Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por sus dependencias con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones conducentes a deslindar responsabilidades, aplicar sanciones y subsanar el daño ambiental ocasionado a la Laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI y por el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del PVEM

Los suscritos, diputados federales de Jalisco por el PRI y el PVEM, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 62, numeral 3; artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2; artículos 100 y 113, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y de la Comisión Nacional del Agua, y todas aquellas autoridades competentes de la administración pública federal, coadyuven con las autoridades del gobierno de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones que sean necesarias, a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la Laguna de Cajititlán, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Laguna de Cajititlán, ubicada en Tlajomulco de Zúñiga, cerca del Lago de Chapala, tiene 9 kilómetros de longitud y 2 kilómetros de ancho. Es pequeña comparada con el Lago de Chapala, pero es considerada como la laguna de la zona metropolitana de Guadalajara por su majestuosidad y atractivo turístico.

Formado con el agua de lluvia proveniente de las serranías que la rodean, la Laguna de Cajititlán es un lugar único y muy especial para los tapatíos y para todos los jaliscienses.

Hoy desgraciadamente nuestra bella laguna está sufriendo los embates de los cambios climatológicos o, peor aún, de posibles actos de negligencias y violencia medio-ambiental.

Según la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, hasta el domingo 31 de agosto se habían logrado extraer más de 30 toneladas de peces muertos. Para el martes ya se contabilizaban más de 50 toneladas.

Debemos reconocer que las autoridades han puesto su empeño para detectar la causa de la muerte de esta gran cantidad de peces en la laguna.

Aparentemente se desconoce si es un fenómeno natural o se trata de un evento provocado por conductas perniciosas de ciertos individuos.

La secretaria de Medio Ambiente en Jalisco, Magdalena Ruiz, informó que ya se han enviado brigadas de trabajadores para apoyar a los pescadores locales en la retirada de los peces muertos, así como técnicos para evaluar la situación de las plantas de tratamiento de aguas de la ribera de la laguna.

De acuerdo con el doctor Manuel Guzmán Arroyo, director del Instituto de Limneología de la Universidad de Guadalajara, el fenómeno se trata de un problema provocado por el nivel de agua de la laguna, “que resulta demasiado bajo para cubrir las necesidades de oxígeno de los peces”.

El especialista explicó que “el lago tiene problemas porque le sacan demasiada agua. Una ventisca fuerte puede remover el fondo se levantan los sedimentos, se mezcla y se agota el oxígeno en el agua”.

Otra explicación que se ha dado es que la ausencia de agua suficiente y la ausencia de oxígeno, es consecuencia del riego del valle adyacente y la existencia de un canal de adiestramiento para deportes acuáticos que también extrae agua de la laguna.

Durante estos días la secretaria de Medio Ambiente de Jalisco ya dio a conocer que estableció un mando único para la atención de la contingencia ambiental. La Semadet, junto con la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (Proepa) y la Comisión Estatal del Agua (CEA) han tomado importantes medidas de coordinación para que la contingencia ambiental se estabilice de manera positiva, se recupere el equilibrio ecológico de la zona y, desde luego, se subsane el daño ambiental ocasionado en la medida de lo posible.

En resumen:

i. La recurrente crisis ambiental en la Laguna de Cajititlán -cuatro periodos de muertes masivas de peces- pueden tener su causa en cuestiones cíclicas u ocasionadas por la acción irresponsable del hombre;

ii. Ante estos hechos, existen las instancias gubernamentales competentes para investigar el hecho y las formas de resarcir el daño ocasionado, buscando a su vez a los responsables y sancionándolo conforme a las leyes que nos hemos dado;

Nuestra posición como diputados federales ante el Congreso de la Unión es coadyuvar con las autoridades locales para resolver, de acuerdo con nuestras atribuciones, los problemas que pudiera afectar a nuestros representados.

Hoy, las niñas, niños, mujeres y hombres de Jalisco están sufriendo una afectación ambiental que merece toda la atención, tanto de las autoridades locales como federales. Merece que nos dispongamos a revisar las leyes en materia ambiental, tanto por lo que toca al Congreso de Jalisco, como lo que corresponde al Congreso de la Unión. Deben provocar toda nuestra atención y, desde luego, la coordinación de todas las autoridades competentes al efecto de deslindar responsabilidades, encontrar y sancionar a los culpables y, más importante aún, lograr reestablecer el equilibrio ecológico en la zona afectada y prevenir nuevas afectaciones.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y de la Comisión Nacional del Agua, y todas aquellas autoridades competentes de la administración pública federal, coadyuven con las autoridades del gobierno de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones que sean necesarias, a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la Laguna de Cajititlán.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2014.

Diputados: Abel O. Salgado Peña, Enrique Aubry de Castro, Leobardo Alcalá Padilla, Arellano Guzmán Salvador, Salvador Barajas del Toro, Marco Antonio Barba Mariscal, Sergio Armando Chávez Dávalos, Luis Armando Córdova Díaz, María del Rocío Corona Nakamura, Claudia Delgadillo González, Patricio Flores Sandoval, Celia Isabel Gauna Ruiz de León, Gabriel Gómez Michel, Celia González Gómez, Rafael González Reséndiz, María Angélica Magaña Zepeda, María Leticia Mendoza Curiel, Ossiel Omar Niaves López, Cesario Padilla Navarro, José Noel Pérez de Alba, Patricia Elena Retamoza Vega (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a la PGR a emprender acciones para prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de los casos de desaparición forzada; y a los congresos locales, a legislar en la materia, conforme a lo establecido en los estándares internacionales, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 fracción I, y 79 numeral 2 fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados presentan ante la Cámara de Diputados punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Según la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, (en adelante Convención) adoptada a partir del año 2006, por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas.

Se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o de ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley1 .

Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha enlistado una serie de derechos tanto civiles o políticos, económicos, sociales y culturales, que podrían ser violados por el hecho de una desaparición.

Entre ellos se encuentran el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; el derecho a la libertad y seguridad de la persona; el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida; el derecho a una identidad; el derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales; el derecho a un recurso efectivo, con reparación e indemnización; el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición; y, en caso de que la víctima de desaparición forzada sea el sostén económico de la familia, ésta podría quedar en un estado de vulnerabilidad permeando así derechos como el derecho a la protección y a la asistencia a la familia; el derecho a un nivel de vida adecuado; el derecho a la salud o el derecho a la educación.2

Por otro lado, respecto a las acciones que los estados parte deberán cumplir para la prevención de la desaparición forzada, la Convención prevé:

“La prohibición expresa de la detención en lugares secretos y se pide a los estados que garanticen unas normas jurídicas mínimas sobre la privación de libertad, como el mantenimiento de registros oficiales de las personas privadas de libertad con un mínimo de información y la autorización para comunicarse con su familia, un abogado o cualquier otra persona de su elección.”

En la Convención se establece que cada estado parte tomará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos de desaparición forzada en los casos en que el presunto autor se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción, salvo que dicho estado lo extradite o lo entregue a otro estado conforme a sus obligaciones internacionales, o lo transfiera a una jurisdicción penal internacional cuya competencia haya reconocido3 .

Por su parte, en México, se ha establecido por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la Agenda Nacional de Derechos Humanos que

“La desaparición de personas constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos. El estado es el primero obligado a combatirla, y desde el momento en que éste deja de reconocer su responsabilidad en los hechos o se niega a proporcionar información para la localización de las víctimas, conocer su suerte o destino final, se actualiza una violación de lesa humanidad que afecta sustancialmente la integridad, seguridad, libertad y vida de las personas.”

Sin embargo, como se podrá observar más adelante, la Comisión señalada ha sido rebasada por la situación que se vive en el país en materia de desapariciones forzadas, por lo que su actuación al respecto ha sido objeto de fuertes críticas por parte de activistas y especialistas.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, a partir de 2011, conmemorado el 30 de agosto, algunas de las voces con mayor trayectoria en la atención y análisis de estos hechos, como Amnistía Internacional y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, criticaron al gobierno mexicano por la falta de claridad en las cifras que han dado a conocer.

Cifras oficiales aportadas por la Secretaría de Gobernación el 22 de mayo hablaban de 8 mil personas desaparecidas. Sin embargo, el 16 de junio las autoridades explicaron que en realidad se trataba de 16 mil personas, cuando el 21 de agosto de 2014, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), anunció que el número de personas no localizadas sobre las que se presentó una denuncia suman 22 mil 3224 .

Para Amnistía Internacional “no existe ningún documento oficial que explique claramente el proceso de depuración de datos y el porqué las cifras han variado de forma tan drástica en tan poco tiempo. Tampoco hay claridad en cuanto a las personas localizadas después de haber sido reportadas como sustraídas por la fuerza.”5 Por su parte

La alta comisionada en esta materia, Navi Pillay, en un comunicado [...] hizo eco de los legítimos reclamos de las familias de las víctimas que exigen verdad y justicia. Asimismo, pidió al gobierno mexicano que reconozca la competencia del Comité de la Organización de la Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, quien en su informe más reciente exigió a México políticas para prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar a las víctimas6 .

En el mismo sentido, Ariel Dulitzky, quien encabezó la misión del grupo de trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU en México, ha realizado una revisión seria de los avances y pendientes que el gobierno federal presenta en la materia, por lo que ha concluido en que la falta de transparencia y de una metodología acorde en la elaboración de la base de datos de personas no localizadas a nivel nacional, aunado a las carencias que presentan los protocolos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas a nivel local; entre otros elementos7 , han provocado que los casos de desapariciones sigan siendo una constante en nuestro país.

Respecto a la actuación de la CNDH, el doctor José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dio a conocer en el coloquio Evaluación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos , realizado en la Cámara de Diputados el pasado 18 de agosto, que la comisión ha emitido desde 2006, sólo diez recomendaciones sobre desaparición forzada.

Dichas recomendaciones involucran a 26 personas víctimas de desaparición forzada, sin embargo durante la actual administración encabezada por Enrique Peña Nieto, no se ha emitido ninguna recomendación a pesar del creciente número de casos de desapariciones en el país.

En dicho tenor, debe mencionarse que:

“La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.

La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes.”8

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República, a que emprendan, en el marco de sus atribuciones, las acciones para prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de los casos de desaparición forzada.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a los congresos locales a legislar en materia de desaparición forzada, considerando lo establecido en los estándares internacionales, con la finalidad de contar con un marco jurídico acorde.

Notas

1. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, [en línea], Dirección URL: http://www2.ohchr.org/spanish/law/disappearance-convention.htm

2. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Folleto informativo No. 6/Rev.3 “Desapariciones forzadas o involuntarias”, p.p. 3, 4, [en línea], Dirección URL: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet6Rev3_sp.pdfhttp:/ /www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet6Rev3_sp.pdf

3. Ibid., p. 9

4. Sin Embargo, “La desaparición de personas es una crisis para México, advierten Amnistía y la ONU; los casos van en aumento, dicen”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.sinembargo.mx/31-08-2014/1102849

5. La Jornada, “Incoherentes, las cifras oficiales de desaparecidos: AI”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/08/30/gobierno-ha-dejado-que-pr evalezca-la-confusion-sobre-desaparecidos-ai-2707.html

6. StarMedia México, “ONU solicita a México elaborar Ley General para personas desaparecidas”, [en línea], México, Dirección URL: http://noticias.starmedia.com/mexico/onu-solicita-mexico-elaborar-ley-general-para-personas-desaparecidas.html

7. Animal Político, “Tres fallas de Peña Nieto contra la desaparición forzada, según experto”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.animalpolitico.com/2014/08/tres-fallas-de-pena-nieto-contra-la-desaparicion-forzada-segun-experto/#axzz3Bsu0Ouk4

8. Naciones Unidas, “Día Internacional de las Víctimas”, [e

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2014.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los Ejecutivos federal y estatales, así como al jefe del gobierno del Distrito Federal, a exponer de modo exacto y detallado por las Secretarías de Finanzas o de Hacienda correspondientes el estatus de la deuda pública de cada estado durante las dos últimas administraciones, en particular lo referente a los pasivos generados por los sistemas de pensiones y seguridad social, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, diputado en la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracciones II, III y IV, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con carácter de urgente resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

1. Según un análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios realizado por la Auditoría Superior de la Federación,1 diversas entidades federativas han contraído elevados montos de deuda no registrada que ha sido identificada por el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero por medio de fuentes secundarias, como las instituciones bancarias y la Bolsa Mexicana de Valores.

2. Al 31 de diciembre de 2011 y de acuerdo con la información publicada por la SHCP, con base en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios, el saldo de la deuda subnacional ascendió a 390,777.5 mdp, con un crecimiento nominal de 92.4% respecto a los 203,070.2 mdp al cierre de 2008, y que en términos reales es de 67.9%. De 2008 a 2011 las variaciones reales con los montos más altos se presentaron en 11 entidades:

Campeche (2,420.5%); Coahuila (1,639.2%); Tamaulipas (552.9%); Morelos (412.9%); Zacatecas (406.0%); Quintana Roo (312.4%); Nayarit (213.7%); Yucatán (199.1%); Veracruz (165.9%); Chihuahua (139.9%), y Baja California Sur (114.9%).

Al analizar los saldos de la deuda pública de las entidades federativas incluidos los municipios, conforme a lo registrado ante la SHCP, entre 2008 y 2011 se tiene un aumento en términos absolutos de 187,707.3 mdp, del cual 10 entidades concentran el 76.5% del total, como sigue:

Coahuila (18.5%); Nuevo León (11.0%); Veracruz (10.0%); Jalisco (6.4%); Chihuahua (5.9%); Distrito Federal (5.7%); Quintana Roo (5.5%); Tamaulipas (5.2%); Michoacán (4.5%), y Chiapas (3.8%).

3. Con base en los datos del Inegi y de manera acumulada para las 32 entidades federativas, se observa que 18 tenían déficit primario en el periodo 2006-2010, entre las que resaltan Coahuila (8,089.1 mdp); Jalisco (7,497.5 mdp); Tamaulipas (7,203.2 mdp); Veracruz (5,019.5 mdp); Chihuahua (3,339.2 mdp), y Nayarit (2,965.1 mdp), que en conjunto suman 70.1% del déficit primario acumulado en este lapso por 48,683.6 mdp. Veracruz contrato una deuda en monto superior a su superávit acumulado (7,087.5 millones de pesos), ya que su endeudamiento en el periodo de 2006 a 2010, fue de 15,985.6 millones de pesos.2

Por entidad federativa y con datos del INEGI disponibles al cierre de 2010, el indicador Deuda/Ingresos Garantizables mantuvo valores por arriba del valor nacional (54.0%) en 11 entidades federativas, distribuidas como sigue: Quintana Roo (127.3%), Nuevo León (130.1%), Sonora (105.5%), Veracruz (70.4%), Chihuahua (70.3%), Jalisco (67.1%), Tamaulipas (63.2%) Michoacán (62.0%), Coahuila (61.9%), Baja California (60.9%) y Nayarit (58.7%). Este indicador muestra que 15 entidades tienen comprometida más de la mitad de sus ingresos garantizables en el pago de su deuda.

Según datos aportados por la publicación de Contralinea con el pretexto de resolver las urgencias administrativas, en el sexenio pasado, las entidades federativas y los municipios se consolidaron como uno de los principales clientes de la banca privada.

Actualmente, más del 60 por ciento de las deudas se concentra en tres instituciones, revelan datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se trata de las firmas mexicanas Banorte e Interacciones y de la española BBVA Bancomer.3

Aunque la deuda total de entidades y municipios que reporta la Comisión al cierre de junio de 2013 no coincide con la que registra la Secretaría de Hacienda, sí refleja la composición de este mercado: de la cartera total en el ámbito privado por 282 mil 675 millones, el 28 por ciento, 79 mil 184 millones, fue prestado por Banorte; el 20.7 por ciento, 58 mil 530 millones, por BBVA Bancomer, y el 15.5 por ciento, 44 mil 34 millones, por Interacciones.

Otros bancos que mantienen carteras multimillonarias con estados y municipios son Banamex, con 19 mil 935 millones de pesos; Multiva, con 18 mil 476 millones; Inbursa, con 15 mil 562 millones; Banco del Bajío, con 12 mil 691 millones; HSBC, con 10 mil 466 millones, y Santander, con 9 mil 265 millones.

Juan José Dávalos, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, señala que los bancos tienen responsabilidad respecto de las deudas contratadas con las entidades federativas y los ayuntamientos: las instituciones financieras no deben dar créditos chatarra, deben asegurarse de que el cliente es solvente y les va a pagar.

Hasta junio de 2014, la deuda de estados y municipios llegó a un saldo máximo de 489 mil 643.4 millones de pesos, del cual el Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz y estado de México concentran casi 50 por ciento.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) muestran que el endeudamiento de los gobiernos locales creció 1.4% respecto al saldo del cierre de 2013 (482 mil 807.2 millones de pesos), y 10.5% en relación con junio del año pasado (443 mil 38.9 millones).

Señala que las obligaciones financieras de estados y municipios representó 3.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal, porcentaje ligeramente menor al de 3.1 por ciento en diciembre de 2013, pero superior al de 2.8 por ciento en junio de año pasado.

Las entidades más endeudadas a junio de 2014 fueron Distrito Federal (61 mil 402.8 millones de pesos), Nuevo León (58 mil 443.9 millones), Chihuahua 41 mil 603.1 millones), Veracruz (40 mil 767.4 millones) y estado de México (39 mil 124.1 millones).

En conjunto, estas cinco entidades sumaron 241 mil 341.4 millones de pesos, monto que representa 49.28% del total de la deuda local, según las cifras de la Secretaría de Hacienda.4

Por lo anteriormente expuesto y en base a lo estipulado en el artículo 26. De la Constitución refiere que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.5

El artículo 117 Constitucional, en su fracción VIII, estipula que los Estados no pueden, en ningún caso:

VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública.

De la misma manera el artículo 134. De ese ordenamiento refiere en sus párrafos primero, quinto y séptimo que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Según lo dispuesto en el Artículo 6o. apartado A. fracciones I III y IV de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos el cual a la letra dice que para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.

En el artículo 79, fracción I, constitucional, en su segundo párrafo refiere que también fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia e otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

Artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, menciona que los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y los Ejecutivos de los estados así como al jefe de gobierno del Distrito Federal a fin de que expongan de manera exacta y detallada, por conducto de sus Secretarías de Finanzas o de Hacienda que correspondan, sobre el estatus de la deuda pública que tiene cada Estado de la Republica durante las dos últimas administraciones y en particular lo referente a la los pasivos generados por los sistemas de pensiones y seguridad social.

Notas

1 http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/1._An alisis_de_Deuda_Publica_Agosto_2012.pdf agosto 2012

2 Comparativo entre los balances presupuestario y primario, con el endeudamiento

3 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/09/22/estados-municipios-las-deudas-se-ven-pero-se-pagan/ 1-09-14.

4 17 de agosto, 2014 El Economista.

5 Artículo 26 A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Párrafo reformado DOF 05-06-2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 3 de septiembre de 2014.

Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos de Baja California, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz a armonizar sus cuerpos normativos para derogar la figura de “adopción simple”, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe María de Jesús Huerta Rea, Diputada de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Según datos del informe “Los derechos de la infancia y la adolescencia en México” que elaboró el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), nuestro país ocupa el segundo lugar con más número de niños huérfanos en América Latina, detrás de Brasil con 3.7 millones de pequeños.1

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló en el apartado “México en Cifras” que hasta 2013 se tenían censados a cerca de 28,107 niñas, niños y adolescentes que vivían en casas hogar, orfanatos y casas de cuna.2

Por su parte, la Dirección Jurídica del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), indicó que en ese mismo año existían 1.6 millones de niñas y niños en estado de vulnerabilidad grave por orfandad total o parcial, mientras que las redes y organizaciones de la sociedad civil calculaban hasta en 60 mil los niños que cada año ingresan a los albergues de instituciones privadas. 3

Ante éste panorama, el 21 de febrero de 2013 aprobamos en la Cámara de Diputados una reforma innovadora en materia de adopción infantil misma que entró en vigor el 8 de abril de 2013. Ésta iniciativa reforma el artículo 391 y elimina los artículos 402 al 410 del Código Civil Federal.

En este tenor, el 14 de marzo del mismo año, se aprobó otra iniciativa para derogar los artículos 139 al 145 del Código Civil Federal; misma que entró en vigor el 24 de diciembre de 2013.

El espíritu de la modificación en comento fue eliminar la figura de “adopción simple”, debido a que esta modalidad sólo establecía un vínculo entre el adoptante y el adoptado dejando a un lado al resto de la familia, por lo que a través de la “adopción plena” se garantiza:

• Una total incorporación del menor al seno familiar.

• Erradicar su discriminación.

• Resguardar el Interés Superior de la Infancia.

• Promover la cultura de la adopción.

• Establecer la posibilidad de que las parejas que viven en concubinato puedan adoptar menores, no solo los matrimonios.

• A los hijos adoptados, el gozar de los mismos derechos y obligaciones de los hijos consanguíneos.

• Un proceso de adopción más ágil, transparente y efectivo; -aunque se debe reconocer la necesidad de continuar trabajando en la materia-.

• El seguimiento de este procedimiento durante los 2 primeros años; cada 6 meses se visita a la familia para ver cómo funciona la dinámica y si el menor se ha adaptado a ésta nueva vida.

Como es de conocimiento público, la adopción es “el acto jurídico que crea entre adoptante y adoptado un vínculo de parentesco civil del que se derivan relaciones análogas de las que resultan la paternidad y filiación legítimas”4

“En el ámbito internacional se ha abordado el tema a partir de dos vertientes, una de ellas con el objeto de emitir lineamientos que los Estados Partes de los compromisos internacionales en la materia deban armonizar en su legislación interna; y lo otra, tendiente a regular la adopción cuando ésta involucra a dos o más Estados. Las disposiciones concernientes, que parten de la visión de garantizar los derechos de las y los niños a tener una familia, han sido plasmadas en diversos instrumentos tanto jurídicamente vinculantes como en el nivel de lo políticamente acordado.”5

Los instrumentos jurídicos internacionales que abordan de manera específica esta figura son:

• Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989, en donde los Estados Partes se comprometen a velar porque el Interés Superior de la Infancia sea la consideración primordial en materia de adopción.6

• Convenio de la Haya relativo a la Protección del Niño y la Cooperación en materia de Adopciones Internacionales, la cual fue adoptada en 1993 y tiene por objeto garantizar la cooperación entre los Estados Partes en materia de adopción internacional, partiendo del derecho de las personas de ser adoptadas consagrada en la Convención sobre los Derechos del Niño.7

• Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Adopción de Menores, celebrada en 1984 en la Paz, Bolivia. Señala que se aplicará la adopción de menores bajo las formas de adopción plena, legitimación adoptiva y otras instituciones afines que equiparen al adoptado a la condición de hijo, cuya filiación esté legalmente establecida, cuando el adoptante tenga su domicilio en un Estado Parte y el adoptado su residencia en otro Estado Parte.8

• Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, tiene por objeto asegurar la pronta restitución de menores que tengan residencia habitual en uno de los Estados Partes y hayan sido trasladados ilegalmente desde cualquier Estado a un Estado Parte, o que habiendo sido trasladados legalmente hubieren sido retenidos ilegalmente. Asimismo consagra el respeto del ejercicio del derecho de visita y el de custodia o guarda por parte de sus titulares.9

A nivel de acuerdos políticos internacionales se encuentran:

• Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos relativos a la Protección y el Bienestar de los Niños, con particular referencia a la adopción en hogares de guarda.10

Por su parte, el Máximo Tribunal de la Nación asevera:

Registro número 17200

Localización: Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, Julio de 2007 Página: 265.

Tesis: 1a. CXLI/2007. Tesis Aislada. Materia: Civil.

“Interés Superior del Niño

Su concepto

En términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) de la siguiente manera: “la expresión ‘interés superior del niño’ ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”.11

Retomando el espíritu de la iniciativa aprobada en 2013 la cual representa, sin duda, un gran avance en materia jurídica al fortalecer los medios para garantizar la integridad biopsicosocial de las y los niños y adolescentes en esta condición de vulnerabilidad, es necesario advertir que aún se presentan rezagos en la materia al observar que:

• Aún el 80% de la población en México desconoce el proceso mediante el cual se da la adopción;

• No existen campañas informativas para dar a conocer todo lo relacionado con esta importante decisión;

• Persisten en diversas entidades federativas vacíos legales o dilación en cuanto a la observancia de esta reforma, lo cual impide agilizar los procesos de adopción, como es el caso de los Estados de:

– Baja California.

– Campeche

– Chiapas.

– Guanajuato

– Guerrero

– Jalisco

– Tamaulipas

– Sinaloa

– Tabasco

– Veracruz

Hay que tomar en cuenta que, cuando los menores de edad, candidatos a adopción, bajo el cuidado de cualquier institución privada o social, siguen bajo la patria potestad de sus padres biológicos, es necesario localizar a su pariente más cercano para formalizar la adopción, lo cual, muchas veces, complica y retrasa el proceso.

Por otro lado, los beneficios de la adopción son muchos, entre los cuales encontramos:

• Los menores desamparados podrán crecer al interior de una familia, cuyo núcleo siempre ha sido, es y será el pilar de la sociedad.

• Con la adopción cambiamos vidas, ya que estamos dando la oportunidad de ser felices a niños que han sido objeto de abuso, maltrato y que han tenido una serie de experiencias difíciles.

• La familia es la base para el desarrollo integral de los menores, ya que es el lugar donde crecemos, donde aprendemos a ser quienes somos, donde formamos nuestra personalidad, donde adquirimos valores y el principal cimiento de nuestro entorno emocional.

En consecuencia, en la legislación federal se han dado importantes avances en ésta materia, por ello propongo, con pleno respeto a las esferas competenciales de los Congresos Estatales, que eliminen de sus respectivos Códigos Civiles la figura de adopción simple por considerarse discriminatoria y una hecho que vulnera el Interés Superior de la Infancia.

Por los argumentos anteriormente vertidos, solicito respetuosamente a la Presidencia de esta Cámara de Diputados que el presente proyecto sea turnado a la Comisión de Niñez, en consideración de que dicho órgano se ha caracterizado por trabajar para dar plena vigencia al principio del Interés Superior de la Infancia, así como por homologar la legislación con los principios estipulados en la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez.

“No olvidemos que el amor no nace con la genética, sino del respeto, la convivencia y el cariño”.

Ante lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno reconocimiento a la libertad y autonomía en todo lo concerniente al régimen interior de los Estados, exhorta respetuosamente a los Congresos de los Estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa, Tabasco y Veracruz, a armonizar sus cuerpos normativos para derogar la figura de “adopción simple”.

Notas

1 http://www.unicef.org/spanish/

(http://www.unicef.org/socialpolicy/files/Los_Derechos_d e_la_Infancia_y_la_Adolescencia_en_Mexico.pdf)

2 http://www.inegi.org.mx/

(http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/)

3 http://sn.dif.gob.mx/

4 De Pina y de Pina 1993:61.

5 Breve Panorama de la Adopción en México por Nuria Gabriela Hernández Abarca y Gabriela Guadalupe Márdero Jiménez. CEAMEG. Volumen 2. Serie de Reformas Legislativas con Perspectiva de Género. (Introducción)

6 http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm

7http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.text&cid=69

8 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-48.html

9 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-53.html

10http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php ?id=679&entidad=Instrumentos_Juridicos&html=1

11 Amparo directo en revisión 908/2006. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.

Diputada María de Jesús Huerta Rea (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías General, y de Servicios Administrativos y Financieros de esta soberanía a acondicionar las instalaciones para que toda persona con discapacidad transite libremente y sin obstáculos, a cargo del diputado Glafiro Salinas Mendiola, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Glafiro Salinas Mendiola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Consideraciones

La consecución del bien común es fundamental en el ejercicio de cualquier gobierno democrático en el mundo. Esta estructura se edifica necesariamente desarrollando las mismas oportunidades para todos los gobernados, así como velar por el respeto a los derechos de cada uno de los individuos que conforman a la sociedad. Sin embargo, cuando se trata de personas con alguna discapacidad los retos y las acciones deben ser mayores, ya que esta población enfrenta entornos físicos poco adecuados y actitudes discriminatorias que anquilosan su pleno desarrollo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hasta 2010 había en México más de 5 millones de personas con alguna discapacidad1 , lo que representa para la sociedad y el gobierno un esfuerzo monumental por dotar de oportunidades iguales a todas aquellas personas que sufren esta problemática.

En aras de luchar por crear mejores condiciones y oportunidades para las personas discapacitadas, México se adhirió a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde el año de 2007. Esta convención promueve que se respeten los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y se destacan en su artículo 4o. las obligaciones generales que los países comprometidos deben tener, entre los que se expresan:

• Asegurar y promover el ejercicio de los derechos humanos y las libertades de las personas con discapacidad sin discriminación.

• Adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos para lograr de manera progresiva del pleno ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales.

• Elaborar y aplicar legislaciones y políticas para hacer efectiva la convención y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad; los estados que forman parte de esta organización celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y niñas con discapacidad, a través de organizaciones que las representan.

Como principio rector en el derecho internacional público y como parte sustantiva de la política exterior mexicana, cuando nuestro país ratifica un mecanismo multilateral busca construir las estructuras que le permitan estandarizarse y combatir la problemática acaeciente, siempre y cuando no contravenga los preceptos constitucionales.

Por ello, en mayo de 2011 se publica en México la Ley de las Personas con Discapacidad con el fin de otorgar más fortaleza al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad2 , con preceptos como “elevar a rango de ley la prohibición expresa de tratar de manera discriminatoria a personas con alguna discapacidad”.

El contenido de la ley contempla todos los ámbitos de incumbencia para los discapacitados: educación, trabajo, transporte, accesos y tránsito en espacios públicos. Sin embargo, no plantea cómo observar que dichas disposiciones sean cumplidas en cada una de las comunidades del país, ni los métodos a través de los cuales se otorga a la ciudadanía sin discapacidades de elementos cognoscitivos para disminuir la discriminación hacia ese vulnerable sector.

En nuestro país se registran avances significativos en esta materia; sin embargo, es necesario reconocer que faltan cosas por hacer. La plena integración de las personas con discapacidad al bienestar y al desarrollo depende de una adecuada atención a la salud y también de la generación pública de capacidades y oportunidades para superar todo tipo de barreras.

Un ejemplo diáfano de ello es el aspecto tiene que ver con el entorno físico al que se enfrentan día a día las personas con discapacidad, es decir, transportes, edificios, escuelas y casas que no cumplen con los requisitos necesarios para facilitar su libre acceso y movilidad, a pesar de que ya existe una norma federal en ese sentido. De acuerdo con una encuesta elaborada por Parametría3 , seis de cada diez personas en México consideran que los discapacitados no tienen las condiciones necesarias para desenvolverse completamente en lugares públicos: banquetas, baños, tiendas o transporte. Si bien esta percepción ha disminuido desde 2008 la población aún considera que no existen condiciones necesarias para que las personas discapacitadas puedan desenvolverse, siguen identificándose carencias en el tema.

Las condiciones en que se desenvuelven los discapacitados no sólo radican en las facultades que les otorga la ley, sino en su aplicación efectiva y el apoyo por parte de los demás estratos de la sociedad para lograr la concientización.

Para muestra se encuentra esta honorable Cámara de Diputados, donde laboran hombres y mujeres con alguna discapacidad que no cuentan con los servicios necesarios para salvaguardar su integridad en sus labores cotidianas, mucho menos en caso de algún siniestro como los temblores que se han registrado en días pasados en el territorio nacional.

Es totalmente execrable que en la Cámara de Diputados no existan las condiciones necesarias para que las personas con alguna discapacidad se desarrollen y tengan una mejor calidad de vida laboral. Se debe recordar que no sólo trabajan en este recito personas con discapacidad motriz, sino visual, auditiva, del habla, etcétera; por lo que es imperante un análisis pormenorizado de la situación y una resolución inmediata del tema.

En virtud de lo aquí expuesto, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría General y a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados a llevar a cabo los trabajos conducentes para la completa habilitación de las instalaciones, a fin de que toda persona con algún tipo de discapacidad transite libremente y sin obstáculo alguno; de tal suerte que en su vida diaria como en casos de contingencia mantengan su integridad física segura en todo momento.

Notas

1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. “Porcentaje de la población con limitación en la actividad según tipo de limitación para cada entidad federativa, 2010”, México. Dirección URL: http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=mdis03&c=277 16&s=est[Consulta: 04 de diciembre de 2012].

2. En 2009, Naciones Unidas nombra a Conadis como el organismo encargado de coordinar las acciones para aplicar la Convención en nuestro país.

3. Parametría. Encuesta Nacional en vivienda. Representatividad: Nacional. Número de entrevistas: 500 encuestas del 21 al 25 de noviembre de 2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2014.

Diputado Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de Pemex, de la Profepa y de la Conagua a reparar los daños causados al río San Juan, en Cadereyta, Nuevo León, y promover ante las instancias correspondientes el deslinde de responsabilidades de los involucrados, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, a tenor de los siguientes

Antecedentes

La explotación de una “toma clandestina” de petróleo crudo en Cadereyta, Nuevo León, provocó una fuga que alcanzó la corriente del Río San Juan el pasado 17 de los corrientes.

Mediante el boletín de prensa regional número 74, la Empresa Productiva del Estado (EPE), Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que sus “técnicos especializados controlaron un derrame de hidrocarburo provocado por una toma clandestina instalada en el Oleoducto Madero-Cadereyta, en las inmediaciones del poblado San Juan” del mismo municipio.

Es muy importante destacar que Cadereyta es uno de los 1 municipios del Estado y limita al norte con el municipio de Pesquería; al sur con Santiago, Allende y Montemorelos; al este con General Terán y Los Ramones y al oeste con Juárez. De acuerdo al último censo del INEGI, la población del municipio rebasa los 86 mil habitantes, en una extensión territorial superior a 1.004,5 kilómetros cuadrados.

Este derrame tomando en consideración la Cuenca, subcuenca, corrientes de agua, cuerpos de agua afectaría al R. San Juan (50%), R. Pesquería (26%), R. Ramos (16%) y R. Monterrey (8%); respecto de los Perennes al R. Sabinas, R. San Juan, R. Santa Catarina, R. Atongo, R. Ramos, R. Garrapatas y R. Ayancual; en los Intermitentes a los R. Los Sabinos, R. El Pilón Viejo, R. Carrizalejo, Arroyo Chueco, R. El Salitre, R. Santa Isabel, R. La Boquilla, R. Los Cuatro Tubos y Arroyo Salado (anexo 1)

La EPE, se limitó a informar que “El área jurídica tomó conocimiento de los hechos y presentará la denuncia respectiva ante el Ministerio Público Federal, con la finalidad de que se inicie las averiguaciones y se deslinden responsabilidades”.

De igual forma la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, inició una investigación por las presuntas violaciones a los derechos humanos de los habitantes del municipio afectados por el derrame de hidrocarburo proveniente de la Refinería de Pemex, “Ingeniero Héctor R. Lara Sosa”.

Una de las prioridades señaladas por la CNDH, señala en su comunicado, es “la protección del derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, así como el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, que deben tener todos los ciudadanos”.

Sin embargo, empleados de la empresa “Basa” y Pemex, han ofrecido empleo a los habitantes de la comunidad para llevar a cabo las tareas de limpieza ocasionadas por el derrame, tarea que consideramos absolutamente inaceptable.

En virtud de lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a los titulares de Pemex, de la Profepa y de la Conagua a realizar la reparación inmediata de los daños causados al río San Juan en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, y promuevan ante las instancias correspondientes, el deslinde de responsabilidades de los involucrados.

Segundo. Se solicita a la Junta de Coordinación Política que en ejercicio de sus facultades, integre un grupo de trabajo que dé seguimiento a las tareas realizadas por Pemex, la Profepa y la Conagua, en esta tragedia que afecta a un sector de la población vulnerable.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 2 de Septiembre de 2014

Diputado Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados se pronuncia en favor del pleno respeto de la soberanía de Ucrania, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Rosa Elba Pérez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Ucrania y Rusia han mantenido fuertes lazos históricos y fraternales que datan del siglo IX. En su devenir histórico, los dos países estuvieron estrechamente vinculados como parte integral de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Desde la disolución de la URSS en 1991, Ucrania ha sido un importante socio económico de Rusia, destacando su posición como proveedor de granos. En el terreno energético, Ucrania ha desempeñado un papel fundamental, pues además de ser un importante consumidor de gas ruso, las tuberías ucranianas han sido el conducto de tránsito para 80 por ciento del gas natural que Rusia envía a los mercados europeos.

Militarmente, Ucrania es clave para Rusia como un estado colchón; por otro lado, la ciudad portuaria de Sebastopol (Crimea) alberga la flota rusa del Mar Negro.

Por ello, resulta lamentable que el deterioro de la relación entre estos dos países ha propiciado una crisis de largo plazo en Ucrania, sin que se logren generar las condiciones idóneas para el establecimiento de una paz duradera.

Cabe recordar que el origen de esta crisis se suscitó a raíz de las protestas de parte de la población ucraniana en la ciudad de Kiev, en contra del gobierno en turno, por posponer los planes para ampliar y estrechar sus lazos comerciales con la Unión Europea y alinear su futuro con Occidente, desencadenando fuertes enfrentamientos en las regiones de la Ucrania oriental y del sur – de orientación rusa, y la pérdida a la fecha de casi 2 mil civiles inocentes.

No debemos olvidar que la crisis deriva de una economía desequilibrada con una fuerte dependencia de Rusia y de las marcadas diferencias de carácter lingüístico y étnico-religioso de las regiones orientales y occidentales de Ucrania.

La integridad territorial de Ucrania ha sido afectada durante la presente crisis, a pesar que la inviolabilidad de su territorio y de sus fronteras está garantizada por las disposiciones de varios instrumentos jurídicos internacionales entre ellos la Carta de las Naciones Unidas, cuyo artículo 2 establece el principio universal de la solución pacífica de controversias para todos los miembros y no poner en peligro la paz y la seguridad internacional ni la justicia.

Este principio de solución pacífica de controversias impone a los sujetos de derecho internacional no sólo la responsabilidad de resolver todas sus controversias y diferencias utilizando los medios reconocidos por el derecho internacional sino la solución pacífica lo antes posible sin detener el proceso de paz y la búsqueda de soluciones mutuamente aceptables.

En mi calidad de presidenta del Grupo de Amistad México-Ucrania de esta Cámara, estoy convencida de que ante cualquier conflicto internacional de esta naturaleza se debe privilegiar el diálogo y agotar los medios pacíficos que garanticen una solución diplomática, toda vez que un conflicto conlleva pérdidas irreparables para las partes involucradas, iniciando por la pérdida de vidas, independientemente del resultado final a que se llegue. En virtud de ello, y con base en las facultades de diplomacia parlamentaria que nos confiere el artículo 269 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los legisladores del Partido Verde Ecologista de México, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados lamenta el deterioro de la situación en Ucrania y se pronuncia a favor del pleno respeto de su soberanía y del diálogo entre las partes en conflicto para resolver todas sus controversias y diferencias de manera pacífica.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en nombre del gobierno de México, continúe instando a las partes en conflicto a que, de conformidad con sus obligaciones internacionales, respeten la integridad territorial de Ucrania, mantengan el diálogo y eviten el uso de la fuerza militar. Adicionalmente, pedimos llamar a las partes a garantizar la seguridad y protección de los derechos de todos los nacionales ucranianos sin distinción de su origen étnico y de los mexicanos que residen en Ucrania.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2014.

Diputada Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a publicar los datos referentes al aumento de la eficacia en la impartición y procuración de justicia en el país, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el cuarto levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU)1 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para el pasado mes de junio de 2014 y en términos de delincuencia, 70.2% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

En el mismo periodo, la población objeto de estudio manifestó que en los últimos tres meses ha escuchado o ha visto en los alrededores de su vivienda situaciones como consumo de alcohol en las calles (72.5 por ciento), robos o asaltos (67.0 por ciento) y vandalismo (59.0 por ciento).

La ENSU tiene una periodicidad trimestral e incluye conceptos relevantes en el tema de la seguridad pública, tales como: la sensación de inseguridad por temor al delito (percepción); expectativa social sobre la tendencia del delito (percepción); atestiguación de conductas delictivas o antisociales (conocimiento); cambio de rutinas por temor a ser víctima del delito (experiencias) y percepción del desempeño de la policía como autoridad responsable en materia de seguridad pública.

En junio de este año, el 29.5 por ciento de la población de 18 años y más que reside en las ciudades objeto de estudio manifestó que percibió el desempeño de la policía como “muy o algo efectivo”, mientras que 70.4% por ciento consideró este desempeño como “poco o nada efectivo” en sus labores relativas a la prevención y combate a la delincuencia.

Se puede observar que desde la primera medición es mayor la proporción de población que considera que el desempeño de los policías estatales y municipales para prevenir y combatir la delincuencia es “poco o nada efectivo”, y en junio de 2014 tuvo un incremento de 3.7 puntos porcentuales en comparación con septiembre de 2013. En cambio, hay una disminución en la percepción del desempeño de los policías estatales o municipales como “muy o algo efectivo” de 3.3 puntos porcentuales respecto de septiembre de 2013.

El combate a la impunidad sigue siendo una labor difícil, pues a pesar de que Enrique Peña Nieto ha señalado ésta como una de las principales prioridades de su Gobierno, la realidad es que la procuración de justicia todavía se encuentra por debajo de niveles medianamente aceptables, pues de acuerdo con cifras de la Procuraduría General de la República (PGR), de cada 10 averiguaciones previas, sólo 2.8 de ellas se concluye satisfactoriamente con una consignación.

Los números son preocupantes. Desde enero de 2013 y hasta julio del presente años, se han iniciado 162,518 averiguaciones previas por la comisión de diferentes delitos; pero de éstas, sólo 46,928 terminaron en consignación, es decir, el 28.87%.

Pese a ello, según el Ejecutivo, “En el ámbito de la procuración de justicia, en este segundo año se realizaron diversas acciones que tienen como finalidad el fortalecimiento institucional que permita incrementar la capacidad del Gobierno de la República para combatir los delitos, disminuir la corrupción e impunidad y recuperar la confianza de los ciudadanos”, cita el Segundo Informe entregado el pasado lunes al Congreso, en una ceremonia de simple cumplimiento de requisito y no de un verdadero ejercicio de rendición de cuentas.

Según el gobierno federal, en la actual gestión se busca disminuir la impunidad con la sustitución de “viejas prácticas y métodos de trabajo por renovadas capacidades y habilidades del personal sustantivo de la PGR (...) se ha priorizado la ejecución de un sistema renovado de desarrollo profesional y humano de ministerios públicos, investigadores y peritos”.

Sin embargo, el texto no habla en lo absoluto sobre el atraso existente en la conclusión de las averiguaciones previas, ni menciona cuántas terminan en una consignación.

Este problema no es privativo de México, en democracias más desarrolladas y algunas similares a la nuestra hay casos de corrupción, la gran diferencia es que sí se enfrentan consecuencias judiciales para combatirlas, previniendo la impunidad.

Los diseños institucionales para que desde el servicio público no se pueda utilizar una forma patrimonialista del ejercicio del poder no han sido del todo adecuados, de manera que se ejercen para beneficio privado y no para los intereses públicos.

No existe manera alguna de salvar la democracia mexicana si no es a través del combate real a la corrupción y a la impunidad. Mientras se siga tolerando que cada investigación de corrupción se vuelva un problema político, las víctimas serán las menos protegidas.

Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión:

Primero. Exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto a que, en el marco de sus facultades, haga público un informe sobre las cifras precisas que justifiquen detalladamente el aumento en la eficiencia de impartición y procuración de justicia de las instancias correspondientes.

Nota

1 Datos disponibles en formato electrónico en

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/ comunicados/percepcionsp.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 04 de septiembre de 201

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conagua a actualizar las normas mexicanas sobre las descargas en cuerpos de agua por la actividad minera, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, integrante de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, miembro del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México es un país con una gran capacidad minera, ocupa el primer lugar en la producción de plata a nivel mundial; se ubica entre los 10 principales productores de 16 diferentes minerales: oro, plomo, zinc, cobre, bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, cadmio, diatomita, molibdeno, barita, grafito, sal, yeso y manganeso, principalmente; es el primer destino en inversión para la exploración minera en América Latina y el 4o. en el mundo de acuerdo con el reporte publicado por Metals Economics Group en marzo 2013, al grado tal que el sector minero contribuye con el 4.9 por ciento del producto interno bruto nacional.1

La producción minera en México se concentra en doce entidades: Chihuahua, Michoacán, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Sinaloa, Colima y Jalisco,2 lugares en donde existe un fuerte vínculo con el agua, toda vez que este líquido vital se utiliza en los procesos de exploración, explotación y en aquellos como los de concentración por flotación, en la fusión y electro refinación, o en el proceso hidrometalúrgico (LX-SX-EW), consistente en lixiviación,3 extracción por solventes y electro obtención.4

Cada proceso u operación unitaria de la minería utiliza en mayor o menor medida volúmenes de agua para contribuir a la eficiencia del proceso. Lo anterior nos ilustra que la demanda industrial-minera del agua es significativa en relación con la demanda de agua para el uso doméstico, la demanda de agua para el uso agrícola o la demanda de agua para el uso pecuario y para servicios.

La industria minera también es fuente de contaminación, puesto que en todas las etapas que incluyen sus procesos, generan problemas ambientales de alto impacto al generar aguas residuales, residuos peligrosos y, en algunos casos, emisiones a la atmósfera.

Sin embargo, dos de las etapas que más contaminación producen son las de explotación de los minerales y la de fundición/refinación.5

En México, más del 70 por ciento de los cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación6 y en los ríos del país se han encontrado residuos de mercurio, plomo, cromo y cadmio, entre otros.

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO), un indicador de calidad del agua de la Conagua, señala que las descargas industriales representan 340 por ciento más de contaminación, que las aguas residuales municipales.7

En la Unión Europea (UE) son miles los compuestos que están reglamentados y prohibidos;8 en contraste, en nuestro país son cientos las sustancias altamente tóxicas las que se vierten en los ríos, y sin embargo, pocas son las reguladas.

La Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, que establece las normas de calidad medioambientales para el agua en toda la UE, ha definido contaminantes químicos preocupantes (arsénico incluido), e insta a los estados miembros a su minimización en los cuerpos de agua.

El pasado 6 de agosto de 2014, por el derrame de un represo utilizado en la operación de la mina Buenavista del Cobre del Grupo México, se vertieron 40 mil metros cúbicos —equivalentes a 40 millones de litros— de lixiviados de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, de los cuales dependen, para consumo humano y actividades económicas, 22 mil habitantes de siete municipios.

Sin embargo, se ha dado a conocer en varios medios de comunicación, que científicos de diversos centros de estudio, como las Universidades de Sonora, Autónoma de México, Arizona, y del Instituto Tecnológico de esa entidad (Itson), han estado documentando la contaminación en el acuífero desde tiempo atrás, alertando a los productores sobre sus efectos, por lo que seguramente no se trata de un hecho aislado y reciente.

Este desafortunado acontecimiento ha sido calificado ya como el peor desastre ambiental minero.

El 10 de agosto del año en curso, en el municipio de El Oro, en Durango, ocurrió otra emergencia ambiental en una mina, ocasionada por que la presa de jales de la empresa Proyecto Magistral derramó alrededor de 2 mil metros cúbicos de agua con cianuro al arroyo denominado La Cruz.

Otro hecho que no se debe desatender se presenta en Tetela de Ocampo, Puebla, en donde se han realizado diversas movilizaciones de ciudadanos y ambientalistas ante la posible contaminación del Río Papaloateno, por la explotación a cielo abierto del cerro Espejera, con el objetivo de extraer oro por parte de la minera Frisco.

En Nueva Alianza reconocemos que la minería es una actividad importante para la economía del país, y para la generación de empleos; sin embargo, también sabemos que es ineludible actuar con prontitud para evitar que se siga poniendo en riesgo la seguridad hídrica de nuestros ecosistemas y cuerpos de agua, así como de los pobladores en las zonas aledañas a esta actividad.

Tan importante es el desarrollo y crecimiento de ese sector económico, como que se logre un adecuado equilibrio con la conservación y preservación del agua en el país.

Aún y cuando existen normas mexicanas que permiten la descarga de ciertos volúmenes de substancias contaminantes o tóxicas, lo cierto es que nuestra política debería estar encaminada para alcanzar cero descargas de este tipo en los próximos años.

Finalmente, es de interés para este órgano legislativo ser coadyuvantes en el desarrollo de una política integral en la materia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, al señalar que “el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión desarrollarán políticas integrales en materia de prevención de daños al ambiente; investigación, persecución, sanción y prevención general y especial de los delitos e infracciones administrativas que los ocasionan...”

En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al titular de la Comisión Nacional del Agua a revisar y, en caso necesario, actualizar las Normas Oficiales Mexicanas 001, 002 y 003 sobre las descargas en cuerpos de agua, así como la 120, 141 y 157 relacionadas con la actividad minera y el impacto ambiental, a fin de mitigar la afectación de cuerpos de agua;

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los titulares de las mismas dependencias a transparentar en sus portales de internet los derechos de agua, concesiones y permisos otorgados a Grupo México, así como el estado que guarda sus pagos de derechos; y en el mismo tenor, toda la información relacionada con el monitoreo de la calidad del agua de los ríos Sonora y Bacanuchi, en Sonora, así como del arroyo La Cruz en Durango; y del Río Papaloateno, en la localidad de Tetela de Ocampo, Puebla, hasta que se restituya el estado base de estos cuerpos de agua, como lo establece el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al titular de la Comisión Nacional del Agua para que desarrollen políticas públicas encaminadas a la implementación de tecnologías verdes, procesos y desarrollo de capacidades para la minería sostenible, así como para la conservación de los cuerpos de agua susceptibles de ser vulnerados en México, por esta actividad.

Notas

1 Según información del portal de la Secretaría de Economía, consultado el 16 de agosto de 2014.

2 Fuentes de contaminación en México, INECC, http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/372/fuentes.html.

3 Proceso de extraer desde un mineral una especie de interés por medio de reactivos que la disuelven o transforman en sales solubles.

4 Young, J., La tierra convertida en una gran mina. En la situación en el mundo. Informe Wordwatch. Editorial Sudamericana. Buenos Aires. Argentina, 1993.

5 Fuentes de contaminación en México, INECC, http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/372/fuentes.html

6 “Ríos Mexicanos, ríos Tóxicos”. Greenpeace, 2012.

7 Estadísticas del Agua en México 2011.

8 Agencia Europea de Substancias Químicas (ECHA).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2014.

Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a las Secretarías de Desarrollo Sustentable, y de Salud de Nuevo León, así como a las representaciones de la Profepa y de la Conagua en la entidad, que agilicen las acciones de limpieza y mitigación del daño por las afectaciones tras el derrame de crudo en agosto pasado en el río San Juan, de Cadereyta, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del PRI

Las que suscriben María de Jesús Huerta Rea y Roció Abreu Artiñano, diputadas de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como integrante y presidenta de la Comisión Especial para la prevención, conservación y en su caso restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican instalaciones de Pemex, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestra Constitución Política Mexicana consagra derechos fundamentales entre los que encontramos el derecho a la salud y el derecho a gozar de un ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas.

El ejercicio pleno de estos derechos se ha visto afectado por diversos motivos, entre los cuales podemos mencionar los estragos causados en diferentes partes de la República Mexicana por los accidentes o siniestros que se han registrado en la infraestructura y oleoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex); debido en su mayoría a las tomas clandestinas que terminan provocando derrames y afectaciones a las regiones en las que se realizan.

Según informe de la Jefatura de Seguridad Industrial de Protección Ambiental, de Pemex-Refinación Zona Norte, señala que en Nuevo León en lo que va del año del año se han detectado 121 tomas clandestinas, de las cuales 117 han sido descubiertas por las acciones que ha tenido Pemex en coordinación con la Sedena y las autoridades federales, siendo uno de los lugares donde han sido localizadas las tomas clandestinas, la Fragua, en el municipio de Cadereyta.

Estos datos reflejan las afectaciones al Estado, como el derrame ocurrido en la línea 2 del Oleoducto Madero – Cadereyta, en el tramo Nuevo Teapa - Madero González, precisamente en la comunidad de la Fragua, la cual afectó al Río San Juan, afluente de importancia del Rio Bravo, fuente principal de la Presa el Cuchillo – Solidaridad, la cual es considerada como una de las más importantes fuentes de abastecimiento de agua potable para Monterrey.

El derrame de petróleo, alcanzó unos 18 Kilómetros a lo largo del río San Juan, afectando por lo menos a 6 comunidades; Juan José Guerra Abud, Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, estimó que unos 4 mil barriles de hidrocarburo fueron los que se vertieron en la corriente.

La vocería de Pemex en la entidad, el domingo 17 de agosto, dio a conocer la información en la que indicaba que como medida preventiva y para el control del derrame provocado por una toma clandestina instalada en el Oleoducto Madero Cadereyta, en las inmediaciones del poblado de San Juan en este municipio, se procedió a cortar el flujo de hidrocarburo.

De acuerdo a dicha información, a consecuencia de este derrame se registró un incendio en pastizales cerca de la Zona del Río San Juan, el cual fue controlado por personal de PEMEX. Tanto el derrame como el incendio ocurrieron fuera de la refinería de Cadereyta, la cual opera con normalidad.

Asimismo, Pemex ha informado que los trabajos de limpieza en los márgenes del río y en la acequia se han venido realizando las 24 horas del día, con el objetivo de concluir estas labores de manera rápida y efectiva; para ello trabajan en el lugar de los hechos más de 500 personas, por lo que se han colocado barreras oleofílicas –que absorben el aceite- y barreras marinas que impiden el avance del crudo y facilitan su contención.

El gobernador del estado, Rodrigo Medina de la Cruz, descartó que los mantos freáticos de las comunidades cercanas al rio San Juan presenten algún grado de contaminación, ello con base en los estudios de agua y drenaje que ha realizado Conagua, los cuales muestran que el agua es apta para su consumo.

Sin embargo, será responsabilidad de la Secretaría de Salud de Nuevo León supervisar dichos estudios y en su caso ratificarlos para dar certidumbre a la ciudadanía que usa o se beneficia del vital líquido proveniente de Río San Juan. Ello en concordancia con lo declarado por el Director General de la Conagua, David Korenfeld Federman, quien enfatizó que la prioridad es garantizar la seguridad en la presa El Cuchillo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a las secretarías de Desarrollo Sustentable y de Salud del Estado de Nuevo León, así como a las representaciones de la Procuraduría General de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua en la entidad, para que agilice las acciones de limpieza y mitigación del daño necesarias, ante las afectaciones causadas con el derrame de crudo ocurrido en el río San Juan, del municipio de Cadereyta, Nuevo León, el pasado mes de agosto del presente año.

Diputadas María de Jesús Huerta Rea, Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a instaurar por la Sedena y en coordinación con las administraciones locales una Bandera Nacional monumental en las capitales de los estados, a cargo del diputado Glafiro Salinas Mendiola, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Glafiro Salinas Mendiola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Consideraciones

La historia que se ha desarrollado con el paso de los años, y desde que los primeros registros se hicieron asequibles han ido formando poco a poco y de una manera homogénea el país, enraizando y fortaleciendo sus componentes para que la cultura, las costumbres, la identidad, la idiosincrasia y los arquetipos se fusionen y formen nuestro estado, nuestra nación y a los habitantes de este país.

Todos esos elementos por separado y en conjunto nos hacen mexicanos por completo, inoculando en nuestra psique a cada uno de ellos y forjándonos como un elemento inmanente de la patria.

Además, a partir de la fusión y apropiación de estos elementos, los habitantes buscan materializarlos a través de símbolos que les permitan reflejar, en una bandera, un himno, un escudo; todo lo que significa para los habitantes ser parte de una patria, y con ello; recordar a cada momento sus luchas, sacrificios, pasados y presentes, así como su unificación como un pueblo libre y soberano. De entre ellos, la Bandera puede considerarse el símbolo por excelencia de la unidad y la soberanía nacionales.

En 1810, el pueblo se levantó en armas acaudillado por Miguel Hidalgo, quien tomó de la iglesia de Atotonilco un lienzo con la imagen de la Virgen de Guadalupe, el cual se convirtió en la bandera del sentimiento libertador, misma que se constituye, como el origen de nuestro actual lábaro patrio.

Más adelante, otro sacerdote, cercano a la realidad social prevaleciente y arquitecto del actual Estado mexicano, José María Morelos y Pavón, daría a nuestro país la primera Constitución, la proclamación de nuestra independencia y la ideología que cimentó las bases para el crecimiento político de nuestro país. Morelos también se acompañó de una bandera, la cual, según su pensar, reflejaba el espíritu nacional de libertad.

Y a lo largo del periodo independiente, diversas banderas fueron izadas en el país, reflejo de esa búsqueda de identificación nacional.

La Bandera Nacional es un orgullo para todos los mexicanos, pues la llevamos arraigada en nuestra identidad como mexicanos. Es reflejo de nuestro nacionalismo. Por ello es importante que este símbolo patrio ondee en todas las astas que se ubican en las capitales de los Estados que forman la federación para seguir dirigiéndonos así con la orientación soberana, republicana e independista que la caracterizan.

Por ello es muy positivo que en los últimos años se hayan instalado algunas banderas monumentales en ciertos puntos de la república y es precisamente el motivo de este punto de acuerdo, impulsar la instalación de megabanderas en todo el territorio nacional, que lejos de representar un gasto innecesario ante tantas carencias sociales del país, sea ello visto como una inversión para consolidar el sentimiento nacional que siempre debe acompañarnos a todos los mexicanos.

Todo esfuerzo orientado a fortalecer la identidad de un país jamás será vacuo, ya que permea en el elemento más valioso que puede tener una patria, a sus habitantes, quienes le dan forma y son el único motor capaz de desarrollar a un país.

Por lo expuesto presento ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, para que en cooperación con los gobiernos de los estados instaure una Bandera Nacional monumental en cada capital de los estados de la república donde no haya alguna.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2014.

Diputado Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS, a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y a Pemex a tomar medidas para prevenir el incremento de los accidentes en esa empresa productiva, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Valentín Maldonado Salgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo

Consideraciones

La prevención de los riesgos de trabajo no es un derecho más, es la raíz jurídica de la cual emanan el derecho laboral y de la seguridad social, al ser la base para la pervivencia de la vida y salud de los trabajadores. De ahí que desde sus orígenes el movimiento obrero tuvo como uno de sus objetivos la prevención y tutela frente a éstos, lo que va de la mano de la inspección del trabajo.

En armonía con lo anterior, nuestra Carta Magna en su artículo 123 Constitucional señala que los patrones son los responsables respecto de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten, debiendo éstos observar los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. En contra de esto, en Pemex han ido a la alza los accidentes de trabajo.

En contra de esto, y desde que Peña Nieto tomó el cargo de titular del Ejecutivo Federal, han ido a la alza los accidentes en Petróleos Mexicanos; todo comenzó el 31 de enero del 2013, cuando tuvo lugar una explosión en la Torre Ejecutiva de Pemex, con saldo de 37 personas fallecidas y por lo menos 126 lesionados; sin que a la fecha estén plenamente esclarecidas las causas de este grave accidente. Esto ayudó a crear un ambiente propicio para la privatizadora reforma energética, en el marco de la llamada “doctrina del shock”:

“El libro La doctrina del shock (de Naomi Klein) sostiene que las políticas económicas del Premio Nobel Milton Friedman y de la Escuela de Economía de Chicago han alcanzado importancia en países con modelos de libre mercado no porque fuesen populares, sino a través de impactos en la psicología social a partir de desastres o contingencias, provocando que, ante la conmoción y confusión, se puedan hacer reformas impopulares.

Conforme a datos del propio PEMEX, sólo al primer trimestre de 2013, en comparación con el mismo periodo de 2012, los accidentes se incrementaron 55.8% (Índice de Frecuencia); mas en Pemex-Gas y Petroquímica Básica, los accidentes se dispararon en un 204%. En cuanto al índice de Gravedad de tales siniestros se incrementó en un 75%.

Sólo por referirnos a un caso paradigmático, en la refinería Francisco I. Madero localizada en el Estado de Tamaulipas, ya han tenido lugar 5 incidentes; sólo de julio a agosto han tenido lugar 2 accidentes con saldo de 4 muertos y 29 lesionados. Sin que, inadmisiblemente tampoco se haya dado a conocer hasta el momento el dictamen oficial sobre las causas de estos incidentes, lo que es fundamental para la prevención a futuro de estos riesgos de trabajo.

Este injusto panorama pone de manifiesto negligencias graves en materia de seguridad e higiene y prevención de los riesgos de trabajo, lo que es inadmisible en una empresa de las dimensiones de Pemex que cuenta con los recursos necesarios para la debida tutela de la vida y salud de las y los trabajadores a su servicio. De igual manera pone de manifiesto, la omisión grave de la Secretaría del Trabajo en materia de inspección.

No obstante lo anterior, este incremento de los riesgos de trabajo, tanto en frecuencia como en gravedad, pudieran tratar de ir generando la idea de que Pemex enfrenta una clara precariedad y desintegración, que no atiende obligaciones básicas, ni en materias tan sentidas como la seguridad de los trabajadores, para así acelerar o ahondar la contrarreforma energética que se acaba de aprobar.

Por otra parte, tamaña negligencia en la investigación de los accidentes y en la adopción de las medidas necesarias para su prevención, ha llevado incluso a pensar que estos accidentes, no han sido del todo fortuitos, sino provocados para alcanzar ciertos fines.

Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y a Pemex, para que de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las medidas necesarias para prevenir los accidentes y concretamente el incremento de los índices de frecuencia y gravedad de los mismos en esta empresa productiva, en tutela de la vida y salud de sus trabajadores y demás personas.

Segundo . La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a Petróleos Mexicanos, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, sin menoscabo de la coordinación necesaria, investiguen hasta sus últimas consecuencias los accidentes ocurridos desde el año 2013 a la fecha, para que en su caso, se lleve a cabo el deslinde de responsabilidades que jurídicamente proceda.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 4 de septiembre de 2014.

Diputado Valentín Maldonado Salgado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat, de la Profepa y de la PGR a atender los derrames de sustancias peligrosas de la mina Cananea, de Grupo México, establecida en Sonora, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Lourdes Adriana López Moreno, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En días pasados, durante el mes de agosto, se publicó en diferentes medios, el derrame de 40 millones de litros de sustancias tóxicas, contaminando el río Bacanuchi, así como el río Sonora, en el estado de Sonora, siendo responsable Grupo México, empresa que explota la mina Cananea, establecida en el municipio de Cananea, Sonora.

Los principales metales encontrados con los que se contaminó el río Sonora son arsénico, cadmio, cobre, fierro, hierro, manganeso y níquel y en virtud de que en la mina de Cananea también extraen oro y plata en pequeñas cantidades, se cree que en la mezcla derramada había, además de ácido sulfúrico, restos de cianuro y mercurio, sustancias extremadamente peligrosas. Al respecto, resulta importante destacar que el citado río, al correr hacia el sur, atraviesa los pueblos de Banámichi, Huépac, Aconchi, Baviácora, Mazocahui, Ures y Hermosillo, lo cual pone en riesgo a la población de los sitios mencionados.

Aunado a lo anterior, se tiene conocimiento que, no obstante que la empresa que explota la mina supo de inmediato del derrame, lo ocultó por varios días a las poblaciones que se verían afectadas y a las instancias oficiales. Posteriormente informó que todo se debió a una “falla estructural” de diseño del depósito. Para entonces, las autoridades informaron que el escurrimiento contenía metales pesados que son carcinógenos, en niveles por encima de la norma. Y que había recorrido ya más de 200 kilómetros del Bacanuchi, pasando luego al Sonora.

La omisión por parte de la empresa generó que la contaminación afectara a los municipios de San Felipe, Arizpe, Aconchi, Banamichi, Ures, Baviácora y Hermosillo, convirtiéndose en uno de los mayores ecocidios que se ha presentado en el estado y en el país.

Cabe destacar que la Comisión Nacional del Agua ordenó a Grupo México monitorear la calidad del agua en el río Sonora cada quince días, en un periodo de cinco años, hasta garantizar que los niveles de arsénico, cadmio, aluminio, hierro, manganeso, níquel y cobre dejen de ser peligrosos para la salud de los habitantes de la región. Esto significa que el daño ambiental y el consecuente riesgo para la salud de los habitantes de la comunidad afectada, se prolongará por lo menos cinco años.

En este orden de ideas y de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en su artículo 10o., toda persona física o moral que con su acción u omisión ocasione directa o indirectamente un daño al ambiente, será responsable y estará obligada a la reparación de los daños al ambiente; de la misma forma estará obligada a realizar las acciones necesarias para evitar que se incremente el daño ocasionado al ambiente. En el asunto que nos ocupa, la empresa Grupo México no sólo no realizó las acciones necesarias para evitar que se incrementara el daño, sino que omitió informar sobre el derrame ocurrido lo cual generó mayores daños al ambiente y a la salud de los habitantes de la comunidad afectada.

A este respecto es importante mencionar que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, establece una sanción económica, que es accesoria a la reparación o compensación del daño ocasionado al ambiente y, en el caso de las personas morales, consiste en el pago por un monto equivalente de mil a seiscientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, cuando la responsable sea una persona moral. La imposición de la sanción económica a los responsables tiene por objeto la prevención e inhibición efectiva de infracciones dañosas futuras.

La sanción económica la determinará el juez tomando en cuenta la capacidad económica de la persona responsable para realizar el pago, la gravedad del daño ocasionado y el carácter intencional o negligente de la violación, asegurándose que se neutralice el beneficio económico obtenido, si lo hubiere, y se garantice prioritariamente el monto de las erogaciones del actor o actores que hayan sido necesarias para acreditar la responsabilidad.

Las personas e instituciones legitimadas conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental para demandar la responsabilidad ambiental son las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente al daño ocasionado al ambiente, así como las procuradurías para la protección del ambiente.

A este respecto, es importante hacer mención que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció, en diversos medios de comunicación, la acción que se tomará en el sentido de aplicar por primera vez la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que exige la reparación de los daños a los infractores y a través del cual se podrá imponer una sanción económica por hasta 40 millones de pesos.

Es importante mencionar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), está facultada para realizar subsidiariamente por razones de urgencia o importancia, la reparación inmediata de los daños que ocasionen terceros al ambiente. Dicha reparación podrá hacerse con cargo al fondo ambiental previsto por la citada ley. En este caso, la Semarnat deberá demandar al responsable la restitución de los recursos económicos erogados, incluyendo los intereses legales correspondientes, los que serán reintegrados al fondo ambiental.

El derrame del tanque de almacenamiento de residuos químicos de la mina que explota Grupo México en Cananea, al norte de Sonora, evidencia el desinterés que por el ambiente y la salud pública tienen las empresas que se benefician de extraer y procesar minerales.

En este sentido y de conformidad con el artículo 55 de la Ley Minera, mismo que establece que la Secretaría de Economía sancionará con la cancelación de la concesión minera cuando no se ejecuten o comprueben las obras y trabajos previstos en la ley en los términos y condiciones que se señalan en la misma, solicitamos la cancelación de las concesiones otorgadas a las minas en donde se generó el daño ambiental descrito en el presente documento.

Finalmente, es importante mencionar que la minería a cielo abierto es una actividad de alto impacto económico, social y ambiental, pero este impacto es negativo y sólo beneficia a un pequeño número de accionistas de las grandes empresas mineras, algunas de éstas extranjeras. Dentro de estos impactos podemos mencionar los siguientes:

• Afectación de las aguas subterráneas o freáticas: aguas contaminadas con aceite usado, con reactivos, con sales minerales provenientes de las pilas o botaderos de productos sólidos residuales de los procesos de tratamiento, así como aguas de lluvia contaminadas con contenidos de dichos botaderos, que pueden llegar a las aguas subterráneas. Además, puede haber un descenso significativo en los niveles de estas aguas subterráneas cuando son fuente de abastecimiento de agua fresca para operaciones de tratamiento de minerales.

• Impacto sobre las poblaciones: puede provocar conflictos por derechos de utilización de la tierra y agua, dar lugar al surgimiento descontrolado de asentamientos humanos ocasionando una problemática social y destruir áreas de potencial turístico. Puede provocar una disminución en el rendimiento de las labores de pescadores y agricultores debido a envenenamiento y cambios en el curso de los ríos debido a la elevación de nivel por sedimentación. Por otra parte, la minería a cielo abierto puede provocar un impacto económico negativo por el desplazamiento de otras actividades económicas locales actuales y/o futuras.

• Impacto sobre la fauna: la fauna se ve perturbada o, en su caso, ahuyentada por el ruido y la contaminación del aire y del agua. Además, puede darse también envenenamiento por reactivos residuales contenidos en aguas provenientes de la zona de explotación.

• Impacto sobre la flora: implica la eliminación de la vegetación en el área de las operaciones mineras, así como una destrucción parcial o una modificación de la flora en el área circunvecina, debido a la alteración del nivel freático.

• Contaminación del aire: el aire puede contaminarse con impurezas sólidas, por ejemplo polvo y combustibles tóxicos o inertes, capaces de penetrar hasta los pulmones, provenientes de diversas fases del proceso. También puede contaminarse el aire con vapores o gases de cianuros, mercurio, dióxido de azufre contenidos en gases residuales, procesos de combustión incompleta o emanaciones de charcos o lagunas de aguas no circulantes con materia orgánica en descomposición.

• Afectación de la superficie: devasta la superficie, modifica severamente la morfología del terreno, apila y deja al descubierto grandes cantidades de material estéril, produce la destrucción de áreas cultivadas, puede alterar cursos de aguas y formar grandes lagunas para el material descartado.

• Afectación de los suelos: eliminación del suelo en el área de explotación, y produce un desecamiento del suelo en la zona circundante, así como una disminución del rendimiento agrícola y agropecuario. También suele provocar hundimientos y la formación de pantanos en caso de que el nivel de las aguas subterráneas vuelva a subir. Además, provoca la inhabilitación de suelos por apilamiento de material sobrante.

• Afectación de las aguas superficiales: los residuos sólidos finos provenientes del área de explotación pueden dar lugar a una elevación de la capa de sedimentos en los ríos de la zona. Diques y lagunas de oxidación mal construidas o indebidamente mantenidos, o inadecuado manejo, almacenamiento o transporte de insumos (como combustibles, lubricantes, reactivos químicos y residuos líquidos) pueden conducir a la contaminación de las aguas superficiales.

• Toxicidad del cianuro: para las plantas y los animales, el cianuro es extremadamente tóxico. Derrames de cianuro pueden matar la vegetación e impactar la fotosíntesis y las capacidades reproductivas de las plantas. En cuanto a los animales, el cianuro puede ser absorbido a través de la piel, ingerido o aspirado. Concentraciones en el aire de 200 partes por millón (ppm) de cianuro de hidrógeno son letales para los animales, mientras que concentraciones tan bajas como 0.1 miligramos por litro (mg/l) son letales para especies acuáticas sensibles. Concentraciones subletales también afectan los sistemas reproductivos, tanto de los animales como de las plantas.

• Contribución al cambio climático: Uno de los efectos es la contribución al cambio climático, porque se trata de una actividad industrial que requiere una gran cantidad de energía para su ejecución, proveniente en general de la quema de combustibles fósiles (carbón, gas o diesel), cuyas emisiones son responsables del cambio climático.

Por lo anterior, considero que al responsable del derrame descrito anteriormente, se le debe aplicar la normatividad vigente, consistente en reparar el daño ambiental generado así como imponerle una sanción económica que sea suficiente para prevenir e inhibir actos u omisiones que pudiesen generar nuevamente un daño al ambiente, con el consecuente riesgo a la salud pública.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

De urgente u obvia resolución.

Primero. Esta honorable asamblea exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, de conformidad con el artículo 18 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, por razones de urgencia e importancia, inicie la reparación inmediata de los daños ocasionados por Grupo México con cargo al fondo de responsabilidad ambiental, procediendo a demandar a Grupo México la restitución de los recursos económicos que se eroguen para su reintegración al fondo ambiental.

Segundo. Esta honorable asamblea exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al titular de la Procuraduría General de la República, para que aplique el régimen unificado de responsabilidad por daño al ambiente previsto en el artículo 4o. constitucional, y 3o. de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, solicitando la imposición de la sanción económica máxima, prevista en el artículo 19, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Tercero. Esta honorable asamblea exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, solicitar la coadyuvancia al Ministerio Público y requerir aplique el régimen de responsabilidad ambiental, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Cuarto. Esta honorable asamblea exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al titular de la Procuraduría General de la República, a imponer como medida de seguridad a la empresa Grupo México, el cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 10, segundo párrafo de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a efecto de que se lleven a cabo las acciones necesarias para evitar que los daños al ambiente se incrementen.

Quinto. Esta honorable asamblea exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al titular de la Procuraduría General de la República, inicien investigación inmediata para determinar si Grupo México, sus empleados y directivos, previeron como posible el no haber generado el daño ambiental en los municipios mencionados en el presente documento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2014.

Diputada Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a verificar por la Contraloría General el cumplimiento del director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro a las obligaciones derivadas de su encargo en materia de mantenimiento del material rodante y de las instalaciones fijas, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Ricardo Mejía Berdeja y Zuleyma Huidobro González, diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de motivos

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC Metro), constituido por doce líneas de servicio distribuidas en una red de 255.9 kilómetros, 195 estaciones y 24 terminales, transporta aproximadamente a más de mil 460 millones de personas al año.

La red del Metro está construida principalmente de forma subterránea, aunque también cuenta con tramos superficiales y tipo viaducto elevado: 115 estaciones son subterráneas, 55 superficiales y 25 en viaducto elevado.

El parque vehicular está formado por trenes, también llamados convoyes, de rodadura férrea y neumática. En total, el sistema cuenta con 355 trenes: 322 son trenes de rodadura neumática de caucho (291 de nueve carros y 31 de seis) y 33 trenes de rodadura férrea de 6 carros.1

Como es conocido, a partir del 13 de diciembre de 2013 hubo un aumento en el costo del servicio casi en un 60 por ciento, estableciéndose en cinco pesos por viaje; cuestión que –y a pesar del rechazo generalizado por el incremento– generó en los usuarios una expectativa en el mejoramiento del servicio del Metro.

Aunado a ello, el pasado 12 de agosto, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la creación del Fideicomiso Maestro para el Mejoramiento del Metro con los recursos derivados del aumento a la tarifa de tres a cinco pesos, el cual ascenderá dos mil 526 millones de pesos tan sólo para el año en curso.2

Por su parte, el académico Manuel del Moral Dávila, especialista en logística, transporte y planeación, advirtió que dicho fideicomiso debe ejercerse con puntual transparencia, a la par de exhibir que no se conoce qué se ha realizado con el dinero hasta ahora recabado con el aumento en el precio del boleto; al respecto:

El deterioro del Metro es un enorme problema para la movilidad sustentable en la capital mexicana. El Metro es la columna vertebral de transporte público del valle de México: es el modo de transporte predilecto de quienes realizan trayectos largos. Durante el día, y cuando no falla, es la opción más rápida para moverse en la ciudad. También es un sistema de transporte de relevancia metropolitana: de los 5.1 millones de personas que transporta en un día típico, una proporción muy importante proviene del estado de México.3 En dicho tenor cabe señalar que, de acuerdo con el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo Metro, corresponde a la Subdirección General de Mantenimiento -entre otras- las siguientes facultades y obligaciones:

I. Establecer y promover las políticas, lineamientos y directrices a los que deberán ajustarse el mantenimiento y conservación de las instalaciones fijas y el material rodante y todos aquéllos mantenimientos y construcción que se contraten a través de obra pública y servicios relacionados con la misma, aplicables en los inmuebles e instalaciones que conforman la infraestructura operativa del organismo, a fin de garantizar la continuidad del servicio que se presta al público usuario.

II. Organizar y coordinar las acciones de modernización o rehabilitación de material rodante y las instalaciones fijas de la red actual de servicio, a fin de ofrecer a la ciudadanía la óptima seguridad, continuidad y calidad del servicio, con base en la incorporación de las innovaciones tecnológicas apropiadas, que permitan contar con las mejores condiciones de funcionamiento, mantenimiento y fiabilidad.

Sin embargo, a pesar de lo establecido y de lo supuestamente realizado en materia de mantenimiento del STC Metro, los trenes han presentado reiteradamente una serie de fallas, ya que –de manera sistemática– las personas usuarias sufren las repercusiones del mal servicio; los trenes se detienen entre o en las estaciones por un par de minutos, lo cual afecta las labores cotidianas de quienes hacen uso de este servicio público.

Entre las fallas más graves que se han presentado en los últimos cuatro meses se encuentran las siguientes:

26 de mayo: Inundación de las estaciones Cuatro Caminos, Panteones y Tacuba de la línea 2 por la saturación de la red de drenaje causada por las fuertes lluvias que cayeron en el norponiente de la ciudad.

19 de junio: Un convoy que se encontraba en la estación El Rosario de la línea 7 registró una falla que provocó fuego en una llanta. El incidente fue divulgado por redes sociales.

“Según el reporte del área de Transportación y Material Rodante, el convoy iba vacío pues estaba a la espera de salir de la terminal El Rosario para prestar servicio.”

“Cerca de las 5:50 de la mañana, el tren N2232 con números de motrices 653/652, sufrió un calentamiento en las zapatas –elementos de madera– lo que provocó fricción con el sistema de lubricación generando que unos cables se incendiaran, fuego que se aprecia sale de abajo del convoy.”

26 de junio: Usuarios de la línea 5 del Metro resultaron afectados, ya que las intensas lluvias provocaron una falla eléctrica en la estación Aragón.

2 de julio: Entre las 20:00 y las 21:00 horas, usuarios de la línea 5 a la altura de la estación Oceanía, fueron desalojados del convoy debido a un corto circuito que generó una gran cantidad de humo.

“Personal del Sistema de Transporte Colectivo (SCT) cortó la energía eléctrica para que la gente pudiera desalojar los vagones utilizando las vías”.

“Debido al percance, el Metro suspendió temporalmente el servicio entre las estaciones Consulado y Politécnico”.

“Debido a las molestias que esta situación generó, un grupo de usuarios increpó a empleados del Metro y exigieron que les fuera devuelto el importe del pasaje que pagaron, lo cual provocó connatos de bronca.”

En tanto, en la estación Centro Médico de la línea 3, usuarios reportaron la presencia de humo en uno de los vagones, por lo que también fueron desalojarlos.

15 de julio: Suspensión del servicio de las estaciones Peñón Viejo y Acatitla de la línea A por una supuesta falla en la energía eléctrica de unos de los trenes, por lo que se tuvo que desalojar a los usuarios.

2 de septiembre: Una supuesta falla mecánica de las estaciones Zapata y Coyoacán, correspondientes a la línea 3, provocó servicio lento y saturación de los vagones aproximadamente a las 7:30 horas, por lo que fueron desalojadas las personas que se encontraban en dichos puntos.

Este problema provocó también que la estación Indios Verdes, fuera cerrada en su totalidad provocando un caos en la colindancia del Distrito Federal con el estado de México.

Por otra parte, no podemos obviar lo sucedido con la línea 12 del STC Metro y el cierre de once de las veinte estaciones que la conforman a partir del 11 de marzo del presente año, afectando así a medio millón de capitalinos, quienes se verán afectados en su economía al desembolsar doce pesos diarios al tener que usar otros transportes y un impacto en el ahorro en tiempo que se tenía previsto con la llamada “Línea Dorada”, el cual es de dos horas treinta minutos al día.

Resulta pertinente señalar que el STC Metro es el responsable administrativo y legal del mantenimiento y funcionamiento de ésta y de todas las líneas que conforman la red del Metro; sin embargo en lo que concierne a la línea 12, el contrato de mantenimiento con el Consorcio Constructor terminó el 30 de octubre de 2013, por lo cual desde esa fecha no se volvió a dar el mantenimiento que limitadamente venía recibiendo el Consorcio Certificador.

A su vez, se generó un grave precedente con el cierre parcial de la línea 12, ya que es la primera vez que se cierra una línea de Metro sin un diagnóstico del organismo operador.

Lo anterior evidencia la falta en el cumplimiento de las responsabilidades del director general del STC Metro, el ingeniero Joel Ortega Cuevas, sobre todo en lo que concierne a dar el puntual mantenimiento de las instalaciones fijas y material rodante; hecho que ha desembocado en las fallas previamente descritas.

Asimismo, no se puede deslindar de responsabilidad a Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno del Distrito Federal, ya que fue él quien designó al actual director general del STC Metro, razón por la que debe velar que el funcionario en cuestión cumpla con las obligaciones derivadas de su encargo.

Es por ello que, respaldando y atendiendo las exigencias de la ciudadanía afectada por la inacción de Joel Ortega y esperando se dé cabal solución -cuanto antes- a las fallas presentadas en el STC Metro provocadas por la falta de mantenimiento, presentamos a esta asamblea el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno del Distrito Federal a que por medio de la Contraloría General del Distrito Federal, verifique el cumplimiento por parte de Joel Ortega Cuevas, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, de las obligaciones derivadas de su encargo en materia de mantenimiento del material rodante e instalaciones fijas que conforman la red de transporte.

Notas

1 STC Metro, “Metro de la Ciudad de México”, [en línea], México, http://stc.com.mx/

2 Milenio, “ALDF aprueba fideicomiso para el Metro”, [en línea], México, http://www.milenio.com/df/fideicomiso_mejorar_metro-aumento_tarifa_metr o-comision_ALDF-fideicomiso_metro_0_352765102.html

3 Animal Político, “Aumento del Metro... ¿a cambio de qué?”, [en línea], México, http://www.animalpolitico.com/blogueros-neoliberal-nel-liberal/2013/12/ 09/aumento-del-metro-cambio-de-que/#ixzz3CCKVgr6B

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2014.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federales a atender integralmente a los afectados por el derrame en el oleoducto Nuevo Teapa-Tula-Salamanca, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, diputado José Angelino Caamal Mena, integrante de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, miembro del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo; al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El jueves 28 de agosto de 2014, las autoridades de Veracruz tuvieron que hacer frente a una emergencia: el derrame de petróleo en el poliducto Minatitlán-México, en las inmediaciones de la colonia 20 de noviembre del municipio Tierra Blanca. El derrame fue provocado por una toma clandestina. En un comunicado de prensa, fechado 1 de septiembre del presente, Pemex Refinación sólo habla de haber recuperado más de 250 mil litros del cauce del rio Hondo. Asimismo ha informado que más de 100 personas trabajan para recolectar el crudo y limpiar la zona; la toma clandestina quedó eliminada y el ducto reparado. De acuerdo con los con datos de “La Jornada” en una nota publicada el lunes 1 de septiembre, el crimen organizado era quien hacía uso de la toma clandestina, por lo que es necesario que la policía federal resguarde las instalaciones de Pemex.

Segunda. En el tema humanitario, al menos 350 personas de las comunidades El Sumidero y Buena Vista, del municipio de Ixtaczoquitlán, tuvieron que ser evacuadas de sus casas según lo ha informado la prensa nacional. Estas personas permanecerán en los albergues hasta en tanto no se terminen las labores de limpieza.

Tercera. Las consecuencias medioambientales son las más graves en tanto que en algunos casos son irreparables, como la muerte de especies, de ganado, de flora y fauna.

Cuarta. El municipio de Tierra Blanca tuvo que cerrar un tramo carretero por el derrame mientras que ganaderos y agricultores han tenido que trasladar a otras zonas a sus animales para evitar que tomen agua contaminada.

Quinta. Autoridades municipales han denunciado ante la prensa que la paraestatal se ha negado a reconocer la totalidad de las afectaciones; incluso están en condiciones de presentar una denuncia contra Pemex para que atiendan la problemática.

Sexta. El mismo día 28 de agosto en la comunidad de Naranjos, al norte del estado, ocurrió otro accidente en el pozo Águila 50 cerca de la Colonia El Trébol, por falta de mantenimiento a las instalaciones, que causó el desgaste de una válvula.

Es urgente hacer las investigaciones pertinentes que nos permitan tener certeza de los daños ambientales en ambos casos y que luego, se repare el daño ambiental tanto como sea posible. Cada día cuenta para la flora y fauna del río Hondo.

Séptima. En el cuarto informe trimestral de 2013 Pemex informó que el volumen de los derrames registrados en ese año se incrementó 350 por ciento con respecto a los ocurridos en 2012. En cifras el volumen de las pérdidas alcanzaron 7 mil 276 barriles el año pasado contra los poco más de 2 mil registrados en 2012.

Por lo anteriormente expuesto, y con objeto de que se atiendan de manera oportuna, eficaz y eficiente los accidentes donde la empresa paraestatal Pemex tiene sus instalaciones, se somete a consideración del pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de Pemex para que en conjunto con las autoridades de seguridad pública federal resguarden las instalaciones petroleras en el Estado de Veracruz.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de Pemex para que realice un inventario exhaustivo del estado en que se encuentran sus instalaciones, y de ser necesario efectúe las reparaciones a la brevedad y prevenir así nuevos accidentes.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al titular de Pemex a que gire las instrucciones necesarias para que compense de manera económica a los pobladores afectados por los derrames ocurridos en el Estado de Veracruz.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que realice una investigación exhaustiva de los daños ambientales causados por los derrames en el Estado de Veracruz y finque las responsabilidades y sanciones a que haya lugar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de septiembre de 2014.

Diputado José Angelino Caamal Mena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat y al gobernador de Nayarit a instruir la revisión de las resoluciones emitidas sobre los proyectos de las comunidades indígenas de Nueva Villa de San Blas y de la hidroeléctrica Las Cruces, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, diputada Cristina Olvera Barrios, integrante de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, miembro del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México, tal y como lo señala el párrafo segundo del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una nación “pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.

La presencia de la población indígena en nuestro país se caracteriza por su elevada dispersión, extendiéndose por casi la totalidad del territorio, a tal grado de que del total de los 2 mil 443 municipios existentes, sólo en 30 de ellos no se registra su presencia.

Datos del Censo poblacional 2010 indican la existencia de 15.7 millones de habitantes indígenas en nuestro país, de los cuales, sólo 7 millones hablan su lengua natal.

El organismo público denominado Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas informa en su portal que el territorio indígena es “el espacio apropiado y valorizado por los pueblos indígenas, ya sea de manera simbólica o instrumental. Son espacios en donde practican y desarrollan su vida colectiva, sus actividades económicas, políticas sociales y religiosas. Los territorios indígenas son unidades geográficas que pueden estar separadas como por ejemplo: el cerro, el sitio sagrado, o las rutas de peregrinación, ya que son espacios en los que reproducen sus prácticas culturales.”

Por tanto, el territorio constituye para los indígenas, una parte fundamental de su historia, de su identidad y de su vida misma; un elemento esencial e inalienable de su comunidad.

De acuerdo con el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su artículo 13 refiere que los territorios son “lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”1 .

Habiendo establecido el contexto anterior, toca el turno de abordar la problemática que existe en el estado de Nayarit, en donde se han violado los preceptos antes mencionados en dos resoluciones emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), contando con el aval del gobierno del estado.

El primero de los casos se da luego de tres meses de litigio entre el comisionado de Bienes Comunales de la comunidad indígena Nueva Villa de San Blas, en Nayarit, donde la secretaría antes mencionada ha resuelto desincorporar la zona en que se encuentra la Isla del Rey, del régimen de dominio público para entregarlo a la desarrolladora turística Aramara, SA de CV; el hecho presumiblemente violatorio consistió en la entrega de 354 mil 364.89 metros cuadrados de terrenos ganados al mar, mismos que integraban el patrimonio de esa comunidad indígena.

Para el pueblo Huichol, la Isla del Rey, a la cual ellos llaman Tatei Haramara , es un lugar sagrado en donde nace el agua que alimenta a todas las formas de vida que hay en la comunidad.

De las trece hectáreas que los Wirráikas (pueblo originario) señalan como su lugar sagrado, el gobierno del estado vendió diez, aunque es de señalar que ocho son de reserva natural.

Este no es el único caso en este estado donde se han vulnerado los derechos de las comunidades indígenas.

En fechas recientes, la Semarnat decidirá si otorga o no el permiso ambiental al controversial proyecto de construcción de la hidroeléctrica Las Cruces, mismo que desarrollará, en caso de aprobarse, la Comisión Federal de Electricidad.

La construcción tal y como lo ha señalado en reiteradas ocasiones el Consejo Indígena Náyeri (pueblo originario que sería afectado) y en un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este proyecto sobre el caudal del río San Pedro Mezquital implica el desalojo forzoso de cientos de habitantes de territorios indígenas, en su mayoría cora, así como la afectación de catorce sitios sagrados de coras y huicholes.

Lo anterior, sin duda vulnerará los derechos humanos a la vivienda adecuada, al agua y a los medios de subsistencia, a la cultura y a la educación de estos pueblos.

Es importante mencionar también que las comunidades indígenas involucradas no fueron consultadas sobre el proyecto en los términos que establece el artículo 6 del citado Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Al respecto, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), expresó en un comunicado lo siguiente:

“Solicitamos a los relatores (especiales de las Naciones Unidas) instar al Estado mexicano a garantizar los derechos a la información y la participación, consulta y consentimiento, a la alimentación, al agua potable y saneamiento y al disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio saludable y sostenible de los pueblos indígenas y comunidades ribereñas del río San Pedro Mezquital”2 .

De construirse Las Cruces, la reducción del caudal del río afectaría la agricultura, ganadería, pesca, ostricultura y otras actividades de las que dependen económicamente para vivir, más de 20 comunidades de la zona.

Asimismo, al bloquear el curso del río San Pedro, la hidroeléctrica retendrá 90 por ciento de los sedimentos que alimentan la actividad agrícola y pesquera en las marismas nacionales, humedal protegido a nivel internacional y que también depende del caudal para sobrevivir; lo anterior lo han señalado diversas organizaciones encargadas de la protección al ambiente y comunidades indígenas a nivel internacional.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de la responsabilidad y obligación que tenemos para cuidar y velar por la subsistencia de nuestros pueblos indígenas, mismos que representan gran parte de nuestra cultura y tradiciones; lo anterior confluye de manera simbiótica con la preservación de las áreas naturales que se pretenden vulnerar, en caso de persistir esos proyectos en el estado de Nayarit.

Es por ello que exhortamos de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al titular del Ejecutivo del estado de Nayarit para que instruyan la revisión de las resoluciones emitidas en los casos descritos, a fin de evitar los daños colaterales que traería a las comunidades indígenas la construcción de estos dos proyectos que se tienen previstos.

En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que instruya la revisión y, en su caso, rectificación de la resolución emitida en el caso de la comunidad de Nueva Villa de San Blas, así como el permiso ambiental para la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces en el estado de Nayarit.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Nayarit para que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice los derechos humanos de los pueblos indígenas Wirráikas y Náyeri, que resultarán afectados en su cultura, patrimonio y territorio por actos de autoridad del Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Notas

1. http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_IN STRUMENT_ID:312314

2. http://www.aida-americas.org/sites/default/files/ONU%20RELATORES%20INFO RME%20LAS%20CRUCES.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2014.

Diputada Cristina Olvera Barrios (rúbrica)