Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por sus dependencias con las autoridades de Jalisco a fin de llevar a cabo investigaciones para deslindar responsabilidades, aplicar las sanciones correspondientes y subsanar el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI y el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del PVEM

Los suscritos, diputados federales de Jalisco por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y todas las autoridades competentes de la administración pública federal con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones necesarias a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La laguna de Cajititlán, en Tlajomulco de Zúñiga, cerca del lago de Chapala, tiene 9 kilómetros de longitud y 2 de ancho. Es pequeña, comparada con el lago de Chapala, pero se le considera la laguna de la zona metropolitana de Guadalajara por su majestuosidad y atractivo turístico.

Formada con el agua de lluvia proveniente de las serranías que la rodean, la laguna de Cajititlán es un lugar único y muy especial para los tapatíos y todos los jaliscienses.

Hoy, desgraciadamente, nuestra bella laguna está sufriendo los embates de los cambios climáticos o, peor aún, de posibles actos de negligencias y violencia ambiental.

Según la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, hasta el domingo 31 de agosto se habían extraído más de 30 toneladas de peces muertos. Para el martes ya se contabilizaban más de 50 toneladas.

Debemos reconocer que las autoridades han puesto su empeño para detectar la causa de la muerte de la gran cantidad de peces en la laguna.

Aparentemente se desconoce si es un fenómeno natural o se trata de un evento provocado por conductas perniciosas de ciertos individuos.

La secretaria de Medio Ambiente en Jalisco, Magdalena Ruiz, informó que ya se han enviado brigadas de trabajadores para apoyar a los pescadores locales en la retirada de los peces muertos, así como técnicos para evaluar la situación de las plantas de tratamiento de aguas de la ribera de la laguna.

De acuerdo con el doctor Manuel Guzmán Arroyo, director del Instituto de Limneología de la Universidad de Guadalajara, se trata de un problema provocado por el nivel de agua de la laguna, “que resulta demasiado bajo para cubrir las necesidades de oxígeno de los peces”.

El especialista explicó que “el lago tiene problemas porque le sacan demasiada agua. Una ventisca fuerte puede remover el fondo se levantan los sedimentos, se mezcla y se agota el oxígeno en el agua”.

Otra explicación que se ha dado es que la ausencia de agua suficiente y de oxígeno obedece al riego del valle adyacente y la existencia de un canal de adiestramiento para deportes acuáticos que también extrae agua de la laguna.

Durante estos días, la secretaria de Medio Ambiente de Jalisco ya dio a conocer que estableció un mando único para la atención de la contingencia ambiental. La Profepa y la Comisión Estatal del Agua han tomado importantes medidas de coordinación para que la contingencia ambiental se estabilice de manera positiva, se recupere el equilibrio ecológico de la zona y, desde luego, se subsane en lo posible el daño ambiental ocasionado.

En resumen:

(i) La recurrente crisis ambiental en la laguna de Cajititlán –cuatro periodos de muertes masivas de peces– puede tener su causa en cuestiones cíclicas u ocasionadas por la acción irresponsable del hombre; y

(ii) Ante estos hechos, hay instancias gubernamentales competentes para investigar el hecho y las formas de resarcir el daño ocasionado, buscando a su vez a los responsables y sancionándolo conforme a las leyes que nos hemos dado.

Nuestra posición como diputados al Congreso de la Unión es coadyuvar con las autoridades locales para resolver, de acuerdo con nuestras atribuciones, los problemas que pudiesen afectar a nuestros representados.

Hoy, las niñas, los niños, las mujeres y los hombres de Jalisco están sufriendo una afectación ambiental que merece toda la atención, tanto de las autoridades locales como federales. Merece que nos dispongamos a revisar las leyes en materia ambiental, tanto por lo que toca al Congreso de Jalisco, como lo que corresponde al Congreso de la Unión. Deben provocar toda nuestra atención y, desde luego, la coordinación de todas las autoridades competentes al efecto de deslindar responsabilidades, encontrar y sancionar a los culpables y, más importante aún, lograr reestablecer el equilibrio ecológico en la zona afectada y prevenir nuevas afectaciones.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a colaborar por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y todas las autoridades competentes de la administración pública federal con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones necesarias a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2014.

Diputados: Abel Salgado Peña (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica), Leonardo Alcalá Padilla (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro, Marco Antonio Barba Mariscal, Sergio Armando Chávez Dávalos, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a publicar las bases de datos integradas como resultado del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial; y difundir las razones de que en el Atlas Educativo se incorporara únicamente información parcial, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Los que suscriben, María Sanjuana Cerda Franco, Lucila Garfias Gutiérrez, Sonia Rincón Chanona, Dora María Guadalupe Talamante Lemas y José Angelino Caamal Mena, diputadas y diputado integrantes de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos presentar ante esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución; al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia educativa establece la obligación de crear el sistema de información y gestión educativa. En el año 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realizó para este propósito, el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE). El objetivo de este censo es que la autoridad educativa tenga “en una sola plataforma los datos necesarios para la operación del sistema educativo y que, a su vez, permita una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas”.

De acuerdo con la nota técnica emitida por el Inegi, el levantamiento del CEMABE, se llevó a cabo del 26 de septiembre al 29 de noviembre de 2013 y fue aplicado a:

• Inmuebles de educación básica y especial y los de apoyo a la educación especial;

• Centros de trabajo (escuelas de educación básica y especial, así como los de apoyo a la educación especial);

• Alumnos que asisten a escuelas de educación básica y especial;

• Personal que labora en las escuelas de educación básica y especial, en oficinas de apoyo a la educación especial, así como aquellos que tienen plaza de docente de educación básica y laboran en otro tipo de centro de trabajo u oficina.

Asimismo, se aplicaron diferentes instrumentos para la captación de la información que consistieron en:

• Cédula inmueble-centro de trabajo con 313 preguntas (electrónico).

• Pase de lista de personal y alumnos (electrónico) con 15 variables para el personal y 7 en el caso de alumnos.

• Cuestionario de autollenado del personal del centro de trabajo con 55 preguntas.

• Cuestionario de autollenado (padres o tutor) de alumnos con 36 preguntas.

• Cédula inmueble-centro de trabajo del Conafe con 76 preguntas.

• Cédula personal del Conafe con 46 preguntas.

A pesar de que el día 19 de diciembre de 2013 se dieron a conocer algunos datos preliminares con motivo de la notificación del Cierre del Levantamiento, no fue sino hasta el 31 de marzo de 2014, cuando de manera pública el Presidente de la Junta de Gobierno del Inegi, Eduardo Sojo Garza Aldape y el Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, presentaron los resultados definitivos del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, dando paso inmediato a la publicación electrónica del denominado “Atlas Educativo”: www. http://cemabe.inegi.org.mx/

La información dada a conocer de manera agregada, arrojó datos reveladores, pero lamentablemente limitada e incompleta considerando la riqueza de información captada a través de los instrumentos descritos en líneas anteriores.

De manera general, la información aportada por el CEMABE nos permitió saber que existen 261 mil 631 centros de trabajo en operación, incluyendo escuelas, bibliotecas, centros de maestros, oficinas administrativas y de supervisión, entre otros, de los cuales en el 9.2 por ciento se registraron negativas a responder al Censo, que se concentraron en mayor medida en Chiapas (41%), Oaxaca (27.4%) y Michoacán de Ocampo (27.3%).

De igual forma, que de los 236 mil 973 planteles de los que sí se obtuvo presuntamente información completa, 207 mil 682, son escuelas de educación básica y especial y 12.4% son otro tipo de centros de trabajo.

Respecto de los servicios básicos, según el CEMABE, solo el 51.6% de las escuelas públicas cuenta con drenaje, 69% con disponibilidad de agua potable, 87.2% con sanitarios y 88.8% con energía eléctrica; en tanto que las escuelas privadas casi cumplen en su totalidad con la demanda de estos servicios.

Con relación a la información sobre los alumnos, el total registrado en escuelas censadas fue de 23 millones 562 mil 183. De ellos el 18.3% pertenecen a nivel preescolar, 55.8% a primaria, 25.6% a secundaria y el 0.3% a centros de atención múltiple. Por su parte, el personal que labora en las escuelas, asciende a 1 millón 949 mil 105, de los cuales el 88.1% desempeña funciones en escuelas de educación básica y especial, 2% lo hace en centros de trabajo de apoyo a la educación especial y 9.9% en otros centros de trabajo.

No obstante, a poco más de cuatro meses de la publicación en la página web del “Atlas Educativo”, hemos podido apreciar que la información que en él se integra, son apenas datos básicos que no cumplen con los objetivos de “transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados, ni mucho menos contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho” cuyos objetivos están claramente expresos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Por el contrario, la información publicada ha sido objeto de innumerables interpretaciones que, con independencia de la rigurosidad técnica y académica con la que han sido elaborados, tienen como origen que la SEP reservara la mayor parte de la información que integró el Inegi.

Los datos públicos incorporados en el “Atlas Educativo”, es solo información agregada que permite conocer parcialmente lo que a la autoridad educativa le parece conveniente que conozca la ciudadanía. Sin embargo, no contiene los elementos necesarios que permitan el cruce de variables para la revisión de los indicadores que se incluyen en la MIR (Matriz de Indicadores de Resultados. Menos aún para clarificar dudas que dan pie a descalificaciones públicas tanto al quehacer de las autoridades educativas como hacia el desempeño de diversos actores del proceso educativo, particularmente de los maestros.

Para dar cuenta de lo anterior, es suficiente con revisar, solo a manera de ejemplo, que en el Tabulado de alumnos que incluye el CEMABE, es posible acceder a la siguiente información:

• Alumnos 1 Alumnos por entidad federativa de administración, nivel educativo y edad según tipo de sostenimiento y sexo.

• Alumnos 2 Alumnos por entidad federativa de administración, nivel educativo y tipo de servicio según tipo de sostenimiento y sexo.

• Alumnos 3 Alumnos por entidad federativa de administración, nivel educativo y turno según tipo de sostenimiento y sexo.

• Alumnos 4 Alumnos por entidad federativa de administración, nivel educativo y tipo de servicio según condición de construcción del inmueble que aloja la escuela y tipo de construcción

Asimismo, a través del mapa interactivo, nos es posible ingresar a la información de cada uno de los planteles educativos. Solo nos ofrece información respecto al número de grupos, alumnos y docentes, pero no es posible identificar, por ejemplo, la edad de los educandos, tipo de discapacidad que atienden en el caso de los Centros de Atención Múltiple y mucho menos en los planteles de educación regular.

A las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, nos preocupa que la información de referencia sí fue captada en los cuestionarios diseñados y aplicados por el Inegi y, según lo expresado por dicho organismo, incluida en la base de datos entregada a la SEP; de manera que el tabulado que nos permitiera conocer las características de la población con discapacidad atendida en los planteles educativos públicos y privados, podría construirse a partir de cruces de información entre las variables: si servicios de educación especial, tipo de discapacidad y tipo de servicio por entidad federativa, si el “Atlas Educativo” la tuviera disponible para la consulta de la sociedad.

Lo expresado en líneas anteriores, se basa solo en la revisión de uno de los tabulados, sin embargo situación similar y quizá con mayor margen a la interpretación, se presenta en el resto de los tabulados, por lo que la irresponsable y sesgada interpretación de la información amenaza con seguirse dirimiendo a través de los espacios públicos de comunicación en tanto la SEP, que es hoy propietaria de la información, no permita que la ciudadanía tenga acceso a ella.

En mérito de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a publicar las Bases de Datos que se integraron como resultado del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial; y hacer públicas las razones por las que la información incorporada en el “Atlas Educativo”, incluye únicamente información parcial y, en su caso, las explicaciones que motivaron esa decisión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2014.

Diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condenan de modo enérgico las ofensivas y misóginas expresiones del ex diputado priista Alejandro García Ruiz, como las leyes y las mujeres “se hicieron para violarlas”, gravemente atentatorias contra los mayores principios constitucionales de libertad, igualdad y respeto entre mujeres y hombres, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena y las diputadas y los diputados abajo firmantes integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta ante esta Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 20 de septiembre del año en curso, el ex diputado local por el Partido Revolucionario Institucional en Chiapas, Alejandro García Ruiz, refirió en un programa radiofónico que conduce en Tapachula que “todas las leyes tienen lagunas, y como se dice desgraciadamente, las leyes como las mujeres, se hicieron para violarlas”.

En el Grupo Parlamentario del PAN reprobamos y repudiamos profundamente las ofensivas expresiones hechas por este ex diputado priista, en el programa “La Chorcha” que se transmite de lunes a viernes por el 90.7 de FM del corporativo Radio Núcleo.

Expresiones como la señalada por este individuo, no pueden ni deben dejarse de lado, por indiferencia o por descuido. Por eso, en nuestro grupo parlamentario, las y los diputados, no podíamos dejar de pronunciarnos y de mostrar nuestra severa condena por la grave ofensa que esta persona cometió contra todas las mujeres, y en particular, contra todas las personas que conforman la audiencia de su programa, y de aquellas otras que de alguna manera conocieron de su comentario.

Creemos que es inadmisible para cualquiera, pero más para una persona pública como él, que se ostenta como líder de opinión en una radiodifusora, expresarse de una manera tan misógina y lacerante contra las mujeres, tomándolas evidentemente como un objeto del cual puede hacerse una metáfora en la que se normaliza una de las formas de violencia más lacerantes contra ellas, la violación.

No nos equivoquemos, las expresiones señaladas por este personaje, laceran sin duda la dignidad de todas las personas, y en específico, la dignidad de las mujeres chiapanecas, y de todas las mujeres mexicanas. Porque se trata de las expresiones de un ex servidor público, y de una persona que participa de las transmisiones radiofónicas que llegan principalmente a la sociedad chiapaneca y de un probable formador de opinión pública.

No podemos permitirnos como sociedad, ni mucho menos como representantes de las y los ciudadanos de este país, pasar por alto que los medios de comunicación se permitan estas expresiones misóginas, y se dé cabida en ellos a personas que no conocen el verdadero significado del respeto, de la igualdad y de la libertad, valores todos ellos, que las y los mexicanos debemos exigirnos sin miramientos, para seguir conformando una patria que pueda llegar ser verdaderamente ordenada y generosa.

Por ello es inadmisible e indignante que una persona, a través de un medio de comunicación, refiera de una manera tan naturalizada una metáfora tan burda en la que involucre uno de los bienes jurídicos que deben ser de los más altamente protegidos por el Estado, como lo es la seguridad y la vida de las mujeres, y por supuesto, su derecho a ser tratadas, reconocidas y protegidas por los mismos derechos y garantías que los hombres.

Lo sucedido en Chiapas, es doblemente grave, cuando sucede en un estado, que de acuerdo a la publicación: Feminicidio en México aproximaciones tendencia y cambios 1985-2009, es el estado con menor índice de Desarrollo Humano y menor índice de Desarrollo Relativo el Género. O cuando, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2011, reporta que la violencia que fue infligida por sus parejas al 81.6 por ciento de las mujeres chiapanecas que enfrentaron violencia física o sexual, fue violencia grave y muy grave, alcanzando a más de 148 mil mujeres de 15 años y más, actual o anteriormente unidas.

Lo que sucedió en Chiapas, sólo da muestra de lo mucho que hay que trabajar aún para transformar en nuestro país, esa cultura tan arraigada de discriminación y prejuicios contra las mujeres. De lo mucho que hay por hacer para que las personas reflexionemos sobre nuestros dichos, y más aún, cuando participamos de la vida pública de nuestra sociedad.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del PAN a través del presente punto de acuerdo expresa su indignación y repudio a todas las formas de violencia que impidan y atenten contra el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Para nosotros, la violencia en contra de las mujeres, en cualquiera de sus formas, es un hecho que no debe ser tolerado de ninguna manera.

En Acción Nacional nos pronunciamos en contra de expresiones misóginas que minimicen, ofendan y vulneren a las mujeres en el ejercicio de sus derechos. Creemos que todos, como sociedad, debemos cuidar el lenguaje para que no sea ni ofensivo ni atentatorio contra la dignidad de nadie.

Reconozcamos que el lenguaje ofensivo, denigratorio e insultante también es una forma de violencia que habitualmente se ejerce contra las mujeres. Y que tenemos la obligación de pararlo, no aceptarlo, e incluso, de censurarlo.

No sólo no es justo, sino que es totalmente contrario a la ley a los ordenamientos jurídicos internacionales, que en pleno siglo XXI las mujeres debamos de sufrir humillaciones, difamaciones, calumnias y descréditos feroces, por el sólo hecho de ser mujeres.

Por ello, resulta fundamental impulsar firmemente la defensa y garantía del pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. Acción Nacional está porque la violencia contra las mujeres deje de estar en el ámbito de la anécdota, el rumor institucional o la prensa sensacionalista, para trascender al plano de las garantías y la legalidad.

Sin duda, este problema afecta profundamente nuestro tránsito hacia ese país democrático que todos y todas deseamos tener.

En Acción Nacional estamos por el respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres y por su salvaguarda, pero más aún, estamos por el respeto a su dignidad como personas. Por ello de ninguna manera consentimos que quien sea, llámese, grupos, autoridades, empresarios, diputados, ex diputados, actúen sin prudencia, respeto y consciencia con actos violentos hacia las mujeres.

Es por ello y por lo aquí expuesto me permito formular la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados hace una enérgica condena a las ofensivas y misóginas expresiones hechas por el ex diputado priista, Alejandro García Ruiz, en donde refirió que “las leyes como las mujeres, se hicieron para violarlas”, por ser gravemente atentatorias de los más altos principios constitucionales de libertad, igualdad y respeto entre mujeres y hombres.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y al gobernador de Chiapas, para que, en el ámbito de sus respectivas facultades, establezcan las medidas necesarias que garanticen a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados hace un respetuoso exhorto al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a que actúe de oficio para conocer de las expresiones discriminatorias del ex diputado priista, Alejandro García Ruiz, en donde refirió que “las leyes como las mujeres, se hicieron para violarlas”, y en su caso, imponga las medidas administrativas y reparaciones pertinentes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.

Diputados: Carmen Lucía Pérez Camarena, Elizabeth Vargas Martín del Campo, María Celia Uricel Castañeda, Aurora Aguilar Rodríguez, Beatriz Yamamoto, Raquel Jiménez, Patricia Lugo, Alberto Díaz T, Ana Paola López Birlain, Víctor Fuentes, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, Juan Carlos Uribe Padilla, Leonor Romero Sevilla, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Luis Alberto Villarreal García, Enrique Alejandro Flores Flores, Felipe Almaguer Torres, David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbricas).


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a desplegar campañas informativas de carácter nacional y permanente dirigidas a las mujeres para prevenir, tratar y erradicar el sobrepeso, la obesidad y los desórdenes alimenticios, suscrita por los diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitar respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal a desplegar campañas nacionales y permanentes de información para la prevención, tratamiento y erradicación del sobrepeso, obesidad y desórdenes alimenticios, dirigidas a las mujeres, que consideren, de manera diferenciada, las condicionantes específicas de cada etapa de su vida, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la actualidad y en un lapso breve de tiempo, en nuestro país la obesidad y el sobrepeso se han convertido en un serio problema de salud pública a nivel nacional.

Países como el nuestro, junto con China, que en menos de 30 años duplicó su población con problemas obesidad y sobrepeso, por ejemplo, fueron señalados como focos de atención urgente a nivel mundial.1

En la actualidad, no obstante, ocupamos el primer lugar mundial de población con sobrepeso y obesidad.

Ha sido ampliamente abordado el tema de las consecuencias que esta situación genera, tanto en términos individuales, como detonante e diversos padecimientos, enfermedades y muerte; como en términos sociales, en cuanto a la carga que significa para el sistema de salud el costo de la atención de dichas enfermedades.

El panorama a futuro es, asimismo, complicado. Son alarmantes los elevados índices de obesidad en la población infantil, los jóvenes y adultos del mañana; la gravedad de las consecuencias de esta situación se incrementan al considerar la relación inversamente proporcional entre los daños a la salud que la persona puede padecer y la edad en que empezó a tener problemas de obesidad.

Se sabe que algunas consecuencias de padecer a edad temprana obesidad y sobrepeso son graves y entre ellas hay una mayor predisposición a padecer:

Cáncer de seno.

Cáncer de colon.

Cirrosis.

Diabetes.

Hipertensión.

Osteoartritis.

Infertilidad.

Afortunadamente, el gobierno federal, en esta administración, ha emprendido acciones específicas, en el primer orden de prioridad, para atender, erradicar y prevenir este problema. En este sentido, en abril de 2013, se anunció la puesta en marcha de una ambiciosa y efectiva estrategia nacional para la prevención y el control de la obesidad y la diabetes.2

Dicha estrategia, se emprende con enfoque integral, pues al mismo tiempo, en la vertiente preventiva, fomenta estilos de vida y alimentación saludables, mientras que, mediante instrumentos de política fiscal, genera dispositivos para menoscabar el consumo de productos o alimentos asociados con el sobrepeso y la obesidad, con énfasis en la población infantil.

Es de destacarse la idoneidad de acciones como ésta, que acogen la especificidad los grupos poblacionales y su problemática, y considerar la posibilidad de extender la medida hacia otros grupos, de la misma manera, con atención de las particularidades.

La salud de las mujeres de acuerdo con su edad

Las acciones para la protección, prevención y promoción de la salud de las mujeres requieren de planes, programas y políticas públicas específicas, que atiendan los cambios de cada etapa de su vida, desde el punto de vista de los contextos fisiológicos y socioculturales.

Por ejemplo: en la etapa del desarrollo infantil y adolescencia se debe poner atención a las patologías relacionadas y derivadas de problemas o trastornos de nutrición y alimentación, auto reconocimiento del cuerpo y con la protección frente a estereotipos como la delgadez extrema.3

En el caso de las mujeres jóvenes, es relevante considerar las conductas de riesgo, la detección de situaciones de exposición al maltrato y la violencia sexual, la educación afectivo-sexual, la prevención y la información de las enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no deseados.4

En la madurez son importantes las patologías vinculadas al sexo, como por ejemplo, la detección temprana y atención del cáncer cérvico-uterino y el cáncer de mama, las patologías emergentes o las que se relacionan con los cambios fisiológicos como el climaterio, las afecciones cardiovasculares, músculo-esqueléticas o los problemas de salud mental.5

Finalmente en la etapa adulta mayor, adquieren relevancia las enfermedades discapacitantes y que producen codependencia como las enfermedades crónico-degenerativas, cánceres y trastornos mentales.6

Los cambios de las condicionantes de la salud en cada etapa de vida hacen necesario que la atención de enfermedades como el sobrepeso, obesidad y cualquier trastorno alimenticio, se emprenda en consideración de tal especificidad.

Obesidad y sobrepeso en las mujeres mexicanas

Estudios a nivel nacional señalan que, de 2006 al 2012, la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso en las adolescentes mexicanas registró un aumento del 2.4 por ciento, al pasar de 33.4 por ciento al 35.8 por ciento.7

En el grupo de las mexicanas de más de 20 años de edad, en el mismo periodo, se registró un aumento de 1.1 por ciento porcentual, que ubica el indicador de población afectada en 73 por ciento.8

Las estadísticas sobre las principales causas de muerte en las mujeres mexicanas ponen de manifiesto la necesidad de atender con urgencia y especial atención este problema.

No debemos olvidar que en nuestro país las mujeres representan el 51.17 por ciento de la población total, es decir son poco más de 57 millones de mujeres con una expectativa de vida de 78 años.9

Además, el 27 por ciento del total de las mujeres en el país están en el rango considerado de “edad productiva” que se encuentra entre los 15 y 49 años de edad y no más de la mitad cuenta con los beneficios de la seguridad social en materia de salud.10

De ahí que desde el año 2005, el cáncer de mama es una de las dos causas principales de muerte en las mujeres mexicanas que tienen desde 35 y hasta 50 años.

En el caso de las mujeres de 15 a 24 años, edad en que inicia la etapa reproductiva, la tercera causa de muerte son las derivadas al embarazo, parto y puerperio, condiciones que son sujetas a una alta incidencia o bien a presentarse si la paciente padece obesidad o sobrepeso.

Para el caso de las mujeres de entre 25 y 34 años de edad, los tumores malignos son la principal causa de muerte, siendo el cáncer de mama el segundo en la lista. Enfermedad que de igual forma, se eleva la predisposición a padecerla si se tiene obesidad y sobrepeso.

Preocupación similar se presenta si observamos que en las mujeres mexicanas ubicadas en el rango de 35 a 44 años de edad, donde tenemos que las tres principales causas de muerte son, en primer lugar los tumores malignos derivados del cáncer cérvico-uterino y de mama, después las enfermedades del corazón y finalmente la diabetes mellitus, tres de las principales enfermedades que se aceptan como altamente relacionadas a la obesidad y el sobrepeso.

Por último, para las mujeres de los 45 y hasta los 64 años de edad, la situación es similar a la anterior, la primera causa de muerte es la misma y únicamente la diabetes mellitus pasa a ser la segunda causa y los padecimientos del corazón se posicionan en el tercer lugar.

Para concluir la argumentación sobre la necesidad de atender y prevenir con particularidad la obesidad y el sobrepeso en la mujer; a nivel mundial y cabe destacar que nuestro país no es la excepción sino claro ejemplo; se tiene registrado que el sobrepeso y la obesidad se presenta mayormente entre la población con menores niveles de oportunidades y desarrollo; es decir en la población más vulnerable, condición en la que se encuentran muchas mujeres en nuestro territorio.

Por todo ello, hacemos un llamado a prestar atención especial y de manera específica a elaborar campañas de información encaminadas a prevenir, atender y erradicar la obesidad y sobrepeso; enfocadas a las mujeres en nuestro país.

Niñas, adolescentes, amas de casa, profesionistas, activas o no económicamente o en el mercado laboral, mujeres maduras o adultas mayores; debemos de contar con la información oportuna para la detección, atención y cuidados de trastornos de la conducta alimentaria.

Y que además, en su integración consideren los criterios correspondientes a las diferencias tanto fisiológicas como sociales, culturales y psicológicas, propias de la edad.

El esfuerzo sin duda alguna es grande, pero los beneficios de llevarlo a cabo no sólo se reflejaran en las condiciones de salud de las mujeres en el país, también lo harán con efecto multiplicador, en cada uno de los integrantes de la familia y por ende en la población en general.

El presente punto de acuerdo busca aprovechar una oportunidad invaluable para ser más efectivos en el combate a estos males silenciosos que tanto daño están haciendo a nuestra población; la obesidad y el sobrepeso.

Esta soberanía no puede quedarse al margen de hacerlo, pensando en un sí pero diciendo un no.

Por lo expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de

Acuerdo

Artículo Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal a desplegar campañas nacionales y permanentes de información para la prevención, tratamiento y erradicación del sobrepeso, obesidad y desórdenes alimenticios, dirigidas a las mujeres, que consideren, de manera diferenciada, las condicionantes específicas de cada etapa de su vida.

Notas

1 Consultado en < http://www.milenio.com/politica/duplica-cifra-obesos-Mexico-China_0_220 178309.html> en 29 de septiembre de 2014, a las 11:04.

2 Estrategia Nacional para la Prevención y el Control de la Obesidad y la Diabetes. Presidencia de la República- Secretaria de Salud 2013.

3 Diputada Federal María del Rocío Corona Nakamura. Iniciativa de Reforma. Gaceta Parlamentaria año 2013.

4 Diputada Federal María del Rocío Corona Nakamura. Iniciativa de Reforma. Gaceta Parlamentaria año 2013.

5 Diputada Federal María del Rocío Corona Nakamura. Iniciativa de Reforma. Gaceta Parlamentaria año 2013.

6 Diputada Federal María del Rocío Corona Nakamura. Iniciativa de Reforma. Gaceta Parlamentaria año 2013.

7 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Consultado en <http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf >, el 29 de septiembre de 2014, a las 11:11 horas.

8 Íbid.

9 Íbid.

10 Censo General de Población y Vivienda 2012. Inegi. Consultado en http://www.censo2010.org.mx/, el 29 de septiembre de 2014, a las 11:14 horas.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.

Diputados: María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Rafael González Reséndiz.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al coordinador nacional de Protección Civil a agilizar la entrega de los recursos del Fonden a las entidades afectadas por el huracán Odile, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del PAN

El que se suscribe, diputado federal Martín Heredia Lizárraga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil para que agilice la entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales a las entidades federativas afectadas por el huracán Odile, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En días pasados, el huracán Odile ha ocasionado daños relevantes al patrimonio de los habitantes de Baja California Sur y su infraestructura. Se estima pueda provocar algunos más en otras entidades federativas del país, tales como Sinaloa. Diversos medios de comunicación han consignado el retraso que ha tenido la entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para mitigar los daños mencionados, por lo tanto, su servidor ha hecho eco de dicho retraso en diversas declaraciones públicas, por lo que, es necesario exhortar al titular del Fonden para que realice la entrega inmediata de dichos recursos a las entidades federativas afectadas.

Entre otras notas se citan las siguientes:

“Diputados del Congreso de la Unión están preocupados porque no se aplican los Fondos Nacionales para Desastres Naturales o llegan tarde; ahora con “Odile” en Baja California Sur, este estado tendrá todo el respaldo del país y el papel de los diputados en estos casos no es de salir en la foto sino de exigirle al gobierno de la República entregar en tiempo los recursos para casos de emergencia y desastres, dijo el diputado federal del PAN, Martín Heredia, entrevistado al término del desfile militar del 204 aniversario de la Independencia.

Dijo que ellos habrán de apurar a la Secretaría de Gobernación para que apliquen esos recursos con eficiencia y prontitud. El legislador panista criticó el “mundo color de rosa del que habla el presidente Peña Nieto y el de la realidad; si fuera tan eficaz la reforma fiscal de la que habla Luis Videgaray, sobre los ingresos extraordinarios, pues otra sería la situación y el país debería de estar creciendo”.

Martín Heredia dijo que uno de los puntales, las anclas del crecimiento de cualquier país es la obra pública, el ejercicio del gasto público, si no hay esos recursos, obviamente la economía se retrae y eso es lo que está pasando en México; hasta hoy el ejercicio del gasto está a cuentagotas y lo mismos sucede con los dineros del Fonden.

Precisó que Sinaloa no recibe los recursos de los daños del huracán Manuel y ya nos pasó Norbert, Odile y ahora viene Polo; no sólo son recursos para vivienda, sino que las playas del estado están destrozadas.

El diputado panista reiteró en que el papel de los legisladores federales no es llevar despensas, ‘que no es malo’, sino de alzar la voz que las cosas no están viendo en el país y que nos digan la verdad y lo que se requiere para mejorar en muchos problemas de México”

“Sinaloa es una de las entidades federativas que ha sido azolada por la naturaleza durante este sexenio, heladas, sequías, lluvias abundantes, etcétera, han sido causa de que muchos de nuestros productores agrícolas se vean perjudicados en su patrimonio, no se diga de cientos de ciudadanos que han perdido el poco patrimonio con que se contaba, ante eso, el gobierno federal a través del Fonden, que “supuestamente” es el Fondo para Desastres Naturales, el cual teóricamente es “cash” constante y sonante para hacer frente a cualquier emergencia de inmediato.

Pero, por desgracia todavía adolecemos de los daños causados por el huracán “Manuel” el cual, nos pegó desde hace casi dos años y todavía parte importante de los recursos “emergentes” del Fonden, no han llegado todavía hacia las manos que lo requieren.

Hemos tenido otros tipos de contingencias, sin embargo, el Fonden, “no se aparece”, por eso, para el Diputado Federal, Martín Heredia, la llegada de esos recursos le preocupan ya que su arribo a las zonas que se requieren, es tardía y dice que apenas están bajando los recursos del Ramo 23 del presupuesto federal asignado para el 2014, “por ello estamos preocupados” afirma el legislador panista y quien además es el Secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Se queja Martín Heredia, que en Sinaloa todavía no se reciben los recursos para los afectados del huracán Manuel y nuestro estado ya sufrió las embestidas de Norbert y Odile.

El legislador federal, exhorta a que hay que hacer un plan para rescatar a nuestras playas que quedaron destrozadas, porque no solo es un tema -dice- de que se van bien o de atracción turística; es un tema de seguridad.

Afirma que en la zona norte de nuestro estado, la gente huyó de sus casas, “pensaron que el mar se iba a desbordar”.

Afortunadamente para nuestro estado, Martín Heredia es miembro de esta importante comisión en San Lázaro, lo que le permite vigilar y cuidar el paquete económico para el estado, “no así en otros estados donde los recursos se los quitan a discreción”

En razón de las consideraciones vertidas, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil para que agilice la entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales a las entidades federativas afectadas por el huracán Odile.

Dado el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.

Diputado Martin Heredia Lizárraga (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al maíz transgénico, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. Que el maíz es central para la seguridad alimentaria y la cultura de nuestra nación, por tratarse de su alimento básico, que representa 53 por ciento de la ingesta calórica y 39 por ciento de la proteínica que provienen directamente del consumo del maíz.

Segundo. Que el maíz es un producto cultural ya que no puede propagarse solo; representa un proceso histórico alimentario. Los pueblos indígenas mesoamericanos obtuvieron maíz para todo tipo de ecosistemas y para distintos usos, con diversos colores y formas.

Tercero. Que la planta es altamente eficiente; aprovecha bien la energía solar, se pueden obtener hasta 500 millones en una mazorca, los campesinos propician el intercambio y vuelven a sembrar otro ciclo agrícola; para ellos no es una mercancía sino la base de su cultura, su vida y de su alimentación.

Cuarto. Que el sistema tradicional de siembra implica que el maíz vaya acompañado de otros productos, cerca de sesenta, muchos de ellos comestibles, además de los inseparables frijol, calabaza, chile y jitomate. Los suelos no se empobrecen, las plantas colaboran unas con otras y se aprovecha mejor el espacio, la riqueza del suelo y la energía del sol.

Quinto. Que los restos más antiguos que se han encontrado del maíz, su estructura genética y la diversidad de maíces que existen (entre 40 y 60 razas y miles de variedades) demuestran que México es centro de origen y diversidad del maíz. Lo confirma la distribución de maíces llamados criollos y nativos, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

Sexto. Que en noviembre de 2012 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicaron en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se determinan Centros de Origen y Centros de Diversidad Genética del Maíz, mismo que se estableció mediante criterios y métodos con base en información georreferenciada de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), a partir de celdas compuestas por 5 mil hectáreas que definen el maíz observado, el maíz previsto, las vías de comunicación terrestre que unen áreas de maíz observado y maíz previsto; especies de teocintle observadas o previstas y especies de Tripsacum observadas.

Séptimo. Que dentro de la definición de los polígonos de protección se excluyeron las celdas con más de 60 por ciento de superficie de agricultura de riego; las celdas que no están rodeadas por otras celdas con presencia de agricultura de temporal y cultivos de maíz; las celdas en los límites exteriores de los centros de diversidad y las que se encuentran dentro de distritos de riego. Por lo que se refiere a presencia indígena, en las regiones no muestreadas por su difícil acceso según la autoridad se incluyeron celdas donde se encontrara al menos una localidad con presencia indígena con bases en datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD) y ubicadas dentro de un vecindario máximo de dos celdas.

Octavo. Que con base en estos criterios y métodos se decretaron una superficie aproximada de 1, 214, 018.6 de kilómetros cuadrados (km2) por lo que más de 38 por ciento quedó fuera para ser considerado centro de origen y diversidad del maíz. La mayoría de los estados del norte del país fue excluido, así como extensiones importantes en Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Guerrero, Michoacán, Durango y Zacatecas, que en muchos casos coincide con autorizaciones de siembras experimentales e incluso piloto de maíz transgénico, y son los espacios que más interesan a las corporaciones semilleras y agricultores empresariales.

Noveno. Que la visión mercantilista que se tiene sobre el maíz está poniendo en riesgo su riqueza genética mediante procesos violentos de combinación y transferencia de genes de diferentes organismos, que en la naturaleza llevarían millones de años o sencillamente no ocurrirían. Se ha demostrado que los maíces genéticamente modificados son pobres en cualidades y los resultados de la experimentación siguen siendo inciertos, además de propiciar una contaminación entre variedades y ha resultado falso que los transgénicos disminuyen la cantidad de agua empleada, que utilicen menos agroquímicos, que sean más productivos, que ayuden a paliar el hambre y que ayuden a disminuir los efectos de la agricultura en el clima.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a ampliar el acuerdo por el que se determinan centros de origen y centros de diversidad genética del maíz, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de noviembre de 2011, para que se incluya a todo el territorio nacional.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a publicar los acuerdos respectivos para proteger los cultivos nativos que son originarios de México para todo el territorio nacional.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a decretar, de manera definitiva, la prohibición de la siembra experimental o comercial de maíz transgénico en el territorio nacional, así como derogar cualquier permiso previo para el cultivo de maíz transgénico a cielo abierto, experimental o piloto y de comercialización.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a instrumentar un programa específico sobre maíces nativos y producción orgánica, así como a la Secretaría de Economía a promover el etiquetado de productos alimentarios que sean transgénicos o contengan derivados de productos que lo sean.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.

Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres niveles gubernamentales a emprender una campaña de promoción de los destinos turísticos mexicanos; y a la federación, a apoyar los destinos que resultaron afectados por los recientes fenómenos hidrometeorológicos, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, Gabriela Medrano Galindo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde 1980, el 27 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Turismo, con el cual se da por concluida el periodo la temporada alta en el hemisferio norte y comienza en el sur.

En esta fecha, declarada así por la Organización Mundial del Turismo (OMT), se respalda uno de los sectores económicos de mayor importancia, y que representa gran dinamismo en la actualidad a nivel internacional, tanto por su nivel de inversión, participación en la generación de empleo, aportación de divisas, así como su contribución al desarrollo regional.

La importancia del turismo es tal, que representa 9 por ciento del producto interno bruto mundial y genera 1 de cada 11 puestos de trabajo en el mundo.

Pese a ocasionales conmociones, las llegadas de turistas internacionales han tenido un crecimiento prácticamente constante: desde 25 millones en 1950 hasta los mil 87 millones en 2013, y según modelos prospectivos de la OMT, las llegadas de turistas internacionales a escala mundial alcanzarán mil 800 millones en 2030.

La llegada de turistas internacionales aumentó 5 por ciento en 2013, pese al lento crecimiento de la economía mundial, Europa lideró el crecimiento en términos absolutos, habiendo recibido 563 millones de turistas internacionales.

Por regiones de la OMT, las mejores perspectivas para 2014 corresponden a la región de Asia y el Pacífico, seguida de Europa y de América.

En la actualidad, la mayor parte de los viajes se realiza por vía aérea: algo más de la mitad del total de viajeros se trasladan a su destino en avión, y la tendencia es que este tipo transporte crezca a un ritmo ligeramente superior al de transporte de superficie.

Por lo que se refiere a los principales destinos turísticos del mundo, en 2013, se registraron sólo dos cambios en la clasificación de llegadas de turistas internacionales y de ingreso por turismo. En la de llegadas, España (con 61 millones de llegadas) recuperó el tercer puesto, que había perdido en 2010 frente a China (56 millones).

Sorprendentemente, Tailandia entró en la clasificación de los 10 primeros por llegadas ocupando la décima posición, y al mismo tiempo escalo dos puestos en la clasificación de ingresos por turismo colocándose en el séptimo puesto.

Concatenado con lo anterior, Francia sigue ocupando el primer puesto en cuanto a llegadas de turistas internacionales, con 83 millones de visitantes en 2012 (los datos de 2013 no los han hecho públicos), y es el tercer país en cuanto a ingresos por turismo internacional. Los Estados Unidos se sitúan en el primer lugar en ingresos y en segundo lugar en llegadas con 70 millones. España sigue manteniendo el segundo puesto por ingresos del mundo y primero en Europa. China paso a ser el cuarto en número de llegadas y mantiene también el cuarto puesto en ingresos.

Respecto a la demanda turística, la mayoría de los viajes internacionales tiene lugar en la propia región de los viajeros.

Los mercados emisores de turismo internacional se han concentrado tradicionalmente en las economías desarrolladas, sin embargo, muchas economías emergentes, gracias al aumento de los niveles de renta disponibles han experimentado en los últimos años un mayor crecimiento.

Europa continúa siendo la mayor región emisora del mundo, la cual genera más de la mitad de las llegadas internacionales, seguida de Asia-Pacífico (23 por ciento), las Américas (16), Oriente Medio (3) y África (3).

En cuanto a los países que más gastan en turismo internacional, China refuerza su liderazgo, impulsado por una creciente renta disponible, la relajación de restricciones fronterizas y la apreciación de su moneda, por tales motivos el gasto turístico chino en el extranjero se ha multiplicado por diez desde 2000, Estados Unidos y Alemania son los países que ocupan el segundo y tercer puesto respectivamente.

Respecto a nuestro país, según cifras del Panorama OMT del Turismo Internacional, edición 2014, en el rubro de llegadas internacionales en 2013, México recibió 23 millones 700 mil de turistas extranjeros, los cuales dejaron una derrama económica 13 mil 819 millones de dólares.

Confirmando las cifras anteriores, México es hoy el treceavo destino turístico más importante del mundo, lo cual lo hace ser el punto más importante de América Latina y el Caribe, según palabras del presidente Enrique Peña Nieto.

De las llegadas internacionales vía aérea a nuestro país, de acuerdo con su nacionalidad, se observó que los estadounidenses fueron los de mayor participación, con 56.5 por ciento, seguidos de los canadienses, con 15.3, en tanto que de la región de América Latina y el Caribe destacan los brasileños, con 2.1.

Según el estudio Viajes y turismo: impacto económico 2014, México, en 2013 el sector turismo mantuvo 3 millones 180 mil puestos de trabajos directos, lo cual representó 6.4 por ciento del empleo, para este año se espera un crecimiento de 3.5 por ciento, con el único y claro objetivo de alcanzar los 3 millones 291 mil empleos.

En 2013, el sector turístico de México conservó siete millones 23 mil 500 espacios laborales indirectos, y para el presente año se prevé que aumente 2.6 por ciento, para lograr alcanzar 7 millones 209 mil.

Según la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, en la actualidad el turismo representa 8.4 por ciento del PIB en México, y agregó que es el cuarto sector económico generador de divisas tras los ingresos del petróleo, las remesas de migrantes y la industria automotriz.

No cabe duda de que al hablar de turismo en México tenemos que tocar la importancia de Cancún, destino que en las últimas décadas ha tomado un gran auge, sobre todo en las preferencias del turismo internacional, gracias en gran parte a su cercanía geográfica con Europa y Estados Unidos, a sus hermosas playas azul turquesa y a ruinas arqueológicas inmersas en la espesura selvática, sin olvidar los cenotes que atraen a miles de fanáticos del turismo extremo y de aventura.

En los últimos ocho meses, Cancún ha recibido a 4.5 millones de turistas, lo cual lo coloca por encima de países como República Dominicana, Cuba o Jamaica; esto, según el director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún, dicho destino turístico está por encima de cualquier destino de nuestro país en cuanto a número de vuelos y de turistas.

Por lo mencionado, la importancia del turismo para la economía mexicana es indudable, sus beneficios se reflejan en ser una industria que genera empleos y un factor importante para la detonación del desarrollo regional.

En este contexto y destacando el lema del Día Mundial del Turismo de este año, “Turismo y Desarrollo Comunitario”, se pone de relieve el potencial del turismo para promover nuevas oportunidades para las comunidades en todo el mundo, así como la importancia de la participación comunitaria en la promoción del desarrollo del turismo sostenible.

Para concluir, cito al secretario general de la OMT Taleb Rifai: “Cada vez que viajamos, usamos el transporte local en un destino turístico o compramos un producto en un mercado local, estamos contribuyendo a una larga cadena de valor que crea empleo, proporciona medios de vida, empodera a las comunidades locales y abre nuevas oportunidades para un futuro mejor”.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente, en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, a las autoridades de los tres niveles de gobierno a emprender una intensa campaña de promoción de todos los destinos turísticos mexicanos para detonar la economía. A su vez, se hace un llamado a la federación para apoyar a los destinos turísticos afectados por los recientes fenómenos hidrometeorológicos y puedan recobrar en el corto plazo su capacidad e infraestructura turísticas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.

Diputada Gabriela Medrano Galindo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para solicitar que se incrementen las medidas de seguridad y protección de los ductos de Petróleos Mexicanos, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y María Fernanda Romero Lozano, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y María Fernanda Romero Lozano, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 19 de septiembre, el director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin compareció ante la Cámara de Diputados con motivo del segundo informe de gobierno. Entre los temas mencionados en dicha comparecencia, salió a relucir el problema de la toma clandestina de hidrocarburos que se ha dado a lo largo y ancho de la República mexicana.

Las tomas clandestinas se realizan interceptando un punto a lo largo del ducto que transporta los hidrocarburos, extrayéndolos por medio de mangueras y depositándolos en recipientes de diferentes capacidades para luego venderlos en el mercado negro.

Se declaró que de enero a agosto de este año, el volumen de combustible sustraído ilegalmente llegó a los 7.5 millones de barriles, significando pérdidas para Pemex que ascienden a los 15 mil 300 millones de pesos. Tomando en cuenta que lo que se roba de manera directa a Pemex, se le roba indirectamente al pueblo de México, esta cifra es aberrante.

Además del enorme menoscabo patrimonial, de la afectación económica, y de la vulneración a la seguridad de los trabajadores de Pemex; nos encontramos con el todavía más importante problema del deterioro ambiental que este delito implica.

Muchas veces los ductos no son sellados de manera correcta después de la sustracción clandestina del combustible. Según las cifras presentadas, este año Pemex clausuró un total de 2 mil 745 tomas clandestinas, de las cuales 321 fueron encontradas no herméticas, dando lugar a derrames significativos en varios estados de la República. Estos derrames tienen un impacto ambiental negativo muy alto en las zonas colindantes causando deterioros abismales tanto en el medio ambiente como en la salud de las personas que habitan cerca de las zonas de impacto.

Ejemplos de estos derrames son la fuga e incendio de gas natural ocurrida en Amozoc, Puebla; el derrame de diesel en Huimanguillo, Tabasco; el derrame de combustible en Rio San Juan, Nuevo León (cuya reparación, por cierto, ascendió a los 150 millones de pesos); por nombrar algunas.

Las cifras presentadas en la comparecencia indican que hay una tendencia al alza en cuanto a la comisión de este delito, lo cual es muy preocupante.

Se hizo mención de las medidas que Pemex ha adoptado para contrarrestar esta situación, entre ellas se menciona una iniciativa para modificar el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal de Delincuencia Organizada y la Ley de Extinción de Dominio para prevenir y penalizar el mercado negro de combustibles, y aumentar las penas atribuibles a la comisión del delito de toma clandestina de hidrocarburos; la implementación del Sistema Supervisorio de Control y Adquisición de Datos (que permite el control y monitoreo del sistema de transporte del gas natural y gas licuado) aunque este sólo esta implementado en 47 ductos; la creación de una unidad especializada en investigación de delitos cometidos en contra del patrimonio de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios; el establecimiento de convenios de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina para dar seguridad a los ductos; y la reestructuración de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica.

Sin embargo, tomando en cuenta la cantidad de barriles que son extraídos ilegalmente, el monto de recursos económicos robados, el menoscabo al medio ambiente, el riesgo al que se expone a los trabajadores de Pemex y a los habitantes de zonas circundantes a los derrames, entre otros factores relevantes, consideramos que estas medidas deben ser reforzadas.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a Petróleos Mexicanos a colaborar junto con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para crear programas cuyo objetivo sea frenar y disminuir el daño ambiental causado por los derrames de hidrocarburos;

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que, junto con Petróleos Mexicanos, se creen programas para asistir a las personas que residan cerca de las zonas de impacto para prevenir y, en su caso, tratar las enfermedades que padezcan por causa de dichos derrames.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina, junto con Petróleos Mexicanos, a crear un sistema de patrulleo eficiente y eficaz para la protección y monitoreo de la totalidad de los ductos que transportan hidrocarburos a lo largo del país. Dicho sistema deberá estar activo los 365 días del año.

Cuarto. Se exhorta a Petróleos Mexicanos a que implemente en la totalidad de los ductos que transportan hidrocarburos, el sistema supervisorio de control y adquisición de datos (que actualmente opera solo en 47 ductos). Dicho sistema deberá estar activo las 24 horas, los 365 días del año.

Quinto. Se exhorta a los Gobiernos de los Estados a colaborar con Petróleos Mexicanos y las Secretarias respectivas, y facilitar la realización de las medidas adoptadas para erradicar la comisión de este delito y para reducir el impacto ambiental que viene como consecuencia colateral del mismo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos y a los congresos locales a armonizar su legislación civil en materia de adopción plena, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Elvia María Pérez Escalante, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con fecha 10 de abril de 2014 presenté ante esta asamblea una proposición con punto de acuerdo, que se publicó en la Gaceta Parlamentaria número 4008-V, del jueves 24 del mismo mes.

La proposición se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez y a fin de evitar su desechamiento con base en el artículo 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, fue retirada oportunamente por la suscrita.

No obstante, he considerado que el objeto de la propuesta sigue vigente y, por tanto, solicito la aprobación de esta soberanía, con base en las consideraciones siguientes:

Que con fecha 21 de febrero de 2013, ante el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se aprobó con 422 votos a favor la minuta recibida por la Cámara de Senadores el 6 de septiembre de 2011 que contiene proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de adopción plena, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2013.

Que en sesión celebrada el 23 de abril de 2013, el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó con 450 votos a favor el proyecto de decreto presentado por la Comisión de Justicia que reforma los artículos 86, 87, 133, 292, 395 y 1612; y deroga el 88,157, 295, 394, 1613 y 1620 del Código Civil Federal que elimina la figura de “adopción simple” y “parentesco civil”.

Que con fecha 12 de noviembre de 2013, la Cámara de Senadores aprobó con 98 votos a favor la minuta enviada por la Cámara de Diputados que reforma los artículos 86, 87, 133, 292, 395 y 1612; y deroga el 88,157, 295, 394, 1613 y 1620 del Código Civil Federal que elimina la figura de “adopción simple”; la reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2013, con lo cual cobró vigencia a escala federal.

Que en virtud de esta reforma, la figura de la adopción simple quedó derogada, reconociendo la adopción plena como figura jurídica por medio de la cual el hijo adoptado queda en igualdad de derechos respecto a los descendientes consanguíneos.

Uno de los propósitos de esta reforma del Código Civil Federal es instituir de manera general y definitiva la denominada “adopción plena” y, con ello, extender y sistematizar los vínculos, los derechos y los deberes propios de relaciones entre padres e hijos.

Otro de los propósitos consiste en garantizar al adoptado su incorporación integral y absoluta a la familia del adoptante, reconociéndole los mismos derechos y deberes de un hijo consanguíneo.

Se buscó instituir un instrumento legal útil que realmente pone al servicio de la sociedad soluciones justas con sustento en los derechos humanos, en la culminación de un procedimiento de derecho familiar que ha sido considerado un complejo problema social.

El reconocimiento de la adopción plena ahora establece los vínculos de filiación que hacen posible la integración total y definitiva en el núcleo familiar de niños o de adolescentes como si se tratara de un descendiente consanguíneo, con los mismos derechos y deberes que a éstos correspondan, no únicamente frente a sus adoptantes sino, también, frente a la familia y, en general, el núcleo social de su ámbito de convivencia y el de la sociedad en general.

Entre las razones de esta reforma se encuentra el hecho de que se estima que la adopción plena es la más conveniente al interés superior del menor.

La adopción simple ha representado un procedimiento de mayor facilidad en la tramitación en algunos estados y por ello se buscaba transitar por esta vía, aún y cuando que esto representa una menor protección legal para el adoptado.

Por tal motivo conviene uniformar los criterios en las legislaciones locales para contar con tipos de adopción iguales y procedimientos similares, incluso se menciona la creación de un único modelo de adopción en todas las entidades federativas, para asegurar un mejor desarrollo social y humano en la familia mexicana.

Por todo lo expuesto considero oportuno, conveniente y útil que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión apruebe y expida este punto de acuerdo para exhortar muy respetuosamente a los gobiernos y los estados estatales a armonizar su legislación civil en materia de adopción plena.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos y a los congresos locales a armonizar su legislación civil en materia de adopción plena.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.

Diputada Elvia María Pérez Escalante (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y a otras autoridades de Chihuahua sobre la excesiva contratación de deuda pública de la entidad y el ejercicio, el destino y la aplicación de los fondos obtenidos de ella, suscrita por los diputados Rocío Esmeralda Reza Gallegos y Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del PAN

Rocío Esmeralda Reza Gallegos y Carlos Fernando Angulo Parra, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, 68, numeral 1, 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, 97, numeral 1, y 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobernador de Chihuahua y a otras autoridades sobre la excesiva contratación de deuda pública de esa entidad y el ejercicio, destino y aplicación de los fondos obtenidos de la misma, conforme a las consideraciones siguientes:

I. El servicio público es una de las labores más honorables y dignificantes a las que el ser humano se puede dedicar si las realiza con verdadera vocación y diligencia. A través de su desempeño, se puede beneficiar a las personas, concretamente a las más vulnerables y necesitadas de la sociedad, así como promover la dignificación de la vida y la generación del bien común.

Desgraciadamente, el gobernador del estado de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, no comparte esta concepción, sobre todo en lo relativo al ejercicio responsable de las finanzas públicas, particularmente en los riesgos que entraña la deuda pública. La situación en la presente administración estatal es delicada. Se habla de actos de corrupción, ocultamiento de información y de obras públicas inexistes.

La megadeuda de Chihuahua, la megadeuda de Duarte,1 representa uno de los peores fraudes contra la administración pública en el país, debido a las cantidades exorbitantes de recursos dejados a la deriva porque su aplicación o destino se desconoce.

Mientras, el gobernador Duarte no ha sido capaz de reducir la ya de por sí grande deuda pública heredada, o siquiera de mantenerla igual, sino que después de un poco más de la mitad de su sexenio la deuda pública de la entidad ha crecido tres veces sin que tan nefasta irregularidad se vea reflejada en beneficios que los chihuahuenses de toda la entidad requieren y urgen por parte de su gobierno.

En efecto, sin duda alguna Chihuahua es hoy el caso emblemático de México en materia de sobreendeudamiento, ya que durante los casi cuatro años de la gestión del gobernador Duarte, la deuda en la entidad prácticamente se triplicó, al pasar de 13 mil 261.3 millones de pesos en octubre de 2010, a 41 mil 603.7 millones de pesos en diciembre de 2013, de acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del gobierno federal. El monto es preocupante ya que la deuda de Duarte se incrementó en tan sólo 3 años hasta en 28 mil 342.4 millones de pesos.

Aunque el secretario de Hacienda del gobierno del estado, Jaime Herrera Corral, ha declarado que en estos cuatro años el gobierno del estado “sólo se endeudó ” por poco más de 4 mil millones de pesos, lo cierto es que César Horacio Duarte Jáquez recibió en septiembre de 2010 una deuda de 13 mil 261.3 millones de pesos y en febrero de ese año la SHCP reportó el crecimiento de los pasivos de Chihuahua hasta un 79 por ciento.

En 2010 los pasivos estatales representaban cien por ciento de lo que son sus participaciones federales (principales ingresos de los estados), pero para 2014 la proporción alcanzó niveles de hasta 280 por ciento. Insostenible para cualquier entidad o individuo.

A ese ritmo, la deuda superará los 42 mil millones de pesos que pagarán los contribuyentes más allá del sexenio del gobernador Duarte; casi nueve mil millones de pesos más que la deuda registrada en Coahuila durante el gobierno del mal afamado priista, Humberto Moreira, en 2011. Es de todos conocido el caso de este exgobernador que hundió en la peor crisis económica, política y social a su estado durante su mandato.

Analistas de destacadas organizaciones e institutos, como el Instituto Mexicano para la Competitividad, han calificado como preocupante que la deuda de Chihuahua haya crecido a una tasa anual de casi 10 por ciento, cuando la economía mexicana apenas ha avanzado 2.47 por ciento este año. Esto quiere decir que la deuda crece cinco veces más rápido que el producto interno bruto (PIB). Pasó de representar 0.7 por ciento del PIB estatal en 2001 a 4.9 por ciento en 2012, colocándose como uno de los estados que más incrementó su nivel de endeudamiento.2

El gobierno estatal ha contraído una deuda que hace inviable la actual administracion.

II. El martes 2 de septiembre de 2014, el secretario de Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua reconoció que el total de obligaciones financieras estatales ascienden a 41 mil 603.7 millones de pesos, o sea, coincide en lo general con lo señalado por la SHCP. De esta cantidad, corresponden 25 mil 163.2 millones a la deuda del gobierno de Chihuahua y 15 mil 157 millones al fideicomiso de bonos carreteros.

A pesar de que el dato del pasivo de casi 42 mil millones de pesos fue publicado en el reporte anual de la SHCP, el gobierno de Chihuahua inmediatamente salió a desmentir la cifra y rechazó el endeudamiento que “con gran dolo” se le adjudicó.

Según el gobierno de Chihuahua, ese monto tiene incluidas deudas que no son suyas sino de los municipios y fideicomisos y que no son débitos, pues los pagan los ciudadanos y concesionarios. Tampoco tiene empacho en echarle la culpa a la oposición de las acusaciones en torno a la deuda, olvidando que existen otros organismos que hablan de lo mismo, asi como que desde la entraña de su propio gobierno sale informacion similar.

Ante esta serie de declaraciones y desmentidos, organizaciones de la sociedad civil de Chihuahua han solicitado a la Secretaría de Hacienda estatal la presentación de información y documentación que permita conocer la realidad del endeudamiento y, en su caso, deslindar responsabilidades.

Sin embargo, el secretario de Hacienda estatal, Jaime Herrera, trató de explicar, verbalmente y sin documento alguno que sustentara su dicho, que la deuda del estado es de 19 mil 921 millones de pesos y que la mayoría de ese monto se heredó de “administraciones pasadas”. Sin embargo, no ha detallado el monto total de la deuda que tendrán que pagar los chihuahuenses, ni en qué se han empleado los recursos; situación que ha generado una serie de suspicacias entre la sociedad organizada.

Aquí es donde inicia un largo y sinuoso laberinto recorrido de cifras y argumentos para detallar el origen de la deuda y su incremento exacerbado.

Los pasivos heredados al finalizar la administración de Reyes Baeza, eran de 12 mil millones y fracción, más la deuda de 3 mil millones no registrada (en la versión oficial), más otros 3 mil millones por el costo financiero total de estos pasivos, se alcanzarían los 18 mil millones. A ésta cifra se sumaron los adeudos a proveedores por 10 mil millones más. En total, un déficit financiero, que no fue denunciado en su momento, por 28 mil millones de pesos y que constituyen lo que ya se llama coloquialmente El Boquetazo.

Pero también se ha dicho que la mayor parte de la deuda es por otras gestiones; que corresponde a sexenios anteriores; que más de tres mil millones eran “deuda no registrada” por el exgobernador José Reyes Baeza Terrazas, los cuales correspondían a principalmente en pasivos a proveedores, pagos atrasados a cadenas productivas, cuentas por pagar, adeudo de programas, entre otras, que no se hicieron públicos en su momento.

También se ha dicho que se atribuye una cantidad de deuda que en realidad corresponde a municipios, sin especificar cuáles ni por qué monto, de organismos descentralizados, sin especificar cuáles, su monto ni motivos de la misma y el fondo carretero, derivado de la emisión de bonos cotizados en bolsa, cuya fuente de pago es el ingreso proveniente del flujo carretero, pero que supuestamente no cuentan como deuda, dizque se trata de cupones cero.

Pero no se atreven a llamarla por su nombre: se llama deuda, y su verbo es “deber”. La supuesta “inexistente” deuda para el gobierno de Duarte, aunque la niegue, es un pasivo real que tenemos que pagar todos los chihuahuenses. Los números son contundentes. El gobierno de Chihuahua está endeudado y endeuda a las futuras generaciones. Pero en esas suposiciones, danza de números, dimes, diretes y forzadas clasificaciones de la deuda, el común de los ciudadanos no alcanza a tener una comprensión sencilla y cabal de las cosas, y parece que ese es precisamente el propósito: aparentar que se informa para desinformar.

Las preguntas siguen en pie entre la ciudadanía chihuahuense ¿Dónde están los 22 mil millones de pesos que restan de la deuda de casi 42 mil millones de pesos reportados por la SHCP? ¿Quién se responsabilizará de los 19 mil 900 millones de pesos endeudados, que tienen comprometidas las participaciones federales, es decir, recursos federales que se entregan al gobierno estatal para financiar obras y proyectos públicos? ¿Qué se ha hecho con los miles de millones de pesos entregados por la federación y otros que se han obtenido vía créditos bancarios?

Esto es lo que tienen que aclarar José Reyes Baeza y César Duarte; además, hay que señalar que la presente administración emitió nuevos bonos carreteros por cerca de 15 mil millones de pesos, de los cuales el gobernador Duarte está pidiendo que no se consideren como deuda, porque oficialmente “no se deberían tomar en cuenta”, es decir, trata de esconder bajo ciertos rubros lo que es deuda. Por ello sostiene que el monto adeudado es mucho menor, pues las estimaciones incluyen una serie de fondos carreteros que no deberían considerarse deuda pública. Es decir, sigue pidiendo no tomar en cuenta las emisiones bursátiles garantizadas con los flujos carreteros que datan de 2013, precisamente ya durante su gobierno. Dichas emisiones son deuda, digan lo que digan; son obligaciones y se deben de pagar, porque son deuda del estado de Chihuahua contraída en este sexenio. Tan sencillo como que el mismo nombre, “Instrumentos de Deuda”, es como se le conoce a esas emisiones bursátiles.

El fideicomiso carretero, asciende, según Herrera Corral, a 15 mil 157 millones de pesos. Prácticamente todo este monto se contrató en la administración de Duarte: 14 mil 783 millones de pesos tan sólo en 2013. De esa cantidad, alrededor de 5 mil millones se utilizaron en amortizar una deuda de bonos anteriores. Pero quedaron más de 10 mil millones. Entonces surge otra gran interrogante: ¿a dónde se fue ese dinero?

Aunque lancen cortinas de humo diciendo que no es deuda y que está garantizado su pago por el flujo de las autopistas del estado, lo que es importante aquí, y que no se ha aclarado, es saber a dónde se fueron esos miles de millones de pesos de los bonos carreteros. ¿A obra y a inversión pública, como señala la ley?, lo cual no es creíble ni posible, pues según los propios informes del gobierno del estado de Chihuahua, las cifras de inversión y obra pública son menores a las de financiamientos .

En 2011 el gobierno del estado destinó 3 mil 924 millones de pesos a inversión y obra pública y tuvo un financiamiento de 5 mil 473 millones: en 2012, la inversión y la obra pública se llevaron 6 mil 473 millones de pesos, pero hubo un financiamiento de 6 mil 804 millones, y en 2013, la diferencia fue descomunal, pues en inversión y obra pública se aplicaron 7 mil 315 millones y, sin embargo, el financiamiento fue de 12 mil 420 millones de pesos.

Esos tres años el gobierno del estado invirtió e hizo obra pública por 17 mil 772 millones de pesos, pero recibió financiamientos por 24 mil 697 millones de pesos. ¿A dónde se fueron los restantes 6 mil 925 millones de pesos? ¿A gasto corriente? Esperamos que no porque la ley lo prohíbe. ¿A dónde? Las obras están detenidas o inconclusas en varias regiones del estado y se mantienen condiciones de administración apenas para mantener a la burocracia. Ya no hay dinero, la Ciudad Judicial está detenida. Se han gastado los miles de millones que ahora debemos los chihuahuenses y que nos cuestan.

Por ello el gobernador Duarte ha tenido que lidiar al mismo tiempo, con la imagen de despilfarrador de recursos públicos, endosada por una parte de la ciudadanía que se pregunta dónde están las obras de infraestructura que el gobierno estatal ha dicho que se construyeron con el endeudamiento. El estado no ha tenido un despunte como la misma administración estatal lo comenta, la economía sigue atorada, no se ha diversificado, los problemas sociales siguen latentes. Son situaciones que verdaderamente nos preocupan y el gobierno de Duarte ha desentendido.

Pero tanto la administración estatal como el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, han ignorado la demanda de organizaciones de la sociedad civil y periodistas que exigen conocer en qué se han empleado estos recursos, quién autorizó el endeudamiento y qué instituciones bancarias han sido beneficiadas con una deuda que pagarán las futuras generaciones de chihuahuenses, más allá del presente sexenio. Para las organizaciones de la sociedad civil el problema no es sencillo, ni se resuelve con simples declaraciones.

Por todo esto César Horacio Duarte Jáquez ha estado muy ocupado en tratar de esconder o disfrazar, a través de la Secretaría de Hacienda del estado, los montos de una deuda pública comprometida. Implora a la cuidadanía actos de fe y buena voluntad, en lugar de salir y mostrar información clara que muestra cómo ha crecido estrepitosamente la deuda estatal.

Aun así, y pese a la contabilidad creativa que pretende minimizar el impacto de estos enormes pasivos, lo cierto es que hay un problema en el control de la deuda que estrangula las finanzas estatales y por ende la estabilidad social. Crecer de prestado es una tentación fácil pero hueca; tarde o temprano se tendrá que pagar, renegociar pasivos, modificar reglas de endeudamiento, alinearse a criterios nacionales en la materia y lo que es peor, aplicar mas políticas emergentes de austeridad. Todo ello con un alto costo socioeconómico: suprimir la prosperidad de los cuidadanos.

Otro problema con la deuda de Duarte es que la entidad no tiene capacidad recaudatoria, es dependiente en más de 90 por ciento de las participaciones y aportaciones que hace el gobierno federal, de ahí que su endeudamiento creciente se convierta en un problema. La aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y sobre todo el endurecimiento de los criterios de la banca comercial para mantener a raya los excesos presupuestarios de los estados, deben ser de los primeros pasos para evitar que nuestro estado se vaya al precipicio financiero y, con él, los ciudadanos.

La deuda debió seguir el principio de prudencia fiscal o “regla de oro” y utilizarse solamente para financiar gasto de inversión socialmente rentable, con su propia fuente de pago, que al aumentar la productividad de los proyectos aumenta el producto de la economía, lo que genera mayor recaudación con la que se puede pagar el servicio de la deuda incurrida. También implica que el gasto corriente (salarios de burócratas por ejemplo) debe pagarse solamente con los ingresos corrientes y nunca con endeudamiento. Pero lo que ocurre actualmente es que esta “regla de oro” no se ha respetado y esto se traduce en un problema.

Durante los últimos años el gobierno del estado se ha endeudado para cubrir gastos corrientes y no necesariamente para realizar inversiones socialmente deseables o útiles, con lo cual se esfuma la promesa de pago de la deuda y esto es lo que la ha convertido en una “bomba de tiempo”.

III. El caso es que un asunto que debiera ser técnico, se ha manchado con política teñida, sellada con fuego amigo. La batalla que sostienen el gobernador César Duarte y el exgobernador Reyes Baeza, como también lo es la batalla de la administración estatal contra la SHCP por la forma de registrar la deuda de los estados, que nos coloca en tercer lugar en números absolutos y en primer lugar per cápita.

Apenas concluida la presentación de Jaime Herrera Corral, César Duarte declaró en un evento aparte, que “no buscamos ni buscaremos el conflicto político, porque si el conflicto político resolviera la deuda, sería el primero al frente; pero podemos permanecer tranquilos, yo no endeudé a Chihuahua y sí tenemos resultados”.

El gobernador Duarte molesto, retó a quienes sostienen que la deuda de Chihuahua es tres veces mayor a la que recibió de José Reyes Baeza Terrazas, a debatir con él sobre el tema, cuando se sabe que la única información que en este sentido maneja César Duarte y la Secretaría de Hacienda estatal, está perfectamente oculta y ningún otro ser humano tiene acceso a los datos reales que en este sentido privan. En respuesta a lo descubierto por el gobernador Duarte, el exgobernador José Reyes Baeza Terrazas envió una carta para negar de forma tajante que haya dejado a la actual administración una herencia de cobros por realizar y retó a la misma a probar sus dichos.

En el fondo, este conflicto es por la hegemonía política al interior del propio partido en el poder y que se va a ir definiendo con las nueve candidaturas a diputados federales que se constituyen en antesala de un hecho importante: la vertiginosa caída de Duarte.

IV. Los hechos antes descritos generan responsabilidades de diverso tipo, que abajo describimos, a cargo del gobernador y del exgobernador, atendiendo a lo establecido en los artículos 178 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y 109 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

1) Penal

a) Por el incumplimiento por parte de los servidores públicos a la obligación de denunciar , dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal, delitos de que tengan conocimiento en el ejercicio o en ocasión de sus funciones y los que cometan sus subalternos. Hipótesis establecida en los artículos 214, 215 y 217 del Codigo de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua,3 así como en el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales.4 En este caso hablamos de no haber denunciado los delitos cometidos por el exgobernador José Reyes Baeza Terrazas, que son: El Uso Ilegal de Atribuciones y Facultades y Peculado. Delitos normados en los artículos 261 y 270 del Codigo Penal del Estado de Chihuahua5 y en los artículos 217, fracción III y 223, fracción I, del Código Penal Federal.6

b) Por la comisión del delito de Ejercicio Ilegal del Servicio Público, normado en la fracción IV del artículo 253 del Codigo Penal del Estado de Chihuahua7 y el Ejercicio indebido de Servicio Público, normado en el artículo la fracción IV del artículo 214 del Código Penal Federal.8 En estos casos se le imputarían al gobernador los delitos por haber ocultado indebidamente la información sobre la situación en la que se encuentra la deuda pública del estado, tanto en su administración, como en la del exgobernador Reyes Baeza; documentación de su custodia, a la cual tiene acceso y conocimiento en virtud de su encargo.

c) Por el delito de Encubrimiento por Favorecimiento normado en las fracciones II y III del artículo 316 del Código Penal del Estado de Chihuahua9 y por las fracciones I y II del artículo 400 del Código Penal Federal.10

2) Administrativa

Por el incumplimiento de las obligaciones que como servidor público debe observar para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su encargo, dando lugar a la instrucción del procedimiento administrativo correspondiente, en los términos del artículo 23 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua; el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el artículo 47 de la Ley Federal Responsabilidades de los Servidores Públicos.

3) Política

Mediante juicio político seguido en los términos de los artículos 181 de la Constitución Política del Estado y 109, 110 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua y los mismos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que como servidor público, claramente sus actos y omisiones han redundado en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho. En concreto por la infracción a la Constitución federal, local y a las leyes federales, estatales y municipales, causando daños a la federación y perjuicios graves a las arcas del estado, la de los municipios y la de la sociedad, además de los trastornos en el funcionamiento financiero normal de sus instituciones.

4) Civil o patrimonial

Por los actos y omisiones que han lesionado el patrimonio público, en los términos de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Chihuahua y por el pago de daños y perjuicios causados, en los términos de los códigos civiles estatal y federal.

V. Lamentablemente, este episodio será uno de lo más vergonzosos en la historia de la administración pública del país. Pero en el estado de Chihuahua, con César Duarte a la cabeza, no se ha movido un solo dedo, ya no digamos para hacer justicia, sino para explicar al menos el origen del fraude. En Chihuahua, como en la gran mayoría de los estados del país, no existe una verdadera separación de poderes, por lo que no se requiere de mucho oficio político para que el Congreso avale los caprichos legislativos del gobernador; apruebe de forma positiva los resultados de la cuenta pública, así como las solicitudes de endeudamiento que realiza el gobierno del estado. Al mismo tiempo, el gobierno estatal difunde información poco clara o esconde completamente sobre los créditos solicitados. Lo que se ha hecho mucho es tratar de acreditar la inocencia que ha pregonado, sin éxito hasta el momento, el gobernador Duarte.

En este caso, que tanto ha indignado a la población, la omisión de las autoridades ha sido más que elocuente, pues nada se ha hecho al respecto, por el contrario. Pareciera que le apuestan al olvido con el simple paso del tiempo, que le apuestan a que la sociedad chihuahuense se doblegue ante este acto de impunidad por parte del gobierno estatal.

Aunque existen opiniones encontradas entre la SHCP y la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal, nosotros lo que vemos aquí es una gran falta de transparencia y no vemos a las instituciones que deben estar trabajando en eso, como son la Auditoría Superior del Estado, y la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Chihuahua, habría que analizar la implicacion que tienen ambos.

En la Auditoría, su titular ocupa el cargo desde diciembre de 2011 luego de despeñarse como director financiero de la Junta Central de Agua y Saneamiento. Su designación por el gobernador Duarte fue cuestionada por organizaciones de la sociedad civil y avalada por un Congreso de mayoría priista. Eso le quita posibilidades de hacer un trabajo de fiscalización más comprometido con la neutralidad, que es una de las principales carencias que se tienen en el estado de Chihuahua. Su presencia en las reuniones y presentaciones que encabeza el secretario de Hacienda pone en duda la imparcialidad y autonomía de la Auditoría, cuando en todo caso debiera informar o hacer presencia en el propio Poder Legislativo. Por ello es presumible la parcialidad y la falta de neutralidad de la Auditoría Superior del Estado.

De César Horacio Duarte Jáquez hemos visto cómo se placea, invierte y vive la fiesta acompañado de artistas, bebidas y todo tipo de lujos inimaginables para quienes habitan en la Sierra Tarahumara, donde duelen los contrastes de un gobierno que no se preocupa por las cuestiones que le duelen al estado; un gobernante que tiene un gobierno opaco y que nunca se le ha citado para declarar. Exhibe fotografías demostrando su entrenimiento como si la deuda contraída en su administración fuera menor o se hubiese ya olvidado; mientras, los chihuahuenses pagan con intereses la megadeuda contraída, en su mayor parte, por su administración. La cuidadanía ve a un gobernante que despilfarra los recursos de su pueblo, ve en la administración de Duarte más derroche que programas definidos para el desarrollo del estado.

Como oposición observamos a un gobernante arrogante, un gobernante que pareciera que olvidó para lo que fue electo. Que sólo piensa en el breve instante que dura en su cargo y no tiene incentivos para planear y considerar horizontes de largo plazo. Actitudes como estas son precisamente las que la sociedad chihuahuense repugna y exige a sus autoridades se actúe en consecuencia con la aplicación de la ley, de manera clara, precisa e imparcial como sucede con cualquier ciudadano.

VI. La impunidad es uno de los lastres más penosos que enfrenta nuestro país. Constantemente vemos en los medios de comunicación las actuaciones irregulares de servidores públicos que manejan los recursos públicos como si fueran propios, sin que reciban alguna sanción por ello.

Para erradicar ese mal tenemos que actuar en consecuencia, castigando a los funcionarios públicos corruptos e irresponsables, independientemente del partido al que pertenezcan, ya que han sido electos o designados para trabajar en favor de la ciudadanía y no para lucrar con ella.

Es nuestro derecho saber si la deuda de Duarte fue contraída de manera fraudulenta.

Por ello es que pedimos que incansablemente se investigue y se llame a declarar.

Por eso, venimos a solicitar que estos atropellos a la hacienda pública no queden en el olvido.

Los chihuahuenses exigimos que nos digan dónde está ese dinero y a qué se destinaron esos recursos, así como que se investigue y castigue a los funcionarios estatales involucrados en los periodos 2004-2010 y 2010-2016, durante el mandato del exgobernador José Reyes Baeza Terrazas y el actual gobernador Cesar Horacio Duarte Jáquez.

En este orden de ideas surge la clara exigencia cuidadana de rendir cuentas.

Para ello presentamos este punto de acuerdo en donde exhortamos a la Auditoría Superior de la Federación, a la Procuraduría General de la República y a la SHCP, a iniciar un proceso de investigación al gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jácquez, para que se cotejen las cifras de Reyes Baeza, las del propio gobernador y las de la SHCP y, en su caso, responda por los posibles delitos que se le imputan como presunto autor o autores del fraude financiero en la entidad.

Eso demandan los chihuahuenses, la aplicación imparcial de la ley y castigo a quienes nos han sumido en una deuda histórica que no terminaremos de pagar en muchos años.

Que la aplicación de la ley no sea selectiva, sino imparcial como en cualquier estado de derecho.

Que haya transparencia para que la ciudadanía conozca cómo se está endeudando al estado.

Que las y los ciudadanos tengan información plena del uso que se da a la deuda y las razones de su incremento.

Lo que no debemos permitir es que siga sin solventarse la gran deuda que este gobierno tiene con la ciudadanía chihuahuense: la deuda de la transparencia.

Queremos que se implementen medidas urgentes para detener el sobre endeudamiento público del estado, pero no sólo con medidas fiscales que lo eviten y combatan a través de limitaciones expresas que incluso ya existen en la Ley General de Deuda Pública, sino también a través de un proceso penal para inhibir y castigar severamente esta práctica lasciva por parte de quiene tiene a su cargo la utilización y disposición del erario público.

Es realmente urgente combatir el problema desde la visión normativa penal para castigar la conducta de sobre endeudamiento público. No es posible que cualquier funcionario público de cualquier orden de gobierno sobre endeude su entidad, sus habitantes, de manera irresponsable, sin asumir consecuencias de derecho, consecuencias que verdaderamente resulten ejemplares e inhibitorias.

Debemos evitar que el gobierno siga contrayendo obligaciones y empréstitos sin destinarlos a inversiones públicas productivas.

La sociedad chihuahuense, y dentro de ella los contribuyentes, exigen una respuesta del porqué la tardanza para informar a detalle y con oportunidad, ya que después de cuatro años de gobierno, la presente administración se ha caracterizado por su opacidad superlativa. De esta opacidad e ineptitud, resulta luego El Boquetazo que sin éxito trató de desvirtuar el gobernador Duarte, aduciendo “que no estuvo enterado del mismo antes del 1 de octubre de 2010”.

Duarte y Herrera tienen gran temple para mentir, pero carecen de valor para presentarse ante la sociedad chihuahuense y explicar la deuda del estado, para destapar las cloacas que esconde el endeudamiento.

No cederemos ni un milímetro para exigir cuentas claras al gobierno estatal, a fin de evitar que los chihuahuenses sigan pagando miles de millones de pesos y la hereden a las futuras generaciones. No quitaremos el dedo del renglón para conocer el origen del endeudamiento público y quiénes se han beneficiado con él, en un estado que ostenta el lugar número 29 de 31 entidades federativas en materia de transparencia y rendición de cuentas.

VII. De lo anterior expuesto, se desprenden las siguientes:

Consideraciones

1. Que las obligaciones financieras del gobierno del estado de Chihuahua ascienden a más de 41 mil millones de pesos, incluyendo el fideicomiso carretero. Por lo que todo es deuda, así esté garantizada la fuente de pago.

2. Que se debe aclarar por qué hay una diferencia de más de seis mil millones de pesos entre lo que Reyes Baeza y la SHCP dicen que se debía en 2010 y lo que el secretario Jaime Herrera afirma que en verdad se debía.

3. Que es un hecho que hay un gran incremento de la deuda en la administración de César Duarte Jáquez, de alrededor de 28 mil millones de pesos, según el exgoberndor José Reyes Baeza Terrazas y la SHCP, y en el mejor de los casos, de 23 mil millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda del gobierno del Estado de Chihuahua.

4. Que es imperioso saber qué comprende la deuda, adónde se fue tanto dinero de la misma y en qué se utilizó, y más puntualmente, a quién benefició.

Estas son las respuestas que las ciudadanas y los ciudadanos de Chihuahua demandamos.

La sociedad chihuahuense no comparte más la forma de gobernar del actual gobierno y mucho menos, la de un mandatario que no comprueba el destino del dinero despojado a la ciudadanía y que ahora la misma ciudadanía debe.

Exigimos que se transparente el tema.

Por los motivos expuestos, sometemos a esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al ciudadano César Horacio Duarte Jáquez, gobernador constitucional del estado de Chihuahua, para que en un acto demócrata y republicano:

A. Informe y explique a la opinión pública en detalle el sobreendeudamiento público del estado de Chihuahua.

En aras de que los chihuahuenses tengan información plena y clara del uso y destino que le dio y le da a los recursos provenientes de la deuda pública del estado, así como las razones de su incremento.

B. Presente información a la opinión pública del monto actualizado de la deuda estatal y otros pasivos, en particular los derivados del denominado fondo carretero y la aplicación detallada de los ingresos obtenidos por vía de deuda, incluyendo los del referido fondo carretero, en las erogaciones de gastos realizados por el gobierno a su cargo. Asimismo, presente un informe detallado de los remanentes resultantes de la contratación de deuda, incluida la derivada del fondo carretero.

La información señalada deberá ser elaborada conforme a las normas de contabilidad gubernamental, en los términos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los principios de contabilidad generalmente aceptados o normas de información financiera, así como a los criterios establecidos en las leyes de la materia, que contenga un estado analítico de las mismas, del cual se derive las clasificaciones siguientes: corto y largo plazo, así como por su origen interna y externa; fuentes de financiamiento; por moneda de contratación; y, por acreedor.

Segundo. Se solicita a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, proponga a la Auditoría Superior de la Federación, iniciar una exhaustiva investigación y auditorías administrativas y contables pertinentes para verificar y comprobar el uso, ejercicio, destino y aplicación de los fondos públicos obtenidos mediante la contratación de deuda pública en el estado de Chihuahua, durante las administraciones estatales que comprenden los periodos 2004-2010 y 2010-2016, correspondientes a los mandatos del exgobernador José Reyes Baeza Terrazas y del actual gobernador Cesar Horacio Duarte Jáquez, respectivamente.

Aunado a lo anterior, en caso de encontrar irregularidades una vez terminadas las investigaciones, proceda conforme a las disposiciones legales que en materia de responsabilidad administrativa, civil y penal le son aplicables, toda vez que una fuente del recurso proviene del presupuesto federal.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo federal para que analice las operaciones financieras del ciudadano César Horacio Duarte Jáquez, gobernador constitucional del estado de Chihuahua, y del ciudadano Jaime Herrera Corral, secretario de Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua, que les permita presumir o determinar si han realizado operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para que dé cauce a las denuncias o averiguaciones previas cuya materia esté relacionada con la deuda pública del estado de Chihuahua, desde el año dos mil diez, y para que en el momento procesal correspondiente inicie Juicio de Procedencia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra del gobernador César Horacio Duarte Jáquez, para que se le retire la inmunidad constitucional que le reviste, a efecto fincar las responsabilidades a que haya lugar respecto de la administración de los recursos públicos obtenidos mediante la contratación de deuda pública en el estado de Chihuahua.

Asimismo, para que se deslinde responsabilidad por ocultar indebidamente información y documentación bajo su custodia y a la cual tiene acceso, por incumplimiento de la obligación de denunciar, así como por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y ejercicio ilegal del servicio público, en lo que corresponde a los delitos de peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades presuntamente cometidos en la administación estatal del exgobernador José Reyes Baeza Terrazas, durante el periodo 2004-2010, delitos de los cuales el gobernador César Horacio Duarte Jáquez tuvo y tiene conocimiento por el ejercicio y en ocasión de sus funciones, teniendo la obligación como servidor público de denunciarlos, absteniéndose de hacerlo.

Notas

1. La Deuda de Duarte , término ahora utilizado para describir parte de la megadeuda pública adquirida por el actual gobernador de Chihuahua, Cesar Horacio Duarte Jáquez y la otra parte, heredada de su antecesor José Reyes Baeza Terrazas.

2. La deuda de Chihuahua era de 1.8% del PIB en 1994; 0.7 en 2001; 0.6% en 2002; 1.7% en 2003; 2.1% en 2004; 1.9% en 2005; 2.1% en 2006; 1.9% en 2007; 1.7% en 2008; 3.7% en 2009; 3.4% en 2010; 4.4% en 2011 y 4.9% en 2012.

3. Codigo de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua. Artículo 214. Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: fracción II. Los servidores públicos, respecto de los delitos de que tengan conocimiento en el ejercicio o en ocasión de sus funciones y los que cometan sus subalternos;

Artículo 215. Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas indicadas en el artículo anterior que omitieren hacer la denuncia, incurrirán en las responsabilidades específicas conforme a las leyes.

Artículo 217. Plazo para efectuar la denuncia. Las personas obligadas a denunciar deberán hacerlo dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal, a menos que las circunstancias del caso hagan temer la consumación de daños irreparables al bien jurídico, el peligro de sustracción de la acción de la justicia o el desvanecimiento de pruebas, casos en los cuales deberá denunciar de inmediato.

4. Código Federal de Procedimientos Penales . Artículo 117. Toda persona que en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligada a participarlo inmediatamente al Ministerio Público, trasmitiéndole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición, desde luego, a los inculpados, si hubieren sido detenidos.

5. Código Penal del Estado de Chihuahua . Artículo 261. Comete el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades: fracción II. El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación pública distinta de aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal.

Artículo 270. Peculado. Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años y de cincuenta a quinientos días multa, al servidor público que: fracción I. Disponga o distraiga de su objeto, dinero, valores, inmuebles o cualquier otra cosa, si los hubiere recibido por razón de su cargo.

6. Código Penal Federal. Uso indebido de atribuciones y facultades. Artículo 217. Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades: fracción III. El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé a sabiendas, una aplicación pública distinta de aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal.

Artículo 223. Comete el delito de peculado: fracción I. Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa.

7. Código Penal del Estado de Chihuahua. Ejercicio Ilegal del Servicio Público. Artículo 253. Comete el delito de ejercicio ilegal de servicio público quien: Fracción IV. Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, altere, utilice o inutilice, indebidamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión;

8. Código Penal Federal. Ejercicio indebido de servicio público. Artículo 214. Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor público que: fracción IV. Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice, o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión.

9. Código Penal del Estado de Chihuahua. Encubrimiento por Favorecimiento. Artículo 316. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años a quien, con conocimiento de la comisión de un delito que se persiga de oficio y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes: fracción II. Ocultando, destruyendo, alterando o inutilizando los vestigios, efectos o instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento. Fracción III. Ayudando a los autores o cómplices de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, absteniéndose de denunciar el hecho o a que aquellos se sustraigan a la acción de la justicia.

10. Código Penal federal . Encubrimiento. Artículo 400. Se aplicará prisión de tres meses a tres años y de quince a sesenta días multa, al que: Fracción I. Con ánimo de lucro, después de la ejecución del delito y sin haber participado en éste, adquiera, reciba u oculte el producto

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.

Diputados: Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Carlos Fernando Angulo Parra (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Senadores a dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, profesor Marino Miranda Salgado, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 42, numeral I, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1; y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El contexto de desigualdad, falta de oportunidades educativas y laborales, inseguridad, violencia y desesperanza que enfrenta la juventud en nuestro país, amerita la atención coordinada e integral por parte del Estado que, sustentada en un marco legal, siente las bases de la acción de los tres órdenes de gobierno, la sociedad y la familia, y brinde certeza a las y los jóvenes en cuanto al ejercicio y goce efectivo de sus derechos.

Segunda. En fecha 29 de abril de 2010, durante el segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura, los diputados José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Sixto Alfonso Zetina Soto, César Daniel González Madruga, Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN; Nely Edith Miranda Herrera, Sandra Méndez Hernández, Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI; Carlos Torres Piña, del Grupo Parlamentario del PRD, y Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM, suscribieron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que efecto de facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de juventud y reconocer en la Constitución el derecho de las y los jóvenes al desarrollo integral. Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Tercera. El 1 de marzo de 2012, en el Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de ejercicio de la mencionada Legislatura, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados sometió a consideración del pleno “proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4o. y reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, el cual fue aprobado y remitido a la Cámara de Senadores para su discusión y eventual aprobación.

Cuarta. El 6 de marzo de 2012, durante el segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio de la mencionada legislatura, se recibió en la Cámara de Senadores la minuta del referido proyecto de decreto, turnándose a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

Quinta. A la fecha, dicha minuta se encuentra pendiente de dictamen en el Senado de la República. Con ello, se impide al Poder Legislativo expedir la ley o leyes necesarias que busquen dar una respuesta integral a las diversas problemáticas que enfrenta la juventud, y se le niega el reconocimiento, a nivel constitucional, de su derecho a un desarrollo integral.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y en términos de los preceptos legales invocados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta, respetuosamente, a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República a dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2014.

Diputado Marino Miranda Salgado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno a implantar campañas para informar y crear conciencia sobre la importancia de respetar a las personas de la tercera edad, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Ricardo Astudillo Suárez, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La estructura de la población ha sufrido transformaciones en las últimas décadas, la Organización de las Naciones Unidas señaló que entre los años 1950 y 2010 la esperanza de vida en todo el mundo aumentó de los 46 a los 68 años, mientras que se pronostica que para el año 2050 serán 2 mil millones personas de 60 años o más, esto es, más del 20 por ciento de la población mundial.

Ello implica sin duda, la preocupación de los Gobiernos de los distintos países para implementar acciones suficientes que cubran la necesidades más básicas de las personas de edad, a través de la implementación de políticas innovadoras relacionadas con distintos temas como salud, seguridad social, y en general todas aquellas que proporcionen bienestar en el desarrollo de la vida de las personas de edad avanzada.

A nivel mundial se han adoptado diversos ejercicios de protección, algunos se enfocan en el principio de envejecer manteniéndose activo y el principio de la autonomía, con objeto de que las personas de edad mantengan una vida independiente, con servicios e instalaciones que satisfagan sus necesidades; mientras que otros modelos hacen hincapié en los lazos familiares y el apoyo a la unidad familiar como fuente primaria de atención para las personas de edad avanzada.

Por lo que hace a nuestro país, existen diversas leyes e instituciones dedicadas a la protección de este sector de la sociedad, ejemplo de ello es la Secretaría de Desarrollo Social que otorga una pensión como parte de un programa que atiende a las personas adultas mayores de 65 años en adelante, proporcionándoles apoyos económicos e incentivando a los mismos a la participación en grupos de crecimiento y jornadas informativas sobre temas de salud, actividades productivas y ocupacionales.

Asimismo, en el Distrito Federal contamos con el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores que busca promover el bienestar de las personas adultas mayores, garantizando el cumplimiento a la Leyes y promoviendo políticas públicas, implementando programas de atención integral, impulsando el ejercicio pleno de sus derechos y fomentando una cultura del envejecimiento activo.

Tal es la relevancia del tema, que fue necesario establecer el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad, lo anterior con la finalidad de exaltar las virtudes de dichas personas, pero también para erradicar una triste realidad que enfrentan con frecuencia las personas de dicho sector.

Constantemente nos enfrentamos a las evidencias del cada vez más común maltrato de personas de la tercera edad, lo aún más alarmante son los agresores, pues en su mayoría resultan ser familiares e incluso hijos.

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud definió el maltrato a adultos mayores como un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza; así también, señaló que la misma puede adoptar diversas formas, como el maltrato físico, psíquico, emocional o sexual, y el abuso de confianza en cuestiones económicas.

Datos de la Encuesta sobre Maltrato a Personas Adultas Mayores, señalaron que 2 de cada 20 ancianos son víctimas de maltrato en Estados Unidos; y en porcentaje, el 5 por ciento de los ancianos españoles y franceses son maltratados y la proporción puede llegar a 15 por ciento entre los mayores de 75 años.

Por lo que hace a México, un 16 por ciento, es decir, más de un millón y medio de adultos mayores están sufriendo maltrato o abuso, en donde las mujeres son las que más padecen dichas agresiones.

Estas cifras casi siempre pasan inadvertidas, las razones pueden ser muchas, sin embargo, la principal es la falta de denuncias por parte de las personas adultos mayores, que en la mejor de las situaciones, prefieren omitir evidenciar los actos que atentan contra su bienestar.

Sin embargo, esta situación es sin duda una de los supuestos menos lastimosos, pues existen casos de personas adultas mayores que se encuentran totalmente aisladas, encerradas en deplorables condiciones de salud e higiene, limitadas en alimentos y expuestas a agresiones verbales y físicas, lo que impide que las mismas soliciten auxilio y denuncien tan lamentable situación.

Actualmente, circulan en diferentes medios de comunicación un sin número de videos traducidos en denuncias anónimas por parte casi siempre de vecinos y testimonios de situaciones de maltratos a las personas adultas, en donde lamentablemente se observan a hijos que maltratan a sus padres ancianos, tratándolos sin ningún respeto e incluso golpeándolos sin la menor preocupación a ser evidenciados.

Esta situación sin duda es el reflejo de la desvalorización que enfrenta la sociedad actual en nuestro país, tristemente cada vez nos alejamos más de valores cívicos con los que hasta hace unos años nos encontrábamos definidos como Nación.

Años atrás, México era considerado uno de los países con uno de los más altos grados de responsabilidad y respeto hacia a los adultos mayores, fortaleza y cualidad que se ha desvanecido al paso del tiempo.

Las razones sin duda son muchas, la falta de concientización y educación respecto al respeto de los derechos ajenos, hoy en día la mayoría de personas muestran egoísmo e insensibilidad a las necesidades ajenas.

Para ello, además de implementarse programas y medios de protección dirigidos específicamente a los adultos mayores, resulta urgente crear los mecanismos suficientes para lograr erradicar cualquier situación que ponga en riesgo la estabilidad física y mental de los adultos mayores.

En el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad, este próximo 1 de octubre, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno, a efecto de que implementen campañas de información y concientización relativas a la importancia de mantener el respeto a las personas de la tercera edad, haciendo énfasis en inculcar valores cívicos encaminados a erradicar cualquier acto que atente contra la estabilidad física y psicológica de las mismas, como parte de un reconocimiento a su experiencia, con la finalidad de inculcar a los niños y adolescentes a una cultura de respeto y tolerancia hacia sus semejantes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 días de septiembre del 2014.

Diputado Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las represiones y los comicios en Querétaro, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La represión masiva y selectiva hacia los movimientos sociales y opositores políticos ha sido una de las constantes del Estado mexicano, baste recordar la política de exterminio de “mátalos en caliente” del dictador Porfirio Díaz.

En tiempos modernos, la estrategia de represión de los gobiernos ha sido sistemática, hasta convertirse históricamente en una política de Estado.

A partir de 1950, la represión de los gobiernos priistas creció cuantitativa y cualitativamente. Es reprimida la huelga y caravana de cinco mil mineros de Nueva Rosita, Palau en 1951. Se da el asalto militar al internado Politécnico en 1956. Las represiones contra el Movimiento Ferrocarrilero de 1958-59. La represión contra el Movimiento Magisterial en 1956-60. Las matanzas contra el Movimiento Cívico de Guerrero de 1960-62.

El aplastamiento del Movimiento de los Médicos en 1965. La represión del Movimiento Estudiantil en Michoacán de 1963-1966. La toma de la Universidad de Sonora en 1967. La represión del Movimiento Estudiantil de 1968. El ataque paramilitar de los halcones al Movimiento Estudiantil en 1971. En síntesis durante la segunda mitad del siglo XX fueron reprimidos más de 20 movimientos sociales, cada uno de ellos con diferentes cantidades de muertos, heridos, detenidos y desaparecidos, los cuales en conjunto se cuentan en miles.i

En tiempos recientes destacan la represión contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en 2006, la represión de San Salvador Atenco también 2006 y la represión de estudiantes en Michoacán en abril del 2012.

El día de hoy nos avocaremos al estado de Querétaro al que ya anteriormente habíamos hecho un exhorto al respecto, y que no ha tenido eco por lo que el día de hoy insistimos en el asunto.

El hecho es que al regidor José Luis Aguilera Rico, se le ha tratado con toda la intolerancia y represión posible por parte del gobierno Estatal, por medio del Secretario de Gobierno, por señalar que las políticas no han funcionado en relación con la inseguridad que impera en la entidad, y por su postura en la aprobación fast track de las reformas federales de telecomunicaciones y energía entre otras por parte de la LVII Legislatura del Estado, además de señalar las ineficiencias de la evolución de la Red Q.

Red Q es el nuevo programa de modernización de transporte público, en la zona metropolitana de Querétaro.

El regidor del municipio de Querétaro, José Luis Aguilera Rico, externó que el sistema Red Q no es la solución para modernizar el transporte público en la zona metropolitana del Estado, ya que falta la adquisición de unidades nuevas y capacitación para los operadores de estas.

El ataque mediático, el hostigamiento y la represión para evitar el trabajo político del regidor, habla de la manera que opera el Estado para doblegar a los opositores.

Por otro lado, durante muchos años hemos visto con tristeza que la mayoría de la elecciones se llevan a cabo en condiciones inequitativas, debido a las múltiples irregularidades y delitos electorales que se cometen durante el proceso.

Los órganos electorales quienes fungen como encargados de vigilar y garantizar que las elecciones se den bajo el marco normativo, no han cumplido con las mínimas expectativas ciudadanas. Han actuado con ligereza y opacidad, siendo cómplices en la concreción de una elección totalmente irregular.

Tal es el ejemplo de la pasada elección presidencial, donde Gobernadores y Presidentes Municipales del Partido Revolucionario Internacional echaron mano de la publicidad gubernamental, programas sociales y recursos públicos que le permitieran la compra de voluntades, aprovechándose de la necesidad de los mexicanos sin que el Instituto Federal Electoral (IFE) actuara conforme a derecho.

Ahora bien, se celebrarán elecciones próximamente en el Estado, por lo que es necesario garantizar que estas se lleven a cabo conforme la establece la ley.

Por lo que queremos solicitar que de manera imparcial se vigilen las elecciones en éste estado y se proceda si existieran ilícitos, vigilando la actuación del Gobierno estatal para evitar se efectué una elección de estado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Punto de acuerdo para exhortar al gobernador de Querétaro, para que permita la libre expresión de las posturas de la oposición, así como a que se conduzca de manera imparcial en el proceso electoral próximo a iniciar

Segundo. Se exhorta al INE para que de manera imparcial vigile las elecciones en Querétaro y actué en consecuencia si existieran ilícitos, vigilando la actuación del Gobierno estatal para evitar se efectué una elección de estado.

Rúbrica

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a fortalecer las acciones relativas a la prestación de servicios de salud a la ciudadanía, a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada María del Carmen Ordaz Martínez, por Yucatán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se haga respetuosa recomendación a la titular de la Secretaría de Salud , para que se fortalezcan las acciones relativas a los servicios de salud a la población, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las inquietudes primordiales de la población es la oportunidad en la atención de la salud, ósea que se cuente con servicios de salud permanentes e integrales, para que puedan ser atendidos en cualquier momento, cualquier día de la semana, ya sea de día o de noche, esa inquietud ha sido transmitida por nosotros los legisladores muchas veces, por esa razón me he permitido profundizar en el tema de la salud y, proponer se eleven esas inquietudes a la autoridades superiores en la materia a nivel nacional, teniendo en cuenta que es un derecho fundamental, así como que nuestro país siempre ha tenido entre sus prioridades el desarrollo de importantes acciones en salud, las cuales cada día son más demandadas por la población.

El derecho a la salud se encuentra consagrado en el artículo 4o tercer párrafo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

La publicación Las Garantías de Igualdad, de la colección Garantías Individuales del Poder Judicial de la federación, señala respecto del tercer párrafo del artículo 4o de la Constitución, lo siguiente: “este párrafo se adicionó el 3 de febrero de 1983, a fin de elevar a rango constitucional el derecho a la protección de la salud. Se trata de un derecho del que gozan toda persona y toda colectividad que se encuentren en territorio nacional. Correlativamente, impone al Estado la obligación de promover leyes que aseguren una adecuada atención a los servicios de salud.

La Corte en la citada dice que: “El derecho a la protección de la salud involucra garantías tanto individuales como sociales, por cuanto que requiere, para ser efectivo, la participación del individuo, de la sociedad y del Estado. Las características específicas de este derecho son: 1) Sobresale del concepto de garantías individuales. 2) Sus titulares pueden ejercerlo libremente 3) Es un derecho universal pues protege a todo ser humano.4) Su parte medular consiste en el acceso a los servicios de salud.1

Por su parte la Ley General de Salud, 2 en su artículo 1 establece: “la presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.

El artículo 1o. Bis dice: Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.3

El artículo 4o. establece que son autoridades sanitarias: I. El presidente de la República; II. El Consejo de Salubridad General; III. La Secretaría de Salud y IV. Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el gobierno del Distrito Federal.4

El artículo 6o. se refiere a los objetivos del sistema nacional de salud, de los cuales mencionaré los siguientes: I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implantación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas; VI. Impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos humanos para mejorar la salud; IX. Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud.5

Por su parte el artículo 7o. de dicha ley establece que la coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, así menciona determinadas facultades entre ellas citaré las siguientes: II. Coordinar los programas de servicios de salud de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los agrupamientos por funciones y programas a fines que, en su caso, se determinen; III. Impulsar la desconcentración y descentralización de los servicios de salud.6 El artículo 9o. de esta Ley establece que: Los gobiernos de las entidades federativas coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con la Secretaría de Salud, a la consolidación y funcionamiento del sistema nacional de salud. Con tal propósito, los gobiernos de las entidades federativas planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud, procurando su participación programática en el sistema nacional de salud.

La Secretaría de Salud auxiliará, cuando lo soliciten los estados en las acciones de descentralización en los municipios que aquellos lleven a cabo.7

El artículo 13, señala entre otras acciones que corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud, lo siguiente: III. Organizar y operar los servicios de salud a su cargo y, en todas las materias de salubridad general, desarrollar temporalmente acciones en las entidades federativas, cuando éstas se lo soliciten, de conformidad con los acuerdos de coordinación que se celebren al efecto; IV. Promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones en materia de salubridad general a cargo de los gobiernos de las entidades federativas, con sugestión a las políticas nacionales en la materia; El artículo 23. establece, que para los efectos de esta ley se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; el artículo 29. señala que: Del cuadro básico de insumos del sector salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que lo requiera, en coordinación con las autoridades competentes8 .

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 9 Valioso instrumento que delinea las acciones a seguir para el desarrollo del país, con relación a la salud nos señala que el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho de toda persona a la protección de salud y que en respuesta a dicho artículo se ha construido un amplio Sistema Nacional de Salud y que este se caracteriza por estar fragmentado en múltiples subsistemas donde diversos grupos de la población cuenta con derechos distintos y que en 2012, aproximadamente uno de cada 4 mexicanos no contaba con acceso en algún esquema de salud, nos continua diciendo que en 2004, el Seguro Popular inicio con la finalidad de brindar protección financiera a la población no afiliada a las instituciones de seguridad social y que este programa representa un avance en términos de igualdad y protección social de la salud y que sin embargo su paquete de servicios es limitado en comparación con la cobertura que ofrecen actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a sus derechohabientes.10

En la parte correspondiente al plan de acción, titulada: Integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades, señala en materia de salubridad que el objetivo es asegurar el acceso a los servicios de salud. En otras palabras, se busca llevar a la práctica este derecho constitucional. Para ello, se propone fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud y promover la integración funcional a lo largo de todas las instituciones que la integran. Asimismo, se plantea reforzar la regulación de los establecimientos de atención médica, aplicar estándares de calidad rigurosos, privilegiar el enfoque de prevención y promoción de una vida saludable, así como renovar la planeación y gestión de los recursos disponibles.11

El Plan Nacional describe oportunamente la realidad social, por lo que considera necesario fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud, con lo que coincido, toda vez que cada día es más necesario su apoyo a las entidades federativas para poder enfrentar los retos que en materia de salud se presentan cotidianamente.

El Instituto Nacional de Estadística yGeografía, Inegi en su publicación Mujeres y Hombres en México 2011.2012 12 apartado Servicios de Salud, nos dice: Plasmada como un derecho constitucional, la salud, aunada a la educación, la vivienda y el empleo forman los componentes básicos del bienestar de la población en nuestro país. En México los eventos censales, específicamente los correspondientes a 2000 y 2010, permiten una aproximación a la cobertura que el Sistema Nacional de Salud brinda a través de dos variables específicas: La derechohabiencia y el uso de servicios de salud. Sus resultados permiten conocer los avances, y retos en esta materia, así como las características sociodemográficas de la población protegida y no protegida, usuaria y no usuaria de dichos servicios.13

También nos conceptúa a la derechohabiencia como al “derecho que tienen las personas de recibir servicios médicos en instituciones de salud públicas o privadas, como resultado de una prestación laboral por ser pensionado o jubilado, por inscribirse o adquirir un seguro médico o por ser familiar designado como beneficiario.”14

Afirma que en nuestro país, la provisión de servicios de salud está a cargo de instituciones de aseguramiento público como los seguros sociales, vinculados al empleo, y el Sistema de Protección Social en Salud orientado al amparo de la población más vulnerable; las aseguradoras o instituciones privadas; los servicios asistenciales públicos o privados, y los servicios privados de mercado.15

Con relación a la población derechohabiente comenta que en nuestro país el diseño institucional de los servicios de salud, planteado en la década de los cuarenta, se erigió sobre la idea de protección a los trabajadores y sus familiares y en la búsqueda del pleno empleo esperando que los servicios de salud alcanzarán a casi toda la población, nos habla también que las instituciones y programas más importantes de salud funcionaron como seguros sociales vinculados al empleo asalariado; el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, es responsable de brindar éstos servicios a los trabajadores del sector privado; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, atiende a quienes laboran en los distintos niveles de gobierno, principalmente en el federal; los institutos de seguridad social estatales brindan servicios a los trabajadores de los gobiernos locales. Los integrantes de las Fuerzas Armadas (Secretaría de la Defensa y Secretaría de la Marina) así como los trabajadores de Petróleos Mexicanos cuentan con sus propias instituciones de seguridad social.16

Señala que la persistencia de formas de trabajo no asalariado y sin prestaciones obligó a la búsqueda de nuevos esquemas de aseguramiento, disociados del empleo, para proveer protección en salud a toda la población. Así, en 2004 inicio la operación del Sistema de protección Social en Salud que actualmente se integra por el Seguro Popular y el Seguro Médico para una Nueva Generación.17

En 2010, nos dice dicha publicación, las cifras de derechohabientes se incrementaron, afirmando que actualmente casi dos tercios de las mujeres y de los hombres de nuestro país se encuentran afiliados a por lo menos un instituto o programa de salud.18 Así dice también que aproximadamente 109.4 millones de personas usan los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas o privadas.

Población sin derechohabiencia y usuaria de servicios de salud, en dicha publicación bajo el anterior título, se afirma que a pesar de los avances que se han dado en la cobertura de servicios de salud con la implementación en 2004 del Sistema de Protección Social en Salud, que actualmente se integra por el Seguro Popular y el Seguro Médico para una Nueva Generación, existen 37 millones de mexicanos que no se encuentran afiliados a ninguna institución de salud de los cuales 19 millones son hombres y 18 millones son mujeres y que al no contar con afiliación a ninguna institución de salud esta población usa los servicios médicos en las instituciones a las que puede acceder de manera gratuita o por medio del pago de una cuota al momento del servicio. También dice que en este sentido, destaca el uso de servicios médicos privados, pues prácticamente la mitad de hombres y mujeres no derechohabientes atienden sus problemas de salud en instituciones no gubernamentales.19

También señala que otra institución que proporciona estos servicios es la Secretaría de Salud a través de sus diferentes clínicas y hospitales y que uno de cada tres hombres o mujeres no afiliados utilizan este servicio, y que es evidente la necesidad de avanzar más en la cobertura de la población, pues aunque 98 de cada 100 mexicanos hacen uso de los servicios de salud, existen 37 millones que no cuentan con ningún esquema de protección médica, lo que plantea el reto de incrementar la protección en salud sin demeritar los logros en términos de igualdad de género que se han alcanzado.20

El Inegi señala la situación de la prestación de los servicios de salud en ese periodo de tiempo, pero con motivo del incremento poblacional actualmente la demanda de la atención a la salud es mayor sobre todo por parte de la mayoría de la población, la cual es de modestos o escasos recursos económicos, que solicitan que la prestación de esos servicios sea con calidad, oportunidad y a toda hora, así como que el abasto de medicamentos sea suficiente.

El primer Informe de Gobierno 2012-2013, 21 del presidente de la República menciona bajo el título “Asegurar el acceso a los servicios de salud”, que la estructura actual del sistema de salud provoca que existan diferencias en el acceso a los servicios, así como en el alcance de las intervenciones y la calidad con que se brinda. Estas disparidades, nos continúa diciendo, se asocian a los diferentes esquemas de aseguramiento y la condición laboral de la población, por lo que es imperativo avanzar en la creación de un sistema nacional de salud universal.

En el segundo Informe de Gobierno 2013-2014, 22 se observa un notorio incremento en las acciones de gobierno en el ámbito de atención a la salud, asegurando el acceso a los servicios de salud, así como menciona el avance de la construcción de un sistema de salud universal23 , incrementado las acciones de protección, promoción y prevención; y señala las acciones desarrolladas para mejorar la atención de la salud a la población en vulnerabilidad, refiriéndose a las grandes desigualdades sociales que vivimos en México y a los retos que se enfrentan para alcanzar una distribución equitativa en materia de cobertura de salud, refiriéndose a la población infantil, a las personas adultas mayores, a las mujeres, a las personas con discapacidad, a los indígenas y los migrantes como ejemplo de los grupos sociales en los que se requiere redoblar esfuerzos.24

El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 25 de acuerdo a los datos recabados durante la Actualización de Unidades Económicas 2013,menciona que existen de carácter público en toda la República 5,038 hospitales generales y 20 hospitales psiquiátricos y para el tratamiento por adicción, así como 135 hospitales de otras especialidades médicas haciendo un total de 5 mil 193 unidades y de carácter privado hospitales generales 2 mil 175, hospitales psiquiátricos y para el tratamiento por adicción 27 y de otras especialidades médicas 2 mil 875 haciendo un total de 5 mil 77 unidades, tanto los públicos como los privados suman en total 10 mil 265 unidades.

El Censo de Población y Vivienda 2010, 26 afirma que entre 2000 y 2010 el porcentaje de población que declaró ser derechohabiente a servicios de salud aumento de 40.1 por ciento a 64.6 por ciento (72.5 millones de personas) y que el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con el mayor porcentaje de derechohabientes (48.8 por ciento), seguido del Seguro Popular y para una nueva generación que en conjunto cubre el 36.2 por ciento de la población derechohabiente. Y que el 8.7 por ciento de las personas se declaró derechohabiente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,7 así también señala que los servicios médicos más utilizados por la población son los que proporciona la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social que suman 63.8 por ciento, le siguen los servicios de instituciones privadas a los que acude el 24 por ciento de la población, afirma también que en la última década es significativo el descenso porcentual de la población usuaria de los servicios de salud privados que en el año 2000 tenían el mayor porcentaje.8

El Programa Sectorial de Salud 2013-2018, 29 señala que “traza la ruta que habremos de seguir en los próximos años para cimentar las bases de un Sistema Nacional de Salud Universal. Y continúa diciendo: lo haremos siguiendo un esquema de atención más homogéneo, una operación integrada y una mayor coordinación entre las distintas instituciones de salud”. Así también nos dice “Queremos un México sano donde la población, independientemente de su edad, lugar de residencia y especialmente de su condición laboral, tenga acceso a los servicios de salud con calidad. Por ello, para el Gobierno de la República el derecho a la protección de la salud, es un derecho humano, no es sólo un derecho laboral”.30

En dicho programa se menciona que “Aun cuando la cobertura de aseguramiento público ha aumentado considerablemente a través de los años, un tema de preocupación fundamental radica en el hecho de que el gasto de bolsillo no ha disminuido a los niveles esperados, manteniéndose cerca del 50 por ciento. Esta situación es de hecho un caso de excepción en los países de la OCDE.31

Señala también que “el tema de la calidad y del acceso puede ser explicado por los niveles, distribución, características y organización de los recursos para la salud. En este rubro se han identificado los siguientes retos. Primero, la disponibilidad de recursos para la salud es baja en México en comparación con los estándares de la OCDE. De acuerdo con datos de la misma organización para 2011, en el país existían 1.7 camas por 1,000 habitantes; cifra que es inferior al promedio de todos los países que componen la organización (que se ubica en 4.8); peor aún, del total de camas 24 por ciento pertenecen al sector privado. El segundo aspecto a que se refiere este programa es la distribución geográfica de la infraestructura la cual dice genera concentraciones ineficientes en algunos lugares y deja población sin acceso. “Según estudio de Coneval (2013) el 81.6 por ciento de la población tiene muy alto grado de acceso geográfico, 15.6 por ciento tienen algún grado de acceso (es la suma de acceso alto, medio, bajo y muy bajo) y 2.8 por ciento de la población no cuenta con acceso geográfico esta última equivale a 3.2 millones de personas distribuidas en 57 mil 171 localidades; lo que representa el mayor reto y la necesidad de implementar estrategias diferentes”.32

También señala que “el tercer reto es el uso de los recursos y la productividad de las unidades de salud del sector público. El equipamiento de dichas unidades con frecuencia no es el adecuado o es nulo y en general los recursos tecnológicos de apoyo de diagnóstico se ubican en el nivel hospitalario (OECD 2013 a). Esta situación trae como consecuencia. Además de afectaciones para los pacientes, quienes tienen que estar acudiendo a diferentes unidades médicas, el encarecimiento del servicio”.33

Lo antes mencionado demuestra la situación actual de los servicios de salud pero es de todos conocido el esfuerzo que se ha dado en nuestro país por mejorar cada día dichos servicios para beneficio de los mexicanos. En nuestro trabajo diario al estar en contacto con la población y escuchar sus inquietudes en la materia, se fortalece nuestro compromiso, como sus representantes de transmitirlas a la autoridad para incrementar sus esfuerzos para lograr servicios de salud de calidad para todos, dándole especial atención a los sectores que carecen de recursos económicos.

Entre las inquietudes de la población con relación al sector salud se encuentran:

a) El servicio médico permanente a la población durante todos los días de la semana, durante las 24 horas del día, en aquellos lugares que carecen de dicho servicio, para que se atiendan oportunamente aquellos casos que no admiten demora;

b) La programación y realización oportuna de intervenciones quirúrgicas, para evitar el incremento de riesgos;

c) Que los servicios de urgencias cuenten con el espacio adecuado, número suficiente de camas, así como con los recursos humanos y materiales necesarios para la atención de los pacientes, en este aspecto urge también una pronta solución a la problemática actual de esta área tan importante de los servicios de salud;

d) Que exista el suficiente abasto de medicamentos en todas las clínicas del Sector Salud, siendo esto de imperiosa necesidad;

e) Otra de las necesidades en el Sector Salud es la capacitación continua del personal tanto médico como administrativo para que cada día mejore la calidad de sus servicios. Así como se incremente la observancia del respeto a los Derechos Humanos; y

f) Se fortalezca la supervisión en los centros hospitalarios del sector salud en el país para el cuidado de la calidad de los servicios y que las personas que acudan en busca de la atención médica, la reciban en forma oportuna.

También es importante destacar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos34 ha expresado en sus comunicados de prensa números CGCP/096/13 de fecha 6 de abril del año 2013, que debe ser una prioridad de las instituciones del Sector Salud, respetar los derechos humanos de los pacientes y proporcionar servicios oportunos, adecuados y eficientes, así también en el comunicado número CGCP/013/2014 de fecha 13 de enero de 2014, ha señalado que urge una campaña de capacitación para el personal del Sector Salud sobre observancia de las 72 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en la materia, así como que ha expresado en el comunicado de prensa número CGCP/018/14 de fecha 18 de enero de 2014, que garantizar el derecho a la salud debe ser una prioridad del Estado.

Dada la importancia de la atención a la salud para el ser humano, así como el constante interés de la comunidad por que sean fortalecidos sus servicios y las inquietudes que al respecto me ha transmitido la misma, insisto ante esta soberanía con este punto de acuerdo que ya fue presentado el pasado periodo ordinario de sesiones, pero se presenta de nueva cuenta por la trascendencia que el tema representa para el país.

Por lo expuesto y fundado, someto a su elevada consideración el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace una respetuosa recomendación a la titular de la Secretaría de Salud, para que se fortalezcan las acciones relativas a proporcionar servicios de salud a la población, brindar atención durante las veinticuatro horas todos los días de la semana, en aquellos lugares de la república que carezcan de este servicio; así como que en todos los centros hospitalarios públicos del país se incrementen las acciones necesarias para la programación y la práctica oportuna de intervenciones quirúrgicas; se mejoren los servicios de urgencias; se haga más eficiente el abasto de medicamentos con la finalidad de que este sea suficiente; se incremente la supervisión para el cuidado de la calidad de los servicios y de que las personas que acudan en busca de la atención médica, sean atendidas oportunamente; así como se fortalezca la capacitación continua de los médicos y demás personal del sector salud con el fin de que se concientice sobre el respeto a los derechos humanos y se mejore la calidad de los servicios.

Notas

1 Ibídem páginas 73 y 74.

2 Ley General de Salud. Reforma 15-01-2014 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgs.htm

3 Ibídem artículo 1o. Bis

4 Ibídem artículo 4o..

5 Ibídem artículo 6o..

6 Ibídem artículo 7o. ibídem de los servicios de salud.es entre ellas citar

7 Ibídem artículo 9o..

8 Ibídem artículos 13, 23 y 29.

9 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 http://pnd.gob.mx/

10 Ibídem página 47.

11 Ibídem página 53.

12 Inegi. Mujeres y hombres en México 2011. 2012
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjAA&url= http%3A%2F%2Fwww.inegi.org.mx%2Fprod_serv%2Fcontenidos%2Fespanol%2Fbvinegi%2Fproductos%2Fintegracion%2Fsociodemografico%2 Fmujeresyhombres%2F2011%2FMyH2011.pdf&ei=52owU6PWLsq-2gX_u4C4Dg&usg=AFQjCNF9azTm4jULEMNSBxYCdIzmhrBG0g&bvm=bv.62922401,d.b2I

13 Ibídem página 88.

14 Ibídem páginas 88 y 89

15 Ibídem página 89.

16 Ibídem.

17 Ibídem página 90.

18 Ibídem.

19 Ibídem página 99.

20 Ibídem.

21 Primer Informe de Gobierno 2012-2013 http://www.presidencia.gob.mx/informe/

22 Segundo Informe de Gobierno

http://www.presidencia.gob.mx/segundoinforme/

23 Ibídem página 159.

24 Ibídem página 167.

25 Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. http://www.inegi.org.mx/sistemas/DENUE/

26 Inegi, Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAA& url=http%3A%2F%2Fwww.inegi.gob.mx%2Fprod_serv%2Fcontenidos%2Fespanol%2Fbvinegi%2Fproductos%2Fcensos%2Fpoblacion%2F2010%2Fprinci_result%2Fcpv2010_ principales_resultadosVI.pdf&ei=OH0wU4WNLcmS2AWns4HQCw&usg=AFQjCNEOqQwZSbiE1Uxf1uyC9q46FWJB_Q

27 Ibídem páginas 44 y 45.

28 Ibídem página 47.

29 Programa Sectorial de Salud 2013-2018. http://portal.salud.gob.mx/contenidos/conoce_salud/prosesa/prosesa.html

30 Ibídem página 7.

31 Ibídem página 31.

32 Ibídem.

33 Ibídem página 34.

34 Comisión Nacional de los Derechos Humanos México http://www.cndh.org.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.

Diputada María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la CNDH, la Sedena, la PGR y la PGJEM a investigar a fondo y conforme a derecho la ejecución de 22 personas en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, México, suscrita por los diputados María de Lourdes Amaya Reyes, Víctor Reymundo Nájera Medina y Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben el presente punto de acuerdo, la diputada María de Lourdes Amaya y el diputado Víctor Nájera Medina del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 30 de junio del año en curso, la comandancia de la 22 Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó sobre un enfrentamiento en el que elementos del ejército que patrullaban la zona de San Pedro Limón del municipio de Tlatlaya en el estado de México sufrieron una agresión por parte de supuestos integrantes del crimen organizado, la cual repelieron. Como resultado del enfrentamiento, la Sedena informó que se produjeron 22 muertes, 21 hombres y una mujer, entre los supuestos agresores y un militar resulto herido.

Además, aseguraron armas de diferentes calibres y liberaron a tres mujeres que estaban presuntamente secuestradas y que fueron puestas a disposición de las autoridades y aseguradas.

Posteriormente, el 8 de julio del año en curso, la agencia estadunidense de noticias The Associated Press (AP) 1 publicó un reportaje en el que señalaba la existencia de diversos elementos que sugerían que al menos parte de las muertes que se produjeron en Tlatlaya pudieron ser ejecuciones en una bodega. La agencia señalaba que “las manchas de sangre y los orificios de bala en los muros de hormigón observados por periodistas de The Associated Press tres días después del tiroteo, plantean interrogantes acerca de si todos los sospechosos murieron en el enfrentamiento o después de que terminara. La bodega en la que fueron encontrados muchos de los cadáveres no tenía muchas evidencias de que el enfrentamiento fuera prolongado”.

Pese a que se informó sobre un tiroteo intenso, “solo seis andanadas parecen haber hecho impacto en la fachada del depósito, la única parte del edificio con ventanas o puertas en la que los soldados habrían disparado a la gente parapetada en su interior”, señaló el reportero de AP, Mark Stevenson, en su nota, y agregó que al menos cinco sitios en los muros internos del depósito mostraban las mismas huellas. “Uno o dos grupos de agujeros de bala rodeados de una masa de manchas de sangre, lo que daba la impresión de que las personas en el interior estaban de pie frente a la pared y fueron alcanzadas por uno o dos disparos a la altura del pecho”, puntualizó.

El 17 de julio, el Procurador General de Justicia del Estado de México (PGJEM), Alejandro Gómez Sánchez, también atribuyó a un enfrentamiento entre presuntos integrantes de una banda delictiva llamada Guerreros Unidos, la muerte de las 22 personas en el municipio de Tlatlaya, y señaló que tras las pruebas periciales practicadas por la procuraduría estatal “no hay evidencias de fusilamiento”.

El 19 de septiembre la revista Esquire publicó las declaraciones de ‘Julia’ -ese nombre no es real por cuestiones de seguridad-, testigo de los hechos, quien afirma que solo una de las personas murió durante el enfrentamiento, y las otras 21 fueron ejecutadas posteriormente, una por una.

Julia es una de las tres mujeres que según la Sedena fueron liberadas durante el operativo. Según la declaración de ‘Julia’ entre las personas ejecutadas se encontraba Erika Gómez González, de 15 años, quien recibió un balazo en la pierna y quedó tirada en el suelo y posteriormente fue rematada por elementos del ejército. La testigo declaró que trató de ayudarla pero los militares se lo impidieron. En vez de eso la voltearon y le dispararon en el pecho. De igual forma, Julia declaró que el tiroteo fue iniciado por elementos del ejército.

La agencia AP entrevistó por separado a familiares de otras tres víctimas y a un médico que vio el cuerpo de Erika, y todas las personas entrevistadas afirmaron que las heridas que vieron eran congruentes con el relato de Julia sobre la manera de cómo fueron ejecutadas las personas en San Pedro Limón. Julia declaró que los soldados hirieron primero a los presuntos criminales para incapacitarlos y que luego los mataron a tiros en el pecho.

Además de esta evidencia, el pasado miércoles la agencia local de noticias MVT recibió un sobre amarillo de remitente anónimo que contenía una memoria USB con fotografías de las personas muertas en San Pedro Limón. En ellas se muestra que muchos de los muertos aparecen acostados junto a la pared de la bodega y todos se ven con un fusil de asalto a su lado o tomados de las manos, algunos de los fusiles parecen haber sido apuntalados contra los cuerpos, la mayoría tienen lodo en las rodillas, lo que indica que podrían haber estado hincados o con el rostro boca abajo.

Tras su supuesta liberación, Julia fue trasladada a dependencias de la PGJEM en Toluca y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, en el Distrito Federal durante una semana. Según su testimonio, Julia fue coaccionada para que declarase que las personas muertas eran delincuentes. Las otras dos mujeres supuestamente liberadas en el operativo se encuentran detenidas y están siendo investigadas. Esta situación genera temor por la seguridad y la integridad de esas testigos ante posibles intentos de coacción o incluso de tortura u otros tratos crueles inhumanos y degradantes para influir en sus testimonios.

Ante las diferentes informaciones que señalaban la posibilidad de ejecuciones extrajudiciales, y de incumplimiento del marco internacional de derechos humanos en materia de uso de la fuerza y preservación de la vida, y el propio incumplimiento de las normas de enfrentamiento del ejército mexicano, se produjeron incluso reacciones internacionales como la del gobierno de Estados Unidos llamando a un pronto esclarecimiento de los hechos.

Asimismo numerosas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos denunciaron las irregularidades del caso. Por ejemplo, José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch afirmó que: “El testimonio de la testigo de lo ocurrido en Tlatlaya reflejaría que estamos ante la peor masacre de civiles por parte de militares de este sexenio. Ante esta gravísima denuncia, que pone en evidencia que al día de hoy, a casi tres meses de los hechos, aún hay más interrogantes que respuestas oficiales sobre lo que efectivamente sucedió ese día, el gobierno de Peña Nieto no puede guardar silencio. Es indispensable que las más altas autoridades expliquen cuáles han sido los avances en la investigación de este incidente, de la cual se sabe poco y nada, y sobre todo, es importantísimo que se adopten las medidas necesarias para proteger a la testigo y que no corra ningún riesgo su seguridad.”

Finalmente la Sedena emitió un comunicado el jueves 25 de septiembre en el que confirmó la consignación por la comisión de delitos contra la disciplina militar, de siete elementos de tropa y un oficial quienes fueron puestos a disposición del Juzgado Sexto Militar, sin precisar su graduación, adscripción ni arma. Por su parte, la Procuraduría General de la República señaló que hay una investigación abierta sobre el incidente, pero que hasta ahora no ha encontrado evidencias que corroboren la versión de una ejecución de parte del ejército.

Hasta el momento las únicas personas procesadas por los hechos acontecidos en San Pedro Limón, lo han sido por delitos contra la disciplina militar. Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 57 del Código de Justicia Militar, recientemente reformado y publicado por decreto el 13 de junio de este mismo año, se define como delito contra la disciplina militar, entre otros, los del orden común o federal siempre y cuando no tengan la condición de civil el sujeto pasivo que reciente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien jurídico tutelado. Esto quiere decir que cuando militares en servicio cometen un delito del orden común, como homicidios, en el cual el sujeto pasivo (la víctima o víctimas), tiene la condición de civil, el acto delictivo debe ser objeto de indagatoria por parte del Ministerio Público Federal y procesado en los Tribunales Penales del orden civil.

Lo acontecido en San Pedro Limón, Tlatlaya, resulta alarmante puesto que podrían tratarse de hasta 22 ejecuciones extrajudiciales, con participación de elementos del ejército y que hasta el momento no han sido correctamente investigadas por las autoridades, siendo únicamente las investigaciones periodísticas las que han logrado dar luz a esta situación.

De conformidad con el derecho internacional, es necesaria una investigación pronta e imparcial, que esclarezca los hechos y garantice el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las victimas tal y como establece también la Ley General de Victimas de este país. Esta investigación, así como la adopción de todas las medidas necesarias para evitar que hechos de esta naturaleza se vuelvan a producir, resulta imprescindible para generar confianza en la ciudadanía sobre el funcionamiento de las instituciones en un Estado democrático de derecho.

Asimismo es necesario revisar otros casos en los que se han anunciado la existencia de enfrentamientos armados entre elementos del ejército y la marina y supuestos criminales, para esclarecer los hechos y, en su caso, depurar responsabilidades.

En los últimos años, se han producido diversas denuncias sobre enfrentamientos en los que las circunstancias permiten sospechar que pudieron haberse dado un uso ilegitimo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales por parte de elementos del ejército y la marina. Por ejemplo el enfrentamiento del 8 de mayo del año en curso, en el estado de Zacatecas en que los soldados mataron a siete hombres armados sin sufrir bajas tras haber sido previamente atacados. Durante abril, en cuatro casos, las autoridades informaron que las fuerzas federales mataron a 12 hombres que los atacaron, sin sufrir una sola baja.

La confianza en las instituciones y su respaldo social debe basarse en la transparencia y el respeto irrestricto a las leyes y los derechos humanos. Por esto resulta imprescindible el pronto esclarecimiento de los hechos no solo para proporcionar justicia a las víctimas, sino para garantizar que las fuerzas armadas cumplen con sus obligaciones legales.

Es por ello que nos permitimos someter a la consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que en la medida de sus atribuciones, investigue las presuntas violaciones a los derechos humanos de las tres personas testigos y supuestas víctimas de secuestro, así como las presuntas violaciones a los derechos humanos de las 22 personas fallecidas en San Pedro Limón, Tlatlaya.

Segundo. Se solicita al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México enviar a esta Cámara de Diputados una versión pública de la información relativa a las pruebas periciales balísticas y forenses realizadas en el lugar de los hechos de las personas abatidas en San Pedro Limón, Tlatlaya, el 30 de junio del presente año.

Tercero. Se solicita al titular de la Procuraduría General de la República a agilizar la investigación y hacerla conforme a derecho, sobre las muertes de las 22 personas ejecutadas por elementos del Ejército Mexicano en San Pedro Limón, Tlatlaya.

Cuarto. Se exhorta al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional a que conforme a lo estipulado en el artículo 57 del Código de Justicia Militar, sean puestos inmediatamente a disposición de la Procuraduría General de la República los ocho militares detenidos, los siete elementos de tropa y el oficial que fueron presentados como presuntamente responsables de los hechos en San Pedro Limón, Tlatlaya, independientemente del proceso que se siga en la jurisdicción militar.

Nota

1 AP se define como una de las agencias de noticias independientes más grandes y confiables del mundo, es una cooperativa estadounidense sin fines de lucro comprometida con los más altos estándares de objetividad en el periodismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.

Diputada María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica)


Diputado Víctor Reymundo Nájera Medina

Con punto de acuerdo, relativo a la reformulación del abordaje de la fibromialgia, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y suscribe Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La fibromialgia es una enfermedad que se continúa postulando como de “causa desconocida”, siendo que existe evidencia científica abundante acumulada a lo largo de décadas, que prueba en ella la alteración del sistema nervioso central y la sitúa dentro del llamado Síndrome de Sensibilización Central, el cual es una entidad compleja donde se verifica la alteración de los sistemas centrales de regulación neuroinmune por la conjunción de razones ambientales, infectológicas y corticales de tipo distresante. Este síndrome incluye además otras patologías, con las que la fibromialgia tiene relación epidemiológicamente constatada en países de mayor avance tecnológico.

La sintomatología principal es expuesta por el dolor crónico generalizado que se localiza especialmente en zonas musculares, tendinosas, articulares y viscerales, es una de las causas más frecuente de dolor generalizado, reconocidos expertos sugieren la denominación de “pseudofibromialgia” para estas formas de dolor, pero la fibromialgia nada tiene que ver con cuadros psicopatológicos o imaginarios sino que responde a una alteración en la interpretación de los estímulos normales que no se interpretan habitualmente como dolor a nivel del sistema nervioso central, donde ocurre un cambio de excitabilidad en áreas conocidas.

Siendo entonces el dolor su manifestación más relevante, el resto de su abundante e intensa sintomatología, coinciden con los síntomas aceptados para el resto de las patologías que forman parte del anteriormente nombrado Síndrome de Sensibilización Central.

Esta enfermedad fue reconocida por todas las organizaciones médicas internacionales y por la Organización Mundial de la Salud desde el año de 1992 y se encuentra catalogada con el código M79.7 de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 CM en su última revisión) como una enfermedad reumatológica.

La multiplicidad de síntomas invalidantes y patologías añadidas hacen imposible poder trabajar y llevar una vida normal, ser funcional. Las enfermas son víctimas de un trato inhumano, cruel y degradante, facilitándose la violencia de género debido a la banalización de su real problemática, que se presta a la victimización de las mujeres, en medio del actual desconocimiento médico y social respecto al verdadero carácter de esta patología.

En nuestro país, en el mejor de los casos, se le continúa viendo como un trastorno orientado a percepciones subjetivas y psicosomáticas.

La fibromialgia, el Síndrome de Fatiga Crónica, el Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple (las tres con reconocida asociación) y otras entidades, están siendo conceptualizadas en el primer mundo como enfermedades neuroendocrino inmunes, complejas y con una base biológica indiscutible. Se consideran patologías crónico-invalidantes y socialmente invisibles. En los casos más graves la calidad de vida es comparable a padecer VIH terminal, uso de quimioterapia y esclerosis.

Asimismo entrañan un problema multidimensional que afecta todas las esferas de vida del enfermo: personal, familiar, social y económica laboral, para el que no existe contención ni abordaje en México, no existiendo en nuestro país ningún relevamiento epidemiológico que evidencie su real importancia.

En una encuesta realizada vía Internet, en donde participaron más de 200 enfermos y que fue aplicada a finales de 2013, arrojaron que 70 por ciento de los enfermos sufre una fibromialgia combinada con otras patologías, 37 por ciento se encuentra desempleado ante la imposibilidad de trabajar por la misma enfermedad, ya que ésta interfirió en el desempeño y actividades laborales y 89 por ciento ha sido afectado en su economía de manera directa por los costos.

La fibromialgia, el Síndrome de Fatiga Crónica y la Sensibilidad Química Múltiple forman entonces parte del denominado Síndrome de Sensibilización Central, patología emergente perteneciente al campo de la complejidad. En esta rama del conocimiento, el concepto de “emergente” no se restringe a la simple aparición, sino a que el resultado final de varios factores es algo distinto a la simple adición de los mismos. Las patologías citadas pueden explicarse como la interacción de múltiples factores, pero no definirse con la simple enumeración de los mismos; requiere una formalización propia.

Se trata de un problema complejo, no “complicado”; multidimensional; plagado de simultaneidades provenientes de órganos y sistemas que se alteran por el cambio de la regulación central neuroinmune.

Los Síndromes de Sensibilización Central no son de causa desconocida, son generados por agresiones conocidas en el sistema nervioso y el sistema inmunológico, existe abundante literatura científica que lo demuestra, tanto o más que la que existe para otras patologías que nadie cuestiona.

Estas patologías participan en una serie de características comunes entre las que se encuentran; enfermedades de sensibilización central de carácter crónico relacionadas con factores ambientales, que traen consigo una alteración de las capacidades laborales, de la autonomía personal y de la vida social y sobre todo carecen de tratamiento curativo, por lo que demandan una atención basada en tratamientos paliativos que faciliten la reparación de los sistemas alterados, a través de lo cual es posible lograr distintos grados de recuperación, que aunque no restablecen el estado de salud anterior a la enfermedad, permiten recuperar cierto grado de integración social, bienestar y dignidad para la persona afectada.

Actualmente, se postula en nuestro país “lo paliativo” a través de medidas que desconocen por completo la real problemática biológica que entrañan estos síndromes. De esta manera, los tratamientos se desvían de lo que debería ser su objetivo reparador, para depositarse en una simple estrategia de alivio sintomático, siendo que existen medios probados para ayudar al restablecimiento de los mecanismos biológicos alterados y una prevención etiológica posible.

Todas estas patologías acarrean gran dolor y sufrimiento a quienes las padecen, los enfermos de éstas, se enfrentan a una tremenda intolerancia por parte de la sociedad, autoridades y las distintas instancias sanitarias, sociales y educativas.

En México dichas enfermedades se están psicologizando y fragmentando, lo que vulnera de manera sistemática los derechos humanos y garantías fundamentales de los enfermos, exponiéndolos a una discriminación y violencia sin precedentes en la historia de la medicina.

Los pacientes desarrollan síntomas reactivos e intensos, independientemente de cuál sea su estado psicológico previo, porque comprenden que son víctimas de una situación global de agresión biológica, química y simbólica de la que difícilmente podrán salir.

Es preciso que las autoridades responsables en este ámbito ofrezcan a las personas con dichos padecimientos, una atención integral en los ámbitos sanitarios y sociales, que garanticen la formación de profesionales de la salud, tribunales de justicia y, en general, servicios públicos de atención directa que incorporen la prevención en el currículo educativo e investiguen sobre su etiología y tratamiento.

Por lo anteriormente expuesto propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo a implementar, mediante sus secretarías, las políticas necesarias para establecer programas y nuevos esquemas sociales y educativos para garantizar los derechos de los enfermos de fibromialgia, encefalomielitis miálgica-Síndrome de Fatiga Crónica y la Sensibilidad Química Múltiple, y emprender campañas para dar mayor difusión e informar a la población respecto a dichas enfermedades.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a implementar programas que erradiquen la discriminación hacia los enfermos de fibromialgia, encefalomielitis miálgica-Síndrome de Fatiga Crónica y la Sensibilidad Química Múltiple.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Salud para conformar un consenso multidisciplinario integrado por expertos nacionales y extranjeros para garantizar la protocolización de la atención, tratamiento, investigación biomédica progresista, formación de especialistas, creación de unidades especializadas para poder contener y, en su caso, mitigar los daños verificados en esta patología.

Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que dentro de su reglamento se reconozca la fibromialgia, el Síndrome de Fatiga Crónica y la Sensibilidad Química Múltiple como enfermedades que generan una invalidez permanente absoluta y estén armonizadas con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que México ha ratificado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.

Diputados: Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a dar solución ágil y eficaz a las demandas de la matrícula escolar del IPN; y al GDF y a la CNDH, a salvaguardar los derechos humanos de los participantes en la conmemoración del 46 aniversario de los acontecimientos del 2 de octubre de 1968, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración el presente punto de acuerdo conforme al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que en el año de 1968, durante el gobierno del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz, se inició un proceso que significó un movimiento estudiantil, tomando como bandera una fuerte crítica contra el gobierno, pedían se respetara la autonomía universitaria y exigían la libertad de los presos políticos.

Que mediante ese movimiento social, se conformó el Consejo Nacional de Huelga (CNH), con representación de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, sindicatos y una gran parte del magisterio que a mediados de septiembre empezó a sufrir una severa represión.

Que el 1 de agosto de 1968, el entonces rector de la UNAM, Javier Barros Sierra iza la bandera mexicana a media asta y se pronunciaría a favor de la autonomía universitaria, esto derivado por el ingreso de la autoridad militar posterior al partido de fútbol americano del 22 de julio, donde participaron las vocacionales 2 y 5 del IPN y la preparatoria Isaac Ochoterena, incorporada a la UNAM.

Que el 13 de septiembre de 1968, tiene lugar "La marcha del silencio", donde los manifestantes marcharon con pañuelos en la boca.

Que el 18 de septiembre de 1968, el ejército mexicano ocupa Ciudad Universitaria de la UNAM, así como ingresa el día 24 de septiembre de 1968, el Casco de Santo Tomás, uno de los campus del IPN.

Que el 23 de septiembre de 1968, Barros Sierra presenta su renuncia a la Junta de Gobierno de la UNAM, como rector, tutela su discurso en la violación de la autonomía de la universidad, la ocupación militar.

Que durante todo el proceso se identificó a un grupo paramilitar infiltrado dentro del movimiento estudiantil, el batallón Olimpia, el 2 de octubre, es un grupo diferenciado de los manifestantes por usar un guante blanco en la mano izquierda.

Que en el proceso de corrección en los libros de texto gratuitos para la primaria que proporciona la Secretaría de Educación Pública (SEP), incorpora dos de los muy conocidos pero reservados acontecimientos históricos, las manifestaciones estudiantiles de 1968, su proceso de represión por la fuerza y el movimiento indígena zapatista, así como la magnitud de esos sucesos y la fuerza con que fue silenciada.

Que el pasado 17 de septiembre del año en curso, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional, iniciaron un paro de actividades, al cual ya se han sumado la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA), y la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Unidad Tecamachalco.

Que el reciente movimiento nace en rechazo a la aprobación de la propuesta de reforma al Reglamento Interno, así como al nuevo plan de estudios, votado por mayoría por el Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional.

Que el pliego petitorio supone que el análisis del plan de estudios y el reglamento interno fueron diseñados y acordados sin tomar en cuenta la opinión experta de la gran mayoría del personal docente que deberá aplicarlo y sin hacer un análisis exhaustivo de su viabilidad, su pertinencia social ni de sus ventajas académicas y técnicas frente al plan actual.

Que la directora del Politécnico, Yoloxóchitl Bustamante, ha restado representatividad a quienes protestan, argumentando que estos responden a personas ajenas a los de la institución.

Que los hechos anteriores son un símil de lo ocurrido en la huelga de la UNAM, del año de 1999 y que concluyó con la entrada de la Policía Federal, reprimiendo a los más de 300 mil estudiantes, después de casi 10 meses.

Que este año 2014, se conmemorarán 46 años del movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968, bajo un ambiente tenso, por los hechos que rodean al Politécnico, así como los recientes hechos suscitados en el Estado de Guerrero, en los cuales 2 normalistas y otras tres personas muertas tras los ataques de policías municipales y presuntos sicarios en contra de alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos.

Que en año con año es un común denominador las noticias sobre enfrentamientos entre grupos de infiltrados, radicales y las fuerzas de seguridad.

Que derivado de los hechos anteriores, presentó ante esta soberanía la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación y a las autoridades competentes del Instituto Politécnico Nacional, a conformar una mesa de diálogo con una representación plural y homologa del Politécnico, para dar solución pronta, eficaz y ágil a las demandas de la matrícula escolar, a efecto de prevenir acontecimientos como los suscitados con anterioridad como en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal, para que a través de la Secretaria de Gobernación, al Gobierno del Distrito Federal y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que a través de sus respectivas competencias y alcances, den observancia y eviten se vulneren los derechos humanos de los participantes de la conmemoración de la marcha del 2 de octubre, se garantice la seguridad de los habitantes del Distrito Federal y se procure una conmemoración apegada a derecho.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de septiembre de 2014.

Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que se lleven a cabo acciones para investigar, proteger y, en su caso, preservar los restos arqueológicos descubiertos en los trabajos de construcción realizados en el predio que ocupó la Octava Delegación de Policía, en Benito Juárez, Distrito Federal, a cargo de Zuleyma Huidobro González y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Zuleyma Huidobro González y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los “derechos de tercera generación” nacen de la necesidad de imponer límites a la disponibilidad de los recursos a favor de su conservación para las futuras generaciones. Por lo que concierne al derecho de la cultura, su pretensión es conservar el patrimonio monumental (http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derycul/cont/4/ens/ens 12.pdf).

Además, el derecho a la cultura también puede considerarse social, ya que éste tiene como objetivo fundamental el interés colectivo, entendido como el que tiene “una pluralidad de personas en un bien idóneo para satisfacer una necesidad en común”. Es decir, el interés de todos los sujetos a forma parte de una comunidad.

De acuerdo con el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se define el derecho a la cultura como “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.

En el país, el derecho a la cultura se consagra en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

Sin embargo, parecería que para nuestras autoridades el pleno ejercicio de los derechos culturales, así como de la protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos no son su prioridad.

Un claro ejemplo ha sido la demolición de la antigua Octava Agencia de Policía, situada en un inmueble protegido en avenida Cuauhtémoc y Obrero Mundial, en Benito Juárez, para ampliar un centro comercial.

De acuerdo con la Dirección y Difusión del Instituto Nacional de Bellas Artes, el edificio de La Octava se encontraba registrado en el Catálogo Nacional de Inmuebles con Valor Artístico, con la clave DF-BJ-1643-3036, desde 2004, y su incorporación se debió a que las autoridades en la materia consideraban que se trataba de “arquitectura relevante”.

Pero para la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal era más importante la restitución de las oficinas de la Agencia del Ministerio Público construidas entre 1943 y 1945, y que hasta hace poco fueron el último vestigio del antiguo pueblo de La Piedad, para guardar autos siniestrados y liberar la vía pública.

Nada han importado a las autoridades capitalinas la catalogación que le dio el Instituto Nacional de Bellas Artes por su valor artístico ni, mucho menos, las denuncias vecinales sobre la magnitud de los trabajos y el efecto negativo para la zona y el patrimonio artístico e histórico.

Resalta el conglomerado de omisiones tanto de la administración capitalina como de la delegación Benito Juárez, pues desde el 9 de diciembre de 2013 el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes solicitó a ésta la urgente verificación y suspensión inmediata de las obras de demolición que en ese momento se realizaban en el predio de la colonia Narvarte.

Ante tal arbitrariedad, vecinos integrantes del movimiento La Voz de Narvarte interpusieron un recurso de amparo contra actos del jefe del gobierno del Distrito Federal y el jefe delegacional en Benito Juárez, ya que el primero como autoridad ordenadora debió desincorporar el inmueble con valor artístico a favor de un fideicomiso y el segundo por ser omiso del proyecto de demolición y construcción, ya que él es el responsable de que se cumplan los requisitos indispensables como la autorización de impacto ambiental y el respeto integral de los colonos de la demarcación.

Pero la problemática no queda ahí, pues el jefe delegacional sigue solapando la impunidad imperante al permitir que continúen los trabajos en la clandestinidad, pues ahora las labores se desarrollan en un horario nocturno, lo cual evidentemente trae serias repercusiones en la calidad de vida de los vecinos que se encuentran en las periferias de la obra.

Lo anterior no resulta menor si consideramos el ruido, el golpeteo de las máquinas y el alumbramiento de los reflectores hacia las viviendas, que no permiten descansar a los colonos, los cuales podrían presentar serios problemas de salud. Por otra parte, también tenemos que considerar las condiciones laborales en que se encuentran los trabajadores, pues el riesgo se potencializa a tan altas horas de la noche y madrugada.

Ante tantas irregularidades vale la pena preguntarse si los trabajadores cuentan con las normas mínimas de seguridad, contratos de ley y, lo más importante, el respeto de sus derechos laborales, pues ellos también forman parte del daño colateral de dicha obra.

El caso ha tomado un vuelco inesperado, pues tanto autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia como vecinos y representantes de la CDHF han dado cuenta de la existencia de vestigios arqueológicos que datan de al menos de 1550, cuando ahí se construyó un convento dominico y que posiblemente se encuentren en peligro de sufrir algún tipo de daño o, en el peor de los casos, destrucción.

Ante las reiteradas violaciones, los diputados de Movimiento Ciudadano exigimos a los jefes del gobierno capitalino y delegacional en Benito Juárez que instruyan de inmediato la suspensión de trabajos en el terreno que ocupó La Octava, para construir un estacionamiento, en aras de evitar que terminen sepultados o, en el peor de los casos, destruidos los vestigios arqueológicos encontrados.

Así como reiterar nuestra obligación como legisladores de velar por las construcciones que se encuentran en las diversas colonias del Distrito Federal que forman parte de la memoria urbana e histórica y de los considerados patrimonios arquitectónicos y culturales de las delegaciones.

Derivado de lo anterior someto a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal, al jefe delegacional de Benito Juárez y al Instituto Nacional de Antropología e Historia a realizar acciones para investigar, proteger y, en su caso, preservar los restos arqueológicos descubiertos en los trabajos de construcción realizados en el predio que ocupó la Octava Delegación de Policía, en las calles de Obrero Mundial y Cuauhtémoc, en la colonia Piedad Narvarte, delegación Benito Juárez, Distrito Federal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.

Diputados: Zuleyma Huidobro González, Ricardo Mejía Berdeja.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a adoptar medidas de transparencia parlamentaria, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados A Adoptar Medidas De Transparencia Parlamentaria, en tenor de las siguientes:

Consideraciones

El presente punto de acuerdo tiene el propósito de establecer los niveles de transparencia que existen en la Cámara de Diputados, pues dentro de la sociedad se ha hablado mucho de la transparencia que existe y es de conocimiento público que la sociedad tiene desconfianza sobre la información que presentan las y los diputados a los ciudadanos, por ello se apela a que se debe de trabajar para que estos niveles sean óptimos, es decir que se presente toda la información en tiempo, pero que además esta contenga accesibilidad y que sea de fácil entendimiento.

Pues se debe de considerar que cualquier país que tienda a ser democrático debe de tener en atención que a ello ayudara más la transparencia, accesibilidad, responsabilidad, y representación,1 por parte de sus dirigentes, haciendo está más necesaria en puntos centrales del gobierno, como por ejemplo el Poder Legislativo, pues debido a la trasparecía que estos ofrezcan es que se hablará de la confianza que tienen los ciudadanos hacia con ellos, además de que también se verá reflejado en la participación que estos mantengan.

De hecho al hablar de transparencia se puede mencionar que la democracia mexicana sea construido a lo largo de los años con el esfuerzo de millones de ciudadanos, quienes han decidido adoptar una ruta moderna, conectada con los imperativos de la rendición de cuentas en la sociedad de la información, es decir vivimos en un momento en que los medios de información son fundamentales, para dar a conocer lo que por ejemplo, las y los Diputados y Senadores realizan, es por ello que se solicita que la información a la que tienen derecho los ciudadanos sea abierta, transparente y que el acceso a la información tenga rasgos distintivos y duraderos,2 para con ello lograr una mayor confianza de los ciudadanos.

Debido a la importancia de la transparencia para este Punto de Acuerdo por transparencia se entiende: La cualidad que permite el pleno acceso de la ciudadanía a las decisiones que provienen de los órganos del Estado, y a los procesos que generan esas decisiones, por lo que es una condición necesaria para la consolidación del Estado de Derecho y las instituciones democráticas que lo forman. Además de que la transparencia y el acceso a la información son elementales para el ejercicio efectivo de la participación activa de la ciudadanía, tanto en los temas de la vida cotidiana, como en los procesos de contraloría social.3

Pero antes de enfocarnos en lo que sucede en México con la transparencia, se debe de tomar como panorama lo que sucede internacionalmente, pues en las Conclusiones Preliminares del Seminario Internacional sobre Transparencia y probidad en el Congreso Nacional y el Sistema de Partidos Políticos, se llegó a la determinación de que “el fortalecimiento de la democracia es una de las prioridades del servicio público, por lo que la transparencia y la información accesible empoderan a los ciudadanos, que son el sustento del poder político”.4

Es decir como se había mencionado con anterioridad, para que en un país se haga valer la democracia, esta debe de contar con algunas características, que se volverán fundamentales para conocer el trabajo de los legisladores. Por ello en los países del mundo en los que se hable de que sus organismos gubernamentales cuentan con trasparecía, también se analizará la democracia con la que este país cuenta, es decir, en función de lo mencionado se determinará la participación, representación y hasta corrupción que hay en los países.

Además de ello en el documento de Declaración sobre la transparencia parlamentaria, elaborado en Canadá, y que es un llamado a los parlamentos nacionales, y a los órganos legislativos subnacionales y transnacionales, por la organizaciones de la sociedad civil de monitoreo parlamentario (PMOs por sus siglas en inglés) para generar una mayor compromiso con la transparencia y la participación ciudadana en el trabajo parlamentario, no solo se tiene una llamada a la acción, sino que también es una base para el diálogo entre los parlamentos y los PMOS para promover la transparencia gubernamental y parlamentaria, y para asegurarse que esta apertura conduzca a una mayor participación ciudadana, instituciones más representativas y, en definitiva, una sociedad más democrática.

Por ello entre sus alcances se encuentran:

• Promover una cultura de transparencia

• Transparentar la Información Parlamentaria

• Facilitar el acceso a la Información Parlamentaria

• Permitir el acceso electrónico y el análisis de la información parlamentaria

Además como Promoción de una Cultura de Transparencia, se estipula que exista:

1. Propiedad pública de la información parlamentaria

2. Promover la cultura de la transparencia a través de la legislación

3. Promover la cultura de la transparencia a través de la supervisión

4. Promover la educación cívica

5. Involucrar a los ciudadanos y a la sociedad civil

6. Garantizar una sociedad civil independiente

7. Habilitar el monitoreo parlamentario eficaz

8. Intercambiar buenas prácticas

9. Involucrar a los ciudadanos y a la sociedad civil

10. Garantizar una sociedad civil independiente

11. Habilitar el monitoreo parlamentario eficaz

12. Intercambiar buenas prácticas

Y con respecto a Transparentar la Información Parlamentaria se menciona que se debe de:

a. Adoptar políticas de transparencia parlamentaria

b. Proporcionar información sobre las funciones parlamentarias

c. Proporcionar información sobre los miembros del Parlamento

d. Proporcionar información sobre el personal del Parlamento y de la administración parlamentaria.

e. Informar a los ciudadanos con respecto a la agenda parlamentaria

f. Informar e involucrar a los ciudadanos en un proyecto de ley

g. Publicar los registros de los trabajos de las comisiones legislativas

h. Grabación de votos parlamentarios

i. Publicar actas de las liberaciones plenarias

j. Publicar informes realizados o proveídos al Parlamento

k. Proporcionar información del presupuesto

l. Revelar activos y asegurar la integridad de miembros

m. Divulgar información sobre conflictos de intereses y conducta ética

n. Proporcionar acceso a la información histórica

Mientras que para facilitar el acceso a la información parlamentaria se tiene que:

i. Garantizar la accesibilidad del Parlamento a través de múltiples canales

ii. Asegurar el acceso físico al Parlamento

iii. Garantizar el acceso de los medios de comunicación

iv. Proporcionar transmisiones en vivo y bajo demanda

v. Garantizar la accesibilidad en todo el país

vi. Utilizar un lenguaje sencillo

vii. Uso de varios idiomas nacionales o de trabajo

viii. Garantizar el libre acceso

ix. Suministrar información en formatos abiertos y estructurados

x. Garantizar el uso tecnológico

xi. Garantizar la privacidad ciudadana

xii. Utilizando formatos no propietarios y software open-source

xiii. Facilitar la descarga de información para su reutilización

xiv. El mantenimiento de las páginas web parlamentarias

xv. Utilizar mecanismos de búsqueda fáciles y estables

xvi. Hiperenlaces de información relacionada

xvii. Habilitar el uso de los servicios de alerta

xviii. Facilitar la comunicación bidireccional5

Los puntos mencionados anteriormente son los objetivos primordiales que deben de imperar en cada país referentes a la transparencia, y aunque aquí se alude a Parlamento se debe de tener en consideración que en cada país es diferente la denominación que se utiliza para Parlamento, pues por ejemplo en México abordaremos al Congreso, pero en general la transparencia que estos deben de mantener tiene que ser la misma, y de hecho en la Declaración se apela a que para que exista una mayor transparencia se necesita de la tecnología con la que cuenten los países.

Pues según en el documento debe de existir una sociedad civil que monitoreé lo que sucede con el Parlamento, pues de esa manera se puede entregar una mayor rendición de cuentas, para con ello establecer un diálogo fluido entre el Parlamento y los ciudadanos, y esto se dará por medio de tecnologías, que transmitan la información necesaria y requerida. Por ello entre los alcances que se establecen se deben de considerar que se promueva una cultura de trasparencia, además de trasparentar la información parlamentaria es decir que existan políticas que garanticen la publicación proactiva de lo que realiza el parlamento, y por ende se debe de facilitar la información que se tenga sobre el parlamento, y ello puede llevarse a cabo mediante la publicación electrónica y realizando análisis las labores cumplidas.6

Respecto a cómo se encuentra América Latina en nivel de transparencia en el cuestionario sobre este tema, realizado a cinco países de América Latina como son; Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, se concluyó que la mayoría de los países participantes publican información sobre el desempeño y el trabajo parlamentario, en el que se debe de incluir la información sobre proyectos a los que se abocan las y los legisladores e información sobre las agendas de actividades. Pero desafortunadamente, el mismo nivel de transparencia no se goza para información más detallada que permite evaluar otras áreas de desempeño en los parlamentos. Por ejemplo, las áreas de trabajo distrital y de gestión son de las más opacas. Destacan de estos temas la opacidad sobre la información de contacto a nivel distrital o información que rinda cuentas sobre cómo se ejerce el presupuesto de éste órgano.7 Es decir la información que proporcionan estos cinco países es a grandes rasgos aceptable, con lo que se entiende que la información que se proporciona va de lo general a lo particular, siendo la general la que tiene mayor transparencia, pero eso no sucede con la información más específica, por ello se solicita que se debe de trabajar para que esta también cuente con el mismo nivel de transparencia.

Aunado a ello en los cinco países mencionados se encuentra que con respecto a la información más exhaustiva que permite una verdadera rendición de cuentas y una evaluación detallada es difícil de encontrarla. Por ejemplo, todos los países cuentan con mecanismos para acceder por ejemplo en Internet a las sesiones en sala a través del canal del congreso; sin embargo, no todos los países evaluados cuentan con registros taquigráficos de lo ocurrido en sesiones de comisión.8 O en algunos países se encuentra también que aunque la información sea proporcionada por vía Internet o por medio de Televisión, en algunos casos esta es de paga por lo que un sector importante de la sociedad no tiene acceso a ello y lo mismo sucede con el Internet, es decir todavía son tecnologías que no son de fácil adquisición.

Debido a lo mencionado hasta el momento se considera que en una sociedad como la mexicana se debe de tener en consideración que estamos frente a ciudadanos que quieren y deben estar informados de los que se realiza tanto en la Cámara de Diputados, por ello se debe de trabajar para que esta información sea de fácil acceso para los ciudadanos, pues con ello como ya fue mencionado existirá mayor confianza hacia los legisladores.

Es por esto que en México existe la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en la que en el Artículo 3º, se estipula quienes son las personas encargadas de rendir cuentas:

Fracción XIV: son sujetos obligados:

b) El Poder Legislativo Federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente y cualquiera de sus órganos.9

Aunado a la Ley de Transparencia se encuentra el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, en donde se establece que áreas dentro de la Cámara fungen con las responsabilidades para ayudar a que en el Congreso exista transparencia respecto a lo que realizan las y los Diputados, por ello se encuentra a la Unidad de Enlace de la Cámara de Diputados, quien tiene la obligación de:

Artículo 5.

1. La Unidad es el órgano operativo de la Cámara que:

I. Establece el vínculo con los órganos obligados a presentar la información institucional

La cual entre sus facultades tiene las siguientes:

Artículo 6.

I. La Unidad

II. Recibe, analiza y divulga, en su caso, la información pública obligatoria para cumplir con las políticas de transparencia;

VIII. Realiza los trámites internos necesarios para entregar la información solicitada y vigila que se notifique a los particulares de las resoluciones que emite;

Pero además de la Unidad también se encontrara al Órgano Rector que es el encargado de establecer las políticas y lineamientos en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales de la Cámara de Diputados, y que tiene la función de:

Artículo 10.

I. El Órgano Rector es la instancia encargada de establecer las políticas institucionales en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en la Cámara.

Pero resulta indudable que para que la transparencia se de en todos los sentidos dentro de la Cámara de Diputados se necesita de la participación de más áreas, como en este caso la del Consejo, que es el de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados y el que tiene la siguiente función:

Artículo 24.

1. El Consejo:

I. Participa en el diseño de la política institucional de la Cámara en materia de transparencia, acceso a la información pública y la protección de datos personales mediante análisis, evaluaciones periódicas, estudios y recomendaciones;

Una vez que es claro quienes tienen la función de vigilar, coordinar y participar en la transparencia en la Cámara de Diputados, deben de estipularse dentro del Reglamento los lineamientos para que la información sea del total conocimiento público, por ello se traen a colación los siguientes preceptos:

Artículo 44.

1. Conforme a los principios de máxima publicidad y disponibilidad, toda información en poder de la Cámara se presume pública y debe estar asequible, salvo la que deba estar clasificada como reservada, la información confidencial y los datos personales protegidos.

2. La información pública debe estar a disposición del usuario gratuitamente vía electrónica en fuentes apropiadas y su consulta se sujeta sólo a la disponibilidad material y física de espacios, equipos y capacidad técnica.

Artículo 46.

1. La Cámara está obligada a publicar información actualizada sobre:

I. Estructura orgánica;

II. Facultades de cada órgano obligado;

III. Directorio de Servidores Públicos, desde el nivel de Jefe de Departamento o equivalente hasta el Secretario General;

IV. Remuneración mensual por puesto, incluyendo compensaciones y/o percepciones extraordinarias;

V. El domicilio de la Unidad;

VI. La dirección electrónica donde pueden recibirse las solicitudes de información;

VII. Las metas y objetivos de los órganos y sujetos obligados en la Cámara;

VIII. Los servicios que se ofrecen;

IX. Los trámites, requisitos y formatos;

X. Presupuesto asignado e informe semestral del ejercicio del gasto, debidamente desglosado por partidas y montos;

XI. El Programa de Trabajo de la Contraloría Interna y el resultado de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada órgano y sujeto obligados;

XII. Licitaciones y contrataciones otorgadas, especificando los titulares;

XIII. Marco normativo aplicable a cada órgano y sujeto obligados;

XIV. Informes que generen los órganos y sujetos obligados;

XV. Mecanismos de participación ciudadana;

XVI. Indicadores de gestión de órganos y sujetos obligados, y

XVII. Cualquier otra información útil o relevante y la relativa a las preguntas o cuestionamientos que haga el público de manera más frecuente.

Artículo 50.

1. La Secretaría General tiene obligación de publicar la información a que se refiere el artículo cuarenta y seis relacionada con:

I. La Mesa Directiva;

II. La Junta;

III. La Conferencia;

IV. Los diputados sin partido;

V. Las comisiones, y

VI. Los comités.

Es decir, dentro del Reglamento de la Cámara de Diputados en materia de transparencia, es claro que se establecen responsabilidades y que se estipula cual es la información que debe de ser pública.

Y la importancia de lo mencionado radica en que la trasparecía dentro de la Cámara de Diputados es fundamental pues de ahí se deriva también la percepción de la corrupción que pueda existir en un país, o al menos el nivel de percepción de corrupción que puede llegar a tener los ciudadanos, pero para que una sociedad funcione correctamente deben de existir buenos mecanismos para que la sociedad confié; y esto se da por ejemplo a través de medios información que los gobernantes proporcionen, es decir si existen canales confiables, los mismos ciudadanos pueden cooperar para que los gobernantes realicen su trabajo sin tener la necesidad de estarlos vigilando.

Pues algunas veces no basta con que se establezca en las leyes o reglamentos lo que se debe de hacer en materia de trasparencia, sino que lo importante es que esto se lleve a la práctica, pues de lo contrario la falta de transparencia llegaría a incrementar los niveles de corrupción.

Y para demostrar lo mencionado se presenta la siguiente gráfica 10 en la cual se demuestra como existen altos niveles que corrupción y de falta de rendición de cuentas en México.

De hecho, ha sido tal la necesidad de transparencia en los organismos, que la misma sociedad civil y el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal-infoDF, han realizado diversas recomendaciones, entre las que se encuentran cuatro aspectos:

a) El marco normativo;

b) La labor legislativa;

c) Presupuesto y gestión legislativa, y

d) Participación ciudadana,

Y aunque estas recomendaciones fueron para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal – ALDF-, también se puede considerar que las recomendaciones pueden ser retomadas para otros órganos parlamentarios como la Cámara de Diputados, pues entre ellas se mencionan que dentro de: la transparencia debe de existir la rendición de cuentas, el acceso a la información, con el fin de ir convirtiendo al órgano legislativo local en referente en estas materias a nivel nacional e internacional.11

Por lo tanto del panorama tanto internacional como nacional se deduce que debe de existir una mayor transparencia, pues como lo menciono el organismo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA): “muchas veces ni siquiera se conocen los montos asignados a los grupos parlamentarios; no es fácil acceder a la información sobre las dietas de los diputados, y los resultados de las auditorías están incompletos y no están actualizados”. Por ello, se apela a que debe de existir una mayor transparencia, pues de lo contrario sucede que hay una percepción social negativa de la actividad de quien intenta influir en las decisiones. Además de que como bien se menciona en las Conclusiones anteriormente citadas no basta con que el Parlamento o Congreso en este caso, entregue información a la ciudadanía, sino que también es importante la forma en cómo ésta se presenta y la simplicidad en el lenguaje de su redacción para acercarla al ciudadano.12

Ello aunado a que muchas veces puede existir información abundante de lo que hacen, por ejemplo los Diputados o los Senadores, pero algunas veces esa información no le sirve a los ciudadanos, pues es de difícil entendimiento con palabras que no son de conocimiento público, por lo cual muchas veces si se esperan a buscar el significado de la palabra probablemente ya se les olvido lo que están leyendo, por ello se estipula que además de la publicación de los documento que ayudara a tener una mayor transparencia, estos también sean entendibles para todos.

Debido a esta falta de información es que se piensa que los informes y estrategias que se entreguen por parte de la Cámara de Diputados deben de pasar por la Junta de Coordinación Política que de acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos es:

Artículo 33.

1. La Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

Todo lo mencionado con anterioridad obedece a la preocupación para mejorar los niveles de confianza de los ciudadanos, ya que la prensa nacional ha registrado diferentes actividades de opacidad en la información pública nacional.

Prueba de lo mencionado fue cuando se dijo, que el Poder legislativo, es caro y poco transparente, pues según Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, consideró que son preocupantes los niveles de opacidad, la falta de transparencia y el costo creciente de los poderes legislativos en México. Además de que Luis Ugalde menciona que respecto a los gastos “son una isla total de opacidad y no sabemos a dónde van a parar estos recursos y sólo sabemos de historias que nos dicen, que se usan para la compensación de los salarios de los legisladores, premios en disciplina o pago de eventos externos y la sospecha es que son para beneficio personal”.13

De hecho aunado a lo mencionado en la revista Proceso , se refirieron a la opacidad y la deshonestidad que han dejado en México algunos gobernantes, ejemplificándolo con los casos del Fobaproa y la Estela de Luz, las tragedias del Casino Royale y de la guardería ABC..., es decir son casos en los cuales la falta de claridad ha provocado que se estime que ha existido corrupción detrás de ellos y que el gobierno ha influido de manera negativa para que no haya resultados acordes. Además ante tales evento el 20 de septiembre de 2012, el país firmó junto con Estados Unidos, Brasil, Noruega, el Reino Unido, Sudáfrica, Indonesia y Filipinas, la Alianza para el Gobierno Abierto con el fin de promover la transparencia y combatir la corrupción. Las naciones firmantes deben presentar un plan de acción con compromisos a desarrollar en 2012.14

Es por lo mencionado, que en materia de transparencia existe la convicción de que la rendición de cuentas es un motor de cambio, un revulsivo en la relación entre la sociedad y la gestión pública, pues de no existir la rendición las actitudes regresivas y la tentación de ejercer presiones veladas o abiertas siempre estarán presentes y pueden afectar los avances alcanzados.15

El IFAI afirma que la falta de transparencia en nuestro país no es casual, es intencional, ya que se han generado obligaciones de transparencia sin consecuencias para los incumplidos. Los obstáculos en contra del acceso a la información son, en muchos casos, infranqueables, sobre todo en estados y municipios. La falta de sanción para los servidores públicos que incumplen con su obligación genera la sensación de cinismo.16

Una de las cuestiones en las que se piensa existe menos trasparencia es en los gastos que realizan las y los diputados, por lo cual se ha argumentado en Proceso que después de realizar obras millonarias de remodelación para la Cámara de Diputados y la autorización de licitaciones de manera directa, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Manlio Fabio Beltrones, menciona que por la falta de transparencia es que se pidió crear una nueva norma que fortalezca la transparencia del ejercicio del gasto público. Pues se pretende que la Cámara de Diputados sea un ejemplo para poder seguir legislando con autoridad absoluta.17

Además entre los cambios que deberá contener el programa de transparencia sobre el uso del gasto, detalló Beltrones, estará el optimizar los recursos humanos que se asignan a los órganos de gobierno, comisiones y comités legislativos con el objeto de revisar la plantilla laboral de honorarios y evitar con ello duplicidades.18

De hecho por lo argumentado hasta ahora y por la falta de confianza de los ciudadanos, en el periódico La Prensa , el ahora Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, menciono que durante la discusión del paquete Económico para 2015 habrá plenas garantías de transparencia y respeto a la pluralidad de opiniones de los legisladores.19

Es decir debido a la falta de información que gira alrededor de la Cámara de Diputados, es que se pretende que existan mecanismos acordes para publicar la información que la ciudadanía quiere obtener, pero sobre todo se debe ser claro en cómo se publica la información, ya que por los antecedentes mencionados uno de los principales argumentos es que puede que exista información pero esta no es entendible, ejemplo de ello es la dieta que perciben de las y los diputados, pues dentro de estos ingresos hace falta que haya más claridad, además de que la transparencia se dé también en los montos que se les proporciona para realizar actos dentro de su distrito, pues es del manejo de este dinero del cual se presume ellas y ellos lo pueden utilizar para beneficios personales, como se mencionó párrafos arriba.

Pues de acontecimientos como los mencionados en materia política, pero también en economía, social, jurídica, etc. Hacen urgente el replanteamiento de una ética racional y universal cuyo centro de gravitación sea la persona humana. Para que hacía. De este modo, la función legislativa juega un papel relevante en la reconstrucción de la ética social.20

En conclusión una sociedad como la nuestra, y la cual cuenta con diversos panoramas internacionales, debe de prever que existan mecanismos acordes a la sociedad, para que esta tenga niveles óptimos de transparencia, pues como se argumentó, con ello se encontrará que el país será más democrático pues los ciudadanos tendrán mayor confianza en sus gobernantes, y por el contrario si estos no actúan acorde a las necesidades del país se les podrá castigar, con niveles de confianza bajos. Además de que como también se mencionó, con la transparencia se puede llegar a bajar los niveles de corrupción, aspecto que es de suma importancia, pues hoy en día los ciudadanos no confían en sus gobernantes.

Por ello es que se apela a que las leyes se vuelvan instrumentos de los que se valgan las personas para formar planes individuales de acción. Es decir que proporcionen un marco ético del cual cada persona tenga libertad de acción, y en consecuencia asuma la responsabilidad que esto conlleva, como bien se menciona en el texto, La importancia de la ética jurídica, en la labor legislativa. 21

Y por ello la importancia de este punto de acuerdo, pues uno de los principales conflictos que existe entre la sociedad y los legisladores, es el hecho de que no existe una transparencia fundamental en el recinto, por lo que la importancia del punto de acuerdo radica en que los niveles de trasparecía deben de ser óptimos para la sociedad mexicana.

Por tanto y en mérito de lo expuesto, someto a la consideración, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a su Órgano Rector de transparencia elabore y entregue recomendaciones a la Junta de Coordinación Política para hacer comprensible y de fácil acceso a la información pública a la que la Ley le obliga a las y los ciudadanos.

Notas

1 Se entiende comúnmente por democracia, como el gobierno del pueblo, o bien de todo aquello que gozan de ciudadanía, ello por medio de la teoría clásica. Norberto Bobbio, Nicolás Matteucci y Gianfranco Pasquino, Siglo veintiuno editores, P. 441.

2 La transparencia y el futuro de la democracia en México, disponible en http://inicio.ifai.org.mx/Articulo6/dec_G.pdf, P. 3

3 Resultados de la Encuesta Sobre Transparencia Legislativa en 5 Países de América Latina, (2010), disponible en; http://www.transparencialegislativa.org/wp-content/uploads/2013/04/Diag no%CC%81stico.pdf, P. 4.

4 Conclusiones Preliminares del Seminario Internacional sobre Transparencia y probidad en el Congreso Nacional y el Sistema de Partidos Políticos , Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Disponible en; www.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/24257/1/...doc.

5 Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria , disponible en OpeningParliament.org, consultado el 25 de agosto de 2014,

6 Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria , disponible en OpeningParliament.org, consultado el 25 de agosto de 2014, P. i-iii.

7 Resultados de la Encuesta Sobre Transparencia Legislativa en 5 Países de América Latina

8 Ibídem

9 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, última reforma (7-04-2014), disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244_140714.pdf, P.2.

10 Resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013 (16 de junio de 2012), “Problemas más importantes en la entidad federativa”, en INEGI, disponible en http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/bolet in/comunicados/especiales/2014/junio/comunica3.pdf, P. 41.

11 Trabajan Infodf y ALDF para mejorar transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, disponible en; http://www.infodf.org.mx/web/index.php?option=com_content&task=view &id=1644&Itemid=999

12 Conclusiones Preliminares del Seminario Internacional sobre Transparencia y probidad en el Congreso Nacional y el Sistema de Partidos Políticos

13 El Financiero, (26 de agosto, de 2014), “Poder legislativo, caro y poco transparente: Integralia”, en El Financiero, sección Política, disponible en http://www.elfinanciero.com.mx/politica/caro-y-poco-transparente-el-pod er-legislativo.html, consultado el 11 de septiembre de 2014.

14 Arturo González de Aragón, (9 de marzo de 2012), “Transparencia y rendición de cuentas México: ¿Estado corrupto? (II y última)”, en Proceso , sección análisis. Disponible en; http://www.proceso.com.mx/?p=300561, consultado el 11 de septiembre de 2014.

15 Ibídem.

16 Ibídem.

17 Jesusa Cervantes, (1 de septiembre de 2014), “Ofrece Beltrones transparentar gasto en la Cámara de Diputados”, en Proceso , sección Nación, http://www.proceso.com.mx/?p=381014, consultado el 12 de septiembre de 2014.

18 Ibídem.

19Carlos Lara, (8 de septiembre de 2014), “Habrá plenas garantías de transparencia y respeto a la pluralidad, dice Aureoles”, en La Prensa , Organización editorial Mexicana, disponible en; http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3531057.htm, consultado el 12 de septiembre de 2014

20 José Antonio Sánchez Barrosa, (agosto 2013), “Consideraciones finales”, en La importancia de la ética jurídica, en la labor legislativa, serie roja, LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, p 24

21 Ídem, página 25.

Sede de la Cámara de Diputados, a 30 de septiembre de 2014.

Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a realizar diversas acciones en torno a las modificaciones del Reglamento del IPN y los planes de estudio, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidobro González, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidobro González, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Una vez más, y las veces que sea necesario, sostendremos que la reforma educativa ha sido uno de los golpes más graves que ha enfrentado la población mexicana, a manos de un gobierno indolente y un Congreso que legisla al vapor, vía fast track, convirtiendo a la Cámara de Diputados en la oficialía de partes del Ejecutivo.

La firma del convenio entre el gobierno federal y las entidades federativas para la implementación de la reforma educativa es un reconocimiento del fracaso, provenido desde la aprobación de la reforma en el Congreso, como de la falta de aplicación de la misma en cada una de las entidades federativas y el Distrito Federal.

No se informó debidamente a México sobre los contenidos y alcances de la reforma, ni operaron con pericia política suficiente para evitar la resistencia que persiste en la implantación de la misma, lo cual fue puesto en evidencia en diciembre de 2013, cuando se tuvo que realizar un encuentro al que asistieron 31 gobernadores y el jefe del gobierno capitalino, para pedirles y comprometerlos a cumplir la ley.

El paro de labores en algunos planteles educativos del Instituto Politécnico Nacional en oposición a la entrada en vigor del nuevo reglamento interno y de los nuevos planes de estudios, vislumbra un serio conflicto que puede crecer y no sólo extenderse a cada plantel de esa institución educativa, sino a otras más que están dispuestas a solidarizarse con los politécnicos y formar un solo bloque en contra de la reforma educativa que ha comenzado a dañarles de manera directa.

Todo inició cuando el pasado 17 de septiembre los estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) iniciaron el paro de actividades escolares en protesta por la implantación de un nuevo plan de estudios que recorta su educación profesional por un semestre, y modifica las materias a ámbitos que no son del todo compatibles con su especialidad, además de la publicación de un nuevo reglamento interno del IPN.

Muy pronto se unieron cinco escuelas preparatorias y otros tres planteles de educación superior, y la organización sigue en crecimiento, pues otros planteles han anunciado que podrían unirse a la suspensión de actividades.

Sin embargo, las autoridades del país y del propio IPN, encabezado por Yoloxóchitl Bustamante Díez, sostienen con total convicción que tanto el nuevo reglamento interno –que aunque no ha sido publicado en la gaceta, ya aparece en el sitio oficial del politécnico–,i así como los nuevos planes de estudio forman parte del proyecto de reforma que renovará a dicha institución; sin embargo, las y los estudiantes no creen en que con las modificaciones su educación será fortalecida y afirman que no fueron consultados para aceptar o no las modificaciones.

La dirección del IPN ha rechazado que el proyecto de plan de estudios y reglamento interno afecta a la institución, al tiempo que ha rechazado que las protestas de los alumnos obedezcan a un problema interno, y aseguró que obedecen a un movimiento externo.

Las personas que se están manifestando contra las modificaciones del reglamento interno del Instituto Politécnico Nacional no pertenecen a un movimiento estudiantil sino a uno externo, aseguró Yoloxóchitl Bustamante, directora de la institución.

Aunque la Dirección General del IPN aseguró ayer en un comunicado que el objetivo de esta casa de estudios seguirá siendo “el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos”, este valor, explicitado en el reglamento de 1998, fue eliminado del nuevo reglamento aprobado.

En su versión anterior, dicha norma establecía que las investigaciones científicas y tecnológicas del Politécnico deben contribuir “a mejorar la calidad de vida de la población, y a la conservación y uso sustentable de los recursos naturales de la nación”, aspecto que fue sustituido por uno nuevo, ya que ahora se establece como meta de las investigaciones del Politécnico contribuir “a la solución de problemas en áreas estratégicas, prioritarias, y otras de interés general”, además de que se marca como obligación del personal docente el “coadyuvar en el fortalecimiento de la innovación y la competitividad empresarial”. Las acciones de vinculación, asimismo, ahora estarán orientadas a “fomentar la cultura emprendedora, la incubación de empresas, el incremento de la productividad y la competitividad”.

Asimismo, entre las funciones del IPN establecidas por el reglamento de 1998 se consideraban sólo la “docencia, la investigación científica y tecnológica y la difusión de la cultura”, pero el nuevo reglamento añade una nueva función, promover “la generación de vínculos con los sectores productivo y social”.

Otros dos valores provenientes del discurso nacionalista con el que fue creado el IPN, pero que fueron eliminados de su nuevo reglamento, son los que veían el servicio social como una forma de “retribuir a la sociedad los beneficios de los servicios educativos recibidos”, así como un medio para “desarrollar en los alumnos y egresados un elevado sentimiento de solidaridad social”. Ambos conceptos fueron sustituidos por un nuevo valor: que el servicio social debe ser realizado “en beneficio del Estado y de la sociedad”.

Destaca también la modificación aplicada al objetivo expreso del IPN de contribuir a “alcanzar el progreso social de la nación”, ya que en el nuevo reglamento dicho progreso social se da ya por alcanzado, y la nueva meta del Politécnico ahora es sólo “fortalecerlo”.

Otra de las modificaciones del Reglamento Interno del IPN que generaron amplias críticas fueron las relativas a los planes de estudio, y es que la reforma aprobada elimina el instrumento mediante el cual cualquier modificación a dichos programas de enseñanza debía ser puesta a consideración del Consejo General Consultivo, así como con los consejos técnicos escolares. Así, el nuevo reglamento deja la modificación a los planes de estudio a criterio únicamente de los directivos –ya sin la participación de los representantes del sector escolar y académico.

El nuevo reglamento, además, suprime la larga lista de características que debían cumplir los planes de estudios, y que garantizaban su efectiva aplicación, tales como la descripción ordenada de los objetivos y contenidos de la asignatura, los métodos y medios didácticos requeridos, el tiempo de dedicación de cada unidad, así como su relación con otras disciplinas, bibliografía, prácticas y visitas escolares, técnicas y profesionales y los procedimientos de evaluación.

De hecho, aun cuando el antiguo reglamento depositaba en los consejos técnicos consultivos escolares la facultad de “conocer y acordar” sobre “el programa de mediano plazo del director de la escuela”, así como “las propuestas de creación, modificación o supresión de programas académicos, planes y programas de estudio”, el nuevo reglamento sólo les concede “conocer y opinar” sobre dichos rubros.

Y aunque no tiene que ver con los planes de estudio, destaca que el nuevo reglamento suprimió también la obligación de las autoridades de “fortalecer la red de bibliotecas y el acervo documental, magnético y audiovisual (del IPN) el cual deberá mantenerse permanentemente actualizado”.

Otro punto del reglamento cuya reforma fue ampliamente criticada por los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional fue la relacionada con la expulsión de quienes se retrasen en sus estudios, ya que la nueva norma establece que “causará baja del programa académico” el alumno que adeude más de dos materias durante más de dos periodos escolares anteriores al que curse.

Esta situación, sin embargo, ya estaba incluida en el reglamento de 1998, el cual establecía como obligación de los alumnos mantener su condición de “regular”, para lo cual era requisito imprescindible el no adeudar más de dos materias por más de dos periodos lectivos.

Por el contrario, un derecho que sí perdieron los estudiantes fue el poder cambiar de carrera, una vez, durante sus estudios; ya que esta posibilidad no se menciona en el nuevo reglamento.

Asimismo, del nuevo reglamento fue borrado el derecho a “obtener del Instituto el reconocimiento de sus organizaciones y asociaciones cuando éstas persigan fines académicos”.

Además, la reforma aprobada suprime también el derecho de los egresados del IPN a ser considerados parte de la “comunidad académica”, la cual desde ahora será integrada sólo por “alumnos, personal académico, personal no docente y personal directivo”.

Por último, el nuevo reglamento elimina el derecho expreso de los alumnos a “recibir el número de clases previstas para cada asignatura, señaladas en los planes y programas de estudio”, aunque con la reforma sí se añadió a sus obligaciones la de “cumplir con las sesiones y actividades establecidas en el programa de estudios”.

Estas modificaciones orillaron movilizaciones de cerca de 9 mil estudiantes, maestros y padres de familia, quienes en sólo un día lograron sumar la fuerza suficiente para desplegar este tipo de manifestación que en todo momento se mantuvo pacífica.

Sin embargo, para la directora del Instituto, Yoloxóchitl Bustamante Díez, la movilización no es legítima.

“Veo algo extraño en este movimiento, una estrategia muy bien argumentada y organizada para crear las inquietudes que saben, que prenden en los muchachos y que han tomado como pretexto un problema académico que ya no existe, para querer parar las escuelas”, dijo Bustamante en entrevista radiofónica.

Indicó que todo inició con un problema académico en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Zacatenco, donde arrancó la aplicación de un nuevo plan de estudios: el 2014, el cual, aseguró, incluye mejoras respecto al de 2004, para desprestigiar las movilizaciones durante la misma conversación.

Carmen Aristegui: Ése es el titular, que “Es un movimiento externo”. ¿Usted sostiene esta frase?

Yoloxóchitl Bustamante: Sí, sí, sí lo sostengo.

Carmen Aristegui: ¿Aunque estén ahí miles de estudiantes del Politécnico en la calle?

Yoloxóchitl Bustamante: ¿Usted puede demostrarme que todos traen credencial?

En respuesta, el cuerpo estudiantil lanzó un videoii en el que se retratan imágenes de diversos planteles, y a cientos de estudiantes con credencial en mano.

En dicho video se plantean diversas inquietudes, que reafirman su gran preocupación en las modificaciones planteadas con anterioridad en este texto, además de una gran inquietud por la falta de respuesta ante la exigencia de derogación del Reglamento de 2014, y contra el aplazamiento por un año de su aplicación.

El Instituto Politécnico Nacional es una de las instituciones de mayor prestigio del país, fundada por decreto presidencial durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, y desde su fundación ha dado educación de alto nivel a miles de juventudes mexicanas, que con su esfuerzo y educación han dado reconocimiento nacional e internacional a su institución y a México.

La implantación de la reforma educativa encuentra su principal obstáculo en los grupos estudiantiles y magisteriales, que en unidad y con consciencia sobre la gravedad de los cambios, han decidido salir a las calles.

Por lo expuesto y fundado sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, a promover en el marco de sus facultades el diálogo y el consenso entre el equipo Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional con el cuerpo estudiantil y magisterial de éste, a fin de lograr la derogación del nuevo Reglamento de 2014, así como las modificaciones de los planes de estudio, y propiciar la generación de un nuevo reglamento que cuente con la aprobación de todos los sectores, promoviendo así verdaderos avances rumbo a una mayor profesionalización del instituto, sus estudiantes y su cuerpo docente.

Notas

1 http://www.ipn.mx/Documents/Reglamento-Interno-CGC24-SEP-2014.pdf

2 https://www.youtube.com/watch?v=clORbS4XWjA

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidobro González

Con punto de acuerdo, relativo a las concesiones otorgadas a las mineras, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

A raíz de los acontecimientos relacionados con la fuga de materiales contaminantes en los ríos Bacanuchi y Sonora por parte de la empresa minera Cananea perteneciente al Grupo Industrial México, se ha observado la falta y ausencia de la aplicación normativa y del estado de derecho que debe imperar por parte de las autoridades encargadas de otorgar las concesiones para explotar minerales en el país.

Situación que deriva en algo muy grave, en virtud de que dichos acontecimientos han generado daños ambientales, sociales y económicos de enorme cuantía, al verter más de cuarenta millones de litros de ácido sulfhídrico en dichos ríos.

Este hecho ha provocado no sólo la molestia y el detrimento económico de las y los ciudadanos de más de nueve municipios colindantes con la zona afectada, sino también se ha incurrido en riesgos para la salud de quienes habitan dichos lugares, al estar expuestos a la ingestión de agua contaminada.

Asimismo, ha traído como consecuencia que muchos agricultores se vean impedidos para poder vender y exportar su producción, pues los compradores temen que los alimentos estén contaminados; por otro lado, este enorme desastre ha retrasado el ingreso a clases de más de 89 escuelas de nivel primaria, es decir, aproximadamente cinco mil 900 estudiantes resultaron con afectación.

Resulta evidente que los hechos descritos son de interés público, en especial para las y los legisladores federales, al ser los que representan a la ciudadanía frente al Estado. Por ello, es necesaria la intervención para cuestionar a las autoridades responsables de otorgar los permisos y licencias a empresas privadas que explotan los recursos naturales de nuestro país, pues son éstas las que además de autorizar dichos permisos, deben vigilar que los particulares involucrados lo hagan de acuerdo con lo establecido en la ley.

Es decir, no sólo se constriñe a permitir la explotación de mineral, sino a darle el seguimiento puntual y vigilar que esta actividad sea realizada con estricto apego a derecho.

La Secretaría de Economía tiene dentro de sus facultades, regir y regular al sector industrial y en este caso al minero; en este sentido se observa que su respuesta antes los hechos ocurridos ha sido pasiva frente a la sociedad y los medios de comunicación pues no ha brindado una respuesta contundente acerca de las acciones concretas que, para prevenir o corregir este tipo de problemas se están tomando.

A su vez, la Coordinación General de Minería de la Secretaría de Economía, a cargo del licenciado Mario Alfonso Cantú Suárez, es la responsable jurídicamente de otorgar los permisos a particulares para la explotación de minas.

Asimismo, es la responsable de vigilar que las empresas beneficiadas con dichos permisos realicen su actividad apegada a la ley; lamentablemente, dicho organismo se ha abstenido en todo momento de dar la cara públicamente frente a la ciudadanía y mucho menos ha exigido a la empresa responsable de dicho desastre, a reparar el daño o de lo contrario suspenderle la concesión para seguir explotando la mina en cuestión.

La única dependencia que ha actuado en consecuencia frente al desastre desde la parte ambiental, ha sido la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quienes son las dependencias responsables de resguardar el medio ambiente, así como su justo y legal aprovechamiento.

En este sentido, es clara la omisión –en consecuencia la negligencia y responsabilidad frente a los hechos por parte de la Secretaría de Economía y la Coordinación General de Minerías– pues se insiste, son estas dependencias las que regulan al sector industrial minero y su acción frente a los hechos se ha reducido a no decir ni hacer nada, en una franca indiferencia a la demanda ciudadana de tomar acciones concretas para evitar el abuso de las concesiones.

Entonces, la interrogante que persiste es sobre si su labor sólo se reduce a brindar permisos de explotación y no a también vigilar que esta actividad se realice de forma legar, cumpliendo con la normatividad aplicable.

Lamentablemente en fecha reciente se ha conocido una larga serie de denuncias y acusaciones por presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias e, incluso, casos de nepotismo vinculados a varios funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Economía y de la Coordinación General de Minería; entre las cuales se encuentran las presentadas a continuación:

1. Denuncias de personas físicas y morales que declaran ser víctimas de funcionaros que condicionan la expedición de concesiones de explotación a cambio de sumas de dinero o, en su defecto, la participación en sociedad de las mismas explotaciones hasta por un cincuenta por ciento de ellas.

2. Acusaciones acerca de certificaciones poco confiables de las reservas de minerales en algunas concesiones a las que se ofrece (a cambio de una módica comisión), el servicio de apoyos económicos desde las instancias del Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi), con base en dichas reservas presuntamente apócrifas.

3. Presuntos actos de nepotismo y tráfico de influencias por contratación de familiares en algunos de los órganos bajo su control, al incluir en la nómina del Fifomi a uno de sus hijos, organismo que preside el propio Coordinador General de Minería de la Secretaría de Economía, en donde también se ha designado en posiciones clave a presuntos familiares políticos y consanguíneos de Ildefonso Guajardo Villareal, secretario de Economía.

Dado lo anterior, es importante eliminar todo tipo de duda acerca de la legalidad de los actos que realizan funcionarios de primer nivel del Gobierno Federal, en particular de un sector clave para el desarrollo nacional cuyo desempeño reciente ha dejado mucho que desear; por ello presentamos a esta honorable asamblea los siguientes resolutivos con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Julián Olivas Ugalde, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, encargado del Despacho de la Secretaría de la Función Pública, a investigar los presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias al interior de la Secretaría de Economía, en específico en la Coordinación General de Minería; dando seguimiento especial al tema de solicitud, trámite y expedición de concesiones en los últimos dos años; a la par de investigar los presuntos hechos de nepotismo en dicho organismo.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría especial –apoyada técnicamente por la UNAM– para verificar que las reservas certificadas durante la presente administración correspondan con la realidad, en especial aquellos casos en los que han sido beneficiarias de apoyos provenientes del Fifomi.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.

(Rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD

28 de septiembre Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe

En México, el artículo 4o. de nuestra Constitución política establece el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, al contemplar la libre decisión sobre el número y espaciamiento de las hijas e hijos. ¡Sin embargo esta garantía está lejos de ser una realidad para las mujeres de este país!

Me pregunto, compañeras diputadas y diputados: ¿Por qué esa confrontación de realidades? ¿Por qué mientras la Constitución otorga derechos, los gobiernos se encargan de impedir su ejercicio?... ¿Por qué mientras la Constitución mexicana nos da libertad, en los estados se nos da cárcel, estigma, y se nos orilla a la clandestinidad, al riesgo y a la muerte?

El 28 de septiembre conmemoramos en América Latina y el Caribe el Día Internacional de lucha por la despenalización del aborto, fecha que fue declarada durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, en 1990, para llamar la atención sobre las complicaciones que afectan a las mujeres por la práctica de aborto inseguros, un hecho que constituye la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los países de la región.

En México, la exigencia de las mujeres por la despenalización del aborto ha enfrentado históricamente la dura batalla de trascender al conservadurismo del estado, que alejado del principio de laicidad, sigue negándose a reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, su maternidad y su vida.

¡Es inaceptable que en México las mujeres sigan siendo encarceladas y sentenciadas por pretender ejercer el derecho a una maternidad voluntaria! ¡Es inaceptable que en todo el país, exceptuando la Ciudad de México, siga usurpándose la decisión de las mujeres a decidir sobre su maternidad y su cuerpo!

Resulta altamente preocupante la tendencia creciente observada en varios congresos del país, para imponer candados que buscan impedir que las mujeres decidan sobre su maternidad; como lo han hecho 18 estados con reformas constitucionales que protegen derechos vagos, pasando por encima de los derechos de las mujeres, limitando y restringiendo libertades y considerando a las mujeres meros aparatos de reproducción humana.

Por eso, este día hago un llamado a apartar la moral de la salud pública: ¡La interrupción legal del embarazo no es una concesión de los gobiernos; es un derecho humano que nos asiste simplemente por el hecho de ser mujeres y el estado ha sido omiso al no generar condiciones para su pleno ejercicio!

La realidad ha comprobado también que las leyes restrictivas no impiden que las mujeres aborten, más bien obligan a las mujeres a recurrir a la clandestinidad de los abortos inseguros. Existen evidencias incontrovertibles de que la despenalización del aborto es un mecanismo para mejorar la salud pública, al reducir las complicaciones y muertes asociadas a los abortos inseguros.

Un ejemplo palpable lo tenemos en la Ciudad de México. Las reformas que en 2007 hicieron realidad una histórica demanda de las mujeres, al despenalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación, ha demostrado los beneficios de una política pública integral, ampliando la progresividad de los derechos e impactando favorablemente la reducción de la mortalidad materna ocasionada por abortos inseguros.

Los órganos de vigilancia de cumplimiento de los tratados de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas ya han señalado en repetidas ocasiones la necesidad de que los países revisen sus leyes de aborto para proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres.

En julio de 2012, México recibió recomendaciones del Comité de expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en las que externa su preocupación ante el hecho de que el acceso al aborto legal, a la salud sexual y reproductiva de las mujeres se ha puesto en peligro como consecuencia de las enmiendas constitucionales locales que protegen la vida desde la concepción .

El comité de la CEDAW expresó en su quincuagésimo segundo periodo de sesiones su preocupación de que en México se niegue a las mujeres el acceso al aborto, aun cuando cumplan los criterios legales, y que las mujeres sean privadas de su libertad y condenadas a grandes penas; y recomendó armonizar las legislaciones federales y estatales relacionadas con el aborto para eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que buscan aborto legal.

Resulta inaceptable que en este país, dependiendo del lugar donde las mujeres vivan, tengan menos o más derechos; es vergonzoso que al estar en un estado u otro, su protección jurídica disminuya a tal grado que puede perder su libertad y hasta la vida al intentar ejercer ese mismo derecho; constituyéndose así el agravio comparado.

Por todo lo anterior, desde esta tribuna hago un exhorto a:

• Armonizar la legislación en materia de aborto, en el marco de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos de 2011.

• Cumplir con las recomendaciones que el comité emitió al Estado mexicano para armonizar la legislación federal y estatal relativa al aborto para eliminar los obstáculos que las mujeres enfrentan cuando buscan un aborto legal.

• Desarrollar políticas públicas que garanticen a las mujeres el aborto legal, bajo las causales previstas en los códigos de todos los estados.

¡Por la vida de las mujeres y la garantía de los derechos!

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.

Diputada Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica)

Con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Compañeras y Compañeros legisladores:

El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/106, designó al 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad, con la finalidad de que los Estados miembros emprendieran políticas públicas que tuvieran como finalidad el bienestar de las personas mayores.

En este año se conmemoró el duodécimo aniversario de la aprobación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. A medida que aumenta el porcentaje de personas de edad en la sociedad, la audaz visión que se planteó en él, la construcción de una sociedad para todas las edades, es más pertinente que nunca.

Por ello queremos destacar la importancia y trascendencia para concientizar, emprender y redoblar esfuerzos a favor de las personas mayores, ya que si bien en nuestro país el día 28 de agosto se celebra el Día del abuelo como una forma más de unificar a la familia, también es cierto que no todos los abuelos son adultos mayores y no todos los adultos mayores son abuelos.

Por ello en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza queremos hacer un reconocimiento a todas y todos los adultos mayores de nuestro país, que por años han contribuido al desarrollo económico y fortalecimiento de nuestra sociedad.

En la historia de México se ha a los adultos mayores como un símbolo de sabiduría, así lo definían nuestras culturas prehispánicas ya que el llamarlos Ancianos era un término que engrandecía el conocimiento adquirido por la edad y la experiencia, actualmente en la mayoría de los pueblos indígenas son los ancianos quienes, por su sabiduría, tienen la responsabilidad de la formación personal y social de la gente de su comunidad, son guías del conocimiento ya que siempre están dispuestos a enseñar el camino.

Asimismo el envejecimiento de la población y el constante aumento de la longevidad humana en todo el mundo representan una de las mayores transformaciones sociales, económicas y políticas de nuestra época. Estos cambios demográficos afectarán a todas las comunidades, familias y personas, y nos exigen que volvamos a pensar en cómo las personas viven, trabajan, planean su futuro y aprenden a lo largo de sus vidas y reinventemos el modo en que las sociedades se gestionan a sí mismas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, refirió que en el censo de población y vivienda realizado en 2010 existían 10.1 millones de adultos mayores, lo que representó el 9.66 por ciento del total de la población. Asimismo varios estudios e investigadores señalan que este porcentaje podría triplicarse en los próximos 40 años, ya que la proyección para el año 2050 se prevé que habrá 40.4 millones de personas de la tercera edad.

Por su parte, el Consejo Nacional de Población, señalan que durante las próximas décadas se espera una disminución de nacimientos, siendo para 2050, solamente 11 nacimientos por cada mil habitantes, de ahí la importancia de concientizar a toda la sociedad respecto de una inversión en la pirámide poblacional y que a través de los poderes de la Unión se implementen políticas públicas con prospectiva de una población de adultos mayores.

Es importante realizaciones acciones que den a conocer la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas de 60 años y más; sin embargo en la actualidad es imperante dar a conocer el contenido de la misma, para que, en los hechos los, adultos mayores puedan ejercer sus derechos y que no sea sólo una ley enunciativa, ya que los resultados sobre las personas adultas mayores de la Encuesta Nacional de Discriminación realizada en 2010, mostró los niveles de exclusión, la falta de reconocimiento y de obstaculización de derechos y oportunidades para llevar a cabo una vida digna y satisfactoria independientemente de la edad.

Será importante trabajar en abrir espacios de formación profesionales que atiendan los temas de gerontología y que a través de las instituciones de educación tanto públicas como privadas se fomente el respeto por las personas mayores.

Es importante conmemorar el 1 de octubre como un día en que debemos avanzar hacia un nuevo paradigma que armonice el envejecimiento de la población con el crecimiento económico y social y así mismo se protejan los derechos humanos de las personas de edad. Todos somos, individual y colectivamente, responsables de la inclusión de las personas de edad en la sociedad y éste es un momento para concientizarlo, ya sea desarrollando medios de transporte y comunidades accesibles, garantizando la disponibilidad de una atención de la salud y unos servicios sociales que tengan en cuenta la edad, o proporcionando un nivel mínimo de protección social suficiente.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos conscientes que en temas son importantes para sumar esfuerzos, para mejorar la calidad de vida de las personas, ampliar la gama de oportunidades para ellos, dignificarlos y reconocer que su edad es símbolo de experiencia.

Diputado José Angelino Caamal Mena (rúbrica)