Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 4117-IV, martes 23 de septiembre de 2014
De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a prestar atención a los productores de granos básicos ante la caída de precios
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que brinden atención a los productores de granos básicos, ante la caída de precios, presentada por los diputados Verónica Beatriz Juárez Piña, Trinidad Morales Vargas y José Antonio León Mendívil, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática, en el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 20 de febrero del año en curso.
La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con fundamento artículos 39 y 45, numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 79, 80, numeral 1, fracción VI, 82, numeral 1, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 176, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el presente dictamen a partir de los siguientes
Antecedentes
El 20 de febrero de 2014, los diputados Verónica Beatriz Juárez Piña, Trinidad Morales Vargas y José Antonio León Mendívil, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que se brinde atención a los productores de granos básicos, ante la caída de precios.
El 20 de febrero de 2014 la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, mediante oficio DGPL. 62-II-7-1297 y número de expediente 3782 la proposición con punto de acuerdo antes mencionada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, a partir de las siguientes
Consideraciones
En los últimos años los precios de los granos básicos para los productores agrícolas se han visto afectados, al tener una baja de hasta 50 por ciento, esto se ha visto reflejado en las familias mexicanas en el consumo de alimentos de la canasta básica.
La caída de los precios del mercado afecta simultáneamente a 95 por ciento de la producción agrícola nacional, que es el porcentaje que representan estos productos en el conjunto del sector.
Por ejemplo, un grano esencial es el maíz que es el principal cultivo en México, en la bolsa de Chicago, ronda los 170 dólares por tonelada; esto significa, en promedio, una pérdida de más de 100 dólares por tonelada en relación a la misma fecha del año pasado, que era de 273 dólares.
El país produce en promedio 22 millones de toneladas de maíz al año, significa una pérdida para el sector maicero superior a los dos mil 200 millones de dólares (28 millones 600 mil pesos), equivalente a lo doble del presupuesto destinado al programa Proagro Productivo en 2014.
Como se sabe, el sector agrícola es uno de los sectores más vulnerables de nuestra economía, por diversas situaciones, una de ellas es el cambio climático, ocasionando devastación en el sector y causando un efecto impresionante de rezago y pobreza. Sumado a esto se han incrementado los precios de los fertilizantes, de la semilla y de la maquinaria agrícola.
Sin lugar a duda estos son algunos de los factores que vuelven una situación agobiante a los hombres del campo, la venta de la cosecha a los precios del mercado significa una ruina para miles de ellos. Sin dejar de mencionar que la agricultura es el sector primario de donde depende la alimentación de muchas familias mexicanas y las materias primas fundamentales para la industria agropecuaria nacional.
A pesar de la caída de los precios de los granos básicos en el país, se ha presentado un incremento en el mercado nacional, esto quiere decir que en el proceso de elaboración de los alimentos como la tortilla de maíz, el pan, la carne y la harina de trigo, no se han visto disminuidos los costos finales al consumidor, que es lo que reflejaría la caída de estos.
Tomando en cuenta que el estado tiene las facultades constitucionales y legales para atender esta emergencia en la producción y comercialización de granos básicos.
De acuerdo con el artículo 25 constitucional, párrafo 2o., “El estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevara a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.”
Así como de acuerdo con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que reglamenta la fracción XX del artículo 27 constitucional.
“El estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.”
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas esta comisión dictaminadora tiene a bien emitir los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Economía a llevar a cabo una investigación del mercado nacional sobre la especulación de los precios de los granos básicos, especialmente frijol y maíz, e informar a esta soberanía.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a implementar un sistema nacional de compras para adquirir la cosecha de maíz, frijol y trigo a precios justos para los productores, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar medidas urgentes y efectivas que mitiguen la problemática de la caída de precios y que afecta directamente al productor de granos básicos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2014.
La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego
Diputados: José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo, Pedro Porras Pérez (rúbrica), Ana Paola López Birlain (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez, José Humberto Vega Vázquez, José Soto Martínez (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán, Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Armando Contreras Ceballos (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Valentín González Bautista, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), Pedro Gómez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), José Luis Oliveros Usabiaga, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Salvador Romero Valencia (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara (rúbrica), Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya.
De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa a transparentar los recursos del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero y la venta de los ingenios administrados por éste
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura le fue turnada para dictamen, Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, a transparentar los recursos del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero y la venta de los ingenios administrados por éste, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD, en el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 20 de febrero del año en curso.
La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con fundamento en los artículos 39 numeral 2 fracción I y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 68, 80 numeral 1 fracción VI, 84, 176, 180 numeral 2 fracción I y II; 182, numeral 3 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; a la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego le corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes
Antecedentes
El 20 de febrero de 2014, el diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a transparentar los recursos del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, FEESA, y la venta de los ingenios administrados por éste.
El 20 de febrero de 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, con número de oficio: DGPL. 62-II-5-1488 y número de expediente 3787 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Proposición en comento.
Consideraciones
Que en México hay en operación 57 ingenios azucareros, que transforman y procesan la caña de azúcar que se produce en el territorio nacional, cabe señalar que en el año del 2001 fueron expropiados 27, debido a que los ingenios expropiados mantenían adeudos crediticios con Financiera Nacional Azucarera; que tiempo después fueron regresados o licitados.
Que en la actualidad quedan 9 ingenios azucareros expropiados y administrados por el FEESA, siendo Casasano, Emiliano Zapata, Atencingo, Plan de San Luis, El Modelo, El Potrero, La Providencia, San Cristóbal y San Miguelito.
Que una de las funciones que tiene FEESA es la administración de los bienes expropiados, a través de los medios financieros, fiduciarios y, en general, jurídicos que resulten necesarios.
Que de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación para mantener las operaciones de FEESA en los últimos años, se ha asignado en promedio 8.9 y para 2014 fueron asignados para su aplicación 159.3 millones de pesos.
Que está publicado desde 2012 en el Diario Oficial de la Federación la comercialización de ingenios de FEESA, hasta el momento ha sido detenido su proceso por el cambio de Gobierno Federal; por lo que en marzo del 2013 los 9 ingenios de FEESA, han sido incorporados al Servicio de Administración y Enajenación de la Secretaría de Hacienda, con lo que se avanzó en la desincorporación del gobierno federal de los ingenios.
La agroindustria del azúcar se encuentra dentro de los sectores estratégicos de la economía mexicana: por el carácter básico del bien producido, su participación en el producto interno bruto, PIB, los empleos industriales y agrícolas que genera, y por sus efectos multiplicadores en la actividad económica.
La agroindustria ha tenido un comportamiento errático: crisis de sobreproducción contra déficit; problemas de financiamiento y de endeudamiento excesivo que han llevado a la agroindustria a la quiebra técnica; problemas de obsolescencia y de competitividad; la demanda nacional se ha satisfecho con producción nacional y con importación; los intereses de los productores y de los industriales no han podido conciliarse; las políticas públicas han sido ineficaces.
El Estado ha rescatado, por causas de utilidad pública, los ingenios, los ha vuelto a privatizar y los ha vuelto a rescatar, en un círculo vicioso que parece no tener solución; ha creado instituciones con objeto de ordenar la industria, las ha liquidado por su falta de efectividad y las ha vuelto a crear, para insistir en nuevas formas de operación que tampoco han sido efectivas; ha controlado los precios y los ha liberado.
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la federación, los estados y el Distrito Federal, con objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en el artículo 7, fracción IX, indica que la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto; asimismo la fracción XVII; señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información de utilidad o que se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.
Por lo expuesto, la comisión dictaminadora somete a consideración de esta asamblea el siguiente resolutivo
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la fracción IX del artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se informe a esta Soberanía sobre el estado que guarda el Fondo de Empresas Expropiadas y Sector Azucarero.
Palacio Legislativo, a 10 de marzo de 2014.
La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego
Diputados: José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo, Pedro Porras Pérez (rúbrica), Ana Paola López Birláin (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez, José Humberto Vega Vázquez, José Soto Martínez (rúbrica), secretarios; Salvador Arellano Guzmán, Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Armando Contreras Ceballos (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Valentín González Bautista, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), José Luis Oliveros Usabiaga, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Salvador Romero Valencia (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara (rúbrica), Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya.
De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa a prestar por la Unidad Técnica Especializada en Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua apoyo, orientación y seguimiento a las comunidades agrícolas donde se construyan jagüeyes y otros medios de captación de agua
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura le fue turnada para dictamen proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para que por medio de la Unidad Técnica Especializada en Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua y en el marco del Programa de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (Coussa), brinde apoyo, orientación y seguimiento a las comunidades agrícolas donde se lleva a cabo la construcción de jagüeyes y de otros mecanismos de captación de agua, misma que fue presentada por la diputada Dulce María Muñiz Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con fundamento en los artículos 39, numeral 2, fracción I, y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 68, 80, numeral 1, fracción VI, 84, 176, 180, numeral 2, fracción I y II; 182, numeral 3, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, le corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes
Antecedentes
El 25 de febrero de 2014, la diputada Dulce María Muñiz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para que por medio de la Unidad Técnica Especializada en Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua y en el marco del Programa de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (Coussa), brinde apoyo, orientación y seguimiento a las comunidades agrícolas donde se lleva a cabo la construcción de Jagüeyes y de otros mecanismos de captación de agua.
La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, con número de oficio DGPL/LXII-II-4-1343 y número de expediente 3807 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición antes mencionada.
Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión dictaminadora formulamos las siguientes
Consideraciones
El agua es esencial para aprovechar el potencial de la tierra y para permitir que las variedades tanto de plantas como de animales utilicen plenamente los demás factores de producción para elevar sus rendimientos. El suelo, el agua y la vegetación representan el principal activo con el que cuentan los habitantes del medio rural.
En México, el principal uso del agua es el sector agrícola, el cual en términos de uso de aguas nacionales, se refiere principalmente al agua utilizada para el riego de cultivos. El agua es empleada de diversas formas prácticamente en todas las actividades humanas, ya sea para subsistir o para producir e intercambiar bienes y servicios.
Las sequías como aspecto asociado con la escasez del recurso, se constituyen como factor de incremento en la demanda de agua, se presentan con mayor recurrencia en las zonas áridas y semiáridas, nuestro país presenta un marcado contraste territorial de escasez y abundancia de agua, ya que más de dos terceras partes del territorio son áridas o semiáridas. El número de conflictos por el uso del agua superficial en las zonas áridas y semiáridas del país ha ido en aumento.
Para los habitantes de zonas áridas o semiáridas conservar el agua y tierras es su prioridad acrecentándose por la vida rural en que se desarrollan, debido a que la mayor parte del agua que se utiliza para producir alimentos u otros cultivos proviene de la lluvia almacenada en el suelo, donde es absorbida por las raíces de los cultivos. El riego se practica en lugares y épocas en las que el agua de lluvia es insuficiente para abastecer de agua a los cultivos de manera adecuada.
La FAO considera que la captación y el aprovechamiento de la lluvia representan solo una de las estrategias en el uso racional del agua. Para lograr éxito en cualquier acción o proyecto, es necesario considerar diversos aspectos, como educación, concientización y capacitación de los usuarios, que permitan desarrollar en la comunidad la cultura del uso eficiente del agua.
En México una de las tecnologías tradicionales más comunes para el abasto de agua en las zonas rurales quizás sea el jagüey o estanque, beneficiando el incremento en la eficiencia del uso de agua de lluvia, para uso de los habitantes en zonas áridas para su supervivencia.
Coincidimos con el promovente que señala que la creciente crisis de agua en el planeta resulta imperativo activar y perfeccionar todos instrumentos a nuestro alcance frenar las consecuencias que ya padecemos por escases y contaminación.
Al señalar como reto a confrontar en esta materia cuatro ejes básicos:
1. La disponibilidad continua y suficiente del agua para cada persona.
2. Agua de buena calidad, es decir que esté libre de agentes nocivos, lo que garantice a la población que su salud no sea vulnerada en el ejercicio de su derecho al agua.
3. Proximidad a instalaciones y servicios de agua para todos los sectores de la población; que se garantice el suministro de agua en las cercanías inmediatas hasta en las localidades más marginadas.
4. Accesible a toda la población y que el costo por ella sea equiparable a los ingresos de cada persona.
Se sabe de los antecedentes históricos de las preocupaciones que los gobiernos han tenido para establecer y perdurar la aplicación de una política pública, para la optimización de la aplicación y uso del recurso hídrico en las actividades de los diversos procesos productivos y el uso en la vida diaria del quehacer humano
En este sentido, para lograr un uso racional y eficiente de la misma y con el fin de evitar la escasez y el desabasto en zonas áridas y semiáridas, debe garantizarse la colaboración de los diversos actores involucrados, siendo responsabilidad gubernamental y comunitaria el cuidado y abastecimiento de ésta en diferentes zonas de nuestro país.
Se tienen datos importantes que se obtuvieron en el año 2009 en el Censo Económico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se captó información de 864 plantas potabilizadoras de agua y 632 plantas tratadoras, las cuales se identifican como empresas especializadas que se dedican a la captación, tratamiento y suministro del vital líquido donde el agua dulce se obtiene, principalmente, de los mantos acuíferos subterráneos y de la lluvia, la cual se capta en ríos, lagos y presas.
Con base en lo anterior, el jagüey originalmente concebido como una zanja o pozo lleno de agua en el que abreva el ganado, se ha convertido en una opción sustentable para algunas regiones en México y puede ser utilizado para diversos fines. Los jagüeyes son un caso particular de la captación de agua de lluvia. Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) existen tres tipos de jagüeyes: los que aprovechan una corriente de agua, los que se acondicionan a partir de una pendiente natural y uniforme, y los que se hacen a partir de una excavación con una ligera pendiente. En tanto, existen jagüeyes naturales y artificiales como medios para captar, almacenar y administrar agua de lluvia con fines pecuarios y de riego, siendo una alternativa para que el ganado y la agricultura obtenga agua durante las épocas de sequía prolongada, reduciendo con ello los problemas ligados a la indisponibilidad de agua.
Bajo el anterior orden de ideas, es importante exhortar a las autoridades que cumplan con la revisión del diseño y eficiencia de estas obras, ya que para el proceso de construcción es necesario un seguimiento adecuado para que cuando la obra sea entregada a los agricultores, ésta resulte adecuada para la captación durante la temporada de lluvia y suficiente para la temporada de sequía.
En este sentido, al interior de la Sagarpa, la Unidad Técnica Especializada en Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua tiene como objetivo específico el dar soporte técnico y capacitación a los técnicos del Programa de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (Coussa) en la elaboración y puesta en marcha de proyectos integrales que contribuyan a la conservación, uso y manejo sustentable de los recursos naturales utilizados en la producción primaria, así como el de apoyar a los Centros de Evaluación Estatal (CEE) en la elaboración, seguimiento y evaluación de la estrategia de asistencia técnica y capacitación/soporte en Coussa y en la realización de la evaluación del desempeño de los técnicos en los servicios prestados, y de manera puntual, de los aspectos técnicos e indicadores de impacto de las obras y prácticas de los proyectos integrales a los que se asesoró en la puesta en marcha.
En este sentido, a través de Coussa la Sagarpa podría evitar la pérdida de cultivo y ganado en México, previendo las especificidades climáticas y de construcción para un abastecimiento adecuado y duradero en las zonas áridas y agrícolas.
Es necesario, que se coordinen las Unidades responsables que se señalan en el acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Integral de Desarrollo Rural de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el componente de Desarrollo de las Zonas Áridas, que establece el apoyo para la ejecución de proyectos de inversión en construcción, rehabilitación y/o ampliación de infraestructura hídrica y para el equipamiento e infraestructura rural, en el que participa la Comisión Nacional de Zonas Áridas como órgano ejecutor y en el Componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (Coussa), que tiene como finalidad de apoyar en Pequeñas Obras de Captación y Almacenamiento de Agua: Presas (mampostería, concreto), Bordos de cortina de tierra, Aljibes, Ollas de agua, Tanques de Almacenamiento y las obras auxiliares de estas; fomentar las Prácticas de conservación de suelo y agua: Terrazas, Tinas ciegas, barreras vivas, practicas productivo conservacionistas (cambio a cultivos por adaptabilidad y menor impacto en suelo).
Finalmente es necesario destacar que esta Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego impulso un Presupuesto de 1,761 MDP para el Programa de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (Coussa) y de 1,215.2 MDP para el Desarrollo de Zonas Áridas.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora somete al pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que por medio de la Unidad Técnica Especializada en Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua y en el marco del Programa de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua, brinde apoyo, orientación y seguimiento a las comunidades agrícolas donde se lleve a cabo la construcción de jagüeyes y de otros mecanismos de captación de agua.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2014.
La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego
Diputados: José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo, Pedro Porras Pérez (rúbrica), Ana Paola López Birláin (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez, José Soto Martínez (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez, secretarios; Salvador Arellano Guzmán, Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Armando Contreras Ceballos (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Valentín González Bautista, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), José Luis Oliveros Usabiaga, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Salvador Romero Valencia (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara (rúbrica), Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Ossiel Ruiz Niaves López (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica).
De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a apoyar por la Secretaría de Economía y la Sagarpa a los productores de hule del país
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura le fue turnada para dictamen, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), se apoye a los productores de hule del país, mismo que fue presentado por la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con fundamento en los artículos 39 numeral 2 fracción I y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 68, 80 numeral 1 fracción VI, 84, 176, 180 numeral 2 fracción I y II; 182, numeral 3 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, le corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes:
Antecedentes
El 27 de febrero de 2014, la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), se apoye a los productores de hule del país.
La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, con número de oficio: DGPL. 62-II-7-1321 y número de expediente 3846 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión dictaminadora formulamos los siguientes
Consideraciones
Requiere una gran cantidad de mano de obra durante todas las fases del cultivo, desde el establecimiento de los viveros hasta el establecimiento y mantenimiento de plantaciones por lo que es visto como una actividad generadora de empleos. De esta actividad dependen más de 7,000 familias, básicamente de las regiones marginadas del trópico húmedo. Por cada 2.5 ha de plantación en producción se genera 1 empleo directo.
Aporta beneficios ecológicos, ya que a través del cultivo se están recuperando las áreas arboladas que fueron desforestadas con motivo de la introducción de la ganadería intensiva y al establecimiento de cultivos como el maíz y fríjol, entre otros.
Contribuye a mejorar el ambiente, ya que fija grandes cantidades de carbono, genera oxígeno a la atmósfera, actúa como mejorador de los suelos y filtra grandes cantidades de agua ayudando a la recarga de los mantos freáticos, además el cultivo es considerado como “selva artificial”, donde prolifera la fauna silvestre y otras especies vegetales.
Genera arraigo del productor a su comunidad por el volumen de trabajo que requiere el cultivo para su atención, ya que es el único cultivo que se cosecha prácticamente todo el año (excepto en los 2 meses de sequía).
Existe en el Trópico Húmedo una superficie potencial productiva superior a las 500,000 hectáreas. La presencia de este producto genera economías colaterales que son importantes para el desarrollo económico de nuestro país y el mundo entero.
La rentabilidad del cultivo es alta y segura, toda vez que el consumo nacional e internacional va en franco aumento, al igual que el precio internacional.
Por sus características físico-químicas aún se considera como un producto insustituible, ya que se requiere en la gran industria para la producción de productos específicos que no pueden ser realizados con ningún otro producto que no sea hule natural, como las llantas de avión, trajes especiales que evitan la radioactividad y el efecto antigravitatorio cuando se realizan los viajes espaciales, etcétera.
Existe tecnología capaz de aumentar los rendimientos por unidad de superficie, lo que se traduciría en mayores ingresos para el productor.
Para el caso de plantaciones viejas e improductivas se tiene la opción de aprovecharla como madera, la cual comienza a tener aceptación en el mercado, dada la escasez de madera proveniente de los bosques naturales.
Por las características del cultivo es necesaria una continuidad de “acciones”, en donde los diferentes actores que intervienen en el fomento de éste, realicen una planeación estratégica que conlleve a una prospectiva de crecimiento para que en el mediano y largo plazo logremos la autosuficiencia. Esto significa que no hay que ver al cultivo como un programa “sexenal” o de ejercicio fiscal, sino que debe ser un programa multianual con recursos propios.
México y sus plantaciones de hule se encuentran cerca del mercado más grande del mundo, que son los Estados Unidos y Canadá, lo que significaría bajos costos de transporte por exportación.
La enfermedad de la mancha sudamericana que ha afectado a las plantaciones de Brasil, no ha tenido efectos significativos en México, por encontrase las superficies plantadas en zonas de escape.
Los volúmenes de hule demandados por la industria instalada en el país para el año 2013 fueron de alrededor de 87 mil 400 toneladas, de los cuales se considera que en México se produce solo el 10% de la demanda anual, teniéndose que importar 90%, lo que ocasiona una pérdida de divisas para el país y la oportunidad de generar los empleos que se requieren para nuestra población rural.
En nuestro país, sólo el mercado llantero consume anualmente el 70% del hule que se consume por toda la industria hulera.
El hule es un producto estratégico de gran importancia económica, tanto en el ámbito nacional como internacional, ya que su uso es indispensable en la elaboración de más de 40 mil artículos manufacturados para uso industrial y doméstico.
Existen agroindustrias en el país que actualmente se encuentran paralizadas por falta de abastecimiento de materia prima, haciéndose necesario su reactivación el beneficiado del hule y la creación de empleos.
Con el hule natural se elaboran más de 40 mil artículos, entre los que destacan neumáticos, cámaras, mangueras, suelas, guantes, pegamentos, objetos deportivos, aislantes, etcétera.
Las propiedades físico-química del hule natural especialmente su alta resistencia a la fuerza tensil y a la fatiga lo han hecho insustituible en la Industria; en la Medicina se reconoce su gran utilidad de catéteres e instrumentos médicos que no generan preservativos ha incrementado su demanda y los biólogos reconocen al árbol del hule como auténtica “fábrica” de farmacéuticos.
Algunos de los usos poco conocidos pero con gran importancia son entre otros, en la industria de la construcción, en zonas sísmicas, en donde se utiliza en la cimentación de edificios, “absorbiendo” los movimientos telúricos.
Debe anotarse también como uso importante del árbol del hule, la madera que se puede utilizar al final de la vida económica, y que actualmente ha logrado el nacimiento de importantes industrias muebleras que aprovechan las propiedades de una madera blanca, con características de compresión y flexión estática, muy apreciable también en la elaboración de herramientas, juguetes, utensilios de cocina, pisos y molduras.
Por los argumentos antes expuestos, esta comisión dictaminadora, tiene a bien emitir el siguiente dictamen en sentido positivo, al tenor del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el ámbito de su competencia, emprenda las acciones necesarias para dentro de los programas gubernamentales como Pymes o el de Innovación para el Desarrollo Tecnológico Aplicado, en su componente de transferencia de tecnología, se impulse el desarrollo de la industria del hule.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2014.
La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego
Diputados: José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo, Pedro Porras Pérez (rúbrica), Ana Paola López Birlain (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez, José Humberto Vega Vázquez, José Soto Martínez (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán, Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Armando Contreras Ceballos (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Valentín González Bautista, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), Pedro Gómez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), José Luis Oliveros Usabiaga, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Salvador Romero Valencia (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara (rúbrica), Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya.
De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Sagarpa a emprender acciones para mitigar la propagación de la plaga huanglongbing, o “dragón amarillo”
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y Dictamen correspondiente, Tres Proposiciones con Punto de Acuerdo, por las que se exhorta a la Secretaria de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a emprender diversas acciones para mitigar la propagación de la plaga huanglongbing (HLB), conocida como “dragón amarillo”; a cargo de la Diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD, la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN y el diputado José Luis Muñoz Soria del Grupo Parlamentario del PRD, en sesiones correspondiente a los días 6, 13 y 18 de marzo del año en curso.
Una vez recibida por la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, sus integrantes entramos a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido de cada una de las proposiciones y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir Dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 69, 80, 81, 82, 84, 102, 157 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, corresponde a esta comisión dictaminar las proposición con punto de acuerdo en comento, a partir de los siguientes:
Antecedentes
El 6 de marzo de 2014, el diputado José Luis Muñoz Soria del Grupo Parlamentario del PRD, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, difundir el destino de los recursos destinados al Plan Integral contra huanglongbing (HLB), conocido como “dragón amarillo”.
El 6 de marzo de 2014, la Presidencia de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, con número de oficio: DGPL. 62-II-1-1682 y número de expediente 3969 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada.
El 13 de marzo de 2014, la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que asigne más recursos a los organismos de sanidad vegetal y realice acciones que permitan contener la propagación de la enfermedad conocida como “Dragón Amarillo” y se amplíe la vigilancia de la Norma Oficial Mexicana NOM –EM-047-FITO-2009, para que sigan vigentes las acciones fitosanitarias para combatir y mitigar el riesgo de introducción y dispersión del huanglongbing de los cítricos, especialmente en el estado de Colima,
El 13 de marzo de 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, con número de oficio: DGPL. 62-II-2-1262 y número de expediente 4034 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Proposición antes comentada.
El 18 de marzo de 2014, la Diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó Proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar al titular de la Secretaria de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para llevar a cabo acciones de detección, prevención y contención en la producción de cítricos ante la propagación de la plaga HLB (huanglongbing), o “dragón amarillo”, así como al titular de la Secretaría de Gobernación, para que lleven acciones que aseguren el trasiego de productos citrícolas en los estados de Colima y Michoacán,
El 18 de marzo de 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, con número de oficio: DGPL. 62-II-5-1572 y número de expediente 4072 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, proposición con punto de acuerdo antes mencionada.
Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión dictaminadora formulamos los siguientes:
Consideraciones
Que el psílido asiático de los cítricos es un insecto de origen tropical que se alimenta de las hojas y tallos de árboles de cítricos; es una plaga que manifiesta su verdadero peligro al ser portadora de una enfermedad bacteriana mortal denominada huanglongbing (HLB) o conocida Dragón Amarillo ó también conocida como enverdecimiento de los cítricos que acaba con los árboles de cualquier cítrico.
Se considera a esta enfermedad como una de las más destructivas de los cítricos en el mundo, dado que es de difícil control, la severidad de los síntomas, la rapidez con la que se dispersa y porque afecta a todas las especies comerciales de cítricos. Es una enfermedad que aún no tiene cura.
En 2005 el Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América confirmó la presencia de esta enfermedad en el sur del estado de Florida, lo que pone en riesgo a la citricultura en México y otros países productores de cítricos, incluyendo los países que integran la región el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).
Que la distribución geográfica del insecto, se encuentra presente en todo el continente americano. En México, se reportó por primera vez en el estado de Querétaro y posteriormente en los estados de Colima, Hidalgo, Puebla, San Luís Potosí, Tamaulipas y Veracruz.
Que se coincide con los argumentos, que la diputada promovente expone en relación de que el huanglongbing, puede ser una enfermedad que ponga en serio problema a los productores de cítricos del país; la bacteria denominada: huanglongbing (HLB) representa una seria amenaza para las 526 mil hectáreas de cítricos distribuidas en veintitrés Entidades Federativas Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Campeche, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, lo que a su vez representa un riesgo a la producción de 6.7 millones de toneladas anuales, con un valor superior de 8 mil millones de pesos, de acuerdo a las cifras proporcionadas por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera en 2006, en beneficio de 67 mil productores que se dedican a esta actividad y que generan aproximadamente 70 mil empleos directos y 250 mil indirectos de acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección General de Fomento a la Agricultura de la Subsecretaría de Agricultura, en el año 2007.
Que a raíz de la detección de brotes de enverdecimiento de los cítricos, en 2009, la Secretaria de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, acordó con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y el Instituto Interamericano para la Cooperación para la Agricultura (IICA), realizaron el estudio en el párrafo anterior descrito, para evaluar el impacto económico que generaría esta enfermedad en la cadena citrícola en sus diversos componentes, tanto en la actividad primaria como en la agroindustrial y en el resto de la economía; entre los impactos más importantes se encuentran el desempleo que se puede generar a lo largo de toda la cadena, la reducción en el procesamiento de productos agroindustriales y en el beneficio, en la capacidad instalada de la agroindustria agroalimentaria, en la cantidad de divisas que ingresarían al país por concepto de exportaciones tanto de productos fresco como procesado.
Que siendo uno de los objetivos de la política de la sanidad vegetal, la de promover y vigilar la observancia de las disposiciones legales aplicables; diagnosticar y prevenir la diseminación e introducción de plagas de los vegetales, sus productos o subproductos que representen un riesgo fitosanitario; así como establecer medidas fitosanitarias y regular la efectividad de los insumos fitosanitarios y de los métodos de control integrado.
Que la Ley Federal de Sanidad Vegetal, establece en su artículo 19 que le corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tomar las medidas pertinentes para combatir o erradicar las plagas que afecten a los cultivos o sus productos cuando puedan presentar un riesgo fitosanitarios.
Que es de mencionar que el 8 de julio de 2009 y el 12 de febrero del año 2010, se público en el Diario Oficial de la Federación la NOM-EM-047-FITO-2009 y su prórroga, respectivamente, en la cual se establecen las acciones fitosanitarias para mitigar el riesgo de introducción y dispersión del HLB en el territorio nacional.
Que la norma antes mencionada tiene por objeto establecer las acciones fitosanitarias para implementar un programa de monitoreo que incluya la toma de muestras, diagnóstico, inspección y vigilancia para detectar oportunamente la eventual introducción y dispersión del huanglongbing al territorio nacional y, en su caso, la aplicación de las acciones fitosanitarias para su control, entre las que se considerará la delimitación de las zonas bajo control fitosanitario, la eliminación de material infectado, aplicación de métodos de control del vector, toma de muestras, inspecciones, restricción y/o control de la movilización de material vegetal de especies hospederas de la enfermedad, entre otras, conforme a lo establecido en el “Protocolo de actuación ante la emergencia por la detección del huanglongbing”.
Que en consecuencia y atendiendo los argumentos que la diputada promovente y las consideraciones vertidas en el presente dictamen, se hace necesario implementar un programa permanente en los Estados productores de cítricos para el control y erradicación del insecto señalado, para así detener la propagación y diseminación de la enfermedad que es provocada por la bacteria causante del enverdecimiento de los cítricos, en cumplimiento de lo que se establece en las Normas oficiales y la Legislación en esta materia.
Que es necesario señalar que las carreteras de México son poco seguras. Los asaltos a turistas, el robo a transportistas y de mercancías, en los caminos federales de cuota y libres del país, se cometen estos delitos ya es una práctica común para la delincuencia organizada, muchas veces se apoyan con retenes militares o de la policía federal falsos, o por diversas artimañas bien planeadas y definidas para cometer estos ilícitos.
Que las estadísticas de la Iniciativa Privada, señalan en el año pasado un registró promedio de diez robos a automovilistas, choferes y transportistas que circulaban por las carreteras, todos los días, el informe que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) señalan que en 2012, se cometieron un total de tres mil 503 robos en las carreteras del país, de los cuales, poco más del 50% se cometieron con el uso de violencia.
Por los argumentos antes expuestos, esta Comisión dictaminadora, considera que necesario elaborar un solo dictamen que contenga lo jurídico y técnicamente más viable de las Tres Proposiciones expresadas en el capítulo de ANTECEDENTES y que por lo relevante del tema se presenta ante el pleno de esta Soberanía un Dictamen en Sentido Positivo, al tenor del siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que mantenga y fortalezca la campaña fitosanitaria contra la plaga del huanglobing (HLB), conocida como “DRAGÓN AMARILLO” implementada en los en los Estados productores de cítricos en el país
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para que, con base en el procedimiento legal y la gravedad de la propagación del HLB, que de ser necesario se actualice el marco normativo necesario para controlar y evitar la dispersión de dicha plaga, incluida la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-047FITO-2009.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 29 de abril de 2014.
La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego
Diputados: José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo, Pedro Porras Pérez (rúbrica), Ana Paola López Birlain (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez, José Humberto Vega Vázquez, José Soto Martínez (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán, Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Armando Contreras Ceballos (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Valentín González Bautista, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), José Luis Oliveros Usabiaga, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Salvador Romero Valencia (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara (rúbrica), Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya.
De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reforzar por la Comisión de Bioenergéticos tanto la política nacional de bioenergéticos como los programas y demás acciones que marca la ley de la materia
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y Dictamen correspondiente, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Comisión de Bioenergéticos se refuerce la política nacional de bioenergéticos, así como los programas y demás acciones que marca la Ley de la materia, a cargo del Diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PAN, el pasado 13 de marzo del año en curso.
Una vez recibida por la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, sus integrantes entramos a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 69, 80, 81, 82, 84, 102, 157 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, a esta Comisión corresponde dictaminar la presente Proposición con Punto de Acuerdo a partir de los siguientes:
Antecedentes
El 13 de marzo de 2014, el Diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Comisión de Bioenergéticos se refuerce la política nacional de bioenergéticos, así como los programas y demás acciones que marca la ley de la materia.
El 13 de marzo de 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, con número de oficio: DGPL. 62-II-6-1350 y número de expediente 4031 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Proposición antes mencionada.
Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión dictaminadora formulamos los siguientes:
Consideraciones
Que la posibilidad de generar combustibles a partir de fuentes provenientes del sector agrícola está regulado por la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, que señala entre otras cosas garantizar la soberanía alimentaria y la disponibilidad de productos agrícolas para el consumo humano y pecuario.
Que el calentamiento global ha generado cambios significativos en los ciclos agrícolas de la producción y que además ha contribuido en la erosión del suelo, que puede ser una alternativa a la producción y establecimiento y explotación de especies muy bien adaptadas a estas condiciones y de las cuales se pueden obtener biocombustibles.
Que el etanol proveniente de la caña de azúcar y otras plantas, el metano producido de los residuos y excretos de animales que hoy se consideran como contaminantes, así como la palma africana y el piñón mexicano se ubican entre las opciones más importantes para producir los biocombustibles, con lo cual también se puede mejorar la economía agropecuaria y sobre todo no depender tanto de los productos petroleros.
Por estas condiciones se busca fortalecer el Programa Nacional de Biocombustibles procurando que la aplicación de los resultados permita disminuir los efectos del calentamiento global, fomente el desarrollo de las cadenas productivas, privilegie la seguridad y la soberanía alimentaria, permita una diversificación en la producción de las tierras marginales y se frene el deterioro ecológico de los ecosistemas.
Se coincide con el promovente al considerar lo siguiente:
1. Se establezca una política pública para el desarrollo de etanol, biodiesel y gas metano.
2. Se diseñe un plan de formación de recursos humanos de corto, mediano y largo plazo.
3. Se apoye el desarrollo de proyectos piloto de carácter demostrativo de capacitación y para la producción de semillas.
4. Se destinen recursos para el establecimiento de plantaciones comerciales, especialmente de palma africana y piñón mexicano.
5. Se identifiquen apoyos y recursos financieros para inversión en biocombustibles.
6. Se realicen los estudios para definir la tecnología de proceso y comercialización de los productos.
7. Fortalecer el desarrollo de la cadena productiva de biocombustible.
Por los argumentos antes expuestos, esta Comisión dictaminadora, tiene a bien emitir el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único: Exhorto al titular del Ejecutivo federal, a través de la Comisión de Bioenergéticos, a reforzar la política nacional de bioenergéticos, los programas de desarrollo tecnológico del etanol, higuerilla, biodiesel, gas metano, palma africana y piñón mexicano, así como las demás acciones necesarias para esta industria, en apego a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo y Promoción de los Bioenergéticos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2014.
La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego
Diputados: José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo, Pedro Porras Pérez (rúbrica), Ana Paola López Birlain (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez, José Humberto Vega Vázquez, José Soto Martínez (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán, Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Armando Contreras Ceballos (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Valentín González Bautista, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), José Luis Oliveros Usabiaga, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Salvador Romero Valencia (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara (rúbrica), Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya.
De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo relativo a la problemática que presenta el cultivo del café
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura fue turnada para el estudio, análisis y dictamen correspondientes la proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, sobre las problemáticas que muestra el cultivo del café, presentada en la sesión del pleno el 1 de abril del año en curso por el diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con fundamento artículos 39 y 45 numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 79, 80, numeral 1, fracción VI, 82, numeral 1, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 176 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente dictamen a partir de los siguientes
Antecedentes
El 1 de abril de 2014, el diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del PVEM, presentó la proposición con punto de acuerdo relativo a la problemática que presenta el cultivo del café.
El 1 de abril de 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, mediante el oficio número DGPL. 62-II-4-1453 y número de expediente 4183, la proposición con punto de acuerdo mencionada para el estudio, análisis y dictamen correspondientes, a partir de las siguientes
Consideraciones
En la actualidad contamos con gran variedad de granos de café a escala mundial, el cual ha desplazado en gran parte el café mexicano. Ello se debe a la mala información que se tiene respecto de él, a la mala calidad del café en el mercado, a la diferencia de precios y a la falta de campañas y promoción del café.
Por otro lado, nos encontramos con el problema del actual brote de roya del café, debida a múltiples factores y a que está asociado a prácticas agrícolas inadecuadas, aunadas a eventos climáticos y a los bajos precios del café. Muchos agricultores no han invertido en el manejo de sombra, fertilización, monitoreo o fumigación, además de que no se han renovado antiguas plantaciones y algunas contienen variedades sumamente susceptibles a la roya.
A lo anterior se suman la variabilidad climática y el aumento de la temperatura media durante los últimos años, factores que habrían generado condiciones favorables para el brote del patógeno.
El brote también es resultado de deficiencias estructurales, como inadecuadas políticas agrícolas y escasas inversiones por los países. La drástica reducción de los servicios de investigación y extensión, durante los programas de ajuste estructural de los años noventa, resultó en una disminución de las capacidades técnicas. Además, los programas de fitogenética se redujeron, el monitoreo en el campo y el análisis de datos prácticamente se suspendieron y la generación de conocimientos necesarios para los productores y los encargados de formular políticas se paralizó. La falta de asistencia técnica y de capacitación en el campo se dio en el mismo momento en que decenas de miles de pequeños productores empezaron a cultivar café.
El sector productor primario del café está en una problemática nunca vista. Por un lado, la afectación de la roya, que aunque se haga lo que se haga sigue su curso, y –sobre todo– la afectación del campo cafetalero de Chiapas y Veracruz principalmente con la factura correspondiente de una baja considerable en la producción. El precio internacional del café que está en rangos que hace muchos años no se encontraba y el alza de los insumos que hace que los gastos de producción no se cubran y deja en bancarrota a los productores.
Las tendencias de consumo de café en México se han afectado ampliamente por la aparición de barras de café gourmet, han creado un consumidor más conocedor y exigente, han aumentado el consumo de café en grano tostado y molido, y han acercado el aromático a las nuevas generaciones tomadas en su totalidad por las bebidas carbonatadas y café soluble.
Las barras de café en México han pasado por un crecimiento continuo y se han adecuado a las necesidades de su mercado. Se han diferenciado de sus competidores más tradicionales (restaurantes y cafeterías generales) y de los más nuevos (tiendas de conveniencia y estanquillos).
Por ello deberán implantarse campañas de promoción. En la actualidad hay varios mecanismos para promover el café en México y sus beneficios; por ejemplo:
• El Centro de Información del Café de México como mecanismo de promoción nacional y mundial, para brindar información sobre el café en el país, así como sus perspectivas y tendencias;
• Se puso en operación la página en internet www.nuestrocafe.com.mx con la intención de que en un solo lugar en la web se cuente con información actualizada y veraz sobre lo que acontece en el mundo del café; y
• Se capacitó a 3 mil 500 encargados de fondas, restaurantes, cafeterías, tianguis, taquerías y demás puntos de venta, mediante un seminario del café.
Pero eso no ha sido suficiente, pues tampoco se le ha dado continuidad y fortaleza para llevar a cabo la promoción correcta. Por tanto, para elevar la productividad y competitividad del sector cafetalero se requiere reorientar programas y recursos a fin de impulsar la renovación de plantaciones, mejorar las prácticas agrícolas, la inversión en equipamiento e infraestructura de los cafetales, así como la investigación.
Esta comisión intervino para que en el Presupuesto de Egresos de 2014 se incrementaran los recursos a 100 por ciento, logrando así un presupuesto de 700 millones de pesos para el café.
Por lo expuesto, la comisión dictaminadora tiene a bien emitir el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las dependencias gubernamentales de los tres niveles a efecto de que, de consumir café, lo hagan a través de compras directas con productores de organizaciones y empresas del sector social.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2014.
La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego
Diputados: José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo, Pedro Porras Pérez (rúbrica), Ana Paola López Birláin (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez, José Humberto Vega Vázquez, José Soto Martínez (rúbrica), secretarios; Salvador Arellano Guzmán, Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Armando Contreras Ceballos (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Valentín González Bautista, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), José Luis Oliveros Usabiaga, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Salvador Romero Valencia (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara (rúbrica), Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya.
De la Comisión de Asuntos Indígenas, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar políticas públicas para preservar y difundir las lenguas indígenas del país
Honorable Asamblea:
La Comisión de Asuntos Indígenas de esta Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, fracción V; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno el presente dictamen al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero . Con fecha veinticinco de marzo de dos mil catorce, el diputado José Angelino Caamal Mena, integrante de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, miembro del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a implantar políticas públicas para preservar y difundir las lenguas indígenas del país.
Segundo . Con la fecha antes señalada, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio D.G.P.L. 62-11-3-1532, turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas la proposición de mérito, para su respectivo dictamen.
Tercero . Mediante oficio número CAI/125/2014, de fecha 27 de marzo del año en curso, se envió copia de la proposición con punto de acuerdo, a la Subcomisión de Marco Jurídico y Dictamen de esta Comisión, con el fin de que emitieran el pre dictamen correspondiente.
Cuarto . A fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión, se reunieron el 23 de abril del año en curso, para votar el dictamen de la proposición señalada en el punto primero, con el fin de someterla a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes:
Considerandos
1 . Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a implantar políticas públicas para preservar y difundir las lenguas indígenas del país, presentada por el diputado José Angelino Caamal Mena, integrante de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, miembro del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, de conformidad con lo señalado por el artículo 39 fracción XII de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
2 . Que la proposición con punto de acuerdo busca que esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorte respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que realice una actualización de las cifras de hablantes de lenguas indígenas y el estado de vulnerabilidad de cada una de ellas, que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología produzcan materiales de divulgación científica en lenguas indígenas, además, se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que en conjunto con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas establezcan las políticas públicas necesarias a efecto de que se haga efectivo el Artículo 6 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
3 . Que el diputado proponente en su exposición de motivos emite diversos argumentos de los cuales se puede apreciar lo siguiente:
- Expone que la UNESCO, como forma de resaltar la diversidad y riqueza cultural de los pueblos indígenas en el mundo, propone en 1999, al 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua Materna.
- También señala, que se encuentran en peligro de desaparición más de la mitad de las 7000 lenguas del mundo, por ello, desde 1999, internacional mente, se ha promovido la conservación de la diversidad lingüística, así que la ONU, en 2008 declaró el “Año Internacional de los Idiomas”. Además, que de acuerdo a las cifras del “Atlas UNESCO de las Lenguas del Mundo en Peligro” 143 de las 364 variantes lingüísticas presentan algún grado de vulnerabilidad, 32 de ellas se encuentran en alto riesgo y 21 en situación crítica. En cuanto a nuestro país, es uno de los ocho de mayor diversidad cultural, además del español hay 364 variantes pertenecientes a 11 familias lingüísticas que hablan 68 pueblos indígenas.
- En este sentido, hace mención que esta situación de riesgo se origina por el reducido número de hablantes cotidianos, la dispersión geográfica de sus asentamientos, la migración, la discriminación, la poca difusión en los medios de comunicación, la falta de materiales didácticos en sus propias lenguas o el abandono de mecanismos propios para su transmisión a las nuevas generaciones.
- Refiere que la falta de cifras nacionales actualizadas impide conocer con exactitud el estado que guardan las lenguas indígenas en México, que los datos que se tienen a la fecha son de 2005 y que sin duda el contexto ya ha cambiado en estos 9 años.
- Por otro lado, en la exposición de motivos refiere la importancia del derecho constitucional que tienen los pueblos indígenas respecto a la ciencia y a la cultura, independientemente de que también son transmisores y generadores de conocimiento científico ancestral.
- Al mismo tiempo, el diputado proponente, da cuenta de la obligatoriedad que tiene el Estado con respecto a instrumentar medidas para que en los medios de comunicación masiva se difundan la realidad y diversidad lingüística y cultural de la Nación Mexicana. Además, se destine un porcentaje del tiempo oficial para la emisión de programas en las diversas lenguas nacionales, resaltando que no se conoce cuál es la política pública que garantice este derecho.
- Resalta que es necesario que otras instituciones se involucren en estas acciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), los centros de investigación científica, las universidades interculturales, entre otros, para que inviertan recursos necesarios y se canalicen en estas instituciones y así poder ejecutar políticas públicas incluyentes ya de por sí establecidas en los ejes del Plan Nacional de Desarrollo.
4 . Una vez analizado el punto de acuerdo en estudio, las Diputadas y Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, coincidimos en plantear las siguientes consideraciones al respecto:
El artículo 2o., Apartado A, fracción IV, de la Constitución Federal, dispone que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la libre determinación y en consecuencia, a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
En este sentido, en el año 2003 se crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la cual tiene como objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas.
En el artículo 2 de la Ley en comento, se establece que las lenguas indígenas son aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado Mexicano, además de aquellas provenientes de otros pueblos indoamericanos, igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional con posterioridad y que se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales funcionales y simbólicas de comunicación.
Así también, dispone en su artículo 3, que las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La pluralidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la Nación Mexicana.
De igual manera, se dispone en el artículo 4, que las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente Ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico, y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en que se hablen.
El artículo 5 de la Ley, mandata que el Estado a través de sus tres órdenes de gobierno, -Federación, Entidades Federativas y municipios-, en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales.
En esta tesitura, el artículo 6 de la Ley, señala que “El Estado adoptará e instrumentará las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la Nación Mexicana. Además, destinará un porcentaje del tiempo que dispone en los medios de comunicación masiva concesionados, de acuerdo a la legislación aplicable, para la emisión de programas en las diversas lenguas nacionales habladas en sus áreas de cobertura, y de programas culturales en los que se promueva la literatura, tradiciones orales y el uso de las lenguas indígenas nacionales de las diversas regiones del país.”
El artículo 14 de la Ley, dispone que “Se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, de servicio público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría de Educación Pública, cuyo objeto es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la Nación, y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia. Para el cumplimiento de este objeto, el Instituto tendrá las siguientes características y atribuciones:
a) Diseñar estrategias e instrumentos para el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales, en coordinación con los tres órdenes de gobierno y los pueblos y comunidades indígenas.
b) Promover programas, proyectos y acciones para vigorizar el conocimiento de las culturas y lenguas indígenas nacionales.
c) Ampliar el ámbito social de uso de las lenguas indígenas nacionales y promover el acceso a su conocimiento; estimular la preservación, conocimiento y aprecio de las lenguas indígenas en los espacios públicos y los medios de comunicación, de acuerdo a la normatividad en la materia.
...
e) Formular y realizar proyectos de desarrollo lingüístico, literario y educativo.
f) Elaborar y promover la producción de gramáticas, la estandarización de escrituras y la promoción de la lectoescritura en lenguas indígenas nacionales.
g) Realizar y promover investigación básica y aplicada para mayor conocimiento de las lenguas indígenas nacionales y promover su difusión.
h) Realizar investigaciones para conocer la diversidad de las lenguas indígenas nacionales, y apoyar al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática a diseñar la metodología para la realización del censo sociolingüístico para conocer el número y distribución de sus hablantes.
i) Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración pública Federal, así como de las instancias de los Poderes Legislativo y Judicial, de los gobiernos de los estados y de los municipios, y de las instituciones y organizaciones sociales y privadas en la materia.
...
l) Celebrar convenios, con apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con personas físicas o morales y con organismos públicos o privados, nacionales, internacionales o extranjeros, con apego a las actividades propias del Instituto y a la normatividad aplicable.
El artículo 20 de la Ley, mandata que “El Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, previa consulta a los estudios particulares de los Institutos Nacional de Antropología e Historia y Nacional de Estadística, Geografía e Informática, a propuesta conjunta de los representantes de los pueblos y comunidades indígenas, y de las instituciones académicas que formen parte del propio Consejo, hará el catálogo de las lenguas indígenas; el catálogo será publicado en el Diario Oficial de la Federación .”
En relación con lo anterior, y en referencia al exhorto al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia y al Instituto Nacional de Lenguas indígenas para que realice una actualización de las cifras de hablantes de lenguas indígenas y el estado de vulnerabilidad de cada una de ellas. Esta Comisión dictaminadora considera necesario hacer las siguientes precisiones al respecto:
* Actualmente, de conformidad con el artículo 26 apartado B de la Constitucional Federal, así como la Ley de Información Estadística y Geográfica, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con carácter autónomo, se encarga de generar estadísticas de interés nacional, con base en el levantamiento de censos, encuestas y la explotación de registros administrativos, en este sentido y bajo los preceptos antes referidos, este Instituto, será el coordinador del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).
* El sistema, tiene como finalidad suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, oportuna y de interés nacional, a efecto de coadyuvar en la toma de decisiones sociales, políticas, técnico-científicas, culturales y económicas en México y en el mundo, por lo que, estos productos Informativos se obtienen a través de variables y procesos plasmados en tres programas, a saber, Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica; Nacional de Estadística y Geografía, y Anual de Estadística y Geografía.
* Por lo anterior, el Inegi, tiene instrumentos básicos para llevar a cabo su función de proporcionar datos oficiales para diseño y ejecución de políticas públicas: los censos y las encuestas; como bien sabemos, estos son cada diez años; los conteos, también decena les, se llevan en los años terminados en cinco, esto a raíz de la recomendación de la ONU quien solicita que se hagan en intervalos regulares, cuando menos cada diez años.
* Sin embargo, la rapidez con la cual se producen cambios en la población y en la manera de habitar en nuestro país y en el mundo, se hace imperante la necesidad de realizar encuestas más frecuentes, con la finalidad de obtener datos actuales.
En virtud de lo anterior, se coincide con el proponente en el sentido de que es necesaria la actualización de datos y cifras oficiales sobre los hablantes de lenguas indígenas y el estado de vulnerabilidad de cada una de ellas; por lo cual consideramos indispensable el poder contar con datos y cifras actualizadas sobre los hablantes de lenguas indígenas en el país, por lo que consideramos que es imperante el obtener datos de por lo menos cada dos años, modificando los periodos de 5 o 10 años, cuestión que ponemos a consideración de los entes que intervienen en esta tarea como es el Inegi y todas las Unidades de Estado que se relacionan directamente con la materia indígena y participan en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).
De igual manera, esta comisión dictaminadora considera pertinente plantear modificaciones al cuestionario básico que formula el Inegi, en los conteos de población y vivienda, en los términos siguientes:
Actualmente, en los censos y conteos que realiza el Inegi cada diez años, se implementan cuestionarios con diversas variantes, en dos tipos de cuestionarios, para el censo, el básico y el ampliado; para el conteo, solamente el básico. En materia indígena, en los tres cuestionarios se hacen tres preguntas básicas:
¿(Nombre) Habla algún dialecto o lengua indígena?
¿Qué dialecto o lengua indígena habla (nombre)?
¿(Nombre) habla también español?
Estas preguntas, solamente determinan cifras referentes a hablantes de alguna lengua indígena, sin que se considere la conciencia de identidad indígena, criterio fundamental para determinar a qué pueblo indígena pertenece, y que se encuentra establecida en el artículo 2 de Nuestra Carta Magna, por lo que en el Cuestionario Ampliado del Censo 2010, adicionaron 2 reactivos importantes:
¿(Nombre) entiende alguna lengua indígena?
De acuerdo con la cultura de (nombre), ¿ella (él) se considera indígena?
Por consiguiente, las preguntas antes referidas, dan un paso más para tener cifras con un perfil dirigido a la conciencia de identidad, a la autoadscripción, sin embargo, solamente se han aplicado en los censos de cada diez años. Si nos encontramos en la premisa de que en 2015, año terminado en cinco, se llevará a cabo un conteo de población y vivienda y consecuentemente su proyección, se hace relevante para que se incorporen estos cuestionamientos y estemos en congruencia con el factor conciencia de identidad. Pero no solo eso, debemos de ir más allá, debemos ir hacia la eliminación de la discriminación e ir acordes con nuestro marco jurídico nacional e internacional, por lo que es factible que se elimine de los tres cuestionarios la palabra “dialecto”, ya que lo correcto es lengua indígena, así también, es pertinente eliminar la palabra “etnia” en atención a que este término no permite que prevalezca la diversidad cultural, es decir, no se estaría reconociendo el derecho y la pluralidad cultural que ya de por sí se encuentra reconocida en nuestra constitución al definir plenamente que es un pueblo indígena.
En virtud de lo anterior, las diputadas y diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora proponemos que se modifiquen las preguntas de los cuestionarios básicos y ampliados, en los términos siguientes:
1. ¿(Nombre) Habla alguna lengua indígena?
2. ¿Qué lengua indígena habla (nombre)?
3. ¿(Nombre) entiende alguna lengua indígena?
4. (Nombre), ¿se considera indígena?
5. ¿(Nombre) habla también español?
En referencia al tema de los indígenas migrantes, esta Comisión dictaminadora, considera pertinente hacer la siguiente propuesta en el cuestionario básico.
Es indudable que el mundo ha ido cambiando y por ende, la población ha adquirido o aceptado diversas características, otras más se han tenido que desplazar para hacerse de mejores condiciones de vida, como trabajo, vivienda, salud, y más, por lo que el fenómeno de la migración ha llegado a diferentes países, ciudades y municipios. En el caso que nos ocupa, la migración de la población indígena hacia los principales centros urbanos de nuestro país ha ido en aumento, en particular a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana, entre otros. Cifras, tenemos diversas, unas oficiales, otras extra oficiales, sin embargo, no son muy claras, por ello es que estamos ciertos de que es importante que en el próximo conteo 2015, se anexen reactivos en los que se determine la cantidad de población migrante, interestatal, municipal y hasta internacional; su movilidad es constante; en ciertos meses regresan a sus lugares de origen y su estancia es permanente, en otros es semipermanente, sin embargo, en ambas, tienen el derecho de hacer uso y disfrute de los beneficios que les otorga el gobierno a través de programas sociales, pero si en cierta comunidad o población no se cumple el número de habitantes requeridos, esta comunidad no puede acceder a dichos beneficios, problema que deja indefenso a la población indígena, que de por sí ya es vulnerable. En este sentido, se propone se incorporen los siguientes reactivos:
6. ¿(Nombre) es de (nombre del estado donde se hace la encuesta)?
7. ¿Si no, de que estado de la república es?
En referencia al exhorto que se hace a la Secretaria de Gobernación y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, esta comisión dictaminadora considera pertinente hacer las siguientes precisiones jurídicas:
El artículo 5 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, mandata que el Estado a través de sus tres órdenes de gobierno, -Federación, Entidades Federativas y municipios-, en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales.
Así también, el artículo 6 de la Ley, señala que “El Estado adoptará e instrumentará las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la Nación Mexicana. Además, destinará un porcentaje del tiempo que dispone en los medios de comunicación masiva concesionados, de acuerdo a la legislación aplicable, para la emisión de programas en las diversas lenguas nacionales habladas en sus áreas de cobertura, y de programas culturales en los que se promueva la literatura, tradiciones orales y el uso de las lenguas indígenas nacionales de las diversas regiones del país.”
El artículo 14 de la Ley, dispone que “Se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, de servicio público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría de Educación Pública, cuyo objeto es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la Nación, y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia . Para el cumplimiento de este objeto, el Instituto tendrá las siguientes características y atribuciones:
a) Diseñar estrategias e instrumentos para el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales, en coordinación con los tres órdenes de gobierno y los pueblos y comunidades indígenas.
b) Promover programas, proyectos y acciones para vigorizar el conocimiento de las culturas y lenguas indígenas nacionales.
c) Ampliar el ámbito social de uso de las lenguas indígenas nacionales y promover el acceso a su conocimiento; estimular la preservación, conocimiento y aprecio de las lenguas indígenas en los espacios públicos y los medios de comunicación, de acuerdo a la normatividad en la materia. En cuanto a la Secretaría de Gobernación, el exhorto encuentra sustento jurídico en las siguientes disposiciones legales:
La Ley Federal de Radio y Televisión, establece que las estaciones de radio y televisión estatales, oficiales y concesionadas, tienen la obligación de difundir temas educativos, culturales y de orientación social, estas emisiones estarán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión, organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación de conformidad con los artículos 59 y 90 de la Ley de referencia, mismos que se trascriben a continuación:
Artículo 59 . Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social. El Ejecutivo Federal señalará la dependencia que deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión.
Artículo 90 . Se crea un organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación denominado Consejo Nacional de Radio y Televisión, integrado por un representante de dicha Secretaría, que fungirá como residente, uno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otro de la de Educación pública, otro de la de Salud, dos de la Industria de la Radio y Televisión y dos de los trabajadores.
En los mismos términos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 27 fracción XXXIX, le otorga la facultad a la Secretaría de Gobernación de “Formular, regular y conducir la política de comunicación social del Gobierno Federal y las relaciones con los medios masivos de información, así como orientar, autorizar, coordinar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social de las dependencias del Sector Público Federa.
Para mayor abundamiento, el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación vigente, en el artículo 5 fracciones XXX y XXXI correspondiente a las facultades indelegables del Secretario, se le mandata conducir la política de comunicación social del Gobierno Federal y las relaciones con los medios masivos de información, además de poner a consideración del Presidente de la República la reglamentación del aprovechamiento del tiempo que corresponde al Estado en los canales concesionados de radio y televisión.
Asimismo, respecto a las atribuciones del Titular, en el Manual de Organización General de la Secretaría de Gobernación vigente en el inciso e). Misión y Funciones, numeral 1.0 Secretario, se establece lo siguiente:
Funciones
...
• Conducir la política de comunicación social del Gobierno Federal y las relaciones con los medios masivos de información;
• Orientar, apoyar, coordinar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;
• Someter a la consideración del Presidente de la República las propuestas para reglamentar el aprovechamiento del tiempo que corresponde al Estado en los canales concesionados de radio y televisión;
...
En virtud de lo anterior, esta comisión dictaminadora considera que es viable, oportuno y procedente, exhortar respetuosamente a la Secretaria de Gobernación (Federación) y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para que en el marco de sus atribuciones legales, implementen y fortalezcan las políticas públicas necesarias para asegurar el pleno cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 6 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y con ello, adopten e instrumenten las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de nuestra Nación.
Por otra parte, esta Comisión dictaminadora considera que es viable, oportuno y procedente, exhortar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para que en el marco de sus atribuciones legales, implementen las acciones necesarias para producir materiales de divulgación científica en lenguas indígenas. Lo anterior derivado de que el CONACYT, es una dependencia que se encarga de impulsar y fortalecer el desarrollo científico y la modernización tecnológica de México, y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas tiene entre sus atribuciones el de ampliar el ámbito social de uso de las lenguas indígenas nacionales y promover el acceso a su conocimiento, así también, el de formular y realizar proyectos de desarrollo lingüístico, literario y educativo, lo anterior, con la finalidad de promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Asuntos Indígenas, somete a consideración de la honorable asamblea, los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero . Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para que implementen las medidas necesarias para actualizar las cifras de hablantes en lenguas indígenas, incorporando a la población indígena migrante, asimismo, que en el próximo Conteo de Población y Vivienda 2015, se incorpore en el cuestionario básico, las preguntas propuestas en los considerandos que anteceden.
Segundo . Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que en conjunto con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, adopten e instrumenten las políticas públicas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, asimismo, se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para que implementen las acciones necesarias con el objeto de producir materiales de divulgación científica en lenguas indígenas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 23 abril de 2014.
La Comisión de Asuntos Indígenas
Diputados: Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), presidenta; Josefina García Hernández (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Luis Gómez Gómez (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica en contra), Margarita Licea González (rúbrica), Vicario Portillo Martínez (rúbrica), Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica), Juan Luis Martínez Martínez (rúbrica), secretarios; Petra Barrera Barrera (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Néstor Octavio Gordillo Castillo, Máximo Othón Zayas, Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Leonor Romero Sevilla (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Ricardo Medina Fierro, Tomás López Landero, Roberto López Rosado, Emilse Miranda Munive, Marco Alonso Vela Reyes, Román Alfredo Padilla Fierro, Teresita de Jesús Borges Pasos, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica).
De la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que se exhorta al comisionado del Instituto Nacional de Migración a resolver los malos tratos prevalecientes en las estaciones migratorias, en particular la de Acayucan, Veracruz
Honorable Asamblea:
La Comisión de Asuntos Migratorios, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
A la comisión que suscribe fue turnado para estudio y dictamen el expediente número 3965, que contiene la proposición de punto de acuerdo presentada por Ricardo García Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 7 marzo de 2014 y publicada en la Gaceta Parlamentaria 3976-VI, del 6 de marzo.
La proposición tiene como preocupación central, resolver los malos tratos prevalecientes en las estaciones migratorias, en particular la de Acayucan, Veracruz, a cargo del Instituto Nacional de Migración. Y tiene por objeto exhortar al comisionado de dicho Instituto a resolver dicha problemática.
Exposición de Motivos
Los proponentes exponen que el 22 de noviembre de 2013, cientos de centroamericanos se amotinaron en la estación migratoria de Acayucan, Veracruz, contra los malos tratos y la mala alimentación ahí proporcionados, lo que generó la intervención de la Policía Federal y la estatal, así como lesiones en al menos 15 personas. Una primera versión avalada por el sacerdote Alejandro Solalinde, premio nacional de Derechos Humanos, reveló que las inconformidades de las personas migrantes fueron por las condiciones “inhumanas” que se viven en ese lugar.
Tan lamentable hecho no es un caso aislado; corresponde a una condición generalizada de violación sistemática a los derechos de las personas migrantes por parte de autoridades, civiles e integrantes del crimen organizado. La vulnerabilidad de este grupo lo ha hecho objeto de toda clase de abusos que van desde el robo, la privación ilegal de la libertad, la agresión sexual e incluso el homicidio.
La migración es un fenómeno constante y dinámico que exige una diversificación cada vez mayor de la intervención normativa con el fin de aprovechar al máximo sus posibles beneficios y reducir al mínimo los costos conexos para los países de origen y de destino, y para los migrantes.
En el caso de México, la postura y las acciones frente al tema migratorio son todavía contrastantes con el discurso. El país ha adoptado la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos y derechos de los refugiados, sin avanzar en la armonización de la normativa nacional con dichos compromisos internacionales, ni en su instauración en la cultura y práctica de las dependencias a lo interno.
Las estaciones migratorias en México se han convertido en una especie de sistema de cárceles paralelo, donde miles de personas son detenidas de manera indefinida –en algunas ocasiones más de un año–, sin haber cometido algún crimen y sin saber cuáles son los términos del proceso legal por el que están ahí.
Por eso, el reto sigue siendo la construcción de una visión y una política migratoria de Estado, que debe fincarse en el reconocimiento de la multidimensionalidad y complejidad del fenómeno y la consecuente necesidad de una política transversal a varios sectores y niveles del gobierno, inspirada en la búsqueda del desarrollo humano sostenible, el respeto irrestricto de los derechos humanos y del derecho de asilo, la seguridad humana y la cooperación internacional.
Los diputados diagnostican la situación de las personas migrantes en la región de Acayucan, Veracruz, planteando que el corredor migratorio de Veracruz es uno de los segmentos en los que se ha detectado mayor abuso por parte de la delincuencia organizada y el gobierno contra los migrantes. En especial, el tramo comprendido entre Acayucan y Medias Aguas, que hoy representa una de las más escalofriantes rutas. Este camino férreo por el que transita La Bestia deriva en muerte, exterminio y las más cruentas formas de violencia hacia los migrantes. Además, el aumento de las detenciones en esta zona, durante los últimos dos años y medio responde a las reformas hechas en junio de 2011, durante el gobierno de Felipe Calderón, a la Ley de Migración, pues dichas modificaciones restringen las oportunidades para regularizar la situación migratoria de la mayoría de la población migrante.
Por tal razón, esta zona ha sido objeto de la intervención humanitaria civil, lo que ha generado frecuentemente conflictos que las autoridades han tolerado y en ocasiones incluso provocado. En el caso concreto de la estación migratoria de Acayucan, afirman que según la información recopilada por el padre Solalinde, los migrantes son alimentados con raciones de comida echada a perder, además de sufrir discriminación verbal y encontrarse aglomerados en pequeños espacios, a pesar de que la garita tiene espacio para alrededor de mil detenidos, además de haber recibido reportes que denuncian la existencia de celdas de castigo. Esa situación, que contraviene todas las leyes en la materia, demuestra que la política migratoria del Estado mexicano está basada únicamente en detenciones y reclusiones, en vez de atender el fenómeno de manera integral.
La obligación del Estado para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos a la protección consular, a la salud, a la no discriminación, a la información y a no recibir maltrato o cualquier forma de tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros de los que son titulares todas las personas migrantes; es obligatoria e intransferible.
Consideraciones
La comisión que dictamina considera que son de atenderse las preocupaciones y los planteamientos de los diputados proponentes de este punto de acuerdo, en razón de la gran cantidad de quejas que diariamente encontramos en los diversos medios de comunicación de parte de los propios afectados y de organizaciones de la sociedad civil, con relación a esta problemática.
Recientemente conocimos el caso dramático de dos jovencitas de origen hondureño que fueron agredidas de diversa manera en la estación migratoria de San Luis Potosí, lo que motivó incluso sendas denuncias penales, y la separación del cargo de los responsables del Instituto Nacional de Migración en dicha entidad.
Esta soberanía no debe permanecer ajena a esta ingente problemática, máxime que nuestro país reclama a otras naciones, particularmente a Estados Unidos de América un trato digno y respetuoso para nuestros connacionales en ese país.
Por lo expuesto, la Comisión de Asuntos Migratorios somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al licenciado Ardelio Vargas Fosado, comisionado del Instituto Nacional de Migración, a resolver la situación de malos tratos y violación de derechos humano, prevaleciente en las estaciones migratorias, en particular la establecida en Acayucan, Veracruz.
Salón de sesiones de la Comisión de Asuntos Migratorios.- Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 28 de abril de 2014.
La Comisión de Asuntos Migratorios
Diputados: Amalia Dolores García Medina (rúbrica), presidenta; Raúl Gómez Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Petra Barrera Barrera (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), secretarios; Néstor Octavio Gordillo Castillo, Roberto Ruiz Moronati (rúbrica), Noé Barrueta Barón (rúbrica), Gerardo Xavier Hernández Tapia, Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Marino Miranda Salgado, Lorena Méndez Denis (rúbrica), María Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica).
De la Comisión de Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas
Honorable Asamblea:
La Comisión de Asuntos Migratorios, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen:
Antecedentes
A la Comisión de Asuntos Migratorios fue turnado para estudio y dictamen el expediente número 4100, que contiene la proposición de punto de acuerdo presentada por la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 21 marzo de 2014.
La proposición tiene como preocupación central la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, conocida el 25 de agosto de 2010, y las violaciones de los derechos humanos de las víctimas que derivan de esos hechos.
Tiene por objeto exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)a investigar de manera exhaustiva esos hechos y las violaciones de derechos humanos que implican; a reponer el proceso de investigación que dio lugar a la recomendación 80/2013, del 23 de diciembre de 2013 emitida por la CNDH relativa, garantizando en ella parámetros internacionales, y a que sean recibidos por ese organismo representantes de dependencias, instituciones, organismos multilaterales, organizaciones sociales y activistas defensores de derechos humanos de migrantes, para ser informados puntualmente sobre el caso.
Al respecto, la proponente recuerda que el 25 de agosto de 2010 se dio a conocer el hallazgo de 72 cuerpos de migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas y que este hallazgo –con otros simultáneos en el mismo municipio y en Cadereyta, Nuevo León, que totalizan 304 restos– mereció unánime repudio y condena expresados al gobierno de México por el secretario general de la OEA, de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, de instituciones académicas y de organizaciones sociales, entre otras instancias nacionales e internacionales.
Destaca la proposición que las instituciones de justicia y de derechos humanos del país tienen la obligación de garantizar la justicia, la verdad y la reparación integral para las víctimas, pese a lo cual no ha habido pronunciamiento oficial que los clasifique como graves violaciones de los derechos humanos.
Señala al respecto la proponente que el 23 de diciembre de 2013, la CNDH emitió la recomendación 80/ 2013, derivada de la investigación integrada al expediente CNDH/ 5/ 2010/ 4688/ Q, que si bien contiene aspectos relevantes, viola “dos aspectos fundamentales en perjuicio de las víctimas y de la sociedad: por un lado, no se pronunció sobre los hechos de la masacre; por otro, no buscó, documentó ni escuchó a los familiares de las víctimas que, conforme al derecho nacional e internacional también son víctimas, ni estableció su derecho a la reparación del daño”.
Recuerda la proponente que la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos estableció para todos los servidores públicos la obligación de actuar, vigilar y proteger conforme al estándar más alto los derechos de las personas, obligación de la que los organismos púbicos de protección de derechos humanos no están exentos y, por el contrario, “deben velar porque las instituciones cumplan este estándar, y en mayor medida ellos mismos en sus propias actuaciones”.
Por ello, indica la proponente, la CNDH está obligada a pronunciarse sobre las violaciones graves que se cometan, así como tomar todas las medidas necesarias para lograr la reparación del daño y la reivindicación de las víctimas. “Sin embargo –dice–, en el proceso de investigación... fue omisa en establecer los hechos violatorios, averiguar quiénes eran los familiares, buscarlos, escucharlos y recibir y razonar sus pruebas... y en establecer la reparación del daño”.
Cabe destacar que, se señala, con la presente proposición se da voz a 240 dependencias, instituciones académicas, organizaciones sociales, organismos internacionales y activistas defensores de los derechos humanos de los migrantes, que la avalan y se relacionan en el documento, mismas que han solicitado, sin éxito, ser recibidos por las autoridades de la CNDH para conocer sobre el problema.
En virtud de lo anterior, propone la adopción de un punto de acuerdo con los siguientes resolutivos:
Primero. Se exhorta al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, se investiguen de forma exhaustiva las violaciones a los derechos humanos en el caso de la masacre de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y a proteger a las víctimas de dichas violaciones.
Segundo. Se exhorta al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que la CNDH reponga el procedimiento de investigación de la masacre de los 72 migrantes y las graves violaciones a los derechos humanos, en específico el derecho a la vida y la integridad, así como los sufrimientos graves causados a las familias de las víctimas, garantizando que
a) Se actúe bajo el estándar más alto de protección de los derechos humanos de las víctimas en sus investigaciones.
b) Se documente y escuche todos los testimonios de las víctimas, verificando con las organizaciones de la sociedad civil y comités que las acompañan, el protocolo para la realización de las entrevistas y respetando su derecho a estar acompañadas y representadas;
c) Se garantice que se respeten todos sus derechos como víctimas;
d) Se señale si existe responsabilidad directa del estado por los hechos de la masacre, o responsabilidad por violación de las garantías generales de protección de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, vinculados con el 1o. constitucional;
e) Se señalen criterios específicos para atención, apoyo y reparación del daño individualizado para cada una de las víctimas, de conformidad con la Ley General de Víctimas, el artículo 63 de Convención Americana sobre Derechos Humanos y sus criterios jurisprudenciales; y
f) Se señale si las procuradurías encargadas de la investigación penal, están llevando a cabo una investigación eficaz, siguiendo los criterios de la Corte Interamericana para poder procesar y sancionar a los perpetradores de la masacre.
Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a que, en virtud de la situación de riesgo y falta de acceso a la justicia que enfrentan los migrantes, establezca un protocolo de actuación –construido de la mano de las víctimas y de la sociedad civil– que garantice que la víctimas directas e indirectas puedan acceder a los procedimientos de investigación de violaciones a derechos humanos que lleve a cabo la CNDH, independientemente del país donde se encuentren.
Cuarto. Se solicita al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, de manera urgente, reciba a una comisión representativa de las 278 dependencias, instituciones, organismos, organizaciones y personas que han dado seguimiento a este caso, y se les den respuestas sobre el proceso de investigación que derivó en la recomendación 80/2013 de 23 de diciembre de 2013.
Consideraciones
La comisión dictaminadora coincide con los motivos, las preocupaciones que dan lugar a esta proposición y los argumentos en que se sustenta.
Se coincide en que “la dimensión de los hechos y los efectos devastadores en la vida, dignidad e integridad de los familiares debe ser recogida y reivindicada...” y en que “que las víctimas no sean dignificadas con el proceso de investigación y el acto recomendatorio, que no se investiguen y establezcan los hechos violatorios, violenta los derechos humanos de las personas que debieran ser protegidas y derivan en expresiones de revictimización”.
Se coincide también en que la CNDH, al no sustentar sus actuaciones ni acompañar, proteger ni reivindicar a víctimas de hechos que constituyen graves violaciones de derechos humanos, da lugar a que el proceso de investigación y el acto recomendatorio, antes que útiles a las víctimas ya la sociedad, resultan perjudiciales... para las víctimas, porque al no realizar las previsiones para asistirlas y protegerlas y al no denunciar las violaciones del Estado, se vuelve parte y fomenta estas violaciones; para la sociedad, porque la recomendación no orienta ni ilustra a las autoridades ni a la población sobre el contenido y alcance de las violaciones ocurridas, por lo que su actuación resulta irrelevante para la promoción, enseñanza y protección de los derechos humanos y contribuye a los proceso de impunidad... (y que) La falta de actuación de los legisladores en este u otros casos, nos convertiría también en tolerantes ante dicha impunidad”.
Por lo que hace a las dimensiones del caso y la enorme trascendencia que tiene para el Estado mexicano, la comisión que dictamina considera necesario que, en diálogo directo, las autoridades correspondientes den respuestas puntuales a las preocupaciones e inconformidades de los familiares de las víctimas –por ello también víctimas– y de las dependencias, instituciones, organizaciones, organismos y activistas defensores de los derechos humanos de los migrantes, que han dado seguimiento a este caso y avalan la presente proposición.
Además, el dramático y fatal crimen de San Fernando no es un hecho aislado, sino que tales violaciones a los derechos humanos continúan ocurriendo con preocupante regularidad. En los casi cuatro años transcurridos desde esa masacre han sucedido infinidad de casos. Bástenos con señalar dos de los más recientes, uno de los cuales dio lugar a que Amnistía Internacional elevara su voz exigiendo justicia.
Diversos medios de comunicación dieron cuenta de que el Capítulo Mexicano de Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por la seguridad de más de 40 migrantes centroamericanos que fueron víctimas de secuestro en Reynosa, Tamaulipas, el 19 de marzo del año en curso, por integrantes de un grupo del crimen organizado y que posteriormente fueron liberados, ninguno ha recibido apoyo o protección como víctimas del delito. De ellos, diez se dirigieron al albergue Nuestra Señora de Guadalupe, pero “fueron secuestrados nuevamente y hasta el momento se desconoce su paradero”, según denunció personal de ese centro de ayuda.
Ningún investigador se ha presentado para indagar sobre los hechos ni para conocer el paradero de los migrantes desaparecidos, expuso AI.
Un día antes de este secuestro, el 18 de marzo, varias mujeres que habían sido expulsadas de Estados Unidos fueron plagiadas en Matamoros, cerca del cruce fronterizo. Una de ellas logró escapar y denunció los hechos a la policía, pero hasta el momento no se conoce el paradero de otras tres mujeres.
“Hasta el momento las autoridades no han tomado medidas efectivas para proteger a las personas migrantes de abusos tales como secuestros, extorsiones, trata de personas y violencia sexual”, criticó AI, y pidió a las autoridades federales y estatales una investigación completa para dar con los secuestrados de ambos casos y exhortó a las autoridades a proteger a los migrantes liberados como víctimas de delito.1
Otro caso más:
El 27 de febrero de este año fuerzas federales y estatales rescataron a 61 migrantes que se encontraban secuestrados en Reynosa, Tamaulipas. En un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que los migrantes, en su mayoría centroamericanos, se encontraban encerrados en una casa de seguridad ubicada en la colonia Sierra de la Soledad de esa ciudad.
Se trata de 33 guatemaltecos, 20 salvadoreños, 4 hondureños, 1 nicaragüense y 3 mexicanos. Las migrantes manifestaron que se encontraban en ese lugar desde hace un par de semanas, y que sus captores les exigieron entre 3 mil 500 y 6 mil dólares para cruzarlos a Estados Unidos. Indicaron que fueron plagiados en las inmediaciones de la Central de Autobuses, mercados y paraderos de transporte público de Reynosa, donde hace apenas cuatro meses fueron rescatadas 44 personas de diversas nacionalidades.2
Y se pudieran exponer decenas y decenas de casos similares; en todos ellos encontramos como signos distintivos la impunidad, la desatención gubernamental, la falta de apoyo a las víctimas y la ausencia de una participación efectiva de órganos cuya responsabilidad esencial es el velar por el respeto a los derechos humanos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Por lo expuesto, la Comisión de Asuntos Migratorios somete a consideración de la honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al presidente de la Comisión Nacional de tos Derechos Humanos a que, en armonía con los principios constitucionales que nos rigen, en el procedimiento de seguimiento de la recomendación 80/2013 de 23 de diciembre de 2013, realice un conjunto de acciones que atiendan a las familias de las víctimas de la masacre de 72 personas migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, que las proteja, garantizando que
a) Se actúe bajo el estándar más alto de protección de los derechos humanos de las víctimas;
b) Se documente y escuche todos los testimonios de las víctimas, verificando con las organizaciones de la sociedad civil y comités que las acompañan, el protocolo para la realización de las entrevistas, respetando su derecho a estar acompañadas y representadas;
c) Se garantice el respeto a todos sus derechos como víctimas;
d) Se señale si existe responsabilidad directa del Estado por los hechos de la masacre, o responsabilidad por violación de las garantías generales de protección, de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, vinculados con el 1o. constitucional;
e) Se señalen criterios específicos para atención, apoyo y reparación del daño individualizado para cada una de las víctimas, de conformidad con la Ley General de Víctimas, el artículo 63 de Convención Americana sobre Derechos Humanos y sus criterios jurisprudenciales; y
f) Se señale si las procuradurías encargadas de la investigación penal, están llevando a cabo una investigación eficaz, siguiendo los criterios de la Corte Interamericana para poder procesar y sancionar a los perpetradores de la masacre.
Segundo. Considerando que varias víctimas de la masacre han interpuesto dos juicios de amparo en contra de la recomendación 80/2013 de 23 de diciembre de 2013, ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que se allane a las pretensiones de las víctimas en aras de contribuir a la reparación del daño.
Tercero. En virtud de la situación de riesgo y falta de acceso a la justicia que enfrentan los migrantes, se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que establezca un protocolo de actuación –construido de la mano de las víctimas y de la sociedad civil– que garantice que la víctimas directas e indirectas puedan acceder a los procedimientos de investigación de violaciones de derechos humanos que lleve a cabo la CNDH, independientemente del país donde se encuentren.
Cuarto. Se solicita al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, de manera urgente, reciba a una Comisión representativa de las 278 dependencias, instituciones, organismos, organizaciones y personas que han dado seguimiento a este caso, y se les atienda sobre los cuestionamientos que han formulado respecto del proceso de investigación que derivó en la recomendación 80/ 2013, del 23 de diciembre de 2013.
Notas
1 http: www.planoinformativo.com/nota del 27 de marzo 2014.
2 http://www.proceso.com.mx consultada el 28 de marzo de 2014.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 28 de abril de 2014.
La Comisión de Asuntos Migratorios
Diputados: Amalia Dolores García Medina (rúbrica), presidenta; Raúl Gómez Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Petra Barrera Barrera (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), secretarios; Néstor Octavio Gordillo Castillo, Roberto Ruiz Moronati (rúbrica), Noé Barrueta Barón (rúbrica), Gerardo Xavier Hernández Tapia, Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Marino Miranda Salgado, Lorena Méndez Denis (rúbrica), María Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica).
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a incorporar en las campañas de difusión componentes para inducir una cultura de respeto hacia las personas adultas mayores
Honorable Asamblea:
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80 fracción VI, 81, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Soberanía, el siguiente dictamen.
I. Antecedentes legislativos
1. El 20 de marzo de 2014, ante el pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, la Diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del DIF y del INAPAM a incorporar en las campañas de difusión componentes para inducir una cultura de respeto a las personas adultas mayores.
2. La iniciativa se publicó en la Gaceta Parlamentaria de esta Cámara de Diputados, con el número 3985-VII, del jueves 20 de marzo de 2014.
3. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, turnó a la Comisión de Comisión de Atención A Grupos Vulnerables, 20 de marzo de 2014.
4. En la misma fecha, se recibió en esta Comisión la Proposición con Punto de acuerdo para su análisis, estudio y elaboración de dictamen, cuyo predictamen fue elaborado por la Subcomisión de Atención a Personas Adultas Mayores.
II. Contenido de la Proposición
Señala la proponente que es necesario emprender acciones orientadas a evitar el uso de adjetivos discriminatorios, irónicos o denigrantes en contra de las personas adultas mayores y que sería de vital importancia generar sinergias que redunden en la formación de una cultura de respeto hacia las personas adultas mayores.
Continúa la proponente sosteniendo que el maltrato hacia los sectores vulnerables de la población, en sus diversas manifestaciones, continúa presente en la actualidad y que desafortunadamente, siguen siendo objeto de maltrato, con las consecuencias físicas y emocionales de esas conductas sociales.
Afirma que no obstante los esfuerzos por reconocer en los ámbitos internacional y nacional los derechos de las personas adultas mayores y su calidad de grupo vulnerable, siguen siendo receptores de esas conductas negativas, no solamente en el seno de la familia sino también, como sujetos pasivos de esas acciones antisociales que existen en el entorno que los rodea.
Señala que en México, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas mayores vigente, constituye un avance muy significativo y alentador, pero que es necesario arraigar una cultura de respeto que garantice que los derechos que les reconoce la ley, se conviertan en práctica cotidiana y que en consecuencia, considera necesario impulsar, desde las campañas de difusión de las autoridades competentes, la inducción de una cultura de respeto hacia las personas adultas mayores, convencida que en la actualidad muchos adjetivos calificativos, como viejo, veterano, anciano, antiguo, abuelo o senecto llegan incluso a utilizarse para inferir un maltrato a las personas adultas mayores, como formas irónicas de denigración y hasta de discriminación.
La diputada proponente, precisa que se trata de personas adultas mayores y que así deben ser consideradas, con todo el respeto que les asiste por sus contribuciones al México de hoy que todos disfrutamos.
Advierte que las causas de maltrato son muchas y que parten de que en el núcleo familiar y en la sociedad en general, se concibe erróneamente que las personas adultas mayores han llegado a una etapa caracterizada por la improductividad y la pérdida de capacidades físicas o intelectuales, por lo que considera necesario impulsar políticas públicas y campañas que logren permear en la población en general, la cultura del respeto a las personas y en especial a las personas adultas mayores a fin de erradicar esas conductas de exclusión, maltrato y discriminación.
Precisa la proponente que tanto el DIF como el INAPAM llevan a cabo nobles campañas para inducir respeto a la familia y a los adultos mayores por lo que considera que es viable que se incorpore a esas campañas de difusión, la inducción de una cultura de respeto hacia las personas adultas mayores, que busque evitar el uso de adjetivos discriminatorios, irónicos o denigrantes al referirse a las personas que forman parte de este sector de la población, convencida de que el respeto y ejercicio cotidiano de los derechos de las personas adultas mayores es garantía para preservar la convivencia social pacífica y armónica, basada en el respeto que a cada quien se debe y corresponde, por lo que somete a la consideración de esta soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo:
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de Unión exhorta respetuosamente a las titulares del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a incorporar en sus campañas de difusión componentes para inducir una cultura de respeto hacia las personas adultas mayores y evitar el uso de adjetivos discriminatorios, irónicos o denigrantes.
III. Consideraciones
Esta comisión dictaminadora, después de hacer un análisis exhaustivo de la proposición con punto de acuerdo en estudio, llega a la convicción de emitir el presente dictamen en sentido positivo.
En efecto, es de considerarse procedente el punto de Acuerdo propuesto, porque en la medida en que se logre inducir una cultura de respeto a los derechos de este sector de población, se cumplirá el propósito esencial de las normas contenidas en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Al efecto, los integrantes de esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables han tomado en consideración que esta proposición no tiene impacto presupuestario toda vez que no deriva en la realización de nuevas funciones, ni en la creación de nuevas estructuras orgánico administrativas, ni tampoco la ampliación de la oferta de bienes o servicios públicos, por lo que no requiere de recursos adicionales para su cumplimiento.
Por lo expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables que suscriben, someten a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de Unión exhorta respetuosamente a las titulares del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a incorporar en sus campañas de difusión componentes para inducir una cultura de respeto hacia las personas adultas mayores y evitar el uso de adjetivos discriminatorios, irónicos o denigrantes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2014.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
Diputados: Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), presidenta; Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Genaro Carreño Muro (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), secretarios; José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Roberto López Rosado, Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara, Aurora Denisse Ugalde Alegría, Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica).
De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Conaculta y al jefe del gobierno del Distrito Federal, en su calidad de presidente y vicepresidente del Comité Técnico del Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional, respectivamente, a incorporar a su órgano de gobierno a un legislador de la Cámara de Diputados
Honorable Asamblea:
La Comisión de Cultura y Cinematografía, de esta Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39 fracción XII; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno el presente dictamen al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. Con fecha cinco de marzo de dos mil catorce, la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta LXII Legislatura, la proposición con punto de acuerdo a través de la cual se exhorta al titular de Conaculta y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en su calidad de Presidente y Vicepresidente del Comité Técnico del fideicomiso para el uso y aprovechamiento del Auditorio Nacional, respectivamente, para que incorporen a su órgano de gobierno a un legislador de la Cámara de Diputados.
Segundo. Con la fecha antes señalada, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio número DGPL 62-II-6-1320, turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía la proposición de mérito, para su respectivo dictamen.
Tercero. Mediante oficio número CCC/LXII/1815 de fecha siete de marzo de dos mil catorce, la Comisión de Cultura y Cinematografía, envió copia de la proposición turnada, a los Diputados integrantes de la Comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.
Cuarto. En la reunión extraordinaria de la Junta Directiva de la Comisión de Cultura y Cinematografía celebrada el 28 de abril del 2014, la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados, amplió la información acerca de su propuesta, señalando lo siguiente:
Mediante escrito de fecha 4 de abril de 2014, recibí el proyecto de dictamen en el cual arriban a la conclusión de desechar la proposición que ha sido puesta a la consideración de ustedes.
Respetuosamente debo decirles que difiero del dictamen que considera inviable mi propuesta y les expreso mi inconformidad, por los siguientes razonamientos.
En primer lugar deseo recordarles que todo acto de autoridad, en términos del artículo 16 Constitucional debe estar fundado y motivado y a pesar de que el dictamen señala que la Comisión de cultura y Cinematografía ha fundado y motivado su resolución ello no es así, en razón de que el artículo 16 de la Constitución General de la República, en la parte conducente, dice:
“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
Del impedimento legal transcrito, se desprende que la Constitución Federal impone a toda la autoridad la obligación de fundar y motivar todo acto que emita, entendiéndose por lo primero, que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deban señalarse específicamente las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se haya tenido en consideración para la emisión del acto de autoridad, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que el caso concreto se ubique en la hipótesis normativa, requisitos indispensables que la ley exige a todas las autoridades para que los actos que emitan cumplan con los extremos de las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en el mencionado artículo 16 constitucional.
En el caso del dictamen que nos ocupa éste contraviene el imperativo constitucional señalado en virtud de que adolece de una adecuada motivación y fundamentación, en la medida en que no contiene razonamiento eficiente y conducente que sirva de apoyo a las consideraciones de la Comisión de cultura y Cinematografía en el sentido de considerar inviable mi proposición, cito “toda vez que no les corresponde al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Jefe de gobierno del Distrito Federal, hacer las modificaciones al contrato para incorporar un legislador o legisladora al Comité Técnico, sino a Servimet, debido a que fue éste quien constituyó el fideicomiso”.
Esto es así, en virtud de que la Comisión dictaminadora no ha tomado en consideración que una proposición elevada a su consideración es un todo y por tanto su análisis debe ser integral, lo que implica que para su estudio deben tomarse en cuenta todos sus elementos, y lamentablemente el dictamen se circunscribe únicamente a desechar la propuesta por considerar que corresponde a Servimet y no al titular de Conaculta y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal hacer las modificaciones al contrato del Fideicomiso para el uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional (FUAAN) para que se considere viable la proposición, omitiendo en la totalidad de los demás argumentos contenidos en mi proposición, pues no contiene pronunciamiento alguno al respecto al hecho de que el FUAAN nunca ha rendido cuentas a esta soberanía; no hace referencia alguna tampoco al señalamiento de que los legisladores ignoramos la forma en que opera, de cuál es su relación con los promotores, sobre la labor social y cultural que debe realizar el Auditorio Nacional no hay referencia alguna en el dictamen, ni este aborda el tema de los salarios que se cubren al personal directivo y operativo, las prestaciones que otorga a sus trabajadores, a cuánto asciende el derecho fideicomisario y qué cantidad reciben el gobierno federal y el del Distrito Federal anualmente por la explotación del inmueble.
Ninguno de estos argumentos reitero, que son esenciales en mi propuesta merecieron pronunciamiento en el dictamen para arribar a la conclusión de desecharla, únicamente se limitan a tomar una parte del todo, cuando mi planteamiento fundamental estriba en la necesidad de que haya rendición de cuentas por parte del Auditorio Nacional a esta soberanía.
No pasa inadvertido para mí que el dictamen en su numeral segundo menciona las motivaciones de mi proposición, que en el tercero, cuarto y quinto lo dedica a hacer una narración histórica acerca del auditorio Nacional y la evolución del contrato del fideicomiso, pero también de su lectura se desprende que omite señalar que dicha remodelación se hizo con el dinero del pueblo y que ese bien que es de la nación, se explota por los promotores nacionales e internacionales para su beneficio. Y tampoco de que por ser precisamente un inmueble de propiedad federal, que se opera bajo condiciones especiales, los legisladores tenemos derecho a conocer la situación actual en que se desarrolla su operación, pues no basta con que en el texto del dictamen se reproduzca casi literalmente el contrato constitutivo del fideicomiso para considerar que está debidamente fundado y motivado.
¡No! Para poder considerar que un auto autoritario, como lo es el dictamen multicitado ha sido correctamente fundado y motivado, es necesario que en él se citen los cuerpos legales y preceptos que se están aplicando al caso concreto; es decir, los supuestos normativos y en el dictamen únicamente aluden a los preceptos legales que facultan a esta Comisión para emitir el dictamen pero no señalan los cuerpos legales y preceptos normativos que pudieran ser de utilidad para desvirtuar los argumentos contenidos en mi proposición.
De ahí que arribe a la conclusión de que el dictamen no cuenta con la debida fundamentación y motivación para desechar mi propuesta.
Ahora bien, lo que me parece más delicado es que las proposiciones con punto de acuerdo se desechen por el simple hecho de desecharla o por no coincidir con la propuesta presentada, porque ello implica infringir nuestro estado de derecho al no respetar el derecho de petición que los legisladores tenemos, al igual que cualquier ciudadano, de ejercer precisamente ese derecho.
No olvidemos que una proposición es una figura afín al derecho de petición. A través de ella los legisladores, mediante un escrito, de manera pacífica y respetuosa, hacemos un planteamiento investidos de las facultades que nos concede la Ley Fundamental y al desecharla sin argumentos fundados y motivados como lo he acreditado, se atenta contra la función legislativa que tenemos encomendada y se nos coarta el derecho humano y constitucional a respetar nuestro derecho de petición consagrado en el artículo octavo Constitucional y protegido también en el artículo primero, puesto que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 24 señala que toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general o de interés particular, y el de obtener pronta resolución.
La proposición que se ha sometido a la consideración de ustedes consiste precisamente en hacer una petición, al titular de Conaculta y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que valoren la posibilidad de que un legislador de la Cámara de Diputados pueda integrarse al órgano de gobierno del Fideicomiso para el Uso y aprovechamiento del Auditorio Nacional por lo motivos expuestos y creo que son ellos los que deben de dar respuesta a esta petición, puede ser en sentido positivo o negativo, pero están obligados a darle a esta soberanía una respuesta, pero si la propia comisión es la que limita mi derecho peticionario, pues entonces me pregunto y les pregunto, qué sentido tiene hacerlo a través de un trámite legislativo.
Si dirijo un escrito a las autoridades indicadas, están obligadas a responderme ton solo por el hecho de ser ciudadana, pero yo creo que el objetivo de hacer el planteamiento a través de una proposición legislativa, radica en hacer partícipes a las demás compañeras y compañeros diputados del interés particular de elevar a la consideración de todas y todos una petición para enriquecerla precisamente con las aportaciones de los integrantes de una determinada Comisión y posteriormente en el Pleno.
Si como concluye el dictamen se debe de involucrar también a Servimet, pues nada nos limita para redactar el dictamen de tal manera de que se tome en consideración a Servimet, pero desecharlo porque desde el punto de vista del redactor del dictamen no lo señale en el texto de mi argumentación me parece insostenible.
Considero que el espíritu que debe prevalecer en una Comisión a la cual se somete a su consideración una proposición, debe ser con ánimo constructivo, y en el caso que nos ocupa son los destinatarios de la misma los obligados a darle a esta soberanía una respuesta, en sentido positivo o negativo, reitero, pero deben ser ellos y no nosotros los que debamos anticiparnos a emitir respuesta. Y en función de ella pues esta soberanía estará en posibilidades de juzgar también si está debidamente fundada y motivada, si es completa y coherente con lo solicitado, en síntesis tendremos la oportunidad inclusive de someter a control constitucional esa respuesta.
Deseo solicitarles respetuosamente que analicen ustedes mis planteamientos con el ánimo de revertir el proyecto de decreto en el sentido de desechar mi proposición, re que sus puntos de vista podrán coadyuvar más bien a que el dictamen se emita en sentido favorable.
Quinto. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión, se reunieron el veintinueve de abril de dos mil catorce, para dictaminar la proposición señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes:
Considerandos
Primero. Que esta comisión es competente para conocer y resolver respecto de la proposición con punto de acuerdo a través de la cual se exhorta al titular de Conaculta y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en su calidad de Presidente y Vicepresidente del Comité Técnico del fideicomiso para el uso y aprovechamiento del Auditorio Nacional, respectivamente, para que incorporen a su órgano de gobierno a un legislador de la Cámara de Diputados.
Segundo. Que fijada la competencia de esta Comisión dictaminadora, procede a plantear el juicio reflexivo contenido en su motivación.
En este contexto, la proponente señala que de conformidad con su página de internet, el Auditorio Nacional es operado a través de un contrato de fideicomiso denominado Fideicomiso para el uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional (FUAAN). En éste, participan el Gobierno Federal, el Gobierno del Distrito Federal y el sector privado y social, su vocación es la realización de eventos artísticos y culturales y no recibe recursos fiscales.
El Auditorio Nacional, que pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes y es usufructuado por este fideicomiso que si bien no tiene la connotación desde el punto de vista del Derecho Administrativo de ser de carácter público, contiene características propias que nunca han rendido cuentas a esta Soberanía.
Desde su reapertura en el año de 1991, después de una importante remodelación, el recinto ha adquirido fama internacional y es considerado uno de los mejores centros de espectáculos del mundo, pero los legisladores ignoramos la forma en que opera, su relación con los promotores, las fechas que destina para cumplir con la labor social y cultural que también tiene encomendada, el monto de los salarios que cubre a su personal directivo y de operación, y las prestaciones que otorga; a cuánto asciende el monto del derecho fideicomisario cada año por el Gobierno Federal, para el Gobierno del Distrito Federal y cuánto ocupa de dicha cantidad para el desarrollo de sus actividades, quién designa al coordinador ejecutivo del Auditorio Nacional, el número de personas que laboran en él, el monto de sus remuneraciones y las prestaciones a que tienen derecho.
La Legisladora considera que por ser un inmueble de propiedad federal y el fiduciario Nacional Financiera, se tiene derecho de conocer la situación actual en que se desarrolla la operación del Auditorio Nacional, ya que nunca ha sido citado ante esta soberanía ningún servidor público para que rinda un informe sobre su funcionamiento.
Asimismo, refiere que el Comité Técnico del Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional es presidido por el titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes quien funge como su Presidente; en calidad de Vicepresidente participa el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y participan además como vocales representantes del sector público federal, del Gobierno del Distrito Federal, del sector privado y social, pero no hay un solo representante del Poder Legislativo Federal y dadas las condiciones especiales en que opera y por las razones expuestas es que considera que en su órgano de gobierno debe estar presente un legislador de esta Cámara de Diputados, seleccionado por la Mesa Directiva, ante la imposibilidad de que el referido fideicomiso pueda ser sujeto de la Auditoria Superior de la Federación.
Tercero. Que por acuerdo presidencial de fecha 15 de mayo de 1942, el Gobierno Federal destinó al Servicio del Departamento del Distrito Federal los terrenos que constituyen el bosque de Chapultepec de la Ciudad de México, con exclusión entre otros, de los conocidos con el nombre de parque nacional deportivo Anáhuac. En parte de dichos terrenos del deportivo, el Departamento del Distrito Federal inició en 1951 la construcción del edificio que en esa época se conoció como “Auditorio Municipal de la Ciudad de México”.
Mediante la escritura pública No. 459, de fecha 21 de junio de 1957, pasada en la Ciudad de México, ante la fe del Notario Público No. 56 y de bienes nacionales, el Departamento del Distrito Federal, transfirió en favor del Gobierno Federal la propiedad de las construcciones que constituían el Auditorio Municipal de la Ciudad de México y los terrenos del antiguo parque nacional deportivo Anáhuac, haciendo constar que los mismos habían sido destinados al servicio de la Secretaría Pública, dependencia que había terminado las construcciones respectivas y se encargaría de su conservación.
Por Decreto Presidencial de fecha 6 de junio de 1962, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 21 del mismo mes y año, se expidió el reglamento de la Unidad Artística y Cultural del Bosque de Chapultepec, mismo que tenía por objeto organizar, patrocinar o presentar audiciones, espectáculos o exposiciones y otros actos de carácter artístico, científico o cultural, haciendo uso de los locales que la Secretaría de Educación Pública había puesto para ello a su disposición, encontrándose entre ellos el denominado “Auditorio Nacional”.
Posteriormente, el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de febrero de 1980, abrogó el Reglamento de la Unidad Artística y Cultural del Bosque de Chapultepec y dispuso que las funciones tendientes a la realización del objeto de dicha Unidad, así como sus recursos humanos, financieros y materiales, pasaran a depender del Instituto Nacional de Bellas Artes.
Cuarto. Que el 16 de mayo de 1991, Servicios Metropolitanos, SA de CV (Servimet), constituyó el fideicomiso 1277-4 mediante aportación inicial de mil millones de viejos pesos, en el cual es empresa participa como único fideicomitente, Banca Cremi, SA, como fiduciaria y como fideicomisarios el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el Departamento del Distrito Federal (DDF) (hoy Gobierno del Distrito Federal) y Servimet. Este contrato preveía entre sus fines la amortización de la inversión (pesos de 1990, inflacionados al año en que se efectuara el pago) realizada por el DDF, consistente en la remodelación del Auditorio Nacional, la cual sería entregada a Servimet y/o DDF, después de haber cubierto el derecho fideicomisario que el DDF realizara, en su caso, para continuar con la segunda y tercera etapa de la remodelación de la “Unidad Artística y Cultural del Bosque de Chapultepec.
El mismo 16 de mayo de 1991, Banca Cremi, como fiduciaria y el INBA, suscribieron un convenio por el cual el segundo otorga al primero el derecho de usar y aprovechar las instalaciones del Auditorio Nacional para la realización de eventos de carácter científico, cultural, educativo o artístico, a cambio de una contraprestación anual de cuatro mil quinientos millones de pesos, indizables anualmente de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor determinado por el Banco de México.
En la undécima Reunión Ordinaria del Comité Técnico del fideicomiso, celebrada el 23 de marzo de 1995, se resolvió revisar en una sesión específica la operación del Auditorio Nacional, así como el esquema financiero por el cual el INBA había venido percibiendo recursos por los derechos de uso y aprovechamiento otorgados. Fue hasta el 27 de abril del mismo año, que el Comité Técnico del fideicomiso considerando que el INBA acordó renunciar al cobro del adeudo acumulado a su favor y expresado en las cuentas de orden del fideicomiso propuso la modificación del esquema financiero con el INBA, de forma que el total del activo circulante del fideicomiso existente al 31 de diciembre de cada año, menos el equivalente a una tercera parte del presupuesto de egresos autorizado por el Comité Técnico para el año siguiente, le sea entregada al INBA al inicio de cada ejercicio, así como un pago al DDF de mil nuevos pesos actualizado anualmente. Ambas propuestas fueron aceptadas por el fideicomitente, el DDF y el INBA.
Por otra parte, tomando en cuenta el carácter de bien del dominio público que tiene el Auditorio Nacional, así como la versatilidad operativa y experiencia en fideicomisos de Nafin, en la sesión del 27 de abril, se acordó designar a este banco de desarrollo como institución fiduciaria del fideicomiso, en sustitución de Banca Cremi, previo consentimiento del fideicomitente, el DDF y el INBA. Dicha sustitución quedó formalizada mediante escritura número 810 del 20 de junio de 1995, pasada ante la fe del licenciado Efraín Virués y Lazos, títulos de la Notaría 214 del Distrito Federal.
Considerando los argumentos valorados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para exentar en fecha 31 de mayo de 1993 al fideicomiso del pago del impuesto sobre la renta y el impuesto activo, de donde se deriva que los únicos beneficiarios son el DDF y el INBA, el Comité Técnico, con el consentimiento del fideicomitente, determinó procedente formalizar la conclusión de la calidad de fideicomisario que se le confirió en el contrato original a Servimet.
Tanto el fideicomiso como el INBA reconocen las cantidades que como aportación al fideicomiso realizaron el DDF y Servimet, mismas que se efectuaron para llevar a cabo los trabajos de remodelación del Auditorio Nacional, reconociéndose por las partes los derechos patrimoniales que pudieren corresponder a Servimet o al DDF, derivados de dicha aportación.
La última modificación que ha sufrido el citado fideicomiso fue el 26 de diciembre de 2011, donde el Auditorio Nacional es operado por un fideicomiso en el que participan el Gobierno Federal, el Gobierno del Distrito Federal y el sector privado y social.
Atendiendo a lo anterior, en la última modificación las cláusulas del contrato prevén lo siguiente:
1. Son partes en el fideicomiso como fideicomitente Servimet, como fiduciaria Nafin y como fideicomisarios el INBA y el DDF.
2. El fideicomiso tiene como finalidad aprovechar, conservar y mantener las instalaciones del Auditorio Nacional, para la promoción, comercialización, producción, realización y difusión de eventos o espectáculos de carácter científico, cultural, educativo o artístico y otros que estén acordes con la primordial vocación del Auditorio Nacional, y en su caso, la administración de otros inmuebles mediante la celebración de convenios con instituciones públicas o privadas, y previa autorización del Comité Técnico; así como la realización de todas aquellas actividades que sean necesarias para la consecución de los fines anteriores, para lo cual en forma enunciativa y no limitativa, podrá abrir cuentas bancarias, hacer inversiones y desinversiones y, en general, realizar todos los actos jurídicos de la naturaleza que fuere.
3. El patrimonio del fideicomiso se integrará con las aportaciones que han realizado el DDF y/o Servimet; las aportaciones que se reciban de cualquier persona física o moral que podrán ser en efectivo o en especie; con las futuras aportaciones que a título gratuito, se reciban de cualquier persona física o moral; con los rendimientos que se otorguen para la inversión de los fondos líquidos del fideicomiso; con las comisiones, primas, rendimientos y demás recursos en general, provenientes de la realización de los fines del fideicomiso, cualquiera que sea su género y origen, en función de las distintas operaciones que puedan celebrarse; y en general, con todo tipo de bienes, derechos y obligaciones que se adquieran, reciban o incorporen al patrimonio del fideicomiso, para o como consecuencia de la realización de sus funciones.
El patrimonio podrá incrementarse cuantas veces sea necesario con nuevas aportaciones sin necesidad de convenio, bastando para ello la instrucción que reciba la fiduciaria del fideicomitente o del Comité Técnico.
4. El fideicomitente, en los términos del artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, constituye un Comité Técnico integrado por un mínimo de 10 miembros, de los cuales uno será Presidente, otro Vicepresidente y los demás vocales.
El nombramiento del Presidente recaerá en la persona que ocupe el cargo de Presidente del Conaculta, en tanto que el Vicepresidente será ocupado por el Secretario del Departamento del Distrito Federal que designe su titular. Una vocalía corresponderá al Director General del INBA, otra al Director General de Servimet, en tanto que tres Vocalías serán ocupadas por servidores públicos superiores que presten sus servicios en instituciones públicas vinculadas con la promoción del arte y la cultura, a nombramiento del Presidente y tres más por servidores públicos superiores del Departamento del Distrito Federal, nombrados por su titular.
Formarán parte del Comité Técnico hasta 5 representantes de los sectores privado y social, cuya participación se juzgue conveniente para los fines encaminados al fideicomiso. Las personas del caso podrán participar a título individual, con el carácter de vocales, y serán propuestas por el Presidente al Comité Técnico, quien resolverá lo conducente.
Por cada uno de los miembros propietarios se nombrará a un suplente, quien tendrá voto en ausencia del titular, y únicamente voz en caso de que éste asiste. A las reuniones del Comité asistirá un representante de la fiduciaria y otro de la Contraloría General del DDF, ambos con voz, pero sin voto.
En caso de ausencia definitiva o renuncia de alguno de los miembros propietarios, el Presidente, Vicepresidente o el Comité Técnico designará a quien deba sustituirlo, según corresponda.
Será secretario del Comité Técnico la persona designada como coordinador ejecutivo del fideicomiso, quien propondrá al Comité a quien deba fungir como prosecretario. El Comité sesionará ordinariamente cuatro veces al año, de acuerdo con el calendario aprobado, y extraordinariamente cuando lo solicite al Presidente alguno de los miembros propietarios del Comité, la fiduciaria o el coordinador ejecutivo, quien en su calidad de secretario será responsable de realizar las convocatorias.
El Comité Técnico podrá invitar a sus sesiones, cuando así lo estime conveniente, a representantes de otras instituciones públicas, privadas y sociales, y en general a cualquier persona cuya presencia resulte de interés según la temática a abordar en la sesiones. Los individuos concurrirán con voz pero sin voto.
5. Las facultades del Comité Técnico son:
• Designar, a propuesta de su Presidente, al coordinador ejecutivo y, en su caso, removerlo.
• Aprobar la programación de los eventos que deban efectuarse en el Auditorio.
• Autorizar los programas y presupuestos anuales de operación, ingresos, gastos e inversión presentados por el coordinador ejecutivo.
• Conocer y en su caso aprobar los estados de cuenta que presente la fiduciaria, sobre los recursos líquidos que tenga en su poder para inversión.
• Conocer los convenios y contratos por medio de los cuales el fideicomiso pacte la adquisición de bienes y servicios previamente contemplados en el presupuesto autorizado, y resolver sobre aquéllos que por circunstancias fortuitas no hayan quedado incluidos en dicho presupuesto, salvo que por causa de apremio no resulte viable, en cuyo caso los podrá celebrar el coordinador ejecutivo informando al Comité Técnico en la sesión inmediata siguiente
• Autorizar los convenios y contratos que le generen al fideicomiso compromisos de largo plazo, puestos a su consideración por el coordinador ejecutivo.
• Aprobar la información financiera y contable presentada por el coordinador, dictando las medidas correctivas pertinentes.
• Definir los criterios y emitir los lineamientos para el ejercicio de las acciones que proceden con motivo de la defensa del patrimonio fideicomitido, y establecer los sistemas de auditoría que considere adecuados, designando a quienes deban operarlos. La fiduciaria no será responsable de la actuación de las personas a quienes se les encomienden los correspondientes trabajos.
• Instruir a la fiduciaria para la contratación, en los términos del artículo 82 de la Ley de Instituciones de Crédito, del personal que se requiera para la realización de los fines del fideicomiso, con base en las propuestas que al efecto formule el coordinador ejecutivo.
• Instruir a la fiduciaria sobre las personas a quienes deberán conferirse mandatos o poderes para que se cumplan las funciones secundarias, ligadas y conexas a la encomienda fiduciaria, o para la defensa del patrimonio fideicomitido.
• Acordar las reglas conforme a las cuales se distribuirán los remanentes que, en su caso, resulten de la liquidación del fideicomiso.
• Cualesquiera otras que conforme a derecho o de acuerdo con este instrumento resulten necesarias para el cumplimiento de los fines del fideicomiso.
6. La fiduciaria contará con todas las facultades necesarias para el desempeño de su encargo y para el cumplimiento de los fines del fideicomiso.
En caso de defensa del patrimonio fideicomitido, la fiduciaria solo estará obligada a otorgar el poder tan amplio como en derecho proceda a las personas que deban efectuar dicha defensa, incluso en casos urgentes, de acuerdo a lo previsto en el párrafo siguiente, la fiduciaria no se hará responsable por ningún motivo de la actuación ni de los honorarios de los mandatarios o apoderados designados para la defensa.
Cuando para el cumplimiento de la encomienda fiduciaria se requiera la realización de actos urgentes cuya omisión pueda ocasionar perjuicios al fideicomiso, si no es posible reunir al Comité Técnico por cualquier circunstancia la fiduciaria queda facultada para ejecutar los actos necesarios por conducto del coordinador ejecutivo o de los mandatarios o apoderados con facultades suficientes para ejecutarlas, en el entendido que la fiduciaria no será responsable cuando dichos actos no se realicen.
La fiduciaria responderá de las obligaciones que se contraigan para cumplir los fines del fideicomiso, únicamente hasta donde alcance el patrimonio fideicomitido.
7. El Comité Técnico instruirá a la fiduciaria sobre la designación del coordinador ejecutivo del fideicomiso, al cual se le otorgarán poderes generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y para suscribir títulos de crédito, así como los especiales que en su caso se requieren, siendo dicho coordinador ejecutivo el responsable de las facultades que expresamente le otorgue el Comité Técnico, dentro de las cuales estarán las de:
• Llevar los registros, efectuar los gastos y operaciones, contraer obligaciones, y en general, ejercitar los derechos y acciones que corresponda, con apego a las determinaciones del Comité Técnico y a los poderes que para tal efecto se le otorguen, así como a los lineamientos que para efectos administrativos fije la fiduciaria.
• Someter al Comité Técnico, para su aprobación, los presupuestos de ingresos y egresos, previo al inicio de cada ejercicio.
• Informar al Comité Técnico sobre el ejercicio del presupuesto autorizado, y de manera especial, sobre el financiamiento de pedidos y contratos para la adquisición de bienes y servicios, los que deberá adjudicar a las personas físicas o morales que le ofrezcan al fideicomiso las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad.
• Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contratadas por terceros con el fideicomiso, cuidando en todo momento que en los contratos que en su caso se celebren queden protegidos sus intereses jurídicos.
• Presentar en cada sesión ordinaria del Comité Técnico un informe pormenorizado de las actividades desarrolladas por el fideicomiso, complementándola, en los casos que proceda, con la información que mejor permita evaluar la situación contable y financiera prevaleciente.
• Realizar los actos necesarios para que se practiquen al fideicomiso auditorías externas contables y/o legales, de acuerdo con los lineamientos del Comité Técnico y en coordinación con la fiduciaria, Los resultados de las revisiones serán hechas del conocimiento del Comité Técnico en la sesión inmediata a la fecha en la que los auditorios externos los hayan presentado, y en un término máximo de 10 días hábiles a la fiduciaria, contados a partir de la misma fecha.
• Efectuar los actos de defensa del patrimonio del fideicomiso.
• Realizar todos los actos o gestión necesarios para el cumplimiento de los fines del fideicomiso, conforme a las instrucciones del Comité Técnico.
• Las demás que sean complementarias de las anteriores, o que le sea instruida su realización por el Comité Técnico, y únicamente responderá a tales actos con el patrimonio fideicomitido.
8. El INBA y el DDF tendrán los derechos de fideicomisario que a continuación se señalan:
• El INBA tendrá derecho a recibir el total del activo circulante del fideicomiso existente al 31 de diciembre de cada año (que estará integrado por el efectivo, las inversiones temporales y las cuentas por cobrar) menos el equivalente a una tercera parte del presupuesto de egresos autorizado por el Comité Técnico para el año siguiente. La cantidad resultante le será entregada al INBA en el mes de enero del año siguiente a cada ejercicio, y deberá aplicarla a programas sustantivos de promoción y fomento artísticos o culturales en la Ciudad de México, informando al efecto al Comité Técnico.
• El DDF percibirá la cantidad de mil nuevos pesos, que le serán entregados por el fideicomiso en la misma fecha que haga entrega de la cantidad a que se refiere el inciso anterior. Este derecho fideicomisario se actualizará anualmente, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor que determine el Banco de México.
9. La fiduciaria invertirá los fondos líquidos del fideicomiso en instrumentos de deuda gubernamental o bancaria, en los plazos y términos que más convenga, informando sobre el particular al Comité Técnico.
10. Los honorarios a cubrir a la fiduciaria por los servicios que prestará el fideicomiso, serán para el primer año de sesenta mil pesos y de cien mil pesos para el segundo, ajustándose para los subsecuentes en los términos que convengan la fiduciaria y el coordinador ejecutivo, con el conocimiento del Comité Técnico, tomando como indicadores el gasto administrativo que le genere a la fiduciaria cumplir con su encomienda, el Indica Nacional de precios al Consumidor que determine el Banco de México y/o la rentabilidad financiera mostrada por el fideicomiso.
Los honorarios de la fiduciaria serán cubiertos en dos exhibiciones al final de cada semestre y causarán el impuesto al valor agregado. La fiduciaria queda autorizada a retener de los recursos líquidos del patrimonio fideicomitido, el pago de sus honorarios.
11. Todos los gastos que genere al fideicomiso serán cubiertos con cargo a su patrimonio.
12. La duración del fideicomiso será la máxima que permitan las leyes para cumplir con los fines del mismo y podrá extinguirse por cualquiera de las causas previstas en el artículo 357 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, reservándose el fideicomitente la facultad de revocarlo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 358 de la propia Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito a la extinción del fideicomiso, previa liquidación de todos los pasivos a cargo del patrimonio del fideicomiso, se reintegrará al fideicomitente el monto de su aportación inicial actualizado al año de su pago conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor que determine el Banco de México, si hubiese recursos suficientes en el patrimonio del fideicomiso; en su defecto, y siempre después de la mencionada liquidación de todos los pasivos se revertirán al fideicomitente, hasta donde alcancen, los recursos fideicomitidos.
Quinto. Que conforme a los antecedentes señalados en el anterior considerando, el Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional se trata de un contrato privado.
Que etimológicamente, la palabra fideicomiso emerge de la fusión de los vocablos fides que expresa fe o confianza, y comittere que significa comisionar. En este caso un fideicomiso sería alguien o algo en quien uno deposita su confianza.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido al fideicomiso como:
Un negocio jurídico por medio del cual el fideicomitente constituye un patrimonio fiduciario autónomo, cuya titularidad se concede a la institución fiduciaria para la realización de un fin determinado; pero al expresarse que es un patrimonio fiduciario autónomo, con ello se señala, particularmente, que es diverso de los patrimonios propios de las partes que intervienen en el fideicomiso, o sea, es distinto de los patrimonios del fideicomitente, del fiduciario y del fideicomisario... patrimonio autónomo, afectado a un cierto fin, bajo la titularidad y ejecución del fiduciario, quien se haya provisto de todos los provechos y acciones conducentes al cumplimiento del fideicomiso, naturalmente de acuerdo con sus reglas constitutivas y normativas. Los bienes entregados en fideicomiso salen, por tanto, del patrimonio del fideicomitente para quedar como patrimonio autónomo o separado de afectación, bajo la titularidad del fiduciario, en la medida necesaria para la cumplimentación de los fines de la susodicha afectación; fines de acuerdo con los cuales (y de conformidad con lo pactado) podrá presentarse dicho titular, a juicio como actor, o demandando, así como vender, alquilar, ceder, etc. (Amparo Directo núm. 5567/74, 15 de junio de 1979, Suprema Corte de Justicia de la Nación).
La anterior definición aporta claridad de que el fideicomiso es un negocio, un mero contrato. Muchas veces se cree que los fideicomisos tienen personalidad jurídica. Sin embargo, la definición de la SCJN es clara, los fideicomisos son contratos y negocios sin personalidad jurídica de ningún tipo.
El fideicomiso como todo contrato tiene varias características y clasificaciones, de acuerdo con la teoría del derecho mercantil se trata de un contrato consensual, en virtud de que para producir sus efectos se requiere que las partes hubiesen recíprocamente manifestado su consentimiento; oneroso, si se estipula una retribución para el fiduciario por la ejecución de los encargos encomendados; bilateral, pues su consumación depende del consentimiento que a su debido tiempo debe dar cada una de las partes, y porque su característica esencial es la de producir derechos y obligaciones recíprocos, lo que lo hace sinalagmático; unitario, porque se trata de un solo acto jurídico, aunque determine complejas modificaciones en la relación jurídica, además tiene una causa propia la fiduciae; formal, toda vez que el contrato debe constar por escrito y tendrá que contener determinadas indicaciones en lo que concierne a los bienes, a su duración y a los derechos y obligaciones de las partes, tratándose de bienes inmuebles, el contrato debe ser otorgado por escritura pública y ser inscrita en el Registro Público correspondiente, para que surta efecto contra terceros.
Que el artículo 381 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que en virtud del fideicomiso, el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y determinados, encomendando la realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria.
Asimismo, el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito dispone que en el acto constitutivo del fideicomiso o en sus reformas, se podrá prever la formación de un Comité Técnico, las reglas para su funcionamiento y facultades del fiduciario. Cuando las instituciones de crédito obren ajustándose a los dictámenes o acuerdos de este Comité, estarán libres de toda responsabilidad, siempre que en la ejecución de tales dictámenes o acuerdos se cumpla con los fines establecidos en el contrato de fideicomiso y se a justen a las disposiciones jurídicas aplicables.
De lo anterior, se desprende que las partes del contrato pueden establecer en el acto constitutivo del fideicomiso formar un Comité Técnico, por lo que es facultad exclusiva del fideicomitente y el fiduciario crear y modificar las cláusulas del contrato. Que en el caso del fideicomiso del Auditorio Nacional, una de las cláusulas establece que el fideicomitente constituyó un Comité Técnico con las especificaciones señaladas en el considerando cuarto.
Es por ello, que las y los Diputados de esta Comisión dictaminadora consideran inviable la propuesta en estudio, toda vez que no les corresponde al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, hacer las modificaciones al contrato para incorporar un legislador o legisladora al Comité Técnico, sino a Servimet debido a que fue éste quien constituyó el fideicomiso.
Sexto. Que de los argumentos realizados por la diputada autora de la proposición, referidos en el antecedente cuarto, se destaca que esta Comisión dictaminadora considera que la propuesta es loable, debido a que busca impulsar la transparencia en la operación de un fideicomiso que involucra a un inmueble que pertenece al Gobierno Federal, a través de que se incorpore un legislador al Comité Técnico del FUAAN, sin embargo, al realizarse una comprobación de la necesidad, factibilidad y viabilidad de la proposición en estudio, se identificó que carece de las dos últimas, toda vez que se trata de un fideicomiso privado que fue celebrado ante notario público, por una empresa constituida como Sociedad Anónima de Capital Variable que es Servimet y una Banca de Desarrollo de nombre Nacional Financiera, donde en la última modificación del acto constitutivo se establecieron de forma expresa los integrantes del Comité Técnico, por lo cual conforme a la teoría del derecho mercantil como se ha señalado en el considerando anterior, el facultado para realizar modificaciones al contrato es el fideicomitente y al tratarse de una empresa privada, la Cámara de Diputados carece de la facultad para realizarle un exhorto.
Asimismo, al establecer la redacción del punto petitorio que se exhorta al titular de Conaculta y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en su calidad de Presidente y Vicepresidente del Comité Técnico del fideicomiso para el uso y aprovechamiento del Auditorio Nacional, respectivamente, para que incorporen a su órgano de gobierno a un legislador de la Cámara de Diputados, hace inviable la propuesta toda vez que de acuerdo con el acto constitutivo, dicho Comité no cuenta con las facultades para incorporar nuevos miembros, ya que las atribuciones de éste son dirigidas para la administración de los recursos del fideicomiso.
No obstante a lo anterior, a petición de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal de que se reconsidere el sentido del dictamen y que se abone lo necesario para que se emita en sentido favorable, los integrantes de esta Comisión consideramos que es factible modificar el punto petitorio de manera que sea viable jurídicamente, por lo que proponemos que se exhorte al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en su calidad de Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso para el uso y aprovechamiento del Auditorio Nacional, para que promueva ante el mismo que se invite a un legislador a participar en sus sesiones, en virtud de que es atribución del referido Comité, invitar a sus sesiones, cuando así lo estime conveniente, a representantes de otras instituciones públicas, privadas y sociales, y en general a cualquier persona.
Del mismo modo, se propone que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados sea quien designe al legislador que asistirá a las sesiones.
Con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Cultura y Cinematografía, somete a consideración de la Honorable Asamblea el siguiente:
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en su calidad de Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso para el uso y aprovechamiento del Auditorio Nacional, para que promueva ante el mismo que se invite a un legislador a participar en sus sesiones.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, abril de 2014.
Signan el presente dictamen los diputados integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía.
La Comisión de Cultura y Cinematografía
Diputados: Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Raquel Jiménez Cerillo (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Hugo Jarquín (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), secretarios; Alma Jeanny Arroyo Ruiz (rúbrica), Juana Bonilla Jaime (rúbrica), Frine Soraya Córdova Morán (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, José Martín López Cisneros, María Carmen López Segura (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Tanya Rellstab Carreto (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz, Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva, María Beatriz Zavala Peniche, Alejandro Sánchez Camacho, Ana Paola López Birlain.
De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al gobierno de Quintana Roo y al Instituto Nacional de Antropología e Historia a tomar medidas para promover como patrimonio cultural de la humanidad la zona arqueológica de Kohunlich
Honorable Asamblea:
La Comisión de Cultura y Cinematografía de esta Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, fracción XII, y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno el presente dictamen al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. Con fecha 22 de abril de 2014, el diputado Raymundo King de la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al gobierno de Quintana Roo y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que en el ejercicio de sus respectivas competencias tomen las medidas necesarias para impulsar y promover como patrimonio cultural de la humanidad la zona arqueológica de Kohunlich.
Segundo. Con fecha veinticuatro de abril de dos mil catorce, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio número DGPL 62-11-4 1498, turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía, la proposición de mérito, para su respectivo dictamen.
Tercero. Mediante oficio número CCC/LXII/2001 con fecha 24 de abril de 2014, la Comisión de Cultura y Cinematografía, envió copia de la proposición turnada, a los diputados integrantes de ésta, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios.
Cuarto. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía, se reunieron el 29 de abril de 2014, para dictaminar la proposición señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes:
Considerandos
Primero. Que esta comisión es competente para conocer y resolver respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al gobierno de Quintana Roo y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que en el ejercicio de sus respectivas competencias tomen las medidas necesarias para impulsar y promover como patrimonio cultural de la humanidad la zona arqueológica de Kohunlich.
Segundo. Que la proposición en estudio tiene como finalidad exhortar al Ejecutivo federal, al gobierno de Quintana Roo y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que en el ejercicio de sus respectivas competencias tomen las medidas necesarias para impulsar y promover como patrimonio cultural de la humanidad la zona arqueológica de Kohunlich, en virtud de que se trata de un testimonio único de una civilización desaparecida y es un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio o de conjunto arquitectónico que ilustra una etapa significativa de la historia de la humanidad, en este caso de la cultura maya asentada en el periodo clásico, por lo que posee un valor cultural universal excepcional.
Tercero. Como antecedente, el diputado autor de la proposición que se dictamina, refiere que de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la zona arqueológica de Kohunlich es de gran interés porque contiene una amplia variedad de estilos arquitectónicos y no es solamente una mezcla de influencias diversas, sino que muestra un estilo propio, tanto en la arquitectura como en la iconografía y la producción de cerámica, constituyendo así uno de los sitios mayas más importantes del periodo clásico (del año 300 al 900 de nuestra era).
Destaca que dentro de este conjunto arqueológico se encuentra uno llamado Templo de los Mascarones, que originalmente contenía ocho figuras moldeadas en estuco, de las cuales se conservan cinco, que se consideran una de las muestras más acabadas de la iconografía maya de su tiempo, ubicado hacia los años 500 a 600 de nuestra era.
Asimismo, en el sitio se encuentran otras edificaciones de gran importancia histórica, como son la plaza de las estelas, los conjuntos de los 27 escalones y de Pixa’an, construidos probablemente en el periodo clásico tardío (del año 600 al 900 de nuestra era), los cuales fueron utilizados para actividades públicas o administrativas.
Señala también, que el 28 de diciembre de 2001, el presidente de la República suscribió el decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos el área conocida como Kohunlich, ubicada en el municipio de Othón P. Blanco, en Quintana Roo, en el que declaró que para atender a la preservación del legado arqueológico que existe en esta zona arqueológica, es necesario otorgarle la protección que las leyes de los Estados Unidos Mexicanos establecen para estos casos, incorporándola al régimen previsto en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la cual dispone que es de utilidad pública la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, como parte integrante del patrimonio cultural de la nación.
Sostiene que el 23 de febrero de 1984, México depositó el documento de aceptación de la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, adoptado por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y ratificado por el Senado de la República el 22 de diciembre de 1983, y que en su artículo 4 de ésta, cada uno de los Estados parte reconoce que le incumbe primordialmente la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio.
Por lo anterior, razona que el hecho de que la declaración de un sitio como patrimonio cultural de la humanidad constituye un recurso de gran valía para la promoción turística y, por ende, para la actividad económica de la zona beneficiada con esta distinción, además de que contribuirá a la protección y conservación del patrimonio cultural nacional en consonancia con las estrategias planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, por lo tanto, considera que el sitio arqueológico de Kohunlich satisface los requisitos para que sea propuesto en la lista de lugares considerados como patrimonio de la humanidad, en los términos de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, por conducto de las autoridades competentes.
Cuarto. Con el fin de proteger, conservar y rehabilitar bienes excepcionales de carácter cultural y natural, para que los mismos puedan ser transmitidos a las generaciones futuras, fue emitida en el seno de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural1 , que en su preámbulo hace referencia a la amenaza que existe sobre los sitios integrantes del patrimonio cultural y natural, respectivamente, no sólo por las cuestiones normales de deterioro, sino por los efectos de la evolución de la vida social y económica, que los agrava mediante fenómenos de alteración o destrucción.
Entre las consideraciones establecidas en el mismo preámbulo como motivos por los que se hace necesaria la protección del patrimonio mundial, se establece que la desaparición de alguno de los bienes incluidos dentro el patrimonio cultural o natural constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo; que la protección de dichos bienes en el ámbito nacional es en ocasiones incompleto debido a la falta de recursos económicos, científicos y técnicos de los Estados; que la naturaleza de ciertos bienes culturales y naturales los hace únicos e irremplazables, además de que el interés excepcional que presentan exige que sean conservados como elementos del patrimonio mundial de la humanidad.
Por ello, como elementos del patrimonio de todos los pueblos del mundo, se considera que la protección de estos bienes incumbe a toda la comunidad internacional, determinándose adoptar disposiciones convencionales que establezcan un sistema eficaz de protección colectiva.
En el artículo 1 de la citada Convención se establece que se considera como “patrimonio cultural”:
- Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura, monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.
- Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.
- Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.
Asimismo, el artículo 3 prevé que le incumbirá a cada Estado parte en la presente Convención identificar y delimitar los diversos bienes situados en su territorio.
También señala en su artículo 4 que cada uno de los Estados Partes de la Convención reconoce que la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le incumbe primordialmente. Procurará actuar con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta el máximo de los recursos de que disponga, y llegado el caso, mediante la asistencia y la cooperación internacionales de que se pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos financiero, artístico, científico y técnico.
A su vez, en el artículo 8 crea un comité intergubernamental de protección del patrimonio cultural y natural de valor universal excepcional, denominado Comité del Patrimonio Mundial.
Quinto. El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, del cual México es miembro desde 1994, es un órgano intergubernamental compuesto por veintiún miembros. Éste dicta las variadas instrucciones de carácter procedimental para la inserción de bienes culturales o naturales en la lista del patrimonio mundial.
Entre los objetivos del comité podemos encontrar:
- Alentar a los Estados que forman parte de la Convención a que definan lugares de valor universal excepcional para ser incluidos en la lista del patrimonio mundial.
- Vigilar el estado de los lugares inscritos en la lista, previendo posibles riesgos y alertar a los Estados a que creen sus propios programas de vigilancia.
- Ayudar a los Estados a crear mecanismos viables para la salvaguardia de los lugares del patrimonio mundial, con ayuda del Fondo Mundial, según proceda.
- Prestar a los Estados la ayuda de emergencia necesaria para proteger los lugares que corren peligro inminente.
- Promover la conservación del patrimonio cultural y natural en términos generales.
La inclusión de bienes culturales o naturales en la lista se efectúa siguiendo un procedimiento definido: éste implica el establecimiento previo, por parte de cada Estado parte de la Convención, le presentación de un inventario de los bienes del patrimonio cultural y natural situados en su territorio y aptos para ser incluidos en la lista y deberá estar acompañado de documentación sobre el lugar en que estén situados los bienes y sobre el interés que presenten.2
El estudio técnico que se realiza para el efecto de determinar la inclusión de algún sitio en la lista del patrimonio mundial, corre a cargo del Consejo Internacional en Monumentos y Lugares de Interés Artístico e Histórico (Icomos); la Convención, en sus artículos 8.2., y 13.7., faculta al Comité de Patrimonio Mundial para auxiliarse de este organismo, así como del Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales, también conocido como Centro de Roma y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos.
El Icomos actúa como asesor científico del Comité de Patrimonio Mundial en aspectos relacionados con el patrimonio cultural; tiene como función realizar las evaluaciones de los sitios nominados por los Estados a la categoría de patrimonio cultural por los Estados parte de la Convención, sobre el criterio de valores universales excepcionales.
El proceso de evaluación es realizado por dos grupos de expertos, el primero se enfoca al estudio de los expedientes proporcionados por los Estados, con el objetivo de determinar si los sitios nominados poseen dicho valor universal excepcional; el segundo consta de un estudio de campo en el que se evalúa la gestión y estado de conservación de los sitios, así como los aspectos de autenticidad e integridad material de los mismos. En la realización de estos estudios el ICOMOS puede solicitar la asesoría de expertos independientes o pertenecientes a otros organismos especializados en la materia.
A partir de estos dos estudios y del expediente entregado por el Estado parte, la Secretaría del Icomos realiza un proyecto de evaluación que contiene un breve resumen de los aspectos trascendentes del sitio en cuestión, que abarca la descripción del sitio, su historia, la protección legislativa que posee, las características de su gestión y su estado de conservación, además, tiene la facultad de realizar algunas recomendaciones. El proyecto de evaluación se transmite al Panel de Patrimonio Mundial del mismo organismo, que a su vez incluye en el proyecto las recomendaciones que considera pertinentes y presenta la evaluación al Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, órgano que también incorpora sus propias recomendaciones al proyecto, y presenta el mismo en la sesión del Comité en la que se toma la decisión de incorporar o no el sitio en cuestión a la lista de los bienes pertenecientes al patrimonio mundial.
Para ser elegido un sitio patrimonio mundial, éste debe satisfacer los criterios de selección que a continuación se enlistan:
I. Representar una obra maestra del genio creativo humano.
II. Ser la manifestación de un intercambio considerable de valores humanos durante un determinado período o en un área cultural específica, en el desarrollo de la arquitectura, las artes monumentales, la planificación urbana o el diseño paisajístico.
III. Ser y aportar un testimonio único o por lo menos excepcional, de una tradición cultural o de una civilización desaparecida o que sigue viva.
IV. Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio o de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre una etapa significativa o etapas significativas de la historia de la humanidad.
V. Constituir un ejemplo sobresaliente de hábitat o establecimiento humano tradicional, representativo de una cultura o de culturas ahora vulnerables por el impacto de un cambio irreversible.
VI. Estar directa y perceptiblemente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas o creencias de importancia, o con obras artísticas o literarias de significado universal excepcional.
Sexto. Que efectivamente el 28 de diciembre de 2001, el ex presidente de la República, Vicente Fox Quesada suscribió el decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos el área conocida como Kohunlich, situada en el municipio de Othón P. Blanco, en Quintana Roo, en virtud de que se trata de una zona de monumentos arqueológicos que consta de una gran calidad arquitectónica e iconográfica alcanzada por los mayas, resaltando edificios como “La Pirámide de los Mascarones”, de alto valor artístico; el llamado “Edificio de la Acrópolis”, que contiene ejemplares de torres falsas, características que lo vinculan estilísticamente con la vecina región de Río Bec; la “Plaza Merwin”, con sus palacios; la “Plaza de las Estelas”; el conjunto de “Los 27 Escalones” y el complejo conocido como “Los Tres Hermanos”; todos ellos rodeados por numerosas estructuras menores que incluyen restos de casas, talleres, zonas de cultivo y depósitos de agua. Por ello, esta comisión dictaminadora coincide con el autor de la propuesta de que se promueva la inscripción ante el Comité del Patrimonio Mundial, toda vez de que se trata de testimonio único de una civilización desaparecida, así como de un ejemplo sobresaliente de un conjunto arquitectónico que ilustra una etapa significativa de la historia de la humanidad.
Séptimo. Que los antecedentes, propósitos en los que el Diputado Raymundo King de la Rosa, sustenta su proposición, son coincidentes y buscan sumarse con las líneas de acción de fomentar la exploración y el rescate de sitios arqueológicos que trazarán un nuevo mapa de la herencia y el pasado prehispánicos del país, así como armonizar la conservación y protección del patrimonio cultural con una vinculación más eficaz entre la cultura y la promoción turística que detone el empleo y el desarrollo regional, de las Estrategias 3.3.3. y 3.3.4. respectivamente del Objetivo 3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad, de la meta nacional III “México con Educación de Calidad” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Octavo. Que el artículo 38, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que corresponde a la Secretaría de Educación Pública, SEP, conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la nación.
En el Reglamento Interior de la referida dependencia de la administración pública federal, prevé en el artículo 2, Apartado B, entre sus órganos desconcentrados, en su fracción IV, al Instituto Nacional de Antropología e Historia.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, es creado por la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde su artículo 2 prevé que entre sus objetivos generales son la investigación científica sobre antropología e historia relacionada principalmente con la población del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así como el paleontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de las materias y actividades que son de la competencia del instituto.
De acuerdo con el Reglamento Interior del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos tiene como atribución normar y promover la conservación del patrimonio monumental de bienes históricos y arquitectónicos de la nación, mediante su identificación, investigación, catalogación, difusión, rehabilitación y tutela.
De la misma forma, el referido ordenamiento jurídico establece en su artículo 41 que los centros INAH, tienen como objetivo ejercer la representación del instituto en el estado correspondiente, asimismo, en su artículo 42 señala que entre sus facultades genéricas se encuentra la de Propiciar los convenios y acuerdos de colaboración y coordinación que se suscriban con autoridades y organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, tendentes a la protección y conservación del patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico de la entidad, así como promover la formación de organizaciones sociales y asociaciones civiles.
Respecto a Quintana Roo, en su Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado, en el artículo 42, establece que la Secretaría de Turismo es la responsable de colaborar con las autoridades competentes en las acciones para fomentar el cuidado y conservación de zonas arqueológicas, monumentos artísticos e históricos y objetos de interés cultural, así como en aquellas relacionadas con la administración y conservación de estas áreas recreativas de descanso, parques bosques, lagos, lagunas y otros atractivos típicos o naturales y de interés para el desarrollo turístico, procurando estimular la conservación y protección del entorno natural y cultural
Asimismo, la Ley del Patrimonio Cultural del referido estado, en su artículo 10 señala que la Secretaría de Educación y Cultura, las dependencias y entidades estatales así como de los gobiernos municipales, a fin de conservar y proteger el patrimonio cultural del estado y de la nación, dentro de su competencia, podrán coordinarse y formalizar acuerdos de colaboración, cuando dentro del territorio estatal o municipal se encuentren monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.
Noveno. Que esta comisión reconoce que es loable el propósito inserto en la proposición del diputado promovente, toda vez que va dirigido a garantizar el rescate, el conocimiento, inventario, clasificación, catálogo, registro, restauración, conservación y difusión de los elementos o valores del patrimonio cultural, y por lo tanto los diputados integrantes de esta dictaminadora consideramos que es viable y procedente, en virtud de que el Estado mexicano tiene el derecho, conforme a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, de solicitar la inscripción a la lista del patrimonio mundial, sitios que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, previamente cumpliendo con los requisitos establecidos por ésta.
Finalmente, por una correcta utilización de la técnica legislativa, esta dictaminadora propone que se modifique el exhorto, a fin de que se cambie al Ejecutivo federal por la Secretaría de Educación Pública, toda vez que es ésta la que cuenta con la facultad para conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la nación.
Por lo que con base en lo expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Cultura y Cinematografía, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública, al gobierno de Quintana Roo y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a tomar medidas para impulsar y promover como patrimonio cultural de la humanidad la zona arqueológica de Kohunlich.
Notas
1 Adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. París, 16 de noviembre de 1972. Aceptada por México el 23 de febrero de 1984.
2 Artículo 11 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial cultural y Natural.
La Comisión de Cultura
Diputados: Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), presidenta; Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Hugo Jarquín (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica), secretarios; Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz (rúbrica), Juana Bonilla Jaime (rúbrica), Frine Soraya Córdova Morán (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, José Martín López Cisneros, María Carmen López Segura (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Tania Rellstab Carreto (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva, María Beatriz Zavala Peniche, Alejandro Sánchez Camacho.
De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno local a realizar por la Secretaría de Transportes y Vialidad las adecuaciones necesarias al transporte público, en especial el Metro, respecto a los espacios preferentes para los adultos mayores
Honorable Asamblea:
A la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, fue turnada para análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno del Distrito Federal, para que a través de la Secretaria de Transportes y Vialidad, realice las adecuaciones necesarias dentro del trasporte público, en especial del Metro, en lo relativo en los espacios preferentes para los adultos mayores; presentada por el diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, numeral 1, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo señalada, conforme a los siguientes:
I. Antecedentes
1. Con fecha 11 de marzo de 2014, el diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó al pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen.
2. El 12 de marzo de 2014, con oficio número DGPL 62-II-7-1348, la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, remitió el expediente relativo para su análisis y dictamen, a la Comisión del Distrito Federal.
3. Con fecha 22 de abril de 2014, en reunión ordinaria de la Comisión del Distrito Federal, se analizó, discutió y aprobó el dictamen que hoy se presenta.
II. Contenido de la Proposición
1. En la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, el proponente señala que “En México como a nivel Mundial, la población de personas de 60 años o más va en aumento ya que para 2050 habrá más de 36 millones de personas con esta edad, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 2010 y datos del informe sobre el estado de la población mundial de 1998, titulado “Las Nuevas Generaciones”, al igual que la información del Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (I,NAPAM) por lo que el Estado debe de adecuar y prevenir todo lo relacionado a las necesidades que se van a tener en los temas de salud, seguridad jurídica, seguridad social, modificando sus Políticas Públicas para tener un bienestar en la calidad de vida de los adultos mayores en conjunto con las familias y que no se tengan pesadas cargas económicas”.
2. Hace referencia a que “en el último censo de población realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, del 2010 a nivel nacional se establece que la Ciudad de México se encuentra en vísperas de un cambio generacional para los próximos años, que va a traer como consecuencia la prevalencia del segmento de los adultos mayores; por lo que, no tomarse las medidas pertinentes a fin de enfrentar dicho cambio, el Distrito Federal se verá rebasado por tal transformación y por el crecimiento de la expectativa de vida, lo que incidirá, entre otros aspectos, en la atención médica que se ofrece a este sector de la población”.
3. Asimismo comenta que “...con el ánimo de fortalecer las instancia correspondientes, para cubrir y atender los requerimientos que resultarán de esta transformación, es que se exhorta al gobierno del Distrito Federal a realizar las adecuaciones necesarias en la legislación correspondiente, para en todos y cada uno de los medios de trasportes capitalinos, así como de manera específica en el Sistema de Transporte Colectivo Metro; se contemplen los espacios preferentes suficientes para los Adultos Mayores, y con ello, estos pasajeros puedan accesar a dichos servicios como lo establece la propia Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores en su artículo 5o.”.
Por lo que concretamente propone que:
Único: Se exhorte al gobierno del Distrito Federal para que a través de la Secretaría de Transportes y Vialidad, realice las adecuaciones necesarias dentro del transporte público, en especial al interior del Metro, en lo relativo a los espacios preferentes para los adultos mayores.
II. Considerando que:
1. Esta comisión dictaminadora, luego de analizar que la Proposición con Punto de Acuerdo cumple con los requisitos formales, hace suyas las preocupaciones y objetivos de la proposición; en el sentido de salvaguardar el derecho e integridad de los adultos mayores.
2. Debido al crecimiento de adultos mayores el cual va en aumento, como lo señala el Inegi, es necesario la prevención de espacios destinados a la comodidad en la medida de lo posible para que sus traslados sean lo menos complejos posibles.
3. Es pertinente que los adultos mayores tengan conocimiento de sus derechos y la seguridad de saber que lugares son destinados para ellos cuando suban al trasporte púbico.
4. Es importante que la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, aparte de realizar las adecuaciones necesarias, informe a los pasajeros de las medidas que van a poner en marcha.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal con base en las consideraciones y argumentos que preceden, resuelven que: Es de aprobarse la Proposición con Punto de Acuerdo presentado por el diputado Leobardo Alcalá Padilla del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; por lo que se somete a consideración de esta soberanía el siguiente
Dictamen a la proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno del Distrito Federal, para que a través de la Secretaría de Transportes y Vialidad, realice las adecuaciones necesarias dentro del trasporte público, en especial del Metro, en lo relativo en los espacios preferentes para los adultos mayores.
Único: Se exhorta al gobierno del Distrito Federal para que a través de la Secretaría de Transportes y Vialidad, realice las adecuaciones necesarias dentro del transporte público, en especial al interior del Metro, en lo relativo a los espacios preferentes para los adultos mayores.
La Comisión del Distrito Federal
Diputados: Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Jorge Sotomayor Chávez (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo, José Alberto Rodríguez Benavides (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica).
De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF a investigar las violaciones de derechos humanos cometidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local contra personas con discapacidad visual durante el desalojo de las instalaciones del Metro
Honorable Asamblea:
A la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo, presentado por el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Con fundamento en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80 y 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal, de la LXII Legislatura, sometemos a la consideración de este honorable Pleno, el presente Dictamen.’
I. Antecedentes
1. En sesión celebrada el jueves 13 de marzo del 2014, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la CDHDF a investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por policías de la SSPDF contra personas con discapacidad visual durante el desalojo de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, Metro.
2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión del Distrito Federal para su estudio y dictamen correspondiente.
3. La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, fue convocada en términos de ley para el análisis de la proposición con punto de acuerdo, emitiendo el presente dictamen conforme a lo siguiente:
II. Contenido y objeto de la proposición en procedimiento legislativo
El objeto de la proposición dictaminada, es solicitar al titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para que dentro de sus facultades, se investiguen las posibles violaciones a los derechos humanos, cometidas por elementos de la Policía Bancaria e Industrial que laboran al interior del Sistema de Transporte Colectivo y por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, contra personas con discapacidad, durante el desalojo de las instalaciones del Metro.
La presente proposición toma como referencia el hecho de que el pasado 18 de febrero del año en curso, en el operativo contra vagoneros, más de 70 personas con discapacidad visual fueron desalojadas con violencia de las instalaciones del Metro.
En la exposición de motivos la proposición del diputado René Fujiwara Montelongo, expone los siguientes argumentos:
Que las personas que integramos la sociedad, tenemos distintas formas de ver y entender el mundo, así como concepciones particulares del bien, definidas como el conjunto de intereses, preferencias, valores, creencias, contenidos éticos y culturales que cada persona considera valioso para llevar a cabo sus planes de vida de manera satisfactoria, acorde con sus propias metas y fines.
Que al existir diversas formas de concepción del bien, surge el grave problema de la discriminación, que se define como la negación del ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades para que las personas tengan las mismas posibilidades de realizar sus vidas.
Expone el legislador promovente que esto genera que la discriminación excluya a quienes sufren las desventajas de la vida en sociedad, con la consecuencia de que éstas se distribuyan de forma desigual e injusta y son cada vez más susceptibles de ver violados sus derechos humanos en el futuro.
Así, cuando la discriminación se foca liza histórica y sistemáticamente en contra de personas pertenecientes a grupos específicos como las personas con discapacidad visual, se habla de grupos vulnerados que, al tener menores oportunidades y un acceso restringido a ejercer sus derechos, se encuentran en una situación de desventaja con respecto al resto de la sociedad.
Argumenta que la principal barrera que padecen las personas con discapacidad es la percepción generalizada de que debido a sus características, es imposible su integración plena a la sociedad. Esta mentalidad les ha traído consecuencias graves durante generaciones, pues en lugar de que se establezcan las condiciones necesarias para su pleno desarrollo, se les margina y rechaza, al marcarlos como incapaces de formar parte esencial del desarrollo comunitario.
Que las personas con discapacidad se enfrentan a fuertes estigmas, que los dejan fuera de toda posibilidad de ejercer plenamente sus derechos fundamentales y generan con ello, la exclusión en la sociedad.
Para comprender el problema de la discapacidad visual tenemos que establecer concretamente como se define, la cual la podemos entender como el colectivo de personas que presenta una alteración en la función o estructura del órgano de la visión o del sistema nervioso que, provocando la pérdida total o parcial del sentido de la vista, limita o impide a la persona la ejecución de actividades para su desarrollo personal y social, a consecuencia de accidentes, patologías congénitas, infecciones, etcétera.
En este contexto, un derecho humano de vital importancia para satisfacer sus necesidades básicas lo constituye el derecho al trabajo, protegido por nuestro andamiaje jurídico nacional e internacional. Este derecho, interdependiente para el goce de otros derechos humanos, debe garantizarlo el Estado para toda persona, especialmente para aquellos quienes al estar en situación vulnerable, les resulta más difícil acceder a un empleo digno y en condiciones de igualdad.
Señala que el día martes 18 de febrero del año en curso, en el marco de la reubicación de los llamados “vagoneros” dentro del Sistema de Transporte Colectivo “Metro” implementado por el Gobierno del Distrito Federal, concretamente en las estaciones Pino Suarez y San Antonio Abad se realizaron diversas medidas para dar cumplimiento a este Programa.
Entre ellos destacan los operativos para impedir que los comerciantes informales vendan los productos que ofrecen dentro de las instalaciones de este medio de transporte público. En dicho lugar se ejerce el comercio ambulante, fenómeno que ha ido en aumento, causando molestias a los usuarios, aunado a la disputa por el control de estos espacios por grupos de distinta índole.
Durante este desalojo empleado por servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, diversas personas denunciaron el excesivo uso de la fuerza y la represión que sufrieron particularmente las personas con discapacidad visual por parte de los policías que ejecutaron dicho operativo, aspecto que vulnera seriamente su dignidad humana y el derecho humano al trabajo.
Un hecho indignante perpetuado en este operativo, fue el trato inhumano y cruel del que fue objeto la ciudadana Nelly Fontanza Luqueño, mujer con discapacidad visual embarazada a la que se le vulnero su dignidad humana por parte de los cuerpos de la policía de la Secretaría de Seguridad Pública, recibiendo jaloneos, insultos e incluso golpes y patadas, lo que resulta a todas luces una serie de violaciones a sus derechos humanos, hecho que no podemos permitir que quede impune ni señalar a todos aquellos servidores públicos que participaron en este insoportable acontecimiento.
Sumado a este hecho, se encuentra el caso del ciudadano Neftalí Rojas, quien de igual forma fue objeto de maltrato físico por parte de los elementos de seguridad pública del Distrito Federal, hecho que es lógico para todos, pues esta persona con discapacidad visual se encuentra en desventaja para desplazarse con la misma habilidad que los demás, por lo que el emplear el uso de la fuerza pública en contra de una persona con discapacidad visual resulta indignante e inhumano, cuestión que resulta en una violación clara a sus derechos humanos.
Las personas con discapacidad tienen el derecho humano a un trabajo digno y en igualdad de condiciones que los demás, derecho que es protegido por nuestro andamiaje jurídico tanto nacional como internacional, especialmente consagrados por nuestra Constitución y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como en diversos Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, entre ellos destacan la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
A pesar de esta protección jurídica, sigue persistiendo la discriminación ante la situación en la que se encuentran las personas con discapacidad visual, pues lejos de cumplir con el mandato consagrado en la normatividad antes citada, los servidores públicos que en teoría deben estar al servicio de toda la ciudadanía y garantizar el trato digno a todas las personas, emplean el abuso de poder y la prepotencia en contra de quienes aunado a su situación en desventaja, reciben un trato discriminatorio por quienes son garantes de la Seguridad Pública.
El proponente considera que el papel como representantes populares es velar por las necesidades sociales y el respeto a su dignidad humana, por lo que consientes de la alta responsabilidad que la ciudadanía deposita y cumpliendo con el mandato constitucional de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos; propone que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, conforme a sus atribución conferida en el artículo 17 fracción II inciso a) de la ley de su materia, investigue las violaciones a derechos humanos que los policías capitalinos cometieron en contra de las personas con discapacidad visual.
El abuso de poder no tiene que quedar impune, por lo que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal debe ejercer su mandato constitucional y señalar a todos aquellos funcionarios que en vez de asumir sus facultades de brindar seguridad a la ciudadanía, aprovechan su cargo público para emplear la fuerza pública en detrimento de los derechos humanos de quienes están en desventaja al contar con discapacidad visual.
Finalmente expone que, ante estos lamentables hechos, considera pertinente que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ejerza sus facultades constitucionales para que el respeto a los derechos humanos no sea violentado por los agentes de Seguridad Pública y en general, por ningún funcionario del Distrito Federal, su misión al igual que todas las autoridades es velar por el respeto a los derechos humanos, para así lograr un avance en el perfeccionamiento del Estado Democrático que todas y todos anhelamos.
III. Consideraciones
Primero. La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la CDHDF a investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por policías de la SSPDF contra personas con discapacidad visual durante el desalojo de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, Metro.
Segundo. La Comisión del Distrito Federal realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en tratamiento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, con base en el análisis de las facultades conferidas a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y con la información pública disponible en el momento.
Tercero. La Secretaria Técnica de la Comisión del Distrito Federal, tuvo conocimiento y atendió a un grupo de ciudadanos que acudieron a la misma, para exponer el caso del Señor Abraham Díaz González, discapacitado con parálisis cerebral, que impulsa su silla de ruedas con un solo pie; y que busca una forma de sustento al vender diversas golosinas. El 14 de febrero del presente año, cuando se encontraba en la estación Pino Suárez de la línea 1 del metro, fue abordado por elementos de la Policía Bancaria e Industrial que le exigieron desalojar con rapidez el lugar.
Al no poder atender esa exigencia, fue manipulado bruscamente ocasionando que cayera de su silla. Además de este hecho, pretendían despojarle de la mercancía (golosinas y peluches que portaba en sus piernas en una maleta) lo que ocasionó la indignación de los usuarios del metro que circulaban en el lugar en ese momento; quienes para protegerlo de los excesos de los elementos policiacos, lo resguardaron en uno de los locales autorizados en dicha estación.
Cuarto. La Comisión del Distrito Federal considera que la proposición con punto de acuerdo que promueve el diputado René Fujiwara Montelongo, es procedente toda vez que en los argumentos planteados por el promovente se observan violaciones a los derechos humanos al haber incurrido la o las autoridades en actos u omisiones que representaron un agravio para las y los ciudadanos con discapacidad visual durante el desalojo de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro; al igual que el caso del Señor Abraham Díaz González.
Quinto. Es de observarse que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tiene la facultad por ley de Iniciar de oficio y discrecionalmente la investigación de las denuncias que aparezcan en los medios de comunicación social y que sean de su competencia y por ende, elaborar una Recomendación cuando una investigación resulta, en efecto, una violación de los derechos humanos.
Sexto. Que el diputado Fujiwara con fecha 25 de febrero presentó un punto de acuerdo similar mismo que fue turnado por la Comisión y aprobado por la misma; y que el presente punto complementa a éste.
Por lo expuesto y fundado, la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión considera que la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen es de aprobarse, para quedar como sigue:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a investigar las violaciones de derechos humanos cometidos por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en contra de personas con discapacidad visual, durante el desalojo de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y del señor Abraham Díaz González, persona con parálisis cerebral.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para que en el ámbito de su competencia y facultades otorgadas por ley y del resultado de las investigaciones realizadas proceda a emitir la o las recomendaciones conducentes a la autoridad o autoridades responsables, por los hechos acontecidos en el desalojo de personas con discapacidad del Sistema de Transporte Colectivo Metro; señaladas en los considerandos del presente dictamen.
La Comisión del Distrito Federal
Diputados: Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica en abstención), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo, José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández, Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica).
De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de México a realizar una mesa de diálogo con su homólogo capitalino para evitar la emigración de vehículos del DF a esa entidad
Honorable Asamblea:
A la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con fundamento en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80 y 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal, de la LXII Legislatura, sometemos a la consideración de este honorable pleno, el presente dictamen.
I. Antecedentes
1. El 18 de marzo de 2014, la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta acatadamente al Gobierno del Estado de México para que en el ámbito de su competencia, realice una mesa de diálogo con el gobierno de la ciudad de México para evitar la emigración de vehículos del Distrito Federal al estado de México.
2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión del Distrito Federal para su estudio y dictamen correspondiente.
3. La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fecha 22 de Abril de 2014, fue convocada en términos de ley para el análisis de la proposición con punto de acuerdo, y el dictamen que hoy se presenta.
II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo
En la parte expositiva de la Proposición con Punto de Acuerdo, se señala que ésta tiene como sustento las consideraciones siguientes:
1. La proponente señala que los vehículos automotores son una de las principales fuentes de contaminación del aire, generando considerables daños ambientales y a la salud, en el mediano y largo plazo.
2. Argumentando que en nuestro país existen algunos estados, específica mente el Distrito Federal y el Estado de México, que como herramienta para contrarrestar los efectos negativos del uso de los automóviles, cuentan con un programa denominado “Programa de Verificación Vehicular”.
3. Argumenta que el Programa denominado “Hoy No Circula”, del Estado de México fue concebido en 1990 como una medida regulatoria de restricción vehicular para controlar la demanda de gasolina y reducir las emisiones vehiculares en beneficio de la salud de la población.4. Indica además que de acuerdo con la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, en los últimos en los tres últimos años, más de 523 mil vehículos automotores pasaron de ser registrados en el DF al estado de México.
5. Por lo que señala que una de las causas principales que han motivado la presente migración es que en el Distrito Federal el trámite de verificación requiere el pago obligatorio de las tenencias, mientras que en el gobierno mexiquense no promueve esa restricción.
III. Considerando que
Primero. La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México, para que realice una mesa de diálogo con el Gobierno del Distrito Federal, a fin de evitar la emigración de vehículos del Distrito Federal al Estado Mexiquense.
Segundo. La Comisión del Distrito Federal realizó el análisis y valoración de la Proposición con Punto de Acuerdo en tratamiento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, y con base en lo establecido en los datos públicos de la Secretaría de Desarrollo Metropolitano del Gobierno del estado de México.
Tercero. La Comisión del Distrito Federal considera que la proposición con punto de acuerdo que promueve la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, es procedente toda vez que dentro de las funciones de la Secretaría de Desarrollo Metropolitano del Gobierno del Estado de México, ésta impulsar el cumplimiento de los asuntos registrados en la Agenda Metropolitana, así mismo, dentro de sus funciones está la de establecer mecanismos de comunicación con autoridades del Gobierno del Distrito Federal para evaluar los alcances y resultados de los trabajos de las Comisiones Metropolitanas que integran la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana (México-Hidalgo-Distrito Federal).
Tal es el caso de la Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad (Cometravi), la cual, para el caso que nos ocupa, dentro de sus asuntos contempla lo siguiente:
• Continuar con las acciones de coordinación para dignificar el servicio que se presta en las estaciones del Metro que corre en territorio del Estado de México.
• El Programa Rector Metropolitano de Transporte y Vialidad.
• Las acciones para el desarrollo del transporte metropolitano.
• Placas y autorizaciones metropolitanas y
•La evaluación y desarrollo de vialidades en zonas limítrofes.
Cuarto . No escapa a esta Comisión, el hecho de que esta situación es un tema que atañe a las dos entidades y que en ese sentido, existen instancias como la de Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad en donde puede ventilarse y tratarse el tema. No obstante, que es facultad también de cada entidad el establecer entre sus políticas fiscales, el pago de derechos por diversas cuestiones como la que nos ocupa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión considera que la Proposición con Punto de Acuerdo objeto del presente dictamen es de aprobarse con modificaciones para quedar como sigue:
Dictamen de la Comisión del Distrito Federal a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de México, para que realice una mesa de diálogo con el gobierno del Distrito Federal, a fin de evitar la emigración de vehículos del Distrito Federal al estado mexiquense
Único. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de México para que, en el ámbito de su competencia, realice una mesa de diálogo con el gobierno de la ciudad de México, sobre el tema de la emigración de vehículos del Distrito Federal al Estado Mexiquense, en lo relacionado a los trámites vehiculares.
Asimismo se incluya esta situación en la agenda de la Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad.
La Comisión del Distrito Federal
Diputados: Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo, José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández, Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica).
De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas autoridades locales a ejercer acciones para conservar y hacer efectivos los derechos que les corresponden legal y contractualmente respecto a la terminación y debida operación de la línea 12 del Metro
Honorable Asamblea:
A la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del gobierno del Distrito Federal a ejercer las acciones que procedan con objeto de conservar y hacer efectivos los derechos que legal y contractualmente les corresponden referentes a la terminación y debida operación de la línea 12 del Metro.
Con fundamento en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80 y 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal, de la LXII Legislatura, sometemos a la consideración de este Honorable Pleno, el presente Dictamen.
I. Antecedentes
1. El 3 de abril de 2014, los diputados Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del gobierno del Distrito Federal para que ejerzan las acciones que procedan con objeto de conservar y hacer efectivos los derechos que legal y contractualmente les corresponden, referentes a la terminación y debida operación de la línea 12 del Metro.
2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión del Distrito Federal para el estudio y dictamen correspondientes.
3. La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fecha 22 de abril de 2014, fue convocada en términos de ley para el análisis de la proposición con punto de acuerdo, y el dictamen que hoy se presenta.
II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo
En la parte expositiva de la proposición con punto de acuerdo se señala que ésta tiene como sustento los antecedentes y las consideraciones siguientes:
1. En diciembre de 2006 se anunció la construcción de una nueva línea del Metro, para atender la demanda de servicio de transporte público al sur de la Ciudad de México.
2. El 29 de julio de 2007 se llevó a cabo la encuesta Consulta Verde, a través de la cual se preguntó a la población de la Ciudad de México sobre el manejo del agua, el ambiente y, finalmente, la conveniencia de licitar la construcción de una línea del Metro, la 12, para la que se presentó una proposición de trazo a lo largo de la zona centro-oriente de la capital.
3. Habiéndose favorecido el proyecto por la ciudadanía, se realizaron los actos administrativos de contratación que establece la ley, con motivo de los cuales las empresas Ingenieros Civiles Asociados, SA de CV, Alstom Mexicana, SA de CV, y Carso Infraestructura y Construcción, SAB de CV, presentaron propuestas para la construcción del proyecto de construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del STC, resultando ganadoras de la licitación.
4. El 17 de junio de 2008, las empresas mencionadas celebraron con el gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Dirección General de Obras para el Transporte, un contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado, para la construcción de la Línea 12 del Metro, Tláhuac-Mixcoac.
5. Del 17 de junio al 2 de octubre de 2012 se realizó un periodo de pruebas que ofreció recorridos gratuitos con ascenso y descenso de pasajeros.
6. El 30 de octubre de 2012 se inauguró la línea 12 por el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, ciudadano Marcelo Ebrard Casaubón, y se puso en marcha mediante el cobro de la tarifa autorizada. Hoy se sabe que a la fecha de su inauguración, había reportada una cantidad sumamente considerable de faltantes de obra, sin los cuales no debió iniciar operaciones.
7. Desde el primer trimestre de 2013 se presentaron problemas en el servicio de la línea 12, como han sido el desgaste de las vías por sobrepeso de los vagones y distancia inadecuada entre los ejes que los soportan; o como el entorpecimiento del servicio y disminución de velocidad de los trenes por el ángulo cerrado de las curvas, que en ese sentido fueron mal trazadas, entre otros.
Se sabe además que a pesar de haberse denunciado la importancia de que se realizaran trabajos de mantenimiento, dichas labores no se han cumplido o se han entorpecido en agravio de las instalaciones del Metro, sin que se haya dado una explicación ni se conozca una causa justificada que lo soporte por parte de las autoridades competentes. Circunstancias adicionales a las relatadas se exponen en diversos reportes emitidos por la Red de Transporte Colectivo Metro, visibles en su página de internet, y se desprenden de declaraciones hechas recientemente por las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo ante los medios de comunicación.
8. En agosto de 2013, la línea 12 recibió un mantenimiento urgente de vías desde Calle 11 hasta Culhuacán, en un periodo que abarcó del 2 de agosto hasta el 30 de noviembre del mismo año, pero que fue tardío e insuficiente. El problema se agravó a tal nivel que el 4 de octubre de 2013 se anunció el recorte de servicio desde la terminal Tláhuac hasta la estación Tezonco.
9. En febrero de 2014 se anunció la apertura de un nuevo período para la realización de trabajos de mantenimiento de vías, que comenzaría el 17 de febrero. Dicho mantenimiento incluía renivelación y reajuste de vías por medio del compactado del balastro, así como el apriete y la sustitución de algunas fijaciones.
10. Por la importancia de los trabajos que se deberán realizar y las graves fallas estructurales del sector elevado de la línea 12, que hacen factible el descarrilamiento de los vagones, el director del Sistema de Transporte Colectivo resolvió que el servicio no podría continuar dándose a la ciudadanía, por lo que desde el 12 de marzo de 2014 pasado se cerraron oficialmente las estaciones Tláhuac, Tlaltenco, Zapotitlán, Nopalera, Olivos, Tezonco, Periférico Oriente, Calle 11, Lomas Estrella, San Andrés Tomatlán y Culhuacán, en las que se encuentra suspendido el servicio.
11. Se ha dado a conocer que la Asamblea Legislativa ha aprobado un presupuesto extraordinario para la realización de obras de mantenimiento de la línea 12 del Metro, situación que contrasta con los derechos que el contrato y la ley confiere al gobierno del Distrito Federal frente a los contratistas, pues el otorgamiento de concesiones a favor de las contratistas con relación al cumplimiento de sus obligaciones puede traer aparejada la pérdida de derechos con respecto a las garantías otorgadas y el contrato de fianza que las soporta.
12. Es menester resaltar la importancia que en este caso reviste la debida conducción legal del problema para conservar los derechos de la ciudad dentro de un contrato de obra a precio alzado y evitar, por negligencia o desconocimiento del derecho, que la imperfección de los trabajos o incumplimiento de las obligaciones asumidas por las constructoras acaben dando lugar a nuevas contrataciones que representen una erogación adicional a cargo de los contribuyentes. Esta reflexión ha dado lugar a la proposición del presente punto de acuerdo.
Consideran los legisladores promoventes que
La serie de irregularidades en la construcción y el mantenimiento de la línea 12 del Metro que en las últimas semanas se han revelado, dan cuenta de una situación preocupante tanto para los usuarios del transporte como para la proba y honesta conducción de la administración pública capitalina.
El Metro es un medio de transporte vital para una gran mayoría de capitalinos y de vecinos del estado de México que deben aprovecharlo diariamente, por ello, la consecuencia que tiene que se cierre dicho transporte resulta más devastadora para la población cuando el sistema ya funciona, que la condición misma que implica transportarse a través de otros medios cuando la línea del Metro que haya de cerrarse ni siquiera existe. De ese modo, el perjuicio que se ocasiona a la ciudadanía cuando ha de modificar su forma de transporte una vez que el tren ya era un recurso accesible, es proporcionalmente más grave contra el ciudadano porque debe renunciar a una comodidad y economía de transporte por causas no imputables a él.
Es menester que la contratación de obras para la ejecución de proyectos que puedan tener como propósito el desarrollo de infraestructura de transporte, se conduzca con apego a la legalidad, pero sobre todo, con escrupulosa atención a los principios de honradez, eficacia y eficiencia que contempla el artículo 134 constitucional.
En el caso, el contrato que celebró el gobierno del Distrito Federal para la ejecución del proyecto de la línea 12 del Metro considera una obra que debía realizarse sujeta a la condición de un precio alzado, situación que implica la definición de un precio total por la obra sin importar los insumos y la duración del proyecto. La contratación, por ello, obedeció a la tramitación de un procedimiento administrativo en el que las licitantes tuvieron la oportunidad para valorar el proyecto, efectuar los cálculos correspondientes, definir su riesgo y determinar sus utilidades. El costo comprendió todas las acciones que debieron realizarse, desde el inicio de la obra hasta su total terminación, que no era otra sino la de entregar un proyecto terminado y en óptimo funcionamiento.
Las cualidades propias de los contratos de obra a precio alzado se definen con precisión en el título décimo, capítulo III, del Código Civil para el Distrito Federal, que en algunos de sus artículos, para los efectos del presente documento, se transcriben:
Artículo 2616. El contrato de obras a precio alzado, cuando el empresario dirige la obra y pone los materiales, se sujetará a las reglas siguientes:
(...)
Artículo 2617. Todo el riesgo de la obra correrá a cargo del empresario hasta el acto de la entrega, a no ser que hubiere morosidad de parle del dueño de la obra en recibirla, o convenio expreso en contrario.
Artículo 2626. El empresario que se encargue de ejecutar alguna obra por precio determinado, no tiene derecho de exigir después ningún aumento, aunque lo haya tenido el precio de los materiales o el de los jornales.
Artículo 2634. Recibida y aprobada la obra por el que la encargó, el empresario es responsable de los defectos que después aparezcan y que procedan de vicios en su construcción y hechura, mala calidad de los materiales empleados o vicios del suelo en que se fabricó; a no ser que por disposición expresa del dueño se hayan empleado materiales defectuosos, después que el empresario le haya dado a conocer sus defectos, o que se haya edificado en terreno inapropiado elegido por el dueño, a pesar de las observaciones del empresario.
En el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal se regula el contrato a precio alzado, claro está, para el caso específico de obras públicas.
Por su importancia para la debida descripción del esquema legal que compone el contrato para la construcción de la línea 12 del Metro, los ‘promotores citan a la letra, el referido artículo:
Artículo 44. Los contratos de obra pública para efectos de esta Ley, podrán ser de tres tipos:
(...)
II. A precio alzado, en cuyo caso el importe del pago total fijo que deba cubrirse al contratista será por ministraciones que se establecerán en el contrato, en función de avances o actividades terminadas. Las propuestas que presenten los contratistas en este caso, tanto en los aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosados por actividades principales.
Los contratos a precio alzado no podrán ser modificados en monto o plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos.
Los proyectos integrales, siempre deberán contratarse a base de precio alzado, y Atento a dichas reglas legales a las que se sujeta la contratación de obra pública bajo el régimen de precio alzado, encontramos que en la cláusula séptima del contrato, se establecen las condiciones y formas de pago, mismas que por su relevancia y valor esclarecedor para el objeto del presente, se procede a transcribir:
Séptima. Forma de pago:
Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el programa general de actividades por partida, se pagarán a precio alzado, en función de avances quincenales conforme al mismo y de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, Reglamento de la Ley de Obras Públicas del DF, Código Financiero del Distrito Federal y a las políticas administrativas, bases y lineamientos en materia de obras públicas.
Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de ministraciones que abarcarán periodos quincenales como máximo, las que serán presentadas por “el contratista” acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago al residente de la supervisión para su aprobación a más tardar dentro de los 4 (cuatro) días hábiles siguientes a las fechas de corte, que serán los días 15 y último día hábil de cada mes; dicho residente de supervisión dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, recabar la autorización del residente de la obra de “el GDF” según lo establecido en los artículos 50 y 52 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y 59 de su reglamento.
(...)
Ahora bien, en la contratación materia del proyecto que nos ocupa, las contratistas otorgaron garantías con relación al proyecto, que permanecen vigentes a lo largo de los siguientes doce meses después de la entrega, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, disposición que por su relevancia en este caso se transcribe a continuación:
Artículo 58. Concluidos los trabajos, no obstante su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y conforme lo dispuesto en él.
Para garantizar durante un plazo de doce meses, en el caso de la obra y de los servicios relacionados con la obra pública, el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la recepción de los trabajos, el contratista constituirá garantía por el equivalente de diez por ciento del monto ejercido en la obra. En lugar de esta garantía, podrá conservar la de cumplimiento de contrato ajustada a diez por ciento del monto ejercido, siempre y cuando se haya obligado a responder además, por los defectos o vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad que llegara a surgir en la obra durante el año posterior a su recepción. En el caso de proyecto integral, plantas industriales y equipos especializados, el plazo de garantía deberá cubrir por lo menos veinticinco por ciento de la vida útil de los mismos, en un monto y forma que se establezca en las políticas administrativas, bases y lineamientos.
Los contratistas podrán retirar sus garantías, transcurrido el plazo establecido a partir de la fecha de recepción de los trabajos, siempre que a petición de los mismos lo apruebe por escrito la dependencia, órgano desconcentrado o delegación correspondiente, quienes lo notificarán a la Secretaría de Finanzas para los efectos procedentes, y en el caso de las entidades, cuando éstas así lo autoricen para garantizar durante un plazo de doce meses, en el caso de la obra y de los servicios relacionados con la obra pública, el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo a anterior, previamente a la recepción de los trabajos, el contratista constituirá garantía por el equivalente de diez por ciento del monto ejercido en la obra. En lugar de esta garantía, podrá conservar la de cumplimiento de contrato ajustado a diez por ciento del monto ejercido, siempre y cuando se haya obligado a responder además, por los defectos o vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad que llegara a surgir en la obra durante el año posterior a su recepción. En el caso de proyecto integral, plantas industriales y equipos especializados, la garantía subsistirá al menos durante un plazo de 24 meses.
Dichas garantías satisfacían la terminación de cualquier parte del proyecto en el que aparecieran desperfectos o vicios ocultos, cláusula que contractual y jurisprudencialmente se ha reconocido en la práctica jurídica.
En la cláusula octava del contrato, relativa a las “garantías y seguros”, se acuerda esta serie de obligaciones del contratista a favor del gobierno del Distrito Federal, para que aquél garantice, vía el establecimiento de una fianza, el cumplimiento de los términos del contrato. En el párrafo octavo de dicha cláusula se establece:
Para responder por defectos que resultaren de los trabajos realizados, de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, “el contratista” garantizará mediante fianza desde los diez días hábiles previos a la recepción formal de los trabajos, o antes del pago de 10 por ciento final de ellos, en cuyo caso deberá entregar la garantía en forma adjunta a la primera ministración de ese 10 por ciento. La póliza de fianza deberá expedirse a favor de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, por una afianzadora autorizada para operar en el Distrito Federal, equivalente a 10 por ciento del monto (con IVA) ejercido a la fecha de entrega-recepción. Dicha fianza estará vigente durante un plazo de dos años a partir de la fecha de entrega recepción, de conformidad con los artículos 58 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y 36 de su Reglamento.
En efecto, en los términos que establece la Ley de Obras Públicas del DF, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que derivaron del contrato, tanto por lo que respecta a la obra y su conclusión, como por lo que ve a las garantías por vicios ocultos, las contratistas otorgaron una fianza ante compañía autorizada por el equivalente a 10 por ciento del monto ejercido a la fecha de entrega-recepción de la obra. En ese punto cabe traer a colación que la doctrina jurídica entiende por vicios ocultos “un defecto del que adolece el objeto de la venta y que no puede apreciarse a simple vista, o bien, se requieren conocimientos técnicos para advertirlo”.
Defectos de este tipo traen consigo otro al mismo tiempo, pero en caso de estar viciado el consentimiento, se entiende que se exteriorizó la voluntad dirigida a la aceptación de comprar, sobre un bien en aparente buen estado, que no revelaba daños manifiestos.
A decir de los diputados que presentaron la propuesta con este esquema compuesto de reglas, cláusulas contractuales y garantías, “queda expuesta de la forma más nítida la problemática legal que precede a la problemática social que hoy aqueja a la población capitalina”.
Y manifiestan: “En ese sentido, somos testigos de cómo los hechos revelan que la construcción del proyecto dista considerablemente de las expectativas que el gobierno del Distrito Federal y la ciudadanía se había fijado, ya que como se ha narrado en los antecedentes del presente punto de acuerdo, las irregularidades tanto en la contratación como en la ejecución del proyecto han sido de tal magnitud que las autoridades capitalinas se han visto en la necesidad de suspender el servicio de la referida línea 12”.
Agregan que es dable recalcar que no puede hablarse, en principio, de una falla que pudiera atribuirse al gobierno del Distrito Federal, toda vez que la contratación de los particulares tuvo por objeto, entre otros, la elaboración misma del proyecto ejecutivo, instrumento inicial que debió contener conclusiones en el ámbito de la ingeniería que debieron encontrarse técnica y científicamente sustentados, con cargo a los contratistas.
Por tanto, en los términos del contrato y de lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, corresponde al gobierno del Distrito Federal, entidad pública contratante y beneficiario del contrato, ejercer las acciones que obliguen a la contratista al cumplimiento forzoso de lo pactado, así como a la corrección o al saneamiento de aquellos vicios de la obra que han sido descubiertos, toda vez que los hechos evidenciados están ocurriendo dentro de los plazos de remediación que considera el contrato y prevé la ley.
En defecto de lo anterior, cabe agregar que, ante la incapacidad de los contratistas para hacer frente a los desperfectos, el gobierno del Distrito Federal también tiene expeditos sus derechos para hacer efectivas las fianzas otorgadas hasta por 10 por ciento del valor contratado, que según valores analizados y expuestos por el director general del STC, debería ser suficiente para atender los faltantes, en el breve plazo, que tienen suspendido el servicio en la línea 12.
En seguimiento de lo planteado por los proponentes manifiestan en este punto señalan que las disposiciones que regulan el procedimiento especial para la ejecución de la fianza, se encuentra regulado en la Ley de Instituciones de Fianzas, que por su importancia se cita a la letra:
Artículo 93. Los beneficiarios de fianzas deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza respectiva, directamente ante la institución de fianzas. En caso que ésta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el reclamante podrá, a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; o bien, ante los tribunales competentes en los términos previstos en el artículo 94 de esta ley. En el primer caso, las instituciones afianzadoras estarán obligadas a someterse al procedimiento de conciliación a que se refiere el artículo 93 Bis de la misma.
(...)
Artículo 95. Las fianzas que las instituciones otorguen a favor de la federación, del Distrito Federal, de los estados y de los municipios, se harán efectivas a elección del beneficiario, siguiendo los procedimientos establecidos en los artículos 93 y 93 bis de esta ley, o bien, de acuerdo con las disposiciones que a continuación se señalan y de conformidad con las bases que fije el reglamento de este artículo, excepto las que se otorguen a favor de la federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso en que se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación:
(...)
No obstante las disposiciones citadas, resaltan que en las autoridades del Distrito Federal debe imperar la prudencia y poner especial atención en la elección de las acciones judiciales que han de emprenderse para conservar y salvaguardar los derechos del Distrito Federal en la materia, toda vez que la ausencia de acción puede traer aparejada la prescripción del derecho, o bien, las concesiones otorgadas a las contratistas pueden afectar negativamente con relación a los derechos afianzados, si ello se conduce sin participación de las afianzadoras.
Esta conclusión, dicen, se afirma a través de la simple lectura de los artículos citados de la Ley de Instituciones de Fianzas así como de los artículos 2846, 2847 y 2848 del Código Civil para el Distrito Federal, disposiciones también relevantes que se transcriben:
Artículo 2846. La prórroga o espera concedida al deudor por el acreedor, sin consentimiento del fiador, extingue la fianza.
Artículo 2847. La quita reduce la fianza en la misma proporción que la deuda principal, y la extingue en el caso de que, en virtud de ella, quede sujeta la obligación principal a nuevos gravámenes o condiciones.
Artículo 2848. El fiador que se ha obligado por tiempo determinado, queda libre de su obligación, si el acreedor no requiere judicialmente al deudor por el cumplimiento de la obligación principal, dentro del mes siguiente a la expiración del plazo. También quedara libre de su obligación el fiador, cuando el acreedor, sin causa justificada, deje de promover por más de tres meses, en el juicio entablado contra el deudor.
De la lectura de estas disposiciones se observa que, en cuanto a la extinción de la fianza, la intención del legislador de proteger la fianza hasta en tanto no exista la voluntad expresa del acreedor para prorrogarla, liberarla o extinguirla, así como en el caso de que no requiera judicialmente el cumplimiento de la obligación.
En otro orden de ideas, cabría la posibilidad, sin embargo, de que la contratación hubiera sido indebida y que las fallas atribuidas al sistema provinieran de decisiones u omisiones tomadas por las autoridades del Distrito Federal, ya fuera por adelantar la inauguración y entrada en servicio de los vagones, por la elección de equipamiento inadecuado, por la decisión de aplazar la prestación de los servicios de mantenimiento o corrección correspondiente por parte de las contratistas.
Sólo para el caso de que las fallas que pudieran encontrarse provinieran de dichas decisiones u omisiones, debería valorarse la aplicabilidad de disposiciones relevantes que son competencia de autoridades especializadas en el ámbito de la auditoría y fiscalización, como la Contraloría General y la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Dichas instancias podrían fincar las responsabilidades resarcitorias y las sanciones administrativas procedentes o, en su caso y si fueran descubiertas, presentar las denuncias o querellas ante las autoridades ministeriales que deban integrar la investigación procedente por la comisión de los delitos que resultaran.
El fundamento de esta facultad y dichas consecuencias se desprende tanto de la Ley Orgánica de la Administración Pública del DF como de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, disposiciones normativas que, por su relevancia, también se transcriben:
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal
Artículo 34. A la Contraloría General corresponde el despacho de las materias relativas al control y la evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades que integran la administración pública del Distrito Federal, así como el desarrollo, modernización, innovación y simplificación administrativos, y la atención ciudadana. Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
(...)
III. Fiscalizar e inspeccionar el ejercicio del gasto público de la administración pública del Distrito Federal y su congruencia con el Presupuesto de Egresos, procediendo en su caso, al fincamiento de la responsabilidad administrativa;
(...)
VIII. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias, órganos desconcentrados y entidades para estatales, así como realizar a las mismas, las auditorías que se requieran en sustitución o apoyo de sus propios órganos de control;
IX. Verificar el cumplimiento, por parte de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades para estatales, de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, programación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno del Distrito Federal, procediendo en su caso, al fincamiento de responsabilidades administrativas.
(...)
XII. Inspeccionar y vigilar directamente o a través de los órganos internos de control, que las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales, cumplan las normas y disposiciones en materia de: información, estadística, organización, procedimientos, sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos de la administración pública del Distrito Federal, procediendo en su caso, al fincamiento de la responsabilidad administrativa;
XIII. Fiscalizar el ejercicio de los recursos federales derivados de los acuerdos y convenios respectivos ejercidos por las dependencias, órganos desconcentrados y entidades para estatales, en coordinación con las autoridades federales competentes;
(...)
XXI. Verificar y dar seguimiento hasta su conclusión, al cumplimiento de las observaciones y recomendaciones que formule la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa derivadas de la revisión de la Cuenta Pública, y en su caso, fincar las responsabilidades administrativas a que haya lugar;
(...)
XXVI. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, con motivo de quejas o denuncias de los particulares o servidores públicos o de auditorías practicadas por los órganos de control, para constituir responsabilidades administrativas, y determinar las sanciones que correspondan en los términos de ley, y en su caso, hacer las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público prestándole para tal efecto la colaboración que le fuere requerida;
XXVII. Emitir, formular y notificar los pliegos de responsabilidades a los servidores públicos que estime presuntos responsables, a efecto de incoar el procedimiento administrativo correspondiente, así como a aquellos servidores públicos a los que, una vez valorados los expedientes que le remita la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, así lo determine;
(...)
XXIX. Intervenir en los procesos de licitación de adquisiciones de bienes y servicios y de obra pública, para vigilar que se cumpla con las normas y disposiciones aplicables;
Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del DF
Artículo 8o. Corresponde a la Contaduría el ejercicio de las siguientes atribuciones:
(...)
IX Conforme a lo dispuesto en la fracción precedente, realizar la inspección de obras, bienes adquiridos y servicios contratados, para comprobar si las inversiones y gastos autorizados a los sujetos de fiscalización, se realizaron de conformidad con la normatividad vigente, y si éstos aplicaron eficientemente los recursos para el cumplimiento de sus programas y subprogramas aprobados;
Artículo 9o. Cuando alguno de los entes sujetos de fiscalización se negare a proporcionar la información solicitada por la Contaduría, o no permitiere la revisión de los libros, registros, instrumentos, sistemas, procedimientos y documentos comprobatorios y justificativos del ingreso y del gasto público, la práctica de visitas, inspecciones, auditorias, podrá solicitar al órgano de control respectivo la aplicación de las medidas de apremio previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y lo hará del conocimiento de la Asamblea por conducto de la comisión para que resuelva lo procedente.
Si una vez aplicada la medida de apremio, la negativa a atender los requerimientos persiste, ésta podrá solicitar a la autoridad competente el inicio del procedimiento correspondiente.
El mismo procedimiento se seguirá en el caso de las instituciones o personas que hubieren recibido subsidios, transferencias, concesiones o permisos de los sujetos de fiscalización, cuando éstos hubieren incurrido en los actos u omisiones que se establecen en el primer párrafo del presente artículo.
Artículo 14. El contador mayor, como autoridad ejecutiva, tendrá específicamente las siguientes facultades:
a) El fincamiento de las responsabilidades;
(...)
Artículo 40. Las responsabilidades administrativas en que se incurra en los términos de esta Ley, son independientes de las que puedan configurarse del orden civil o penal, en cuyo caso se estará a lo previsto por las normas que resulten aplicables.
Artículo 41. En el caso de responsabilidad penal, el procedimiento se iniciará por denuncia de
I. La Asamblea o la Comisión de Gobierno, en su caso, en contra de los servidores públicos que sean de elección popular que se encuentren en funciones durante el período para el que fueron electos;
II. La Contaduría, contra el o los servidores públicos que no sean de elección popular, que hayan ejecutado los actos o que incurran en las omisiones que den origen a la responsabilidad penal; y
III. La Contaduría, contra los servidores públicos de elección popular o de designación, que hayan dejado de fungir como tales y que por la índole de sus funciones hayan causado daños y perjuicios a la hacienda pública.
Todas esas disposiciones dan un esquema claro sobre las facultades que estas autoridades tienen para poder auditar, fiscalizar y en su caso, sancionar, a las autoridades de la administración pública que incurran en una contravención a la ley por el indebido ejercicio de sus funciones.
Al ser del más alto interés para toda la población el que se esclarezca quiénes son los funcionarios que por acción u omisión incurrieron en responsabilidad y han sido causantes de los serios agravios de los que la población usuaria del servicio del Metro han sido objeto, es que se hace necesario que estas autoridades con facultades de fiscalización y sanción tomen las medidas legales que correspondan para actuar en consecuencia, combatiendo la posible impunidad que existiera ante las irregularidades que esta magna obra está revelando.
Finalmente señalan los legisladores promoventes que, toda vez que existe testimonio de lamentables experiencias pasadas que han puesto de manifiesto las funestas consecuencias que para la vida pública del Distrito Federal conlleva una labor pasiva, oprobiosa y poco diligente de los abogados y asesores jurídicos encargados de identificar, analizar e instaurar las acciones legales que se derivan de contratos en los que interviene el gobierno del Distrito Federal, es que se exhorta respetuosamente a los titulares de los órganos locales competentes para que instruyan a los funcionarios de sus correspondientes oficinas jurídicas a fin de que pongan en marcha las acciones administrativas o judiciales que válidamente pueden hacer valer, con objeto de evitar mayores daños a la tranquilidad y la economía de miles de capitalinos, con motivo de las deficiencias legales y técnicas que han salido a la luz con la construcción de la línea 12 del Metro.
III. Considerando que
Primero. La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión es competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del gobierno del Distrito Federal, para que ejerzan las acciones que procedan con el objeto de conservar y hacer efectivos los derechos que legal y contractualmente les corresponden, referentes a la terminación y debida operación de la línea 12 del Metro.
Segundo. Para la Comisión del Distrito Federal resulta de gran importancia la actual situación de la línea 12 del Metro, ya que la suspensión del servicio en 11 de sus 20 estaciones afecta diariamente a más de 435 mil usurarios, en consecuencia considera que es de aprobarse la proposición con puntos de acuerdo materia del presente dictamen, lo anterior derivado del análisis y evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, con base en lo en los ordenamientos jurídicos expuestos por los legisladores promoventes, así como con los datos expuestos por el ingeniero Joel Ortega Cuevas, en la reunión con la Comisión del Distrito Federal, que tuvo verificativo el 8 de abril de 2014, en la zona C del edificio G de la Cámara de Diputados.
Por lo expuesto y fundado, la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión considera que la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen es de aprobarse, para quedar como sigue:
Dictamen de la Comisión del Distrito Federal a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del gobierno del Distrito Federal a ejercer las acciones que procedan con objeto de conservar y hacer efectivos los derechos que legal y contractualmente les corresponden, referentes a la terminación y debida operación de la línea 12 del Metro
Primero. Se exhorta a los ciudadanos secretario de Obras y Servicios, secretario de Transportes y Vialidad, consejero jurídico y de Servicios Legales, contralor general del Distrito Federal, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, director de Obras para el Transporte de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del DF, gerente jurídico y contralor interno del Sistema de Transporte Colectivo, director del proyecto Metro del Distrito Federal a instaurar los procedimientos de coordinación necesarios y ejerzan todas las acciones legales necesarias, administrativas o judiciales, con el objeto de hacer valer los derechos que derivan a favor del gobierno del Distrito Federal, del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado número 8.07 CO 01 T.2.022 celebrado entre el gobierno de la Ciudad de México y las empresas contratistas ICA, Alstom y Carso, así como, en su caso, los que provienen del contrato de fianza otorgada en los términos del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas del DF, para la construcción y puesta en marcha y debida operación de la línea 12 del Metro.
Segundo. Se exhorta a los ciudadanos secretario de Obras y Servicios, secretario de Transportes y Vialidad, consejero jurídico y de Servicios Legales, contralor general del Distrito Federal, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, director de Obras para el Transporte de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del DF, gerente jurídico y contralor interno del Sistema de Transporte Colectivo, director del proyecto Metro del Distrito Federal a abstenerse de otorgar concesiones o beneficios a favor de las empresas ICA, Alstom y Carso, en el marco del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado número 8.07 CO 01 1.2.022 celebrado entre el gobierno de la Ciudad de México y las empresas contratistas y sus relativos convenios modificatorios, que pudieran significar la pérdida o menoscabo de los derechos que le asisten al gobierno del Distrito Federal dentro del mismo acuerdo de voluntades y de acuerdo con la ley, dentro del contrato de fianza, o que, por cualquier causa, impliquen una mayor erogación a cargo de los contribuyentes de la nación.
Tercero. Se exhorta a la Contraloría General del DF y a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, en el marco de las atribuciones que la ley les confiere, lleven a cabo los trabajos de auditoría, fiscalización y sanción pertinentes, que conduzcan a la imposición de la responsabilidad administrativa, civil o penal a que tenga lugar, ya sea mediante la declaratoria de responsabilidad resarcitoria, mediante la inhabilitación de cualquier servidor público que pudiera haber infringido la ley o, en su caso, mediante la presentación de la denuncia o querella correspondiente ante las autoridades ministeriales competentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2014.
La Comisión del Distrito Federal
Diputados: Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Jorge Sotomayor Chávez (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica en abstención), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo, secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo, José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Alejandra del Moral Vela (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica).
De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 16 delegados de la capital a llevar a cabo acciones para rescatar los espacios públicos abandonados y deteriorados
Honorable Asamblea:
La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen, al tenor de los siguientes
I. Antecedentes
1. El 3 de abril de 2014, el diputado Enrique Aubry de Castro Palominos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista presentó ante esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares delegacionales del Distrito Federal para que lleven acciones encaminadas al rescate de los espacios públicos que presentan condiciones de abandono y deterioro.
2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición a la Comisión del Distrito Federal para su estudio y dictamen correspondiente.
3. La Comisión del Distrito Federal con fecha 22 de abril de 2014, fue convocada en términos de ley para el análisis de la proposición con punto de acuerdo referida, aprobando el dictamen que hoy se presenta.
II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo
En la parte expositiva de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina tiene como parte central: Exhortar a los 16 titulares de las delegaciones del Distrito Federal realizar acciones encaminadas al rescate de los espacios públicos que presentan condiciones de abandono, para ponerlos al servicio de la integración social, mejorar la convivencia vecinal y crear ciudadanía.
III. Análisis y valoración de los argumentos y textos propuestos:
Primero. Que la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 16 delegados para realizar acciones para rescatar espacios públicos que sufren condiciones de abandono.
Segundo. La Comisión del Distrito Federal realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en comento, mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos del diputado promovente, así como con la información pública disponible al momento de su dictaminen.
IV. Considerando que:
1. El espacio público y las áreas verdes de una ciudad, constituyen elementos fundamentales para la calidad de vida de sus habitantes. Los parques públicos conjugan ambos componentes y aportan beneficios sustanciales a la comunidad que los rodea.
2. En las ciudades contemporáneas, las zonas verdes ofrecen una buena oportunidad para que la población aprenda acerca de los principios ecológicos y de sus interconexiones con el mundo circundante.
El contacto entre el hombre y la naturaleza genera una conciencia ambiental que los involucra mayormente en la conservación del entorno.
3. La sociología urbana sugiere que los espacios naturales y la existencia de zonas verdes en los barrios de las grandes ciudades, para el ocio y el esparcimiento de los vecinos, propicia una mayor interacción entre los ciudadanos lo cual induce al desarrollo de valores compartidos y al enraizamiento de los individuos en sus comunidades.
4. En esta misma línea, se afirma que el fortalecimiento de los vínculos sociales entre vecinos logra disminuir los niveles de vandalismo y criminalidad. La presencia de personas en los espacios públicos y zonas verdes destinados a la recreación en los barrios, aumenta la sensación de seguridad entre los vecinos, inhibe la comisión de ciertos actos delictivos y reduce las expresiones de violencia.
5. Finalmente, los parques públicos simbolizan el desarrollo alcanzado por una sociedad y son testigos de la historia de varias generaciones por lo cual en algunos casos constituyen un patrimonio cultural que debemos valorar y preservar.
6. En el caso de la Ciudad de México, ésta proporciona a cada habitante 5.4 metros cuadrados de área verde, extensión que queda por debajo de los parámetros internacionales, los cuales sugieren una extensión de 9 a 16 metros cuadrados por habitante. Lamentablemente, además de los problemas de distribución y déficit del espacio público que existen en el Distrito Federal, actualmente es frecuente encontrar que sus áreas verdes presentan un grado significativo de abandono y deterioro.
7. A ello, se suma la ausencia de contenedores de basura o baños públicos, andadores y banquetas rotas, montones de basura y hojas secas, así como las quejas de los vecinos por la falta de seguridad, la drogadicción y la indigencia.
8. Lo anterior, explica por qué, de acuerdo a la primera Encuesta de Percepción Ciudadana del programa ¿Cómo vamos, Ciudad de México?, un alto porcentaje de los capitalinos prefiere quedarse en casa a ver la televisión o navegar en internet, o bien, asistir en su tiempo libre a centros comerciales en lugar de aprovechar los espacios públicos de la ciudad para fines recreativos, lo cual en última instancia acarrea efectos negativos para la comunidad.
9. Si se quiere que la Ciudad de México sea auténticamente un lugar de integración social que ofrezca mejor habitabilidad, confort y equidad a sus habitantes resulta imprescindible que los gobiernos locales del Distrito Federal pongan en marcha acciones encaminadas a rescatar los espacios públicos destinados al disfrute de la comunidad, con el objeto de contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana.
En virtud de lo aquí expuesto se somete a esta soberanía el siguiente
Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares delegacionales del Distrito Federal para que lleven acciones encaminadas al rescate de los espacios públicos que presentan condiciones de abandono y deterioro
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los jefes delegacionales de las 16 demarcaciones del Distrito Federal a llevar a cabo acciones encaminadas al rescate de los espacios públicos sobre los cuales tienen jurisdicción y que presentan condiciones de abandono y deterioro.
La Comisión del Distrito Federal
Diputados: Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Jorge Sotomayor Chávez (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos, René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo, José Alberto Rodríguez Benavides (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela, José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica).
De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se solicita al jefe del gobierno local que realice por la Secretaría de Obras y Servicios Urbanos un estudio a fin de verificar que se cumplan todas las normas en el otorgamiento de permisos futuros para construir obras viales y pavimentos hidráulicos
Honorable Asamblea:
A la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, fue turnada para análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal que a través de su Secretaria de Obras y Servicios Urbanos, verifique que se cumplan todas las normas en el otorgamiento de permisos futuros para construcción de obras viales y pavimentos hidráulicos, evitando hundimientos o fracturas en las redes de drenaje o agua potable y con esto la aparición de más Socavones, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI
Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, numeral 1 y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el dictamen de la proposición con punto de acuerdo señalada, conforme a los siguientes
I. Antecedentes
1. Con fecha 3 de Abril de 2014, el diputado Leobardo Alcalá Padilla del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente dictamen.
2. En esa misma fecha, con oficio número D.G.P.L. 62-II-5-1632, la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, remitió el expediente relativo para su análisis y dictamen, a la Comisión del Distrito Federal.
3. Con fecha 22 de abril de 2014, en reunión ordinaria de la Comisión del Distrito Federal, se analizó, discutió y aprobó el dictamen que hoy se presenta.
II. Contenido de la proposición
1. En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, el proponente señala que “Nuestro país ha crecido demasiado por lo que cada vez es más difícil satisfacer con los diversos servicios entre los que se encuentran la salud, educación, vivienda digna, alumbrado y drenaje etc.; y es en este punto donde se ha roto el equilibrio, ya que al intentar proveer de todos y cada uno de los servicio, se ha llegado al extremo de la sobreexplotación de los recursos naturales y el exterminio de las zonas verdes”.
2. Hace referencia a que “es por ello que nos preocupan las condiciones que estamos viviendo, el crecimiento sin la debida precaución de mantener el entorno nos ha llevado a vivir eventos que antes no nos eran conocidos. En este último tiempo nos hemos enterado de los llamados SOCAVONES y que son estos, sino el hundimiento que se produce en el suelo, generalmente por haber una corriente subterránea o algún espacio hueco bajo tierra y que puede variar en la profundidad desde los 4 a los 14 metros o más y diámetros aproximados de varias decenas de centímetros hasta los 25 metros”.
3. Asimismo comenta “Estos eventos han dejado al descubierto los riesgos que se viven en la Ciudad de México y en otras grandes urbes de nuestro país; la cual ha tenido un crecimiento demográfico más allá de lo esperado por sus autoridades y con ello se ven también incrementados los riesgos de manera exponencial; pues en los últimos años se han registrado cerca de 14 socavones de dimensiones considerables y de manera exponencial los hundimientos menores”.
4. Define que “otra de las consecuencias que se han vivido dentro del Valle de México a consecuencia de la sobreexplotación, es el hundimiento de edificios y calles, lo cual desemboca en otra cantidad de males, los cuales no se ha cuantificado como resultado del acomodo en la corteza terrestre”.
5. También comenta que “el Gobierno debe considerar todas y cada una de las opciones, es aquí donde proponemos que en cada espacio público que son vías de acceso y movimiento de millones de personas en las grandes urbes, se cambie el piso de cemento, adoquín, losetas, pavimento o granito, por material de calidad que facilite que los millones de litros de agua de lluvia que al día de hoy se van al drenaje, sean absorbidos por el subsuelo y los mantos freáticos, con ello generar cambios, de los cuales dependerá el futuro de las siguientes generaciones; la estabilidad social, de planeación urbana y el desarrollo económico así como de orden ambiental o climático con el tiempo”.
6. “Se considera que estipulando dentro del marco jurídico los lineamientos o bases de calidad, durabilidad y resistencia de los materiales implementados, se alcanzaría un ahorro aproximado al 40% de gasto actual realizando por los tres órdenes de gobierno en materia de obras y servicios; se abatirían desgracias futuras y con ello se tendría la posibilidad de reorientar dichos recursos en otros rubros como la investigación, que ya se da en otros países en esta misma materia y que también son de sumo interés de la población. Nadie quiere invertir y establecerse donde su capital se puede ir por un socavón en un abrir y cerrar de ojos.
7. “Por lo antes expuesto que es necesario hacer todos los acuerdos necesarios para que las constructoras tomen en cuenta y todas las construcciones futuras se utilice material de alta calidad que cumpla con todas las normas oficiales establecidas”.
Por lo que concretamente propone que:
Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para que a través de su Secretaria de Obras y Servicios realice un estudio detallado en materia de Obra Pública y de Servicios Urbanos, para verificar que se dé cumplimiento a todas las normas en el otorgamiento de permisos futuros para construcción de obras viales y pavimentos hidráulicos, evitando hundimientos o fracturas en las redes de drenaje o agua potable y con esto la aparición de más socavones.
II. Considerando que
1. Esta comisión dictaminadora, luego de analizar que la Proposición con Punto de Acuerdo cumple con los requisitos formales, hace suyas las preocupaciones y objetivos de la proposición; en el sentido de salvaguardar el derecho de todos los habitantes de esta ciudad y sus patrimonios.
2. Debido al crecimiento demográfico y a la falta de precaución por mantener nuestro entorno, lo cual ha derivado en estar viviendo situaciones peligrosas, todo lo anterior debido a la sobreexplotación de los recursos naturales.
3. Es pertinente que las autoridades competentes como lo es la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como la Secretaria de Obras Públicas, tengan la pericia por mantener y afrontar estos problemas que derivan en la inseguridad de los ciudadanos antes de que ocurran desgracias humanas.
4. Por lo cual es importante como lo señala el proponente que las autoridades puedan atender el problema desde los orígenes, es decir que se utilicen los mecanismos necesarios para evitar que los daños provoquen más desestabilidad en el subsuelo, por lo que se debe contar con un proyecto que cambie el piso de cemento, adoquín, losetas, pavimento o granito, por material de calidad que facilite que el agua de lluvia sea absorbida por el tierra y no desperdiciada en el drenaje.
5. Lo cual deriva que si dentro del marco jurídico competente, concretamente en el reglamento de Construcciones para el Gobierno del Distrito Federal y la Ley de Obras Públicas se emiten las bases de calidad, durabilidad y resistencia de materiales se tendría un ahorro económico y se evitarían futuras desgracias.
6. Así como el mantenimiento por parte de la Comisión de Agua de la Ciudad de México, la cual debe identificar sus puntos más débiles dentro de la red de abastecimiento del agua.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal con base en las consideraciones y argumentos que preceden, resuelven que: Es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Leobardo Alcalá Padilla del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; por lo que se somete a consideración de esta soberanía el siguiente
Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal, a través de su Secretaria de Obras y Servicios Urbanos, para verificar que se dé cumplimiento a todas las normas en el otorgamiento de permisos futuros para construcción de obras viales y pavimentos Hidráulicos, evitando hundimientos o fracturas en las redes de Drenaje o Agua Potable y con esto la aparición de más Socavones
Único: Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para que a través de su Secretaria de Obras y Servicios realice un estudio detallado en materia de Obra Pública y de Servicios Urbanos, para verificar que se dé cumplimiento a todas las normas en el otorgamiento de permisos futuros para construcción de obras viales y pavimentos hidráulicos, evitando hundimientos o fracturas en las redes de drenaje o agua potable y con esto la aparición de más socavones.
La Comisión del Distrito Federal
Diputados: Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo, José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica).
De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno local a conminar a los delegados en Tlalpan, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztapalapa a implantar un programa de desazolve para prevenir desastres en la próxima temporada de lluvias
Honorable Asamblea:
A la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.
Con fundamento en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80 y 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal, de la LXII Legislatura, sometemos a la consideración de este Honorable Pleno, el presente dictamen.
I. Antecedentes
1. El 8 de abril de 2014, el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, presentó la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a conminar a los delegados en Tlalpan, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztapalapa a implantar un programa de desazolve para prevenir desastres en la próxima temporada de lluvias.
2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión del Distrito Federal para su estudio y dictamen correspondiente.
3. La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fecha 22 de Abril de 2014, fue convocada en términos de ley para el análisis de la proposición con punto de acuerdo, y el dictamen que hoy se presenta.
II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo
En la parte expositiva de la proposición con punto de acuerdo, se señala que ésta tiene como sustento las consideraciones siguientes:
Que los desastres naturales, deben ser previstos por las sociedades y se debe fomentar una cultura de prevención a todos los niveles, aunque no es posible controlarlos, siempre se puede trabajar en la reducción de sus efectos devastadores, porque la naturaleza se encuentra en un proceso permanente de movimiento y transformación.
Argumenta el diputado promovente que los terremotos, las inundaciones, los incendios, las erupciones volcánicas, las tormentas tropicales, los tomados, las tormentas eléctricas, los deslizamientos, las sequías, las plagas y los fenómenos llamados El Niño y La Niña forman parte de la naturaleza, como el sol y la lluvia.
Que estos fenómenos naturales, se convierten en desastre cuando superan un límite de normalidad. En los últimos veinte años se ha observado un aumento en la frecuencia, el impacto y la amplitud de los desastres naturales, que han causado la muerte de centenares de miles de personas provocado enormes pérdidas económicas.
Que en la ciudad de México el 50% de las inundaciones son provocadas por taponamiento del drenaje a causa de basura tirada en la calle.
Que alrededor de 24.6 millones de mexicanos viven en áreas susceptibles de sufrir inundaciones; la superficie inundable a nivel nacional suma 157 mil 324 kilómetros. El 65% de la población en riesgo se localiza en las partes bajas de las cuencas, 31% en las regiones medias y sólo 3% en las zonas altas.
Indica el diputado Hurtado gallegos que lo peor es que esta situación parece estar empeorando año tras año, en 2010 las inundaciones afectaron a diversas zonas de México dejando graves consecuencias.
Que en 2010 también empezaron inundaciones en el Valle de México, luego la tragedia afectó a Monterrey, y en septiembre el paso del huracán Karl, causó nueve muertos, siete desaparecidos, 40 mil evacuados, medio millón de afectados y 209 municipios de estados del sur en situación crítica. En todo el año se declararon en emergencia 620 municipios, 14 estados y un millón 100 damnificados. El costo de los desastres fue de 39 mil millones de pesos, cifra nunca antes registrada.
Que en México un 68% del agua de lluvia cae entre los meses de julio y octubre, debido a los cambios que se han producido en el ciclo hidrológico y las estaciones, como consecuencia del cambio climático, cada llueve vez con mayor intensidad y en un lapso menor de tiempo.
Señala el legislador que el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, advirtió que la capital no aguanta lluvias de más de 30 milímetros, debido a que es un lugar plano, las partes bajas están sujetas a inundaciones. Una precipitación de 3 o 4 horas arriba de 30 milímetros ocasiona problemas, sobre todo en las partes bajas de cualquier delegación, una lluvia fuerte es de 10 milímetros, la ciudad aguanta una lluvia de 20 milímetros.
Aunado a lo anterior que el agua pluvial se drena vía superficie y se va a los ríos, pero el Distrito Federal, es un lugar plano, en donde todo se mueve por tuberías y en las parte bajas hay lagunas, por eso en todas las delegaciones las zonas bajas están sujetas a que se acumule el líquido y se inunden.
Asimismo en temporada de lluvias el riesgo de inundación en numerosas colonias es latente, pese a que cada año se realizan trabajos en el drenaje profundo y campañas de concientización para evitar que las personas tiren basura y tapen las coladeras.
Que ante ésta situación que parece estar incrementando, también por el cambio climático se deben implementar medidas estructurales de mitigación y medidas institucionales de prevención. Así como soluciones hidropluviales para ofrecer sistemas de control y protección para amortiguar los efectos producidos por las inundaciones.
Finalmente señala que su proposición tiene la finalidad de solicitar a las delegaciones que fueron inundadas en las pasadas lluvias se les ponga especial atención y se prevengan las inundaciones mediante un programa urgente de desazolve, y concientización de la gente, para que evite tirar basura y además se implemente un programa de limpia para evitar obstrucciones en los desagües.
III. Considerando que
Primero. La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a conminar a los delegados en Tlalpan, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztapalapa a implantar un programa de desazolve para prevenir desastres en la próxima temporada de lluvias.
Segundo. La Comisión del Distrito Federal realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en tratamiento mediante la valoración de los argumentos planteados en la exposición de motivos, y con base en la información pública disponible en la página web de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal, y de la Comisión Nacional del Agua.
Tercero. La Comisión del Distrito Federal considera que la Proposición con Punto de Acuerdo que promueve el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, es procedente toda vez que promueve la cultura de prevención de desastres ante eventos climatológicos, así mismo para llegar a la presente conclusión se tomaron en cuenta los resúmenes mensuales de precipitación pluvial de la Conagua, los cuales indican que durante los años de 2010 a 2013, en el Distrito Federal la precipitación pluvial tuvo una constante mayor del mes de junio al mes de septiembre.
Además de acuerdo a datos de Protección Civil del Distrito Federal, específica mente en el mapa de peligros geológicos y de acuerdo al estudio de densidad de drenaje, las zonas donde se presenta mayor concentración de drenaje son las partes altas de la Sierra de Guadalupe, en las inmediaciones de la Delegación Gustavo A. Madero, donde existe una zona con el mayor rango que es de 2.4 a 3.2 km/km2. En la región de la Sierra de Las Cruces, en la parte alta del Volcán San Miguel que comparten las delegaciones Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan, se tienen concentraciones que varían de 1.20 a 3.2 km/km2, por lo que estas zonas son susceptibles a presentar procesos de remoción en masa durante fuertes lluvias.
Cuarto. La Comisión del Distrito Federal considera que la proposición con punto de acuerdo que promueve el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, debe beneficiar a todas las delegaciones que integran el Distrito Federal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión considera que la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen es de aprobarse, para quedar como sigue:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que conmine a las delegaciones que conforman el Distrito Federal, a implementar un programa de desazolve urgente como medidas institucionales de prevención en las principales colonias afectadas de las delegaciones inundadas el periodo pasado, para fin de evitar desastres en las próximas lluvias.
Fuentes:
http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&v iew=article&id=12<emid=77
http://www_proteccioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/mapas_sgm 2html
La Comisión del Distrito Federal
Diputados: Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo, José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica).
De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero a esclarecer de forma expedita el asesinato de Arturo Rivera Olivera, quien fungía como coordinador de Movimiento Ciudadano en Metlatónoc
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero a esclarecer, de forma pronta y expedita, el asesinato de Arturo Rivera Olivera, quien fungía como coordinador de Movimiento Ciudadano en el municipio de Metlatonoc, Guerrero, presentada por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Esta comisión dictaminadora con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la. Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 81, 82, 84, 85, 182 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, habiendo analizado el contenido de la proposición con punto de acuerdo, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen , al tenor de la siguiente:
Metodología
I. En el capítulo “Antecedentes ” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida proposición y del trabajo previo para su resolución de la Comisión Dictaminadora.
II. En el capítulo referido a “Contenido de la proposición con punto de acuerdo ”, se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.
III. En el capítulo “Consideraciones ”, se expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de esta Comisión Dictaminadora.
I. Antecedentes
1. En la sesión de fecha veinticinco de febrero de dos mil catorce, los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó la proposición con punto de acuerdo por el por el que se exhorta a la Procuraduría General Justicia del Estado de Guerrero a esclarecer, de forma pronta y expedita, el asesinato de Arturo Rivera Olivera, quien fungía como coordinador de Movimiento Ciudadano en el municipio de Metlatonoc, Guerrero, como a continuación se describe:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero a esclarecer, de forma expedita, el asesinato de Arturo Rivera Olivera, quien fungía como coordinador de Movimiento Ciudadano en el municipio de Metlatónoc, Guerrero.
2. En la misma fecha, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición fuera turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Comisión de Justicia.
3. En la sesión plenaria de la Comisión de Justicia, celebrada el 24 de abril de 2014, se aprobó en sentido positivo por mayoría de los presentes el proyecto de dictamen de la proposición en referencia.
II. Contenido de la proposición
El presente punto de acuerdo propone esclarecer el asesinato de Arturo Rivera Olivera, originario de Metlatonoc y dirigente municipal, esto con el fin de que las autoridades responsables realicen su trabajo y con estricto apego a la ley, el proceso de averiguación previa que permita fincar responsabilidad pertinente, así como brindar la seguridad a las y los habitantes del estado con el fin de evitar que más guerrerenses sigan siendo víctimas de la delincuencia.
III. Consideraciones
Primero. El punto de acuerdo en estudio, se motiva en los hechos suscitados En la madrugada del pasado 22 de febrero del presente año, en el municipio de Metlatónoc, Guerrero, en la región de la montaña, donde fue asesinado Arturo Rivera Olivera, quien fungía como coordinador de Movimiento Ciudadano.
Segundo. Estos hechos se suman a la alarmante lista de asesinatos de líderes sociales que han ocurrido en el estado de Guerrero, por lo que en este punto de acuerdo piden que se actué de manera pronta para evitar que más dirigentes y luchadores sociales sean víctimas de estos delitos, por lo que se debe exhortar a que este tipo de conductas o hechos delictivos e investigar y perseguir hasta sus últimas consecuencia.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) inició la averiguación previa MOR/SC/05/0119/2014, por el delito de homicidio, en contra de quien resulte responsable de la muerte de Arturo Rivera Olivera, en el municipio de Metlatónoc.
Tercero. Es necesario indicar que a la par de que condenamos este tipo de hechos, solicitamos el estricto apego a la ley en la indagatoria que permita tener indicios suficientes para fincar las responsabilidades pertinentes, así como de brindar la seguridad a las y los habitantes del municipio.
Esta Comisión de Justicia coincide con los proponentes en que debe existir un compromiso verdadero con la obligación irrenunciable de asegurar que se dé cumplimiento a la estrategia de seguridad pública, promesa del gobierno federal, para que hechos como estos dejen de ocurrir.
Por lo anteriormente expuesto esta Comisión de Justicia somete a consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, a continuar con las investigaciones para esclarecer el asesinato de Arturo Rivera Olivera, perpetuado en el municipio de Metlatónoc, Guerrero, en la región de la montaña, hasta su total esclarecimiento.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de dos mil catorce.
La Comisión de Justicia
Diputados: Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Karina Labastida Sotelo, Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), secretarios; Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Tomás Torres Mercado (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Areli Madrid Tovilla, Julio César Moreno Rivera, José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Fernando Zárate Salgado, Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Damián Zepeda Vidales (rúbrica), Claudia Delgadillo González, Crystal Tovar Aragón.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos federal y de Oaxaca, Puebla y Tlaxcala a realizar por la Conagua y las instituciones estatales encargadas de las materias ecológica y de desarrollo sustentable una inspección de los ríos Atoyac y El Salado, y determinar el proceso de saneamiento correspondiente
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para dictamen la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los Gobiernos Federal y del Estado de Oaxaca, para que realicen una inspección de los ríos Atoyac y El Salado, y se determine el proceso de saneamiento correspondiente, presentada por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez.
Esta Comisión Dictaminadora, en ejercicio de las facultades que le confieren los Artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción II; 80, numeral 1, fracción VI; 85; 100 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de este Honorable Pleno Cameral, el presente dictamen al tenor de los siguientes:
Antecedentes
Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 20 de febrero de 2014, la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y del Estado de Oaxaca para que realicen una inspección de los ríos Atoyac y el Salado y se determine el proceso de saneamiento correspondiente.
Segundo. En la misma reunión plenaria, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen”.
Del análisis de la propuesta planteada por la diputada Nolasco Ramírez, realizado por esta dictaminadora, se desprende el siguiente
Contenido de la proposición
La diputada proponente señala que en nuestro país, la gran mayoría de los cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación que ocasiona graves problemas para la disponibilidad y el acceso al vital líquido. Enfatiza en la drástica reducción de la disponibilidad anual de agua per cápita en los últimos 55 años, y en la previsión de que para el año 2025, dicha disponibilidad anual de agua por habitante en México, será de menos de 4 mil metros cúbicos.
Sostiene que dicha contaminación tiene una incidencia negativa, principalmente entre las comunidades aledañas a los ríos o lagos, y que entre los principales efectos destacan los daños a la salud.
Destaca el alto costo de la potabilización del agua y su conducción a los centros de población, así como la atención de los impactos que deje la contaminación en las comunidades y el medio ambiente afectados.
Asume que de las 37 enfermedades más comunes entre la población de América Latina, 21 están relacionadas con la falta de agua y con el uso de agua contaminada, entre las que destacan las siguientes: cólera, tifoidea, paratifoidea, disentería bacilar, amebiana, diarrea, hepatitis infecciosa, parásitos, filariosis, malaria, tripanosomiasis, oncocercosis, schistosomiasis, tracoma, conjuntivitis y ascariasis.
La proponente refiere que las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001 y NOM-002,(sic) prevén que las autoridades municipales tienen a su cargo la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones ambientales que establecen los parámetros de contaminación de las descargas de aguas residuales a cuerpos de aguas nacionales o a los sistemas de drenaje y alcantarillado municipales, además de inspeccionar las descargas de aguas residuales del uso industrial, y sancionar a aquellas industrias que no observen dicha normatividad.
Señala que el incumplimiento de la legislación ha derivado en la contaminación de los cuerpos de agua con metales pesados y de gran toxicidad, inclusive.
Consigna que entre los casos de contaminación más connotados se encuentra el del río Atoyac que cruza los estados de Puebla, Tlaxcala y Oaxaca.
Advierte que nuestro país cuenta con un sistema obligatorio y transparente de Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, en el cual está asentada la información sobre las emisiones y transferencias de sustancias contaminantes, generadas durante los procesos de producción industriales o de las actividades que realizan los establecimientos de servicios, como tintorerías, baños, hoteles, etcétera.
Según la proponente, dicho Registro permite saber en qué lugar se encuentra ubicado un establecimiento e indicarnos si están siendo emitidos contaminantes al aire, al agua o al suelo; o si tienen alguna transferencia de sustancias contaminantes en sus residuos peligrosos o en sus descargas de agua.
Observa que en la cuenca baja del río Atoyac, participan autoridades de 17 municipios, entre ellos los que conforman los Valles Centrales, mismos que hoy se encuentran con serios conflictos ambientales.
Señala que en febrero del año 2012, autoridades municipales de los Valles Centrales en Oaxaca, así como diversas organizaciones sociales como el Foro Oaxaqueño del Agua, Educa y el Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, signaron la declaración de Coyotepec, en la cual se hizo un llamado a las autoridades y habitantes de todos los municipios de la cuenca del río Atoyac para integrar un comité de defensa de los recursos naturales.
Finalmente, la legisladora proponente indica que el desarrollo sustentable es un asunto de carácter prioritario que atañe a los tres órdenes de gobierno, así como a empresarios y sociedad civil.
La proposición concluye con el Punto de Acuerdo siguiente:
Único. Se exhorta al gobierno federal para que a través de la Comisión Nacional del Agua y el gobierno del estado de Oaxaca, a través del Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable, realicen una inspección de los ríos Atoyac y El Salado y se determine el proceso de saneamiento correspondiente.
Una vez analizado el contenido de la proposición objeto del presente dictamen, las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, exponemos las siguientes:
Consideraciones
Estimamos que, en efecto, la mayoría de los cuerpos de agua en nuestro país presentan diversos grados de contaminación que representan graves problemas en materia de disponibilidad y acceso al recurso, y que la reducción de la disponibilidad anual de agua por persona hace previsible que para el año, 2025 dicha disponibilidad anual en México, será de menos de 4 mil metros cúbicos per cápita.
Coincidimos con la proponente en que los daños a la salud son los principales efectos negativos de la contaminación de los cuerpos de agua, así como en el reconocimiento de los altos costos de la potabilización y conducción del agua a las comunidades, la atención de los impactos nocivos de la contaminación en las poblaciones y el medio ambiente.
Reconocemos el gran número de enfermedades relacionadas con la escasez del recurso hídrico y el consumo de agua contaminada, principalmente en el uso doméstico.
Estimamos que, efectivamente, la NOM-002-ECOL-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, para prevenir y controlar la contaminación de las aguas y bienes nacionales y proteger la infraestructura de dichos sistemas, es de observancia obligatoria para los responsables de dichas descargas. Esta norma tiene como referencia la NOM-001-ECOL-1996 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.
La vigilancia del cumplimiento de la NOM-002-ECOL-1996, corresponde a los Gobiernos de los Estados, municipios y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuyo personal realizará los trabajos de verificación, inspección y vigilancia que sean necesarios.
Coincidimos en que, derivado del incumplimiento de la normatividad vigente, los cuerpos de agua se han contaminado con metales pesados y de gran toxicidad; es el caso del río Atoyac, cuyas aguas escurren a través de los territorios de los Estados de Puebla, Tlaxcala y Oaxaca.
Reconocemos que la planeación de los sistemas hidráulicos se ha venido realizando desde el punto de vista de la oferta, con la intervención del gobierno federal como financiero, constructor y operador de obras hidráulicas.
La Conagua cuenta con una estimación de costos para el saneamiento de los ríos Atoyac y Hueyapan; un proceso para la estimación de costos y eficiencias de tratamiento de aguas residuales, aplicable a la cuenca del río Atoyac. Para tal efecto, las aguas residuales se colectaron en 2006, y para la modelación matemática de la calidad del agua se seleccionó un tramo de 85 Km., contados a partir de la Presa Manuel Ávila Camacho.
En dicho tramo de los Estados de Tlaxcala y Puebla, se registraron 10 descargas municipales, 45 industriales y 3 plantas de tratamiento de aguas residuales.
La inversión para el saneamiento integral de las aguas del río Atoyac, con las 58 descargas señaladas, ascendió a la cantidad de un mil trescientos veintiún millones de pesos, distribuidos en tres etapas.
Si bien, reconocemos que el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, nos permite conocer la información sobre las emisiones y transferencias de sustancias contaminantes, generadas durante los procesos de producción industriales o de las actividades que realizan los establecimientos de servicios.
No obstante la participación de autoridades de 17 municipios de los Valles Centrales, en la cuenca baja del río Atoyac en el Estado de Oaxaca, signaron con diversas organizaciones sociales, el Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, la Declaración de Coyotepec, mediante la cual se hizo un llamado a las autoridades y habitantes de todos los municipios de la Cuenca del Río Atoyac para integrar un comité de defensa de los recursos naturales; estimamos necesario observar que las aguas contaminadas con descargas de aguas residuales municipales e industriales al Río Atoyac y sus afluentes, escurren hacia el Océano Pacífico, desde los Estados de Tlaxcala y Puebla, pasando por el Estado de Oaxaca, entidades federativas que quedan comprendidas, cuando menos, en dos regiones hidrológico-administrativas.
En reconocimiento de lo anterior, es pertinente recordar que una región hidrológico-administrativa, es el “área territorial definida de acuerdo con criterios hidrológicos, integrada por una o varias regiones hidrológicas, en la cual se considera a la cuenca hidrológica como la unidad básica para la gestión de los recursos hídricos y el municipio representa, como en otros instrumentos jurídicos, la unidad mínima de gestión administrativa en el país”.
Estimamos prudente señalar que la Comisión Nacional del Agua tiene atribuciones, en su nivel nacional, para fungir como la Autoridad en materia de la cantidad y de la calidad de las aguas y su gestión en el territorio nacional y ejercer en consecuencia aquellas atribuciones que conforme a la Ley de Aguas Nacionales corresponden a la autoridad en materia hídrica, dentro del ámbito de la competencia federal, con apego a la descentralización del sector agua, excepto las que debe ejercer directamente el Ejecutivo Federal o “la Secretaría” y las que estén bajo la responsabilidad de los Gobiernos de los estados, del Distrito Federal o municipios.
Asimismo, la Ley faculta a la Comisión para programar, estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras hidráulicas federales directamente o a través de contratos o concesiones con terceros, y realizar acciones que correspondan al ámbito federal para el aprovechamiento integral del agua, su regulación y control y la preservación de su cantidad y calidad, en los casos que correspondan o afecten a dos o más regiones hidrológico – administrativas.
Por otro lado, es pertinente señalar que la Comisión cuenta con atribuciones para apoyar, concesionar, contratar, convenir y normar las obras de infraestructura hídrica que se realicen con recursos totales o parciales de la federación o con su aval o garantía, en coordinación con otras dependencias y entidades federales, con el gobierno del Distrito Federal, con gobiernos de los estados que correspondan y, por medio de éstos, con los gobiernos de los municipios beneficiados con dichas obras, en los casos previstos en el párrafo anterior.
En base a las consideraciones antes expuestas, esta Comisión Dictaminadora estima necesario modificar el Punto de Acuerdo propuesto por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, para que el exhorto al Gobierno Federal y al gobierno del Estado de Oaxaca, se haga extensivo a los gobiernos de los estados de Tlaxcala y Puebla.
Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a la consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el presente dictamen con proyecto de
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a los gobiernos federal y de los estados de Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, para que a través de la Comisión Nacional del Agua, y de las Instituciones estatales encargadas de las materias Ecológica y de Desarrollo Sustentable, realicen una inspección de los ríos Atoyac y El Salado y se determine el proceso de saneamiento correspondiente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2014.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla, Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios, Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica).
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Protección al Ambiente de Baja California a dar continuidad a la declaratoria de área natural protegida de competencia estatal de La Lagunita, en Ensenada, Baja California
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le fue turnada para dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo estatal de Baja California, para que a través de la Secretaría de Protección al Ambiente de Baja California, se agilice la continuación, conclusión y expedición de la declaratoria de área natural protegida estatal del humedal “La Lagunita” en Ensenada, Baja California.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los Artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción II; 80, numeral 1, fracción VI; 85, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este honorable pleno cameral, el presente dictamen al tenor de los siguientes
I. Antecedentes
Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 26 de febrero de 2014, el Diputado Ricardo Medina Fierro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con la suscripción solidaria de otros Legisladores, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita exhortar al Titular de la Secretaría de Protección al Ambiente de Baja California, a efecto de que se atiendan la continuidad de la declaratoria de la designación de área natural protegida de competencia estatal, en la zona conocida como “La Lagunita”, ubicada en el municipio de Ensenada, Baja California.
Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.
II. Contenido de la proposición
Refiere el diputado proponente que los humedales son zonas terrestres que están temporal o permanentemente inundadas de acuerdo con factores climáticos, y que debido a su permanente interrelación con los seres vivos que los habitan son altamente productivos. Estos ecosistemas reciben agua de precipitaciones, subterránea, arroyos y ríos. La almacenan, filtran, escurren a otros cuerpos de agua superficiales y recargan mantos acuíferos, constituyendo así un componente vital del ciclo hidrológico.
Confirma el legislador que el humedal conocido como “La Lagunita”, “Lagunita el Ciprés” o “Lagunita el Naranjo”, es un cuerpo de agua dulce natural que se forma principalmente por los escurrimientos pluviales de la cuenca hidrográfica número 41, Cañada San Jorge, por lo que su área de inundación y profundidad, varía entre las épocas de lluvia y de sequía. El área de inundación máxima de este cuerpo de agua es de aproximadamente 257,000 metros cuadrados y se encuentra separado del mar por una barrera de dunas y una playa de más de 50 metros de ancho. El conjunto del humedal, las dunas y la playa, son una unidad que se constituye en una de las zonas naturales de mayor valor para su conservación dentro del Centro de Población de Ensenada.
Afirma el proponente que el humedal es utilizado por muchas aves migratorias y residentes tanto como sitio de descanso como de anidación. En los márgenes del cuerpo de agua se observa el crecimiento de tule que realza visualmente el área, protegiéndola de la desecación y proveyendo de hábitat a la fauna. Actualmente uno de los problemas más graves es la posibilidad de cambio de uso de suelo que pudiera darse por autorización de la Secretaría de Protección al Ambiente de Baja California, a solicitud de particulares, si no se da una declaratoria a nivel estatal, como ya sucedió con el predio aledaño autorizado para la instalación de una planta desalinizadora de agua de mar; Además, debe tomarse en cuenta que con los cambios de uso de suelo, se podrían realizar proyectos sobre diversas actividades que pueden afectar la calidad del agua que alimenta a La Lagunita y causar un impacto fuerte en el ecosistema.
Indica el proponente que en los predios aledaños de La Lagunita ya no hay mucha vegetación natural. En lo que anteriormente fueron campos agrícolas, actualmente se han desarrollado diferentes complejos comerciales y habitacionales. Sin embargo, la vegetación que rodea a La Lagunita forma una zona de refugio y de anidación para las aves residentes y migratorias. Además del tule, La Lagunita cuenta con 58 especies pertenecientes a 25 familias. En cuanto a las aves, se han registrado 78 especies, de las cuales 18 son migratorias. Existen varias especies citadas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 con algún estatus de protección. Algunas de las especies más representativas de la zona son: Gavilán de Cooper, Gorrión Sabanero, Gaviota Ploma, Rascón Picudo, entre otras.
Comenta el legislador que desde el punto de vista social, una mayor cantidad de áreas verdes y espacios públicos permitiría la realización de diversas actividades recreativas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Ensenada, Baja California. Gracias a que La Lagunita posee un alto valor paisajístico, ambiental y recreativo, es utilizado por diferentes organizaciones académicas para efectuar actividades educativas, de investigación científica y de difusión de valores ambientales, como se estipula en la recién publicada Política Nacional de Humedales.
En lo económico, La Lagunita tiene un gran potencial para el ecoturismo enfocado principalmente a observación de aves; esta actividad es considerada de turismo sustentable que le puede proporcionar a Ensenada ingresos económicos, en virtud de los numerosos adeptos que tiene dicha actividad. Actualmente los humedales costeros son reconocidos como ecosistemas productivos, pues proporcionan diversos bienes y servicios ecosistémicos que brindan a la sociedad grandes beneficios, tales como: la regulación de caudales, almacenamiento de agua, recarga de mantos acuíferos, estabilización de suelos, la protección contra tormentas y huracanes y estabilización de la línea de costa, entre otros.
La Lagunita es el único de los varios cuerpos de agua con similares características que se encontraron, y que no fue rellenado durante el crecimiento y desarrollo de la ciudad de Ensenada. Su conservación garantizaría la diversidad biológica, fuente de agua y productividad primaria de muchas especies vegetales y animales, y que además permitiría mantener las funciones hidrológicas y biológicas del lugar.
El proponente hace referencia a la secuencia cronológica de los procesos que se han ejecutado respecto de los trabajos encaminados a la designación de “La Lagunita” como área natural protegida estatal. La Lagunita es uno de los últimos humedales que existen en la ciudad de Ensenada; sin embargo, la ausencia de un acuerdo entre las partes involucradas, así como la desinformación, han generado una gran polémica y han hecho que el futuro de este espacio sea incierto, mismo que se detalla a continuación:
I. En 1985 se presentó la primera iniciativa formal para la declaratoria de área natural protegida “La Lagunita”, a partir del esbozo de un anteproyecto para la creación del bosque de la ciudad en esta área, el cual fue desarrollado por el técnico forestal José Leonel Zamudio Rodríguez y los ingenieros Antonio Aburto Rico y Humberto Palomares Delgadillo. La propuesta no fue apoyada por las autoridades en aquel momento.
II. En 1990, Jones, C., realizó la tesis de maestría en ciencias, University of Arizona, Tucson, Land use management plan: Lagunita el Ciprés, Ensenada, Baja California, México, para determinar la posibilidad de equilibrar el desarrollo urbano con la conservación de la Laguna. En este estudio se incluye la situación en aquel entonces de La Lagunita y la evaluación de cuatro planes para el uso de suelo de esta. La evaluación se hizo bajo tres criterios: la legislación ambiental mexicana, los beneficios a la comunidad y el impacto ambiental, bajo este estudio los ecólogos profesionales locales propusieron la realización de actividades de ecoturismo y de educación ambiental.
III. En la versión de 1995 del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada, estableció uso de suelo de “conservación” a la manzana que contiene la mayor parte de la zona de La Lagunita.
IV. En 1997 se llevó a cabo la reunión de trabajo para el manejo integral de la zona costera de Ensenada, en dicha reunión se trató de “la creación de áreas de reserva” considerando a La Lagunita.
V. En 2001, en acuerdo de cabildo del XVI ayuntamiento de Ensenada, La Lagunita fue declarada zona de reserva ecológica, basado en estudios previos y en la opinión de expertos en materia de la caracterización de flora y fauna, así como en las características físicas, de localización, importancia económica, atractivo visual, etc. del humedal y ratificándola el 7 de marzo de 2002.
VI. En el 2009 se publica en el Periódico Oficial de Baja California, la actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada en el que se ratifica el uso de suelo de conservación, a la manzana donde se ubica La Lagunita.
VII. El 9 de febrero de 2009, los diputados Héctor Ramos y Lucía Susana Mendoza Morales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados presentaron un exhorto a Semarnat, Conabio, Conap y Conagua, para que La Lagunita sea decretada como área natural protegida e inscrita como Sitio Ramsar.
VIII. A partir del año 2010, el conjunto de las organizaciones proponentes, Pro Esteros, AC; Haciendo lo Necesario, AC; Centro Mexicano de Estudios para la Conservación, AC; Pro Playitas, AC; Lorax Consultores, SA de CV; Dirección de Ecología del XX Ayuntamiento de Ensenada; Arte y Medio Ambiente en Armonía, Ensenada Artist Association, AC; Héctor Benet Contreras y el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) de Baja California iniciaron una serie de reuniones en las que establecieron estrategias para lograr el decreto de La Lagunita como área natural protegida.
IX. En 2011, César Mancillas Amador, diputado federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados presenta un punto de acuerdo ante el Congreso de la Unión, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a decretar área natural protegida La Lagunita. A raíz de los exhortos realizados y de las solicitudes de la sociedad civil, las autoridades federales se acercaron a las organizaciones proponentes ofreciendo su colaboración.
X. En enero 2012 se entregó a la Secretaría de Protección al Ambiente de Baja California la primera versión del estudio previo justificativo, para la declaratoria de área natural protegida “La Lagunita”, según los nuevos términos de referencia de dicha secretaría para iniciar el sistema estatal de áreas naturales protegidas del estado.
XI. El 13 de marzo del 2013 en el Periódico Oficial de Baja California, se dio el aviso de designación como área natural protegida de competencia estatal de la zona conocida como La Lagunita ubicada en el municipio de Ensenada, Baja California.
III. Consideraciones
Las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora, reconocemos la importancia del planteamiento del Diputado proponente y coincidimos en la propuesta de exhortar a la autoridad estatal competente, para que atiendan la dilación en el proceso de declaratoria de área natural protegida de competencia estatal denominada “La Lagunita”, misma que se encuentra dentro del municipio de Ensenada, Baja California.
Estimamos importante señalar, que México ocupa un lugar destacado en el concierto internacional, por estar reconocido como un país continente de una megadiversidad que se refleja en una gran variedad de ecosistemas, climas, bosques, selvas, pastizales, flora, fauna, ríos, lagos, humedales y mares, entre otros.
Respecto del aprovechamiento del agua, esta Comisión considera que es un elemento fundamental para la vida y de acuerdo con cifras correspondientes al año 2010, presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, donde se observa que la cobertura en México es que 88 de cada 100 municipios tienen servicio de agua potable y 26 de las 32 entidades federativas tienen este servicio en todos sus municipios.
De acuerdo con las estimaciones publicadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), entre los años 2010 - 2030 la población del país se incrementará en alrededor de 8 millones de habitantes. Además, para 2030 aproximadamente el 81% de la población total del país se asentará en localidades urbanas. Se calcula que para 2030, el 70% del crecimiento poblacional ocurrirá en las regiones hidrológico-administrativas de Lerma-Santiago-Pacífico, Aguas del Valle de México, Río Bravo y Península de Baja California. En cambio, las regiones Pacífico Norte y Pacífico Sur experimentarán una disminución de su población. Según las estimaciones del CONAPO, en el año 2030 se espera que alrededor de 41 millones de mexicanos se asienten en núcleos de población con más de 500 mil habitantes.
Respecto de los informes emitidos por la Comisión Nacional del Agua, mediante su publicación denominada Atlas del agua en México 2012, anualmente México recibe agua en forma de precipitación por el orden de 1,489 miles de millones de metros cúbicos. Se estima que el 73.1% se evapotranspira y regresa a la atmósfera, el 21.1% escurre por los ríos y arroyos, y el 4.8% restante se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos. Tomando en cuenta las exportaciones e importaciones de agua con los países vecinos, así como la recarga incidental, el país cuenta con 462 mil millones de metros cúbicos de agua dulce renovable, por año, a lo que se denomina disponibilidad natural media. La disponibilidad media per cápita (por habitante) de agua a nivel nacional disminuye con el aumento de la población, ya que la disponibilidad natural media total se divide entre un mayor número de habitantes.
Ahora bien, de acuerdo con la información sustentada por la Comisión Nacional Para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), la gestión sobre la biodiversidad se refiere al desarrollo de acciones encaminadas a la conservación, manejo y uso sustentable de recursos biológicos, genéticos y de los ecosistemas, de acuerdo con las comunidades dueñas o poseedoras de los territorios que la sustentan, por lo que en México existen instrumentos de política ambiental que fomentan la conservación de la biodiversidad y el uso y manejo sustentable de los recursos naturales; el modelo de desarrollo territorial en zonas biodiversas se propone como un instrumento de política transversal que revalore los diversos recursos naturales, sociales y económicos con que cuentan comunidades y organizaciones y a su vez, que reconozcan las nuevas condiciones demográficas y socio ambientales que resultan de los vínculos entre zonas rurales y urbanas.
La fórmula adecuada se encamina a la integración de políticas fuera de los sectores tradicionales, a partir de objetivos integrales y comunes; se reconoce que las Áreas Naturales Protegidas, representan actualmente la mejor herramienta del país para la conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales; este conjunto de áreas protegidas no podrá conservarse por sí mismo, por lo que es necesario complementar esta política con otras que favorezcan el manejo integral sustentable de los territorios conexos no protegidos.
De acuerdo con datos publicados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la zona de Ensenada, Baja California, se encuentra denominada como sitio de extrema prioridad, por lo que estimamos necesario impulsar el desarrollo compatible con la conservación de la biodiversidad, tomando como prioridad los mecanismos de gobernanza local en zonas prioritarias por la riqueza biológica que permite la promoción de acuerdos multisectoriales que orienten esfuerzos públicos y privados hacia objetivos comunes.
Es importante señalar que la biodiversidad se ha visto comprometida en las últimas décadas, debido a las distintas actividades humanas que generan un deterioro acelerado de los ecosistemas y una disminución crítica de las especies y de la biodiversidad, como uno de los problemas ambientales más serios que enfrentamos, por lo que debemos conjugar esfuerzos para revertir este efecto negativo y contribuir a la conservación, conocimiento y uso sustentable de los recursos naturales.
Por lo anterior expuesto y fundado, las y los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sometemos a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo Estatal de Baja California, para que a través de la Secretaría de Protección al Ambiente de Baja California, se agilice la continuación, conclusión y expedición de la declaratoria de área natural protegida estatal del humedal “La Lagunita” en Ensenada, Baja California.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2014.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla, Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios, Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica).
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se solicita reforzar las acciones para fomentar la conservación de los humedales y manglares de Campeche
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le fue turnada para dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los Ejecutivos federal y del estado de Campeche, para que a través de las diversas dependencias de ambos órdenes de gobierno, se implementen las acciones necesarias a efecto de proteger y preservar los humedales en Campeche.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción II; 80, numeral 1, fracción VI; 85, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este honorable pleno cameral, el presente dictamen al tenor de los siguientes
I. Antecedentes
Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el martes 4 de marzo de 2014, el diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que solicita reforzar acciones a efecto de fomentar la conservación de los humedales que se encuentran en Campeche.
Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.
II. Contenido de la proposición
El diputado proponente refiere que los humedales son de gran importancia desde un punto de vista ecológico, así como del socioeconómico, ya que gracias a sus múltiples funciones, adquieren gran valor para el uso y goce de la sociedad. Campeche cuenta con la mayor superficie de humedales con el 26 por ciento del total de ellos a nivel nacional.
Confirma el legislador que la fracción XXX del artículo 3o. de la Ley de Aguas Nacionales, define a los Humedales como las zonas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres que constituyen áreas de inundación temporal o permanente, sujetas o no a la influencia de mareas, como pantanos, ciénagas y marismas, cuyos límites los constituyen el tipo de vegetación hidrófila de presencia permanente o estacional; las áreas en donde el suelo es predominante hídrico; y las áreas lacustres o de suelos permanentemente húmedos por la descarga natural de acuíferos.
Afirma el proponente que estos ecosistemas poseen una gran riqueza natural y deben de ser conservados utilizando la mejor información y tecnología disponible. De la misma forma, esta diversidad biológica debe de ser aprovechada de una manera responsable, garantizando su existencia a largo plazo, ya que esto produce un bienestar social que debe perdurar para generaciones futuras. Por su parte los manglares son parte importante de los humedales, y representan el cinco por ciento del total mundial, colocando a nuestro país en el cuarto lugar entre los 125 países y territorios que cuentan con este ecosistema, tan sólo por debajo de Indonesia, Brasil y Australia.
Indica el legislador que Campeche ocupa el primer lugar nacional en extensión de manglares, siendo Isla del Carmen y Champotón las zonas críticas y más afectadas según datos emitidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por lo que la presente proposición se encuentra encaminada a que las autoridades competentes coadyuven en la conservación de zonas de gran importancia para la biodiversidad de Campeche.
El legislador pretende promover acuerdos para actuar de manera rápida y eficiente, con el propósito primordial de evitar la explotación desmedida de los humedales de Campeche, ya que proveen de hábitat, alimento, refugio, áreas de crianza y reproducción a múltiples especies de animales invertebrados, peces, anfibios, reptiles y mamíferos. En este tenor, se destaca la importancia de los eventos que albergan a una gran diversidad de aves migratorias. También cabe destacar que la pesca, acuacultura y el aprovechamiento de materiales, son ejemplo de usos directos de los recursos que proveen los humedales a la población en general; asimismo, se obtienen sales que son aprovechadas por la industria, razones por las cuales se consideran de suma importancia para la vida biológica, la conservación del ambiente y la promoción de las actividades económicas que se llevan a cabo en los humedales.
III. Consideraciones
Las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora, reconocemos loable el planteamiento del diputado proponente y coincidimos en la propuesta de exhortar a las autoridades competentes en materia ambiental a efecto de preservar los humedales de Campeche.
Estimamos de vital importancia señalar, que México ocupa un lugar destacado en el concierto internacional, por estar reconocido como un país continente de una megadiversidad de recursos que se refleja en la gran variedad de ecosistemas, climas, bosques, selvas, pastizales, flora, fauna, ríos, lagos, humedales y mares, que lo conforman.
Respecto al aprovechamiento del agua, esta comisión considera que tal aprovechamiento es un elemento fundamental de la política pública, e instrumento indispensable para la vida, ya que de acuerdo con cifras correspondientes al año 2010, presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la cobertura en México es de 88 municipios de cada 100, con servicio de agua potable y veintiséis de las 32 entidades federativas tienen este servicio en todos sus municipios.
Respecto de los informes emitidos por la Comisión Nacional del Agua, mediante su publicación denominada Atlas del agua en México 2012, anualmente México recibe un volumen del orden de mil 489 miles de millones de metros cúbicos de agua en forma de precipitación. Se estima que el 73.1 por ciento se evapotranspira y regresa a la atmósfera, el 21.1 por ciento escurre por los ríos y arroyos, y el 4.8 por ciento restante se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos. Tomando en cuenta las exportaciones e importaciones de agua con los países vecinos, así como la recarga incidental, el país cuenta con 462 mil millones de metros cúbicos de agua dulce renovable, por año, a lo que se denomina disponibilidad natural media. La disponibilidad media del recurso per cápita a nivel nacional, disminuye con el aumento de la población, ya que la disponibilidad natural media total se divide entre un mayor número de habitantes.
Ahora bien, de acuerdo con datos publicados por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Conabio, respecto de la gestión de la biodiversidad se refiere al desarrollo de acciones encaminadas a la conservación, manejo y uso sustentable de recursos biológicos, genéticos y de los ecosistemas, de acuerdo con las comunidades dueñas o poseedoras de los territorios que la sustentan; por lo que en México existen instrumentos de política ambiental que fomentan la conservación de la biodiversidad y el uso y manejo sustentable de los recursos naturales; el modelo de desarrollo territorial en zonas biodiversas se propone como un instrumento de política transversal que revalore los diversos recursos naturales, sociales y económicos con que cuentan comunidades y organizaciones y, a su vez, que reconozcan las nuevas condiciones demográficas y socio ambientales que resultan de los vínculos entre zonas rurales y urbanas.
La fórmula adecuada se encamina a la integración de políticas fuera de los sectores tradicionales, a partir de objetivos integrales y comunes; se reconoce que las áreas naturales protegidas, representan actualmente la mejor herramienta del país para la conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales; este conjunto de áreas protegidas no podrá conservarse por sí mismo, por lo que es necesario complementar esta política con otras que favorezcan el manejo integral sustentable de los territorios conexos no protegidos.
También es importante destacar que de acuerdo con la publicación de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, “Estadísticas del Agua en México 2012”, con la finalidad de conservar el estado óptimo de las áreas naturales protegidas, además de asegurar que sigan funcionando como áreas de recarga de acuíferos, se establecen los decretos necesarios para la protección de los ecosistemas terrestres y de los humedales en particular, tanto a escala nacional como mundial.
Los humedales constituyen un eslabón básico e insustituible del ciclo del agua. Su conservación y manejo sustentables pueden asegurar la riqueza biológica y los servicios ambientales que éstos prestan, tales como el almacenamiento del agua, la conservación de los acuíferos, la purificación del agua mediante la retención de nutrientes, sedimentos y contaminantes, la protección contra tormentas, la mitigación de inundaciones, la estabilización de los litorales y el control de la erosión del suelo.
Estos ecosistemas han sufrido procesos de transformación con diversos fines, y su desconocimiento y manejo inadecuado constituyen algunos de los principales problemas que atentan contra su conservación.
En el ámbito internacional, México es parte de la convención intergubernamental firmada en la ciudad de Ramsar, Irán, en el año de 1971, conocida como Convención Ramsar; esta convención “...sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y uso nacional de los humedales y sus recursos”.
Los humedales representan ecosistemas estratégicos y de gran importancia para la conservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades humanas, por lo que es necesario llevar a cabo acciones que aseguren el mantenimiento de sus características ecológicas; por ello, a partir del 2003, la Conanp es la entidad administrativa del gobierno federal encargada de atender aquellos humedales que han sido reconocidos por la Convención Ramsar como humedales de importancia internacional, de conformidad con lo previsto en la fracción XIV del artículo 70 del Reglamento Interior de la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. A diciembre de 2013, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas atiende 139 sitios Ramsar. Los atributos y las funciones de los humedales son fundamentales para el equilibrio ecológico y ambiental global, ya que son el hábitat de innumerables especies de fauna y flora, elementos vitales en la estructura ecosistémica, sociocultural y económica de las naciones del mundo.
Adicionalmente, los cambios del uso de suelo reflejados en la vegetación, inciden en los fenómenos de erosión que pueden deberse tanto a la acción hídrica como a la eólica. El cambio de uso de suelo se hace evidente por el incremento de la vegetación secundaria e inducida, tanto en las áreas urbanas, como en las rurales. Cabe destacar que los procesos de erosión incrementan la degradación paulatina de la capacidad de los causes y cuerpos de agua, induciendo afectaciones por inundaciones durante procesos de precipitaciones intensas o sostenidas, a las que México no es ajeno por su régimen de lluvias.
Estimamos importante señalar que la biodiversidad se ha visto comprometida en las últimas décadas, debido a las distintas actividades humanas que generan un deterioro acelerado de los ecosistemas y una disminución crítica de las especies y de la biodiversidad, como uno de los problemas ambientales más serios que enfrentamos, por lo que debemos conjugar esfuerzos para revertir este efecto negativo y contribuir a la conservación, conocimiento y uso sustentable de los recursos naturales.
Por lo expuesto y fundado, las y los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sometemos a la consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través del titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y en el marco de la política nacional de humedales, refuerce las acciones emprendidas en la preservación de los humedales que se encuentran en el estado de Campeche.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través del titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, robustezca sus acciones para la protección y preservación de los humedales ubicados en el estado de Campeche.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través del titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, fortalezca sus acciones en el marco del Operativo Nacional de Humedales, a fin de impedir actividades ilegales que afecten a aquellos que se encuentran en el estado de Campeche.
Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo del Estado de Campeche, para que a través del titular de la Secretaría del Medio Ambiente de Campeche, en el ámbito de su competencia fomente en colaboración con las autoridades federales, el reforzamiento y la creación de programas que prevengan y eviten el deterioro de los humedales en el territorio de Campeche.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2014.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios, Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica).
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas a reforzar los programas de conservación del hábitat de la mariposa monarca y garantizar el cuidado de los santuarios de Michoacán
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le fue turnada para dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a reforzar los programas de conservación del hábitat de la mariposa monarca y garantizar la protección y el cuidado de los santuarios en Michoacán, presentada por la diputada Karen Quiroga Anguiano.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los Artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción II; 80, numeral 1, fracción VI; 85, y 100 y del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este Honorable Pleno Cameral, el presente dictamen al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión ordinaria celebrada el 13 de marzo de 2014 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de Unión, la diputada Karen Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares del Ejecutivo federal, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que refuercen los programas de conservación del hábitat de la mariposa monarca y garanticen la protección y cuidado de los santuarios en el estado de Michoacán.
Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: “túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen”.
Una vez analizado el asunto objeto del presente dictamen, las y los diputados integrantes de la Comisión Dictaminadora, exponemos el siguiente
Contenido de la proposición
La diputada proponente señala que una de las principales atracciones del altiplano mexicano es la migración anual de la mariposa monarca, uno de los más grandes espectáculos de la naturaleza, pues cada año viajan entre 60 millones y un billón de mariposas monarcas procedentes desde el Este de Canadá, hasta los bosques del centro-occidente de México, viajando aproximadamente 4 mil 500 kilómetros, para arribar a los bosques mexicanos del estado de México y de Michoacán para alejarse del frío de invierno del noreste de Estados Unidos y el sudeste de Canadá; durante su viaje y estancia en nuestro país se cortejan y reproducen los ejemplares adultos y nace la generación que volará en marzo hacia Estados Unidos y Canadá; ninguna de ellas regresará a México, pues su ciclo de vida dura sólo algunas semanas.
Refiere que Las mariposas en hibernación, se agrupan en pequeñas zonas de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, un área nacional protegida y reserva natural que cubre más de 500 kilómetros cuadrados, misma que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008 y es uno de los destinos más importantes para nuestro país.
Nos recuerda que ante la necesidad de la conservación de la naturaleza en México, en el año 2000 se crea la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), como órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) encargado de conservar el patrimonio natural de México mediante el mantenimiento y administración de las áreas naturales protegidas (ANP), fomentando una cultura de conservación y el desarrollo sustentable de las comunidades asentadas en su entorno.
Manifiesta que durante diciembre de 2012, la ocupación de superficie forestal por la mariposa monarca en México fue la más baja de las dos últimas décadas, conforme a un monitoreo realizado por la Conanp; en la segunda quincena de 2012, existían nueve colonias en hibernación que ocuparon una superficie de 1.19 hectáreas de bosque, lo que representa un decremento de 59 por ciento en relación con las 2.89 hectáreas ocupadas en diciembre de 2011, según comunicado de la alianza del Fondo Mundial para la Naturaleza.
Asegura que la superficie forestal ocupada por las colonias en hibernación, se utiliza como un indicador del número de mariposas que llegan a México cada año. El monitoreo 2012-2013 registró 5 colonias de mariposas en la reserva (2 en el estado de México, 3 en Michoacán) y 4 colonias fuera de ella (3 en el estado de México y 1 en Michoacán).
Denuncia que la alarmante disminución del número de mariposas monarca en los últimos años, se debe probablemente al uso de herbicidas en los sitios de reproducción y alimentación de las mariposas en los Estados Unidos de América, toda vez que las mariposas suelen alimentarse de las plantas de algodoncillo, y a las variaciones climáticas extremas a las que estuvieron sujetas las generaciones reproductivas de mariposas en primavera y verano de 2012 en los Estados Unidos. Razón por la cual, corresponde al Estado mexicano, en carácter fundamental y prioritario, velar por la protección, mantenimiento y conservación de los hábitats de las especies migratorias en nuestro país; tal y como se establece a la letra en la Ley General de la Vida Silvestre:
“Artículo 76. La conservación de las especies migratorias se llevará a cabo mediante la protección y mantenimiento de sus hábitats, el muestreo y seguimiento de sus poblaciones, así como el fortalecimiento y desarrollo de la cooperación internacional”; de acuerdo con las disposiciones de esta ley, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de las que de ellas se deriven, sin perjuicio de lo establecido en los tratados y otros acuerdos internacionales en los que México sea parte contratante.
Asevera que la situación actual que pone en peligro de extinción a la mariposa Monarca, así como a su fenómeno migratorio y de hibernación, se agravará si se siguen aplicando herbicidas y alterando los cultivos en los sitios donde se reproduce, y se deforestan o degradan los bosques de hibernación.
Observa que las principales amenazas a estos bosques son la tala clandestina, la sobre-extracción de madera para uso doméstico, el cambio de uso del suelo, la sobreextracción de especies no maderables, las prácticas de turismo desordenado y la sobre-explotación, la contaminación de cuencas y más importante aún, el cambio climático.
Advierte que actualmente existe una alarmante preocupación toda vez que la población de las Monarcas, representa un grupo cada vez más reducido, y su supervivencia puede verse amenazada por diversos desastres naturales en sus hábitats invernales mexicanos, así como por la menor superficie de plantas del algodoncillo en su hogar estival u otoñal.
Finalmente, advierte que el mayor reto para la conservación de la mariposa monarca en México, si bien es una responsabilidad tripartita de los países de México, Estados Unidos y Canadá; resulta preponderante para México, que refrende su compromiso con estos visitantes, haciendo lo necesario en nuestro país para evitar la extinción de tan maravillosa especie; por lo que es necesario impulsar la conservación de la región, impulsar políticas públicas que garanticen el cuidado de la reserva, objetivar los principios en que se sustenta la preservación de la reserva natural, vigilar el ejercicio y correcta aplicación de los recursos destinados a los programas y proyectos que coadyuven al desarrollo de la zona, asegurando de esta manera la concienciación de los ciudadanos locales en virtud del compromiso de velar por la preservación de la especie.
La proponente concluye sus planteamientos sometiendo a la consideración del honorable Pleno Cameral la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se realicen las políticas públicas, programas y acciones de conciencia social, de protección y conservación necesarios, a favor del hábitat de la mariposa monarca en el estado de Michoacán.
Después de estudiar el contenido de la Proposición que nos ocupa, las y los integrantes de la Comisión encargada del presente dictamen, expresamos las siguientes
Consideraciones
Quienes integramos la Comisión de Medio Ambiente y Recursos naturales coincidimos con la diputada proponente en cuanto al señalamiento de la gran atracción que representa la migración anual de la mariposa monarca al altiplano mexicano, en una espectacular manifestación de la naturaleza.
Reconocemos la gran distancia que comprende el viaje de millones y millones de mariposas monarca para llegar a los bosques de los estados de México y Michoacán, procedentes del noreste de los Estados Unidos de América y el sureste de Canadá, alejándose de aquellas latitudes para evitar el frío invernal y, en el recorrido de una distancia aproximada de 4 mil 500 kilómetros para llegar a nuestros bosques, donde se cortejan y reproducen para que la nueva generación de mariposas regresen a los países del norte, para no volver a México , dado que su ciclo de vida es tan breve, que dura sólo algunas semanas.
Consideramos importante que para efectos de hibernación, las mariposas conforman pequeños grupos en la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, área natural protegida y reserva natural, cuya poligonal comprende más de 500 Kilómetros cuadrados, y es Patrimonio de la Humanidad.
Estimamos, con la proponente, que debemos perseverar en la conservación del patrimonio natural de México mediante el mantenimiento y administración de las áreas naturales protegidas (ANP), fomentando una cultura de conservación y de desarrollo sustentable de las comunidades asentadas en su entorno.
Reconocemos con preocupación, y en coincidencia con la diputada Karen Quiroga Anguiano, el acentuado decremento de la superficie forestal ocupada por la mariposa monarca, verificado en el transcurso de sólo un año, según los datos que proporciona la Alianza del Fondo Mundial para la Naturaleza.
Asimismo, estimamos preciso avocarnos a la atención de la alarmante disminución del número de mariposas monarca en los últimos años, asumiendo la responsabilidad que la Ley nos impone, sobre la conservación de las especies migratorias, mediante la protección y mantenimiento de sus hábitats, el muestreo y seguimiento de sus poblaciones y con el fortalecimiento y desarrollo de la cooperación internacional.
Consideramos que ante el riesgo de extinción de la mariposa monarca, así como de su migración e hibernación en nuestro territorio, es preciso disminuir al máximo, si no es posible erradicarlos, el uso de herbicidas y la consecuente alteración de los cultivos, así como la deforestación y degradación de los bosques, espacios donde se reproduce e hiberna la mariposa monarca.
En conclusión, esta comisión dictaminadora considera que para continuar recibiendo a la mariposa monarca en nuestro país, es necesario impulsar las tareas de conservación en la región,| así como las políticas necesarias para el cuidado de la reserva, y hacer de los principios sustantivos de la reserva, los objetivos en que se sustente su preservación; es impostergable vigilar el correcto ejercicio y aplicación de los recursos destinados a los programas y proyectos de desarrollo, generando conciencia en la ciudadanía local para velar por la preservación de la mariposa monarca.
En base a las consideraciones vertidas por esta Comisión, el sentido del presente dictamen es positivo, con modificaciones menores al Punto de Acuerdo planteado por la proponente, en aras de la congruencia textual.
Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, somete a la consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, Dictamen con
Proyecto de punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de su órgano desconcentrado, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se realicen las políticas públicas, programas y acciones de conciencia social, y de protección y conservación a favor del hábitat de la mariposa monarca en el estado de Michoacán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2014.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla, Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios, Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto, María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica).
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a iniciar por las Secretarías de Energía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía una campaña informativa sobre la peligrosidad y toxicidad de las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Energía; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía, a iniciar una campaña de información sobre la peligrosidad y toxicidad de las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas, presentada por el diputado Érick Marte Rivera Villanueva.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción II; 80, numeral 1, fracción VI; 85 y 100 y del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este honorable pleno Cameral, el presente dictamen al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 13 de marzo de 2014, el Diputado Erick Marte Rivera Villanueva, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Energía; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía, se inicie una campaña de información sobre la peligrosidad y toxicidad de las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas.
Segundo. En la misma reunión parlamentaria, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen”.
Las y los integrantes de esta comisión dictaminadora, después de analizar la proposición objeto del presente dictamen, referimos el siguiente:
Contenido de la proposición
El diputado proponente señala que en julio de 2010 la Secretaría de Energía, anunció la puesta en marcha del Programa Luz Sustentable, cuyo objetivo era sustituir en una primera etapa, 22.9 millones de lámparas incandescentes con lámparas ahorradoras de energía y otras 22.9 millones en una segunda etapa, en beneficio de más de 5.7 millones de familias.
Con ello, refiere que este Programa supone lograr un ahorro en el consumo de energía eléctrica de hasta 2,048 gigawatts-hora al año, cifra comparable a casi 2 veces el consumo de energía en 2011 del estado de Campeche o la mitad del consumo del estado de Querétaro durante el mismo período. De la misma forma se ahorrarían cerca de 1,752 megawatts de potencia eléctrica.
Sostiene que con el programa se evitaría la emisión de 1.4 millones de toneladas de bióxido de carbono al año, equivalentes a sacar de circulación a más de 600 mil automóviles y dejar de consumir 3.6 millones de barriles de petróleo al año.
Refiere que el Programa de Luz Sustentable es operado por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica de conformidad con la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, cuyo objeto es propiciar el aprovechamiento sustentable de la energía mediante su uso óptimo en sus procesos y actividades, desde su explotación hasta su consumo, y que la fracción X del artículo 7 de la propia Ley, establece la formulación de una estrategia para la sustitución de lámparas incandescentes por lámparas fluorescentes ahorradoras de energía eléctrica.
Por otro lado, menciona que el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2009-2012, estableció en su objetivo 2: “Incrementar la Eficiencia del Parque de Focos para Iluminación”, las líneas de acción 2.1.1 y 2.1.3, que prevén la publicación de una norma de consumo de energía para iluminación y la implementación de un programa de sustitución de focos incandescentes por tecnologías ahorradoras, respectivamente.
Indica que el 6 de diciembre de 2010, se publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-028-ENER-2010, “Eficiencia energética de lámparas para uso general. Límites y métodos de prueba”, la cual establece límites mínimos de eficacia para las lámparas de uso general y contempla la salida gradual del mercado mexicano de los focos ineficientes, así como el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos de Lámparas Fluorescentes y de Vapor de Mercurio (lámparas fluorescentes compactas autobalastradas).
Menciona que los más de 40 millones de focos ahorradores de energía, sustitutos de los focos incandescentes, son importados de China pues en nuestro país no se producen por la falta de proveedores de minerales para los fósforos, cristales y componentes eléctricos de balastra integrada que tienen dichas lámparas.
Asegura que una de las cuestiones que se han tornado más importante en estas lámparas, son los problemas que pueden generar para la salud de la población y la preservación del medio ambiente.
Refiere que de acuerdo con el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos de Lámparas Fluorescentes y de Vapor de Mercurio (lámparas fluorescentes compactas autobalastradas) a pesar de los beneficios que presentan estas lámparas, representan un riesgo ambiental y de salud debido a que contienen mercurio, considerado un material tóxico.
Especifica que, de acuerdo con el mismo documento, el objetivo general del Plan es el manejo de los residuos peligrosos que resulten de la ruptura de lámparas en el proceso de carga, descarga y entrega de focos ahorradores de energía durante la vigencia del Programa “Luz Sustentable”; sin embargo, señala que no se específica la política de manejo de los residuos que deben seguir los particulares, lo que hace que se desconozcan los efectos y peligros sobre la toxicidad del mercurio que contienen.
Al respecto, precisa que el plan estipula medidas de control para el manejo de residuos como son: utilización de guantes, zapatos de seguridad, protección respiratoria y faja, lo cual evidentemente demuestra el peligro latente que generan las sustancia contenidas en estas lámparas y que las personas desconocen.
Enfatiza en que los focos ahorradores contienen entre 5 y 20 miligramos de mercurio, cuyo vapor, al ser liberado cuando se rompen en una habitación o en el traslado y disposición final en los basureros, amenazan la salud humana y contaminan el ambiente.
Insiste en que si bien es cierto que las lámparas fluorescentes resultan útiles en el ahorro de energía, hay factores que no están regulados ni difundidos, señalando que el gobierno federal no ha difundido el riesgo a la salud que representa el mercurio contenido en estas lámparas, y que no se ha regulado el correcto desecho de las mismas.
Expresa que la NOM-017-ENER/SCFI-2012 regula las especificaciones de las lámparas fluorescentes en el mercado mexicano e indica que las etiquetas de los focos deben decir que el producto contiene mercurio, pero no requiere señalar sus cantidades, y tampoco exige la entrega de un instructivo sobre cómo manejar y/o desechar estas lámparas.
El proponente manifiesta que a poco más tres años de haber sido repartidos esos más de 40 millones de las lámparas, no se ha medido realmente el potencial impacto negativo que tendrían estos focos; asimismo, señala que Philips México, empresa encargada de llevar a cabo el Programa Luz Sustentable, y que tiene un plan de manejo de residuos peligrosos que no está integrado a ninguna norma, calcula que el 0.02 por ciento de los focos ahorradores repartidos se romperían en el proceso, representando al menos 916 mil focos que ya han sido desechados sin tener rastro de ellos y sin un plan que comprometa al Gobierno a garantizar la seguridad de las familias que los tiran a la basura. Es por ello que se vuelve de vital importancia que el Ejecutivo federal a través de las Dependencias de la Administración Pública, suspendan la importación de este tipo de lámparas al representar un potencial peligro de salud para los mexicanos e inicie una campaña de difusión sobre el peligro y la toxicidad de los elementos químicos que contienen.
Finalmente, el Diputado Erick Marte Rivera Villanueva, propone a la Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente, Energía y de Economía, implementen programas de concientización sobre el debido uso de las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas, así como, políticas públicas de recolección y reciclaje de las mismas.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de las Secretarías de Salud, de Medio Ambiente, y de Energía para que en el ámbito de sus atribuciones realicen un estudio sobre el costo-beneficio en materia de sustentabilidad energética, medio ambiental y de salud por el uso de las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas.
Tercero. Se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Energía y de Economía, actualicen la Norma Oficial NOM-017-ENER/SCFI-2012, a fin de que en los requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas, se estipule el incluir un instructivo sobre el adecuado desecho de estas lámparas.
Una vez estudiado el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo objeto del presente dictamen, las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, expresamos las siguientes
Consideraciones
Desde luego, estimamos loable la preocupación del Diputado proponente, al plantear un punto de acuerdo para excitar a diversas Dependencias del Ejecutivo federal, a implementar programas de concienciación sobre el uso de las lámparas fluorescentes, así como políticas para la recolección y disposición final de las mismas, cuando concluya su período de utilidad; asimismo, a determinar el costo-beneficio de la sustentabilidad energética, del medio ambiente y la salud por el uso de lámparas fluorescentes, y a que se adicione la NOM-17-ENER/SCFI-2012, incorporando entre los requisitos de seguridad de dichas lámparas, la obligación de adjuntar a éstas, un instructivo sobre los adecuados uso y disposición final de las mismas.
Coincidimos con el proponente, en cuanto al origen del Programa Luz Sustentable, su objetivo y las cantidades de lámparas ahorradoras de energía que habrían de entregarse para sustituir lámparas incandecentes en las dos etapas del Programa, en beneficio de los más de 5.7 millones de familias en el país.
Consideramos válidas las cifras referidas en la Proposición, relacionadas con el objetivo del Programa, consistente en lograr un ahorro en el consumo de energía eléctrica de hasta 2,048 gigawatts-hora al año, y alrededor de 1,752 megawatts de potencia eléctrica.
Sostenemos con el proponente, la importancia de evitar con el Programa, la emisión de 1.4 millones de toneladas de bióxido de carbono al año, mediante la legal formulación de una estrategia para la sustitución de lámparas incandescentes por lámparas fluorescentes ahorradoras de energía eléctrica.
Estimamos de gran relevancia la publicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-ENER-2010, “Eficiencia energética de lámparas para uso general. Límites y métodos de prueba”, que además de establecer los mínimos de eficacia para lámparas de uso general, considera la salida gradual de los focos incandescentes, y regula el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos de Lámparas Fluorescentes y de vapor de mercurio, cuyo objetivo es el manejo de los residuos peligrosos que resulten de la ruptura o desecho de lámparas fluorescentes, dado el alto riesgo que representa el mercurio que contienen, para la salud humana y la preservación del medio ambiente.
No obstante nuestras coincidencias manifiestas con el proponente, estimamos preciso señalar que, si bien desconocemos el impacto negativo real que puedan generar las lámparas fluorescentes en la salud y el ambiente, el cálculo de la empresa encargada de llevar a cabo el Programa Luz Sustentable, de que el 0.02% de los focos ahorradores repartidos se romperían en el proceso de desarrollo del Programa, no representa los 916 mil focos que, según el Diputado Proponente, ya han sido desechados sin tener rastro de ellos y sin tener un plan para garantizar la seguridad de las familias que los tiran a la basura.
De ahí nuestra consideración de que en realidad, si se repartieron cuarenta millones de lámparas, y se rompieron el 0.02% de ellas, este porcentaje representa sólo 8 mil unidades, y no las 916 mil que manifiesta el Diputado Proponente. Sin embargo, reconocemos la pertinencia del sentido positivo de este dictamen sobre la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Energía; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía, a iniciar una campaña de información sobre la peligrosidad y toxicidad de las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas, con las modificaciones que valoramos apropiadas para la corrección textual de los resolutivos del punto de acuerdo.
Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, somete a la consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el presente dictamen con proyecto de
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Energía, y de Economía, a implementar programas de concienciación sobre el debido uso de las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas, así como políticas públicas para la recolección y disposición final de las mismas.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Energía; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Salud, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen un estudio sobre el costo-beneficio en materia de sustentabilidad energética, medio ambiental y de salud, por el uso de las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Energía, y de Economía, a que actualicen la NOM-017-ENER/SCFI-2012, a fin de que entre los requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas, se incorpore el de incluir un instructivo sobre el adecuado uso y desecho de dichas lámparas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2014.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla, Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios, Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto, María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica).
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se solicita al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales que establezca medidas y programas especiales para proteger las especies migratorias y sus hábitat
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue turnada para dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, durante el arribo de especies migratorias que recorren y se estacionan en el país, se establezcan programas especiales para su protección y el aseguramiento de sus hábitat, así como restaurar y recuperar los ecosistemas que han sido degradados por las actividades del hombre y que afectan el equilibrio de las especies migratorias.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción II; 80, numeral 1, fracción VI; 85, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este honorable pleno camaral el presente dictamen al tenor de los siguientes
I. Antecedentes
Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 25 de marzo de 2014, el diputado Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo por el que solicita exhortar al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a establecer medidas y programas especiales para la protección de las especies migratorias y sus hábitats.
Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su análisis y dictamen.
II. Contenido de la proposición
Refiere el diputado proponente que México es reconocido como uno de los países más ricos en diversidad ecosistémica, ya que presenta una gran variedad de vegetación y fauna. Señala que en nuestro país podemos encontrar desde extensiones territoriales donde existe poca vegetación, como sucede en las partes más áridas de los desiertos, hasta zonas ricas en flora y fauna, como la Selva Lacandona que constituye uno de los ecosistemas más importantes y representativos del trópico húmedo; estas características han favorecido la reproducción de especies nativas y migrantes.
Informa que algunas especies se conocen como migratorias transitorias, ya que, así como en otoño atraviesan México en su vuelo hacia el sur para arribar a sus áreas de hibernación, en primavera, lo hacen hacia el norte para llegar a las áreas donde anidan; sin embargo, estas especies concluyen su travesía en el territorio de otros países, y a lo largo de este trayecto, descansan en pequeños estanques, lagos y humedales que encuentran en su recorrido.
Afirma el proponente que este fenómeno migratorio comprueba que la vida silvestre no reconoce las fronteras geográficas ni políticas; por lo tanto, la sobrevivencia y continuación de las especies migratorias dependen del estado de su hábitat en los extremos de su migración, y en los lugares intermedios que visitan durante su viaje. Por citar un ejemplo y demostrar la importancia que representa contar con los ambientes y programas de protección adecuados para el arribo de las especies migratorias, se menciona que nuestro país recibe anualmente 21 especies de cetáceos.
Indica el legislador que cerca de un tercio de las especies de aves registradas en nuestro país son migratorias, como las gavias, zambullidores, albatros, pelícanos, cormoranes, patos, gansos, milanos, halcón peregrino, grullas, gallaretas, chorlitos, playeros y zarapitos, adicionalmente, 41 especies de aves acuáticas inmigran a territorio mexicano, de las 29 especies de patos que existen en Norteamérica, y 284 variedades de aves, forman parte de las que inmigran a México, procedentes de Estados Unidos y Canadá, en época invernal.
Refiere el diputado que sus áreas de reproducción se encuentran en Norteamérica: Alaska, Canadá y Estados Unidos, pasando el otoño y el invierno en México. Su arribo a nuestro país se inicia a finales de agosto y principios de septiembre, prolongándose la llegada hasta noviembre. El vuelo de regreso a sus áreas de emigración lo efectúan de marzo a mayo y un gran problema que se presenta, una vez que han arribado las especies, es la depredación de éstas por falta de vigilancia. Las especies enfrentan cada temporada el riesgo de su depredación por los cazadores furtivos que practican con ellas el tiro al blanco.
Confirma el proponente que aunado a ello, la pérdida y deterioro de los hábitats es la principal causa de pérdida de biodiversidad; al transformar selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares, lagunas, humedales, cuerpos de agua y arrecifes, destruimos el hábitat de miles de especies; muchas veces la transformación es parcial, pero existe deterioro de la composición, estructura y/o función de los ecosistemas que perturba a las especies.
El legislador hace referencia a que las últimas estimaciones, indican que en México se ha perdido alrededor del 50 por ciento de los ecosistemas naturales; las principales transformaciones se han llevado a cabo en las selvas húmedas y secas, pastizales, bosques nublados y manglares y en menor grado en matorrales y bosques templados; los ecosistemas más accesibles, productivos, con mejores suelos y en lugares planos han sido los más afectados; entre las especies migratorias que se encuentran amenazadas por esta pérdida de hábitat, la más representativa que tenemos es la mariposa monarca, la cual ha visto perturbadas sus áreas de descanso por las obras de construcción en las costas de California y la tala en los bosques de oyamel en México.
Comenta el proponente que en la temporada pasada se registró una reducción del 59 por ciento en las áreas ocupadas de la mariposa, para las colonias que hibernan en México, el nivel más bajo en 20 años; esto lo ha señalado la directora de la reserva de la mariposa monarca. A pesar de que México cuenta con una biodiversidad privilegiada, los frágiles ecosistemas con que cuenta se han visto dañados por diferentes factores y mermados por la mano del hombre, ocasionando que muchas de las especies se encuentren en peligro de extinción, por lo que le concierne a la especie humana cuidar ese destino, comenzando con los lugares situados en nuestro territorio.
III. Consideraciones
Las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora, estimamos de suma relevancia el planteamiento que hace el diputado proponente, y nos sumamos con la meritoria propuesta de asumir las medidas necesarias a efecto de proteger el tránsito y el arribo de las especies migratorias, así como restaurar y recuperar los ecosistemas que han sido degradados por las actividades del hombre en el país.
De lo anterior, observamos importante señalar que México ocupa un lugar destacado en el ámbito internacional, por estar reconocido como un país continente de una megadiversidad que se muestra en una gran variedad de ecosistemas, climas, bosques, selvas, pastizales, flora, fauna, ríos, lagos, humedales y mares, entre otros; pues en conjunto, los llamados países megadiversos alojan el 70 por ciento de las especies conocidas del planeta, correspondiendo a México la cantidad de 108 mil 519 especies, 23 mil 424 plantas vasculares; 1,096 aves; 804 reptiles; 535 mamíferos y 361 anfibios, entre otros.1
Sin embargo, esta gran diversidad natural se ha deteriorado debido a que el hombre ha producido impactos negativos en los ecosistemas, los cuales se pueden diferenciar en dos tipos: indirectos (destrucción y modificación del hábitat) y directos (sobreexplotación de vida silvestre). Como ejemplos de los primeros se pueden citar el cambio de uso de suelo para actividades agrícolas, ganaderas y urbanas; la sobreexplotación de recursos, y la contaminación del suelo, el aire y el agua, y la propia desertización de la tierra. Para los segundos, las prácticas cinegéticas irresponsables y el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestres, así como su respectivo confinamiento. Como un ejemplo de ambos tipos de impacto, podemos mencionar la introducción de especies exóticas.2
Ahora bien, de acuerdo con la información sustentada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), respecto de la gestión de la biodiversidad, refiere el desarrollo de acciones encaminadas a la conservación, manejo y uso sustentable de recursos biológicos, genéticos y de los ecosistemas, de acuerdo con las comunidades dueñas o poseedoras de los territorios que la sustentan, por lo que en México existen instrumentos de política ambiental que fomentan la conservación de la biodiversidad y el uso y manejo sustentable de los recursos naturales; el modelo de desarrollo territorial en zonas biodiversas, se propone como un instrumento de política transversal que revalore los diversos recursos naturales, sociales y económicos con que cuentan las comunidades y organizaciones en dichas zonas.
Los procesos de migración, se definen como un movimiento estacional y cíclico de animales relacionado con los cambios periódicos del clima o la disponibilidad del alimento, o bien para asegurar su reproducción; en casi todos los casos la migración implica movimientos periódicos de un sitio a otro y de regreso al primero, casos en los cuales, en muchas ocasiones, recorren varios países.
De acuerdo con investigaciones publicadas por la Conabio denominadas Conservación de especies migratorias y poblaciones transfronterizas, este fenómeno se observa en un gran número de especies animales, desde algunos insectos, como la mariposa monarca, hasta cierta fauna marina como salmones, tiburones ballena y tiburones martillo, hasta mamíferos como las ballenas y algunas especies de murciélagos, además de reptiles como las tortugas marinas y diversos grupos de aves, por ejemplo: colibríes, aves de presa, canoras y de ornato, playeras y marinas. Las especies migratorias enfrentan retos particulares para su conservación. La gran diversidad de estas especies, su historia natural y ecológica, así como sus rutas de migración, hacen que en la mayoría de los casos, su conservación sea un asunto de coordinación internacional para proteger las zonas de hibernación y las de veraneo, así como los corredores que las conectan. Para conservar las especies migratorias es necesario tomar acciones en prácticamente todo el país, tanto en la parte terrestre, como en las aguas interiores y marinas territoriales. Esto implica a todos los sectores sociales, a pesar de sus muy particulares y diversos intereses.
Hablar de especies migratorias es un tema amplio y complejo, y por citar algunos ejemplos, los vertebrados superiores, como lo son reptiles, aves y mamíferos, conocidos en México, incluyen seis especies de tortugas marinas entre ambos litorales. Las aves acuáticas migratorias comprenden un variado universo de especies marinas, playeras, anseriformes, zancudas y de marisma, entre otras. Además, hay especies que utilizan el territorio mexicano como corredor, otras que invernan en el país y algunas más que se reproducen en México y pasan el invierno más al sur. Ordenándolas de acuerdo con el uso principal del hábitat, hay aves de mar abierto, de costas expuestas, de lagunas costeras, de zonas intermareales, de marisma y especies de aguas interiores. Es importante recordar que ninguna de estas clasificaciones constituyen categorías discretas; muchas de ellas usan más de un hábitat y tienen historias de vida complejas y diversas.
En México existen 34 especies de aves rapaces diurnas que migran. La mayoría de estas son de tamaño mediano o grande, y su migración tiene que ver, aunque no de manera absoluta, con la presencia de corrientes termales. Las rutas más utilizadas por las aves rapaces pasan por las planicies de nuestros litorales. La magnitud de la migración de estas aves varía según cada especie, desde unos cientos de kilómetros hasta más de 10,000, de Canadá hasta Argentina. Aunque la fragmentación y destrucción de sus hábitats son amenazas patentes sobre estas especies, se han identificado otros factores como determinantes de mortalidad significativa. Estos incluyen colisiones con estructuras como cables, edificios y vehículos, la caza incidental, persecución directa y la contaminación por plaguicidas, metales pesados y otros factores, magnificada como bioacumulación.
De las 57 especies de colibríes que existen en nuestro país, por lo menos 13 llevan a cabo migraciones de gran escala, y las poblaciones de cinco de ellas abandonan completamente el territorio mexicano durante una parte del año; una de estas especies recorre más de 4,500 kolómetro. Muchas otras especies de colibríes realizan migraciones locales o altitudinales. Veinte especies de estas aves están incluidas en la norma oficial mexicana que enlista las especies en riesgo de extinción (NOM-059-SEMARNAT-2001).
Hay un muy alto número de otras especies de aves del orden Passeriformes que tienen poblaciones que realizan migraciones de gran alcance, en particular muchas de las familias Tyrannidae (papamoscas) y Parulidae (chipes y reinitas), pero también algunas representantes de muchos otros grupos. Casi 200 especies de paseriformes son migratorias, y muchas de ellas se encuentran en las listas de especies en riesgo de extinción. Además de las amenazas generales que afectan a muchos grupos migratorios, las paseriformes enfrentan otros riesgos que las hacen aún más frágiles; en particular, el comercio legal e ilegal de aves canoras y de ornato representa una fuente creciente de preocupación que ya alcanza niveles críticos para muchas de especies.
En México existen 138 especies de murciélagos, de las cuales por lo menos 19 que pertenecen a tres familias se consideran migratorias; cinco de estas especies están incluidas en las listas de especies en riesgo de extinción. Muchas de las amenazas que afectan a las aves migratorias también dañan a los murciélagos, aunque hay algunas diferencias importantes, por ejemplo, en los murciélagos generalmente solo las hembras llevan a cabo migraciones de grandes distancias, debido a que la reproducción de los mamíferos les permite aparearse en las zonas de hibernación y parir en las zonas de veraneo. Esto no sucede con las aves, en las que ambos sexos deben migrar porque el apareamiento y la crianza de los polluelos ocurren en el mismo sitio, además, los murciélagos enfrentan la seria amenaza de la destrucción de sus cuevas como resultado de vandalismo, ignorancia o intentos mal conducidos por la apariencia y el control de murciélagos vampiro; en la actualidad existen iniciativas sólidas con resultados claros de recuperación y estabilización de las poblaciones de murciélagos que se deben seguir apoyando para alcanzar el éxito.
Aunque hay proyectos de conservación con prioridades y estrategias establecidas para los diferentes tipos de especies migratorias, prácticamente no hay coordinación entre los diferentes grupos que trabajan en proteger a estas especies; es claro que aún se requiere mucha investigación en diferentes líneas de trabajo y esto implica que debe reconocerse la necesidad de apoyar estas investigaciones y de fomentar la conservación dichas especies para beneficio de todos.
Las especies migratorias representan un reto particular para su conservación, porque dependen de más de una región para su supervivencia, como las áreas de veraneo y de hibernación y los corredores migratorios que las conectan. Así, la conservación de estas especies se convierte en un objetivo multifactorial, multisectorial y multirregional, en el que en ocasiones participan varios estados y países, adicionalmente las especies migratorias incluyen grupos taxonómicos muy diversos como insectos, tortugas marinas, murciélagos, mamíferos marinos, aves acuáticas marinas y playeras, rapaces, canoras paseriformes y colibríes.
Como en tantos otros aspectos, México es excepcionalmente rico en especies migratorias, en especial por su configuración, ubicación latitudinal, extensos litorales y compleja topografía; esto dispensa al país, un gran beneficio en la forma de los servicios ambientales que estas especies proporcionan y también una seria responsabilidad y un compromiso formal con la conservación de este sector de la biodiversidad mexicana. Además, muchas especies migratorias se comparten con otros países, lo que hace esta responsabilidad aún mayor.
El gran número de especies migratorias mexicanas es una muestra de nuestra muy diversa biota, la capacidad de movimientos estacionales periódicos a gran escala es probablemente la única característica compartida entre todos los grupos, aunque también es muy cierto que muchas especies enfrentan amenazas de extinción que en ocasiones son compartidas.
Las prioridades para la conservación de las especies migratorias de México se concentran principalmente en la protección de su hábitat en toda su distribución en el país, en particular en las áreas de reproducción; en la reducción de riesgos específicos como la colisión con cables, vehículos o turbinas de generación eólica, en el caso de aves y murciélagos; la aplicación efectiva de medidas de mitigación, como la instalación en toda la flota pesquera de dispositivos de exclusión de tortugas marinas; el diseño, instalación y operación de aerogeneradores cuyas condiciones causen baja mortalidad, y la aplicación de la Ley sin excepción para terminar totalmente con el aprovechamiento y cacería ilegales de especies migratorias. Por otro lado, es muy importante planear, buscar e implementar la coordinación entre distintos grupos de trabajo público, privado y académico, para la conservación de especies migratorias, Es claro que entre las especies marinas, como las tortugas y las ballenas, hay retos comunes que deben enfrentarse de manera integral para optimizar sus efectos positivos y lograr consensos amplios a favor de estas especies. De manera similar, las especies voladoras —como aves y murciélagos— se beneficiarían si se incorporan y coordinan los esfuerzos para su conservación, en particular con respecto a las acciones que se pueden compartir, como la educación de la población en general, la protección de su hábitat a lo largo de los corredores migratorios y la aplicación de las leyes para su protección.
Es importante señalar, que la biodiversidad se ha visto comprometida en las últimas décadas, debido a las distintas actividades humanas que generan un deterioro acelerado de los ecosistemas y una disminución crítica de las especies y su hábitat así como de la biodiversidad, como uno de los problemas ambientales más serios que enfrentamos, por lo que debemos unir esfuerzos para revertir este efecto negativo y contribuir a la conservación, conocimiento y uso sustentable de los recursos naturales y en particular de la protección de todas las especies migratorias que hibernan o transitan en el territorio nacional.
Por lo anterior expuesto y fundado, los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales sometemos a consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, durante el arribo de especies migratorias que recorren o se estacionan en el país, se establezcan programas especiales para su protección y el aseguramiento de sus hábitats, así como para la restauración y recuperación de los ecosistemas que han sido degradados por las actividades del hombre y que afectan al equilibrio de las especies migratorias.
Notas
1 Conabio, Biodiversidad Mexicana. País. Conceptos Que es un país megadiverso. En http://www.biodiversidad.gob.mx/paisquees.html. Consultada 26 febrero 2013
2 Conabio. Especies exóticas. Presentación en http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/exoticas/doctos/presentacion.htm l. Consulta 27 febrero 2013.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2014.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla, Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios, Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica).
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, la Profepa y la Conagua a realizar acciones de limpieza del río Zahuapan
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua, para que en base a sus atribuciones lleven a cabo acciones necesarias para el saneamiento en el río Zahuapan.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los Artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción II; 80, numeral 1, fracción VI; 85, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este Honorable Pleno Cameral, el presente dictamen al tenor de los siguientes
I. Antecedentes
Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 23 de abril de 2014, la Diputada María Guadalupe Sánchez Santiago, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo por el que solicita exhortar a los Titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional de Agua, a efecto de que se atiendan acciones de saneamiento del río Zahuapan.
Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.
II. Contenido de la proposición
Refiere la legisladora proponente que la cuenca del río Zahuapan se localiza en la parte central Norte–Sur del Estado de Tlaxcala y en la zona norte región hidrológica 18 río Balsas y en la parte alta de la cuenca del río Atoyac, fisiográficamente en la Provincia del Eje Neo Volcánico, con una superficie de 1,498.50 kilómetros cuadrados y de acuerdo con diversos investigadores, en esta cuenca se han llevado a cabo de manera inapropiada actividades industriales y productivas como la agricultura, ganadería, silvicultura y un uso inadecuado de los recursos naturales, así como asentamientos humanos no planificados, lo que ha originado un conjunto de problemas ambientales como la erosión del suelo, contaminación del agua, pérdida de la cobertura vegetal, migración de la fauna y de la población humana, situación muy importante en el manejo de la cuenca.1
Informa la diputada que se han registrado daños ambientales a la flora y fauna de la región, así como a los habitantes de diversos municipios del Estado de Tlaxcala, quienes, de acuerdo con diversas organizaciones sociales, han llegado a padecer cáncer en la piel; adicionalmente se ha denunciado con persistencia la contaminación de acuíferos y la escasez de agua potable, llegando a ser tan mala la calidad del vital líquido, que ni siquiera es posible utilizarla para riego.
Confirma la proponente que la contaminación del río Zahuapan es ocasionada por sustancias que exceden los parámetros que se encuentran contemplados en las normas oficiales mexicanas sobre demanda bioquímica de oxígeno, además de sólidos sedimentables totales, sólidos suspendidos, grasas, aceites y coliformes fecales, lo que provoca que sea imposible la presencia de vida en este cuerpo de agua.
Considera la legisladora proponente que lamentablemente la situación que prevalece en el río Zahuapan no es aislada, sino que es el reflejo fiel de los niveles de polución que han alcanzado muchas de las aguas superficiales en nuestro país, por lo que se hace necesaria la formulación de políticas urgentes que sean capaces de revertir los daños causados por la actividad humana. Es cierto que lo anterior requiere de voluntad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, pero también del esfuerzo conjunto de los industriales, productores, organizaciones ecologistas y del público en general, por lo que se hace necesaria una convocatoria muy amplia basada en el convencimiento y las buenas razones, pero sobre todo, en el cumplimiento de la ley.
III. Consideraciones
Las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora, reconocemos loable el planteamiento de la Diputada proponente y coincidimos en la propuesta de exhortar a las autoridades federales competentes, para que atiendan el problema que representa la contaminación de la cuenca del río Zahuapan, en el Estado de Tlaxcala.
Estimamos importante señalar que México ocupa un lugar destacado en el ámbito internacional, por estar reconocido como un país continente de una megadiversidad de recursos que se reflejan en una gran variedad de ecosistemas, climas, bosques, selvas, pastizales, flora, fauna, ríos y lagos, entre otros.
El agua es un elemento fundamental para la vida y de acuerdo con cifras correspondientes al año 2010, presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se observa que la cobertura es: 88 de cada 100 municipios en México tienen servicio de agua potable y veintiséis de las 32 entidades federativas tienen este servicio en todos sus municipios.
De acuerdo a la información publicada en las estadísticas del agua en México, edición 2013, presentada por la Comisión Nacional del Agua, “Aspectos Geográficos que Influyen en la Disponibilidad del Agua”, confirma que la ubicación geográfica y el relieve son factores que inciden sobre la disponibilidad del recurso hídrico. En México, dos terceras partes del territorio se consideran áridas o semiáridas, con precipitaciones anuales menores a los 500 mm, mientras que el sureste es húmedo con precipitaciones que superan los 2,000 mm por año.
La superficie de la cuenca del río Zahuapan, se localiza en la parte central norte-sur del Estado de Tlaxcala y en la zona norte de la Región Hidrológica 18 del Rio Balsas y en la parte alta de la cuenta del Rio Atoyac, Ahora bien, la existencia de zonas geográficas con problemáticas específicas en materia de recursos hídricos en el país ha requerido la creación de organismos auxiliares para la su atención puntual, debido a la problemática existente en el río Zahuapan, el día 26 de noviembre de 2009, fue creada la Comisión número 10, Comisión de Cuenca de los Ríos Atoyac-Zahuapan, que corresponde al Organismo de Cuenca de la Región Hidrológica IV Balsas.
A partir del reconocimiento que el agua es un elemento fundamental para la vida, su relevancia en el Estado de Tlaxcala se incrementa, pues esta región pertenece a la gran cuenca del río Balsas, recorrida por seis microcuencas que fluyen los bosques del norte hacia el sur. La microcuenca del río Zahuapan es la más contaminada de Tlaxcala, pues recibe las descargas de aguas residuales de la zona que concentra gran parte de la población y de la industria, destacando las descargas que genera el corredor industrial Quetzalcóatl, las cuales han rebasado los límites establecidos en las normas, como en la denominada, NOM-001-ECOL-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales; lo que ha generado diversos problemas de contaminación y toxicidad en el cuerpo de aguas nacionales.
Apreciamos de vital importancia destacar que uno de los principales activos con los que cuenta el Estado de Tlaxcala es su riqueza natural; particularmente, el agua, el suelo, el clima y sus bosques, entre otros, por lo que la implementación del saneamiento con visión integral de la cuenca del río Zahuapan, contribuye en el proceso de recuperación de las áreas dañadas en el contexto de utilización racional de la biodiversidad y hacer uso integral de la naturaleza, sin poner en riesgo el futuro de los recursos naturales.
Consideramos importante señalar que la biodiversidad se ha visto comprometida en las últimas décadas, debido a las distintas actividades humanas que generan un deterioro acelerado de los ecosistemas y una disminución crítica de las especies, el agua y de la biodiversidad, como uno de los problemas ambientales más serios que enfrentamos, por lo que debemos sumar esfuerzos para revertir este efecto negativo y contribuir a la conservación, conocimiento y uso sustentable de los recursos naturales.
Por lo anterior expuesto y fundado, las y los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sometemos a la consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y de la Comisión Nacional del Agua, para que en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo las acciones necesarias para el saneamiento del río Zahuapan, en el Estado de Tlaxcala.
Nota
1 Con información consultada el 9 de abril de 2014, a las 18:45 horas en http://www.inecc.gob.mx/descargas/cuencas/2011_cnch2_mon _malvarado.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2014.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), J. Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla, Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios, Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto, María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica).
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar por la Semarnat, la Profepa y la SE el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales al emitir concesiones mineras en Chiapas
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la propuesta con punto de acuerdo sobre concesiones otorgadas para explotación minera en el estado de Chiapas, presentado por la diputada Lourdes Adriana López Moreno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta Comisión Legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 86, 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes
Antecedentes
Primero. El 24 de abril de 2014, la diputada Lourdes Adriana López Moreno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una propuesta con punto de acuerdo relativo a concesiones mineras otorgadas en el estado de Chiapas.
Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
La federación ha otorgado 111 concesiones mineras en el estado de Chiapas; siete de las mismas, se encuentran en el área natural protegida denominada: reserva de la biosfera El Triunfo, ubicada en lo alto de la Sierra Madre de Chiapas.
La reserva de la biosfera El Triunfo es hábitat de especies en peligro de extinción y algunas endémicas, entre ellas el quetzal y el pavón. El tucancillo verde, el jaguar, el puma y el tapir, reptiles como la nauyaca, varios anfibios y salamandras conviven entre enormes helechos arborescentes, bromelias, orquídeas y palmas.
En efecto, la reserva de la biosfera El Triunfo es hábitat de casi la mitad de las especies de Chiapas y veinticuatro por ciento de las del país; además, es un regulador climatológico en la cadena montañosa que evita la erosión y los deslaves, y ella capta treinta y tres por ciento del agua de México, que alimenta las hidroeléctricas del río Grijalva y La Angostura.
Aunado a lo anterior, tal y como lo señala la diputada promovente, el área natural protegida “El Triunfo” ha sido determinada por la Conabio como Región Terrestre Prioritaria, debido, específicamente a su riqueza eco-sistémica.
Esta comisión dictaminadora tiene conocimiento que la mina denominada “La Libertad”, registró actividad de exploración desde junio del 2012, la cual al no cumplir con la normatividad ambiental, mantiene suspendida dicha extracción minera metálica ubicada en la zona de influencia de la reserva de la biosfera El Triunfo, en la Sierra Madre de Chiapas.
De igual manera, esta Comisión dictaminadora tiene conocimiento de la presencia de otra exploración minera en la denominada mina “Nueva Francia”, la cual también ha sido suspendida en sus actividades por no contar con la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente. Es importante mencionar que el ejido Nueva Francia está en el corredor biológico entre las reservas de la biosfera “El Triunfo” y “La Encrucijada”, por lo que el impacto ambiental del aprovechamiento minero, amenaza a las especies que se movilizan entre estas dos áreas protegidas de importancia global.
En efecto, la fauna se ve perturbada y/o ahuyentada por el ruido y la contaminación del aire y del agua, la elevación del nivel de sedimentos en los ríos, que la actividad minera genera. Además, la erosión de los amontonamientos de residuos estériles puede afectar particularmente la vida acuática.
El impacto de la minería sobre la flora implica la eliminación de la vegetación en el área de las operaciones mineras, así como una destrucción parcial o una modificación de la flora en el área circunvecina, debido a la alteración del nivel freático. También puede provocar una presión sobre los bosques existentes en el área, que pueden verse destruidos por el proceso de explotación o por la expectativa de que éste tenga lugar.
En cuanto al impacto sobre las poblaciones, la minería puede provocar conflictos por derechos de utilización de la tierra, dar lugar al surgimiento descontrolado de asentamientos humanos ocasionando una problemática social y destruir áreas de potencial turístico. Puede provocar una disminución en el rendimiento de las labores de agricultores debido a envenenamiento y cambios en el curso de los ríos debido a la elevación de nivel por sedimentación. Por otra parte, puede provocar un impacto económico negativo por el desplazamiento de otras actividades económicas locales actuales y /o futuras.
En este sentido, la minería es una actividad industrial de alto impacto ambiental, social y cultural. Es también una actividad industrial insostenible por definición, en la medida en que la explotación del recurso supone su agotamiento.
Existe consenso en la literatura sobre el tema en el sentido de que ninguna actividad industrial es tan agresiva ambiental, social y culturalmente como la minería.
En cuanto a la afectación de la superficie, la minería devasta la superficie, modifica severamente la morfología del terreno, apila y deja al descubierto grandes cantidades de material estéril, produce la destrucción de áreas cultivadas y de otros patrimonios superficiales; asimismo, puede alterar cursos de aguas y formar grandes lagunas para el material descartado.
En cuanto a la afectación del entorno en general, transforma radicalmente el entorno, pierde su posible atracción escénica y se ve afectado por el ruido producido en las distintas operaciones, como por ejemplo en la trituración y en la molienda, en la generación de energía, en el transporte y en la carga y descarga de minerales y de material estéril sobrante de la mina y del ingenio.
El aire puede contaminarse con impurezas sólidas, por ejemplo polvo y combustibles tóxicos o inertes, capaces de penetrar hasta los pulmones, provenientes de diversas fases del proceso. También puede contaminarse el aire con vapores o gases de cianuros, mercurio, dióxido de azufre contenidos en gases residuales, procesos de combustión incompleta o emanaciones de charcos o lagunas de aguas no circulantes con materia orgánica en descomposición.
Los residuos sólidos finos provenientes del área de explotación pueden dar lugar a una elevación de la capa de sedimentos en los ríos de la zona. Diques y lagunas de oxidación mal construidas o mal mantenidos, o de inadecuado manejo, almacenamiento o transporte de insumos, como combustibles, lubricantes, reactivos químicos y residuos líquidos, pueden conducir a la contaminación de las aguas superficiales.
Las aguas subterráneas también se ven afectadas en virtud de que se contaminan con aceite usado, con reactivos, con sales minerales provenientes de las pilas o botaderos de productos sólidos residuales de los procesos de tratamiento; Además, puede haber un descenso en los niveles de estas aguas subterráneas cuando son fuente de abastecimiento de agua fresca para operaciones de tratamiento de minerales.
La liberación de sustancias tóxicas continúa aún después del cierre de la mina. En efecto, en los desechos de las minas, cuando concluyen sus operaciones, permanecen una variedad de componentes que incluyen: cianuro residual, productos de su descomposición, principalmente cianatos y tiocianatos, metales pesados y sulfuros. La generación de este drenaje ácido de mina, conocido como DAM por sus siglas en español, puede movilizar metales pesados y arsénico que causan degradación del suelo y contaminan las aguas.
En un informe de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos del año 2008, se analizaron 66 casos de daños provocados por la minería a gran escala. Los casos ilustran el daño significativo a la salud humana y al medio ambiente provocados por los residuos de la minería y el procesamiento de los minerales, particularmente por la disposición de éstos en el suelo donde se lleva a cabo la actividad minera.
En resumen, son varias las amenazas que representa la minería para una región como la Sierra Madre de Chiapas. Evidentemente, la eliminación de la cubierta vegetal, del mismo suelo y la remoción del subsuelo representan una importante pérdida no sólo de flora y fauna, sino de carbono, que será prácticamente imposible de volver a capturar, por lo que esa actividad significa un retroceso en los esfuerzos de nuestro país por mitigar el cambio climático.
Por todo lo anteriormente expuesto, esta comisión dictaminadora, considera indispensable aplicar el principio precautorio previo al otorgamiento de concesiones mineras en “El Triunfo” y la zona aledaña de La Sierra Madre de Chiapas, tomando en cuenta la irreversibilidad de los impactos de la minería, no sólo en el sitio donde ésta se practica, sino cuenca abajo, en virtud de los servicios eco-sistémicos que brinda hacia varias regiones de Chiapas, así como al resto del país.
Finalmente, cabe señalar que el derecho a un medio ambiente sano está garantizado por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es, sin duda, un derecho humano fundamental, y presupuesto para el disfrute y ejercicio de los demás derechos, por la íntima vinculación del ambiente con el nivel de vida en general.
Al respecto, el Estado mexicano no ha garantizado el derecho al medio ambiente sano de los habitantes de los municipios en donde se han otorgado concesiones mineras, en el estado de Chiapas, puesto que no ha realizado estudios de análisis de la situación medio ambiental de la región, ni estudios de la contaminación de los ríos que se encuentran en la región, ni del agua subterránea, ni la afectación por los niveles de metales pesados en flora y fauna de la zona, que la actividad minera generaría.
Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión Legislativa que suscriben el presente, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, así como de la Secretaría de Economía, sus unidades administrativas u órganos desconcentrados, procedan a una revisión, en el marco constitucional y legal aplicable, de las concesiones mineras otorgadas en el estado de Chiapas, específicamente en la Reserva de la Biósfera el Triunfo, su zona de amortiguamiento y la Sierra Madre de Chiapas, declarada área natural protegida desde hace más de tres años y, en su caso, se proceda conforme lo marca la Ley.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Economía, al ejercer sus facultades administrativas de otorgar permisos, autorizaciones o concesiones mineras, se establezcan políticas ambientales con instrumentos que garanticen un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, cumpliendo así con la normatividad ambiental aplicable en la materia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2014.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), J. Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla, Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios, Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica).
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a intervenir y dar seguimiento por la Semarnat, la Profepa y la Conanp respecto del abandono de ejemplares de la vida silvestre, derivado del cierre de la concesión del parque Amikúu, en el área natural protegida Cañón del Sumidero, Chiapas
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la propuesta con punto de acuerdo sobre el delito ambiental cometido en el Parque Eco-turístico Amikuu ubicado en Chiapas, presentado por la diputada Lourdes Adriana López Moreno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 86, 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes:
Antecedentes
Primero. El 24 de abril de 2014, la diputada Lourdes Adriana López Moreno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una propuesta con punto de acuerdo sobre el delito ambiental cometido en el Parque Eco-turístico Amikuu ubicado en Chiapas.
Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
En 2003 se otorgó una concesión al centro ecoturístico Amikúu, que diseñó y puso en funciones el parque Amikúu, como centro de diversión y esparcimiento. En este parque se introdujeron diversas especies de fauna silvestre, como parte de los bienes y de las funciones que ofrecía dicho centro Eco-turístico, mismo que se encuentra dentro del Parque Nacional Cañón del Sumidero.
A finales de 2013, el parque cerró sus puertas y los animales quedaron en estado de abandono, por lo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, y la Secretaría de Medio Ambiente de Chiapas intervinieron para su rescate.
El gobierno del estado rescató a 54 animales abandonados en el parque “ecológico” Amikúu, los cuales se trasladaron a las instalaciones del Zoomat, en Tuxtla Gutiérrez por personal especializado de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, en donde se incluyeron en un proceso de cuarentena, siendo sujetos a un tratamiento especial con la finalidad de establecer los protocolos veterinarios en los cuidados y observaciones que cada ejemplar requería, a efecto de alcanzar su recuperación total.
Entre la fauna rescatada en el citado parque ecológico establecido en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, se encuentran aves, tortugas, cocodrilos, víboras, monos araña, ocelotes y jaguares.
Las condiciones de los encierros, jaulas, estanques, los pocos recursos humanos para la mantenimiento de la infraestructura de los mismos, aunado a la falta de personal capacitado para atender a estos animales, así como el repentino abandono y el irregular cierre de las instalaciones sin que se notificara a la autoridad reguladora en la materia, puso en peligro la vida de estos ejemplares de fauna silvestre que allí se encontraban.
De conformidad con el Código Penal vigente, el delito de abandono a un animal, cuando se es garante de éste, es decir, se tiene la posesión del animal, se considera como tentativa de muerte por parte del dueño del animal. Por lo tanto, la pena se incrementa hasta en tres años de prisión.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, ante la posible comisión de un delito ambiental, de conformidad con el Código Federal de Procedimientos Penales, está obligada a, en ejercicio de sus atribuciones, a formular la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.
Por su parte, tanto la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente como el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, obligan a los funcionarios de la Profepa, a formular denuncia o querella ante el Ministerio Público federal, por los hechos u omisiones que impliquen la probable comisión de delitos contra el ambiente.
De conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la omisión de esta obligación por parte del servidor público podría tener como consecuencia su amonestación, suspensión o destitución del cargo, la imposición de una sanción económica o incluso su inhabilitación para desempeñar cargos en el servicio público.
Por lo anterior, debido a que conforme al Título Vigésimo Quinto del Código Penal Federal, en el que se tipifican los delitos cometidos contra el ambiente y la gestión ambiental, únicamente los delitos contra la gestión ambiental serán perseguidos por querella formulada previamente por la Profepa, mientras que los delitos cometidos contra el ambiente serán perseguidos de oficio.
Esto se traduce en que los delitos cometidos en contra del ambiente, es decir, los relacionados con actividades tecnológicas y peligrosas o los cometidos contra la biodiversidad y la bioseguridad que causen o puedan causar un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente en general, serán perseguidos de oficio por parte del Ministerio Público una vez que tenga noticia de su comisión, sin que exista la posibilidad de que la Profepa otorgue el perdón al inculpado.
En consecuencia de lo anterior, esta Comisión Dictaminadora, considera que la Profepa debe dar vista al agente del Ministerio Público federal correspondiente, con la finalidad de que se ejercite acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables por la probable comisión de los delitos ambientales que resulten de los hechos descritos en el presente documento.
Por lo expuesto, los integrantes de la comisión legislativa que suscriben el presente, se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en atención del recorrido de inspección y vigilancia realizado por la propia Procuraduría Federal de Protección al Ambiente al centro ecológico Amikúu, mediante la cual se constató la existencia de graves contravenciones a la legislación ambiental federal, consistentes en afectaciones a la fauna silvestre en peligro de extinción y en riesgo, se le impongan al responsable, las sanciones correspondientes de conformidad con la legislación vigente, y se realice el aseguramiento preventivo, precautorio o ambos de la fauna silvestre, con la finalidad de evitar se continúe con el maltrato y se evite con ello la pérdida de dichos ejemplares y en su caso se proceda al expedito seguimiento que corresponda.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se dé vista al agente del Ministerio Público federal correspondiente, con la finalidad de que se ejercite acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables por la probable comisión de los delitos ambientales que resulten de los hechos descritos en el presente documento.
Tercero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que aplique la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y solicite la reparación del daño ambiental causado, así como también proporcione los dictámenes técnicos o periciales que le requiera el Ministerio Público o las autoridades judiciales, con motivo de los procedimientos penales que se inicien por la comisión de delitos contra el ambiente o la gestión ambiental.
Cuarto. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a efecto de que rescinda el convenio de concesión otorgado a la empresa Parque Ecoturístico Cañón del Sumidero, SA de CV, (Centro Ecoturístico Amikúu), derivado de los incumplimientos al convenio por el cierre del parque y por las afectaciones a la fauna silvestre en peligro de extinción y en riesgo, que se encontraba en las instalaciones del citado parque.
Quinto. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a efecto de que considere el uso de las instalaciones en donde se ubica el parque eco-turístico Amikuu, para fines de educación ambiental y que el área de las instalaciones que pueda ser destinada para fines turísticos, sea otorgada en concesión exclusivamente a las comunidades que habitan en la región.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2014.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla, Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios, Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica).
De la Comisión de Protección Civil, con puntos de acuerdo sobre el otorgamiento ilegal de permisos de construcción en Guerrero
Honorable Asamblea:
A la Comisión Protección Civil fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la proposición con punto de acuerdo en relación con el otorgamiento ilegal de permisos de construcción en Guerrero, presentado por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Víctor Manuel Jorrín Lozano del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1 y 3, 45, numeral 6, incisos e), f) y g), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157, numeral I, fracción I; 158, numeral I, fracción IV y 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes
Antecedentes
1. El 20 de marzo de 2014, los diputados Ricardo Monreal Ávila y Víctor Manuel Jorrín Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal y de Guerrero para que investiguen en un plazo no mayor de 30 días el otorgamiento de permisos ilegales de construcción de complejos habitacionales en zonas de riesgo, como lagunas secas o humedales, por funcionarios públicos y alcaldes en Guerrero.
2. En esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Protección Civil para estudio y dictamen correspondiente.
Contenido de la proposición con punto de acuerdo
De manera resumida, la Proposición con Punto de Acuerdo en cuestión establece los siguientes argumentos:
• Que en septiembre de 2013, la fuerza de dos fenómenos naturales (tormenta tropical Ingrid y el huracán Manuel), afectó 22 estados de la república, con un total de 157 muertos y más de un millón 200 mil damnificados, afectando de manera preponderante al estado de Guerrero.
• Que ante ello, el titular del Ejecutivo y gran parte de los secretarios de Estado visitaron los estados más afectados por el fenómeno natural, particularmente Guerrero, donde se dio a conocer el otorgamiento ilegal de permisos de construcción, por funcionarios públicos, que contribuyeron a poner en riesgo a un gran número de la población ante la inundación.
• Que en dichas visitas, tanto el Ejecutivo federal como el Ejecutivo estatal de Guerrero se comprometieron a realizar las investigaciones correspondientes, que pudieran deslindar responsabilidades.
• A más de cinco meses de la tragedia ocurrida en Guerrero, no se sabe nada acerca de las investigaciones realizadas por los dos órdenes de gobierno, ni de los posibles responsables por dichas acciones. Ante lo cual, la bancada del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hace un enérgico exhorto a los dos órdenes de gobierno a cumplir a cabalidad la legislación vigente conminándolos a no volverse cómplices de dichos actos, los cuales dejaron sin hogar a miles de personas y pusieron en riesgo la vida de millones de guerrerenses.
Por lo anterior, los diputados proponentes sometieron a consideración de la asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a efecto de que, en ejercicio de sus facultades, investigue en un plazo no mayor de 30 días el otorgamiento de permisos ilegales de construcción de complejos habitacionales en zonas de riesgo, como lagunas secas o humedales, por funcionarios públicos y alcaldes en Guerrero.
Segundo. Se exhorta al gobernador de Guerrero a efecto de que, en ejercicio de sus facultades, investigue en un plazo no mayor de 30 días el otorgamiento de permisos ilegales de construcción de complejos habitacionales en zonas de riesgo, como lagunas secas o humedales, por funcionarios públicos y alcaldes en el estado.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de marzo de 2013.
(Rúbrica)
Consideraciones de la comisión dictaminadora
1. Esta comisión coincide en el sentido de que, más allá de la magnitud de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel que afectaron a gran parte de la República Mexicana en Septiembre del 2013, y en particular al Estado de Guerrero, existen indicios acciones y omisiones por parte de las autoridades de diferentes niveles de gobierno, que pudieron haber puesto en un riesgo innecesario a miles de personas damnificadas posteriormente por las inundaciones y deslaves.
Lo anterior, con fundamento en información de conocimiento público que ha sido dada a conocer por diversos medios de comunicación nacional, así como por las mismas declaraciones de funcionarios de los Gobiernos Federal y Estatal, quienes hicieron señalamientos en este sentido, comprometiéndose a investigar y deslindar responsabilidades con la celeridad que el caso amerita, por el probable otorgamiento de permisos de construcción en áreas cuyo riesgo de inundación era conocido.
2. Asimismo, la Comisión de Protección Civil considera que es consistente con las atribuciones de la Cámara de Diputados, el cuestionar, vigilar y dar seguimiento a las acciones de los Ejecutivos Estatales y Federales en diversas materias, como es la Protección Civil en este caso.
Con base en lo anterior, se suscribe la preocupación de los diputados proponentes, en el sentido de dar certeza, celeridad y eficacia a las investigaciones que las autoridades estatales y federales están obligadas a realizar, para deslindar responsabilidades respecto al probable otorgamiento de permisos de construcción ilegales que pusieran en riesgo a la población ante la eventualidad de lluvias atípicas.
3. Sin embargo, más allá de compartir el objetivo del presente punto de acuerdo, ésta Comisión no comparte la redacción original de los proponentes, específicamente en el punto en el que se establece “un plazo no mayor de 30 días” para que el Ejecutivo Federal y el Gobernador del Estado de Guerrero, deslinden responsabilidades respecto a las probables conductas delictivas anteriormente mencionadas.
Esto porque, si bien está dentro de las atribuciones de ésta Cámara exhortar y velar por que ambas instancias de gobierno lleven a cabo investigaciones imparciales, ágiles y efectivas, y que castiguen a quienes pudieron haber puesto en riesgo a miles de personas, no existe fundamento para que ésta Cámara contemple un plazo arbitrario para dicha investigación. Dado que las autoridades competentes debe actuar con efectividad y con apego a la norma en un plazo, ni mayor ni menor que el que sea necesario para integrar un expediente adecuado, en caso de que se encuentren responsables de otorgar permisos ilegales de construcción.
Por lo que se propone una redacción alternativa que, respete el sentido original de la propuesta, sin establecer plazos perentorios a las autoridades competentes.
Con base en las consideraciones mencionadas, los integrantes de la Comisión de Protección Civil emitimos el presente dictamen, en sentido positivo con modificaciones, al tenor de los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a efecto de que, en ejercicio de sus facultades, investigue y emita un informe a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respecto al probable otorgamiento de permisos ilegales de construcción de complejos habitacionales en zonas de riesgo, como lagunas secas o humedales, por funcionarios públicos y alcaldes en Guerrero.
Segundo. Se exhorta al gobernador constitucional del estado de Guerrero a efecto de que, en ejercicio de sus facultades, investigue y emita un informe a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respecto al probable otorgamiento de permisos ilegales de construcción de complejos habitacionales en zonas de riesgo, como lagunas secas o humedales, por funcionarios públicos y alcaldes en Guerrero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2014.
La Comisión de Protección Civil
Diputados: Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), presidente; David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Raudel López López (rúbrica), Isela González Domínguez (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), César Reynaldo Navarro de Alba (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Arturo Cruz Ramírez (rúbrica), secretarios; Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Tomás López Landero (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Francisco Pelayo Covarrubias, Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).
De la Comisión de Protección Civil, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Sistema Nacional de Protección Civil, al Cenapred, a la Conagua y al Sistema Meteorológico Nacional a implantar un programa de concienciación y prevención ante posibles desastres marítimos en los estados con costas
Honorable Asamblea:
A la Comisión Protección Civil fue turnada para el estudio y dictamen correspondientes la proposición con punto de acuerdo para implantar un programa de concienciación y prevención ante posibles desastres marítimos (tsunamis), presentada por el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numerales 6, incisos e) a g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 157, numeral I, fracción I, 158, numeral I, fracción IV, 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes
Antecedentes
1. El 27 de marzo de 2014, el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación (Segob), al Sistema Nacional de Protección Civil, al Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y al Sistema Meteorológico Nacional a implantar un programa de concienciación y prevención ante posibles desastres marítimos (tsunamis).
2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Protección Civil para el estudio y dictamen correspondientes.
Contenido de la proposición con punto de acuerdo
De manera resumida, la proposición con punto de acuerdo en cuestión establece los siguientes argumentos:
• Como contexto, el diputado Martínez hace un recuento del cambio climático en las últimas décadas y los efectos que los diferentes fenómenos meteorológicos han tenido, incrementando los daños tanto a la infraestructura como en el número de damnificados en el país y en el mundo.
• De la misma manera, la exposición de motivos da un contexto histórico y científico respecto al fenómeno de los tsunamis, tanto sus causas como sus efectos y la historia de algunos de los fenómenos recientes, como el tsunami provocado por el sismo de 8.9 grados Richter en Japón en 2011.
• En el caso de México, se establece que la Secretaría de Marina tiene un registro de 60 tsunamis que arribaron a las costas mexicanas en los últimos 250 años, y se advierte que, aunque no existe registro de algún tsunami de magnitud importante en años recientes, es pertinente la conciencia del riesgo latente en el que se encuentra gran parte del litoral mexicano del océano pacífico, por lo que es necesario informar y capacitar a la población en las áreas costeras, respecto al curso de acción preventivo y reactivo ante la eventualidad de un tsunami.
Por todo lo anterior, el diputado proponente somete a consideración de la asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Sistema Nacional de Protección Civil, al Centro Nacional de Prevención de Desastres, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua y al Servicio Meteorológico Nacional a implantar un programa inmediato de concienciación y prevención ante posibles desastres marítimos (tsunamis) en los estados que cuenten con costas.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Sistema Meteorológico Nacional a realizar con las dependencias correspondientes programas de capacitación a la población habitante de estados y municipios que cuenten con zonas costeras para elaborar protocolos de actuación y resguardo de la población ante dichos fenómenos naturales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2014.
Diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica)
Consideraciones de la comisión dictaminadora
1. Esta comisión comparte la preocupación del diputado Andrés Eloy Martínez, en el sentido de que, ante el cambio climático y demás agentes perturbadores no relacionados con el clima que ponen en riesgo a la población del país, es necesario fortalecer, tanto las medidas preventivas por parte del gobierno, como la cultura de la prevención por parte de la población.
Lo anterior, con objeto de preservar lo más importante, las vidas humanas, y minimizar en lo posible los daños a la infraestructura y a la población.
2. La Comisión de Protección Civil considera que es pertinente exhortar a las autoridades competentes, vinculadas a la protección civil, a poner mayor atención en la difusión de las medidas preventivas ante la llegada de un tsunami.
Esto, porque –como se fundamenta en la exposición de motivos– México, y en particular las costas del Pacífico mexicano, están particularmente expuesto a fenómenos sísmicos y, por tanto, a la generación de tsunamis locales o a la recepción de tsunamis lejanos provenientes de actividad sísmica en el océano a grandes distancias.
Es indudable que en la población que habita dichas costas no existe aún la cultura de prevención y la información suficientes para minimizar el riesgo de pérdida de vidas humanas ante la eventualidad de un tsunami.
Con base en las consideraciones mencionadas, los integrantes de la Comisión de Protección Civil emitimos el presente dictamen, en sentido positivo, al tenor de los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Sistema Nacional de Protección Civil, al Centro Nacional de Prevención de Desastres, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua y al Servicio Meteorológico Nacional, a implementar un programa inmediato de concienciación y prevención ante posibles desastres marítimos (tsunamis) en los estados que cuenten con costas.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Sistema Meteorológico Nacional a realizar con las dependencias correspondientes programas de capacitación a la población habitante de estados y municipios que cuenten con zonas costeras para elaborar protocolos de actuación y resguardo de la población ante dichos fenómenos naturales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2014.
La Comisión de Protección Civil
Diputados: Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), presidente; David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Raudel López López (rúbrica), Isela González Domínguez (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), César Reynaldo Navarro de Alba (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Arturo Cruz Ramírez (rúbrica), secretarios; Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Tomás López Landero (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Francisco Pelayo Covarrubias, Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).
De la Comisión de Protección Civil, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los gobiernos locales a integrar sus atlas de riesgo estatales y municipales
Honorable Asamblea:
A la Comisión Protección Civil fue turnada para el estudio y dictamen correspondientes la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a efectuar sus atlas de riesgos estatales y municipales, presentados por el diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numerales 6, incisos e) a g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 157, numeral I, fracción I, 158, numeral I, fracción IV, 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes
Antecedentes
1. El 23 de abril de 2014, el diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a efectuar sus atlas de riesgos estatales y municipales.
2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Protección Civil para el estudio y dictamen correspondientes.
Contenido de la proposición con punto de acuerdo
De manera resumida, la proposición con punto de acuerdo en cuestión establece los siguientes argumentos:
• Hace un recuento de la protección civil en el país y del espíritu de la Ley General de Protección Civil, haciendo hincapié en la prevención, y en la importancia de los atlas de riesgo como una herramienta para hacer operativos los diversos programas de prevención de riesgos requeridos para salvaguardar a la población y la infraestructura.
• Sin embargo, establece que es conocido que dichos Atlas de riesgos en los ámbitos estatales no se encuentran operando al cien por ciento. De acuerdo con datos de un estudio del Cenapred de 2012, el dato más actual disponible para consulta, no todas las entidades federativas cuentan con sus atlas de riesgo totalmente integrados.
• El diputado proponente lamenta que solo la mitad de las entidades del país, tengan cumplida esta obligación en su totalidad, tanto en el ámbito estatal como municipal. De ello se desprende que existe rezago importante en la integración de información de orden estatal, ya que al menos 6 estados tienen porcentaje de avance al 50 por ciento, lo cual limita la posibilidad que tienen los gobiernos de estas entidades para establecer acciones de determinación de zonas inviables para asentamientos humanos, así como medidas de prevención de desastres, y en su caso, de atención oportuna a la población en caso de verse afectada por un evento natural.
• De igual forma, considera que la ausencia de disponibilidad de información sobre zonas geográficas con riesgos, así como de los tipos de riesgos, impide emprender acciones de sensibilización para evitar asentamientos en zonas vedadas y juntar esfuerzos focalizados con la sociedad civil organizada.
• Respecto a la difusión y accesibilidad a los atlas de riesgo disponibles, lamenta también que, en el contexto de las nuevas tecnologías de la información, exista una gran proporción de estados que no tienen disponible su información en línea, lo cual, impide que los ciudadanos puedan tener acceso a información valiosa acerca de las zonas de riesgo que existen en sus municipios de origen, así como para que puedan tomar medidas de prevención que los protejan de daños a su persona o sus bienes.
• En resumen, las afirmaciones anteriores se sustentan en el hecho de que
En cuanto al atlas estatal
- 1 Entidad no tiene información.
- 3 entidades tienen a 50 por ciento su integración.
- 1 entidad tiene a 70 por ciento su integración.
- 2 entidades tienen a 90 por ciento su integración.
- 6 entidades tienen a 100 por ciento su integración.
En cuanto a los atlas municipales
- 1 entidad no proporcionó información.
- 1 entidad tiene información a 56 por ciento.
- 1 entidad tiene a 90 por ciento su información.
- 12 entidades tienen a 91 por ciento su información.
- 1 entidad tiene a 100 por ciento su información.
En materia de acceso a información en línea
- 12 entidades tienen su información en algún sitio web.
- 20 entidades no tienen su información disponible en línea.
• El diputado Velasco estima fundamental que los estados del país ejecuten acciones específicas para que con la mayor brevedad dispongan de la totalidad de la información de su atlas estatal de riesgos, así como de los atlas de riesgos municipales.
A través de estos instrumentos, se podrán realizar con eficacia y eficiencia las atribuciones que la federación, los estados y los municipios comparten en materia de protección civil, sobre todo para prevenir afectaciones a población en condiciones de vulnerabilidad, derivadas de fenómenos climáticos o de otra índole.
Por todo lo anterior, el diputado proponente sometió a consideración de la asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los gobiernos de los estados de Baja California Sur, Tabasco, Sinaloa, San Luis Potosí, Colima, Baja California, Aguascalientes, Nayarit, Sonora y Jalisco a realizar las acciones necesarias a fin de que integren totalmente su atlas de riesgos estatal y sus atlas de riesgos municipales.
Segundo. Se exhorta a los gobiernos de los estados de México, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Querétaro y Quintana Roo a realizar las acciones necesarias para integrar totalmente los atlas de riesgos de sus municipios.
Tercero. Se exhorta a los gobiernos de Baja California, Nayarit, Oaxaca, Chihuahua, Colima, Tabasco, Sinaloa, Guanajuato, Chiapas, Durango, Hidalgo, Campeche, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Zacatecas, Tlaxcala, Yucatán, Aguascalientes, Puebla y Baja California Sur a establecer con la mayor brevedad los instrumentos necesarios para que su información en materia de atlas de riesgos se encuentre disponible para consulta en sitios web.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2014.
Consideraciones de la comisión dictaminadora
1. Esta comisión comparte la preocupación del diputado Víctor Hugo Velasco en el sentido de que la prevención debe ser el eje de la política de protección civil en el país, y es ese el espíritu que anima también la Ley General de Protección Civil vigente.
2. Se comparte también la percepción de que los atlas de riesgo, tanto el nacional como los estatales y municipales son una herramienta fundamental de análisis e información para la toma de decisiones en materia de prevención, tanto de la población en general, como de las autoridades competentes para diseñar sus planes de desarrollo, permisos de construcción y decisiones de infraestructura en general.
Por ello se considera de relevancia estratégica, desde el punto de vista de la preservación de las vidas humanas, como de la preservación y construcción de infraestructura, que con la mayor brevedad se concluyan e integren de manera coherente los atlas de riesgos de todos los estados y municipios del país.
3. Esta comisión estima necesario el exhorto del diputado Velasco a las diferentes entidades del país a concluir tan pronto como sea posible sus atlas de riesgos estatales, y el porcentaje de municipios con atlas municipales en su territorio.
4. Asimismo, se comparte la preocupación del punto de acuerdo para exhortar a que no sólo se concluyan los atlas de riesgos, sino que éstos sean difundidos de manera adecuada, aprovechando los beneficios que las tecnologías actuales brindan para que el contenido pueda estar disponible en línea para quien lo necesite consultar.
Con base en las consideraciones mencionadas, los integrantes de la Comisión de Protección Civil emitimos el presente dictamen, en sentido positivo, al tenor de los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los gobiernos de Baja California Sur, Tabasco, Sinaloa, San Luis Potosí, Colima, Baja California, Aguascalientes, Nayarit, Sonora y Jalisco a realizar las acciones necesarias a fin de que integren totalmente su atlas de riesgos estatal y sus atlas de riesgos municipales, así como mantenerlos debidamente actualizados.
Segundo. Se exhorta a los gobiernos de los estados de México, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Querétaro y Quintana Roo a realizar las acciones necesarias para integrar totalmente los atlas de riesgos de sus municipios, así como mantenerlos debidamente actualizados.
Tercero. Se exhorta a los gobiernos de Baja California, Nayarit, Oaxaca, Chihuahua, Colima, Tabasco, Sinaloa, Guanajuato, Chiapas, Durango, Hidalgo, Campeche, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Zacatecas, Tlaxcala, Yucatán, Aguascalientes, Puebla y Baja California Sur a establecer con la mayor brevedad los instrumentos necesarios para que su información en materia de atlas de riesgos se encuentre disponible para consulta en sitios web.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2014.
La Comisión de Protección Civil
Diputados: Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), presidente; David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Raudel López López (rúbrica), Isela González Domínguez (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), César Reynaldo Navarro de Alba (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Arturo Cruz Ramírez (rúbrica), secretarios; Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Tomás López Landero (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Francisco Pelayo Covarrubias, Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la STPS a implantar acciones para difundir en los centros laborales los cambios contenidos en la reforma fiscal realizada sobre los derechos y las obligaciones obrero-patronales
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que implemente acciones para difundir en los centros de trabajo los cambios contenidos en la reforma fiscal, respecto de los derechos y obligaciones de los patrones y trabajadores, así como a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y sus respectivas delegaciones en todo el país para dar a conocer los mecanismos de defensa del trabajador sobre sus derechos adquiridos, presentada por el diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con lo siguiente
Metodología
En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la proposición con punto de acuerdo.
En el apartado de “Análisis de la proposición con punto de acuerdo” se examina el contenido sustancial, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.
Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.
I. Antecedentes
1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fecha 13 de febrero de 2014, el diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la STPS, para que implemente acciones para difundir en los centros de trabajo, los cambios contenidos en la reforma fiscal, respecto de los derechos y obligaciones de los patrones y trabajadores, así como a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y sus respectivas delegaciones en todo el país para dar a conocer los mecanismos de defensa del trabajador sobre sus derechos adquiridos.
2 . La Mesa Directiva, con identidad de fecha en sesión y mediante oficio número DGPL 62-II-1-1618, acordó se turnara para su dictamen a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social para su análisis y dictamen correspondiente, asignándole el expediente número 3722.
II. Análisis de la proposición con punto de acuerdo
1. La proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, plantea el siguiente proyecto de
Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y sus Delegaciones Federales a efecto de realizar una campaña de difusión en los centros de trabajo de su competencia, sobre los alcances de la reforma fiscal sobre sus salarios y demás prestaciones.
Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y sus respectivas delegaciones a que instrumenten mecanismos para recibir y tramitar de manera pronta y expedita las denuncias que se presenten a partir del 1 de enero de 2014 sobre las violaciones a sus derechos laborales que sean fundamentadas como consecuencia de la reforma fiscal.”
2. En su exposición de motivos, la proposición con punto de acuerdo de referencia plantea lo siguiente:
a) El diputado proponente manifiesta que derivado de los cambios en la reforma fiscal es necesario difundir los nuevos derechos y obligaciones de los patrones y los trabajadores en todos los centros laborales a efecto de armonizar y evitar conflictos futuros por desconocimiento u omisión por alguna de las partes, por lo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a través de los medios que considere pertinentes se difunda en los centros laborales, confederaciones, sindicatos, cámara y delegaciones federales los derechos y obligaciones de patrones y trabajadores.
b) Argumenta el proponente que el objetivo del punto de acuerdo no es polarizar a las partes, sino que por el contrario gracias a la difusión que se realice se eviten conflictos entre patrones y trabajadores y en caso de que existan se ofrezcan mecanismos de conciliación entre ellos para evitar conflictos laborales que deriven en el aumento de la pérdida de empleos o poder adquisitivo del salario de los trabajadores, es decir implementar una política de prevención sobre conflictos laborales futuros.
c) Al tenor del mismo, se alude que considera que es necesario explicar a los trabajadores, sindicatos y/o beneficiarios de los centros laborales la forma y los alcances de la reforma fiscal sobre las prestaciones y/o salarios que actualmente devengan y la forma de protegerlos en las diferentes modalidades de su contratación laboral.
d) El iniciador concluye haciendo mención de que conforme las facultades otorgadas a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo exhorta a que presente y asesores a los trabajadores y a sus sindicatos ante cualquier autoridad en cuestiones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo con respecto a los nuevos cambios realizados a la normatividad fiscal que impactan en las relaciones laborales. Dar a conocer a la vez mecanismos de defensa legales para proteger los derechos del trabajador o sindicato y evitar la práctica de injusticias que generen conflictos laborales.
III. Consideraciones
1. Esta dictaminadora con base en los antecedentes expuestos y con las facultades conferidas en la normatividad vigente, se abocó a dictaminar la proposición con punto de acuerdo de referencia.
2. Por lo anteriormente expuesto, es menester mencionar que cubre los requisitos que establecen los reglamentos de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo es por ello que esta dictaminadora considera que la proposición en su tema principal y que es de observarse, es que los trabajadores así como los patrones estén actualizados en lo que concierne a las reformas que sufren las leyes, que a ellos le son de suma importancia y por las cuales son regidos para un mejor control y desarrollo de su ambiente laboral, por lo que se considera que la propuesta abona a que los trabajadores y patrones tenga mayor conocimiento sobre los alcances de la reforma fiscal, la cual es de gran trascendencia para nuestro país.
De tal manera, es necesario que se exhorte a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, ya que la implementación de estas acciones sería de gran fortalecimiento para cimentar los conocimientos de los trabajadores, ya que al difundir los cambios de la reforma fiscal, los trabajadores sabrán cuáles son los derechos así como obligaciones que confiere la Ley Fiscal, a cada trabajador, así como los derechos y obligaciones que le atañen al patrón.
La implementación del mismo, tendría la ventaja de evitar conflictos o malos entendidos entre los patrones y trabajadores, asimismo cada uno de ellos tendrían bien establecido, sobre que parámetros se deben de conducir, aunado a esto es menester mencionar que al cumplir estas acciones se estaría conforme a lo establecido en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual estable el derecho a la información.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a la consideración del honorable pleno el siguiente
Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a efecto de que coadyuve dentro del ámbito de su competencia, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que implemente acciones para difundir en los centros de trabajo los cambios contenidos en la reforma fiscal, respecto de los derechos y obligaciones de los patrones y trabajadores.
Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y sus respectivas delegaciones en todo el país para dar a conocer los mecanismos de defensa del trabajador sobre sus derechos adquiridos.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de dos mil catorce.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Claudia Delgadillo González (rúbrica), presidenta; Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Rafael Alejandro Micalco Méndez (rúbrica), Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Luisa María Alcalde Luján (rúbrica), José Arturo López Cándido (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Elsa Patricia Araujo de la Torre, Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino, José Alfredo Botello Montes (rúbrica), María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Esther Quintana Salinas, Alfredo Zamora García.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS, a Petróleos Mexicanos y al Instituto Mexicano del Seguro Social a regularizar la situación laboral de los despachadores en las gasolineras del país
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a Petróleos Mexicanos y al Instituto del Seguro Social, para que regularicen la situación laboral de los despachadores de las gasolineras del país, presentada por la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con fundamento en los artículos 39, numeral 1 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, fracción VI, 157 numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV y 167 numeral 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, de acuerdo con lo siguiente
Metodología
En el apartado “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el Pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la proposición con punto de acuerdo.
En el apartado “Análisis de la proposición con punto de acuerdo”, se examina el contenido sustancial de la propuesta legislativa, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.
Por último, en el apartado “Consideraciones”, la Comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.
I. Antecedentes
1. En Sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con fecha 18 de febrero de 2014, la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, ejerciendo su facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, a Petróleos Mexicanos y al Instituto del Seguro Social, para que regularicen la situación laboral de los despachadores de las gasolineras del país.
2 . La Mesa Directiva, con identidad de fecha en sesión y mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-3-1383, acordó se turnara para su dictamen a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen correspondiente, asignándole el expediente número 3739.
II. Análisis de la proposición con punto de acuerdo
1. La proposición con punto de acuerdo, plantea el siguiente proyecto de Acuerdo:
“Único. Se exhorta a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, a Petróleos Mexicanos y al Instituto del Seguro Social, para que regularicen la situación laboral de los despachadores de las gasolineras del país.
2. En su exposición de motivos, señala lo siguiente:
a) La diputada proponente manifiesta que el año pasado se llevaron a efecto reformas a los artículos 27 y 28 constitucionales en materia del petróleo, violentando el procedimiento legislativo establecido en nuestra propia constitución como se habrá de acreditar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A su vez, señala que la iniciativa presidencial omitió la reglamentación de los trabajadores que prestan sus servicios en las gasolineras franquiciatarias de Petróleos Mexicanos, únicamente abordaron y aprobaron lo importante, beneficiar al gran capital.
b) Lo anterior, ha llevado a la preocupación precisamente sobre la relación laboral de las personas que se emplean en las gasolineras del país, las cuales a pesar de tener la calidad de trabajadores de los franquiciatarios de Petróleos Mexicanos carecen de toda seguridad jurídica en el desempeño de su labor.
Actualmente, es de conocimiento que las personas que atienden en las gasolineras viven de las propinas que otorgan los conductores, propinas que en ocasiones inclusive tienen que compartir con algunos otros empleados de la propia gasolinera y nos consta que el desempeño de su actividad lo realizan poniendo en riesgo su salud y seguridad.
c) La iniciadora concluye que sería un acto de justicia, que las instancias competentes como son la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Petróleos Mexicanos y el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, se involucren en analizar la situación que viven los despachadores de gasolina en el país, para que los franquiciatarios cumplan con sus empleados proporcionándoles un salario digno, servicios de salud, educación y capacitación, así como las prestaciones que establece la ley.
Es por ello lamentable que las propias áreas jurídicas de Pemex, responsables de celebrar los contratos con los franquiciatarios no den seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte de éstos con sus empleados y que se tolere el abuso y la explotación de este núcleo de trabajadores a la vista de todos.
III. Consideraciones
Primera. Esta dictaminadora con base en los antecedentes expuestos y con las facultades conferidas en la normatividad vigente, se abocó a dictaminar la proposición con punto de acuerdo de referencia.
Segunda . Por lo anteriormente expuesto en el apartado Análisis de la proposición con punto de acuerdo es importante resaltar los siguientes aspectos:
A) Que Petróleos Mexicanos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, establece que es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto, conforme a lo dispuesto en esta Ley, ejercer la conducción central y la dirección estratégica de todas las actividades que abarca la industria petrolera estatal en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo.
B) Asimismo, conforme al artículo 4° de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, establece que Petróleos Mexicanos y sus organismos descentralizados, de acuerdo con sus respectivos objetos, podrán celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios y contratos y suscribir títulos de crédito; manteniendo en exclusiva la propiedad y el control del Estado Mexicano sobre los hidrocarburos, con sujeción a las disposiciones legales aplicables.
C) Asimismo, y en el entendido que Pemex sólo se encarga de otorgar las franquicias (concesiones) conforme lo que marca la normatividad para el caso en concreto, es que es de señalar que los trabajadores conocidos como “despachadores de gasolina” no son contratados por parte de Petróleos Mexicanos, si no por el franquicitario, por lo que no se sujetan a las normas laborales de Pemex.
D) No obstante, esta dictaminadora la cual tiene por objeto en velar por los derechos laborales de los trabajadores, considera preocupante la situación que guardan los despachadores de gasolina, por lo que en ese tenor es importante que la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Vigilar la observancia y la aplicación de las disposiciones contenidas en el Artículo 123 y otros de la Constitución Federal; en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos.
II. Procurar el equilibrio entre los factores de la producción, de conformidad con las disposiciones legales relativas.
III. Intervenir en los contratos de trabajo de los nacionales que vayan a prestar sus servicios en el extranjero, en cooperación con las Secretarías de Gobernación, de Economía y de Relaciones Exteriores.
IV. Coordinar la formulación y la promulgación de los contratos-ley de trabajo.
V. Promover el incremento de la productividad del trabajo.
VI. Fomentar el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento en y para el trabajo, así como efectuar investigaciones, prestar servicios de asesoría e impartir cursos de capacitación que para incrementar la productividad en el trabajo requieran los sectores productivos del país, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública.
VII. Establecer y dirigir el Servicio Nacional de Empleo y vigilar su funcionamiento.
VIII. Coordinar la integración y el establecimiento de las Juntas Federales de Conciliación, de la Federal de Conciliación y Arbitraje y de las comisiones que se formen para regular las relaciones obrero-patronales que sean de jurisdicción federal, así como vigilar su funcionamiento.
IX. Llevar el registro de las asociaciones obreras, patronales y profesionales de jurisdicción federal que se ajusten a las leyes.
X. Promover la organización de toda clase de sociedades cooperativas y demás formas de organización social para el trabajo, en coordinación con las dependencias competentes, así como resolver, tramitar y registrar su constitución, disolución y liquidación.
XI. Estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales para la protección de los trabajadores, y vigilar su cumplimiento.
XII. Dirigir y coordinar la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.
XIII. Organizar y patrocinar exposiciones y museos de trabajo y previsión social.
XIV. Participar en los congresos y reuniones internacionales de trabajo, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
XV. Llevar las estadísticas generales correspondientes a la materia del trabajo, de acuerdo con las disposiciones que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
XVI. Establecer la política y coordinar los servicios de seguridad social de la Administración Pública Federal, así como intervenir en los asuntos relacionados con el seguro social en los términos de la Ley.
XVII. Estudiar y proyectar planes para impulsar la ocupación en el país.
XVIII. Promover la cultura y la recreación entre los trabajadores y sus familias.
XIX. Los demás que le fijen expresamente las leyes y los reglamentos.
A su vez, el Reglamento Interior de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, en su artículo 33, fracción V, a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social le corresponde Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados o acuerdos internacionales celebrados conforme a la misma, en la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos, normas oficiales mexicanas, instructivos, convenios, acuerdos y contratos de trabajo, así como de todas aquellas disposiciones dictadas por la Secretaría en ejercicio de sus facultades, y solicitar por escrito, directa o indirectamente a los patrones, trabajadores e integrantes de las comisiones a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, la información y documentación necesaria para este fin.
Tercera. Motivo por el cual, y ante la latente preocupación de la situación de los “despachadores de gasolina”, es conducente exhortar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en el ámbito de su competencia, para que atienda y vigile la relación laboral mediante la cual son contratados los trabajadores de las gasolineras, con el objeto de que gocen de los derechos laborales establecidos en la legislación vigente aplicable.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a la consideración del Honorable Pleno el siguiente:
Acuerdo
Único. La Honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que en el ámbito de su competencia, atienda y vigile la relación laboral mediante la cual son contratados los trabajadores de las gasolineras (despachadores de gasolina), con el objeto de que gocen de los derechos laborales establecidos en la legislación vigente aplicable.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días de abril de dos mil catorce.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Claudia Delgadillo González (rúbrica), presidenta; Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Rafael Alejandro Micalco Méndez (rúbrica), Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Luisa María Alcalde Luján (rúbrica), José Arturo López Candido (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Carlos Humberto Aceves y del Olmo, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Elsa Patricia Araujo de la Torre, Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino, José Alfredo Botello Montes (rúbrica), María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alfredo Zamora García.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la STPS a cumplir con la mayor brevedad las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia de seguridad en minas de carbón subterráneas
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que a la brevedad cumpla con las recomendaciones de Auditoría Superior de la Federación, en materia de seguridad en minas subterráneas de carbón, presentada por el diputado Trinidad Morales Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con lo siguiente
Metodología
En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la proposición con punto de acuerdo.
En el apartado de “Análisis de la proposición con punto de acuerdo”, se examina el contenido sustancial de la propuesta, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.
Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.
I. Antecedentes
1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con fecha 27 de febrero de 2014, el diputado Trinidad Morales Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ejerciendo su facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que a la brevedad cumpla con las recomendaciones de Auditoría Superior de la Federación, en materia de seguridad en minas subterráneas de carbón.
2. La Mesa Directiva, con identidad de fecha en sesión y mediante oficio número DGPL 62-II-5-1522, acordó se turnara a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen correspondiente, asignándole el expediente 3851.
II. Análisis de la proposición con punto de acuerdo.
1. La proposición con punto de acuerdo, plantea el siguiente punto de acuerdo:
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el objeto de que a la brevedad cumpla con las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación, contenidas en la Cuenta Pública de 2012, en materia de inspección para asegurar el cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene en minas de carbón subterráneas, ya que la actual situación no garantiza la seguridad de los trabajadores que laboran en ellas, para evitar tragedias como la ocurrida en la mina Pasta de Conchos, procediendo a llevar a cabo las investigaciones procedentes para el deslinde de responsabilidades.
2. En su exposición de motivos, la proposición con punto de acuerdo plantea lo siguiente
a) El diputado proponente alude que ya son ocho años de la explosión en la mina Pasta de Conchos. Con todo este tiempo transcurrido desde esta terrible tragedia, se podría pensar que están más que superadas las omisiones en materia de seguridad e higiene que llevaron a este homicidio industrial, a fin de evitar futuras tragedias.
Sin embargo, en la recién entregada Cuenta Pública de 2012, la Auditoría Superior de la Federación se pronuncia por un dictamen negativo respecto a las acciones que desarrolla la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS, en materia de inspección, ya que no aseguran el cumplimiento de la normativa de seguridad en minas subterráneas de carbón.
b) Lo anterior, muestra que el dictamen negativo se traduce en que los mineros que trabajan en las minas de carbón, siguen cotidianamente arriesgando su vida ante la actitud omisa de la STPS, pues en la Cuenta Pública 2012 se señala: la STPS no cumplió las “disposiciones normativas aplicables a las acciones de inspección y verificación en materia de seguridad en minas subterráneas de carbón, no contó con un programa anual para la inspección y verificación de las minas subterráneas de carbón; que los inspectores no cuentan con la capacitación necesaria para certificar el cumplimiento de la NOM-032-STYPS-2008, por lo que la inspección y verificación que realizan no asegura el cumplimiento de las condiciones y requisitos en la materia, en las instalaciones y en el funcionamiento de las minas, situación que no garantiza la seguridad de los trabajadores que laboran en ellas .
Aunado a lo anterior, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, no cuenta con un número suficiente de inspectores, y estos no son dotados de los recursos materiales necesarios para cumplir eficientemente su tarea de inspección: existiendo 864 concesiones vigentes para la explotación de minas de carbón, la Delegación Federal del Trabajo en Coahuila cuenta con sólo 3 vehículos útiles para llevar a cabo la verificación del cumplimiento de la normativa laboral y las visitas de supervisión, “de lo que se concluye que esta dependencia no cuenta con los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones”. Incluso diversas minas no pudieron siquiera acreditar que cuentan con concesiones mineras.
c) Ahora bien el promovente plasma en su proposición las recomendaciones que le hace la Auditoria Superior de la Federación a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, las cuales se transcriben al cuerpo del presente:
- Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social autorice los protocolos de inspección para minas subterráneas de carbón, y de inspección de centros de trabajo donde se realizan actividades relacionadas con la minería entre la Secretaría de Economía, el IMSS y la STPS.
- Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establezca mecanismos de control que aseguren que la delegación federal del Trabajo en Coahuila elabore el programa anual de inspección de minas subterráneas de carbón.
- Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establezca mecanismos de control que aseguren que los inspectores cuenten con la preparación técnica necesaria para realizar visitas de inspección a minas subterráneas de carbón en materia de seguridad.
- Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establezca mecanismos de control que aseguren que en las delegaciones federales del trabajo las subdirecciones de supervisión y control notifiquen a las subdirecciones jurídicas las negativas patronales dentro del plazo de 15 días hábiles como máximo, a partir del día siguiente a la fecha de cierre del acta de inspección.
- Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establezca mecanismos de control que aseguren que el proceso de vigilancia que realiza la autoridad laboral, mediante la Inspección Federal del Trabajo, sea eficiente y transparente.
- Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establezca mecanismos de control que aseguren que las solicitudes de sanción sean enviadas por las áreas inspectoras a las áreas jurídicas de las delegaciones federales del trabajo, dentro del plazo de 15 días hábiles como máximo, a partir del día siguiente a la fecha de cierre del acta de inspección.
- Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establezca mecanismos de control que aseguren la coordinación con la Secretaría de Economía para que se sancione a las minas subterráneas de carbón, que con motivo de las visitas de inspección, no acrediten contar con título de concesión minera.
- Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social proporcione a las delegaciones federales del trabajo los recursos materiales necesarios para el desempeño de sus funciones.
d) El iniciador concluye manifestando, que la Auditoria Superior de la Federación, señala que al no cumplirse las disposiciones normativas aplicables a las acciones de inspección y verificación en materia de seguridad en minas subterráneas de carbón, tiene como consecuencia que las actividades en este sector se desarrollen sin las condiciones de seguridad necesarias para garantizar la integridad y seguridad de los trabajadores, lo que además provoca que la actividad en las minas de carbón se realice de manera irregular, pues quienes llevan a cabo labores de explotación lo hacen sin contar con los permisos correspondientes, por lo que es inadmisible que la STPS continúe incumpliendo sus atribuciones mínimas en la materia. Esto pone de manifiesto una conducta ilegal, insensible y plagada de corrupción.
III. Consideraciones
Primera. Esta dictaminadora con base en los antecedentes expuestos y con las facultades conferidas en la normatividad vigente, se abocó a dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo de referencia.
Segunda. Por lo expuesto, esta comisión estima procedente realizar el exhorto propuesto en términos de la normatividad vigente, en virtud de la falta de cumplimiento que se ha generado en dicho sector, es por ello que es importante poner atención inmediata sobre este asunto el cual debe ser llevado a cabo a la práctica, ya que esta actividad conlleva mucho peligro en sus actividades diarias.
Razón por la cual, es importante que se dé una implementación más reforzada para poder brindar una mayor seguridad a los que se encuentran laborando en este sector minero, de tal modo se estaría evitando problemas y accidentes que se puedan presentar al momento de que los trabajadores mexicanos lleven alguna actividad en su zona laboral, y esta pueda estar en un constante peligro, motivo, por el que es necesario poner suma atención a la brevedad posible se cumpla con los requerimientos que deben cumplir las empresas mineras, para poder llevar a cabo sus actividades.
Tercera. Aunado a esto, es importante mencionar que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores que residen en la República Mexicana, tal y como lo establece su Reglamento Interior de la secretaría, el cual señala que debe contar con los mecanismos y personal necesario para poder tener un óptimo desempeño en las inspecciones, debe de ser constante en los problemas que con anterioridad se han presentado en nuestro país, para de esta manera, evitar o erradicar más tragedias asimismo poder garantizar una plena seguridad al trabajador como a su familia, la cual depende del trabajador.
Bajo esta tesitura, está dictaminadora considera conveniente el omitir la última parte del punto de acuerdo, relativo a que la STPS proceda a llevar a cabo las investigaciones procedentes para el deslinde de responsabilidades, ya que no es esta Secretaría la competente para deslindar responsabilidades en los accidentes que se han suscitados por citar el de la mina de Pasta de Conchos.
Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a la consideración del honorable pleno el siguiente
Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el objeto de que a la brevedad atienda las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación, contenidas en la Cuenta Pública de 2012, en materia de inspección para asegurar el cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene en minas de carbón subterráneas, para evitar tragedias como la ocurrida en la mina Pasta de Conchos.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2014.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Claudia Delgadillo González (rúbrica), presidenta; Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Rafael Alejandro Micalco Méndez (rúbrica), Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Luisa María Alcalde Luján (rúbrica), José Arturo López Candido (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Elsa Patricia Araujo de la Torre, Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino, José Alfredo Botello Montes (rúbrica), María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Esther Quintana Salinas, Alfredo Zamora García.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular de la STPS a efecto de que el Sistema Nacional de Empleo garantice la inclusión laboral de las personas con autismo
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario del Trabajo y Previsión Social para que el Sistema Nacional de Empleo garantice la inclusión laboral de las personas con autismo, presentado por el diputado José Angelino Caamal Mena, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente
Metodología
En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la proposición con punto de acuerdo.
En el apartado de “Análisis de la proposición con punto de acuerdo”, se examina el contenido sustancial de la propuesta, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.
Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la Comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la Proposición con Punto de Acuerdo, mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.
I. Antecedentes
1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con fecha 1 de abril de 2014, el diputado José Angelino Caamal Mena, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, ejerciendo su facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario del Trabajo y Previsión Social para que el Sistema Nacional de Empleo garantice la inclusión laboral de las personas con autismo.
2. La Mesa Directiva, con identidad de fecha en sesión y mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-4-1452, acordó se turnara a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen correspondiente, asignándole el expediente 4176.
II. Análisis de la proposición con punto de acuerdo
1. La proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, plantea los siguientes
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al secretario del Trabajo y Previsión Social a crear un programa de capacitación dirigido a la población con autismo, para que se pueda integrar al mercado laboral de nuestro país; para que se instruya a los responsables del Servicio Nacional de Empleo para que se celebren convenios con distintos empleadores en materia de colocación a favor de las personas con autismo.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al secretario del Trabajo y Previsión Social a efecto para que el Servicio Nacional de Empleo establezca coordinación con la Secretaría de Educación Pública para que, en materia de capacitación y empleo, promuevan planes y programas que incluyan la capacitación y adiestramiento de personas con autismo.
2. En su exposición de motivos, la proposición con punto de acuerdo de referencia plantea lo siguiente:
a) El diputado proponente argumenta que el autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años de edad de las niñas y los niños sin que aún se determine con precisión cuáles son las causas que lo originan. La tasa de autismo es alta en todas las regiones del mundo y tiene un terrible impacto en los niños y sus familias, las comunidades y la sociedad.
La septuagésima sexta sesión plenaria de la ONU emitió una resolución donde se estableció el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo que, además, se origina de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, la cual tiene como finalidad que los estados parte se comprometan con las niñas, niños, adolescentes y adultos para que disfruten de una vida plena y digna, en condiciones que aseguren su dignidad, fomenten su autonomía y faciliten su participación actividad en la sociedad.
De esa manera, se tratará de garantizar que puedan hacer pleno goce de sus derechos humanos y de sus libertades fundamentales, siempre bajo el principio de igualdad de condiciones con los demás. Asimismo, en el contenido de esta resolución emitida por la ONU, se define al autismo como una discapacidad permanente, que se deriva de un trastorno neurológico que afecta al funcionamiento del cerebro y que además esta discapacidad no distingue de sexo, raza o condición socioeconómica.
b) Ahora bien, respecto a México el iniciador menciona que encontramos los antecedentes sobre los trabajos para la concientización sobre el autismo en el 2008. En 2012, la Secretaría de Salud emitió la Guía de Práctica Clínica, Diagnóstico y Manejo de los Trastornos del Espectro Autismo, misma que se refiere y coincide con la ONU en que la prevalencia de dicho trastorno ha aumentado en los últimos años, por lo que es importante considerar que es de carácter crónico y su gravedad hace que se precise un plan de tratamiento multidisciplinario personalizado y permanente a lo largo de su vida, para que tengan un mejor desarrollo y puedan tener un mejor potencial para el desarrollo de sus vidas.
Si bien aún se desconocen cifras exactas sobre el trastorno, éste es cada vez más común de lo que se pensaba, incluso más que otras enfermedades como la diabetes, el cáncer y el sida en conjunto; esto de acuerdo con datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud en 2012.
c) Aunado a lo anterior, reconoce el iniciador que es necesario la suma de esfuerzos para trabajar en este tema. Sin embargo, consideramos que nuestro compromiso debe ser con todos los habitantes del país que viven con autismo; desde la detención y seguimiento en la niñez, así como llevar a cabo las medidas necesarias para que cuando éstos niños y niñas, sean adultos, sean capaces de alcanzar su autonomía y formar parte del mercado laboral.
Las personas con autismo tienen una vida igual que cualquier otra persona, por lo que es importante que ellos también sean considerados en programas de capacitación para desempeñarse en distintas áreas laborales. Con ello, no sólo se fomenta su independencia sino que, a su vez, garantiza mayor certidumbre a los padres y madres de familia que tienen la preocupación con respecto al futuro de sus hijos. De igual forma, las personas con autismo se encontrarán en posibilidades de aportar sus capacidades al desarrollo económico de nuestro país, pues un país que alcanza mayor potencial en su desarrollo es el que incluye a todos los sectores de la población, sin discriminación alguna.
d) Bajo el tenor del mismo, el proponente hace alusión a dos artículos de la Ley Federal del Trabajo, los cuales son el artículo 2o. al cual hace el comentario concerniente a un trabajo digno o decente el cual dice que es aquel en que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.
El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva.
Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón.
Igualmente, hace mención al artículo 3o. en el cual contempla el derecho y deber social de que deben de gozar todas y todos los habitantes del país. Es por ello que ve importante que se promuevan talleres de capacitación para las personas mayores de edad que tienen autismo a fin de que se integren al mercado laboral, ya que al día de hoy no contamos aún con programas especiales para este sector de la población. Si bien la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene un programa de capacitación para integrar en el mercado laboral a personas con discapacidad y los adultos mayores, éste no atiende a las personas con autismo.
La inclusión laboral de las personas con discapacidad es el resultado de un proceso en el que intervienen diversos factores; algunos son inherentes a las propias personas y otros al entorno en que desarrollan dicho proceso.
e) La proposición con punto de acuerdo, que en España la propuesta dirigida a este sector de la población ya es una realidad donde participan empresas, sociedad y trabajadores con autismo y en donde se hace efectivo el derecho al trabajo que tienen las personas. Por ello será importante considerar varios aspectos, como las características del autismo, espacios aptos para desarrollarse profesionalmente, tipo de apoyo que requieren para que sean considerados en el ámbito laboral, sus capacidades y características que cada uno de ellos poseen, normas de seguridad que deberán emprender los empleadores, entre otras circunstancias, que garanticen un mejor desarrollo de su vida profesional y laboral. Al tenor del mismo el Servicio Nacional de Empleo Nacional en lo que corresponde a la colocación de trabajadores, deberá poner y proponer la contratación de personas con autismo.
III. Consideraciones
Primera. Esta dictaminadora con base en los antecedentes expuestos y con las facultades conferidas en la normatividad vigente, se abocó a dictaminar la proposición con punto de acuerdo de referencia.
Segunda. Por lo anteriormente expuesto, esta comisión estima procedente realizar el exhorto propuesto en términos de la normatividad vigente, en virtud de que como ya lo menciono el iniciador es un derecho que tiene todo mexicano, asimismo, es menester señalar que se debe de evitar la discriminación así como la existencia de la equidad de género, motores principales que hacen crecer a un país en desarrollo, es importante señalar que a pesar de que tienen problemas los autistas para desenvolverse en un ámbito social, es más importante señalar que este tipo de comportamientos los hacen que sean más minuciosos o exhaustivos en un determinado trabajo. Es por ello que mediante una implementación de mecanismos bien estructurados pueden generar la integración al ámbito laboral de las personas que presentan autismo.
Tercera. Aunado a lo anterior es de suma importancia hacer mención de que ya existen otros países que están implementando la incorporación al ámbito laboral de autistas, se mencionaran a continuación algunas actividades en esta materia:
• Un ejemplo es la multinacional SAP la cual tiene por objetivo fomentar la innovación, esta multinacional es de una firma Alemana la cual menciona lo siguiente “Sólo podemos preparar a SAP para enfrentarse a los desafíos del siglo XXI contratando a gente que piensa diferente e irradia innovación”.
• Por otra parte en Dinamarca han puesto en marcha una iniciativa para contratar a personas con autismo su objetivo es “cambiar las posturas existentes de las compañías danesas hacia la contratación de personas con autismo, y generar interés para que las compañías contraten personas con autismo en trabajos significativos donde sus extraordinarias competencias, tales como la atención al detalle, las fuertes habilidades lógicas y analíticas, la capacidad de concentración superior a la media por largos períodos de tiempo o la tolerancia cero al error puedan tener un gran valor añadido”.
Al tenor del mismo, es relevante mencionar que el 2 de abril de 2013, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se sumó al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, al invitar al sector productivo del país a adoptar medidas de flexibilización laboral y esquemas de contratación que permitan a personas autistas ser incorporadas a un empleo, acorde a sus capacidades y habilidades.
La STPS precisó que las personas autistas también tienen derecho al trabajo, como el resto de la población, y para lograrlo se requieren apoyos y servicios educativos y de salud especializados, que coadyuven a su inserción social y laboral.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a consideración del pleno el siguiente
Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que dentro del ámbito de su competencia y conforme a sus facultades establezca un programa de capacitación dirigido a la población con autismo, con el objeto de que este sector pueda integrarse al mercado laboral de nuestro país.
Segundo. Igualmente, se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a instruir a los responsables del Servicio Nacional de Empleo para que establezca coordinación con la Secretaría de Educación Pública, para que en materia de capacitación y empleo, promuevan planes y programas que incluyan la capacitación y adiestramiento de personas con autismo, así como, se celebren convenios con distintos empleadores en materia de colocación a favor de las personas con autismo.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril del dos mil catorce.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Claudia Delgadillo González (rúbrica), presidenta; Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Rafael Alejandro Micalco Méndez (rúbrica), Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Luisa María Alcalde Luján (rúbrica), José Arturo López Cándido (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Elsa Patricia Araujo de la Torre, Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino, José Alfredo Botello Montes (rúbrica), María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alfredo Zamora García.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la STPS a realizar mayores acciones de inspección y supervisión en las minas de carbón de Coahuila
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fueron turnadas para estudio y elaboración del dictamen correspondiente dos proposiciones con punto de acuerdo por las cuales se realizan diversos exhortos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a las autoridades de Coahuila a realizar mayores labores de inspección y supervisión a las minas de carbón existentes en dicha entidad federativa.
Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV, 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a consideración de los integrantes de esta asamblea el presente dictamen, de acuerdo con lo siguiente:
Metodología
En el apartado “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versan las proposiciones con punto de acuerdo.
En el apartado “Análisis de las proposiciones con punto de acuerdo” se examina el contenido sustancial de las propuestas, los argumentos en que se sustentan y se determina el sentido y alcance.
Por último, en el apartado “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de las proposiciones con punto de acuerdo mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso concreto.
I. Antecedentes
1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 3 de abril de 2014, el diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ejerciendo su facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al gobierno de Coahuila a inspeccionar y supervisar las áreas respectivas y los trabajos realizados en los pocitos verticales de carbón, y se investiguen los hechos ocurridos el 27 de marzo de 2014 en Múzquiz, donde fallecieron dos mineros.
2. La Mesa Directiva, con identidad de fecha en sesión y mediante el oficio número DGPL 62-II-1-1761, acordó que se turnara para dictamen a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen correspondiente, asignándole el expediente 4237.
3. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 3 de abril de 2014, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, ejerciendo su facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario del Trabajo y Previsión a reforzar con la Secretaría del Trabajo de Coahuila las actividades de inspección sobre la situación en que se trabaja en las minas de carbón, a fin de garantizar condiciones dignas y seguras, y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del mismo grupo parlamentario.
4. La Mesa Directiva, con identidad de fecha en sesión y mediante el oficio número DGPL 62-II-4-1468, acordó que se turnara para dictamen a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen correspondiente, asignándole el expediente 4240.
II. Análisis de las proposiciones con puntos de acuerdo
1. La proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al gobierno de Coahuila a inspeccionar y supervisar las áreas respectivas y los trabajos realizados en los pocitos verticales de carbón, y se investiguen los hechos ocurridos el 27 de marzo de 2014 en Múzquiz, donde fallecieron dos mineros, plantea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y al gobierno de Coahuila a inspeccionar y supervisar las áreas respectivas y los trabajos realizados especialmente en los pocitos verticales de carbón.
Segundo. Se exhorta a la Procuraduría de Coahuila a realizar las investigaciones conducentes a los hechos ocurridos el 27 de marzo de 2014 en Múzquiz, en la región carbonífera de Coahuila, donde fallecieron dos mineros y se castigue a los responsables de dichos acontecimientos y tomen las medidas necesarias para evitar la pérdida de vidas humanas en las minas, y se garantice que se haga justicia a los mineros fallecidos y a sus familias.
2. En las consideraciones, esta proposición plantea lo siguiente:
a) El proponente señala que el 27 de marzo de 2014 murieron Leonardo Francisco Vargas García, de 21 años, y Misael Ibarra Amaya, de 20, jóvenes mineros que fallecieron al reventarse el malacate en que bajaban al interior de un pocito de carbón, en Múzquiz, en la región carbonífera de Coahuila, ocurriendo los lamentables acontecimientos a las ocho de la mañana en el pozo de carbón propiedad de la empresa Refacciones y Materiales de la Ciudad de Sabinas, cuyo propietario es Luis Alberto Ramírez Enríquez.
Al realizar el rescate y las posteriores investigaciones por parte de las autoridades de protección civil en el municipio señalado, se concluyó que el malacate estaba dañado en 50 por ciento, lo cual se dio por resequedad debida a la falta de lubricación, lo que trajo como consecuencia el desgarre en algunos tramos. Lo anterior sucedió pese a que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los revisa hasta 15 veces por año, y, según el dicho del proponente, ya los había examinado antes del accidente.
b) El proponente señala que éste acontecimiento no es el primero que sucede en las minas de Coahuila, ya que, lamentablemente, se tienen como antecedente los sucesos ocurridos en años anteriores tales como: el 19 de febrero de 2006, donde se presentó la explosión en la mina 8 de Pasta de Conchos, causando la muerte a 65 trabajadores; en 2011, en Sabinas, 14 mineros murieron, ya que quedaron atrapados en su lugar de trabajo al estallar una bolsa de gas grisú; en la misma localidad de Múzquiz, el 25 de julio 2012, 7 trabajadores quedaron atrapados bajo cientos de toneladas de roca a causa de una explosión en la mina de carbón en el ejido La Florida, en Barroterán. La explosión se registró cuando los mineros residentes de Palau, tocaron con las pistolas neumáticas una bolsa de gas metano; en Progreso, el 3 de agosto de 2012, cinco mineros quedaron atrapados en la Mina VII de la Unidad Mimosa de la empresa Minera del Norte, del grupo Altos Hornos de México, donde se produjo un importante desprendimiento de tierra.
c) Al respecto, el proponente critica el que las Secretarías del Trabajo, de Economía, y de Medio Ambiente, y el Seguro Social, debido a su omisión, negligencia y tolerancia han propiciado el escenario perfecto para que los empresarios del carbón simulen, subcontraten, y obliguen directa o indirectamente a los mineros a trabajar insegura y arriesgadamente.
d) Señala el proponente que este tipo de acontecimiento se regulan por el artículo 343 de la Ley Federal del Trabajo y que, en ese sentido, en noviembre de 2012 presentó una iniciativa que reforma el artículo 343-A de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de que se prohíba el trabajo en tiros verticales para la extracción de carbón, a profundidades menores de 100 metros mediante el empleo de botes, obligándose a los concesionarios a realizar la extracción del mineral a cielo abierto, prohibiéndose, también, el trabajo en minas conocidas como cuevas y pozos carboneros, entendiéndose por esto, a los trabajos de extracción de carbón en tiros verticales en forma artesanal, en donde las actividades mineras, se llevan a cabo sin contar con las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para este tipo de obras, no contando con las medidas de seguridad que correspondan de acuerdo a la normatividad vigente, para proteger la vida de los trabajadores.
e) Por todo lo anterior, el legislador considera importante regular este tema, considerando los trágicos accidentes que se han presentado en los últimos años en la industria minera y que han cobrado la vida de varios trabajadores, por lo cual considera indispensable establecer disposiciones específicas para regular dicha actividad y que las autoridades federales y locales, inspeccionen y supervisen las áreas respectivas y los trabajos realizados en las minas.
3. La proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario del Trabajo y Previsión Social a reforzar con la Secretaría del Trabajo de Coahuila las actividades de inspección sobre la situación en que se trabaja en las minas de carbón, a fin de garantizar condiciones dignas y seguras, por su parte, hace la siguiente propuesta de
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a reforzar con la Secretaría del Trabajo de Coahuila las actividades de inspección sobre la situación en que los mineros trabajan en las minas de carbón, con objeto de garantizar condiciones dignas y seguras.
4. En las consideraciones, la proposición con punto de acuerdo de referencia plantea lo siguiente:
a) El proponente apunta que la región carbonífera de Coahuila se integra con Juárez, Múzquiz, Progreso, Sabinas y San Juan Sabinas (Nueva Rosita), la cual cuenta con una extensión territorial de 16 mil 41 kilómetros cuadrados y una población de 174 mil 402 habitantes de acuerdo con el Censo de Población de 2010, hecho por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
b) Además, menciona que la situación en que los mineros laboran en esta región es crítica puesto que, como ocurrió en Pasta de Conchos en 2006, 65 mineros perdieron la vida, lo cual se debió a la no atención a esos riesgos, lo cual se ha caracterizado, hasta la fecha, en un problema de falta de justicia, sobre todo porque no se le ha reparado el daño a las víctimas y porque esa tragedia no fue suficiente para que los mismos hechos se repitiera de manera posterior.
c) Menciona en su proposición que en abril de 2013, la Cámara de Diputados aprobó diversas modificaciones a la Ley Federal de Trabajo las cuales, entre otras cosas, buscaron la prohibición de la explotación de carbón mineral en los llamados “pocitos”, esto a raíz de los innumerables casos de mineros que murieron por las condiciones de riesgo en que laboraban. Entre las modificaciones señaladas en la reforma aprobada, señala que se encuentran disposiciones de seguridad para la extracción de carbón en minas de cielo abierto y de tiro inclinado, las cuales debían ser aplicadas en el término de 12 meses, es decir que estamos precisamente a un año de que tales cambios se hicieron y la situación sigue cobrando víctimas.
d) Afirma que el 27 de marzo de 2014, dos jóvenes mineros fallecieron en la zona conocida como “La Florida”, en Múzquiz, Coahuila, tras haberse registrado un trágico accidente en un pocito de carbón, cuando uno de los cables que sostenía el tambo por el que bajaban al interior de la mina se rompió provocando que Missael Amaya Ibarra y Leonardo Francisco Vargas perdieran la vida por la falta de condiciones.
e) Por lo anterior, el proponente menciona que es necesario insistir en la situación que enfrenta la minería de carbón en Coahuila, ya que las condiciones laborales de la mayoría de los centros de trabajo no cumplen las normas de seguridad e higiene, los trabajadores no tienen capacitación para el trabajo ni el equipo de seguridad mínimo requerido; los pozos no cuentan con salida de emergencia y en general el empleo que generan los pocitos es inseguro, subregistrado y sumamente arriesgado.
III. Consideraciones
Primera. Esta dictaminadora, con base en los antecedentes expuestos y con las facultades conferidas en la normatividad vigente, se abocó a dictaminar las proposiciones con punto de acuerdo de referencia, considerando que debe emitirse una sola resolución para ambas proposiciones, pues las dos coinciden en las mismas pretensiones y propósitos.
Segunda. Esta comisión coincide con los proponentes en el sentido de que es obligación del Estado mexicano el velar por los derechos humanos, sobre todo de los trabajadores que exponen su vida en este tipo de trabajos de riesgo. Por esa razón, ambas proposiciones con punto de acuerdo son atendibles en el fondo.
Tercera. Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene, dentro de sus facultades y competencias la de realizar los trabajos en materia de inspección y vigilancia en materia de seguridad e higiene en el trabajo, tal y como se desprende del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual reza en la fracción XI:
... Estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales, para la protección de los trabajadores, y vigilar su cumplimiento...
Cuarta. Respecto al exhorto a las autoridades de Coahuila, en el sentido de “inspeccionar y supervisar las áreas respectivas y los trabajos realizados especialmente en los pocitos verticales de carbón”, así como para “realizar las investigaciones conducentes a los hechos ocurridos el 27 de marzo de 2014 en Múzquiz, en la región carbonífera de Coahuila, donde fallecieron dos mineros y se castigue a los responsables de dichos acontecimientos y tomen las medidas necesarias para evitar la pérdida de vidas humanas en las minas, y se garantice que se haga justicia a los mineros fallecidos y a sus familias.”, esta dictaminadora estima pertinente que el mismo debe hacerse cuidando de no violentar su autonomía constitucional, ya que, en términos de los artículos 115, 116 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los estados de la república tienen su propia forma de gobierno y tienen correctamente delimitadas sus atribuciones y competencias, las cuales le dan vida a nuestro sistema federal, por lo cual la Cámara de Diputados no busca estar por encima de su ámbito de atribuciones y competencias al exhortar a la Secretaría del Trabajo y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila a realizar las actividades a que se refiere el presente punto de acuerdo.
Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a consideración del pleno los siguientes
Acuerdos
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a realizar con la Secretaría del Trabajo de Coahuila las actividades de inspección y vigilancia en materia de seguridad e higiene respecto a las minas de carbón existentes en el Estado Libre y Soberano de Coahuila, con objeto de garantizar condiciones dignas y seguras a los trabajadores que en ellas laboran.
Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila a realizar las investigaciones conducentes a esclarecer los hechos ocurridos el 27 de marzo de 2014 en Múzquiz, en la región carbonífera de Coahuila, donde fallecieron dos mineros y se castigue a los responsables de dichos acontecimientos.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2014.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Claudia Delgadillo González (rúbrica), presidenta; Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Rafael Alejandro Micalco Méndez (rúbrica), Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Luisa María Alcalde Luján (rúbrica), José Arturo López Candido (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Elsa Patricia Araujo de la Torre, Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino, José Alfredo Botello Montes (rúbrica), María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alfredo Zamora García.
De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Procuraduría Federal del Consumidor que realicen una revisión a fondo respecto a la cancelación del programa Tijuana-Tecate Frecuente, relacionada con el alza de la cuota en la autopista Tijuana-Tecate y los problemas derivados del uso del sistema de pago Iave
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar una revisión a fondo respecto a la cancelación del programa Tijuana-Tecate Frecuente, relacionada con el aumento de costo en la cuota de la autopista Tijuana-Tecate y los problemas derivados del uso del sistema de pago Iave.
La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 1, fracción VI, 81, numeral 2, 82, 84, 85, 157, 158, 167, numeral 4, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 18 de marzo de 2014, el diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría Federal del Consumidor que realicen una revisión a fondo respecto a la cancelación del programa Tijuana-Tecate Frecuente, relacionada con el aumento de costo en la cuota de la autopista Tijuana-Tecate y los problemas derivados del uso del sistema de pago Iave.
2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dictó trámite: “Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen”, mediante el oficio número DGPL 62-II-3-1501.
3. La junta directiva de la Comisión de Transportes acordó turnar a la Subcomisión de Transporte Carretero de Pasaje, para la elaboración del predictamen correspondiente, la presente proposición con punto de acuerdo.
Derivado de lo anterior, esta comisión realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada proposición con punto de acuerdo, con objeto de expresar sus observaciones y comentarios respecto a ésta e integrar el presente dictamen.
Contenido de la propuesta con punto de acuerdo
El diputado promovente comenta que el flujo de vehículos, mercancías y personas que transitan por la autopista Tijuana-Tecate es prueba del importante vínculo comercial y social que existe entre estas dos localidades, unidas por un tramo carretero que mide poco menos de 30 kilómetros y cuyo costo era, hasta hace poco, razonable para los habitantes de estas ciudades situadas en la frontera norte del país.
Como antecedente del esfuerzo por fomentar la competitividad de la región a partir de acuerdos generados entre la administración pública y las necesidades de los habitantes de Tecate y Tijuana, el promovente menciona que en agosto de 2009 se implantó un sistema de pago por distancia, en beneficio de los usuarios de la autopista que conecta estos dos municipios, reduciendo en 44 por ciento el costo de la cuota establecida para automotores.
Este sistema de pago, denominado “Tijuana-Tecate Frecuente”, se diseñó para beneficiar a 3 mil usuarios diarios, quienes circulan constantemente en ambos sentidos, incluyendo alumnos que asisten a centros educativos de los municipios referidos.
Señala que este sistema de pago por distancia fue aceptado como una respuesta derivada de considerar el alto costo que significa el pago del viaje de ida y vuelta para los habitantes de Tijuana y Tecate y se vieron beneficiados con el pago de 90 pesos diarios en viajes redondos, en vez de los 170 que establecía en el tabulador de cuotas para usuarios que no fueran residentes de alguno de los dos municipios que conecta esa autopista.
El promovente menciona que como representante de los ciudadanos de Baja California, es su deber el objetar la modificación de la tarifa de pago aprobada para la caseta de la autopista Tecate-Tijuana, la cual se incrementó al pasar de 85 pesos por viaje que costaba en 2009 a 101 en 2014. Este aumento considera la cancelación del sistema de pago por el programa Tijuana-Tecate Frecuente, y la integración de los usuarios de este programa al sistema Iave, el cual ha presentado problemas en su operación, detectándose dos en particular:
1. La imposibilidad de verificar el pago en términos reales al pasar por la caseta de cuota, puesto que no existe un tablero que muestre la cantidad erogada, ni tampoco se emite comprobante alguno.
2. Restricción de paso a usuarios a quienes, aun teniendo saldo en el sistema Lave, no se les permite acceder por el carril exclusivo de esta forma de pago, argumentando fallas en el sistema.
Menciona que la oposición de los habitantes de ambos municipios es razonable, pues la autopista que conecta a Tecate y Tijuana es considerada una de las más caras del país, y la eliminación de la cuota diferenciada para los residentes repercute en la economía familiar y del sector productivo de la región, como resultado de los altos costos que se aplicaron a inicios del año. El aumento en la caseta de cobro se suma a la incertidumbre causada por las deficiencias del sistema Iave en cuanto al pago que se realiza en cada ocasión que se utiliza el carril exclusivo para este sistema.
Menciona que es de interés público conocer los instrumentos utilizados para definir las cuotas en la caseta de cobro de la autopista Tecate-Tijuana, pues la tarifa no parece adecuada en términos de la relación distancia recorrida y costo, estimando que la elasticidad en la relación entre demanda y precio permitiría reducir las tarifas e incrementar el aforo vehicular.
Consideraciones de la comisión
La comisión dictaminadora concuerda con el promovente en seguir fomentando la competitividad de la región Tijuana-Tecate, que se ha beneficiado desde 2009 con una reducción en la tarifa del costo en la caseta de cobro en dicha región.
Dicha reducción al costo para los usuarios con residencia permanente, representa un estímulo para el uso de la autopista como opción para reducir el tiempo de traslado, lo que repercute en costos de transporte en cuanto a personas y mercancías.
Asimismo, esta comisión concuerda que el alza implica que el ahorro a los residentes se reduzca, lo cual tiene como resultado un problema social inminente, sobre todo a las familias que se benefician con este apoyo.
Se considera que además de exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se haga lo conducente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en vista de que es la autoridad competente para analizar el aumento o la reducción de las cuotas en las autopistas, conforme lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Derivado de lo anterior, se considera realizar las modificaciones pertinentes al acuerdo para adecuarlo y hacerlo más claro.
De la misma forma, se considera oportuno el exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor a revisar y analizar el sistema de cobro Iave, que el promovente denuncia en la exposición de motivos que han presentado problemas en su operación, sobre todo en la imposibilidad de verificar el pago en términos reales, así como la restricción de paso a los usuarios al carril exclusivo, argumentando fallas en el sistema. Tal problemática repercute en incertidumbre y pérdida de tiempo para los usuarios frecuentes.
Se propone que la Profeco realice una exhaustiva investigación de las irregularidades presentadas en el sistema Iave a nivel nacional y no sólo de la zona Tecate-Tijuana.
Por las consideraciones anteriores, los integrantes de la Comisión de Transportes se pronuncian a favor de los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes, en el ámbito de sus respectivas competencias, a realizar una revisión a fondo respecto del incremento a las tarifas de la autopista Tecate-Tijuana y se considere reducir la cuota especial en beneficio de los usuarios con residencia permanente en dicha zona.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar una exhaustiva investigación de las irregularidades presentadas en el sistema Iave a nivel nacional, a fin de generar confianza entre los usuarios de dicha forma de pago.
México, Distrito Federal, a 24 de abril de 2014.
La Comisión de Transportes
Diputados: Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), Valentín González Bautista, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez, Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Merlín García, Jesús Morales Flores (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), J. Jesús Oviedo Herrera, Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), Jorge Terán Juárez.
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar gestiones y acciones para que el puente internacional ferroviario Matamoros-Brownsville, Alternativa Poniente, inicie operaciones con la mayor brevedad
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que realice todas las gestiones y acciones necesarias con la finalidad de que el puente internacional ferroviario Matamoros-Brownsville, alternativa poniente, inicie sus operaciones a la brevedad.
La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80 numeral 1, fracción VI, 81 numerales 2, 82, 84, 85, 157, 158 y 167, numeral 4 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.
Antecedente
1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el 20 de marzo de 2014, el diputado Carlos Alberto García González, y en nombre de diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que realice todas las gestiones y acciones necesarias con la finalidad de que el puente internacional ferroviario Matamoros-Brownsville, alternativa poniente, inicie sus operaciones a la brevedad.
2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dictó trámite “Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen”, mediante oficio número DGPL 62-II-4-1413.
3. La Junta Directiva de la Comisión de Transportes acordó turnar a la Subcomisión de Transporte Carretero, para la elaboración del predictamen correspondiente.
Derivado de lo anterior, esta comisión realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada proposición con punto de acuerdo, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.
Contenido de la propuesta con punto de acuerdo
El diputado promovente menciona que el puente internacional ferroviario Matamoros-Brownsville es la primera obra en su tipo en 100 años. El último cruce ferroviario que se construyó entre México y los Estados Unidos fue en 1910 y también conecta estas mismas ciudades.
Por otra parte, comenta que Matamoros es una localidad estratégica para el comercio exterior de nuestro país, debido a su posición geográfica, es el municipio con la mayor infraestructura de puentes internacionales en el estado de Tamaulipas y por ello, forma parte de una de las rutas comerciales más dinámicas de los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Asimismo, menciona que la construcción del nuevo puente ferroviario es precisamente para atender el aumento exponencial del intercambio de mercancías entre México y los países del norte, que se ha suscitado por el propio TLCAN.
El legislador comenta que actualmente, el puente ferroviario que conecta a Matamoros con Brownsville atraviesa prácticamente por el centro de las ciudades, afectando la convivencia y el desarrollo de las actividades de sus habitantes, porque los ferrocarriles bloquean varias calles cuando son detenidos por las autoridades aduaneras para realizar las inspecciones correspondientes, generando severos problemas en el tránsito de las personas y de los vehículos.
Evidenciada esta problemática, al menos desde 2006, se iniciaron los estudios y trabajos para la reubicación del patio de maniobras y la vía férrea. La planeación de este proyecto ha llevado muchos años por tratarse de un proyecto binacional y único en su tipo en un siglo. Durante este tiempo, los tres niveles de gobierno de México y de Estados Unidos sostuvieron varias reuniones y negociaciones para poder alcanzar los compromisos necesarios para la construcción del puente ferroviario.
Asevera que finalmente, en el 2010, se iniciaron los trabajos de construcción del lado de Texas y a principios de 2011 en Tamaulipas. Por lo que el puente tendrá una longitud de 835 metros, de los cuales 564 metros se encuentran en territorio mexicano, junto con un gran patio de maniobras. El contrato de la obra del lado mexicano estableció un periodo de ejecución de 424 días naturales, del 10 de enero de 2011 al 8 de marzo de 2012, mismo que tuvo varios convenios modificatorios al plazo de ejecución, reprogramando la fecha de entrega de la obra para finales de abril de 2013.
Pese a lo anterior, el puente internacional ferroviario Matamoros-Brownsville no ha iniciado operaciones, aun y cuando la obra parece que ya ha sido terminada en su totalidad, y las autoridades federales y estatales no han informado fehacientemente las razones de esta demora de casi un año.
Los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional del estado de Tamaulipas, mencionan que se encuentran convencidos que esta nueva conexión ferroviaria entre Tamaulipas y Texas, alentará la competitividad logística en ambos lados de la frontera, haciendo más rápido y eficiente el intercambio de las mercancías, reduciendo los tiempos de cruce y los costos operativos.
Por consiguiente, se espera que se incremente sustancialmente el tráfico ferroviario de mercancías entre Matamoros y Brownsville, en razón de que este puente conectará hacia el sur de Tamaulipas con la vía férrea de Matamoros-Reynosa, donde los ferrocarriles podrán tomar diferentes direcciones, prácticamente hacia todo el territorio nacional. Efecto similar se presentará en los Estados Unidos, ya que la vía férrea de Brownsville conecta con las ciudades de San Antonio, Houston y Nueva Orleáns, facilitando también el traslado de las mercancías hacia toda la Unión Americana.
Derivado de lo anterior, el legislador propone que la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que realice todas las gestiones y acciones necesarias con la finalidad de que el puente internacional ferroviario Matamoros-Brownsville, alternativa poniente, inicie sus operaciones a la brevedad.
Consideraciones de la comisión
Esta comisión dictaminadora está convencida en que una mayor y mejor infraestructura en el país conlleva a incrementar su economía y competitividad.
La proposición con punto de acuerdo propuesto por los legisladores promoventes es precisamente un llamado a acelerar el crecimiento comercial con el país vecino del norte.
La apertura del nuevo puente ferroviario aliviará las presiones y afectaciones que viven los habitantes de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, además de atender el aumento exponencial del intercambio de mercancías en dicha frontera.
Motivo por el cual se considera conveniente que la autoridad competente informe a esta soberanía las causas por las cuales no ha iniciado operaciones dicho puente internacional.
Desde el año 2010, se llevó a cabo la construcción del nuevo puente ferroviario y a la fecha no ha iniciado operaciones, aun cuando la conclusión de la obra debió ser a finales de 2013.
En virtud de lo anterior, esta comisión considera oportuno la proposición con punto de acuerdo respecto de exhortar al Poder Ejecutivo federal en el sentido de que se realicen las acciones necesarias para la pronta apertura del puente internacional ferroviario Matamoros – Bromnsville, alternativa poniente.
Por las consideraciones anteriores, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Transportes, se pronuncian a favor del siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a rendir un informe a esta soberanía, respecto del motivo del retraso de la apertura del puente internacional ferroviario Matamoros – Brownsville, alternativa poniente y, en su caso, realizar las gestiones y acciones necesarias para que inicie operaciones a la brevedad.
México, DF, a 24 de abril de 2014.
La Comisión de Transportes
Diputados: Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), Valentín González Bautista, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez, Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Merlín García, Jesús Morales Flores, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera, Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), Jorge Terán Juárez.
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los secretarios de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público, así como al director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a revisar las tarifas y cuotas de peaje en las autopistas de Michoacán para reducirlas y estimular el flujo turístico a la entidad
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo
Por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Hacienda y Crédito Público y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a que revisen las tarifas y cuotas de peaje en las autopistas del estado de Michoacán, con el objeto de reducirse e incentivar el flujo de turistas a la entidad.
La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80 numeral 1, fracción VI, 81 numeral 2, 82, 84, 85, 157, 158 y 167, numeral 4 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen:
Antecedentes
1. En sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el día 20 de marzo de 2014, la diputada Socorro de la Luz Quintana de León del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Hacienda y Crédito Público y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a que revisen las tarifas y cuotas de peaje en las autopistas del estado de Michoacán, con el objeto de reducirse e incentivar el flujo de turistas a la entidad.
2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, dictó trámite “Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen”, mediante Oficio No. DGPL 62-II-7-1379.
3. La Junta Directiva de la Comisión de Transportes acordó turnar a la Subcomisión de Transporte Carretero, para la elaboración del predictamen correspondiente.
Derivado de lo anterior, esta Comisión realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada proposición con punto de acuerdo, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.
Contenido de la propuesta con punto de acuerdo
La Legisladora promovente señala que Michoacán es un Estado en el que el turismo constituye una importante fuente de ingresos. De acuerdo con la Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán, A.D. en 2013 se registró que los puntos más visitados son Morelia con 75% de ocupación, Uruapan con 100%, Mariposa Monarca 85%, Apatzingán 50% y la Costa 100%.
Esta actividad ha sido un factor de desarrollo de la entidad. De acuerdo con la información proporcionada por el Colegio de Economistas del estado de Michoacán, este sector genera alrededor de 160 mil empleos directos anuales, además también se destaca que por cada empleo directo se generan tres directos.
Menciona que el estado de Michoacán cuenta con una superficie de 59,864 kilómetros2; su red carretera y caminos es de 12,885 kilómetros, que comunican entre sí a las regiones y con las entidades colindantes. Según la clasificación por tipo de camino al año 2011, se contaba con 2,673 kilómetros de carretera troncal federal, 2,990 kilómetros de carreteras alimentadoras estatales, 3,065 kilómetros de caminos rurales y 4,000 kilómetros de brechas.
Por otra parte, comenta que actualmente Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) es el organismo encargado de la administración y mantenimiento de las principales carreteras y puentes de cuota del país; opera el 55% de las Autopistas Federales de Cuota a través de 3 redes:
1. Red propia: son las autopistas de más antigüedad y más consolidadas en México;
2. Red contratada o privada: son autopistas concesionadas a particulares y/o gobiernos de los Estados;
3. FNI: son las autopistas de la red adscrita al Fondo Nacional de Infraestructura (FNI) antes Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas.
En lo que respecta a la determinación de tarifas de peaje, tenemos que conforme a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Política de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos, fijar los precios y tarifas de los bienes y servicios que ofrece la administración pública federal.
De esta manera, la SHCP fija directamente las tarifas de la red propia de Capufe y la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP, fija las tarifas por la prestación de servicios de operación y mantenimiento en la Red del Fondo Nacional de Infraestructura (FNI) y la red contratada.
La diputada promovente señala que la complejidad de la coyuntura que viven los michoacanos es evidente a todas luces, como lo es la necesidad de emprender acciones extraordinarias, concretando medidas que redunden en beneficios tangibles para los habitantes de la entidad.
Facilitar la libre circulación de habitantes y turistas dentro del territorio michoacano, a través de incentivos de tránsito, sería una medida encaminada en este sentido.
Señala, que por esa razón sería de utilidad revisar las tarifas de las autopistas concesionadas en el estado de Michoacán con el fin de buscar una mejora en las condiciones de precio, y con ello, impulsar el turismo y favorecer las condiciones para la movilidad de las personas y el comercio.
Derivado de lo anterior, la Legisladora propone que se debe exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, conforme a las facultades que la Ley, les confiere revisen las tarifas y cuotas de peaje que se cobran en las autopistas y puentes de cuota de Michoacán, incluyendo los tramos concesionados; con el objetivo de autorizar su diminución.
Consideraciones de la comisión
Esta comisión dictaminadora concuerda con la legisladora promovente en que el turismo constituye una gran fuente de ingresos para el estado de Michoacán, sector que genera una parte importante de empleos tanto directos como indirectos, dejando una derrama económica importante para la entidad.
Asimismo, en los últimos años dicha entidad ha sufrido de fuertes índices de inseguridad provocada por la delincuencia organizada provocando desastre económico, tanto en el comercio como en el turismo.
Esta comisión considera que la propuesta de bajar las tarifas de las autopistas de la entidad, incentivará el turismo y por tanto, aumentará la derrama económica del Estado que en estos momentos necesita.
Se considera que es correcta la apreciación de la legisladora promovente al mencionar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la indicada para tomar este tipo de medidas, tal como lo manifiesta la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como también, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la encargada de administrar la operación de las carreteras del país, ya sean a través de Capufe o por concesión.
Derivado de lo anterior, esta Comisión está de acuerdo en exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos con la finalidad de disminuir las tarifas de las autopistas del estado de Michoacán y con ello incentivar el turismo.
Se considera realizar algunas modificaciones de forma al punto de acuerdo para darle mayor claridad al tema.
Por las consideraciones anteriores, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Transportes, se pronuncian a favor del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, conforme a las facultades que la ley les confiere, revisen las tarifas y cuotas de peaje que se cobran en las autopistas y puentes del estado de Michoacán, incluyendo los tramos concesionados, con el objetivo de autorizar su diminución e incentivar el turismo en la entidad.
México, DF, a 24 de abril de 2014.
La Comisión de Transportes
Diputados: Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), Valentín González Bautista, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez, Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Merlín García, Jesús Morales Flores (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera, Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), Jorge Terán Juárez.
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a atender las quejas presentadas por los usuarios sobre las deficiencias en los servicios proporcionados por la concesionaria Vuela Compañía de Aviación, SAPI de CV, Volaris
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que atienda en el ámbito de sus competencias las quejas presentadas por los usuarios con relación a las deficiencias de los servicios proporcionados por la concesionaria Vuela Compañía de Aviación, SAPI de CV (Volaris).
La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80 numeral 1, fracción VI, 81 numeral 2, 82, 84, 85, 157, 158 y 167, numeral 4 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen:
Antecedente
1. En sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el día 25 de marzo de 2014, el diputado Benjamín Castillo Valdez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que atienda en el ámbito de sus competencias las quejas presentadas por los usuarios con relación a las deficiencias de los servicios proporcionados por la concesionaria Vuela Compañía de Aviación, SAPI de CV.
2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, dictó trámite “Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen”, mediante Oficio No. DGPL 62-II-4-1431.
3. La Junta Directiva de la Comisión de Transportes acordó turnar a la Subcomisión de Transporte Aéreo, para la elaboración del Predictamen correspondiente, la presente proposición con punto de acuerdo.
Derivado de lo anterior, esta comisión realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada proposición con punto de acuerdo, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.
Contenido de la propuesta con punto de acuerdo
El diputado promovente menciona que el transporte aéreo de pasajeros tanto de empresas nacionales como extranjeras en México, es parte fundamental de la movilidad y crecimiento de las ciudades, este transporte permite a sus usuarios, trasladarse en menor tiempo de una ciudad a otra. Al plantearse el desarrollo de la aviación comercial en México se hace indispensable que el Gobierno Federal norme y controle todas las actividades relacionadas con este motivo, comenzando a intervenir en la operación de las empresas, sus aeronaves y los servicios que ofrecen a sus pasajeros.
Declara el diputado promovente, que es necesario comentar que la empresa concesionaria Vuela Compañía de Aviación (Volaris) que presta sus servicios desde mediados del año 2003, es una empresa de bajo costo que en los últimos años ha ampliado sus operaciones, abriendo nuevas rutas y que en términos generales para la aviación civil no solo representa contar con nuevas opciones de competencia en el sector de transportación aérea, si no que da la posibilidad a los usuarios, optar por la aerolínea que les ofrezca servicios de calidad.
En su página oficial (Volaris) señala en el apartado Acerca de nosotros lo siguiente: Nuestra Visión es “transcender al crear y vivir las mejoras experiencias de viaje.” Mientras que nuestra Misión es “con la mejor gente y a bajo costo, hacemos que más personas viajen... ¡bien!
Comenta, que los usuarios al recurrir a empresas de transportación aérea como Volaris, esperan al momento de solicitar y cubrir el costo del servicio, obtener una prestación en condiciones equitativas y no discriminatorias en cuanto a la calidad, oportunidad y precio, tal y como lo señala la Ley de Aviación Civil en su artículo 17.
Sin embargo, quienes han tenido la necesidad de acudir a solicitar la prestación de los servicios de esta aerolínea, han manifestado su inconformidad ante la instancia correspondiente con relación a las deficiencias e irregularidades en la atención, como se puede corroborar en las quejas y denuncias presentadas ante la Procuraduría Federal del Consumidor.
También comenta el diputado promovente, la inconformidad de un gran número de personas que ante la serie de irregularidades que se presentan por parte de (Volaris) y su personal, hace conveniente que la autoridad competente para atender las quejas y denuncias de los consumidores corrijan la actuación de la empresa, específicamente en el manejo de equipaje, en su centro de atención telefónica, en el funcionamiento de su página web, en la operatividad del servicio de reservaciones y pagos electrónicos, en el cumplimiento de las promociones que ofrecen y, en todo lo que derive de una adecuada atención a los usuarios.
Se estipula en la legislación correspondiente, que cuando se celebra un contrato de transporte el cual es el acuerdo entre un concesionario o permisionario y un pasajero, por el cual el primero se obliga a trasladar al segundo, de un punto de origen a uno de destino, contra el pago de un precio, por el mismo que los pasajeros tendrán derecho al transporte de su equipaje dentro de los límites de peso, volumen o número de piezas establecidos en el reglamento y disposiciones correspondientes.
En este sentido, la aerolínea y su personal está incumpliendo a lo estipulado en la Ley de Aviación Civil, ya que de manera inapropiada y sin previo aviso, hacen cobros adicionales por el equipaje que se pretende trasladar a bordo, aún y cuando el pasajero cumpla con lo establecido en las políticas de servicio discrecionales, es decir, imponen sus propias reglas en la atención de los pasajeros generando daños, perjuicios y molestia, al grado de perder el servicio de contrato y peor aún, que la empresa no asuma su responsabilidad de reparar el daño o corregir la situación.
El diputado promovente, solicita la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor para que dé cumplimiento y solvente las quejas y denuncias que han presentado los usuarios de los servicios de la concesionaria Vuela Compañía de Aviación, SAPI de CV (Volaris), con la finalidad de proteger los derechos del consumidor. Asimismo, inste a la empresa a que corrija y de cumplimiento estricto a sus propios postulados que al tenor señala:
“La alta dirección de Volaris, como empresa dedicada al transporte aéreo, hace el compromiso con sus clientes y partes interesadas, de dar cumplimiento a las regulaciones aplicables a la industria de aviación, incluidas las de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y a los estándares establecidos o adoptados por la propia organización como prioridad fundamental para garantizar: calidad, seguridad aérea, seguridad corporativa, prevención de actos y condiciones inseguras, fomento a la salud de los embajadores (sic) y prevención de la contaminación del medio ambiente.”
“Volaris se compromete a lograr una cultura en donde Calidad, seguridad Aérea, seguridad Corporativa, Cuidado del medio ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, sean prioridades operacionales fundamentales.”
“También hace el compromiso de que en toda la organización de Volaris, se mantenga la mejora continua.”
Por todo lo anterior, el diputado promovente considera importante la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor para que dé cumplimiento y solvente las quejas y denuncias que han presentado los usuarios de los servicios de la concesionaria Vuela Compañía de Aviación, SAPI DE C.V. (Volaris), con la finalidad de proteger los derechos del consumidor. Se inste a la empresa a que corrija y de cumplimiento estricto a sus propios postulados.
Consideraciones de la comisión
Esta comisión dictaminadora considera que debido a la alta demanda de vuelos que se generan en temporada vacacional y aunado a la salida de la aerolínea Mexicana de Aviación, se incrementaron los abusos, malos tratos, discriminación y otras conductas en agravio de los usuarios por parte de las compañías aéreas existentes, siendo las quejas más recurrentes la cancelación de vuelos, aumento en las tarifas y pérdida de equipaje.
Es por ello, que esta Comisión de Transportes está de acuerdo con el diputado promovente, en virtud de que es conveniente exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor, en su deber de salvaguardar los derechos de los usuarios de las compañías aéreas, toda vez que de acuerdo a lo establecido en los artículos 7 y 8 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, es la autoridad encargada de verificar que todos los proveedores están obligados a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a persona alguna.
Asimismo es la autoridad competente, encargada de comprobar que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes.
Derivado del estudio realizado en el 2013 por la Procuraduría Federal del Consumidor, a través del Sistema Integral de Información y Procesos, las aerolíneas con mayor índice de quejas son: Volaris quien tiene un 39.1%, Viva Aerobús 25% y Aeroméxico con un 20.4%, por lo que esta Comisión considera que no sólo se deben de analizar las quejas presentadas en contra de la empresa (Volaris), tal como lo propone el diputado Benjamín Castillo Valdez, sino que se debe de verificar a todas las aerolíneas que brindan dicho servicio en nuestro país, toda vez que no cumplen con los servicios contratados.
Asimismo, esta comisión considera que, no obstante de que la Procuraduría Federal del Consumidor es una de las autoridades competentes para salvaguardar los derechos de los consumidores, también lo es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, toda vez que es quien regula el servicio de transporte aéreo, conforme lo establece el artículo 6 de la Ley de Aviación Civil, asimismo la propia ley en su artículo 17 afirma lo siguiente:
“En la prestación de los servicios de transporte aéreo se deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar las condiciones máximas de seguridad de la aeronave y de su operación, a fin de proteger la integridad física de los usuarios y de sus bienes, así como la de terceros.
”Los servicios deberán prestarse de manera permanente y uniforme, en condiciones equitativas y no discriminatorias en cuanto a calidad, oportunidad y precio”.
Respecto al manejo del equipaje, los artículos 61 y 62 de la misma ley, señalan que el concesionario será responsable del equipaje facturado desde el momento en que expida el talón correspondiente hasta que entregue el equipaje al pasajero en el punto de destino, asimismo, la indemnización por la destrucción o avería del equipaje de mano será de hasta cuarenta salarios mínimos. Por la pérdida o avería del equipaje facturado la indemnización será equivalente a la suma de setenta y cinco salarios mínimos.
Por las consideraciones anteriores, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Transportes, se pronuncian a favor del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría Federal del Consumidor, en el ámbito de sus respectivas competencias, para que atiendan las quejas y denuncias presentadas por los usuarios con relación a las deficiencias en la contratación de servicios de transporte aéreo, y verificar que las empresas concesionarias den cabal cumplimiento a la normatividad aplicable.
México, DF, a 24 de abril de 2014.
La Comisión de Transportes
Diputados: Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), Valentín González Bautista, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez, Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Merlín García, Jesús Morales Flores (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera, Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), Jorge Terán Juárez.
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general del Servicio Postal Mexicano a sumarse al reconocimiento del bicentenario de la Constitución de Apatzingán, mediante la cancelación de una estampilla conmemorativa
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Por el que se exhorta al titular del Servicio Postal Mexicano para sumarse al reconocimiento del bicentenario de la Constitución de Apatzingán a través de la cancelación de una estampilla postal.
La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80 numeral 1, fracción VI, 81, numeral 2, 82, 84, 85, 157, 158 y 167, numeral 4, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.
Antecedentes
1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el 27 de marzo de 2014, el diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Servicio Postal Mexicano para sumarse al reconocimiento del bicentenario de la Constitución de Apatzingán, a través de la cancelación de una estampilla postal conmemorativa.
2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dictó trámite “Túrnese a la Comisión de Transportes para dictamen”, mediante oficio número DGPL 62-II-1-1735.
3. La junta directiva de la Comisión de Transportes, inicio la elaboración del predictamen correspondiente.
Derivado de lo anterior, esta comisión realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada proposición con punto de acuerdo, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.
Contenido de la propuesta con punto de acuerdo
El diputado promovente, menciona que el próximo 22 de octubre se cumplirán doscientos años de que el Congreso de Anáhuac expidiera la denominada Constitución de Apatzingán. Esto representaba una ley fundamental que para los mexicanos tiene enorme importancia no sólo por el contexto en que fue conformado, sino por los principios políticos que desde entonces consagró, ya que sucedió en plena guerra de independencia y cuando los diputados del Congreso eran asediados por el ejército realista.
Alude a, que el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814 además de que representaba el deseo del pueblo mexicano de organizarse por sí mismo mediante la implantación de una normatividad y un gobierno propios, alejados del dominio y la opresión del reino español y de cualquier otro que quisiera subyugarlo, implantaba un estado de derecho que rompía con la tradición de rendir obediencia incondicional a un solo monarca.
Cabe señalar que si bien es cierto que debemos preciarnos de que rija una Constitución como la de 1917, que en su momento fue tan vanguardista por ser la primera en el mundo con un corte eminentemente social, incluyendo entre sus líneas los primeros derechos de protección a los vulnerables constituidas por los trabajadores y los núcleos agrarios: no debemos olvidar que la Constitución de Apatzingán fue ampliamente progresista en su momento, incluyendo las nuevas teorías que tendían a la consolidación de un Estado más justo y al reconocimiento de los derechos que todos los pueblos de la época exigían, incluso por las armas.
Señala, que en la actualidad no debemos dejar de expresar nuestro reconocimiento a la Constitución de Apatzingán, toda vez que existe influencia en el constitucionalismo nacional que marco los principios de las Constituciones posteriores de 1824, 1857 y 1917 recogieron.
El diputado promovente asevera, que la Carta Magna plasmó en sus líneas los derechos del hombre y del ciudadano que fueron la bandera de la Revolución Francesa y que hoy conocemos como los derechos humanos de primera generación (libertad, igualdad, seguridad y propiedad); la soberanía popular, que otorgaba la potestad suprema al pueblo y sólo el tenía la facultad de trasmitirla a sus representantes con el único y exclusivo fin de que cubrieran las necesidades comunes; la igualdad ante la ley y la justicia económica y social; la división de Poderes, que constituye el remedio para la concentración y abuso del poder en una sola persona o grupo de ellas; el principio de la legalidad para limitar el poder de los gobernantes impidiéndoles desempeñar atribuciones que no le están otorgadas; el rechazo de gobierno monárquico y la adopción de un modelo republicano; y principalmente, el respeto y obediencia a una norma superior que rija la totalidad de los actos de autoridad.
Asevera que esta honorable Cámara de Diputados debe tener siempre presente el artículo segundo de la Constitución de Apatzingán, inspirado en las ideas del ilustre Ignacio López Rayón, pues constituye el fundamento de su actuación y eleva a un plano sumamente trascendental su función. El mencionado precepto define a la soberanía como “la facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad”, por lo que debemos inferir que la actividad legislativa es de primer orden pues constituye los actos por los que hacemos patente nuestra independencia, nuestra autodeterminación y nuestra fuerza al mundo.
Menciona que debemos recordar que el 150 aniversario del decreto constitucional de 1814, fue celebrado durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos, con eventos conmemorativos de toda clase como la inauguración de complejos escolares, militares, deportivos y de asistencia social, develación de placas en calles y avenidas, la acuñación de una moneda de plata y, por supuesto, la venta de una estampilla postal conmemorativa donde aparece José María Morelos y Pavón con un sable en la mano.
De acuerdo a lo anterior, el legislador propone que se debe exhortar al titular del Servicio Postal Mexicano para que decrete la cancelación de una estampilla postal conmemorativa del bicentenario del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814.
Consideraciones de la comisión
Como parte de los estudios que se realizaron para definir la procedencia de esta propuesta con punto de acuerdo, las diputadas y los Diputados de esta Comisión de Transportes iniciaron con la ejecución de investigar su importancia.
Como parte de la historia de México, no debemos olvidar que en 1813, don José María Morelos y Pavón convocó a los representantes de la insurgencia de aquella época, a que acudiesen a Chilpancingo para la formación de un Congreso Constituyente; aun cuando las autoridades realistas combatían a las tropas insurgentes, por lo que se planteaba que el Congreso se convirtiera en una asamblea nómada para eludir a las tropas realistas.
Por lo anterior, el Congreso tomó varias ciudades de Michoacán, pero el 22 de octubre de 1814 fue promulgado en la ciudad de Apatzingán el “Decreto Constitucional para la Libertad de América Mexicana”.
Se revisó que para la elaboración del texto intervinieron Andrés Quintana Roo, Carlos María de Bustamante, Ignacio Rayón y el propio José María Morelos y Pavón. En el estudio de antecedentes, se concluyó que la Constitución de Apatzingán está dividida en dos partes. En la primera, se establece que la religión católica, apostólica y romana es la única que se debe profesar en el Estado; siguiéndole lo relativo a la soberanía, los ciudadanos, la ley, los derechos del hombre y las obligaciones de los ciudadanos.
En la segunda parte, trata de la forma de gobierno, en la que se reglamenta la organización y las funciones de cada uno de los Poderes, que serían tres: el Supremo Congreso (Poder Legislativo), el Supremo Gobierno (Poder Ejecutivo) y, el Supremo Tribunal de Justicia (Poder Judicial).
Para empezar el Poder Ejecutivo quedaba en manos de tres personas, José María Cos, José María Liceaga y el propio José María Morelos. Sin embargo, la Constitución de Apatzingán no pudo aplicarse debido al estado de guerra imperante.
Como podemos apreciar, este hecho marco la historia de México, pues es a partir de ese glorioso momento, en que los mexicanos ya buscaban independizarse de los españoles que gobernaban al país.
Es por tanto, que debemos magnificar el “Bicentenario del Decreto Constitucional para la Libertad de América Mexicana de 1814”, a través de la cancelación de una estampilla postal conmemorativa, que represente para los nacionales el orgullo, ampliamente progresista en su momento, incluyendo las nuevas teorías para un Estado más justo y por supuesto, al reconocimiento de los derechos que todos los pueblos de la época exigían y la satisfacción de celebrar nuestro doscientos aniversario marcados por este episodio fundamental para nuestras vidas.
Por las consideraciones expuestas, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Transportes, se pronuncian a favor del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Servicio Postal Mexicano para que cancele una estampilla postal conmemorativa del Bicentenario del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814.
México, DF, a 24 de abril de 2014.
La Comisión de Transportes
Diputados: Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), Valentín González Bautista, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez, Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Merlín García, Jesús Morales Flores (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), J. Jesús Oviedo Herrera, Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), Jorge Terán Juárez.