Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 4110-V, jueves 11 de septiembre de 2014
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua, a la Semarnat y demás dependencias competentes a revisar y determinar si las obras realizadas en el rancho Pozo Nuevo, en Sonora, propiedad del licenciado Guillermo Padrés Elías y su familia, se ajustaron a lo establecido en la ley, a cargo del diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos diputados federales del estado de Sonora, integrantes del Partido Revolucionario Institucional, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Flor Ayala Robles Linares y Faustino Félix Chávez, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 62, numeral 3; artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2; artículos 100 y 113, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y demás dependencias competentes del gobierno federal a efecto de que revise y determine si las obras realizadas en el rancho Pozo Nuevo, propiedad del licenciado Guillermo Padrés Elías y su familia, se realizaron conforme a lo que establece la ley, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 4 de septiembre del año en curso, el programa denominado Punto de Partida, que conduce la periodista Denise Maerkeri dio a conocer a través de una investigación realizada por Fátima Monterrosa y Marco Tinoco, que el gobernador de Sonora, licenciado Guillermo Padrés Elías, y su familia tienen en su rancho una presa hidráulica con capacidad de contener varios millones de metros cúbicos de agua.
Se trata del rancho Pozo Nuevo, ubicado a cinco kilómetros del pueblo de Bacánuchi, de tres mil 670 hectáreas, para la siembra y riego de nogal, que luce imponente con la presa El Titanic, como la conocen los ejidatarios, construida a finales de 2011 y principios de 2012, sin el título de concesión que otorga la Comisión Nacional del Agua, ni la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Para entender lo anterior, la Ley de Aguas Nacionalesii señala en su artículo 3o., fracción XIII lo siguiente:
XIII. “Concesión”: Título que otorga el Ejecutivo Federal, a través de “la Comisión” o del Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, y de sus bienes públicos inherentes, a las personas físicas o morales de carácter público y privado, excepto los títulos de asignación”.
De igual forma, el artículo 3o. de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambienteiii señala que:
XXI. Manifestación del impacto ambiental: El documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo;
La construcción de la presa El Titanic y la perforación de seis pozos en el Rancho Pozo Nuevo de Guillermo Padrés, a partir de febrero de 2012, está escriturada a nombre de Guillermo Padrés Elías, de su hijo Guillermo Padrés Dagnigo, de su hermano Miguel Padrés Elías, y de su sobrino Miguel Padrés Molina; coinciden con la caída en el suministro de agua para el resto de los poco más de 200 habitantes de Bacanuchi, sobre todo en estos momentos, por la contaminación que están padeciendo los Río Sonora y el propio río Bacanuchi.
El embalse, de 120 metros de longitud y una cortina de 80 metros de altura, tiene capacidad para almacenar cuatro millones de metros cúbicos de agua que llega del río Manzanal, como lo dio a conocer Excélsiori en su edición del viernes 5 de septiembre.
De igual forma es deber de la Cámara de Diputados, investigar y llegar hasta las últimas consecuencias en el caso que nos ocupa para saber y determinar el origen de los recursos que el Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, utilizó para la construcción de la Presa y las inversiones millonarias que ha realizado en los últimos años para modernizar el Rancho Pozo Nuevo.
En la entrevista que le realizan a Guillermo Padrés Elías, en el programa Punto de Partida, existe que hay un “represo que tiene más de 60 años que ya estaba en una comunidad minera” y termina justificando “que hay muchos, incluyendo el rancho nuestro”...
Sin embargo, en la Ley de Aguas Nacionales no existe el término represo; sin embargo el artículo 3 en su fracción XVII, establece lo que es un “cuerpo receptor” dentro del que se menciona a la presa:
XVII. “Cuerpo receptor”: La corriente o depósito natural de agua, presas, cauces, zonas marinas o bienes nacionales donde se descargan aguas residuales, así como los terrenos en donde se infiltran o inyectan dichas aguas, cuando puedan contaminar los suelos, subsuelo o los acuíferos;
Y el artículo 113 del propio ordenamiento indica que la administración de los bienes nacionales que se enumeran quedarán a cargo de la Comisión, entendiéndose por ésta a la Comisión Nacional del Agua:
...
VI. Las islas que existen o que se formen en los vasos de lagos, lagunas, esteros, presas y depósitos o en los cauces de corrientes de propiedad nacional, excepto las que se formen cuando una corriente segregue terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, y
VII. Las obras de infraestructura hidráulica financiadas por el gobierno federal, como presas, diques, vasos, canales, drenes, bordos, zanjas, acueductos, distritos o unidades de riego y demás construidas para la explotación, uso, aprovechamiento, control de inundaciones y manejo de las aguas nacionales, con los terrenos que ocupen y con las zonas de protección, en la extensión que en cada caso fije “la Comisión”.
En cuanto a los recursos económicos que se han erogado para la construcción de la presa y el auge del rancho Pozo Nuevo, hasta el momento, no se han especificado ni tampoco se han dado a conocer pues la opacidad, la corrupción y la falta de rendición de cuentas ha sido el común denominador del Gobierno del Estado de Sonora, ¿Cómo se podrá justificar las inversiones millonarias que han sido realizadas sobre el Rancho en los últimos años?
Es evidente que no existe, ni habrá explicación alguna para justificar las inversiones millonarias que han sido realizadas sobre el Rancho en los últimos años, y exigimos a las instancias legales que correspondan que lleguen hasta las últimas consecuencias; pues el video que detonó la gravedad de la situación que padecen los habitantes de Bacanuchi, con la escasez de agua, del problema de contaminación por el derrame que realizó la Mina Buenavista, de la muerte de ganado y cosecha, nos ha dejado ver que el Rancho Pozo Nuevo en el año 2008 no tenía imágenes ni rastros de la obra de la Presa; sin embargo en imágenes tomadas en el año 2012 se puede ver la obra de la Presa ya construida, misma que fue verificada con las mismas coordenadas por los propios investigadores del Programa Punto de Partida.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados los presentes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que revise, si la presa que se encuentra ubicada en el rancho Pozo Nuevo y la construcción de la cortina que tiene la misma, no representa un riesgo para las poblaciones aledañas, derivado del volumen de metros cúbicos de agua almacenada.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que dé a conocer públicamente, si la presa ubicada en el Rancho Pozo Nuevo cuenta con Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y con título de concesión correspondiente; así como si el desmonte para realizar dicha obra cuenta con autorización para el cambio de uso de suelo forestal, ambos debidamente autorizados.
Tercero. Se exhorta respetuosamente a las demás dependencias competentes del gobierno federal, a efecto de que se revise y determine si las obras realizadas en el Rancho Pozo Nuevo, propiedad del licenciado Guillermo Padrés Elías y familia, están dentro de la legalidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2014.
Notas
i www. http://noticieros.televisa.com/programas-punto-de-partida/
ii http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/16_110814.pdf
iii http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148.pdf
iv www.excelsior.com.mx, viernes 5 de septiembre de 2014, lunes 8 de septiembre 2014.
Diputados: Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Faustino Félix Chávez, Flor Ayala Robles Linares (rúbrica).Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a la PGR a emprender acciones para prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de los casos de desaparición forzada; y a los congresos locales, a legislar en la materia, conforme a lo establecido en los estándares internacionales, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 fracción I, y 79 numeral 2 fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados presentan ante la Cámara de Diputados punto de acuerdo conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
Según la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, (en adelante Convención) adoptada a partir de 2006, por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas.
Se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o de ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley1 .
Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha enlistado una serie de derechos tanto civiles o políticos, económicos, sociales y culturales, que podrían ser violados por el hecho de una desaparición.
Entre ellos se encuentran el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; el derecho a la libertad y seguridad de la persona; el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida; el derecho a una identidad; el derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales; el derecho a un recurso efectivo, con reparación e indemnización; el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición; y, en caso de que la víctima de desaparición forzada sea el sostén económico de la familia, ésta podría quedar en un estado de vulnerabilidad permeando así derechos como el derecho a la protección y a la asistencia a la familia; el derecho a un nivel de vida adecuado; el derecho a la salud o el derecho a la educación.2
Por otro lado, respecto a las acciones que los estados parte deberán cumplir para la prevención de la desaparición forzada, la Convención prevé:
“La prohibición expresa de la detención en lugares secretos y se pide a los estados que garanticen unas normas jurídicas mínimas sobre la privación de libertad, como el mantenimiento de registros oficiales de las personas privadas de libertad con un mínimo de información y la autorización para comunicarse con su familia, un abogado o cualquier otra persona de su elección.”
En la Convención se establece que cada estado parte tomará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos de desaparición forzada en los casos en que el presunto autor se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción, salvo que dicho estado lo extradite o lo entregue a otro estado conforme a sus obligaciones internacionales, o lo transfiera a una jurisdicción penal internacional cuya competencia haya reconocido3 .
Por su parte, en México, se ha establecido por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la Agenda Nacional de Derechos Humanos que
“La desaparición de personas constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos. El estado es el primero obligado a combatirla, y desde el momento en que éste deja de reconocer su responsabilidad en los hechos o se niega a proporcionar información para la localización de las víctimas, conocer su suerte o destino final, se actualiza una violación de lesa humanidad que afecta sustancialmente la integridad, seguridad, libertad y vida de las personas.”
Sin embargo, como se podrá observar más adelante, la Comisión señalada ha sido rebasada por la situación que se vive en el país en materia de desapariciones forzadas, por lo que su actuación al respecto ha sido objeto de fuertes críticas por parte de activistas y especialistas.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, a partir de 2011, conmemorado el 30 de agosto, algunas de las voces con mayor trayectoria en la atención y análisis de estos hechos, como Amnistía Internacional y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, criticaron al gobierno mexicano por la falta de claridad en las cifras que han dado a conocer.
Cifras oficiales aportadas por la Secretaría de Gobernación el 22 de mayo hablaban de 8 mil personas desaparecidas. Sin embargo, el 16 de junio las autoridades explicaron que en realidad se trataba de 16 mil personas, cuando el 21 de agosto de 2014, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), anunció que el número de personas no localizadas sobre las que se presentó una denuncia suman 22 mil 3224 .
Para Amnistía Internacional “no existe ningún documento oficial que explique claramente el proceso de depuración de datos y el porqué las cifras han variado de forma tan drástica en tan poco tiempo. Tampoco hay claridad en cuanto a las personas localizadas después de haber sido reportadas como sustraídas por la fuerza.”5 Por su parte
La alta comisionada en esta materia, Navi Pillay, en un comunicado [...] hizo eco de los legítimos reclamos de las familias de las víctimas que exigen verdad y justicia. Asimismo, pidió al gobierno mexicano que reconozca la competencia del Comité de la Organización de la Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, quien en su informe más reciente exigió a México políticas para prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar a las víctimas6 .
En el mismo sentido, Ariel Dulitzky, quien encabezó la misión del grupo de trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU en México, ha realizado una revisión seria de los avances y pendientes que el gobierno federal presenta en la materia, por lo que ha concluido en que la falta de transparencia y de una metodología acorde en la elaboración de la base de datos de personas no localizadas a nivel nacional, aunado a las carencias que presentan los protocolos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas a nivel local; entre otros elementos7 , han provocado que los casos de desapariciones sigan siendo una constante en nuestro país.
Respecto a la actuación de la CNDH, el doctor José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dio a conocer en el coloquio Evaluación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos , realizado en la Cámara de Diputados el pasado 18 de agosto, que la comisión ha emitido desde 2006, sólo diez recomendaciones sobre desaparición forzada.
Dichas recomendaciones involucran a 26 personas víctimas de desaparición forzada, sin embargo durante la actual administración encabezada por Enrique Peña Nieto, no se ha emitido ninguna recomendación a pesar del creciente número de casos de desapariciones en el país.
En dicho tenor, debe mencionarse que:
“La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.
La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes.”8
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República, a que emprendan, en el marco de sus atribuciones, las acciones para prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de los casos de desaparición forzada.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a los congresos locales a legislar en materia de desaparición forzada, considerando lo establecido en los estándares internacionales, con la finalidad de contar con un marco jurídico acorde.
Notas
1. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, [en línea], Dirección URL: http://www2.ohchr.org/spanish/law/disappearance-convention.htm
2. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Folleto informativo No. 6/Rev.3 “Desapariciones forzadas o involuntarias”, p.p. 3, 4, [en línea], Dirección URL: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet6Rev3_sp.pdfhttp:/ /www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet6Rev3_sp.pdf
3. Ibid., p. 9
4. Sin Embargo, “La desaparición de personas es una crisis para México, advierten Amnistía y la ONU; los casos van en aumento, dicen”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.sinembargo.mx/31-08-2014/1102849
5. La Jornada, “Incoherentes, las cifras oficiales de desaparecidos: AI”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/08/30/gobierno-ha-dejado-que-pr evalezca-la-confusion-sobre-desaparecidos-ai-2707.html
6. StarMedia México, “ONU solicita a México elaborar Ley General para personas desaparecidas”, [en línea], México, Dirección URL: http://noticias.starmedia.com/mexico/onu-solicita-mexico-elaborar-ley-g eneral-para-personas-desaparecidas.html
7. Animal Político, “Tres fallas de Peña Nieto contra la desaparición forzada, según experto”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.animalpolitico.com/2014/08/tres-fallas-de-pena-nieto-contra- la-desaparicion-forzada-segun-experto/#axzz3Bsu0Ouk4
8. Naciones Unidas, “Día Internacional de las Víctimas”, [e
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2014.
Diputados: Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los Ejecutivos federal y estatales, así como al jefe del gobierno del Distrito Federal, a exponer de modo exacto y detallado por las Secretarías de Finanzas o de Hacienda correspondientes el estatus de la deuda pública de cada estado durante las dos últimas administraciones, en particular lo referente a los pasivos generados por los sistemas de pensiones y seguridad social, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del PT
El que suscribe, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, diputado en la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracciones II, III y IV, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con carácter de urgente resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
1. Según un análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios realizado por la Auditoría Superior de la Federación,1 diversas entidades federativas han contraído elevados montos de deuda no registrada que ha sido identificada por el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero por medio de fuentes secundarias, como las instituciones bancarias y la Bolsa Mexicana de Valores.
2. Al 31 de diciembre de 2011 y de acuerdo con la información publicada por la SHCP, con base en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios, el saldo de la deuda subnacional ascendió a 390 mil 777.5 mdp, con un crecimiento nominal de 92.4% respecto a los 203,070.2 mdp al cierre de 2008, y que en términos reales es de 67.9%. De 2008 a 2011 las variaciones reales con los montos más altos se presentaron en 11 entidades:
Campeche (2 mil 420.5%); Coahuila (1,639.2%); Tamaulipas (552.9%); Morelos (412.9%); Zacatecas (406.0%); Quintana Roo (312.4%); Nayarit (213.7%); Yucatán (199.1%); Veracruz (165.9%); Chihuahua (139.9%), y Baja California Sur (114.9%).
Al analizar los saldos de la deuda pública de las entidades federativas incluidos los municipios, conforme a lo registrado ante la SHCP, entre 2008 y 2011 se tiene un aumento en términos absolutos de 187,707.3 mdp, del cual 10 entidades concentran el 76.5% del total, como sigue:
Coahuila (18.5%); Nuevo León (11.0%); Veracruz (10.0%); Jalisco (6.4%); Chihuahua (5.9%); Distrito Federal (5.7%); Quintana Roo (5.5%); Tamaulipas (5.2%); Michoacán (4.5%), y Chiapas (3.8%).
3. Con base en los datos del Inegi y de manera acumulada para las 32 entidades federativas, se observa que 18 tenían déficit primario en el periodo 2006-2010, entre las que resaltan Coahuila (8 mil 089.1 mdp); Jalisco (7 mil 497.5 mdp); Tamaulipas (7 mil 203.2 mdp); Veracruz (5 mil 019.5 mdp); Chihuahua (3 mil 339.2 mdp), y Nayarit (2 mil 965.1 mdp), que en conjunto suman 70.1% del déficit primario acumulado en este lapso por 48 mil 683.6 mdp. Veracruz contrato una deuda en monto superior a su superávit acumulado (7 mil 087.5 millones de pesos), ya que su endeudamiento en el periodo de 2006 a 2010, fue de 15 mil 985.6 millones de pesos.2
Por entidad federativa y con datos del INEGI disponibles al cierre de 2010, el indicador Deuda/Ingresos Garantizables mantuvo valores por arriba del valor nacional (54.0%) en 11 entidades federativas, distribuidas como sigue: Quintana Roo (127.3%), Nuevo León (130.1%), Sonora (105.5%), Veracruz (70.4%), Chihuahua (70.3%), Jalisco (67.1%), Tamaulipas (63.2%) Michoacán (62.0%), Coahuila (61.9%), Baja California (60.9%) y Nayarit (58.7%). Este indicador muestra que 15 entidades tienen comprometida más de la mitad de sus ingresos garantizables en el pago de su deuda.
Según datos aportados por la publicación de Contralinea con el pretexto de resolver las urgencias administrativas, en el sexenio pasado, las entidades federativas y los municipios se consolidaron como uno de los principales clientes de la banca privada.
Actualmente, más del 60 por ciento de las deudas se concentra en tres instituciones, revelan datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se trata de las firmas mexicanas Banorte e Interacciones y de la española BBVA Bancomer.3
Aunque la deuda total de entidades y municipios que reporta la Comisión al cierre de junio de 2013 no coincide con la que registra la Secretaría de Hacienda, sí refleja la composición de este mercado: de la cartera total en el ámbito privado por 282 mil 675 millones, el 28 por ciento, 79 mil 184 millones, fue prestado por Banorte; el 20.7 por ciento, 58 mil 530 millones, por BBVA Bancomer, y el 15.5 por ciento, 44 mil 34 millones, por Interacciones.
Otros bancos que mantienen carteras multimillonarias con estados y municipios son Banamex, con 19 mil 935 millones de pesos; Multiva, con 18 mil 476 millones; Inbursa, con 15 mil 562 millones; Banco del Bajío, con 12 mil 691 millones; HSBC, con 10 mil 466 millones, y Santander, con 9 mil 265 millones.
Juan José Dávalos, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, señala que los bancos tienen responsabilidad respecto de las deudas contratadas con las entidades federativas y los ayuntamientos: las instituciones financieras no deben dar créditos chatarra, deben asegurarse de que el cliente es solvente y les va a pagar.
Hasta junio de 2014, la deuda de estados y municipios llegó a un saldo máximo de 489 mil 643.4 millones de pesos, del cual el Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz y estado de México concentran casi 50 por ciento.
Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran que el endeudamiento de los gobiernos locales creció 1.4 por ciento respecto al saldo del cierre de 2013 (482 mil 807.2 millones de pesos), y 10.5 por ciento en relación con junio del año pasado (443 mil 38.9 millones).
Señala que las obligaciones financieras de estados y municipios representó 3.0 por ciento del producto interno bruto estatal, porcentaje ligeramente menor al de 3.1 por ciento en diciembre de 2013, pero superior al de 2.8 por ciento en junio de año pasado.
Las entidades más endeudadas a junio de 2014 fueron Distrito Federal (61 mil 402.8 millones de pesos), Nuevo León (58 mil 443.9 millones), Chihuahua 41 mil 603.1 millones), Veracruz (40 mil 767.4 millones) y estado de México (39 mil 124.1 millones).
En conjunto, estas cinco entidades sumaron 241 mil 341.4 millones de pesos, monto que representa 49.28% del total de la deuda local, según las cifras de la Secretaría de Hacienda.4
Por lo anteriormente expuesto y en base a lo estipulado en el artículo 26. De la Constitución refiere que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.5
El artículo 117 Constitucional, en su fracción VIII, estipula que los Estados no pueden, en ningún caso:
VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.
Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública.
De la misma manera el artículo 134. De ese ordenamiento refiere en sus párrafos primero, quinto y séptimo que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.
Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
Según lo dispuesto en el Artículo 6o. apartado A. fracciones I III y IV de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos el cual a la letra dice que para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
En el artículo 79, fracción I, constitucional, en su segundo párrafo refiere que también fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia e otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.
Artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, menciona que los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y los Ejecutivos de los estados así como al jefe de gobierno del Distrito Federal a fin de que expongan de manera exacta y detallada, por conducto de sus Secretarías de Finanzas o de Hacienda que correspondan, sobre el estatus de la deuda pública que tiene cada Estado de la Republica durante las dos últimas administraciones y en particular lo referente a la los pasivos generados por los sistemas de pensiones y seguridad social.
Notas
1 http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/1._Analisis_de_Deuda_Publica_Agosto_2012.pdf agosto 2012
2 Comparativo entre los balances presupuestario y primario, con el endeudamiento
3 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/09/22/estados-municipios-las-deudas-se-ven-pero-se-pagan/ 1-09-14.
4 17 de agosto, 2014 El Economista.
5 Artículo 26 A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Párrafo reformado DOF 05-06-2013.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 3 de septiembre de 2014.
Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública locales a establecer campañas de capacitación en primeros auxilios dirigidas al personal docente del nivel de enseñanza básica, suscrita por los diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de educación pública de los gobiernos estatales a que establezcan campañas de capacitación en primeros auxilios dirigidas a todo su personal docente del nivel de enseñanza básica, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la actualidad y gracias a la reciente reforma educativa emprendida por el gobierno federal, la educación retoma su papel de privilegio en nuestro país después de muchos años, para posicionarla en el alcance de los niveles de calidad necesarios que brindará a los alumnos los conocimientos y el perfil requerido para que sean el motor de desarrollo de nuestra nación.
Sin embargo y a pesar de que la citada reforma es integral porque atiende tanto el interés del menor y la actualización de los planes de estudio, como los métodos de enseñanza y el rol fundamental del docente; no debemos bajar la guardia, por el contrario requerimos de revestir su papel de integral al reforzar las áreas que así lo necesiten.
El reto no es menor, en nuestro país a lo largo de más de 50 años se ha constituido un sistema educativo público sólido, que aunque fue perdiendo su eficiencia y efectividad no descuidó el alcance de su cobertura en al menos el nivel de enseñanza básica.
Las circunstancias así lo requirieron y hoy así lo exigen; el panorama a corto plazo traza un reto formidable que no puede esperar ni mucho menos ser desatendido, porque estamos refiriéndonos a personas, a la infancia que en poco tiempo será la población adulta que heredará lo que hagamos. Tan sólo basta mencionar que según el Censo de Población y Vivienda del año 2010, se señala que en México hay 32.5 millones de niñas y niños de entre 0 y 14 años de edad.1
Menores que requieren de atención a su salud, su integridad, desarrollo y educación; pero que además la oferta educativa sea tan amplia que le brinde las herramientas suficientes para lograr su desarrollo total.
Desde el año pasado se ha avanzado mucho en el tema, la sociedad ha sido parte activa de este propósito y gracias a ello y como ejemplo, podemos mencionar la solides de nuestro sistema de educación en el nivel básico de enseñanza, que se expone en la información y datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)2 y de la Secretaría de Educación Pública (SEP)3 y que desde el año 2012 expuse y vuelvo a referir4 : en el nivel preescolar que brinda la noción esencial de la escritura, el lenguaje oral y la comunicación; la matricula durante el ciclo escolar 2010-2011 fue de 4 millones 641 mil 60 niños, con una tasa de crecimiento de 35 por ciento anual aproximadamente.
Con una cobertura de niños inscritos en este nivel de enseñanza para el año 2011 de 81 por ciento.
Donde, de este total de menores inscritos, 85 por ciento es atendido en centros educativos públicos, que suman 91 mil 134 escuelas o instancias en todo el país y el restante 15 por ciento en privados. Atendidos por una plantilla de 222 mil 422 profesores.
Respecto a las primarias se tienen los siguientes indicadores.
La matrícula en este nivel para el ciclo escolar 2010-2011 fue de 13 millones 655 mil 890 alumnos con una tasa de crecimiento cercana a 0.2 por ciento anual.
La cobertura que presenta este nivel varía por estados, pero el rango mínimo es de 98.5 por ciento y fluctúa acercándose al 100 por ciento.
Del total de alumnos inscritos en este nivel, 90 por ciento es atendido en escuelas públicas que suman en total 99 mil 319 en todo el país y 10 por ciento restantes en privadas.
Atendidos por una plantilla de 571 mil 389 profesores de diversas asignaturas con una media de contratación anual de 2 mil 107 profesores.
Otro indicador relevante que se incorpora como parámetro de la calidad educativa en este nivel y también en secundaria es la eficiencia terminal (porcentaje de alumnos que concluyen sus estudios respecto a los que se inscribieron en el ciclo en referencia), el índice de deserción (porcentaje de alumnos que abandonan los estudios antes de concluirlos) y el porcentaje de reprobados.
En estos aspectos, durante el mismo ciclo escolar 2010-2011 es de 95 por ciento para eficiencia terminal en todo el país; un índice de 1.9 por ciento de deserción escolar y 6 por ciento de reprobación académica.
En lo que respecta al nivel de secundaria, tenemos que la matrícula para el ciclo escolar 2010-2011 es de 5 millones 663 mil 261 alumnos, con una tasa de crecimiento anual de 1.4 por ciento aproximadamente.
La cobertura que presenta este nivel es de 95.9 por ciento en todo el país.
Del total de alumnos adolescentes inscritos en este nivel, 91.6 por ciento son atendidos en escuelas públicas que suman en total 31 mil 637 escuelas y el restante 8.4 por ciento en centros privados. Estas escuelas son atendidas por 328 mil 107 docentes.
La eficiencia terminal de este nivel es de 82.9 por ciento y el índice de deserción escolar es del 5.6 por ciento.
Como se puede apreciar en los párrafos anteriores; existen sin duda pendientes por atender y categóricamente uno de ellos es el referente a la seguridad y la garantía de la integridad en todos los aspectos que deben de gozar los estudiantes en sus aulas.
Desde siempre, el ímpetu de la infancia y/o adolescencia borra la conciencia del riesgo en los juegos, en la manera de relacionarse entre compañeros de clase o bien en el creciente comportamiento negativo denominado bullying; exponiéndose ellos mismos a situaciones que comprometen su salud e integridad física.
Por ejemplo, escenarios inesperados de emergencia derivados de caídas, quemaduras, intoxicación, asfixia y ahogamiento, que cada vez más se registran en las aulas desafortunadamente con una mayor gravedad exigiendo una inmediata pero por igual calificada intervención al instante; representa un problema por atender.
Situación que muchas veces al momento debe ser atendida rápidamente y con la conciencia de lo que se está haciendo, basada en los conocimientos en la materia; siendo ésta los conocimientos en primeros auxilios.
En la actualidad cualquier medida de seguridad no es una exageración; como tampoco lo es la imperiosa necesidad de incluir como garantía para los estudiantes cualquier esfuerzo de atención, corrección o preventivo por preservar la integridad y la vida.
Y lo anterior cobra especial relevancia si nos estamos refiriendo a las escuelas y nuestros estudiantes en la edad en la que reciben su primer enseñanza.
Las cifras al respecto son contundentes y señal de que esta circunstancia está avanzando significativamente. Conforme a información de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se sabe que 55 por ciento de los accidentes que se registran en el nivel básico de enseñanza se da en las escuelas primarias, 35 por ciento en las escuelas secundarias y el porcentaje restante se registra en los menores que asisten a preescolar.5
De igual manera se registra que la primera emergencia de accidentes escolares son las lesiones derivadas de tropezarse o bien caídas motivadas y de cortes a la piel en distintas partes del cuerpo; en segundo lugar y muy por detrás de la primera son las lesiones denominadas fracturas; posteriormente pero con un gran número de casos tenemos los golpes específicamente en la cabeza que muchas veces son catalogados como severos traumatismos craneoencefálicos con pérdida prolongada de conocimiento; después las lesiones oculares de diferentes grados de gravedad o con comprometimiento del glóbulo y por último picaduras o distintas situaciones de asfixia o ahogamiento.6
Algunos o la gran mayoría de los accidentes anteriores que son cada vez más comunes, han llegado a comprometer el desarrollo de menores que los han sufrido por un solo factor: no recibieron la correcta atención inmediata que se requería, porque el primer responsable que está frente al grupo y que es el profesor, no tiene los conocimientos para brindar la atención necesaria a pesar de que tiene la intención y disposición para hacerlo.
Lo que representa pérdida de tiempo valioso en lo que se decide qué hacer o bien trasladar al accidentado a un centro de salud para que reciba la atención especializada que en algunos casos puede llegar a destiempo.
Y ello se puede corregir si les ofrecemos a nuestros profesores de todo el país los conocimientos en primeros auxilios. Conocimientos que además de servirles en las aulas durante su jornada laboral y entre sus compañeros, también les serán de utilidad en su vida familiar y cotidiana.
Los primeros auxilios como los define la Cruz Roja Mexicana son las “técnicas y procedimientos de carácter inmediato, limitado, temporal, profesional o de personas capacitadas o con conocimiento técnico que es brindado a quien lo necesite, víctima de un accidente o enfermedad repentina. Su carácter inmediato radica en su potencialidad de ser la primera asistencia que esta victima recibirá en una situación de emergencia”7
Llevar a cabo este importante esfuerzo requiere más que otra cosa de la disposición y el compromiso que conlleva el amor y cariño por la docencia que cada profesor en nuestro país ha demostrado tener.
Implica sólo unas cuantas horas en un solo día de capacitación en primeros auxilios impartido por personal profesional con el que ya se cuenta; pero el beneficio de hacerlo se verá multiplicado por cada alumno que tengan bajo su responsabilidad.
El espíritu del presente punto de acuerdo, no es una exageración; corresponde a una cultura de prevención de accidentes ausente en nuestra familia y la sociedad en su conjunto.
Todos sin excepción deberíamos tener conocimientos en primeros auxilios, debido a que nadie está exento de requerir aplicarlos o bien de necesitarlos.
Las escuelas en nuestro país, además de conseguir la calidad que se requiere, deben representar un espacio seguro integrado por una comunidad de profesores cada vez más preparados y capaz de atender incluso esas situaciones que ponen en riesgo la integridad de los alumnos.
Nuestros profesores son la primera línea de atención inmediata ante estas emergencias. Dotémoslos de todas las herramientas necesarias para que le hagan frente a su labor y a lo que se espera de ellos.
Los maestros en nuestro país lo valen y estoy segura de que nuestra infancia lo merece.
Por lo expuesto,se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las secretarías de educación pública de los gobiernos estatales a que establezcan campañas de capacitación en primeros auxilios dirigidas a todo su personal docente del nivel de enseñanza básica.
Notas
1. Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010.
2. Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2010.
3. Secretaria de Educación Pública, reporte 2011.
4. Diputada María del Rocío Corona Nakamura. Gaceta Parlamentaria 18 de diciembre del 2012.
5. Secretaria de Educación Pública. Informe 2010.
6. Secretaria de Educación Pública. Informe 2010.
7. Cruz Roja Mexicana. Definición de Primeros Auxilios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2014.
Diputados: María del Rocío Corona Nakamura, Rafael González Reséndiz (rúbricas).Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a acelerar la homologación de salarios de los policías municipales, a cargo de la diputada Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, ciudadana Leslie Pantoja Hernández, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que en ejercicio de sus atribuciones, acelere la homologación de salarios a los policías municipales de los estados, acorde a los convenios que para el efecto se hayan celebrado, como lo establecen las reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales.
Exposición de Motivos
Como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y como primer punto de las cinco metas nacionales destaca “México en Paz”, el cual incluye el fortalecimiento de la seguridad pública a fin de enfrentar el grave problema de inseguridad que enfrenta el país.
Así, en la 34 sesión del Consejo Nacional de Seguridad celebrada en Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que en la estrategia de seguridad el primer punto es la prevención del delito, así como atacar las causas sociales y económicas de la violencia y el segundo elemento es aplicar una justicia eficaz.
La policía históricamente surgió para cumplir con los objetivos de proteger la vida, la salud, y la tranquilidad de los ciudadanos que conforman la sociedad. En pocas palabras velar por el cumplimiento de la ley y el mantenimiento del orden.
Los policías, como cuerpo ocupacional, no son como los demás servidores públicos. Tienen que dejar a su familia por un período de tiempo para ser socializados en la subcultura policíaca; así como atraviesan por un proceso educativo y disciplinario riguroso, en donde tienen que adquirir los conocimientos y las destrezas necesarias para cumplir con sus obligaciones.
Su trabajo no es fácil. Implica una serie de sacrificios y ajustes a su vida privada y familiar. Largas jornadas de trabajo, suspensión de días libres y vacaciones, expuestos continuamente al escrutinio público, a la crítica social y a las presiones de los medios de comunicación, e incluso hasta la muerte en el cumplimiento del deber.
La seguridad pública es la función a cargo del estado que tiene como fin salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública.
Una de las principales atribuciones de los municipios es la de prestar el servicio de seguridad pública para procurar que el desarrollo de la vida comunitaria transcurra dentro de los cauces del estado de derecho.
La autoridad municipal debe organizar y proveer los medios necesarios a las dependencias que tienen a su cargo las funciones de policía, seguridad, vialidad y asistencia a la población en situaciones de emergencia.
El artículo 21 constitucional establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en sus respectivas competencias; mismos que requieren de una coordinación y cooperación de la policía municipal y sus órganos auxiliares.
Para tales efectos existe la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que establece las bases de coordinación en materia de seguridad, misma que en su artículo 11 dispone que las acciones de coordinación que se llevarán a cabo mediante la suscripción de los convenios respectivos o con base en los acuerdos y resoluciones tomados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y demás instancias de coordinación.
Dicha ley es Reglamentaria del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad pública y tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en esta materia.
Como parte de la coordinación en materia de seguridad pública entre la federación, el estado y municipio, y a fin de alcanzar los objetivos de los mismos se crea el Subsidio para la Seguridad de los Municipios, Subsemun, el cual constituye un apoyo importante para subsanar las insuficiencias financieras y materiales que existen en materia de seguridad pública en los municipios.
Subsemun es el recurso federal que se le ministra a municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la profesionalización, equipamiento de los cuerpos de seguridad pública, mejoramiento de la infraestructura de las corporaciones y desarrollo de las políticas públicas para la prevención social del delito.
Las tareas que de manera cotidiana tienen que realizar los policías demandan sacrificios, disciplina y voluntad, y si bien aún nos enfrentamos con retos en el desarrollo de capacidades, es importante destacar la importante labor de todos aquellos policías que asumen su responsabilidad con honradez, valor e integridad.
De ahí que resulte fundamental la profesionalización de los cuerpos policiacos con los sistemas complementarios de seguridad social y reconocimientos que merecen los profesionales de la seguridad y la procuración de justicia.
Este año para fortalecer la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero, las “Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales”, en su capítulo II, Sección III De los recursos de coparticipación, así como el catálogo de conceptos 2014 destino recursos para la reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales municipales.
La homologación salarial consiste en la acción de igualar los salarios de los elementos policiales acorde a la categoría jerárquica y grado de desempeño, así lo determinan las reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios.
Sin embargo, a pesar de existir este recurso que tiene como finalidad mejorar la situación y la calidad de vida de nuestros policías municipales, es al día de hoy que muchos estados no han aplicado el mismo conforme los acuerdos realizados en la materia.
Alejandro Martí, fundador y presidente del Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana (SOS) señaló que “México necesita una policía unificada que sea modelo aspiracional y ético, que cuente con una homologación de criterios a nivel nacional para su salario, capacitación, seguridad social, formación y prestaciones que integren los elementos necesarios para su dignificación y eficacia.”1
Además, señaló que hay una falta de claridad en los avances en el tema policial a nivel nacional “especialmente, no vemos cristalizado los acuerdos surgidos en esta mesa. Por eso, nos preguntamos y exigimos respuestas sobre la homologación policial en todo el país, en salario, prestaciones laborales, y que corresponde al Séptimo Acuerdo de este Consejo, el 2 de agosto del 2012.”
Con la finalidad de mejorar las condiciones laborales de los elementos de la policía municipal preventiva y reconocer su sacrificio diario, es de suma importancia promover sueldos competitivos a los policías municipales con base en la homologación salarial que contempla el Subsidio para la Seguridad en los Municipios, siendo este un incentivo a la labor de los policías municipales2 .
También es necesario estimular a la policía municipal con mejores prestaciones salariales y cumplirles a tiempo con el pago de las distintas prestaciones como lo es el seguro de gastos médicos, seguro de vida, entre otros, que permitirán brindarles mayor seguridad frente a sus labores.
Debemos fortalecer a las instituciones policiales de las entidades federativas en materia de mando policial, sentando los cimientos de una nueva policía municipal que se distinga por su confiabilidad y eficacia, siendo algunos de los objetivos que se deben de lograr con la coordinación entre la federación, el estado y municipio.
No es posible que teniendo recursos para mejorar las condiciones de nuestra policía, no se estén aplicando, o muy pocos estados sean los que realmente estén trabajando en cumplimiento de los acuerdos realizados en materia de seguridad pública.
Por último, es necesario que desde nuestra posición como legisladores estemos atentos de la aplicación de los recursos y demos seguimiento a los acuerdos que se generan a favor de mejorar la situación social, particularmente en el tema de seguridad pública.
Por lo expuesto, la que suscribe, presenta ante esta honorable Cámara la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que en ejercicio de sus atribuciones, acelere la homologación de salarios a los policías municipales de los Estados, acorde a los convenios que para el efecto se hayan celebrado, como lo establecen las reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales (Subsemun).
Notas
1 http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/diversas-intervenciones-durante-la-34-sesion-ordinaria-del-consejo-nacional-de-seguridad-publica/
2 http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/17 012014
Dado en el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 11 de septiembre de 2014.
Diputada Leslie Pantoja Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al delegado en Cuauhtémoc, Distrito Federal, a difundir la información del plan Obra de Recuperación del Foro Lindbergh y del Parque México, a cargo del diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Carlos Octavio Castellanos Mijares, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El Parque México, ubicado entre las calles de avenida Parque México y avenida Sonora en el polígono de Condesa-Roma, en las inmediaciones de la delegación Cuauhtémoc, cuenta con 8.8 hectáreas y fue inaugurado el 25 de octubre de 1927 y oficialmente se le llamó Parque General San Martín, el teatro recibió el nombre de Charles Lindbergh, quien el 13 de diciembre de 1927 aterrizó en el altiplano mexicano y fue llevado al parque recién construido.
Todos los ornamentos del foro corresponden al estilo art dèco, que estaba en boga durante su periodo de construcción, lo que convirtió a ese parque en un hito a nivel nacional y mundial, en donde se declaran por un lado los ideales modernos y el culto a la tecnología y por otro los valores nacionalistas.
El Foro Lindbergh contempla en su entrada una fuente con la figura de una mujer abrazando dos cántaros, delimitado por una pérgola cubierta de buganvilias, enmarcado por un escenario de cinco columnas de concreto y en sus extremos, dos pequeños camerinos con relieves alegóricos con referencias al teatro.
En este contexto, es que con el pasar del tiempo, la estructura del Foro Lindbergh se ha deteriorado ante el deficiente mantenimiento de las administraciones delegacionales, ya que a pesar de que la recuperación del foro ha sido planteada por tres administraciones consecutivas, a la fecha no se ha concretado y se encuentra en condiciones de fuerte deterioro, incluso entre los años 2010 y 2012 se anunció la remodelación del foro a cielo abierto, mismo que está catalogado como patrimonio artístico por el INBA.
No obstante lo anterior, este espacio cultural alberga gran cantidad de vecinos, visitantes de otras delegaciones, entidades federativas e incluso turismo internacional que durante todo el año acuden a realizar diversas actividades en su interior, las cuales van desde baile danzón, bicicleta y actividades que se encuentran limitadas por la falta de instalaciones seguras, limpias y funcionales.
En este contexto es que la actual administración anunció en diversos medios de comunicación que tiene proyectada una inversión cercana a los 20 millones de pesos y que contempla la construcción de una cisterna de captación de agua de lluvia, con la cual se regará el Parque México, en donde además se renovará completamente el estanque de los patos y se desmantelarán las bodegas de los trabajadores de limpia que se ubican en el centro del jardín, entre otras acciones.
También se destaca en publicaciones impresas que las autoridades han declarado que se habilitará en el Parque México un área exclusiva para perros, y que la zona canina tendrá mil 300 metros cuadrados, para lo cual se contempla derribar cerca de 400 sujetos forestales para la realización de este proyecto y de otras actividades, sin que a la fecha se conozcan los detalles del plan de manera integral.
En este orden de ideas y ante la falta de información respecto a los alcances de dicho proyecto por ejecutarse en el sitio, es que los vecinos han llevado a cabo movilizaciones ante la presunta intención del gobierno delegacional en Cuauhtémoc de restringir el horario y las actividades en ese espacio público, toda vez que las obras se encuentran paradas sin que hasta el momento se conozcan los recursos aplicados ni los avances tangibles en la ya terminada primera etapa.
Derivado de lo anterior, se han realizado recorridos en las inmediaciones del Foro Lindbergh, se observa el espacio cercado por tapial colocado desde hace nueve meses, y al interior se puede apreciar que el espacio continúa deteriorado.
Desde hace 5 meses no se han realizado ningún tipo de trabajo de rehabilitación, sin embargo existen declaraciones de las autoridades delegacionales que afirman que la primera etapa de remodelación ha sido concluida.
De igual forma, es importante destacar que los vecinos presentaron un proyecto alterno a las autoridades delegacionales, el cual surgió como resultado del trabajo organizado de los mismos, y que tuvo como origen la realización de encuestas entre más de mil asistentes al parque.
Este plan integral de recuperación del foro contó con la participación de vecinos involucrados en el sector académico, social, etcétera, destacando el amplio interés que existe en este espacio público, con el único y claro objetivo de mejorar y reintegrar en beneficio de todos este bello parque de la Ciudad de México.
El espacio del foro, además de ser considerado un sitio cultural, ha fungido como lugar de encuentro de generaciones, al realizarse actividades culturales, sociales y recreativas, a la par de ser un sitio de encuentro de visitantes y vecinos de la colonia Hipódromo y de colonias que la rodean.
En virtud de lo aquí expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la delegación Cuauhtémoc, licenciado Alejandro Fernández Ramírez, a publicar en el portal de transparencia de la institución toda la información relativa al proyecto “Obra de Recuperación del Foro Lindbergh y del Parque México”. En dicho sitio electrónico deberán aclararse los avances de la obra, las empresas contratistas que la llevan a cabo, la inversión económica erogada a la fecha, el dictamen de impacto ambiental y si cuenta con los permisos otorgados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y/o el Instituto Nacional de las Bellas Artes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2014.
Diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Puebla a establecer políticas públicas dirigidas a alcanzar el cuarto Objetivo del Milenio, centrado en la reducción de la mortalidad infantil, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Alrededor de 29 mil niños menores de 5 años mueren todos los días –21 por minuto–, especialmente por causas evitables.
Más de 70 por ciento de los casi 11 millones de muertes infantiles producidas todos los años se deben a seis causas: diarrea, paludismo, infecciones neonatales, neumonía, parto prematuro o falta de oxígeno al nacer.
Estas muertes se producen sobre todo en el mundo en desarrollo. Un niño de Etiopía tiene 30 veces más probabilidades de morir al cumplir 5 años que uno de Europa occidental. Entre las muertes infantiles, en Asia meridional y central se producen las mayores cifras de muertes neonatales, mientras que en África subsahariana se registran las tasas más elevadas. Dos terceras partes de las muertes ocurren en sólo 10 países.
Y la mayoría puede evitarse. Algunas de estas muertes se deben a enfermedades como sarampión, paludismo o tétanos. Otras son el resultado indirecto de la marginación, los conflictos y el VIH/sida. La desnutrición y la falta de agua potable y de saneamiento contribuyen a la mitad de las muertes infantiles.
Puebla es uno de los estados que enfrentan fuertes retos en esta materia. Pese a los anuncios publicitarios donde se ve al gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas, mientras promueve su imagen junto con niños, es inevitable concluir que dicha campaña surgiera a fin de contrarrestar las críticas contra las autoridades poblanas y el propio gobernador, tras la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años, a causa de la aplicación de la llamada “Ley Bala”.
Ese suceso puso en la mira la situación de vulnerabilidad por la que atraviesa la niñez en Puebla, lo cual ha sido reafirmado mediante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través de los Objetivos del Milenio (ODM), donde se reveló que el desarrollo humano de dicho estado, así como el cumplimiento de los objetivos en materia de niñez, están lejos de los números planteados para 2015.
Los ODM representan una de las iniciativas internacionales más ambiciosas acordadas entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. Como parte de la Organización de las Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo constituye una parte central en la formulación y cumplimiento de estas metas, encaminadas a adecuar los objetivos mundiales a la situación particular de los países.
En 1990, el PNUD lanzó el índice de desarrollo humano (IDH), un indicador que mide de manera específica el bienestar en cuanto a salud, educación e ingresos. México participó con la primera publicación de este informe en 2003, y desde entonces se han presentado cinco informes nacionales, cuatro estatales y diversas publicaciones de materias específicas, relacionadas con las líneas de trabajo principales de la política social mexicana.
Según los resultados del PNUD, publicados en el informe El desarrollo humano y los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Puebla (disponible en formato electrónico en el sitio http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/Publicacio nesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/UNDP-MX-PovRed-IDH-IDHyODM Puebla.pdf), en la entidad gobernada por Moreno Valle Rosas, las tasas de mortalidad de niños menores de cinco años y mortalidad infantil son un foco de atención.
De 2006 a 2012 no se registraron reducciones significativas en las cifras de los rubros citados e incluso si se redoblan los esfuerzos, difícilmente se alcanzará el objetivo para el próximo año, manteniendo a Puebla como un “foco rojo” respecto a estos indicadores, aun con la pretensión de dicho estado para certificarse el próximo año como Estado Amigo de la Niña y del Niño.
La tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años pasó de 25.2 a 19.7 por ciento en ese periodo, lo que podría entenderse como un gran avance, pero si dicha cifra se compara con la meta planteada –de 13.7–, el dato es sumamente preocupante.
La tasa de mortalidad infantil pasó de 21.6 a 16.7 por ciento en el mismo periodo, y la meta es de 10.8 para 2015.
“Ambas tasas se encuentran alejadas del indicador nacional: 3.6 y 3.4 puntos porcentuales, respectivamente”, informa el documento.
La ONU también hace un análisis de los objetivos pero de los municipios, donde resalta la brecha para alcanzar el objetivo para el próximo año y advierte que la mayoría de éstos “no logrará alcanzar la meta”.
La falta de protección y atención que sufren los niños en Puebla es preocupante, pues de los 217 municipios sólo 40 alcanzaron la meta planteada para reducir la mortalidad infantil hacia 2015; 45 se encuentran en probabilidad de alcanzarla, con los esfuerzos necesarios; y 132 no podrán alcanzar dicho ODM.
Por lo expuesto y fundado sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, a instruir en el ámbito de sus facultades a las secretarías competentes para que establezcan políticas públicas encaminadas a mejorar las prácticas de provisión de salud y nutrición de alto impacto, atención familiar, y respuesta rápida a las situaciones de emergencia, dirigidas a la disminución de la tasa de mortalidad infantil en el estado, con prioridad a los municipios que aún se encuentran en posibilidad de dar cumplimiento al cuarto Objetivo del Milenio establecido para 2015.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2014.
Diputados: Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila.Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y a la SEP a atender, mediante campañas y programas informativos sobre prevención, la problemática del suicidio en el país, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
José Angelino Caamal Mena, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6o., fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:
Consideraciones
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio se concibe como un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en el pleno conocimiento o previsión de su desenlace fatal.
En la mayoría de los países, este fenómeno es considerado como un indicador directo de la salud mental de la población, en cuyo origen convergen distintos factores de riesgo tanto biológicos como psicológicos, sociales y económicos.
La OMS advierte que el suicidio provoca casi la mitad de las muertes violentas, lo que se traduce en cerca de un millón de víctimas al año, lo que supone que, por cada 100 mil habitantes, 16 se quitan la vida. Para los países de la OCDE en 2011 la tasa de mortalidad por esta causa fue de 12.4 por ciento por cada 100 mil habitantes; Corea es el país con el mayor índice dentro de este grupo con una tasa de 33.3 por ciento.
El mismo organismo internacional ha señalado que cada día hay en promedio casi tres mil personas que ponen fin a su vida; al menos 20 lo intentan por cada una que lo logra.
De acuerdo con la OMS, en los últimos 45 años las tasas de suicidio se incrementaron 60 por ciento a nivel mundial. El suicidio es una de las tres primeras causas de defunción entre las personas de 15 a 44 años en algunos países, y la segunda causa en el grupo de 10 a 24 años; estas cifras no contemplan las tentativas de suicidio, que son hasta 20 veces más frecuentes que los consumados.
Se estima que a nivel mundial, el suicidio supuso el 1.8 por ciento de la carga global de morbilidad en 1998, y que en 2020 representará el 2.4 por ciento en los países con economías de mercado y en los antiguos países socialistas.
Según la OMS, tradicionalmente las mayores tasas de suicidio se han registrado entre los varones de edad avanzada, sin embargo, hoy en día las tasas entre los jóvenes han ido en aumento hasta el punto de que ahora estos son el grupo de mayor riesgo en un tercio de los países, tanto en el mundo desarrollado como en los países en vías de desarrollo.
Datos del organismo internacional han demostrado que los trastornos mentales (especialmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol) son un importante factor de riesgo de suicidio en Europa y América del Norte; en los países asiáticos, sin embargo, tiene especial importancia la conducta impulsiva.
En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos consideramos que el suicidio es un problema complejo, en el que intervienen factores psicológicos, sociales, biológicos, culturales y económicos (falta de empleo, situación económica, etc.), que debe abordarse de inmediato no solo con acciones que atiendan las tentativas, sino con programas integrales que busquen informar al sector más vulnerable (los jóvenes) de los peligros que existen al acercarse a sustancias tóxicas o a la importancia de atender los problemas psicológicos por menores que parezcan.
De lo anterior, podemos desprender que la tendencia de suicidios consumados en el mundo ha ido en aumento y el caso de México no ha sido la excepción.
En México, la publicación de datos sobre intentos de suicidio y suicidios consumados comenzó en la década de 1930, mientras que en 1995 inició su publicación detallada en un cuaderno específico, señala el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (por sus siglas Inegi).
De acuerdo con las estadísticas de mortalidad publicadas por el Inegi, durante 2012 en el país se registraron 5 549 suicidios, de los cuales 80.6 por ciento fueron consumados por hombres y 19.4 por ciento correspondió a mujeres.
Los estados de Yucatán, Tabasco, Quintana Roo y Campeche ocupan los primeros lugares de suicidio a nivel nacional. En tanto que Guerrero presenta la tasa más baja con 2.6 suicidios por cada 100 mil habitantes.
Respecto de la evolución de este fenómeno, es posible advertir que la tasa presenta una tendencia creciente, pues de 1990 a 2012 para la población en general la tasa se duplicó al pasar de 2.2 a 4.7 suicidios por cada 100 mil habitantes.
El Inegi señala que la combinación de distintos factores sociales predispone la decisión de una persona para quitarse la vida. Algunos estudios mencionan que este comportamiento se ve diferenciado también por grupos de edad: entre los jóvenes, es posible encontrar ciertos hechos asociados con la depresión y el aumento en el consumo de drogas y alcohol; en los grupos de edad productiva, existen factores de índole laboral y económica; y en los adultos mayores, enfermedades que generan dolor o discapacidad.
Del total de la población que cometió suicidio, el conjunto de quienes tenían de 15 a 29 años de edad representaron la mayor proporción de fallecimientos por este hecho (42.6 por ciento). Por sexo, esta situación se acentúa más en las mujeres, ya que la mitad (48.5) eran jóvenes en estas edades.
De acuerdo con la OMS, la adolescencia es la etapa más vulnerable de este fenómeno, ya que en 2012 ocupó el segundo lugar como la tasa más alta de muerte en este grupo poblacional.
Al ser esta etapa de la vida un periodo vulnerable por los cambios físicos y psicológicos que los jóvenes presentan, se comienzan a experimentar y a enfrentar situaciones que pueden ser de riesgo para el bienestar, la salud y la vida del individuo. En México, las principales causas de muerte en los adolescentes de 15 a 19 años de edad en 2012 fueron las agresiones (24.7 por ciento), accidentes de transporte (16.6 por ciento) y las lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) con 8.5 por ciento; situación que manifiesta una preocupación, debido a que son muertes prematuras y prevenibles.
El suicidio en adolescentes y jóvenes es una realidad cada vez más latente en el país, ya que en 2012 se registraron 826 suicidios en adolescentes de 15 a 19 años, lo que representa una tasa de 7.4 muertes por cada 100 mil habitantes.
La OMS fomenta en todo el mundo compromisos y medidas prácticas para su prevención, por lo que ha instituido el 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
En su portal de Internet el organismo internacional de la salud ha señalado diversas estrategias para prevenir y combatir los suicidios señalando que:
No se pueden prevenir todos los suicidios, pero si la mayoría. Tanto a nivel comunitario como nacional, se pueden tomar varias medidas para reducir el riesgo, entre ellas las siguientes:
• Reducir el acceso a los medios para suicidarse (pesticidas, medicamentos, armas de fuego, etcétera);
• Tratar a las personas con trastornos mentales, y en particular a quienes padecen depresión, alcoholismo o esquizofrenia;
• Seguimiento de los pacientes que han cometido intentos de suicidio;
• Fomentar un tratamiento responsable del tema en los medios de comunicación;
• Formar a los profesionales de la atención de la salud primaria.
Señala el organismo que a nivel personal, es importante saber que sólo un escaso número de suicidios se produce sin previo aviso. La mayoría de los suicidas dan señales evidentes de sus intenciones. Por consiguiente, deben tomarse en serio todas las amenazas de autolesión. Además, la mayoría de las personas que intentan suicidarse son ambivalentes y no buscan exclusivamente la muerte.
A nivel mundial, la prevención del suicidio es una necesidad que no se ha abordado de forma adecuada debido básicamente a la falta de sensibilización sobre la importancia de ese problema y al tabú que lo rodea e impide que se hable abiertamente de ello. De hecho, señala la OMS, solo unos cuantos países han incluido la prevención del suicidio entre sus prioridades nacionales.
El gobierno federal ha dejado de lado el tema de los suicidios, ya que ni el Plan Nacional de Desarrollo ni el segundo informe de gobierno del Ejecutivo Federal contemplan las acciones que se deben realizar o que se están implementando para contrarrestar las estadísticas que se han mencionado sobre esta problemática; solo el plan sectorial de Salud del Gobierno Federal contempla en su Estrategia 3.5. Contribuir a disminuir las muertes por lesiones de causa externa en su línea de acción 3.5.3. lo siguiente:
“Contribuir a mejorar el marco jurídico para la prevención de suicidios y homicidios con base en evidencia científica.”
Por lo anterior, las y los Diputados de Nueva Alianza nos sentimos comprometidos con la salud y bienestar de las y los mexicanos y por ello mediante esta proposición con punto de acuerdo buscamos exhortar a la Secretaría de Salud y a la de Educación para que sumen esfuerzos, en el entendido de que el problema del suicidio debe ser atendido integralmente y a su vez como un tema de prioridad focalizado por diversas dependencias y no solo como un problema de salud.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud Federal para que implemente programas y acciones focalizadas al tema del suicidio buscando no solo atender el problema sino prevenirlo.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal, para que implemente en coordinación con la Secretaría de Salud, campañas y programas de información sobre el suicidio, buscando llegar al sector más vulnerable que es el de los adolescentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2014.
Diputado José Angelino Caamal Mena (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a verificar el otorgamiento de permisos relativos a los casinos de la delegación Benito Juárez y, en su caso, aplicar las sanciones administrativas procedentes, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja, diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente.
Exposición de Motivos
En México no ha habido un debate amplio y profundo sobre los casinos, sus consecuencias, ni se ha promovido una decisión informada al respecto de los mismos. La prisa, la premura en la toma de decisiones, así como la opacidad y los negocios al amparo del poder han permitido el otorgamiento de permisos para los casinos con una regulación deficiente.
La justificación de concesionar casinos bajo la premisa de la generación de recursos y, por ende, la recolección de impuestos es fácilmente cuestionable, con un marco legal caduco y falta de regulación que impida evitar la comisión de delitos como el lavado de dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Si a esto aunamos que por cada dueño de casinos que se enriquece con estos centros, hay cientos de mexicanos que merman su economía por participar en dichos centros.
Los países que permiten casinos lo saben. Y por ello cuentan con sistemas eficaces de fiscalización. Cuentan con instituciones judiciales que vigilan, controlan y sancionan de manera adecuada y pronta cualquier posible violación, además de contar con sistemas financieros sólidos y métodos para evitar el lavado de dinero, elementos con los que no cuenta nuestro país, que se encuentra profundamente atrapado en las redes de la corrupción.
Frente a esa realidad la expansión de casinos es un grave problema, pues ante tal falta de control, los beneficios que podrían proporcionar no superan en lo absoluto las graves consecuencias políticas, económicas y sociales que generan.
Los escándalos acerca de la relación de algunos funcionarios panistas con dueños de casinos han salido a la luz desde 2013, particularmente en Nuevo León. Sin embargo, ahora se ha ventilado el caso de la delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México, lugar en donde se han inaugurado 10 establecimientos de este tipo en sólo dos años.
Las licencias de funcionamiento fueron otorgadas por los ahora ex delegados, Fadlala Akabani, Germán de la Garza, Mario Palacios; y Jorge Romero, quien actualmente se encuentra al frente de la demarcación.
El periódico Reforma señaló que de los 38 casinos que existen en la ciudad, al menos una cuarta parte han sido cobijados por los representantes del Partido Acción Nacional.
Casino Life, Play City Armand, Casino Palace, Bingo Poker, Caliente y Monarca son sólo seis de estos nuevos casinos, ubicados sobre la avenida Insurgentes Sur.
Por su parte, el Emotion, casino ubicado en la avenida Patriotismo, y el Yak tiene sedes distribuidas en las plazas comerciales Parque Delta, Metrópoli y Universidad.
En una búsqueda en el sistema de información geográfica de la Secretaría de Desarrollo Urbano, se encontró que de los 10 casinos únicamente 2 cuentan con certificados para operar como centros de apuestas o centros nocturnos y juegos electromecánicos; tres no cuentan con el uso de suelo para trabajar con ese giro y los cinco restantes tienen su solicitud en trámite, aunque ya están operando.
De esta manera, la delegación Benito Juárez ha empatado a Monterrey en cuanto al número de casinos activos, teniendo por encima a Hermosillo, con 12; Mexicali, con 13; y Tijuana, con 20, acorde con datos de la Secretaría de Gobernación.
La operación ilegal de estos establecimientos, o el posible otorgamiento de permisos como consecuencia de una relación política entre funcionarios públicos y casineros ha demostrado, en años recientes, los graves perjuicios que pueden causar a la sociedad, que incluso pueden escalar a la pérdida de vidas de quienes laboran o trabajan en dichos establecimientos.
Por lo expuesto y fundado, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a que en el ámbito de sus facultades, instruya la verificación de los permisos otorgadas a los casinos ubicados en la demarcación de la delegación Benito Juárez, clausurando aquellos que no cuenten con los requerimientos legales correspondientes, y aplicando las sanciones administrativas que procedan.
Dado en el palacio Legislativo, a 11 de septiembre de 2014.
(Rúbrica)
Con motivo del 204 aniversario del inicio del movimiento de independencia de México, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del PT
¡Independencia, libertad y justicia!
Hace 204 años, hombres y mujeres se manifestaban a favor de la libertad y de la igualdad en un territorio que había alcanzado un gran crecimiento económico pero que solo beneficiaba a los españoles y a un grupo selecto de autoridades, comerciantes y terratenientes.
El pueblo era ignorado y, por tanto, el descontento popular se acentuó, por lo que la insurrección sería la consecuencia. Ya no eran tolerables el sometimiento, el despotismo y la injusticia.
Miguel Hidalgo encabezaría a quienes estuvieron dispuestos inclusive a sacrificar sus vidas a cambio de la independencia y la libertad, pero al propio tiempo, a quienes hartos de la arrogancia y soberbia de unos cuantos deseaban utilizar sus fuerzas y su valentía, contra la ignorancia, el autoritarismo y la desigualdad social que prevalecía.
Las condiciones de las mayorías eran lamentables, las oportunidades de trabajo escasas, los salarios inequitativos, prevalecían los trabajos forzados, los tributos eran altos y las condiciones de igualdad social inexistentes.
Por ello Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Mariano Abasolo, Juan Aldama, Josefa Ortiz de Domínguez, José Miguel Domínguez, Mariano Matamoros, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero y otros habrían de alzarse en armas para luchar por la independencia de México, pero también para acabar con los excesos del poder.
La gran batalla popular que se verificó hace doscientos cuatro años era por la libertad, pero también por la igualdad y la justicia. Por ello, en los Sentimientos de la Nación habría de quedar inscrita la siguiente proclama:
Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre que mejores sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto.
Hoy, los mismos anhelos de igualdad y justicia prevalecen. Son la principal demanda de las mexicanas y los mexicanos, por ello, en un ejercicio autocrítico, no dudaría en afirmar que si los insurgentes pudieran hacer uso de la tribuna en nuestra época, habrían de reprocharnos las condiciones de marginación, ignorancia y pobreza en que se encuentran la gran mayoría de los mexicanos.
Las páginas de la historia se vuelven hoy, en contra de quienes pretenden escribirla haciéndonos nuevamente dependientes del exterior, porque si bien somos una nación de leyes, prevalece la injusticia, la impunidad y no hemos sido capaces de abolir la corrupción. Nuestros gobernantes están más interesados en los negocios que en abatir la desigualdad social, los abusos en contra de los más necesitados prevalecen y tal parece que no hemos aprendido las lecciones de la historia.
Conmemoramos 204 años de Independencia, mientras se restablecen los privilegios para unos cuántos, vilipendiando los derechos de la nación consagrados en la Constitución.
Hoy evocamos a quienes gracias a su vida fueron capaces de transformar las circunstancias del momento en que coincidieron para construir un México independiente y soberano.
Es el momento de que la actual generación de mexicanos emulemos con tenacidad, convicción e integridad a aquella pléyade de hombres y mujeres singulares que defendieron hasta su culminación la causa de la insurgencia, en estas horas en que es indispensable defender la Independencia nacional.
Debemos recordar, como lo estableció el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, que “la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos, consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas”.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2014.
Diputada Magdalena Núñez Monreal (rúbrica)