Proposiciones de urgente u obvia resolución

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por sus dependencias con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones conducentes a deslindar responsabilidades, aplicar sanciones y subsanar el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI y por Enrique Aubry de Castro Palomino, del PVEM
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los instrumentos destinados a concienciar, prevenir y alertar a la población sobre la prevalencia de factores epidemiológicos que se acentúan en esta temporada en diversas partes del país, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Profeco a proteger y asesorar a usuarios de Telcel perjudicados por el cambio de la política de datos e investigar prácticas abusivas para que, en su caso, se sancione a la empresa, suscrita por los diputados Juan Pablo Adame Alemán, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Juan Bueno Torio y Arturo de la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del PAN

Proposiciones

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a emitir por la SE y la Semarnat una NOM que evite la liberación de olores desagradables al ambiente, a cargo del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Sagarpa a tomar medidas para impulsar la comercialización del maíz blanco producido en Sinaloa, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Sedesol a difundir por el portal de internet los informes trimestrales detallados de enero a septiembre de 2014 sobre los alcances y la población beneficiada con el programa Cruzada Nacional contra el Hambre, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implantar medidas específicas sobre la atención y el acceso para tratar la problemática de las enfermedades raras en México, a cargo de la diputada Carla Alicia Padilla Ramos y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los gobiernos federal y de San Luis Potosí a ejecutar acciones para atender, mitigar y resarcir de inmediato las afectaciones provocadas por la contaminación de las fuentes de agua potable en la capital del estado, suscrita por los diputados Francisco Alfonso Durazo Montaño y Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a decretar la constitución de una comisión de la verdad integrada por mexicanos de reconocido prestigio y expertos internacionales en defensa de los derechos humanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a impulsar una política exterior dirigida a respetar, proteger y promover los derechos humanos de las familias migrantes detenidas en los centros residenciales de Estados Unidos de América, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, la SEP y la CNDH a proporcionar a los docentes mayor conocimiento en el tema del bullying, o acoso escolar, a cargo de la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, relativo a la disminución de los recursos destinados a Sinaloa en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, suscrita por los diputados Martín Alonso Heredia Lizárraga y Jorge Iván Villalobos Seáñez, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federales y de Oaxaca a garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral de los daños causados a Irene Cruz Zúñiga y familia por violaciones de sus derechos legales, a cargo de la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT, al encargado del despacho de la SFP y a la comisionada presidenta del IFAI a transparentar el proceso de licitación para el proyecto Tren de Alta Velocidad México-Querétaro y difundir cada una de las etapas y tanto los aspectos económicos como los técnicos, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al rector de la Universidad Abierta y a Distancia de México a generar un instrumento de reconocimiento de los mejores promedios de cada área que están por graduarse en este periodo escolar y mantenerlo como programa permanente, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ministro presidente del Consejo de la Judicatura Federal a modificar el acuerdo general número 16/2011 del pleno que regula la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, suscrita por los diputados Leobardo Alcalá Padilla y María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, a fin de realizar acciones para garantizar que no se ejerza violencia política contra las mujeres en Quintana Roo, a cargo de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Guanajuato a deslindar responsabilidades por la muerte de un estudiante del Centro Universitario de los Lagos, de la Universidad de Guadalajara, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a instaurar en el proceso para resolver la problemática con el IPN un formato de diálogo que permita construir un espacio donde se proceda al nombramiento de los directivos, la recuperación del semestre, la discusión y los compromisos de la visión de largo plazo del Politécnico, a cargo de la diputada María Guadalupe Mondragón González, del Grupo Parlamentario del PAN

Efemérides

• Con motivo del aniversario del natalicio de Andrés Henestrosa, a cargo de la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del PRI

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por sus dependencias con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones conducentes a deslindar responsabilidades, aplicar sanciones y subsanar el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI y por Enrique Aubry de Castro Palomino, del PVEM

Los suscritos, diputados federales de Jalisco por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y todas las autoridades competentes de la administración pública federal con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones necesarias a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La laguna de Cajititlán, en Tlajomulco de Zúñiga, cerca del lago de Chapala, tiene 9 kilómetros de longitud y 2 de ancho. Es pequeña, comparada con el lago de Chapala, pero se le considera la laguna de la zona metropolitana de Guadalajara por su majestuosidad y atractivo turístico.

Formada con el agua de lluvia proveniente de las serranías que la rodean, la laguna de Cajititlán es un lugar único y muy especial para los tapatíos y todos los jaliscienses.

Hoy, desgraciadamente, nuestra bella laguna está sufriendo los embates de los cambios climáticos o, peor aún, de posibles actos de negligencias y violencia ambiental.

Según la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, hasta el domingo 31 de agosto se habían extraído más de 30 toneladas de peces muertos. Para el martes ya se contabilizaban más de 50 toneladas.

Debemos reconocer que las autoridades han puesto su empeño para detectar la causa de la muerte de la gran cantidad de peces en la laguna.

Aparentemente se desconoce si es un fenómeno natural o se trata de un evento provocado por conductas perniciosas de ciertos individuos.

La secretaria de Medio Ambiente en Jalisco, Magdalena Ruiz, informó que ya se han enviado brigadas de trabajadores para apoyar a los pescadores locales en la retirada de los peces muertos, así como técnicos para evaluar la situación de las plantas de tratamiento de aguas de la ribera de la laguna.

De acuerdo con el doctor Manuel Guzmán Arroyo, director del Instituto de Limneología de la Universidad de Guadalajara, se trata de un problema provocado por el nivel de agua de la laguna, “que resulta demasiado bajo para cubrir las necesidades de oxígeno de los peces”.

El especialista explicó que “el lago tiene problemas porque le sacan demasiada agua. Una ventisca fuerte puede remover el fondo se levantan los sedimentos, se mezcla y se agota el oxígeno en el agua”.

Otra explicación que se ha dado es que la ausencia de agua suficiente y de oxígeno obedece al riego del valle adyacente y la existencia de un canal de adiestramiento para deportes acuáticos que también extrae agua de la laguna.

Durante estos días, la secretaria de Medio Ambiente de Jalisco ya dio a conocer que estableció un mando único para la atención de la contingencia ambiental. La Profepa y la Comisión Estatal del Agua han tomado importantes medidas de coordinación para que la contingencia ambiental se estabilice de manera positiva, se recupere el equilibrio ecológico de la zona y, desde luego, se subsane en lo posible el daño ambiental ocasionado.

En resumen:

(i) La recurrente crisis ambiental en la laguna de Cajititlán –cuatro periodos de muertes masivas de peces– puede tener su causa en cuestiones cíclicas u ocasionadas por la acción irresponsable del hombre; y

(ii) Ante estos hechos, hay instancias gubernamentales competentes para investigar el hecho y las formas de resarcir el daño ocasionado, buscando a su vez a los responsables y sancionándolo conforme a las leyes que nos hemos dado.

Nuestra posición como diputados al Congreso de la Unión es coadyuvar con las autoridades locales para resolver, de acuerdo con nuestras atribuciones, los problemas que pudiesen afectar a nuestros representados.

Hoy, las niñas, los niños, las mujeres y los hombres de Jalisco están sufriendo una afectación ambiental que merece toda la atención, tanto de las autoridades locales como federales. Merece que nos dispongamos a revisar las leyes en materia ambiental, tanto por lo que toca al Congreso de Jalisco, como lo que corresponde al Congreso de la Unión. Deben provocar toda nuestra atención y, desde luego, la coordinación de todas las autoridades competentes al efecto de deslindar responsabilidades, encontrar y sancionar a los culpables y, más importante aún, lograr reestablecer el equilibrio ecológico en la zona afectada y prevenir nuevas afectaciones.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a colaborar por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y todas las autoridades competentes de la administración pública federal con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones necesarias a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2014.

Diputados: Abel Salgado Peña (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica), Leonardo Alcalá Padilla (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro, Marco Antonio Barba Mariscal, Sergio Armando Chávez Dávalos, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los instrumentos destinados a crear conciencia, prevenir y alertar a la población sobre la prevalencia de factores epidemiológicos que se acentúan en esta temporada en diversas partes del país, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, Rubén Benjamín Félix Hays, diputado de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, respetuosamente somete a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a la salud, en su máxima expresión y alcance, fue consagrado por primera vez en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS)1 de 1946, al señalarse que ““...el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión ideología política o condición económica o social...”.

Desde entonces, este derecho humano se ha expresado en la Declaración Universal (artículo 25) y Americana (artículo 11) de Derechos Humanos en 1948; afianzado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y reiterado en la Declaración de Alma-Ata de 1978 y en la Declaración Mundial de la Salud de 1998.

En tal sentido, el acceso a los bienes, servicios y oportunidades destinados a satisfacer las necesidades de salud es un derecho humano fundamental y es la clave para que las personas puedan disfrutar de otros derechos humanos fundamentales.

Indudablemente, en México se ha avanzado sustantivamente en la construcción de una cultura de derechos humanos, misma que ha comprendido procesos de armonización legislativa con los más altos estándares internacionales, de fortalecimiento institucional e instrumentación de políticas públicas específicas en la materia.

A nivel constitucional y en sus leyes secundarias, la protección y acceso pleno al derecho a la salud de las y los mexicanos está garantizado y existe una muy amplia cobertura de servicios de salud para la población que lo necesita.

No obstante estos avances, es menester que el Estado mexicano redoble esfuerzos en aquellas áreas que puedan, por la naturaleza de sus elementos y factores, generar mayor susceptibilidad y riesgos entre la población del país, de tal manera que se salvaguarde la plena vigencia de derecho humano a la salud, atendiendo prioridades de orden local y nacional.

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a todos los países ser capaces de detectar, comprobar rápidamente y responder de forma adecuada a las amenazas de enfermedades emergentes y con tendencia a producir epidemias, a fin de reducir al mínimo su impacto en la salud y la economía de la población local y mundial.

Consistente con esta recomendación, la OMS mantiene un sistema de vigilancia epidemiológica que da seguimiento a la evolución de enfermedades infecciosas en el mundo, alertando cuando es necesario, compartiendo conocimientos técnicos, y articulando las respuestas necesarias para proteger a las poblaciones de las consecuencias de las epidemias, cualquiera que sea su origen y dondequiera que se declaren.

De manera correspondiente, en el país contamos con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) el cual ha demostrado su eficacia en la materia, al alertar con prontitud y de manera sumamente responsable una de las mayores contingencias sanitarias que haya ocurrido en el país en los últimos años.

Entre marzo y abril de 2009, cuando el entonces Sistema de Vigilancia Epidemiológica identificó el virus que se denominó como Influenza A (H1N1), se pusieron en marcha diversas acciones en materia de salubridad a fin de controlar la epidemia, prevenir nuevos contagios y combatir el virus existente; asimismo, se pusieron en marcha campañas oportunas de vacunación e información.

Por las acciones realizadas durante dicha contingencia, México recibió amplio reconocimiento a nivel internacional: en la 62ª Asamblea Mundial de la Salud, efectuada del 18 al 22 de mayo de 2009, en Ginebra, Suiza, el país fue calificado como ejemplo de cooperación internacional y durante la 49ª Reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), celebrada del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2009, en Washington, D.C., se otorgó un reconocimiento al trabajo del Gobierno mexicano por su labor frente a la contingencia epidemiológica, destacando la transparencia que se tuvo en el manejo de información.

La situación epidemiológica mundial y regional nos obliga a retomar la pasada experiencia y ser muy responsables en la vigilancia y monitoreo que se realice a los factores epidemiológicos internacionales, además de estar alerta a los del orden nacional.

Basta recordar que la alerta sobre el brote de enfermedad por el virus del ébola del pasado 30 de agosto del año en curso en Senegal transitó a la generación de una alerta regional para África Occidental en menos de una semana (4 de septiembre de 2014), coincidiendo con el reporte de dos casos de infección humana por virus de la gripe aviar A(H7N9) en la República Popular de China, confirmada mediante pruebas de laboratorio.

En el caso de China, su gobierno, atendiendo protocolos sanitarios internacionales, tomó las siguientes medidas de vigilancia y control:

a) fortalecimiento de la vigilancia y el análisis de la situación;

b) fortalecimiento de la atención clínica y el tratamiento médico;

c) comunicación pública del riesgo y difusión de información.

En el caso del ébola, según la OMS en uno de sus últimos comunicados, su brote en el África Occidental es el peor en la historia. El número de muertes por el virus asciende a más de 3 mil y el número de casos de personas infectadas alcanzó ya los 6 mil 553.

Esta enfermedad se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, debilidad intensa, mialgias, cefalea y odinofagia, seguido de vómitos, diarrea, conjuntivitis, erupciones cutáneas, disfunción renal, hepática y en algunos casos, sangrado gastrointestinal y coagulación intravascular diseminada.

Dada la cobertura mediática que ha tenido en los últimos días hemos tenido conocimiento de su ingreso al continente americano, específicamente mediante un caso comprobado de un paciente en el estado de Texas, en los Estados Unidos de América.

La primera persona en ser diagnosticada con ébola en territorio estadounidense acudió a una sala de emergencias la última semana del mes de septiembre pasado, pero no fue internado por el personal del hospital a pesar de que indicó que había viajado a Liberia.

Tal razón obedeció a que basados en sus síntomas, los médicos tratantes indicaron que no había razón para internarlo cuando se presentó por primera ocasión en la sala de emergencias, el pasado jueves 25 de septiembre por la noche.

Tres días después, el hombre regresó al centro médico, en donde se determinó que probablemente tenía ébola. Fue en ese momento que se decidió aislarlo.

En una reunión de alto nivel, convocada por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, el mandatario estadunidense, Barack Obama, urgió al mundo a convertir en una “prioridad” la lucha contra el brote de ébola en África Occidental y advirtió que puede causar una “catástrofe humanitaria” en la región y es una “creciente amenaza a la seguridad global”.

Por su cobertura mediática, como advertíamos líneas arriba, y la falta de información y estrategias de comunicación oficial entre la población, el ébola ya ha caudado confusión y alerta en el país.

La llegada, el pasado 1 de octubre del año en curso, de un paciente africano de origen ghanés, al Hospital General doctora María del Socorro Quiroga Aguilar, en Ciudad del Carmen Campeche, con síntomas similares al virus del ébola, generó pánico entre el personal que ahí labora y familiares de los pacientes que se encontraban en el área de urgencias.

La Secretaría de Salud de Campeche, ese día informó del ingreso al citado hospital de un paciente de origen ghanés con un cuadro clínico que corresponde a un síndrome febril, sin asociación epidemiológica con el virus del ébola.

En el reporte se lee que el paciente masculino, de 52 años de edad, se encuentra aislado, como marca el protocolo ante cualquier cuadro clínico de este tipo. Asimismo, se realizan estudios de laboratorio para descartar enfermedades infecciosas, tales como dengue, chikungunya, paludismo, leptospira, toxoplasma, rubeola y citomegalovirus.

Un día antes, el pasado martes 30 de septiembre, la Secretaria de Salud federal, la Médico Cirujano Mercedes Juan López, afirmó, en el marco de su participación en la 53 reunión de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, DC, que el país tiene los recursos necesarios para el diagnóstico y manejo de cualquier sospecha de ébola.

Se ha indicado que México es considerada una nación de muy bajo riesgo dada la localización geográfica y el escaso flujo migratorio del país con la zona de riesgo; no obstante, a las personas que abordan aviones en la zona del brote se les revisa si sufren fiebre, pero los síntomas pueden comenzar hasta 21 días después de la exposición.

El ébola no es contagioso hasta que comienzan los síntomas, y se necesita un estrecho contacto con los fluidos corporales de un enfermo para que se propague.

De ahí la importancia de que se difunda, de manera clara, pertinente y oportuna la información sobre los efectos, síntomas y acciones a seguir en casos infecciosos como el ébola.

Sin embargo, a nivel local, en el país tenemos otros casos altamente epidemiológicos que atender.

Mientras que la posibilidad de que el virus del ébola llegue es extremadamente remota, es un hecho que el chikungunya 2 llegará al país.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal, doctor Pablo Kuri, indicó desde el pasado mes de agosto a un medio de comunicación nacional que “...hay un caso importado, es decir, no se contagió aquí, se contagió en las islas del Caribe, pero como tenemos el vector y hay mucho tránsito entre mexicanos a la zona donde hay casos seguramente va a llegar, la pregunta es ¿cuándo y dónde?, no sabemos, pero hay que estar atentos para cuando llegue”.3

En la misma entrevisto dejó ver que se desconocen los alcances que podría tener el brote una vez que el virus comience a circular, por lo que recomendó tomar las medidas preventivas para evitar la proliferación del mosquito transmisor.

Las personas contagiadas de chikungunya presentan fiebre, dolores articulares, dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas, según la Organización Mundial de la Salud.

La enfermedad puede presentarse entre tres y siete días después de la picadura del mosquito infestado, y las manifestaciones clínicas pueden durar entre dos y 12 días.

Clínicamente es difícil su diferenciación con dengue, sin embargo en la infección por virus chikungunya el dolor es mucho más intenso y localizado en las articulaciones y tendones, y en algunos casos pude ser incapacitante. Se debe distinguir chikungunya del dengue, que puede tener una evolución más tórpida, ocasionando inclusive la muerte.

No existe ningún antivírico específico para tratar la fiebre chikungunya; e l tratamiento consiste principalmente en aliviar los síntomas, entre ellos el dolor articular, con antipiréticos, analgésicos óptimos y líquidos. No hay comercializada ninguna vacuna contra el virus chikungunya.

Aunque la afección llamada chikungunya generalmente no es fatal, la epidemia ha rebasado la capacidad de atención de los hospitales y mermado la productividad económica de varios países de Sudamérica y el Caribe y se ha manifestado con notables efectos en Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela y con mucha proximidad en El Salvador, Nicaragua, Belice y Guatemala.

La República Dominicana es el país más afectado por el virus debido a que tiene la mitad de los casos en el continente americano; según la Organización Panamericana de la Salud, el chikungunya se ha propagado a mínimo 24 países y territorios en el hemisferio occidental desde que se registró el primer caso, a finales del 2013, en la parte francesa de la isla caribeña de San Martín, contabilizándose hasta el pasado mes de mayo de 2014, más de 4 mil 500 infectados en el continente Americano.

Por otro lado, el escenario reportado sobre una enfermedad epidemiológica en los últimos Informes Epidemiológicos semanales por la Dirección de Información Epidemiológica, dependiente de la Secretaría de Salud, llama poderosamente la atención del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Nos referimos en caso concreto con el avance y daños que está generando la fiebre hemorrágica por dengue en el país, hasta el pasado 29 de septiembre de 2014.

Si bien los reportes confirman un descenso de los registros en el 2014, respecto del año precedente, en un 64 por ciento de los casos estimados y del 55 por ciento de los confirmados, es notorio el incremento y tendencia de casos confirmados, por cada 100 mil habitantes, en entidades como Baja California Sur (204.58), Colima (74.17), Sinaloa (53.81), Campeche (41.49) y Oaxaca (36.43).

La estadística anterior nos permite dimensionar el problema; sin embargo, atendiendo la información sobre el número de personas registradas por casos confirmados de dengue, el panorama es sumamente desalentador.

5 entidades del país acumulan el 50 por ciento: Veracruz, con 2 mil 160 personas; Sinaloa, con 1,591; Baja California Sur, con 1 mil 519; Oaxaca, registra 1,452 y Guerrero 1 mil 286 . Conviene recordar que los datos anteriores pueden ser mayores, pues derivan de la confirmación de casos probables, después de practicados diversos análisis de laboratorio

En el país, en lo que va del año, se han registrado 16,092 casos confirmados de personas afectadas por el virus del dengue y se encuentran bajo análisis otros 24,959 más; sin embargo, en cinco entidades, el incremento porcentual en las últimas cinco semanas ha rebasado al 50 por ciento.

Así, estados como Veracruz, con 2,160 casos (78.7 por ciento); Sinaloa, con 1,591 (57.2 por ciento); los 1,519 de Baja California (164.2 por ciento), así como los 1,452 enfermos de Oaxaca (59.2 por ciento) y los 549 registrados en Morelos (61.0 por ciento) nos deben de movilizar a la acción, urgiendo que las autoridades sanitarias actúen con prontitud ante este mal que es sustancialmente prevenible, mediante acciones concretas, probadas y coordinadas entre el nivel Federal, estatal y municipal.

Ya van 22 decesos en este 2014 y aunque la tendencia sea menor que los 40 fallecimientos registrados en el 2013, la letalidad es 28.2 por ciento mayor que la registrada el año pasado; si se previene y se actúa oportunamente, no deberemos lamentar un fallecimiento más.

Es importante recalcar que aunado a una efectiva política pública en materia sanitaria que contribuya con acciones concretas a prevenir y reducir los daños que el virus del dengue llegase a ocasionar en la salud de las y los mexicanos, también debe prevalecer una absoluta transparencia en el manejo de la información, además de que esta debe ser suministrada a la ciudadanía de manera oportuna.

El dengue históricamente en el país, ha presentado una tendencia de mayor incidencia entre los meses de julio a octubre, coincidiendo con la temporada de lluvias y las condicionantes que propician su proliferación.

No obstante la preparación y capacidad probada de las instituciones del sector salud sobre la detección, tratamiento y medidas preventivas, entidades como Baja California Sur, Sonora y Sinaloa presentan un mayor grado de alerta por las condiciones de salubridad en que quedaron después del paso de Odile por esa región, al grado que la incidencia fue la mayor del país en Baja California Sur, alcanzando 327.95 por cada 100 mil habitantes.

En Nueva Alianza coincidimos en que el derecho a la salud debe ser visto como el derecho a un sistema de salud efectivo e integrado , que abarque la asistencia médica y los determinantes subyacentes de salud, que responda a las prioridades locales y nacionales , y que esté al acceso de todos; por ello, las instituciones responsables de la salud de millones de mexicanos debe brindar información más precisa sobre aquellos padecimientos que por su impacto en la salud pública requieren de una vigilancia estrecha y la difusión oportuna de información.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que fortalezca los mecanismos, protocolos e instrumentos implementados para la vigilancia epidemiológica en el país, de tal manera que ante la presencia de un agente epidemiológico relevante, las instituciones del Sector Salud respondan con pertinencia y eficacia a las contingencias sanitarias que se presenten a lo largo del país.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades, dicte las medidas necesarias a efecto de que en los medios masivos de comunicación informe a la ciudadanía sobre la sintomatología más relevante del ébola y con ello, coadyuve a la proliferación de un clima social sano, responsable y ordenado, evitando desinformación y psicosis social.

Tercero. Finalmente, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal y a las instituciones de salud estatal para que refuercen la vigilancia epidemiológica, la atención médica y las medidas preventivas ante los incrementos focalizados del dengue en el país, principalmente en los estados de Baja California Sur, Colima y Sinaloa que tienen un mayor registro de casos de dengue hemorrágico.

Notas

1 Documentos Básicos, 43ª edición. Organización Mundial de la Salud, Ginebra 2001. La Constitución fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional de 1946.

2 La palabra chikungunya proviene de la lengua makonde de Tanzania, en el este de África, y podría traducirse como “lo que dobla”, en referencia al severo dolor en las articulaciones que hace que los enfermos se contorsionen.

3 Preocupa más chikungunya que el ébola, Laura Toribio. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/06/974750

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2014.

Diputado Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Profeco a proteger y asesorar a usuarios de Telcel perjudicados por el cambio de la política de datos e investigar prácticas abusivas para que, en su caso, se sancione a la empresa, suscrita por los diputados Juan Pablo Adame Alemán, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Juan Bueno Torio y Arturo de la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales Juan Pablo Adame Alemán, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Juan Bueno Torio y Arturo de la Rosa Escalante, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A través de diversos medios de comunicación y redes sociales, se ha hecho del conocimiento público que a una cantidad importante de usuarios de planes tarifarios de pospago del concesionario de telecomunicaciones Radiomóvil Dipsa, SA de CV –que opera bajo la marca comercial “Telcel”–, han manifestado su molestia debido al cambio sobre las políticas que dicha empresa aplica en el caso de llegar a la totalidad de los datos transferidos dentro del límite del periodo mensual del plan contratado.

Consigna el diario Reforma en la sección “Negocios” del viernes 17 de octubre del presente año que a una buena cantidad de usuarios la compañía telefónica les cargó más del doble del importe de su renta mensual por “uso extra de datos de internet”.

La práctica ordinaria con aquellos clientes era el ponerles como límite de uso de datos el de aquellos megabytes de transferencia incluidos en el importe del pago mensual, requiriendo la contratación por única ocasión de paquetes extras de datos para poder continuar accediendo a internet desde el dispositivo móvil.

A partir del 15 de septiembre, el operador de telecomunicaciones citado cambió su política, y permitió a los clientes continuar consumiendo el servicio de transferencia de datos con un costo a granel mayor a $1.00 por MB consumido hasta por 1GB –1,024 MB–, sorprendiendo de ese modo a los usuarios con cobros excesivos al recibir su último recibo.

A consulta por parte de los usuarios, la compañía argumenta que la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada por este honorable Poder Legislativo hace unos pocos meses, prohíbe a los concesionarios y autorizados de telecomunicaciones “bloquear, interferir, discriminar, entorpecer o restringir arbitrariamente el derecho de cualquier usuario del servicio de acceso a internet”, interpretación por demás ventajosa ya que en el espíritu de esta Cámara y de nuestra colegisladora estaba precisamente el proteger a los usuarios contra prácticas abusivas de los operadores.

El caso del artículo 298, inciso B, fracción I, el cual cita la empresa defendiendo el cambio de prácticas, busca proteger a los usuarios ante amenazas a la neutralidad de lo transferido en las redes públicas de telecomunicaciones (cuyas obligaciones están descritas en los artículos 145 y 146 de la LFTR), mediante la imposición de una multa por el equivalente de 1 hasta 3 por ciento de los ingresos del concesionario o autorizado por “bloquear, interferir, discriminar, entorpecer o restringir arbitrariamente el derecho de cualquier usuario del servicio de acceso a internet”, artículo que no es aplicable a los límites en el consumo sino a la discriminación de los datos transferidos cuando el servicio se encuentra activo.

En todos los casos, consideramos que la interpretación de los preceptos jurídicos de esta Reforma debe ser acorde al espíritu del mayor beneficio al usuario final, a quien pusimos como el destinatario y sujeto tutelado por buena parte de esta legislación.

En contraparte a lo argumentado por la empresa concesionaria, el Artículo 191 describe con claridad el catálogo de los derechos que los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y sus mecanismos de protección. En ese sentido, la fracción VIII enumera como derecho de los usuarios el “...ser notificado por cualquier medio, incluido el electrónico, de cualquier cambio en las condiciones originalmente contratadas...”, texto aplicable a la situación que se describe puesto que el concesionario ha modificado sus políticas de facturación de datos sin previo aviso, dejando sin posibilidad al usuario final de poder ejercitar ante el operador su derecho dispuesto en la fracción IX del artículo citado: “...a exigir el cumplimiento forzoso del contrato cuando el proveedor del servicio modifique las condiciones originalmente contratadas y en caso de que no las cumpla a rescindir del mismo...”.

En ese sentido, en la reforma en materia de telecomunicaciones, dejamos a la Profeco la defensa de los consumidores ante violaciones a sus derechos como usuarios de servicios de telecomunicaciones. Dispone así el párrafo sexto del artículo 191 de la LFTR que “...corresponde a la Profeco promover, proteger, asesorar, defender, conciliar y representar a los usuarios y consumidores, frente a los concesionarios o autorizados de servicios de telecomunicaciones...”. También en el artículo 297 de dicha ley, respecto al régimen de sanciones, establece el párrafo tercero que “...las infracciones a los derechos de los usuarios establecidos en esta ley, cometidas por los concesionarios o autorizados, serán sancionadas por la Profeco en términos de lo establecido en los artículos 128 y, en su caso, del artículo 128 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor...”.

A su vez es aplicable lo dispuesto en el transitorio vigésimo primero del decreto de reforma a la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 14 de julio de 2014 que dice a la letra “Vigésimo Primero: Para la atención, promoción y supervisión de los derechos de los usuarios previstos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y en la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Profeco deberá crear un área especializada con nivel no inferior a Subprocuraduría, así como la estructura necesaria para ello...”.

Visto lo anterior, es que sometemos a consideración de esta honorable soberanía, en calidad de asunto de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que a través de su área especializada en la atención de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, y en el marco de sus atribuciones, proteja y asesore a los usuarios de Telcel que se han visto perjudicados por el cambio de políticas de dicha compañía sobre la transferencia de datos excedentes a los contratado en el plan, así como investigue posibles prácticas abusivas para, en su caso, sancionar de manera ejemplar a dicha empresa por su comisión.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 28 de octubre del 2013.

Diputados: Juan Pablo Adame Alemán, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Juan Bueno Torio, Arturo de la Rosa Escalante, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Humberto Armando Prieto Herrera, Alfredo Rivadeneyra Hernández, Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbricas).

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a emitir por la SE y la Semarnat una NOM que evite la liberación de olores desagradables al ambiente, a cargo del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal de Jalisco del Partido Revolucionario Institucional, Sergio Chávez Dávalos con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por los cuales se exhorta a las Secretarías de Economía, y Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a emitir una norma oficial mexicana (NOM) que regule y disminuya la emisión de olores desagradables al ambiente que algunas empresas producen.

Exposición de Motivos

El derecho a un ambiente sano es un derecho humano de cuarta generación reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto y recogido en diversos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano.

El concepto de un ambiente sano implica que el hombre tiene el “derecho fundamental a la libertad, igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar”, según la formulación señalada en el principio 1 de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, adoptada en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano del 16 de junio de 1972.

En relación con este derecho, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en vigor desde 1988, ha sido la ley marco cuyo objeto es reglamentar las disposiciones constitucionales relativas a la “preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente”, siendo sus “disposiciones de orden público e interés social y tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable”, según dispone el artículo 1o.

De tal manera, la norma marco ambiental referida establece instrumentos legales para garantizar el acceso de las personas al derecho a vivir en un ambiente adecuado. Esta ley general tiene la trascendental función legal de distribuir las competencias entre los tres niveles de gobierno, pues así lo mandata el artículo 73, fracción XXIX, inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad

...

XXIX. Para establecer contribuciones

...

XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección del ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Ahora bien, en esta distribución de competencias se destaca un elemento hasta ahora ignorado por la normatividad ambiental y que exige sea atendido con prontitud por la autoridad federal por las incontables molestias y posibles daños a la salud y al medio ambiente que se sufren en diversos puntos del país, nos referimos específicamente a la carencia de normatividad que permita sancionar la emisión de olores molestos o incluso dañinos a la atmósfera.

Antes de abordar la problemática específica de los olores es necesario precisar que en la distribución de competencias a que hemos hecho referencia el papel preponderantemente normativo corresponde a la Federación. Esto es así porque la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente señala en el artículo 5, fracción XV, lo siguiente:

Artículo 5. Son facultades de la federación

XV. La regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente.

La ley citada refiere en el artículo 111 lo siguiente:

Artículo 111. Para controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera, la secretaría tendrá las siguientes facultades:

III. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan por contaminante y por fuente de contaminacio?n, los niveles ma?ximos permisibles de emisio?n de olores, gases asi? como de parti?culas so?lidas y li?quidas a la atmo?sfera provenientes de fuentes fijas y mo?viles;

Asimismo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene la obligación legal de expedir las NOM que establezcan, entre otras cosas, los niveles máximos permisibles de olores emitidos a la atmósfera provenientes de cualquier tipo de fuentes (sean movibles o fijas).

El artículo 156 de la ley general en cita refiere lo siguiente:

Artículo 156. Las normas oficiales mexicanas en materias objeto del presente capítulo establecerán los procedimientos a fin de prevenir y controlar la contaminacio?n por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores, y fijarán los límites de emisio?n respectivos.

Queda claro que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece la competencia de la federación, por conducto de la Semarnat, para expedir las NOM que regulen las emisiones a la atmósfera, competencia que expresamente incluye, como se expone, la facultad para reglamentar la emisión de olores perniciosos.

Ahora bien, el arreglo institucional de competencias que establece la ley referida establece que tratándose de industrias no reglamentadas por la federación y otras fuentes fijas, la competencia para controlar la emisión de emisiones a la atmósfera, incluidos los olores, corresponde o bien a los gobiernos de los estados o a los gobiernos municipales, según sea la actividad que desarrolle la fuente de emisiones. Sin embargo, esta facultad para controlar la emisión específica de olores se torna legalmente imposible de ser ejercida por dichos órdenes de gobierno, pues no hay NOM que establezca los límites máximos permisibles.

En efecto, hoy no existe dicha norma que establece esos límites y con ello, lograr un doble objetivo, tanto permitir a las personas el disfrute de un medio ambiente sano y de calidad, como exige el artículo 4o. constitucional, así como dar certeza a las industrias de los límites legales en los que pueden desarrollar sus actividades a fin de respetar el derecho colectivo a un ambiente adecuado.

Antiguamente se pensaba que la regulación de olores era una materia muy difícil de regular por considerarse la apreciación odorífica como netamente subjetiva, sin embargo existen actualmente diversas normas en el ámbito nacional de países extranjeros que sientan precedentes importantes en la materia, baste citar por el momento lo siguiente:

- Norma UNE EN 13725:2004, calidad del aire. Determinación de la concentración de olor por olfatometría dinámica, norma española basada en la EN 13725:2003 europea.

- Proyecto de norma NCh3190.c2009, calidad del aire. Determinación de la concentración de olor por olfatometría dinámica, elaborada en la República de Chile.

- Norma VDI3940 (Determination of odorants in ambient air by field inspections, 1993), que avala el método de olfatometría con paneles humanos, expedida por la República Federal de Alemania.

- Ley de Control de Olores Ofensivos (Offensive Odor Control Law), en vigor en Japón.

Estas normas, entre otras, constituyen antecedentes importantes a tomar en cuenta para la creación de la NOM correspondiente y que su estudio técnico riguroso corresponde realizar a la Semarnat, a fin de poder satisfacer el vacío legal existente en la materia.

El tema de los olores molestos, dañinos e incluso perjudiciales causa cada vez más problemas y verdaderos conflictos sociales en diversos puntos de la geografía nacional. En efecto, el crecimiento de la mancha urbana y la cercanía de las industrias y desarrollos habitacionales, regulares e irregulares, junto con una legítima mayor demanda por mejores niveles de vida de la población en general hacen, en su conjunto, que esta problemática se vuelva cada vez más frecuente sobre todo en las ciudades medias y grandes zonas metropolitanas.

No obstante, como no hay normas oficiales que establezcan el instrumento de medición de olores y los límites máximos permisibles, las autoridades ambientales en los estados y los municipios poco pueden hacer en el plano de la aplicación de las normas para lograr condiciones propicias para la vida digna de las personas.

A fin de ilustrar a este órgano legislativo de la existencia de esta problemática sirve traer a colación algunos ejemplos de conflictos ambientales causados por la emisión de olores a la atmósfera:

• 10 de octubre de 2010, Jalisco, La Jornada Jalisco, “Vecinos de Ixtlahuacán reclaman falta de acción en el caso de Proteínas Completas”, Ixtlahuacán, Jalisco, problemática de olores por operación de una empresa de rendimiento cárnico.

• 25 de febrero de 2013, Hidalgo, El Sol de Hidalgo. “Se quejaron de malos olores que emite la fábrica Pilgrims”. Problemática por la emisión de olores de una planta procesadora de pollos.

• 15 de julio de 2014, San Luis Potosí, Plano Informativo. “Apelsa promete que ya no generará malos olores”. Problemática por la operación de una planta de rendimiento cárnico.

• 28 de julio de 2014, Jalisco, El Informador. “Vecinos inconformes desquician el Periférico”. Problemática de olores en Tonalá, Jalisco, por la operación de una empresa de rendimiento cárnico.

• 25 de agosto de 2014, Querétaro, Tribuna de Querétaro. “Afectan olores de Aditivos de México a la población”. Emisión de olores y posibles otros contaminantes en un parque industrial en San Juan del Río.

La experiencia internacional indica que este tipo de problemas relacionados con la emisión de olores será cada vez más frecuente en nuestras comunidades (Murguía, W. “Contaminación por olores: el nuevo reto ambiental”, en Gaceta Ecológica , número 82, 2007 páginas 49-53) y que se constituye en un problema independiente que puede o no estar vinculado a la emisión de otras partículas contaminantes normadas, por lo que exige un tratamiento técnico independiente y especializado por sí mismo al afectar directamente la calidad de vida de la población.

Sin duda, este tipo de problemáticas exige ser atendida desde diversos planos, como el ordenamiento urbano y la salud pública. Sin embargo, ello no obsta para que en el plano ambiental persista la laguna legal que por este conducto exhortamos sea satisfecha.

Por lo expuesto, atentamente se proponen los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Economía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales programen y comiencen con la mayor brevedad los trabajos para expedir las normas oficiales mexicanas que se requieran a efecto de establecer los instrumentos técnicos para medir las emisiones de olores desagradables a la atmósfera, así como los límites máximos permisibles de estas emisiones para proteger la salud y el bienestar de las personas y así se garantice su acceso al derecho humano de disfrutar de un ambiente sano.

Segundo. Se exhorta a la Semarnat realizar de manera urgente inspecciones a las instalaciones de la empresa Apelsa, SA de CV, a fin de evitar que siga contaminando el ambiente de la zona afectada y se mejore de esa forma la calidad de vida de los habitantes.

Tercero. Se solicita a la Semarnat que elabore y publique un informe de las inspecciones que realice a la empresa Apelsa, SA de CV, así como de las afectaciones que se ha generado por la contaminación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2014.

Diputado Sergio Chávez Dávalos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Sagarpa a tomar medidas para impulsar la comercialización del maíz blanco producido en Sinaloa, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PAN

El que se suscribe, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62; 76, fracción IV; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo y al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a tomar medidas para impulsar la comercialización del maíz blanco que Sinaloa produce, con base en las siguientes

Consideraciones

Los grandes monopolios transnacionales, además de algunas empresas nacionales, dictan la política económica en materia de granos, específicamente respecto del maíz blanco y vemos con preocupación que al importar granos de mala calidad y negarse a comprar la cosecha nacional, denunciaron dirigentes de organizaciones de productores de Sinaloa.

La importación de maíz blanco de lugares como Sudáfrica, a bajo precio y sin pago de aranceles, complica la producción y comercialización de las toneladas producidas por los agricultores sinaloenses, poniendo al campo mexicano en riesgo de sufrir una crisis alimentaria.

Consideramos que la Sagarpa es la autoridad que dicta la política económica en materia de granos, específicamente en la comercialización del maíz.

En los últimos años, los productores de Sinaloa han sufrido con diversos fenómenos naturales que han elevado los costos de producción y disminuido el rendimiento por hectárea.

Los productores de maíz de Sinaloa se quejan constantemente de los acaparadores e industriales que hacen difíciles las condiciones de venta del producto porque no respeta los precios acordados, lo cual afecta el ingreso de los productores y dificulta con ello la programación en el cultivo de las siguientes temporadas.

La principal preocupación de los organismos rectores de la política agraria en México es el desplome del precio de los granos y las oleaginosas a escala mundial, lo que afecta a los productores de estos alimentos, principalmente del maíz, quienes han tenido que afrontar la excesiva oferta de estos productos y la poca demanda que comienza a generarse.

Se necesita aumentar el apoyo y contar con un programa para salir adelante en esta competencia desleal con Estados Unidos y otros países, pues en estos momentos se pone literalmente en la lona a los productores nacionales porque no hay los instrumentos que estos países competidores sí tienen para rescatar algo del precio u obtener más los productores.

La situación mundial es crítica y en México aún más, pues competimos en condiciones que no son iguales que las de los productores de Estados Unidos y demás países que introducen granos en el nuestro.

Es necesario apoyar a los productores de maíz en la entidad y lograr un acuerdo para mejorar las condiciones de comercialización, a fin de lograr un precio que cubra la recuperación de producción e inversión.

Es necesario fortalecer los esquemas de agricultura por contrato (contribuye a la estabilidad en los precios), reconversión productiva (cambiar los cultivos que van a tener una sobreoferta) e instauración del tablero de control agroalimentario, el cual monitorea el comportamiento de los 10 productos más sensibles, a efecto de tomar decisiones oportunas y reducir la presión en los mercados.

Es necesario trabajar en el tema de los mercados agroalimentarios, y trabajar de forma directa con las dependencias y los organismos públicos y privados para instaurar políticas públicas y acciones en la regulación de los agentes intermediarios en el sector.

Por medio de este trabajo parlamentario solicitamos al presidente de la República que intervenga ante las prácticas que obstaculizan el libre comercio.

Sinaloa es el mayor productor de maíz blanco en México y el mundo. Su calidad es indiscutible: puede soportar 190 días en almacenes y alcanzar un rendimiento de 1.5 kilogramos de tortilla por uno de grano. Solo Sudáfrica y Estados Unidos se hallan por encima de esta capacidad productiva, además de que su cosecha aparece en el mercado entre mayo y julio, lo que tampoco tiene ninguna otra región del planeta.

Eso convierte el maíz de Sinaloa en un producto único en el mundo que ha beneficiado a todo el país, pero no para los hombres del campo sino, desgraciadamente, sólo a los monopolios que controlan el mercado.

En virtud de lo expuesto se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo y al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a tomar medidas para impulsar la comercialización del maíz blanco que Sinaloa produce.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 30 de octubre de 2014.

Diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Sedesol a difundir por el portal de internet los informes trimestrales detallados de enero a septiembre de 2014 sobre los alcances y la población beneficiada con el programa Cruzada Nacional contra el Hambre, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal por Oaxaca, Roberto López Rosado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo.

Exposición de Motivos

El pasado 21 de enero de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, Sinhambre, estrategia coordinada por el gobierno federal, la cual busca que la población supere su condición simultánea de carencia alimentaria y pobreza extrema.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la “pobreza extrema” o “indigencia” se entiende como la situación en que no se dispone de los recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación. En otras palabras, se considera como “pobres extremos” a las personas que residen en hogares cuyos ingresos no alcanzan para adquirir una canasta básica de alimentos, así lo destinaran en su totalidad a dicho fin. A su vez, se entiende como “pobreza total” la situación en que los ingresos son inferiores al valor de una canasta básica de bienes y servicios, tanto alimentarios como no alimentarios.

Esta población, la cual constituye el objetivo principal de la cruzada, en 2010 ascendía a 7.4 millones de personas distribuidas en todo el país; asimismo es necesario destacar que esta población es uno de los 14 indicadores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que servirán para medir los logros de la actual administración.

Con el propósito de instrumentar dicha cruzada, se creó la Comisión Intersecretarial, integrada por 16 Secretarías de Estado, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Ésta Comisión tiene por objetivo coordinar, articular y complementar las acciones, programas y recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Cruzada.

Dicha instancia podrá proponer ajustes en el número y diseño de los programas sociales involucrados en la estrategia, en su cobertura o focalización e incluso, si fuese necesario, podrá modificar sus reglas de operación.

Con el mismo fin, se creó el Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre, instancia en la que convergen los sectores público, privado y social con el objeto de complementar y fortalecer las líneas de acción de la estrategia, así como impulsar la participación ciudadana en aras de cumplir con los objetivos específicos planteados.

En concreto, la Cruzada Nacional Contra el Hambre está integrada por 70 programas federales y, de acuerdo con la información pública, difundida por la Secretaría de Desarrollo Social, la estrategia se concentrará en una primera etapa, en 400 municipios, para después extenderse a todo el territorio nacional; actualmente se ha logrado cubrir a 612 municipios más para dar un total de mil 12, en 2014.

De ahí la necesidad de hacer un balance general acerca del total de población que será beneficiada en los 1012 municipios prioritarios de todo el país, en donde además se concentra el 75 por ciento de la población en situación de pobreza extrema de alimentación.

La única finalidad de dicho balance es medir los alcances y cobertura total de Programa desde la primera etapa hasta la fecha, lo cual permitirá visualizar qué tanto se logró, qué se debe corregir y posiblemente qué tan viable y factible es dar cobertura inmediata a más municipios del territorio nacional, siempre y cuando en verdad lo necesiten y requieran una pronta ayuda.

En este contexto, es de suma importancia proporcionar información necesaria que, por una parte, permita mejorar de manera continua el diseño e implantación de la cruzada y, por otra, contribuya a la transparencia y rendición de cuentas de la evaluación de la política de desarrollo social en México. Del mismo modo debe poder atender los siguientes objetivos los cuales son pilares de este programa: Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuadas de los mexicanos en extrema pobreza y con carencia alimentaria severa, Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de crecimiento de niños y niñas en la primera infancia, Aumentar la producción y el ingreso de los pequeños productores agrícolas, Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante el almacenamiento y transporte, así como en los comercios y por último Promover la participación comunitaria.

Es necesario identificar y medir la efectividad de la estrategia en la disminución gradual de las limitaciones de acceso a los alimentos entre la población beneficiada, para así poder llegar a dos objetivos precisos como lo son: 1) La reducción de la pobreza extrema y la carencia por acceso a la alimentación y, 2) Mejorar los aspectos relacionados con las dimensiones de seguridad alimentaria, así como contribuir al ejercicio pleno del derecho a la alimentación.

Es de suma importancia recordar que esta no es la primera vez que existen iniciativas para eliminar la pobreza alimentaria mediante programas, estrategias y demás instrumentos burocráticos. El último ejemplo de iniciativas gubernamentales para acabar con la pobreza alimentaria tuvo lugar durante la administración del ex presidente Vicente Fox. En mayo de 2003, el presidente dio a conocer el “Paquete Alcance” el cual se enfocaría en atender a la población que vivía en las comunidades más dispersas, pequeñas y pobres del país.

En este contexto, es necesario resaltar que, sin duda alguna, la protagonista de la Cruzada Nacional contra el Hambre será la sociedad mexicana en movimiento, sin embargo superar el hambre es prioridad del gobierno de la República y superar la pobreza extrema, es la mayor obligación ética a realizar, debido a que ésta tarea va más allá de una campaña o “cruzada” y depende de muchos factores, particularmente de un mejor desempeño económico, una mejor calidad educativa, condiciones mínimas en los hogares para desarrollar capacidades cognitivas y afectivas, así como de incentivos para integrarse a la nueva economía.

Por lo mencionado, me permito someter a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Con la intención de generar un análisis a fondo del programa Cruzada Nacional Contra el Hambre, para que se lleguen a cumplir los objetivos que se plantearon y no quede en el olvido como programas anteriores, esta Honorable Asamblea exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social poner a disposición de los ciudadanos en su portal de internet los informes trimestrales detallados sobre los alcances y el total de población beneficiada en los 1012 municipios que son favorecidos por el Programa Cruzada Nacional contra el Hambre, de Enero a Septiembre de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 30 de octubre de 2014.

Diputado Roberto López Rosado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implantar medidas específicas sobre la atención y el acceso para tratar la problemática de las enfermedades raras en México, a cargo de la diputada Carla Alicia Padilla Ramos y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los que suscriben, Francisco Javier Fernández Clamont y Rosalba Gualito Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Mario Dávila Delgado e Isaías Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Eva Diego Cruz y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática; Ruth Zavaleta Salgado y Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, conforme a lo siguiente:

Situación actual y problemática a resolver

Según la Ley General de Salud, una enfermedad es considerada rara cuando afecta a no más 5 de cada 10 mil personas. Son padecimientos mayoritariamente de origen genético, crónico, y que causan gran deterioro de la calidad de vida, muchas veces conllevan discapacidades, y pueden representar una seria amenaza de muerte.

Se calcula que en México existen aproximadamente 8 millones1 de pacientes afectados por alguna enfermedad rara, tomando como referencia la estadística de que en el mundo, entre el 6 y 8% de la población padece alguna enfermedad rara. Las terapias que tratan este tipo de padecimientos se denominan “medicamentos huérfanos”. Esta es una situación que no puede, ni debe, permanecer desatendida al ser un problema de semejantes dimensiones, y con un importante segmento de la población afectado.

Las enfermedades raras representan una problemática de salud de reciente atención, que no puede seguir siendo ignorada por las autoridades competentes. Esto, conforme al Artículo 4° Constitucional, párrafo tercero, que afirma que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. Es un derecho, por tanto, igualitario, aplicable a todos y cada uno de los ciudadanos Mexicanos, sin excepción.

Lo anterior, ya que si observamos que el Artículo 1° de la Carta Magna, párrafo tercero, establece que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud...”. Es decir, es inaceptable por mandato constitucional, discriminar a alguien por una condición de salud que le afecte, sea cual sea la misma; y en la misma medida, requieren de atención por parte del Estado mexicano.

En consecuencia, encontramos que por un lado, todos los ciudadanos tienen derecho a la salud, y por otro, ninguno puede ser discriminado en función de una condición de salud que le aqueje. Si bien bajo estos preceptos, cualquier ciudadano debería estar blindado respecto a su protección en salud, este no es el caso para aquellos que padecen alguna enfermedad rara, y que permanecen, al día de hoy, desatendidos por el sistema de salud mexicano.

A pesar de la publicación de la reforma a la Ley General de Salud publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero del 2012, donde se agrega el artículo 224 Bis 1, que establece que “La Secretaría de Salud implementará las medidas y acciones necesarias a efecto de impulsar y fomentar la disponibilidad de los medicamentos huérfanos, haciéndolos asequibles para la población. Asimismo, la Secretaría de Salud podrá emitir recomendaciones a los Institutos Nacionales de Salud para la investigación y el desarrollo de medicamentos con potencial en su efectividad”, no se han tomado medidas específicas a tal efecto.

Nos enfrentamos a una situación donde se está ignorando sistemáticamente lo dispuesto por mandato Constitucional, así como a una Reforma a la Ley General de Salud decretada por el Congreso de la Unión, y lo más grave: la necesidad de 7 millones de mexicanos.

Exposición de Motivos

La Secretaría de Salud debe responder ante su compromiso con los pacientes de enfermedades raras, reflejado en la Ley General de Salud, artículo 224 Bis 1. Si bien es cierto que este artículo no menciona un plazo concreto, ya han pasado más de dos años desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación (30 de enero de 2012), lo cual implica una grave afectación para la población cuando hablamos de enfermos para los cuales un solo día puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Por esto, se solicita que la Secretaría de Salud implemente políticas públicas específicas encaminadas a atender la problemática de las enfermedades raras, para mejorar la calidad de vida y el acceso para estos pacientes, que actualmente se encuentran desatendidos durante todas las complicadas fases de sus respectivas dolencias: la aparición de los síntomas, los años perdidos a causa de subdiagnósticos o diagnósticos erróneos derivados del desconocimiento médico de estas patologías, la poca probabilidad de que haya tratamiento, y de haberlo, la escasez de acceso al mismo y los gastos catastróficos en los que incurre, las discapacidades que se detonan, el rechazo social provocado por la incomprensión, y el deterioro progresivo de los síntomas y la salud del paciente.

Los medicamentos huérfanos no deben ser tratados como el resto de los medicamentos, ya que son de naturaleza distinta. Esto, dada la peculiaridad de los padecimientos a los que atienden, que, como su propio nombre indica, son “raros”, o muy poco frecuentes. Lamentablemente, esto provoca una falta de interés por parte de los laboratorios, que anteponen intereses comerciales, en desarrollarlos; dado que por el escaso número de pacientes que hay para cada padecimiento particular de entre los 7,000 existentes, no resultan rentables. Aquellos escasos laboratorios que sí deciden invertir enormes sumas de dinero en investigación y producción de medicamentos huérfanos, se enfrentan a la realidad de que sus terapias no llegarán a la población, por los altísimos costos en los que incurren, fuera del alcance de la mayoría. Precisamente por esto, por el bajísimo número de pacientes que los requieren, así como su elevado costo, y también, las peculiaridades del tipo de patología que atienden; no deben ser tratados bajo los mismos parámetros que los medicamentos tradicionales.

Es por esto que se solicita a la Secretaría de Salud, que reconozca la diferencia existente entre medicamentos huérfanos y tradicionales, delineando mecanismos particulares para los primeros, que funcionen de forma paralela a los existentes, bajo criterios y parámetros adaptados a las necesidades de los medicamentos huérfanos para fomentar su disponibilidad.

Una de estas áreas de atención es el Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, que, conforme a lo establecido por el Artículo 28 de la Ley General de Salud, es elaborado por el Consejo de Salubridad General. Los medicamentos huérfanos, una vez que cumplan con las normativas aplicables por el Consejo, deben de contar con un acceso preferencial, por un sencillo motivo: hay tantas tipologías de enfermedades raras (como se mencionó de manera previa, alrededor de 7,000), y a la vez, tan pocos pacientes diagnosticados, que las probabilidades de que el medicamento huérfano que requiere un paciente para sobrevivir esté disponible en su Institución de Salud son casi nulas.

Esta dinámica merece un procedimiento diferente al que aplica al resto de los medicamentos: que se facilite esta primera etapa de acceso; para que quede que sean las Instituciones de Salud – IMSS, ISSSTE, Pemex, Isssfam, Seguro Popular– en cualquier momento que sea necesario, las que decidan cuáles medicamentos huérfanos deben incluir en sus catálogos institucionales, basado en las necesidades específicas de sus derechohabientes. Si todos los medicamentos huérfanos se encuentran disponibles en el Cuadro Básico, habrá plena elegibilidad para los Institutos de Salud; y en consecuencia: acceso inmediato para los pacientes con enfermedades raras.

Por último, es necesario que la Secretaría de Salud habilite una partida presupuestal específica para este tipo de medicamentos, dado que, por su naturaleza distinta a la de otros medicamentos, obedece a criterios de adquisición distintos. Si bien es cierto que los medicamentos huérfanos son mucho más costosos que los medicamentos tradicionales, hay que tener en cuenta dos factores: sólo existe tratamiento para aproximadamente el 2 por ciento de las enfermedades raras a nivel mundial, y el número de pacientes a tratar es sumamente bajo (a esto hay que restar las muchos que ni siquiera alcanzan a diagnosticarse). Por ende, el gasto que ocuparía disponer de medicamentos huérfanos específicos según las necesidades de cada Instituto de Salud, está totalmente al alcance del sistema, al hablar de un grupo muy reducido de pacientes que serían atendidos.

Fundamento legal

Artículo 224 Bis. Medicamentos huérfanos: A los medicamentos que estén destinados a la prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades raras, las cuales tienen una prevalencia de no más de 5 personas por cada 10, 000 habitantes.

Artículo 224 Bis 1 . La Secretaría de Salud implementará las medidas y acciones necesarias a efecto de impulsar y fomentar la disponibilidad de los medicamentos huérfanos, haciéndolos asequibles para la población. Asimismo, la Secretaría de Salud podrá emitir recomendaciones a los Institutos Nacionales de Salud para la investigación y el desarrollo de medicamentos con potencial en su efectividad.

Derivado de lo establecido en el artículo 224 Bis 1, se exhorta a la Secretaría de Salud para que defina y emita políticas públicas específicas en materia de enfermedades raras, a fin de otorgar a este grupo de pacientes calidad en la atención y el acceso a los medicamentos que requieren, atendiendo al derecho a la protección en salud que marca la Constitución.

En virtud de lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Que la Secretaría de Salud, conforme a lo establecido por el artículo 224 Bis 1de la Ley General de Salud, implemente políticas públicas específicas en materia de enfermedades raras, mismas que se harán del conocimiento de la Cámara de Diputados.

Segundo. Que la Secretaría de salud, conforme a lo establecido en el artículo 224 Bis 1 de la Ley General de Salud, fomente la disponibilidad de medicamentos huérfanos, permitiendo que estos cuenten con acceso preferencial al Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, siempre y cuando cumplan con las normativas aplicables por el Consejo de Salubridad General.

Tercero . Que la Secretaría de Salud, conforme a lo establecido en el artículo 224 Bis 1 de la Ley General de Salud, tome las medidas necesarias para que los medicamentos huérfanos sean asequibles para la población,

Nota

1 Según el Inegi, la población proyectada para México en 2014 es de 119,713,203 habitantes, con lo cual, si tomamos el estimado de entre 6 y 8% de la población, estamos hablando de entre 7,182,792.18 y 9,577,056.24 millones de personas. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Anuario estadístico y geográfico de los Estados Unidos Mexicanos , 2013.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre del 2014.

Diputados: Mario Dávila Delgado, Isaías Cortés Berumen, Eva Diego Cruz, Verónica Beatriz Juárez Piña, Ruth Zavaleta Salgado, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los gobiernos federal y de San Luis Potosí a ejecutar acciones para atender, mitigar y resarcir de inmediato las afectaciones provocadas por la contaminación de las fuentes de agua potable en la capital del estado, suscrita por los diputados Francisco Alfonso Durazo Montaño y Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Francisco Alfonso Durazo Montaño y Luisa María Alcalde Luján, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución conforme a las siguiente

Exposición de Motivos

Desde hace más de 40 años, el papel del oro en la economía mundial ha pasado de ser un respaldo monetario a convertirse en un producto primario y posteriormente en una cobertura de riesgo cambiario dado que se ha acumulado deuda en numerosos importantes balances soberanos y se han agudizado las disparidades mundiales en las tasas de ahorro. La proliferación de instrumentos financieros que ofrecen exposición al oro, pero que están parcialmente sustentados en reservas de oro en lingotes, ha propiciado aún más la demanda real. La especulación en mercados de futuros ha contribuido a esta demanda de cobertura real, lo que ha elevado los precios nominales del oro a niveles sin precedentes. (Hammond, Rosales y Ouboter 2013)

La minería aurífera es intrínsecamente ineficiente. En comparación con la minería de muchos otros metales comunes, como el hierro o el níquel, produce un nivel mucho mayor de desechos procesados por cada unidad de producto refinado.

En términos generales, las escalas de explotación se categorizan por la cantidad de mineral procesado, el rendimiento neto de la fundición, los ingresos generados, el nivel y tipo de tecnología o capital de trabajo utilizado, el número de empleados, y/o la estructura de la entidad que emprende la actividad, es decir, formal o informal, autorizada o no autorizada. Al aplicar este conjunto de atributos a las explotaciones sobre el terreno normalmente se identifican tres, o a veces cuatro, escalas naturales de explotación. La clasificación de explotaciones como pequeñas, medianas o grandes resulta adecuada para diferenciar la mayoría de las repercusiones y beneficios ambientales y sociales (véase el Cuadro 1.)

A raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte por parte de México, y su entrada en vigor en 1994, la compañía minera canadiense “Metallica Resources Inc.” inicia el proyecto de explotación ubicado en el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, México. (Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali s.f.)

Tanto para el Estado, como para la ciudad de San Luis Potosí, así como para la nación misma, el Cerro de San Pedro representa un sitio de gran importancia histórica ligado a la fundación de dicha ciudad y entidad estatal; lo anterior resulta tan evidente, que dicho cerro forma parte del escudo de armas estatal; es por eso que los primeros esfuerzos por detener la explotación minera en este lugar, fueron encabezados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en 1995.

Es a partir de 1996 que la Compañía Minera San Xavier (MSX), obtiene los permisos federales y para la explotación minera del Cerro de San Pedro, lo que permite el comienzo de la explotación para la extracción de oro a gran escala.

La minería a cielo abierto a esta escala requiere un sofisticado proceso de lixiviación en pilas en el que se utiliza cianuro de sodio como reactivo primario para separar el oro. Se requieren asimismo grandes volúmenes de agua, por lo que se crean cantidades similarmente elevadas de efluentes de desecho y colas o jales de mineral. Por su fuerte impacto ambiental, estas operaciones son realizadas, supervisadas y dirigidas por profesionales altamente capacitados que deben realizar una amplia evaluación de impactos ambientales y sociales, obtener una larga lista de permisos, y contar con planes de gestión y operación. La probabilidad de que se tomen algunas medidas correctivas es mayor, pero depende de que los gobiernos establezcan y hagan cumplir normativas apropiadas.

Desde sus inicios, los gobiernos federal y local, han sido no solamente omisos, sino cómplices para que los controles y permisos ambientales no sean cumplidos a cabalidad.

Impacto Ecológico de la explotación minera aurífera a gran escala

Muchos de los metales pesados, como el plomo, el cadmio y el arsénico, se encuentran en la naturaleza solo en cantidades pequeñísimas (como elementos traza) y otras prácticas de uso del suelo no afectan visiblemente su abundancia. Las explotaciones a mediana y gran escala con minerales polimetálicos que pueden incluir oro, son las fuentes puntuales más comunes de la contaminación por metales pesados en todo el mundo, sobre todo cuando no se manejan adecuadamente los efluentes de las colas de minerales sulfurosos.

Por lo general, el mercurio tampoco se encuentra en la naturaleza en altas concentraciones, pero es el metal pesado contaminante más crítico en la minería aurífera en toda la región de América Latina y el Caribe.

El mercurio es un elemento muy estable que puede mantenerse en el medio ambiente mundial durante miles de años una vez liberado de la litósfera. En las explotaciones de minería aurífera, el mercurio es liberado por dos vías primarias: como descarga a los sistemas de agua dulce junto con las colas tratadas, y como emisiones a la atmósfera en forma de vapor durante la fase de refinado final, cuando se quema para extraer la esponja de oro.

Por ambas vías se inyecta mercurio en las tierras bajas, aunque a diferentes escalas espaciales. Cuando se descarga a cursos de agua se crea una fuente puntual de contaminación en la zona inmediatamente aledaña a la operación minera, mientras que la emisión a la atmósfera no se comporta como fuente puntual y dispersa el contaminante en una zona geográfica mucho más amplia, donde se deposita a concentraciones más bajas pero más uniformes. Estas dos vías de contaminación, aunadas al legado de larga data de uso de mercurio en la región, pueden ayudar a explicar por qué en varios estudios se han encontrado niveles elevados de mercurio en ríos no afectados directamente.

El mercurio elemental que llega a arroyos y ríos es relativamente inerte y tiene pocos efectos toxicológicos. Sin embargo, en la columna de agua pasa por un proceso de oxidación y metilación formando un complejo órgano-metálico que puede ser absorbido fácilmente por el plancton y las plantas. Este proceso abre las puertas para que el mercurio prolifere en toda la estructura trófica de los sistemas de agua dulce, proceso que se conoce como biomagnificación.

En la mayoría de los estudios se ha demostrado que las especies de peces que se alimentan de otros peces o bentos están más contaminadas que los que se alimentan de plantas o son omnívoros. Por otra parte, la cantidad de mercurio aumenta proporcionalmente con la longitud y el peso del pez y, en consecuencia, los individuos más viejos que se alimentan de otros peces en la comunidad íctica tienden a tener las cargas más altas de mercurio.

Es muy extensa la contaminación de comunidades ícticas de agua dulce por el mercurio empleado en las actividades mineras en América Latina y el Caribe. En diferentes estudios se ha demostrado en forma constante la presencia de mercurio en altas concentraciones en los peces de ríos afectados por la minería aurífera en toda la región. (Hammond, Rosales y Ouboter 2013). Esto se agrava, porque en el caso específico de la MSX, afecta directamente los cuerpos de agua potable que surten a la ciudad de San Luis Potosí y comunidades aledañas. A este tipo de impacto, hay que sumarle el producido en materia de deforestación y su incidencia en la incapacidad de recarga de los mantos acuíferos de la zona.

En numerosos estudios se han documentado los niveles desconcertantemente elevados de mercurio en personas que residen en la región y cuyo sustento depende de los sistemas de agua dulce.

La lucha de los potosinos por su patrimonio histórico, cultural y ecológico, ha sido muy larga, y después de 14 años de litigios ante distintas autoridades y tribunales, se anuló la autorización que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó en 1999 al proyecto y la manifestación de impacto ambiental de Minera San Xavier (MSX) para la explotación de oro y plata en el municipio de Cerro de San Pedro, a 50 kilómetros de la capital potosina. Sin embargo persisten acciones de los diferentes niveles de gobierno para permitir que el despojo y la contaminación continúen.

Héctor Barrí González, abogado de Pro San Luis Ecológico AC, informó que la resolución contra MSX fue emitida el 23 de noviembre del año pasado, pero la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnat) le notificó apenas el 19 de septiembre pasado.

Por este hecho, dijo, MSX debería suspender sus actividades. Anunció que Pro San Luis Ecológico solicitará nuevamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que clausure la empresa, lo cual no ha sucedido. (Juárez 2014)

El proceder irregular de las autoridades desafortunadamente es la norma, y no privativo de alguna entidad. El pasado miércoles 6 de agosto ocurrió un derrame de uno de los llamados “represos de jales” que contenían ácido sulfúrico (Conagua 2014); aproximadamente 40 mil metros cúbicos de solución de ácido sulfúrico fueron derramados desde la mina y escurrieron hasta llegar a los afluentes del río Bacanuchi y posteriormente al río Sonora, afectando con ello además de Cananea, los municipios de Arizpe, Banámichi, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo. (Chacón 2014)

El derrame de químicos que provino de una mina de Grupo México provocó la muerte de diversos animales silvestres, ganado y la suspensión del suministro de agua a una población de por lo menos unas 3 mil personas.

Estos hechos, no han sido castigados a cabalidad ni sus afectaciones remediadas debidamente o atendido las demandas de los miles de afectados.

Con base en lo anterior, someto a la consideración de este pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal a que en el marco de sus responsabilidades y en coordinación con el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, dirija las acciones necesarias para la remediación de la contaminación del acuífero del valle y ciudad de SLP, generado por las actividades de la empresa de origen canadiense Minera San Xavier, SA de CV.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de la Función Pública inicie una investigación, para el deslinde de responsabilidades por la presumible actuación irregular de autoridades que permitió operar a la empresa Minera San Xavier, SA de CV, a pesar de los diversos reclamos sobre la contaminación e impacto ambiental derivados de las actividades de dicha empresa minera.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que establezca las acciones necesarias para salvaguardar la salud de las personas en riesgo por la contaminación del acuífero del Valle y Ciudad de SLP, generado por las actividades de la Minera San Xavier, SA de CV.

Trabajos citados

Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali. Centro Documentazione Conflitti Ambientali (CDCA). http://www.cdca.it/ (último acceso: 28 de 10 de 2014).

Chacón, Rolando. «Pega a 7 municipios contaminación de río, Hermosillo, México.» El Norte , 11 de Agosto de 2014.

CONAGUA. «Actúa CONAGUA ante contaminación del río Sonora.» CONAGUA , 10 de Agosto de 2014.

Hammond, David S., Judith Rosales, y Paul E. Ouboter. Gestión del Impacto de la Explotación Minera a Cielo Abierto sobre el Agua Dulce en América Latina. Banco Interamericano de Desarrollo. Unidad de Salvaguardas Ambientales, 2013.

Juárez, Vicente. «Tras 14 años de litigio, anulan proyecto de Minera San Xavier.» La Jornada , 24 de 10 de 2014: 35.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2014.

Diputados: Francisco Alfonso Durazo, Luisa María Alcalde Luján Montaño. (Rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a decretar la constitución de una comisión de la verdad integrada por mexicanos de reconocido prestigio y expertos internacionales en defensa de los derechos humanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las comisiones de la verdad son órganos de investigación oficialmente autorizados, de carácter temporal y no judicial, disponen de un plazo relativamente corto para tomar declaraciones, realizar investigaciones y estudios y celebrar audiencias públicas, antes de ultimar su labor con la publicación de un informe.

Todas las víctimas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada tienen derecho a la verdad.

El obtener la verdad sobre los crímenes es vital:

• Para que las víctimas directas conozcan toda la verdad sobre los crímenes de que han sido objeto, así como las razones que los motivaron, y para que se reconozca públicamente su sufrimiento. Además, la verdad es necesaria para desmentir toda acusación falsa que haya podido formularse contra ellas durante la comisión del delito.

• Para que los familiares, especialmente de víctimas de homicidio o de personas desaparecidas, averigüen qué les ocurrió a sus seres queridos y conozcan su paradero.

• Para que la sociedad afectada conozca las circunstancias y las razones que llevaron a que se perpetraran las violaciones, de modo que se garantice que no se repetirán, y para que se reconozca y preserve la experiencia colectiva de los crímenes sufridos.

En más de 30 países se han creado comisiones de la verdad: organismos de investigación oficiales, temporales, no judiciales, encargados de indagar sobre una constante de abusos contra los derechos humanos, incluidos los crímenes contra el derecho internacional, y de determinar la verdad. La mayoría concluye su trabajo con un informe final en el que se recogen los resultados de la investigación y se formulan recomendaciones.

Amnistía Internacional aboga por el establecimiento y el funcionamiento efectivo de las comisiones de la verdad cuando se han cometido crímenes contra el derecho internacional.

Con este propósito, las comisiones de la verdad deben:

• Esclarecer, en la medida de lo posible, los hechos relativos a las violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado.

• Contribuir con las pruebas reunidas durante sus trabajos al desarrollo de las investigaciones y actuaciones penales judiciales que ya estén en marcha y de otras nuevas; y

• Formular recomendaciones efectivas para proporcionar una reparación plena a todas las víctimas y a sus familiares.

Recientemente un grupo de activistas e intelectuales exigió a las autoridades crear una “Comisión de Verdad y Justicia” para investigar la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero.

Texto firmado por el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Ramón de la Fuente; el presidente de la organización México SOS, Alejandro Martí; la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera; el científico mexicano René Drucker Colín; y el líder del Consejo Mexicano de Negocios, Claudio X. González, entre otros.

Los líderes de opinión y de diversas organizaciones exigieron que esta Comisión de la Verdad y Justicia haga una investigación exhaustiva del caso y que emita recomendaciones para la no repetición de este tipo de hechos.

Además es importante mencionar que Guerrero cuenta con una ley por la que se crea la Comisión de la Verdad para la investigación de las violaciones a los derechos humanos durante la guerra sucia de los años sesenta y setentas de Guerrero. Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado el martes 20 de marzo de 2012.

Dicha comisión tiene como objetivo: investigar, estudiar, analizar y aportar elementos históricos, sociales, políticos y jurídicos, para contribuir con las labores de las autoridades competentes en la investigación de violaciones a derechos humanos, y hechos probablemente constitutivos de delitos, y delitos de lesa humanidad, contra ciudadanos guerrerenses o personas radicadas o que se hayan encontrado en territorio guerrerense.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que mediante Decreto constituya una Comisión de la Verdad integrada por mexicanos de reconocido prestigio en la defensa de los derechos humanos y expertos internacionales con experiencia en la conducción de comisiones de la verdad con el objetivo de investigar y conocer la verdad de los hechos ocurridos en Iguala Guerrero el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014.

Segundo. Se hace un llamado al Poder Legislativo para que expida la ley por la que se crea una Comisión de la Verdad integrada por mexicanos de reconocido prestigio en la defensa de los derechos humanos y expertos internacionales con experiencia en la conducción de comisiones de la verdad con el objetivo de investigar y conocer la verdad de los hechos ocurridos en Iguala Guerrero el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2014.

Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a impulsar una política exterior dirigida a respetar, proteger y promover los derechos humanos de las familias migrantes detenidas en los centros residenciales de Estados Unidos de América, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, René Ricardo Fujiwara Montelongo, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6o., fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a impulsar una política exterior dirigida a respetar, proteger y promover los derechos humanos de las familias migrantes detenidas en los centros residenciales de los Estados Unidos de América, al tenor de los siguientes

Antecedentes

La migración constituye hoy en día un tema de suma trascendencia en la agenda nacional pero sobretodo en la agenda internacional de los países que se encuentran en zonas y regiones con un importante número de flujo de personas. Su presencia cada vez mayor, obliga a los Estados a abordarlo no sólo desde la política interior, sino también desde las relaciones bilaterales y regionales, e incluso en las agendas de seguridad nacional.

La Organización de las Naciones Unidas estima que a Septiembre de 2013, el número de migrantes internacionales a nivel mundial alcanzó los 232 millones de personas representando el 3.2% de la población mundial, de los cuales 40 millones lo hacen con carácter de indocumentados.

Este organismo internacional afirmó durante el “Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo”, que los países desarrollados acogen a 136 millones de migrantes internacionales, mientras que en los países en desarrollo residen 96 millones. La mayoría de los migrantes internacionales están en edad laboral (20 a 64 años) y representan el 74% del total. A nivel mundial, las mujeres representan el 48% de todos los migrantes internacionales.

Por nuestra ubicación geográfica, México constituye un país de origen, tránsito y destino de un flujo importante de personas que, con el objetivo de encontrar un mejor futuro para sí y su familia en la búsqueda del llamado “Sueño Americano”, se encuentran con una serie de obstáculos que conlleva esta aventura tan riesgosa y que en muchas ocasiones lamentablemente ocurren desenlaces dolorosos, llegando incluso hasta la pérdida de la vida.

En 2013, el 50% de los migrantes internacionales vivían en 10 países, de los cuales, Estados Unidos albergaba el mayor número de estas personas con un total de 45.8 millones. Asimismo, recibieron el mayor número de migrantes internacionales entre 1990 y 2013, es decir casi 23 millones, lo que equivale a un millón de migrantes internacionales más por año.

Asimismo, los datos oficiales del Sistema de Información Estadística sobre las Migraciones en Mesoamérica y la Organización Internacional para las Migraciones reportan que la población latinoamericana representa el 52% de la población extranjera en Estados Unidos, de los cuáles más de 30 millones de personas son de origen mexicano (57%).

Lamentablemente muchos migrantes junto con sus familias se ven obligados a trasladarse debido a la pobreza, la falta de un trabajo decente, las violaciones a sus derechos humanos, un conflicto armado, la persecución y la degradación del medio ambiente. Cuando no existen posibilidades de migración normal, los migrantes recurren a mecanismos de migración irregular.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su estudio “La Globalización de la Delincuencia: Una evaluación de la amenaza del crimen organizado transnacional”, estima que un tercio de los inmigrantes en Estados Unidos son ilegales y que un 80% de estos procede de Centro y Sudamérica, incluido México.

Actualmente, el tema de las y los niños migrantes se ha convertido en una cuestión sumamente alarmante que ha traspasado los niveles de alerta para la región de Latinoamérica y de los Estados Unidos de América, convirtiéndose en una auténtica crisis humanitaria. El tránsito de estos menores se agrava debido a que este trayecto se realiza sin la compañía de sus padres por lo que el peligro aumenta seriamente, sumado al alto índice de violencia e inseguridad que se vive día a día en el territorio nacional.

Sin embargo, el tema no se reduce solo a los niños migrantes no acompañados. Recientemente salió a la luz pública la situación que viven familias enteras en los llamados “Centros Residenciales” donde las autoridades migratorias de Estados Unidos ubican a dichas personas, muchos de ellos mujeres y niños, a la espera de resolver su situación migratoria para recibir sentencia por parte de las cortes de inmigración, lo cual tarda varios meses. Este país registró en el año 2012 su máximo histórico de migrantes detenidos con un total de 478 000 individuos mientras esperan su proceso legal de migración en dichos Centros.

De acuerdo con la organización Detention Watch Network, tan sólo entre junio y agosto de 2014, el número de integrantes de familias inmigrantes detenidas en ese país creció 1,100% pasando de 100 a 1,200 familias migrantes detenidas, llevados a los dos centros existentes en el Estado de Texas de dicho país.

Esta organización en su reporte “Detención de familias con fines de lucro” afirma que con el establecimiento de estos Centros el Presidente Obama ha lanzado el Proyecto de detención de familias más grande en Estados Unidos desde los campos de concentración para japoneses (durante la Segunda Guerra Mundial) y el país que tiene la mayor infraestructura de este tipo de Centros de Detención de Migrantes en el mundo.

En 2009, el Centro Residencial Hutto fue cerrado debido a la intensa presión ejercida durante dos años por diversas organizaciones que denunciaron y comprobaron violaciones a los derechos humanos de las familias migrantes internadas en este lugar. Dicho Centro estaba operado por la empresa Corrections Corporation of America.

Estos centros residenciales para familias migrantes, como la de Artesia en el Estado de Texas ubicada a tres horas y media de El Paso (la ciudad más próxima), se encuentran muy alejadas de los servicios de asistencia legal y social para quienes residen ahí.

A esto se suma las múltiples denuncias que existen en este Centro, donde madres son separadas de sus hijos a pesar de existir espacio suficiente en la celda para su alojamiento conjunto, casos de asilo para víctimas de violencia que no fueron llevados a denunciar ante la autoridad por falta de información, indígenas detenidos a los cuales no se les proporciona un intérprete como lo establece la ley, así como detenciones extendidas a pesar de existir un resolución judicial para la liberación del migrante.

Otro ejemplo esta en el Centro Residencial ubicado en el Condado de Karnes a 80 kilómetros al sureste de San Antonio, donde diversas organizaciones civiles han dado seguimiento a las operaciones de estos lugares utilizando abiertamente la palabra “encarcelamiento” en lugar del término correcto “detención” utilizado por la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE).

Existe la preocupación que estas violaciones a los derechos humanos sigan en aumento con la construcción de otro Centro Residencial para el 2015 ubicado en Dilley en Texas, que será operado por la empresa Corrections Corporation of America, (la misma que operó el Centro clausurado en el 2009) debido a que el riesgo de abuso es mayor por la ganancia económica que oscilará en 298 dólares al día por cada persona detenida.

Human Rights Watch afirma que el detener inmigrantes y ponerlos en aislamiento constituye una violación flagrante a sus derechos humanos, debido a que dicha retención es utilizada como un método de castigo. Este organismo internacional afirma también que el número de casos de personas perseguidas por la justicia en Estados Unidos por delitos migratorios y donde se trata a los indocumentados como criminales, se incrementó significativamente en la última década, lo que ha derivado en la separación de familias.

México cuenta con un vasto andamiaje jurídico nacional e internacional que busca garantizar los derechos humanos de las personas migrantes. Conforme al artículo 1º de nuestra Carta Magna que reconoce los derechos humanos contemplados tanto en la misma Constitución, como en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, las familias migrantes son protegidos por diversas normas jurídicas, entre ellas destacan:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 4º y 11)

• Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias

• Convención sobre los Derechos del Niño

• Ley de Migración

• Memorándum de Entendimiento sobre Protección Consular de Nacionales de México en Estados Unidos de América

• Memorándum de Entendimiento sobre Mecanismos de Consulta Sobre Funciones del Servicio de Inmigración, Naturalización y Protección Consular

• Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Contra de la Violencia Fronteriza

Asimismo, existen múltiples acuerdos bilaterales que se han celebrado entre México y Estados Unidos con la finalidad de asegurar una repatriación segura y ordenada de migrantes:

• Procedimientos para la Repatriación Segura y Ordenada de Nacionales Mexicanos en las fronteras de Ciudad Acuña, Coahuila- Del Río, Texas y Piedras Negras, Coahuila – Eagle Pass, Texas y su Protocolo que lo Enmienda

• Procedimientos para la Repatriación segura y ordenada de nacionales mexicanos, San Diego y sus Adiciones

• Arreglo Local para la Repatriación de nacionales mexicanos, El Paso

• Arreglo para la Repatriación Segura y Ordenada de Nacionales Mexicanos entre las Autoridades Migratorias del Sector Laredo, el Consulado de México en Laredo, Texas y el Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas

• Acuerdo de Repatriación en las fronteras de Mc Allen y de Brownsville, Texas

• Arreglo para la Repatriación Segura y Ordenada de Nacionales Mexicanos en las Fronteras de San Luis Río Colorado, Nogales y Agua Prieta, Sonora

• Procedimientos para la Repatriación Segura y Ordenada de Nacionales Mexicanos en Nogales, Phoenix, Yuma, Tucson y Douglas

El Estado mexicano se encuentra obligado a garantizar, respetar y proteger los derechos humanos sin distinción de nacionalidad, permitiendo su goce con absoluta libertad. En este sentido, las autoridades deben privilegiar en todas sus actuaciones, el cumplimiento integral y armónico de los derechos humanos sin importar la situación migratoria.

Conforme al mandato constitucional establecido en su artículo 89, fracción X, corresponde una obligación para el Presidente de la República dirigir la política exterior del Estado Mexicano bajo la conducción del principio normativo de respeto, protección y promoción de los derechos humanos.

Por esta razón, la problemática que viven familias enteras en los Estados Unidos de América durante la permanencia en los llamados “centros residenciales” a la espera de resolver su situación migratoria, debe ser un tema de suma importancia en la relación bilateral con nuestro hermano país vecino del norte, impulsando una política exterior que coadyuve a mejorar las condiciones en las que persisten en estos centros.

Como he analizado, esta crisis humanitaria se ha convertido en un problema regional, debemos reconocer que ha existido ineficacia de gestión por parte de todas las autoridades en todos los países de la zona involucrados; asimismo debemos celebrar las acciones de gobierno que se han ejecutado para contrarrestar esta terrible situación, sin embargo resulta evidente que estos esfuerzos no son suficientes para contrarrestar los efectos negativos de la migración.

Si bien existe un vasto andamiaje jurídico nacional e internacional que busca proteger y garantizar los derechos humanos de las familias migrantes, queda claro que estas normas están quedando sólo en el papel. Se necesita más que una norma jurídica, se necesita la voluntad conjunta de todos los actores políticos para encaminar una política integral que sea eficaz y de los resultados que la comunidad internacional espera recibir de quienes estamos involucrados en esta crisis.

En este contexto la situación de los migrantes y sus familias debe ser vista como una alta preocupación por parte del Estado Mexicano en la conducción de su política exterior para ser atendida de manera integral y conforme al total respeto a los Derechos Humanos. Para elaborar, planificar, decidir y ejecutar una Política Integral que dé respuesta a este complejo tema, resulta necesario iniciar por un diagnóstico claro que nos marque el panorama puntual en el que se encuentra el problema de la migración, con las deficiencias y debilidades en las que hemos incurrido los países de la región y corregir el rumbo.

Generalmente el concepto “Migración” se asocia como un problema social, sin embargo en Nueva Alianza consideramos que esta palabra simboliza una valerosa expresión de la voluntad de una persona por superar la adversidad y acceder a una vida mejor para ellos y sus familias. La migración puede producir beneficios sustanciales, las economías tanto de países desarrollados como de países en desarrollo necesitan de las y los migrantes para satisfacer la demanda de trabajadores con diferentes grados de especialización.

Estamos ciertos que la situación migratoria no debe ser un impedimento para que a las y los migrantes se les respeten sus derechos fundamentales, puesto que el espíritu humanista de nuestra Ley Fundamental nos obliga a tomar una nueva postura en conducir una Política Exterior con el eje principal del respeto por los derechos humanos, sin distinción de ser mexicano o extranjero, modificando la visión del problema migratorio no como un asunto policiaco o de seguridad nacional, sino más bien con una postura humanista mediante el reconocimiento y goce de los derechos fundamentales.

Finalmente y a manera de reflexión, comparto el pensamiento del Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas de Asuntos Económicos y Sociales Wu Hongbo, al expresar lo siguiente:

“Si la migración se regula debidamente, puede aportar una contribución muy importante al desarrollo social y económico tanto en los países de origen como en los países de destino, ya que amplía las oportunidades de que disponen los individuos y es un medio esencial para aumentar el acceso a los recursos y reducir la pobreza”.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a impulsar una política exterior dirigida a respetar, proteger y promover los derechos humanos de las familias migrantes detenidas en los centros residenciales de Estados Unidos de América.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2014.

Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, la SEP y la CNDH a proporcionar a los docentes mayor conocimiento en el tema del bullying, o acoso escolar, a cargo de la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María del Carmen García de la Cadena Romero, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación, y de Educación Pública, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para dotar de mayor conocimiento, con apoyo de foros y platicas, a los docentes en el tema del bullying o acoso escolar para que efectúen actividades dentro del horario escolar, que fomente la armonía y valores entre los alumnos, a fin de lograr una convivencia sana y libre de acoso, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El bullying también llamado acoso escolar, se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas, que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros . Existen diversos tipos de acoso escolar, presentándose de forma física, verbal, cibernética e inclusive sexual, entremezclándose una con otra.1

En el libro llamado “El libro del bullying ”, de Alexander Schwarz, se define al bullying como una práctica social, que desafortunadamente se está haciendo muy común principalmente en los colegios y cada vez a edades más tempranas.2

Actualmente, de acuerdo con un análisis efectuado por la OCDE, México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica ya que afecta a 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria tanto públicas como privadas, se reporta que 40.24 por ciento de los estudiantes declaró haber sido víctima de acoso; 25.35 por ciento haber recibido insultos y amenazas; 17 por ciento ha sido golpeado y 44.47 por ciento dijo haber atravesado por algún episodio de violencia verbal, psicológica, física y ahora a través de las redes sociales.3

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que, con base en estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar a nivel internacional con mayores casos de bullying en nivel secundaria.

El 40.24 por ciento de los estudiantes de sexto grado de primaria declaró haber sido víctimas de robo; 25.35 por ciento ha sido insultado o amenazado; 16.72 por ciento golpeado y 44.47 por ciento dijo haber atravesado por algún episodio de violencia.

Por otra parte, 11 por ciento de los estudiantes mexicanos de primaria dijo haber robado o amenazado a algún compañero.4

Es necesario y de suma importancia destacar que el bullying se puede expresar de distintas formas, tales como Acoso físico, donde incluye toda acción corporal y suele dejar huellas de maltrato en el cuerpo de la víctima; Acoso verbal aquel que incluye acciones no corporales, pero tiene la finalidad de discriminar, bromas insultantes, chismes, entre otros; Acoso Psicológico, este es el más difícil de detectar ya que afectan de forma indirecta y por último el Acoso Sexual, que se realiza cuando el maltrato se hace en las partes íntimas del cuerpo de la víctima.5

La mayoría de los maltratos ocurren dentro del horario escolar, tal es el caso de Evelyn, una joven estudiante de secundaria en Puebla, quien recibió un golpe en el cuerpo y luego cayó al suelo donde fue pateada por sus compañeras en varias ocasiones, lo que ocasiono que la menor fuera a dar al Hospital.6

Lamentablemente en la actualidad la mayoría de los casos de bullying terminan en muerte, según, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en un estudio realizado en el 2012, 1 de cada 6 víctimas de bullying se suicida en el DF . Ese mismo 2012, murieron en México al menos 5.190 menores por causas relacionadas con el bullying .7

Estos datos los podemos confirmar en innumerables casos que al día escuchamos en las noticias, periódicos, radio, como ejemplo tenemos a el menor Héctor Alejandro Méndez, de 12 años, de la Escuela Secundaria No. 7, quien lamentablemente murió el 20 de mayo del 2014 por traumatismo craneoencefálico a causa de los golpes que recibió en la cabeza por parte de cuatro compañeros, en Ciudad Victoria capital de Tamaulipas.8

Y así desafortunadamente podría continuar con una larga lista de nombres que han muerto por Acoso escolar.

Todos los casos anteriores se dieron dentro de las instalaciones escolares, lo cual a mi punto de vista es realmente alarmante porque, ¿Dónde están las autoridades escolares en el momento de los hechos?

En todo momento escucho que se preparan programas, platicas, folletos para los padres y alumnos, enfatizando el problema en ellos, dejando a un lado una parte muy importante que es la cuestión escolar donde se involucran a los docentes, directivos, personal de mantenimiento, etc.

Como ejemplo se encuentra una nota del Diario Popular en Puebla, donde se muestra que de 15 expedientes de bullying , 2 de los casos fueron por culpa de los Maestros.9

O bien retomo el caso del menor Héctor Alejandro Méndez, de 12 años, de la Escuela Secundaria No. 7, a quien ya había mencionado, en este caso cuatro de sus compañeros llevaban días molestándolo y justamente el 14 de Mayo de 2014, lo sostuvieron haciéndole “columpio” para después arrojarlo a la pared, lo que le ocasiono la muerte cerebral.10

Según la nota en entrevista con la mamá del menor, comenta lo siguiente: “me dijo que lo habían lastimado cuatro compañeros y que la maestra se había dado cuenta”; la Maestra solo les había pedido que se calmaran.11

Considero de suma importancia preparar a los Docentes, Directores, etc., para que sepan cómo intervenir a tiempo al detectar cuando se atraviesa la línea de “juego” a violencia, inclusive si eso podría llevar a la muerte.

Se necesita que estén totalmente informados y preparados sobre el tema, con el objetivo de tener el conocimiento para saber intervenir y controlar este tipo de situaciones, además de transmitir información importante a sus alumnos y enseñarles lo que es una convivencia sana fomentando la convivencia grupal a base de actividades tomando esto como un arma importante para combatir las agresiones.

Finalmente, cabe destacar la obligación del Gobierno del Estado, para atender el grave problema del bullying en los términos de fracción VI, Articulo 7° de la Ley General de Educación, el cual dice,

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos.12

En virtud de lo aquí expuesto, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación, de Educación Pública, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para dotar de mayor conocimiento, con apoyo de foros y platicas, a los docentes en el tema del bullying o acoso escolar para que efectúen actividades dentro del horario escolar, que fomente la armonía y valores entre los alumnos, a fin de lograr una convivencia sana y libre de acoso.

Notas

1 Portal: http://www.alpura.com/salud/vida-saludable/item/34-qu%C3A9-es-el-bullyi ng

2 “El libro del bullying, de Alexander Schwarz, página 8.

3 Portal: http://www.milenio.com/politica/Mexico-primer-bullying-escala-internaci onal_0_304169593.html

4 Portal: http://www.cronica.com.mx/notas/2014/809578.html

5 Portal: http://acosoescolarmexico.mex.tl/266619_Tipos-de-Bullying.html

6 Portal: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/05/22/960695

7 Portal: http://www.sinembargo.mx/29-11-2013/829775

8 Portal: http://mexico.cnn.com/nacional/2014/05/27/fue-asesinato-no-bullying-dic e-padre-de-menor-muerto-en-tamaulipas

9 Portal: http://elpopular.mx/local/interviene-derechos-humanos-en-casos-de-bully ing/

10 Portal: http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/tamaulipas-nino-escuela-cere bral-bullying-1011616.html

11 Portal: http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/tamaulipas-nino-escuela-cere bral-bullying-1011616.html

12 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2014.

Diputada María del Carmen García de la Cadena Romero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la disminución de los recursos destinados a Sinaloa en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, suscrita por los diputados Martín Alonso Heredia Lizárraga y Jorge Iván Villalobos Seáñez, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados Martín Alonso Heredia Lizárraga y Jorge Iván Villalobos Seáñez, integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que explique los fundamentos para que en el proceso de planeación, programación y presupuestación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 se diera una disminución de los recursos destinados al estado de Sinaloa, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. En Acción Nacional cubrir las necesidades de los ciudadanos y promover la dignificación de la vida y generación del bien común es una de las tareas con la que estamos profundamente comprometidos. Entendemos que el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos invariablemente está ligada a la política de desarrollo económico nacional y estatal y por ende a los recursos económicos que se destinen en un marco de coordinación intergubernamental.

En un contexto teórico la política de desarrollo regional tiene como propósito impulsar el desarrollo integral y equilibrado de las regiones del país, con el fin de que los tres órdenes de gobierno contribuyan al crecimiento de la actividad económica y la creación de empleos, se fortalecerán los mecanismos de coordinación entre la federación y las entidades federativas con miras a cubrir las necesidades que la sociedad demanda a través de la inversión en servicios públicos.

En este sentido, y en un marco de coordinación intergubernamental, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se contemplan diversos rubros de apoyo para las Entidades Federativas y Municipios. Dentro de estos rubros se encuentran los recursos provenientes de los ramos 28, 33 y 23, éste último denominado Provisiones salariales y económicas, estos tres ramos más los proyectos de obra pública contemplados en el tomo VII del PEF forman el pilar los recursos que reciben las Entidades Federativas para la materialización y alcance de metas en materia de infraestructura, seguridad, fomento al empleo y combate de la desigualdad.

En el ramo 23 se encuentran diversos Fondos para apoyar el desarrollo regional de las Entidades Federativas a través de la ejecución de programas y proyectos que tienen como objetivo el incremento del capital físico y la capacidad productiva de los estados y municipios para beneficio de los habitantes.

Dentro de los fondos que se encuentran encuadrados en el ramo 23 se contemplan: el Fondo de Infraestructura Deportiva, el Fondo de Cultura, el Fondo de Apoyo a Migrantes, el Fondo de Accesibilidad para las personas con Discapacidad, el Fondo de Pavimentación, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y los Proyectos de Desarrollo Regional.

Segundo. Ahora bien, para el estado de Sinaloa en el PEF 2014 se destinaron alrededor de 55,000 millones de pesos derivado de diversos conceptos como infraestructura carretera, turística, salud, cultura, deporte y proyectos de desarrollo regional y municipal. Sin embargo, para el proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2015 la cantidad de recursos aumenta a 57,750 millones de pesos es decir apenas un 5% más que lo aprobado para 2014, sin embargo éste incremento se debió principalmente al aumento de las Participaciones pertenecientes al ramo 28 y las aportaciones provenientes del ramo 33.

Lo preocupante de esta situación es que rubros sensibles para los Sinaloenses presentan importantes disminuciones en el PEF 2015, como la infraestructura portuaria y carretera que presenta una disminución significativa al pasar de 1,867.03 millones de pesos en 2014 (incluyendo el anexo 27 del PEF y los Proyectos de Inversión) a 1,385.71 millones de pesos, es decir una disminución de 26%. De la misma forma los recursos destinados para infraestructura hidroagrícola, el cual es ejecutado por Sagarpa presentan una disminución de 6% con respecto a lo aprobado para este año, o los servicios de Salud que tienen una disminución de 35% con respecto a lo aprobado para éste 2014.

De la misma forma es preocupante el hecho de que en el PPEF 2015 se eliminan los Fondos de Cultura e Infraestructura Deportiva, así como una reducción de 3,000 millones de pesos del Fondo de Pavimentación, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, todos ellos pertenecientes al ramo 23. Cabe mencionar que para este año Sinaloa recibió recursos de este ramo por un monto de 659.34 millones de pesos, de los cuales 240 millones corresponden a los tres Fondos anteriormente mencionados, si se continua con la propuesta del Ejecutivo federal de eliminar estos fondos Sinaloa podría sufrir una disminución en los recursos de hasta un 36%.

Tercero. En cuanto a los proyectos de inversión que se encuentran en el tomo VII del PPEF para el ejercicio fiscal 2015, el Estado de Sinaloa se ha visto afectado en la disminución de recursos de diversos proyectos en beneficio de los Sinaloenses, tan solo basta precisar que los requerimientos totales para proyectos de inversión del estado ascienden a 30,918.5 millones de pesos, para 2014 se destinaron 5,196 millones de pesos; es decir un 17% de lo requerido. Para el PPEF 2015 los recursos requeridos ascienden a 7,199.4 millones pero solo se asignó un monto de 4,426.4 millones; es decir menos 2,700 millones menos que con respecto a lo que se requiere, dejando en incertidumbre la ejecución de obras que actualmente se están realizando en el estado, como son la construcción de la presa y zona de riego Coyotes en el municipio de Concordia o la modernización de la carretera Topolobampo-Choix en su tramo San Blas-El Fuerte-Choix o la remodelación y equipamiento del Cefreso número 8 Norponiente, todos éstos proyectos que no presentan monto asignado por parte de la Federación para el PPEF 2015 y que representan obras que son para el beneficio de todos los sinaloenses.

Ante esta situación el gobernador del estado de Sinaloa junto con los senadores, diputados federales y alcaldes de la entidad hemos anunciado que buscaremos obtener un presupuesto de 60,000 millones de pesos para el estado, con la finalidad de dar continuidad a los proyectos de inversión que tanto necesita nuestro estado en beneficio de los ciudadanos.

De la misma forma, es importante que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) explique cuáles fueron las razones y fundamentos que llevaron a determinar la eliminación de los Fondos de Cultura y de Infraestructura Deportiva, así como el recorte de 3,000 millones de pesos del Fondo de Pavimentación en el PPEF 2015 y de la misma forma explique cuál es el destino o reasignación de éstos 8,900 millones de pesos que representaban dichos Fondos.

Por otro lado la SHCP debe explicar cuáles fueron las razones o fundamentos para que se determinara una disminución de los recursos destinados a Sinaloa en los diferentes ramos y fondos, así como proyectos de obra pública contenidos en el PPEF 2015.

En Acción Nacional hemos señalado puntualmente la irresponsabilidad con el que el Gobierno Federal maneja el rumbo económico del país, lo hemos señalado con respecto a las mediocres expectativas de crecimiento económico que trimestre con trimestre van a la baja, lo señalamos ahora con respecto al paquete económico 2015. Mediante el comunicado de prensa 090/2014 con fecha del 27 de Octubre de 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que hasta el día 27 de Octubre el precio de la mezcla mexicana de petróleo mediante la fórmula que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria arrojaba un precio de 79 dólares, dos dólares menos que lo establecido por ésta Cámara de Diputados.

Esta disminución en el precio de petróleo impactará al Presupuesto de Egresos con una merma de 7 mil 500 millones de pesos, por lo que en Acción Nacional daremos la batalla para que estos recortes no se den en los de por sí afectados ramos de Apoyo a Estados y Municipios. En este sentido es importante también que la SHCP explique cuál será el destino de los más de 350 mil millones de pesos de deuda pública que le fueron aprobados y que no han servido para detonar la inversión productiva y el crecimiento económico de los Estados y del país.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que explique a la opinión pública porqué en el proceso de planeación, programación y presupuestación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015 se eliminan los Fondos de Cultura y de Infraestructura Deportiva, así como una disminución de recursos del Fondo de Pavimentación, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que en total suman un monto de 8,900 millones de pesos y de la misma forma explique cuál fue el destino o reasignación de este monto dentro del proyecto de Presupuesto.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que explique a la opinión pública por qué en el proceso de planeación, programación y presupuestación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015 se dio una disminución importante de los recursos destinados al estado de Sinaloa a través de los Fondos pertenecientes al ramo 23 así como de los proyectos de obra pública contenidos en el tomo VII del proyecto de Presupuesto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de octubre de 2014.

Diputados: Martín Alonso Heredia Lizárraga, Jorge Iván Villalobos Seáñez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federales y de Oaxaca a garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral de los daños causados a Irene Cruz Zúñiga y familia por violaciones de sus derechos legales, a cargo de la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, María de Lourdes Amaya Reyes, Víctor Reymundo Nájera Medina y Carlos de Jesús Alejandro, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la presente proporción con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

En septiembre de 2000, con la participación del mayor número de jefas y jefes de Estado de la historia, se celebró la “Cumbre del Milenio” en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York. Durante este evento, representantes de 189 Estados, incluido México, elaboraron y firmaron la Declaración del Milenio,1 documento en el que establecieron prioridades para la comunidad internacional en materias de paz y seguridad, lucha contra la pobreza, ambiente y derechos humanos.

Para avanzar en el logro de dicha agenda se elaboraron ocho propósitos de desarrollo humano, nombrados “Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)”, creados con metas e indicadores que debían alcanzarse a más tardar en 2015 para poder medir su éxito:2

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal.

Objetivo 3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.

Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil.

Objetivo 5. Mejorar la salud materna.

Objetivo 6. Combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades.

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Objetivo 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Cada uno de estos propósitos pretendía impulsar un marco internacional garantista de los derechos humanos, que sentaría las bases para una vida digna de la población mundial.

En algunos de estos puntos, la comunidad internacional y algunos países, han logrado avances; sin embargo, hasta hoy, el balance global de estos es desalentador. Al respecto, a nivel nacional, debe destacarse el lamentable fracaso para alcanzar el objetivo 5 –mejorar la salud materna–, el cual fue definido con 2 metas puntuales: reducir en 75 por ciento la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015, y lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva.

Como Estado firmante de la Declaración del Milenio, la reducción de 75 por ciento de la mortalidad materna entre 1990 y 2015 supondría para México una tasa de 22.2 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos. Sin embargo, a poco más de un año de que termine el periodo para cumplir este objetivo, los niveles de mortalidad materna en el país se encuentran estancados en 42.3 mujeres muertas por cada 100 mil nacidos vivos.3

De esa manera, el objetivo 5 resulta hoy inalcanzable: un fracaso del Estado mexicano en sus esfuerzos de lucha contra la pobreza y, en especial, en la defensa y garantía de los derechos de las mujeres.

Aunado a este problema de salud pública que enfrentan las mexicanas, debe mencionarse la morbilidad materna, definida como la lesión o incapacidad que ocurre durante el embarazo, parto o dentro de los 42 días posteriores al parto. Si bien no existe una base de datos oficial y accesible para conocer la dimensión de este problema en México, una aproximación global la brinda el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Según ese organismo, 500 mujeres y niñas mueren diariamente como consecuencia de complicaciones prevenibles relacionadas con el embarazo; por cada mujer que muere, otras 30 mujeres sufren heridas o enfermedades permanentes que pueden resultar en dolores de por vida, discapacidad y exclusión económica.4

La mortalidad y morbilidad maternas expresan una serie de condiciones asociadas con pobreza, marginalización, inequidad de género y escasa efectividad en el ejercicio de acciones por el Estado y de la sociedad en general, reflejan la enorme desigualdad social que enfrentan las mujeres. Esta brecha de desigualdad se agranda en los estados que tienen mayores porcentajes de población indígena debido a la gran marginalización y escasa cobertura de atención médica obstétrica que deriva en diferentes violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como la violencia obstétrica.

Ese tipo de violencia, ocasionada por actitudes y omisiones instituciones reversibles, puede definirse como

Una forma específica de violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, incluyendo los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integridad, a la saludo y a la autonomía reproductiva. Se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio en los servicios de salud –públicos y privados–, y es producto de un entramado multifactorial en donde confluyen la violencia institucional y la violencia de género.5

Para ahondar en el tema, cabe mencionar que existen dos dimensiones de la violencia obstétrica. En primer lugar aparece la física, que se da al realizar prácticas invasivas, proporcionar medicamentos no justificados, o cuando no se respetan los tiempos y posibilidades del parto biológico. En segundo lugar, la psicológica, que puede incluir el trato deshumanizado e indigno, la discriminación, las humillaciones y la falta de información a la mujer sobre la situación y evolución de su embarazo, parto y puerperio.

De esa manera, la violencia obstétrica se relaciona con un modelo de atención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio que no las concibe ni las trata como titulares de derechos y protagonistas activas, sino como meras receptoras pasivas de la atención médica, que por tanto no requieren consideración, información y respeto.

Uno de los casos más dolorosos y emblemáticos sobre este tipo de violencia que afrontan las mujeres por su condición de género y el racismo institucional del sistema de salud pública es el de Irene Cruz Zúñiga, originaria de la comunidad mixteca de Morelos, en Santa Cruz Itundujia, Oaxaca, víctima de morbilidad materna,6 quien lleva 13 años postrada en una cama, sobreviviendo, pese a la indolencia y la injusticia estatal, gracias a los cuidados de su madre, Maura Zúñiga García, y su hermana, Enimia Cruz Zúñiga, y al apoyo de sus hermanos Carlos y Bartolomé, y su padre, Enrique Cruz.

En junio de 2001, a los 26 años, Irene se encontraba embarazada de su primer –y único– hijo, de nombre Epafrodito. El 20 de junio inició el trabajo de parto y fue auxiliada por una partera en su casa, en el paraje Barranca Fiera, perteneciente a la comunidad de Morelos. Sin embargo, debido a la dilación en el trabajo de parto, la partera envió a Irene a la unidad de salud “más cercana”, a dos horas de distancia, en la cabecera municipal de Santa Cruz Itundujia.

Irene fue transportada a la clínica acompañada por su entonces esposo, su padre y su madre, pero al llegar a la institución, en la tarde del 21 de junio, no pudo ser atendida. El personal médico diagnosticó que el parto sería normal, que todo estaba bien, sugirieron a Irene que caminara y que se trasladara al hospital más cercano, pues la clínica no tenía el equipo necesario para urgencias obstétricas, por lo que fue enviada al hospital rural del IMSS en Tlaxiaco, lo que le implicó dos horas más de camino de terracería.

Al llegar al hospital rural le practicaron una cesárea de urgencia y, sin el consentimiento de ella o su familia, un dispositivo intrauterino le fue implantado. Durante la intervención, en la madrugada del 22 de junio, debido a una mala aplicación de anestesia, Irene presentó varios paros cardiacos, que impidieron que el oxígeno llegase al cerebro. Eso le provocó un daño cerebral permanente e irreversible y la pérdida de movimiento.

Esa mañana, el entonces esposo de Irene fue informado, sin muchos detalles, de la situación grave de ella y de su hijo, así como de sus traslados al hospital civil de Oaxaca (hospital general Doctor Aurelio Valdivieso) que se encontraba a tres horas de distancia, en la capital del estado, y perteneciente a los Servicios de Salud de la entidad.

De acuerdo con el expediente médico, Irene salió de Tlaxiaco con un pronóstico de Glasgow (escala que evalúa el nivel de conciencia de las personas víctimas de traumatismo craneoencefálico) de “bueno para la vida, malo para la función”. Ya en el hospital civil fue diagnosticada con “encefalopatía hipóxica isquémica”: había perdido totalmente la movilidad y el razonamiento, siendo ahora víctima de morbilidad materna y de violencia obstétrica.

Ante la situación, la familia de Irene solicitó información para conocer las causas que provocaron los daños pero el hospital de Tlaxiaco no presentó nada, así que al no recibir respuesta, el 30 de junio de 2001 se presentó al Ministerio Público del fuero común adscrito al hospital civil de Oaxaca una denuncia por negligencia médica. No obstante, la familia dice que nunca recibió notificaciones o información relativa al curso de la investigación y al proceso legal; sólo fueron visitados por el ministerio público un par de ocasiones, pero sin brindarles información ni explicación alguna sobre el curso del proceso. Además, indican que la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca (PGJO) cometió dilaciones y omisiones que entorpecieron el caso al tardar en pedir los informes médicos, no realizar los peritajes correspondientes y archivar el expediente por 10 años.

El proceso del caso de Irene vio un pequeño avance el 19 de octubre de 2011: en razón de que el delito fue cometido por servidores públicos del IMSS –del orden federal–, la PGJO determinó declinar la competencia a favor de la Procuraduría General de la República (PGR), iniciando la averiguación previa AP/PGR/OAX/HL/195/2011.7 El 6 de julio de 2012, la PGR encontró a la anestesióloga como probable responsable del delito de lesiones culposas, con la agravante de responsabilidad profesional, usurpación de profesión, y ejercicio indebido del servicio público.

Empero, aunque el juez cuarto de distrito solicitó el auto de formal prisión en su contra, el 21 de agosto de ese año, la anestesióloga, tras pagar una fianza, interpuso un recurso de apelación que fue radicado en el Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito en Oaxaca.

En diciembre de 2013, el magistrado Rubén Pablo Ruiz Pérez, del Primer Tribunal Unitario, determinó que el delito había prescrito, pero emitió un acuerdo judicial en el que pide a las autoridades mexicanas otorgar una indemnización y rehabilitación para Irene, su hijo y su familia, así como las medidas de no repetición que deberían implantar distintas dependencias a fin de reparar los daños causados a Irene y su familia.

Pese al acuerdo y a lo establecido en la materia en diversos tratados internacionales, así como en la Constitución mexicana, dependencias locales y federales se han negado a participar en la reparación integral del daño a que Irene y su familia tienen derecho como víctimas de la falta de acceso a la justicia. No sólo Irene enfrenta estas negligencias e indolencia institucional: las mujeres en Oaxaca siguen enfrentándose a ellas.

En 2012, la entidad alcanzó 65.3 defunciones por cada 100 mil personas nacidas vivas, lo que la convierte en la segunda entidad del país con más rezago en el combate de la muerte materna, justo después de Guerrero. Aunado a esto, durante este último año, se han visibilizado fuertemente las constantes violaciones de los derechos sexuales y reproductivos a las que mujeres en condiciones de extrema pobreza, principalmente indígenas y mujeres de zonas rurales, se enfrentan, y que no se reducen a las labores de parto en el jardín de un hospital.

De acuerdo con un estudio realizado en 2011 por investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en Oaxaca, los centros de salud en localidades con menos de 3 mil habitantes cuentan con personal sin la experiencia para atender partos y emergencias obstétricas, además de que las instituciones no contaban con traductores.

Las elevadas tasas de mortalidad y morbilidad materna en México, así como otras violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas en México, llevaron a que en 2012 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer incluyera en sus observaciones finales hacia México recomendaciones como las siguientes:

a) Garantizar el acceso universal a servicios de atención de salud y a información y educación sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, en particular para las adolescentes, a fin de prevenir los embarazos no deseados y de adolescentes.

[...]

c) Con la orientación del Observatorio de Mortalidad Materna, intensificar sus esfuerzos para reducir la tasa de mortalidad materna, en particular adoptando una estrategia amplia de maternidad sin riesgos en que se dé prioridad al acceso a servicios de salud prenatal, posnatal y obstétricos de calidad y al establecimiento de mecanismos de vigilancia y asignación de responsabilidad.

[...]

Por todo lo descrito, y en aras de avanzar en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y exigiendo justicia para Irene Cruz Zúñiga, sometemos a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los secretarios de Salud federal, Mercedes Juan López, y de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, a adoptar la formación permanente y periódica de su personal médico que atiende en primer y segundo niveles de atención sobre situaciones de urgencias obstétricas, derechos de las mujeres, parto humanizado e interculturalidad, y a proporcionar el equipamiento necesario a los centros de salud de Oaxaca y dar atención de calidad y calidez incluyendo la atención de urgencias obstétricas y la contratación de personal profesional capacitado y permanente.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la delegación en Oaxaca, a garantizar el acceso a la salud, servicios de cuidado y rehabilitación de Irene y sus familiares, así como el pago de una indemnización, y a adoptar un modelo de formación del personal del hospital de Tlaxiaco en derechos, urgencias obstétricas, parto humanizado e interculturalidad, sin perjuicio de las acciones ya puestas en marcha.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca a implantar conforme al acuerdo judicial emitido por el magistrado del Primer Tribunal Unitario las medidas de satisfacción necesarias, incluida una beca escolar para garantizar la permanencia de Epafrodito, hijo de Irene, en el sistema educativo básico, medio y superior.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca a pagar una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a los familiares de Irene, les otorgue servicios psicológicos, y capacite a su personal en materia de derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, violencia obstétrica, esto en razón de la falta de acceso a la justicia que la familia Cruz Zúñiga ha enfrentado desde hace más de 13 años.

Notas

1 http://www.un.org/spanish/milenio/ares552s.htm

2 http://www.un.org/es/millenniumgoals/

3 http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/

4 Véase CIDH. Informe sobre acceso a servicios de salud materna desde un enfoque de derechos humanos de 2009, párrafo 7. Disponible en http://cidh.org/women/SaludMaterna10Sp/SaludMaternaCap1.sp.htm#_ftn11

5 https://www.gire.org.mx/omision-e-indiferencia-derechos-reproductivos-en-mexico-2013

6 http://fundar.org.mx/irene-sobrevive-13-anos-de-violencia-obstetrica-en -oaxaca/#.VA4q7fl5OSo

7 http://www.cimacnoticias.com.mx/node/67251

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2014.

Diputados: María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Carlos de Jesús Alejandro, Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT, al encargado del despacho de la SFP y a la comisionada presidenta del IFAI a transparentar el proceso de licitación para el proyecto Tren de Alta Velocidad México-Querétaro y difundir cada una de las etapas y tanto los aspectos económicos como los técnicos, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

México posee una red de ferrocarriles que se extiende a través de la mayor parte del país, conectando los principales centros industriales con los puertos y con conexiones fronterizas a la red de ferrocarriles estadounidense. Entre los años 1997, cuando Ferrocarriles Nacionales de México suspendió el servicio, y 2008, cuando se inauguró la primera línea del Ferrocarril Suburbano del Valle de México , la red de ferrocarriles de pasajeros en México quedaba limitada a un par de líneas de trenes turísticos.

El sistema ferroviario mexicano fue nacionalizado en su totalidad entre 1929 y 1937. En 1987, el gobierno fusionó las cinco empresas ferroviarias regionales con Ferrocarriles Nacionales de México. Los años posteriores de la época de nacionalización de los ferrocarriles en México fueron marcados por dificultades financieras por parte de Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) esto derivado de una mala administración y actos de corrupción. La empresa acumuló un déficit operativo de 552 millones de dólares (37 por ciento de su presupuesto de funcionamiento) en 1991. La competencia con otros modos de transporte de carga, tales como los camiones y el transporte marítimo, disminuyó la cuota de mercado de los ferrocarriles alrededor de 9 por ciento o sea alrededor de la mitad de la cuota que tenían los ferrocarriles una década antes sumándose a esto la intención facciosa de privatizar la industria con fines lucrativos para beneficiar a empresas transnacionales y oligopolios nacionales.

En 1995 se reforma de forma antipatriótica al igual que ahora, el cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con esa modificación los ferrocarriles dejaron de ser área estratégica en manos exclusivas del estado, para permitir la participación social y privada en dicha actividad.

Después de analizar diferentes alternativas de apertura al sector privado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tomó la decisión de adoptar el modelo de segmentación regional de la red, para ser operada por empresas privadas integradas verticalmente. Las licitaciones constituyeron la parte más compleja y prolongada del proceso. Las concesiones se otorgaron en primera instancia a empresas públicas regionales, en las que se subdividió FNM, expresamente constituidas, para luego vender las acciones representativas de las mismas a la empresa privada que ofreciera la mayor contraprestación para el estado.

El patrimonio a licitar estuvo formado por el título de concesión para prestar servicio público de transporte ferroviario, y las locomotoras, equipo de arrastre y bienes necesarios para la operación. De acuerdo a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, el estado debe mantener en todo momento el dominio sobre las vías generales de comunicación. Por esa razón la infraestructura y el derecho de vía se reintegraran a la nación se supone en buen estado operativo al término de las concesiones.

El consorcio conformado por las empresas China Railway Construction, CSR, GIA+A, Prodemex, GHP y Constructora Teya , ésta última y otras pertenecen a un grupo empresarial relacionada a la campaña presidencial y al gobierno en el estado de México del presidente Enrique Peña Nieto, ya que se sabe el dueño de ésta, Juan Armando Hinojosa, fue favorecido con cuantiosos contratos de obra durante las administración mexiquense 2005–2011, además de que prestó los aviones de su empresa al presidente Enrique Peña Nieto durante la campaña 2012.

No obstante esto se sabe también que Grupo GIA, pertenece al empresario Hipólito Gerard, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Este consorcio misteriosamente fue el único que presentó una propuesta de las 14 empresas que en un inició habían adquirido las bases de licitación, ya que todas a excepción de ésta, habían pedido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) una prórroga en algunos casos de hasta ocho meses para poder presentar un proyecto serio dada la complejidad de las especificaciones técnicas del mismo, ya que según lo dicho por la dependencia, este sistema compartirá infraestructura de riel con el tren suburbano que actualmente está en operación de Cuautitlán a la estación Buenavista.

Por todo lo anterior aclaramos que no estamos en contra de que se realicen proyectos de infraestructura como el tren de alta velocidad México–Querétaro , de lo que sí estamos en contra es de que se manejen en el sigilo las licitaciones de este tipo de proyectos de infraestructura y que se cuestione por casi toda la opinión pública el proceso de adjudicación de la obra y/o concesión, esto también porque el gobierno federal estimó la obra en 40 mil millones de pesos, la propuesta del consorcio alcanza los 50 mil millones, 21 por ciento más de lo planeado. Además deberá considerarse el IVA .

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes licenciado Gerardo Ruíz Esparza, así como también al encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública, licenciado Juan Alfonso Ugalde Olivas, y a la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, doctora Ximena Puente de la Mora, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, exista la coordinación entre la dependencias en instituciones que dirigen con el fin de transparentar el proceso de licitación para el proyecto tren de alta velocidad México–Querétaro.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes, licenciado Gerardo Ruíz Esparza, así como también al encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública, licenciado Juan Alfonso Ugalde Olivas, y a la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, doctora Ximena Puente de la Mora, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, hagan públicas cada una de las etapas del proceso de licitación para el proyecto tren de alta velocidad México–Querétaro, así como los aspectos económicos y técnicos del mismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2014.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al rector de la Universidad Abierta y a Distancia de México a generar un instrumento de reconocimiento de los mejores promedios de cada área que están por graduarse en este periodo escolar y mantenerlo como programa permanente, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, diputado Fernando Bribiesca Sahagún, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción XVIII; 6o., fracción I; 62, numerales 2 y 3, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UNADM), a generar un mecanismo de reconocimiento a los mejores promedios de cada área de conocimiento que está por graduarse en este periodo escolar y se mantenga como programa permanente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con fecha 19 de enero de 2012, mediante decreto signado por la Secretaría de Educación Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación, se creó la Universidad Abierta y a distancia de México, como un organismo desconcentrado de la citada Secretaría, con autonomía técnica, académica y de gestión; estableciéndose el objetivo de prestar servicios educativos de tipo superior, en la modalidad no escolarizada; que será abierta y a distancia, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación; según lo señalan los artículos 1 y 2 del citado ordenamiento.

La educación a distancia se presenta como una oportunidad para los ciudadanos mexicanos de realizar estudios de educación superior sin costo alguno, independientemente de su edad, sexo, religión o cualquier condición socioeconómica, cumpliendo con una de las obligaciones del estado de ofrecer educación gratuita a los mexicanos.

El Programa Nacional de Educación 2013–2018 señala que una educación de calidad es de la mayor importancia para el desarrollo político, social, económico y cultural del país. Se menciona que es indispensable que las autoridades educativas de todos los ámbitos, se organicen de manera adecuada y trabajen de modo eficaz en el ámbito de sus respectivas competencias, para que su actuación gire en torno a las necesidades de los estudiantes, de la escuela y del país.

En el apartado de educación media, media superior y superior y formación para el trabajo, nos refiere que la educación del país se enfocará a que los jóvenes adquieran competencias que son fundamentales para la construcción de una nación próspera y socialmente incluyente, siendo una de las líneas de acción el de impulsar el reconocimiento de competencias adquiridas en el trabajo o de forma autodidacta en el sistema educativo nacional.

Los estudiantes tienen el reto y experiencia de que con el manejo y uso de las tecnologías de la información, puedan combinar sus actividades laborales con las académicas, a través de un sistema en línea que permite, a su propio ritmo, hacerse de los conocimientos fundamentales para tener las competencias necesarias en su área de conocimiento elegido.

El pasado mes de mayo de 2014 se graduó la primera generación de ciudadanos, participando en la ceremonia de titulación 38 estudiantes y en palabras del rector de la Universidad, Fernando Serrano Migallón, a finales de este año se espera un número aproximado de 70 mil estudiantes activos por la inclusión de grupos vulnerables.

La tendencia se espera llegue a más de 250 mil estudiantes en 2018, teniendo a su disposición una oferta educativa de cerca de 35 licenciaturas.

El estímulo a la educación de excelencia no solamente se realiza a través de becas de estudio o facilidades para acceder a este, sino que también implica reconocer la trayectoria académica que por cerca de 3 años o más se tuvo por parte de los alumnos, tal como lo realiza prestigiadas universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, Tecnológico de Monterrey, entre otras, tienen para con sus estudiantes con promedios altos al finalizar su área de estudio, con títulos como: “Mención Honorífica”, “Mención Honorífica de Excelencia” u otra denominación similar.

Así como los estudiantes requieren de becas y apoyos que coadyuvan a la permanencia en su ciclo de estudios; así también la educación a distancia es una herramienta que permite a los ciudadanos el poder ejercer su trabajo y combinarlo con el estudio para desarrollar mayores competencias en su ámbito laboral, aspecto que no es fácil y que requiere del reconocimiento justo a quienes han puesto mayor empeño en el ejercicio de sus responsabilidades.

En mérito de lo expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta de manera respetuosa al titular de la Universidad Abierta y a Distancia de México, a generar un mecanismo de reconocimiento a los mejores promedios de cada área de conocimiento que está por graduarse en 2014 y se mantenga como programa de estímulo permanente.

Dado en el Palacio Legislativo San Lázaro, el 30 de octubre del 2014.

Diputado Fernando Bribiesca Sahagún (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ministro presidente del Consejo de la Judicatura Federal a modificar el acuerdo general número 16/2011 del pleno que regula la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, suscrita por los diputados Leobardo Alcalá Padilla y María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Leobardo Alcalá Padilla, María de las Nieves García Fernández, Francisco Javier Fernández Clamont, Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez, María del Carmen García de la Cadena Romero, Carlos Sánchez Romero, Cristina González Cruz, Ignacio Mestas Gallardo y Lizbeth Loy Gamboa Song, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y Carla Alicia Padilla Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal, para que en el ámbito de su competencia modifique el “acuerdo general 16/2011 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación”, con la finalidad de que se reconozca al personal médico capacitado de las instituciones de salud federal, como integrantes de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La profesión médica representa una de las labores más nobles e importantes que ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. No puede concebirse la historia de nuestro mundo sin la existencia misma de los médicos.

El cuidado de la salud de otra persona no sólo representa un honor, sino una responsabilidad que cualquier persona pueda tener. Es el caso del personal médico que labora día a día, quienes buscan mejorar las condiciones de la salud de la población en nuestro país.

No obstante, existen casos en donde la práctica médica puede estar sujeta a escrutinio por parte de la autoridad judicial, al darse situaciones de desinformación, mala práctica, negligencia o incluso dolo que afectan a los pacientes y a sus familiares.

En estos casos, el Estado mexicano debe dotar a los juzgadores de profesionistas expertos que puedan apoyarse para la resolución de las controversias suscitadas entre el personal médico y sus pacientes. Con ello, se garantizará que las partes involucradas cuenten con la certeza, de que los casos serán analizados de manera imparcial y objetiva, si no se hace esto siempre se pondrá en tela de juicio, la idoneidad profesional de la prueba pericial practicada y del informe emitido.

Por tal motivo, de conformidad con el artículo 81, fracción XXIX de la Ley Orgánica de la Judicatura Federal, son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal, el formar anualmente una lista con los nombres de las personas que puedan fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, ordenándolas por ramas, especialidades y circuitos judiciales.

Dentro de los requisitos para ser peritos que se plasman en los diversos ordenamientos legales –Códigos de Procedimientos Penales y Civiles Federales, acuerdo general 16/2011 del Consejo de la Judicatura Federal– se establecen como requisito cumplir con alguno de los siguientes supuestos:

• Tener título en el arte, ciencia o técnica en la materia en la que desee registrarse, en el caso de que estén legalmente reglamentados. En este supuesto, será necesario tener un mínimo de cinco años de ejercicio profesional, el cual se contará a partir de la expedición de la cédula personal con efectos de patente para el ejercicio correspondiente, por parte de la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública; o del documento que avale sus conocimientos por la autoridad gubernamental, federal o estatal, competente.

Es por esto, que los médicos que integran a las instituciones de salud –IMSS, ISSSTE– cuentan con el principal requisito –cedula profesional– encontrándose perfectamente capacitado para ser considerados como peritos en la materia.

En México, las instituciones de salud cuentan con profesionales en las diversas ramas de la medicina, los cuales atienden diariamente un considerable número de pacientes en las diversas especialidades. Esto hace que dichas instituciones cuenten con médicos de gran experiencia, que pueden ser auxiliar en la resolución de las controversias suscitadas ante las autoridades judiciales.

Sin embargo, el “acuerdo general 16/2011 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación”, en su artículo 13, fracción VIII, establece que las personas interesadas en formar parte en la lista, deberán cubrir entre otros requisitos el de “no estar activo en el servicio público”.

En base a esto, es que proponemos se exhorte al Consejo de la Judicatura Federal, para que en el ámbito de su competencia modifique el Acuerdo 16/2011 señalado en el párrafo anterior, con la finalidad de que se reconozca al personal médico de las instituciones de salud federal capacitado, como integrantes de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior con la finalidad de ofrecerle al sistema de impartición de justicia mexicano, elementos específicos, como es la experiencia de los médicos que han trabajado en instituciones públicas.

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal, para que en el ámbito de su competencia modifique el “acuerdo general 16/2011 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación”, con la finalidad de que se reconozca al personal médico capacitado de las Instituciones de Salud Federal, como integrantes de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2014.

Diputados: Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Francisco Javier Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda Clamont (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena Romero (rúbrica), Carlos Sánchez Romero, Cristina González Cruz (rúbrica), Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de realizar acciones para garantizar que no se ejerza violencia política contra las mujeres en Quintana Roo, a cargo de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que les confiere la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Cuando una democracia se construye debe ser alimentada. En ningún momento puede parar, porque de ser así, estaría condenada a su extinción.

Cada rincón de nuestro país debería ser un lugar que garantice el ejercicio de las actividades políticas democráticas, sin distinción de género.

Lamentablemente, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, ha llevado a cabo conductas que vulneran los principios democráticos de igualdad y respeto a la dignidad de las mujeres que ejercen actividades políticas.

La diputada Alicia Ricalde ha sido objeto de una estrategia de violencia política, que incluye la clonación de revistas, falsificación y compra de periódicos locales, así como el uso de redes sociales ficticias, que han denigrado su imagen.

Estas acciones también han afectado a Norma Madero, directora y dueña de la revista Luces del Siglo , quien ya presentó diversas denuncias ante la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Libertad de Expresión, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR). De igual forma, la diputada federal Graciela Saldaña y la periodista Lydia Cacho, han sido parte de la lista de víctimas de este terrorismo político.

Sin duda, estos hechos agreden a toda la sociedad de Quintana Roo y de todo el país, porque la violencia política, en especial la que se focaliza en las mujeres, vulnera y debilita la democracia que tanto trabajo ha costado construir.

El problema es visible, pero no sólo debe ser expuesto a la luz de los medios de comunicación. También debe existir una respuesta contundente por parte de quienes pueden resolver estos problemas.

El gobernador de Quintana Roo tiene en sus manos la solución de este asunto. Es indispensable que respete los derechos humanos de todos los quintanarroenses. Los tiempos electorales no pueden ni deben ser motivo para la exaltación de la violencia política contra las mujeres.

La violencia de género debe ser erradicada si queremos ser un país democrático, cuyo eje central deben ser los derechos humanos.

Por eso resulta indispensable que esta Cámara de Diputados exhorte al gobernador del estado de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, para que cumpla con los objetivos y principios que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia:

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 4. Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son:

I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;

II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres;

III. La no discriminación, y

IV. La libertad de las mujeres.

Artículo 19. Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Artículo 20. Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige.

Además, la citada ley prevé el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, presidido por el secretario de Gobernación del gobierno federal.

Este sistema tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

De tal manera que ante la gravedad de la violencia política ejercida por el gobernador de Quintana Roo en contra de una mujer dedicada a la vida parlamentaria, el Senado de la República debe exhortar al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que dentro del ámbito del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que preside, se lleven a cabo acciones interinstitucionales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en ese estado.

No debemos olvidar que el Senado de la República aprobó reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que como otras de gran importancia, se encuentran pendientes en esta Cámara de Diputados.

Esta propuesta, define a la violencia política de género como “las acciones agresivas cometidas por una o varias personas que causen daño físico, psicológico o sexual en contra de una mujer o varias, en ejercicio de la representación política” .

Como es de apreciarse, lo que está en juego son los derechos humanos, punto medular del trabajo legislativo democrático.

Por eso, y en congruencia con los trabajos realizados por el Senado de la República y esta Cámara de Diputados, también debemos exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que investigue y haga las recomendaciones pertinentes que se deriven de la vulneración al derecho de las mujeres para vivir una vida libre de violencia, previsto en diversos instrumentos internacionales, entre los que destacan la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belem Do Pará, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en especial en materia de violencia en contra de la mujer en asuntos políticos.

Sin lugar a dudas, las acciones del gobernador Roberto Borge Angulo generan víctimas.

Conforme a la Ley General de Víctimas, las autoridades de los diferentes ámbitos de gobierno, en sus respectivas competencias, están obligadas a velar por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.

Asimismo, la gravedad de los hechos obliga a esta Cámara de Diputados, a exhortar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que dentro del ámbito de su competencia, se coordine con las autoridades de defensa, atención y protección de víctimas o derechos humanos de Quintana Roo, con el objetivo de garantizar los derechos de mujeres víctimas de violencia política por parte del gobernador de dicha entidad.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador del estado Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, para que cumpla con los objetivos y principios que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y deje de ejercer violencia en contra de mujeres dedicadas a la vida política.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que dentro del ámbito del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que preside, se lleven a cabo acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política contra las mujeres en Quintana Roo.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que investigue y haga las recomendaciones pertinentes que se deriven del ejercicio de violencia política por parte del gobernador de Quintana Roo contra mujeres de esa entidad.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que dentro del ámbito de su competencia, se coordine con las autoridades de defensa, atención y protección de víctimas o derechos humanos de Quintana Roo, con el objetivo de garantizar los derechos de mujeres víctimas de violencia política por parte del gobernador de dicha entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2014.

Diputados: José Isabel Trejo Reyes, María Celia Uriel Castañeda, Xavier Arana, María Teresa Jiménez Esquivel, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Marcos Águila Vega, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, Raúl Gómez Ramírez, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Rubén Camarillo Ortega, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Juan Bueno Torio, Margarita Saldaña Hernández, Andrés de la Rosa Anaya, José de Jesús Oviedo Herrera, Juan Carlos Uribe Padilla, Germán Pacheco Díaz, Glafiro Salinas Mendiola, Alfredo Botello Montes, Raquel Jiménez Cerrillo, Ana Paola López Birlain, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, Fernando Rodríguez Doval, Margarita Licea González, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Jorge Francisco Sotomayor Chávez, Humberto Alonso Morelli, Martha Berenice Álvarez Tovar, José Guillermo Anaya Llamas, Alfredo Zamora García, Patricio Lugo Barriga, Leonor Romero Sevilla, Juan Jesús Aquino Calvo, Beatriz Zavala Peniche, Alfredo Rivadeneyra Hernández, Leslie Pantoja Hernández, Alberto Coronado Quintanilla, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Esther Quintana Salinas, Jorge Rosiñol Abreu, Carlos Fernando Angulo Parra, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, María Guadalupe Mondragón, Carlos Bernardo Guzmán Cervantes, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Alejandra López Noriega, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Ricardo Villarreal García, Martín López Cisneros, Carmen Lucía Pérez Camarena, María Isabel Ortiz Mantilla, Cinthya Noemí Valladares Couoh, Alberto Díaz Trujillo, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Homero Niño de Rivera Vela, Luis Miguel Ramírez Romero, María Eugenia de León Pérez, Karina Labastida Sotelo, Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Julio César Lorenzini Rangel, Consuelo Argüelles Loya, Blanca Jiménez Castillo, Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, Juan Pablo Adame Alemán, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Víctor Serralde Martínez, Arturo de la Rosa Escalante, Raudel López López, Heberto Neblina Vega, José Alejandro Llamas Alba (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Guanajuato a deslindar responsabilidades por la muerte de un estudiante del Centro Universitario de los Lagos, de la Universidad de Guadalajara, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, en los siguientes términos:

Consideraciones

No hay nada más doloroso que la muerte de un niño o un joven, especialmente cuando se le arrebata la vida contra toda justicia. Al pueblo le es igual de dolorosa la muerte de uno que de 43. De unos años para acá, nos encontramos que algunos integrantes de las fuerzas llamadas del orden, se han abrogado el derecho de vida y muerte sobre cada uno de nosotros, basta que su ineptitud, su arbitrariedad o sus intereses así lo determinen, y cumplen con una prontitud aterradora la sentencia de muerte determinada extrajudicialmente. El ser humano es entonces reducido a menos que un objeto, y los derechos humanos, a un estorbo.

Pero no para ahí el terror extrajudicial, sigue el acomodar los hechos para entronizar la impunidad, se altera a modo y de manera burda el lugar de los hechos, o se inventan historias para exonerar a los responsables, en un absoluto desprecio a la inteligencia de los mexicanos: recordemos los asesinatos de Tlataya, o que los estudiantes de Ayotzinapa estaban vinculados al crimen organizados como en los últimos días se ha atrevido a afirmar el Procurador General de la República, o que los restos humanos de las primeras fosas de iguala “eran” y “no eran” de los 43 normalistas desparecidos, y que el narcopresidente de Iguala andaba entre tacos y bailes cuando ardía este municipio entre el 26 y el 27 de septiembre pasado, o en el caso del estudiante que falleció en Guanajuato Ricardo de Jesús Esparza Villegas, que supuestamente andaba en el techo de una casa que iba a robar, y después, cínicamente se cambió la versión: que no iba a robar sino se encontraba bajo la influencia del alcohol, lo que pone de manifiesto una absoluta ignorancia intelectual de los autores de estas triquiñuelas.

De esto se desprende, que no sólo se mata, que no sólo se hace toda una maquinación para liberar de toda responsabilidad a los presuntos asesinos, sino que ahora ni siquiera se respeta a los que mueren inocentemente, sino que se busca empañar su memoria para atizar el olvido y el desprecio.

La triste e indignante historia de la muerte del estudiante Ricardo de Jesús Esparza Villegas, comienza el sábado 18 de octubre del año que corre, cuando como hacen muchos jóvenes estudiantes, organizaron un grupo para acudir a la ciudad capital del estado de Guanajuato con el objeto de convivir y acceder a las actividades culturales en el marco del Festival Internacional Cervantino; pero pronto la cultura de la muerte y la cobardía impuesta en el país se hizo presente. Ricardo de Jesús por un incidente menor fue detenido, en presencia de varios testigos, por unos policías municipales y al día siguiente fue encontrado muerto en un callejón junta a una vivienda.

La Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato, primero afirma y después investiga, y con esta subjetividad ha señalado, con esta absoluta falta de respeto a la memoria de Ricardo, a su familia y al pueblo de México, que este estudiante falleció al caer de la azotea de una casa que iba a asaltar. Cuando este brillante estudiante ya cursaba el noveno grado de la carrera de robótica y no tenía ninguna necesidad de hacer este tipo de actos. Por lo que contra la ridícula versión del gobierno estatal, se han unido miles y miles de estudiantes de las universidades de Guadalajara y Guanajuato, para exigir una investigación legal y apegada a derecho. Con toda razón han señalado estos jóvenes, que al rato cualquiera de ellos puede ser el próximo. Y han gritado una y otra vez ¡no más muertes!

A dónde hemos llegado, que la madre de Ricardo de Jesús, ha dado gracias a los asesinos, de que por lo menos le entregaron el cadáver para tener un lugar a dónde llevarle flores y llorarle a su hijo. A la necropsia no se le ha dado acceso a la familia de Ricardo de Jesús ni a la Universidad de Guadalajara, que coadyuva para lograr una auténtica justicia para Ricardo de Jesús y sus seres queridos.

Es evidente, que esta infame crimen no puede quedar impune, que debemos detener la maquinaria de la muerte que se impone sobre todo en contra de los jóvenes, y a últimas fechas especialmente si son estudiantes, pues el opresor sabe que los jóvenes, con mayor si son cultos, son la fuerza que empuja y empujará el cambio indeclinable que necesita nuestro país y que exige nuestro pueblo. Este Congreso no puede mantener el carácter de observador, debe por un lado, solidarizarse con los familiares, con la comunidad universitaria y con todas las víctimas; y por otro lado, exigir a la autoridad el deslinde de inmediato de las responsabilidades. Vivimos tiempos muy delicados como para ser indiferentes ante este hecho.

Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Esta Cámara expresa su más sentido pésame por la muerte del estudiante Ricardo de Jesús Esparza Villegas, a sus familiares, así como a la comunidad de la Universidad de Guadalajara, estudiantes, trabajadores docentes y administrativos y sus autoridades.

Segundo. Se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato, para que con agilidad lleve a cabo una investigación objetiva, legal y respetuosa en relación a la muerte del estudiante Ricardo de Jesús Esparza Villegas que cursaba sus estudios en el Centro Universitario de Lagos de la Universidad de Guadalajara; procediéndose en su caso a sancionar con todo el peso de la ley a los responsables. Y a futuro, se tomen las medidas necesarias en el marco del Festival internacional Cervantino para que no se vuelvan a repetir hechos tan dolorosos e indignantes.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 30 de octubre de 2014.

Diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a instaurar en el proceso para resolver la problemática con el IPN un formato de diálogo que permita construir un espacio donde se proceda al nombramiento de los directivos, la recuperación del semestre, la discusión y los compromisos de la visión de largo plazo del Politécnico, a cargo de la diputada María Guadalupe Mondragón González, del Grupo Parlamentario del PAN

María Guadalupe Mondragón González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, III, IV y VI; 153; y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se ha convertido en un centro de referencia, de acuerdo con su naturaleza como sede de la representación nacional, en torno al paro de labores por el que atraviesa el Instituto Politécnico Nacional.

En su comparecencia ante los diputados, el secretario de Educación Pública mostró, cuando ya había estallado la huelga, la mejor disposición para ofrecer soluciones que brindaran la mayor satisfacción a los estudiantes.

Por su parte, los alumnos tuvieron la convicción por encontrar en la Cámara una expresión de la pluralidad que se vive en México, de nombrar una comisión que entregó para conocimiento de esta asamblea su pliego petitorio.

En consecuencia, la Cámara de Diputados quiere hacer un pronunciamiento que coadyuve en la solución del problema ya que el Instituto Politécnico Nacional es una institución de educación superior imprescindible para el desarrollo nacional.

También lo hacemos porque consideramos que la responsabilidad y buena disposición al diálogo que han mostrado tanto el secretario de Educación Pública como el movimiento estudiantil representan las condiciones idóneas para resolver el problema con base en un esquema de deliberación y compromisos.

La Cámara de Diputados reconoce al gobierno federal y a los estudiantes que se hayan conducido por igual sin recurrir a la fuerza como medio para resolver las diferencias. La modalidad pacífica de expresión de la inconformidad de los estudiantes ha encontrado eco en la actitud conciliadora de la autoridad.

Una lectura integral y detenida del pliego petitorio que los jóvenes politécnicos tuvieron a bien entregar a este cuerpo legislativo, en contraste con los pronunciamientos y respuestas que han producido los secretarios de Gobernación, y de Educación Pública mueven a la Cámara a considerar que en buena medida las peticiones originales de los estudiantes pueden ser colmadas lo antes posible y que, asimismo, por haber sido las causas originales son las más sentidas que dieron inicio a la suspensión de actividades en una institución de educación superior permiten que, por mutuo acuerdo, se pase a la creación de un espacio de distensión que implique desde luego el retorno bajo protesta a clases para recuperar el semestre.

La Cámara considera que las demandas y exigencias que en el trayecto de la movilización han surgido como parte de las inquietudes de los estudiantes politécnicos son desde luego legítimas ya que tienen que ver con la visión que como integrantes de la comunidad politécnica abrigan sobre la institución educativa pero que, precisamente por referirse a aspectos orgánicos relacionados con las metas y objetivos a largo plazo de la comunidad tecnológica requieren de un proceso de diálogo, entendimiento y compromisos de más largo aliento que se puede llevar a cabo en un espacio donde la institución recupere gradualmente sus actividades sin perder el carácter crítico del proceso de construcción para la solución de la problemática.

Hay que construir un esfuerzo en el que sin abdicar los estudiantes a la reforma integral del Poli se transite hacia la recuperación de la normalidad que permita nombrar al director general y al secretario general, recuperar el semestre y, bajo la mirada vigilante de la sociedad mexicana y por supuesto de esta representación nacional, continuar el proceso de negociación en torno a la nueva institucionalidad del Politécnico.

No pasa inadvertido para los integrantes de la Cámara de Diputados que el movimiento estudiantil surgido en el Instituto Politécnico Nacional no es un mero incidente aislado. Por el contrario, en el México pluralista que hemos construido los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, la libertad de expresión y manifestación son muestras de la ampliación de nuestra vida democrática.

De ahí que haya un componente adicional que, en forma natural, se viene a agregar al catálogo de demandas estudiantil. Nos referimos a los lamentables hechos en los que perdieron la vida jóvenes estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. No dejamos de subrayar que tales hechos son verdaderamente lamentables, ya que además dieron lugar a la desaparición de cuarenta y tres jóvenes normalistas.

Los mártires de Ayotzinapa han despertado el rechazo generalizado a la violencia en la sociedad mexicana y en el exterior. Los estudiantes no sólo del Politécnico sino de todo México deben estar conscientes de que su inconformidad y frustración es un sentimiento que trasciende de los círculos estudiantiles y permea en todos los estratos del país.

Sin embargo, la Cámara de Diputados considera que en homenaje precisamente a los jóvenes que perdieron la vida así como a los que se encuentran en situación de desaparecidos, la sociedad mexicana no debe abandonarse únicamente en la indignación legítima sino que, desde nuestro ámbito de actividades, debemos todos los mexicanos tomar medidas proactivas para encontrar a los muchachos y, también de igual importancia, erradicar las condiciones de vulnerabilidad al estado de derecho, del orden constitucional y tranquilidad social que fueron el caldo de cultivo para la indignante matanza que tuvo lugar en Iguala el 26 de septiembre de 2014.

En consecuencia, la Cámara de Diputados hace un llamado en estos momentos difíciles a las dependencias del gobierno federal que han tomado conocimiento del pliego petitorio y a la comunidad politécnica para que, en bien de México y de los avances que hemos logrado en el arduo camino hacia la democracia, demostremos que a los mexicanos nos interesan la educación, la paz y la democracia.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta, con toda atención, con moción de urgente resolución, al secretario de Educación Pública y a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional para que en el proceso para resolver los problemas de la institución instauren un formato de diálogo que permita construir un espacio en el que se proceda al nombramiento de los directivos, la recuperación del semestre y la discusión y compromisos de la visión a largo plazo del Politécnico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2014.

Diputada María Guadalupe Mondragón González (rúbrica)

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Con motivo del aniversario del natalicio de Andrés Henestrosa, a cargo de la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del PRI

Nacido el 30 de noviembre de 1906, rodeado de naturaleza, bajo la generosa sombra de los pochotes, al amparo del río Ostuta y pleno de mujeres vestidas de flores, llega al mundo, en Ixhuatán, a tierras indígenas, un hombre, un poeta, un escritor.

El 2008 fue un año triste para el estado de Oaxaca, porque parte un hombre a la edad de 101 años, que vive en nuestra memoria, de gran inteligencia; poeta, narrador, ensayista, orador, escritor, político, bibliófilo, historiador y periodista mexicano. Considerado un hombre de gran frescura y nobleza, sumamente orgulloso de sus raíces indígenas; maestro de la lengua zapoteca, creador de su alfabeto y un diccionario zapoteco-español.

Formó parte de la Academia Mexicana de la Lengua como miembro numerario. Su carrera política inicia con la participación activa en la campaña presidencial de José Vasconcelos, lo cual le permitió conocer gran parte del país y así crear historias que contaba a sus amigos.

La Cámara de Diputados, en la política se desempeñó como diputado federal de la república en cinco legislaturas. En 1982 fue electo senador por Oaxaca por el Partido Revolucionario Institucional en la LII y la LIII legislaturas.

Don Andrés sólo habló su lengua madre hasta los 15 años, el zapoteco, y a esa edad llegó a la Ciudad de México, donde estudió por un año en la Escuela Normal de Maestros, lo cual le permitió el dominio del español. De ahí pasó a la ENP y después a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde estudió derecho, sin lograr graduarse. Desarrolló ensayos, artículos y relatos, dispersos en revistas y periódicos como Las Letras Patrias, Revista de la Universidad, Casa del Tiempo, Mar Abierto, El Nacional, Excélsior, El Universal, Novedades, entre otros. A petición de su maestro, Antonio Caso, Henestrosa comenzó a escribir las leyendas y fábulas de su tierra zapoteca, como en su libro Los hombres que dispersó la danza (1929). En su obra destaca la exaltación de su pueblo y del pasado indígena, la defensa de ese espíritu liberal, así como el estudio y valoración de las expresiones de su país. Un ejemplo sobresaliente es el Diccionario zapoteco-español. De sus obras más famosas y autobiográficas tenemos Retrato de mi madre (1940), Los cuatro abuelos (1960), Sobre mí (1936), Una confidencia a media voz (1973), Carta a Cibeles (1982). En el campo del ensayo, publicó Los hispanismos en el idioma zapoteco (1964), De México y España, Colección de artículos, ensayos y cartas (1974), y Espuma y flor de corridos mexicanos (1977). Escribió el prólogo de más de cuarenta obras de autores mexicanos y extranjeros, y realizó Cuatro siglos de literatura mexicana (1946) en colaboración con Erilo Abreu Gómez, Jesús Zavala y Clemente López Trujillo. Pero una de sus grandes contribuciones fue la fonetización del idioma zapoteco y su transcripción al alfabeto latino. Aún hay mucha de su obra literaria dispersa del maestro Henestrosa en espera de ser compilada. Fue maestro de Lengua y Literatura en la UNAM y en la Escuela Normal de la SEP. Fue diputado federal y senador de la república en cinco legislaturas, así como jefe del Departamento de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes. A la edad de 101 años, Andrés Henestrosa murió en la Ciudad de México el 10 de enero de 2008.

Un ser tan memorable como don Andrés, nunca será olvidado, vive en las mentes de muchos mexicanos.

Respetuosamente

Diputada María de las Nieves García Fernández.