiza el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfacen de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social...”
En esta tesitura, el pasado 13 de marzo del año en curso, se celebró el Día Mundial del Riñón, la cual es una iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones Renales; se celebra desde el 2006 y su misión es crear conciencia sobre la importancia que tienen los riñones en la salud general, además de cómo prevenir o mejorar la vida de las personas que sufren enfermedad renal crónica.
“La enfermedad renal crónica es la resultante de diversas enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. De acuerdo a la Fundación Mexicana del Riñón AC,es un padecimiento crónico, irreversible y terminal de ambos riñones en la que el organismo pierde la capacidad de filtrar las sustancias tóxicas de la sangre. Una persona que padece enfermedad renal crónica requiere de un tratamiento de sustitución de la función renal para conservar la vida, ya sea diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante. En el estudio “Epidemiología de la insuficiencia renal crónica en México”, publicado en el 2010, refiere que existen al menos cuarenta mil casos nuevos de insuficiencia renal cada año.”1
En el marco del Día Mundial del Riñón 2013, la secretaria de Salud federal, Mercedes Juan López, señaló que en México más de nueve millones de personas, padecen algún grado de insuficiencia renal crónica, de ellos más del 60 por ciento son personas con diabetes. Por esta razón manifestó que ya es un problema grave de salud pública si se considera la incidencia de diabetes, obesidad y otros problemas. Abundó que en el país hay nueve mil 200 personas esperando para tener un trasplante y que de los 52 millones de personas con seguridad social, 50 mil están en tratamientos dialíticos.
Así también, expuso que es considerada una enfermedad “silenciosa” debido a que no se detecta fácilmente, ya que sus síntomas no son evidentes además de que no discrimina raza, sexo, edad ni condición social.
En la administración del doctor Julio Frenk Mora, entonces secretario de Salud en 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Plan de Salud, en el que por primera vez se acepta que la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública que va en ascenso porque no se tiene la cultura de la prevención.
Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, la Insuficiencia Renal Crónica es actualmente, la quinta causa de muerte general en México, y la tercera a nivel hospitalaria.
En general, esta enfermedad evoluciona en forma silente por lo que en muchos casos no se diagnostica en sus primeros síntomas. En consecuencia, los afectados no son controlados ni reciben tratamiento, con lo que la enfermedad progresa y se manifiesta cuando el padecimiento ya está en su etapa más avanzada (insuficiencia renal crónica terminal), con el consecuente impacto económico que estos tratamientos implican.
“Casi el 7 por ciento de la población mexicana estaría en peligro de tener insuficiencia renal. Si tomamos en cuenta que la diabetes es su principal causa y que solo una cuarta parte de los 10 millones de diabéticos en México tiene un tratamiento adecuado. Se puede imaginar cuál es la magnitud del problema con esta enfermedad: 7.5 millones de personas podrían estar sufriendo algún grado de insuficiencia renal crónica.”2
En el fórum publicado en Kidney International, en el que participaron la Sociedad Internacional de Nefrología y la Organización Mundial de la Salud, se considera que la Enfermedad Renal Crónica es la clave de los resultados deficientes en el manejo de la diabetes y de algunas enfermedades cardiovasculares y se propone incorporar la prevención de la Enfermedad Renal Crónica a los programas de prevención de atención primaria de la salud.
El Instituto Nacional de Salud Pública indica que en el país existen alrededor de 10 millones de personas con algún grado de insuficiencia renal, de las cuales cerca del 1 por ciento se encuentran en etapas avanzadas, por lo que su tratamiento requiere de las llamadas diálisis o hemodiálisis, cuyos costos anuales por paciente rondan los 160 mil pesos.
“En la actualidad, la cantidad de personas en Tratamiento de Remplazo Renal en México es de 52 mil aproximadamente; de las cuales el 80 por ciento son tratadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta institución estima una incidencia de pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) de 377 casos por millón de habitantes y una prevalencia de mil 142. En esta misma entidad, en 2009 la IRC ocupó el tercer lugar en el gasto por padecimientos, con una inversión de 4 mil 712 millones de pesos en una población que representa el 4 por ciento de sus derechohabientes, lo cual nos deja claro el gasto tan importante que significa un paciente con este problema.”3
Es de señalar que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015 (PEF 2015) para el Ramo 12 “Salud” asciende a 134 mil 847.6 millones de pesos. Los principales programas presupuestarios del Ramo: Seguro Popular, Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud y Prospera Programa de Inclusión Social, absorben 73.5 por ciento del total del presupuesto asignado.
Los montos destinados a los principales programas presupuestarios son los siguientes:
Seguro Popular con 74 mil 789.2 millones de pesos, para atender de manera preferencial las necesidades de los grupos más vulnerables.
Prestaciones de Servicios de Salud con 18 mil 277 millones de pesos, asegurando el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.
Prospera Programa de Inclusión Social con 6 mil 023.2 millones de pesos, para garantizar que la salud contribuya al combate a la pobreza y al desarrollo social del país.
Segundo. Aun con estos datos oficiales, lamentablemente la Insuficiencia Renal Crónica no es tratada por medio del seguro popular, situación que merma de manera significativa, la economía de las familias que tienen un paciente de estas características.
En esta tesitura, el artículo 77 Bis 29, de la Ley General de Salud, dispone que se consideran gastos catastróficos a los que derivan de aquellos tratamientos y medicamentos asociados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y nivel o frecuencia con la que ocurren.
El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos tiene como finalidad apoyar a las familias en el financiamiento de los tratamientos de padecimientos que representan un riesgo alto de empobrecimiento, a través del otorgamiento de servicios médicos de alta especialidad dirigidos principalmente a aquellas familias afiliadas al Seguro Popular y que sufran de enfermedades que ponen en riesgo la vida y el patrimonio familiar.
El catálogo de cobertura del Fondo contra Gastos Catastróficos atiende actualmente 59 enfermedades, pero no contempla la atención de la insuficiencia renal crónica, lo cual es inaceptable ya que esta enfermedad cumple con todas las características para que el Consejo de Salubridad General la incluya en el catálogo de cobertura, de conformidad con lo mandatado en el artículo 77 Bis 29, de la Ley General de Salud.
En conclusión, resulta evidente que el país enfrenta un problema de salud pública propiciado por la insuficiencia renal crónica. Por ello es imprescindible que dicho padecimiento sea incluido en el catálogo de cobertura del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, o en su caso, en el Catálogo Universal de Servicios de Salud que ofrece el seguro popular, garantizando con ello el acceso a un tratamiento adecuado y oportuno, que brinde calidad de vida a los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, dando cumplimiento así a lo establecido en el artículo 77 Bis 1, de la Ley General de Salud, el cual dispone que todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.
De igual manera, es imperiosa la necesidad de promover e incentivar la detección temprana de la Insuficiencia Renal Crónica en pacientes con factores de riesgo, por ello la suscrita considera indispensable que se implemente de manera urgente un Plan Nacional de Prevención de la Insuficiencia Renal Crónica como una política pública de Estado, que deberá constituir una piedra angular para evitar que este problema de salud pública se agrave.
Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de este honorable pleno legislativo, el siguiente:
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Consejo de Salubridad General y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para que en el ámbito de su competencia incluyan la atención de la Insuficiencia Renal Crónica en el Catálogo de cobertura del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, o en su caso, en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Salud, para que en el ámbito de su competencia, implementen un Programa Nacional de Prevención de la Insuficiencia Renal Crónica.
Notas
1 http://www.spps.gob.mx/avisos/1847-dia-mundial-rinon.html
2 http://www.spps.gob.mx/noticias/1504-la-insuficiencia-renal-cronica-un- mal-silencioso-que-se-puede-prevenir.html
3 http://www.cnnexpansion.com/opinion/2013/12/20/los-costos-de-la-insufic iencia-renal Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.
Diputada Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la CNDH, al gobernador el estado de México y a la Primera Sala de la SCJN a atender el feminicidio de Mariana Lima Buendía, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD
Quienes suscriben, las diputadas Roxana Luna Porquillo, Margarita Elena Tapia Fonllem y el diputado Víctor Nájera Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y la diputada Loretta Ortiz Ahlf, de la agrupación de diputados de Morena, integrantes de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2, 100, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
La abogada Mariana Lima Buendía fue asesinada en junio de 2010 en su casa de Chimalhuacán, estado de México. El principal sospechoso de la muerte era Julio César Hernández Ballinas, su entonces esposo y agente judicial –hoy comandante en Toluca–, quien denunció la muerte de Mariana como un “suicidio”.1
La versión de Julio César Hernández asegura que su esposa se ahorcó colgándose de un clavo que era utilizado para sostener las cortinas, de donde amarró un cordón de macramé con un grosor de 5 milímetros. El 28 de junio de 2010 el propio Julio César Hernández informó a la madre de Mariana, Irinea Buendía, del supuesto suicidio. Sin embargo, cuando llegó a la casa donde estaba el cuerpo de su hija, Irinea vio cómo Mariana tenía puesta ropa interior negra y la blusa que vestía el día anterior, además, su cabello estaba mojado, sus pies limpios y como si hubieran pasado mucho tiempo en el agua, su rostro estaba golpeado y tenía rasguños por todo el cuerpo.2
Un día antes del suceso, Mariana le había contado a su madre, Irinea, su decisión de terminar con el matrimonio tortuoso que tenía con Julio César así como de denunciar toda la violencia física y psicológica que había recibido de su parte, incluyendo amenazas de muerte. Irinea conocía las golpizas y agresiones que Mariana sufría a manos de su esposo. Junto a la cama en la que estaba el cuerpo de Mariana, se encontraban las maletas de ella. Esta información, junto a los propios testimonios acerca de las circunstancias en que encontró el cuerpo de Mariana y otras irregularidades, llevaron a que Irinea nunca creyese que se trataba de un suicidio.
Ese mismo día, Julio César llegó a la casa acompañado por un agente del Ministerio Público y un par de peritos, quienes, en poco menos de 15 minutos, tomaron fotos y levantaron el cuerpo de Mariana.
Ante las inconsistencias, la impunidad y la falta de justicia, Irinea no se ha cansado de luchar para demostrar que su hija no se suicidó, sino que fue asesinada.
La vida que Mariana vivió al lado de Julio César fue de un completo martirio. La primera golpiza que Mariana confesó a su madre Irenea ocurrió el 10 de enero de 2009, día que Mariana le habló llorando explicando que Julio César la había golpeado por servirle jugo de naranja sin colar.
Irinea ubica tres ocasiones en las que Julio César intentó matar a Mariana: cuando la arrojó por las escaleras; mediante golpes, y al prenderle fuego a un garrafón de gasolina amenazando con aventárselo.
El 27 de junio de 2010 y tras una nueva golpiza por parte de Julio César, Mariana dijo “basta”. Dispuesta a poner fin a la violencia, decidió terminar su relación. El día 28 apareció muerta.
Ante las sospechas y la mala práctica de las autoridades, Irinea Buendía interpuso una denuncia contra Julio César Hernández. Sin embargo, se decidió dictar no ejercicio de la acción penal en contra del hoy comandante policiaco, ignorando los antecedentes de violencia sufrida por Mariana.
Las pruebas del asesinato de Mariana se encuentran asentadas en el expediente CHIM/III/3885/20103 en donde hay 60 evidencias que señalan a Julio César como autor del crimen. Sin embargo, sólo cinco pruebas, las aportadas por el propio Julio César, fueron consideradas para declarar la muerte de Mariana como un suicidio. Entre las pruebas aceptadas, destacan tres cartas suicidas que no se encontraban en la escena del crimen y que fueron presentadas por Julio César días después de la muerte de Mariana. En estas cartas no sólo se confesaba el suicidio, sino que se pide no culpar a nadie del mismo, entregar su cuerpo a su mamá y que vendieran su teléfono celular.
Desde entonces y pese a todos los obstáculos e injusticias, Irinea acudió a cada una de las instancias de procuración e impartición de justicia correspondientes, incluyendo la Fiscalía Especializada en Feminicidio del Estado de México, e interpuso todos los amparos necesarios para que se investigara el caso de Mariana como feminicidio y no como suicidio.
Poco parecían avanzar los esfuerzos hasta que en septiembre de 2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso al considerar fundadas las quejas por las omisiones cometidas por las autoridades de procuración de justicia del estado de México.
Dos años después de la atracción y a casi cinco años del asesinato, el 25 de marzo del año en curso, día en el que Mariana cumpliría 34 años, la Primera Sala de la SCJN otorgó a Irinea Buendía el amparo directo 534/2013 por unanimidad.4 Con esto se ordena a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) volver a investigar los hechos de la muerte de Mariana Lima Buendía reconociendo que en la investigación hubo “irregularidades, falencias, omisiones y obstrucciones a la justicia” y determinando que el Ministerio Público mexiquense debe “completar” la investigación “de manera oportuna, inmediata, seria e imparcial”, con perspectiva de género a fin de resarcir todas las fallas que cometió la instancia en torno a este crimen.5
A través de esta decisión, los ministros y la ministra de la SCJN han sentado las bases para impulsar investigaciones de toda muerte violenta de una mujer con perspectiva de género, siguiendo los estándares internacionales, nacionales y locales.
Pese al gran avance para la justicia que ha supuesto el fallo de la SCJN, el gobierno del estado de México ha demostrado reticencia e indiferencia para actuar ante diversos casos que han sido de conocimiento público e incluso objeto de decisiones importantes por instancias judiciales y de protección a los derechos humanos.
De acuerdo a declaraciones proporcionadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la PGJEM no ha tenido un acercamiento oficial con la familia de Mariana Lima bajo el argumento de que no ha sido notificada “formalmente” de la resolución de la SCJN.
Para dar cumplimiento a las obligaciones dictadas por la Suprema Corte, se debe garantizar que Julio César Hernández Ballinas, comparezca ante la justicia, brindar seguridad a Irinea Buendía y a su familia, así como garantizar que la nueva investigación sea realizada por personal altamente capacitado en derechos humanos y perspectiva de género.
La respuesta de la PGJEM ha sido totalmente insatisfactoria, al decidir no suspender a Julio César Hernández de sus labores, para, supuestamente, tenerlo vigilado.
En este mismo sentido, el OCNF ha manifestado preocupación de que se decida regresar el expediente a la Fiscalía de Feminicidio, organismo que determinó el no ejercicio de la acción penal contra el presunto feminicida.
Para evitar prejuicios y no dañar la nueva investigación, es necesario contar con personal altamente capacitado, como lo ha mandatado la SCJN.
Todo el caso anteriormente expuesto es enmarcado en una situación alarmante para la vida y seguridad de las mujeres del estado de México. De acuerdo a grupos de la sociedad civil, cada día dos mujeres son desaparecidas en la entidad. Además, cabe recordar que durante el gobierno del ahora presidente Enrique Peña Nieto, en el Estado 1006 feminicidios fueron ejecutados, siendo Chimalhuacán –lugar que ha tenido únicamente gobiernos priistas– uno de los 6 municipios en donde se concentró el 54 por ciento de estos crímenes. Seis de cada diez mujeres fueron asesinadas brutalmente.6
Frente a este panorama de violencia contra las mujeres, los gobernadores se han negado a declarar la alerta de género y a desarrollar acciones efectivas que detengan esta ola de violencia. De esta forma resulta evidente la omisión, indiferencia, inacción y desprecio hacia la vida y derechos de las mujeres.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en el proceso de investigación sobre la muerte de Mariana Lima Buendía, en agravio de la hoy occisa así como de sus familiares.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador del estado de México a girar instrucciones a quien corresponda, a fin de que se apliquen las sanciones administrativas pertinentes al señor Julio César Hernández Ballinas, servidor público en dicho estado; asimismo, para que gire instrucciones a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a revisar el caso, apegada a la protección máxima de los derechos humanos, y a emprender una revisión exhaustiva del personal de las instituciones de seguridad y justicia para que se cuente con perfiles de alta capacidad en materia de género y derechos humanos que atiendan a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al amparo directo 534/2013.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que en el ámbito de sus atribuciones proceda a notificar formalmente sobre la resolución emitida en torno al amparo directo 534/2013 al gobierno del estado de México y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México
Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador del estado de México a atender cabalmente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al amparo directo 534/2013, a hacer públicas las vías de su cumplimiento e invitar a instancias independientes a dar seguimiento a sus acciones sobre el caso para proteger, promover, garantizar y respetar los derechos humanos.
Notas
1 Cruz Jaimes, Guadalupe. “PGJEM ‘protege’ a judicial feminicida”. Consultado en: http://www.cimacnoticias.com.mx/node/60269
2 Ibid
3 Católicas por el Derecho a Decidir. “Irinea Buendía contra el feminicidio”. Consultado en
http://defendamoslaesperanza.org.mx/irinea-buendia-contr a-el-feminicidio/
4 Zamora, Anais. “Fallo histórico: obligan a PGJEM a dar justicia en caso de feminicidio.” Consultado en: http://www.cimacnoticias.com.mx/node/69206
5 Carrasco, Jorge. “Obliga la Suprema Corte al Estado de México investigar feminicidio” Consultado en:
http://www.proceso.com.mx/?p=399386
6 Católicas por el Derecho a Decidir. “Irinea Buendía contra el feminicidio”.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.
Diputada: Roxana Luna Porquillo (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Cofepris a intensificar los actos de inspección y verificación de establecimientos que prestan servicios de cirugía y tratamiento estético en el país, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, Gabriela Medrano Galindo, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo con la Ley General de Salud, se entiende por cirugía plástica a aquella práctica que tenga por finalidad cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo, o bien, comúnmente a lo que se conoce como una rama especializada de la cirugía dedicada a la corrección de deformidades y defectos primordialmente físicos.
La cirugía plástica es una de las más antiguas prácticas de la cirugía, el papiro de Ebers, 1500 antes de Cristo (AC.) muestra que el trasplante de tejidos era practicado por los egipcios desde el año 3500 AC., siendo el procedimiento de reconstrucción de nariz de los prisioneros de guerra, adúlteros y delincuentes castigados con la mutilación de ésta, una de las principales causas que dieron origen al ingenioso método de reparar tal pérdida, que con algunas modificaciones, continúa utilizándose en nuestros días.
Hoy en día es posible encontrar civilizaciones que sobreviven en la prehistoria y en las que descubrimos prácticas quirúrgicas primitivas cuya finalidad es el embellecimiento. En ciertas tribus del Brasil consiguen la expansión del labio inferior mediante la colocación de discos de diámetro creciente aplicados a una incisión realizada en el límite del bermellón del labio; mientras que en África y Oceanía es frecuente la expansión del lóbulo de la oreja y los cortes superficiales en la piel, que combinados, resultan en artificiosos decorados gracias a la enorme tendencia que tienen las personas de piel oscura a la cicatrización queloide.
Con el paso de los años esta práctica ha sufrido modificaciones severas, hoy más que por cultura o costumbres, la intervención quirúrgica plástica va encaminada al seguimiento de “prototipos de belleza”.
Según un estudio de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, revela que hasta el año 2014 se llevaron a cabo alrededor de 11.5 millones de cirugías estéticas en todo el mundo, ubicando a México como el tercer país donde se realizan más cirugías estéticas a nivel internacional, ello atendiendo a las 483 mil intervenciones quirúrgicas practicadas en 2013, lo que equivale a 4.2 por ciento del total mundial, seguido en cuarto lugar por Alemania con 3 por ciento y en quinto lugar Colombia con 2.5 por ciento; siendo los primeros sitios Brasil con 12.9 por ciento y Estados Unidos de América en el segundo, con 12.5 por ciento.
Por lo que hace a los procedimientos quirúrgicos estos varían de acuerdo a la zona geográfica, lo que deriva en una amplia gama no sólo en técnicas sino en calidad debido a la diferente situación económica de cada región, lo que ha reflejado avances en innovación de cirugía cosmética a menor costo.
Durante la última década, la liposucción es considerada el procedimiento más popular el cual representa 18.8 por ciento de todos los procedimientos quirúrgicos, seguido del aumento de senos con 17 por ciento, y blefaroplastia (cirugía del párpado superior o inferior) con 13.5 por ciento, rinoplastia (cirugía de la nariz) con 9.4 por ciento y abdominoplastia (cirugía de abdomen) con un 7.3 por ciento; siendo 87.2 por ciento de mujeres y 12.8 por ciento restante de hombres que se sometieron a alguno de estos procedimientos, según datos obtenidos de la encuesta de la Internacional Society of Aesthetic Plastic Surgery.
Sin duda estas estadísticas reflejan la expansión mundial en la práctica de cirugías estéticas, lo que conlleva una preocupación generalizada en materia de salud, es por ello que la propia legislación internacional, así como diversas asociaciones han definido acciones que permitan regular la práctica de dicha rama de la cirugía.
Parte importante son los profesionales capacitados para realizar dichas prácticas quirúrgicas, de acuerdo a la Internacional Society of Aesthetic Plastic Surgery, fueron mil 550 cirujanos plásticos los que realizaron 486 mil 499 intervenciones quirúrgicas en 2013, con la finalidad de embellecer algunos rasgos o características especiales del cuerpo de las y los mexicanos.
Por lo que hace a nuestro país, los médicos certificados por la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva registraron la aplicación de 397 mil 854 tratamientos que no implicaron quirófano, entre las que se encuentran las inyecciones de bótox (toxina botulínica) para reducir las líneas de expresión, siendo el segundo procedimiento más popular en los últimos años con poco más de 75 mil pacientes que recurrieron a este procedimiento, seguido de la depilación láser con 63 mil 957 casos.
El éxito en la demanda de dichas prácticas ha llevado a la participación negligente de personas no profesionales ni especialistas en la materia, requiriendo de una intervención urgente de las autoridades para garantizar la legalidad de dichas prácticas, siendo la aprobación de la Ley General de Salud una vía para hacer obligatoria la profesionalización para el ejercicio médico de la cirugía plástica, cosmética, estética y reconstructiva.
De esta manera se avanza en el reconocimiento de esta especialidad tomando en cuenta el certificado vigente que acredite la capacidad y experiencia en los procedimientos y técnicas correspondientes en la materia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de dicha ley.
Asimismo, se establecieron obligaciones tales como la necesidad de contar con la certificación médica reconocida para todas las especialidades y subespecialidades médicas; así como el manejo responsable de la publicidad y regulación de la oferta de servicio a través de los medios informativos, con la finalidad primordial de evitar que los procedimientos estéticos y reconstructivos sean ejecutados por personas sin preparación lo que lleve al engaño de la población.
Como un mecanismo de combate a dicha situación, en nuestro país se cuenta con un padrón completo de cirujanos plásticos, los cuales son certificados por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, AC (CMPER); a partir de este listado a la fecha se reconocen mil 500 especialistas certificados que forman parte de dicho consejo.
Sin embargo, por cada uno de estos expertos existen aproximadamente 15 pseudoespecialistas que en el mejor de los escenarios pudieron haber tomado un curso para ofrecer servicios en lugares que se autoidentifican como clínicas estéticas.
Un especialista en cirugía plástica requiere al menos contar con una preparación académica extensa, ya que debe aprobar diversos grados, el primero de ellos en la medicina, posteriormente la especialidad en cirugía general y una subespecialidad en cirugía plástica, esta última con una duración de cuatro años, posterior a ello, deben presentar certificaciones cada cinco años para poder ejercer dicha profesión.
Para el cumplimiento de lo anterior, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), lleva a cabo visitas de inspección y verificación a los establecimientos que prestan estos servicios, cuyo objeto es la revisión de las autorizaciones correspondientes, de las condiciones sanitarias y la profesionalización y certificación del personal, que en caso de no contar o cumplir con algunas de ellas se instaure el procedimiento respectivo que conlleve la imposición de una multa e incluso la clausura definitiva de estos lugares.
Al respecto, en el último año se revisaron mil 510 clínicas y consultorios de belleza en las 32 entidades federativas, evidenciando el inminente crecimiento en la prestación de servicios de cirugía estética a través de locales privados.
Sin duda, una de las preocupaciones más alarmantes es la arbitrariedad con la que se manejan muchas de estas “clínicas”, hoy con frecuencia escuchamos quejas de la sociedad por malas prácticas y debido precisamente a la clandestinidad de éstas, se desconoce el número real de víctimas mortales de las mismas; ello acompañado de la falta de acciones enérgicas por parte de las autoridades responsables, son las causas que impiden erradicar dichas prácticas que ponen en grave peligro a la sociedad de nuestro país.
Es por ello que al someterse a una cirugía de esta magnitud e incluso ante la práctica de cualquier mecanismo que implique la intervención de sustancias ajenas o extrañas a nuestro organismo, se recomienda que se identifique el establecimiento dentro de los registrados, lo que por ende implicará que cuente con la licencia sanitaria para llevar a cabo actos quirúrgicos, que el médico cuente con título profesional y especialidad en cirugía plástica.
Con la finalidad primordial de erradicar cualquier negligencia que ponga en peligro la salud e incluso la vida de una persona y en ánimo de reconocer y apoyar a los profesionales que sí cumplen con los requisitos establecidos por ley para la práctica de esta rama de la cirugía, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a efecto de que intensifique los actos de inspección y verificación a los establecimientos que prestan servicios de cirugía y tratamiento estético en todo el país, con la finalidad de que se garantice el cumplimiento a las obligaciones de contar con cédula profesional para el personal que ejecute dichas prácticas, así como las autorizaciones y certificados correspondientes, además de la instalaciones en condiciones sanitarias adecuadas.
Segundo . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a efecto de que diseñe e implemente campañas a través de las cuales se difunda el listado de institutos, hospitales y, en el caso, clínicas autorizadas y certificadas para la práctica de procedimientos quirúrgicos plásticos o estéticos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.
Diputada Gabriela Medrano Galindo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al contralor general de Guerrero a realizar una investigación relacionada con las acciones u omisiones violatorias de la ley electoral cometidas por el gobernador interino, a cargo de la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Zuleyma Huidobro González, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
El modelo de administración electoral que adopta un país es un factor importante para su desempeño, pero no es el único.
La independencia de los organismos electorales es parte de la cultura institucional de un organismo que debe ser respetada y promovida, pues es garante de que las decisiones tomadas en las urnas sean concretadas en hechos.
Los organismos electorales independientes se desarrollaron inicialmente en América Latina durante el siglo XX. En Uruguay, Chile, Costa Rica y Colombia, la transición de gobiernos dictatoriales a democracias liberales, conoció del surgimiento de estructuras electorales que constituyeron una cuarta rama del poder del Estado, debido a las amplias responsabilidades que tenían en pro de la justicia y el establecimiento de un modelo de gobierno completamente diferente, garantizado a través del voto.
En Canadá se estableció una estructura similar en 1920. Un elemento clave de la Ley Electoral de 1920 fue la creación de la oficina del director general de Elecciones en sustitución del empleado de la Corona en los Tribunales, confirmándole garantías sustanciales de independencia.
A pesar de los graves conflictos que existen en algunas partes del Caribe y en algunos países africanos como Botswana, Gambia y Senegal, han preservado su régimen democrático celebrando elecciones creíbles desde su independencia en la época de los años 60.
Resulta preocupante que en México la independencia de los organismos electorales estatales y federal se vea sometida a la indebida participación de otros poderes u actores políticos.
Tal es el caso del gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, que con su aparición en un acto de campaña del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán, ha decidido participar activamente en las elecciones, a pesar de ser titular de un Poder del Estado a nivel local.
Este hecho fue dado a conocer en Guerrero, cuando la propia candidata del PRD, Beatriz Mojica Morga, distribuyera vía correo electrónico las fotografías del gobernador de Guerrero en un mitin proselitista en Michoacán.
Como es conocido, el plazo de la licencia que ha elevado a Rogelio Ortega a la gubernatura interina del estado está por fenecer, por lo que el Congreso local deberá tomar en cuenta que durante este periodo la entidad no ha sido beneficiada con mejores políticas de gobierno y seguridad, además de que ahora existe una evidente intromisión del gobernador en las elecciones, lo que podría comprometer la voluntad ciudadana para decidir quién será quien gobierne el estado a partir de finales de 2015.
Pero no es el único caso. El gobernador de Guerrero ha intervenido en otros asuntos del proceso electoral en favor del PRD y ha utilizado el gobierno del estado como agencia de colocaciones con fines políticos, como fue el caso del distrito 13 de San Marcos, en donde se quitó la candidatura a Porfirio Leyva para dársela a Gustavo Villanueva, quien contendería bajo las siglas de Movimiento Ciudadano.
Posteriormente, Porfirio Leyva fue nombrado secretario del Trabajo utilizando al gobierno de Guerrero como agencia de colocaciones de los reacomodos y los acuerdos de las corrientes del PRD.
Este tipo de hechos podría llevarnos a suponer que el gobernador también ha intervenido en la repentina declinación del candidato en el distrito 2 de Chilpancingo, Alejandro Mendoza Pastrana, y en otros casos y amenazas que se han presentado en el proceso electoral contra los perredistas que por convicción quieren abandonar ese partido político.
Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión:
Único. Exhorta al titular de la Contraloría General del estado de Guerrero, Eduardo Gerardo Loria Casanova, a que en el marco de sus facultades, realice una investigación relacionada con las acciones del gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, que pudieran representar actos u omisiones que contravengan cualquier disposición legal relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones, especialmente en materia electoral.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de abril de 2015.
Diputada Zuleyma Huidobro González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Ssa a potencializar la ejecución y transversalidad integral de los programas de salud preventivos, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Quien suscribe, María Sanjuana Cerda Franco, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción XVIII; 6o., fracción I; 62, numerales 2 y 3, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
La salud es un tema primordial para las y los mexicanos, contamos con su consagración en nuestra Carta Magna y en los ordenamientos normativos que de ésta emanan; se ha regulado de manera paulatina y progresiva su vigencia y se han establecido diversos mandatos que procuran su plena vigencia, dotando a los ciudadanos de este país de los elementos para su protección, cuidado y desarrollo.
Desde que fue creado en 1943, el sistema de seguridad social mexicano ha contribuido a mejorar las condiciones de salud de la población; desde entonces, enfrenta retos que no han podido ser superados, tan importantes como la cobertura y el acceso efectivo a la salud, tanto entre regiones como entre grupos de la población, a los cuales debemos sumar lo limitado de los recursos públicos para este rubro.
Aunque es de reconocer que la esperanza de vida en el país aumentó de 51.7 a 75.7 años en cinco décadas, representando un logro importante del Sistema Nacional de Salud, estos avances han sido desiguales, entre los sectores de la población: en Oaxaca, Guerrero y Chiapas la esperanza de vida es casi 10 años más baja que en Baja California Sur, Nuevo León o el Distrito Federal.
También existen diferencias fundamentales en zonas urbanas y rurales, con un acentuado impacto en las zonas con menos de 5.0% de población indígena, donde se promedia 78 años de vida, en contraste, en donde esta proporción es superior a 75.0%, que es en prácticamente la mayoría de las comunidades rurales, este indicador se reduce a 66 años.
A la par de lo anterior, la dinámica poblacional y los hábitos alimenticios que caracterizan nuestra idiosincrasia han hecho que tengamos que sumar un preocupante ascenso de diversas condiciones de morbilidad y mortalidad, situación que obliga a revalorar, analizar y evaluar las estrategias y acciones institucionales emprendidas por las autoridades del sector salud, destinadas ya no solo a la atención de enfermedades, sino a controlarlas y prevenirlas.
En el Plan Nacional de Desarrollo se reconoció la falta de capacidad para atender plenamente el derecho a la salud, debido a que las instituciones del sector habían enfocado la atención hacia lo curativo y no a lo preventivo.1
Ello ha provocado que el sobrepeso y la obesidad hayan llegado a niveles muy elevados en todos los grupos de la población y dado su papel como causas de otras enfermedades, resulta en el incremento de la demanda en los servicios de salud, sobre todo en padecimientos de alto costo, como la diabetes mellitus o la insuficiencia renal, derivada de la misma; así como las enfermedades cardiacas, afectando de este modo el desarrollo económico y social de la población.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 mostró que de los 69,245.5 miles de mexicanos de 20 años o más en ese año, el 71.3% (49,358.2 miles de personas) presentó sobrepeso (38.9%) u obesidad (32.4%).2
En tanto que en el año 2013, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, publicó el informe anual titulado “El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación”, en donde se observó que México es uno de los países con el mayor porcentaje de población adulta con obesidad en el mundo (32.8%), superando por primera vez a Estados Unidos de América, país que se había mantenido en el primer lugar con 31.8% de la población con obesidad,3 como puede observarse en la siguiente gráfica.4
No somos ajenos a una realidad internacional pues la mayoría de las personas de los países miembros de la OCDE padecen sobrepeso u obesidad;5 sin embargo, las consecuencias sociales y económicas son más dramáticas para México, pues avanzamos de manera más acelerada en el creciente número de personas con enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades del corazón y el cáncer, al grado que se tiene la estimación que por sí solo, el impacto de la obesidad en los costos de salud ronda cerca de los mil millones de dólares.6
Atendiendo este panorama, el gobierno federal diseñó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, a fin de promover una política pública nacional para generar hábitos de consumo alimenticio saludables y fomentar la actividad física, con el objetivo de mejorar los niveles de bienestar de la población y contribuir a desacelerar el incremento en la prevalencia de obesidad y revertir la epidemia de las enfermedades no transmisibles, particularmente la diabetes mellitus.
Así, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, bajo el rubro de “México Incluyente” y del Programa sectorial, se desprenden cuatro programas presupuestarios coordinados por el Sector Salud, claramente identificable en la tarea de consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades, así como al desarrollo del Sistema Nacional de Salud Universal, que si bien, sus metas y logros son loables y adecuados a los propósitos que persiguen, no dejan de presentar importantes áreas de oportunidad a fin de que las acciones que de éstos se deriven, tengan un efectivo impacto en la salud y calidad de vida de la población mexicana.
Nos referimos a los programas presupuestarios Programa Comunidades Saludables (S037), Seguro Popular (U005), Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes (U008) y Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones (P014), mismos que en los últimos dos años tuvieron una asignación de recursos por 141 mil 503 millones de pesos, pero un ejercicio de 139 mil 337 millones de pesos; es decir, un -2 por ciento, solo que con diferencias importantes para cada caso en particular, como se aprecia en las siguientes gráficas.
Como se puede observar, el ejercicio de recursos públicos en programas como el de Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones (P014) ejerció 508.2 millones de pesos menos de lo asignado, lo que representó el 33 por ciento de lo presupuestado para esos años y aunque en esta tesitura el Seguro Popular (U005), ejerció el 1 por ciento menos de lo fijado, en términos reales esto significó 1 mil 589.5 millones de pesos, recurso que no se aplicó en beneficio directo a la población; es decir, se dejó de ejercer un recurso destinado a brindar a la población objetivo, considerando a la más vulnerable y en condiciones de marginación, del acceso efectivo y con calidad a los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud, que también puede comprenderse como un menor número de personas afiliadas al sector salud: es decir, más mexicanas y mexicanos carentes de seguridad social.
Es de precisar, que tres de estos cuatro programas se encuentran o sujetos a reglas de operación, como el S037, o son subsidios, como el U005 y U008, lo que significa que las entidades federativas, a quienes se destinan tales recursos, recibieron en los ejercicios presupuestales 2013 y 2014, el 20 por ciento menos de lo aprobado en esta Cámara de Diputados.
Lo anterior fue en detrimento de la promoción de la salud y prevención de enfermedades en municipios de 500 a 2500 habitantes (Propósito del S037);7 menores condiciones de acceso a la población que carece de seguridad social, a fin de prevenir enfermedades, o contar con atención médica, quirúrgica y especializada en unidades de salud con calidad (Propósito del U005);8 también representó un mayor grado de vulnerabilidad entre la población con obesidad de 20 años y más, al no recibir tratamiento no farmacológico que disminuya el riesgo de padecer enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión y sus complicaciones (Propósito del U008).9
Esto cobra mayor sentido si consideramos que en los últimos años, de entre las principales causas de mortalidad en el país se encuentran en primer término las enfermedades del corazón, con una alta prevalencia de las isquémicas o interrupción del flujo de sangre por las arterias coronarias, en segundo término la Diabetes Mellitus , seguido en tercer lugar de muertes provocadas por tumores malignos,10 males que tienen un alto grado de prevención, pues una adecuada promoción de la salud, hábitos alimenticios adecuados, seguidos de eficientes mecanismos de control y tratamiento focalizados, incluso por grupo de edad, tienen un mayor impacto en la salud de la población a la que están destinadas.11
Y aunque en México se encuentre implementando una estrategia de amplio alcance para abordar el tema de la obesidad, incluyendo acciones legislativas para elevar la conciencia pública, mejorar la atención médica, regular el etiquetado y la publicidad de alimentos para niños, así como gravar alimentos y bebidas potencialmente dañinas para la salud, como se señalaba anteriormente, existen deficiencias y potenciales áreas de oportunidad que deben atenderse, a fin de mejorar la atención en temas tan importantes para la salud de los mexicanos, como es el control y la prevención que emprendan las autoridades del sector salud respecto del sobrepeso y la obesidad.
Diversas observaciones y recomendaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 201312 dan cuenta de las deficiencias que se exige corregir ante un próximo escenario de ajustes a los programas presupuestarios en función de las prioridades que exige un Presupuesto Base Cero para el próximo año, pues la salud y el futuro de millones de mexicanas y mexicanos depende de ello.
Por ejemplo, en la Auditoría de Desempeño: 13-0-12O00-07-0182,13 realizada al Programa presupuestario U008 “Prevención contra la Obesidad”, responsabilidad del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, se observa que las autoridades responsables incurrieron en deficiencias para verificar el cumplimiento de los objetivos del programa, causando que este organismo evaluador del impacto de los resultados y de la información generada en los servicios de salud en las entidades federativas, carezca de información respecto de la situación que se guarda en el país sobre la detección, tratamiento y control del sobrepeso y la obesidad.14
En la misma Auditoría de Desempeño también se observa que no se incluyeron “indicadores para dar seguimiento y evaluar el cumplimiento del ejercicio de los recursos transferidos a las entidades federativas, mediante los convenios específicos de coordinación, los cuales constituyen la herramienta principal para las actividades que se realizan en materia de detección, tratamiento y control del sobrepeso y obesidad” ...; también se observó que no se consideraron “indicadores relativos a las acciones de evaluación del impacto del programa y de la información generada para apoyar la toma de decisiones en el sector salud, ni de la capacitación del personal involucrado en la prevención de estos padecimientos”15
Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza resulta alarmante la afirmación que se hace en esta auditoría en el sentido de que la autoridad responsable “no acreditó contar con la información para conocer los resultados del programa de prevención contra la obesidad en la población de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud, lo que constituye un riesgo para el Estado Mexicano al no poder evaluar su contribución la atención de estos padecimientos y sus consecuencias, así como en aportar información estratégica para mejorar la toma de decisiones”.16
Lo anterior es grave, pues la atención a un problema de salud pública de la magnitud que tiene el sobrepeso y la obesidad, demanda acciones integrales; sin embargo, para la operación del programa, en los 32 Convenios Específicos suscritos 2013 por la Secretaría de Salud con las Entidades Federativas, se estableció que los recursos federales se aplicarían para atender la Diabetes Mellitus y el Riesgo Cardiovascular en lugar del sobrepeso y obesidad.17
Si bien las enfermedades del corazón y la Diabetes Mellitus son las dos más importantes causas de mortalidad en el país, la operación del programa se orientó hacia las consecuencias, no las causas, lo cual va en contra del fin y propósito del programa, cuyo objetivo toral es precisamente que se atiendan de manera preventiva estos males, causantes de otros como el cáncer, mismo que generó decesos de más de 87 mil personas en el año 2013.
Por otro lado, en la Auditoría de Desempeño: 13-0-12U00-07-0215, practicada en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, como responsable de la operación del programa presupuestario U005, Seguro Popular18 se observa la recurrencia del ejemplo anterior, pues se menciona que tanto a nivel Federal, como en instituciones y dependencias estatales, la Auditoría Superior de la Federación observó que “no contaron con indicadores, metas, ni con información para evaluar el cumplimiento del mandato del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), relativo a garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud”.19
Si bien el Seguro Popular contribuye a la meta social de contar con cobertura universal en salud,20 la carencia de indicadores y de información impide conocer la efectividad de los servicios otorgados por el Seguro Popular para la prevención, control y seguimiento de padecimientos en su población afiliada, considerada de alta vulnerabilidad social.
Los programas de prevención individual podrían evitar hasta 47,000 muertes por enfermedades crónicas cada año. Si las distintas intervenciones se combinaran en una estrategia integral de prevención, las muertes evitadas podrían incrementarse a 55,000; es decir, el 20% de los decesos ocurridos por las tres principales causas de muerte en el país, así como un mejor destino en el gasto a la salud superior a los 640 millones de pesos, según ha estimado la OCDE.21
Más allá de la acción cotidiana de hacer exigible el derecho a la salud ante las instituciones públicas responsables de su cuidado, dado el contexto económico actual que obligó a realizar diversos ajustes presupuestales en los que se incluye una reducción por más de 3 mil millones de pesos para este fin y las previsiones que deberán implementarse para el siguiente año fiscal y subsecuentes, se demanda que el ejercicio presupuestal destinado a la salud, su ejecución, vigilancia y posterior evaluación se realice con un claro sentido de pertinencia, eficacia, eficiencia y transparencia.
Cabe recordar que a propuesta del Grupo Parlamentario Nueva Alianza se estableció en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Ingresos del año 2015 la obligatoriedad de destinar recursos para programas de promoción, prevención, detección, tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico- degenerativas. Dichos recursos deben provenir del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que se aplica a las bebidas saborizadas, cuyo monto en el mes de enero de este año era mil 500 millones de pesos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud para que realice una revisión integral de los programas Comunidades Saludables (S037), Seguro Popular (U005), Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes (U008) y Promoción de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades Crónico Degenerativas y Transmisibles y Lesiones (P014), con el propósito de que se fortalezca su carácter preventivo y constituya una de las prioridades del sector salud en el presente ejercicio presupuestal y subsecuentes.
Notas
1 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018. Gobierno de la República. II. México Incluyente, Salud. Página 49.
2 Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012. México, 2012.
3 Disponible en http://www.fao.org/docrep/018/i3300s/i3300s.pdf. Página 113.
4 Extraída del Informe “La Obesidad y la Economía de la Prevención: Fit Not Fat, Hechos Claves” México, Actualización 2014. OCDE. Disponible en http://www.oecd.org/health/health-systems/Obesity-Update-2014-MEXICO_ES .pdf
5 Datos y análisis de la OCDE revelan que los niveles de obesidad en México han aumentado rápidamente durante los últimos 5 años, al igual que para el resto de los países miembros, aunque éstos han registrado tasas más lentas que antes. La obesidad se ha mantenido prácticamente estable en Inglaterra, Italia, Corea, y los EE.UU.; en contraste se ha incrementado entre 2% y 3% en México, Australia, Canadá Francia, España y Suiza. Se puede consultar las referencias y estadísticas en
http://www.compareyourcountry.org/01/obesity/slide1.php? cr=mex&lg=es
6 “La Estrategia de México para hacer frente a la Obesidad es prometedora”. OCDE, Centro de México. Medios, 27 de mayo de 2014. http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/laestrategiademexicoparahacer frentealaobesidadesprometedoradicelaocde.htm
7 http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosPrograma.do?ciclo=2014&r=12&ip=S&p=037&msd=3
8 http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosPrograma.do?ciclo=2014&r=12&ip=U&p=005&msd=4
9 http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosPrograma.do?ciclo=2014&r=12&ip=U&p=008&msd=3
10 Tan solo en el año 2013, ocurrieron 273,911 decesos por estas causas en el país, el 44.76% de las defunciones registradas en ese año. Fuente: Principales causas de mortalidad por residencia habitual, sexo y grupo de edad del fallecido, año 2013. INEGI.
11 En el grupo de edad de 45 a 64 años la Diabetes Mellitus causó el 32% del total de los decesos ocurridos por esta enfermedad en el año 2013; por su parte, las enfermedades del corazón provocaron la muerte de 85,668 adultos de 65 o más años, 58,723 de los mismos por enfermedades isquémicas del corazón lo que representó que más del 75% de las defunciones de este grupo de edad se debió a estas causas.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registr os/vitales/mortalidad/tabulados/ConsultaMortalidad.asp
12 Con base en su programación, la ASF no practica evaluaciones a todos los programas presupuestarios, por lo que no se consideran para los propósitos de este Punto de Acuerdo las practicadas en la Cuenta Pública 2012 al programa presupuestario S037 Comunidades Saludables.
13 Auditoría de Desempeño 13-0-12O00-07-0182, Programa presupuestario U008 “Prevención contra la Obesidad”, Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Auditoría Superior de la Federación. Consultar en http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013 _0182_a.pdf
14 Op. Cit, página 5.
15 Ídem, página 6.
16 Ídem, página 10.
17 Ídem, páginas 9 a 11.
18 Auditoría de Desempeño 13-0-12U00-07-0215, Programa Presupuestario U005, “Seguro Popular”, Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Auditoría Superior de la Federación. Consultar en http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013 _0215_a.pdf.
19 Op. Cit., página 6.
20 El Seguro Popular atiende a por lo menos el 49.3% de la población del país, unos 50.3 millones de personas, teniendo un reto que cubrir no menor a 3.9 millones más que no tienen acceso a los servicios de salud, con un esquema que cubre 344 enfermedades: 285 esenciales y 59 de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento, que incluye los cinco padecimientos considerados por la Secretaría de Salud como los de mayor causa de muerte en México, en las que se encuentra la Diabetes Mellitus, enfermedades cardiovasculares y diversos tipos de cáncer.
21 “La obesidad y la economía de la prevención: Fit Not Fat, hechos claves”, México, actualización 2014. OCDE, página 3. Disponible en http://www.oecd.org/health/health-systems/Obesity-Update-2014-MEXICO_ES .pdf.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.
Diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la prevención y sanción de las malas prácticas médicas en los servicios públicos de salud del país, a cargo del diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de la agrupación Movimiento Regeneración Nacional
Francisco Alfonso Durazo Montaño, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y de la agrupación de diputados de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En ocasiones, las personas no logramos entender el dolor e impotencia de la situación de muchos de los ciudadanos que han sufrido la impunidad y el tráfico de influencias en su perjuicio y vemos sencillo opinar y juzgar abiertamente, siendo tan sólo un tercero y espectador.
En México en ocasiones sufrimos de negligencias medicas, a veces dolosas, y ésta acción suele ocurrir, desafortunadamente tanto en hospitales públicos y como privados.
El 9 de enero de 2014, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, Ifai, solicitó a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Conamed, brindara el número de quejas o denuncias por negligencia médica desde 2006 hasta 2013. Con base a esto, el organismo menciona que de cada 100 quejas interpuestas por presunta negligencia médica, sólo dos concluyen con fallos contra el médico investigado.
Esto indica que del 100 por ciento de las quejas por negligencia, sólo el 2 por ciento termina en fallos a favor del quejoso.
Según la estadística de quejas concluidas por modalidad del Conamed, en 2013 se finalizó con tan sólo 43 sentencias condenatorias para el acusado, de los mil 775 procesos desahogados.
Dentro del mismo órgano nacional, se encuentra el registro de dictámenes concluidos por la especialidad relacionada con el diagnostico o procedimiento aplicado en la atención médica involucrada en la queja, con un numero de 174 casos, donde se pudo comprobar la mala práctica de los médicos, predominando en cirugías; y ubica al Instituto Mexicano del Seguro Social en el primer lugar en cuanto a quejas por negligencias médicas, con mil 68 expedientes, seguido del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, con 319 casos.
Últimamente, las negligencias médicas se han convertido en una práctica común en hospitales públicos y privados.
La mayor parte de las personas consideran una pérdida de tiempo presentar queja ante las autoridades, pues consideran que el proceso carece de transparencia y es “luchar contra un monstruo”, ya que en ocasiones se presenta encubrimiento por parte de los titulares de la institución hacia sus empleados.
Diferentes situaciones se suscitaron en el Centro de Salud Rural de San Felipe Jalapa de Díaz y San Antonio de la Cal, en Oaxaca, donde en varias ocasiones se le ha negado la atención a mujeres en fase de parto, motivo por el cual se han visto en la necesidad de dar a luz en jardines y vías públicas.
Hace poco también, la Comisión Nacional de Derechos Humanos giró recomendación en contra del gobernador Rolando Zapata Bello en Yucatán, por presunta negligencia médica de dos hospitales públicos en dicha entidad, quienes causaron la muerte de una indígena maya con embarazo gemelar, como a sus bebés en gestación.
La lista es larga y podría mencionar varios, así que solo comento uno último y por el cual hago presente ante ustedes este punto de acuerdo.
El caso del señor Édgar Mondragón Bustamante, padre del menor Ismael Mondragón Molina, fallecido el 15 de diciembre de 2004 dentro del Hospital Infantil de Sonora, en el cual, tal como se evidencia del caudal probatorio, se fueron cometiendo de manera sistemática y evidente, actos de negligencia medica y encubrimiento por parte de distintos servidores públicos participes directos e indirectos dentro de las investigaciones de dicho caso.
Al menor mencionado, le fue diagnosticada “craneosinostosis”, enfermedad que impide el correcto desarrollo del cerebro; el cual fue atendido por el doctor José Manuel Orozco Vázquez, cirujano dentista maxilofacial, quien le practicó al menor una neurocirugía sin contar con la especialidad médica requerida; situación que a la fecha continua impune pese al amplio caudal de pruebas y dictámenes que se han desahogado en el proceso jurisdiccional y administrativo.
Cabe destacar que el hospital infantil del estado de Sonora no le asignó directamente al dentista José Manuel Orozco Vázquez la atención el menor. Este dentista atendió al menor por recomendación del neurólogo pediatra doctor Óscar Alberto Campbell Araujo, médico ajeno a la institución, mismo que indicó y valoró al menor, asumiendo que requería de un tratamiento quirúrgico con “distensores craneales”, método considerado controvertido y no avalado por el Colegio de Neurocirujanos y sus peritos.
Con base en engaños, el mencionado dentista realizó una neurocirugía al menor, fragmentando su cráneo en 10 partes para corregirle la craneocinostosis sagital simple que el niño padecía.
Según el acucioso dictamen de los peritos médicos legistas, pertenecientes a la Procuraduría de Justicia del estado de Sonora, pericial médica a cargo del Colegio de Neurólogos y Neurocirujanos de Sonora, la Conamed, y pericial a cargo del Instituto Nacional de Pediatría, se dictaminan a favor del menor Ismael Mondragón Molina, y señala como responsables de mala praxis a los médicos, pruebas palmarias y contundentes, que sin embargo, fueron soslayadas por el juez de la causa.
Es por ello que mediante amparos y otras acciones legales realizadas por el ofendido señor Édgar Mondragón Bustamante, el 31 de mayo de 2010, el agente del Ministerio Público solicita al juez, 18 órdenes de aprehensión en contra de varias personas, incluido el comité de morbi-mortalidad del hospital infantil del estado, por los delitos de encubrimiento y falsedad de declaraciones en perjuicio de la fe pública y procuración y administración de justicia, mismas que fueron rechazadas bajo el supuesto “falta de acreditación de los hechos”, siendo necesario que el juez determine conforme a la realidad de los hechos, la determinación de “homicidio doloso”.
Es evidente que el caso del menor Ismael Mondragón Molina ha tomado dimensiones que no debió, y es tal la situación, que a diez años de los hechos, el padre del fallecido ha agotado ya todos sus recursos y todas las instancias para esclarecer y hacer justicia en contra de los culpables directos e indirectos de la muerte de su hijo.
Presentamos este punto de acuerdo, en el cual se detallan brevemente los hechos y se exhorta a que se tomen las medidas pertinentes y que las autoridades responsables le den agilidad al mismo y esclarezcan los hechos.
Por lo expuesto, y tomando en cuenta el firme compromiso de velar y garantizarse el interés superior de la niñez, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se propone a consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que instruya al Procurador General de la Republica, para atraer esta grave violación a los intereses superiores del menor y se le confiera todo el apoyo para evitar que sea impune el hecho denunciado por el señor Édgar Mondragón Bustamante.
Se exhorta al Ejecutivo federal a que realice junto con su gobierno una estrategia para evitar que las malas prácticas médicas queden impunes y se hagan las reparaciones correspondientes a las victimas según lo que establece la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
Segundo. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que de audiencia al recurrente de justicia y se solucione el caso del señor Édgar Mondragón Bustamante.
Tercero. Se exhorta al gobernador de Sonora, al presidente del Tribunal Superior de Justicia y presidente del Poder Legislativo de Sonora en el ámbito de sus competencias, impidan la impunidad en el caso planteado y se le brinden todo el apoyo al recurrente para recibir la justicia expedita que el caso requiere.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de abril de 2015.
Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al secretario de Economía a realizar un estudio que promueva una política arancelaria de mayor efecto en la importación de granos y semillas oleaginosas, a cargo de la diputada Zita Beatriz Pazzi Maza, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Zita Beatriz Pazzi Maza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numeral 1 fracción II y numeral 2 fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo sustentado en las siguientes
Consideraciones
El artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), contempla que el estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación; ese plan será denominado Plan Nacional de Desarrollo que se sujetará obligatoriamente a las políticas públicas y programas de la administración pública federal.
Derivado de lo anterior, encontramos que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 fue presentado como un amplio ejercicio democrático que permitirá orientar las políticas y programas del gobierno de la República durante el periodo comprendido; el documento se divide en ejes que permitieran de manera específica establecer acciones para alcanzar los objetivos de las políticas públicas. El eje denominado México Próspero establece que uno de los objetivos es elevar la productividad del país como medio para incrementar el potencial de la economía y así el bienestar de las familias mexicanas, estableciendo políticas sectoriales para impulsar el desarrollo, mismo que deberá ser sustentable, que además permita al estado cumplir con la obligación de fungir como rector del desarrollo nacional garantizando que éste sea incluyente, equitativo y sostenido (artículo 25 CPEUM).
Resulta indispensable impulsar a los sectores con alto potencial de crecimiento, tal como el de las oleaginosas , del que México es un consumidor e importador neto, pues en 2014 se importaron 5.5 millones de toneladas, mientras que la producción nacional alcanzó 440 mil toneladas, lo que significa que el consumo nacional es abastecido a través de la producción interna en tan sólo 8 por ciento. Estos datos indican que de cada peso que se utiliza para la importación de productos agroalimentarios, 25 centavos corresponden a la compra de oleaginosas en el exterior, de acuerdo a los datos proporcionados por el Banco de México, y que se representan en la siguiente gráfica.
Importaciones agropecuarias de México 2014: 12 mil 375 millones de dólares
Fuente: grafica elaborada por el Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas con datos de Banco de México, 2014
Aunado a lo anterior, y tal como lo mandata el artículo 131 de nuestra Carta Magna, es una facultad privativa de la federación gravar las mercancías que se importen, por tal motivo resulta urgente que las importaciones de oleaginosas desde países que no cuenten un tratado de libre comercio (TLC) con México, puedan ser gravadas desde una política arancelaria que permita la estabilidad y crecimiento de la producción nacional en el sector, lo que nos llevará a ir reduciendo la brecha que nos separa de la autosuficiencia alimentaria y a generar un ingreso digno a los productores del campo.
Desde 2003, la importación de oleaginosas se ha realizado de manera indistinta desde países con los que contamos y no contamos con TLC; dando igualdad de oportunidades a los países con los que no tenemos ese instrumento rector para introducir sus mercancías oleaginosas a precios sumamente competitivos contra los cultivos internos; este ejercicio ha permitido que Argentina, Brasil, China, Paraguay, Polonia, India, Ucrania, Nigeria, Bolivia, Kenia, Etiopia, Indonesia, Sudán, Turquía y Taiwán, ingresen desde aquel año millones de toneladas que merman la producción nacional, según datos del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI).
De generarse una política arancelaria de mayor impacto específico para la importación a las oleaginosas (soya, ajonjolí, canola, cártamo y girasol), provenientes desde países sin TLC con México, se estaría en la posibilidad de obtener una recaudación mayor de recursos que podrían aplicarse en lo subsecuente al impulso del crecimiento del propio sector que nos ocupa, siendo una política totalmente alineada con el PND 2013-2018; y con ello abatir el rezago que tenemos en el producción y productividad de granos y semillas para el consumo nacional, permitiendo, además, que los productores y sus familias tengan mejores oportunidades de desarrollo con ingresos superiores.
El impacto social se reflejaría al corto y mediano plazo en los 21 estados del país con sembradíos de oleaginosas, es decir, que se aumentaría el número de productores al encontrar un área de oportunidad que les permita mejores ingresos, y poder de esa manera revertir la balanza de importaciones por una mayor producción interna de esos granos y semillas, brindando además la federación el impulso a este sector con amplio potencial de crecimiento.
En la actualidad, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) ha decidido impulsar la producción de oleaginosas desde el componente de reconversión y productividad, ubicado en el Anexo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Este componente va orientado a apoyar distintos cultivos, además de las oleaginosas. Desde el año 2009 se han aplicado estos recursos administrativos a diversos programas, incluido el Proyecto Pro Oleaginosas , lo cual ha permitido que las acciones de la Sagarpa detonen este sector con amplio potencial de crecimiento, permitiendo ampliar el espectro de beneficiarios de programas de impulso del campo y la creación de nuevos empleos.
El incentivo que recibe el productor, de acuerdo a las Reglas de Operación de Sagarpa, asciende a un monto mil 500 pesos por tonelada comercializada de oleaginosas, en razón de un máximo de dos toneladas por hectárea, exceptuando el ajonjolí, cuyo límite máximo es de una tonelada por hectárea; además de que la superficie máxima de atención por productor es de 100 hectáreas de riego o su equivalente de temporal.
Es necesario mencionar que desde la instauración administrativa del Proyecto Pro Oleaginosas, en 2009, el sector ha crecido en promedio, hasta 2014, 17.5 por ciento. Asimismo, el monto estimado para el ejercicio 2015, con objeto de poder atender eficazmente la productividad de las 365 mil hectáreas dedicadas a la producción de oleaginosas es de 604 millones 800 mil pesos, el resultado aproximado es de 710 millones de pesos, esto sin considerar las nuevas hectáreas que podrían dedicarse a la explotación de estas semillas y granos.
En México, los cultivos de oleaginosas incentivados corresponden a los realizados para la obtención de soya, ajonjolí, canola, cártamo y girasol, mismos que son logrados gracias a la participación de más de ocho mil productores de 21 entidades federativas de nuestro país, incluidas las regiones huasteca, altiplano, norte-occidente y sur-sureste. El objetivo principal del presente punto de acuerdo es el que las autoridades correspondientes analicen la posibilidad de aplicar medidas necesarias para el aumento en la producción y productividad de los cultivos de oleaginosas, para ir ascendiendo paulatinamente en la soberanía alimentaria a través de la participación en el abasto nacional de estos productos y poder aumentar 8 por ciento del abasto interno actual a un estimado de 14.6 por ciento en 2016; 22.6 por ciento en 2018; 29 por ciento en 2020; y 46 por ciento en 2030, de acuerdo a las proyecciones realizadas por el Comité Nacional Sistema-Producto Oleaginosas (Conasipro) en mayo de 2014.
Resulta pertinente mencionar que el sector de las oleaginosas se encuentra en expansión natural, por la amplia necesidad presente en su uso industrial y pecuario, por lo que es preciso que el gobierno federal analice la posibilidad de aplicar medidas arancelarias con el objeto de impulsar el desarrollo agrícola respecto de los productos oleaginosas y con ello la economía de millones de mexicanos.
Es por lo anteriormente expuesto, que con el fin de que se explore la posibilidad de aplicar diversas acciones que impulsen y protejan la producción nacional de oleaginosas, se propone a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Economía para que en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice un estudio que determine la viabilidad de promover un paquete de política arancelaria de mayor impacto a la importación a los granos y semillas oleaginosas provenientes de países que no cuenten con tratado de libre comercio con México y en razón de ello aplique las acciones ejecutivas necesarias en dicho tenor, ello con el fin de impulsar de ese modo al sector industrial y agro alimentario al consumo primario de la producción interna de oleaginosas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.
Diputada Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los integrantes de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados a difundir y fortalecer sus acciones de investigación, información y educación sobre el efecto del maíz transgénico en la salud humana y la diversidad biológica, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Elizabeth Vargas Martín del Campo, diputada federal por el estado de Guanajuato de la LXII legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los integrantes de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, a difundir y fortalecer sus acciones de investigación, información y educación a la población mexicana sobre el impacto del maíz transgénico en la salud humana y la diversidad biológica.
Consideraciones
El Convenio sobre la Diversidad Biológica es un tratado internacional jurídicamente vinculante con tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible, firmado el 5 de junio de 1992 en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, y entró en vigor el 29 de diciembre de 19931 .
Un transgénico, (organismo genéticamente modificado u OGM) es un ser vivo creado artificialmente con una técnica que permite insertar a una planta o a un animal genes de virus, bacterias, vegetales, animales e incluso de humanos. Por ejemplo, los biotecnólogos pueden tomar el gen de una bacteria e insertarla en el maíz, creando un organismo vivo completamente nuevo, esto con el fin de producir una sustancia insecticida; o, bien, insertarle un gen para darle resistencia a herbicidas2 .
En particular el maíz, el arroz y la soya, son los alimentos que más se consumen a nivel mundial, lo que ha llevado a aumentar considerablemente el número de hectáreas que se cultivan con plantas transgénicas, de 1.7 millones en 1996 a más de 134 millones en 2009 en 27 países3 .
El maíz en lo particular, está vinculado con los pueblos indígenas de México (62 etnias con 38 lenguas vivas y 364 variantes lingüísticas), convirtiéndose así en la identidad cultural mexicana.
En nuestro país se han desarrollado diversos proyectos para el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos, se han equipado laboratorios de detección e identificación de OGM.
Uno de los laboratorios está acreditado para detectar el maíz GM, a partir de metodologías y protocolos específicos para el análisis de muestras, ello derivado de que en la Ley de Bioseguridad de los OGM se establece que el maíz tendrá un régimen de protección especial (artículo 2 fracción XI) por la condición de centro de origen y concentración de agro diversidad de nuestro país y, por la aplicación directa al principio y enfoque precautorio de reconocer el valor estratégico de este cultivo para México.
Lo anterior, significa un enorme reto y responsabilidad para el gobierno Mexicano respecto a otras disposiciones de la ley, como los artículos 86, 87 y 88, donde se establece que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, deben determinar tanto las especies que tienen su centro de origen y diversidad genética en México, como las áreas donde estas se encuentran, con el fin de que en estas zonas no se lleven a cabo liberaciones al ambiente de los OGM de esa especie, lo que implica, como ya se mencionó, crear las capacidades necesarias y los instrumentos eficientes necesarios para garantizar un uso responsable del desarrollo de la biotecnología.
La tendencia internacional es a seguir trabajando en el marco normativo, reforzando las disposiciones para generar mayor confianza en los consumidores de que los productos GM están autorizados, particularmente con normas específicas de etiquetación. La OMS “tomará un papel activo en relación con los alimentos GM, principalmente por dos razones: (1) debido a que la salud pública podría beneficiarse enormemente por el potencial de la biotecnología, por ejemplo por un aumento en el contenido de nutrientes de los alimentos, menor alergenicidad y producción alimentaria y producción más eficiente; y (2) en base a las necesidades de examinar los efectos negativos potenciales para la salud humana del consumo de alimentos producidos mediante modificación genética, también a nivel mundial”.
Por lo que deben realizarse evaluaciones holísticas y que abarquen los aspectos de inocuidad, seguridad alimentaria, sociales y éticos4 .
En este sentido, como lo establece el Protocolo de Cartagena, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y su Reglamento, es fundamental seguir realizando evaluaciones de los posibles riesgos actuales y potenciales de los OGM y sus productos, caso por caso, a fin de garantizar un uso responsable de estos organismos, en beneficio de la salud humana.
Asimismo, el maíz es el principal cultivo en México, participa con el 18 por ciento del valor de producción del sector agrícola (88 mil millones de pesos en 2012 y 78 mil en 2013) y concentra el 33 por ciento de la superficie sembrada en el territorio nacional (7.5 millones de hectáreas). El volumen de producción de maíz en 2012 alcanzó 22.1 millones de toneladas y se estima que para 2013 se alcanzaron 22.7 millones. Mientras que la superficie de temporal ocupa el 74 por ciento de la superficie, aporta únicamente el 40 por ciento del valor generado.
El 8 por ciento de la producción nacional corresponde a maíz amarillo, del cual México es deficitario e importa entre 7 y 10 millones de toneladas. Nuestro país ocupa el segundo lugar con el mayor volumen de importaciones del grano internacionalmente, lo cual lo vuelve vulnerable ante cualquier alteración de la oferta mundial.
Actualmente el consumo aparente de grano de maíz entre los mexicanos es de 33 millones de toneladas anuales, de las cuales 12 millones son destinadas al consumo humano y 21 millones se emplean como forraje o en materias primas.
De continuar la situación actual de déficit del grano, para 2025 se prevé que se importen 39 millones de toneladas al año.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México sólo destina 0.7 por ciento de su producto interno bruto, PIB, a agricultura, una situación que tiene que cambiar frente a los retos de la seguridad alimentaria que enfrenta el país.
Por último, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados tiene por objeto regular las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados, con el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola.
Esta ley representa un paso muy importante para nuestro país y de no existir habría graves consecuencias en este tema. El debate sigue, tan es así que en días pasados hubo un foro en el Senado de la República y estamos en espera de los resultados.
En términos de salud, si bien es cierto, no existe evidencia empírica alguna de que el proceso de producir cultivos GM sea dañino o benéfico en sí para la salud animal o humana. Lo que debe evaluarse son los efectos negativos o positivos de los productos de las plantas transgénicas, así como los de cualquier forma de cultivo mejorado, incluso por métodos de producción convencionales.
Debemos tomar en cuenta que el volumen y la forma en que se consume el maíz difieren enormemente entre México y la mayoría de los demás países. El grano es fundamental para la dieta mexicana, razón por la que tanto los transgenes ya aprobados como los propuestos para futura introducción en México requieren especial consideración.
En cuanto a producción de ciertos fármacos y compuestos industriales, no aptos para el consumo humano y animal en cultivos de alimentos, entraña riesgos para la salud humana únicos en su género. Esta cuestión reviste particular preocupación en el caso del maíz, que es un alimento básico producido mediante polinización abierta.
El sentir público sugiere niveles de preocupación sobre la toxicidad del maíz GM entre la población mexicana considerablemente elevados, tanto como para ameritar una respuesta de política que podría incluir investigaciones específicas además de procesos de información y educación pública.5
El debate tiene que seguir sobre los efectos de la presencia de OGM en las razas locales de maíz mexicano. Debemos tener cuidado en reconocer el impacto de las opiniones y posibles intereses tanto de quienes defienden como de quienes se oponen al maíz transgénico en México y sin duda, será de gran utilidad contar con información confiable y oficial para la toma de decisiones y sobre todo, para emprender acciones específicas.
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los integrantes de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados a difundir y fortalecer sus acciones de investigación, información y educación a la población mexicana sobre el impacto del maíz transgénico en la salud humana y la diversidad biológica.
Notas
1 http://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml
2 http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Agricultura—sustentable—y- transgenicos/Y-tu-sabes-lo-que-comes/Lo-que-esta-en-tu-comida-y-no-te-d icen/Que-es-un-transgenico/
3 Bolívar Zapata, Fco. G. (coord.). et al. Por un uso responsable de los Organismos Genéticamente Modificados. Comité de Biotecnología, Academia Mexicana de Ciencias- UNAM, México, 2011. p. 40
4 Documento electrónico de la Organización Mundial de la Salud. 20 Preguntas sobre los Alimentos Genéticamente Modificados (GM), pregunta 20.
5 http://www.cec.org/storage/56/4839_maize-and-biodiversity_es.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 16 de abril de 2015.
Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS a elaborar e implantar con el Imjuve y la Sedesol acciones y programas para identificar y erradicar el trabajo infantil en las calles del país, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, Karen Quiroga Anguiano, Diputada Federal de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud y la Secretaría de Desarrollo Social, elaboren e implementen acciones y programas tendientes a identificar y errad icar el trabajo infantil en las calles y avenidas del país.
Consideraciones
El día diecinueve junio del año 1990, en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, México estableció que todas las niñas y los niños de nuestro país son sujetos de derechos que todo Gobierno, cualquiera que fuera el nivel, debería respetar, salvaguardar y garantizarlos. La República Mexicana y cada una de sus entidades federativas han elaborado propuestas y modificado sus legislaciones, a través de polémicas adiciones y reformas que han impactado en las políticas públicas y en los programas sociales que cada Estado ejecuta; principalmente las reformas a las leyes locales que han procurado un bienestar de la juventud. Las modificaciones radican principalmente en la implementación de conceptos o normas que han sido aprobadas previamente en tratados internacionales, dando certeza, legalidad y congruencia a los documentos que forman parte de la vida jurídica del país.
La primera más grande reforma fue la modificación al artículo 4º de nuestra Constitución Política, cuyos cambios establecieron lo siguiente: “Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.” Aunado a ello, dicho precepto estableció a rango constitucional que “El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.”
En cumplimiento a los principios constitucionales y la obligación del Estado de salvaguardar el interés superior de los menores, se publicó el día 4 de diciembre del año 2014 en el Diario Oficial de la Federación, la nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se enunciaron una serie de principios rectores contenidos en el artículo 6º de dicha Ley, en concordancia con los derechos de los menores expresados en el artículo 13, donde destacan esencialmente el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, a no ser discriminado, al acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal.
Las autoridades del Gobierno Federal y Estatales han trabajado desde la promulgación y entrada en vigor de la Ley, en el desarrollo de programas y políticas públicas enfocadas a la protección y defensa de los derechos de los menores, esencialmente en las cuestiones de violencia, trata de personas, tortura y el fomento de relaciones intrafamiliares. El objetivo de buscarles un normal y sano crecimiento y desarrollo libre de toda clase de violencia, se ha visto reflejado en campañas publicitarias en medios masivos de comunicación y de gran afluencia poblacional; programas sociales como la entrega de apoyos económicos a través de becas escolares, útiles o uniformes escolares, etcétera; fomento de actividades culturales y deportivas que permitan la reducción de adicciones y la protección ante el abuso infantil laboral o escolar como el “bullying”.
Sin embargo un fenómeno que no ha sido totalmente desarrollado y trabajado para su disminución, son las actividades laborales que desempeñan miles de niños y jóvenes de escasos recursos en las calles y avenidas del país. Desde la limpia de los parabrisas de los coches o la venta de dulces (y peor aún, cigarros) hasta la venta de discos, libros y diversos artículos, reflejan la precaria necesidad de los jóvenes y la sobreexplotación de sus padres o tutores irresponsables. El Estado debe garantizar el sano desarrollo de los menores evitando a toda costa la explotación laboral y vulneración de sus derechos.
Datos de 2008 sobre pobreza en México revelaban que a 50.6 millones de mexicanos no les alcanza sus ingresos para cubrir las necesidades básicas respecto a salud, educación, alimentación, vivienda, vestido o transporte público, incluso dedicando todos sus recursos a estos términos. El 18.2% de la población sufría carencias alimentarias -casi veinte millones-, de los cuales 7.2 millones habitaban en zonas urbanas, mientras que 12.2 millones pertenecían a zonas rurales.1
Para el caso del análisis específico de la situación de la niñez, el estudio señala que aquellos que viven en las zonas rurales se enfrentan a más desventajas que los que viven en ciudades. Y, de ellos, los indígenas son los que se encuentran entre los grupos más vulnerables de México.2
En consecuencia, a los niños en estas condiciones se les priva de sus derechos como a la educación, alimentación y sano esparcimiento. La mayor parte de estos menores buscan los medios necesarios para subsistir y son obligados a trabajar a temprana edad, pero al carecer de una formación y no tener las mismas oportunidades que otra persona de su misma edad, recurren a las calles y avenidas del país para trabajar y obtener algún dinero para subsistir.
La mayor parte de estas niñas y niños trabajan o desempeñan labores como amas de casa, jardineros, albañiles y demás oficios y otras actividades no aptas para su edad y que ponen en riesgo su integridad física. Aunado a ello, existen menores de edad que por problemas económicos o familiares, abandonan sus estudios para dedicarse a la manutención y contribución del gasto familiar. La recurrente práctica de estos fenómenos obedece a la falta de planeación y ejecución de estrategias por parte del Estado que combatan de lleno la pobreza y desnutrición infantil; falta de programas que inhiban el trabajo y explotación laboral de los menores.
Ya han existido casos donde se han aprobado puntos de acuerdo y varias mesas de trabajo con diversas autoridades del país, para mitigar el maltrato infantil y prohibir el trabajo laboral de los menores. Incluso, se han hecho estudios donde se busca combatir el empleo ilegal infantil y se han puesto medidas para evitar el trabajo de niñas y niños en el Sistema de Transporte Colectivo Metro del Distrito Federal.
Por esta razón, urge implementar medidas tendientes a combatir el trabajo infantil de los menores en las calles del país, a través de la ejecución de programas económicos, culturales y deportivos para inhibir el trabajo en los menores, salvaguardando los derechos de las niñas y niños del país.
Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud y la Secretaría de Desarrollo Social, elaboren e implementen acciones y programas tendientes a identificar y erradicar el trabajo infantil en las calles y avenidas del país.
Notas
1 http://www.unicef.org/mexico/spanish/17046.htm
2 Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de abril del año 2015.
Diputada Karen Quiroga Anguiano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SEP a efecto de que en el próximo ciclo escolar, las materias de inglés y computación se impartan al menos tres veces por semana en todas las escuelas públicas de nivel básico y medio superior, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, Enrique Aubry de Castro Palomino, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La educación es un derecho humano fundamental que representa la puerta de entrada para la realización integral del resto de las garantías, por este motivo el Estado mexicano tiene la obligación de invertir todos los recursos posibles para garantizar el acceso y ejercicio pleno del mismo.
No obstante, en la actualidad para generar progreso y desarrollo ya no basta con que todos los niños y jóvenes accedan a la escuela, sino que es necesario que se les ofrezca una educación de calidad y que los gobiernos emprendan esfuerzos en pro de una constante mejora de la calidad educativa.
El sueño que albergan miles de niños y jóvenes mexicanos de acceder, a través del estudio y el esfuerzo, a un mejor futuro, a un trabajo digno y a mayores niveles de bienestar, sólo puede realizarse si se les brinda una educación que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país.
El mundo contemporáneo, globalizado, en constante transformación e influenciado de manera preponderante por la tecnología, requiere ciudadanos que cuenten con las competencias necesarias para insertarse exitosamente en la nueva dinámica social. La educación tiene entonces la responsabilidad de ofrecer a los alumnos la posibilidad de desarrollar dichas competencias, mismas que se adquieren gracias al estudio de una serie de saberes fundamentales entre los que destacan principalmente el uso y dominio de las tecnologías de la información y comunicación, así como el conocimiento de al menos alguna lengua distinta a la materna.
Las principales causas de la exclusión educativa en nuestros días consisten en la insuficiencia y deficiencias de la oferta en educación combinada con otras condiciones sociales de carácter estructural, como la marginación y la discriminación.
Los jóvenes mexicanos se insertan en un mercado laboral que por lo general les ofrece condiciones poco favorables para el adecuado desarrollo de sus potencialidades y nuestra convicción es luchar por un gobierno que garantice, no sólo una educación de calidad, sino también integral y moderna, que rompa con los viejos esquemas e incorpore a los planes de estudio y libros de texto gratuitos, nuevos temas encaminados a crear una cultura que nos permita alcanzar, mayor equidad, empleo digno, igualdad de oportunidades y, sobre todo, establecer el acceso al conocimiento como un canal para la conformación de una sociedad libre, competitiva y democrática.
La estructura del sistema educativo nacional contempla en sus diferentes planes de estudios que un alumno en una escuela pública curse entre 1,060 y 1900 horas de clase del idioma inglés entre el tercer grado de preescolar y el último grado del nivel medio superior.
Asimismo, deben destacarse los esfuerzos que algunas entidades federativas han hecho con objeto de incrementar las horas clase de enseñanza en el idioma inglés y la informática, lo cual ha venido a complementarse con el programa de escuelas de tiempo completo que contempla igualmente el aprendizaje de una lengua extranjera y de tecnologías informáticas.
No obstante lo anterior, nuestro país no alcanza evaluaciones satisfactorias en cuanto respecta a estos dos temas fundamentales para la competencia laboral hoy en día.
El sistema educativo en las materias de inglés no está vinculado entre secundaria y preparatoria, entonces los alumnos, a pesar de que cursan ese idioma durante seis años entre ambos niveles, no lo dominan por diversos factores: por la falta de conocimiento de quien las imparte, por el poco tiempo que son impartidas en las aulas, etcétera. Eso se convierte en una gran preocupación a la hora de entrar al campo laboral, ya que las empresas que buscan candidatos en su bolsa de trabajo persiguen que tengan una buena preparación académica.
La mayoría de las veces prefieren a las personas que tienen un buen dominio del idioma inglés y también el buen manejo en el área de la computación. Según el Servicio Nacional de Empleo, el 30 por ciento de las vacantes que ofrecen las empresas son para personas que hablan inglés.
Las personas que dominan el inglés y la computación perciben mejores salarios y generalmente ocupan puestos de supervisión, gerencia y administración de recursos.
Según el índice de progreso educativo (IPE), México tiene una calificación de 6.8 en una escala del 1 al 10; así lo revela un informe del Instituto de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. México es un país que está ligeramente arriba de lo que se consideraría un mínimo para un país incluso de bajo desarrollo, pero muy lejos de lo que se esperaría o correspondería a un país que es una de las principales economías del mundo.
El IPE en México se construyó tomando en cuenta aspectos de cobertura, rezago y calidad educativa, arrojando resultados para escuelas primarias, secundarias y de nivel medio superior en los ámbitos municipal, estatal y nacional.
En la búsqueda de una mejor preparación para nuestros estudiantes, el Grupo Parlamentario del Partido Verde impulsará que las materias de inglés y computación se impartan la misma cantidad de horas que las materias que hoy en día forman parte del tronco común, en el entendido de que estudiantes con conocimientos de inglés y un mejor dominio de los programas computacionales, serán más competitivos y tendrán mayores y mejores herramientas de estudio y trabajo, contribuyendo de manera más eficiente al desarrollo integral de nuestro país.
Por lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública a revisar los planes y programas de estudio vigentes a fin de que para el próximo ciclo escolar las materias de inglés y computación se impartan al menos tres veces por semana en todas las escuelas públicas de nivel básico y medio superior del país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de abril del año 2015.
Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero sobre el desalojo de paristas pertenecientes al Poder Judicial de la entidad, a cargo de la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Zuleyma Huidobro González, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:
Consideraciones
El pasado 11 de marzo, los trabajadores del Poder Judicial del estado de Guerrero iniciaron un paro indefinido de labores y tomaron de manera simultánea las instalaciones en Acapulco, Tlapa y Chilpancingo, sitios en los que no el acceso a los jueces, magistrados, secretarios y demás personal jurídico, para exigir el cumplimiento del pliego petitorio presentado desde el año pasado.
En abril del año pasado, la magistrada presidente Lambertina Galeana Marín, se comprometió a conceder un incremento del 35 por ciento a los trabajadores administrativos y jurisdiccionales quienes perciben los menores emolumentos.
Adalberto Valenzo Martínez, quien es secretario general del Sindicato de Servidores Públicos del Tribunal Superior del Poder Judicial del Estado de Guerrero, indicó que el año pasado la magistrada argumentó que no habría recursos para poder cubrir esa exigencia del incremento salarial del 35 por ciento, por ello para el ejercicio fiscal 2015 solicitaría un incremento, que le permitiera hacer un acto de justicia e incrementarle sus percepciones a quienes tiene salarios más bajos.
El presupuesto del poder judicial del 2015 incrementó en casi 58 millones con respecto al del 2014, el aumento salarial no ocurrió.
Adicionalmente, el sindicato mantiene la exigencia de que se implemente un sistema de carrera judicial en el que los trabajadores puedan, a través de estudios y concursos de oposición, escalar posiciones de tal forma que no sean los familiares o amigos de magistrados quienes lleguen a puestos de privilegio, sino quienes tengan más preparación académica y experiencia laboral
A pesar de que estas demandas no se han cumplido, la secretaria general adjunta del Sindicato de Servidores Públicos del Poder Judicial en el Estado, Perla Maldonado Rodríguez, denunció que varios de sus representados en paro, fueron amenazados por algunos de los jueces, para obligarlos a desistirse del movimiento.
Aclaró que no están exigiendo nada que en estricta justicia no le corresponda, sobre todo porque desde el 9 de abril del 2014, el pleno del Tribunal Superior de Justicia y su presidenta, Lambertina Galeana Marín, firmaron el compromiso de cumplir con las demandas económicas y sociales que en esa ocasión les fueron presentadas, durante el primer paro de laborales.
Para esos efectos, estos altos funcionarios del Poder Judicial tendrían que gestionar una partida adicional por 76 millones de pesos, pero nunca lo hicieron, hecho que originó la inconformidad de los trabajadores judiciales, quienes además de trabajar bajo una carga laboral extrema, han visto que las promesas de cumplir con sus demandas no han sido más que un engaño.
A pesar de que la dirigente sindical dejó en claro la decisión de sus representados, consistente en no dar marcha atrás en su lucha hasta que les den una respuesta positiva a sus justas demanda laborales, la situación tuvo un giro que agravó las circunstancias.
La madrugada del miércoles 8 de abril del presente año, la Fiscalía General de Guerrero justificó el desalojo de los trabajadores que se mantenían en paro, al haber transcurrido 28 días desde que iniciaran su lucha por un aumento salarial y mejores prestaciones económicas.
Para justificar el hecho, el vice fiscal Jesús Galeana, aseguró que el desalojo que realizaron, en el que participaran elementos de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal, se derivó de una denuncia que se presentó por el delito de obstrucción a la justicia.
El funcionario señaló que las investigaciones continúan por esa denuncia y dijo desconocer si durante el desalojo hubo personas detenidas o lesionadas. No obstante en redes sociales se denunció que hubo agresión por parte de policías antimotines del estado.
Y no es de sorprender que pudieran existir personas lesionadas. El operativo fue realizado por cientos de policías estatales con equipo antimotines, quienes desalojaron de forma simultánea los plantones de trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que se mantenían en Taxco, Iguala, Chilpancingo, Zihuatanejo y Acapulco.
Apenas un día antes, el Secretario general del Sindicato Independiente de Servidores públicos del Poder Judicial del Estado (SISPPJE) Adalberto Valenzo Martínez, había solicitado la destitución de la titular del TSJ Lambertina Galeana, por considerar que era la principal opositora a dar cumplimiento a las demandas de los trabajadores.
Como es bien sabido, la situación de violencia e inseguridad en el estado de Guerrero ha tenido graves episodios que, derivado de los acontecimientos, pareciera no concluir al menos en el corto plazo, por lo que el funcionamiento anormal de uno de los poderes de la entidad no es algo que pueda mantenerse, si se espera que el Estado recobre la normalidad y que sus habitantes puedan contar con un sistema de impartición de justicia eficiente.
Es de todas y todos conocido que las circunstancias laborales de las trabajadoras y trabajadores de los Poderes tanto locales como federales es bastante inestable, aun cuando son ellos quienes realizan en su mayoría las tareas sin las cuales los Poderes verían su esfuerzo demeritado.
Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión:
Primero. Exhorta a la ciudadana Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, a que en el marco de sus facultades, gire instrucciones para la instalación y participe en una mesa de diálogo con las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial del Estado de Guerrero, a fin de llegar a acuerdos comunes que permitan tanto el cumplimiento del aumento salarial de los trabajadores, así como el adecuado funcionamiento del Poder Judicial de la entidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de abril de 2015.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a fincar responsabilidades administrativas contra quienes resulten responsables del uso indebido de los recursos destinados al Fondo de Apoyo a la Educación Básica, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, Tania Margarita Morgan Navarrete, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
A raíz de la reforma constitucional en materia educativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación (en adelante DOF) el 26 de febrero de 2013 se mandata el financiamiento conjunto de la educación entre la Federación, los Estados y los Municipios, en los términos que determine el Congreso de la Unión; quien tiene la facultad de distribuir convenientemente entre la federación, los estados y los municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad.1
En este sentido, en materia de financiamiento educativo, se reformaron dos leyes: la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal. La segunda establece en el artículo 25, fracción I, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), el cual entró en vigor en el ejercicio fiscal 2015 y es administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la transferencia de los recursos se realizará en los términos establecidos en dicha Ley.2
Previa creación del FONE, se encontraba el Fondo de Apoyo a la Educación Básica (En adelante FAEB), el cual surge en 1998 para dar soporte a la federalización o desconcentración educativa. Fue por lo tanto, el fondo más importante del Ramo General 33; en el lapso de 1998 a 2011 representó el 58.6% de este ramo. En el ciclo escolar 2011-2012 el fondo financió en el sistema público de educación básica el 64.9% de los docentes, el 60.3% de los planteles y el 66.6% de la matrícula.3
Con la creación del FONE, se espera que se genere un adecuado control administrativo de la nómina de maestros transferidos a los estados, en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (En adelante Acuerdo), así como por los convenios que de conformidad con el mismo, fueron formalizados con los estados por parte de la Federación.4
Es así como la Secretaría de Educación Pública (En adelante SEP), en un plazo no mayor a un año, contado a partir del 1° de enero de 2014, debió conciliar con las autoridades educativas de los Estados, los registros de las plazas que les fueron transferidas en el marco del Acuerdo y los convenios antes mencionados, así como las plazas correspondientes a años posteriores que sean reconocidas, previa validación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (En adelante SHCP). Para este propósito, la H. Cámara de Diputados aprobó otorgar $330,325.8 millones de pesos, cifra superior en 9.2% en términos reales a lo aprobado en 2014. 5
Es importante destacar, como desde el plazo iniciado para la conciliación, el registro de la nómina de los maestros fue de 918 mil 2226 personas que ocupan plazas conciliadas en el FONE; las cuales cuentan con la constancia de nombramiento debidamente autorizada por las entidades, SEP y la SHCP.
Las aportaciones federales a entidades federativas y municipios son la principal fuente de financiamiento de las transferencias condicionadas. A su interior destaca el FAEB por el monto que se asigna para su operación, mismo que en 2012 significó el 55.4% del Ramo General 33 (aportaciones federales), el 32.6% de las transferencias condicionadas y 20.6% del gasto federalizado total.
Respecto al monto otorgado y la mejora de la calidad educativa en México, no hay correlación, ya que en la evaluación PISA7 más reciente (2009), México se ubicó en el lugar 48 de los 65 países participantes y en el último de los entonces 33 países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
El gasto o ejercicio de las aportaciones económicas que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, D.F. y en su caso de los Municipios, están condicionadas a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación, establece la Ley de Coordinación Fiscal tal como sucede con el FONE. Sin embargo, a pesar de su condicionamiento ha dado lugar a que dichas aportaciones se consideraran como recursos propios de las entidades y a que se utilicen dichos recursos en aspectos que no abonan al cumplimiento de sus fines.
De ello da cuenta la Auditoria Superior de la Federación (En adelante ASF) en el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 (En adelante Informe),8 entregado el pasado 18 de Febrero del presente año. Dentro del rubro “Gasto Federalizado”, puede constatarse que se realizaron 922 auditorías y 6,015 observaciones; de las cuales, corresponden al FAEB 63 y 411 respectivamente. Por lo que la ASF promovió 413 acciones, de las cuales 256 son preventivas y 157 correctivas.
Dentro de ese mismo rubro, es decir, “Gasto Federalizado”, el 47.1% del monto de las irregularidades detectadas de $36, 956, 231.1 mil millones de pesos se concentran en tres fondos:
-El 30.76% de ese monto corresponde al FAEB con $11, 366, 836.8 mmp.
-El 7.60% Fondo de Aportaciones para los servicios de salud FASSA con $2,809,081.9 mmp.
-El 8.74% Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM $3,231,590.7 mmp.
De acuerdo al monto mencionado del FAEB, al momento de la entrega del Informe, el monto de las recuperaciones operadas fue de $3,638,952.8 mmp, por lo cual las entidades auditadas aún deben solventar $7,727,884.0 mmp.
Para ello, el Titular de la ASF, cuenta con 10 días hábiles después de la entrega del mismo, para enviarlo a las entidades fiscalizadas; así como las acciones promovidas y las recomendaciones correspondientes. Consecuentemente, dichas entidades tienen un plazo de 30 días hábiles para presentar información que solvente y así compruebe esas irregularidades.
Asimismo, los pliegos de observaciones y las promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, deberán formularse o emitirse durante los siguientes 160 días hábiles posteriores a la presentación del Informe con la finalidad de evitar la prescripción de las acciones legales correspondientes.
Por otra parte, la ASF conforme el artículo 31 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, deberá presentar las denuncias penales de hechos presuntamente ilícitos y las denuncias de juicio político.
En virtud de lo expuesto, hago referencia a que en anteriores Cuentas Públicas presentadas por la ASF se ha dado el mismo caso de irregularidades en el FAEB, en virtud de ello la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (En adelante SCJN) ha amparado a la Asociación Civil “Aprender Primero” en la sesión pública del 11 de Marzo, del presente año, respecto a los daños del erario público federal destinado a educación que se detectan en los resultados de las Cuentas Públicas 2009 y 2010.
Aunque todavía no se conocen los detalles de la sentencia, la Asociación Civil, a la que la SCJN le reconoció el “interés legítimo” para impugnar actos de autoridad que violen el derecho a la educación de calidad de las niñas, niños y jóvenes de México, ha declarado que la resolución de la SCJN obliga a la ASF a iniciar y concluir los procedimientos de responsabilidad contra los servidores públicos federales y locales, en todos y cada uno de los casos detectados de desvío de recursos públicos destinados a la educación. En caso de que la ASF decidiera no iniciar los procedimientos correspondientes, deberá fundar y motivar sus razones.9
Es por ello, y dada la importancia de que la ASF, actuando dentro de su competencia, concluya los procedimientos de responsabilidad contra los servidores públicos federales y locales que incurrieron en desvío de recursos provenientes del FAEB sin que para ello se le obligue a través de resoluciones judiciales, que la que suscribe pone a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Honorable Cámara de Diputados hace un respetuoso exhorto a la Auditoria Superior de la Federación para que actúe con oportunidad y apego irrestricto a los principios de legalidad e imparcialidad en sus obligaciones de promover ante las autoridades competentes las responsabilidades administrativas sancionatorias y las denuncias y querellas penales correspondientes hacia quienes resulten responsables del uso indebido de los recursos del FAEB reportados en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013.
Notas
1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_206_26feb13.p df
2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lcf/LCF_ref34_09dic13.pdf
3 Informe Especial de Auditoría. Auditoria Superior de la Federación. Consultable en: http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/Versi on_Ejecutiva.pdf
4 Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en materia de financiamiento educativo del Poder Ejecutivo.
5 Información de la Secretaría de Educación Pública, consultable en: http://www.comunicacion.sep.gob.mx/index.php/comunicados/diciembre-2014 /855-comunicado-380-las-secretarias-de-hacienda-y-credito-publico-y-de- educacion-publica-pagaran-la-nomina-magisterial-federalizada-a-partir-d el-1-de-enero-de-2015
6 Información de la Secretaría de Educación Pública, http://www.comunicacion.sep.gob.mx/index.php/comunicados/enero-2015/868 -comunicado-007-los-pagos-a-maestros-federalizados-con-recursos-del-fon e-se-realizan-con-estricto-apego-a-la-ley-sep
7 Evaluación PISA.- El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés), tiene por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del saber. PISA saca a relucir aquellos países que han alcanzado un buen rendimiento y, al mismo tiempo, un reparto equitativo de oportunidades de aprendizaje, ayudando así a establecer metas ambiciosas para otros países.
8 Informe Especial de Auditoría. Mismo que en Referencia Número 3.
9 Boletín de la Asociación Civil “Mexicanos Primero”. Consultable en: http://www.mexicanosprimero.org/index.php/central-de-prensa/boletines/1 06-la-scjn-resuelve-amparo-a-favor-de-aprender-primero
Referencias
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Publicado en el DOF el 9 de diciembre de 2013 Disponible en [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lcf/LCF_ref34_09dic13.pdf]
Decreto por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado el 26 de febrero de 2013 en el DOF. Disponible en:
[http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_r ef_206_26feb13.pdf]
Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en materia de financiamiento educativo del Poder Ejecutivo. Disponible en: [http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2013/09/asun_3000252 _20130910_1378767596.pdf]
Diagnóstico sobre la opacidad en el gasto federalizado. Versión Ejecutiva. Disponible en: [http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/Vers ion_Ejecutiva.pdf]
LA SCJN resuelve amparo a favor de Aprender Primero. Disponible en: [http://www.mexicanosprimero.org/index.php/central-de-prensa/boletines/ 106-la-scjn-resuelve-amparo-a-favor-de-aprender-primero]
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.
Diputada Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a establecer estrategias y políticas que garanticen a los menores de edad una vida libre de violencia y con integridad personal, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita Karen Quiroga Anguiano, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Soberanía la presente, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 4 de diciembre de 2014 fue publicada la nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual sustituyó a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes. De acuerdo con el dictamen de las Comisiones Unidas que se mantuvieron al esquema del proceso legislativo, esta nueva Ley desarrolla aspectos de carácter garantista y de titularidad de derechos a los menores, evitando el carácter asistencialista.1
El reconocimiento como principio rector sobre el interés superior de la niñez, la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad establecen las bases para la orientación de las políticas públicas y las facultades así como las competencias de la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal con el fin de actuar, diseñar, ejecutar, dar seguimiento y evaluación de las políticas en materia de protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Se reconocen derechos para niñas, niños y adolescentes entre los que destacan el derecho a: la vida, la supervivencia, la prioridad, la identidad, el vivir en familia, la igualdad sustantiva, no ser discriminado, vivir en condiciones de bienestar y sano desarrollo integral, una vida libre de violencia, la integridad personal, la protección, la salud y la seguridad social, también se establece la inclusión de menores con discapacidad, entre otros de relevancia nacional como internacional.
El enfoque de los derechos humanos es primordial en la ley pues sienta las bases para procurar de estrategias y políticas a cargo de los diferentes órganos de gobierno para garantizar los derechos de los menores, obligando a las autoridades a incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos públicos suficientes para asegurar el goce pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes de nuestro país.
También se estableció la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (aún en proceso), asimismo a nivel federal y local, se constituyó la apertura de las procuradurías para la Protección de los Menores. Entendiendo como protección integral a la atención médica y psicológica.
Con esta ley se reformaron diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil con el fin de garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo en esta misma ley se establecieron las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de los menores de edad a fin de señalar las faltas de quienes ejercen éstas.
No obstante lo anterior México se encuentra en un estado de alerta por un incremento de maltrato infantil, según el reporte de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia de los sistemas estatales del DIF en el 2014 se incrementaron los casos comprobados de maltrato infantil en comparación con el 2013. En el 2013 se comprobaron 18, 227 mientras que en el 2014 fueron 27, 675 casos comprobados, es decir, se incrementó el número de denuncias a 9,448 lo cual representa un incremento del 30% a nivel nacional. Considerando como principales formas de violencia: el abandono, el abuso físico y emocional, omisión de cuidados y abusos sexuales.
Es momento de que el Estado mexicano asuma medidas contundentes y coordinadas con el fin de erradicar este tipo de conductas que son un atentado contra la integridad de nuestra niñez y adolescencia. El maltrato infantil no sólo deja secuelas difíciles de superar sino que dicha situación abarca toda la estructura social desde los ámbitos: social, institución y familiar.
También es de consideración que en México según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), registra en su último censo de 2010 un total de 32 millones 515 mil 796 niños y niñas de 0 a 14 años. De los cuales hay 16 millones 498 mil 731 niños de 0 a 14 años y 16 millones 17 mil 65 de niñas de 0 a 14 años.
Bajo el anterior orden de ideas México cuenta con una reglamentación sólida, por lo mismo el estado mexicano no debe de tener evasiva para atender la violencia contra este sector, incluso, está obligado a garantizar la disminución de los índices del maltrato infantil.
Asimismo, México con el nuevo ordenamiento constituyó un cambio de paradigma en la forma de cómo el Estado mexicano tutela los derechos de la niñez y la adolescencia, por lo tanto se debe de impulsar el establecimiento de una nueva cultura de respeto y erradicar la tolerancia de la violencia que se ejerce contra niñas, niños y adolescente sobre los castigos físicos y el maltrato verbal, así como establecer las bases para una niñez y adolescencia con el objeto de beneficiar a los menores de edad generando entornos seguros y libres de violencia favoreciendo así el sano desarrollo de nuestras niñas, niños y los adolescentes.
Por todo lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a través de los diferentes Órganos de Gobierno y de las instancias responsables a establecer, con base en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las estrategias y políticas que garanticen a los menores de edad, una vida libre de violencia y de integridad personal.
Nota
1 Dictamen en sentido positivo que presentan las comisiones unidas de derechos de la niñez y de la adolescencia, de atención a grupos vulnerables, para la igualdad de género, de educación, de derechos humanos, y de estudios legislativos, segunda, respecto de la minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Pp. 329. Recuperado de:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&s m=1
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de abril de 2015.
Diputada Karen Quiroga Anguiano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la Cruzada Nacional contra el Hambre, a cargo del diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Danner González Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición se Motivos
La desnutrición está estrechamente ligada con la pobreza porque ambas cuestiones son un tema de exclusión social. Los grupos más vulnerables son los niños, madres lactantes, mujeres embarazadas, ancianos, indígenas y migrantes.
En este tema, sin duda nadie puede escatimar en su erradicación. Se trata de una obligación ética ineludible del Estado mexicano.
El compromiso de hacer frente a un problema tan grande como es la falta de alimento se encuentra establecido en el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución federal, que señala: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y El Estado lo garantizará”.
Dado que la alimentación es un derecho humano fundamental, el país ha signado su compromiso en la materia en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en la Convención sobre la Obtención de Alimentos en el Extranjero; y en la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, por mencionar algunos instrumentos internacionales.
Pese a lo anterior, debe avergonzarnos que millones de mexicanos viven con carencias y “sin ejercer sus derechos fundamentales debido a un mercado laboral deprimido y salarios mermados, cobertura limitada o mínima de los servicios de salud y programas que legitiman políticas sociales mediocres con alta rentabilidad electoral”,1 como es el caso de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
A decir del gobierno federal, este programa de combate de la pobreza busca la solución de una problemática estructural y permanente que hay en México: el hambre. Para ello involucra instrumentos de política pública en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, servicios en la vivienda e ingresos.2
Sin embargo, aun reconociendo y reiterando que en el combate a la desnutrición y a la pobreza extrema no se puede escatimar, hay que reconocer que la Cruzada Nacional contra el Hambre tiene un alcance limitado, crea estructuras sociales dependientes, elimina la capacidad de autogestión de la población más vulnerable y esconde problemáticas reales como la pérdida de empleos.
Parecería que en el México de hoy, mantener a 53 millones 349 mil personas en condiciones de pobreza y 11 millones 529 mil personas en pobreza extrema tiene alta rentabilidad política para ciertos grupos y partidos políticos.
La coyuntura actual, en pleno desarrollo del proceso electoral de 2015, ejemplifica la disparidad persistente en los aspectos social, económico, de procuración de justicia y atención de demandas de la mayoría de las familias que viven en las condiciones referidas, donde se lucra con la miseria de la gente al dar pantallas, cemento, despensas o cualquier otra dádiva a cambio del voto.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señaló lo siguiente respecto a la Cruzada Nacional contra el Hambre:3
1. No hay una adecuada coordinación entre las diferentes instancias involucradas y los distintos niveles de gobierno;
2. Producto de las prisas por quererla implementar a toda costa no se hizo el diagnóstico y el diseño apropiado;
3. No tiene una definición adecuada ni conceptos claros que permitan atender la pobreza extrema y los problemas alimentarios severos que padecen millones de mexicanos;
4. No atiende a la población potencial que pudiera caer en la pobreza extrema o en una precaria alimentación;
5. No genera información relevante ni se hacen públicos los documentos que podrían ayudar a enfrentar mejor los retos de la pobreza extrema y de desnutrición; y
6. Al parecer es una copia de Cero Hambre, la estrategia que se puso en marcha en Brasil, olvidando que México tiene condiciones y necesidades diferentes de las de aquel país.
Lo anterior fue dado a conocer hace ya casi dos años, pero hasta la fecha no se han atendido estas observaciones y la Secretaría de Desarrollo Social ha puesto en marcha dicha cruzada con fallas estructurales. Resulta muy cuestionable y una simulación perversa despilfarrar dinero y recursos humanos en programas que operan deficientemente.
Por otro lado, es inadmisible que los programas sociales se utilicen con fines político-electorales. Hay que alzar la voz para que no se utilice la Cruzada Nacional contra el Hambre como un instrumento al servicio de candidatos o partidos políticos, mucho menos que se condicione el acceso a este programa.
El gobierno federal no debe pretender violentar la ley ni ofender la inteligencia de los ciudadanos, como en el caso de Guerrero, donde se nombró delegado general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI a Javier Guerrero García, quien coordinó la Cruzada Nacional contra el Hambre en ese estado y las obras de reconstrucción en la entidad luego del paso de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, por lo que es obvio que tiene todo el padrón de beneficiarios y constituye una clara ventaja a favor de un partido político.
Derivado de lo anterior someto a consideración de esta asamblea los presentes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal a atender con la mayor brevedad las observaciones que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social hizo respecto a las deficiencias del programa de combate a la pobreza denominado Cruzada Nacional contra el Hambre.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal a efecto de que la Cruzada Nacional contra el Hambre no se use como instrumento electoral para favorecer a candidatos ni se condicionen sus beneficios a la población.
Notas
1 “Pobreza y desigualdad, inherentes al modelo económico”, Boletín UNAM-DGCS-026, Ciudad Universitaria, 13 de enero de 2015. Disponible en http://132.247.174.60/dgcs/boletin/bdboletin/2015_026.html [Última consulta: 23 de enero de 2015]
2 “Sin Hambre. Cruzada Nacional”, portal de internet del Gobierno de la República. Disponible en http://sinhambre.gob.mx/cruzada/que-es-la-cruzada/ [Última consulta: 23 de enero de 2015]
3 Véase Diagnóstico del diseño de la Cruzada Nacional contra el Hambre, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, México, 2013, páginas 51-69. Disponible en http://web.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20H ambre/DIAGNOSTICO_DEL_DISENO_CNCH_PRIMER_INFORME_SEPT_2013.pdf [Última consulta: 23 de enero de 2015]
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.
Diputado Danner González Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la PGR y de Pemex a implantar un programa especial para la entrega del combustible decomisado, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe Karen Quiroga Anguiano, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía el presente, al tenor de las siguientes
Antecedentes
1. A lo largo y ancho del país existen aproximadamente 65 mil kilómetros de ductos por donde circula el oro mexicano. Equivaldría a darle una vuelta y media a nuestro globo terráqueo.
2. Lo extenso y complejo de esta red, ha facilitado el robo de hidrocarburos a través de la instalación de tomas clandestinas en el sistema de ductos (gasoductos, oleoductos); paralelamente a este delito se generaron otros ilícitos como son: el asalto a pipas; secuestros de carros tanque; extracción ilegal de materiales y equipo. El propósito es apoderarse ilegalmente de los hidrocarburos.
3. El robo de combustible es un delito que va al alza. De acuerdo con la PGR, mientras en 2012 se incautaron 363 mil litros de gasolina robados, en 2013 el volumen se elevó a 1.2 millones; asimismo, de 388 mil litros de diésel robados y luego incautados en 2012, un año después los decomisos se elevaron a un millón de litros.
4. En los primeros meses de este año los decomisos de combustible han roto récords: el 10 de marzo se incautaron 64 mil litros en Jalisco; el 19 de febrero, 44 mil en Puebla; el 18 de febrero, 40 mil también en Jalisco, y el 11 de enero fueron 20 mil en Veracruz.
5. Por otro lado, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) se enfrenta a problemas de espacio para recibir los bienes incautados a la delincuencia organizada, como refacciones, accesorios, materiales químicos, utensilios personales, telas, artículos de oficina, mobiliario de hogar, abarrotes y piezas de arte, entre otros; asimismo se refiere que las bodegas del SAE están saturadas y no pueden hacer acopio de la enorme cantidad de gasolinas, diésel y petróleo que se sustrae de manera ilegal y que es incautada por la autoridad.
6. La incautación de combustibles a las bandas dedicadas a la ordeña de ductos de Pemex ha rebasado la capacidad del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para recibir, almacenar y gestionar la entrega del hidrocarburo.
Tal limitación también la padecen las delegaciones estatales de la PGR. Se percibe que las instalaciones pueden no ser suficientes por cuestiones de espacios adecuados como es la falta de bodegas amplias para el resguardo de objetos asegurados y si las tienen se encuentran saturadas.
Consideraciones
Las condiciones de inseguridad en el país y la corrupción que contribuye a hacerla posible afectan el flujo de inversiones y la marcha de nuestra economía, pero también y gravemente trastocan los activos económicos y energéticos propiedad de nuestra nación.
El robo de combustibles es y ha sido una práctica que daña gravemente la distribución y comercialización de los hidrocarburos, pero además que flagela la economía y la confianza en nuestros sistemas de seguridad y en algunas de nuestras autoridades que deben resguardar los bienes públicos de la nación.
Por lo anterior, es indispensable conocer a cabalidad los operativos o acciones que las entidades multicitadas llevaran a cabo al respecto.
Por lo expuesto someto a consideración de ésta honorable Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la Republica y de Petróleos Mexicanos, para implementar un programa especial para la entrega inmediata del combustible decomisado que ilegalmente se extraen de los ductos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de Abril de 2015.
Diputada Karen Quiroga Anguiano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a renovar los convenios U006 y U0023 con la ANUIES, a cargo del diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Danner González Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) es una asociación no gubernamental, de carácter plural, que agremia las principales instituciones de educación superior del país. Actualmente está formada por 180 universidades e instituciones de educación superior, tanto públicas como particulares de México.1
Desde su fundación, en 1950, ha promovido el mejoramiento integral en los campos de la docencia, la investigación, la extensión de la cultura y los servicios educativos, para ello participa activamente en la formulación de Programas, Planes y Políticas nacionales, así como en la creación de organismos orientados al desarrollo de la educación superior mexicana.2
Esta labor es sin duda digna de destacar y merece todo el respaldo. La educación es un bien público y un derecho humano que permite una convivencia social armónica, el desarrollo económico en un mundo globalizado, el enriquecimiento cultural de la población y la estabilidad política de una nación.
Hoy más que nunca, para los tomadores de decisiones públicas este bien debe ser visto a la luz de que estamos transitando de la etapa de la manufactura a la etapa global de la mentefactura, o también conocida como “sociedad del conocimiento”, que no es otra cosa que “sociedades basadas en el saber, mediante inversiones elevadas en educación, formación, investigación y desarrollo, programas y sistemas de información; es decir, orientadas a la creación de conocimiento”,3 donde los centros de nivel superior, principalmente, desempeñan un papel fundamental en ello.
En el país parece que lo anterior no se ha entendido o no se ha querido entender. Los problemas estructurales a los que se enfrenta la ANUIES año con año son: deficiencia en los planes educativos, disparidad en la calidad de la educación, falta de infraestructura, corrupción y opacidad en la utilización de los recursos para fines distintos de los educativos y la presión política del estira y afloja de gobernadores o alcaldes que regatean el dinero que por ley debe ir destinado a los centros educativos.
Por ejemplo, el programa U006, Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales en su Modalidad de Educación Media Superior y Superior, debería ser la vía para entregar recursos federales a las Secretarías de Finanzas estatales para que éstas, los entreguen a organismos descentralizados estatales de educación media superior, superior y de formación para el trabajo que operan en los estados.4 En tanto, el programa U023, Subsidios para Centros de Educación, debería ser el instrumento que distribuya recursos a las entidades federativas mediante la firma de convenios de apoyo financiero.5 Sin embargo, en la práctica esto no ocurre así.
Al respecto, es muy ilustrativo cuando la ANUIES prevé que casi 70 mil trabajadores de la educación cobran y no trabajan. Cuestión que no está alejada de la realidad, ya que el más reciente Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 2013, de la Auditoría Superior de la Federación, señala cómo en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, en el programa Escuelas de Tiempo Completo, o en los recursos federales transferidos a través de subsidios para centros de educación, por mencionar algunos rubros, la constante es que se destinan millones de pesos a conceptos pagados en nómina no reconocidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP), no se ejercen los recursos para los fines educativos o hay montos por aclarar.
Un claro ejemplo de este modus operandi se dio a conocer a raíz de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, elaborara el censo de profesores en el país, ya que a partir de esta información se supo que el año pasado la SEP y los estados, pagaron más de 2 mil millones de pesos a 39 mil 222 trabajadores fantasma. Cifra equivalente a lo que el gobierno federal dio al del Distrito Federal para concluir la línea 12 y su ampliación a la terminal Observatorio.6
O cuando se alza la voz para exigir que los programas académicos empiecen a ser acreditados, para tener más posibilidades de desarrollo y de recursos para las instituciones de educación superior.7
O cuando se dice que los apoyos destinados a educación, ciencia y tecnología no son suficientes y que en lugar de apostarle al futuro y desarrollo del país en este tridente del éxito se opta por despilfarrar el dinero en campañas electorales.8
O cuando de manera puntual se dice que el modelo de financiamiento actual para escuelas de educación superior está caduco y que es necesario hacer ajustes y dar vida a un nuevo modelo de financiamiento para la educación,9 pues en éste hay irregularidades en el manejo de los recursos públicos federales, uso excesivo de discrecionalidad, fallas en los resultados de los programas, así como ausencia de elementos suficientes y efectivos de supervisión y control.
En fin, es necesario eliminar las trabas burocráticas amañadas y las prácticas desleales como el chantaje político, ya que implican un agravio a la educación superior del país y, por ende, a la sociedad mexicana misma.
Las instituciones de educación superior deben recibir el recurso federal que por ley les corresponde con la mayor brevedad año con año, y sin necesidad de lidiar con alguna presión de ninguna índole por algún intermediario.
En el caso del convenio U006, “Subsidios federales para organismos descentralizados estatales en su modalidad de educación media superior y superior”, se trata de la principal fuente de recursos de las ODE, y aportan alrededor de 50 por ciento del presupuesto de las de EMS, 60 por ciento de los recursos para capacitación para el trabajo y un porcentaje variable de las Universidades Públicas Estatales.10
Y por lo que se refiere al convenio U023, “Subsidios para centros de educación”, la población objetivo beneficiaria es la estudiantil de nivel básico, medio superior y superior de las 32 entidades federativas.11
Pese a la importancia cualitativa y cuantitativa de ambos convenios, la SEP no los ha actualizado, como dijo el propio auditor superior de la Federación, contador público certificado Juan Manuel Portal Martínez, en el análisis del Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2013, en funciones de gasto federalizado, el 20 de marzo de 2015 en la Cámara de Diputados.
Con base en lo anterior, someto a consideración de esta asamblea el presente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a actualizar los convenios U006, “Subsidios federales para organismos descentralizados estatales en su modalidad de educación media superior y superior”; y U023, “Subsidios para centros de educación”, con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, a fin de que los recursos federales destinados a educación se etiqueten directamente a los organismos descentralizados estatales, instituciones de educación básica, media superior y superior, así como las de formación para el trabajo que operan en las entidades federativas, sin intermediación de autoridad estatal alguna.
Notas
1 Acerca de la ANUIES. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Disponible en
http://www.anuies.mx/anuies/acerca-de-la-anuies [Última consulta: 12 de abril de 2015]
2 Ibídem.
3 Planteamiento de la mesa “Universidad y sociedades del conocimiento”, seminario internacional México en los escenarios globales: una visión prospectiva, 21 de febrero de 2011, UNAM. Versión disponible en internet:
http://www.escenarios.unam.mx/_21.html [Última consulta: 13 de abril de 2015]
4 Gasto federalizado. Ramo 11. Subsidio para centros de educación, Auditoría Superior de la Federación, página 5. Disponible en
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/ Auditorias/2012_MR-CENTROS%20DE%20EDUCACI%C3%93N_a.pdf [Última consulta: 13 de abril de 2015]
5 Ídem.
6 “$333 millones al mes, a maestros fantasma; la ANUIES pide limpia en el magisterio”, en Excélsior, 3 de marzo de 2014. Disponible en
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/04/03/952055 [última consulta: 13 de abril de 2015]
7 “ANUIES: dinero, sólo a las mejores instituciones”, en Crónica, 20 de marzo de 2002. Disponible en
http://www.cronica.com.mx/notas/2002/8534.html [última consulta: 13 de abril de 2015]
8 “¡Ya basta! que le den tanto dinero a los políticos para campañas: ANUIES”, en La Jornada, 21 de mayo de 2009. Disponible en http://www.jornada.unam.mx/2009/05/21/politica/009n2pol [Última consulta: 13 de abril de 2015]
9 “Sufren universidades por dinero: ANUIES”, Campus México, 14 de enero de 2014. Disponible en
http://campusmexico.mx/2014/01/14/sufren-universidades-p or-dinero-anuies/ [13 de abril de 2015]
10 Gasto federalizado. Ramo 11. Subsidio para centros de educación. Obra citada, página 5.
11 Ibídem.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.
Diputado Danner González Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente del Conapred a llevar a cabo acciones para prevenir los presuntos actos discriminatorios cometidos por el candidato del partido Encuentro Social a la gubernatura de San Luis Potosí, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, Karen Quiroga Anguiano, diputada a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. En entrevista con el diario local El Pulso de San Luis Potosí , el ciudadano Arturo Arriaga Macías, candidato a la gubernatura de San Luis Potosí por el Partido Encuentro Social (PES), ubicó a la homosexualidad, el aborto y al embarazo de mujeres solteras, como situaciones que rompen con la familia, además de equipararlos a problemas que deben atenderse como la inseguridad, la violencia o el narcotráfico.
En declaraciones hechas al diario referido, el abogado de 30 años de edad rechazó la unión entre personas del mismo sexo y el aborto, así como a las madres solteras, señalando: “son ramificaciones que rompen con la familia y el matrimonio se instituyó para formar una familia” (sic).
2. Agregando además a dicho diario: “Vamos a la zona media (una de las cuatro zonas del estado), olvidada, donde no ha habido trabajo, el gobierno la ha dejado olvidada, y eso provoca desempleo e inseguridad, donde la drogadicción, el pandillerismo, la homosexualidad, la violencia, el narcotráfico, se han apoderado.” (sic).
3. Al ahondar en el tema de la homosexualidad, el candidato trató de matizar luego sus palabras al decir: “No estamos en contra de los homosexuales, no los condenamos, para nada, son parte de la sociedad”; sin embargo, luego afirmó: “cuando hablo de la homosexualidad, como puedo hablar del aborto, de las madres solteras, es que son una ramificación, nosotros creemos en la familia, todo lo demás rompe la familia, son vertientes que salen, lamentablemente se han roto los vínculos familiares.” (sic).
Es preciso señalar que en la página 34 de la Plataforma Electoral de los candidatos del Partido Encuentro Social para las elecciones de San Luis Potosí, una de sus acciones a implementar es “diseñar estrategias que permitan conciliar la vida familiar y laboral de las mujeres, principalmente en los casos en que son cabeza de familia”. Dicho documento está disponible en la página web del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí.
Por otro lado, en el apartado dedicado a las acciones en materia de derechos humanos, Encuentro Social propone “combatir el estigma y la discriminación, así como crear espacios de seguridad, para el ejercicio de aquellas libertades –como las que se refiere a las de pensamiento, orientación sexual o la de tipo religioso– que implican una tensión con las identidades mayoritarias”.
Por lo que, sin considerar lo antes citado, el ciudadano Arturo Arriaga Macías, en la entrevista referida, reconoció que las personas con diferente preferencia sexual tienen derechos, pero su partido promueve “los valores, lo que marca la sociedad y la familia”.
Por todo lo narrado con anterioridad, debe quedar claro que para efectos jurídicos, la discriminación ocurre cuando hay una conducta que demuestre distinción, exclusión o restricción, a causa de alguna característica propia de la persona que tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un derecho, lo que es evidente en los comentarios hechos por el candidato referido.
Con esto, violentado lo dispuesto por el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ordenamientos que contemplan que la discriminación es la negación del ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades para que las personas tengan posibilidades iguales de realizar sus vidas. Es decir, que la discriminación excluye a quienes la sufren de las ventajas de la vida en sociedad, con la consecuencia de que éstas se distribuyen de forma desigual e injusta.
Por todo lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a fin de llevar a cabo las acciones conducentes respecto de los supuestos actos discriminatorios cometidos por el ciudadano Arturo Arriaga Macías, emitiendo la resolución que en derecho corresponda en la que se establezcan las medidas administrativas y, en el caso, la reparación de conformidad con la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 días de abril de 2015.
Diputada Karen Quiroga Anguiano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa y de la Cofepris a investigar, inspeccionar y verificar los ríos, los arroyos, los lagos y las lagunas del país para prevenir y controlar los efectos nocivos ambientales en la salud humana, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Karen Quiroga Anguiano, diputada a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente al tenor de las siguientes
Consideraciones
México es un país que cuenta con una basta riqueza de recursos hídricos tanto de agua dulce como salada, de las cuales la mayoría es utilizada para la producción de bienes y servicios, especialmente la agrícola y el turismo. Dicho recurso es aprovechado también para la generación de energía eléctrica y su amplia variedad exige un control adecuado por las autoridades competentes.
El vital líquido se obtiene principalmente de ríos, lagos y mantos acuíferos. Nuestro país cuenta con aproximadamente 42 ríos principales que transcurren en tres vertientes: occidental o del océano Pacífico, oriental o del océano Atlántico (Golfo de México y Mar Caribe) e interior; además cuenta con alrededor de 320 cuencas hidrológicas y más de 70 lagos1 cuyo volumen difiere en las distintas épocas del año.
Los principales ríos mexicanos son el Grijalva-Usumacinta, Papaloapan, Coatzacoalcos, Balsas, Pánuco, Santiago y Tonalá, de los cuales se extrae 68 por ciento del agua usada por los mexicanos. Respecto a los lagos, destacan el lago de Chapala, localizado entre los estados de Michoacán y Jalisco, y el lago del Cuitzeo, ubicado entre los estados de Guanajuato y Michoacán.
De los cauces que forman las cuencas que surten de agua a los ciudadanos y las industrias para su consumo, 77 por ciento es utilizado para la agricultura, mientras que las industrias termoeléctricas ocupan 5 por ciento, otras industrias 4 por ciento y tan sólo el abastecimiento público implica 14 por ciento2 .
El más grave problema que enfrenta la sociedad mexicana en materia ambiental es la contaminación de sus recursos hídricos. Existen diversas fuentes de contaminación del agua en México como son las aguas residuales, las cuales se generan en cada uno de los hogares, mercados, locales y demás establecimientos humanos, mismos que desembocan en el alcantarillado; otros factores son las aguas residuales que provienen de las industrias, que también con sistemas de desagüe directos al medio ambiente, provocan daños irreparables por su contenido tóxico.
No obstante la importancia básica que tiene dicho recurso, las industrias mexicanas y extranjeras buscan explotar la mayor parte del agua ya sea como insumo para su producción, envasado y venta individual o como vertedero de los desechos tóxicos resultantes de la industrialización. Existen también obstáculos legislativos como es el proyecto con tendencia privatizadora que pretende crear una nueva Ley de Aguas Nacionales, sin que exista una debida investigación profunda y objetiva; por lo que las implicaciones y consecuencias a este recurso hídrico serán objeto de muchas críticas y desastres ambientales.
La contaminación del agua es de tal magnitud que se pueden encontrar diferentes elementos químicos tóxicos como el mercurio, plomo, cadmio, níquel, cromo, arsénico, cianuro, entre otras sustancias químicas. Se estima que 70 por ciento de agua dulce en el país está contaminada, de la cual 31 por ciento se encuentra en extrema contaminación3 .
Durante 2012, a través del indicador denominado Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), procedimiento que mide la calidad del agua, se observa que las descargas empresariales originan 340 por ciento más que las aguas residuales municipales4 . Las industrias utilizan como estrategia económica buscar espacios en países donde no existen leyes tan estrictas sobre el cuidado del agua como es el caso de México, con el fin de establecer sus empresas y seguir generando procesos productivos altamente dañinos para el medio ambiente. Asimismo, las empresas multinacionales utilizan diversas herramientas de marketing para hacer creer al consumidor que son industrias a favor de la ecología y el medio ambiente, con lo cual pueden conseguir mayor consumo de sus productos.
La calidad del agua determina la oferta del servicio, la distribución y principalmente la situación en la cual se encuentra la salud pública del país debido a que el agua está asociada con la transmisión de las enfermedades que afectan al ser humano, ya sea por ingestión directa o mediante la contaminación de los alimentos, por lo que su calidad está absolutamente relacionada con la calidad de vida de la población.
En México, las tasas más altas de mortalidad por cada 100 mil habitantes por este tipo de enfermedades se concentran en los estados de Chiapas (49.82 por ciento), Oaxaca (44.77 por ciento) y Puebla (41.59 por ciento). Asimismo, el hecho de que en otros doce estados de la República las tasas de mortalidad fluctúen entre 19 por ciento y 30 por ciento es de llamar la atención, en la medida en que se mantienen altas5 .
La Comisión Nacional del Agua, además de otros organismos encargados de combatir la contaminación del líquido vital, realizaron la medición sistemática de la calidad del agua mediante la Red Nacional de Monitoreo (RNM). Sin embargo, este procedimiento no es suficiente para combatir el grave problema debido a que las inspecciones realizadas a las empresas no son correctamente hechas o se ejecutan con burlas a la ley y, en el peor de los casos, se fomenta la corrupción a los mismos inspectores. Además, las sanciones que se contemplan en las legislaciones locales y la federal muchas veces no se ejecutan o son penas mínimas, sin que implique un adecuado resarcimiento del daño y la mayor parte, los causantes del deterioro quedan impunes por sus delitos cometidos.
Sin menoscabo de la impunidad y subjetividad de las autoridades que juzgan esta clase de delitos ambientales, la salud de los seres vivos es una cuestión delicada y no se debe dejar descuidada. La contaminación del agua, sumando también la del aire y la tierra, son causas que destruyen poco a poco la calidad de vida del ser humano hasta llegar a la muerte. Se debe crear conciencia de la protección del ambiente y que las autoridades competentes se encarguen de analizar la mayor parte de los delitos, se castiguen severamente y se prevenga a la población de los daños que puede provocar un río o lago.
En consecuencia, es urgente que las autoridades inicien investigaciones que permitan determinar el grado de contaminación de la mayor parte de los ríos, arroyos, lagos y lagunas que se encuentran en nuestro país, para la protección del ambiente y la salud de los seres vivos.
Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, realicen una investigación, inspección y verificación de los ríos, arroyos, lagos y lagunas del país, con el fin de realizar un diagnóstico para prevenir y controlar los riesgos a la salud humana.
Notas
1. Fondo Para La Comunicación y La educación Ambiental, (2004). Lagos y Lagunas de México, localizado en: http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=articl e&id=3270:lagos-y-lagunas-de-mexico&catid=1307:lagos&Itemid =300060
2. Semarnat, (2011). Estadísticas del agua en México 2011, localizado en: http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/SGP-1-1 1-EAM2011.PDF
3. Mendoza Elva, (2014). Contaminados, siete de cada 10 ríos de México, localizado en: http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/09/14/contaminad os-siete-de-cada-10-rios-de-mexico/
4. Green Peace, (2012). Ríos Tóxicos, localizado en: http://www.greenpeace.org/mexico/global/mexico/report/2012/rios_toxicos .pdf
5. Fuente: Base de Mortalidad Inegi-Ssa, 2002. Proyecciones de Población 2000-2025 de Conapo, 2002, tomado de Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México, Semarnat-CNA, México, 2005.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.
Diputada Karen Quiroga Anguiano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar por la Segob la alerta de violencia de género en Guanajuato y el estado de México, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Karen Quiroga Anguiano, diputada a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El incremento del feminicidio en las 32 entidades del país es ahora una realidad lamentable, la cultura del rol sexual que minimiza a las mujeres al espacio doméstico genera grandes repercusiones que se ven reflejadas en la violencia de género.
De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), México cuenta con un mecanismo de Alerta de Violencia de Género (AVG) el cual consiste en implementar acciones preventivas, de seguridad y justicia, para combatir la violencia feminicida.
En esta misma ley en su capítulo V. De la Violencia Feminicida y de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, se entiende por AVG al conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.
Al momento de activar la AVG se establece un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género el cual tiene como tarea principal dar el seguimiento respectivo de los hechos dolosos. Asimismo el gobierno que recibe la alerta tiene mandatado implementar acciones preventivas, de seguridad y justicia que tengan como fin enfrentar y abatir la injusticia en contra de las mujeres.
La violencia extrema contra las mujeres precisa que se active dicho mecanismo, dado que se necesita de la intervención emergente para hacer frente a una situación donde se lleven a cabo las situaciones de violencia contra este sector.
Las solicitudes por parte de las organizaciones no gubernamentales (ONG) han sido hechas bajo la normatividad; sin embargo sólo en una entidad del país ha prosperado dicha alerta (más adelante se abarca el tema), siendo que según datos de la organización Las Libres en varios estados del país ni siquiera reconocen el feminicidio y los han llegado a considerar como homicidios dolosos, lo que ocasiona retrocesos para que México visualice el incremento y, en su caso, los resultados de la baja disminución de este fenómeno.
En respuesta a lo mencionado en el párrafo inmediato anterior, Inmujeres, en su carácter de secretaría ejecutiva, sólo ha dictado medidas emergentes, que consisten es un listado de recomendaciones como: acciones preventivas, atención, adopción del Protocolo Alba, mecanismos de búsqueda urgente de niñas y mujeres, así como la sanción y erradicación con la finalidad de hacer frente a este fenómeno.
Las entidades que han incluido en su legislación penal la definición del delito de feminicidio han coadyuvado a que se cuente con la información estadística, siendo el Código Penal Federal en su artículo 325, donde se incorporó a nivel federal la tipificación del feminicidio, considerándolo como la privación de la vida de una mujer por razones de género y donde la víctima presenta signos de violencia sexual, rasgos de mutilaciones o lesiones infamantes o degradantes, así como los actos de necrofilia, también se consideran los antecedentes de cualquier tipo de violencia familiar, laboral, escolar, por parte del sujeto activo en contra de la víctima, entre otros.
Dicho lo anterior, se debe tener en consideración que el estado de Michoacán tardó siete años en incorporar la tipificación del feminicidio en su Código Penal, ocasionando un atraso considerable en las cifras reales sobre este fenómeno en dicha entidad, pues la carencia de la modificación en tiempo provocó la falta en las medidas de protocolos de investigaciones especializadas, así como los procesos para investigar y juzgar dicho delito.
En un estudio denominado Violencia feminicida en México, características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas entre 1985 y 2010 se registraron 2 mil 335 defunciones femeninas con vista a una presunción de homicidio, es decir, un aproximado de 6.4 mujeres son asesinadas cada día.
A la fecha sólo se ha aprobado una alerta de género en el estado de Michoacán, los datos que llevaron a que se activará la alerta son excesivamente alarmantes, pues fueron “2 mil 117 homicidios dolosos a mujeres, 623 homicidios culposos, 4 mil 427 casos denunciados a mujeres víctimas de violencia familiar, mil 673 abusos sexuales, 485 delitos de estupro, 179 casos de hostigamiento sexual denunciados, 2 mil 270 mujeres violadas, dichos datos abarcan desde el periodo de 2008 hasta septiembre de 2014”1 .
Por otro lado, en este año, según la organización Las Libres apuntó que entre 2011 y 2014, ocurrieron un estimado de 2 mil 505 feminicidios. Esta misma asociación detalló que las entidades con mayor número de feminicidios se encuentran en el estado de México con 563 y Michoacán con 343 y en Guanajuato se han hecho solicitudes de Alerta de Violencia de Género que se llevaron a cabo por 23 organizaciones no gubernamentales creando un Frente Común Guanajuatense por los Derechos de la Mujeres, las cuales no han tenido a la fecha resolutivo alguno.
Los homicidios de mujeres por razón de honor, el estado emocional violento o crímenes pasionales, son un lastre para nuestra sociedad y representan un obstáculo para el desarrollo social, político y económico de nuestro país, tan sólo en 2010, México superó la tasa (4) de homicidios dolosos de mujeres a nivel global de los países del Continente americano, lo que ocasionó un retroceso de 14 años para nuestro país, lo anterior según una investigación realizada por la Secretaría de Gobernación.
El daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, el hostigamiento sexual, el estupro, la violación, el abuso sexual, el incesto, que vive la mujer en una sociedad con estado de derecho es imperdonable, se debe establecer la reparación del daño integral, adecuada, efectiva, eficaz y proporcional a la gravedad del daño que se haya causado a la víctima, con el fin de subsanar la afectación hasta llegar al punto de garantizar la no repetición del hecho.
Por todo lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto se Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Gobernación declaré el mecanismo de Alerta de Violencia de Género en los estados de Guanajuato y México con el objeto de que se implementen las acciones necesarias para erradicar la violencia por razón de género.
Nota
1. Chong Magallanes Jahtziri, Segob emitirá alerta de género en Michoacán por primera vez, en noticiasmvs.com. Recuperado de: http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/segob-emitira-alerta-de-genero-e n-michoacan-por-primera-vez-366.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.
Diputada Karen Quiroga Anguiano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y la PGJ del estado de México a realizar una campaña de prevención y profundizar en las investigaciones para el rescate de niñas y adolescentes desparecidas de esa entidad, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD
Las suscrita diputada Martha Lucía Mícher Camarena, integrante de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades del Estado de México a llevar a cabo una campaña de prevención; rescatar a las 400 adolescentes desaparecidas en esa entidad e investigar y sancionar a quienes resulten responsables, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
Según datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) durante el año pasado se registraron 400 casos de desapariciones de niñas-adolescentes, aún cuando el sentir colectivo es que existen muchos más en la franja que comprende los municipios de Ecatepec, Tecámac, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl en el Estado de México.
La frecuencia con la que los medios de comunicación dan cuenta de los testimonios de familiares que llevan meses indagando sin respuesta sobre el paradero de estas jóvenes y niñas desaparecidas, es alarmante y preocupante.
Llama la atención que la mayoría de los casos tienen elementos comunes en el modus operandi como son el uso de las redes sociales como herramienta para el enganche y notas o cartas en las que advierten a las familias, que no las busquen porque han huido por voluntad propia. Situación que ha sido desmentida en los casos excepcionales en los que algunos padres y madres inconformes con la labor de las autoridades, han realizado por cuenta propia una labor de búsqueda exhaustiva y han logrado rescatar a las jóvenes desparecidas.
De acuerdo a David Mancera Figueroa, presidente de la organización social “Solidaridad con las Familias” de Ecatepec, las bandas del crimen organizado seleccionan el perfil de las víctimas antes de las desapariciones señala que : “Son niñas morenas, delgadas, ojos grandes, pelo semi largo a la espalda o al hombro, delgaditas, traen un patrón en el que están desapareciendo a las niñas. Estamos hablando de una red de trata de personas y trata de personas en todas las modalidades”, indica.
La situación de estas desapariciones se agrava si tomamos en cuenta lo señalado por el periodista Humberto Padgett en su libro “Las muertas del Estado” en el que asevera que durante la administración mexiquense de Enrique Peña Nieto, entre 2008 y 2011 el municipio de Ecatepec superó el promedio estatal de feminicidios: sólo en 2011, por cada 100 mil habitantes hubo 6.3, es decir, un total de 103.5 en ese año. Lo cual consideramos genera un ambiente de riesgo y vulnerabilidad en un contexto estatal en el que las propias autoridades han manifestado que violencia en contra de las mujeres, no es un asunto prioritario.
No es en vano que en ese contexto, desde hace 5 años se solicitara la declaratoria de alerta de género en el estado de México, para generar acciones que puedan reducir estos hechos de violencia que están poniendo en riesgo la vida y la seguridad de las mujeres. Por ello ante la negativa de la declaratoria, en junio de 2014 el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio inició un recorrido en diversos municipios para documentar la situación que guarda la violencia contra las mujeres y el feminicidio, a través de la campaña de Alerta de Género Ciudadana para exigir justicia en el Estado de México. Los recorridos se realizaron en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chalco, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, en los cuales corroboraron que existen patrones sistemáticos de violencia contra las mujeres como la desaparición de mujeres jóvenes, la brutalidad como están siendo asesinadas, y los lugares como están siendo encontrados los cuerpos inertes, en lotes baldíos, tiraderos de basura, canales de desagüe, calles y avenidas.
Hoy en día, tal como lo advierte el Observatorio Nacional Ciudadano la eliminación de la violencia contra las mujeres sigue siendo un gran desafío para el Estado de México, porque a pesar de que se han creado marcos normativos e instituciones para erradicarla ésta continúa en ascenso, muestra de ellos son las 400 adolescentes desparecidas, a las que he hecho referencia.
Por ello observamos con preocupación que los esfuerzos de la Procuraduría General de Justicia del estado de México han sido insuficientes y que se requiere atender con mayor rigor los indicios que apuntan a fortalecer las líneas de investigación hacia el crimen organizado y la trata de personas, además de profundizar la búsqueda sobre el paradero de las jóvenes e identificación de los responsables a través de los mecanismos de investigación cibernética.
Considero que las familias de las jóvenes desparecidas que no han encontrado eco a sus reclamos de justicia, tienen el derecho de exigir que las autoridades asuman plenamente su obligación de investigar con la debida diligencia y brindarles un trato digno, en el marco del pleno ejercicio de su derecho a la justicia y al rescate de las adolescentes que se presume han sido víctimas de desaparición y trata de personas.
Por lo anterior someto a la consideración de ésta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador del Estado de México, para que instruya a las autoridades competentes a que desarrollen una campaña preventiva y de seguridad para frenar el alarmante incremento en la taza de desapariciones de niñas y adolescentes.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General del estado de México, a que intensifique la búsqueda y atienda con mayor rigor mediante la investigación cibernética los indicios en los casos de desaparición de al menos 400 adolescentes, que apuntan a fortalecer las líneas de investigación hacia el crimen organizado y la trata de personas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.
Diputada Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a abstenerse de utilizar con fines electorales el Programa de Empleo Temporal, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El pasado mes de noviembre y en abril de este año, el Ejecutivo federal anunció un programa de reactivación económica con énfasis en la región sur-sureste –Chiapas, Guerrero y Oaxaca–, en dicho plan se contemplaba un programa de empleo temporal de 550 millones de pesos y acciones de pavimentación para un total de mil 500 millones.
2. Desde hace meses hemos señalado el riesgo de que los programas federales fueran utilizados de manera electoral, y propusimos que dichos programas se ejecutaran en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, para garantizar su imparcialidad y transparencia; y así evitar que su manejo tuviera sesgos partidistas.
3. Lamentablemente, los hechos nos han dado la razón. En el Distrito I, con cabecera en San Juan Bautista, Tuxtepec; en el Distrito III, en Huajuapan de León; en el Distrito V, con cabecera en Santo Domingo, Tehuantepec; en el Distrito VII, con cabecera en Juchitán de Zaragoza; en el Distrito VIII, con cabecera en Oaxaca de Juárez; en el Distrito XI, con cabecera en Santiago Pinotepa Nacional, todos ellos en Oaxaca, se han identificado conductas recurrentes en las cuales los dirigentes del PRI, en el ámbito estatal, condicionan y aprovechan los recursos del programa de empleo temporal de manera abusiva y sesgada para obtener beneficios políticos electorales.
Es una verdadera infamia que los recursos destinados a las zonas con mayor índice de marginación, y a las familias más pobres del país, sean utilizados con fines electorales.
4. Bajo estas consideraciones es pertinente señalar que la Cámara de Diputados, en el marco de sus facultades, debe dar seguimiento a los hechos e investigar el inadecuado uso de dichos recursos federales. La Cámara de Diputados no puede guardar silencio y ser cómplice de estas acciones ilícitas, con independencia de las denuncias que habrán de presentarse en términos penales.
Por lo antes expuesto, se presentan a consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primera. Se exhorta al Ejecutivo federal para que se abstenga de utilizar el programa de empleo temporal con fines electorales, y se ajuste a los fines de reactivación económica establecidos institucionalmente.
Segunda. La Cámara de Diputados, a través de la Comisión Especial de Programas Sociales, integrará a la brevedad un grupo de trabajo para que se investiguen los hechos antes señalados, así como posibles actos similares en otras entidades del país, y presentar los resultados de su investigación en un plazo no mayor de 15 días.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2015.
Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH y tanto a las autoridades federales como a las de Guerrero a difundir la información respecto al cumplimiento de la recomendación 78/2012 de aquélla, suscrita por los diputados Roberto Cabrera Solís, Víctor Reymundo Nájera Medina y Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD
Quienes suscriben, los diputados Roberto Cabrera Solís y Víctor Nájera Medina, y la diputada Roxana Luna Porquillo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
La “Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1992, precisa que una desaparición forzada se da cuando se arresta, detiene o traslada contra su voluntad a una persona o varias personas, o cuando éstas resultan privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno, o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o paradero de esas personas, o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley. Esta Declaración es una de las tantas herramientas utilizadas para la lucha por la justicia en casos de desaparición forzada.
Pese a los esfuerzos legislativos internacionales y nacionales en la materia, en agosto de 2014 la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) Mariana Benítez Tibursio, señaló en conferencia de prensa que el total de personas no localizadas en México era de 22,322.
Por su parte, de acuerdo al “Informe alternativo relacionado con la lista de cuestiones emitidas por El Comité contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas respecto de México”, la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), hizo una prueba con 61 personas desaparecidas de las que tenían conocimiento, para verificar si efectivamente se contaban dentro de la lista de 22,322 personas. De éstas, 23 sí contaban con el registro y 38 no lo tenían. De igual forma, el Comité Hasta Encontrarlos también realizó varias búsquedas y pudo observar que de 82 casos que ha documentado en tres informes sobre desapariciones en contra de personas defensoras de derechos humanos, sólo se encuentran registradas dos de ellas.1
En este sentido, para el año 2013, Amnistía Internacional había documentado 152 casos de personas que fueron presuntamente privadas de su libertad por bandas delictivas o detenidas por funcionarios públicos, y cuyo paradero continúa sin conocerse. De estos casos, la organización cree que hay indicios concluyentes para suponer la participación directa o indirecta de funcionarios públicos en, al menos, 85 casos.2
Paralelamente, la organización no gubernamental Human Rights Watch, en un estudio realizado en 2013 sobre 249 desapariciones, concluyó que en un 60% de los casos habían participado las fuerzas de seguridad y, por lo tanto, podían ser definidas como desapariciones forzadas.
Sin embargo, la cifra oficial de desapariciones con participación de agentes gubernamentales no se ha dado a conocer por parte del Estado; actualmente no existe una forma establecida en la cual las autoridades judiciales o administrativas comuniquen una desaparición en el registro nacional.
En México la desaparición de personas es un problema generalizado que ocurre en gran parte del territorio, además en muchos de estos delitos hay participación de servidores públicos, por lo que es urgente que las autoridades lleven a cabo acciones para hacer frente a dicho problema, entre ellas, como la sociedad civil ha demandado, urge crear una unidad especial de búsqueda y un registro transparente, y efectivo, único de víctimas a escala nacional.
Así lo reafirmó el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), organismo que el 13 de febrero del año en curso dio a conocer sus recomendaciones al gobierno mexicano luego de que el pasado 2 y 3 de febrero evaluara en Ginebra, Suiza, el grado de cumplimiento de los tratados internacionales en la materia. En dicha evaluación estuvieron presentes el actual titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, así como dos padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre del año pasado, desaparición que, desafortunadamente, ha reflejado a nivel internacional solo una parte del gran problema que padecemos como nación puesto que no podemos olvidar a las personas migrantes desaparecidas o a las mujeres que enfrentan esta problemática también.
Una y otra vez los miembros del Comité, y especialmente los dos relatores, Luciano Hazan y Rainer Huhle, preguntaron a la delegación mexicana sobre los registros oficiales de cuántas desapariciones forzadas se contabilizan en el país. Al respecto, la subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad, Eliana García Laguna, informó que actualmente se trabaja en la localización de 11 mil 309 personas, y no supo especificar de qué tipo de desapariciones se trata, o si se puede hablar de delitos o no.
En el lamentable contexto descrito anteriormente, el pasado 24 de diciembre de 2011 un joven Morelense de 20 años de nombre Alan Cerón Moreno fue privado de su libertad junto con tres amigos cuando se encontraban en un campo de fútbol de la colonia Plan de Ayala, en la ciudad de Cuernavaca.3 Según reportes oficiales de esa entidad, se presume la participación de policías en activo de Guerrero.
Dos días después de los sucesos, en Chilpancingo, Guerrero, el 26 de diciembre, policías municipales localizaron a Cerón Moreno y a una joven –con visibles huellas de tortura y de ataduras de pies y manos– al norte de esta capital, y les llevaron a la agencia central del Ministerio Público (MP) del Distrito Judicial de Los Bravo, ubicada a cinco cuadras del zócalo de la localidad.
Desde ese lugar, Alan Cerón realizó una llamada telefónica a su familia para informarles que se encontraba en la agencia del MP de Chilpancingo, donde presentó una denuncia por privación ilegal de la libertad, pidió una muda de ropa y solicitó que le enviaran dinero para regresar a Morelos. El joven, durante la llamada, puso al teléfono a un agente del MP del fuero común de nombre Falcón Bautista, quien dijo que Alan estaba bien, “golpeado, pero estable, y que se encontraba en un lugar seguro”.4
A las 22:30 horas del mismo 26 de diciembre de 2011, los padres de Alan Cerón Moreno llegaron a Chilpancingo pero el joven ya no estaba en la agencia del MP. Después de muchos impedimentos por parte de las autoridades, entre los que debe señalarse que personas que se identificaron como elementos de la Policía Ministerial les apuntaron con sus armas de fuego, mientras los interrogaban; posteriormente, cuando a la madre y el padre de Alan se les permitió el acceso a la agencia, las autoridades ministeriales les informaron que su hijo se había retirado minutos antes, sin saber hacia dónde se dirigía.5 Desde entonces, no volverían a saber nada de Alan. Todo esto lo señaló Rosa Moreno, mamá de Alan, quien junto con su esposo y familiares han encabezado diversas manifestaciones para exigir justicia para su hijo y castigo a las personas que resulten responsables.
Ante esta situación, el 11 de enero del 2012, el padre y la madre de Alan interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de privación ilegal de la libertad, desaparición forzada de personas, abuso de autoridad y delincuencia organizada, registrada en el expediente PGR/MOR/CV/011/III/2012.6 De acuerdo a ésta, los funcionarios señalados como responsables de la desaparición de Alan Cerón son tres agentes del Ministerio Público del fuero común, Falcón Bautista, René Cruz Evangelista y Carmina Nájera Arámbula, así como agentes de la Policía Ministerial adscritos al distrito judicial de Los Bravo.
A casi cinco meses de la desaparición del joven en una agencia del MP del fuero común, y como resultado de una investigación de especialistas privados contratados por los padres de la víctima, el 12 de mayo de 2012, el cuerpo de Alan fue encontrado, en avanzado estado de putrefacción, en las inmediaciones de una barranca ubicada entre la ciudad de Chilpancingo y el poblado de Zumpango, cabecera municipal de Eduardo Neri, sobre un camino de terracería que une ambos puntos.7
El abogado de la familia, Miguel Ángel Rossete, señaló a medios de comunicación que con el paso de las investigaciones que ha realizado la familia de forma privada, han ido descubriendo cada una de las mentiras del MP. Señaló que al momento de exhumar el cuerpo de Alan informaron, dieron datos y pruebas sobre los responsables; sin embargo, no se ha concluido la averiguación previa 242/2012 de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido). Asimismo, declaró que las procuradurías de Morelos y Guerrero tampoco han hecho gran cosa para esclarecer el caso. Esta última incluso ha señalado que no había videocámaras afuera de sus oficinas porque, supuestamente, las estaban reparando.
Al respecto, existe también la recomendación no. 78/2012 del caso emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que destaca que fue violado el derecho a la seguridad jurídica, específicamente en su calidad de víctima del delito, reconocido en los artículos 20, apartado B, de la nuestra Carta Magna; 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y 1, 5 y 59 bis del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, que señalan que se debían dictar las medidas necesarias para brindarle a Alan Cerón de manera inmediata auxilio y seguridad; recibir asesoría jurídica, atención médica y psicológica; resguardar su identidad y datos personales, y solicitar las medidas cautelares y las providencias necesarias para su protección y las restitución de sus derechos. De igual forma, señala que la familia de Alan recibió un trato indigno por parte de los servidores públicos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero.8
No obstante, desde hace un año, la madre de Alan no tiene información alguna de un eventual avance en la indagatoria. Ni la Seido ni Gobernación han emitido reporte alguno.
Cansada de las dilaciones y omisiones del aparato de impartición de justicia, el pasado 30 de marzo de 2015, la ciudadana Rosa María Moreno, madre de Alan, inició una caminata de Cuernavaca hacia la Ciudad de México. En este punto, cabe destacar que la madre del joven padece cáncer y pese a su delicada salud, concluyó su tortuoso recorrido en la Secretaría de Gobernación (Segob) en busca de una audiencia con el titular de esta dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong.
Debido a su padecimiento –y las consecuencias del esfuerzo– estando en las afueras de la instancia, fue atendida por servicios médicos de la Segob y, posteriormente, se retiró con la promesa de que la familia sería atendida el lunes 06 de abril por un representante del gobierno.
Como fue acordado, la reunión se llevó a cabo ese lunes en Secretaría de Gobernación; sin embargo, la familia declaró desconfiar en las instituciones gubernamentales debido a los ya más de tres años de exigencias continuas en los que han recibido largas, falsas esperanzas, mentiras, e incluso fueron ignorados por diversas instituciones, sin obviar que fue una dependencia gubernamental la que consideran entregó a su hijo al crimen organizado y con ello a su muerte.
Aunado a esto, Rosa María Moreno adelantó en medios de comunicación que regresaría 20 días después de la reunión del 06 de abril, debido a su tratamiento de quimioterapia, y en caso de no ser atendida, comenzaría una huelga de hambre a las afueras de Segob, afirmando estar dispuesta a morir a las puertas de esta instancia para exigir una investigación imparcial y profesional del caso de su hijo,9 y para demandar que nunca más una madre tenga que atravesar el sufrimiento que ella ha padecido a causa de la indolencia y corrupción institucional que se encuentra enraizada en nuestros aparatos gubernamentales
Lo anteriormente descrito pone en evidencia la crisis institucional que atraviesa el país, así como el desinterés del gobierno de cualquier nivel, para atender los casos de desaparición forzada y para transparentar los datos. De igual forma, la inexistencia de mecanismos y/o dependencias adecuadas para investigar y resolver justamente estos casos se hace cada día más insostenible.
En el tenor de lo expuesto, la renuencia del Congreso de la Unión para dictaminar la Ley de Desaparición Forzada es otra muestra de la obstaculización impuesta para atender esta problemática.
Finalmente, resulta alarmante que la lucha por la justicia tenga que ser emprendida por las personas familiares de las y los desparecidos. En estos momentos, la madre de Alan, arriesgando su vida, es quien encabeza las investigaciones y la exigibilidad de justicia para el caso de su hijo. Este calvario debe terminar y las autoridades deben tomar las cartas en el asunto y atender el caso de manera pronta y expedita, trabajando para que ni una madre, padre, o familiar más, tenga que agotar sus propios medios, incluyendo su vida, para realizar la labor que le corresponde a ellas.
De esta manera, exigiendo al Estado Mexicano el cumplimiento estricto de sus compromisos y obligaciones internacionales, bajo el entendido de que todo acto de Desaparición Forzada constituye un atentado a la dignidad humana, y exigiendo justicia para Alan Cerón Moreno, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que emita una versión pública del informe del cumplimiento de la recomendación 78/2012 sobre el caso del occiso Alan Cerón Moreno.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República a girar instrucciones para que en el ámbito de sus atribuciones, y en cumplimiento con las normas en materia derechos humanos de la Constitución Política y los tratados internacionales de los que México es parte, se realice la investigación correspondiente respecto a la desaparición forzada presuntamente cometida por diversas autoridades del estado de Guerrero en contra de Alan Cerón Moreno.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al Gobierno del Estado de Guerrero a atender cabalmente la recomendación 78/2012 emitida del expediente CNDH/1/2012/2075/Q realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos; y en su momento conocer de los avances del cumplimiento de dicha resolución.
Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación a atender pronta y expeditamente buscando mecanismos de diálogo y concertación con las instituciones competentes del caso de la C. Rosa María Moreno, quien desde hace cuatro años busca justicia para el caso de desaparición forzada y asesinato de su hijo Alan Cerón Moreno.
Notas
1 Información disponible en: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/MEX/INT_CED _NGO_MEX_19218_S.pdf (Consultada el 09 de abril de 2015)
2 Información disponible en: https://www.es.amnesty.org/paises/mexico/personas-desaparecidas/cifras- esenciales/ (Consultada el 10 de abril de 2015)
3 Resolución 78/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Recomendaciones/201 2/REC_2012_078.pdf
4 Información disponible en:
http://www.proceso.com.mx/?p=307744 (Consultada el 10 de abril de 2015)
5 Ibid
6 Ibid
7 Ibid
8 Resolución 78/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Recomendaciones/201 2/REC_2012_078.pdf
9 Información disponible en:
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=492409& idFC=2015 (Consultado el 9 de abril de 2015)
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 16 de abril de 2015.
Diputados: Roberto Cabrera Solís (rúbrica), Víctor Nájera Medina, Roxana Luna Porquillo (rúbrica).