Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua, a la Semarnat y demás dependencias competentes a revisar y determinar si las obras realizadas en el rancho Pozo Nuevo, en Sonora, propiedad del licenciado Guillermo Padrés Elías y su familia, se ajustaron a lo establecido en la ley, a cargo del diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales de Sonora, integrantes del Partido Revolucionario Institucional, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Flor Ayala Robles Linares y Faustino Félix Chávez, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 62, numeral 3; artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2; artículos 100 y 113, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y demás dependencias competentes del gobierno federal; a efecto de que revise y determine si las obras realizadas en el rancho “Pozo Nuevo” propiedad del licenciado Guillermo Padrés Elías y su familia, se realizaron conforme a lo que establece la Ley, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 4 de septiembre del año en curso, el programa Punto de Partida, que conduce la periodista Denise Maerker1 dio a conocer a través de una investigación realizada por Fátima Monterreosa y Marco Tinoco, que el gobernador de Sonora, licenciado Guillermo Padrés Elías y su familia tienen en su rancho una presa hidráulica con capacidad de contener varios millones de metros cúbicos de agua.

Se trata del rancho Pozo Nuevo, ubicado a cinco kilómetros del pueblo de Bacánuchi, de 3 mil 670 hectáreas, para la siembra y riego de nogal, que luce imponente con la presa El Titanic, como la conocen los ejidatarios, construida a finales de 2011 y principios de 2012, sin el título de concesión que otorga la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ni la autorización de manifestación de impacto ambiental (MIA) por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Para entender lo anterior, la Ley de Aguas Nacionales2 señala en el artículo 3o., fracción XIII lo siguiente:

XIII. Concesión: Título que otorga el Ejecutivo federal, a través de ‘la Comisión’ o del organismo de cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, y de sus bienes públicos inherentes, a las personas físicas o morales de carácter público y privado, excepto los títulos de asignación.

De igual forma, el artículo 3o. de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente,3 señala que:

XXI. Manifestación del impacto ambiental: El documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo;

La construcción de la presa El Titanic y la perforación de seis pozos en el rancho Pozo Nuevo de Guillermo Padrés, a partir de febrero de 2012, está escriturada a nombre de Guillermo Padrés Elías, de su hijo Guillermo Padrés Dagnigo, de su hermano Miguel Padrés Elías, y de su sobrino Miguel Padrés Molina; coinciden con la caída en el suministro de agua para el resto de los poco más de 200 habitantes de Bacanuchi, sobre todo en estos momentos, por la contaminación que están padeciendo los Río Sonora y el propio río Bacanuchi.

El embalse, de 120 metros de longitud y una cortina de 80 metros de altura, tiene capacidad para almacenar cuatro millones de metros cúbicos de agua que llega del río Manzanal, como lo dio a conocer Excélsior 4 en su edición del viernes 5 de septiembre.

De igual forma es deber de la Cámara de Diputados, investigar y llegar hasta las últimas consecuencias en el caso que nos ocupa para saber y determinar el origen de los recursos que el Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, utilizó para la construcción de la Presa y las inversiones millonarias que ha realizado en los últimos años para modernizar el Rancho Pozo Nuevo.

En la entrevista que le realizan a Guillermo Padrés Elías, en el programa Punto de Partida, existe que hay un “represo que tiene más de 60 años que ya estaba en una comunidad minera” y termina justificando “que hay muchos, incluyendo el rancho nuestro...”

Sin embargo, en la Ley de Aguas Nacionales no existe el término represo; sin embargo el artículo 3 en su fracción XVII, establece lo que es un “cuerpo receptor” dentro del que se menciona a la presa:

XVII. Cuerpo receptor: La corriente o depósito natural de agua, presas, cauces, zonas marinas o bienes nacionales donde se descargan aguas residuales, así como los terrenos en donde se infiltran o inyectan dichas aguas, cuando puedan contaminar los suelos, subsuelo o los acuíferos;

Y el artículo 113 del propio ordenamiento indica que la administración de los bienes nacionales que se enumeran quedará a cargo de la Comisión, entendiéndose por ésta a la Comisión Nacional del Agua:

...

VI. Las islas que existen o que se formen en los vasos de lagos, lagunas, esteros, presas y depósitos o en los cauces de corrientes de propiedad nacional, excepto las que se formen cuando una corriente segregue terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, y

VII. Las obras de infraestructura hidráulica financiadas por el gobierno federal, como presas, diques, vasos, canales, drenes, bordos, zanjas, acueductos, distritos o unidades de riego y demás construidas para la explotación, uso, aprovechamiento, control de inundaciones y manejo de las aguas nacionales, con los terrenos que ocupen y con las zonas de protección, en la extensión que en cada caso fije “la Comisión”.

En cuanto a los recursos económicos que se han erogado para la construcción de la presa y el auge del rancho Pozo Nuevo, hasta el momento, no se han especificado ni tampoco se han dado a conocer pues la opacidad, la corrupción y la falta de rendición de cuentas ha sido el común denominador del gobierno de Sonora, ¿cómo se podrá justificar las inversiones millonarias que han sido realizadas sobre el rancho en los últimos años?

Es evidente que no existe, ni habrá explicación alguna para justificar las inversiones millonarias que han sido realizadas sobre el rancho en los últimos años, y exigimos a las instancias legales que correspondan que lleguen hasta las últimas consecuencias; pues el video que detonó la gravedad de la situación que padecen los habitantes de Bacanuchi, con la escasez de agua, del problema de contaminación por el derrame que realizó la mina Buenavista, de la muerte de ganado y cosecha, nos ha dejado ver que el rancho Pozo Nuevo en el año 2008 no tenía imágenes ni rastros de la obra de la presa; sin embargo en imágenes tomadas en el año 2012 se puede ver la obra de la presa ya construida, misma que fue verificada con las mismas coordenadas por los propios investigadores del programa Punto de Partida.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a revisar si la presa que se encuentra ubicada en el Rancho Pozo Nuevo y la construcción de la cortina que tiene la misma no representa un riesgo para las poblaciones aledañas, derivado d el volumen de metros cúbicos de agua almacenada; asimismo, se le solicita un dictamen técnico respecto de la situación de la cortina de la presa y las causas de su colapso.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a dar a conocer públicamente si la presa ubicada en el rancho Pozo Nuevo cuenta con manifiesto de impacto ambiental y con título de concesión correspondiente, así como si el desmonte para realizar dicha obra cuenta con autorización para el cambio de uso de suelo forestal; ambos debidamente autorizados.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a las demás dependencias competentes del gobierno federal, a efecto de que se revise y determine si las obras realizadas en el rancho Pozo Nuevo, propiedad del licenciado Guillermo Padrés Elías y familia están dentro de la legalidad.

Notas

1 www. http://noticieros.televisa.com/programas-punto-de-partida/

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/16_110814.pdf

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148.pdf

4 www.excelsior.com.mx, viernes 5 de septiembre de 2014, lunes 8 de septiembre 2014.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2014.

Diputados: Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares y Faustino Félix Chávez.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a la PGR a emprender acciones para prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de los casos de desaparición forzada; y a los congresos locales, a legislar en la materia, conforme a lo establecido en los estándares internacionales, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 fracción I, y 79 numeral 2 fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados presentan ante la Cámara de Diputados punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Según la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, (en adelante Convención) adoptada a partir de 2006, por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas.

Se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o de ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley1 .

Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha enlistado una serie de derechos tanto civiles o políticos, económicos, sociales y culturales, que podrían ser violados por el hecho de una desaparición.

Entre ellos se encuentran el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; el derecho a la libertad y seguridad de la persona; el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida; el derecho a una identidad; el derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales; el derecho a un recurso efectivo, con reparación e indemnización; el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición; y, en caso de que la víctima de desaparición forzada sea el sostén económico de la familia, ésta podría quedar en un estado de vulnerabilidad permeando así derechos como el derecho a la protección y a la asistencia a la familia; el derecho a un nivel de vida adecuado; el derecho a la salud o el derecho a la educación.2

Por otro lado, respecto a las acciones que los estados parte deberán cumplir para la prevención de la desaparición forzada, la Convención prevé:

“La prohibición expresa de la detención en lugares secretos y se pide a los estados que garanticen unas normas jurídicas mínimas sobre la privación de libertad, como el mantenimiento de registros oficiales de las personas privadas de libertad con un mínimo de información y la autorización para comunicarse con su familia, un abogado o cualquier otra persona de su elección.”

En la Convención se establece que cada estado parte tomará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos de desaparición forzada en los casos en que el presunto autor se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción, salvo que dicho estado lo extradite o lo entregue a otro estado conforme a sus obligaciones internacionales, o lo transfiera a una jurisdicción penal internacional cuya competencia haya reconocido3 .

Por su parte, en México, se ha establecido por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la Agenda Nacional de Derechos Humanos que

“La desaparición de personas constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos. El estado es el primero obligado a combatirla, y desde el momento en que éste deja de reconocer su responsabilidad en los hechos o se niega a proporcionar información para la localización de las víctimas, conocer su suerte o destino final, se actualiza una violación de lesa humanidad que afecta sustancialmente la integridad, seguridad, libertad y vida de las personas.”

Sin embargo, como se podrá observar más adelante, la Comisión señalada ha sido rebasada por la situación que se vive en el país en materia de desapariciones forzadas, por lo que su actuación al respecto ha sido objeto de fuertes críticas por parte de activistas y especialistas.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, a partir de 2011, conmemorado el 30 de agosto, algunas de las voces con mayor trayectoria en la atención y análisis de estos hechos, como Amnistía Internacional y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, criticaron al gobierno mexicano por la falta de claridad en las cifras que han dado a conocer.

Cifras oficiales aportadas por la Secretaría de Gobernación el 22 de mayo hablaban de 8 mil personas desaparecidas. Sin embargo, el 16 de junio las autoridades explicaron que en realidad se trataba de 16 mil personas, cuando el 21 de agosto de 2014, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), anunció que el número de personas no localizadas sobre las que se presentó una denuncia suman 22 mil 3224 .

Para Amnistía Internacional “no existe ningún documento oficial que explique claramente el proceso de depuración de datos y el porqué las cifras han variado de forma tan drástica en tan poco tiempo. Tampoco hay claridad en cuanto a las personas localizadas después de haber sido reportadas como sustraídas por la fuerza.”5 Por su parte

La alta comisionada en esta materia, Navi Pillay, en un comunicado [...] hizo eco de los legítimos reclamos de las familias de las víctimas que exigen verdad y justicia. Asimismo, pidió al gobierno mexicano que reconozca la competencia del Comité de la Organización de la Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, quien en su informe más reciente exigió a México políticas para prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar a las víctimas6 .

En el mismo sentido, Ariel Dulitzky, quien encabezó la misión del grupo de trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU en México, ha realizado una revisión seria de los avances y pendientes que el gobierno federal presenta en la materia, por lo que ha concluido en que la falta de transparencia y de una metodología acorde en la elaboración de la base de datos de personas no localizadas a nivel nacional, aunado a las carencias que presentan los protocolos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas a nivel local; entre otros elementos7 , han provocado que los casos de desapariciones sigan siendo una constante en nuestro país.

Respecto a la actuación de la CNDH, el doctor José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dio a conocer en el coloquio Evaluación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos , realizado en la Cámara de Diputados el pasado 18 de agosto, que la comisión ha emitido desde 2006, sólo diez recomendaciones sobre desaparición forzada.

Dichas recomendaciones involucran a 26 personas víctimas de desaparición forzada, sin embargo durante la actual administración encabezada por Enrique Peña Nieto, no se ha emitido ninguna recomendación a pesar del creciente número de casos de desapariciones en el país.

En dicho tenor, debe mencionarse que:

“La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.

La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes.”8

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República, a que emprendan, en el marco de sus atribuciones, las acciones para prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de los casos de desaparición forzada.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a los congresos locales a legislar en materia de desaparición forzada, considerando lo establecido en los estándares internacionales, con la finalidad de contar con un marco jurídico acorde.

Notas

1. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, [en línea], Dirección URL: http://www2.ohchr.org/spanish/law/disappearance-convention.htm

2. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Folleto informativo No. 6/Rev.3 “Desapariciones forzadas o involuntarias”, p.p. 3, 4, [en línea], Dirección URL: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet6Rev3_sp.pdfhttp://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet6Rev3_sp.pdf

3. Ibid., p. 9

4. Sin Embargo, “La desaparición de personas es una crisis para México, advierten Amnistía y la ONU; los casos van en aumento, dicen”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.sinembargo.mx/31-08-2014/1102849

5. La Jornada, “Incoherentes, las cifras oficiales de desaparecidos: AI”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/08/30/gobierno-ha-dejado-que-prevalezca-la-confusion-sobre-desaparecidos-ai-2707.html

6. StarMedia México, “ONU solicita a México elaborar Ley General para personas desaparecidas”, [en línea], México, Dirección URL: http://noticias.starmedia.com/mexico/onu-solicita-mexico-elaborar-ley-general-para-personas-desaparecidas.html

7. Animal Político, “Tres fallas de Peña Nieto contra la desaparición forzada, según experto”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.animalpolitico.com/2014/08/tres-fallas-de-pena-nieto-contra-la-desaparicion-forzada-segun-experto/#axzz3Bsu0Ouk4

8. Naciones Unidas, “Día Internacional de las Víctimas”, [e

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2014.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los Ejecutivos federal y estatales, así como al jefe del gobierno del Distrito Federal, a exponer de modo exacto y detallado por las Secretarías de Finanzas o de Hacienda correspondientes el estatus de la deuda pública de cada estado durante las dos últimas administraciones, en particular lo referente a los pasivos generados por los sistemas de pensiones y seguridad social, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, diputado en la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracciones II, III y IV, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con carácter de urgente resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

1. Según un análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios realizado por la Auditoría Superior de la Federación,1 diversas entidades federativas han contraído elevados montos de deuda no registrada que ha sido identificada por el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero por medio de fuentes secundarias, como las instituciones bancarias y la Bolsa Mexicana de Valores.

2. Al 31 de diciembre de 2011 y de acuerdo con la información publicada por la SHCP, con base en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios, el saldo de la deuda subnacional ascendió a 390 mil 777.5 mdp, con un crecimiento nominal de 92.4% respecto a los 203,070.2 mdp al cierre de 2008, y que en términos reales es de 67.9%. De 2008 a 2011 las variaciones reales con los montos más altos se presentaron en 11 entidades:

Campeche (2 mil 420.5%); Coahuila (1,639.2%); Tamaulipas (552.9%); Morelos (412.9%); Zacatecas (406.0%); Quintana Roo (312.4%); Nayarit (213.7%); Yucatán (199.1%); Veracruz (165.9%); Chihuahua (139.9%), y Baja California Sur (114.9%).

Al analizar los saldos de la deuda pública de las entidades federativas incluidos los municipios, conforme a lo registrado ante la SHCP, entre 2008 y 2011 se tiene un aumento en términos absolutos de 187,707.3 mdp, del cual 10 entidades concentran el 76.5% del total, como sigue:

Coahuila (18.5%); Nuevo León (11.0%); Veracruz (10.0%); Jalisco (6.4%); Chihuahua (5.9%); Distrito Federal (5.7%); Quintana Roo (5.5%); Tamaulipas (5.2%); Michoacán (4.5%), y Chiapas (3.8%).

3. Con base en los datos del Inegi y de manera acumulada para las 32 entidades federativas, se observa que 18 tenían déficit primario en el periodo 2006-2010, entre las que resaltan Coahuila (8 mil 089.1 mdp); Jalisco (7 mil 497.5 mdp); Tamaulipas (7 mil 203.2 mdp); Veracruz (5 mil 019.5 mdp); Chihuahua (3 mil 339.2 mdp), y Nayarit (2 mil 965.1 mdp), que en conjunto suman 70.1% del déficit primario acumulado en este lapso por 48 mil 683.6 mdp. Veracruz contrato una deuda en monto superior a su superávit acumulado (7 mil 087.5 millones de pesos), ya que su endeudamiento en el periodo de 2006 a 2010, fue de 15 mil 985.6 millones de pesos.2

Por entidad federativa y con datos del Inegi disponibles al cierre de 2010, el indicador Deuda/Ingresos Garantizables mantuvo valores por arriba del valor nacional (54.0%) en 11 entidades federativas, distribuidas como sigue: Quintana Roo (127.3%), Nuevo León (130.1%), Sonora (105.5%), Veracruz (70.4%), Chihuahua (70.3%), Jalisco (67.1%), Tamaulipas (63.2%) Michoacán (62.0%), Coahuila (61.9%), Baja California (60.9%) y Nayarit (58.7%). Este indicador muestra que 15 entidades tienen comprometida más de la mitad de sus ingresos garantizables en el pago de su deuda.

Según datos aportados por la publicación de Contralinea con el pretexto de resolver las urgencias administrativas, en el sexenio pasado, las entidades federativas y los municipios se consolidaron como uno de los principales clientes de la banca privada.

Actualmente, más del 60 por ciento de las deudas se concentra en tres instituciones, revelan datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se trata de las firmas mexicanas Banorte e Interacciones y de la española BBVA Bancomer.3

Aunque la deuda total de entidades y municipios que reporta la Comisión al cierre de junio de 2013 no coincide con la que registra la Secretaría de Hacienda, sí refleja la composición de este mercado: de la cartera total en el ámbito privado por 282 mil 675 millones, el 28 por ciento, 79 mil 184 millones, fue prestado por Banorte; el 20.7 por ciento, 58 mil 530 millones, por BBVA Bancomer, y el 15.5 por ciento, 44 mil 34 millones, por Interacciones.

Otros bancos que mantienen carteras multimillonarias con estados y municipios son Banamex, con 19 mil 935 millones de pesos; Multiva, con 18 mil 476 millones; Inbursa, con 15 mil 562 millones; Banco del Bajío, con 12 mil 691 millones; HSBC, con 10 mil 466 millones, y Santander, con 9 mil 265 millones.

Juan José Dávalos, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, señala que los bancos tienen responsabilidad respecto de las deudas contratadas con las entidades federativas y los ayuntamientos: las instituciones financieras no deben dar créditos chatarra, deben asegurarse de que el cliente es solvente y les va a pagar.

Hasta junio de 2014, la deuda de estados y municipios llegó a un saldo máximo de 489 mil 643.4 millones de pesos, del cual el Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz y estado de México concentran casi 50 por ciento.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran que el endeudamiento de los gobiernos locales creció 1.4 por ciento respecto al saldo del cierre de 2013 (482 mil 807.2 millones de pesos), y 10.5 por ciento en relación con junio del año pasado (443 mil 38.9 millones).

Señala que las obligaciones financieras de estados y municipios representó 3.0 por ciento del producto interno bruto estatal, porcentaje ligeramente menor al de 3.1 por ciento en diciembre de 2013, pero superior al de 2.8 por ciento en junio de año pasado.

Las entidades más endeudadas a junio de 2014 fueron Distrito Federal (61 mil 402.8 millones de pesos), Nuevo León (58 mil 443.9 millones), Chihuahua 41 mil 603.1 millones), Veracruz (40 mil 767.4 millones) y estado de México (39 mil 124.1 millones).

En conjunto, estas cinco entidades sumaron 241 mil 341.4 millones de pesos, monto que representa 49.28% del total de la deuda local, según las cifras de la Secretaría de Hacienda.4

Por lo anteriormente expuesto y en base a lo estipulado en el artículo 26. De la Constitución refiere que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.5

El artículo 117 Constitucional, en su fracción VIII, establece que los estados no pueden, en ningún caso:

VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública.

De la misma manera el artículo 134. De ese ordenamiento refiere en sus párrafos primero, quinto y séptimo que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

Los servidores públicos de la federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Según lo dispuesto en el artículo 6o., apartado A. fracciones I III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual a la letra dice que para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.

En el artículo 79, fracción I, constitucional, en su segundo párrafo refiere que también fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia e otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

Artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, menciona que los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y los Ejecutivos de los estados así como al jefe de gobierno del Distrito Federal a fin de que expongan de manera exacta y detallada, por conducto de sus Secretarías de Finanzas o de Hacienda que correspondan, sobre el estatus de la deuda pública que tiene cada estado de la Republica durante las dos últimas administraciones y en particular lo referente a los pasivos generados por los sistemas de pensiones y seguridad social.

Notas

1 http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/1._An alisis_de_Deuda_Publica_Agosto_2012.pdf agosto 2012

2 Comparativo entre los balances presupuestario y primario, con el endeudamiento

3 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/09/22/estados-mu nicipios-las-deudas-se-ven-pero-se-pagan/ 1-09-14.

4 17 de agosto, 2014 El Economista.

5 Artículo 26 A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Párrafo reformado DOF 05-06-2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 23 de septiembre de 2014.

Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a implantar por la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos un programa nacional de fomento y difusión de la utilidad y los beneficios del registro del nacimiento de adultos mayores, a cargo de la diputada Dulce María Muñiz Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita diputada federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en virtud de las facultades conferidas en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Considerandos

La desigualdad social y la consecuente lucha revolucionaria de principios del siglo pasado agravaron las condiciones de pobreza y analfabetismo que afectaban a la mayoría de la población mexicana, la cual no concebía como una necesidad el registro de su nacimiento y el de sus descendientes. Adicionalmente, el hecho de que los registros civiles o las instituciones gubernamentales encargadas de expedir las actas de nacimiento no contaran con un sistema de sistematización y resguardo adecuado, y de que cotidianamente sus instalaciones sufrían algún tipo de siniestro, propiciaron que los habitantes de la época no concibieran la importancia de la tramitación de tal documento público.

Los efectos de tales circunstancias se perciben aún hasta nuestros días, pues existe un gran número de adultos mayores que no fueron registrados ni al nacer ni en ningún momento posterior. Al respecto, en cada una de las entidades federativas, dado que de la interpretación de los artículos 124 y 130 constitucionales se deduce que las cuestiones del estado civil de las personas pertenece al ámbito local, se han realizado estimados del número total de personas que se encuentran en tal situación, algunos de los cuales se hará mención enseguida con el fin de hacer una aproximación del problema que representa.

Tan sólo en el Distrito Federal se cree que más de setenta mil adultos mayores viven sin estar registrados, pues hace dos años durante la realización de un programa gratuito de expedición de actas de nacimiento acudieron a tramitarla más de 10 mil de ellos. Así lo informó la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, misma que precisó que las zonas de donde provenían en su mayoría eran las áreas rurales y marginales como Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

También durante el anuncio de un programa gratuito similar, el gobierno mexiquense estimó que existen más de 30 mil personas mayores de 60 años que no cuentan con acta de nacimiento en dicha entidad.

En el sureste del país, concretamente en el Estado de Chiapas, cada año se detecta un aproximado de mil personas que no cuentan con el documento que los acredita como ciudadanos mexicanos. Tan sólo el año pasado mil 745 adultos de entre sesenta y ochenta años acudieron a solicitar su inscripción en el Registro Civil del Estado durante una de las citadas campañas gratuitas.

De acuerdo con información del INEGI, el número de personas en el país que carecen de acta de nacimiento oscila entre los diez y quince millones.

Ahora bien, el derecho a la identidad ha sido tratado reiteradamente por diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos y reconocido expresamente en nuestra Carta Magna, y el mismo incumbe los derechos a tener un nombre y un apellido, además de un documento que constate su fecha de nacimiento, su sexo y su nacionalidad, es decir, sus características y diferencias respecto de los demás. Obviamente, todos esos aspectos se ven colmados con el acta de nacimiento y su expedición protege un derecho fundamental.

Por ello, el 17 de Junio de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adicionaba un párrafo al artículo 4o. constitucional a fin de reconocer tal derecho, mismo que a la letra reza:

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

Al respecto hemos de decir que existen derechos humanos cuyo contenido involucra una obligación por parte del Estado, y ése es el caso particular del derecho a la identidad, que no sólo implica que los servidores públicos encargados de inscribir el nacimiento de los mexicanos estén impedidos para negar dicho trámite a quien cumpla con los requisitos para su inscripción, sino que deben hacer lo necesario para poner a su alcance la información indispensable para que acudan a hacerlo.

Y esta última exigencia no sólo se colma con publicar los requisitos en la página electrónica de la institución expendedora, sino que debe difundirse por cualquier medio adecuado la información necesaria para que toda persona dentro del territorio nacional pueda comprender la trascendencia del registro. Ello se justifica en razón de las distintas privaciones a que se enfrentan quienes carecen de tal documento, pues se encuentran impedidos para acceder a los beneficios que otorgan los distintos programas sociales tanto federales como estatales y municipales, tales como las pensiones, el seguro popular o incluso la titularidad de cuentas bancarias.

En cuanto a las razones más aducidas para justificar la falta de dicho certificado se encuentran las siguientes:

1. Administrativas

El trámite para la expedición de las actas de nacimiento no es uniforme en todas las entidades federativas y mientras en algunas instituciones el procedimiento es relativamente sencillo, en otras se torna bastante complicado en virtud de los documentos exigidos y la documentación requerida.

Además, el amplio lapso de tiempo que las personas deben esperar para obtener el certificado se agudiza en aquellas oficinas donde aún existe un atraso considerable en cuanto a recursos e infraestructura, viéndose privados de la tecnología que permitiría agilizar y dar seguridad a las inscripciones.

2. Geográficas

La extremada lejanía o la accidentada orografía que existe entre la zona donde los ancianos radican y las oficialías de los registros civiles ha sido una causa importante de que en muchas partes del territorio nacional haya adultos que no cuentan con actas de nacimiento.

3. Culturales

La desconfianza, el escepticismo, la falta de conocimiento, los usos y costumbres o las barreras lingüísticas de las personas que residen en determinados puntos de la República han contribuido al desapego para registrar su nacimiento.

4. Económicas

El grado de pobreza en la que vive más de la mitad de la población mexicana ha ocasionado que, aunque el costo del registro y emisión de las actas de nacimiento no sea excesivamente elevado, sí represente un gran gasto para aquellos que viven en las zonas más marginadas, considerando además que a dicho pago tienen que sumar el costo de trámites adicionales como la tramitación de la constancia de inexistencia de registro o la autorización del registro extemporáneo de nacimiento, además de multas y penalizaciones impuestas por la falta de acatamiento a los plazos establecidos por la ley.

Adicionalmente, tienen que sufragar gastos de movilización para acudir a las oficialías del registro civil, que implican un costo extra de transporte, alimentación y pérdida de jornadas laborales.

Por todo lo anterior, es necesario que se implemente un programa a nivel nacional que torne triviales las razones anotadas anteriormente a través del fomento y difusión de los beneficios que conlleva el registro de los nacimientos. Es pertinente que dicho programa corra a cargo de la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, en virtud de que tiene como una de sus misiones el vigilar el cumplimiento de la ley para garantizar el registro de la identidad de todas las personas residentes en el territorio nacional.

Se torna indispensable una campaña de promoción de registro extemporáneo o subregistro, entendido como la inscripción del nacimiento de aquellas personas que no fueron presentadas ante la institución competente dentro del plazo fijado por la legislación local y que implica gastos adicionales para constatar la inexistencia de registros anteriores.

La importancia de su difusión por todo el territorio nacional radica en que existen comunidades donde el registro de nacimiento no es considerado como necesario, y su carencia vuelve a los implicados personas jurídicamente inexistentes y les priva de los beneficios que se otorgan en atención al respeto del derecho a la educación, a la salud, a la asistencia social, así como al derecho a votar y ser votado.

La expedición del acta de nacimiento, que necesariamente será la primera independientemente de la edad del solicitante, deberá estar exenta de pago alguno. La pérdida de ingresos que esto representaría para el Estado se vería justificada con el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos y la certeza jurídica que les representaría, en virtud de que para ellos se gobierna y hacia ellos debe estar orientada la actuación de todo órgano estatal.

Dichas campañas deberán ser permanentes, pues los tiempos de difusión también pueden ser un obstáculo para el adecuado registro. Los programas temporales no son suficientes, porque es probable que muchos de los adultos mayores a quienes va dirigida no lleguen a tener conocimiento de la campaña o se enteren una vez que haya finalizado. De ahí la importancia de la permanencia.

Aunado a todo lo anterior, debe pedirse a la población sumarse a la difusión de la campaña, de manera que promuevan con sus padres, familiares y conocidos la información y los beneficios de su registro, la gratuidad del mismo y los lugares a los que pueden acudir para realizar el trámite.

Entre los documentos que pueden exigirse a los adultos mayores para comprobar su identidad pueden incluirse:

1) Alguna identificación oficial con fotografía (credencial para votar, pasaporte, cartilla del Servicio Militar Nacional, etc.)

2) Formas Migratorias.

3) Credencial del Inapam.

4) Cédula de Identificación Ciudadana.

5) Constancia de origen y vecindad del municipio donde radican.

No obstante, será muy difícil que puedan presentar alguno de estos documentos pues su otorgamiento requiere la presentación del acta de nacimiento, aunque existen casos en que dicho requisito les es dispensado. Así, la regla general debería radicar en presentarse con dos testigos que corroboren los datos generales de la persona, como su fecha de nacimiento, su nombre y el de sus padres.

De la misma forma, sería pertinente que además de la mencionada difusión y promoción, se inste a la institución encargada de registrar los nacimientos en cada entidad federativa para que, en coordinación con la tesorería estatal, se otorguen todas las facilidades a los adultos mayores de manera que se les condonen todos los gastos. Incluso, es conveniente que se designe a un servidor público para auxiliar a quien, por su delicado estado de salud, no pueda asistir a las oficinas del Registro Civil, encargándose de asistir al domicilio de dicha persona a obtener su identificación y, en su caso, a entregar el acta correspondiente.

Sin embargo, no debe dejarse de dar parte a la Procuraduría de Justicia estatal a fin de que investigue si no se trata de un caso en el que se quiera obtener una doble identidad.

Por otra parte, también debe exhortarse a la Secretaría de Desarrollo Social, para que por medio de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, que es la encargada de establecer módulos de información y registro a programas sociales como la pensión a adultos mayores, se coordine con las instituciones registradoras de cada entidad federativa, con la finalidad de que en los mismos módulos o en unos adyacentes se brinden los servicios de registro y expedición de actas de nacimiento.

Es cierto que el registro de ciudadanos no es atribución de dicha Secretaría, sin embargo, cuando se le relaciona con diversos programas sociales, particularmente con el otorgamiento de la mencionada pensión para adultos mayores, se hace obvia la relación ya que no puede obtenerse el acceso a ella si no se tiene el acta de nacimiento. Por lo cual, indirectamente, se estaría beneficiando el desarrollo social a través de la obtención del acta de nacimiento.

En virtud de lo aquí expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que por medio de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, implemente un programa nacional de fomento y difusión de la utilidad y beneficios del registro del nacimiento de los adultos mayores, además de instar a las instituciones gubernamentales que en cada entidad federativa se encargan de registrar el nacimiento de los nacionales, a fin de otorgar facilidades para que los adultos mayores que carezcan de acta de nacimiento puedan obtenerla.

Segundo . Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Desarrollo Social para que por medio de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano y en coordinación con las instituciones registradoras de cada entidad federativa, en los mismos módulos de información y registro a los programas sociales, se brinden los servicios de registro y expedición de actas de nacimiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2014.

Diputada Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sedatu y de la SHCP a concluir el “rezago agrario” de las localidades de Veracruz y Oaxaca, a cargo del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los secretarios de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a concluir la problemática del “rezago agrario” de las localidades de Veracruz y Oaxaca y contribuir para dar certeza y claridad a los campesinos respecto de sus derechos a la propiedad de sus núcleos agrarios, conforme a las siguientes

Consideraciones

La justicia para los campesinos como legisladores es una de nuestras mayores responsabilidades.

Debemos ser congruentes con el movimiento que le dio origen, en 1910, cuando en la Constitución se recogieron los postulados sociales de la Revolución Mexicana, elevándolos a nivel de “garantías”, en favor de campesinos y obreros, de acuerdo con lo establecido principalmente por los artículos 27 y 123, respectivamente.

De acuerdo con el espíritu del Constituyente de 1917 se consideró de vital importancia el insertar en ella lo que es el derecho agrario, y sus principios básicos en la Carta Magna, en donde quedaran plasmados los anhelos y esperanzas de justicia social que el pueblo reclamaba, de acuerdo con los diversos ideales sociales que en ese entonces eran demandados.

Este proceso se inició con la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, emitida por el Primer Jefe Constitucionalista Venustiano Carranza en el Estado de Veracruz, la cual recoge el aspecto nodal de la lucha zapatista, y ordenó la restitución de tierras arrebatas y estipuló la dotación para los pueblos que carecieran de ella.

Sin embargo, a casi un siglo de distancia todavía quedan muchas tareas pendientes que son necesarias en materia agraria, destaco una especialmente importante que dio origen al presente punto de acuerdo es “la superación del rezago agrario” en lo particular en las localidades de Veracruz y Oaxaca.

No obstante, el viejo anhelo del general Emiliano Zapata, quien en noviembre de 1911, a través del Plan de Ayala, señaló en el artículo 6o. que al triunfo de la Revolución se habrían de establecer tribunales especializados, no se llevo a cabo esto en los tiempos de la lucha social desafortunadamente tuvieron que pasar más de 81 años para que ese ideal se cumpliera.

Dicha problemática agraria de la tenencia de la tierra, tiene su origen y expectativas en lo establecido por el párrafo tercero y fracción X del artículo 27 constitucional y la Ley Federal de Reforma Agraria; ya que en ellos se funda cada una de las solicitudes de tierras de los expedientes que se promueven por los campesinos, ya que todo esto se inició con anterioridad al decreto que reformó dicho artículo 27 constitucional y a la derogación de la Ley Federal de Reforma Agraria siendo esto el 6 de enero de 1992, en la que se establecía a la letra lo siguiente:

Artículo 27. ...

...

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad agrícola en explotación; para la creación de nuevos centros de población agrícola con tierras y aguas que les sean indispensables; para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los núcleos de población que carezcan de tierras y aguas o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad agrícola en explotación. (Última reforma 10 de agosto de 1987, antes de la del 6 de enero de 1992.)

X. Los núcleos de población que carezcan de ejidos o que no puedan lograr su restitución por falta de títulos, por imposibilidad de identificarlos o porque legalmente hubieren sido enajenados, serán dotados con tierras y aguas suficientes para constituirlos, conforme a las necesidades de su población, sin que en ningún caso deje de concedérseles la extensión que necesiten, y al efecto se expropiará por cuenta del gobierno federal el terreno que baste a ese fin, tomándolo del que se encuentre inmediato a los pueblos interesados.

La superficie o unidad individual de dotación no deberá ser en lo sucesivo menor de diez hectáreas de terrenos de riego o humedad o a falta de ellos, de sus equivalentes en otras clases de tierras, en los términos del párrafo tercero de la fracción XV de este artículo. (Última reforma 12 de febrero de 1947, antes de la del 6 de enero de 1992.)

De acuerdo con el sumario de reformas de la Constitución Mexicana, el decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 06 de enero de 1992, en resumen la materia pretendía lo siguiente:

La propiedad ejidal. Cambia el concepto de “pequeña propiedad agrícola en explotación” por el de “pequeña propiedad rural”. Establece bases para facilitar la inversión y nuevas formas de asociación en el campo. Contempla el fraccionamiento de predios que excedan a la pequeña propiedad. Establece tribunales agrarios de plena jurisdicción. Define la pequeña propiedad forestal. Permite la constitución de sociedades mercantiles en el agro. Reconoce la capacidad de los ejidatarios para decidir las formas que deben adoptar y los vínculos que deseen establecer entre ellos para aprovechar su territorio.

No obstante, a más de 20 años de publicado este mencionado decreto, todavía no se concluye lo que se denomina “rezago agrario” y que consiste en los expedientes para la dotación de tierras por las diferentes acciones como son la ampliación de ejidos, nuevos centros de población ejidal y reconocimiento y titulación de bienes comunales, y que tienen su derecho vigente de acuerdo a lo establecido por el artículo tercero transitorio del decreto que reforma al artículo 27 constitucional y al artículo tercero transitorio de la Ley Agraria, que establece lo siguiente:

Artículo Tercero. La Secretaría de la Reforma Agraria, el Cuerpo Consultivo Agrario, las comisiones agrarias mixtas y las demás autoridades competentes, continuarán desahogando los asuntos que se encuentren actualmente en trámite en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas; creación de nuevos centros de población, y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales, de conformidad con las disposiciones legales que reglamenten dichas cuestiones y que estén vigentes al momento de entrar en vigor el presente decreto.

Los expedientes de los asuntos arriba mencionados, sobre los cuales no se haya dictado resolución definitiva al momento de entrar en funciones los tribunales agrarios, se pondrán en estado de resolución y se turnarán a éstos para que, conforme a su ley orgánica, resuelvan en definitiva, de conformidad con las disposiciones legales a que se refiere el párrafo anterior.

Los demás asuntos de naturaleza agraria que se encuentren en trámite o se presenten a partir de la entrada en vigor de este decreto, y que conforme a la ley que se expida deban pasar a ser de la competencia de los tribunales agrarios, se turnarán a éstos una vez que entren en funciones para que resuelvan en definitiva.

Por esa razón, el gobierno debe cumplir el compromiso de acabar con el rezago agrario conforme a lo mandatado en el artículo tercero transitorio del decreto de orden constitucional.

Entonces, la reforma del 6 de enero de 1992 ha sido una de las más amplias en la materia, ya que nos debe permitir, hoy en día, contar con una nueva cultura e institucionalidad agrarias.

El decreto que reformó al artículo 27 constitucional deja al gobierno federal la tarea de resolver el “rezago agrario” de los casos que estaban en trámite para ser dotados con tierras, y estimo que ya a más de 20 años de este mandato debe la autoridad cumplir lo establecido a favor y por el bien de los campesinos; por eso realizo este exhorto. Con esta reforma se crearon el Tribunal Superior Agrario, los tribunales unitarios agrarios y la Procuraduría Agraria, y aun con estas instituciones que se crearon no se concluye el “rezago agrario”.

Recordemos que actualmente más de la mitad de nuestro territorio pertenece a ejidos y comunidades agrarias, y para aprovechar esa enorme extensión es indispensable contar con transparencia y certeza en los derechos de la propiedad social.

La Secretaria de la Reforma Agraria, ahora de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), no ha cumplido lo establecido en el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el artículo 27 constitucional; en el que se establece: “Todos los asuntos referentes a dotación de tierras, ampliación de ejidos, nuevos centros de población ejidal y reconocimiento y titulación de bienes comunales, deberán ser turnados al Tribunal Superior Agrario”. Sin embargo, de los 23 casos que se están promoviendo resolver, 14 aún no se han turnado al Tribunal Superior Agrario, con lo cual la Sedatu tiene responsabilidad jurídica pendiente de cumplir, de los demás casos se turnaron al Tribunal Superior Agrario 6 expedientes, teniendo cada uno sus respectivas sentencias de éstas.

Como ejemplo de esto, tan sólo Vega de Palmas, de Tierra Blanca, Veracruz, logró una dotación injusta de 85-50-00 hectáreas para 97 campesinos, esto de un total de 726-50-00 hectáreas que se programaron en dos proyectos, faltando las 641-00-0 hectáreas del otro proyecto que se instauró por la vía de compra.

Con ello de haberse integrado en un solo proyecto como debió ordenarse en el Tribunal Superior Agrario se habría dotado de las hectáreas suficientes que es lo que todavía los campesinos reclaman; por ejemplo Camelia Roja, de Tuxtepec, Oaxaca, tuvo sentencia positiva y fue dotado con tierras suficientes, pero en virtud del conflicto interno, se tienen despojados de sus tierras aun a un grupo de campesinos que reclaman sus tierras de las cuales prácticamente ya se les despojaron, las otras 4 sentencias fueron negativas omitiéndose en estas lo establecido por el artículo 326 de la Ley Federal de Reforma Agraria, que establecía lo siguiente:

Artículo 326. Si la resolución presidencial que recaiga en un procedimiento de dotación fuese negativa, el documento que la contenga ordenará que se inicie, desde luego, el expediente de nuevo centro de población, con la indicación de que se consulte a los interesados por conducto de la delegación agraria correspondiente, acerca de su conformidad para trasladarse al lugar en que sea posible establecer dicho centro.

Aunado a ello, la Comisión Agraria Mixta de Veracruz no ha ejecutado el mandamiento del gobernador de Veracruz que dotó con 248-00-00 hectáreas al poblado María Lizamba, en Tierra Blanca, Veracruz, la Sedatu no ejecutó la resolución presidencial del nuevo centro de poblado ejidal El Apompal, en Rodríguez Clara, Veracruz, no cumplió la retitulación de hectáreas al anexo Tierra Blanca de los bienes comunales de Cosamaloapan, Veracruz, ni la retitulación de 11 229-00-00 hectáreas al anexo Tres Valles, Veracruz, de la misma comunidad, tampoco se indemnizó a los campesinos de estos anexos, y no se les acomodó en las tierras expropiadas, para reacomodos de campesinos afectados por el vaso de la presa Cerro de Oro (hoy Miguel de la Madrid Hurtado).

Para tener un panorama más amplio me permito exponer las localidades de Veracruz y Oaxaca, que más de miles de campesinos manifiestan la existencia de problemáticas de los núcleos agrarios, como los siguientes;

El nuevo centro de población ejidal El Girasol y Mazin Chico, de Tuxtepec, Oax., Arroyo Caracol Estrella, de San Felipe Usila, Oax.; nuevo centro de población ejidal Cerro Palacio, de San José Chiltepec, Oax, los conflictos de Vega del Sol, Rancho Nuevo Jonotal y otros de Oaxaca, los fraudes en los casos de San Francisco Amatepec Segundo del municipio de Carlos A. Carrillo, Veracruz, de la dotación Miguel Hidalgo, municipio de Cosamaloapan, Veracruz, y del Nuevo centro de población ejidal El Apompal, en Juan Rodríguez Clara, Ver., la distorsión de la información en los casos del nuevo centro población ejidal El Moral y su anexo Villanueva, de Juan Rodríguez Clara, Ver., y el nuevo centro de población El Jobo, en Cosamaloapan, Ver., los desalojos injustos que destruyeron el poblado del nuevo centro de población ejidal San Luis, en Cosamaloapan, Ver., y al nuevo centro de población ejidal La Cruz, en Tres Valles, Ver., la no afectación de tierras que eran procedentes a favor de los poblados de ampliación de El Jobo, en Tierra Blanca, Ver., y la ampliación del ejido Gabino Barreda, de Cosamaloapan, Ver., y El Popotal, en San Andrés Tuxtla, Ver., como tampoco se cumplió la compra de tierras al Rancho Nuevo Nopaltepec, en Cosamaloapan, Ver. Por lo que se entiende como un desacato a la ley y una injusticia que se está mostrando.

El abatimiento del rezago agrario permitirá que brindemos mayor atención a los millones de trabajadores del campo que ya cuentan con documentos que acreditan su derecho a la propiedad.

El análisis de los expedientes del rezago agrario da la razón a las demandas de miles de campesinos y así, la actual Sedatu, antes Secretaría de la Reforma Agraria, tampoco ha cumplido la distribución de la población rural, conforme a lo establecido en los artículos 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 de la antes Ley Federal de la Reforma Agraria.

Por todo lo expuesto y fundado se da fe de la injusticia con que actuaron las autoridades responsables, y que dio lugar al despojo de tierras con que debió dotarse a campesinos, por afectación o compra.

Para el desarrollo del campo es esencial la presencia de ejidos y comunidades fuertes, bien organizados. Su fortaleza se deriva de su propiedad y del manejo democrático de las decisiones para su desenvolvimiento.

De esta lucha por la tierra que no es de ahora si no de muchísimo tiempo atrás, es que se constituyó la Unión Agrarista de México, AC, y de conformidad con los núcleos agrarios que representa ha venido promoviendo desde 1998 la solución de la problemática agraria en cuanto a la dotación de tierras pendientes de cumplir por las autoridades agrarias y aunque en un principio no se tuvieron respuestas favorables, se siguió insistiendo hasta que con fecha 26 de enero de 2003 el gobierno federal convocó a las “mesas del diálogo por una política de Estado para el campo” la Unión Agrarista de México, AC, participó en los diálogos sobre ordenamiento de la propiedad rural en la mesa 3 presentando su ponencia en el turno 23, esto se pude consultar en el archivo general de la Nación, el día 18 de febrero de 2003, y de esto resultó el Acuerdo Nacional para el Campo, que se suscribió el 28 de abril de 2003.

Por lo que la superación del rezago agrario es una enorme tarea técnica, jurídica así como de voluntad política, pero sobre todo es un acto de justicia para los hombres y las mujeres del campo mexicano.

El Ejecutivo ya no es juez y parte en materia agraria. Las decisiones jurisdiccionales corresponden a tribunales autónomos, y nosotros como legisladores es nuestro deber el impulsar el mandato constitucional de resolver el rezago agrario y cumplir nuestra parte.

El abatimiento del rezago agrario contribuye a otorgar certeza y claridad a las formas constitucionales de su propiedad. La seguridad en la tenencia de la tierra es esencial, lo mismo para la convivencia que para el desarrollo del campo. Los mexicanos necesitamos trabajar unidos para hacer frente a los enormes desafíos que nos plantean la pobreza y los rezagos acumulados en el campo.

La certeza de la propiedad agraria es una condición para el desarrollo equitativo. La tierra de nadie no es productiva, la tierra de nadie no hace justicia a nadie.

El fin del rezago es obligación de todos nosotros, así como de las autoridades correspondientes para cumplir el espíritu del artículo 27 constitucional: hacer de la propiedad agraria un factor decisivo para el progreso de la sociedad y para el bienestar de la gente del campo.

Este tipo de acontecimientos no pueden y no deben de seguir prevaleciendo, por lo que se debe de superar los conflictos derivados de la falta de claridad en la posición de la tierra que nos permitirá derrotar en el campo a la injusticia.

En esta tarea, que hemos denominado “rezago agrario”, tiene prioridad y urgencia.

Los tiempos han cambiado y no podemos seguir así, hoy es un problema grave por lo que el fin de un viejo problema nos permitirá concentrar recursos y experiencias para hacer frente a los retos que prevalecen en nuestro tiempo, el fin del rezago agrario nos proporcionara la satisfacción de haber cumplido una etapa, y nos brinda la confianza para enfrentarnos al futuro, ante tal situación nosotros como legisladores tenemos la gran tarea de impulsar juntos esta nueva etapa para que juntos hagamos de la tierra y de su propiedad el más firme sustento para un desarrollo equitativo en el campo mexicano que las comunidades campesinas nos demandan.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, presento ante la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los secretarios de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de Hacienda y Crédito Público a concluir la problemática del “rezago agrario” de las localidades de Veracruz y Oaxaca y contribuir para dar certeza y claridad a los campesinos respecto de sus derechos a la propiedad de sus núcleos agrarios.

Segundo. Se exhorta a los secretarios de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de Hacienda y Crédito Público a informar periódicamente a la opinión pública sobre los avances de las acciones instauradas para el cumplimiento y seguimiento de este exhorto que se está efectuando a estos organismos.

Fuentes consultadas

Artículo 27, resumen realizado por el Departamento de Documentación Legislativa, SIID, página consultada; http://www.insp.mx/transparencia/XIV/leyes_federales/refcns/pdfsrcs/27. pdf

Diario Oficial de la Federación, lunes 10 de agosto de 1987, decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Diario Oficial de la Federación, miércoles 12 de febrero de 1947, decreto que reforma las fracciones X, XIV y XV del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Gallardo Zúñiga, Rubén. “Reforma constitucional de 1992. El surgimiento del nuevo derecho agrario mexicano. Estudios agrarios”, conferencia dictada en el Diplomado en derecho agrario, en la Universidad de Guanajuato. Profesor definitivo por oposición de derecho agrario en la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Acatlán. Actualmente se desempeña como Director de Investigación en la Dirección General de Estudios y Publicaciones de la Procuraduría Agraria.

Palacio Nacional, 21 agosto de 1997, Versión estenográfica de las palabras del presidente Ernesto Zedillo, durante la conclusión de El rezago agrario, una nueva etapa en la reforma agraria, que hoy en la mañana encabezó en el patio central del Palacio Nacional, http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/disc/ago97/21ago97.html

Sumario de reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en orden cronológico. Actualizado al 10 de febrero de 2014, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Secretaría de Servicios Parlamentarios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2014.

Diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a difundir la información relativa a las consideraciones según las cuales se autorizan las constancias o permisos de servicio a gasolineras en el Distrito Federal, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XIX; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Antecedentes

1o. El acelerado incremento en la cantidad de estaciones gasolineras representa uno de los mayores riesgos al impacto ambiental; es por esto que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) recomienda un límite de estaciones por extensión territorial, con la intensión de evitar contaminación en exceso, el cual se encuentra contenido en el Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo.

2o. Las delegaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Milpa Alta, suman en total 223 estaciones de servicio de gasolina (según registros de Petróleos Mexicanos); cuando, acorde con la superficie que abarca el territorio de todas ellas, podrían tener sólo 140 estaciones, es decir, hay 83 gasolineras de más; en contravención a lo dispuesto en el Reglamento Ambiental y Riesgo, como se muestra en la tabla siguiente:

Delegaciones que exceden el número de gasolineras:

* La delegación Milpa Alta no puede contar con ninguna estación debido al que su suelo está catalogado como de conservación.

3o. El diario Reforma publicó el 9 de julio de 2013, que Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó en su registro de constancias en trámite, la existencia de 18 permisos adicionales solicitados, que se encuentran pendientes de resolver; correspondientes a las delegaciones siguientes:

Consideraciones

A) El artículo 63, fracción I, del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo del Distrito Federal, señala que la densidad de estaciones de servicio de gasolina y diesel por delegación no deberá exceder de una por cada dos kilómetros cuadrados de la superficie de la delegación:

“Artículo 63. Para analizar y resolver las manifestaciones de impacto ambiental con estudio de riesgo relativas a obras o actividades determinadas como riesgosas, las autoridades competentes deben ajustar su actuación a los siguientes criterios, tendientes a garantizar la integridad del ambiente y de las personas:

I. La densidad de estaciones de servicio de gasolina y diesel por delegación, no deberá exceder de una por cada dos kilómetros cuadrados de la superficie total de la delegación;

II...”

B) Las delegaciones Coyoacán, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Cuajimalpa y Xochimilco, se encuentran a punto de rebasar el límite de gasolineras por metros cuadrados, ubicando las estaciones de servicio con las que cuentan, de la siguiente manera:

C) El artículo 4o. del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo del Distrito Federal, establece que corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente, además de las atribuciones ya existentes, entre otras, la siguiente:

“Artículo 4o. ...

...

V. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de este reglamento, así como la observancia de las resoluciones previstas en el mismo, e imponer las sanciones y demás medidas de control y de seguridad necesarias, con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y

VI...”

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la titular de Petróleos Mexicanos, licenciado Emilio Lozoya Austin, haga del conocimiento público la información relativa a las consideraciones bajo las cuales se autorizan las constancias y, en su caso, permisos de servicio a estaciones gasolineras en las delegaciones del Distrito Federal, y si éstas son otorgadas de conformidad con el límite señalado en el Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Juan José Guerra Abud, verifique el cumplimiento del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgos en cuanto al límite de estaciones gasolineras por extensión territorial en el Distrito Federal y en su caso imponga las sanciones y demás medidas de control y de seguridad necesarias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2014.

Diputados: José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Roberto López Suárez, Guillermo Sánchez Torres.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas y de salud de los tres niveles de gobierno a ejecutar instrumentos suficientes y eficaces para garantizar la difusión de información relativa a los métodos anticonceptivos y a las consecuencias de desarrollar una vida sexual activa a temprana edad, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Enrique Aubry de Castro Palomino, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1 fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Con la reciente conmemoración del Día Mundial de la Población, la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, informó que el Gobierno Federal elabora un diagnostico con cifras y características actuales sobre el embarazo en adolescentes.

Para la Organización Mundial de la Salud, una de las principales preocupaciones se centra en el creciente índice de adolescentes embarazadas, ya que de acuerdo con el Informe “Maternidad en la niñez” del Fondo de Población de las Naciones Unidas, nuestro país se coloca como el primer lugar de embarazos en adolescentes con una tasa de natalidad de 64.2 por cada 1000 nacimientos.

Las razones varían, según el informe de la Organización de las Naciones Unidas, los niveles educativos, la situación económica y el sitio donde se desenvuelven, son algunas de las principales condiciones que hacen a las adolescentes más vulnerables a convertirse en madres a temprana edad.

Al respecto, la UNICEF señala que en nuestro país 6 millones de personas de entre 3 y 17 años de edad no tienen acceso a la educación derivado de la deplorable situación en la que se encuentran, por lo que desde muy pequeños se ven obligados a emplearse para cubrir sus necesidades más básicas, impidiendo así su integración a la vida escolar.

Sin embargo, la situación económica y la falta de educación no pueden ser los únicos elementos que inciden en el aumento de casos de embarazos en adolescentes, pues hoy en día, el acceso a los diferentes medios de comunicación y participación de las redes sociales, han servido para acercar a este sector a la educación sexual necesaria.

Diversas campañas de concientización han sido lanzadas por los diferentes niveles de gobierno a través de sus instituciones, las cuales buscan generar convicción entre los menores de edad para asumir una actitud responsable respecto de su vida sexual.

Lamentablemente hoy en día, se desconoce la causa que provoque que dicho sector poblacional, aun cuando conoce y distingue los distintos métodos anticonceptivos con los que cuenta, así como los sitios a los que pueden acudir sin costo alguno para su suministro, deciden no asistir a los mismos y en consecuencia no utilizarlos.

Según una serie de entrevistas realizadas por la Sociedad Iberoamericana de Investigación Científica, señalan que la principal razón por la que los adolescentes prefieren no asistir a instituciones de salud para solicitar un método anticonceptivo, se debe a la incomodidad que les es causada debido a interrogantes como el número de parejas sexuales, las prácticas sexuales de riesgo, la frecuencia de relaciones sexuales, los antecedentes de embarazo, parto, cesárea o aborto, e incluso, los antecedentes de infecciones de transmisión sexual; situación que aparentemente vulnera la intimidad de los mismos, provocando la negación a la solicitud de información y métodos anticonceptivos.

No obstante, como ya se ha mencionado resulta contradictoria dicha situación, pues hoy en día los adolescentes muestran apertura al conocimiento con independencia de la imposibilidad de tener acceso a la educación, tienen a su alcance toda la información disponible principalmente en internet como un medio informativo de mayor acceso a nivel mundial.

La problemática radica entonces en la falta de concientización de dicho sector poblacional, que percibe como una intromisión a su esfera privada o bien, que se siente excluida de ser afectada no sólo por un embarazo a temprana a edad, sino al contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual.

Debemos provocar consciencia en los menores de edad sobre las situaciones de riesgo a ser contagiado por una enfermedad de transmisión sexual, que no sólo impactará de manera negativa en su salud, sino incluso en su economía; así también, se debe enfocar la atención en hacer énfasis respecto a la responsabilidad que implicará no solo un embarazo, sino la manutención propia y de un nuevo ser humano totalmente dependiente de ellos; propiciando en su mayoría el abandono de estudios para integrarse a la vida laboral, impidiendo así su crecimiento profesional .

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las diferentes autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno a efecto de que se ejecuten mecanismos suficientes y eficaces que garanticen además de la difusión de información sobre los métodos anticonceptivos; la relacionada a las consecuencias de desarrollar una vida sexual activa a temprana edad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de septiembre de 2014.

Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la liberación de presos políticos indígenas, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Cada vez un número mayor tanto de hombres como de mujeres son recluidos en cárceles de los Estados, a quienes se les apresa sin existir prueba alguna que demuestre su responsabilidad en la comisión de los delitos que se les imputan, no se lleva el procedimiento adecuado y reiteradamente la detención se relaciona directamente con su actividad para promover y procurar la protección de derechos de campesinos indígenas.

Mediante la utilización arbitraria de los órganos de procuración de justicia, se recrudece la persecución y criminalización de líderes sociales Indígenas, en este caso, en el estado de Sonora, un integrante de la tribu Yaqui ha sido víctima de este mal, el 11 de septiembre Mario Luna, vocero de la tribu yaqui fue arrestado por cuatro hombres, los cuales en ningún momento se identificaron como autoridad, ni exhibieron orden de presentación alguna, lo trasladaron a Navojoa en lugar de ponerlo a disposición inmediata de la autoridad, violentando con esto sus derechos humanos.

Mario Luna es vocero y autoridad dentro de la tribu Yaqui, quien desde un principio se ha opuesto a la construcción del acueducto Independencia, obra que ha sido impugnada desde su licitación en Sonora.

Los gobiernos estatal y federal han sido cómplices de las acciones corruptas y de omisión que han derivado en malversación de fondos del ejercicio público, acaparamiento y venta de recursos naturales como agua y minerales, sin olvidar grandes lotes en Hermosillo y demás partes de la sierra sonorense, y acciones tan criminales como los tandeos de agua a la población de la capital del estado.

Actualmente la tribu yaqui cuenta con territorio y aguas propias, teniendo reconocimiento mediante decreto presidencial establecido por el gobierno de Lázaro Cárdenas, con la construcción del acueducto se despojaría de agua a la tribu yaqui. Para dicho proyecto no se ha llevado a cabo un estudio mínimo de impacto ambiental y mucho menos justificación alguna.

Mario hace responsable al gobernador Guillermo Padrés, ya que se descubrió que dentro de su propiedad se encuentra una presa, con la cual asegura el riego de sus 700 hectáreas para cultivo del nogal, la cual formaría parte del proyecto del acueducto que se localiza en la parte de Bacanuchi, Municipio de Arizpe, comunidad de las más afectadas por escasez de agua y protagonista del ecocidio provocado por la mina Grupo México.

A la par de la construcción se lleva a cabo una campaña de odio racial contra la Tribu Yaqui y fabrican escenas criminales para desprestigiar a los defensores del río Yaqui.

Otro ejemplo claro de ello es Patishtán, que participaba activamente en la vida política de su municipio, denunciando la corrupción del ayuntamiento y solicitando la destitución del presidente municipal y la creación de un consejo municipal, el cual fue encarcelado por 13 años sin culpa alguna, y fue liberado por un indulto presidencial en Octubre de 2013.

Sin olvidar el caso emblemático de Alberta Alcántara y Teresa González, dos indígenas Otomíes de Querétaro quienes fueron acusadas del secuestro de seis agentes federales y posesión de cocaína en el 2010, quienes después de cuatro años fueran liberadas por falta de pruebas. Como ellas existen muchos casos de mujeres y hombres indígenas que se encuentran en la misma situación de impunidad.

Estos casos son un ejemplo de la forma cada vez más sistemática y reiterada en que se inician acciones penales sin fundamento, en contra de activistas sociales indígenas, no podemos permitir que las autoridades o terceras personas dejen de utilizar el poder punitivo para amedrentar a los activistas sociales.

En México hay actualmente 8 mil 486 indígenas presos, quienes enfrentan problemas de discriminación, una deficiente atención médica y un escaso contacto familiar por la lejanía que suele haber entre los centros penitenciarios y sus comunidades, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La dependencia indicó que las personas indígenas recluidas, de las cuales 8 mil 196 son hombres y 290 son mujeres, también carecen de información sobre los derechos humanos que los asisten y desconocen los beneficios de libertad anticipada que pueden solicitar de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal, es lamentable que en el 80% de los casos, los Indígenas ni siquiera saben el motivo por el cual se les acusa.

Más de 100 grupos étnicos, entre los que destacan náhuatl, tzeltal, tzotzil, zapotecos y mixtecos, pagan condenas por homicidio, violencia intrafamiliar, violación y secuestro, que firmaron sus sentencias sin un intérprete y sin entender ni hablar español.

Se debe acordar el desistimiento de las acciones penales correspondientes y se debe decretar la libertad inmediata de indígenas presos políticos, recluidos en diversos penales del país, debido a la inconstitucionalidad dentro de los procesos y a la violación de sus derechos humanos.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la CNDH a iniciar de oficio las quejas correspondientes hacer respetar los derechos humanos de los presos políticos Indígenas del país.

Segundo. Se exhorta al Titular de la PGR a contar con traductores y el personal calificado que apoyen a los indígenas, para evitar así la violación de sus garantías constitucionales, así como llevar a cabo el no ejercicio de la acción penal y dejarlos en libertad.

Tercero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a decretar amnistía a presos políticos indígenas, en razón de la violación de sus garantías en el debido proceso y sus derechos humanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de septiembre de 2014.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a expedir las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, Sonia Rincón Chanona, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, inciso 2, fracción V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

En México, en promedio cada año se registran cientos de miles de accidentes de trabajo, los cuales van en aumento. Para el año 2003 se registraron 278 mil 525 accidentes1 , según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, para el 2007 se incrementaron a 361 mil 244, pero para 2012 esta cifra aumentó a 434,600, el mayor número de accidentes laborales registrados en nuestro país hasta ese momento.

Respecto a las enfermedades causadas por el trabajo, en 2007 se registraron 2 mil 691 casos2 , pero para el 2012 se incrementó el número de enfermos a 4 mil 853.

Los trabajadores que desarrollan más enfermedades se encuentran en la industria de la extracción de minerales: los mineros de oro, plata, mercurio, antimonio, cobre, plomo y carbón. Así como quienes trabajan en la fundición de hierro y acero y quienes participan en la fabricación de yeso, cal, ladrillos y arcilla.

Las enfermedades más comunes entre estos empleados son hipoacusias y neumoconisis.

Las neumoconisis es una enfermedad causada por la exposición a polvos orgánicos o inorgánicos. “Los trabajadores se exponen al polvo que proviene de las minas cuando las dinamitan, estas partículas llegan a los alvéolos en los pulmones, donde el organismo intenta eliminarlas. Las partículas que se quedan en el organismo van dañando irreversiblemente a los alvéolos y el pulmón se acartona”3 .

“Esta patología tiene dos características importantes: no es reversible y no hay un tratamiento específico; es para toda la vida y deja secuelas importantes. Un porcentaje de ellas son asintomáticas, pero otra parte puede complicarse con tuberculosis, pérdida de peso y dificultad para respirar porque el pulmón está invadido de polvo.”4

Los síntomas de esta enfermedad se manifiestan en la pérdida de la capacidad respiratoria, cansancio e hiperventilación al realizar actividades físicas de bajo impacto como subir escaleras, o atarse los cordones de los zapatos.

Las enfermedades hipoacusias se refieren a la pérdida de la audición y se ocasionan cuando un trabajador se expone a sonidos por arriba de los 90 decibeles por periodos prolongados.

Una persona que se expone a más de 90 decibeles durante cinco años tiene una disminución menor de la audición en los sonidos agudos. A los 10 años, hay una pérdida de la audición más profunda y no sólo afecta a las frecuencias agudas, también a las graves; es decir, a las frecuencias del habla y entonces tu oído ya no escucha bien las palabras. Una exposición de este tipo mayor a 15 años ocasiona sordera manifiesta.

Otros de los trabajadores que más enferman en su trabajo son los de la industria textil, cuya principal dolencia es causada por enfermedades musculares y esqueléticas como sinovitis, tenosinovitis, bursitis y entesopatias.

Muchos movimientos repetitivos en la industria generan que la articulación se vaya lesionando. Si tecleas durante seis horas en la computadora o estás trabajando con un anillo neumático, estás recibiendo una vibración y golpeteo constante en tus articulaciones, y llega un momento en que se inflaman y comprimen el nervio y la circulación.

Estos padecimientos se manifiestan con adormecimiento, dolor y falta de sensibilidad en el área. El tratamiento para esta enfermedad incluye rehabilitación física y en algunas ocasiones cirugía.

En 2011, las enfermedades de trabajo en todas las industrias causaron 7 mil 93 casos de invalidez permanente y seis muertes5 .

Además de las dolencias físicas, también existen riesgos por fatiga y estrés, de los que existen pocos registros porque la gente no está acostumbrada a calificarlos como padecimientos y los considera parte de sus trabajos.

El mayor número de muertes entre trabajadores corresponde al sector de la transportación terrestre, en el que mueren cuatro de cada 10 mil trabajadores al año. En segundo lugar se ubica el sector de la construcción y obras con un índice de dos por cada 10 mil.

Para aquellos que trabajan en el sector de la transportación, algunos de los accidentes de tránsito más comunes se registran en repartidores y mensajeros que viajan en moto con 5 mil 161 accidentes anuales y mil 416 en conductores de camiones pesados6 .

La principal causa de muerte por accidente en trabajadores mexicanos en todos los sectores son los traumatismos en la cabeza, que representan poco más del 50 por ciento de las muertes. En segundo lugar se ubican los traumatismos de tórax con el 12 por ciento de las defunciones7 .

Las personas que sufren más accidentes en el trabajo son los vendedores en tiendas de autoservicio (6 de cada 100), seguidos por los trabajadores en la compra y venta de alimentos bebidas y tabaco (5 de cada 100). En tercer lugar se ubican quienes preparan alimentos y bebidas, las personas que trabajan en la fabricación de productos metálicos y en la construcción (4 de cada 100).

Algunos de los accidentes más recurrentes son: golpes, aplastamientos, accidentes con equipos y maquinaria, y caídas. El 25 por ciento de estos accidentes resulta en traumatismos superficiales, el 23 por ciento en luxaciones, esguinces y desgarres, el 18 por ciento en heridas.

Las heridas en la muñeca y mano son las más frecuentes (13 por ciento), seguidas de las luxaciones y torceduras en el tobillo y pie (6.8 por ciento).

Ahora bien, el Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, de los mexicanos de acuerdo al artículo 1o. de la Carta Magna.

El artículo 123, en su fracción XXIV dice: “Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen”.

Para dar cumplimiento a estos mandatos, se crearon las Tablas de Enfermedades de Trabajo y de Valuación de Incapacidades Permanentes resultantes de los riesgos de trabajo.

Las tablas, mismas que aparecían en la Ley Federal del Trabajo hasta antes de la reforma a finales de 2012, y que estaban plasmadas en los artículos 513 y 514, tienen una relevancia muy importante, ya que son estas la base para que se tasen las incapacidades y los pagos por riesgo de laboral.

Estas tablas contienen 161 padecimientos considerados como “enfermedades de trabajo”, sobre las cuales se trazan la ruta por la cual deben actuar los médicos legistas al momento de otorgar las características de incapacidad, así mismo contienen, 409 valuaciones por “incapacidades permanentes” la que determinan el monto de pago de las incapacidades “permanentes” resultante de los riesgos de trabajo.

De acuerdo con la reforma laboral, la cual fue publicada en el 30 de noviembre de 2012, en el Diario Oficial de la Federación, en su artículo 513, primer párrafo, dice “La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, previa opinión de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, actualizará las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes resultante de los riesgos de trabajo, mismas que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y serán de observancia general en todo el territorio nacional.

Además, el artículo cuarto transitorio, especifica el tiempo; a la letra dice: “La Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá expedir las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo, en un término de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto se seguirán aplicando las tablas a que se refieren los artículos 513 y 514 que se reforman”.

El caso es que con esa reforma, desapareció de la Ley Federal del Trabajo, la tabla de evaluación de las incapacidades permanentes resultante de los riesgos de trabajo. Por lo que hoy en día los trabajadores no pueden encontrar esa tabla importante para tener conocimiento de sus derechos.

No obstante, de acuerdo al transitorio mencionado, la Secretaría tenía 6 meses para publicar las nuevas tablas, es decir, debió haberlas publicado a más tardar el 30 de mayo de 2013, pero han pasado más de un año y nueve meses, y no se ha publicado nada al respecto.

Es por ello la urgencia de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, proceda de acuerdo a como lo mandata la ley, ya que los trabajadores deben tener pleno conocimiento de los beneficios a que tiene derecho.

Por lo expuesto someto a consideración del pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, expedir las Tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo.

Notas

1 http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/estadisticas/Nacional%202003- 2012.pdf

2 Ibídem.

3 Doctora Guadalupe Aguilar, investigadora en temas de Salud en el Trabajo del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

4 Doctor Pablo Rojas, médico especialista en medicina laboral.

5 http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/estadisticas/Nacional%202003- 2012.pdf

6 Ibídem.

7 Ídem.

México, DF, a 18 de septiembre de 2014.

Diputada Sonia Rincón Chanona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a realizar campañas permanentes dirigidas a las personas con discapacidad visual para prepararlas con un método desarrollado previamente sobre la correcta y fácil identificación, compra, manejo y almacenamiento de medicinas, suscrita por los diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal a realizar a escala nacional campañas permanentes dirigidas a las personas con discapacidad visual para capacitarlas en un método que desarrolle previamente sobre la correcta y fácil manera de identificación, compra, manejo y almacenamiento de los medicamentos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la actualidad, la universalidad en el acceso a oportunidades de desarrollo personal y profesional, y a bienes y servicios es fundamental para el adecuado desarrollo de la sociedad.

Por ello, el interés especial que debe prevalecer en la atención de las necesidades de cada grupo que la integran es y debe ser en todo momento el eje rector de cualquier política pública incluyente.

Sin embargo, hay particularidades que en la materia hemos dejado de lado debido a que perdemos la capacidad de valorar aquellas actividades imprescindibles para el desarrollo de cualquier persona y que por formar parte del día a día, la cotidianidad las oculta.

Actividades que generalmente consideramos simples, indistintas o carentes de valor; las cuales en la vida de otra persona su ausencia puede significar el entorpecimiento de su desarrollo, un limitante o bien, un factor que incluso puede poner en riesgo su salud y su vida.

Un ejemplo de ello es la identificación, compra, manejo y almacenamiento de los medicamentos para las personas con discapacidad visual.

Para quienes no tenemos la ausencia del sentido de la vista, es muy fácil salir en busca de nuestros medicamentos, suministrárnoslos, guardarlos y tomar las debidas medidas para su correcto almacenamiento, pero para una persona con discapacidad visual, todo lo anterior implica un reto que representa una limitante y un factor negativo que expone su salud y su derecho de cuidar de ella.

Es necesario recordar la definición que la Organización Mundial de la Salud (OMS) da sobre discapacidad, cualquiera que sea, para estar en condiciones reales de darle la debida importancia:

la discapacidad se define como “toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano”.1, 2

Por lo anterior podemos afirmar que el correcto uso de los medicamentos, su administración y almacenamiento dejo de ser una medida exclusiva de los hospitales y del personal médico.

No podemos desde esta soberanía ni como sociedad omitir o postergar la atención de esa deuda pendiente con las personas con discapacidad visual, si en verdad estamos comprometidos en apoyar y garantizar para todos la integración en igualdad de oportunidades.

Ésta, como cualquier otra discapacidad no sólo debe representar un reto para quien la padece, sino también un compromiso social que nos involucre a todos en corresponsabilidad.

La situación no es menor, y exige un especial esfuerzo institucional para su atención, iniciando porque no sea evaluado por criterios de costo económico y sus implicaciones presupuestales, sino por el beneficio social y común que traería para todos.

Basta mencionar que en la mayoría de los hogares se cuenta con un botiquín de medicamentos incluso con la capacidad de generar daños permanentes en la salud por administrarse sin la supervisión de un profesional de la salud.

Por ello, los problemas de una sobredosis o automedicación son cada vez más recurrentes en las salas de urgencias médicas.

Además, se tiene registrado que en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hay más de 5 millones de mexicanos con algún tipo de discapacidad; es decir más de 5 por ciento de la población.3, 4

Gracias a esta información se sabe que 58 por ciento presenta discapacidad motriz que afecta su caminar o capacidad de moverse, 27 por ciento visual y más de 12 por ciento entre auditiva y de lenguaje.5 Y que de cada 100 personas discapacitadas

• 32 la tienen por haber sufrido una enfermedad.

• 23 la desarrollaron por edad avanzada.

• 19 la adquirieron durante el embarazo o al nacer.

• 18 como lesión a consecuencia de un accidente.

• 8 por otras causas.

Lo anterior indica que nos estamos refiriendo a un sector importante de la población con la segunda discapacidad más significativa en el número de casos, de factores de incidencia y de prevalencia. Ello, porque la pérdida de la vista es cada vez más consecuencia del deterioro de la salud en el individuo.

Y todo se proyecta para que en un futuro no tan lejano ésta se posicione como la primera o muy cerca de la primera discapacidad en los mexicanos.

Las cifras sobre la discapacidad visual en la población total son contundentes:6

• De quienes sufren de discapacidad visual, 18 por ciento no rebasa 30 años de edad.

• 35 por ciento está en el rango de edad de entre 31 y 60 años.

• El restante 47 por ciento es mayor de 60 años.

• De la población con discapacidad, 58.4 por ciento carece de acceso a servicios de salud (se automedica).

• De la población escolar, 20 por ciento presenta problemas visuales y 100 por ciento de las personas de 45 años y más los presenta.7

• Finalmente 1 millón 292 mil 201 mexicanos padecen discapacidad visual.

Esto cobra especial relevancia y signos alarmantes de preocupación si consideramos que desde hace unos años, somos el país con el primer lugar en obesidad desde la infancia y hasta adultos; y una consecuencia de padecerla es la preponderancia a desarrollar la diabetes –a la fecha más de 15 millones de mexicanos la padecen–,8 la que hoy es la primera causa de pérdida o disminución de la capacidad visual por motivo de enfermedad, llamándose el padecimiento como edema macular diabético.

Por ello, el sector de la población que sufre de una vista reducida o completamente ausente, es importante. Y más allá de asumirse como estadísticas, se trata de personas que tienen los mismos derechos y opciones de desarrollo que todos.

¿Qué les estamos ofreciendo para la correcta atención de su salud?

Muy poco o más bien casi nada.

El antecedente legislativo mediato que encontramos sobre la atención de este tema es reciente y corresponde al 28 de octubre de 2010, cuando la entonces diputada Margarita Liborio Arrazola presentó una iniciativa de reforma al artículo 29 de la Ley General de Salud para “establecer que en el empaque o envase del medicamento, mediante marcas en relieve, se deberá incluir el nombre del mismo, la sustancia activa en lenguaje braille, con el objetivo de que la población con discapacidad visual cuente con mayores elementos que le permitan una fácil identificación del medicamento”,9 la que fue aprobada el 8 de diciembre del mismo año para darle turno correspondiente; sin embargo, después de casi cuatro años no se ha llevado a cabo.

Se dejó olvidado el espíritu de tan noble iniciativa, quizás incluso se hizo conscientemente por asumirlo como no importante o necesario.

Estamos exponiendo a este importante rubro poblacional a una medicación deficiente, incorrecta y peligrosa, un mal manejo y almacenamiento de sus medicamentos. Les limitamos su capacidad de cuidar su salud sin depender necesariamente de alguien más.

Por ello creo necesario persistir en el tema y exhortar a la autoridad correspondiente a que de manera permanente ofrezca en todo el territorio nacional, campañas de capacitación para las personas con discapacidad visual en la fácil y correcta identificación, compra, manejo y almacenamiento de los medicamentos.

Realizar lo anterior y garantizar su efectiva aplicación es una deuda pendiente en materia de inclusión, más que una prebenda, para los mexicanos que sufren de una discapacidad visual.

Y sin duda alguna, es también una garantía futura para quienes estamos expuestos a padecerla.

Esta soberanía debe asumir su responsabilidad, dándole el debido seguimiento.

Por lo expuesto se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal a realizar a escala nacional campañas permanentes dirigidas a las personas con discapacidad visual, para capacitarlas en un método que desarrolle previamente, sobre la correcta y fácil manera de identificación, compra, manejo y almacenamiento de los medicamentos.

Notas

1 Definición de discapacidad. Organización Mundial de la Salud, 2010.

2 Diputada Rocío Corona Nakamura. Iniciativa Accesibilidad. Gaceta Parlamentaria, 7 de noviembre de 2013.

3 Censo de Población y Vivienda, 2010. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

4 Diputada Rocío Corona Nakamura. Iniciativa Accesibilidad. Gaceta Parlamentaria, 7 de noviembre de 2013.

5 Diputada Rocío Corona Nakamura. Iniciativa Accesibilidad. Gaceta Parlamentaria, 7 de noviembre de 2013.

6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

7 Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Colegios y Consejos de Optometría, AC.

8 Secretaría de Salud.

9 Gaceta Parlamentaria, 28 de octubre de 2010. Cámara de Diputados.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2014.

Diputados: María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Rafael González Reséndiz.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a difundir medidas de protección financiera y estimaciones para solventar el costo de las pérdidas y los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales como los sismos, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada en los artículos 3o., fracción XIX; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea los siguientes puntos de acuerdo con base en las siguientes

Antecedentes

1. El Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden) tiene como objeto la realización de acciones y mecanismos tendientes a reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo originados por fenómenos naturales sobre la vida y bienes de la población, los servicios públicos y el medio ambiente; esto, a partir de la coordinación y coinversión entre las autoridades federales y locales. Se encuentra integrado por el programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales del Ramo General 23, “Provisiones Salariales y Económicas”, previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, que funcionará como fuente de financiamiento para transferir los recursos al fideicomiso preventivo a que se refiere el artículo 32 de la Ley General de Protección Civil a fin de que todos los proyectos preventivos se aprueben con cargo al patrimonio de este último. La unidad operativa para el Fopreden es la Dirección General del Fondo para la prevención de desastres naturales, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil DOF 23/12/2010.

2. El Sistema Nacional de Protección Civil, a cargo de la Secretaría de Gobernación, en la actualidad carece de la infraestructura suficiente, adolece de capacidades institucionales, fondos y ordenamientos jurídicos que le impiden responder con la eficacia requerida ante contingencias naturales y de otro tipo. Además, enfatiza primordialmente una actuación reactiva, orientada a atender las consecuencias de estos eventos una vez ocurridos, y con un componente preventivo incipiente. Por ello, es necesario fortalecer la prevención con un enfoque estratégico de gestión de riesgos, las capacidades institucionales y de cooperación internacional, los instrumentos financieros y el marco jurídico, además de promover el desarrollo de una sociedad resiliente.

3. La Ley General de Protección Civil establece que los atlas de riesgo constituyen el marco de referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de la Gestión Integral del Riesgo. Sin embargo, el Atlas Nacional de Riesgos existente adolece de información actualizada y completa, resultado, entre otros, de las limitaciones económicas de los gobiernos estatales para elaborar sus atlas que sirven de base para el nacional. Destaca, por ejemplo, la falta de información precisa en zonas con peligro y vulnerabilidad de alto nivel ante los fenómenos que amenazan a la población y las acciones para prevenir desastres.

4. Otra de las debilidades para lograr el principal objetivo del Fopreden por lo que hace a la prevención es la mínima participación social en el Sistema Nacional de Protección Civil, dada la escasa promoción a la cultura de protección civil, por lo cual es necesario impulsar mecanismos de participación que integren a grupos voluntarios vecinales, y sectores privado, social y académico en los objetivos del Sistema.

5. En materia preventiva se requiere ampliar la cobertura de los sistemas de alerta temprana para incrementar la capacidad de respuesta y anticipación a fenómenos perturbadores, contemplando el uso de tecnologías para incrementar el conocimiento de la población sobre los sistemas de alertamiento.

6. Por otro lado el marco jurídico del fondo, incorpora la política de la gestión integral de riesgos, la normatividad estatal y municipal es aún heterogénea. Lo anterior limita la coordinación entre los diferentes programas y protocolos de respuesta de protección civil.

7. En la Cuenta de la Hacienda Pública no se registra en los años 2011, 2012 y 2013 el programa presupuestario para el Fopreden.

Consideraciones

1. El territorio mexicano se encuentra dividido en cuatro zonas sísmicas, mismas que son un reflejo de que tan frecuentes son los sismos en las diversas regiones y la máxima aceleración del suelo a esperar durante un siglo. En la gráfica siguiente se puede observar las zonas de acuerdo a las clasificaciones:

Fuente: Servicio Sismológico Nacional

Zona A: es una zona donde no se tienen registros históricos de sismos, no se han reportado sismos en los últimos 80 años y no se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10 por ciento de la aceleración de la gravedad a causa de temblores.

Zona D : es una zona donde se han reportado grandes sismos históricos, donde la ocurrencia de sismos es muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70 por ciento de la aceleración de la gravedad.

Zonas (B y C) : son zonas intermedias, donde se registran sismos no tan frecuentemente o son zonas afectadas por altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 70 por ciento de la aceleración del suelo. Aunque la Ciudad de México se encuentra ubicada en la zona B, debido a las condiciones del subsuelo del valle de México, pueden esperarse altas aceleraciones.

2. El Servicio Sismológico Nacional para el mes de agosto del presente reportó la ocurrencia de 833 temblores con epicentros dentro de territorio mexicano. Las magnitudes de estos eventos se encuentran en un rango de 2.1 a 5.4. La sismicidad se distribuye principalmente en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco, Veracruz, en la península de Baja California y en los estados norteños de Nuevo León, Chihuahua y Sonora.

3. A partir de 1990, el servicio sismológico nacional en su portal reporta en el rubro de estadísticas de los sismos registrados, donde se destaca al menos 3 sismos promedio por año con intensidad mayor a 5.5 grados, cabe destacar que el año que registra mayores movimientos es el 2012 con 11 sismos.

4. Por tratarse de un país cuya geografía es de características altamente sísmicas y de mayor vulnerabilidad social, es conveniente considerar en la planeación, las estimaciones cuantitativas del riesgo, que necesariamente se expresan en términos económicos y humanos, asegurando con ello las medidas de protección financiera para solventar el costo de las mencionadas perdidas.

5. Para 2012, ocurrió un sismo de 7.4 grados, movimiento registrado por el Servicio Sismológico Nacional como el más fuerte, después del ocurrido en septiembre de 1985, por lo que el sector asegurador mexicano calculo pérdidas hasta por 2 mil 70 millones de pesos. Esto, de acuerdo con el sistema de estimación de pérdidas y de cálculo de reservas técnicas, que utilizan las compañías aseguradoras para calcular un estimado de las pérdidas aseguradas con base en la magnitud de un sismo, utilizando la cartera asegurada en el país y calculando el impacto a todos los bienes asegurados, sin embargo, no deja de ser una estimación que no tiene relación con los daños reales sufridos por el sismo.

6. Lo anteriormente expuesto en observancia a lo señalado en los artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: Se solicita al secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, que haga del conocimiento público las medidas de protección financiera y estimaciones necesarias para solventar el costo de las perdidas y daños materiales ocasionados por fenómenos naturales, como los sismos, el caso particular del “Fondo para la prevención de desastres naturales (Fopreden)”, toda vez que se trata del recurso etiquetado de mayor importancia en la materia, considerando el aspecto cuantitativo del riesgo y la vulnerabilidad social de las 4 zonas sísmicas del país, dado que México por su posición geográfica, representa un mayor peligro para la población en general.

Segundo: Se solicita al secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, a que amplié la cobertura de los sistemas de alerta temprana para incrementar la capacidad de respuesta y anticipación a fenómenos perturbadores, contemplando el uso de tecnologías para incrementar la participación social y el conocimiento de la población sobre los sistemas de alertamiento, ante la eventualidad de movimientos telúricos.

Tercero: Se solicita al secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, hacer del conocimiento público la evolución del presupuesto programado y ejercido del Fopreden en los últimos tres años. Toda vez que se desconoce el monto de dicha herramienta financiera para la mitigación del daño.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2014.

Diputados: José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Roberto López Suárez, Guillermo Sánchez Torres.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades ambientales de los tres niveles de gobierno a implantar campañas de información sobre las afectaciones a la salud humana y al ambiente, así como la creación de instrumentos eficientes que garanticen el acceso a los programas alternativos, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Ricardo Astudillo Suárez, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1 fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Para la mayoría de las ciudades de América Latina, el uso de automóviles es la principal causa de las emisiones de óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y dióxido de azufre, considerados altamente nocivos para la salud y la calidad de vida.

Si bien los accidentes viales tienen un alto impacto inmediato y evidente en la salud de las personas, la contaminación es un peligro menos visible, pero no por ello menos nocivo. Las muertes por esta causa han ido en aumento, al menos en las 2 últimas décadas se incrementó hasta un 11 por ciento según el estudio “El transporte para la salud – La carga global de las enfermedades por el transporte vial motorizado”.

Asimismo, a nivel mundial al año se producen 1 millón 300 mil muertes y más de 78 millones de lesionados por accidentes de tránsito; por lo que hace a México, la tasa de mortalidad por dicha causa es de 18 por cada 100 mil personas.

Por lo que si se suman las cifras de las muertes por accidentes y las de contaminación vehicular, se colocaran como la sexta causa de muerte a nivel mundial, por encima de padecimientos de salud como la diabetes e incluso el VIH.

Si bien la política nacional en materia de desarrollo económico, trabaja constantemente en la inclusión de la sociedad a través del otorgamiento de oportunidades para que todos los mexicanos tengan acceso a bienes que faciliten su vida cotidiana, lo cierto es que hoy en día la facilidad con la que puede obtenerse un auto para uso particular trae consigo diversos perjuicios.

Hasta el año 2013, el parque vehicular en nuestro país fue de 29.19 millones de unidades y se estima que para el año 2020, éste tenga un volumen de 39.72 millones de unidades.

Dicha situación, refleja una grave problemática, pues la elevada cifra de automóviles transitando principalmente en las ciudades, trae consigo afectaciones importantes para la sociedad en general; como se ha referido, han ido en aumento las enfermedades provocadas por la contaminación vehicular, así también, a ello hay que sumarle los impactos ambientales por la desmedida emisión de contaminantes que se encuentran en el aire, y no menos importante, la situación de caos que a diario enfrentan los ciudadanos por el uso desmedido de automóviles que provocan altos niveles de tránsito vehicular en casi todas las horas del día, haciendo difícil el traslado a los propios usuarios, y en ocasiones, dificultando el libre tránsito de unidades de rescate como ambulancias, bomberos y seguridad pública.

Derivado de dicha complejidad y urgencia de la situación, fue necesario establecer el día 22 de septiembre de cada año, como el Día Mundial sin Autos, como un mecanismo de acción cuya finalidad primordial es crear consciencia en los ciudadanos respecto de los efectos negativos propiciados por el aumento acelerado del parque vehicular en las ciudades.

Ejemplo de las acciones que se llevan a cabo en el marco de la celebración de este día, son los programas de transporte público limpio, la creación del servicio de transporte colectivo metrobús y el programa ecobici, los cuales buscan otorgar una alternativa a los ciudadanos para que declinen en el uso de sus vehículos y optando por la utilización de medios de transporte, lo que además de reducir contaminantes y tránsito vehicular, sin duda incentiva a la sociedad a movilizarse contribuyendo así a su salud.

Sin duda, dichos programas son mecanismos con una alta probabilidad de éxito, sin embargo, hoy en día se siguen viendo como una segunda alternativa y no como la prioridad para lograr disminuir los impactos negativos, tanto en la salud como en el medio ambiente.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que implementen campañas de información y concientización respecto de las afectaciones a la salud humana y en general al medio ambiente, así como a la creación de mecanismos eficientes que garanticen el acceso a la sociedad a los diferentes programas alternativos de movilidad para lograr la disminución de las afectaciones en general.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de septiembre de 2014.

Diputado Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la PGR, de la Sedena y de la CNDH a emprender acciones en torno a los hallazgos relacionados con el asesinato de 22 civiles en Tlatlaya, México, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución, conforme a las siguientes:

Consideraciones

Associated Press, la agencia de noticias más poderosa de Estados Unidos publicó el pasado 11 de julio a través de un reportaje que existe evidencia de que elementos del Ejército mexicano colocaron en un paredón (improvisado dentro de una bodega) a 22 presuntos delincuentes, fusilándolos en Tlatlaya, Estado de México.

El reportaje mencionaba en aquella ocasión que tal suceso no era el primero en que las Fuerzas Armadas del país, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, daban a conocer “enfrentamientos” poco creíbles, en donde pudieron darse otras ejecuciones.

“Marcas de bala y manchas de sangre en las paredes dentro de una bodega de almacenamiento de grano en las montañas del sur de México cuentan una historia sombría de muerte que implica soldados y presuntos delincuentes. Puede no ser la historia que cuentan los mismos funcionarios”, dice.

“La Secretaría de la Defensa (Sedena) sostiene que los soldados estaban patrullando en uno de los rincones más violentos y sin ley del país el 30 de junio, cuando fueron atacados desde un almacén en el que un grupo de 21 hombres y una mujer estaban escondidos. Un soldado resultó herido, pero todos los sospechosos fueron asesinados.”

“El tiroteo fue el más dramático de una serie de batallas en las que el Ejército afirma que los delincuentes dispararon primero contra los soldados; que luego los mató a todos, mientras sufría pocas o nada de pérdidas. Ha habido muchos incidentes de este tipo, que hacen que los grupos y los analistas de los derechos humanos duden de la versión de los militares”, sostiene.

El reportaje, firmado en San Pedro Limón, Tlatlaya, sugiere que los orificios y las manchas de sangre en la pared de la bodega no fueron producto de un enfrentamiento entre sicarios y militares, sino de una sanguinaria ejecución por parte de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Las manchas de sangre y los orificios de bala en los muros de hormigón observados por periodistas de The Associated Press tres días después del tiroteo plantean interrogantes acerca de si todos los sospechosos murieron en el enfrentamiento o después de que terminara. La bodega en la que fueron encontrados muchos de los cadáveres no tenía muchas evidencias de que el enfrentamiento fuera prolongado”, se lee en el reportaje difundido en diarios estadunidenses.

Un testigo anónimo entrevistado por los reporteros de AP dijo que oyó disparos y golpes durante casi dos horas la madrugada del 30 de junio. Después de que se silenciaron los disparos observó a los soldados merodeando en los cerros.

No había indicios de un tiroteo intenso dentro del edificio, “pocos orificios de bala y ningún casquillo, pero sí había muchas evidencias de muertes”, dice el reportaje. “El piso estaba manchado de sangre y se veían dispersas hojas de papel numeradas que los investigadores dejaron para marcar dónde se habían hallado los cadáveres, la mayoría cerca de las paredes”.

Los agujeros de bala en las paredes rodeados de sangre “dan la impresión de que las personas en el interior estaban de pie frente a la pared y fueron alcanzadas por uno o dos disparos a la altura del pecho”.

La Sedena justificó en aquel entonces la matanza en un escueto comunicado difundido la tarde del 30 de junio: “En el evento (sic) se liberaron a tres mujeres secuestradas y se decomisaron 38 armas”.

Ahora, dos meses más tarde, Julia testigo del suceso, entrevistada por Esquire México, asegura que fueron los soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron, afirmando además que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron. En las horas siguientes, afirma, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron.

“Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (...) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (...) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (...) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”.

En su comunicado del 30 de junio, la Sedena informó que en el suceso se decomisaron 38 armas –25 largas y 13 cortas, además de una granada de fragmentación– y se liberaron a tres mujeres secuestradas. Una de ellas, aunque sus nombres no han sido dados a conocer por las autoridades, era Julia. No obstante, ella afirma que nunca estuvo secuestrada. Sólo un soldado resultó herido, dijo la Sedena.

El enfrentamiento previo dejó al menos dos heridos, dice Julia, quien pidió mantener su nombre en secreto por temor a represalias. Eran una muchacha y un muchacho. El comunicado de la Sedena no informa sobre ningún presunto delincuente herido en la refriega, sólo que todos murieron en el intercambio de disparos.

La joven Erika Gómez González, de 15 años, recibió un balazo en la pierna y quedó tirada en el suelo, de acuerdo con Julia. La testigo afirma que minutos más tarde los soldados la remataron: “La mataron ahí mismo y también al muchacho que estaba al lado de ella. A él lo pararon de este lado y lo mataron, después se pusieron los guantes y lo volvieron a acomodar como estaba. Se pusieron guantes para agarrarlo. Lo pararon y lo mataron. Con ella hicieron lo mismo. A ella no la pararon porque no podía caminar”.

La Sedena informó en su comunicado que después del enfrentamiento los soldados liberaron a tres mujeres secuestradas. Julia constató que dentro de la bodega había dos mujeres además de ella. Dice que las otras dos ya estaban allí cuando ella llegó y niega haber sido secuestrada. Durante el enfrentamiento los muchachos pensaron en simular el secuestro de las dos mujeres y de dos de ellos. Julia recuerda que los muchachos ataron a las mujeres a fin de simular el secuestro y que ellas empezaron a gritar “¡No nos maten, no nos maten, estamos secuestradas!”. Finalmente el grupo se rindió. Durante el enfrentamiento, Julia se escondió en uno de los carros.

La Sedena dijo que el enfrentamiento empezó a las 5:30 de la mañana del lunes. Julia dice que empezó como a las 3:00 de la mañana y que duró unos 30 minutos. La rendición habría tomado media hora más. En las siguientes dos horas después de la rendición, calcula Julia, los soldados mataron a 19. Cuando ya estaba amaneciendo –como a las 7:00 de la mañana, dice Julia– mataron a los dos hombres que habían fingido el secuestro. Las mujeres fueron detenidas, al igual que Julia, y hasta el momento se desconoce el paradero de las otras dos.

La Sedena y la PGR se han dicho dispuestas a atender el llamado que varias instancias han realizado, particularmente a la presión extranjera que Barak Obama, presidente de Estados Unidos, ha realizado.

En comunicados aparte, emitidos casi de forma simultánea, ambas dependencias aseguraron conducirse “con pleno respeto a los derechos de las personas”, así como alcanzar “una indagatoria completa y profunda para llegar a la verdad” de lo ocurrido el lunes 30 de junio en la comunidad de Pedro Limón, en el municipio mexiquense de Tlatlaya.

No obstante, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reiteró que la muerte de 22 jóvenes se registró luego de que personal militar repelió una agresión armada.

“El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos refrendamos nuestro compromiso de cumplir con las misiones asignadas con estricto apego a la ley y a las directivas giradas para que en todo momento se preserve la vida y la seguridad de las personas, respetando invariablemente los derechos humanos”, acotó la Sedena.

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que se mantiene abierta una averiguación previa por la muerte de los 22 civiles.

“La seriedad con que esta administración toma en cuenta la aplicación de las reglas elementales en el procedimiento de búsqueda de la justicia, obliga a una investigación completa y profunda para llegar a la verdad”, detalló la dependencia que encabeza Jesús Murillo Karam.

“Nuestra responsabilidad es precisar con claridad si las conductas del caso se apegaron a derecho y con respeto absoluto a los derechos humanos”, asumió la PGR.

Ante estos hechos, se debe proceder a una investigación a fondo, adecuada, exhaustiva y transparente; que esclarezca los hechos, pues dados los últimos acontecimientos es presumible que las evidencias no han sido completamente consideradas, y que la actuación de los militares fue sumamente irregular.

Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

La honorable Cámara de Diputados:

Primero. Exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, a que, en el marco de sus responsabilidades, gire instrucciones para que la investigación del asesinato de las 22 personas en Tlatlaya, sea resuelto de manera expedita, bajo los más altos estándares y en observancia del respeto a los derechos humanos de las y los familiares durante todo el proceso de las investigaciones.

Segundo. Exhorta al Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda a que, en el marco de sus responsabilidades, gire instrucciones para que la investigación del asesinato de las 22 personas en Tlatlaya sea resuelto de manera expedita, bajo los más altos estándares y en observancia del respeto a los derechos humanos de las y los familiares durante todo el proceso de las investigaciones, atendiendo en todo momento la debida jurisdicción en el caso de los militares que sean encontrados responsables.

Tercero. Exhorta al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, a que inicie la investigación correspondiente al asesinato de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, y a emitir la Recomendación correspondiente, protegiendo a las víctimas secundarias del caso, y garantizando la debida reparación del daño.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de septiembre de 2014.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE a difundir las acciones realizadas o en marcha respecto al derrame de productos químicos responsabilidad de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, que contaminó con 40 millones de litros las aguas del río Sonora y zonas aledañas, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, diputada Cristina Olvera Barrios, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción III, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Economía para que haga públicas las acciones que en el ámbito de sus responsabilidades ha llevado a cabo o está llevando a cabo en relación con el derrame de producto químicos de la Mina Buenavista del Cobre del Grupo México, ubicada en el municipio de Cananea, Sonora, con base en las siguientes:

Consideraciones

Todos hemos sido testigos de los efectos desastrosos que ha ocasionado el derrame de diversos productos químicos responsabilidad del Grupo México al contaminar los Ríos Sonora y Bacanuchi, que tuvo lugar el día 6 de agosto del presente año.

Al suceder este derrame, en un principio la información que fluyó al respecto fue confusa, contradictoria y evidentemente incompleta, tanto que el Grupo México, propietario de la Mina Buenavista del Cobre responsable del derrame, declaró que éste no era su responsabilidad ya que se había originado por un exceso de lluvias que no es posible controlar, por lo tanto este evento derivaba de un hecho imponderable.

Posteriormente, se hicieron públicas diversas versiones sobre las causas del derrame, la magnitud del mismo, los productos derramados y los daños que ocasiona, tanto en el corto como en el largo plazo.

Es cierto, que debido al derrame de 40 millones de litros de productos químicos, que básicamente contienen sulfato de cobre y ácido sulfúrico se han contaminado las aguas del Río Sonora y Bacanuchi, como las tierras y los mantos freáticos de las áreas aledañas, poniendo en grave peligro a la población, toda vez que se ha señalado que los pozos que abastecen el agua para usos domésticos en las áreas afectadas están gravemente contaminados haciendo imposible su uso, y tampoco es posible llevar a cabo las actividades agropecuarias en la zona contaminada ya que las prácticas de agricultura no son viables y la subsistencia del ganado corre grave peligro porque tanto las tierras como el agua se encuentran contaminadas.

Ante esta delicada situación, las autoridades Federales, Locales y Municipales que tienen competencia en estos accidentes han intervenido en el ámbito de sus responsabilidades para proteger en primera instancia la vida y los bienes de todas aquellas personas que se han visto afectadas y, con la participación de la Semarnat, la Profepa, las autoridades estatales y municipales, se atiende la materia ambiental.

Las autoridades señaladas se han referido a las causas del derrame y a las medidas a implementar para atenderlo y Grupo México ha aceptado su responsabilidad; pero pese a la intervención de las autoridades federales, es importante señalar la omisión o poca importancia que le ha dado la Secretaria de Economía, respecto de las medidas que habrán de implementarse para resarcir y reparar el daño ambiental causado, al igual que el daño patrimonial que han sufrido los afectados-

Ante lo delicado de esta situación esta Cámara de Diputados, con fecha 26 de agosto del presente, tomó el acuerdo de crear una Comisión Especial para dar seguimiento a las acciones que se implementen en este delicado asunto y, recientemente rindió un informe sobre la situación que prevalece en la zona afectada pero, nos llama la atención de manera particular que, ni en el informe que rindió la citada Comisión, ni en las diversas declaraciones de las autoridades federales que han intervenido se hace mención alguna de la Secretaría de Economía.

Queremos destacar que la propia Secretaría de Economía no se ha pronunciado en ningún momento sobre el derrame en cuestión y se ha mantenido totalmente ajena y al margen de esta catástrofe ambiental, ignorando tanto a los directamente afectados como a la población en general.

Esta actitud inaceptable de mantenerse al margen de este derrame o el injustificado silencio que ha guardado al respecto, reviste de graves consecuencias, toda vez que en términos de las fracciones XXVII y XXIX del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Economía formular y conducir la política nacional en materia minera, así como otorgar las concesiones, autorizaciones y asignaciones en materia minera; por ello, estando precisadas las causas para cancelar una concesión en la propia Ley Minera, corresponde a la Secretaría de Economía su aplicación, con el propósito de otorgar o cancelar concesiones para la explotación minera.

Aun siendo su responsabilidad en esta materia, la citada dependencia no se ha pronunciado a pesar de que existen peticiones de los afectados, de los presidentes municipales de los municipios que han sido afectados y diputados federales a través de la comisión especial, para la suspensión o en su caso, la cancelación de la concesión y es por ello que derivado de ese injustificado silencio todo el país ignora lo que al respecto está haciendo el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Economía.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante este honorable pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Economía para que haga públicas las acciones que en el ámbito de sus responsabilidades ha llevado a cabo o está llevando a cabo en relación con el derrame de productos químicos responsabilidad de la Mina Buenavista del Cobre del grupo México, que contaminó con 40 millones de litros las aguas del Río Sonora y las zonas aledañas de los municipios Arizpe, Banámichi, Aconchi, Huépac, San Felipe, Baviácora y Ures.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 23 días del mes de septiembre de 2014.

Diputada Cristina Olvera Barrios (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a hacer del conocimiento público el protocolo de seguridad para las oficinas públicas a fin de ayudar a las dependencias a identificar y mitigar apropiadamente los riesgos en los respectivos centros de trabajo, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XIX; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo con base en las siguientes:

Antecedentes

1. A partir del sismo de 1985, en México surgieron diversas iniciativas para crear una institución que estudiara los aspectos técnicos de la prevención de desastres. Por un lado, el gobierno federal emprendió la tarea de establecer el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). Por otra parte, el gobierno de Japón ofertó su apoyo para mejorar los conocimientos existentes en relación con la prevención de desastres sísmicos: Finalmente, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) decidió impulsar a su personal académico de alto nivel para que se dedicara a actividades de investigación y desarrollo en prevención de desastres. Las tres iniciativas concurrieron en la creación, el 20 de septiembre de 1988, del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), con carácter de órgano administrativo desconcentrado, jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Gobernación.

2. Cabe señalar que en México, gracias a la instauración del Sistema Nacional de Protección Civil (6 de mayo de 1986), se han creado y organizado gran cantidad de grupos, tanto de orden gubernamental como privados. El denominador común son los principios que rigen al propio sistema: “Proteger y salvaguardar a la población, sus bienes y el entorno ecológico ante la amenaza u ocurrencia de un desastre”. En este sentido, en el año 2001 el Ejecutivo federal decretó el 19 de septiembre de cada año (fecha en que se conmemoran los sismos de 1985) como Día Nacional de Protección Civil.

3. Los sismos de septiembre de 1985; los huracanes Gilberto, Paulina, Stan y Wilma; las inundaciones en Tabasco y Chiapas, así como los huracanes y ciclones que últimamente se han presentado en el país, nos recuerdan la fuerza de la naturaleza y sus devastadores efectos. No siempre podemos predecir cuándo, dónde, o cómo se va a presentar una catástrofe.

Al respecto, no se pueden modificar los ciclos naturales del planeta, pero sí se pueden prevenir y mitigar los riesgos estando alertas para responder con rapidez, oportunidad y eficiencia ante cualquier contingencia.

Es por ello que la protección civil se ha convertido en un valioso mecanismo para poner a salvo miles de vidas. La clave para lograrlo es la prevención del riesgo . Por lo que es necesario facultar a la población y a las autoridades en medidas de autoprotección y de adaptación para convivir con los riesgos.

4. Un sistema de protección civil moderno, ágil y eficiente es aquel que cuenta con protocolos de actuación antes, durante y después de la situación de emergencia; y el que permite garantizar una adecuada coordinación entre los tres niveles y órdenes de gobierno. Una estrategia integral, una política pública incluyente que atienda y mitigue el riesgo en el que se encuentran muchas zonas y regiones de nuestro país.

5. La falta de una estrategia orientada a fortalecer la capacidad preventiva ha llevado a concentrar los recursos federales en esfuerzos de atención y remedio de los desastres después de ocurridos. Por ejemplo, entre 2004 y 2012 se destinaron 89 mil 411.92 millones de pesos al Fondo de Desastres Naturales mientras que únicamente mil 681.42 millones de pesos a los instrumentos preventivos (Fondo para la Prevención de Desastres Naturales y Fideicomiso Preventivo). A lo anterior, se debe considerar el deterioro y la poca inversión en infraestructura de las instituciones encargadas del monitoreo de los fenómenos naturales y la prevención.

Muestra de ello, es el recurso destinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación en pasados ejercicios y para 2014, en el que se refleja dicha desigualdad:

Consideraciones

I. Uno de los principales resultados que arrojó la auditoría de Desempeño número 12-0-04100-07-0496, por concepto de Prevención y Mitigación del Riesgo, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2013, fue que la Secretaría de Gobernación desarrolló el Sistema de Vinculación y Respuesta como parte del Subsistema de Información de Riesgos, que convoca a las instancias del Sistema Nacional de Protección Civil a atender emergencias con base en una metodología común; sin embargo, dicha plataforma no está integrada con la base de datos de la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios, el Registro Nacional de Grupos Voluntarios, el Informe Integrado del Avance de Programas de Respuesta y la Base de Datos de Suministros en Emergencias, por lo que no permite mantener informada a la población con precisión y oportunidad.

Por otra parte en dicha revisión la Auditoría Superior de la Federación emitió dictamen negativo, toda vez que la Secretaría de Gobernación no cumplió con el objetivo de contribuir a reducir los efectos negativos de los desastres en la población mediante el fortalecimiento y la articulación del Sistema Nacional de Protección de Civil, ya que 7 de las 32 entidades federativas no contaron con su programa de manejo integral de riesgos; además revisó 182 programas municipales de protección civil de un universo de 2 mil 441 municipios, de los cuales 131 contaron con medidas preventivas para la reducción del riesgo de desastres; y 51 carecieron de ellas, por lo que desconoce el número de municipios que cuentan con programa de protección civil; el Sitio Colaborativo de Protección Civil tenía información desactualizada; y no se incorporó al Subsistema de Información de Riesgos (Sistema de Vinculación y Respuesta) la información para la cual fue diseñado, y no acreditó la evaluación interna de los avances al Programa Nacional de Protección Civil, ni el seguimiento a las recomendaciones de la evaluación externa realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

II. La atención a las consecuencias derivadas de la ocurrencia de fenómenos naturales perturbadores resulta primordial para el gobierno federal y se cuenta con un modelo establecido para atender situaciones de crisis; sin embargo, en los últimos años se ha observado una asimetría entre las acciones preventivas y reactivas, centrando los esfuerzos en la atención de emergencias y reconstrucción de infraestructura dañada. Esta visión debe reorientarse, encaminándose a buscar fórmulas que aseguren el enfoque preventivo de la protección civil, a efecto de ir contando con mayores recursos humanos, materiales y financieros para atender los retos de reducir la vulnerabilidad ante la presencia de uno o varios agentes perturbadores. Muchas de las catástrofes ocurridas en años anteriores han dejado la experiencia de que tanto las instituciones, como los gobiernos y la sociedad, no están preparados para todos y cada uno de los eventos adversos que pueden sucederles y que pueden impactar en sus actividades primordiales. Las dependencias de la administración pública federal (APF) carecen de conocimientos especializados en gestión de riesgos, así como de mecanismos para compartir información que permitan reforzar su infraestructura y proteger los servicios públicos. Miércoles 30 de abril de 2014 Diario Oficial de la Federación (Tercera Sección-Extraordinaria).

III. Para revertir esta situación, el 28 de mayo de 2013, el presidente de la República instruyó al Consejo Nacional de Protección Civil el desarrollo de la estrategia México Seguro Frente a Desastres, en la que cada dependencia de la administración pública federal (APF) contribuirá, en el marco de acuerdos y convenios que se suscriban para tal efecto, a mejorar la resiliencia de la infraestructura y servicios públicos ante situaciones catastróficas. En el marco de esta estrategia, cada dependencia asumirá el compromiso de registrar, compartir información, verificar y mejorar los estándares mínimos de seguridad de la infraestructura de su sector, en cuatro aspectos específicos: (1) ubicación geoespacial, (2) aspectos de seguridad estructural, (3) aspectos integrales de riesgo, así como (4) aspectos funcionales en la respuesta a emergencias. Para el desarrollo de estas actividades, en su calidad de secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Protección Civil, de acuerdo con la Ley General de Protección Civil, el secretario de Gobernación suscribirá los convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de esta estrategia, mismos que contendrán las especificaciones sobre la corroboración y evaluación de su cumplimiento, lo que será informado al presidente de la República y a la población en general en las sesiones ordinarias del consejo.

IV. Una vulnerabilidad adicional del sector gubernamental reside en el valor que históricamente se le otorgó dentro del Sistema a las Unidades Internas de Protección Civil del gobierno de la república, las cuales fueron consideradas como instancias ajenas a la Gestión Integral de Riesgos (GIR). Además, las unidades no actúan de modo colaborativo en la tarea transversal de reducir sistemáticamente los riesgos e impulsar criterios preventivos en la planeación del desarrollo.

V. No reconocer que el gobierno puede sufrir afectaciones o disminuciones de su capacidad operativa por causa de los desastres representa un gran riesgo. Tomando en cuenta que atender esta situación es una cuestión prioritaria para la protección civil, en la cuarta reunión de gabinete, el 25 de enero de 2013, el presidente de la República instruyó, a través del secretario de Gobernación, la presentación de un protocolo de seguridad para las oficinas públicas de gobierno que ayude a las dependencias a identificar y mitigar apropiadamente los riesgos en sus respectivos centros de trabajo e informar sobre sus avances .

VI. Los gobiernos, instituciones y sociedades no están lo suficientemente preparados para enfrentarse a escenarios de catástrofe, que pongan en riesgo su estabilidad y, en su caso, gobernabilidad. No existen programas orientados a la gestión de la continuidad de operaciones, que además de prevenir y minimizar las pérdidas, reduzcan tiempos de recuperación, costos sociales y económicos y que garanticen una respuesta planificada ante cualquier desastre que ponga en peligro su funcionalidad. Tanto los municipios, como los gobiernos estatales y las dependencias de la APF no cuentan con estrategias que les permitan hacer frente a fenómenos perturbadores, sin ver detenidas sus actividades primordiales. El desconocimiento de la importancia y aplicación de planes de continuidad de operaciones ha generado una descoordinación en las prioridades de atención frente a dichos fenómenos.

VII. Aunado a lo anterior, cabe hacer mención que en el marco de la quinta Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial el presidente Enrique Peña Nieto señala “que los fenómenos meteorológicos extremos cada día serán más frecuentes y más intensos”.

VIII. Asimismo, de acuerdo con el informe que entregó el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) a la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático se pronostican para los próximos 30 años desabasto de agua y alimentación, sequías en gran parte del territorio, inundaciones en la zona sur, epidemias, mortandad de ganado y riesgo en la sustentabilidad energética, entre otros daños irreversibles.

Todo ello de no aplicarse medidas correctivas y preventivas en contra de los efectos derivados del cambio climático.

El INECC también prevé que al menos 21 por ciento de la población estará en riesgo de perder su patrimonio y disminuir su calidad de vida por la pérdida de servicios y de comunicaciones provocadas por inundaciones o desgajamientos de cerros.

El estudio del INECC apunta en tanto que las entidades con mayor riesgo de padecer desastres naturales asociados a inundaciones son Tabasco y Chiapas, mientras que en Veracruz y Tamaulipas la combinación de ciclones tropicales con “nortes”, derivada del cambio climático, generará fenómenos devastadores similares al huracán Manuel, que devastó parte del estado de Guerrero en septiembre de 2013.

IX. Por lo anterior, es necesario que la población tenga conocimiento paso a paso el protocolo a seguir ante los desastres naturales que se presentan con más frecuencia en nuestro país, debido al cambio climático.

X. La Ley General de Protección Civil, en su capítulo XI “De la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios”, hace referencia a lo siguiente:

“Artículo 54. La Red Nacional de Brigadistas Comunitarios es una estructura organizada y formada por voluntarios con el fin de capacitarse y trabajar coordinadamente con las autoridades de protección civil para enfrentar en su entorno riesgos causados por los diversos agentes perturbadores”.

Artículo 55. Los brigadistas comunitarios son los voluntarios capacitados en materias afines a la protección civil, que han sido registradas en la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios, bajo la coordinación y supervisión de las autoridades de protección civil en su comunidad para apoyar a éstas en tareas y actividades tales como el alertamiento, la evacuación, la aplicación de medidas preventivas y la atención a refugios temporales, entre otras”.

Artículo 56. La secretaría coordinará el funcionamiento de la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios. Para tal efecto, las unidades estatales, municipales y delegacionales de protección civil en las entidades federativas, deberán promover en el marco de sus competencias, la capacitación, organización y preparación de los voluntarios que deseen constituirse en brigadistas comunitarios, pudiendo constituir redes municipales, estatales o regionales de brigadistas comunitarios, y realizar los trámites de registro en la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios ante la Coordinación Nacional”.

XI. Por otra parte, el Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018, señala que entre las atribuciones de la Secretaría de Gobernación, se encuentra la siguiente:

“Artículo Cuarto. La Secretaría de Gobernación, con la participación que conforme a sus atribuciones les corresponde a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, darán seguimiento a la implementación de las acciones y al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018, y reportarán los resultados obtenidos con base en las metas e indicadores correspondientes”.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sean aprobados de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación, ciudadano Miguel Ángel Osorio Chong, haga del conocimiento público en la página oficial de Internet, el protocolo de seguridad para las oficinas públicas de gobierno que ayude a las dependencias a identificar y mitigar apropiadamente los riesgos en sus respectivos centros de trabajo y, en su caso, informar sobre su avance.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación haga del conocimiento público en la página oficial de Internet, la base de datos de la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios y, en su caso, informar sobre su avance.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación haga del conocimiento público en la página oficial de Internet, las acciones que ha implementado a fin de fortalecer la cultura permanente de la protección civil en nuestro país ante la posible eventualidad de desastres naturales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2014.

Diputados: José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a realizar las investigaciones que determinen el paradero de tres menores sustraídos por hombres armados en Mérida, Yucatán, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2 fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Según información revelada por la Procuraduría General de la República (PGR), el 25 de mayo de 2012, Isabella, Martín y Mariana Medina Molina (de 6, 8 y 10 años, respectivamente), fueron sustraídos por un grupo de hombres armados que acompañaban a su padre, Martín Alberto Medina Sonda, cuando se dirigían a la escuela municipio de Mérida, Yucatán; mismos que golpearon a su entonces esposa, Ema Gabriela Molina Canto, quien en 2011 y, tras un contexto de violencia familiar, decidió divorciarse, quedándose con la custodia de los menores.

Ema Gabriela fue sacada de Yucatán y llevada a Tabasco, en un viaje de más de seis horas, y sólo hasta llegar a aquel estado, la madre de los niños pudo saber que sus captores eran policías ministeriales de Tabasco, que la habían detenido por una acusación presentada en su contra por el delito de robo de auto... y el auto que supuestamente robó era el que había compartido con su marido, hasta antes de la separación.

Por esta acusación, Ema Gabriela pasó cuatro meses en una prisión de Tabasco, y luego obtuvo su libertad mediante el pago de una fianza.

El delito, no obstante, nunca existió, tal como confirma el auto de desistimiento de la acción legal, que anunció el Ministerio Público de Tabasco en febrero de 2013.1

Fue en dicho periodo cuando un juzgado familiar otorgó a la abuela paterna la figura de “tutriz”, pese a que ésta no está reconocida en la legislación.

Cabe decir que Medina Sonda era un cercano colaborador al exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo y, según las declaraciones de Ligia Canto Lugo, abuela de los menores:

“Él es una persona que goza de mucha protección, porque fue asesor del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, él estuvo involucrado en las anomalías financieras detectadas en la administración de Granier y, de hecho, en algún momento la misma Interpol llegó a emitir una ficha de localización en su contra, y eso no lo digo yo, lo informaron las mismas autoridades de Tabasco.

Aquí se mezcla todo: dinero, poder, corrupción, y todo eso mata la justicia y encarcela a madres y a mujeres inocentes.”2

En dicho tenor, Ema Gabriela y su madre comenzaron una huelga de hambre en diciembre de 2012 frente al palacio de gobierno de la entidad, en donde entregó a Enrique Peña Nieto una copia de la custodia de los menores y le solicitó su ayuda para resolver el caso.

Un par de meses después, sin embargo, un juez penal del Distrito Federal aceptó una acusación por fraude genérico en contra de Ema Gabriela, sustentada en la declaración de una persona que se identificó con una credencial de elector falsa. Este supuesto fraude, además, habría sido cometido en la Ciudad de México, durante el tiempo en el que Ema Gabriela estaba encarcelada en Tabasco, por el falso delito de robo de auto.

‘Pero a pesar de que ya se comprobó que se trata de una acusación fabricada, el proceso penal sigue, y desde entonces mi hija se mantiene escondida, porque de ser capturada, sería enviada al penal de Santa Martha’.”3

Cabe decir que la orden de aprehensión librada, fue hecha por “un juez de Distrito del DF, Santiago Ávila Negrón, el mismo que sentenció a Yakiri Rubí Rubio por el homicidio de su agresor sexual”.4

Posteriormente, el pasado 29 de mayo, Canto Lugo, increpó a Enrique Peña Nieto en su salida del evento de inauguración de Juzgados Orales en Mérida, Yucatán; donde le gritó: “¿Dónde están los niños? ¿Dónde están mis nietos?”.

Sin embargo, el 4 de agosto, por orden de un juez de Jalisco, la abuela de los menores sustraídos fue detenida en Yucatán por un supuesto fraude relacionado con la clonación de tarjetas de crédito, razón por la que –según el Observatorio Nacional Ciudadano contra el Feminicidio– la señora fue arrestada por cuatro agentes de la Procuraduría General de la República “quienes la abordaron luego de que asistiera al periódico La Verdad , de Yucatán, para dar una entrevista sobre el caso de sus nietos”.5

La señora Canto Lugo fue liberada el pasado 12 de agosto en Jalisco, por falta de pruebas para procesarla; toda vez que el día previo el Juzgado Octavo de Distrito de Procesos Penales con sede en Jalisco, dictó una resolución a la causa penal 158/2014-VI, decretando el auto de libertad.

Hay versiones, indicó (Efraín Encalada Burgos) el defensor (de señora Ligia Canto Lugo), de que el padre de los niños, Martín Alberto Medina Sonda, está en España, de manera legal. Se supone que los menores también estarían en ese país.6

Todos estos hechos se enmarcan en un posible caso de persecución institucional “que padece por la manera en que su exyerno, Martín Alberto Medina Sonda, trafica con sus influencias para tratar de acallarlos”7 .

Por lo que –una vez más– solicitamos a las autoridades correspondientes velar por la justicia en nuestro país, que actúen con estricta sugeción a derecho y no respondan a intereses personales que puedan poner en riesgo la aplicación de la ley y por ende fincar las responsabilidades oportunas.

De tal forma que, atendiendo al caso por el que atraviesa Ema Gabriela Molina Canto, Ligia Canto Lugo y los tres menores de edad, presentamos a esta asamblea el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones correspondientes que determinen el paradero de Isabella, Martín y Mariana, sustraídos por su padre Martín Alberto Medina Sonda; a la par de averiguar la presunta persecución institucional que padecen Ema Gabriela Molina Canto y Ligia Canto Lugo, madre y abuela de los menores.

Notas

1. Animal Político, “A 15 meses de ofrecer su ayuda, reclaman a EPN paradero de tres menores sustraídos en Yucatán”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.animalpolitico.com/2014/06/15-meses-de-ofrecer-su-ayuda-recl aman-epn-paradero-de-3-menores-sustraidos-en-yucatan/#axzz39O2H8XuX

2. Idem .

3. Idem.

4. Cimac, “Ligia Canto: una más de jueces e injusticias”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.cimacnoticias.com.mx/node/67373

5. Vanguardia, “Abuela que busca a sus nietos secuestrados, detenida por la PGR”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.vanguardia.com.mx/abuelaquebuscaasusnietossecuestradosdeteni daporlapgr-2131875.html

6. Diario de Yucatán, “Liberan a Ligia Canto”, [en línea], México, Dirección URL: http://yucatan.com.mx/merida/policia/liberan-a-ligia-canto

7. Nuestra aparente rendición, “Liberan a Ligia Teresita Canto Lugo, Ministerio Público apela”, [en línea], México, Dirección URL: http://nuestraaparenterendicion.com/index.php/biblioteca/cronicas-y-rep ortajes/item/2461-liberan-a-ligia-teresita-canto-lugo

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2014.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a difundir en su portal de internet el monto de la bolsa de recursos etiquetada para enfrentar riesgos y desastres por fenómenos naturales como tormentas tropicales, huracanes, ciclones y sismos, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 3o., fracción XIX; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Antecedentes

1. Con la reciente publicación de la Ley General de Cambio Climático (LGCC) en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de junio de 2012, se prevé la creación del Sistema Nacional de Cambio Climático (Sinacc), donde se considera la instauración del programa especial de cambio climático.

Las facultades, atribuciones, objetivos y demás estrategias a cargo del Sinacc pretenden que sea un mecanismo permanente de concurrencia, comunicación, colaboración, coordinación y concertación sobre la política nacional de cambio climático.

A través de dichas acciones se plantea promover la aplicación de la política nacional de cambio climático en el corto, mediano y largo plazo; coordinar acciones en materia de mitigación y adaptación al cambio climático en los tres órdenes de gobierno, y fomentar la concurrencia y congruencia de los programas, acciones e inversiones con la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) de forma transversal.

El Sinacc estará conformado por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), el Consejo de Cambio Climático (C3), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), las 32 entidades federativas, representantes de asociaciones nacionales de municipios y por el Congreso de la Unión. De acuerdo con la LGCC, las bases de su coordinación serán establecidas por las entidades federativas y los municipios, en coordinación con la Federación. La ENCC se publicó el 3 de junio de 2013 en el DOF. Ese día fue presentada por el presidente de la República. La estrategia se elaboró en colaboración con el INECC, con la participación y consulta de la sociedad civil, y fue aprobada por la CICC.

2. Como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales encabeza dicho sistema nacional, a través del primer informe de labores, en septiembre de 2013, el titular de dicha dependencia, doctor Juan José Guerra Abud, refiere que el Programa Especial de Cambio Climático en mayo de 2013 iniciaron formalmente los trabajos necesarios para realizar el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), bajo acuerdo de la mencionada Comisión Intersecretarial. El Programa 29 en estricto cumplimiento de lo dictado en la LGCC, será elaborado por la Semarnat con la participación y aprobación de la CICC.

Para la elaboración del PECC, la CICC, en coordinación con el consejo, promoverá la participación de la sociedad. Se prevé tener un borrador final del Programa Especial de Cambio Climático en octubre de 2013. Sin embargo, de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público éste no podrá ser enviado a esa dependencia para observaciones y recomendaciones antes del 17 de diciembre de 2013.

3. El 22 de diciembre de 2012, en sesión permanente la Cámara de Diputados aprueba la creación del Fondo para el Cambio Climático, que deberá ser la bolsa de recursos etiquetados para la sustentabilidad ambiental.

4. Con fecha 28 de abril del actual fue publicado el Reglamento del Programa Especial de Cambio Climático.

5. La evolución del presupuesto para el Programa Especial de Cambio Climático es la siguiente:

Consideraciones

1. A efecto de transparentar y hacer una rendición de cuentas apegada a la Ley de Fiscalización, es necesario que el portal oficial de la Semarnat publique lo referente a la información que concentre los recursos que constituyen el Fondo para el cambio climático, a raíz de su creación en 2012, su origen, toda vez que se trata no sólo de aportaciones del PEF sino de otros fondos federales y estatales, aportaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y países y otros conceptos, debido a que a la fecha no aparecen en dicho sitio virtual.

Además de las disposiciones de la ley en materia climática, también prevé la creación de un fondo para el cambio climático (FCC) a escala nacional, cuyo objetivo sea captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales para apoyar la implantación de acciones para enfrentar el cambio climático.

2. El artículo 81 de la LGCC establece que los recursos del FCC provendrán de

a) los recursos anuales que señale el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y la aportación de otros fondos públicos;

b) las contribuciones de pago de derechos y aprovechamientos previstos en la ley;

c) las donaciones de personas físicas o morales, nacionales o internacionales;

d) las aportaciones que efectúen gobiernos de otros países y organismos internacionales;

e) el valor de las reducciones certificadas de emisiones de proyectos implantados en México que de forma voluntaria el fondo adquiera en el mercado; y

f) otros recursos que obtenga.

3. Lo anterior, en observancia de lo señalado en los artículos 6; 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV a XVI; 32; 39; 49, fracciones I a IV; 55; 56; y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Por lo fundado y motivado, solicito que sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, licenciado Juan José Guerra Abud, a hacer del conocimiento público en su portal de internet el monto de la bolsa de recursos etiquetada, que puede estar formada tanto por recursos federales como de otras fuentes de ingresos, que el gobierno federal tiene prevista para enfrentar riesgos y desastres por fenómenos naturales, como tormentas tropicales, huracanes, ciclones y sismos, toda vez que provocan cuantiosas pérdidas materiales y en algunos casos humanas, del “fondo para el cambio climático”, los conceptos que lo integran y su origen; así como su uso y destino. De acuerdo al artículo 81 de la Ley General de Cambio Climático, puede recibir recursos por fondos, donaciones públicas y privadas, de países, cotización en la bolsa y otros, a razón de la fecha, se desconoce dicha información.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2014.

Diputados: José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Roberto López Suárez, Guillermo Sánchez Torres.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a instaurar medios que permitan resolver las causas de retrasos en la aplicación de los recursos del Fonden ante los daños ocasionados por la tormenta tropical Odile, a fin de mitigar éstos, y en la ejecución de las obras y acciones autorizadas, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada en los artículos 3o., fracción XIX; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo con base en las siguientes

Antecedentes

1. El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) es un instrumento interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Su prioridad es atender los daños ocasionados por fenómenos naturales perturbadores; esto incluye la aplicación del Fondo Revolvente como instrumento de respuesta inmediata orientado a la protección de la población en situaciones de emergencia y ante la inminencia u ocurrencia de un desastre natural. La Unidad operante es la Dirección General para la Gestión de Riesgos, a cargo de la Secretaría de Gobernación, su población objetivo son las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, su área de atención son las comunicaciones y transportes, drenaje, alcantarillado, alumbrado, pavimentación, medio ambiente y recursos naturales, desastres naturales, provisión y equipamiento de vivienda y salud.

2. La fracción I del artículo 19 de la LFPRH establece que los excedentes que resulten deberán destinarse, en primer término, a compensar el incremento en el gasto no programable respecto del presupuestado, la insuficiencia del Fondo de Desastres Naturales y el incremento en costos de combustibles de la CFE que no sea posible repercutir en la correspondiente tarifa eléctrica. Al segundo trimestre de 2014, no se generaron ingresos excedentes netos distintos de los previstos en las fracciones II y III del artículo 19 de la LFPRH, como se indica a continuación:

3. En Tabasco, mediante la auditoría 0388 del 2012, la ASF considera que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gobierno de Tabasco, el Centro SCT Tabasco y la Comisión Nacional del Agua en Tabasco no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables, en el caso del gobierno de Tabasco, éste omitió aportar su coparticipación a que estaba obligado, lo cual afectó los avances de los programas de obras. Por otro lado, las Secretarías de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público no instrumentaron mecanismos conducentes y necesarios, en coordinación con las autoridades competentes de los diferentes órdenes de gobierno, para resolver los aspectos relacionados con el atraso en la ejecución de las obras, así como en las aportaciones que cada entidad federativa debe hacer en coparticipación, asegurando con ello el principio de inmediatez como elemento fundamental en la respuesta ante casos de contingencia por desastres naturales.

4. En septiembre de 2013 el huracán “Ingrid” y la tormenta “Manuel” afectaron a 9 entidades y 171 municipios, derivado de ello se hicieron las respectivas declaratorias de desastre natural ante la Secretaría de Gobernación, al respecto ha trascendido que los pobladores de diversos municipios de Guerrero han interpuesto diversas protestas por la falta de apoyo y recursos a un año de dichas contingencias climatológicas. Asimismo, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ha solicitado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que ésta indague en otras dependencias federales la distribución de recursos adicionales a Guerrero por el estado de emergencia en septiembre de 2013, toda vez que se dispuso de recursos de seguros de riesgo contratados se realizaron adecuaciones a las partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, se diseñaron programas de crédito emergente de bajo costo para municipios a través de Banobras, entre otros beneficios fiscales, y se ejercieron recursos del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden). Fuente: La jornada 10/03/2014.

5. La evolución del presupuesto para el Fonden ha sido de la siguiente manera:

Cabe señalar que en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013 no se registra en el Ramo 23 el presupuesto para el Fonden.

Consideraciones

1. Los fideicomisos de estabilización presupuestaria apoyan la constitución de fondos de reservas financieras para enfrentar contingencias derivadas de las variaciones en los ingresos petroleros del GF y de la RFP, así como para hacer frente a desastres naturales. Los recursos públicos depositados en el fideicomiso Fonden no están disponibles para su ejercicio por parte del Gobierno Federal, debido a que tienen el propósito de constituir reservas para contingencias financieras, económicas o naturales, el pago de pensiones, prestaciones laborales y financiar proyectos de infraestructura pública de largo plazo, de acuerdo con las disposiciones jurídicas que fundamentan su creación y funcionamiento.

El Fonden registro egresos en el cumplimiento de sus fines durante el primer semestre y se destino a los conceptos de gasto siguientes:

Se ha observado que el significado del objetivo principal del Fonden varía en las distintas Entidades Federativas y en función de los diversos agentes e instituciones involucradas. Es importante reconocer este hecho, ya que se está aceptando que no hay una sola interpretación del Fonden , sino varias que a menudo entran en conflicto, lo que conlleva a retrasos en la reconstrucción de daños en las zonas declaradas como desastre natural, por lo que diversas entidades federativas omiten la aportación de recursos en coparticipación ante dichas contingencias.

2 . La SHCP en el otorgamiento de recursos a las entidades federativas, debe asegurar el principio de inmediatez como elemento fundamental en la respuesta ante las declaratorias de desastres naturales.

3. Las disposiciones de carácter general que operan para la aplicación del Fonden son las siguientes: Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2009: Numerales 4, 13, 21, párrafo segundo, 22, 23, 27, 39, 44, párrafos cuarto, quinto, séptimo y décimo primero, 46, párrafo quinto, 49, fracción IV, 50, fracción IV, y 55, párrafo tercero; acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2010, vigente en 2011 y 2012: artículos 8, 12, fracción II, 15, 16 y cuarto y quinto transitorios; Ley General de Protección Civil: artículos 32, párrafo primero, y 36; lineamientos de operación específicos del Fondo de Desastres Naturales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2011: numerales 11, 29, 30, 32, 34 y 49.

4. Lo anteriormente expuesto en observancia a lo señalado en los artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicitamos sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso, ante los daños ocasionados por la tormenta tropical Odile, instrumente urgentemente mecanismos que permitan resolver las situaciones que ocasionan retrasos en la aplicación del ejercicio del fondo de desastres naturales (Fonden), destinados a mitigar los daños causados por dicho evento hidrometerorológico, así como en la ejecución de las obras y acciones autorizadas, con la finalidad de fortalecer y asegurar en todo momento el principio de inmediatez fundamental en la respuesta que se debe dar en dichos casos, de conformidad con la normativa vigente y aplicable, en previsión a huracanes y tormentas propias a causa del cambio climático.

Diputados: José Luis Muñoz Soria (rubrica), Roberto López Suárez, Guillermo Sánchez Torres.

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Conagua, a la Ssa, a la Semarnat y al pleno de la LXII Legislatura que se realicen acciones para atender daños ambientales ocasionados por las empresas mineras Acelor Mittal, New Gold, Minera San Xavier, Buenavista del Cobre y Proyecto Magistral, suscrita por los diputados Graciela Saldaña Fraire, Trinidad Morales Vargas y José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, Trinidad Morales Vargas, Graciela Saldaña Fraire, José Luis Esquivel Zalpa, diputados federales integrantes de la LXII Legislatura, con fundamento en lo previsto en el artículo 6, fracción I; artículo 79, Numeral 1 Fracción II y Numeral 2 Fracciones I, III, IV, y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo considerada como de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes

Consideraciones

En 1992, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari realizó un golpe doble. Privatizó el ejido y cambió el código minero, copiando el código más permisivo para el capital: él código minero de Canadá, que establece la prioridad de la extracción minera sobre cualquier otro uso del suelo. La nueva Ley Minera (1992), en su artículo 6, también establece que “la exploración, la explotación y la transformación de los minerales” tendrá preferencia sobre cualquier otra forma de utilización o de puesta en valor del terreno.” (Ahora se copia este texto para la extracción de hidrocarburos y generación de energía eléctrica.)

Una vez la mesa puesta, el banquete pudo empezar. El anfitrión mexicano fue muy generoso y amigable. Entre 2000 y 2006, el gobierno de Vicente Fox otorgó 17 mil 629 concesiones mineras, que cubrían una superficie de 30 millones de hectáreas. Su sucesor fue un poco más reservado, con apenas 8 mil 414 concesiones, totalizando 22 millones de hectáreas. En total, la cuarta parte de la superficie nacional fue así enajenada.

Entre los principales beneficiados de las concesiones, están las empresas mineras canadienses , con 2 mil 600 concesiones en todas las partes del país. Comparten nuestros recursos minerales con los magnates mexicanos : Carlos Slim Helú, el hombre más rico del mundo, propietario del Grupo Frisco, Germán Larrea, del Grupo México, a quien pertenece hoy la mina de Cananea, y Alberto Balleres, de Industrias Peñoles. Entre las mayores mineras extranjeras, una es australiana, Azufre Minerales, y, canadienses Almaden Minerales, Die Bras Exploration, Pediment Gold Corp, y Goldcorp, First Mejestic, New gold, entre otras.

La mayoría de las nuevas explotaciones se hacen a tajo abierto en yacimientos de muy poca ley. Hay que volar la roca, triturarla, y luego centrifugar y “lavar” con cianuro (lixiviación) el mineral pulverizado. Eso exige enormes cantidades de agua, de energía, de explosivos y de productos químicos. « Cada gramo de oro extraído requiere 481 000 litros de agua, 7 099 litros de diesel, 1 864 kilos de explosivos. Además, para separar el oro y la plata del mineral triturado se emplean grandes cantidades de cianuro (10 884 gramos) o de mercurio, dos productos extremamente tóxicos que se encontrarán en las aguas residuales: el cianuro mata inmediatamente a los humanos y a los animales, mientras que el mercurio envenena lentamente, provocando la célebre “enfermedad de minamata”, que ataca el sistema nervioso de los humanos. Las balsas de lixiviación, tarde o temprano, tendrán fisuras y contaminarán el manto freático del que proviene el agua potable, y, eventualmente, toda una cuenca hidrográfica.

Justamente estamos en el momento en que se fisuran o desbordan las presas de lixiviación, no es mera coincidencia o consecuencia de las lluvias, estamos enfrentándonos a catástrofes ambientales casi todas simultaneas y así seguirán sumándose los desastres, como el tan difundido derrame en Cananea Sonora, que no es caso aislado es una constante en los mega proyectos mineros a cielo abierto. Y todos son casos de impunidad donde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, la Comisión Nacional del Agua, todo nivel de autoridades desde municipales hasta federales obedecen a los intereses de las empresas en vez de velar por la seguridad de los habitantes y del nuestros recursos naturales.

Municipio de Lázaro Cárdenas en Michoacán.

La empresa minera de capital Ingles e indio, Arcelor Mittal extrae hierro en el municipio de Lázaro Cárdenas en Michoacán, el problema con esta empresa no es el desbordamiento de la presa de jales, descaradamente arroja sus desechos químicos a las fuentes de agua, luego se encauzan a un arroyo que va a dar al río Las Truchas y, posteriormente al río Acalpican, y al arroyo de El Bordonal, causando fuertes inundaciones en las colonias Las Truchas y El Cerrito que están pegadas a la laguna, así como Valle Bonito.

Los habitantes de las comunidades cercanas están en constante peligro por las frecuentes explosiones, el colapso de sistemas de drenaje, la contaminación del agua y en general el deterioro del medio ambiente.

Una de tantas pero que fue una de las más fuertes fue la explosión del ferroducto de minas que se extendió en un radio de medio kilómetro se registró en abril del 2011 en la tenencia de La Mira, Michoacán, a 15 kilómetros de Lázaro Cárdenas. El siniestro llegó hasta la carretera federal La Mira-Arteaga, a 50 metros cerca de las casas que se encuentran en sus alrededores.

El hecho puso nuevamente en jaque a los habitantes, quienes viven bajo temor de morir instantáneamente si la línea, propiedad de la siderúrgica ArcelorMittal Hierro, explota dentro del área que atraviesa sus colonias, toda vez que recorre 27 Km desde las minas cercanas hasta el complejo siderúrgico en Lázaro cárdenas. El ferroducto, de 10 pulgadas de diámetro, es un enlace clave en la transferencia de la pulpa ferrosa (concentrado de mineral de hierro) que llega hasta la planta peletizadora a razón de 400 toneladas por hora, lo cual indica el peligro inminente en que se encuentran los habitantes de La Mira.

Tras la explosión, obreros de la productora de acero trabajaron a marchas forzadas para recoger el lodo por el impacto a borde de carretera y “tapar” así el incidente. La explosión esparció el hierro molido a 50 metros de los centros habitacionales de las colonias Emiliano Zapata, Valle Bonito, La Huerta y San Francisco.

Esto los ha llevado a manifestarse en diversas ocasiones ante las autoridades sin obtener hasta el momento una solución a sus problemas.

Se pudo apreciar que la explosión del ferroducto fue ocasionada por la falta de mantenimiento. Incluso en algunos tramos la tubería que conduce el hierro molido hacia la planta peletizadora está a la intemperie.

Los aproximadamente 40 mil habitantes de La Mira, viven el deterioro a su salud por la contaminación al medio ambiente que ocasiona la enorme mina a cielo abierto que se extiende en sus cercanías. “Niños y adultos están sufriendo las consecuencias de las afectaciones por las mina”, la tierra cimbra, y hay un intenso olor nauseabundo que se respira dentro y fuera de las viviendas porque las aguas residuales no tienen salida al estar colapsado el drenaje, mismo que instaló el ayuntamiento pero que por las descargas que realiza la empresa minera en la presa de jales, subió de nivel y produjo un sedimento contrario o desnivel de las aguas”.

Los habitantes de La Mira, denuncian públicamente que el agua está contaminada que padecen diversas enfermedades desde lo más leve, yagas profundas en la piel por el contacto del agua, así como daños renales, hepáticos, incremento en diversos tipos de cáncer principalmente los niños son los más afectados, por ello han demandado en múltiples ocasiones la pronta intervención de las autoridades de salud, estatal y federal, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y han enviado cartas hasta a Peña Nieto solicitando que cierren la mina que tantos daños les ha causado, siempre son ignorados, sólo algunas notas de prensa locales dan cuenta de la pesadilla que viven.

Cabe destacar que las afectaciones ambientales son irreversibles y que los químicos están provocando enfermedades crónicas degenerativas en los habitantes, y la muerte de flora y fauna silvestre.

Municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí

Hace 18 años los opositores al proyecto minero de la empresa canadiense New Gold Minera San Xavier ubicado en el municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí advertían de los peligros que implica el uso del cianuro, y más en las grandes cantidades –32 millones de litros diarios de agua mezclados con 16 toneladas de cianuro de sodio– que esta empresa utiliza para su proceso de separación de los valores metálicos, (lixiviación) en este caso oro y plata. En su Manifestación de Impacto Ambiental, de manera muy superficial, la empresa minera acepta y confirma que el impacto de estos posibles derrames, estaban en un rango de afectación de medio a alto; se refiere a la afectación atmosférica, a los depósitos de agua superficial y subterránea, o sea al acuífero, en cuanto a la contaminación a los suelos, declara que será irreversible y permanente.

Las autoridades encargadas de proteger el medio ambiente y la salud de los habitantes del estado, estuvieron enterados de esto como es el caso del doctor Fernando Toranzo en ese tiempo secretario de Salud Pública, actual gobernador del estado.

El hecho es que desde años se han estado registrando derrames de esa mezcla cianurada que están causando daños irreversibles a los recursos naturales tan indispensables para la supervivencia de los seres vivos, como son la tierra, el aire y el agua.

En 2013 y el presente han sido visibles a la población por su magnitud, un derrame de cianuro en enero, sobre la carretera a Cerro de San Pedro en el tramo de los patios de lixiviación de la mencionada empresa.

El 30 de agosto, del mismo año por causa de las lluvias se ocasionó otro derrame de cianuro en el mismo lugar que el anterior interrumpiendo el tráfico, la empresa en un intento por esconder el peligroso accidente con una cuadrilla de gente y pipas, lavaron el tramo de carretera. Desde luego que esto de ninguna manera resuelve, ni siquiera mitiga los daños ambientales o a la salud, pues esa mezcla cianurada se infiltra hacia el subsuelo directo al acuífero, por supuesto que esa mezcla en su tramo de infiltración va lixiviando todos los metales que encuentra a su paso, entre ellos metales pesados que se mezclan con el agua que extraemos para consumo humano con efectos graves para la salud.

En febrero de 2014 hubo otro derrame en el mismo sitio, igual se interrumpió el tráfico de vehículos y con pipas de agua y rociado de cal limpiaron el espacio, pero como en los casos anteriores, la contaminación y los futuros daños al ambiente y la salud son irreversibles.

El aguacero que cayó en la zona el domingo 25 de mayo, provocó otro gran derrame de cianuro que cubrió un área muy grande, toda la zona anteriormente impactada y se extendieron hasta la zona habitada de lo que se conoce como la nueva Zapatilla que se localiza a escasos 200 metros de los patios de lixiviación.

Los habitantes de esta comunidad estratégicamente ubicada y construida por la empresa minera New Gold, San Xavier para recibir todo tipo de impactos generados por las actividades mineras, están siendo severamente lastimados, no solo por la exposición a los derrames de cianuro y sus aguas contaminadas, también a la inhalación generada las 24 horas del día por los gases producidos por la evaporación de la mezcla cianurada y la gran cantidad de polvos tóxicos.

Hay ya varios decesos en la población ocasionados por los contaminantes de la empresa minera, también aumenta constantemente número de casos de personas que sufren de enfermedades crónico-degenerativas, y se ha podido comprobar altos índices de contaminantes en la sangre de los niños que han sido analizados

Cananea, Sonora

Por otra parte, el 7 de agosto, la Unidad Estatal de Protección Civil de Sonora dio a conocer el derramamiento de 40 mil litros de ácido sulfúrico provenientes de la mina de Cananea sobre los ríos Bacanuchi y Sonora, por parte de la empresa Buenavista del Cobre, propiedad del grupo, que opera la mina en Cananea, Sonora que atraviesan cinco municipios. Sonora es uno de los estados más áridos de México. El abastecimiento de la capital, Hermosillo, ha provocado incluso un enfrentamiento entre las autoridades estatales y la tribu Yaqui, que está siendo despojada. El norte de Sonora y hasta la región de Cananea es considerada, por la Naciones Unidas, una de las regiones que más se verán afectadas por las sequías que se provocarán con el cambio climático.

“En las empresas del Grupo México siguen ocurriendo muertes y heridos de mineros, como los 5 de Charcas, San Luis Potosí, en febrero de 2014, lo mismo que mineros que contraen enfermedades profesionales derivadas del incumplimiento del patrón de las normas internacionales de seguridad e higiene y salud, de no cumplir las recomendaciones derivadas de las inspecciones realizadas por la autoridad,”

Grupo México tiene la mayor propiedad de terreno nacional, lo que junto con los terrenos de Ferromex y otras empresas del mismo Germán Larrea, “se convierte en una amenaza nacional si no se le obliga a cumplir las leyes, no sólo ambientales, también las de seguridad e higiene, laborales, civiles y penales, pero sobre todo los derechos humanos internacionales y nacionales”.

Este hallazgo que viene de nuevo a cimbrar a la minería en Sonora y a confirmar que los derrames de sustancias peligrosas son frecuentes en esta industria, se suma al accidente en que un camión cisterna que transportaba cianuro de sodio se volteara en el kilómetro 167 en el tramo Hermosillo-Yécora derramando de 2 mil 500 a 3 mil litros de ese compuesto.

Durango

Durango, México un nuevo derrame de una minera, ahora en Durango y de cianuro, fue reportado en esta entidad, ocasionado por la negligencia de la empresa responsable, luego de que no pudieron contener las consecuencias de las lluvias.

Aunque el derrame de 2 mil metros cúbicos de cianuro del proyecto minero denominado Magistral que afectó 400 metros cuadrados de suelo natural ocurrió desde la madrugada del 3 de agosto, las autoridades apenas informaron el 13 de agosto.

“El derramamiento del agua con cianuro de la presa de Demasías fue por una negligencia total de la empresa bastante grave, debido a que la presa no tenía un muro de contención, que de haber existido hubiera evitado el esparcimiento del cianuro por la lluvia”.

El agua contaminada con cianuro, se derramó hasta el arroyo La Cruz, que a su vez conecta con el río El Magistral.

Una vez más queda demostrado que el modelo extractivo es un modelo basado en la falta de justicia socio-ambiental, priorizando siempre a las empresas.

En los últimos 3 meses hemos sabido de varios derrames en presas de jales impactando irreversiblemente el medio ambiente, afectando a grupos de población, al investigar nos encontramos con que constantemente hay mas y diversos derrames que las empresas mineras no informan, con consecuencias graves de contaminación cuerpos de agua.

La Comisión Nacional del Agua está facultada por la Ley de Aguas Nacionales a

Artículo 29 Bis 4. La concesión, asignación o permiso de descarga podrán revocarse en los siguientes casos:

IX. Dañar ecosistemas como consecuencia de la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales;

X. Realizar descargas de aguas residuales que contengan materiales o residuos peligrosos que ocasionen o puedan ocasionar daños a la salud, recursos naturales, fauna, flora o ecosistemas;

XVII. Por incumplimiento de las medidas preventivas y correctivas que ordene “la Autoridad del Agua”, y

XVIII. Las demás previstas en esta ley, en sus reglamentos o en las propias concesiones.

Al extinguirse los títulos, por término de la concesión o asignación o de su última prórroga, o cuando se haya revocado el título por incumplimiento, de acuerdo con lo que establece esta ley, las obras e instalaciones adheridas de manera permanente a bienes nacionales deberán revertirse a “la comisión”.

Los vacíos en la legislación mexicana han permitido que el país sea considerado por “el paraíso de la contaminación”.

Ejemplo de ello son los constantes derrames ocurridos y difundidos por la prensa nacional Sonora, Durango y Nuevo León entre otros. A la fecha, sólo en el primer caso las autoridades impusieron una multa por el vertido de casi 40 mil metros cúbicos de cobre y ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora.

En México existe la Ley de la Responsabilidad Ambiental que entró en vigor el 7 de julio del 2013 y que establece la reparación de daños en caso de delitos cometidos contra el ambiente. Asimismo busca la protección, la preservación y abre la posibilidad de exigir procesos judiciales. Sin embargo, esto no ha impedido la contaminación de los ríos mexicanos.

El derrame en el río Sonora es solo “la punta del iceberg” ya que “la laxitud de leyes permite a las empresas seguir contaminando pues en teoría se les exige un pago o la ‘reparación del daño’ en la zona donde ocurrió el desastre, pero sin tomar en cuenta las externalidades”.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el 70 por ciento de los ríos nacionales presentan algún grado de contaminación, “pero poco o nada se está haciendo para revertirlo y mucho menos para prevenir”.

Esto indica que las autoridades la Comisión Nacional del Agua y de la Secretaría de Medio Ambiente encargadas supervisar y salvaguardar los recursos hídricos y recursos naturales, no están haciendo su trabajo por lo que se propone de urgente y obvia resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua revocar las concesiones de Aguas Nacionales otorgadas a las empresas mineras New Gold Minera San Xavier, Acelor Mittal, Buena Vista del Cobre y Proyecto Magistral, proceda al saneamiento de los cuerpos de agua, aplique las sanciones correspondientes, y la responsabilidades penales que resulten, por los derrames ocurridos en Michoacán, San Luis Potosí, Durango y Sonora.

Segundo. Con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales haga público el seguimiento a las afectaciones por derrames de químicos en los estados de Michoacán por la empresa Acelor Mittal, Sonora Buena Vista del Cobre, Durango proyecto Magistral, San Luis Potosí New Gold Minera San Xavier, que aplique las sanciones correspondientes por los graves impactos ocasionados por las empresas mineras y por consiguiente proceda a la remediación y reparación de los daños ambientales un monitoreo constante en todas las empresas mineras del territorio nacional

Tercero. Con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que realice Visitas de inspección constantes en todas las concesiones de explotación minera en todo el territorio nacional.

Cuarto. Con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud proceda a un plan de contingencia por las afectaciones en forma inmediata y con planes a mediano y largo plazo en las zonas afectadas por las empresas mineras.

Quinto. Se solicita al pleno de la Cámara de Diputados para que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y las que correspondan realicen paquete legislativo para fortalecer las leyes ambientales, la ley Minera y las que sean necesarias con la finalidad de que el estado pueda cumplir con su función reguladora, sancionadora y responsable de asegurar el bienestar y derechos humanos de las y los mexicanos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2014.

Diputados: Trinidad Morales Vargas, Graciela Saldaña Fraire y José Luis Esquivel Zalpa (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ifetel a realizar una investigación sobre la conducta del comisionado Adolfo Cuevas Teja respecto a la decisión de aquél para interponer una controversia constitucional contra el decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Purificación Carpinteyro Calderón, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada federal Purificación Carpinteyro Calderón, integrante del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Desde la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo establecido en la misma, así como en las leyes en la materia.

Asimismo tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, y también el acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.

Una parte sustantiva de este nuevo andamiaje que le da certeza jurídica a su actuación cotidiana y a la imparcialidad sus decisiones, es la regulación de las modalidades conforme a las cuáles los comisionados podrán establecer contacto para tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de los agentes económicos regulados. Para ello se establecieron determinadas reglas de contacto que se señalan en los artículos 30 y 31 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y que son de cumplimiento estricto para el contacto entre los regulados y los comisionados del Instituto:

“Artículo 30. Fuera de las audiencias previstas en los procedimientos establecidos en esta Ley, los comisionados podrán tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de los agentes regulados por el Instituto, únicamente mediante entrevista.

Para tal efecto, deberá convocarse a todos los comisionados, pero la entrevista podrá celebrarse con la presencia de uno solo de ellos.

De cada entrevista se llevará un registro que al menos deberá contener el lugar, la fecha, la hora de inicio y la hora de conclusión de la entrevista; los nombres completos de todas las personas que estuvieron presentes en la misma y los temas tratados.

Esta información deberá publicarse en el portal de Internet del instituto.

Las entrevistas serán grabadas y almacenadas en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, manteniéndose como información reservada, salvo para las otras partes en los procedimientos seguidos en forma de juicio, los demás comisionados, el Contralor Interno y el Senado de la República en caso de que esté sustanciando un procedimiento de remoción de un comisionado. La grabación de cada entrevista deberá estar a disposición de los demás comisionados. Las entrevistas deberán realizarse en las instalaciones del Instituto.

Los comisionados no podrán ser recusados por las manifestaciones que realicen durante las entrevistas, salvo que de éstas se advierta que se vulnera el principio de imparcialidad. En su caso, la recusación deberá ser calificada por el Pleno.

Lo dispuesto en este artículo será sin perjuicio de la participación de los comisionados en foros y eventos públicos.

El Pleno establecerá en el estatuto orgánico las reglas de contacto aplicables a la Autoridad Investigadora y demás servidores públicos del Instituto.”

“Artículo 31. Son faltas graves y causales de remoción de los comisionados:

I. El desempeño de algún empleo, trabajo o comisión, público o privado, en contravención a lo dispuesto en la Constitución y en esta Ley;

II. Utilizar, en beneficio propio o de terceros, la información confidencial o reservada de que disponga en razón de su cargo, así como divulgar tal información en términos distintos a los autorizados por esta Ley;

III. Presentar a las unidades del Instituto, a sabiendas, información falsa o alterada;

IV. Participar en actos partidistas en representación del Instituto;

V. Adquirir obligaciones a nombre del Instituto, sin contar con la delegación de facultades para ello;

VI. Tener contacto con las personas que representen los intereses de los agentes económicos regulados para tratar asuntos de su competencia, en contravención a lo dispuesto en esta Ley;

VII. No excusarse de participar en aquellas tomas de decisiones en las que sus intereses personales se encuentren en conflicto, en los términos establecidos en esta Ley;

VIII. No emitir su voto razonado por escrito en casos de ausencia en los términos previstosen esta Ley;

IX. Incurrir en responsabilidad administrativa grave en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, o

X. Haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión”.

Sin embargo, estos preceptos fueron violados por el comisionado Adolfo Cuevas Teja, al no observar el procedimiento previsto en el artículo 30 referido en relación a los temas de la sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones celebrada el 3 de septiembre del año en curso en la que declaró el quórum legal correspondiente para instalar la sesión, estando presentes los 7 comisionados que integran el Pleno de dicho instituto.

En dicha sesión, se consideró de manera particular, dentro del orden del día como punto lll.10.- Interposición de Controversia Constitucional en contra del ”Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo 23 fracción VIII de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, tema planteado por las Comisionadas Adriana Sofía Labardini Inzunza y María Elena Estavillo Flores.

En esta sesión inicialmente el Comisionado Adolfo Cuevas estuvo presente y posteriormente se retiró como así lo hace manifestar el propio comisionado Presidente Gabriel Oswaldo Contreras, quién lo disculpó y le permitió participar de manera remota para emitir su voto en este punto del orden del día como consta en la versión estenográfica cuyo extracto citamos textualmente:

“Comisionado Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar: Gracias Comisionada Estavillo. Si me lo permiten los presentes quisiera señalar que se ha retirado de la cesión el Comisionado Adolfo Cuevas, tiene prevista la participación en un evento, en una comisión oficial por parte de este Instituto, un evento de la CIRT, y tiene que tomar un vuelo. Me manifestó su interés de participar en la Sesión como lo prevé la ley por vía remota, entonces se hará un enlace ahorita, tiene interés de anunciar su voto en este momento. No estaba previsto, por la demora del inicio de la sesión ordinaria y la demora de la discusión, su ausencia, pero vamos, siendo que ya ahorita hubo prisa por llegar al aeropuerto es que se retira y ahorita se tendrá un enlace telefónico, no.

Habiendo sido el tema planteado por las Comisionadas Adriana Labardini y la Comisionada Elena Estavillo, está a consideración de los presentes el asunto.

Licenciado Juan José Crispín Borbolla: Presidente le informo que ya está el enlace con el

Comisionado Adolfo Cuevas.

Comisionado Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar: Muchas Gracias.

Licenciado Juan José Crispín Borbolla:

Comisionado Cuevas, ¿nos escucha por teléfono?

Comisionado Adolfo Cuevas Teja: Sí, escucho perfecto, gracias.

Comisionado Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar: Si, Comisionado Cuevas, por favor si quiere fijar posición respecto del asunto.

Licenciado Juan José Crispín Borbolla: Si pudiera fijar su posición Comisionado Cuevas. Está en el uso de la voz.

Comisionado Adolfo Cuevas Teja: Bueno si, muchas gracias, de forma muy breve, puesto que tengo que cumplir esta comisión y haciendo uso de un medio electrónico para poder manifestar el sentido de mi voto, me pronuncio en contra de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones presente una controversia constitucional.

Licenciado Juan José Crispín Borbolla: ¿Sería toda su manifestación Comisionado?

Comisionado Adolfo Cuevas Teja: Así es.

Licenciado Juan José Crispín Borbolla: Damos cuenta entonces de su voto en contra.

Comisionado Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar: Muchas gracias, se recaba esta votación, entonces, que se sumará a la votación que se recabe una vez concluida esta discusión. Muchas gracias.”

Como se desprende de la versión estenográfica la ausencia del comisionado se debió a que tenía prevista la participación en un evento, en una comisión oficial por parte de este Instituto, un evento de la CIRT, una participación que debiera estar consignada en la agenda de contacto del Instituto y que debió seguir las formalidades de publicidad a las que está obligada por ley el Instituto, y que hasta el momento no se ha hecho.

Que teniendo en cuenta que el Artículo 31 de la referida ley como ya se citó líneas arriba que considera como faltas graves y causales de remoción de los comisionados en su fracción VI tener contacto con las personas que representen los intereses de los agentes económicos regulados para tratar asuntos de su competencia, la contraloría Interna del Instituto debe actuar en consecuencia realizando la investigación del caso, conforme al artículo 32 notificando al Presidente de la Mesa Directiva del Senado, y que a continuación citamos:

“Artículo 32. En caso de actualizarse alguno de los supuestos señalados en el artículo anterior, el titular de la Contraloría Interna del Instituto, cuando tenga conocimiento de los hechos que actualicen alguna de las causas de procedencia de la remoción y considere que existen elementos de prueba, notificará inmediatamente al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, acompañando el expediente del asunto fundado y motivado, a fin de que dicha Cámara resuelva lo conducente.

En estos casos, la Cámara de Senadores resolverá sobre la remoción, conforme al siguiente procedimiento:

I. La Cámara de Senadores acordará la creación de una Comisión Especial que fungirá como instructora en el procedimiento;

II. La Comisión Especial citará al comisionado sujeto al proceso de remoción a una audiencia, notificándole que deberá comparecer personalmente a rendir su declaración en torno a los hechos que se le imputen y que puedan ser causa de responsabilidad en los términos de esta Ley, y demás disposiciones aplicables. En la notificación deberá expresarse el lugar, día y hora en que tendrá verificativo la audiencia, los actos u omisiones que se le imputen y el derecho de éste a comparecer asistido de un defensor.

La notificación a que se refiere esta fracción se practicará de manera personal;

III. Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días;

IV. Concluida la audiencia, se concederá al comisionado sujeto al proceso de remoción un plazo de cinco días para que ofrezca los elementos de prueba que estime pertinentes y que tengan relación con los hechos que se le atribuyen, y

V. Desahogadas las pruebas que fueren admitidas, la Comisión Especial dentro de los cuarenta y cinco días siguientes someterá el dictamen con proyecto de resolución al Pleno de la Cámara de Senadores.

La remoción requerirá del voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión. Aprobada la remoción, ésta quedará firme y será notificada tanto al infractor como al titular de la Contraloría Interna del Instituto para su inmediato cumplimiento.”

Además por si fuera poco, el mismo comisionado Cuevas, resaltó personalmente la intervención de los regulados, cuando estando en el evento realizado en Cancún, en su cuenta de twitter redactó lo siguiente:

“Aquí estoy con la CIRT y todos estos legisladores aplauden nuestra decisión de no interponer una controversia constitucional”.

Estos hechos ponen en duda la imparcialidad de los Comisionados del Instituto, no solamente con respecto a este asunto en particular, del voto vía telefónica, sino también en cuanto a su actuación en conjunto como órgano verdaderamente autónomo del Estado mexicano. ¿Cómo se puede ser presumir independencia de criterio cuando no se respetan las mínimas normas de contacto que estable la ley?

Cabe recordar que los comisionados están sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos previsto en el Título Cuarto de la Constitución y que la Contraloría Interna del Instituto será el órgano facultado para conocer de las infracciones administrativas e imponer, en su caso, las sanciones aplicables conforme a lo dispuesto en esta Ley y en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Por ello el grupo parlamentario del PRD, considera de la más alta prioridad que el órgano interno de Control del Instituto actúe en consecuencia conforme al procedimiento que marca la ley y se siga una investigación del asunto y que de actualizarse alguna de las causales de responsabilidad se apliquen las sanciones del caso.

Por lo anteriormente expuesto ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a que en apego a las normas de contacto que fija la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se lleve a cabo una investigación por el órgano interno de control del Instituto, respecto de la conducta observada del Comisionado Adolfo Cueva Teja en relación con el tema de la interposición de la controversia constitucional referida y con los órganos regulados por esta Ley y que de ser el caso, notifique al presidente de la mesa Directiva del Senado de la República conforme a derecho.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a que en apego a dichas normas de contacto que fija la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión haga pública la agenda de reuniones en la que conste a las que asistió el comisionado Adolfo Cuevas Teja y en compañía de quiénes.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al comisionado Adolfo Cuevas Teja a que mientras se hagan las investigaciones correspondientes y se deslindan responsabilidades por el órgano interno de control del Instituto se excuse del cargo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2014.

Diputada Purificación Carpinteyro Calderón (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Niñas, Niños y Mujeres, a cargo de las diputadas Leticia López Landero y Martha Lucía Mícher Camarena, de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRD

El 14 de septiembre de 1813, José María Morelos y Pavón pronunciaba los Sentimientos de la Nación y en el punto 15 citaba “que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y sólo distinguirá a un americano de otro, el vicio y la virtud”.

Es lamentable que doscientos años después, México se encuentra lejos de lograr este anhelo de libertad por el contrario, pareciera que lo alentamos, perpetuamos y hasta permitimos se perfeccionen sus formas y es que la más moderna forma de esclavitud, la trata de personas, constituye un ataque frontal al derecho a la libertad y la dignidad de las personas.

Indudablemente, hoy enfrentamos una realidad lacerante en la trata de personas, misma que representa una expresión máxima de la violación a los derechos humanos; es igualmente innegable que actualmente el Estado mexicano enfrenta diversos retos en esta materia; ya que de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para el control de las Drogas y la Prevención del Delito (ONUDD), y el reporte de trata de personas del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, México se ha posicionado como lugar de origen, tránsito y destino de víctimas de trata.

La trata de personas, es sin duda una de las conductas que hoy en día más lastiman a nuestra sociedad privándola lamentablemente, de los derechos más elementales y es que este delito se ha globalizado de tal forma y sus fines de explotación son tan diversos, que lo mismo capta a niñas, niños, jóvenes, hombres o mujeres e incluso a personas adultas mayores. Sin embargo alrededor del 80 por ciento de las víctimas de trata son mujeres y niñas, que son trasladados a otros territorios nacionales e internacionales.

Por eso esta fecha es propicia, para que en México reiteremos, desde esta tribuna, que hacer efectivos en la vida familiar, comunitaria y ante las autoridades que aplican las leyes, los derechos de nuestros ciudadanos, es tarea de todos; más aún cuando existe la necesidad de prevenir y sancionar conductas que atentan contra ellos y que es imperativo eliminar.

Una amenaza que debe preocupar a todos los sectores de la sociedad mexicana es el incremento del delito de trata de personas, sobre todo, en zonas fronterizas con Estados Unidos, donde las víctimas son niñas, niñas y adolescentes.

Esas zonas facilitan la comisión de este ilícito, debido a la pobreza, falta de educación, factores que actúan en contra de los migrantes ilegales, quienes son víctimas de engaño, por su necesidad económica o por promesas engañosas de relaciones románticas Se vuelve más frágil su seguridad, cuando cruzan países enteros sin documentos que acrediten el origen e identificación, pero más aun cuando son menores de edad.

En efecto, compañeras y compañeros legisladores, a pesar de nuestra historia de libertad, hoy en México miles de hombres, mujeres, niñas y niños son víctimas de trata con fines de explotación sexual, misma que es especialmente lucrativa en nuestro país, y más si se le compara con el resto del mundo. Los grupos considerados más vulnerables a la trata de personas son mujeres, niños, indígenas y migrantes indocumentados.

En México, en términos absolutos, las estimaciones más conservadoras ubican el número de niños y niñas sometidos a esclavitud sexual entre 16 mil (Inegi, Unicef, DIF) y 20 mil. Otros estudios calculan que la cifra de niños y niñas sujetos a explotación sexual en México asciende a 70 mil, de los cuales 50 mil son explotados en las zonas fronterizas y 20 mil en el resto del país. Respecto del total de las víctimas, hay estimaciones que oscilan entre los 50 mil y 500 mil casos.

Mientras que en el siglo XIX los esclavos trataban de llegar a México para obtener su libertad; en la actualidad las personas que transitan nuestro país temen ser esclavizados por la delincuencia organizada que prolifera en nuestro territorio.

Por ello, hoy resulta imperativo que los legisladores, gobiernos y sociedad hagamos una revisión objetiva de las estrategias, métodos y productos legislativos, para conocer su real impacto en la convivencia social, aceptar que han sido insuficientes y aún no reflejan las aspiraciones de grandes movimientos históricos en defensa de la libertad de nuestros ciudadanos.

Señoras y señores diputados:

Al conmemorar el Día Internacional en contra de la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, quienes ostentamos la representación ciudadana, debemos mantenernos firmes contra toda forma de explotación que le niegue a las personas su dignidad. Asimismo, debemos ser enérgicos y proponer medidas eficaces que propicien el logro de la erradicación de la explotación, la defensa y promoción de una cultura de igualdad y legalidad para todos.

Los invito a que sigamos trabajando juntos como la gran maquinaria que son los órganos de gobierno en pro de la erradicación de este delito, para lograr así, otorgar a nuestra sociedad, no solo la esperanza de un país libre de esclavitud, trabajemos unidos con pasos firmes para que no exista en nuestro México un solo estado en el que se tolere la trata de personas, hagamos que esa esperanza sea una realidad que deje huella en nuestra sociedad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2014.

Diputada Leticia López Landero (rúbrica)

Con motivo del Día Internacional de la Paz, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del PVEM

Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que durante todas las épocas de la humanidad, los distintos grupos que la han conformado, se han relacionado dentro de una pacífica convivencia en donde emergen constantemente una serie de conflictos.

Al estudiar la historia escrita, la encontramos marcada de periodos de crisis y conflictividad, de violencia y de guerra, pero siempre unidos de un modo indisoluble a la convivencia y a la paz.

Es decir, las relaciones entre naciones se dan alrededor de una estructura que se califica de anárquica, esto debido a la falta de un poder superior, lo que origina que las relaciones internacionales se lleven a cabo en un contexto de conflictividad.

Pero es a partir de la Revolución Industrial cuando las costumbres bélicas empezaron a cambiar, debido en gran parte a la tecnología armamentista.

Por lo anterior, observamos pues, que en la primera guerra mundial se empezó a utilizar el tanque, los aviones, las armas químicas y los submarinos; en la segunda guerra mundial las zonas donde se libraban las batallas cambiaron de las zonas aisladas a las ciudades, afectando terriblemente a la población civil, dejando tras de sí un sinnúmero de refugiados y un gran sufrimiento humano.

Después de presenciar los horrores de las dos guerras mundiales, la comunidad internacional propuso la creación de una entidad supranacional que regulara las relaciones internacionales entre los Estados.

Conscientes de que la paz constituye una de las grandes aspiraciones de la humanidad, y que la responsabilidad de lograrla y mantenerla es universal.

Con este objetivo en mente, en 1945 representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, para redactar la Carta de las Naciones Unidas

En dicho instrumento, se estableció en su artículo primero que uno de los propósitos principales de la ONU, es el de mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias.

Paradójicamente la Organización de las Naciones Unidas, cuyo principal objetivo es el mantenimiento de la paz mundial, depende a su vez del Consejo de Seguridad, cuyo núcleo duro está integrado por Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China, países que casualmente son los mayores fabricantes y exportadores de material bélico en el mundo y los que mayor dinero destinan al sector militar.

La industria armamentista es en gran medida culpable de la multiplicación de los conflictos armados, 74 de los 100 mayores fabricantes de armamento, se localizan en los Estados Unidos y Europa Occidental, que generan el 90% de las ventas en este sector.

A cien años del inicio de la Gran Guerra, las similitudes del mundo actual con aquella época inquietan: proliferan ideologías extremistas, furias nacionalistas y ambiciones imperialistas.

Las constantes en el escenario internacional están lejos de ser la paz y la estabilidad, por el contrario, el mundo en la actualidad es escenario de conflictos con raíces políticas, étnicas, religiosas, sociales y económicas que en la mayoría de los casos desembocan en violentas crisis.

Aunque no existe ninguna guerra activa declarada oficialmente entre diferentes Estados, el mundo atestigua al menos diez grandes conflictos armados, que nos recuerdan que al igual que 100 años atrás, el orden internacional vigente se despedaza.

En una suerte de revanchismo, Rusia anexa a Crimea y la violencia estalla en Ucrania. En Irak, el sectarismo vuelve a resurgir y estrecha lazos con sus seguidores. La Franja de Gaza una vez más, sangra y arde. La cruel guerra civil en Siria lleva más de tres años sin tregua.

Se trata de conflictos que engrosan la lista de guerras de más larga duración, como las de Afganistán, Somalia, Mali, Sudan del Sur y República Centroafricana, entre otras.

Ian Bremmer, presidente del grupo Eurasia, creo el término “mundo G-0”, para explicar el orden global en el que vivimos. “Estamos en un mundo en el que ningún país o grupo de países puede o quiere asumir un liderazgo mundial”.

El Día Internacional de la Paz es una ocasión para reflexionar, un día en el que reiteramos que creemos en la no violencia e instamos a que cesen las hostilidades a nivel mundial.

Este año, el tema es la educación por la paz, la educación es vital para fomentar la ciudadanía mundial y construir sociedades pacíficas.

Por lo anteriormente expuesto, en el Partido Verde creemos que sólo mediante la educación podremos edificar una paz duradera en la mente de los hombres y pasar así de una cultura de guerra a una cultura de paz.

Hacemos votos porque este Día Internacional de la Paz, nos comprometamos a enseñar a nuestra familia el valor de la tolerancia y el respeto mutuo; invirtamos en las escuelas y los maestros que construyan un mundo justo e inclusivo que abrace la diversidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de abril de 2014.

Diputada Gabriela Medrano Galindo (rúbrica)