Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por sus dependencias con las autoridades de Jalisco a fin de llevar a cabo investigaciones para deslindar responsabilidades, aplicar las sanciones correspondientes y subsanar el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI y el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del PVEM

Los suscritos, diputados federales de Jalisco por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y todas las autoridades competentes de la administración pública federal con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones necesarias a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La laguna de Cajititlán, en Tlajomulco de Zúñiga, cerca del lago de Chapala, tiene 9 kilómetros de longitud y 2 de ancho. Es pequeña, comparada con el lago de Chapala, pero se le considera la laguna de la zona metropolitana de Guadalajara por su majestuosidad y atractivo turístico.

Formada con el agua de lluvia proveniente de las serranías que la rodean, la laguna de Cajititlán es un lugar único y muy especial para los tapatíos y todos los jaliscienses.

Hoy, desgraciadamente, nuestra bella laguna está sufriendo los embates de los cambios climáticos o, peor aún, de posibles actos de negligencias y violencia ambiental.

Según la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, hasta el domingo 31 de agosto se habían extraído más de 30 toneladas de peces muertos. Para el martes ya se contabilizaban más de 50 toneladas.

Debemos reconocer que las autoridades han puesto su empeño para detectar la causa de la muerte de la gran cantidad de peces en la laguna.

Aparentemente se desconoce si es un fenómeno natural o se trata de un evento provocado por conductas perniciosas de ciertos individuos.

La secretaria de Medio Ambiente en Jalisco, Magdalena Ruiz, informó que ya se han enviado brigadas de trabajadores para apoyar a los pescadores locales en la retirada de los peces muertos, así como técnicos para evaluar la situación de las plantas de tratamiento de aguas de la ribera de la laguna.

De acuerdo con el doctor Manuel Guzmán Arroyo, director del Instituto de Limneología de la Universidad de Guadalajara, se trata de un problema provocado por el nivel de agua de la laguna, “que resulta demasiado bajo para cubrir las necesidades de oxígeno de los peces”.

El especialista explicó que “el lago tiene problemas porque le sacan demasiada agua. Una ventisca fuerte puede remover el fondo se levantan los sedimentos, se mezcla y se agota el oxígeno en el agua”.

Otra explicación que se ha dado es que la ausencia de agua suficiente y de oxígeno obedece al riego del valle adyacente y la existencia de un canal de adiestramiento para deportes acuáticos que también extrae agua de la laguna.

Durante estos días, la secretaria de Medio Ambiente de Jalisco ya dio a conocer que estableció un mando único para la atención de la contingencia ambiental. La Profepa y la Comisión Estatal del Agua han tomado importantes medidas de coordinación para que la contingencia ambiental se estabilice de manera positiva, se recupere el equilibrio ecológico de la zona y, desde luego, se subsane en lo posible el daño ambiental ocasionado.

En resumen:

(i) La recurrente crisis ambiental en la laguna de Cajititlán –cuatro periodos de muertes masivas de peces– puede tener su causa en cuestiones cíclicas u ocasionadas por la acción irresponsable del hombre; y

(ii) Ante estos hechos, hay instancias gubernamentales competentes para investigar el hecho y las formas de resarcir el daño ocasionado, buscando a su vez a los responsables y sancionándolo conforme a las leyes que nos hemos dado.

Nuestra posición como diputados al Congreso de la Unión es coadyuvar con las autoridades locales para resolver, de acuerdo con nuestras atribuciones, los problemas que pudiesen afectar a nuestros representados.

Hoy, las niñas, los niños, las mujeres y los hombres de Jalisco están sufriendo una afectación ambiental que merece toda la atención, tanto de las autoridades locales como federales. Merece que nos dispongamos a revisar las leyes en materia ambiental, tanto por lo que toca al Congreso de Jalisco, como lo que corresponde al Congreso de la Unión. Deben provocar toda nuestra atención y, desde luego, la coordinación de todas las autoridades competentes al efecto de deslindar responsabilidades, encontrar y sancionar a los culpables y, más importante aún, lograr reestablecer el equilibrio ecológico en la zona afectada y prevenir nuevas afectaciones.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a colaborar por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y todas las autoridades competentes de la administración pública federal con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones necesarias a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2014.

Diputados: Abel Salgado Peña (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica), Leonardo Alcalá Padilla (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro, Marco Antonio Barba Mariscal, Sergio Armando Chávez Dávalos, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a publicar las bases de datos integradas como resultado del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial; y difundir las razones de que en el Atlas Educativo se incorporara únicamente información parcial, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Los que suscriben, María Sanjuana Cerda Franco, Lucila Garfias Gutiérrez, Sonia Rincón Chanona, Dora María Guadalupe Talamante Lemas y José Angelino Caamal Mena, diputadas y diputado integrantes de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos presentar ante esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución; al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia educativa establece la obligación de crear el sistema de información y gestión educativa. En el año 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realizó para este propósito, el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE). El objetivo de este censo es que la autoridad educativa tenga “en una sola plataforma los datos necesarios para la operación del sistema educativo y que, a su vez, permita una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas”.

De acuerdo con la nota técnica emitida por el Inegi, el levantamiento del CEMABE, se llevó a cabo del 26 de septiembre al 29 de noviembre de 2013 y fue aplicado a:

• Inmuebles de educación básica y especial y los de apoyo a la educación especial;

• Centros de trabajo (escuelas de educación básica y especial, así como los de apoyo a la educación especial);

• Alumnos que asisten a escuelas de educación básica y especial;

• Personal que labora en las escuelas de educación básica y especial, en oficinas de apoyo a la educación especial, así como aquellos que tienen plaza de docente de educación básica y laboran en otro tipo de centro de trabajo u oficina.

Asimismo, se aplicaron diferentes instrumentos para la captación de la información que consistieron en:

• Cédula inmueble-centro de trabajo con 313 preguntas (electrónico).

• Pase de lista de personal y alumnos (electrónico) con 15 variables para el personal y 7 en el caso de alumnos.

• Cuestionario de autollenado del personal del centro de trabajo con 55 preguntas.

• Cuestionario de autollenado (padres o tutor) de alumnos con 36 preguntas.

• Cédula inmueble-centro de trabajo del Conafe con 76 preguntas.

• Cédula personal del Conafe con 46 preguntas.

A pesar de que el día 19 de diciembre de 2013 se dieron a conocer algunos datos preliminares con motivo de la notificación del Cierre del Levantamiento, no fue sino hasta el 31 de marzo de 2014, cuando de manera pública el Presidente de la Junta de Gobierno del Inegi, Eduardo Sojo Garza Aldape y el Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, presentaron los resultados definitivos del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, dando paso inmediato a la publicación electrónica del denominado “Atlas Educativo”: www. http://cemabe.inegi.org.mx/

La información dada a conocer de manera agregada, arrojó datos reveladores, pero lamentablemente limitada e incompleta considerando la riqueza de información captada a través de los instrumentos descritos en líneas anteriores.

De manera general, la información aportada por el CEMABE nos permitió saber que existen 261 mil 631 centros de trabajo en operación, incluyendo escuelas, bibliotecas, centros de maestros, oficinas administrativas y de supervisión, entre otros, de los cuales en el 9.2 por ciento se registraron negativas a responder al Censo, que se concentraron en mayor medida en Chiapas (41%), Oaxaca (27.4%) y Michoacán de Ocampo (27.3%).

De igual forma, que de los 236 mil 973 planteles de los que sí se obtuvo presuntamente información completa, 207 mil 682, son escuelas de educación básica y especial y 12.4% son otro tipo de centros de trabajo.

Respecto de los servicios básicos, según el CEMABE, solo el 51.6% de las escuelas públicas cuenta con drenaje, 69% con disponibilidad de agua potable, 87.2% con sanitarios y 88.8% con energía eléctrica; en tanto que las escuelas privadas casi cumplen en su totalidad con la demanda de estos servicios.

Con relación a la información sobre los alumnos, el total registrado en escuelas censadas fue de 23 millones 562 mil 183. De ellos el 18.3% pertenecen a nivel preescolar, 55.8% a primaria, 25.6% a secundaria y el 0.3% a centros de atención múltiple. Por su parte, el personal que labora en las escuelas, asciende a 1 millón 949 mil 105, de los cuales el 88.1% desempeña funciones en escuelas de educación básica y especial, 2% lo hace en centros de trabajo de apoyo a la educación especial y 9.9% en otros centros de trabajo.

No obstante, a poco más de cuatro meses de la publicación en la página web del “Atlas Educativo”, hemos podido apreciar que la información que en él se integra, son apenas datos básicos que no cumplen con los objetivos de “transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados, ni mucho menos contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho” cuyos objetivos están claramente expresos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Por el contrario, la información publicada ha sido objeto de innumerables interpretaciones que, con independencia de la rigurosidad técnica y académica con la que han sido elaborados, tienen como origen que la SEP reservara la mayor parte de la información que integró el Inegi.

Los datos públicos incorporados en el “Atlas Educativo”, es solo información agregada que permite conocer parcialmente lo que a la autoridad educativa le parece conveniente que conozca la ciudadanía. Sin embargo, no contiene los elementos necesarios que permitan el cruce de variables para la revisión de los indicadores que se incluyen en la MIR (Matriz de Indicadores de Resultados. Menos aún para clarificar dudas que dan pie a descalificaciones públicas tanto al quehacer de las autoridades educativas como hacia el desempeño de diversos actores del proceso educativo, particularmente de los maestros.

Para dar cuenta de lo anterior, es suficiente con revisar, solo a manera de ejemplo, que en el Tabulado de alumnos que incluye el CEMABE, es posible acceder a la siguiente información:

• Alumnos 1 Alumnos por entidad federativa de administración, nivel educativo y edad según tipo de sostenimiento y sexo.

• Alumnos 2 Alumnos por entidad federativa de administración, nivel educativo y tipo de servicio según tipo de sostenimiento y sexo.

• Alumnos 3 Alumnos por entidad federativa de administración, nivel educativo y turno según tipo de sostenimiento y sexo.

• Alumnos 4 Alumnos por entidad federativa de administración, nivel educativo y tipo de servicio según condición de construcción del inmueble que aloja la escuela y tipo de construcción

Asimismo, a través del mapa interactivo, nos es posible ingresar a la información de cada uno de los planteles educativos. Solo nos ofrece información respecto al número de grupos, alumnos y docentes, pero no es posible identificar, por ejemplo, la edad de los educandos, tipo de discapacidad que atienden en el caso de los Centros de Atención Múltiple y mucho menos en los planteles de educación regular.

A las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, nos preocupa que la información de referencia sí fue captada en los cuestionarios diseñados y aplicados por el Inegi y, según lo expresado por dicho organismo, incluida en la base de datos entregada a la SEP; de manera que el tabulado que nos permitiera conocer las características de la población con discapacidad atendida en los planteles educativos públicos y privados, podría construirse a partir de cruces de información entre las variables: si servicios de educación especial, tipo de discapacidad y tipo de servicio por entidad federativa, si el “Atlas Educativo” la tuviera disponible para la consulta de la sociedad.

Lo expresado en líneas anteriores, se basa solo en la revisión de uno de los tabulados, sin embargo situación similar y quizá con mayor margen a la interpretación, se presenta en el resto de los tabulados, por lo que la irresponsable y sesgada interpretación de la información amenaza con seguirse dirimiendo a través de los espacios públicos de comunicación en tanto la SEP, que es hoy propietaria de la información, no permita que la ciudadanía tenga acceso a ella.

En mérito de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a publicar las Bases de Datos que se integraron como resultado del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial; y hacer públicas las razones por las que la información incorporada en el “Atlas Educativo”, incluye únicamente información parcial y, en su caso, las explicaciones que motivaron esa decisión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2014.

Diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica)

Con punto de acuerdo por el que se hace una enérgica condena a las ofensivas y misóginas expresiones hechas por el ciudadano Alejandro García Ruiz, por ser gravemente atentatorias de los más altos principios constitucionales de libertad, igualdad y respeto entre mujeres y hombres, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena y las diputadas y los diputados abajo firmantes integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta ante esta Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 20 de septiembre del año en curso, el ex diputado local por el Partido Revolucionario Institucional en Chiapas, Alejandro García Ruiz, refirió en un programa radiofónico que conduce en Tapachula que “todas las leyes tienen lagunas, y como se dice desgraciadamente, las leyes como las mujeres, se hicieron para violarlas”.

En el Grupo Parlamentario del PAN reprobamos y repudiamos profundamente las ofensivas expresiones hechas por este ex diputado priista, en el programa “La Chorcha” que se transmite de lunes a viernes por el 90.7 de FM del corporativo Radio Núcleo.

Expresiones como la señalada por este individuo, no pueden ni deben dejarse de lado, por indiferencia o por descuido. Por eso, en nuestro grupo parlamentario, las y los diputados, no podíamos dejar de pronunciarnos y de mostrar nuestra severa condena por la grave ofensa que esta persona cometió contra todas las mujeres, y en particular, contra todas las personas que conforman la audiencia de su programa, y de aquellas otras que de alguna manera conocieron de su comentario.

Creemos que es inadmisible para cualquiera, pero más para una persona pública como él, que se ostenta como líder de opinión en una radiodifusora, expresarse de una manera tan misógina y lacerante contra las mujeres, tomándolas evidentemente como un objeto del cual puede hacerse una metáfora en la que se normaliza una de las formas de violencia más lacerantes contra ellas, la violación.

No nos equivoquemos, las expresiones señaladas por este personaje, laceran sin duda la dignidad de todas las personas, y en específico, la dignidad de las mujeres chiapanecas, y de todas las mujeres mexicanas. Porque se trata de las expresiones de un ex servidor público, y de una persona que participa de las transmisiones radiofónicas que llegan principalmente a la sociedad chiapaneca y de un probable formador de opinión pública.

No podemos permitirnos como sociedad, ni mucho menos como representantes de las y los ciudadanos de este país, pasar por alto que los medios de comunicación se permitan estas expresiones misóginas, y se dé cabida en ellos a personas que no conocen el verdadero significado del respeto, de la igualdad y de la libertad, valores todos ellos, que las y los mexicanos debemos exigirnos sin miramientos, para seguir conformando una patria que pueda llegar ser verdaderamente ordenada y generosa.

Por ello es inadmisible e indignante que una persona, a través de un medio de comunicación, refiera de una manera tan naturalizada una metáfora tan burda en la que involucre uno de los bienes jurídicos que deben ser de los más altamente protegidos por el Estado, como lo es la seguridad y la vida de las mujeres, y por supuesto, su derecho a ser tratadas, reconocidas y protegidas por los mismos derechos y garantías que los hombres.

Lo sucedido en Chiapas, es doblemente grave, cuando sucede en un estado, que de acuerdo a la publicación: Feminicidio en México aproximaciones tendencia y cambios 1985-2009, es el estado con menor índice de Desarrollo Humano y menor índice de Desarrollo Relativo el Género. O cuando, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2011, reporta que la violencia que fue infligida por sus parejas al 81.6 por ciento de las mujeres chiapanecas que enfrentaron violencia física o sexual, fue violencia grave y muy grave, alcanzando a más de 148 mil mujeres de 15 años y más, actual o anteriormente unidas.

Lo que sucedió en Chiapas, sólo da muestra de lo mucho que hay que trabajar aún para transformar en nuestro país, esa cultura tan arraigada de discriminación y prejuicios contra las mujeres. De lo mucho que hay por hacer para que las personas reflexionemos sobre nuestros dichos, y más aún, cuando participamos de la vida pública de nuestra sociedad.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del PAN a través del presente punto de acuerdo expresa su indignación y repudio a todas las formas de violencia que impidan y atenten contra el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Para nosotros, la violencia en contra de las mujeres, en cualquiera de sus formas, es un hecho que no debe ser tolerado de ninguna manera.

En Acción Nacional nos pronunciamos en contra de expresiones misóginas que minimicen, ofendan y vulneren a las mujeres en el ejercicio de sus derechos. Creemos que todos, como sociedad, debemos cuidar el lenguaje para que no sea ni ofensivo ni atentatorio contra la dignidad de nadie.

Reconozcamos que el lenguaje ofensivo, denigratorio e insultante también es una forma de violencia que habitualmente se ejerce contra las mujeres. Y que tenemos la obligación de pararlo, no aceptarlo, e incluso, de censurarlo.

No sólo no es justo, sino que es totalmente contrario a la ley a los ordenamientos jurídicos internacionales, que en pleno siglo XXI las mujeres debamos de sufrir humillaciones, difamaciones, calumnias y descréditos feroces, por el sólo hecho de ser mujeres.

Por ello, resulta fundamental impulsar firmemente la defensa y garantía del pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. Acción Nacional está porque la violencia contra las mujeres deje de estar en el ámbito de la anécdota, el rumor institucional o la prensa sensacionalista, para trascender al plano de las garantías y la legalidad.

Sin duda, este problema afecta profundamente nuestro tránsito hacia ese país democrático que todos y todas deseamos tener.

En Acción Nacional estamos por el respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres y por su salvaguarda, pero más aún, estamos por el respeto a su dignidad como personas. Por ello de ninguna manera consentimos que quien sea, llámese, grupos, autoridades, empresarios, diputados, ex diputados, actúen sin prudencia, respeto y consciencia con actos violentos hacia las mujeres.

Es por ello y por lo aquí expuesto me permito formular la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados hace una enérgica condena a las ofensivas y misóginas expresiones hechas por el ex diputado priista, Alejandro García Ruiz, en donde refirió que “las leyes como las mujeres, se hicieron para violarlas”, por ser gravemente atentatorias de los más altos principios constitucionales de libertad, igualdad y respeto entre mujeres y hombres.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y al gobernador de Chiapas, para que, en el ámbito de sus respectivas facultades, establezcan las medidas necesarias que garanticen a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados hace un respetuoso exhorto al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a que actúe de oficio para conocer de las expresiones discriminatorias del ex diputado priista, Alejandro García Ruiz, en donde refirió que “las leyes como las mujeres, se hicieron para violarlas”, y en su caso, imponga las medidas administrativas y reparaciones pertinentes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2014.

Diputados: Carmen Lucía Pérez Camarena, Elizabeth Vargas Martín del Campo, María Celia Uricel Castañeda, Aurora Aguilar Rodríguez, Beatriz Yamamoto, Raquel Jiménez, Patricia Lugo, Alberto Díaz T, Ana Paola López Birlain, Víctor Fuentes, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, Juan Carlos Uribe Padilla, Leonor Romero Sevilla, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Luis Alberto Villarreal García, Enrique Alejandro Flores Flores, Felipe Almaguer Torres, David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbricas).


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ifetel a efecto de que por su conducto se requiera a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones el estado que guardan los informes de 2012 y 2013 relativos a los estudios y las investigaciones dirigidos a desarrollar medidas tecnológicas para inhibir y combatir la utilización de telecomunicaciones en la comisión de delitos, a cargo del diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 6, numeral 1, fracción I, 65, numeral 4, 79, numerales 1, fracción II, y 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes:

Antecedentes

I. El 17 de abril de 2012, en el Diario Oficial de la Federación, se publicaron reformas y adhesiones a la entonces vigente Ley Federal de Telecomunicaciones en materia de seguridad. Una de las adhesiones fue la fracción XX al artículo 44 donde se lee:

Artículo 44. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán:

I. a XIX.

XX. Realizar estudios e investigaciones que tengan por objeto el desarrollo de medidas tecnológicas que permitan inhibir y combatir la utilización de equipos de telecomunicaciones para la comisión de delitos. Los concesionarios podrán voluntariamente constituir una organización que tenga como fin la realización de los citados estudios e investigaciones.

Los resultados que se obtengan se registrarán en un informe anual que se remitirá al Congreso de la Unión y a la comisión.

II. En tanto, el 9 de julio de 2014, se aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que además de ser una ley convergente, impulsa la competencia y el desarrollo de estos dos sectores. En dicha ley, también se incluyó un Título Octavo referente a la colaboración con la justicia, con un capítulo único relacionado a las obligaciones en materia de seguridad y justicia. A este respecto en el artículo 190 fracción XVIII se lee:

Artículo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán:

I a XI.

XII. Realizar bajo la coordinación del Instituto los estudios e investigaciones que tengan por objeto el desarrollo de soluciones tecnológicas que permitan inhibir y combatir la utilización de equipos de telecomunicaciones para la comisión de delitos o actualización de riesgos o amenazas a la seguridad nacional. Los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones podrán voluntariamente constituir una organización que tenga como fin la realización de los citados estudios e investigaciones. Los resultados que se obtengan se registrarán en un informe anual que se remitirá al Instituto, al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal.

III. Finalmente, el pasado 22 de septiembre del presente año, en el Senado de la República se llevó a cabo un Foro Técnico titulado “Ciberdelitos contra niñas, niños y adolescentes: Un reto legislativo”. Se trató con especial énfasis, la necesidad de contar con una coordinación efectiva entre empresas que prestan los servicios de telefonía, móvil, fijo y de internet, instituciones y gobierno para el combate efectivo a la delincuencia.

Consideraciones

De acuerdo con la reforma del 17 de abril de 2012 –artículo 44, fracción XX–, los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, debieron presentar en el año 2012 y 2013 a la Cámara de Diputados y a la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones, un informe de los resultados obtenidos de estudios e investigaciones que tengan por objeto el desarrollo de medidas tecnológicas que permitan inhibir y combatir la utilización de equipos de telecomunicaciones para la comisión de delitos.

Asimismo, la ley vigente de telecomunicaciones y radiodifusión, dispone que las investigaciones y estudios sean bajo la coordinación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y que el informe de los resultados, sea entregado anualmente a dicho Instituto, al Congreso de la Unión y al Ejecutivo federal. A saber, las nuevas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no exime la responsabilidad de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones de entregar dichos informes.

También, consideramos de importancia la cooperación entre los diferentes entes de gobierno, órganos autónomos y concesionarios de redes públicas de comunicaciones para la prevención y combate al delito, dado que en el año 2013,1 en nuestro país se contaron con 686,965 robos en diferentes modalidades; 13,504 casos de secuestros; y 35,067 homicidios a nivel nacional, mientras que, hasta agosto de 20142 se han registrado 365,241 robos en diferentes modalidades; 19,520 homicidios; y 909 secuestros.

Por otra parte, es claro que los avances tecnológicos permiten tener certeza del origen de las comunicaciones realizadas desde diferentes dispositivos, el bloqueo o la ubicación de los mismos en casos de la comisión de delitos. En este sentido de acuerdo a la abrogada ley federal de telecomunicaciones y la reciente ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones tendrán que presentar un informe referente a la tecnología que les permita coadyuvar para inhibir y combatir delitos a través de dichos dispositivos.

Considerando los avances del marco jurídico, tecnológicos y de competencia en México es necesario buscar tener un diálogo fluido donde se puedan ejecutar trabajos colaborativos entre la industria, el Congreso y el ente regulador.

Dada la importancia de conocer los informes 2012, 2013 y los avances de los trabajos de coordinación entre concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se propone exhortar al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que por su conducto se requiera a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones para conocer el estado que guardan los informes de los años 2012 y 2013 relativas a los estudios e investigaciones que tengan por objeto el desarrollo de medidas tecnológicas que permitan inhibir y combatir la utilización de equipos de telecomunicaciones para la comisión de delitos, así como los avances de la coordinación del Instituto Federal de Telecomunicaciones con los concesionarios de redes públicas de comunicaciones para la realización de dichos estudios e informes para el año 2014. Lo anterior para efectos que, en su caso, sirvan los mismos de antecedente y motivación para adecuar el marco jurídico correspondiente.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que por su conducto se requiera a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones para conocer el estado que guardan los informes de los años 2012 y 2013 relativas a los estudios e investigaciones que tengan por objeto el desarrollo de medidas tecnológicas que permitan inhibir y combatir la utilización de equipos de telecomunicaciones para la comisión de delitos, así como los avances de la coordinación del Instituto Federal de Telecomunicaciones con los concesionarios de redes públicas de comunicaciones para la realización de dichos estudios e informes para el año 2014. Lo anterior para efectos que, en su caso, sirvan los mismos de antecedente y motivación para adecuar el marco jurídico correspondiente.

Notas

1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incidencia delictiva del fuero común 2013 Disponible en: http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/131/1/images/2013Act_052014.pdf

2 Ídem. Agosto 2014. http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/131/1/images/publicacionCIEISPjul14.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de septiembre de 2014.

Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados se pronuncia por el respeto irrestricto de los derechos humanos de los habitantes de territorios ocupados en Ucrania, a cargo del diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

Alfredo Rivadeneyra Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea el presente punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Desde febrero del presente año, se ha desarrollado en Ucrania un conflicto con la federación rusa que ha venido escalando. Es por eso que la relación política y diplomática entre la República de Rusia y la República de Ucrania se ha deteriorado, pues la crisis se ha agravado en virtud de los diversos intereses políticos y económicos que existen en la región.

Posteriormente la federación rusa autorizó el uso de fuerzas militares para que tomara el control de Crimea, alegando con ello el proteger los intereses de Moscú en Ucrania. Estas acciones sin duda fueron contrarias al derecho de internacional previstos en la Carta de las Naciones Unidas.

De la misma manera estas acciones han puesto en riesgo los derechos humanos de los civiles que habitan en la región del conflicto, por esta razón ha habido declaraciones de diversos titulares de organismos internacionales y así como jefes de Estado de países miembros de la ONU, a efecto de que se respete la integridad del territorio de Ucrania.

La situación que atraviesan estos países es preocupante por los efectos que puede generar a nivel internacional y porque constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Los ámbitos normales de diálogo sobre seguridad, a través de la OTAN o bilaterales, están suspendidos.

Es por esta crisis que la Unión Europea y Estados Unidos han aplicado sanciones en contra de Rusia, que incluyen la ampliación de las restricciones de financiación a las principales empresas rusas de energía y de defensa. Las sanciones norteamericanas fueron impuestas en coordinación con la UE, y tiene como objetivo castigar a Moscú por profundizar sus provocaciones en Ucrania, como el envío de fuerzas y armas a través de la frontera.

Sin embargo, el suscrito está convencido que el verdadero progreso para la solución del conflicto sólo será alcanzable a través del diálogo y de negociaciones bilaterales. A pesar del existente marco de tensión y desconfianza.

Recientemente el Consejo de Seguridad de la ONU trató el tema de la crisis puesto que según los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, al menos 730 mil ucranianos han huido de su país desde que comenzó el conflicto en el este de Ucrania. Y otros 117.000 ucranianos se han registrado como desplazados internos, lamentablemente la cifra real podría ser mayor.

En este sentido la situación debe preocupar a todos los países ya que la crisis tiene un impacto directo sobre el desarme y la no proliferación de armas de destrucción en masa, puesto que la crisis incidirá en los debates y recomendaciones en estas materias por parte de la Asamblea General de la ONU, que podría afectar el trabajo de los entendimientos intergubernamentales informales que refuerzan las convenciones sobre no proliferación.

En resumen, no podemos ver esta crisis como un tema de seguridad regional, sino también que la misma puede tener efectos internacionales, ya que Rusia es el principal proveedor de gas en Europa además de que tiene gran influencia para alcanzar acuerdos reales sobre el desarme y la no proliferación de armas.

Ha sido una postura histórica de nuestro país estar convencidos de ser promotores del respeto y apego los principios y normatividad de los tratados internacionales, entre los cuales sin duda tiene especial validez la Carta de las Naciones Unidas, por esta razón se justifica que no obstante el llamado que hizo con anterioridad en el Senado de la República, se pronuncien las Cámaras del Congreso de la Unión sobre el tema y se haga un exhorto al Ejecutivo para que por medio de la Cancillería se haga un llamado al diálogo y a buscar una solución pacífica al conflicto, buscando evitar el uso de la fuerza militar.

Por lo expuesto, someto a su consideración, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión reprocha las acciones realizadas por la federación rusa que violan el derecho internacional y trasgreden la soberanía de la República de Ucrania, así como la integridad de su territorio.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión manifiesta que el único camino válido para la solución de conflictos internacionales es el diálogo, por lo que condena las amenazas o el uso violencia, o fuerza militar.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se pronuncia por el respeto irrestricto a los derechos humanos de los habitantes de territorios ocupados en Ucrania, por lo que exhorta al gobierno de Rusia a que retire sus tropas que ilegalmente se encuentran en dicho país.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en nombre del gobierno mexicano, se pronuncie a favor del pleno respeto de la soberanía Ucraniana, así mismo, haga un llamado a la solución del conflicto por la vía pacífica en pleno respeto a los acuerdos y al derecho internacional, a fin de evitar un conflicto de mayor escala.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2014.

Diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Sedesol a difundir a través del sitio oficial de internet lo relativo al programa Comedores Comunitarios, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XIX; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente punto de acuerdo con base en los siguientes

Antecedentes

A) El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

B) El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 señala que el hambre es la expresión más lacerante de la pobreza extrema; que cuando afecta a los niños pequeños genera daños físicos e intelectuales irreversibles que los condenan a repetir el mismo ciclo de pobreza que sufrieron sus padres; asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), en 2012, una proporción equivalente a 2.8% de los menores de cinco años presentan bajo peso, 13.6% muestran baja talla, 1.6% desnutrición aguda (emaciación) y 23.3% anemia.

C) La falta de acceso adecuado a los alimentos se agrava con la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. De acuerdo con el Coneval, entre 2008 y 2010, en un escenario de crisis económica y volatilidad de precios internacionales de alimentos, la única carencia social que aumentó su incidencia fue la alimentaria.

D) Un México Incluyente debe enfocar la acción del Estado en garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales que les permita desarrollarse plenamente como individuos, entre ellos el acceso a la alimentación y nutrición adecuada de las personas en condición de extrema pobreza o con carencia alimentaria severa; es decir, un México sin hambre.

E) El Plan Nacional de Desarrollo señala en la estrategia 2.1.1 de la meta nacional México Incluyente, el asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, particularmente de aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa, estableciendo como líneas de acción combatir la carencia alimentaria de la población a través de políticas públicas coordinadas y concurrentes, priorizando la atención de las familias en extrema pobreza; y facilitar el acceso a productos alimenticios básicos y complementarios a un precio adecuado.

F) El indicador VII.2.2 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se refiere a la población en pobreza extrema con carencia por acceso a la alimentación, el cual identifica a la población en hogares en condición de pobreza multidimensional extrema que presenta un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo.

G) Con fecha 22 de enero de 2013, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos expidió el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional de la Cruzada Contra el Hambre (Sin Hambre), el cual estipula que para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales se requiere asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los individuos en condición de extrema pobreza o con carencia alimentaria severa; es decir, un México sin hambre.

H) La Cruzada contra el Hambre tiene como objetivos:

I. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación;

II. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez;

III. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre y, aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas;

IV. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización; y

V. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.

I) La Cruzada contra el Hambre se implementa en 405 municipios seleccionados conforme a la incidencia de pobreza extrema y en los que determine el Comité Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, el número de personas que presentan esta condición y las personas con carencia de acceso a la alimentación.

J) Los programas del Gobierno Federal podrán apoyar el cumplimiento de los objetivos de la Cruzada contra el Hambre.

K) Con fecha 4 de julio de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos de organización y funcionamiento de los Comités Comunitarios de la Cruzada contra el Hambre y de los Programas Sociales Federales.

L) El Programa de Comedores Comunitarios de la Cruzada contra el Hambre, tiene por objetivo proporcionar apoyos alimentarios a la población en situación de extrema pobreza y con carencia alimentaria.

M) A partir del decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (Sin Hambre), a través de la Secretaría de Desarrollo Social se instrumenta el Programa de Comedores Comunitarios, para mejorar las condiciones nutricionales de la población de niños y niñas de 0 a 11 años de edad, mujeres en gestación y lactantes, personas con alguna discapacidad, adultos mayores de 65 años.

N) Los comedores comunitarios (en adelante comedores), tienen como propósito brindar solución a las necesidades de alimentación a los sujetos de atención, identificados dentro de las comunidades, cuyas condiciones de edad, discapacidad, pobreza extrema y de carencia alimentaria los hacen elegibles para recibir acceso al consumo de alimentos nutritivos y la transformación de hábitos alimenticios para una vida saludable.

O) El presupuesto asignado y ejercido en el Programa Comedores Comunitarios desde su creación a la fecha ha sido el siguiente:

Ejercicio Fiscal (Cifras en millones de pesos) Programa Comedores Comunitarios

Ejercido
2013: 251.17

Autorizado:
2014: 1,555.50

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal

Consideraciones

1. El Programa Comedores Comunitarios se creó en el curso del ejercicio 2013, por ende dicho programa no estaba considerado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, sin embargo en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, en su apartado “Programas Presupuestarios por Ramos” registra un presupuesto ejercido por 251.17 millones de pesos.

2. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 asignó recursos que ascienden a 1,555.50 millones de pesos al programa comedores comunitarios, lo que representa el 619.30% de incremento a lo ejercido en 2013 por dicho programa, lo que no es congruente con la estimación presupuestal de un año a otro.

3. En un comunicado la titular de la Sedesol indicó que para el 2014 se instalarán 500 comedores en las fronteras norte y sur, y mil comedores más en Chiapas, Veracruz, Puebla y Estado de México.

Por otra parte, la Sedesol construirá un segundo comedor comunitario en el Municipio del Nayar, en el Estado de Nayarit.

Respecto a lo anterior, se detecta que coincidentemente el calendario electoral local 2014, señala elecciones locales para los estados de Tlaxcala el 23 de febrero; Veracruz el 1 de junio; Coahuila, Nayarit y Puebla el 6 de julio, por lo que se presume la existencia de prácticas político- electorales en el “Programa Comedores Comunitarios”.

4. Adicionalmente, aunado con la transparencia y rendición de cuentas cabe señalar que la Secretaría de Desarrollo Social a más de un año de la creación del Programa Comedores Comunitarios, no cuenta con información en su página oficial de internet, concerniente al origen, distribución aplicación y comprobación de sus recursos; los avances, cumplimiento de metas y objetivos, población atendida, ni con evaluaciones del programa, en contravención con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su Artículo 7 fracción XVII el cual señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información de utilidad o que se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

También se proporcionara la información a que se refiere el artículo antes mencionado; deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito que sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, ciudadana María Rosario Robles Berlanga, a que haga del conocimiento público y de fácil acceso a través del sitio de internet oficial lo relativo al “Programa Comedores Comunitarios”, toda vez que se le han asignado recursos que ascienden a 251.17 millones de pesos en 2013 y 1,555.50 millones de pesos en 2014 y a más de un año de su creación se desconoce la administración y destino de los recursos, los resultados periódicos del programa, la población atendida y las evaluaciones; y

Segundo. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a que implemente los mecanismos de control que aseguren que el programa opere sin prácticas político-electorales.

Diputados: José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Roberto López Suárez, Guillermo Sánchez Torres.

Con punto de acuerdo, relativo a los abusos cometidos por policías y operadores de grúas en la Ciudad de México, a cargo del diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

José Antonio Hurtado Gallegos, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Derivado de las múltiples irregularidades que existían en el uso y operación de las grúas del Distrito Federal, el Gobierno del Distrito Federal en 2006 puso en marcha un programa de modernización de estos vehículos que consistiría principalmente en equipar con una cámara de video las grúas que transitaban por toda la Ciudad de México, a fin de grabar todos los procesos de arrastre, eliminando los abusos cometidos por los operadores.

Con esta disposición se lograría inhibir los actos de corrupción entre los propietarios de los vehículos y los operadores de las grúas; además de que los primeros tendrían acceso directo a la grabación por internet. Sin embargo no se cumple.

Las sanciones más comunes para los conductores que violan el reglamento vial de la Ciudad de México es el traslado de sus vehículos a uno de los 37 depósitos vehiculares con los que cuenta la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi).

Algunas delegaciones como Tlalpan, Cuauhtémoc, Coyoacán y Miguel Hidalgo se encuentran entre las principales demarcaciones donde día con día miles de vehículos particulares son arrastrados a los diferentes corralones de la ciudad.

Sin embargo, aún no nos ha sido posible identificar cuáles son los criterios utilizados por los policías de tránsito para remolcar o no a un automóvil.

La discrecionalidad con la que actúan miles de policías para colocar la araña, remitir al corralón o imponer una multa de transito se modifica constantemente, según la consideración del policía a cargo.

De esta manera el Reglamento de Tránsito Metropolitano nunca es aplicado cabalmente por la autoridad competente. Miles de ciudadanos inconformes pasan horas tratando de comprobar que su sanción no ameritaba corralón, sin embargo, nunca son escuchados. La única manera de recuperar su vehículo es a través del pago de su multa, la cual oscila entre los 800 y Mil pesos.

Sin embargo, estos no son los únicos abusos que se cometen durante los arrastre de los vehículos, se conocen casos de niños recién nacidos y de personas de la tercera edad que han sido trasladados a los depósitos dentro de los vehículos por la irresponsabilidad de los policías.

Un caso reciente que conmociono a la población y que da fe de la ineficacia de lo que planteamos es el del domingo 10 de agosto en el que un automóvil Tsuru, conducido a alta velocidad, volcara en el circuito interior Río San Joaquín, ahí la ambulancia número 10 de la Cruz Roja acudió a atender la volcadura, y cuando lo paramédicos auxiliaban a uno de los heridos, una grúa la enganchó bajo el pretexto de que obstaculizaba la circulación; A los operadores de la grúa, con número económico 201136 de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, poco les importó que el estado de salud del accidentado se reportara grave, pues, argumentaban sólo recibir órdenes superiores de “Bruno siete” o “Cronos siete”, minutos después, y tras las protestas de los vecinos, la ambulancia fue liberada, pero el herido grave que transportaban, murió antes de llegar al hospital. Y nos preguntamos ¿hasta donde llegará tanta impunidad, y hasta cuándo habrá personal calificado para atender dichas anomalías?

Pareciera que el arrastre de los vehículos de la Ciudad de México a los depósitos vehiculares se ha convertido en un negocio muy redituable tanto para el Gobierno del Distrito Federal como para las empresas concesionarias encargadas de prestar el servicio.

Ejemplo de ello es que en el periodo de 2009 a 2012 se recaudaron más de 500 millones de pesos por concepto de multas de tránsito.

Sin embargo, aún no se tiene claro a donde van a parar esos ingresos, y cuál es el porcentaje que reciben las empresas concesionadas por prestar el servicio.

Es por eso que el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, hace un enérgico exhorto al Gobierno del Distrito Federal para que implementen exámenes de confianza y programas de capacitación a los policías de tránsito para lograr tener el personal competente que permita mejorar el servicio de grúas en la ciudad de México, a fin de eliminar los constantes abusos a ciudadanos de la ciudad.

Derivado de lo anterior, someto a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Titular del Gobierno del Distrito Federal, doctor Miguel Ángel Mancera, a que en el marco de sus facultades implemente políticas de regularización a los policías de tránsito y operadores de grúas equipadas para la detección, levantamiento y retiro de vehículos estacionados en vía pública, que permita inhibir prácticas irregulares a la hora de aplicar los criterios establecidos en el Reglamento de Tránsito Metropolitano.

Segundo. Se exhorta al Titular de la Secretaria de Seguridad Pública a que en un plazo no mayor a 30 días, implemente exámenes de confianza a todos los policía de tránsito y vialidad, a fin de disminuir la corrupción y la discrecionalidad a la hora de aplicar el Reglamento de Tránsito Metropolitano.

Tercero. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que en un plazo no mayor a 30 días haga pública la información referente al destino de los recursos obtenidos por concepto de multas de tránsito.

Cuarto. Se exhorta al titular del Gobierno del Distrito Federal a implementar programas de capacitación a los policías de tránsito para lograr tener el personal competente que permita mejorar el servicio de grúas en la ciudad de México, a fin de eliminar los constantes abusos a ciudadanos de la ciudad.

Diputado José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a generar campañas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, José Angelino Caamal Mena, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar ante esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hay una gran diferencia entre los conceptos sexo y género. Radica precisamente en que el primero se concibe como un hecho biológico; y el segundo, como una construcción social. El comité de Naciones Unidas que monitorea el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ha establecido que sexo se refiere a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, mientras que género se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre, así como al significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas.

Partiendo de estas premisas, debemos ser conscientes de que el sexo no define el género de cada habitante en el mundo y, por ende, en el país. Sin embargo, eso no deber ser motivo de discriminación o segregación, pues la Declaración de los Derechos Humanos establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, lo cual claramente nos hace a todos garantes de derechos, sin distinción alguna.

En los últimos años, México se ha pronunciado a favor y por la defensa de los derechos humanos. En 2011 se reformó la Constitución para que fueran reconocidos los tratados de derechos humanos. El artículo 1o. dispone en el primer párrafo: “En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y con las condiciones que esta Constitución establece”.

Para hablar de la construcción de una sociedad incluyente donde alcancemos un máximo desarrollo, es importante reconocer que todos somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos. Así lo reconoce el mismo artículo 1o., en el último párrafo: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Sin embargo, los avances que tenemos en el derecho positivo no los vemos reflejados en el actuar de la sociedad. Sabemos que es necesario generar conciencia para erradicar cualquier tipo de discriminación, pues de manera cotidiana se presentan diversos casos donde ésta es evidente.

Una mención especial merecen las niñas y los niños, ya que por su edad se convierten en un grupo poblacional en situación de vulnerabilidad. El 12 de septiembre del año en curso, el diario El Universal publicó la nota “Niño transexual, víctima de discriminación por autoridades”. En la nota periodística se relata el caso de un infante de 8 años que desde los 5 se asume como niña, y que fue víctima de acoso por considerar que no era un comportamiento apto para un menor, lo cual derivó en la baja del alumno en esa escuela. Ello es clara muestra de discriminación y exclusión, pues vulnera de manera flagrante los derechos humanos del menor y atenta contra su desarrollo personal.

Es un caso que tiene como antecedente una queja tal y como lo relata el diario Conurbados, que publicó: “Los padres del menor, de nombre Carmen Cervantes de la Luz y José Guadalupe Figueroa Sotelo, presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, por discriminación, contra el colegio Don Bosco el 20 de mayo de 2014 (queja 393/2014-5), ya que los directivos suspendieron indefinidamente a su hijo de 8 años de edad”, lo cual atenta la garantía de sus derechos y omite privilegiar el interés superior del menor. (Nota obtenida de http://conurbados.com/2014/directivos-de-don-bosco-discriminan-a-menor- de-8-anos-y-lo-suspenden/) Ello muestra claramente la falta de sensibilidad sobre el tema por las autoridades, ya que de acuerdo con lo relatado por el medio impreso las víctimas pasaron a ser victimaros, lo que limita el libre desarrollo del menor.

En el país, la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI) ha luchado desde 1971 por el reconocimiento a sus preferencias e identidad sexual y, sobre todo, a eliminar la discriminación contra sus miembros. En este proceso se identifican dos frentes: por un lado, el moral; y, por otro, el médico.

En el primero, un tema central para la comunidad LGBTTTI ha sido el reconocimiento de sus derechos respecto a los menores de edad, pues aún falta hacer conciencia en toda nuestra sociedad y reconocer que desde pequeños puede generarse una identidad de género, aunque su sexo sea otro. Pero esto no puede ni debe ser motivo de discriminación o segregación de ningún tipo, ya que es una importante etapa de la vida.

La comunidad LGBTTTI ha tratado de demostrar que la construcción del género es cultural e independiente del sexo; que cada cual es libre de definir su persona a partir de cómo se ve a sí mismo y cómo se siente, y que la identidad no se predetermina al momento de nacer. Pero éste es un tema en el que aún se tiene que trabajar y redoblar esfuerzos.

Las conductas discriminatorias por razón de preferencia sexual se manifiestan en todo el país, las cuales deben erradicarse. La educación que se imparte en instituciones públicas y privadas en todos los niveles constituye un primer paso, ya que la discriminación por preferencia sexual es cultural. De ahí que resulte imprescindible redoblar esfuerzos y generar espacios de reflexión para sensibilizar a todos los habitantes del país, sin importar la edad, género, etnia o religión, pues todos debemos gozar de los mismos derechos, y la discriminación limita hacerlos efectivos.

La Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual México es parte, establece en el artículo 6, numeral 2, que los Estado partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño, lo que debe incluir el derecho a reconocerse a sí mismo con otra identidad de género para erradicar todo tipo de violencia y discriminación.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de que la construcción de la identidad de género no debe ser motivo de discriminación, más aún cuando se trata de menores de edad, la etapa más importante de la formación de su personalidad y el desarrollo de su vida. Por ello es importante que la Secretaría de Educación Pública realice con la Conapred talleres o programas dirigidos a realizar conciencia para evitar la discriminación hacia la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual; y remarcar que estos temas no son exclusivos de los adultos sino que atañen también a las niñas, los niños y los adolescentes.

Por lo expuesto, y con objeto de construir una sociedad incluyente y libre de discriminación, se someten a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al secretario de Educación Pública a emprender campañas, en todos los niveles de educación, en instituciones públicas y privadas, contra la discriminación por género o preferencia sexual.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de la Conapred a dar seguimiento a la queja número 393/2014-5, presentada ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, y –en su caso– fincar responsabilidades a fin de imponer la sanción correspondiente a quien resulte responsable del acto de discriminación cometido contra el menor.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2014.

Diputado José Angelino Caamal Mena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a designar al miembro titular vacante del pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte para garantizar la debida integración y funcionamiento de ese órgano colegiado, suscrita por integrantes de la Comisión de Deporte

La Comisión de Deporte de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, Apartado 1, fracción I, así como en el artículo 79, Apartado 1, fracción II, Apartado 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Ley General de Cultura Física y Deporte publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013, en los artículos 78 y 79, establece que la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) es como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que tiene por objeto, entre otros, conocer y resolver el recurso de apelación sobre las impugnaciones planteadas por cualquier persona física o moral inscrita en el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (Renade) o cualquiera de los miembros del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade), en contra de actos, omisiones, decisiones, acuerdos o resoluciones emitidos por las autoridades, entidades u organismos deportivos, que afecten los derechos deportivos reconocidos a favor del apelante, en la misma ley o en los reglamentos y demás disposiciones que de ella emanen. Asimismo, establece fungir como conciliador dentro del trámite del recurso de apelación e intervenir como Panel de Arbitraje en las controversias que se susciten o puedan suscitarse entre deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, entidades u organismos deportivos.

El artículo 80 de la citada ley prevé que la integración de la CAAD, a través de un pleno, de unidades administrativas y de oficinas regionales, necesarias para el cabal desempeño de sus funciones. Respecto del pleno, éste se integrará por un Presidente y cuatro miembros titulares que son designados por el titular del Ejecutivo federal, por un periodo de tres años, pudiendo ser reelectos un periodo más. Estos nombramientos deberán recaer en personas con profesión de licenciado en derecho o abogado, amplio conocimiento del ámbito deportivo, reconocido prestigio y calidad moral.

Actualmente la CAAD se encuentra conformada por un presidente y tres miembros titulares ratificados por el titular del Poder Ejecutivo federal para el periodo 2013-2016. Lo anterior debido a que el 1 de febrero de 2013, hizo efectiva su renuncia uno de los cuatro miembros titulares, misma que fue comunicada mediante escrito de fecha 17 de enero de 2013, al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto.

Derivado de la naturaleza jurídica de la CAAD como órgano colegiado, cuyas resoluciones deberán ser adoptadas por mayoría de votos; esto es, tres de cinco; la actual integración y funcionamiento del citado órgano –un presidente y tres miembros titulares- hace inminente la posibilidad de empate en cualquiera de las resoluciones que éste adopte y, al mismo tiempo, se limite el cumplimiento eficaz y oportuno al momento de conocer y resolver recursos de apelación, arbitraje, mediación y conciliación, debido a que estos medios de solución de conflictos se aprueban por mayoría de votos.

Por lo anterior, las diputadas y diputados federales, integrantes de la Comisión de Deporte en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proponemos a esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que en el ámbito de sus atribuciones en materia de deporte, designe al miembro titular vacante del pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, con objeto de garantizar la debida integración y funcionamiento de dicho órgano colegiado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2014.

Diputados: Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, Mayra Karina Robles Aguirre (rúbrica), William Renán Sosa Altamira, Regina Vázquez Saut (rúbrica), Fernando Alejandro Larrazábal Bretón (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Juana Bonilla Jaime (rúbrica), José Valentín Maldonado Salgado (rúbrica), Gabriela Medrano Galindo, Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra, Tomás Brito Lara (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Arturo Escobar y Vega, José Guadalupe García Ramírez (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Rafael González Reséndiz (rúbrica), Alejandra López Noriega (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla, Rosa Elia Romero Guzmán, Roberto Ruiz Moronatti (rúbrica), Jorge Salgado Parra, Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados felicita a los deportistas que obtuvieron presea en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados de 2014, celebrado en Rusia, a cargo del diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

México siempre se ha caracterizado por formar grandes deportistas, mismos que han puesto en alto su nombre y el de nuestro país a nivel Internacional, tales son los casos de Hugo Sánchez, Julio César Chávez, Fernando Valenzuela, Rafael Márquez, Lorena Ochoa, Joaquín Capilla, Raúl Ramírez, Rubén Olivares, Soraya Jiménez y la ahora senadora Ana Gabriela Guevara, por mencionar sólo algunos.

Cada uno de los deportistas mencionados realizó un trabajo duro y constante, para sobresalir en cada una de sus disciplinas, valiéndoles ello medallas y premios en diversos campeonatos nacionales y mundiales o juegos olímpicos.

El Campeonato Mundial Juvenil de Clavados que se llevó a cabo este año en Rusia fue una prueba en la que se requirió de entrenamiento arduo y concentración perfecta para poder triunfar, tal como lo hicieron tres jóvenes deportistas mexicanos, quienes lograron obtener diversas preseas: Dolores Hernández, Rodrigo Diego y Adán Zúñiga.

La atleta mexicana Dolores Hernández logró obtener el 11 de septiembre la medalla de bronce en la prueba de tres metros trampolín. Oriunda del estado de Veracruz, la deportista consiguió 450.35 puntos, tan sólo por debajo de la china Chunting Wu y la rusa María Palyakova.1

Por su parte, los jóvenes clavadistas Rodrigo Diego y Adán Zúñiga ganaron el miércoles 10 de septiembre la medalla de oro en la prueba sincronizada de trampolín de 3 metros, al sumar 329.61 puntos siendo constantes en sus cinco clavados finales, quedándose así con el título mundial.2

De forma individual, Rodrigo Diego consiguió el 12 de septiembre la medalla de plata tras sumar 511.25 puntos en la prueba de trampolín un metro individual. Es gracias a este triunfo que se convierte en el mejor clavadista juvenil del país al conseguir su sexta medalla internacional del año [el oro conseguido en el Preolímpico de Guadalajara, las dos preseas obtenidas en Juegos Olímpicos de la Juventud en agosto (plata y bronce) y tres en este Mundial de Rusia (oro, plata y bronce)].3

Estos logros demuestran la capacidad de los jóvenes mexicanos, quienes se esfuerzan en alcanzar sus metas y entrenan diariamente en sus diversas ramas, manifestando que se pueden lograr los sueños gracias al esfuerzo de todos y cada uno de los mexicanos.

Tal como lo señaló el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto el pasado 6 de agosto, “ustedes (los jóvenes deportistas) son un claro ejemplo de la grandeza y el potencial que hay en nuestro país y que tiene cada mexicano, gracias a su esfuerzo, disciplina y constancia se han ganado el alto honor de representar a México en una justa internacional, ustedes representan a un nuevo México, más moderno, competitivo y exitoso, un país que está en ascenso, que trabaja para ser mejor cada día, porque está decidido a ser una nación protagonista, que con el esfuerzo y determinación de cada uno de sus hijos construye una renovada historia de éxito”.4

Los logros de las y los jóvenes promesas clavadistas merecen que el estado Mexicano los reconozca y los aliente, para que cada uno logre sus metas.

Es por lo anteriormente expuesto que se propone el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión extiende una felicitación a los atletas Dolores Hernández, Adán Zúñiga y Rodrigo Diego, tras obtener diversas preseas en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados 2014, celebrado en Rusia.

Notas

1 http://www.informador.com.mx/deportes/2014/548319/6/dolores-hernandez-c onsigue-bronce-en-mundial-de-clavados.htm 12 de septiembre de 2014 19:41 horas.

2 http://aristeguinoticias.com/1009/kiosko/mexicanos-ganan-oro-en-mundial -de-clavados-en-rusia/ 12 de septiembre de 2014 19:46 horas.

3 http://www.informador.com.mx/deportes/2014/548475/6/rodrigo-diego-gana-su-tercera-medalla-en-rusia-ahora-es-plata.htm 12 de septiembre de 2014 19:50 horas.

4 Noticias Federación Mexicana de Natación 7 de agosto de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2014.

Diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a atender por la Sagarpa la problemática de la comercialización de granos y agilizar la entrega de apoyos a los pequeños y medianos productores, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Genaro Carreño Muro en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a atender la problemática de la comercialización de granos y agilizar la entrega de apoyos a los pequeños y medianos productores, a fin de darles certidumbre en la producción y permitir estabilizar sus ingresos, con base en las siguientes:

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata en su artículo 27 fracción XX que el Estado promoverá las condiciones de desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, de igual forma, consignar leyes para planear y organizar la producción agropecuaria, así como su comercialización.

En ese sentido, la ley reglamentaria en materia de desarrollo rural establece que la política de comercialización deberá, entre otras cosas, favorecer la relación de intercambio de los agentes de la sociedad rural, dar certidumbre a los productores para reactivar la producción, estimular la productividad y estabilizar los ingresos, además, evitar prácticas especulativas, la concentración y el acaparamiento de los productores agropecuarios en perjuicio de los productores y consumidores.1

Esto último resulta de particular atención ya que la comercialización de productos agropecuarios en México es catalogada como problemática debido a excedentes comercializables estacionales, a la falta de competitividad, la reducida certificación de centros de acopio de granos, además de baja capacidad de procesamiento que permita encadenamientos productivos.2

En especial la comercialización de granos básicos como el maíz, frijol y trigo que forman parte de la dieta de la mayoría de la población, y que su producción está relacionada a una parte importante de la población rural, tienen un impacto social y económico, ya que influyen en la alimentación, en los ingresos de pequeños y medianos productores, y en diversos procesos productivos.3

El maíz es el principal cultivo en México, concentra el 33% del total de la superficie sembrada y el frijol 7.4% de la superficie sembrada en el país. Por su parte, el trigo por el valor de su producción, 12 mil millones de pesos, se ubica en el décimo lugar como cultivo más importante.

En general, después de condiciones climáticas adversas durante el año 2011 que afectaron la producción de granos y consecuentemente provocaron un alza en los precios, durante los 2012 y 2013 se ha dado una recuperación en la producción nacional y a nivel mundial, además, con expectativas de buenas cosechas durante el año 2014, lo cual ha derivado en menores cotizaciones y precios bajos durante el año 2013 y para el 2014.4


Un aspecto importante, que influye en las condiciones de comercialización es la forma de pago, por ejemplo en el caso del maíz, la principal forma de pago para el 88% de los productores individuales es de contado, es decir, la capacidad de negociación se ve limitada, e influyen aspectos como la calidad determinada en la mayoría de los casos por criterio del comprador y la situación que prevalezca en el mercado, como puede ser la estacionalidad.5

En definitiva, hay una afectación del precio que enfrenta el productor en la venta de sus cosechas, aunado a que de acuerdo con la propia política pública relacionada a la comercialización, el establecimiento de canales de comercialización significan altos costos que merman la rentabilidad económica de la actividad, motivo por el cual resulta indispensable la intervención gubernamental.

Por lo anteriormente expuesto y con base en la ley reglamentaria y en lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, artículo 36, fracción XIV, y Anexos 10 y 10.1 que prevé incentivos al proceso de comercialización de los productores agropecuarios y pesqueros, privilegiando a la población objetivo de más bajos recursos a través del otorgamiento de un mayor porcentaje de apoyo en los programas y componente que instrumente la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, someto a consideración de esta soberanía el punto de acuerdo siguiente

Punto de Acuerdo

Único . Se hace un atento exhorto al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, atienda la problemática de la comercialización de granos y agilice la entrega de apoyos a los pequeños y medianos productores, a fin de darles certidumbre en la producción y permitir estabilizar sus ingresos.

Notas

1 Ley de Desarrollo Rural Sustentable, artículo 105, fracciones III, IV y VII.

2 Diario Oficial de la Federación. Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Miércoles 18 de diciembre de 2013.

3___artículo 3, fracción XXIII.

4 Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. SHCP, mayo 2014.

5 Estudio de Gran visión y factibilidad económica y financiera para el desarrollo de infraestructura de almacenamiento y distribución de granos y oleaginosas para el mediano y largo plazo a nivel nacional

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 11 días del mes de Septiembre de 2014

Diputados: Genaro Carreño Muro, Consuelo Argüelles Loya, J. Jesús Oviedo Herrera, Enrique Alejandro Flores Flores, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Ricardo Villarreal García, Luis Miguel Ramírez Romero, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, José Guillermo Anaya Llamas, José Martín López Cisneros, Humberto Alonso Morelli, Raudel López, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Elizabeth Vargas Martín del Campo, José González Morfín, Felipe de Jesús Almaguer Torres, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Andrés de la Rosa Anaya, José Guadalupe García Ramírez, Fernando Rodríguez Doval, Jorge Francisco Sotomayor Chávez, Máximo Othón Zayas (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Sedesol a difundir el efecto del programa Oportunidades y las acciones implantadas para contribuir a mejorar la alimentación y nutrición de las familias y combatir la pobreza, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 3o., fracción XIX; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, con base en los siguientes

Antecedentes

A. El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO) tuvo como objetivo de 2002 a 2012 favorecer el desarrollo de las capacidades asociadas a la educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias para contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza.

B. Desde su creación, el PDHO opera mediante tres componentes: educativo, de salud y alimentario, con sus respectivos objetivos específicos. El del componente alimentario es “proporcionar apoyos a las familias beneficiarias para mejorar la alimentación y nutrición de todos sus integrantes, con énfasis en la población más vulnerable como son los niños y las niñas, las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia”.

C. El PDHO, en su componente alimentario, entrega apoyos monetarios directos mensuales a las familias beneficiarias, para contribuir a que mejoren la cantidad, calidad y diversidad de su alimentación, buscando por esta vía elevar su estado de nutrición. De igual forma, entrega mensual o bimestralmente complementos alimenticios para reforzar la alimentación infantil y de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.

Adicionalmente, Oportunidades otorga un apoyo monetario mensual, llamado apoyo alimentario Vivir Mejor, que tiene como propósito compensar a las familias beneficiarias por el efecto del alza internacional de los alimentos.

Apoyo Energético. Las familias beneficiarias reciben este apoyo monetario mensual para compensar los gastos realizados en el consumo de fuentes de energía (luz, gas, carbón, leña y combustible o velas, entre otros).

Apoyo Infantil Vivir Mejor. Este apoyo monetario mensual lo reciben las familias beneficiarias por cada hijo entre los 0 y 9 años, con el propósito de contribuir a fortalecer su desarrollo y nutrición.

D. Pese a los apoyos que se han destinado, de 2002 a 2010, la cobertura del PDHO se incrementó de 4.2 millones de familias a 5.8 millones, lo que significó que uno de cada tres mexicanos fuera beneficiario del PDHO. No obstante, el número de familias en pobreza alimentaria también se incrementó de 3.0 millones en 2002 a 4.4 millones en 2010; y los hogares en pobreza de capacidades, de 4.3 a 6.3 millones.

E. En 2012, el PDHO presentó en su componente alimentario un presupuesto aprobado de 34 mil 941.4 millones de pesos, de los cuales se ejercieron 33 mil 777.9 millones.

Consideraciones

1. En el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2012, la Auditoría Superior de la Federación determinó en la auditoría número 250, correspondiente al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, en su componente alimentario, dictamen con salvedad; sin embargo, detectó observaciones que se refieren principalmente a lo siguiente:

• En 2012 la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (CNPDHO), careció de indicadores y metas para evaluar su contribución en la mejora de la alimentación y nutrición de los integrantes de las familias beneficiarias que no son niños menores de cinco años y no estableció metas para valorar el bajo peso para la edad, la emaciación y la prevalencia de anemia en niños menores de cinco años. (Emaciación . Se denomina emaciación al adelgazamiento patológico. Prevalencia . Se denomina prevalencia a la proporción de individuos de un grupo o una población que presentan una característica o evento determinado o en un momento o en un período determinado.)

• Los resultados de la Ensanut de 2012 muestran un efecto menor en la nutrición de los beneficiarios, respecto de los no beneficiarios del programa en similares condiciones socioeconómicas, ya que, respecto de los niños menores de 5 años, la prevalencia de baja talla para la edad en la población beneficiaria fue superior en 34.1 por ciento a la de la población no beneficiaria; la prevalencia de bajo peso fue superior en 43.3 por ciento, y la prevalencia de emaciación fue superior en 26.7 por ciento.

• En el grupo de mujeres de 12 a 49 años de edad embarazadas, la prevalencia de anemia fue superior en 56.6 por ciento en las beneficiarias, respecto de la registrada por la población no beneficiaria, y la prevalencia de anemia en mujeres lactantes beneficiarias del PDHO fue superior en 13.4 por ciento, a la de las mujeres no beneficiarias.

• Por lo que se refiere a la recertificación, la CNPDHO no estableció indicadores ni metas para evaluar los resultados del proceso de recertificación de las familias beneficiarias, en el cual se identificó que, de las 1 17.7 miles de familias sujetas al proceso, 17.7 por ciento (180.0 miles de familias) ya no cumplió las condiciones socioeconómicas para permanecer en el PDHO, y la CNPDHO no realizó acuerdos de vinculación, a fin de impulsar y fortalecer las capacidades y potencialidades de los beneficiarios, mediante el fomento del empleo, el ingreso y el ahorro de las familias en situación de pobreza extrema.

2. En la Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013, el Coneval determinó que el PDHO, en su componente alimentario, las siguientes observaciones:

• En las reglas de operación del programa de 2103 se cambia el objetivo del programa de promover la nutrición a promover la alimentación, lo que considera un cambio sustantivo inadecuado dado que el programa busca con la sinergia entre sus componentes mejorar el estado de salud de los beneficiarios y su estado nutricional y no sólo transferir ingresos y aumentar su consumo alimentario.

• Se detecta prevalencia de anemia de mujeres embarazadas beneficiarias, pues ésta estuvo por arriba de lo esperado (22.4 contra 17 por ciento).

• A 16 años de la creación del programa, las necesidades del país han cambiado, en parte, sin duda, porque ha logrado un impacto perceptible en zonas rurales; sin embargo; la pobreza rural se ha reducido pero la urbana ha crecido; y el programa ha puesto en operación nuevos componentes cuya racionalidad e impactos no se han estudiado adecuadamente. Al mismo tiempo, algunas evaluaciones recientes han tenido problemas.

• No se ha definido y cuantificado la población potencial y objetivo.

3. Actualmente, el programa Oportunidades, en todos sus componentes, ha sido criticado por organismos de evaluación nacionales y extranjeros debido a sus escasos logros para abatir definitivamente la pobreza.

El Banco Mundial determinó en el reporte Resultados del Programa Oportunidades que el programa no asegura la movilidad social ni elimina la posibilidad de salir permanentemente de la pobreza, así como tampoco resulta completamente efectivo para las comunidades indígenas.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) detectó en sus últimas evaluaciones debilidades en Oportunidades, como la falta de planeación y evaluación en sus acciones complementarias para combatir la reproducción intergeneracional de la pobreza, así como duplicidades en los apoyos que se entregan.

El Coneval señala en el Informe de Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013: “Oportunidades no ha sido parte de una política de superación de la pobreza consistente, congruente y de largo plazo, que asigne responsabilidades y metas claras a los diferentes sectores”.

Concatenado con lo anterior, se observa a que no obstante que se han invertido miles de millones de pesos en el programa Oportunidades, sigue persistiendo en el país el mismo número de pobres que hace tres décadas.

4. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la federación, los estados y el Distrito Federal, con objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.

5. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en el artículo 7, fracción IX, indica que la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto; asimismo la fracción XVII; señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información de utilidad o que se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

También se proporcionará la información a que se refiere el artículo anterior en su segundo párrafo la cual deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

6. El artículo 9 de la misma ley señala que la información que refiere el artículo anterior será disposición del público a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas equipo de cómputo, a fin de que éstas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, éstos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten.

Por lo fundado y motivado solicito que se aprueben, de urgente y obvia resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la secretaria de Desarrollo Social, ciudadana Rosario Robles Berlanga, a hacer del conocimiento público el efecto que ha tenido el programa Oportunidades y las acciones implantadas en cuanto a contribuir en la mejora de la alimentación y nutrición de los integrantes de las familias y abatir la pobreza, en virtud de que dicho programa no está cumpliendo el objetivo de mejorar la alimentación y nutrición de las familias beneficiarias; asimismo, de acuerdo con el reporte del Banco Mundial, no elimina la posibilidad permanente de la pobreza, que en el último año afectó a 52.3 por ciento de la población.

Segundo. Se exhorta a la secretaria de Desarrollo Social a realizar las acciones siguientes para optimizar los recursos y la operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, en su componente alimentario:

• Implante los indicadores y las metas para evaluar la contribución en la mejora de la alimentación y nutrición de los integrantes de las familias beneficiarias;

• Establezca las metas para valorar el bajo peso para la edad, la emaciación y la prevalencia de anemia;

• Implante los indicadores y las metas para evaluar los resultados del proceso de recertificación de las familias beneficiarias;

• Garantice la nutrición de los beneficiarios; e

• Impulse y fortalezca las capacidades y potencialidades de los beneficiarios, mediante el fomento del empleo, el ingreso y el ahorro de las familias en situación de pobreza extrema.

Tercero. Se exhorta a la secretaria de Desarrollo Social a hacer del conocimiento público las causas de que los niños menores de cinco años beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en su Componente Alimentario registraran prevalencias de baja talla de 21.4 por ciento, de bajo peso de 4.3 y de emaciación de 1.9, así como de anemia de 22.4 en mujeres beneficiarias de 12 a 49 años embarazadas y en periodo de lactancia, de acuerdo con el Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 2012, de la Auditoría Superior de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2014.

Diputados: José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Roberto López Suárez, Guillermo Sánchez Torres.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Quintana Roo y a las autoridades de Felipe Carrillo Puerto a liberar a los presos políticos acusados de sabotaje, suscrita por las diputadas Luisa María Alcalde Luján y Graciela Saldaña Fraire, de los Grupos Parlamentarios del PRD y de Movimiento Ciudadano

Luisa María Alcalde Luján, diputada integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y Graciela Saldaña Fraire, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 62, numeral 3; artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2; artículos 100 y 113, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión presentan ante esta soberanía el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, y a las autoridades municipales de Felipe Carrillo Puerto, se libere a los presos políticos acusados de “sabotaje” y cesen de inmediato la persecución política hacia quienes se manifiestan en contra del aumento de las tarifas de agua en la entidad; así como la intervención del doctor Raúl Plascencia Villanueva, Presidente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Consideraciones

La orden de aprehensión por “sabotaje” contra el periodista maya Pedro Canché, mientras cubría el violento desalojo de indígenas que sostenían un plantón contra el incremento de las tarifas del servicio de agua en Felipe Carrillo Puerto, municipio de Quintana Roo, ha logrado de manera ventajosa dictarle desde dos hasta quince años de formal prisión sin derecho a fianza, representando un atentando en contra de la libertad de prensa, puesto que está construido sobre el argumento de “entorpecer el servicio público de agua potable y alcantarillado”, mientras éste cumplía con su labor periodística.

Aunado a esto, las autoridades locales mantienen presos bajo los cargos de “motín y ultrajes a la autoridad”, a ciudadanos quintanarroenses, transgrediendo también la libertad de expresión y de libre asociación.

El gobierno municipal del alcalde Gabriel Carballo Tadeo no sólo mantuvo un diálogo de doble discurso, sino que al concluirlo, inició una persecución política en contra de algunos de los integrantes del movimiento que lucha contra el alza de las tarifas de agua y de las cuotas “voluntarias” en la educación pública, mismas que volvió obligatorias la Reforma Educativa.

En tal sentido, el 3 de septiembre de 2014 diputadas integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados entregaron al licenciado Roberto Borge Angulo, gobernador de Quintana Roo respetuosamente una solicitud a efecto de que se brinde total protección a los derechos humanos del ciudadano Pedro Canché Herrera “de conformidad con lo señalado en el artículo 1, párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas, los derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de sus derechos violados, debida diligencia, no repetición y todos los demás derechos consagrados en nuestra carta magna; garantice el efectivo ejercicio del debido proceso”.

Adicionalmente, el 22 de septiembre de 2014, fue solicitada la intervención del doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, su intervención en el caso del periodista quintanarroense Pedro Canché.

La defensa legal de este proceso ha sido también embestida, con la aprehensión de Alfredo Esquivel y Cab y la actual orden contra Omar Sánchez Cutis, abogado y dirigente del Movimiento Regeneración Nacional en el estado, ambos involucrados en la defensa de este movimiento.

Es importante señalar que Carrillo Puerto es el único municipio de Quintana Roo donde se ha logrado detener el pago de estas cuotas, por lo que el caso se vuelve aún más representativo, pues estos actos no son más que políticas de hostigamiento sobre quienes cuestionen o manifiesten su desacuerdo contra el gobierno, al grado incluso de que Borge en reunión con hoteleros dijo “quien critique al gobernador, daña la economía turística”, enviando un mensaje directo a cualquiera que se asuma como oposición.

El hostigamiento al magisterio, el encarcelamiento de 16 ejidatarios por la defensa de sus tierras en Holbox y ahora este caso, se suman a los indicios con los cuáles podemos afirmar que en Quintana Roo se pone en duda la libertad para protestar y para manifestarse. Están siendo vulnerados los derechos humanos, se fabrican delitos para silenciar y perseguir a los que quieren alzar la voz.

Desde 2011, en Quintana Roo, el Congreso local autorizó el absurdo incremento de alrededor de 300 por ciento las tarifas residenciales de agua potable, es decir, desde entonces los ciudadanos deben pagar 150 pesos por cada 10 metros cúbicos de agua que consuman. Ante tales circunstancias, ¿cómo no esperar que la gente proteste contra estas medidas, si su ingreso familiar cada vez más en declive no puede absorber semejantes gastos?

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, para que garantice la integridad física e impulse la liberación inmediata e incondicional de Teresita Brito Peña, Alfredo Esquivel, Pedro Canché Herrera y Miguel Chan, así como la cancelación definitiva de todas las órdenes de aprehensión derivadas del conflicto en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Segundo. Se exhorta al gobierno de Quintana Roo y a las autoridades municipales de Felipe Carrillo Puerto, para que cesen de inmediato la persecución, la intimidación y la fabricación de delitos contra los ciudadanos que se oponen al alza de las tarifas de agua en la entidad.

Tercero. Se exhorta al titular de la Comisione Nacional de Derechos Humanos para que intervenga ante las violaciones de derechos que han sufrido Teresita Brito Peña, Alfredo Esquivel, Pedro Canché Herrera y Miguel Chan.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2014.

Diputadas: Luisa María Alcalde Luján y Graciela Saldaña Fraire (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a proporcionar por la SE y la Semarnat apoyos económicos y técnicos a la industria ladrillera de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para transformar en no contaminantes sus técnicas productivas, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Luis Armando Córdova Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los cuales la Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a otorgar por las Secretarías de Economía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales apoyos económicos y técnicos a la industria ladrillera de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para que transforme en no contaminantes sus técnicas productivas, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. La industria ladrillera y su impacto ambiental

Toda industria en el proceso de elaboración de sus productos trae como consecuencia la generación de una significativa cantidad de desechos que dañan el ambiente y la salud de la población.

Uno de los principales elementos en la industria de la construcción es la elaboración del ladrillo, el que para su proceso se utilizan, como lo señala el Centro de Estudios Académicos sobre Contaminación Ambiental de la Universidad de Querétaro en el Reporte de evaluación del riesgo asociado a la fabricación artesanal del ladrillo rojo en Querétaro, aserrín, fibras sintéticas y naturales, plásticos, ceras, llantas, mezclas de solventes y basura, entre otros, los que, como se ha mencionado, contribuyen en la afectación ambiental y de la población, en cuanto a la salud se refiere, principalmente afectando las vías respiratorias y en la piel.

En el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, la contaminación se encuentra presente en su entorno, derivado de las múltiples actividades productivas, entre ellas la producción de ladrillos, siendo ésta una actividad necesaria para el crecimiento económico del municipio.

Hacer ladrillos es una tradición centenaria para quien se dedica a ello, evidentemente por tratarse de una actividad de tipo no industrial, no está sujeta a los controles, revisiones y garantías en el desempeño de la labor y protección a la salud de quienes la desarrollan, desde la extracción de la materia prima (material arcilloso con características específicas), el procesamiento de los mismos a través de la extracción del agua en pozos y fuentes para lograr la consolidación de la materia prima así como el espacio idóneo para colocar los elementos elaborados.

El ladrillo ha sido utilizado desde tiempos antiguos en diversas civilizaciones. En el caso de México, de acuerdo con el autor Herrera T. H., en el artículo “El ladrillo en la arquitectura prehispánica”, de la revista México en el Tiempo, destaca que desde 1500 antes de Cristo hasta 200 después de Cristo ya se utilizaban los ladrillos, como los encontrados en el centro ceremonial de La Venta, en Tabasco; en Cholula, Puebla, el uso del ladrillo data de los años 200 a 700 después de Cristo. La presencia del ladrillo en estas zonas mencionadas, como elemento principal en la construcción.

Herrera T. H. señala que en las técnicas para la elaboración de ladrillos se utilizan métodos ancestrales, destacando las actividades de la trituración de barro que puede ir mezclándose con estiércol, viruta o pasto, luego se amasa la arcilla, se procede al moldeado, secado y cocido. Es precisamente en el procedo del cocido del ladrillo en donde se utilizan los hornos, que emite humos contaminantes por el tipo de hidrocarburos empleados que van desde aceites, basura y llantas, lo cual daña seriamente el medio ambiente y la salud de las personas.

Impacto ambiental de las ladrilleras tradicionales

Como empezó a anunciarse en el apartado precedente, la principal fuente de contaminación que se genera en la industria ladrillera tradicional consiste en la contaminación atmosférica, en razón de que se utilizan combustibles altamente contaminantes.

Igualmente, en ocasiones se produce la contaminación del suelo cuando las aguas residuales del proceso, son vertidas directamente a éste, produciendo infiltraciones de líquidos dañinos al suelo y subsuelo. Sin embargo, la principal preocupación respecto a esta industria está relacionada con la contaminación ambiental por el elevado número de partículas suspendidas que ocasiona.

Asimismo, se lanzan a la atmósfera plomo, monóxido de carbono, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno, con gran efecto negativo para la salud vegetal y animal en general.

Industria ladrillera no contaminante

El Instituto Politécnico Nacional, entre otras instituciones de gran prestigio internacional, ha desarrollado técnicas y procedimientos para disminuir radicalmente el impacto ambiental de las ladrilleras,1 mejorando los hornos y las arcillas empleadas para fabricar ladrillos.

En Bolivia se han realizado propuestas consistentes en el uso de combustibles con menor impacto para el medio ambiente como el gas natural, que si bien aumenta el costo de la producción de los ladrillos, mejora sustancialmente la salud de los propios productores haciendo que, al final del proceso, se obtenga una mejor calidad de vida para las familias dedicadas a esta industria.2

La coalición Clima y Aire Limpio para reducir Contaminantes de Vida Corta tiene una propuesta que incluye tecnologías mecanizadas y altamente eficientes en términos energéticos, en una visión integral para lograr mitigaciones en esta industria compleja que incluyan no sólo aspectos ambientales sino sociales y económicos.3

Segundo. Ladrilleras, industria tradicional de Tlaquepaque, Jalisco

La fabricación del ladrillo destaca por ser una importante actividad generadora de empleos, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2009, en el país 18 mil 768 unidades económicas se dedican a la manufactura de productos de arcilla, como los ladrillos usados para la industria de la construcción.

En San Pedro Tlaquepaque, de acuerdo con el Censo de Campos Ladrilleros 2013, de la Dirección General de Medio Ambiente, del Municipio, hay 184 campos ladrilleros –lugares destinados a la elaboración de ladrillos–. Cada uno de éstos genera trabajo para el sostenimiento de entre 3 a 4 familias, es decir, alrededor de 736 núcleos familiares viven de este oficio. Se estima que mensualmente se producen más de 182 mil ladrillos, por lo al ser el pecio en el mercado de 700 a 800 pesos el millar, le permite a las familias dedicadas a este oficio el sustento familiar, según datos proporcionados por la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de san Pedro Tlaquepaque.

Tercero. Plan Nacional de Desarrollo y Desarrollo Sustentable

El Pan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 indica que a partir de la última década ante los efectos adversos del cambio climático y la degradación ambiental se han intensificado. Ante este escenario, destaca que los fenómenos como las inundaciones, ciclones y sequias entre 2000 y 2010 se han registrado 5 mil pérdidas de vidas humanas, 13 millones de personas afectadas y pérdidas económicas por 250 mil millones de pesos.4

Ante los fenómenos del cambio climático, muchos países en el mundo se han dado a la tarea de reducir el uso de combustibles fósiles, sustituyéndolas por fuentes de energías alternativas surgidas de la innovación tecnológica, orientadas a la preservación del ambiente.

De acuerdo con el PND, el país ha hecho pactos con la Agencia Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en materia ambiental y ha suscrito 90 acuerdos y protocolos vigentes en la materia. A modo de ejemplo, podemos citar: la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (Estocolmo, 16 de junio de 1972); El Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos (12 de mayo de 1954), el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (22 de marzo de 1985), la ratificación del Acuerdo para la Creación del Instituto Interamericano para Investigación del Cambio Global (adoptado en Montevideo, Uruguay, el 13 de mayo de 1992) y la Convención sobre el Cambio Climático, de Río de Janeiro, Brasil (aprobado por la Cámara de Senadores el 3 de diciembre de 1992).

Conforme al artículo 32 Bis fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), es competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, elaborar, promover y difundir las tecnologías y formas de uso requeridas para el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sobre la calidad ambiental de los procesos productivos, de los servicios y del transporte.

De igual forma, conforme al artículo 34, fracciones X Bis y XXII, de la LOAPF, corresponde a la Secretaría de Economía fomentar, estimular y organizar la producción económica del artesanado, de las artes populares y de las industrias familiares además de coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien a grupos de escasos recursos en áreas urbanas a través de las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación, evaluación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos para ser destinados a los mismos fines, así como de asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, previa calificación, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y privado.

El gobierno federal se encuentra en la aptitud legal de apoyar a las empresas ladrilleras situadas en Tlaquepaque, Jalisco, para que se les otorguen apoyos económicos y técnicos con objeto de que estén en posibilidad de transformar en no contaminantes sus técnicas productivas.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a proporcionar por la Secretaría de Economía apoyos técnicos y empresariales a la industria ladrillera de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para que transforme en no contaminantes sus técnicas productivas.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a proporcionar por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales apoyos técnicos a la industria ladrillera de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para que transforme en no contaminantes sus técnicas productivas.

Notas

1 Véase Herrera T. H. (1997). “El ladrillo en la arquitectura prehispánica”, en revista México en el Tiempo, volumen 19, julio-agosto, obtenida el 17 de noviembre de 2006. http://mexicodesconocido.com/espanol/cultura_y_sociedad/arte/detalle.cf m?idcat=3&idsec=14&idsub=52&idpag=2221

2 Véase el estudio de José Antonio Esparza Rocha y René Payán González. Reducción del impacto ambiental de la industria ladrillera de la ciudad de Durango, mediante el mejoramiento de los hornos, IPN-Unidad Durango.

3 Véase Aracelly S. Gallegos R., y otros. Contaminación atmosférica por la fabricación de ladrillos y sus posibles efectos sobre la salud de los niños de zonas aledañas, Universidad Católica Boliviana, Departamento de Ciencias Exactas de Ingeniería.

4 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, página 77.

Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 25 de septiembre de 2014.

Diputado Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Judicial de la Federación, a la PGR y a la CFE a atender con respeto de los derechos humanos el caso de la defensora Lucila Bettina Cruz Velázquez y resolver la situación de las personas y los grupos que se manifiestan sobre la generación y las tarifas de electricidad en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, suscrita por los diputados Margarita Elena Tapia Fonllem, María de Lourdes Amaya Reyes y Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los pueblos ikjoots (huave) y binnizá (zapoteco), en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, comenzaron la lucha en defensa de su territorio frente a los intereses de las empresas trasnacionales en ocupar sus tierras ejidales y comunales para instalar generadores de energía eólica. Miles de hombres y mujeres de la región se han opuesto a dichas acciones, pues sostienen que a través de convenios ilegales se les está despojando de sus territorios para la construcción de parques eólicos en diversas zonas del Istmo, a cuyas ganancias tienen un magro o nulo acceso.

Además de otras violaciones a sus derechos humanos, han argumentado que se ha violado sistemáticamente su derecho a la consulta previa, libre e informada que, como pueblos indígenas, reconocen diversos instrumentos internacionales y nacionales, destacadamente, el Convenio 169 de la Organización del Trabajo. Es por estas razones, entre otras, que organizaron la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT).

Las y los integrantes de la APIITDTT han sufrido múltiples agresiones, amenazas de muerte, lesiones e incluso han fallecido personas en enfrentamientos, ante la indiferencia de diversas autoridades, quienes a su vez han desatado actos de intimidación y abusos de diversos tipos. Entre las y los integrantes de dicha Asamblea se encuentra la defensora de derechos humanos Lucila Bettina Cruz Velázquez, mujer indígena binnizá que desde el año 2007 ha sido una destacada activista, reconocida como tal por diversas organizaciones y redes de personas defensoras de derechos humanos a nivel nacional e internacional.1

En nuestro país son innegables los avances en la legislación y el diseño de las políticas públicas en derechos humanos derivados principalmente de la acción de la sociedad civil y de las demandas de la opinión pública. Sin embargo, las defensoras y defensores hoy enfrentan aún condiciones de riesgo por sus actividades, y tal es el caso de Bettina, que como las compañeras y los compañeros de su movimiento, también ha sufrido amenazas de muerte, amenazas de secuestro, vigilancia, intimidación, campañas de difamación e intento de asesinato.

En este marco el día 13 de abril de 2011, la APIITDTT y otras organizaciones realizaron una manifestación pacífica frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Juchitán, Oaxaca, a efecto de expresar su descontento por las altas tarifas de luz y por la inacción de la CFE frente a los contratos que consienten el despojo de territorios indígenas.

A pesar de que ese día Bettina no se encontraba en Juchitán, sino en la capital de Oaxaca, la representante de la CFE la acusó ante el Ministerio Público Federal de encabezar la manifestación para supuestamente impedir la entrada y la salida del personal, ello a pesar de que el cierre a un acceso al edificio fue obra del propio personal de seguridad de la dependencia.

El 22 de febrero de 2012, casi un año después de los hechos anteriormente mencionados, Bettina fue detenida por agentes federales que no contaban con una orden de aprehensión, no estaban uniformados y no le informaron las razones de su detención; además, la trasladaron ante la autoridad ministerial en vehículos carentes de identificación.

A partir de su detención, Bettina Cruz fue mantenida incomunicada durante más de tres horas antes de ser consignada ante el juez en el Centro de Readaptación Social de Tehuantepec, debiendo pagar quince mil pesos como caución para obtener su libertad.

Posteriormente, el 28 de febrero de 2012 el juez sexto de Distrito del Estado de Oaxaca con sede en Salina Cruz, Anastacio Ochoa Pacheco dictó auto de formal prisión contra Bettina Cruz por su probable responsabilidad en la comisión de los “delitos contra el consumo y la riqueza nacionales” y “privación ilegal de la libertad”.

Desde entonces ha enfrentado su proceso en libertad y su defensa ha logrado demostrar, entre otras cosas, que:

1. Bettina Cruz no se encontraba en el lugar de los hechos en los cuales los supuestos delitos fueron cometidos y de los cuales se le acusa.

2. En la denuncia de la CFE no se individualizan a las presuntas víctimas del delito.

3. En todo momento las trabajadoras y los trabajadores de la CFE estuvieron en posibilidades de salir del edificio pues la puerta de salida trasera del edificio nunca se encontró obstruida.

4. De ninguna manera se atentó contra el consumo y la riqueza nacionales, pues la acusación no estableció en ningún momento en qué consistió la puesta en peligro de este bien jurídico.

Pese a todas las irregularidades de la acusación, y a más de 30 meses de iniciado el proceso, Bettina Cruz no ha sido absuelta y aún no se ha dictado sentencia.

Como han señalado diversas organizaciones, Bettina “cuenta con medidas cautelares de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y desde noviembre de 2012 del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas del Gobierno Federal”,2 por lo que está plenamente reconocido su carácter de defensora.

Además de los abusos cometidos en su detención, el prolongado proceso penal es una forma de revictimización y de impedimento a las actividades de defensa. Como ha manifestado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “La sujeción de defensoras y defensores a procesos penales injustificados fundados en una normativa que no cumple con el principio de legalidad produce también una afectación en la actividad de defensa de los derechos humanos, y, consecuentemente, en el libre ejercicio del derecho a defender los derechos”.3

Esta acción, junto con otras enderezadas por diversos órganos gubernamentales, así como la falta de resolución de la CFE a este problema, ha generado una persecución judicial contra las organizaciones y personas simpatizantes de sus causas, además de una alta conflictividad social en la región, misma que no puede ser resuelta por la vía penal.

A nuestro criterio, los cargos presentados por las autoridades federales ni siquiera se apegan a las conductas típicas establecidas por los artículos 253 y 364 del Código Penal Federal, mucho menos considerando que de acuerdo con las pruebas aportadas por la defensa de Bettina consta que no se encontraba presente en el lugar de los hechos.

Por lo antes descrito, consideramos que las imputaciones y el proceso contra Bettina representan actos de criminalización de la protesta social, que ilustran la situación de riesgo en que trabajan las personas defensoras de derechos humanos, pues a través del proceso de Bettina se ha evidenciado el uso desviado del sistema de justicia en contra de las personas defensoras de derechos humanos, en particular de quienes trabajan en la defensa del territorio frente a la imposición de megaproyectos y quienes protesta por las altas tarifas por el consumo de energía eléctrica en la región del Istmo.

Cabe decir que es obligación del Estado atender lo dispuesto por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su resolución 22/6 sobre la Protección de las y los defensores de los derechos humanos, y así “velar por que ninguno de ellos sea objeto de fuerza excesiva o indiscriminada, detención o prisión arbitrarias, tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada, abusos en los procedimientos penales y civiles o amenazas de algunos de los actos mencionados”.

Por ello, es necesario iniciar las investigaciones y los procedimientos o procesos que correspondan para sancionar presuntos actos ilegales cometidos por integrantes de la policía de investigación, agentes ministeriales, funcionarios de procuración de justicia y de la Comisión Federal de Electricidad. Aun y cuando se resolviera jurisdiccionalmente la inocencia de Bettina, es necesario que los hechos que la condujeron a una detención y proceso penal no permanezcan impunes.

En los próximos días, el Juzgado Sexto de Distrito en materia penal del Poder Judicial de la Federación deberá emitir la sentencia definitiva sobre el caso de Bettina, y ante el riesgo de que la resolución siente un precedente negativo al equiparar la protesta social con delitos como el de “privación ilegal de la libertad”, es necesario que el Poder Legislativo alce la voz a fin de evitar el uso arbitrario e ilegítimo del aparato de justicia para criminalizar a la defensora.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

La honorable Cámara de Diputados:

Primero. Exhorta respetuosamente al Juzgado Sexto de Distrito del Décimo Tercer Circuito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, del Poder Judicial de la Federación para que en la sentencia definitiva sobre el caso de Lucila Bettina Cruz Velázquez, cuya resolución es exclusiva de dicho órgano jurisdiccional, se rija por los criterios de imparcialidad e independencia, y considere los estándares más altos en materia de derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales de los que México es parte y en la legislación secundaria, en particular en materia de presunción de inocencia, debido proceso penal, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de reunión, libertad de manifestación y de personas defensoras de los derechos humanos.

Segundo. Exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República a fin de que se desista de los cargos en contra de la Sra. Lucila Betina Cruz Velázquez, y a que proceda a investigar y sancionar los actos contrarios a derecho que hubieren sido cometidos en su detención y durante su proceso.

Tercero. Exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Federal de Electricidad a que detenga la persecución en contra de las personas que, en ejercicio de sus derechos, se manifiestan en contra de las altas tarifas eléctricas y de los proyectos energéticos en el Istmo de Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca; asimismo, a que en todo proyecto que se pretenda emprender se asegure de respetar y proteger los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales de los que México es parte, en particular, aquellos contenidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y a que se atiendan mediante el diálogo las exigencias de las personas que se encuentran en resistencia contra las altas tarifas eléctricas.

Notas

1 Petición de Amnistía Internacional México, disponible en: http://amnistia.org.mx/nuevo/2012/02/23/defensora-de-derechos-humanos-b ajo-arresto/

2 Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), “OSC manifiestan preocupación por situación legal de la defensora Bettina Cruz”, Comunicado, disponible en: http://redtdt.org.mx/2014/09/osc-manifiestan-preocupacion-por-situacion -legal-de-la-defensora-bettina-cruz/

3 Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, “Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas”, OEA/Ser.L/V/II., Doc. 66, 31 de diciembre de 2011, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2014

Diputados: Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Fernando Zárate Salgado.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a verificar la legalidad de los precios y las tarifas establecidos por la administración portuaria integral de Los Cabos, Baja California Sur, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

En Los Cabos, Baja California Sur y en los puertos de todas las entidades federativas, tanto personas morales como físicas, que son consumidores de combustible, tanto diésel como gasolina, han celebrado contrato de cesión de parcial de derechos y obligaciones con la administración portuaria integral, a efecto de usar, aprovechar y explotar una superficie de un muelle para atracar única y exclusivamente embarcaciones menores que prestan servicio público náutico turístico, y prestar el servicio de embarque y desembarque de personas, dentro del espejo de agua de la dársena en Los Cabos, Baja California Sur.

Derivado de la actividad económica mencionada con anterioridad estos prestadores de servicios turísticos cargan combustible en las gasolineras denominadas Combustibles de Los Cabos, SA de CV, con domicilio en lote 10 A, de la Dársena, y Servicios Marítimos de Cabo, SA de CV, ubicada en el lote 1, manzana S/N, Marina de Los Cabos, Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Las citadas sociedades mercantiles les expiden las facturas correspondientes. En las facturas – y solo como ejemplo– aparecen entre otros aspectos los siguientes:

Es decir, además del precio oficial del diésel y la gasolina, las sociedades mercantiles de referencia, les aumentan de manera permanente e indebida entre el 12 y 15 por ciento por “avituallamiento de combustible” y eso lo vienen realizando desde hace varios años, si lo anterior fuera poco, suman el precio de los litros de diésel, mas, el 12 o 15 por ciento por “avituallamiento de combustible”, más el IVA, la suma de los tres elementos da como un resultado un total. Que si consideramos que el total que aparece de las facturas que les expiden y el sobre precio en el diésel y gasolina son ilegales.

Que si sumamos al precio oficial del diésel o de la gasolina el “avituallamiento de combustible” y el IVA, tenemos un aumento en el precio de los hidrocarburos, por litro, entre el 28 y 31 por ciento, lo que a todas luces nos parece arbitrario e ilegal.

Sumando a lo anterior los aumentos que se dan mes con mes y además le agregamos los sobreprecios o aumento de porcentajes en el diésel y gasolina el concepto de “avituallamiento de combustible”, resulta sumamente atractivo y millonario para quien se queda con los ingresos por el citado concepto.

Para ilustrar ponemos un ejemplo:

Doscientas embarcaciones en Cabo San Lucas consumen cada una de ellas ciento cincuenta litros por día y a su vez, sumamos su consumo por mes y por año y establecemos el precio del litro de diésel al mes de mayo que es de 13.17 pesos (trece pesos con diecisiete centavos MN).

Veamos los resultados:

Como podemos inferir, solamente dos estaciones de servicio – en el ejemplo que ponemos – se llevan anualmente casi veintidós millones de pesos, lo que implica que cada una de ellas obtiene anualmente casi once millones de pesos por concepto de avituallamiento de combustible, con la anuencia de la Administradora Portuaria de Cabo San Lucas en Baja California Sur, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y Petróleos Mexicanos.

Ahora bien, en la hipótesis de que existieran cinco mil embarcaciones en los puertos del país a las cuales, además del precio oficial del diésel y la gasolina, se les cobra de manera indebida entre el 12 y 15 por ciento por “avituallamiento de combustible” y que consuman ciento cincuenta litros de combustible diario, nos darían las siguientes cantidades:

Como puede advertirse, en la hipótesis señalada en el cuadro anterior, estaríamos hablando de un cobro indebido de casi de quinientos cincuenta millones de pesos que se obtiene anualmente por concepto de avituallamiento de combustible.

¿A dónde van a para esos quinientos cincuenta millones de pesos?

¿A las administradoras portuarias integrales del país?

¿A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes?

¿A Petróleos Mexicanos vía Pemex Refinación?

¿La Secretaría de Comunicaciones y Transportes estableció las tarifas y precios por concepto de avituallamiento de combustible?

¿Porque la Procuraduría Federal del Consumidor no ha intervenido de oficio para verificar que los precios del diésel y la gasolina en todas las estaciones de servicio ubicadas en los puertos del país sean los oficiales y no se aumenten los mismos por concepto de avituallamiento de combustible?

Que ante tal iniquidad, se suma la situación social y económica que está viviendo la población del puerto de Los Cabos esto derivado de la devastación que ha causado el huracán Odile por lo que la situación económica de por sí ya precaria se suma a la paralización de la economía casi todo el estado de Baja California Sur, en general es por lo que las personas físicas y morales solicitan de forma desesperada la intervención de esta Soberanía a efecto de revisar la legalidad de los instrumentos jurídicos y/o convenios que se hayan realizado con Pemex o con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y Administradora Portuaria Integral de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y todas las APIS ubicadas en los puertos del país.

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al director general de Pemex a verificar la legalidad de los precios y tarifas establecidas por la Administradora Portuaria Integral de Los Cabos, en Baja California Sur, y se hagan públicos los resultados de todas y cada una de las revisiones.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte a verificar los precios por la prestación de servicios portuarios por el concepto de “avituallamiento de combustible”, revisar y examinar la existencia de presuntos actos de corrupción así como la legalidad de los instrumentos jurídicos que se hayan realizado en el caso concreto en el municipio de Los Cabos y se hagan públicos los resultados de todas y cada una de la revisiones.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor intervenga de oficio para verificar los precios del diésel y la gasolina en todas las estaciones de servicio ubicadas en Los Cabos, Baja California Sur y todas aquellas ubicadas en los puertos del país y se hagan públicos los resultados de todas y cada una de la revisiones.

Cuarto. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior de la Federación en términos de lo previsto en el párrafo tercero de la fracción I del artículo 79 de la ley fundamental, requiera a la administradora portuaria integral de Los Cabos, en Baja California Sur, la revisión del cobro por concepto de “avituallamiento de combustible” y de todas aquellas APIS, ubicadas en los puertos del país y se hagan públicos los resultados de todas y cada una de la revisiones

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2014.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a promover la emisión de una NOM para que los envases y embalajes de los medicamentos incluyan en sistema braille las denominaciones distintiva y genérica, el gramaje, la dosis y la fecha de caducidad, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Elvia María Pérez Escalante, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con fecha veintidós de abril del 2014, presenté esta proposición con punto de acuerdo´, misma que se publicó en la Gaceta Parlamentaria número 4006-IX, del martes veintidós del mismo mes y año.

La proposición se turnó a la Comisión de Salud y con motivo de fin del periodo ordinario de sesiones sin ser dictaminada, fue desechada por aplicación del artículo 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

No obstante lo anterior, he considerado que el objeto de la propuesta sigue vigente y por tanto, solicito la aprobación de esta Soberanía, con base en las consideraciones siguientes:

Para garantizar el derecho a la protección de la salud es necesaria la actuación corresponsable de los diversos órdenes de gobierno y la sociedad en general.

La ceguera, la debilidad visual y la pérdida parcial de la visión en el ser humano son problemas de salud que requieren ser atendidos desde los diversos enfoques que presenta esta problemática social.

La ceguera es una discapacidad física respecto de la cual, el sistema braille es una muy valiosa ayuda, porque fue pensado e inventado como sistema de lectura y escritura táctil para personas ciegas.

La ausencia o presencia de esos puntos permite la codificación de los símbolos en 64 combinaciones diferentes utilizando seis puntos en cada celda. La existencia o no de un punto en cada posición determina de qué letra se trata y así este alfabeto suele acompañarse de signos diferenciadores especiales para servir de escritura comprensible a este sector de población.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012, reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que el 6.6% dijo padecer algún tipo de discapacidad; que en el 19% de los hogares vive al menos una apersona con discapacidad; y, que ese porcentaje de población presentó discapacidad para realizar al menos una de las actividades como: caminar, ver, escuchar, hablar o comunicarse, poner atención o aprender, atender el cuidado personal y mental.1

La ceguera o debilidad visual, desde el año 2005, fue considerada por el Inegi como la segunda causa de discapacidad en nuestro país, afectando en esa época a 467 personas, sin considerar a las personas adultas mayores que por razones obvias presentan algún grado de dificultad para ver.2

Ahora bien, con relación a los medicamentos, esta población carece de la posibilidad de reconocerlos por carecer en su etiquetado de los elementos necesarios para identificarlos en forma personal.

Al efecto, considero que esta problemática debe verse desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos y del derecho a la protección de la salud para personas ciegas o débiles visuales y que es necesario garantizarles en la compra y utilización de medicamentos facilidades para su reconocimiento a través de mecanismos a su alcance como lo es el sistema braille.

Esto es muy importante, porque estarían evitándose los riesgos de ingerir remedios o productos farmacéuticos distintos a los indicados por los profesionales de la medicina o aquellos ya caducos.

De alguna manera, es de reconocerse, que ya existen en México, laboratorios que imprimen en sus cajas de medicamentos, el nombre del producto en sistema braille y esto es un avance, pero no hay norma de cumplimiento obligatorio.

No está de más decir que la industria farmacéutica percibiría beneficios con una mejora de esta naturaleza en el etiquetado de sus productos, porque el sistema braille es universal.

En el ámbito internacional es importante señalar que desde el 30 de octubre de 2005, en la Unión Europea, las farmacéuticas están obligadas a etiquetar con braille sus etiquetas para las personas que padecen ceguera o debilidad visual.

En la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra Personas con Discapacidad, suscrita, aprobada y ratificada por México; se recoge el espíritu de los Derechos Humanos que han de protegerse a las personas con discapacidad e igualmente en la Ley General de Personas con Discapacidad vigente en México, se prevé facilitar a las personas invidentes su integración a la sociedad y a la protección de la salud mediante el uso de los medicamentos que industria farmacéutica oferta en el mercado, lo que realmente se les facilitará con el uso del sistema Braille en los envases y los embalajes.

En lo personal estoy convencida de que todo esto es de una muy importante y trascendente mejora y apoyo en beneficio de las personas que padecen ceguera y de todas aquellas personas que presentan algún grado de debilidad visual, incluyendo desde luego a las personas adultas mayores con estos padecimientos.

Por todo lo antes expuesto y considerando que el Gobierno de la República tiene la obligación constitucional de proteger la salud de los mexicanos, que incluye la acción de facilitar la coexistencia de los diferentes sectores de la sociedad y con mayor razón de quienes se encuentran en situación adversa ante la vida, es por lo que respetuosamente solicito que se apruebe la presente Proposición con Punto de Acuerdo, dirigida a la titular de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Federal, a fin de que se promueva la emisión de una norma oficial mexicana, para que en todos los envases y embalajes de los medicamentos se inserte la denominación distintiva, la denominación genérica, el gramaje, la dosis y la fecha de caducidad en sistema braille, a fin de que las personas que carecen del sentido de la vista y los débiles visuales, puedan identificar con seguridad y fácilmente sus medicamentos.

En este orden de ideas y tomando en consideración que el artículo 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que el Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso, a través de puntos de acuerdo que representen la posición de esta soberanía, en relación con algún punto de interés nacional o sus relaciones con los otros poderes de la federación, organismos públicos, entidades federativas o municipios, lo que cumple cabalmente la proposición de la suscrita, es por lo que, respetuosamente solicito la aprobación de esta soberanía.

Por lo antes expuesto someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Federal a promover la emisión de una Norma Oficial Mexicana, para que en todos los envases y embalajes de los medicamentos se inserte la denominación distintiva, la denominación genérica, el gramaje, la dosis y la fecha de caducidad en sistema Braille, a fin de que las personas que carecen del sentido de la vista y los débiles visuales, puedan identificar fácilmente sus medicamentos.

Notas

1. http://es.wikipedia.org/wiki/Braille_(lectura)

2. http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/12/03/inegi-66-poblacion-tiene -discapacidad

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2014.

Diputada Elvia María Pérez Escalante (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Estados Unidos de América sobre la arbitraria detención de ciudadanos cubanos, a cargo del diputado Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscribimos el presente punto de acuerdo, diputadas y diputados de la LXII Legislatura integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara someten a la consideración de la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El pasado septiembre de 2013, la Junta de Coordinación Política con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hizo suya la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único: la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión considerando el Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, hace suya la solicitud para que sean liberados los ciudadanos Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González L., Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar y René González Sehwerert que se encuentran en prisión en Estados Unidos de América desde hace más de 15 años.

Dicho acuerdo fue suscrito por los coordinadores de los todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara

2. De los cinco cubanos condenados, René González y Fernando González, salieron de prisión después de cumplir íntegramente la condena que les fue impuesta, pero aún continúan encarcelados Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero.

3. El 27 de mayo de 2005, el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su Opinión número 19/2005 (Estados Unidos de América), expresamente declaró arbitraria la detención de los cinco cubanos e instó al gobierno de Estados Unidos a adoptar de inmediato las medidas necesarias para solucionar esta situación. Los argumentos en que se basó el grupo de detenciones arbitrarias para arribar a dicha conclusión se resumen en lo siguiente:

• Que el juicio no tuvo lugar en un clima de objetividad e imparcialidad tal como es requerido, y que el clima de predisposición y prejuicio contra los acusados en Miami persistió y contribuyó a presentarlos como culpables desde el principio.

• Que los abogados de la defensa tuvieron un acceso muy limitado a la evidencia, al ser clasificado el caso por Washington como un asunto de seguridad nacional, lo cual socavó el necesario balance que debe existir entre la fiscalía y la defensa, lo cual afectó negativamente a los abogados defensores para presentar evidencia a favor de los acusados.

• Que el hecho de mantener en confinamiento solitario durante 17 meses a los acusados, determinó que se vieron afectadas y debilitadas la comunicación con sus abogados, el acceso a la evidencia y, por consiguiente, las posibilidades de contar con una defensa adecuada.

Por lo anterior, el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó que “estos tres elementos combinados son de tal gravedad que le confieren a la privación de libertad de estos cinco hombres un carácter arbitrario”.

Finalmente, el grupo de trabajo manifestó que, basado en los hechos y las circunstancias bajo las cuales se llevó a cabo el juicio, la naturaleza de los cargos y la severidad de las sentencias, la privación de libertad de los cinco viola el artículo 14 de la Convención Internacional sobre Libertades Civiles y Políticas, de la cual EUA es signatario.

4. En octubre de 2010, Amnistía Internacional dio a conocer un informe detallado sobre el caso de los cinco cubanos, en el que concluyó que:

“La organización considera que los motivos de preocupación expuestos, combinados, suscitan importantes dudas en relación con la imparcialidad de las actuaciones que dieron lugar a su condena, en particular, el efecto perjudicial de la publicidad sobre la causa en un jurado de Miami. Amnistía Internacional confía en que todavía sea posible que estas cuestiones se tengan debidamente en cuenta a través de los canales apropiados de apelación”.

Y agregó: “Si el proceso legal de apelación no proporcionara resarcimiento oportuno, y dada la extensión de las penas de cárcel impuestas y el tiempo ya cumplido por los condenados, Amnistía Internacional apoyaría los llamamientos para que las autoridades ejecutivas estadounidenses revisen el caso a través del procedimiento de indulto u otros medios apropiados.”

5. El pasado marzo de 2014, la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Flavia Pansieri, recibió en Ginebra a Adriana Pérez, esposa de Gerardo Hernández uno cubanos que continúa preso, y aportó elementos que demuestran los perjuicios a la salud física y mental provocados a Gerardo Hernández y sus compañeros por tantos años de encarcelamiento.

6. La injusta condena en contra de los ciudadanos cubanos ha desatado una campaña internacional por su liberación encabezada por diversas personalidades. Destacan: la alcaldesa de Richmond (California) Gayle McLaughlin, el actor, director y productor Mike Farrel; la pacifista Cindy Sheehan, la reverenda Joan Brown Campbell, el escritor Michael Parenti Peter Phillips, el ex congresista de Dakota del Sur, James Abourezk, así como el escritor Stephen Kimber, el también escritor Arnold August, ambos canadienses; el abogado Peter Schey, director del Centro por los Derechos Humanos y Constitucionales de Los Ángeles, el sacerdote sudafricano Michael Lapsley, el líder sindical de origen hispano Santos Crespo; destacados premios Nobel como Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú Tum, José Saramago, así como integrantes de distintos parlamentos, asociaciones civiles y políticas.

7. El Grupo de Amistad México-Cuba en la presente legislatura, fundamentó su accionar en fortalecer las históricas relaciones entre nuestros pueblos tal cual se asienta en el boletín número 2174 de la propia Cámara con el objetivo de “promover los vínculos comerciales, culturales y educativos en la Isla, así como una cooperación parlamentaria para fortalecer a ambos países”.

8. La fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, claramente establece que corresponde al Presidente de la República dirigir la política exterior y para ello debe observar los principios normativos que la misma determina, entre ellos, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos. Por lo anterior, el Poder Ejecutivo Federal de México, por conducto de la Secretaria de Relaciones Exteriores, tiene la ineludible responsabilidad de promover el respeto irrestricto a los derechos humanos en todo el mundo.

9. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, desde la tribuna, ha demandado que la cancillería debe pronunciarse, respetuosa pero claramente y por los conductos diplomáticos pertinentes, para que las autoridades de Estados Unidos de América tomen en cuenta la opinión 19/2005 del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y, en última instancia, otorguen el indulto a los ciudadanos cubanos injustamente detenidos, enjuiciados y sentenciados.

Por lo expuesto y fundado, ponemos a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta al gobierno de Estados Unidos de América a atender la Opinión número 19/2005 del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se suma al reclamo mundial por la inmediata liberación de los ciudadanos Antonio Guerrero Rodríguez, Gerardo Hernández Nordelo y Ramón Labañino Salazar.

Tercero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita del señor Barack Obama, presidente de Estados Unidos de América, a que –por razones humanitarias– utilice la atribución legal que le otorga la Constitución de su país y decrete el indulto y la inmediata liberación de dichos ciudadanos cubanos.

Cuarto: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita de la cancillería mexicana a que el presente punto de acuerdo se haga del conocimiento inmediato a las autoridades del gobierno de Estados Unidos de América.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2014.

Diputado Guillermo Sánchez Torres (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a realizar acciones encaminadas a proteger a niñas y a adultas migrantes víctimas de violación, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución, conforme a las siguientes

Consideraciones

A finales del siglo pasado, la condición de México como país de tránsito migratorio no podía compararse en lo absolutos con la situación que hoy se vive.

Si bien la posibilidad de detener personas por motivos migratorios existía legalmente desde finales de los años 40, fue hasta la década pasada, durante la vigencia de la Ley General de Población y su Reglamento, que la detención se reforzó mediante su aplicación, misma que años después se ha convertido en la regla general en contra de la migración irregular.

Este tipo de acciones, encaminada a la gestión rápida y expedita de los flujos migratorios, permite que se realicen pocas distinciones que valoren la edad o el género, el motivo principal de la migración o las circunstancias de los viajes, evitando que se distingan las características particulares de las personas que pertenecen a un flujo migratorio típico, de aquellas que presentan otras situaciones específicas.

La falta de identificación de situaciones particulares de parte de las y los funcionarios de migración ha provocado un aumento en la vulnerabilidad de las personas en situación irregular en el país, y ha conducido a varias y cuantiosas violaciones a los derechos humanos.

A este panorama debemos agregar que el número de mujeres y niñas centroamericanas que cruzan hacia Estados Unidos sigue aumentando y con ello, aumenta la preocupante cantidad de agresiones sexuales que se cometen contra ellas.

De acuerdo con una alarmante publicacióni de Amnistía Internacional, las niñas y mujeres migrantes, especialmente aquellas que no cuentan con documentos legales y en consecuencia tienen que viajar por áreas remotas o sobre trenes, se encuentran en mayor riesgo de ser víctimas de violencia sexual a manos de grupos de delincuencia organizada, traficantes de personas, otros migrantes e incluso por parte de autoridades.

El informe afirma que muchos grupos criminales emplean la violencia sexual como parte del “pago” requerido a las migrantes para poder continuar su trayecto, lo que ha llevado a que los “coyotes” requieran a las mujeres que reciban una inyección anticonceptiva antes de iniciar el viaje, para evitar embarazos consecuencia de violaciones.

El medio estadounidense Fusion abunda en el 80 por ciento de las mujeres y niñas que cruzan hacia Estados Unidos a través de México son violadas durante la travesía. Eso es más que una estimación previa de 60 por ciento, según el informe de Amnistía Internacional, un aumento de 20 por ciento en 4 años.

Tan sólo este año, las autoridades de migración creen que más de 70,000 menores de edad llegarán solos a Estados Unidos sin documentos, la mayoría de los cuales provienen de países centroamericanos como El Salvador, Guatemala y Honduras. El número de niñas centroamericanas que viajan solas y son detenidas en la frontera sur ha superado rápidamente al número de niños, según un estudio realizado en julio por Pew Research.ii

Según el estudio “Children on the run”,iii elaborado por la Agencia de la ONU para los Refugiados, el 24 por ciento de las niñas que abandonan Centroamérica y México, con destino a Estados Unidos, lo hacen por haber sido violadas en su país de origen, por otro tipo de violencia sexual, o por amenazas relacionadas con las anteriores.

Hasta mayo, el número de niñas solas menores de 18 años que fueron detenidas en la frontera entre Estados Unidos y México aumentó un 77 por ciento.

Pero estas alarmantes cifras no reflejan la realidad absoluta de este problema, pues muchas de las víctimas no denuncian las violaciones debido al temor fundado de ser deportadas si recurren a las autoridades, quienes sin análisis de sus circunstancias particulares, las harían regresar a los lugares de donde han huido, sólo para ser sometidas al mismo tipo de agresiones.

Las prácticas de restricción innecesaria de migrantes se emplean actualmente como una forma ilegal para desalentar a las personas migrantes, impidiendo el acceso a asilo y otras formas de protección internacional a las que tienen derecho. En el caso de las mujeres y niñas que son víctimas de violaciones en su trayecto hacia Estados Unidos, este tipo de detenciones son revictimizantes y no privilegian el interés superior de las menores.

Ante esta situación, la acción urgente del Estado es necesaria para establecer de manera formal diversos tratados bilaterales y multilaterales sobre repatriación, que incluyan mecanismos que faciliten el retorno seguro y la reintegración de niñas y niños no acompañados o separados, sólo cuando se establezca que dicho retorno procurará el mejor interés de cada menor.

Asimismo, desarrollar la capacidad de recepción y reintegración social, especialmente para a reunión de familias, así como el acceso a servicios psicológicos y educativos, así como empleo y oportunidades de adiestramiento para personas migrantes y sus familias es menester para la concreción de un Estado que busca establecerse como protector de los derechos humanos.

Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong a que, en ejercicio de sus facultades, formule y dirija la política migratoria del país, considerando las posiciones anteriormente expuestas, a fin de generar procedimientos que garanticen la debida protección de los derechos humanos de las personas migrantes, particularmente de las mujeres y niñas, instruyendo que cada caso sea analizado de manera particular, y priorizando el acceso a la protección internacional a que tienen derecho las víctimas de violación o amenazas.

Notas

1 Invisible Victims: Migrants on the Move in México; disponible en idioma Inglés en el enlace: http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR41/014/2010/en/8459f0ac-03ce -4302-8bd2-3305bdae9cde/amr410142010eng.pdf

2 At the border, a sharp rise in unaccompanied girls fleeing Honduras; disponible en idioma Inglés en el enlace: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/07/25/at-the-border-a-sharp-r ise-in-unaccompanied-girls-fleeing-honduras/

3 Children on the run; disponible en idioma Inglés en el enlace: http://www.unhcrwashington.org/sites/default/files/1_UAC_Children%20on% 20the%20Run_Full%20Report.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 25 días del mes de septiembre de 2014

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la CNDH y al Conapred a realizar una investigación exhaustiva sobre la violación de los derechos humanos de los niños y los adolescentes “cateados” cuando acudieron a los actos conmemorativos de la Independencia de México en el zócalo capitalino, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

Las suscritas y los suscritos, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, diputado Fernando Belaunzarán Méndez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputadas Nelly del Carmen Vargas Pérez y Zuleyma Huidobro González, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano; diputadas Carmen Lucia Pérez Camarena y Cinthya Noemí Valladares Couoh, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputada Loretta Ortiz Ahlf, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El derecho que tiene todo ciudadano a recurrir a los espacios públicos de diversión y esparcimiento es algo innegable que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben de garantizar en todo momento y, en su defecto, prever todas las medidas de seguridad para lograr el cumplimiento de la ley.

Ante ello, con indignación y sorpresa a través de los medios de comunicación, fuimos testigos de hechos suscitados el pasado lunes 15 de septiembre, donde elementos del Estado Mayor Presidencial, la Policía Federal y la reciente Gendarmería Nacional vigilaron como es usual, los accesos a la plancha del Zócalo capitalino, donde el presidente Peña Nieto encabezaría la ceremonia con motivo del Grito de Independencia de México en Palacio Nacional.

Hasta ahí, resultaría normal la actividad. Sin embargo, la profunda diferencia de la actividad este año fue que además de las revisiones de rutina a las personas adultas, se sumó el cateo ilegal a niñas y niños, hecho inaudito que ha conmovido la conciencia nacional y que fue reivindicado por las y los usuarios de redes sociales momentos posteriores a la realización de esta lamentable y bochornosa violación de los derechos humanos de las niñas y niños.

Cualquier servidor público debe tener en cuenta el precepto fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos dispone en su artículo primero al consignar que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.

Para redundar en lo expuesto, podemos sumar que conforme a lo establecido en el artículo cuarto de la Carta Magna, en todas las actuaciones y decisiones, el Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Este principio ha sido interpretado por el máximo tribunal y garante de los derechos humanos en nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al resolver una acción de inconstitucionalidad en dos mil siete, consideró que el interés superior de la infancia sustentado en normas constitucionales e instrumentos internacionales, implica que las acciones y toma de decisiones del Estado relacionadas con los menores de dieciocho años, deben buscar el beneficio directo del infante y que las autoridades administrativas, instituciones de bienestar social y los tribunales y los órganos legislativos, al actuar en sus respectivos ámbitos deben otorgar prioridad a los temas relacionados con niñas, niños y adolescentes.

En ese sentido, realizando un ejercicio de ponderación, el interés superior de la niñez, es incluso prioritario al interés general de los asistentes a un evento masivo de personas.

Asimismo existen diversos instrumentos internacionales, que marcan directrices claras para el gobierno mexicano, para dar cumplimiento de la obligación de prevención, atención y erradicación de la violencia cometida en contra de niñas, niños y adolescentes en México.

Entre dichos instrumentos se encuentra la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual ha sido violentado por el Estado mexicano, en sus Artículos 2,3, y 4 que a la letra indican:

Artículo 2

1. Los Estados parte respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.

2. Los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados parte se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Artículo 4

Los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

Lo que nos sorprende y hace más reprobable a estos hechos es que justamente el 1er día del mes en curso, fue presentada en el Senado de la República con carácter de prioritaria, la iniciativa de Ley General de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con este acto se entendería que para el titular del Ejecutivo la protección y reivindicación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es una prioridad fundamental, sin embargo quince días más tarde la realidad muestra lo contrario, olvidando que estas personas en desarrollo al igual que todas y todos los seres humanos tenemos derechos.

Por ello, resulta inaceptable que las niñas y niños hayan sido tocados, que les fuera violado su derecho a la intimidad, y se les criminalizará como adultos, así como también resulta inaceptable lo dicho por el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, quien justificó el operativo de seguridad con cateó incluido a niñas, niños y adolescentes, porque se “buscaba garantizar el interés general de los asistentes” olvidando totalmente el interés superior de la niñez. Asimismo, indicó que: “Todo se dio conforme a los procedimientos de operación con los que se tiene que actuar, así se actuó, de manera acomedida, de manera diligente”. Agentes de la gendarmería mencionaron que, la orden era hacer revisiones sin restricción de edad.

Ante lo sucedido, aceptamos que es necesario el que la seguridad de los asistentes a este evento masivo era una prioridad, pero la revisión a que fueron sometidos las y los menores de 18 años para ingresar al Zócalo de la Ciudad de México fue excesiva y violatoria a todas luces de sus derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte.

Más aún, las niñas y niños son personas en desarrollo con derechos plenos y para garantizar el goce de sus derechos humanos necesitan de la protección y el cuidado de los adultos. Sin embargo hoy en día en muchos lugares del mundo lejos de protegerlos estos los violentan, tal como el caso en comento.

Por lo que se hace indispensable denunciar ante esta Soberanía la urgente la realización de una minuciosa investigación donde se incluya el procedimiento a seguir para estas revisiones, la existencia o no, de la capacitación del personal que participó y si se actuó siguiendo un reglamento, protocolo o manual, con el propósito de prevenir las violaciones de los derechos humanos de las niñas y niños.

Asimismo, ante la clara violación de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación como organismo especializado sectorizado a la Secretaría de Gobernación debe realizar un análisis pormenorizado sobre si los cateos a las niñas, niños y adolescentes que realizó la policía federal son discriminatorios, con motivo del grito de independencia el pasado 15 de septiembre del año en curso, en el Zócalo capitalino.

Por otro lado, urge que la Comisión Nacional de Derechos Humanos como órgano defensor de los derechos humanos realice una investigación y haga las recomendaciones pertinentes a las dependencias públicas que violaron los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes con motivo del grito de independencia, el pasado 15 de septiembre del año en curso, en el Zócalo capitalino.

Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que se realice una investigación exhaustiva sobre la violación de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que fueron “cateados” cuando acudieron a los eventos de la Conmemoración de la Independencia de México al zócalo capitalino.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Gobernación para que a través del Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, para que realice un análisis pormenorizado sobre si los cateos a las niñas, niños y adolescentes que realizó la policía federal son discriminatorios.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Gobernación para que diseñe y aplique protocolos especializados para niñas, niños y adolescentes, que incluya la capacitación del personal, a fin de evitar las violaciones de sus derechos humanos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 25 de septiembre de 2014.

Diputadas: Verónica Beatriz Juárez Piña, Nelly del Carmen Vargas Pérez, Zuleyma Huidobro González, Carmen Lucía Pérez Camarena, Cinthya Noemí Valladares Couoh, Loretta Ortiz Ahlf (rúbricas).
Diputado Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Querétaro a dejar de actuar de manera intolerante ante las posturas de oposición y conducirse con imparcialidad en el proceso electoral próximo, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El 12 de mayo de 2012, José Luis Aguilera Ortiz, Cristina Berenice García Vega, María Fernanda Sánchez Gutiérrez, Elsa Ferrusca Mora, Fernando Irvin Matamoros Meneses, María Elena Quintero Méndez y Carlos Fabián Núñez Aldaco; integrantes de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano Querétaro; a la par de Leobardo Vázquez Briones, presidente del Consejo Ciudadano Estatal de dicho instituto político, recibieron una presión-oferta por parte de Jorge López Portillo Tostado, secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, con el propósito de que el entonces candidato a la presidencia municipal de Querétaro para la administración 2012-2014, José Luis Aguilera Rico, declinara a su candidatura a cambio de dinero y la asignación de una notaría pública en el estado, propuestas que por razones obvias fueron rechazadas.

Asimismo, el 16 de mayo del mismo año, a pesar de los múltiples bloqueos del secretario de Gobierno, dio inicio la campaña del candidato por Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal, con la presencia de Dante Delgado Rannauro, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, evento que se llevó a cabo en el estadio municipal de Querétaro, con la participación de más de diez mil personas.

Durante los cuarenta y cinco días de campaña electoral, los militantes mencionados fueron constantemente reprimidos, hostigados y perseguidos por el personal de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, con el propósito de amedrentar y disminuir su trabajo político en el proceso electoral que se llevaba a cabo.

Asimismo, en el mes de julio de 2013, el ahora regidor José Luis Aguilera Rico, abanderó una organización de usuarios de transporte público, así como a operadores, lo que provocó la ira mediática del gobernador José Eduardo Calzada Rovirosa, ira que se tradujo en sendas primeras planas en contra del regidor en los periódicos de mayor circulación en el estado, en donde se le acusaba de estar provocando actos de desobediencia civil en contra del programa Red Q.

Hecho por el cual fue presentado ante esta honorable asamblea el “punto de acuerdo para exhortar al gobernador del estado de Querétaro a que garantice y respete a líderes de oposición, el derecho humano y constitucional de la libertad de reunión, así como a la libre expresión y manifestación de la ciudadanía, en esa entidad federativa”.

Por otro lado, los señalamientos y denuncias recientes que ha hecho el regidor en relación con la inseguridad que impera en la entidad, así como su postura respecto a las aprobaciones fast track por parte de la LVII Legislatura del estado de Querétaro de las reformas federales en materia de telecomunicaciones, energía, entre otras; además de señalamientos dirigidos en contra del mismo sistema Red Q, así como de la ausencia de obra pública en favor de las clases populares, volvió a provocar de nueva cuenta la intolerancia del gobierno estatal, misma que se tradujo que, a través del secretario de Gobierno, se enviara a un grupo de golpeadores a agredir a Aguilera Rico durante el desarrollo de la sesión de cabildo del ayuntamiento de Querétaro que se llevó a cabo el pasado 9 de septiembre.

Como es de conocimiento general, el 1 de octubre de este año dará inicio el proceso electoral en casi todas las entidades federativas del país y en lo particular, el estado de Querétaro tendrá elecciones concurrentes y, dados los antecedentes de la actuación del gobierno del estado, estamos ciertos que se instrumentará, desde ahora, una elección de estado, misma que será dirigida por el gobernador José Eduardo Calzada Rovirosa a través de su policía política que comanda su secretario de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado, secundada por los grupos de golpeadores que han venido preparando y organizando en el transcurso de este último año.

Es por lo antes expuesto y comprendiendo que la pluralidad y el respeto a los derechos humanos, como la libertad de expresión, de participación política, libre asociación y manifestación de ideas; son parte fundamental para el desarrollo de una vida democrática en el país; que presentamos a la asamblea el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador del estado de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa, para que deje de actuar de manera intolerante ante las posturas de oposición, así como a que se conduzca de manera imparcial en el proceso electoral próximo a iniciar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2014.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversos poderes de Sonora a no criminalizar la lucha de los pueblos yaquis por la defensa de su territorio, a convocar a un proceso de consulta y a garantizar los derechos de Mario Luna Romero, representante de la tribu yaqui de dicho estado, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, Carlos de Jesús Alejandro, Miguel Alonso Raya, Aleida Alavez Ruiz, José Luis Muñoz Soria, Elena Tapia Fonllem, Lorenia Valles Sampedro, Socorro Ceseñas Chapa, Alejandro Sánchez Camacho, Gisela Mota Ocampo, Yazmín Copete Zapot, Delfina Guzmán Díaz, Lourdes Amaya, Víctor Nájera Medina y Roberto López Suárez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

El 17 de septiembre del año en curso, el juez tercero de lo Penal de Primera Instancia del Tribunal de Sonora, Manuel Octavio Palafox Ocaña, dictó el auto de formal prisión contra Mario Luna Romero, secretario y vocero de la tribu yaqui de Sonora, acusado por los delitos de privación ilegal de la libertad y robo de vehículo automotor, hechos presuntamente ocurridos en junio de 2013.

Sin embargo, representantes de la tribu yaqui afirman que Mario Luna no estuvo presente en el lugar de los hechos, por lo cual no hay elementos legales para sostener su culpabilidad por estos hechos. Lo cierto, declaran, es que al comparecer el gobernador, el capitán y el comandante de Vícam, una de las ocho comunidades que integran la tribu yaqui de Sonora, el 15 de septiembre, durante una audiencia para presentar pruebas de descargo a favor de Mario Luna, las autoridades tradicionales del pueblo yaqui asumieron la responsabilidad de sus hechos y reconocieron que ellos ordenaron la retención de Francisco Delgado, que incluyó un “castigo simbólico”. Empero, el juzgador de marras dictó auto de formal prisión contra el vocero yaqui.

De ese hecho hay un acta de las autoridades yaquis que acredita que fue una acción de las autoridades tradicionales de la tribu; fue ratificada ante la autoridad judicial. De igual forma, las autoridades tradicionales presentaron un dictamen antropológico que explica y fundamenta los usos y las costumbres de la tribu yaqui para ejercer su derecho a aplicar su sistema interno, que data de tiempos remotos.

La tribu yaqui tiene amplia historia de autonomía y libre determinación, y particularmente un sistema de justicia propio, haciendo realidad entre sus miembros sus leyes, usos y costumbres para mediar y castigar a personas que cometen algún delito menor. De esa manera se explica que no hubo el secuestro del ciudadano Francisco Delgado sino un proceso tradicional de justicia comunitaria, reconocida y amparada en la Constitución, en las leyes procesales penales, en el protocolo de actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en casos que involucren a indígenas y en los tratados internacionales en la materia.

Mario Luna Romero es uno de los principales interlocutores en el proceso de negociación para resolver el conflicto suscitado desde hace cuatro años respecto a la construcción del acueducto Independencia del valle del Yaqui a Hermosillo, Sonora, que afecta las tierras y el uso y disfrute de las aguas de la tribu, pero el gobierno estatal y las autoridades judiciales han omitido considerar en todas sus acciones los principios que rigen el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para Pueblos Indígenas y Tribales, al invadir el territorio yaqui y aprovechar los recursos hídricos a que tiene derecho la tribu.

Todo indica que Luna Romero es castigado en el contexto de la lucha que por la vía legal ha mantenido el pueblo yaqui contra la construcción y operación del acueducto Independencia, que extrae agua de la cuenca del río Yaqui pues, como ha dicho Tomás Rojo, otro líder de la tribu, la lucha contra el acueducto es porque afectará de manera negativa el ambiente y su desarrollo como comunidad histórica.

Las acciones judiciales se remontan a junio de 2013, cuando mediante leyes tradicionales de usos y costumbres se castigó al yaqui Francisco Delgado, quien está vinculado con el gobierno del estado, al lanzar de forma temeraria un vehículo contra algunas personas que participaban en una de varias manifestaciones pacíficas de la tribu y sus autoridades tradicionales.

No obstante la polarización y la tensa situación que se ha ido creando, resulta grave y preocupante que en lugar de resolver un conflicto social, el procurador general de Justicia del estado, Carlos Alberto Navarro, recurra a la criminalización, persecución y detención de Mario Luna, y muy probablemente en los próximos días contra Tomás Rojo, vocero y traductor intérprete de la mesa tradicional.

Mario Luna y Tomás Rojo han sido facilitadores y portavoces para favorecer el diálogo entre la tribu y el gobierno de Sonora, así como fungir como representantes ante la Primera Sala de la SCJN, que confirmó la sentencia del juzgado de distrito que ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dejar sin efecto la autorización de impacto ambiental del acueducto Independencia por haber sido emitida en violación de los derechos a la consulta y a la información de la tribu yaqui.

Como ha denunciado la tribu yaqui desde hace cuatro años, cuando el Poder Judicial federal ordenó que no se construyera el acueducto Independencia en Sonora, la obra, que consideran ilegal, se encuentra en operación, desobedeciendo resoluciones de la SCJN, como el amparo del 3 de diciembre de 2013 a favor de la tribu, la cual ordenó implantar acciones precautorias ambientales federales. Sin embargo, los trasvases de líquido persisten y se hostiga a los opositores del acueducto.

Está documentado que desde hace dos meses el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, desacata las suspensiones definitivas y firmes decretadas por el Poder Judicial federal.

Tampoco se ha considerado siquiera el gravísimo y negativo efecto ecológico y ambiental en la cuenca del río Yaqui y en la desembocadura al mar de dicho río, tanto que ni la Semarnat ni la Profepa han actuado para impedir que dejen de generarse los perjuicios ecológicos y ambientales que la ilegal operación de dicho acueducto produce, no obstante la clara responsabilidad legal que tienen para hacerlo.

La detención de Mario Luna genera profunda indignación y decepción sobre la actuación de los órganos encargados de procurar y administrar la justicia en el país, toda vez que se observa un incremento en la persecución de los luchadores sociales y defensores de los derechos humanos. Está probado que en la aplicación de la justicia, los indígenas son sancionados sin considerar su contexto social y sin la pertinencia cultural para el mejor acceso a sus derechos civiles, sociales y culturales, y evitar así la violación sistemática de sus derechos humanos. Lamentablemente, prevalecen los abusos, los prejuicios, la discriminación y la exclusión social.

En esta lucha por defender y preservar el derecho de la tribu yaqui, Mario Luna, ha sido su principal portavoz, siempre en el camino de las leyes y ante las instituciones legales correspondientes, al igual que en el marco de la lucha pacífica, ejerciendo el derecho constitucional de la libertad de manifestación que tienen las comunidades yaquis y todas y todos los mexicanos.

El pleno de la Cámara debe instar a las autoridades del gobierno de Sonora a evitar la criminalización de la lucha de la tribu yaqui en defensa de sus recursos que le garanticen su subsistencia, pero fundamentalmente a dejar de fabricar delitos, perseguir y detener arbitrariamente a inocentes como Mario Luna. Las irregularidades, los abusos, los atropellos y el uso faccioso de la ley deben cesar.

Por lo expuesto, y en atención de nuestras obligaciones constitucionales y convencionales para favorecer la protección de los derechos, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que suscriben presentan, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, y a la Procuraduría General de Justicia del estado a detener la persecución de los representantes de la tribu yaqui, quienes demandan el respeto de su derecho al uso y disfrute de sus tierras y aguas, mediante acciones legítimas fundadas en el derecho a la protesta y ante las instancias judiciales correspondientes.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, a detener toda acción relativa al proyecto de acueducto Independencia hasta en tanto no se realice un proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas yaquis que podrían ser afectados en sus derechos al uso y disfrute de sus tierras y aguas, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y con la participación de observadores independientes de la sociedad civil, de la academia, de los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, cuyas disposiciones son de cumplimiento obligatorio para toda autoridad según establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en términos de la resolución sobre un amparo emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al caso.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al Tribunal de Justicia de Sonora a garantizar en el caso del representante de la tribu yaqui Mario Luna Romero un juicio justo y ajustado a un debido proceso, con respeto pleno de las garantías procesales del imputado y observando los más altos estándares en materia de derechos humanos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 25 de septiembre de 2014.

Diputados: Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica), Miguel Alonso Raya, Aleida Alavez Ruiz, José Luis Muñoz Soria, Elena Tapia Fonllem, Lorenia Valles Sampedro, Socorro Ceseñas Chapa, Lourdes Amaya Reyes, Gisela Mota Ocampo, Roberto López Suárez, Yazmín Copete Zapot, Delfina Guzmán Díaz, Alejandro Sánchez Camacho, Víctor Nájera Medina.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al gobernador de Michoacán y al ayuntamiento de Morelia a cancelar definitivamente la construcción del libramiento sur de esa ciudad, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Gerardo Villanueva Albarrán, diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Se vuelve a presentar la presente proposición pese a haber sido desechada por parte de la Comisión de Medio Ambiente en esta soberanía por la razón establecida en el artículo 182, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, toda vez que desde el tiempo en que se entregó por primera vez hasta ahora ha surgido nueva información –descrita en el punto 11 en este documento– que el suscrito califica como “relevante y definitoria” para la aprobación de los puntos de acuerdo de mérito, por lo cual se considera necesaria su reformulación en aras de obtener la aprobación de esta soberanía en beneficio de los habitantes de la zona presuntamente afectada.

1. En la loma de Santa María de Morelia, Michoacán se sitúa una zona de gran importancia ecológica y de biodiversidad, con especies de fauna y flora endémicas y protegidas, que suministra el 40 por ciento del agua potable a la ciudad de Morelia y representa el pulmón de la ciudad. Condición reconocida por prestigios investigadores nacionales y extranjeros, así como por autoridades estatales y federales, tan es así que la zona se encuentra protegida mediante diversos decretos vigentes: En 1936, el presidente Lázaro Cárdenas del Río emitió un decreto para declarar “Zona Protectora Forestal Vedada, la cuenca hidrográfica del río chiquito de Morelia, Michoacán”. En 1984, el gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, emitió una “declaratoria de preservación ecológica de la franja”. El 19 de agosto de 1993, el sucesor de éste, el gobernador Ausencio Chávez, decretó 232-79-73.88 hectáreas de la zona como “Loma de Santa María y depresiones aledañas, con una superficie de 232-79-73.88 hectáreas, ubicada en el municipio de Morelia, Michoacán”. El 15 de febrero de 2008, el gobernador Lázaro Cárdenas Batel, emitió un decreto para declarar “área natural protegida con categoría de parque urbano ecológico”, al lugar conocido como “Parque Francisco Zarco” del ejido de El Rincón del municipio de Morelia Michoacán.

2. El 31 de diciembre de 2009, el gobernador en turno, Leonel Godoy Rangel, creó un nuevo decreto de zona de restauración y protección ambiental para la Loma de Santa María que pretendía abrogar el de área natural protegida de 1993, permitiendo el cambio de uso de suelo del área para fines comerciales en la zona y atentando contra el principio de progresividad, intentando restar el número de hectáreas protegidas pasando de 232.8 hectáreas a 170.5 hectáreas, es decir, quitándole casi 30 por ciento de su extensión actual. De inmediato, el ayuntamiento de Morelia permitió la construcción en la zona cambiando los usos de suelos en la zona, incrementando la expansión inmobiliaria y agravando el problema de conectividad vial. El intento de derogar el decreto del 1993, pretendió crear un área urbanizable y que permitiera el paso de la nueva vialidad al “centro comercial abierto más grande de Latinoamérica” que le permita conectarse tal a la parte baja de la ciudad con un ramal a la avenida Carmelinas del municipio.

3. Desde hace décadas la ciudadanía se ha manifestado para defender la cuenca del río chiquito y el área protegida de la loma de Santa María. Recientemente la ciudadanía formó el “Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma” para cancelar la construcción de “segunda etapa del libramiento sur de Morelia, tramo ramal Camelinas, municipio de Morelia” que detonaría la expansión urbana destruyendo las zonas protegidas, y se pretende construir en una zona donde se ubican 2 fallas geológicas activas y laderas inestables, que ponen en riesgo la vida de más de 14 mil habitantes.

4. El 23 de febrero de 2010, la honorable Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la “proposición con puntos de acuerdo mediante los cuales se exhorta al gobierno de Michoacán a abrogar el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el jueves 31 de diciembre de 2009, con el que se abroga el decreto del 19 de agosto de 1993 que declaró área natural protegida, con el carácter de zona sujeta a conservación ecológica, a “la loma de Santa María y depresiones aledañas”. Sus resolutivos fueron los continuos:

Primero. Se exhorta al gobierno de Michoacán a abrogar el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el jueves 31 de diciembre de 2009 con el que se abroga el decreto del 19 de agosto de 1993 que declaró área natural protegida la Loma de Santa María y sus depresiones aledañas.

Segundo. Se exhorta al ayuntamiento de Morelia a elaborar un proyecto alternativo de acceso vial a Santa María que respete el área natural protegida y que tome en cuenta la opinión de los ciudadanos.

Tercero. Se exhorta al ayuntamiento de Morelia a catalogar las 232.8 hectáreas del área natural protegida como zona de preservación ecológica y a evitar la construcción de cualquier inmueble en dicho lugar.

Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a rechazar el cambio de uso de suelo forestal de la zona, así como a denegar la autorización en materia de impacto ambiental del proyecto de vialidad referido.

Quinto. Se exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a declarar las 232.8 hectáreas de la loma de Santa María y depresiones aledañas como un área natural protegida de la federación.

Sexto. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar un estudio técnico de protección civil para determinar los riesgos de la construcción de túneles y puentes sobre la cañada de los filtros viejos de Morelia y la falla geológica que ahí se encuentra.

5. Por su parte, el pasado 9 de mayo de 2013 la LXXII Legislatura del Congreso de Michoacán de Ocampo expidió también un “dictamen con proyecto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, al director general del Centro SCT, Michoacán, y al ayuntamiento de Morelia, para que actúen en estricto sujeción a la ley, en relación con la pretendida obra de la segunda etapa del libramiento sur de Morelia, tramo ramal Camelinas”, cuyos acuerdos fueron:

Primero. Se exhorta respetuosamente al ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para que se sirva girar instrucciones al secretario de Comunicaciones y Transportes y al director general del Centro SCT Michoacán para que revise las obras de la segunda etapa del libramiento sur de Morelia, Tramo Ramal Camelinas, Municipio de Morelia, y obtenga evidencia del cabal cumplimiento de todas las normas jurídicas relacionadas al estudio de riesgos, impactos ambientales, cambio de uso de suelo de forestal a urbano, de mecánica de suelos en cada uno de los tramos licitados.

Segundo. Se exhorta al director general del Centro SCT Michoacán para que se sirva realizar un estudio del que resulte un proyecto ejecutivo para una vialidad de acceso a la Loma de Santa María en Morelia, Michoacán por donde presente mayor factibilidad técnica para mejorar la circulación de vehículos para la población de Morelia, Michoacán, o en su caso transparentar los proyectos que se tengan para tal fin.

Tercero. Se exhorta al honorable ayuntamiento constitucional de Morelia, Michoacán para que no autorice ni otorgue ninguna licencia respecto a cualquier obra que se vaya a ejecutar en el total del polígono de la loma de Santa María y Depresiones Aledañas, en una superficie de 232-79-73.88 hectáreas, como área natural protegida hasta en tanto no exista evidencia de que se cumple con las normas municipales vigentes en materia de impacto ambiental, asentamientos humanos, cambio de uso de suelo de forestal a urbano y la seguridad de las siete mil familias que habitan en esta zona.

6. Ninguno de los dos exhortos legislativos anteriores ha sido satisfactoriamente respondido por las autoridades ejecutivas aludidas. De hecho, el segundo exhorto no ha tenido respuesta aún por parte del gobierno federal.

7. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha gastado 28 millones 535 mil 833.26 pesos en seis estudios para justificar la construcción del ramal Camelinas o tramo 4 de la segunda etapa del libramiento sur y calmar a la población aledaña, cinco de los cuales han sido elaborados por empresas privadas.

8. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, no se incluyó la asignación de recursos para la construcción de dicha vialidad, debido, entre otras razones, a que están en proceso los juicios de nulidad1 981/12-21-01-2, 1406/12-21-01-4, 37/13-21-01-2 y 1145/12-21-01-9 ante la Sala Regional Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que se solicita la nulidad de la resolución contenida en el oficio número S.G.P.A./D.G.I.R.A./D.G./2701, de 10 de abril de 2012, emitida por el director general de Impacto Ambiental, a través de la cual autoriza de manera condicionada en materia de impacto ambiental el proyecto denominado “segunda etapa del libramiento sur de Morelia, tramo ramal Camelinas, municipio de Morelia, en Michoacán de Ocampo”. El juez federal otorgó la suspensión provisional el 17 de julio de 2012 y levanta la suspensión definitiva el 6 de febrero de 2013, unos días después la SCT comienza a construir la segunda etapa del libramiento sur.

Esto a pesar de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene suspendida la Clave de Cartera desde el 21 de noviembre de 2012, cuando se informó a la unidad responsable del proyecto (Centro SCT Michoacán), que el registro en cartera 1109360009 del proyecto “Libramiento Sur de Morelia”, se suspendía su vigencia y se enviaba a revisión a la dependencia (SCT), con la finalidad de demostrar las viabilidades técnica, jurídica y ambiental, señalando las siguientes observaciones: “Tomando como base el escrito con número de expediente RDA393/12 del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y con fundamento en el artículo 47 del reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se pone a revisión a efecto de solicitar se actualice el análisis costo beneficio correspondiente a este proyecto”.

9. A pesar de lo anterior, el 18 de febrero de 2014, los señores Alejandro Lambretón Narro, director general del Centro SCT en Michoacán, licenciado Fausto Vallejo Figueroa, gobernador de la entidad, y profesor Wilfrido Lázaro Medina, presidente municipal de Morelia, signaron una “Minuta de Trabajo” en la cual y en claro exceso de sus facultades, se comprometen a los siguientes acuerdos con respecto al proyecto del libramiento sur de Morelia:

1. Que se respete el proyecto de la SCT, como se presentó a la Semarnat y con base en el cual resolvió favorablemente la manifestación de impacto ambiental y el estudio técnico justificativo.

2. Obtener la actualización del registro en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del proyecto.

3. Que se asignen recursos para el presente ejercicio fiscal 2014, en los tramos que se señalan a continuación:

- Concluir la construcción del tramo El Durazno-Atécuaro, que cuenta con un importante avance.

- Concluir con la adquisición del derecho de vía del tramo Ramal a Pátzcuaro, que también lleva un avance significativo; continuar con la construcción de éste, incluyendo el mejoramiento de la vialidad de San José del Cerrito.

- Continuar la construcción del tramo Ramal Carmelinas, con los 3 contratos de obra vigentes.

4. Continuar con la elaboración de proyectos, estudios y tramos necesarios para que se concrete el proyecto original.

10. Por su parte, el movimiento ciudadano en defensa de la loma de Santa María, envió una misiva al titular del Poder Ejecutivo federal y a algunas dependencias involucradas para que “no se autorice ningún presupuesto para el ejercicio fiscal de 2014 y que se cancele el proyecto de inversión libramiento sur de Morelia por las siguientes razones:

1. Porque no cuenta con la viabilidad técnica, jurídica y ambiental, y porque se viola el artículo 53 B, fracción segunda, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

2. Porque se violó el artículo 47 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y las Disposiciones Generales de los Lineamientos para la Elaboración y Presentación de los Análisis Costo y Beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión;

3. Porque están en proceso varios juicios de nulidad y en cualquier momento los jueces pueden ordenar la cancelación del proyecto;

4. Porque violando la ley se está construyendo la segunda etapa de dicho libramiento sin tener licencia de construcción por parte del heroico ayuntamiento de Morelia;

5. Porque el 9 de mayo de 2013, la LXXII Legislatura del Congreso de Michoacán de Ocampo aprobó un exhorto para que no se construya la segunda etapa de dicho libramiento y para que el heroico ayuntamiento de Morelia no otorgue el permiso de construcción;

6. Porque la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados aprobó un exhorto para que se elabore un proyecto alternativo de vialidad, y se rechace el cambio de uso de suelo forestal de la zona; y

7. Porque gran cantidad de ciudadanos, académicos e investigadores, además de organizaciones ecológicas y sociales, han pedido que se cancele la construcción de la segunda etapa de dicho libramiento, por el riesgo geológico que entraña, por la riqueza de la biodiversidad del área natural protegida que atraviesa, porque es el único “pulmón verde” de Morelia y porque ahí se capta el agua de los mantos freáticos que abastecen el 40 por ciento del consumo de este vital liquido a la ciudad.

11. En junio de 2012, la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México emitió en conjunto con la Dirección General de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal un informe final del estudio geológico-geotécnico del ramal Carmelinas del libramiento sur de Morelia, cuyas principales conclusiones fueron:

Corte 1

El estudio geotécnico realizado en 2009 no presenta análisis de estabilidad del corte, diseño geotécnico y no indica los tratamientos que se requerirán para su estabilidad y protección a largo plazo, solo se limita a presentar recomendaciones generales y se anota que el diseño definitivo se realizará durante la etapa de construcción.

Se considera que el proyecto del corte 1 está inconcluso y deberá ser complementado, ya que como está proyectado en la actualidad presenta un alto riesgo potencial de inestabilidad y de erosión.

Corte 2

La zona del Corte 2 está formada por brechas volcánicas con intercalaciones delgadas de derrames de andesita y también capas poco frecuentes de tobas arcillosas, lo principales problemas que se prevén son el de caída y rodamiento de fragmentos y bloques de roca hacia el camino durante la época de lluvias y el de erosión superficial del talud debido al mismo fenómeno.

Viaducto Río Chiquito

En el informe geotécnico del camino y viaducto no se presentan los valores de resistencia a la compresión uniaxial de los núcleos de roca de los diferentes sondeos realizados, los cuales debieron ser utilizados en las determinaciones de la capacidad de carga, por lo que existen dudas en la determinación de este importante parámetro de diseño, por lo que deberá revisarse este aspecto o aclarado debidamente, y en su caso revisado también el diseño estructural de los apoyos.

Otro aspecto que debe ser revisado es el Estudio de Socavación del Viaducto, ya que en la redacción del mismo se hace referencia a otro puente que se ubica en el km0+500.

Túnel I

• Las condiciones geológicas que se determinaron en este estudio para el Túnel I, se difieren notablemente con las indicadas en el proyecto ejecutivo.

• El túnel se excavará básicamente en tres tipos de rocas: en el tramo inicial, del km 1+371 al 1+650, se presentarán conglomerados de composición riolítica (TM cg) conformada por fragmentos de rocas riolíticas, empacadas en una matriz areno-arcillosa y poco fracturadas; del km 1+37 al 1+650 se presentarán ignimbritas (TM ig) compactas, consistentes y fracturadas. En el tramo final, en el portal de salida, se presentarán materiales granulares poco consolidados del depósito de deslizamiento antiguo.

Túnel II

• Con excepción del tramo final del túnel, se considera que el proyecto ejecutivo del túnel es adecuado, ya que los tratamientos determinados para las diferentes condiciones geotécnicas son en general conservadores. Podrán existir ligeras diferencias en la longitud de los tramos de cada condición geotécnica, sin embargo esto se considera normal siempre y cuando se lleve una supervisión geotécnica adecuada durante la construcción del túnel para que se apliquen los cambios de forma oportuna.

• Sin embargo, el tramo final del túnel es una zona problemática que tiene influencia importante con la inestabilidad potencial de la ladera La Paloma.

Portal de salida Túnel II

• Como ejemplo de lo que puede suceder cuando se realizan obras en zonas con problemas potenciales de inestabilidad es la reactivación del deslizamiento antiguo localizado en el camino a Cumbres de Morelia. Si bien las obras del Túnel II y su portal son relativamente de menor volumen, la afectación de cualquier forma va a ocurrir.

• Para la SCT el problema relacionado con la zona urbana que se localiza inmediata al pie de la ladera se va a incrementar en el sentido de que los daños que se observan actualmente en las viviendas, más los que se produzcan durante la construcción y operación de la obra a través del tiempo, van a ser atribuidos a las obras del túnel y de las excavaciones exteriores.

Por lo expuesto, es de someter a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, al gobernador de Michoacán de Ocampo y al ayuntamiento del libre municipio Morelia a cancelar definitivamente todo acto administrativo encaminado a la ejecución del proyecto integral “libramiento sur de Morelia”.

Segundo. Se les exhorta igualmente a declarar de forma permanente las 232.8 hectáreas del territorio comprendido como la “loma de Santa María”, sus depresiones aledañas y los filtros viejos de Morelia, como área de reserva natural protegida.

Nota

1 http://www.sisi.org.mx/jspsi/documentos/2013/seguimiento/00016/00016001 04713_065.zip

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2014.

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica)