Comunicaciones oficiales
Iniciativas de ley o decreto de senadores

Comunicaciones oficiales

De la diputada Elena Tapia Fonllem, sobre retiro de iniciativa

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2014.

Diputado Silvano Aureoles Conejo

Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados

Presente

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito atentamente sea retirada la siguiente iniciativa:

• Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, presentada el 20 de marzo de 2014 y turnada a Comisiones Unidas de Unidas de Trabajo y Previsión Social y Seguridad Social.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Diputada Elena Tapia Fonllem (rúbrica)

Del gobierno de Tlaxcala, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, respecto a la problemática que presenta el cultivo del café

Tlaxcala, Tlaxcala, a 30 de septiembre de 2014.

Diputada Aleida Alavez Ruiz

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión

Presente

En seguimiento de su oficio número DGPL 62-II-4-1723, expediente 4183, de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, que envío al gobernador de Tlaxcala, comunico amablemente a usted que esta entidad federativa no cuenta con productores de organizaciones y empresas del sector social para que de consumir café se haga a través de comercios directos con los mencionados productores, en virtud de que tampoco en el estado predomina el cultivo del café, para tratar de apoyar el punto de acuerdo correspondiente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ubaldo Velasco Hernández (rúbrica)

Oficial Mayor de Gobierno

(Se remite a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento.)

De la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, sobre la instalación de biciestacionamientos

México, DF, a 29 de septiembre de 2014.

Diputado Silvano Aureoles Conejo

Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados

Presente

En ejercicio de la facultad conferida al Secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de Gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en el artículo 1o., 7 y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y en el manual administrativo correspondiente; adjunto el oficio número DMA/DGODU/0962/2014 mediante el cual el ingeniero Eduardo J. González Cueto D., director general de Obras y Desarrollo Urbano en la delegación Milpa Alta, remite respuesta al punto de acuerdo D.G.P.L. 62-II-3-1647, en donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación del mismo en sesión celebrada el 28 de abril del 2014.

Sin otro particular, reciba un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez (rúbrica)

Coordinador General de Enlace Legislativo


Milpa Alta, DF, a 3 de septiembre del 2014.

Ciudadano Fernando Daniel Cravioto Padilla

Coordinador de Enlace Delegacional en la Secretaría de Gobierno

San Antonio Abad Número 124, piso 5

Colonia Tránsito, CP 06820

Delegación Cuauhtémoc

Presente

Por este medio y en respuesta a su oficio SG/CED/0576/14 en el que solicita instalación de biciestacionamientos en establecimientos públicos; al respecto, me permito informarle que se tomó conocimiento y se tomarán en cuenta los bici estacionamientos para ser ingresados en los proyectos que sean considerados en el POA 2014.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ingeniero Eduardo J. González Cueto D. (rúbrica)

Director General de Obras y Desarrollo Urbano

(Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.)

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, a fin de liberar los recursos del Fondo de Desastres Naturales para Baja California Sur

México, DF, a 9 de octubre de 2014.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número DGPL 62-II-8-3928 signado por el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGANC/322/2014 suscrito por la C. María Evangélica Villalpando Rodríguez, abogada general y comisionada para la Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a implantar los programas necesarios para mitigar los daños ocasionados por los fenómenos hidrometeorológicos que han dañado diversos municipios de Baja California Sur.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos


México, DF, a 7 de octubre de 2014.

Felipe Solís Acero

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos

Secretaría de Gobernación

Presente

Me refiero al atento oficio número SELAP/300/2192/14, por el cual se remitió el punto de acuerdo aprobado el 23 de septiembre del año en curso por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, entre otras, a que implanten programas necesarios para mitigar los daños ocasionados por los fenómenos hidrometeorológicos que han diseñad diversos municipios de Baja California sur.

Al respecto, me permito adjuntar a la presente copia del oficio número SDS/SDSH/.200/951/2014 de fecha 30 de septiembre de 2014, signado por el licenciado Ernesto Nemer Álvarez, subsecretario de Desarrollo Social y Humano, perteneciente a esta dependencia, mediante el cual se da contestación al punto de acuerdo de referencia.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

María Evangélica Villalpando Rodríguez (rúbrica)

Abogada General y Comisionada para la Transparencia


México, Distrito Federal, a 30 de septiembre de 2014.

Maestra María Evangélica Villalpando Rodríguez

Abogada General y Comisionada para la Transparencia

Presente

Con relación a su amable oficio número DGANC/317/2014, de fecha 25 de septiembre del año en curso, mediante el cual solicita se formulen los comentarios al Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en el que exhorta a esta secretaría a que implante los programas necesarios para mitigar los daños ocasionados por los fenómenos hidrometeorológicos que han dañado diversos municipios de Baja California Sur.

En tal virtud, anexo al presente los comentarios solicitados a dicho punto de acuerdo.

Sin más por el momento, le reitero I de mi consideración distinguida.

Atentamente

Licenciado Ernesto Nemer Álvarez (rúbrica)

Subsecretario de Desarrollo Social y Humano


México, DF, a 30 de septiembre de 2014.

Comentarios al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en el que exhorta a esta secretaría a que implemente programas necesarios para mitigar los daños ocasionados por los fenómenos hidrometeorológicos que han dañado diversos municipios de Baja California Sur

Sobre el particular se comenta lo siguiente:

El Programa de Empleo Temporal, PET, Inmediato cuenta con reserva de recursos del programa destinados a atender zonas que demanden la aplicación prioritaria de recursos, como respuesta a situaciones con impacto negativo en las actividades productivas y para prevenir o mitigar los efectos causados por emergencias que afectan a la población.

Los recursos del PET Inmediato se destinarán a acciones y proyectos que contribuyan a superar la situación de emergencia.

La aplicación y ejercicio de estos recursos inmediatos no estará sujeta a cubrir los requisitos de elegibilidad, criterios de cobertura, porcentaje para jornales y materiales, número máximo de jornales por día, número de jornales por ejercicio fiscal, para las personas, de al menos 16 años de edad.

El Programa de Empleo Temporal Inmediato, se está aplicando en Baja California Sur a partir del 14 de septiembre de 2014, fecha en que la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de emergencia correspondiente, por el Huracán Odile, las obras o acciones que están realizando los beneficiarios son de limpieza de viviendas y calles, como lo refiere lo siguiente:

Presupuesto asignado: 30 millones de pesos.

- Inversión programada para beneficiarios con entrega de apoyos del 2 al 10 de octubre: 12 millones 452 mil 620 pesos.

- Beneficiarios estimados: 14 mil 800.

- Beneficiarios identificados: 16 mil 701.

- Beneficiarios programados para entrega de apoyos del 2 al 10 de octubre: 9 mil 293.

Asimismo, en cuanto al Huracán Norbert se aplicó a partir de la emisión de la Declaratoria de Emergencia por parte de la Secretaría de Gobernación, hasta el día 14 de septiembre de 2014, fecha en que se publicó el aviso de terminación, el proyecto que se realizó fue de limpieza de viviendas, como a continuación se señala:

Presupuesto asignado: 13 millones de pesos.

Inversión para entrega de apoyos: 4 millones 353 mil 660 pesos.

Beneficiarios estimados: 10 mil.

Beneficiarios identificados: 3 mil 249.

Beneficiarios con entrega de apoyos: 3 mil 249.

Respecto del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 2014 para el estado de Baja California Sur, se destinaron las cantidades siguientes:

Para ejecución de obra:

Proyectos nacionales

La delegada de la Secretaría de Desarrollo Social en Baja California Sur, con motivo de la declaratoria de emergencia solicitó el cambio de metas para disponer de un monto de 896 mil 125 pesos, por concepto de 7 mil 500 despensas para ser entregadas a familias afectadas, cantidad que originalmente estaba destinada para construcción o dotación de estufas ecológicas.

De igual manera y con motivo de la contingencia del huracán Odile, la delegación solicitó recursos indirectos para acudir y realizar revisiones a las obras del Programa para el Desarrollo de zonas Prioritarias en las partidas 37901 viáticos y 26192 combustibles por un importe de 152 mil pesos.

(Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.)

De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los homicidios perpetrados en Guerrero el 26 y 27 de septiembre de 2014

México, DF, a 8 de octubre de 2014.

Diputado Silvano Aureoles Conejo

Presidente de la Mesa Directiva

Cámara de Diputados

Presente

En atención al oficio DGPL 62-II-8-3990 de fecha 30 de septiembre de 2014, suscrito por el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva, a través del cual hace del conocimiento de este organismo nacional, el punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a que en ejercicio de sus atribuciones, investigue las posibles violaciones a los derechos humanos contra las víctimas de los ataques realizados el viernes 26 de septiembre de 2014 por la policía municipal de Iguala, Guerrero, e individuos armados, en el que resultaron heridos y perdieron la vida estudiantes y personal de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos; así como para que intervenga en el esclarecimiento del asesinato del secretario general del Partido Acción Nacional en Guerrero, el pasado 27 de septiembre, en el municipio de Acapulco, en dicha entidad, al respecto le manifiesto lo siguiente:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el pasado 27 de septiembre, ejerció la facultad de atracción e inició un expediente de queja con motivo de los hechos ocurridos los pasados 26 y 27 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero; en los cuales estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, e integrantes del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo, fueron agredidos. Lo sucedido dio como resultado que seis personas perdieran la vida; 30 se encuentren lesionadas; y que actualmente, 43 personas se encuentren en condición de desaparecidas; aunado a que el pasado 4 de octubre se localizaron seis fosas clandestinas con un número indeterminado de cadáveres en el citado municipio, por lo que el 5 de octubre se acordó continuar el trámite del expediente como una investigación de violaciones graves a los derechos humanos, la cual una vez concluida se hará de su conocimiento.

Asimismo, le informo que personal de la CNDH mantiene presencia en Iguala, Guerrero, proporcionando atención integral a los familiares de las víctimas, verificando el estado de salud de los lesionados y realizando acompañamiento en las labores que realizan diversas agrupaciones en la búsqueda de las personas desaparecidas.

Ahora bien, me permito precisarle que esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, inició un expediente de queja para investigar la actuación de las autoridades ministeriales respecto de las investigaciones relacionadas con el homicidio del secretario general del Partido Acción Nacional en Acapulco, Guerrero.

Finalmente, le comento que este organismo nacional estará muy pendiente de las actuaciones que lleven a cabo los servidores públicos del Estado mexicano encargados de la investigación de los delitos, con el fin de verificar que ésta se realice en términos de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y demás disposiciones en la materia.

Hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

Doctor Raúl Plascencia Villanueva (rúbrica)

Presidente

(Se remite a las Comisiones de Derechos Humanos, y Especial de Seguimiento a las Investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” para su conocimiento.)


Iniciativa de ley o decreto de senadores

Que reforma los artículos 1o.-C, fracciones IV a VI, y 2o.-A, último párrafo; y adiciona el 2o. y 5o., último párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el senador Ernesto Ruffo Appel, del PAN, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

México, DF, a 7 de octubre de 2014.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ernesto Ruffo Appel, en nombre de diversas senadoras y senadores, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1o.-C, fracciones IV, V y VI y 2A fracción 1, último párrafo; y se adicionan los artículos 2o. y 5o. último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica)

Vicepresidente


Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República

Presente

Las Senadoras y Senadores miembros de esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión, que suscriben la presente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 11; 72, inciso H y 73, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción 1, 163 numeral 2, 164 numeral 1, 169 numerales 1 y 4, 172 numeral 1, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos los artículos 1C fracciones IV, V Y VI y 2A fracción 1, último párrafo; y se adicionan los artículos 2o. y 5o. último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

Desde que en 1978 entró en vigencia por primera vez la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la región fronteriza había contado en varias ocasiones de un trato diferenciado en cuanto a la tasa asignada respecto del resto de nuestro país, lo anterior debido a que en los más de 36 años que lleva en vigor la ley, el legislador ha comprendido la condición especial en que ésta se encuentra, dada la situación económica, social, y de mercado originada por su situación geográfica, tanto al norte como al sur de nuestro país.

Sin embargo, el primero de enero de 2014 entró en vigor el decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de esta la ley, ocasionando con ello el incremento de la tasa del IVA en la región fronteriza, pasando del 11 al 16 por ciento.

La aprobación de dicha reforma trajo consigo una serie de acciones en contra de esta medida. Por citar algunas, el 12 de febrero de este año se promovió un amparo colectivo en contra de la homologación del IVA firmado por 58 mil ciudadanos de diversos estados fronterizos. Asimismo, legisladores federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron el 16 de julio ante la Comisión Permanente un proyecto de iniciativa de ley cuyo propósito consiste en regresar la tasa del 11 por ciento en la región fronteriza del país. Diputados locales del Congreso del Estado de Baja California hicieron lo propio el 3 de septiembre de 2014, así como la diputada federal Aleida Alavez Ruíz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentando una iniciativa de ley orientada en el mismo sentido.

Además de lo anterior, en diciembre de 2013, el 48.44 por ciento de los Senadores de esta legislatura y 34.4 por ciento de los diputados federales presentamos una acción de inconstitucionalidad ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el decreto que homologó la tasa de este impuesto en las fronteras con la del resto del país. Siendo hasta el mes de agosto de 2014 cuando se obtuvo un pronunciamiento desfavorable al respecto, cabe señalar que la resolución de la Supra Corte de Justicia de la Nación no contuvo unanimidad en los criterios manifestados por los ministros presentes durante las sesiones.

Es importante resaltar que la SCJN, en una de las audiencias de discusión, se pronunció respecto de que, tratándose de la regulación ante una situación equitativa entre los mismos sujetos a fiscalizar (homologación de una tasa), la fundamentación y motivación de cualquier acto legislativo no tiene que ser reforzada, sin embargo, cuando exista una conducta que amerite ser regulada de manera distinta, entonces el legislador está en la obligación de justificarla.

Lo anterior, queda reconocido con la siguiente tesis número 2a. XXVII/2009:

“Fundamentación y motivación de leyes que dan trato desigual a supuestos de hecho equivalentes. No necesariamente derivan de la exposición de motivos de la ley correspondiente o del proceso legislativo que le dio origen, sino que pueden deducirse del precepto que lo establezca.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos de autoridad legislativa, el requisito de fundamentación se satisface cuando aquélla actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere y la motivación se colma cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que deben regularse jurídicamente. Asimismo, la Segunda Sala de ese alto tribunal ha establecido que el principio de igualdad, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como límite a la actividad del legislador, no postula la paridad entre todos los individuos, ni implica necesariamente una igualdad material o económica real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato, como criterio básico para la producción normativa. Así, del referido principio deriva un mandamiento vinculante para el legislador ordinario, que le exige dar trato igual en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual. Por tanto, dada la posición constitucional del legislador, en virtud de su legitimidad democrática, no se exige que toda diferenciación normativa deba ser justificada en la exposición de motivos o bien, en todo el proceso legislativo, sino que es suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable. De lo anterior se concluye, que dicha justificación objetiva y razonable, deberá ser valorada por el órgano de control, ya sea con base en lo expuesto en el proceso legislativo, o bien, con lo expresado en el propio texto de la ley, a efecto de contar con elementos suficientes que le permitan determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto o preceptos reclamados: de allí que, no será inconstitucional de suyo la norma jurídica que contenga un mandamiento que dé trato desigual a supuestos de hecho equivalentes, cuando el legislador no exprese las razones para ese trato diferenciado en la iniciativa, en los dictámenes, o en general en el proceso legislativo, si resulta un hecho notorio derivado del texto de la ley, la finalidad que persigue la disposición respectiva toda vez que fue el propio cuerpo legislativo el que en el ordenamiento jurídico de que se trate, ha consagrado esas razones.”

La argumentación objetiva y razonable queda plenamente satisfecha por medio de indicadores obtenidos por diversas fuentes, por lo que de esta forma no habrá lugar a dudas sobre la necesidad de reestablecer la tasa del 11 por ciento del IVA en la región fronteriza, pues con los argumentos vertidos se hace notoria la necesidad del régimen diferenciado y, a su vez, se cumple a cabalidad con la obligación del legislador de regular jurídicamente de manera desigual a aquellos cuyas características así lo demandan. Solamente así se evitarán más afectaciones de diversas índoles a quienes hasta este momento tributan como “iguales” a pesar de vivir bajo condiciones geográficas, económicas, sociales y comerciales diferentes.

El pasado mes de agosto, El Colegio de la Frontera Norte (Colef) presentó ante el Senado de la República el Boletín del Observatorio de Coyuntura de la Economía Fronteriza (OCEF), mediante el cual mostró los principales estragos originados por el aumento del IVA, mismos que fueron sustentados con base en indicadores proporcionados por diversas instancias federales, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Banco de México (Banxico), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otros. De los resultados de este primer boletín del Observatorio del Colef se destaca lo siguiente:

“Caída de -1.6 por ciento real anual en la actividad económica del estado de Baja California en el primer trimestre de 2014 (Inegi).

La inflación acumulada en el primer cuatrimestre de 2014 es muy superior a la media nacional (1.38 por ciento) en las localidades fronterizas de Mexicali (2.94 por ciento), Tijuana (2.94 por ciento), Ciudad Juárez (2.89 por ciento), Matamoros (2.45 por ciento) y la Paz (2.38 por ciento). Analistas de Banamex y Citigroup prevén que los precios superen el rango previsto por Banxico (3 por ciento +/- punto porcentual) (Inegi y Banamex).

La inflación nacional anualizada en los meses de julio y agosto de 2014 ya superó el límite de 4 por ciento fijado como objetivo del Banxico y varias de las ciudades fronterizas permanecen por arriba del promedio nacional. Según cifras de Banxico e Inegi, la inflación anualizada al mes de abril de 2014, es significativamente mayor comparada con 2011, 2012 y 2013. En particular, destacan las ciudades de Mexicali (5.41 por ciento), Tijuana (4.56 por ciento), Ciudad Juárez (4.21 por ciento), Matamoros (4.06 por ciento), la Paz (4.81 por ciento) comparado con la República Mexicana (3.89 por ciento).

El costo de la canasta alimentaria por persona marca niveles y variaciones muy superiores a la media nacional en las localidades de Tijuana y Mexicali, en Baja California. Ambas localidades muestran un nivel y velocidad mayores al promedio en cuanto al valor de la canasta alimentaria por persona al mes. El valor de la canasta alimentaria mensual por hogar promedio (4 miembros) para ciudades fronterizas seleccionadas, en el periodo enero-abril de 2014, es significativamente mayor que el gasto medio para un hogar promedio del país.

En particular, el gasto mínimo mensual requerido por hogar para una canasta mínima de alimentos básicos aumentó de abril de 2013 a abril de 2014, en Chetumal 10 por ciento; en Mexicali 9.5 por ciento; Tijuana 8.2 por ciento; Hermosillo 7.9 por ciento; Ciudad Juárez 7.2 por ciento; Matamoros 6.1 por ciento; La Paz 5.8 por ciento y Ciudad Acuña 5.0 por ciento. En tanto, el incremento promedio nacional fue de tan sólo de 3.8 por ciento.

En Tijuana, el gasto alimentario mínimo mensual por individuo es mayor en 364 pesos al del promedio nacional. Considerando una familia de 4 miembros, el gasto alimentario mínimo por hogar es mil 456 pesos mayor en Tijuana respecto al promedio nacional. En Chetumal, el gasto alimentario mínimo mensual por individuo pasó de ser de 106 pesos menor al promedio nacional en abril de 2013, a 169 pesos superior al promedio nacional en abril de 2014. Considerando una familia de 4 miembros, el gasto alimentario mínimo por hogar es 676 pesos mayor respecto al promedio nacional, cuando un año antes era de 424 pesos menor al promedio.

El gasto promedio por hogar para ciertos productos básicos es mayor en Tijuana que en el resto del país. Los que tienen mayores diferencias son agua embotellada (250 pesos), refrescos (72 pesos), frijol (31 pesos), manzana y pera (18 pesos), aceite vegetal y limón (14 pesos), pescado (10 pesos) y jamón (9 pesos). Mientras los bienes con diferencial bajo son jitomate (-44 pesos) y cebolla (- 39 pesos). El 57 por ciento de los productos de la canasta básica en Tijuana mostraron crecimiento promedio en sus precios 6.5 por ciento mayor que en el resto del país.

Mientras en enero de 2013 los asalariados de la región fronteriza destinaban en promedio 59 por ciento de su ingreso al gasto mínimo requerido por la familia en alimentos básicos, para abril de 2014 dicha proporción se había elevado a 63 por ciento. En el caso de Tijuana la proporción es mayor, con 65 por ciento.

En cambio, en el país se destina cerca de 57 por ciento del ingreso asalariado al consumo de alimentos básicos por hogar: seis puntos porcentuales menos que en la región fronteriza, y entre ocho y diez puntos menos que en Tijuana.

Las ciudades donde se destina mayor proporción del ingreso al consumo de alimentos por hogar, son: Ciudad Juárez (12 por ciento más en comparación con el país); Tijuana (8.2 por ciento más); La Paz (6.5 por ciento más); y Mexicali (3.9 por ciento más que en el país). En Matamoros y Ciudad Acuña, también se observa una reducción del ingreso disponible después de gasto en alimentos básicos, pero en forma menos significativa. En general, la región fronteriza destina en promedio 5.8 por ciento más del ingreso asalariado al consumo de alimentos, en comparación con el país.

Aunque los hogares de la Ciudad de México han visto reducir también su ingreso disponible después de alimentos, siguen destinando una menor proporción al gasto en alimentos básicos que el país en su conjunto (-10.8 por ciento menos).

En las ciudades más caras de la región fronteriza, los saldos en cuentas de ahorro se redujeron 71 por ciento entre febrero de 2013 y febrero de 2014 (-68 millones de pesos, desahorro). Esta contracción resultó aún mayor en Mexicali, Nogales y Tijuana, donde la capacidad de ahorro se ha reducido en prácticamente cien por ciento.

El saldo mensual de las cuentas de ahorro en Tijuana cayó de 20 millones de pesos (mdp) en enero de 2013 a tan sólo 3 mdp en abril de 2014, esto es un desahorro de 17 mdp.

Las tres entidades afectadas al cien por ciento por la homologación del IVA (Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo), en abril de 2014 comparado con el mismo mes de 2013, han registrado un considerable incremento en su tasa de desempleo. En Baja California el desempleo pasó de 4.47 a 5.35 por ciento; en Baja California Sur de 4.97 a 5.14 por ciento; y en Quintana Roo de 4.32 a 4.84 por ciento. Esto es clara muestra de la pérdida de competitividad del sector empresarial por el incremento en el IVA, ya que al disminuir sus ventas se ve obligado a ajustar la plantilla de personal en las empresas.

El primer trimestre del año registró un incremento de 1.03 por ciento promedio en la tasa de desempleo para estas entidades (Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo), con respecto al cierre de 2013, lo que es un reflejo del impacto negativo a la competitividad por la reforma fiscal.

Según los registros de IMSS, el saldo entre cierres y altas de empresas al primer cuatrimestre del 2014 ha sido negativo en las principales ciudades fronterizas, con un saldo de 217 empresas menos. En este sentido, las ciudades más afectadas han sido Tijuana (-81), Nuevo Laredo (-57), Matamoros (-46) y Ciudad Juárez (-27).

Al primer trimestre de 2014, el índice de ventas del comercio al por menor se redujo en 30 por ciento en la región fronteriza. La caída es aún mayor en Tijuana (-33.8 por ciento), Reynosa (-35.8 por ciento), Mexicali (-32.1 por ciento) y Matamoros (-30.2 por ciento). Mientras que en Ciudad Juárez y Nuevo Laredo las ventas del comercio se han reducido en poco más de 22 y 24 por ciento, respectivamente.

De acuerdo con estimaciones realizadas por el Colef, las compras realizadas hasta el año 2013 por la población bajacaliforniana en San Diego, California, aun tomando en cuenta el costo que implica trasladarse a esa zona fronteriza estadounidense, ascendieron a 6 mil millones de dólares. Para 2014, se estima que esta cantidad se incremente en 1,500 millones de dólares.

Por otro lado, contrario a los argumentos señalados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre los efectos de la reforma fiscal que se concentrarían únicamente en el primer trimestre del año, las cifras de la inversión extranjera directa (IED) en los primeros seis meses del año confirman que la situación adversa se prolongó y se mantiene hasta ahora.

Así, en el primer semestre de 2014 la IED total mostró una estrepitosa caída de casi 60 por ciento con respecto al mismo periodo de 2013, pasando de 23 mil 800 a 9 mil 700 millones de dólares. De estos flujos, los provenientes de nuevas inversiones pasaron de 13.8 mil millones de dólares en el periodo enero - junio 2013, a registrar un saldo negativo de -956.1 millones de dólares en el periodo señalado.

Los sectores más afectados han sido las manufacturas y el comercio. En el caso de las primeras, la caída en la IED del primer semestre de 2014 es de 65 por ciento respecto al mismo periodo de 2013, pasando de 19 mil 800 a 6 mil 900 millones de dólares. En el caso del comercio, la caída en el periodo comparado es de 33 por ciento, al pasar de mil 800 a mil 200 millones de dólares.

En la región frontera norte la caída es, más acentuada, ya que en los 6 estados de la región se captaron 4 mil 080.7 millones de dólares en el primer semestre de 2013, mientras que para el mismo periodo de este año esa cifra cayó a 2,442.3 millones de dólares, lo que significó una alarmante caída de 67 por ciento contra una caída de 59 por ciento en el resto de las entidades del país.

La pérdida de competitividad y los daños económicos ocasionados por la homologación del IVA también han afectado el comportamiento del consumo en restaurantes en Baja California, tal y como lo demostró la empresa de investigación de mercados IMERK, SC, mediante el levantamiento de encuestas el pasado mes de septiembre.

La encuesta, con un nivel de confianza del 95 por ciento, concluye que 7 de cada 10 bajacalifornianos han dejado de consumir en restaurantes formales como consecuencia de la situación económica que se viven.

Asimismo, de entre los comensales “cautivos”, o aquellos que por sus circunstancias continúan visitando los restaurantes formales, el 33 por ciento ha disminuido su consumo en el presente año con respecto a años previos, y en su mayoría acuden de 1 a 4 ocasiones con un consumo promedio de apenas 350 pesos en cada una de ellas.

Inclusive dentro de la economía informal, tan sólo el 30.5 por ciento de los encuestados manifestaron haber acudido a algún puesto informal para consumir alimentos, en su mayor parte de 1 a 2 ocasiones y gastando una media de 123 pesos. De ellos, casi el 40 por ciento manifestaron haber disminuido su consumo en este año con respecto a años anteriores.

Del 37 por ciento de la población que visitó algún restaurante formal en las últimas cuatro semanas, la casa encuestadora destaca que entre los comensales cautivos de Tijuana la frecuencia de visita ha disminuido en casi 5 de cada 10 encuestados, así como entre 4 de cada 10 encuestados de 46 a 65 años. En contraste, en 3 de cada 10 encuestados de Rosarito casi 4 de cada 10 mayores de 65 años, la frecuencia de visitas ha aumentado.

Por otro lado, es de conocimiento general que las entidades federativas integrantes de la región fronteriza norte tienen como socio comercial directo a los Estados Unidos de América (EUA), lo cual significa que sector empresarial la industria local tiene mayor facilidad de comercializar con aquel país en lugar de hacerlo con el mercado nacional.

La infraestructura vial de EUA es más moderna y de mejor calidad que la nacional, además que el tránsito por las carreteras no requiere de pago alguno para los transportistas, gozan de niveles de seguridad generándoles confianza en que los productos estarán a salvo, y que aparte el combustible resulta más barato y la tasa del impuesto homólogo al mexicano (impuesto al consumo o TAX) gira alrededor del 7 al 9 por ciento.

Estas diferencias en el transporte de mercancías entre ambas naciones genera un contraste importante en el precio final hacia los consumidores, por su parte los bienes nacionales se encarecen con la diferencia de 8 puntos porcentuales en el impuesto al consumo, esto ocasiona que los empresarios ubicados en la región fronteriza no pueda competir con los bienes y servicios ofrecidos en EUA.

El incremento del 11 por ciento al 16 por ciento del IVA ha producido un efecto social adverso, dividiendo a la población fronteriza en las personas que tienen la posibilidad de ingresar a EUA y los que no poseen visa y por tanto no tienen la opción de consumir en el mercado norteamericano o nacional y forzosamente tienen que resentir los estragos la situación económica actual de la frontera.

Esta distinción es tomada en gran medida por parte de las autoridades migratorias de EUA con base en la posición socioeconómica del solicitante, por lo que las personas con mayor poder adquisitivo, realizan sus compras y pagan impuesto en los estados fronterizos de EUA, por su parte las personas con menor poder adquisitivo que no pueden costear los precios elevados por virtud del aumento al IVA, recurren al comercio informal (que no tributa). Esta fuga de consumidores y aumento del comercio informal está ocasionando desinversión en los estados fronterizos, por lo tanto desempleo, caída de ventas, desahorro y falta de competitividad.

Lo anterior, prueba que la situación actual es regresiva para la recaudación del IVA pues en la iniciativa de reforma fiscal propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto el año pasado, en su exposición de motivos, afirmaba que uno de los propósitos que llevaba dicha reforma era que, mediante la homologación del IVA en el país, habría una mayor recaudación fiscal, lo cierto es que hasta antes de la entrada en vigor de la eliminación del régimen diferenciado, seis de los estados integrantes de la región fronteriza formaban parte de las entidades que más recaudación per cápita a nivel nacional contribuía.1

Todas las cifras y razonamientos que se encuentran en la presente iniciativa dan lugar a demostrar la evidente y notoria necesidad de restablecer la tasa del 11 por ciento en la región fronteriza. No es permisible que a 9 meses de la entrada en vigor de la homologación del IVA se siga afectando a los mexicanos radicados en la frontera. Es inadmisible que se limite el crecimiento de la economía fronteriza que siempre, por su propia dinámica, ha sido de gran productividad; es decir, no se debe inhibir el progreso económico nacional.

Es por ello, que debe impulsarse la competitividad que se encuentra sustentada a nivel constitucional en su artículo 25. No hay que olvidar que el Estado tiene la obligación de velar y garantizar este principio, por lo que la tasa diferenciada es la medida que permite a los fronterizos seguir siendo competitivos ante un mercado que, de seguir con una tasa del IVA al 16 por ciento, terminará por darle un golpe letal a la economía fronteriza.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforman los artículos 1c, fracciones IV, V y VI, y 2A, fracción primera, último párrafo; y se adicionan los artículos 2o. y 5o., último párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 1o. C. ...

...

I. a III. ...

IV. Cuando los adquirentes cobren los documentos pendientes de cobro, ya sea en forma total o parcial, deberán manifestar el monto cobrado respecto del documento correspondiente en el estado de cuenta que emitan, con el cual los cedentes de los documentos deberán determinar el impuesto al valor agregado a su cargo, sin descontar de dicho valor el monto correspondiente al cargo financiero cobrado por el adquirente. Para tales efectos, el impuesto al valor agregado se calculará dividiendo la cantidad manifestada en el estado de cuenta como cobrada por el adquirente entre 1.16 o 1.11, según se trate de documentos que deriven de operaciones afectas a la tasa del 16 por ciento u 11 por ciento, respectivamente. El resultado obtenido se restará a la cantidad manifestada en el estado de cuenta como cobrada y la diferencia será el impuesto al valor agregado causado a cargo del contribuyente que cedió los documentos pendientes de cobro.

V. Cuando hayan transcurrido seis meses a partir de la fecha de exigibilidad del pago de los documentos pendientes de cobro, sin que las cantidades reflejadas en dichos documentos se hayan cobrado por los adquirentes o un tercero directamente al deudor original y no sean exigibles al cedente de los documentos pendientes de cobro, este último considerará causado el impuesto al valor agregado a su cargo, en el primer día del mes siguiente posterior al periodo a que se refiere este párrafo, el cual se calculará dividiendo el monto pagado por el adquirente en la adquisición del documento, sin descontar de dicho valor el monto correspondiente al cargo financiero cobrado por el adquirente, entre 1.16 o 1.11, según se trate de documentos que deriven de operaciones afectas a la tasa del 16 por ciento u 11 por ciento, respectivamente. El resultado obtenido se restará del monto pagado por el adquirente en la adquisición de los citados documentos, sin descontar de dicho valor el monto correspondiente al cargo financiero, y la diferencia será el impuesto al valor agregado a cargo del contribuyente que cedió los documentos pendientes de cobro.

VI. Tratándose de recuperaciones posteriores al sexto mes de la fecha de exigibilidad del pago de los documentos pendientes de cobro a que se refiere la fracción V anterior, de cantidades cuyo monto adicionado de las que se hubieran cobrado con anterioridad correspondientes al mismo documento sea mayor a la suma de las cantidades recibidas por el cedente como pago por la enajenación de los documentos pendientes de cobro, sin descontar el cargo financiero, e incluyendo los anticipos que, en su caso, haya recibido, el adquirente deberá reportar dichas recuperaciones en el estado de cuenta del mes en el que las cobre. El contribuyente calculará el impuesto al valor agregado a su cargo por el total de la cantidad cobrada por el adquirente, dividiendo el valor del cobro efectuado entre 1.16 o 1.11 según se trate de documentos que deriven de operaciones afectas a la tasa del 16 por ciento u 11 por ciento, respectivamente. El resultado obtenido se restará del monto total cobrado y la diferencia será el impuesto al valor agregado a cargo del cedente.

[...]

Artículo 2. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 11 por ciento a los valores que señala esta ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza.

Tratándose de importación, se aplicará la tasa del 11 por ciento siempre que los bienes y servicios sean enajenados o prestados en la mencionada región fronteriza.

Tratándose de la enajenación de inmuebles en la región fronteriza, el impuesto al valor agregado se calculará aplicando al valor que señala esta ley la tasa del 16 por ciento.

Para los efectos de esta ley se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: Al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.

Artículo 2A. ...

I. ...

[...]

Se aplicará la tasa del 16 por ciento o del 11 por ciento, según corresponda, a la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio.

II. ...

[...]

Artículo 5o....

I. a IV. [...]

Cuando el impuesto al valor agregado en la importación se hubiera pagado a la tasa del 11 por ciento, dicho impuesto será acreditable en los términos de este artículo siempre que los bienes o servicios importados sean utilizados o enajenados en la región fronteriza.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del primero de enero de 2015.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el salón de sesiones del honorable Senado de la República, a 14 de octubre de 2014.

Nota

1. Tamaulipas, Nuevo León, Baja California, Quintana Roo, Sonora y Coahuila.

Senadores: Francisco Salvador López Brito, José María Martínez Martínez, Silvia Guadalupe Garza Galván, Rosa Adriana Díaz Lizama, Carlos Mendoza Davis, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Alejandro Encinas Rodríguez, Manuel Bartlett Díaz, Alejandra Barrales Magdaleno, David Monreal Ávila, Fernando Herrera A., José Luis Calderón H., Francisco Domínguez S., Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Cordero, Sonia Mendoza Díaz, Martín Orozco Sandoval, Fernando Yunes Márquez, Adriana Dávila Fernández, Octavio Pedroza, Jorge Lavalle M., Daniel Ávila Ruiz, José Aispuro Torres, Mariana Gómez del Campo, Maki Esther Ortiz Domínguez, María del Pilar Ortega Martínez, Ana Gabriela Guevara, Mónica Arriola Gordillo, Fernando Mayans Canabal, Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Gabriela Cuevas Barron, Raúl García Guzmán, Marcela Torres Peimbert, Martha Palafox Gutiérrez, Héctor Larios, Javier Lozano, Francisco Burquez, Luis Sánchez Jiménez, Luz María Beristáin, Isidro Pedraza Chávez, Dolores Padierna Luna, Benjamín Robles, Zoé Robledo, Laura Rojas (rúbricas).