Proposiciones de urgente u obvia resolución

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por sus dependencias con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones conducentes a deslindar responsabilidades, aplicar sanciones y subsanar el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI y por Enrique Aubry de Castro Palomino, del PVEM
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los instrumentos destinados a crear conciencia, prevenir y alertar a la población sobre la prevalencia de factores epidemiológicos que se acentúan en esta temporada en diversas partes del país, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Quintana Roo a realizar diversas acciones en materia de libertad de expresión, a cargo de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Proposiciones

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a realizar por el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa y en coordinación con el gobierno de Sinaloa las adecuaciones necesarias en las escuelas por las elevadas temperaturas imperantes, a cargo de la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno de Aguascalientes a realizar un diagnóstico de salud pública de Calvillo para conocer la gran incidencia y prevalencia de la enfermedad renal crónica en el municipio, a cargo del diputado Raudel López López, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la SCT que difunda la información del proyecto Tren Interurbano Toluca-México, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y a la SEP a diseñar y ejecutar campañas y programas sobre el cuidado de la salud mental, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Segob a sostener audiencias con las madres en huelga integrantes de la Asociación Civil Nuestras Hijas, de Regreso a Casa, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía manifiesta su profundo rechazo y condena al despliegue de los elementos de la Guardia Nacional de Texas, a cargo del diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa, al Consejo de Salubridad General y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a incluir en el catálogo de enfermedades catastróficas la atención de la insuficiencia renal de quienes carecen de seguridad social, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la titular de la Ssa a difundir las causas del subejercicio presentado en 2013 por el programa Prevención contra la Obesidad, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Función Pública a difundir la información relativa a la utilización de los recursos destinados a Veracruz como parte del programa Habilidades Digitales para Todos, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a corroborar mediante la Conagua el desastre causado por el fenómeno hidrometeorológico ocurrido este 4 de octubre en Ocotlán, Jalisco, a cargo del diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a supervisar el otorgamiento de apoyos a la población afectada por el huracán Odile en Baja California Sur, suscrita por los diputados Francisco Pelayo Covarrubias, Alfredo Zamora García y Arturo de la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a difundir los criterios utilizados para determinar el número de internos reinsertados a la sociedad mediante el programa E904, “Administración del sistema federal penitenciario”, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores a actualizar los respectivos atlas de riesgos, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del PRI

Efemérides

• Con motivo del 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, a cargo de las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña y Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por sus dependencias con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones conducentes a deslindar responsabilidades, aplicar sanciones y subsanar el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI y por Enrique Aubry de Castro Palomino, del PVEM

Los suscritos, diputados federales de Jalisco por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y todas las autoridades competentes de la administración pública federal con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones necesarias a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La laguna de Cajititlán, en Tlajomulco de Zúñiga, cerca del lago de Chapala, tiene 9 kilómetros de longitud y 2 de ancho. Es pequeña, comparada con el lago de Chapala, pero se le considera la laguna de la zona metropolitana de Guadalajara por su majestuosidad y atractivo turístico.

Formada con el agua de lluvia proveniente de las serranías que la rodean, la laguna de Cajititlán es un lugar único y muy especial para los tapatíos y todos los jaliscienses.

Hoy, desgraciadamente, nuestra bella laguna está sufriendo los embates de los cambios climáticos o, peor aún, de posibles actos de negligencias y violencia ambiental.

Según la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, hasta el domingo 31 de agosto se habían extraído más de 30 toneladas de peces muertos. Para el martes ya se contabilizaban más de 50 toneladas.

Debemos reconocer que las autoridades han puesto su empeño para detectar la causa de la muerte de la gran cantidad de peces en la laguna.

Aparentemente se desconoce si es un fenómeno natural o se trata de un evento provocado por conductas perniciosas de ciertos individuos.

La secretaria de Medio Ambiente en Jalisco, Magdalena Ruiz, informó que ya se han enviado brigadas de trabajadores para apoyar a los pescadores locales en la retirada de los peces muertos, así como técnicos para evaluar la situación de las plantas de tratamiento de aguas de la ribera de la laguna.

De acuerdo con el doctor Manuel Guzmán Arroyo, director del Instituto de Limneología de la Universidad de Guadalajara, se trata de un problema provocado por el nivel de agua de la laguna, “que resulta demasiado bajo para cubrir las necesidades de oxígeno de los peces”.

El especialista explicó que “el lago tiene problemas porque le sacan demasiada agua. Una ventisca fuerte puede remover el fondo se levantan los sedimentos, se mezcla y se agota el oxígeno en el agua”.

Otra explicación que se ha dado es que la ausencia de agua suficiente y de oxígeno obedece al riego del valle adyacente y la existencia de un canal de adiestramiento para deportes acuáticos que también extrae agua de la laguna.

Durante estos días, la secretaria de Medio Ambiente de Jalisco ya dio a conocer que estableció un mando único para la atención de la contingencia ambiental. La Profepa y la Comisión Estatal del Agua han tomado importantes medidas de coordinación para que la contingencia ambiental se estabilice de manera positiva, se recupere el equilibrio ecológico de la zona y, desde luego, se subsane en lo posible el daño ambiental ocasionado.

En resumen:

(i) La recurrente crisis ambiental en la laguna de Cajititlán –cuatro periodos de muertes masivas de peces– puede tener su causa en cuestiones cíclicas u ocasionadas por la acción irresponsable del hombre; y

(ii) Ante estos hechos, hay instancias gubernamentales competentes para investigar el hecho y las formas de resarcir el daño ocasionado, buscando a su vez a los responsables y sancionándolo conforme a las leyes que nos hemos dado.

Nuestra posición como diputados al Congreso de la Unión es coadyuvar con las autoridades locales para resolver, de acuerdo con nuestras atribuciones, los problemas que pudiesen afectar a nuestros representados.

Hoy, las niñas, los niños, las mujeres y los hombres de Jalisco están sufriendo una afectación ambiental que merece toda la atención, tanto de las autoridades locales como federales. Merece que nos dispongamos a revisar las leyes en materia ambiental, tanto por lo que toca al Congreso de Jalisco, como lo que corresponde al Congreso de la Unión. Deben provocar toda nuestra atención y, desde luego, la coordinación de todas las autoridades competentes al efecto de deslindar responsabilidades, encontrar y sancionar a los culpables y, más importante aún, lograr reestablecer el equilibrio ecológico en la zona afectada y prevenir nuevas afectaciones.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a colaborar por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y todas las autoridades competentes de la administración pública federal con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones necesarias a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2014.

Diputados: Abel Salgado Peña (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica), Leonardo Alcalá Padilla (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro, Marco Antonio Barba Mariscal, Sergio Armando Chávez Dávalos, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los instrumentos destinados a crear conciencia, prevenir y alertar a la población sobre la prevalencia de factores epidemiológicos que se acentúan en esta temporada en diversas partes del país, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, Rubén Benjamín Félix Hays, diputado de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, respetuosamente somete a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a la salud, en su máxima expresión y alcance, fue consagrado por primera vez en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS)1 de 1946, al señalarse que ““...el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión ideología política o condición económica o social...”.

Desde entonces, este derecho humano se ha expresado en la Declaración Universal (artículo 25) y Americana (artículo 11) de Derechos Humanos en 1948; afianzado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y reiterado en la Declaración de Alma-Ata de 1978 y en la Declaración Mundial de la Salud de 1998.

En tal sentido, el acceso a los bienes, servicios y oportunidades destinados a satisfacer las necesidades de salud es un derecho humano fundamental y es la clave para que las personas puedan disfrutar de otros derechos humanos fundamentales.

Indudablemente, en México se ha avanzado sustantivamente en la construcción de una cultura de derechos humanos, misma que ha comprendido procesos de armonización legislativa con los más altos estándares internacionales, de fortalecimiento institucional e instrumentación de políticas públicas específicas en la materia.

A nivel constitucional y en sus leyes secundarias, la protección y acceso pleno al derecho a la salud de las y los mexicanos está garantizado y existe una muy amplia cobertura de servicios de salud para la población que lo necesita.

No obstante estos avances, es menester que el Estado mexicano redoble esfuerzos en aquellas áreas que puedan, por la naturaleza de sus elementos y factores, generar mayor susceptibilidad y riesgos entre la población del país, de tal manera que se salvaguarde la plena vigencia de derecho humano a la salud, atendiendo prioridades de orden local y nacional.

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a todos los países ser capaces de detectar, comprobar rápidamente y responder de forma adecuada a las amenazas de enfermedades emergentes y con tendencia a producir epidemias, a fin de reducir al mínimo su impacto en la salud y la economía de la población local y mundial.

Consistente con esta recomendación, la OMS mantiene un sistema de vigilancia epidemiológica que da seguimiento a la evolución de enfermedades infecciosas en el mundo, alertando cuando es necesario, compartiendo conocimientos técnicos, y articulando las respuestas necesarias para proteger a las poblaciones de las consecuencias de las epidemias, cualquiera que sea su origen y dondequiera que se declaren.

De manera correspondiente, en el país contamos con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) el cual ha demostrado su eficacia en la materia, al alertar con prontitud y de manera sumamente responsable una de las mayores contingencias sanitarias que haya ocurrido en el país en los últimos años.

Entre marzo y abril de 2009, cuando el entonces Sistema de Vigilancia Epidemiológica identificó el virus que se denominó como Influenza A (H1N1), se pusieron en marcha diversas acciones en materia de salubridad a fin de controlar la epidemia, prevenir nuevos contagios y combatir el virus existente; asimismo, se pusieron en marcha campañas oportunas de vacunación e información.

Por las acciones realizadas durante dicha contingencia, México recibió amplio reconocimiento a nivel internacional: en la 62ª Asamblea Mundial de la Salud, efectuada del 18 al 22 de mayo de 2009, en Ginebra, Suiza, el país fue calificado como ejemplo de cooperación internacional y durante la 49ª Reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), celebrada del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2009, en Washington, D.C., se otorgó un reconocimiento al trabajo del Gobierno mexicano por su labor frente a la contingencia epidemiológica, destacando la transparencia que se tuvo en el manejo de información.

La situación epidemiológica mundial y regional nos obliga a retomar la pasada experiencia y ser muy responsables en la vigilancia y monitoreo que se realice a los factores epidemiológicos internacionales, además de estar alerta a los del orden nacional.

Basta recordar que la alerta sobre el brote de enfermedad por el virus del ébola del pasado 30 de agosto del año en curso en Senegal transitó a la generación de una alerta regional para África Occidental en menos de una semana (4 de septiembre de 2014), coincidiendo con el reporte de dos casos de infección humana por virus de la gripe aviar A(H7N9) en la República Popular de China, confirmada mediante pruebas de laboratorio.

En el caso de China, su gobierno, atendiendo protocolos sanitarios internacionales, tomó las siguientes medidas de vigilancia y control:

a) fortalecimiento de la vigilancia y el análisis de la situación;

b) fortalecimiento de la atención clínica y el tratamiento médico;

c) comunicación pública del riesgo y difusión de información.

En el caso del ébola, según la OMS en uno de sus últimos comunicados, su brote en el África Occidental es el peor en la historia. El número de muertes por el virus asciende a más de 3 mil y el número de casos de personas infectadas alcanzó ya los 6,553.

Esta enfermedad se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, debilidad intensa, mialgias, cefalea y odinofagia, seguido de vómitos, diarrea, conjuntivitis, erupciones cutáneas, disfunción renal, hepática y en algunos casos, sangrado gastrointestinal y coagulación intravascular diseminada.

Dada la cobertura mediática que ha tenido en los últimos días hemos tenido conocimiento de su ingreso al continente americano, específicamente mediante un caso comprobado de un paciente en el estado de Texas, en los Estados Unidos de América.

La primera persona en ser diagnosticada con ébola en territorio estadounidense acudió a una sala de emergencias la última semana del mes de septiembre pasado, pero no fue internado por el personal del hospital a pesar de que indicó que había viajado a Liberia.

Tal razón obedeció a que basados en sus síntomas, los médicos tratantes indicaron que no había razón para internarlo cuando se presentó por primera ocasión en la sala de emergencias, el pasado jueves 25 de septiembre por la noche.

Tres días después, el hombre regresó al centro médico, en donde se determinó que probablemente tenía ébola. Fue en ese momento que se decidió aislarlo.

En una reunión de alto nivel, convocada por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, el mandatario estadunidense, Barack Obama, urgió al mundo a convertir en una “prioridad” la lucha contra el brote de ébola en África Occidental y advirtió que puede causar una “catástrofe humanitaria” en la región y es una “creciente amenaza a la seguridad global”.

Por su cobertura mediática, como advertíamos líneas arriba, y la falta de información y estrategias de comunicación oficial entre la población, el ébola ya ha caudado confusión y alerta en el país.

La llegada, el pasado 1 de octubre del año en curso, de un paciente africano de origen ghanés, al Hospital General Doctora María del Socorro Quiroga Aguilar, en Ciudad del Carmen Campeche, con síntomas similares al virus del ébola, generó pánico entre el personal que ahí labora y familiares de los pacientes que se encontraban en el área de urgencias.

La Secretaría de Salud del estado de Campeche, ese día informó del ingreso al citado hospital de un paciente de origen ghanés con un cuadro clínico que corresponde a un síndrome febril, sin asociación epidemiológica con el virus del ébola.

En el reporte se lee que el paciente masculino, de 52 años de edad, se encuentra aislado, como marca el protocolo ante cualquier cuadro clínico de este tipo. Asimismo, se realizan estudios de laboratorio para descartar enfermedades infecciosas, tales como dengue, chikungunya, paludismo, leptospira, toxoplasma, rubeola y citomegalovirus.

Un día antes, el pasado martes 30 de septiembre, la Secretaria de Salud federal, la Médico Cirujano Mercedes Juan López, afirmó, en el marco de su participación en la 53a reunión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Washington, D.C., que el país tiene los recursos necesarios para el diagnóstico y manejo de cualquier sospecha de ébola.

Se ha indicado que México es considerada una nación de muy bajo riesgo dada la localización geográfica y el escaso flujo migratorio del país con la zona de riesgo; no obstante, a las personas que abordan aviones en la zona del brote se les revisa si sufren fiebre, pero los síntomas pueden comenzar hasta 21 días después de la exposición.

El ébola no es contagioso hasta que comienzan los síntomas, y se necesita un estrecho contacto con los fluidos corporales de un enfermo para que se propague.

De ahí la importancia de que se difunda, de manera clara, pertinente y oportuna la información sobre los efectos, síntomas y acciones a seguir en casos infecciosos como el ébola.

Sin embargo, a nivel local, en el país tenemos otros casos altamente epidemiológicos que atender.

Mientras que la posibilidad de que el virus del ébola llegue es extremadamente remota, es un hecho que el chikungunya 2 llegará al país.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal, doctor Pablo Kuri, indicó desde el pasado mes de agosto a un medio de comunicación nacional que “...hay un caso importado, es decir, no se contagió aquí, se contagió en las islas del Caribe, pero como tenemos el vector y hay mucho tránsito entre mexicanos a la zona donde hay casos seguramente va a llegar, la pregunta es ¿cuándo y dónde?, no sabemos, pero hay que estar atentos para cuando llegue”.3

En la misma entrevisto dejó ver que se desconocen los alcances que podría tener el brote una vez que el virus comience a circular, por lo que recomendó tomar las medidas preventivas para evitar la proliferación del mosquito transmisor.

Las personas contagiadas de chikungunya presentan fiebre, dolores articulares, dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas, según la Organización Mundial de la Salud.

La enfermedad puede presentarse entre tres y siete días después de la picadura del mosquito infestado, y las manifestaciones clínicas pueden durar entre dos y 12 días.

Clínicamente es difícil su diferenciación con dengue, sin embargo en la infección por virus chikungunya el dolor es mucho más intenso y localizado en las articulaciones y tendones, y en algunos casos pude ser incapacitante. Se debe distinguir chikungunya del dengue, que puede tener una evolución más tórpida, ocasionando inclusive la muerte.

No existe ningún antivírico específico para tratar la fiebre chikungunya; e l tratamiento consiste principalmente en aliviar los síntomas, entre ellos el dolor articular, con antipiréticos, analgésicos óptimos y líquidos. No hay comercializada ninguna vacuna contra el virus chikungunya.

Aunque la afección llamada chikungunya generalmente no es fatal, la epidemia ha rebasado la capacidad de atención de los hospitales y mermado la productividad económica de varios países de Sudamérica y el Caribe y se ha manifestado con notables efectos en Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela y con mucha proximidad en El Salvador, Nicaragua, Belice y Guatemala.

La República Dominicana es el país más afectado por el virus debido a que tiene la mitad de los casos en el continente americano; según la Organización Panamericana de la Salud, el chikungunya se ha propagado a mínimo 24 países y territorios en el hemisferio occidental desde que se registró el primer caso, a finales del 2013, en la parte francesa de la isla caribeña de San Martín, contabilizándose hasta el pasado mes de mayo de 2014, más de 4 mil 500 infectados en el continente Americano.

Por otro lado, el escenario reportado sobre una enfermedad epidemiológica en los últimos Informes Epidemiológicos semanales por la Dirección de Información Epidemiológica, dependiente de la Secretaría de Salud, llama poderosamente la atención del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Nos referimos en caso concreto con el avance y daños que está generando la fiebre hemorrágica por dengue en el país, hasta el pasado 29 de septiembre de 2014.

Si bien los reportes confirman un descenso de los registros en el 2014, respecto del año precedente, en un 64 por ciento de los casos estimados y del 55 por ciento de los confirmados, es notorio el incremento y tendencia de casos confirmados, por cada 100 mil habitantes, en entidades como Baja California Sur (204.58), Colima (74.17), Sinaloa (53.81), Campeche (41.49) y Oaxaca (36.43).

La estadística anterior nos permite dimensionar el problema; sin embargo, atendiendo la información sobre el número de personas registradas por casos confirmados de dengue, el panorama es sumamente desalentador.

5 entidades del país acumulan el 50%: Veracruz, con 2 mil 160 personas; Sinaloa, con 1,591; Baja California Sur, con 1 mil 519; Oaxaca, registra 1,452 y Guerrero 1 mil 286 . Conviene recordar que los datos anteriores pueden ser mayores, pues derivan de la confirmación de casos probables, después de practicados diversos análisis de laboratorio

En el país, en lo que va del año, se han registrado 16,092 casos confirmados de personas afectadas por el virus del dengue y se encuentran bajo análisis otros 24,959 más; sin embargo, en cinco entidades, el incremento porcentual en las últimas cinco semanas ha rebasado al 50%.

Así, estados como Veracruz, con 2,160 casos (78.7 por ciento); Sinaloa, con 1,591 (57.2 por ciento); los 1,519 de Baja California (164.2 por ciento), así como los 1,452 enfermos de Oaxaca (59.2 por ciento) y los 549 registrados en Morelos (61.0 por ciento) nos deben de movilizar a la acción, urgiendo que las autoridades sanitarias actúen con prontitud ante este mal que es sustancialmente prevenible, mediante acciones concretas, probadas y coordinadas entre el nivel Federal, estatal y municipal.

Ya van 22 decesos en este 2014 y aunque la tendencia sea menor que los 40 fallecimientos registrados en el 2013, la letalidad es 28.2 por ciento mayor que la registrada el año pasado; si se previene y se actúa oportunamente, no deberemos lamentar un fallecimiento más.

Es importante recalcar que aunado a una efectiva política pública en materia sanitaria que contribuya con acciones concretas a prevenir y reducir los daños que el virus del dengue llegase a ocasionar en la salud de las y los mexicanos, también debe prevalecer una absoluta transparencia en el manejo de la información, además de que esta debe ser suministrada a la ciudadanía de manera oportuna.

El dengue históricamente en el país, ha presentado una tendencia de mayor incidencia entre los meses de julio a octubre, coincidiendo con la temporada de lluvias y las condicionantes que propician su proliferación.

No obstante la preparación y capacidad probada de las instituciones del sector salud sobre la detección, tratamiento y medidas preventivas, entidades como Baja California Sur, Sonora y Sinaloa presentan un mayor grado de alerta por las condiciones de salubridad en que quedaron después del paso de Odile por esa región, al grado que la incidencia fue la mayor del país en Baja California Sur, alcanzando 327.95 por cada 100 mil habitantes.

En Nueva Alianza coincidimos en que el derecho a la salud debe ser visto como el derecho a un sistema de salud efectivo e integrado , que abarque la asistencia médica y los determinantes subyacentes de salud, que responda a las prioridades locales y nacionales , y que esté al acceso de todos; por ello, las instituciones responsables de la salud de millones de mexicanos debe brindar información más precisa sobre aquellos padecimientos que por su impacto en la salud pública requieren de una vigilancia estrecha y la difusión oportuna de información.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que fortalezca los mecanismos, protocolos e instrumentos implementados para la vigilancia epidemiológica en el país, de tal manera que ante la presencia de un agente epidemiológico relevante, las instituciones del Sector Salud respondan con pertinencia y eficacia a las contingencias sanitarias que se presenten a lo largo del país.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades, dicte las medidas necesarias a efecto de que en los medios masivos de comunicación informe a la ciudadanía sobre la sintomatología más relevante del ébola y con ello, coadyuve a la proliferación de un clima social sano, responsable y ordenado, evitando desinformación y psicosis social.

Tercero. Finalmente, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal y a las instituciones de salud estatal para que refuercen la vigilancia epidemiológica, la atención médica y las medidas preventivas ante los incrementos focalizados del dengue en el país, principalmente en los estados de Baja California Sur, Colima y Sinaloa que tienen un mayor registro de casos de dengue hemorrágico.

Notas

1 Documentos Básicos, 43ª edición. Organización Mundial de la Salud, Ginebra 2001. La Constitución fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional de 1946.

2 La palabra chikungunya proviene de la lengua makonde de Tanzania, en el este de África, y podría traducirse como “lo que dobla”, en referencia al severo dolor en las articulaciones que hace que los enfermos se contorsionen.

3 Preocupa más chikungunya que el ébola, Laura Toribio. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/06/974750

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2014.

Diputado Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Quintana Roo a realizar diversas acciones en materia de libertad de expresión, a cargo de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción II del numeral 1, y numeral 2 todos del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Las condiciones democráticas del México de hoy exigen, sin duda alguna y sin reparo, de las garantías por parte del estado a la libre expresión y manifestación de las ideas. Pero también, debe ser parte sustancial de una nueva cultura política la responsabilidad de hablar con la verdad, de propiciar ambientes de mayor respeto en la búsqueda del fortalecimiento de la democracia y de las instituciones que la sustentan.

Lamentablemente hoy existen en nuestro sistema político voces y actitudes irresponsables; unas escudadas en su fuero constitucional, en el ejercicio del poder, y otras que utilizan su capacidad de influencia mediática para, escudados en la libertad de expresión, hacer señalamientos infundados con el fin de dañar a las personas, a los adversarios políticos y a las instituciones del Estado mexicano.

Acción Nacional quiere apelar a la responsabilidad de quienes tienen el mandato constitucional de servir al pueblo y no de servirse de él. Apelamos a la responsabilidad de quienes ostentan un encargo público; responsabilidad para consolidar nuestra democracia, para hacer de la palabra un instrumento para la búsqueda de la verdad. Responsabilidad por parte de los actores políticos para edificar un México diferente, donde las insinuaciones o especulaciones no priven como verdades absolutas, donde se construyan nuevos ambientes de diálogo en pro de la patria y no en detrimento de la sociedad.

Y nos referimos a las acciones que ha llevado a cabo en últimas fechas el gobernador del estado de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo. Basta citar dos casos que atentan profundamente en contra de la libertad de expresión.

Los acontecimientos señalados por la revista Luces del siglo , en Quintana Roo, la cual ha denunciado que han sido víctimas de “robos dirigidos, persecuciones, agresiones contra reporteros y reporteras y repartidores del semanario”, y que a las opiniones disidentes y opositores se les somete a un régimen de terrorismo político-fiscal, por el simple hecho de atreverse a criticar o disentir de lo que piense el gobernador.

La estrategia para coartar, someter y acallar las opiniones críticas a su administración es la de fabricar campañas de desprestigio, así lo afirman los directivos de esa revista, que aseguran, ha sido objeto del trabajo sucio ejecutado durante un mes por parte del periódico Respuesta con fotomontajes y caricaturas grotescas de miembros del semanario, acompañadas con información dolosa, afirman los miembros de Luces del siglo , que son acusados de extorsionadores, defraudadores y vendedores de droga, los ejemplares de Respuesta fueron distribuidos en las colonias, zonas habitacionales del entorno laboral para desprestigiar a los directivos de Luces del siglo .

Esta estrategia gubernamental de ataque a las opiniones críticas ha incluida la clonación del semanario en 40 ediciones digitales y 8 impresas. En los ejemplares se sustituye el contenido real de la publicación, la cual es de crítica al gobierno del estado, con boletines y noticias que favorecen a la administración estatal; además de artículos para descalificar a los opositores del Ejecutivo estatal.

La situación es tan grave que el juez cuarto de distrito de Quintana Roo, Ricardo de Jesús Vázquez Carballido, al otorgar una suspensión provisional de amparo, ha ordenado al gobernador Borge Angulo abstenerse de elaborar y difundir las portadas y ejemplares falsos de la revista, a rendir un informe donde aclare “si son o no ciertos los actos que se le atribuyen, pudiendo agregar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión”, así también se ordena por el juez que “cese la transmisión de mensajes difamatorios, denostativos o acusatorios” en contra del medio.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido la siguiente jurisprudencia:

“Libertad de expresión y derecho a la información. Concepto de interés público de las expresiones, informaciones, ideas y opiniones sobre funcionarios y candidatos.

La jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que las expresiones e informaciones atinentes a los funcionarios públicos, a particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos, y a candidatos a ocupar cargos públicos, gozan de un mayor grado de protección. Tales personas, en razón de la naturaleza pública de las funciones que cumplen, están sujetas a un tipo diferente de protección de su reputación o de su honra frente a las demás personas, y correlativamente, deben tener un umbral mayor de tolerancia ante la crítica. Ahora bien, a fin de determinar si cierta expresión sobre algún funcionario o candidato a ocupar un cargo público tiene relevancia pública no se requiere que un determinado porcentaje de la población concentre su atención en la controversia o que los líderes de opinión se refieran a ella, pues el mero hecho de que la expresión esté relacionada con el control ciudadano sobre su desempeño hace la información relevante.

Amparo directo en revisión 3123/2013. María Eugenia Olavarría Patiño. 7 de febrero de 2014. Cinco votos de los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de abril de 2014 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la Federación.”

Como podemos observar, estas denostaciones y calumnias por medio de supuestas publicaciones periodísticas, no se limitan al periodismo crítico. Incluyen también a partidos políticos y a representantes populares. El pasquín Razón QR , elaborado desde las oficinas gubernamentales en donde no se incluye responsable de la publicación o redactor de las notas, no sólo realiza el culto a la personalidad del gobernador Roberto Borge Angulo, sino además fomenta la guerra sucia rebajando el debate político con notas que rayan en la vulgaridad, la misoginia y en la violación de las leyes.

Acción Nacional siempre, como lo ha hecho hasta ahora, defenderá la libertad de expresión de todos los ciudadanos, bajo el entendido de que es la única forma en que se pueden construir nuevos ambientes en la convivencia pública. La libertad de expresión debe ser ejercida no sólo como un derecho, sino como una virtud democrática. Cuando se restringe la libertad de expresión, por el motivo que sea, se deteriora el orden y el respeto, y eso es algo que la sociedad mexicana no puede permitirse. Es necesario que el Estado mexicano proteja a como dé lugar esa libertad que tanto esfuerzo y lucha ha costado a los mexicanos.

Y también queremos que todos los esfuerzos que desde el Poder Legislativo se han hecho para proteger la seguridad, la integridad y la dignidad de las mujeres sea una realidad en todos y cada uno de los rincones del país. Por ello evitar la violencia en cualquiera de sus tipos y modalidades contra ellas es un imperativo, además para los tres órdenes de gobierno.

Nuestra norma fundamental es clara en señalar la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas y cada una de las y los mexicanos, y específicamente en el tema de violencia contra las mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la obligación de los gobiernos federal, local y municipal, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Por tanto, es nuestra obligación que desde este Congreso de la Unión se promueva la protección y respeto del derecho de las mujeres a vivir con paz, con tranquilidad y a garantizarles el pleno respeto a su dignidad humana.

En otro criterio de la Suprema Corte de Justica de la Nación encontramos que:

“Daño al patrimonio moral de las personas. Se puede causar con notas periodísticas que sobrepasan los límites del libre ejercicio del periodismo, el derecho a la información y la libertad de expresión, al no tener la intención de hacer del conocimiento un hecho de interés general, ni sirven a las personas para la toma de decisiones que enriquezcan la convivencia o participación democrática (Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal).

Atendiendo a lo previsto por el artículo 1 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha diecinueve de mayo de dos mil seis, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, su objeto o finalidad es regular el daño al patrimonio moral de personajes de la vida nacional o servidores públicos, derivado exclusivamente del abuso del derecho a la información o de libertad de expresión. Por consiguiente, la responsabilidad civil por daño al patrimonio moral de las personas que se reclame al amparo de la referida ley debe, necesariamente, tener su origen en la utilización de medios informativos, a través de los cuales se ejerza tal libertad de expresión. Ahora bien, conforme a la citada ley, se considera que la información que den los periodistas debe ser de interés público y no debe sobrepasar ciertos límites, esto es, no debe ir en contra de la reputación de persona alguna, aun y cuando ésta sea un personaje de la vida nacional o bien un servidor público , pues el derecho de información no debe ser totalitario, sino que debe tener como sustento dos condiciones, a saber: que esa información sea de interés general o en beneficio de la sociedad democrática. Ello en virtud de que la finalidad de una nota periodística es informar al público en general sobre hechos de interés general. En consecuencia, las expresiones denostatorias que se realicen en un medio informativo en contra de determinada persona sin ese propósito, es decir, que no conllevan la finalidad de informar, sino sólo el de dirimir conflictos personales entre el autor de la nota periodística y la persona a la que se hace referencia en la misma, se deben considerar como insultantes, vejatorias e innecesarias en el ejercicio de la libertad de expresión, porque sobrepasan los límites de libre ejercicio del periodismo, el derecho a la información y la libertad de expresión, al no tener la intención de hacer del conocimiento un hecho de interés general, ni sirven a las personas para la toma de decisiones que enriquezcan la convivencia o participación democrática.

Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Amparo directo 474/2010. Miguel Lerma Candelaria. 28 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Concepción Alonso Flores. Secretaria: Laura Ivón Nájera Flores.”

En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados, lamentamos que la democracia, que tanto trabajo ha costado consolidar a nivel nacional, no sea una práctica común a nivel local. Es inaudito que haya entidades como Quintana Roo, donde los derechos humanos y las libertades ciudadanas sean vulnerados de forma tan evidente y que el oprobio se haya convertido en lo habitual y cotidiano.

Pero más grave es que estas acciones sean dirigidas en contra de mujeres quintanarroenses que por su actividad política o periodística, se vean inmiscuidas en publicaciones denostativas, que dañan su imagen pública, su integridad moral y que de alguna u otra manera, forman opinión pública negativa en su contra.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución.

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo de Quintana Roo, licenciado Roberto Borge Angulo, a respetar los derechos humanos e implementar las acciones necesarias que permitan el correcto ejercicio de la libertad de expresión en los medios de comunicación, vigilar su estricto cumplimiento, así como a acatar la resolución del juez cuarto de distrito de Quintana Roo, Ricardo de Jesús Vázquez Carballido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2014.

Diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica)

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a realizar por el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa y en coordinación con el gobierno de Sinaloa las adecuaciones necesarias en las escuelas por las elevadas temperaturas imperantes, a cargo de la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Francisca Elena Corrales Corrales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, de los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno.

Exposición de Motivos

El cambio climático es una alteración de las características ambientales y su variabilidad en el clima promedio que se presenta en una región por lo que puede implicar tanto condiciones de calentamiento como de enfriamiento1

De acuerdo con pronósticos hechos por el Instituto Nacional de Ecología (INE) sobre las futuras condiciones climáticas para Sinaloa Para el año 2020 el calor aumentará entre 0.5 y 1 grado centígrado y las precipitaciones o lluvias variarán entre más menos 10 por ciento. Para el año 2050 el comportamiento será de un aumento de temperatura de 1.5 y 2.5 grados centígrados con precipitaciones de más menos 20 grados centígrados. Y finalmente para el año 2080 el calor subirá entre 2 y 4 grados centígrados con precipitaciones de menos 5 a menos 30 por ciento.

En pocas palabras a medida que pase el tiempo subirá el calor y habrá menos lluvias registradas en el estado2 lo que hará prácticamente imposible la asistencia de los estudiantes a las aulas si las condiciones de infraestructura educativa siguen sin ser atendidas.

La reforma educativa está estructurada para buscar el mejoramiento constante y el máximo logro educativo de los estudiantes. Con esta Reforma se desea garantizar una eficaz organización escolar, mejores docentes y directivos pero sin dejar de lado la gran necesidad de mejorar las condiciones de infraestructura educativa nacional,3 para elevar la calidad de la educación en un marco de inclusión, equidad y diversidad.

En el estado de Sinaloa participamos activamente en la reforma constitucional y en la armonización de las leyes secundarias respectivas y se realizaron las acciones conducentes para coadyuvar en los cambios educativos que el país y el Gobierno de la República requerían para lograr los objetivos propuestos.

Lamentablemente Sinaloa tiene la particularidad de padecer una problemática que no ha sido dimensionada en su real magnitud y que se ha convertido en una condicionante importante en el proceso educativo: las temperaturas extremas cada vez más agudizadas por los cambios climáticos, que llegan a estar por períodos de tiempo sostenidos por encima de los 40 grados, lo cual está afectando de sobremanera los objetivos de la calidad de la educación al incidir adversamente en la capacidad de impartición de la enseñanza y en el aprovechamiento escolar de docentes y alumnos respectivamente, a grado tal que las autoridades competentes han tenido que tomar medidas contundentes desde suspender todo acto escolar como homenajes cívicos, reuniones y festivales que se realicen fuera de locales refrigerados, hasta la suspensión de clases adelantando con una estrategia intensiva el término del ciclo escolar 2013-2014 por 15 días.4

La protesta social no se ha hecho esperar y no tiene precedentes el número cada vez más grande de comunidades escolares que se movilizan en acciones de protestas exigiendo soluciones para mitigar los estragos de las altas temperaturas en las aulas lo que está afectando directamente al buen desempeño del cuerpo docente y del alumnado. Los principales reclamos de la población son la falta de subestaciones para la introducción de aires acondicionados y la habilitación de redes eléctricas ya que para las intensas temperaturas de hasta 53 grados Celsius que se registran en Sinaloa el aire acondicionado no es un lujo. El Gobierno estatal y los ayuntamientos financiaron el programa de adquisición de los equipos por lo que se cuenta con más de 4 mil 500 equipos de aire acondicionado para escuelas de educación básica de los cuales lamentablemente sólo se utilizan 1000 ya que las escuelas requieren de instalación eléctrica extra que soporte el consumo, y al no contar con ella, no pueden utilizar el equipo5

La ley de infraestructura Física Educativa tiene como objetivo regular la infraestructura física educativa al servicio del sistema educativo nacional estableciendo los lineamientos generales para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio del sistema educativo nacional y la creación de mecanismos que permitan prevenir y dar respuesta a las contingencias derivadas de desastres naturales en la infraestructura física educativa nacional.6

Asimismo, manifiesta en artículo 7 que la infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad y sustentabilidad.

Por ello es urgente mejorar las instalaciones y equipar con la infraestructura necesaria a los inmuebles de las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria y educación especial para mitigar los estragos que sufren los alumnos ante las muy elevadas temperaturas en Sinaloa.

El cambio climático ya está repercutiendo en diversos sectores de nuestra sociedad: repercusiones económicas, sociales y este caso educativas por lo que al ser un tema de interés general resulta impostergable atenuar en la medida de lo posible el alto impacto que está ocasionando en las aulas afectando directamente el desempeño de los profesores y el alumnado del Estado de Sinaloa.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía el siguiente resolutivo:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que a través del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa y en coordinación con el gobierno de Sinaloa realicen las adecuaciones necesarias a las escuelas públicas, con el fin de mejorar su infraestructura y con ello combatir las altas temperaturas registradas en el estado.

Notas

1 http://www.debate.com.mx/eldebate/noticias/columnas.asp?IdArt=12970495&IdCat=17162

2 http://www.debate.com.mx/eldebate/noticias/columnas.asp?IdArt=12970495&IdCat=17162

3 http://www.excelsior.com.mx/topico/reforma-educativa

4 http://www.debate.com.mx/eldebate/noticias/default.asp?IdArt=14463681&IdCat=6098

5 http://www.sdpnoticias.com/estados/2014/07/09/53-grados-y-el-aire-acond icionado-solo-esta-de-adorno-en-escuelas-de-sinaloa

6 Artículo 2 párrafo I y IV de la Ley de Infraestructura Física Educativa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2014.

Diputada Francisca Elena Corrales Corrales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno de Aguascalientes a realizar un diagnóstico de salud pública de Calvillo para conocer la gran incidencia y prevalencia de la enfermedad renal crónica en el municipio, a cargo del diputado Raudel López López, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Raudel López López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones I del numeral 1 del artículo 6 y II del numeral 1 y numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 4o., párrafo tercero, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y esta misión depende del Estado, en este caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene un mandato legal para ser el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional, para todos los mexicanos. Es decir, el aumento en la cobertura de la población se persigue como un mandato constitucional, con un sentido social.

El artículo 2 de la Ley del Seguro Social establece que la seguridad social tiene la finalidad de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, y será garantizado por el Estado. El instituto proporciona a los derechohabientes una gama de seguros que permita cumplir lo establecido en la ley y, sobre todo, brindar tranquilidad y estabilidad a los trabajadores y sus familias ante cualquier enfermedad.

Sin embargo, pese al enorme esfuerzo realizado por las dependencias hay casos que merecen de todo un estudio muy detallado.

Tal es el caso de la insuficiencia renal crónica, una enfermedad que es irreversible en los riñones en la que el organismo pierde la capacidad de filtrar las sustancias tóxicas de la sangre. Las personas que la sufren requieren tratamiento de sustitución de la función renal (diálisis o trasplanté) para conservar la vida.

Se ha percibido desde hace años un incremento al índice de casos de insuficiencia renal crónica en niños provenientes de Calvillo, municipio del estado de Aguascalientes, por lo que se decidió investigar la prevalencia y las características de la enfermedad renal en este municipio.

Desde hace algunos años, un grupo interinstitucional de especialistas de diversas instituciones médicas y de investigación trabaja de manera conjunta en la identificación del problema que ha propiciado la elevada prevalencia de padecimientos renales entre los habitantes del municipio de Calvillo.

Sin embargo, el grupo multidisciplinario no han dado con el origen de ese padecimiento, pese a una serie de investigaciones sobre la prevalencia de la enfermedad renal crónica entre los habitantes de Calvillo, ya que se espera que esta investigación y sus consecuentes resultados permitan iniciar una serie de acciones en torno a la causalidad, prevalencia, prevención oportuna y tratamiento de la incidencia renal elevada que se registra sobre todo entre los habitantes de mi municipio, pero que también afecta a personas de otras zonas del estado e incluso de las entidades de la región.

Soy originario de este municipio, y conozco de cerca el drama que viven no sólo los pacientes sino, también, sus familias al enfrentarse a esta enfermedad. Este desgaste se podría si no subsanar, sí ayudar para dar con los causantes.

Los pacientes con insuficiencia renal deben sobreponerse a condiciones muy adversas. No olvidemos que además de las molestias físicas y del drama emocional que supone padecerla, estas personas deben hacer frente a muchos obstáculos sociales tales como: la posibilidad de perder su trabajo; ser estigmatizados como personas obsoletas e incapaces de reintegrarse a alguna actividad productiva; sufrir una continua tensión familiar; y sobre todo luchar contra el miedo y la incertidumbre de un pronóstico perennemente reservado.

Esto, sin olvidar que su economía y patrimonio se ven totalmente afectados, y en muchos de los casos se pierde por el largo proceso de esta enfermedad, ya que afrontarla, significa un largo proceso y tratamiento largos, que muchas de las veces deja sin respaldo económico a los afectados.

El camino y la lucha contra la insuficiencia renal crónica han sido sinuosos, y el país ha ido respondiendo a las exigencias de estos pacientes.

La situación que viven los pacientes con insuficiencia renal crónica requiere toda nuestra atención y dirigir esfuerzos en aras de mejorar las condiciones de estas personas.

Con el propósito que contar con un estudio actual para saber los padecimientos en enfermedades renales en Calvillo, Aguascalientes, para su análisis y en consecuencia las acciones pertinentes por el estado, se realiza este exhorto, que no es más que un compromiso que tenemos los legisladores en velar por la salud de los ciudadanos.

Como legisladores, tenemos un compromiso ético con los grupos más vulnerables de la sociedad, debemos allanar el camino de los pacientes con enfermedad renal crónica para devolver certeza y garantizar condiciones de bienestar para quienes lamentablemente padecen esta enfermedad.

Por lo fundado y expuesto me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de los Ejecutivos federal, a través de la Secretaría de Salud, y de Aguascalientes a realizar un diagnóstico en salud pública de Calvillo para conocer la problemática actual de las altas tasas de incidencia y prevalencia de la enfermedad renal crónica en el municipio, a fin de que se realicen las acciones pertinentes en el ámbito de sus competencias.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 9 de octubre de 2014.

Diputado Raudel López López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la SCT que difunda la información del proyecto Tren Interurbano Toluca-México, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD

Fernando Zárate Salgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que haga pública la información detallada relativa al proyecto Tren Interurbano Toluca-México, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

En febrero pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presentó el proyecto Tren Interurbano Toluca-México. Éste constituye una de las más ambiciosas obras de infraestructura que unirá a la zona metropolitana de la Ciudad de México con la de Toluca. Contará a su finalización con poco más de 57 kilómetros de longitud y dará servicio a más de 270 mil pasajeros en ambos sentidos por día.

Debido a la trascendencia de la obra, en mi carácter de representante de los ciudadanos de la delegación Álvaro Obregón, he solicitado en diversas ocasiones la celebración de una reunión de trabajo con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, la que no se ha llevado a cabo por razones ajenas a nuestra voluntad.

Hemos acudido a diversas instancias tanto federales como locales para solicitar la información correspondiente, sin embargo, únicamente se nos ha proporcionado de manera parcial, incompleta y sesgada, de tal manera que lo único que se ha provocado es el malestar de los vecinos.

Resulta imprescindible que, dada la magnitud de esta obra, la ciudadanía se encuentre informada para garantizar la certeza jurídica respecto a las afectaciones que pudieran presentarse. No obstante, ni las autoridades delegacionales ni el gobierno del Distrito Federal y mucho menos el gobierno federal han sido sensibles a la inquietud de la ciudadanía, generando por el contrario, desinformación, incertidumbre y preocupación en los vecinos que pudieran ver afectadas sus propiedades.

Es por ello que hacemos un enérgico llamado a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno para que, en un ánimo de intercambio propositivo, podamos atender de manera franca y eficiente a quienes pudieran tener dudas respecto a la construcción de esta obra y sus posibles afectaciones al patrimonio de diversas familias.

No omito mencionar que los vecinos y quienes los representamos nos encontramos en la máxima disposición de entablar un diálogo constructivo que pueda facilitar el proceso de construcción de este proyecto, en plena armonía con la comunidad y asegurando la mayor colaboración para la prevención y eventual resolución de cualquier conflicto.

Por lo anterior presentamos ante la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno del Distrito Federal que hagan pública la información pormenorizada respecto del proyecto Tren Interurbano, la que deberá contener información relativa a los predios que serán afectados, así como el trazo con especificaciones.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a integrar en el ámbito de sus responsabilidades mesas de trabajo con el gobierno del Distrito Federal, los legisladores federales y locales electos en las demarcaciones de Álvaro Obregón y Cuajimalpa, integrando a los vecinos que así lo soliciten.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2014.

Diputado Fernando Zárate Salgado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y a la SEP a diseñar y ejecutar campañas y programas sobre el cuidado de la salud mental, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Enrique Aubry de Castro Palomino, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Organización Mundial de la Salud definió a la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades; precisamente uno de los componentes de dicha definición es la salud mental, que abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos.

Según datos de dicha organización, señalan que a nivel mundial al año mueren en promedio 4 mil 370 personas por trastornos mentales y del comportamiento, de las cuales un 90 por ciento tiene vínculos con el consumo de sustancias psicoactivas.

Por lo que hace a México, según los datos de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, los trastornos más frecuentes identificados en nuestro país fueron los de ansiedad, con una prevalencia de 14.3 por ciento, seguida por los trastornos de uso de sustancias con un 9.2 por ciento y los trastornos afectivos con un 9.1 por ciento, así como las fobias específicas con un 7.1 por ciento; trastornos de la conducta con una prevalencia del 6.1 por ciento; la dependencia al alcohol con 5.9 por ciento; la fobia social con un 4.7 por ciento y el episodio depresivo mayor con una presencia de 3.3 por ciento entre la población nacional. Asimismo, se estableció que los hombres representan un 30.4 por ciento de prevalencias más altas de cualquier trastorno en comparación con las mujeres con un 27.1 por ciento.

Cifras preocupantes pero no tan estremecedoras como las arrojadas por las estadísticas de mortalidad del Inegi, que refieren que en nuestro país se han registrado 43 mil 700 defunciones por trastornos mentales y del comportamiento; siendo las entidades con mayor número de defunciones por enfermedades mentales: Veracruz con 4 mil 450; el estado de México, con 4 mil 192; Puebla con 3 mil 939; Oaxaca y Jalisco con 3 mil 7 casos cada una; el Distrito Federal con 2 mil 882 defunciones, Michoacán con 2 mil 320 casos y Guanajuato con 2 mil 220.

Las razones no son plenamente identificadas, como se ha hecho referencia, el uso de sustancias y adicciones son una de las principales causas; en México, de acuerdo con el Informe Mundial de Adicciones 2009, señaló que existe una prevalencia de entre el 4 y el 9 por ciento de jóvenes que han consumido Cannabis en algún momento de sus vidas, lo que contribuye a la morbilidad y mortalidad prematura por enfermedades psicóticas.

Asimismo, otra de las causas es la incidencia preponderante en las personas con padecimientos crónicos, quienes representan el mayor índice de trastornos mentales; tal es el caso de las personas que viven con diabetes, hoy la principal causa de muerte en el país, quienes tienen hasta dos veces más probabilidades de vivir eventos depresivos que las personas saludables.

Para la atención de dicha situación, se creó el Programa de acción para superar las brechas en salud mental, el cual ofrece a los planificadores de salud, a las instancias normativas y a los donantes un conjunto claro y coherente de actividades y programas para ampliar y mejorar la atención de los trastornos mentales, neurológicos y por abuso de sustancias adictivas, sin embargo, ello no es suficiente.

Lo anterior hace de la salud mental uno de los temas eje en la agenda de cualquier administración a nivel mundial, pues aun cuando existen diversos programas de atención, hacen falta aquellos que además de brindar atención, asuman el compromiso de rehabilitar integralmente a las personas que las padecen, así como a la sociedad en general, a través de la difusión de información suficiente que permita desmitificar los padecimientos mentales.

Asimismo, resulta preocupante la respuesta de la sociedad ante dichos padecimientos, hoy en día seguimos escuchando calificativos como: “locos” a quienes reciben atención psicológica o psiquiátrica, situación que representa un obstáculo a la búsqueda de atención, agravando la situación de éstas personas.

Para ello, se debe fortalecer el trabajo conjunto de las autoridades de salud y educativas, que a través de programas eficaces logren la correcta implementación de campañas de atención y educación en tema de salud mental, como uno de los temas prioritarios de la política de salud de nuestro país.

En el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental el próximo 10 de octubre, cuyo lema este año es “Viviendo con Esquizofrenia”, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que diseñe y ejecute programas específicos de atención para el cuidado de la salud mental, haciendo énfasis en impulsar campañas que exalten la importancia de comprender a la salud mental como parte fundamental y complementaria del completo estado de bienestar y salud de las personas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que diseñe e implemente una campaña de concientización que se centre en la desmitificación de la salud mental, impulsando el cuidado, como parte integral de la salud de las personas; campañas que deberán contemplar la participación desde niños hasta adultos, con la finalidad primordial de erradicar cualquier clase de calificativos despectivos a personas con padecimientos mentales, así como la eliminación de la falsa apreciación respecto de que asistir a médicos especialistas en salud mental es exclusivo para enfermos mentales.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 9 de octubre de 2014.

Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Segob a sostener audiencias con las madres en huelga integrantes de la Asociación Civil Nuestras Hijas, de Regreso a Casa, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Nuestras Hijas de Regreso a Casa, es una organización constituida por familiares y amistades muy cercanas a jóvenes asesinadas y desaparecidas en Chihuahua desde hace más de una década.

Sus inicios están registrados a partir de febrero de 2001, con una serie de protestas públicas provocadas por la impotencia y la indignación, resultados de la falta de investigación de dichos casos, hecho que se agrega al dolor de perder un ser querido en estas circunstancias, en este caso la desaparición y posterior asesinato de Lilia Alejandra García Andrade, quien luego de sufrir intensas torturas durante cinco días, fue estrangulada y su cuerpo arrojado a un lote baldío.

La labor de esta asociación ha sido seria y responsable; pues su trabajo ha llevado los casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez al plano nacional e internacional, no sólo mediante la difusión de tan horrorosos crímenes, sino por la labor de gestión y acompañamiento en el litigio para agotar las instancias mexicanas de justicia, en alianza con otras organizaciones, para así llevar dichas peticiones ignoradas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que los feminicidios se detengan, al igual que la impunidad.

Sin embargo, como es de conocimiento general, el feminicidio sigue siendo un problema en aumento.

El informe sobre Feminicidio en México elaborado y publicado en 2011 por ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Colegio de México indica que el país ocupa el lugar 161 en la incidencia de homicidios contra mujeres a escala global.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio también alerta que apenas 1.7 por ciento de los casos que se reconocen como feminicidio alcanzan sentencia, por lo que además de la lucha para que los homicidios contra mujeres se cataloguen como feminicidios cuando así lo amerita, hay un problema de impunidad.

Ante esta situación, desde el pasado martes 23 de septiembre del año en curso, madres de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, realizan un plantón y una huelga de hambre por 14 días, mismo que se intentó colocar a las afueras de la residencia oficial de Los Pinos, lugar en donde incluso fueron atacadas físicamente por policía capitalina, y ahora afuera de la Secretaría de Gobernación, para exigir que el gobierno federal cumpla con los compromisos pactados con ellas desde hace un año, incluida la atracción de los casos de feminicidios en el estado de Chihuahua al fuero federal.

La mañana de ese martes, después de un acto político en el monumento de la Estela de Luz, Las Madres de Ciudad Juárez, acompañadas de algunas personas manifestantes, se dirigían a la entrada de Los Pinos con el objetivo de instalar la huelga de hambre, cuando un despliegue amplio de granaderos impidió su paso, por lo que se trasladaron a la avenida Reforma para cerrar la circulación hasta que fuesen atendidas por las autoridades federales.

Sin embargo, un nuevo bloque de policías impidió el paso y frente a la renuencia de las madres para moverse del plantón, fueron desalojadas a la fuerza, siendo lastimadas físicamente por los elementos policiacos.

Debido a estas circunstancias, las madres que viajaron desde Ciudad Juárez instalaron un plantón afuera de la Secretaría de Gobernación, con este motivo, el pasado 6 de octubre fueron escuchadas por representantes de la Procuraduría General de la República, quienes les dijeron que algunas de sus demandas serían atendidas; sin embargo, ellas siguen en espera de que alguien de la Secretaría de Gobernación les atienda, después de años de lucha.

El pasado 15 julio del año en curso, la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, recibió respuesta a una solicitud de audiencia que pidieron para sostener un diálogo directo con el presidente Enrique Peña Nieto, la respuesta fue positiva pero no estableció fecha, hora o lugar para la audiencia, por lo que esta información se suma a las demandas de las madres en lucha.

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión:

Primero. Exhorta al Ejecutivo federal a tener acercamiento y audiencias con las madres en huelga, integrantes de Nuestras Hijas de Regreso a Casa AC, misma que se concedió mediante oficio de Atención Ciudadana con número de identificación, 20140620LUAMSU, indicando por escrito fecha próxima, lugar y hora para celebración de la misma, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Exhorta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a que sostenga a la brevedad posible un diálogo abierto con las madres en huelga, integrantes de Nuestras Hijas de Regreso a Casa AC, escuchar sus demandas y emprender acciones para cumplimentarlas, en consideración a la lucha que han encabezado por años, y considerando las cifras de feminicidios que actualmente se incrementan en nuestro país.

Nota

1. Disponible en formato electrónico en

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/00_fem inicMx1985-2009.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2014.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía manifiesta su profundo rechazo y condena al despliegue de los elementos de la Guardia Nacional de Texas, a cargo del diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El miércoles 17 de septiembre de 2014, el gobernador de Texas, Rick Perry envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto después de la decisión del primero de desplegar a la Guardia Nacional de Texas en la frontera entre ambas naciones, manipulando de forma irresponsable y con fines políticos, la situación que hoy guardan nuestros límites territoriales.

El gobernador texano expresó en dicha misiva su desconcierto por las expresiones empleadas por el Señor Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al referirse al despliegue como “desagradable” y “condenable”, refiriendo que como amigos y socios comerciales, México y Estados Unidos estaban vinculados inextricablemente a través de su sociedad y cultura, estableciendo que tal vez como amigos no siempre estemos de acuerdo pero se debe sostener un dialogo honesto y respetuoso sobre los retos que enfrentamos.

En estas últimas líneas coincidimos con el Señor Perry, nuestros pueblos han sostenido una relación fructífera para ambos lados, han compartido lazos, raíces y destino, en razón de lo cual nos sumamos a su propuesta de diálogo honesto y respetuoso, sabiendo que entre amigos es lo que debe privilegiarse, la comunicación y el entendimiento mutuo, pero en este sentido ¿qué cabida tiene en una amistad un despliegue desproporcionado de fuerza antes de privilegiar este diálogo honesto y respetuoso a que él mismo hace referencia en sus líneas?

En la carta del gobernador Perry se hace gala del florecimiento económico y en infraestructura en Texas, lo que ha convertido al estado estadounidense en una latitud creadora de empleos y en el estado más exportador de Estados Unidos, estableciendo que, mientras Texas crezca, el comercio con México prosperará, creando oportunidades para familias de ambos lados de la frontera. Lo que el gobernador Perry pierde de vista es la relevancia de México en el desarrollo texano, siendo nuestro país la cuna de su fuerza productiva y el primer destino de sus exportaciones, pues más del 35 por ciento de estas tienen como destino final nuestro país. Es verdad, México se beneficia del desarrollo texano, pero Texas también necesita, ineludiblemente, de la economía mexicana para subsistir.

El gobernador Perry refiere a que la prosperidad futura depende de una sociedad colaborativa dirigida a los retos compartidos de seguridad fronteriza sin marginalizar la óptica legítima de una de las partes y enfrentando en un diálogo directo y cándido los temas de la violencia y el crimen organizado, ante esta actitud no podríamos estar más de acuerdo, por lo que el señor Perry debe de aclararnos en qué reunión se oyó el punto de vista de los mexicanos en el asunto, o en qué acuerdos de colaboración bilateral se tomó esta cuestionable decisión de armar la frontera.

Los problemas de la migración internacional y del trasiego de drogas deben ser resueltos de manera conjunta y monolítica, pues ambos países juegan roles principales en el origen, desarrollo y finalidad de estas actividades, sería injusto achacar la responsabilidad de ambos fenómenos a un solo lado, cerrándose al diálogo, tomando decisiones absurdas que no corresponden a la realidad y no resuelven de origen el problema como sí lo ha notado el Gobierno Federal de Estados Unidos de América, al cual le otorgamos un reconocimiento por su constante disposición y apertura para el diálogo, pues inclusive recientemente, en el marco de sus consultas regulares de alto nivel sobre cooperación en materia de seguridad, representantes de los gobiernos de México y Estados Unidos sostuvieron una reunión el 17 de septiembre para dar seguimiento a los distintos temas de cooperación entre los dos países, escuchándonos como amigos, de igual a igual y resolviendo los desafíos de forma responsable y conjunta. Politizar un asunto a costa del prestigio de nuestro país y en aras de satisfacer aspiraciones personales resulta de lo más frívolo y disparatado.

También consideramos que las niñas, niños y adolescentes centroamericanos no acompañados no constituyen una amenaza para ningún pueblo o Estado, radicalizar la frontera no es la solución, la respuesta está en mejorar las condiciones de vida de los infantes y garantizar el respeto a sus derechos en todas las latitudes.

La frontera entre México y Estados Unidos es una de las más activas del orbe, con 56 puertos de entrada, donde cerca de mil millones de dólares son intercambiados diariamente, y suceden 300 mil cruces vehiculares, por lo que los mexicanos refrendamos nuestro compromiso para privilegiar las acciones que coadyuven el fortalecimiento de la paz y seguridad entre ambas naciones así como a hacer frente a los retos comunes, siempre apoyados en los principios de confianza mutua y responsabilidad compartida.

México continuará trabajando siempre para garantizar un clima seguro para los intensos y amplios intercambios humanos, económicos y comerciales que ocurren diariamente a lo largo de la extensa frontera compartida, pues estos esfuerzos son parte del trabajo que hemos desarrollado como socios durante más de un siglo, pero también es menester recordar al Gobernador Perry que las amistades tienden puentes, no puertas cerradas y que entre socios el diálogo no debe darse a punta de cañón.

No dudamos ni por un momento del profesionalismo de quienes integran el cuerpo de la Guardia Nacional ni escatimaremos los esfuerzos para garantizar la seguridad de todos aquellos que se encuentren en la frontera con Texas independientemente de su origen nacional, lo que no aceptaremos es que se haga escarnio de México y que se debilite nuestras relaciones fraternas con el pueblo texano en función de la ambición de una persona, la medida llevada a cabo de forma unilateral por el gobierno de Texas es a todas luces errónea y no contribuye a los esfuerzos que ambos países llevan a cabo para consolidar una frontera segura y una solución al fenómeno migratorio. Tampoco contribuye al acercamiento entre ambas sociedades y se opone a los valores y principios en los que México y Estados Unidos rigen y apoyan su relación bilateral.

Es en razón de lo aquí expuesto que someto a esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión manifiesta su absoluta adhesión al profundo rechazo y condena hecho por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, y la Secretaría de Relaciones Exteriores al despliegue de los elementos de la Guardia Nacional de Texas, llevado a cabo por la oficina del gobernador de ese estado, Rick Perry.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2014.

Diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa, al Consejo de Salubridad General y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a incluir en el catálogo de enfermedades catastróficas la atención de la insuficiencia renal de quienes carecen de seguridad social, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Leonor Romero Sevilla, diputada de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al Consejo de Salubridad General y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a incluir en el Catálogo de Enfermedades Catastróficas la atención de la insuficiencia renal de quienes no cuentan con seguridad social, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La insuficiencia renal puede definirse como el trastorno que afecta al riñón y que provoca una disfunción del mismo. Puede ser aguda o crónica; en la aguda, la reducción de la función renal es súbita y afecta a sujetos en los que los riñones previamente estaban sanos; los síntomas clínicos son una secreción extrema o nula de orina y un aumento de las concentraciones plasmáticas de creatinina, urea y ácido úrico. Las causas que pueden conducir a esta patología son la existencia de un obstáculo en las vías excretoras urinarias (cálculos), una insuficiencia cardíaca, una lesión del parénquima renal provocada por sustancias tóxicas o infecciones, hemorragias, septicemias, golpes de calor, quemaduras, etc. En la insuficiencia renal crónica, el trastorno que afecta al riñón es irreversible. El resultado es la existencia de numerosas alteraciones que afectan a ambos riñones.

La enfermedad renal crónica se ha convertido en un problema de salud pública en nuestro país. Se estima que uno de cada diez mexicanos tiene algún grado de enfermedad renal crónica; esta cifra sube a casi tres por cada diez mexicanos adultos en personas con diabetes o con hipertensión arterial.

Cada vez es mayor la necesidad de recurrir a procedimientos de diálisis o trasplante renal, por lo que se incrementa gradualmente el costo de su atención. Otra particularidad es, la edad de los pacientes que son admitidos a programa de hemodiálisis se va incrementando.

En México, la diabetes es la primera causa de mortalidad entre la población, los casos de Insuficiencia renal han aumentado en los últimos años. De acuerdo a la Fundación Mexicana del Riñón, actualmente existen en México 8.3 millones de personas con insuficiencia renal leve, 102 mil personas con afectaciones crónicas y cerca de 129 mil requieren diálisis o hemodiálisis para ayudar en su salud.

El Centro Nacional de Trasplantes reporta que anualmente sólo se cubre el 25 por ciento de los pacientes que requieren un trasplante, de entre la lista de personas en espera de una oportunidad de recuperar la salud y mantener la vida. El Instituto Mexicano del Seguro Social reporta a la insuficiencia renal como la tercera causa de muerte hospitalaria a nivel nacional y es sabido que el 90% de la población no tiene forma de pagar los costosos tratamientos de esta enfermedad.

El 16 de noviembre de 2004 se creó el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos en Salud (FPGC), el cual cubría de manera inicial cuatro intervenciones: leucemia linfoblástica, cáncer cervicouterino, cuidados neonatales y tratamientos ambulatorios de VIH/sida en niños y adultos. En el año 2007 se agregaron al FPGC las siguientes enfermedades: cáncer de mama, tratamiento antirretroviral de VIH/sida, cataratas y los 10 principales tipos de cáncer en niños, actualmente, el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos proporciona recursos monetarios a través de un fideicomiso, a los prestadores de servicios acreditados y con convenios firmados de las 32 entidades federativas, para atender 59 padecimientos, las cuales pertenecen a cualquiera de las categorías que se enlistan a continuación:

1. Cáncer cérvico-uterino

2. Cáncer Ovario.

3. Cuidados intensivos neonatales

4. Cáncer de niños y adolescentes.

5. Trasplante de médula ósea.

6. Cáncer de mama.

7. Hepatitis C.

8. Trastornos quirúrgicos, congénitos y adquiridos

9. Cáncer de colon y recto.

10. Trasplante renal menor de 18 años.

11. Cáncer de próstata.

12. Linfoma No Hodgkin.

13. Infarto agudo de miocardio.

Para el ejercicio fiscal 2014, el gasto público para la función salud representó el 2.79% del PIB, comparativamente con los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (datos para 2011), somos de las economías que destinan menos recursos públicos para esta función, seguida por Chile que asigna el 3.98% del PIB, Corea (4.02% del PIB), Israel (4.62% del producto interno bruto –PIB) y Turquía (4.81% del PIB). Entre los países que gastan más en salud pública se encuentran: Dinamarca (9.78% del PIB); Francia (9.19% del PIB); Alemania (8.92% del PIB); Austria (8.55% del PIB) y Estados Unidos (8.30% del PIB).

Uno de los problemas más importantes que enfrenta el gasto público en salud en nuestro país es que el 97.12% se destina para gasto corriente, necesario para cubrir los rubros de servicios personales (sueldos, prestaciones de seguridad social), gasto de operación para que las organizaciones operen adecuadamente (papelería y equipos de cómputo); subsidios (ayudas de carácter social y recursos para los fondos de pensiones y jubilaciones); y únicamente el 2.88% se asigna para el gasto de inversión, necesario para la modernización y ampliación de las actividades que conforman esta función, tales como la construcción de infraestructura en salud.

Por lo anteriormente, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud, al Consejo de Salubridad General así como, a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular) para que en el ámbito de su competencia incorporen la atención de la insuficiencia renal al catálogo de cobertura del Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2014.

Diputada Leonor Romero Sevilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la titular de la Ssa a difundir las causas del subejercicio presentado en 2013 por el programa Prevención contra la Obesidad, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XIX; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo con base en los siguientes

Antecedentes

1. El sobrepeso y la obesidad son en la actualidad uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial. Debido a ello, en 2004, México se adhirió a la Estrategia Mundial sobre Alimentación Saludable, Actividad Física y Salud, que fue emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta estrategia refiere cuatro objetivos principales: 1) Reducir los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles asociados a una alimentación poco sana y a la falta de actividad física. 2) Crear conciencia y generar conocimiento relacionado con la influencia de la alimentación y la actividad física como factores positivos en las estrategias de intervención. 3) Contar con políticas y planes de acción encaminados a mejorar la dieta y favorecer la actividad física, en los que hay participación de diferentes sectores de la población (sociedad civil, sector privado y medios de comunicación). Y 4) Apoyar y evaluar las intervenciones que para este efecto se desarrollen (OMS, 2004).

2. Es en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND, 2007-2012), en el que se establecieron los objetivos nacionales, las estrategias y prioridades que debieron regir la acción del gobierno en ese sexenio y que sentaron la base para los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales, en donde se contempló cumplir con los objetivos de la OMS.

3. Bajo la rectoría de la Secretaría de Salud (Ssa) y para cumplir con los compromisos del PND, se diseñó el Programa Nacional de Salud 2007-2012 (Pronasa 2007-2012), con cinco objetivos de política social: 1) Mejorar las condiciones de salud de la población. 2) Reducir las brechas de desigualdad en salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables. 3) Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad al paciente. 4) Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud, mediante el aseguramiento médico universal. Y 5) Garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y al desarrollo humano en México. La Ssa en su carácter de coordinadora sectorial y con base en el PND y Pronasa, elaboró el Programa Sectorial de Salud 2007-2012 (Prosesa, 2007-2012).

4. Aunado a ello, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Ssa, a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud, difundieron el Programa de Acción Específico Escuela y Salud. Este programa contó con la población cautiva de escolares y su objetivo fue el conocimiento de los determinantes de la salud, así como desarrollar acciones que permitieran tener mayor control sobre causales de la obesidad e impulsar conocimientos sobre alimentación correcta, bebidas saludables y prácticas de actividad física (PAEES, 2007-2012).

5. Con la intención de atender la problemática de sobrepeso y obesidad, el 25 de enero de 2010, la Ssa, la SEP y otros representantes del sector público, social y privado, firmaron el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria: estrategia contra el sobrepeso y la obesidad. El acuerdo fue elaborado bajo un objetivo común y responsabilidad compartida del sector público y privado. Tuvo como propósito revertir la epidemia de enfermedades crónicas que se presentaban en el país, y que eran favorecidas por el sobrepeso y obesidad (ANSA, 2010). Para la elaboración de dicho documento, se tomaron como antecedentes los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 (Olaíz y col. 2006), en la que se hizo patente el problema de mala nutrición en México, con 12.7 por ciento de niños menores de 5 años que presentaron desnutrición crónica y prevalencias combinadas de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 años de 26 por ciento y de 31 por ciento en adolescentes. La Encuesta Nacional de Salud en Escolares 2008, también hizo patente el problema de sobrepeso y obesidad, además del ambiente obesogénico en las escuelas (Shamah, 2010). Entonces y ahora, se considera que son diversos los factores se asocian al exceso de peso y a los riesgos que conlleva una mala alimentación, tales como consumo de dietas con alto aporte energético, altas en grasas (ricas en grasas saturadas y grasas trans), exceso de azúcar y sal y sedentarismo; así como la saturación de mensajes televisivos orientados al consumo de alimentos con bajo aporte nutrimental, la omisión del desayuno, dietas escasas en frutas y verduras, entre otros.

Como parte del análisis para la prevención del sobrepeso y la obesidad, en el acuerdo se establecieron tres metas para 2012:

1) Revertir en niños de 2 a 5 años, el crecimiento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad a menos de la existente en 2006.

2) Detener en la población de 5 a 19 años el avance en la prevalencia de sobrepeso y obesidad.

3) Desacelerar el crecimiento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población adulta.

Y diez objetivos prioritarios:

1) Fomentar la actividad física en la población en el entorno escolar, laboral, comunitario y recreativo.

2) Aumentar la disponibilidad y accesibilidad al agua simple potable.

3) Disminuir el consumo de azúcar y grasa en las bebidas.

4) Favorecer el consumo diario de verduras, frutas, leguminosas, cereales integrales y fibra en la dieta.

5) Mejorar la capacidad de toma de decisiones informadas, con la implementación de etiquetados útiles y de fácil comprensión.

6) Promover la lactancia materna exclusiva los primeros seis meses de vida y la alimentación complementaria a partir del sexto mes.

7) Disminuir el consumo de azúcares y otros edulcorantes calóricos y aumentar la disponibilidad de alimentos sin edulcorantes calóricos añadidos y reducidos en ellos.

8) Disminuir el consumo diario de grasas saturadas en la dieta y reducir al mínimo las grasas trans de origen industrial.

9) Orientar a la población sobre el control de tamaños de porción recomendables en la preparación casera de alimentos; y en restaurantes y expendios de alimentos, el uso de tamaños de porciones reducidas.

10) Disminuir el consumo diario de sodio, reduciendo el sodio adicionado y aumentando la disponibilidad y accesibilidad de alimentos con bajo contenido o sin sodio. El acuerdo fue constituido con la participación de 15 dependencias, sector gobierno, e industria de alimentos y bebidas; se pretendió que con ello mejorara la oferta y el acceso a alimentos y bebidas saludables. El gobierno federal participó con 125 acciones para apoyar los 10 objetivos anteriores y 279 metas para el monitoreo de su implementación. Cada dependencia participante estableció en cuál(es) de los 10 objetivos podría incidir, las actividades que harían para lograrlo, las acciones, metas, indicadores y porcentaje de cumplimiento que tendrían para 2012. Se aclaró también el papel que jugaría la industria, los municipios, la sociedad civil organizada, la academia, las organizaciones profesionales y las organizaciones sindicales para apoyar las metas establecidas (Bases Técnicas del ANSA, 2010).

6. En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (Ensanut 2012), el sobrepeso y la obesidad afectan a 7 de cada 10 adultos mexicanos. La prevalencia combinada de sobrepeso u obesidad es de 73 por ciento para las mujeres y 69.4 por ciento para los hombres de edad adulta. Los niños en edad escolar (ambos sexos), de 5 a 11 años, presentaron una prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en 2012 de 34.4 por ciento, 19.8 por ciento para sobrepeso y 14.6 por ciento para obesidad. 35 por ciento de los adolescentes de entre 12 y 19 años presentan sobrepeso u obesidad. Uno de cada cinco adolescentes tiene sobrepeso y uno de cada diez presenta obesidad. La prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en adolescentes fue de alrededor de 35.8 por ciento para el sexo femenino y 34.1 por ciento en el sexo masculino. En menores de cinco años ha aumentado entre 1988 y 2012, pasando de 7.8 a 9.7 por ciento respectivamente. El principal aumento de la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad se observa en la región norte del país, con 12 por ciento. La Ciudad de México tuvo 39.9 por ciento de sobrepeso y 33.9 por ciento de obesidad y la zona sur de México presentó 39.6 por ciento de sobrepeso y 31.6 por ciento de obesidad. La región norte del país tuvo una prevalencia de sobrepeso del 35.9 por ciento y de obesidad del 37.2 por ciento.

7. Aunado a lo anterior, cabe señalar que desde 2008, la Secretaría de Salud elaboró un Programa de Combate a la Obesidad con énfasis en el aspecto alimentario, sin considerar que la ciudadanía debería aumentar la práctica del ejercicio corporal e implicaba incrementar impuestos, regular la publicidad, mantener y aumentar la vigilancia epidemiológica, extendiendo la información a la población. En la actualidad dicho programa se define como “Programa Prevención contra la Obesidad” con la clave presupuestaria “U-008”, cuya Unidad Responsable es el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades.

8. El Programa Prevención contra la Obesidad tiene como objetivo principal coadyuvar a mejorar la salud de la población mediante la prevención del sobrepeso y la obesidad; asimismo, el programa busca evitar las complicaciones derivadas del sobrepeso y la obesidad, morbilidad, mortalidad y discapacidad, mediante la detección y tratamiento a población mayor de 20 años que no cuentan con seguridad social. Este programa se enmarca dentro de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.

Para dar cumplimiento a éste, se le han asignado recursos, mismos que se han ejercido como se muestra en la tabla siguiente:

Consideraciones

A. A la fecha no se cuenta aún con información respecto al impacto que tuvo el “Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria (ANSA): estrategia contra el sobrepeso y la obesidad” en los estados de la república, el INSP presenta estas líneas de investigación, sin la publicación de resultados o artículos. Sin embargo, se cuentan con resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012 (Ensanut, 2012), en la que se reportó para ambos sexos y en lo que respecta a la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad: un incremento de 1.4pp en menores de 5 años; una disminución de 0.4pp para el grupo de escolares de 5 a 11 años y un incremento de 1.7pp para el grupo de adolescentes (Gutiérrez y col. 2012), en comparación con los resultados de la misma encuesta de 2006. Aun cuando ha habido una desaceleración en la tendencia a la alza, es importante continuar con programas de intervención, ya que los resultados son poco satisfactorios.

B. Con el cambio de gobierno, no es del todo claro si se dará continuidad al ANSA. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la Meta Nacional II: México Incluyente, menciona en el rubro de salud, la problemática que enfrenta México en relación al sobrepeso y obesidad. Específicamente en el objetivo 2.3, se hace referencia a: asegurar el acceso a los servicios de salud, y es la estrategia 2.3.2: Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención, un eje prioritario para el mejoramiento de la salud «sic», y su línea de acción, la que refiere que se instrumentarán acciones para la prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes. Cabe aclarar, que en la estrategia 2.1.1 en sus líneas de acción, se trabajará contra la carencia alimentaria, programa que se ha lanzado ya, en la Cruzada Nacional contra el Hambre.

C. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el planeta existen más de mil millones de adultos con sobrepeso y más de 300 millones son obesos. En México según el informe “La obesidad y la economía de la prevención”, realizado el año pasado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el país ocupa el segundo lugar mundial en obesidad, con 30 por ciento de la población que la padece; mientras que 70 por ciento tiene sobrepeso.

Esto implica que dos de cada tres mexicanos tienen sobrepeso, así como una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres son obesos.

El informe también refiere que el país se ha posicionado en el primer lugar mundial en obesidad infantil; son 4.5 millones de niños de entre cinco y once años los que están excedidos en su peso.

Esta tendencia ya se ha convertido en un problema de salud pública, aunado a que el consumo de comida rápida y alimentos procesados, también ha ido en incremento en el país.

Estudios revelan que los mexicanos están consumiendo más alimentos procesados y menos granos y verduras.

El exceso de peso puede desencadenar un catálogo de enfermedades crónicas y complicaciones de salud; tales como: hipertensión, enfermedades del corazón, diabetes, insuficiencia renal y enfermedad hepática.

La obesidad también está relacionada con el asma, el cáncer, la depresión, derrame cerebral y problemas de digestión. Y se estima que de no atender la problemática el número de personas con diabetes relacionada con la obesidad se duplique a 300 millones en el año 2025.

Además, diversos estudios han demostrado que el sobrepeso y la obesidad pueden presentarse como secuelas de la desnutrición en las etapas tempranas de la vida, tal como suele ocurrir en situaciones de pobreza. Por ejemplo, los niños que crecen en desnutrición almacenan más grasas respecto a las proteínas, lo que tiende a aumentar el sobrepeso y la obesidad.

México en la actualidad enfrenta una gran problemática paradójica: “Busca combatir la obesidad al mismo tiempo que lucha contra el hambre y la desnutrición entre los pobres”.

D. Los costos para tratar la obesidad y el sobrepeso cuestan al país 3 mil 500 millones de dólares anuales en atención médica y hospitalaria, ausencias laborales y otros. Y se proyecta que la suma llegue a 6 mil 500 millones de dólares hacia fines de esta década.

E. Por otra parte, el Programa Prevención contra la Obesidad, en el ejercicio de 2013 presentó subejercicio, por lo que se dejaron de ejercer 32.73 millones de pesos, lo que se observa no es coherente con la problemática que presenta el país respecto al incremento del índice de obesidad y sobre peso.

Asimismo, la evaluación del Coneval 2013 señala que de 2011 a 2013, la población objetivo creció más que la población atendida, lo que puede interpretarse como una dificultad para ampliar la cobertura del programa.

F. Al respecto, se detecta la necesidad de que la Secretaría de Salud informe del impacto que han tenido las políticas, estrategias, programas y actividades encaminadas a prevenir el sobrepeso y la obesidad, que ha implementado de 2007 a la fecha, fortalezca los programas y actividades en materia de nutrición, prevención, diagnóstico, tratamiento y control del sobrepeso y obesidad e implemente estrategias encaminadas a fomentar estilos de vida saludables; toda vez que el sobrepeso y la obesidad son causa de empobrecimiento porque disminuye la productividad laboral y provoca gastos catastróficos en salud relacionados con enfermedades crónicas.

Asimismo, dé a conocer las razones del subejercicio por 32.73 millones de pesos en el ejercicio presupuestal 2013.

G. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.

H. Los artículos 1 y 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria disponen que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, y que los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad.

I. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 7, fracción IX, indica que la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto; asimismo la fracción XVII; señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información de utilidad o que se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

También se proporcionará la información a que se refiere el artículo anterior en su segundo párrafo la cual deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

J. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 2 define el subejercicio del gasto como las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el calendario de presupuesto, sin cumplir con las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución.

Asimismo el segundo párrafo de este artículo define que los calendarios autorizados tienen como propósito la oportuna ejecución de los recursos para el mejor cumplimiento de los objetivos de los programas, dando prioridad a los sociales y de infraestructura.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, Mercedes Juan López, haga del conocimiento público las causas del subejercicio por 32.73 millones de pesos que presentó en el ejercicio presupuestal de 2013 el Programa Prevención contra la Obesidad.

Segundo. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud haga del conocimiento público cuál ha sido el impacto de las políticas, estrategias, programas y actividades encaminadas a prevenir el sobrepeso y la obesidad, que ha implementado de 2007 a la fecha; y

Tercero. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud haga del conocimiento público las acciones que ha emprendido para fortalecer los programas y actividades en materia de nutrición, prevención, diagnóstico, tratamiento y control del sobrepeso y obesidad, e implemente estrategias encaminadas a fomentar estilos de vida saludables; en virtud de que en la actualidad 70 por ciento de los adultos tienen sobrepeso u obesidad, lo mismo que la tercera parte de los niños, adicionado a que los problemas relacionados con el sobre peso, la obesidad y la diabetes tienen una repercusión en el sistema de salud federal de casi 40 mil millones de pesos al año.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2014.

Diputados: José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Roberto López Suárez, Guillermo Sánchez Torres.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Función Pública a difundir la información relativa a la utilización de los recursos destinados a Veracruz como parte del programa Habilidades Digitales para Todos, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente.

Exposición de Motivos

El programa Habilidades Digitales para Todos “es una estrategia que impulsa un nuevo modelo educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida, desarrollar sus habilidades digitales y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento mediante el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación”.1

De esta forma, el programa tiene dentro de sus objetivos “reducir la brecha digital entre México y otros países y entre estados, regiones y niveles educativos”, a la par de “impactar a docentes y alumnos de educación básica con un nuevo modelo de uso de TIC que incluya equipamiento, conectividad y contenidos”.

En dicho tenor, la Secretaría de Educación Pública erogó un monto que asciende a más de cinco mil millones de pesos durante cuatro años (2009-2011) para que las entidades federativas implementaran el programa en cuestión y, en específico, para que equiparan las escuelas con equipos de cómputo, proyectores y conexiones a internet; sin embargo, las metas no fueron alcanzadas.

Cabe señalar que “Veracruz es el caso más grave. De 2009 a 2011 tuvo en sus arcas 716 millones 334 mil 745 pesos, pero no existe ninguna prueba fiscal de cómo gastó 91 por ciento de ello, es decir 655 millones 785 mil 573 pesos. Tan solo en 2011, un año después de que Javier Duarte asumiera la gubernatura del estado, la Federación le entregó 652 millones 210 mil pesos, el mayor monto asignado a alguna entidad para este programa no solo en ese ejercicio fiscal sino durante los tres años de operación de HDT. Incluso, es casi lo mismo que las 32 entidades gastaron en 2009 (779 millones 200 mil pesos), pero la entidad quedó sin comprobar el destino de la totalidad de ese dinero”.2

Con dicho monto, se pudo haber instalado tres mil 623 aulas (con computadoras, proyector, pizarrón electrónico, impresora y conexión a internet) o bien haber adquirido 361 mil 735 tabletas electrónicas. A la par, al término de 2011, Veracruz:

No había realizado ninguna licitación, contrato o convenio para equipar y conectar las 3 mil 78 aulas a internet que se había comprometido y ni siquiera había fijado una fecha de entrega y tampoco envió los informes mensuales de la cuenta bancaria donde la SEP realizó el depósito de los recursos, según lo reporta la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública. La única justificación de los más de 652 millones de pesos se esboza en el primer informe de gobierno de Javier Duarte –2011–. En un párrafo se informa la instalación de 444 aulas telemáticas y la capacitación a mil docentes.3

En dicho tenor, y ante diversas omisiones por parte del gobierno del estado de Veracruz, la Auditoría Superior de la Federación solicitó a la Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz, que comenzara con una investigación, con la finalidad de emprender los procedimientos administrativos correspondientes y fijar sanciones; por lo cual la Secretaría de Educación Pública pidió que se reintegrara el dinero, tal y como lo establecen las reglas de operación del programa.

De esta forma, la Secretaría de Educación Superior solicitó, mediante una serie de oficios dirigidos a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Función Pública, en donde, ante la falta de respuesta por parte del gobierno de Veracruz, se le solicita “aclarar la utilización del recurso conforme a la norma o en su caso el reintegro del mismo”.

Otra solicitud en el mismo sentido fue dirigida al contralor general de Veracruz, Iván López Fernández, el 19 de julio de 2012, para iniciar los procedimientos correspondientes y demás acciones legales, pero hasta el momento no se ha hecho público nada de la investigación. Sin embargo, en marzo pasado hubo la destitución de Gabriel Deantes, subsecretario de Finanzas y Planeación del gobierno del estado y el oficial mayor de la Secretaría de Educación de la entidad, Édgar Spinoso, sin que el gobierno estatal diera explicación sobre el motivo, pero sucedió unos días después de que el presidente de la organización de los Mexicanos Primero, Claudio X. González, acusara que Veracruz como el número uno en irregularidades.

Lo anterior denota la falta de transparencia con la que las entidades federativas, dependencias y organismos públicos operan; lo cual ha dado como resultado que persista la opacidad en el manejo de los recursos y, por ende, en la falta de cumplimiento de las metas establecidas de los programas y políticas públicas; en este caso, impactando de manera directa a miles de estudiantes al negarles un mejor nivel educativo.

Es por ello que, preocupados por garantizar la transparencia con la que se ejerce el presupuesto y, buscando en todo momento el respeto irrestricto a la normatividad en la materia; presentamos a esta asamblea el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Función Pública a hacer pública la información sobre la utilización de los recursos destinados al estado de Veracruz como parte del Programa Habilidades Digitales para Todos.

Notas

1 SEP, “Presentación general del Programa Habilidades Digitales para Todos”, en línea, México, Dirección URL:

http://basica.sep.gob.mx/seb2010/pdf/ministros2011/progr ama_habilidades.pdf

2 Animal Político, “Veracruz desaparece presupuesto millonario para educación”, en línea, México, Dirección URL:

http://www.animalpolitico.com/2014/10/veracruz-desaparec e-presupuesto-millonario-para-educacion/?utm_source=Hoy+en+Animal&u tm_campaign=8aa6095f50-ga&utm_medium=email&utm_term=0_ae638a5d3 4-8aa6095f50-385921354

3 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2014.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a corroborar mediante la Conagua el desastre causado por el fenómeno hidrometeorológico ocurrido este 4 de octubre en Ocotlán, Jalisco, a cargo del diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Ossiel Omar Niaves López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el numeral 2, fracciones II y III, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, el presente punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que solicite la corroboración del desastre natural causado por el fenómeno hidrometeorológico ocurrido el pasado 4 de octubre del año en curso en el municipio de Ocotlán, Jalisco, a la Comisión Nacional del Agua al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las fuertes lluvias del pasado 04 de octubre, provocaron inundaciones que afectaron 3360 casas de diversas colonias del Municipio de Ocotlán, Jalisco según informes del Gobierno del Estado de Jalisco y la Unidad de Protección Civil.

Entre las colonias que sufrieron mayores afectaciones por las inundaciones fueron la Florida, la Floresta Infonavit II, Hoyo-Primavera, Arboledas, Mascota, San Felipe, Ferrocarril, Camino Real y San Juan. Las afectaciones en las viviendas fueron por inundaciones de más de un metro y medio de altura.

Debido a la magnitud de los daños, la Secretaría General de Gobierno de Jalisco emitió una declaratoria de emergencia para acceder a los recursos del Fondo Estatal de Desastres Naturales, a fin de lograr apoyar a las personas afectadas por las inundaciones.

No obstante que debido a que la situación rebasa la capacidad de las autoridades locales, es apremiante que el gobierno federal intervenga en las labores de desfogue, limpia, ayuda y reconstrucción ya que el fenómeno natural ha causado estragos perturbadores en este municipio de Jalisco, que dicho sea de paso es un importante pilar en la actividad industrial de toda la región, y que debido los daños producidos en la vivienda de centenares de familias, es oportuno que la Secretaría de Gobernación haga la declaratoria de desastre correspondiente para así acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales para reconstrucción.

En esta línea, recurriendo a este instrumento financiero los recursos que se otorguen del Fondo de Desastres Naturales para la reconstrucción de los daños ocasionados por las lluvias, constituyen un asidero para afrontar la contingencia.

Ante esta desgracia que afecto a miles de habitantes en el municipio de Ocotlán, es prioritario que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, se coordinen a efecto de valorar los daños sufridos en las demarcaciones afectadas.

En razón a que la zona más afectada corresponde a colonias populares del municipio, es urgente contar con el apoyo del fondo, ya que los daños se resintieron en viviendas de familias de bajos ingresos, así como en los servicios e infraestructura pública municipal.

Cabe destacar que conforme al último párrafo del artículo 7 de las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, las Dependencias Federales, como es la Secretaría de Gobernación, puede solicitar directamente la corroboración del fenómeno perturbador a las instancias técnicas facultadas, siendo en este caso es la Comisión Nacional del Agua.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, a que solicite a la Comisión Nacional del Agua la corroboración del desastre natural causado por el fenómeno hidrometeorológico ocurrido el pasado 4 de octubre del año en curso en el municipio de Ocotlán, Jalisco.

Dado en Palacio Legislativo a 9 de octubre de 2014.

Diputado Ossiel Omar Niaves López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a supervisar el otorgamiento de apoyos a la población afectada por el huracán Odile en Baja California Sur, suscrita por los diputados Francisco Pelayo Covarrubias, Alfredo Zamora García y Arturo de la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, Francisco Pelayo Covarrubias, Alfredo Zamora García y Arturo de la Rosa Escalante, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 16 de septiembre del año en curso, el huracán Odile impactó en varias poblaciones de la costa del Pacífico mexicano, afectando mayormente a Baja California Sur.

Conforme a la clasificación de los ciclones tropicales de Saffir-Simpson, se asignó al huracán Odile una categoría 4, que significa que es extremadamente destructivo.

El huracán Odile alcanzó rachas de viento máximos de 250 kilómetros por hora, oleaje elevado y lluvias de 150 a 300 mm en promedio, con máximos puntuales que superan 400 a 650 mm por efecto orográfico, que generaron deslaves e inundaciones.

Hay daños en las subestaciones eléctricas, circuitos de distribución, líneas y torres de transmisión lo que dejó sin electricidad a todo el estado, así como diversos daños a la infraestructura de comunicación de servicios de agua potable, casas y hoteles destruidos y además se han reportado saqueos en distintos comercios de la zona.

El recuento de los daños continúa; sin embargo, las autoridades que evalúan los daños se observa que no lo hacen detenidamente ni a profundidad y que al momento, por el ejemplo la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano lleva un censo de 45 por ciento de las viviendas, y dicen que en su mayoría se trata de daños parciales, muy pocas reconstrucciones totales y unas cuantas reubicaciones, siendo que la realidad es otra, por lo que se hace necesario que se actúe con sensibilidad y responsabilidad, no solo en este rubro, si no en todos los que forman parte del conteo de los daños.

A través de este exhorto queremos hacer un atento llamado a los titulares de las dependencias federales, especialmente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que actúe bajo su misión institucional de impulsar del desarrollo rural y acelerar la incorporación de las familias al desarrollo productivo del país, así como brindar apoyos para tener espacios de la vivienda digna de las familias sudcalifornianas.

Acción Nacional expresa su profunda preocupación por la realización apremiante de acciones y programas encaminados a potenciar el desarrollo de México en todos sus aspectos, y esta no es la excepción, la recuperación de la dinámica de la economía, el turismo y de la población en los ámbitos sociales, educativos, culturales, de salud, etcétera, en Baja California Sur, que concreten mejoras en el desarrollo de la población a efecto de integrarlas al desarrollo nacional, coincidiendo en que es necesario dar un impulso institucional sin distingo de partidos y de ideologías a los afectados pos este desastre natural.

Por ello, las políticas públicas deben centrarse en las mejores prácticas y estar centradas no solo en medios técnicos y formales que no sólo no satisface objetivos de desarrollo, sino que, además, afectan negativamente a una gran proporción tanto de hogares como de productores y sectores económicos de las áreas afectadas y que recibirán los apoyos gubernamentales, por lo que apelamos a la sensibilidad y al humanismo centrado en el bien común.

Preocupante es también es que ante la difícil situación que atraviesa nuestro estado, exista el condicionamiento del gobierno federal para la entrega de los beneficios derivados de los programas sociales, y en este caso los apoyos extraordinarios sean entregados en razón de su filiación partidista y los resultados que obtuvieron en el pasado proceso electoral.

En el entendido de que se trata de una responsabilidad compartida por los diferentes ámbitos de gobierno y los diferentes poderes públicos, debemos aprovechar la oportunidad para invitar a los secretarios de Estado, para que a través de sus delegados federales que emprendan su encargo de manera transparente, comprometidas con la gente, con una visión humanista y sensible a las necesidades de la población y con visión a mediano y largo plazo, en cumplimiento al propio artículo 129 de la Constitución Política Estado Libre y Soberano de México, que señala que los recursos económicos del estado, los organismos autónomos, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez, para cumplir con los objetivos y programas a los que estén destinados.

Por virtud de lo expuesto, solicito a esta soberanía que se apruebe con carácter de urgente u obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de las secretarías y entidades paraestatales encargadas de revisar y supervisar los daños, así como otorgar apoyos a la población afectada, por el huracán Odile, se conduzcan de manera institucional e imparcial, en el marco de la ley, y en favor de los habitantes de Baja California Sur.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2014.

Diputados: Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica), Alfredo Zamora García, Arturo de la Rosa Escalante.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a difundir los criterios utilizados para determinar el número de internos reinsertados a la sociedad mediante el programa E904, “Administración del sistema federal penitenciario”, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos diputados, José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XIX; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y III; V, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo con base en los siguientes

Antecedentes

1. El Programa Presupuestario E904 “Administración del Sistema Federal Penitenciario” incluido en el ramo 04 a cargo de la Secretaría de Gobernación, cuya unidad responsable es el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, OADPRS, tiene como propósito preparar a los internos del fuero federal para su liberación y reinserción social en un entorno despresurizado, de seguridad, profesional y de respeto a la normatividad ya los derechos humanos por medio de la participación de los internos en diversas actividades preparatorias para la reinserción social, de acuerdo a temas de educación, deporte y capacitación para el trabajo.

Dicha instancia administrativa organiza y administra los centros federales de readaptación social, Ceferesos. Ejecuta las sentencias de los delincuentes en condiciones propicias que favorezcan su reinserción social con base en el trabajo, la capacitación, la salud y el deporte durante el cumplimiento de la sentencia de los internos.

2. De acuerdo informes proporcionados a la ASF por el Órgano Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, en México existen 418 centros penitenciarios, 306 son de operación y responsabilidad estatal, 90 están adscritos a la autoridad municipal; mientras que 12 lo están al gobierno federal y uno al Distrito Federal. Asimismo indica que para enero de 2013 había 242 mil 754 personas privadas de su libertad. La distribución del Sistema penitenciario en ese año fue de 15 Centros del Gobierno Federal con una capacidad de 25,952 lugares; 11 centros en el Distrito Federal con una capacidad para 22 mil 524 personas; 303 Centros Estatales para 142, 758; y 91 Centros en los municipios con capacidad para 4,044 personas.

Sobre el particular, OADPRS indica que para 2008 y 2009, señalan que los internos si se incorporaron en “alguna actividad laboral”, no así para los años subsecuentes en donde la información es imprecisa en cuanto a que el indicador para tales efectos refiere de manera general que “los internos participan en los programas preparatorios para obtener la libertad” sin mayor aclaración precisión, desconociendo el número real de internos que reciben capacitación para el trabajo y por consecuencia la materialización e impacto social que ha tenido las reformas al artículo 18 Constitucional, en donde no es posible ponderar el número de personas que han aprovechado los beneficios de dicho programa y convirtiéndose en personas productivas para la sociedad al cumplir con la sanción que le fue impuesta.

Aunque en los informes de 2009 y 2010 de la OAPRS se presenta información sobre capacitaciones recibidas, se habla de certificaciones como producto de estos procesos de capacitación pero no se identifican claramente si los números reportados son certificaciones, o internos que están siendo capacitados para el trabajo. En 2010 la SSPF solo informó: al mes de junio de 2010, participan 309 internos en actividades laborales.

3. De acuerdo a la estrategia programática de 2013, este programa tuvo como algunos de sus objetivos para ese año preparar a 12 mil internos del fuero federal para su liberación y reinserción social en un entorno despresurizado, de seguridad, profesional y de respeto a la normatividad y a los derechos humanos; impulsar programas de reinserción y medidas alternativas a la prisión para evitar la saturación de espacios y la contaminación criminógena en las instalaciones penitenciarias, propiciando las condiciones necesarias para que 42 mil 500 sentenciados del fuero federal cumplieran su sentencia en libertad; además, se tuvo proyectado equipar las instalaciones penitenciarias federales con infraestructura tecnológica para garantizar espacios y ambientes seguros. No obstante de lo anterior, solo reinserto a 16 mil 379 personas, sin precisar cuántas de estas pudieron obtener un espacio laboral como parte de las gestiones que dicho programa contempla para lograr la reinserción social y su incorporación a actividades productivas. Cabe mencionar que la estrategia programática de 2014 manifiesta como meta 7,800 internos quienes deberán tener resultados de evolución positiva al tratamiento técnico que les instaure el honorable Consejo Técnico Interdisciplinario de cada Cefereso encaminado a lograr su reinserción social.

4. El Programa no cuenta con Reglas de Operación según el Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social expedido en 2002, este organismo cuenta con autonomía técnica y operativa en el desarrollo de sus funciones, por lo que no cuenta con un padrón de beneficiarios explícitamente definidos como en el caso de programas de desarrollo social, lo que impide cuantificar el número de ejecución de sentencias o el tipo de egreso y por consiguiente conocer el grado de cumplimiento con el Sistema Federal de Reinserción Social, en general se trata de conocer la correlación que existe entre las condiciones de vida en el Sistema Penitenciario y los programas y acciones que inciden en la reinserción social de la población, máxime si para su cumplimiento se requiere de sumas importantes de recursos federales, materiales y humanos que han sido ejercidos sin mostrar un beneficio en las tazas de sobrepoblación y hacia la sociedad, al evitar la reincidencia delictiva.

5. La evolución del presupuesto para el programa E904, “Administración del Sistema Federal Penitenciario”, ha sido de la siguiente manera:

Derivado del análisis al comportamiento de los recursos asignados de 2012 a 2014, se observa que hubo un incremento del 250.8 por ciento para 2013 y a pesar de ello, se dejó de ejercer 6.2 millones de pesos, mostrando un subejercicio del 39.1 por ciento. Es decir a pesar de que los recursos etiquetados fueron incrementados, no se cumplió el objetivo de liberar a 42 mil 500 personas, ya que solo reinserto 16 mil 379, sin que el Programa E904, “Administración del Sistema Federal Penitenciario”, precisara cuántas de estas personas obtuvieron un espacio laboral al recobrar su libertad.

Consideraciones

1. El aumento del 137 por ciento de presupuesto para el ejercicio 2013, situación que no ha representado necesariamente un impacto favorable en la disminución de la población de los Ceferesos, toda vez que en este año sólo egresaron 16 mil 379 personas de un total de 242 mil 754 de la población penitenciaria, mostrando aun así importantes deficiencias, tanto en la programación de metas e indicadores como en la proyección presupuestal entre un año y otro, ya que por un lado en la estrategia programática para 2013 se estimó ejecutar 42,500 sentencias y se programó un aumento considerable del presupuesto con respecto a 2012, no obstante de ello a pesar de tales estimaciones programáticas e incrementos presupuestales, se dejó de ejercer 6.2 millones de pesos, cifra similar al presupuesto asignado para 2012 y no se liberó a 26 mil 121 internos.

Con respecto al aumento del presupuesto es importante señalar que de los 10 programas que existen en el ramo, solo dos fueron beneficiados, encontrándose entre ellos el programa en comento, los 8 restantes obtuvieron reducciones importantes, siendo aquellos Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Seguridad Pública y Pago de Cuota Alimenticia por Internos del Fuero Federal en Custodia de los Gobiernos Estatales, con disminuciones reales de 86 y 100 por ciento, respectivamente.

2. A la fecha, no se han realizado las adecuaciones en el diseño al programa “Administración del Sistema Federal Penitenciario” con respecto a las reformas constitucionales a los artículos 18 y 21, cuya esencia plantea como ejes fundamentales “la reinserción social y la capacitación para el trabajo, a efecto de impactar a la sociedad con personas con mayores posibilidades de lograr una vida productiva al momento de recobrar su libertad, evitando con ello la reincidencia delictiva”.

3. El programa no ha logrado disminuir la sobrepoblación, dado que a la fecha existe un número importante de sentencias sin ejecución, ya que, de acuerdo a datos estadísticos de la Secretaría de Gobernación, con corte a julio de 2013, se sostiene que el número de internos excede los espacios disponibles en los diversos centros penitenciarios. En enero de 2013, 242 mil 754 personas estaban privadas de su libertad en México, en un espacio diseñado para 195 mil 278, lo cual indica que la ocupación alcanza 124.3 por ciento.

4. El programa no está vinculado en su sistema de medición con el objetivo general, lo que impide cuantificar el impacto social del programa, ya que se desconoce cuántas personas son insertadas al mercado por actividad laboral, cuantas ejecuciones de sentencia se lograron, cuantas personas vuelven a reincidir y cuantas personas liberadas fueron beneficiadas en su cambio de vida, debido a las acciones del dicho programa. Ante dichas imprecisiones en el diseño de indicadores, se hace necesario desarrollar más la información sobre esta materia, tratando de ilustrar o demostrar su vinculación con los objetivos del sistema penitenciario, particularmente con la reinserción del interno a la vida productiva al cumplir la sanción que le fue impuesta.

5. El marco legal para la administración del sistema federal penitenciario se basa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: artículos 18 y 19, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 50, fracciones I y II y párrafo tercero, 4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 8, fracciones I y II, y 104, fracciones I, III y IV, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 40, párrafos segundo y cuarto, Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 64, fracción II, Código Fiscal de la Federación: artículo 32-D, fracciones I, II, III y IV.

6. Lo anteriormente expuesto en observancia a lo señalado en los artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración del pleno

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, para que haga del conocimiento público, los criterios utilizados para determinar el número de internos que son reinsertados a la sociedad, a través del Programa Presupuestario “E904, Administración del Sistema Federal Penitenciario”, ya que de 42 mil 500 sentenciadas del fuero federal para cumplir su sentencia en libertad en 2013, sólo fueron reintegradas 38.5 por ciento que equivale a 16 mil 379 personas, no logrando con ello reducir los espacios en las instalaciones penitenciarias.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osario Chong, para que haga del conocimiento público, las acciones concretas para cuantificar la población liberada que obtuvo capacitación para el trabajo. Lo anterior para dar cumplimiento a las reformas a los artículos 18 y 21 constitucional en 2011, ordenamiento legal que señala como eje fundamental para la reinserción social la capacitación para el trabajo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2014.

Diputados: José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores a actualizar los respectivos atlas de riesgos, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Rocío Adriana Abreu Artiñano, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En cumplimiento de los compromisos que el Ejecutivo federal ha adoptado en materia de protección civil, se ha expedido oportunamente el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que con probada responsabilidad ha incluido entre sus ejes rectores la meta México en Paz.

La meta México en paz tiene entre sus principales objetivos el salvaguardar a la población, sus bienes y a su entorno ante desastres de origen natural o humanos, mediante la implementación de una política estratégica de prevención y gestión eficaz de las emergencias derivadas de dichos desastres, para lo que resulta indispensable recurrir a soluciones de innovación científica, eficacia tecnológica, organización y capacidad para enfrentar los retos que tanto en el presente como en el futuro puedan presentarse en esta materia.

En ese tenor, es que el Ejecutivo federal ha publicado en tiempo y forma el Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018, que habrá de cumplir como el instrumento que comprenda el conjunto de objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y metas que permitirán cumplir con el propósito del Sistema Nacional de Protección Civil de acuerdo a lo que dispone la Ley de Planeación.

Teniendo en consideración que a la fecha se ha cumplido con oportunidad y responsabilidad con la publicación del marco reglamentario necesario para salvaguardar a la población mexicana en casos de desastre, es preciso reconocer el trabajo que ha realizado la Secretaría de Gobernación a través del Sistema Nacional de Protección Civil, que en todo momento han trabajado para garantizar la seguridad de los mexicanos.

Si bien se ha cumplido con la encomienda que la ley establece, es nuestra intención llamar respetuosamente a las autoridades responsables de la protección civil en las entidades federativas de nuestro país, a considerar un nuevo paradigma que delinee el quehacer en la materia, e incluir así, la perspectiva de gestión integral de riesgos de desastre como directriz de las políticas públicas que se diseñen e implementen en este ámbito.

La Ley General de Protección Civil (LGPC) define que protección civil “es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y social en el marco del sistema nacional, a fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable, y privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente”.

Es evidente, que la amplia gama de posibilidades que existen al hablar de desastres naturales o situaciones de riesgo, implica la necesidad de atención por parte de las autoridades. Con el paso de los años, hemos sido testigos de la evolución de la protección civil en nuestro país, a nivel nacional uno de los eventos que marcó un antes y un después en la materia fue el sismo registrado en 1985, que dejó severos daños humanos y materiales que fueron más notorios en la Ciudad de México.

En diversas entidades federativas, debido a su ubicación geográfica, hemos podido atestiguar las afectaciones generadas por fenómenos meteorológicos como huracanes, ciclones, tormentas, etc. a los cuales se ha hecho frente en la medida de las posibilidades humanas, principalmente en lo referente a la implementación de medidas de protección y resguardo. Sin embargo, hasta la fecha se ha tenido un enfoque de reacción en la atención a esta clase de situaciones, que no solamente se limitan a los fenómenos naturales, pues también se pueden identificar como materia de atención de la protección civil a las actividades industriales, a los centros de trabajo y escolares que requieren de la atención, planeación, diseño e implementación de políticas públicas que estén delineadas por el enfoque de prevención integral de riesgos.

El objetivo de impulsar esta proposición con punto de acuerdo es llamar a las autoridades locales a dejar atrás la atención reactiva de los diferentes siniestros o acontecimientos de origen natural o antropogénico, y pasar hacia un paradigma que tenga como directriz la prevención, esto está englobado en el enfoque de gestión integral de riesgos de desastre.

La LGPC, define la Gestión Integral de Riesgos como “el conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción”.

Tal como lo concibe la LGPC, la gestión integral de riesgos contempla una visión que engloba los diversos elementos de la prevención de acontecimientos que impliquen una situación de riesgo para la sociedad, la forma de impulsar este enfoque en las políticas públicas de desarrollo territorial, es a través de la actualización de los Atlas de Riesgos a nivel local, la importancia de que las entidades federativas cuenten con la identificación de las zonas y posibles situaciones de riesgo que pueden enfrentar, es avanzar en la protección de la seguridad social, sin dejar de mencionar que eventualmente esto repercutirá en la salvaguarda de vidas humanas y permitirá evitar o disminuir las pérdidas materiales.

En ese sentido, en el artículo 10 de la LGPC, se consideran las siguientes fases anticipadas a la ocurrencia de un agente perturbador:

I. Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de los procesos de construcción social de los mismos;

II. Identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como sus escenarios;

III. Análisis y evaluación de los posibles efectos;

IV. Revisión de controles para la mitigación del impacto;

V. Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos;

VI. Desarrollo de una mayor comprensión y concientización de los riesgos, y

VII. Fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad.

Es precisamente que en seguimiento a lo establecido en la LGPC, se realiza este llamado a los gobiernos de las entidades federativas para que en el marco del enfoque de gestión integral de riesgos se actualicen lo más pronto posible los Atlas de Riesgos locales para que se consoliden en el instrumento para el análisis de situaciones y la toma de decisiones para implementar políticas públicas que mitiguen el riesgo de desastres y avanzar así hacia la actualización del Atlas Nacional de Riesgos que tenga como punto de partida y como base los Atlas Locales de Riesgos.

No se puede concebir el cumplimiento de las fases establecidas en el artículo 10 de la LGPC, si no se cuenta con Atlas de Riesgos actualizados, la prevención está supeditada al conocimiento, identificación, análisis y evaluación de los posibles riesgos tanto de origen natural como antropogénico, a los que nos enfrentamos como sociedad.

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas a actualizar sus Atlas de Riesgos, tomando como directriz el enfoque de gestión integral de riesgos de desastre y los principios establecidos en la Ley General de Protección Civil y el Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2014.

Diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica)

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Con motivo del 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, a cargo de las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña y Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD

Con su permiso diputado presidente:

Compañeras y compañeros legisladores:

Por tercer año consecutivo, desde esta tribuna nos dirigimos a ustedes y a la sociedad en su conjunto para que en el marco del 11 de octubre, conmemoremos el Día Internacional de la Niña, el cual surge con el objetivo de reconocer los derechos de ellas y los problemas excepcionales que enfrentan, la fecha señalada, debe ser un día que sirva para difundir información, que las sociedades reconozcan los derechos de las menores de edad, y se sensibilicen ante la terrible problemática que las pequeñas mujeres enfrentan cotidianamente.

También se busca que en todos los ámbitos, todos los actores de la sociedad se comprometan a aportar para garantizar el cuidado y desarrollo de la mitad de la población del planeta, las niñas y las mujeres. Este año el tema de la conmemoración, versa en el alto de la violencia contra ellas y su empoderamiento.

En nuestro país y en el mundo, las niñas y las mujeres han vivido cotidianamente discriminación y exclusión desde el inicio de nuestra historia, el panorama se muestra difícil y alcanza su más grave expresión en la falta de reconocimiento y garantía de goce de sus derechos humanos. Así como en el incremento de la violencia en todas las expresiones que se ejerce contra ellas.

Hablar de la existente desigualdad entre los géneros puede resultar para algún escucha como un tema recurrente y ya desgastado o quizá que estamos exagerando sin embargo, la vigencia de la cultura patriarcal en la que se desenvuelve nuestra sociedad, mantiene escenarios adversos para ellas, pues se les anula de los espacios de decisión y poder. Lo anterior, se percibe más claramente en la evidente desigualdad cuando hablamos de la distribución de la riqueza.

Esta desigualdad, la inequidad y la pobreza que se viven cotidianamente en países como el nuestro, convierte a las niñas y mujeres en “las más pobres entre los pobres”, y también nos permite reflexionar sobre la evidente insuficiencia o ausencia de políticas públicas efectivas, encaminadas a revertir este flagelo histórico.

Pero aun cuando existe esta diferenciación de trato entre los géneros, es todavía más perceptible cuando de las niñas y mujeres indígenas se trata. Ellas, representan el 6.44% de las mujeres de 15 años y más del país, y sufren la triple discriminación, es decir, las discriminan por ser niñas y mujeres, por ser pobres y por ser indígenas; a ellas prácticamente, no se les respetan sus derechos civiles, políticos y sociales, además de seguir en total desventaja y ser violentadas por las prácticas machistas que se manifiestan en el abuso doméstico, la venta de las niñas, la negación a su derecho de posesión de la tierra o el acceso a la representación popular, lo cual aún persiste en sus comunidades.

Por otra parte, el empoderamiento de las niñas y las mujeres adolescentes es indispensable para que los países del mundo y particularmente el nuestro, pueda lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Estos esfuerzos deben realizarse desde diversos ámbitos y procurar acciones concertadas que tengan efectos duraderos y contundentes sobre la educación, la salud y el bienestar de este grupo de población tan diverso y a la vez tan homogéneo en lo que a vulnerabilidad se refiere.1

Las niñas y las adolescentes son sujetos y titulares de derecho. Es la obligación de los estados reconocer y garantizar que ellas, como todos los seres humanos, puedan gozar y ejercer plenamente de sus derechos. La discriminación cultural, étnica, racial, social, educativa, económica, de género y por su edad que enfrentan las niñas y adolescentes, representa una violación directa a sus derechos, afecta su bienestar y salud, restringe el desarrollo pleno de su potencial humano y obstruye su participación social.

Más que ningún otro grupo social, son las niñas y las adolescentes empoderadas, las que tendrán mayor capacidad de reinvertir en su familia, comunidad y sociedad. Los países que se ocupen de su salud, educación y empoderamiento estarán garantizando con ello, en el futuro familias, comunidades y sociedades saludables y productivas.

Sin embargo, la violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres en todas sus expresiones está reconocida como la violación de sus derechos humanos en muchos acuerdos y tratados internacionales, regionales, y compromisos nacionales. Lo que debe servir como herramientas y garantías reales para trabajar hacia la prevención y eliminación de las transgresiones contra ellas.

A varios años de firmados esos acuerdos, las violaciones, comercio, abusos y acosos sexuales, la violencia doméstica, la trata de mujeres y niñas, la prostitución forzada, la esclavitud sexual, la violencia en situaciones de conflicto como el ataque al narcotráfico, el embarazo forzado, los asesinatos por cuestiones de honor, así como otras prácticas y abusos, siguen siendo ejercidos con impunidad en nuestro territorio nacional.

Ante la permanencia de estas acciones, no se aceptan y mucho menos se avala las declaraciones gubernamentales sobre el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de niñas, jóvenes y mujeres, de pugnar por la no discriminación y la igualdad de oportunidades, cuando de manera fehaciente y cotidiana se muestra todo lo contrario.

En otro tema, el Inegi informa que en 2012 censaba a casi 11 mil niñas entre los 10 y 14 años convertidas en mamás, enfrentando con este hecho, las múltiples consecuencias de un embarazo infantil, las que sin duda, son altamente preocupantes pues estas menores de edad, se exponen a diversos daños en su salud cuando se encuentran en este estado, ya que deben resistir complicaciones como hipertensión, anemia, partos prematuros, y la más drástica que no tiene regreso; la muerte materno-infantil .

El embarazo no deseado o planeado, en niñas y adolescentes menores de edad, las obliga a ver pasar su infancia de largo, ya que no la disfrutan como deberían de ser, pues atraviesan esta etapa de manera tan rápida, que de niñas son sorpresivamente mujeres, muchas de ellas son víctimas de violencia sexual.

La edad en que las niñas y mujeres son más vulnerables a la violencia es en la adolescencia. Según la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo. Por otro lado muchas de las mujeres que son maltratadas durante el matrimonio vivieron violencia en el noviazgo. En esta etapa de la vida, la violencia es muy sutil y va creciendo poco a poco con el tiempo, de hecho las personas sin darse cuenta y al vivir en un entorno violento, frecuentemente aprenden a relacionarse de esta manera.

Esta situación trae consigo un alto porcentaje de niñas y adolescentes que no concluirán la escuela, lo que en el futuro, limitará sus oportunidades de desarrollo y de empoderamiento económico al tener que quedarse al cuidado de otros; desempleadas y siendo dependientes, enfrentando mayores situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.

La educación es la estrategia más efectiva para proteger a las niñas de los embarazos adolescentes y de los matrimonios tempranos. Entre más años de educación, ellas tendrán más posibilidades de tener un menor número de hijas e hijos y mayores oportunidades para brindarles mejores condiciones de vida. En torno a la educación, hay 75 millones de niñas en el mundo, que no van a la escuela, y una de cada tres niñas no logra acceder a la educación secundaria. A raíz de ello, las niñas están condenadas a ser más pobres: un año adicional de educación secundaria, aumenta los ingresos potenciales de una niña de un 15 a un 25%.2

En relación con el tema laboral, las niñas y adolescentes también enfrentan una problemática particular ya que datos del Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2011 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) - Inegi, muestran que hay aproximadamente tres millones de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que realizan alguna actividad económica, de los cuales 32% son mujeres y 68% son hombres.

Del total de población femenina infantil y adolescente, 6.8% realizan alguna actividad económica, de ellas más de la mitad (58.2%) cubren una triple jornada, ya que combinan el trabajo con la realización de quehaceres domésticos y además estudian, mientras que 31.7% trabaja y realiza quehaceres domésticos pero no asiste a la escuela.

La violencia en sus peores formas afecta a un gran número de niñas y adolescentes. De acuerdo con un estudio reciente de ONU Mujeres sobre feminicidio en México, basado en estadísticas vitales de mortalidad del Inegi, uno de los hallazgos más sorprendentes ha sido el alto índice de asesinatos de niñas que se registró durante el periodo de 2005 a 2009, en donde el 5.8% de las defunciones femeninas con presunción de homicidio corresponden a niñas de menos de cinco años y en donde el 17.2% de este tipo de defunciones corresponden a niñas menores de 18 años.

Además, las niñas enfrentan deficiencias en la salud y la nutrición, se considera que una niña o adolescente pobre tiene altas probabilidades de arrastrar la pobreza de forma permanente.

Aún hoy con los cambios políticos y sociales sucedidos en nuestro país, las niñas y las mujeres continuamos luchando por reformar la cultura de la desigualdad hacia nosotras y desde distintos espacios enfrentamos esta tarea, buscando un mismo fin, realizar acciones para investigar, entender, sensibilizar, prevenir y erradicar las situaciones de violencia, exclusión y desigualdad vividas por las niñas y las mujeres, las que por lo general, se reproducen posteriormente en sus hijas e hijos.

Por ello, es necesario generar un proceso reeducativo y consciente con las mujeres y los hombres, crear un nuevo ambiente de relación familiar y cultural para esas niñas y niños que son las nuevas generaciones responsables de terminar con los ciclos de desigualdad y violencia. Construyendo esta forma, una sociedad diferente, con mejor calidad de vida y convivencia social.

Sabemos que el trabajo es arduo, modificar las conductas sociales abarca un buen número de generaciones, pero esperamos que este siglo sea por fin, el siglo en el que, mujeres y hombres construyamos una sociedad en la que ser niña, mujer, niño u hombre sea tan solo una forma de designar a personas más libres, solidarias, responsables y justas; las que en conjunto construirán la nueva historia de las relaciones de género en nuestro país.

Muchas gracias.

Notas

1 Declaración del Milenio, firmada por más de 150 líderes mundiales, identifica la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres como una condición para reducir la pobreza y mejorar la salud y el bienestar de las personas. United Nations General Assembly Resolution 2 session 55 United Nations Millenium Declaration on 8 September 2000.

2 Dato del Banco mundial, mencionado en el tríptico; 11 de octubre Día Internacional de la Niña, CNDH, 2014.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)