Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 4103-IV, martes 2 de septiembre de 2014
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a convocar a una cumbre con sus homólogos de Estados Unidos de América, Guatemala, Belice, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador para elaborar de manera compartida, corresponsable y coordinada una declaración conjunta que garantice la salvaguarda de los derechos humanos y la dignidad de las niñas y los niños migrantes no acompañados, a cargo de la diputada María Teresa Jiménez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada María Teresa Jiménez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6 fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. El flujo migratorio de los niños migrantes no acompañados, ha sufrido un aumento considerable debido a la situación de violencia e inseguridad en sus países de origen, debido a la presencia de grupos delincuenciales, así como un deseo de unificación familiar con sus padres, que se encuentran viviendo en Estados Unidos de América.
Los datos aportados por el Colegio de la Frontera Norte (Colef) son contundentes: fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos 46 mil 188 menores que llegaron a ese país sin sus padres, lo que habla de un incremento desmedido de la migración infantil. Actualmente y de acuerdo a datos presentados por Estados Unidos, en los últimos 8 meses, la cifra supera los 52 mil 193.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por el Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colef: 11 mil 577 son mexicanos; 13 mil 282 son hondureños; 11 mil 479 guatemaltecos y nueve mil 850 provienen de El Salvador y añade que el total de menores centroamericanos detenidos en 2014, equivale al 45 por ciento de las deportaciones de menores hechas en los últimos cinco años; en 2009, se reportaron por ejemplo, 3 mil 304 detenidos.
Existen registros que en 2010 fueron detenidos cuatro mil 444 menores; en 2011, tres mil 933; para 2012, la cifra aumentó a más del doble respecto al año anterior, con 10 mil 146 deportaciones, y a partir de este año se ha ido incrementando. Menciona también que en 2013 hubieron 20 mil 805 menores detenidos. Dicho estudio especifica que de Honduras emigraron en el referido periodo, 20 mil 029 menores no acompañados; de El Salvador, fueron un total de 15 mil 840, y de Guatemala sumaron 19 mil 547.
Asimismo, el mencionado estudio indica que de acuerdo a la ley, los menores centroamericanos luego de ser detenidos por la Patrulla Fronteriza, son enviados antes de 72 horas con personal de la Oficina de Refugiados (ORR) de Estados Unidos, para, en el mejor de los casos, ser procesados como refugiados.
Cabe mencionar que en los primeros cinco meses de este año, las autoridades estadounidenses han deportado a México cerca de 6.330 niños, principalmente centroamericanos. Por su parte en lo que va de este año 10.505 menores migrantes no acompañados han sido interceptados por el Instituto Nacional de Migración en su intento por llegar a Estados Unidos.
Ante esta problemática, durante los últimos 15 días del mes de Junio del presente año, el gobierno mexicano ha sostenido por lo menos tres reuniones con autoridades de diversos países centroamericanos, de tal suerte que el pasado día 30 del citado mes, se llevó a cabo en Panamá, una reunión en la que participaron los Cancilleres de El Salvador, Honduras y Guatemala, para revisar la problemática de los niños migrantes que viajan solos a Estados Unidos. Asimismo, en conferencia de prensa, previa a la reunión, el Secretario de Relaciones Exteriores Jose Antonio Meade Kuribeña, detalló que se ha fortalecido la coordinación con las embajadas de Guatemala, El Salvador y Honduras, y se instruyó a la red consular mexicana en Estados Unidos a contactar a sus contrapartes centroamericanas, para hacer frente a esta situación. Asimismo, detalló que se ha impulsado una campaña de información sobre este tema.
II. Actualmente, existen una serie de instrumentos internacionales, en cuyas disposiciones se buscan proteger los derechos de las niñas y los niños, entre los cuales, podemos mencionar los siguientes:
La Convención sobre los Derechos del Niño:
El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía;
El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados;
El Convenio sobre la edad mínima, 1973;
El Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999.
A la luz de lo anterior, la amplia legislación internacional en materia de derechos humanos, coincide en que las niñas y los niños así como de las personas en general, tienen derecho a:
Disfrutar de una vida plena y feliz;
A vivir en el seno de una familia;
A disfrutar de una alimentación saludable;
La educación;
La salud y;
A un medio ambiente sano y sustentable, entre otros.
En virtud de lo anterior, los Estados independientemente de su forma de gobierno, tienen la obligación de hacerlos efectivos además de garantizar el derecho a la vida, al bienestar, la seguridad y la propiedad; por tanto, cuando estos derechos se ven vulnerados, las personas tienden a migrar y buscar en otra parte mejores condiciones de vida.
Sin embargo, la situación referente a los migrantes menores de edad no acompañados, pone de manifiesto la necesidad de establecer un instrumento internacional propio en la materia que reconozca de manera específica la problemática en cuestión y que permita establecer responsabilidades compartidas entre los Estados, a efecto de salvaguardar de manera integral sus derechos humanos.
III. El tránsito desde sus países de origen hasta la frontera sur de los Estados Unidos de América es doloroso, lleno de riesgos y peligroso y, va desde el robo de sus pertenencias, la discriminación y hasta la violación de sus derechos humanos (incluso por parte de las propias autoridades migratorias), y en muchas ocasiones, la pérdida de sus vidas.
En el caso de las niñas y los niños migrantes no acompañados, esta situación resulta mucho más peligrosa, debido a que, por su condición de vulnerabilidad, representan un objetivo prioritario de la delincuencia organizada, con el fin de explotarlos por medio del tráfico humano en sus distintas modalidades, particularmente en la trata de personas.
IV. Esta crisis social debe ser resuelta por los gobiernos involucrados de manera integral, compartida y corresponsable, en donde cada uno realice esfuerzos, mediante la orientación de recursos y el establecimiento de políticas públicas, para combatir de manera eficiente y eficaz la problemática que azota a este sector de la población, en esta delicada situación de vulnerabilidad.
Por tanto, resulta urgente que los jefes de Estado y de gobierno así como los secretarios y ministros de Exteriores, se reúnan para elaborar en conjunto y de manera consensuada, dentro del ámbito de sus competencias, una declaración donde se especifique y garantice la protección y salvaguarda de los derechos humanos por parte de los Estados participantes, en donde además se establezcan las garantías necesarias a efecto de generar mecanismos que propicien un mejoramiento en las condiciones de vida de las sociedades en comento.
V. Es importante que el gobierno de Estados Unidos de América, tome conciencia de esta problemática cuya atención requiere de una responsabilidad compartida, con la finalidad de abordar la solución desde un enfoque humanista y no bajo la interpretación de un problema de seguridad nacional.
En este sentido, cabe mencionar que el pasado 29 de julio, los gobiernos de México y California exigieron un enfoque humanitario al problema de los niños migrantes no acompañados, y rechazaron el uso de fuerzas públicas o militares como un medio de respuesta ante la emergencia, como el despliegue de la Guardia Nacional en Texas para evitar la entrada de migrantes, ante el anuncio del gobernador de Texas, Rick Perry.
Por ello, la Cámara de Diputados debe elevar un atento llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores en los términos de los artículos 1o. y 4o. constitucionales y a sus homólogos de los países mencionados en los términos de sus leyes locales, para que de manera corresponsable, se elaboren soluciones a la pobreza, violencia e inseguridad con el fin de evitar que las niñas y los niños, sigan abandonado sus países de origen.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en el ámbito de sus competencias y a través de los conductos adecuados convoque a una cumbre de sus homólogos de Estados Unidos de América, Guatemala, Belice, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y el Salvador para que de manera coordinada, elaboren una Declaración conjunta que garantice los derechos humanos y la dignidad de las niñas y los niños migrantes no acompañados en su camino a Estados Unidos de América, con el fin de luchar contra esta crisis humanitaria.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en el ámbito de sus competencias y a través de los conductos adecuados, promuevan junto con Estados Unidos de América, Guatemala, Belice, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y el Salvador la elaboración de políticas comunes para que en un marco de corresponsabilidad y de apoyo financiero compartido, se garanticen mejores condiciones de vida, revierta la violencia y la inseguridad existente en dichos países que provoca la expulsión de las niñas y los niños de sus lugares de origen.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en el ámbito de sus competencias y a través de los conductos adecuados promueva junto con Estados Unidos de América Guatemala, Belice, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y el Salvador, mecanismos e instrumentos que permitan abordar la problemática desde un punto de vista humanitario a efecto de evitar el despliegue de personas u organizaciones armadas que atenten contra la vida de las niñas, niños y personas que cruzan la frontera norte, particularmente del personal militar y de la Guardia Nacional de Estados Unidos de América.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2014.
Diputada María Teresa Jiménez Esquivel (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a distintas dependencias del gobierno federal a trabajar de manera transversal en la constitución y elaboración de una norma oficial mexicana que regule el uso de la fractura hidráulica, o fracking, para obtener hidrocarburos no convencionales, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración el presente punto de acuerdo conforme al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que con la aprobación de la Ley de Hidrocarburos y reformas a las Leyes de Inversión Extranjera, Minera y de Asociaciones Público Privadas, en las leyes secundarias de la denominada reforma energética, se aprobó también incentivar a que los propietarios de la tierra acepten el uso del fracking para la explotación y exploración de hidrocarburos.
Que desde la promoción del Plan Nacional de Desarrollo (PND), emitido por el gobierno federal, PND, es su Eje IV México próspero; objetivo 4.6 de abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva y en específicamente es su estrategia 4.6.1 de asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país, se dejaba ver la intención reformadora para incluir los yacimientos no convencionales, los denominados lutitas.
Que los denominados hidrocarburos no convencionales son aquellos que como el aceite y el gas de esquisto o de lutitas (shale oil y shale gas) permanecen en la roca madre donde se generaron, formando yacimientos de baja permeabilidad que requieren de fracturar la roca para su extracción.
Que con la reciente aprobación de las leyes secundarias en materia energética, proliferación de proyectos de explotación de fuentes no convencionales de hidrocarburos como el aceite y gas de lutita (shale gas y shale oil); así mismo, lo aseguro la Subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaria de Energía (Sener), declaro que hacia mediados o finales de 2015 se estará produciendo gas de lutitas.
Que para llevar a cabo lo anteriormente señalado, se debe acudir a la denominada fractura hidráulica, mejor conocida como fracking, que consiste en introducir a alta presión, en pozos perforados vertical, horizontal y radialmente (a mil o 5 mil metros de profundidad) millones de litros de un líquido fracturante a base de agua (90 por ciento), agentes apuntalantes (8-9 por ciento) y productos químicos altamente tóxicos (1-2 por ciento), para fracturar la roca y liberar los hidrocarburos.
Que con este método de extracción se requiere de la utilización de 9 a 29 millones de litros de agua por pozo.
Que los impactos son de corto, mediano y largo plazos, especialmente por la contaminación del suelo, el subsuelo, el agua y el aire en el proceso de exploración y explotación, la afectación de la flora y la fauna, de tierras de cultivo, pastura y animales de granja, los daños a la salud de las personas, a su alimentación, sus viviendas, su entorno; todo lo cual afecta a las generaciones presentes, de forma directa e indirecta, y pone en riesgo a las generaciones futuras.
Que con la finalidad de garantizar una absoluta protección a los derechos humanos a la información, a la salud, el acceso al agua, al medio ambiente sano, a la alimentación, a la vivienda y a la seguridad e integridad, es que se realiza la presente propuesta.
Que el denominado fracking representa graves riesgos al medio ambiente y a la salud, por lo cual se está obligado por la protección del país y sus habitantes, sobre todo de aquellos que se ubiquen en las zonas en las cuales se realizara este método de extracción de gas lutita como lo es en Estados de Chihuahua, Sabinas-Burro-Picachos, Burgos, Tampico-Misantla, y Veracruz, así como aquellos en los que en un futuro se estime permitir la obtención de este gas.
Que se deben asegurar en tomar las medidas ambientales necesarias para garantizar el derecho constitucional a la salud y medio ambiente sano.
Que las normas oficiales mexicanas (NOM) son herramientas que permiten a las distintas dependencias gubernamentales establecer parámetros evaluables para evitar riesgos a la población, a los animales y al medioambiente; para que se consuman menos energéticos y contaminemos menos. (www.consumidor.gob.mx)
Que derivado de los hechos anteriores, presentó ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaria de Energía y la Secretaria de Salud trabajen de manera transversal en la constitución y elaboración de una norma oficial mexicana, para regular el uso de la fractura hidráulica, mejor conocido como fracking, para la obtención de hidrocarburos no convencionales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2014.
Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar las acciones conducentes a instaurar un programa para la emisión de vales de medicinas, o bien, un instrumento que garantice el suministro oportuno y completo de las recetas prescritas por el IMSS y el ISSSTE a los derechohabientes, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79 numeral 1 fracción II, y numeral 2 fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo al abasto oportuno de medicamentos de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El actual gobierno federal desde el inicio de su administración reconoció que diversos factores sociales como la protección de los derechos humanos, la salud y la educación, forman parte fundamental para que México logre su máximo potencial de desarrollo.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, es un instrumento que permite la transversalidad de las acciones gubernamentales, a través de cinco metas nacionales.
1. México en paz
2. México incluyente
3. México con educación de calidad
4. México próspero
5. México con responsabilidad global
En el México incluyente, se establecen las estrategias para garantizar los derechos fundamentales a través de una red de protección social que permita, entre otros, el acceso a la salud, con la finalidad de evitar enfermedades inesperadas que perjudiquen la economía familiar.
Con ello, el gobierno federal está demostrando que no sólo considera la salud como una garantía individual la cual debe cubrir, sino como un elemento fundamental para incrementar la calidad de vida de los mexicanos y una estrategia que permita el desarrollo de México.
En este sentido, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, indica que el surtimiento de medicamentos es un aspecto integrado al acceso a la salud, por ello debe analizarse con puntualidad, con la finalidad de garantizar este derecho constitucional.
En el diagnóstico de dicho programa, se determinó que existen deficiencias de 35.6 por ciento del surtimiento total de una receta.
Lo anterior muestra que es necesario llevar a cabo acciones para lograr el surtimiento total de recetas médicas. Acción identificada por el gobierno federal en el programa sectorial, en el cual se indica que el abasto de medicamentos en las instituciones del sector público esta? en lo más alto de la agenda gubernamental.1
Adicionalmente, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 20122 , indicó que los medicamentos constituyen más de 50 por ciento del gasto en salud de los hogares en México y entre los hogares más pobres que incurren en gastos catastróficos, los gastos en medicamentos constituyen el componente más relevante.
Como se deduce con la información anterior, la mayor parte del gasto familiar en salud se destina a medicamentos.
Asimismo, el Instituto Nacional de Salud Pública, respecto de la distribución regional, señala que en la mitad de las entidades del país la proporción de recetas surtidas completamente fue de apenas 46 por ciento, lo que significa que en promedio no se surtieron de manera completa más de 54 por ciento de las recetas médicas en 2011; mientras que en 2010, 48 por ciento del gasto de tratamientos y medicinas en México fue pagado del bolsillo de las familias de menores ingresos, que desembolsaron en promedio 5 mil 138 pesos anuales.
Dicha situación, coloca a nuestro país como el segundo a nivel mundial con mayor gasto en medicamentos en relación con el gasto total en salud de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)3 .
Situación por demás preocupante, ya que los mexicanos deben sumar a sus gastos mensuales el correspondiente al pago de medicinas, aun cuando éstos cuenten con la protección de su salud a la que por ley tienen derecho.
Desafortunadamente, hasta hoy no ha existido un mecanismo eficiente que garantice el suficiente abasto de medicamentos básicos.
Por ello, el presente punto de acuerdo busca generar estrategias que permitan garantizar a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el abasto oportuno de sus medicamentos.
Asimismo, se pretende que el gobierno federal dé cumplimiento a los objetivos planteados, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Salud, que a la letra dicen:
Plan Nacional de Desarrollo
Objetivo 2.4. Ampliar el acceso a la seguridad social.
Estrategia 2.4.3. Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos.
Línea de acción. Implementar programas de distribución de medicinas que alineen los incentivos de las instituciones de salud pública, los proveedores de medicamentos y los ciudadanos usuarios.
Programa Sectorial de Salud
Objetivo 2. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud con calidad.
Estrategia 2.6. Garantizar el acceso a medicamentos e insumos para la salud de calidad.
Líneas de acción
2.6.1. Fortalecer la cadena de suministro de medicamentos e insumos en las instituciones públicas de salud.
2.6.2. Incrementar el abasto de medicamentos y biológicos de acuerdo a las necesidades locales.
2.6.3. Implementar programas de distribución de medicamentos que alineen los incentivos de las instituciones de todos los participantes.
2.6.4. Fomentar el uso racional de la prescripción de medicamentos.
Estrategia 2.7. Instrumentar la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.
Línea de acción
2.7.5. Asegurar el abasto oportuno y completo de medicamentos e insumos.
Objetivo 5. Asegurar la generación y uso efectivo de los recursos en salud.
Estrategia 5.5. Fomentar un gasto eficiente en medicamentos e insumos.
Líneas de acción
5.5.6. Aplicar esquemas novedosos de compra y abasto de medicamentos para asegurar su surtimiento.
En atención a lo anteriormente expuesto, los diputados que suscribimos ponemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición de urgente u obvia resolución:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal a realizar las acciones necesarias para instrumentar un programa para la emisión de vales de medicinas o bien un mecanismo que asegure el suministro oportuno y completo de las recetas prescritas por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a sus derechohabientes.
Notas
1. Secretaría de Salud, 2013, Programa Sectorial de Salud 2013-2018, http://www.salud.gob.mx/indicadores1318/pdf/programa.pdf, consultada el 30 de agosto de 2014, página 36
2. Secretaría de Salud, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, El surtimiento de medicamentos recetados en las instituciones públicas de salud, y el gasto en medicamentos en México en 2006 y 2012. http://ensanut.insp.mx/doctos/seminario/M0501.pdf Consultado 30 de agosto de 2014.
3. Getting it Right, Una Agenda Estratégica para las reformas en México, OCDE.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2014.
Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino, Ricardo Astudillo Suárez, Rubén Acosta Montoya, Felipe Arturo Camarena García, Carlos Octavio Castellanos Mijares, Antonio Cuéllar Steffan, Mónica García de la Fuente, Ana Lilia Garza Cadena, Federico José González Luna Bueno, Mario Francisco Guillén Guillén, Lourdes Adriana López Moreno, Laura Ximena Martel Cantú, Gabriela Medrano Galindo, Héctor Narcia Álvarez, Ernesto Núñez Aguilar, Nabor Ochoa López, Javier Orozco Gómez, Carla Alicia Padilla Ramos, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, Rosa Elba Pérez Hernández, Lourdes Adriana López Moreno, Laura Ximena Martel Cantú, Tomás Torres Mercado, Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, Martha Edith Vital Vera, Ruth Zavaleta Salgado.