Dictámenes a discusión

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno del DF, al jefe delegacional en Benito Juárez y al Instituto Nacional de Antropología e Historia a llevar a cabo acciones para investigar, proteger y, en su caso, preservar los restos arqueológicos descubiertos en los trabajos de construcción realizados en el predio que ocupó la octava delegación de policía, en Benito Juárez, Distrito Federal

Honorable Asamblea:

La Comisión de Cultura y Cinematografía, de esta Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XII; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 29 de septiembre de 2014, la diputada Zuleyma Huidobro González y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, presentaron ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de esta LXII Legislatura, la proposición con punto de acuerdo por el cual la Cámara de Diputados, exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal, al jefe delegacional de Benito Juárez y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, para que realicen las acciones necesarias a fin de investigar, proteger y en su caso preservar los restos arqueológicos descubiertos en los trabajos de construcción realizados dentro del predio que ocupó la Octava Delegación de Policía, en las calles de Obrero Mundial y Cuauhtémoc, en la colonia Piedad Narvarte, delegación Benito Juárez del Distrito Federal.

Segundo. Con fecha 30 de septiembre de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-4-1736, la turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía para su respectivo dictamen.

Tercero. Mediante oficio número CCC/LXII/3217 de fecha 3 de octubre la Comisión de Cultura y Cinematografía, envió copia de la proposición con punto de acuerdo turnada, a los diputados integrantes de la comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios.

Cuarto. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la comisión, se reunieron el 23 de octubre de dos mil catorce, para dictaminar la proposición señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. Que esta comisión es competente para conocer y resolver respecto de la proposición con punto de acuerdo por el cual la Cámara de Diputados, exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal, al jefe delegacional de Benito Juárez y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que realicen las acciones necesarias a fin de investigar, proteger y en su caso preservar los restos arqueológicos descubiertos en los trabajos de construcción realizados dentro del predio que ocupó la Octava Delegación de Policía, en las calles de Obrero Mundial y Cuauhtémoc, en la colonia Piedad Narvarte, delegación Benito Juárez del Distrito Federal.

Segundo. Como antecedentes, los diputados proponentes mencionan que los derechos de tercera generación nacen de la necesidad de imponer límites a la disponibilidad de recursos a favor de su conservación para futuras generaciones y que lo que concierne al derecho a la cultura, su pretensión es conservar el patrimonio monumental.

Que el derecho a la cultura también se puede considerar como un derecho social, ya que tiene como objetivo fundamental el interés colectivo, es decir, aquel que tiene “una pluralidad de personas en un bien idóneo para satisfacer una necesidad en común.”

Señalan que en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se define el derecho a la cultura como el derecho que tiene toda persona a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y de los beneficios que de él resulten.

Que en nuestro país, el derecho a la cultura se encuentra consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

Que pareciera que a las autoridades el pleno ejercicio de los derechos culturales, así como de la protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos no son su prioridad.

Que un claro ejemplo ha sido la demolición de la antigua Octava Agencia de Policía, ubicada en un inmueble protegido en avenida Cuauhtémoc y Obrero Mundial, en la delegación Benito Juárez para la ampliación de un centro comercial.

Que de acuerdo a la Dirección y Difusión del Instituto Nacional de Bellas Artes, el edificio de “La Octava” se encontraba registrado en el Catálogo Nacional de Inmuebles con Valor Artístico con la clave DF-BJ-1643-3036 desde 2004, y su incorporación se debió a que las autoridades consideraban que se trataba de “arquitectura relevante”.

Que para la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, le era más importante la restitución de las oficinas de la agencia del Ministerio Público construidas entre 1943 y 1945, y que hasta hace poco fueron el último vestigio del antiguo pueblo de La Piedad, para guardar autos siniestrados y liberar la vía pública.

Mencionan que de nada ha importado a las autoridades capitalinas, la catalogación que le dio el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, por su valor artístico, ni mucho menos las denuncias vecinales sobre la magnitud de los trabajos y el impacto negativo para la zona y para el patrimonio histórico y artístico.

Que a todas luces resalta el conglomerado de omisiones tanto de la administración capitalina como de la propia delegación Benito Juárez, pues desde el 9 de diciembre de 2013, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Conaculta, solicitó a esta última la urgente verificación y suspensión inmediata de las obras de demolición, que en ese momento se realizaban en el predio de la colonia Narvarte.

Que ante tal arbitrariedad, vecinos integrantes del movimiento La Voz de Narvarte interpusieron un recurso de amparo contra actos del jefe del gobierno del Distrito Federal y el jefe delegacional de Benito Juárez, ya que el primero como autoridad ordenadora debió desincorporar el inmueble con valor artístico a favor de un fideicomiso y el segundo por ser omiso del proyecto de demolición y construcción, ya que él es el responsable de que se cumplan los requisitos indispensables como la autorización de impacto ambiental y el respeto integral de los colonos de la demarcación.

También, se menciona en la proposición que la problemática no queda ahí, pues el jefe delegacional sigue solapando la impunidad al permitir que continúen los trabajos en la clandestinidad, pues ahora las labores se desarrollan en un horario nocturno, lo cual trae serias repercusiones en la calidad de vida de los vecinos que se encuentran en las periferias de la obra.

Que si se considera el ruido, el golpeteo de las máquinas y el alumbramiento de los reflectores hacia las viviendas, que no permiten descansar a los colonos, podrían causarles serios problemas de salud.

Que también, se tienen que considerar las condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores pues el riesgo se potencializa a tan altas horas de la noche y madrugada.

Que ante las irregularidades mencionadas, los diputados proponentes dicen que vale la pena preguntarse si los trabajadores cuentan con las normas mínimas de seguridad, contratos al margen de la ley y lo más importante el respeto de sus derechos laborales, ya que ellos pasan a formar parte del daño colateral de dicha obra.

Tercero. Que actualmente el caso ha tomado un vuelco inesperado, ya que tanto autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia como vecinos y representantes de la Comisión de Derechos Humanos del DF, CDHDF, han dado cuenta de la existencia de vestigios arqueológicos que datan al menos del año 1550, cuando ahí se construyó un convento dominico y que posiblemente se encuentren en peligro de sufrir algún tipo de daño o en el peor de los casos ser destruidos.

Que ante las reiteradas violaciones, los diputados de Movimiento Ciudadano exigen al jefe del gobierno capitalino y al jefe delegacional de Benito Juárez instruyan de manera inmediata la suspensión de trabajos en el terreno que ocupó La Octava, para la construcción de un estacionamiento, en aras de evitar que terminen sepultados o destruidos los vestigios arqueológicos encontrados en dicho predio.

Asimismo, reiteran la obligación como legisladores de velar por las construcciones que se encuentran en las diversas colonias del Distrito Federal, que forman parte de la memoria urbana e histórica y de aquellos considerados patrimonios arquitectónicos y culturales de las delegaciones.

Cuarto. Para el análisis de la proposición con punto de acuerdo, es importante destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 4o., párrafo doceavo, el derecho humano de toda persona al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales.

A nivel internacional, la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales celebrada en México en 1982, define en un sentido amplio a la cultura como “el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.”1

También, la conferencia señala que el patrimonio cultural comprende “las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan un sentido a la vida. Es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas.”2

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en el artículo 27 el derecho que tiene toda persona a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.3

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 15, establece el derecho a participar en la vida cultural y a gozar del progreso científico. Este derecho comprende el derecho a la protección de los intereses morales y materiales por las obras científicas o artísticas producidas. También, establece la implementación de medidas sobre conservación, desarrollo y difusión científico-cultural y el respeto a las libertades de investigación científica y de creación.4

Quinto. En virtud de lo arriba mencionado, el Estado mexicano ha mantenido el compromiso tanto en el ámbito nacional como en el internacional, de respetar el derecho humano a la cultura, así como garantizar el ejercicio y acceso mediante la creación de un marco jurídico que regula el patrimonio cultural, a través de normas para la conservación de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos; testimonio de la riqueza cultural de nuestro país, para las generaciones presentes y futuras.

Por ello, el 6 de mayo de 1972 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, cuyo objeto es de interés social y nacional, y sus disposiciones de orden público.

Dentro de los contenidos de la ley, se establece que la responsabilidad primordial en la preservación del Patrimonio Cultural en el país corresponde al Instituto Nacional de Antropología e Historia, en lo referente a custodia del patrimonio paleontológico, arqueológico e histórico de los períodos prehispánico, virreynal y siglo XIX y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en lo relativo al patrimonio artístico del siglo XX.

El artículo 5 de la multicitada ley, estipula que son monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de monumentos los determinados expresamente en esta ley y los que sean declarados como tales, de oficio o a petición de parte.

Para el caso que se analiza, se precisa que de acuerdo a la Dirección y Difusión del Instituto Nacional de Bellas Artes, el edificio de “La Octava” se encontraba registrado en el Catálogo Nacional de Inmuebles con Valor Artístico con la clave DF-BJ-1643-3036 desde 2004, y su incorporación se debió a que las autoridades consideraban que se trataba de “arquitectura relevante”.

También, los diputados proponentes señalan que tanto autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia como vecinos y representantes de la CDHDF, han dado cuenta de la existencia de vestigios arqueológicos que datan al menos del año 1550, cuando ahí se construyó un convento dominico y que posiblemente se encuentren en peligro de sufrir algún tipo de daño o en el peor de los casos ser destruidos.

En este sentido, el 25 de septiembre de 2014, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Dirección de Medios de Comunicación, emitió el comunicado número 06 denominado “En el predio de la Octava Delegación de Policía el INAH realiza un trabajo sistemático de salvamento arqueológico”5 del que se desprende lo siguiente:

- Que no hay destrucción arqueológica.

- Señala también que el inmueble que ocupó la Octava Delegación de Policía recientemente demolido, estaba considerado con valor artístico y no un monumento histórico de acuerdo a lo que establece la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

- Que desde mayo pasado el Instituto Nacional de Antropología e Historia realiza trabajos de salvamento arqueológico en dicho predio, los cuales corresponden a un proyecto académico de investigación aprobado por el Consejo de Arqueología.

- Que en el predio existen evidencias y vestigios de carácter histórico de lo que fue el templo de Nuestra Señora de la Piedad y el convento dominico anexo, correspondientes a la época virreinal. Ambos inmuebles fueron dañados cuando fue construido un cuartel militar en el siglo XIX y, posteriormente, cuando se erigió la Octava Delegación de Policía en los años cuarenta del siglo XX.

- Que la pérdida del inmueble de la Octava Delegación no causó daño al patrimonio arqueológico de la nación.

- Que durante la investigación se han localizado algunos fragmentos de cerámica prehispánica en contextos sedimentarios de relleno y no en un ambiente arqueológico definido, lo que significa que probablemente llegaron junto con la tierra que se utilizó para nivelar ciertos espacios para las antiguas construcciones.

Y que los vestigios arqueológicos e históricos están siendo debidamente recuperados y registrados de acuerdo a los lineamientos académicos y normativos vigentes.

Por último, se menciona que el INAH refrenda su compromiso con la protección y conservación del patrimonio arqueológico e histórico de México.

Sexto. Si bien el Instituto Nacional de Antropología e Historia realiza un trabajo sistemático de salvamento arqueológico dentro del predio en el cual se encontraba la Octava Delegación de Policía, ubicada en la Delegación Benito Juárez, los Diputados proponentes manifiestan una legítima preocupación al señalar que ante las reiteradas violaciones, y al permitir que continúen los trabajos en la clandestinidad, pues ahora las labores se desarrollan en un horario nocturno, exigen al jefe del gobierno capitalino y al jefe delegacional de Benito Juárez a que instruyan de manera inmediata la suspensión de trabajos en el terreno que ocupó La Octava, en aras de evitar que terminen sepultados o destruidos los vestigios arqueológicos encontrados en dicho predio.

Octavo. Los vestigios arqueológicos e históricos encontrados en el multicitado predio forman parte del patrimonio cultural de todos los mexicanos, por ello, las autoridades exhortadas tienen el deber de llevar a cabo las acciones que conforme a sus atribuciones les correspondan, para su protección, cuidado y preservación.

Por último, esta comisión dictaminadora coincide con los propósitos plasmados en la proposición, ya que la garantía de preservación del patrimonio cultural es determinante para que permanezca en el tiempo y continúe alimentando a futuras generaciones.

Con base en lo expuesto, fundado y motivado:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal, al jefe delegacional de Benito Juárez y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que realicen las acciones necesarias a fin de investigar, proteger y en su caso preservar los restos arqueológicos descubiertos en los trabajos de construcción realizados dentro del predio que ocupó la Octava Delegación de Policía, en las calles de Obrero Mundial y Cuauhtémoc, en la colonia Piedad Narvarte, delegación Benito Juárez del Distrito Federal.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura. http://portal.unesco.org/culture/es/files/35197/11919413801mexico_sp.pd f/mexico_sp.pdf

2 Idém.

3 Centro de Información de las Naciones Unidas. http://www.cinu.mx/onu/documentos/declaracion-universal-de-los-d/

4 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/cartillas/7%20carti lla%20pacto%20internacional%20der%20econ%C3%B3micos%20sociales%20cultur ales.pdf

5 Instituto Nacional de Antropología e Historia. http://www.inah.gob.mx//images/stories/Boletines/BoletinesPDF/article/7 354/comunicado_6.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a ____ de ______ de 2014.

La Comisión de Cultura

Diputados: Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), presidenta; Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Hugo Jarquín (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica), Angelina Carreño Mijares (rúbrica), secretarios; Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Juana Bonilla Jaime, Frine Soraya Córdova Morán (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, José Martín López Cisneros, María Carmen López Segura (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Tania Rellstab Carreto (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz, Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva, Alejandro Sánchez Camacho, Ana Paola López Birlain, María Isabel Ortiz Mantilla, Carlos Bernardo Guzmán Cervantes.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo a fin de exhortar al secretario de Desarrollo Social a implantar con el Sistema de Transporte Colectivo Metro acciones para atender a las personas que solicitan a los usuarios un apoyo económico

Honorable Asamblea:

A la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal a implantar las acciones necesarias con el Sistema de Transporte Colectivo-Metro a efecto de atender a las personas que solicitan a los usuarios un apoyo económico, presentada por la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, numeral 1, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el dictamen de la proposición con punto de acuerdo señalado, conforme a los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 4 de septiembre de 2014, la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal presentó al pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen.

2. El 5 de septiembre de 2014, con el oficio número DGPL 62-II-6-1585, la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión remitió el expediente 4868, para análisis y dictamen, a la Comisión del Distrito Federal.

3. Con fecha 23 de octubre de 2014, en reunión ordinaria de la Comisión del Distrito Federal, se analizó, discutió y aprobó el dictamen que hoy se presenta.

Contenido de la proposición

1. En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, la proponente señala: “Diariamente, los vagones y las estaciones del Metro de la Ciudad de México son visitados por personas con capacidades diferentes, con alguna enfermedad, indígenas, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores que piden limosna”.

2. Hace referencia a que “estas personas requieren atención inmediata por las autoridades del gobierno del Distrito Federal, ya que se encuentran en una situación extrema de vulnerabilidad de sus derechos y se exponen a ser víctimas de la delincuencia y a todo tipo de riesgos”.

3. Asimismo, comenta: “La finalidad de la administración pública es procurar mejores condiciones de bienestar para los ciudadanos. De ahí que deba encaminarse a combatir la pobreza y la mendicidad en cualquier rincón del país, y si se ésta se manifiesta en las instalaciones del Metro, es factible la instauración de acciones efectivas para detectar, identificar y abordar a estas personas para apoyarlas a salir de la preocupante necesidad en que se encuentran, ya que el gobierno del Distrito Federal cuenta con los elementos necesarios para poder canalizarlos a sus áreas sociales”.

4. De tal modo, señala: “La situación debe ser atendida con urgencia, ya que estas personas pueden ser víctimas de tratantes y porque la mendicidad infantil se desarrolla ante los propios ojos de los padres de los menores, quienes son aleccionados por éstos para distribuir volantes y solicitar una moneda”.

Por ello concretamente plantea que

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte al secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal a implantar las acciones necesarias con el Sistema de Transporte Colectivo-Metro a fin de atender a las personas que solicitan a los usuarios un apoyo económico.

Consideraciones

1. Esta comisión dictaminadora, luego de analizar que la proposición con punto de acuerdo, cumple los requisitos formales establecidos en el Reglamento, y toda vez de que la finalidad de la administración pública es procurar mejores condiciones de bienestar para los ciudadanos, como refiere la proponente, cuyos objetivos de la proposición son salvaguardar el derecho que tiene todo ser humano a vivir con dignidad y respeto, principalmente las niñas, niños y adultos mayores.

2. Debido a la presencia de personas con capacidades diferentes, con alguna enfermedad, indígenas, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores que pueden estar siendo utilizados y explotados por quienes tienen su guarda y custodia, es necesario que la autoridad local, en este caso el gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, instaure acciones en el Sistema de Transporte Colectivo-Metro a efecto de que se realice un trabajo social y, en su caso, canalice a sus aéreas sociales a estas personas, evitando que sean objeto de delito o algún acto de inseguridad, además de poder combatir la mendicidad que sufren a diario estas personas.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal, con base en las consideraciones y los argumentos que preceden, resuelven que

Es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por lo que se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Dictamen de la proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal a implantar las acciones necesarias con el Sistema de Transporte Colectivo-Metro a fin de atender a las personas que solicitan a los usuarios un apoyo económico

Único. Se exhorta al gobierno del Distrito Federal a implantar por la Secretaría de Desarrollo Social del DF acciones con el Sistema de Transporte Colectivo-Metro haciendo un trabajo social y, en su caso, canalizar a sus aéreas sociales a estas personas, evitando que sean objeto de delito o algún acto de inseguridad, además de poder combatir la mendicidad que sufren a diario estas personas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2014.

La Comisión del Distrito Federal

Diputados: Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), presidenta; Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Jorge Sotomayor Chávez (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano, José Antonio Hurtado Gallegos, René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo, José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Carlos Augusto Morales López, Israel Moreno Rivera (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno local a verificar por la Contraloría General el cumplimiento del director general del Metro de las obligaciones derivadas de su encargo en materia de mantenimiento del material rodante e instalaciones fijas que forman la red de transporte

Honorable Asamblea:

A la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de Gobierno del Distrito Federal, y a la Contraloría General del Distrito Federal, a que verifiquen el cumplimiento, por parte del ingeniero Joel Ortega Cuevas, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, de las obligaciones derivadas de su encargo en materia de mantenimiento del material rodante e instalaciones fijas que conforman la red de transporte; la que fue presentada por los diputados Ricardo Mejía Berdeja, Zuleyma Huidobro González y Ricardo Monreal Ávila.

Con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Conforme a los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Zuleyma Huidobro González presentaron esta propuesta ante la Mesa Directiva el 4 de septiembre de 2014, la misma que fue suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila.

2. Ese mismo día la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turnó a la Comisión del Distrito Federal.

3. Con fecha del 23 de octubre de 2014, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal se reunieron para analizar y aprobar el dictamen que hoy se presenta.

Contenido de la proposición

1. Los diputados proponentes presentaron en su argumentación una lista de hechos que han ocurrido durante los últimos meses y han ocasionado fallas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, estas son:

• 26 de mayo, inundación de las estaciones Cuatro Caminos, Panteones y Tacuba de la línea 2 por la saturación de la red de drenaje causada por las fuertes lluvias que cayeron en el norponiente de la ciudad.

• 19 de junio, un convoy que se encontraba en la estación El Rosario de la línea 7 registró una falla que provocó fuego en una llanta. El incidente fue divulgado por redes sociales.

• 26 de junio, usuarios de la línea 5 del Metro resultaron afectados, ya que las intensas lluvias provocaron una falla eléctrica en la estación Aragón.

• 2 de julio, entre las 20:00 y las 21:00 horas, usuarios de la línea 5 a la altura de la estación Oceanía, fueron desalojados del convoy debido a un corto circuito que generó una gran cantidad de humo.

• 2 de julio, en la estación Centro Médico de la línea 3, usuarios reportaron la presencia de humo en uno de los vagones, por lo que también fueron desalojarlos.

• También se señala lo sucedido con la línea 12 del STC Metro y el cierre de once de las veinte estaciones que la conforman a partir del 11 de marzo del presente año.

Consideraciones

1. Esta comisión dictaminadora, luego de analizar que la proposición con punto de acuerdo cumple con los requisitos formales establecidos por nuestro reglamento, hicimos referencia a lo establecido por el Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que establece las facultades y obligaciones del director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como de los subdirectores generales en especial el de mantenimiento:

I. Las facultades que establece el artículo 21 del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo Metro, establece entre otras obligaciones la de la conducción, organización, control y evaluación del organismo, conforme al presente Estatuto y a las demás disposiciones aplicables, a fin de que todas las actividades se realicen con eficiencia, eficacia y productividad.

II. Por su parte el artículo 29 de este mismo ordenamiento establece que son facultades y obligaciones del subdirector general de mantenimiento , el promover las políticas, lineamientos y directrices a los que deberán ajustarse el mantenimiento y conservación de las instalaciones fijas y el material rodante y todos aquéllos mantenimientos y construcción que se contraten a través de obra pública y servicios relacionados con la misma, aplicables en los inmuebles e instalaciones que conforman la infraestructura operativa del organismo, a fin de garantizar la continuidad del servicio que se presta al público usuario.

Así como organizar y coordinar las acciones de modernización o rehabilitación de material rodante y las instalaciones fijas de la red actual de servicio, a fin de ofrecer a la ciudadanía la óptima seguridad, continuidad y calidad del servicio, con base en la incorporación de las innovaciones tecnológicas apropiadas, que permitan contar con las mejores condiciones de funcionamiento, mantenimiento y fiabilidad.

2. Asimismo los diputados proponentes manifestaron que los trenes han presentado reiteradamente una serie de fallas, ya que –de manera sistemática– las personas usuarias sufren las repercusiones del mal servicio, prueba de ello es la suspensión de servicios de la línea 12;

Por lo anterior, la Comisión del Distrito Federal, al hacer un análisis considera fundada la petición de hacer un atento exhorto sobre las tareas de prevención y mantenimiento en el equipo de rodamiento del Sistema Colectivo de Transporte Metro, ya que es el medios de transporte más utilizado por los capitalinos y transeúntes para dirigirse a los distintos puntos de la ciudad sin provocar un caos vial y contaminación ambiental, por lo tanto se concluyó estar de acuerdo para aprobar el siguiente

Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta-al jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la Contraloría General del Distrito Federal, a que verifiquen el cumplimiento, por parte de Joel Ortega Cuevas, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, de las obligaciones derivadas de su encargo en materia de mantenimiento del material rodante e instalaciones fijar que conforman la red de transporte

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de Gobierno del Distrito Federal a que por medio de la Contra lo ría General del Distrito Federal, verifique el cumplimiento por parte del ingeniero Joel Ortega Cuevas, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, de las obligaciones derivadas de su encargo en materia de mantenimiento del material rodante e instalaciones fijas que conforman la red de transporte.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2014.

La Comisión del Distrito Federal

Diputados: Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), presidenta; Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano, José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Carlos Humberto Aceves y del Olmo, José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 16 jefes delegacionales a permitir en el marco de las leyes electorales la labor de afiliación de los partidos políticos con registro nacional

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) a g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares presentó ante la Mesa Directiva la presente proposición con punto de acuerdo el 10 de septiembre de 2014.

2. Ese día, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición a la Comisión del Distrito Federal para el estudio y dictamen correspondientes.

3. Con fecha 23 de octubre de 2014, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal se reunieron para analizar y aprobar el dictamen que hoy se presenta.

Contenido de la proposición

1. En la proposición con punto de acuerdo se mencionan obstáculos, agresiones y empellones a que han sido sometidos integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en su labor de afiliación, éstas son

• Diversas brigadas del PVEM, con el único afán de afiliar a quien así lo desee, han sido agredidos, remitidos al juzgado cívico sin cometer falta administrativa alguna, y tratados con desprecio por diversos funcionarios delegacionales, siendo que estos últimos jamás han fundado ni motivado las razones de su actuar, actualizando así una especie de persecución política contra todas las fuerzas políticas que no comulgan con sus principios o colores.

• Las agresiones van desde empellones, levantamiento de pequeñas mesas propiedad del partido, robo de folios donde se asientan las respectivas afiliaciones y despojo del material de trabajo hasta el sometimiento de embarazadas que laboran en las respectivas tareas de afiliación.

• En Xochimilco, los verificadores de vía pública, sin mandamiento judicial ni administrativo, con uso de la fuerza han agredido a las brigadas del PVEM, incluso amedrentando con golpes y empujones.

• En ningún caso han dado razón precisa de su comportamiento de barbarie; solamente expresan que atienden a las órdenes de un tal Tito Arístides Cruz Alvarado, o de José Luis Sánchez Barquera Solís, quienes fungen respectivamente como director de Gobierno y jefes de Departamento de Vía Pública en la delegación en cuestión, siendo que la brigada siempre se ha dirigido respetuosamente e incluso, por un afán de consideración hacia las autoridades, han manifestado por escrito los sitios donde llevarán a cabo las labores cívicas. Al respecto, las autoridades delegacionales jamás han dado contestación alguna por escrito, fundando o motivando su proceder, pero en cambio sí se asientan en los sitios donde la brigada en cuestión operará para impedirles su colocación y proceder a su retiro y, en su caso, sometimiento.

2. La proposición con punto de acuerdo menciona que las delegaciones donde se han presentado obstáculos e incluso agresiones contra militantes del PVEM en su labor de afiliación son Xochimilco, Iztacalco, Coyoacán, La Magdalena Contreras, Tláhuac y Venustiano Carranza. Sin embargo, a excepción de la delegación Xochimilco, de ninguna otra delegación se narran testimonios o hechos concretos.

Consideraciones

1. Esta comisión dictaminadora, luego de analizar que la proposición con punto de acuerdo cumple los requisitos formales establecidos en el Reglamento, hace un análisis y valoración de los argumentos expuestos por el proponente, los cuales se han descrito en el contenido de la proposición. Por tanto, y considerando que los partidos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público.

2. Conforme a la fracción I del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como principal finalidad promover los valores cívicos y la cultura democráticas entre la ciudadanía, así como hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, reconociendo el derecho de éstos para afiliarse libre e individualmente a los partidos referidos, por lo cual los partidos deberán acudir con el electorado para buscar su apoyo y con la metodología que establezcan sus estatutos y demás reglamentos internos, los cuales serán respetuosos y acordes con los reglamentos municipales.

3. Por tanto, las autoridades federales, las locales y las municipales o delegacionales deben velar por permitir que las actividades de los partidos políticos se desarrollen sin violentar sus derechos que la Carta Magna y las leyes secundarias en la materia establecen.

Por tanto, esta asamblea debe pronunciarse por hacer un exhorto a todos los jefes delegacionales a permitir las actividades políticas y electorales que los partidos realicen en las demarcaciones delegacionales.

Por lo expuesto, la Comisión de Distrito Federal de la LXII Legislatura somete a consideración de la Cámara de Diputados el presente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 16 jefes delegacionales del Distrito Federal a no obstaculizar las actividades de difusión de ideas, de afiliación y propaganda de los partidos políticos para efectos de apoyar las prácticas democráticas y el fortalecimiento del respeto de las leyes electorales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2014.

La Comisión del Distrito Federal

Diputados: Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), presidenta; Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Jorge Sotomayor Chávez (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano, José Antonio Hurtado Gallegos, René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo, José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez, María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica en contra), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández.

De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a llevar a cabo un análisis de factibilidad para crear salas especializadas en materia de comercio exterior

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno del Congreso de la Unión el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente:

Metodología

La Comisión de Justicia del honorable Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la mencionada Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. Antecedentes generales. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. Contenido de la proposición. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. Resolutivo. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del pleno de la Cámara de Diputados.

I. Antecedentes generales

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 20 de agosto del 2014, el Diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento una proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a llevar a cabo un análisis de factibilidad para la creación de Salas Especializadas en materia de comercio exterior, y de considerarlo procedente, que se realicen las modificaciones a su Reglamento Interior, a fin de establecer dichas Salas en las regiones que así lo ameriten.

b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio No. CP2R2A.-2882.

II. Contenido de la proposición

El proponente señala que este Congreso reconociendo el trabajo de ese Órgano Jurisdiccional, le ha conferido mayores atribuciones para conocer y resolver sobre resoluciones, actos y procedimientos de las autoridades administrativas, garantizando así la pronta y eficaz impartición de la justicia contenciosa administrativa a los ciudadanos.

Indica que de acuerdo con los informes y reportes estadísticos de sus Salas se han reordenado su Salas Regionales y se han creado Salas Auxiliares y Especializadas con el fin de equilibrar las cargas de trabajo aprovechando con ello sus recursos humanos y materiales y especializando sus órganos jurisdiccionales.

Al respecto la propuesta señala que en el caso de las salas especializadas, éstas fueron creadas para atender las demandas en materias específicas que, por su grado de complejidad y tecnicismo, deben ser analizadas y resueltas por magistrados, secretarios y demás personal del tribunal que cuenten con los conocimientos y experiencia profesional de la materia de que se trata.

Precisa además que en la actualidad el Tribunal cuenta con tres salas especializadas, en materia de propiedad intelectual, juicios en línea y en materia ambiental y regulación, de acuerdo con el artículo 23 de su reglamento interior.

Destaca que con la apertura de Salas Especializadas, se ha iniciado la especialización de sus órganos jurisdiccionales, lo que aparte de agilizar sus trabajos, homologar sus criterios, elevar la calidad de sus resoluciones e incrementar sus niveles de desempeño, redunda en aras de una permanente mejoría en la impartición de justicia.

En la propuesta con punto de acuerdo, se destaca que el tribunal conforme a lo dispuesto en el artículo 14 su ley orgánica, es competente para resolver los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, tales como:

a) las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación.

b) las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales.

c) las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación.

d) las que trate en las materias señaladas en el artículo 94 de la ley de Comercio Exterior.

e) las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos.

Expresando además que todas estas controversias se presentan en las operaciones de Comercio Exterior, por lo cual se hace necesario la creación de salas especializadas en esta materia en el Tribunal Federal en Materia Fiscal y Administrativa, lo que vendrá a tener el efecto de tramitar y resolver de manera más eficiente y entendida los juicios que se suscitan en este importante sector para la economía nacional.

El proponente manifiesta que los importadores y exportadores constantemente tienen controversias con las autoridades aduaneras, o con la dependencia o entidad que regula la mercancía sujeta a la operación ya sea por una interpretación normativa, una clasificación arancelaria, un permiso, entre otros por lo que acuden al Tribunal para que ese órgano jurisdiccional dirima las diferencias entre las autoridades y los particulares. Precisando que de enero a julio de este año se han presentado 2049 demandas en materia de Comercio Exterior, lo que representa el 15% de los juicios totales recibidos por el Tribunal.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para que lleve a cabo un análisis de factibilidad para la creación de Salas Especializadas en materia de Comercio Exterior y, de considerarlo procedente, que se realicen las modificaciones a su Reglamento Interior, a fin de establecer dichas Salas en las regiones que así lo ameriten.

III. Consideraciones

Las y los integrantes de esta comisión dictaminadora señalan que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un tribunal de lo contencioso-administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, con la organización y atribuciones que esta Ley establece.

Esta comisión dictaminadora señala que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ha tenido una evolución importante en virtud de la ampliación de su competencia material, lo que implicó un incremento considerable en los inventarios de las Salas Regionales, problemática a la que se le ha dado prioridad en los último años, con el objetivo de garantizar el acceso a una impartición de justicia contenciosa administrativa pronta y eficaz.

La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en su artículo 2Bis establece que las Salas Especializadas conocerán de materias específicas, con la jurisdicción, competencia y sedes que se determinen en su Reglamento Interior, de acuerdo a los estudios y propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, con base en las necesidades del servicio. Dichas Salas observarán para su organización, integración y en su caso funcionamiento, las mismas disposiciones aplicables a las Salas Regionales, sin perjuicio de las adecuaciones que se requieran para su buen desempeño.

Que en términos de lo dispuesto por el artículo 41, fracción IV, de la Ley, corresponde a la Junta de Gobierno y Administración llevar a cabo los estudios necesarios para determinar las sedes y número de las Salas Especializadas.

Que en términos de lo dispuesto por el artículo 18, fracción II, de la Ley, es facultad de la Sala Superior, en su integración de trece Magistrados, aprobar y expedir el Reglamento Interior en el que se incluya la competencia material y territorial de las Salas Especializadas.

Cabe destacar que con la apertura de Salas especializadas, se ha iniciado la especialización de los órganos jurisdiccionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo que aparte de agilizar sus trabajos, homologar sus criterios, elevar la calidad de sus resoluciones e incrementar sus niveles de desempeño, redunda en aras de una permanente mejoría en la impartición de justicia.

Esta comisión considera además que dada la importancia que reviste para la Economía Nacional el sector de Comercio Exterior, cobra importancia la creación de salas especializadas en esta materia en el Tribunal Federal en Materia Fiscal y Administrativa, lo que vendrá a tener el efecto de tramitar y resolver de manera más eficiente y entendida los juicios que se suscitan en este importante sector.

Con fundamento en las consideraciones y preceptos legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso de la Unión, someten a esa honorable soberanía el siguiente:

IV. Resolutivo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para que lleve a cabo un análisis de factibilidad para la creación de Salas Especializadas en materia de Comercio Exterior y, de considerarlo procedente, que se realicen las modificaciones a su Reglamento Interior, a fin de establecer dichas Salas en las regiones que así lo ameriten.

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a los 30 días del mes de octubre de 2014.

La Comisión de Justicia

Diputados: Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Karina Labastida Sotelo, Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González (rúbrica en abstención), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan, Zuleyma Huidobro González, Lilia Aguilar Gil (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), secretarios; Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Miriam Cárdenas Cantú, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya, Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Areli Madrid Tovilla (rúbrica), Julio César Moreno Rivera, José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Fernando Zárate Salgado, Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Claudia Delgadillo González (rúbrica), Crystal Tovar Aragón, José Guillermo Anaya Llamas, Carlos Fernando Angulo Parra.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cofepris a instaurar protocolos sanitarios tendentes a evitar el contagio y la propagación del virus del ébola en el territorio nacional

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6 incisos e) y f) y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 14 de octubre de 2014, el diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que instrumente todos aquellos protocolos sanitarios tendientes a evitar el contagio y propagación del virus del ébola en el territorio nacional.

2. Con misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente proposición a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que instrumente de inmediato las medidas de control, información, prevención y vigilancia y, en general, todos aquellos protocolos sanitarios para evitar el contagio y propagación del virus del ébola en el territorio nacional.

IV. Consideraciones

Primera. El virus del ébola causa en el ser humano la EVE, cuya tasa de letalidad puede llegar a 90 por ciento. El virus se detectó por vez primera en 1976 en dos brotes simultáneos ocurridos en Nzara (Sudán) y Yambuku (República Democrática del Congo). La aldea en que se produjo el segundo de ellos está situada cerca del río Ébola, que da nombre al virus.

Segunda. El virus del ébola se introduce en la población humana por contacto estrecho con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados. En África se han documentado casos de infección asociados a la manipulación de chimpancés, gorilas, murciélagos frugívoros, monos, antílopes y puercoespines infectados que se habían encontrado muertos o enfermos en la selva.

Posteriormente, el virus se propaga en la comunidad mediante la transmisión de persona a persona, por contacto directo (a través de las membranas mucosas o de soluciones de continuidad de la piel) con órganos, sangre, secreciones, u otros líquidos corporales de personas infectadas, o por contacto indirecto con materiales contaminados por dichos líquidos.

Tercera. La EVE es una enfermedad vírica aguda grave que se suele caracterizar por la aparición súbita de fiebre, debilidad intensa y dolores musculares, de cabeza y de garganta, lo cual va seguido de vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática y, en algunos casos, hemorragias internas y externas. Los resultados de laboratorio muestran disminución del número de leucocitos y plaquetas, así como elevación de las enzimas hepáticas.

Los pacientes son contagiosos mientras el virus esté presente en la sangre y las secreciones. El virus del ébola se ha aislado en el semen hasta 61 días después de la aparición de la enfermedad en un caso de infección contraída en el laboratorio. El periodo de incubación (intervalo desde la infección hasta la aparición de los síntomas) oscila entre 2 y 21 días.

Cuarta. En diciembre de 2013 surgieron, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) los primeros brotes de ébola en la República de Guinea situada en el occidente de África, padecimiento éste que muy pronto habría de propagarse a los países vecinos de Liberia, Sierra Leona y, mucho más recientemente a Nigeria, Malí y Costa de Marfil.

Quinta. La Organización Mundial de la Salud (OMS) luego de que la reunión del Comité de Emergencia haya declarado el brote del ébola como emergencia sanitaria internacional, analizado la situación del surgimiento, sus posibles consecuencias y emitido una serie de recomendaciones para frenar su expansión, habiéndose señalado que constituye un “hecho extraordinario”; y alertado de que representa un riesgo sanitario para otros países, además de los directamente afectados; asimismo, sobre las posibles consecuencias que tendría una expansión internacional del ébola.

Sexta. En días recientes los centros para el control y prevención de enfermedades (CDC) de Estados Unidos de América advirtieron que el número de casos de infectados por ébola podría llegar hasta 1.4 millones en enero próximo si no se aumentan los esfuerzos por contener la enfermedad. Por lo que el director del Departamento de Enfermedades Trasmisibles y Análisis de la Salud de la OPS/OMS, señala que todas las acciones en América deben estar orientadas a prevenir el establecimiento de la transmisión local ante la eventual introducción de un posible caso importado.

Séptima. Son ya dos casos, uno de ellos confirmado, de ciudadanos estadounidenses contagiados por el virus, ambos en el estado de Texas, territorio colindante con nuestros país, lo cual aumenta el riesgo de que una posible epidemia afecte directamente a la población mexicana si es que nuestras autoridades sanitarias no ponen en marcha oportunamente los protocolos y medidas necesarias para que el personal de salud y la población en general estén informados y preparados para hacer frente de manera responsable a dicho problema real que enfrenta ya nuestro país vecino.

Octava. Actualmente en el marco jurídico vigente, a través de la Ley General de Salud, en su artículo 17 Bis, establece que la Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en lo relativo a la sanidad internacional, siendo este último un órgano desconcentrado con autonomía administrativa, técnica y operativa.

Es urgente que el Estado mexicano, a través de sus órganos de protección sanitaria, implementen las acciones necesarias o, en su caso, se amplíen los protocolos ya establecidos por la Cofepris, para evitar que la población se encuentre expuesta al virus del ébola, por lo que esta comisión dictaminadora estima viable emitir dictamen a favor con modificaciones a fin de que todas aquellas acciones se extiendan a nivel estatal.

Con base en las consideraciones antes mencionadas, los integrantes la comisión dictaminadora de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Esta honorable asamblea exhorta a la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que instrumente de inmediato las medidas de control, información, prevención, vigilancia y, en general, todos aquellos protocolos sanitarios para evitar el contagio y propagación del virus del ébola en el territorio nacional, así como dichas acciones se extiendan a nivel estatal.

Palacio Legislativo, a los 20 días del mes de noviembre del 2014.

La Comisión de Salud

Diputados: Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), María Elena Cabañas Aparicio, José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Ssa a realizar acciones para crear conciencia entre la opinión pública sobre los efectos de la depresión clínica y promover la atención oportuna

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 2 de octubre de 2014, la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó un punto de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que emprenda acciones para concientizar a la opinión pública de los efectos de la depresión clínica y promover la atención oportuna.

Con misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente proposición a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que emprenda acciones para concientizar a la opinión pública de los efectos de la depresión clínica y promover la atención oportuna.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... Y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. La Ley General de Salud establece en el artículo 3, fracción VI, que será materia de salubridad general la salud mental.

En este mismo sentido el artículo 27 considera los derechos a la protección de la salud en cuanto a los servicios básicos referentes a:

III. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter preventivo consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta;

Artículo 73. Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad.

II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, así como el conocimiento y prevención de los trastornos mentales y del comportamiento;

III. La realización de programas para la prevención y control del uso de substancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan causar alteraciones mentales o dependencia;

Queda entonces la certeza jurídica para ejercer los mecanismos adecuados para protección de la salud, sobre todo de aquellos que padecen enfermedades mentales, así mismo, la depresión como derivada de las mismas.

Tercera. En relación con la educación para la salud, la Ley General de Salud en su artículo 112 estipula lo siguiente:

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental , salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Cuarta. El suicidio es una consecuencia de las personas que sufren depresión crónica. La OMS declara que el suicidio ha ido en incremento en los últimos años, aún y cuando éste se haya ponderado con el incremento de la tasa de crecimiento de la población, sin embargo advierte que las causas del suicidio son multivariadas, dentro de la cuales, el principal factor es la salud mental, declarando lo siguiente:

“la mayoría de las personas que cometen suicidio presentan un trastorno mental diagnosticable. El suicidio y los comportamientos suicidas son más frecuentes en pacientes psiquiátricos” (OMS, 2000:6).

Aunque la mayoría de los que cometen suicidio presentan un trastorno mental, gran parte de ellos no visitan a un profesional en salud mental, incluso en países desarrollados.

El factor es agravado por el abuso de sustancias toxicológicas como el alcohol y las drogas. Además, factores como el desempleo, la falta de integración al mercado laboral, la insatisfacción de las necesidades de los individuos, la falta de percepción de ingresos para generar utilidad, representan uno de los muchos factores que pueden influir en las personas para terminar con su vida.

Quinta. La OMS declara que los suicidios como tal no representan una enfermedad, pero los trastornos mentales y la depresión son un factor muy importante que induce al suicidio.

Ante esto, propone que se observen cuidadosamente los signos de la depresión que podrían conducir a las personas a suicidarse:

• Cansancio
• Tristeza
• Falta de concentración
• Ansiedad
• Irritabilidad
• Trastornos del sueño
• Dolor en diferentes partes del cuerpo

Los siguientes factores aumentan el riesgo de suicidio en personas con depresión:

• Edad menor de 25 años en varones
• Fase temprana de la enfermedad
• Abuso del alcohol
• Fase depresiva de un trastorno bipolar
• Estado mixto (maniaco-depresivo)
• Manía psicótica

Además, expresa la OMS que la propensión a suicidarse es observable mediante la declaración misma del acto que los afectados hacen antes de cometer el suicidio.

Sexta. La depresión está contemplada según la OMS como un problema de salud pública y debe ser tratada dentro del esquema de la salud mental, ya que puede conducir al suicidio.

En ese sentido, los integrantes de la comisión ven factible la aprobación del punto de acuerdo con modificaciones que exhorta a la secretaría de salud a atender el problema de la depresión.

Con base en las consideraciones antes mencionadas, los integrantes la Comisión dictaminadora de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente:

Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a realizar, en el ámbito de sus facultades, las acciones necesarias, entre la población nacional, de educación para la salud, las causas y efectos de la depresión, así como su prevención y tratamiento. Asimismo, para que se garantice el acceso universal a la atención médica, para aquellas personas que la padecen.

Palacio Legislativo, a 20 de noviembre de 2014.

La Comisión de Salud

Diputados: Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio, José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jéssica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Ssa, al Consejo de Salubridad General y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a incorporar progresivamente la atención de la insuficiencia renal en el catálogo de cobertura del Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 9 de octubre 2014, la diputada Leonor Romero Sevilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, Ssa, al Consejo de Salubridad General y a la Comisión Nacional de Protección Social a incluir en el catálogo de enfermedades catastróficas la atención de la insuficiencia renal de quienes carecen de seguridad social.

Con misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente proposición a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Señala la diputada proponente en el punto de acuerdo objeto del presente dictamen lo siguiente:

1. La enfermedad renal crónica se ha convertido en un problema de salud pública en nuestro país. Se estima que uno de cada diez mexicanos tiene algún grado de enfermedad renal crónica; esta cifra sube a casi tres por cada diez mexicanos adultos en personas con diabetes o con hipertensión arterial.

2. Cada vez es mayor la necesidad de recurrir a procedimientos de diálisis o trasplante renal, por lo que se incrementa gradualmente el costo de su atención. Otra particularidad es, la edad de los pacientes que son admitidos a programas de hemodiálisis se va incrementando

3. El 16 de noviembre de 2004, se creó el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos en Salud, FPGC, el cual cubría de manera inicial cuatro intervenciones: leucemia linfoblástica, cáncer cervicouterino, cuidados neonatales y tratamientos ambulatorios de VIH/Sida en niños y adultos. En el año 2007 se agregaron al FPGC las siguientes enfermedades: cáncer de mama, tratamiento antirretroviral de VIH/sida, cataratas y los 10 principales tipos de cáncer en niños, actualmente, el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos proporciona recursos monetarios a través de un fideicomiso, a los prestadores de servicios acreditados y con convenios firmados de las 32 entidades federativas.

IV. Consideraciones

Primera. Diversos estudios reportan las consecuencias financieras de la atención de problemas de salud para las familias. Estas consecuencias impulsaron la reforma a la Ley General de Salud en México en 2003, en respuesta a este problema, surgen las disposiciones que permitieron poner en marcha el Sistema de Protección Social en Salud, enfocado a la protección financiera de la población que no cuenta con seguridad social.

El Sistema de Protección Social en Salud contempló la constitución de un fondo denominado Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, destinado a “apoyar el financiamiento de la atención de enfermedades de alto costo y que, en consecuencia, provocan gastos catastróficos”. La definición de las enfermedades que pueden ser cubiertas es responsabilidad del Consejo de Salubridad General (CSG), tomando en consideración prevalencia, aceptabilidad social y viabilidad financiera.

La prestación de los servicios está a cargo de los Centros Regionales de Atención Especializada acreditados, y el manejo de los recursos y su correspondiente transferencia es realizada por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Segunda. La Ley General de Salud, en el artículo 77 Bis 1; párrafo segundo, establece que la protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Se transcribe a continuación:

Artículo 77 Bis 1. Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.

Las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios necesarios para la secuencia y alcances de cada intervención que se provea en los términos de este título.

Tercera. El artículo 77 Bis 29 del citado ordenamiento señala lo que, se considerarán gastos catastróficos:

Artículo 77 Bis 29. Para efectos de este título, se considerarán gastos catastróficos a los que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos asociados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren.

Con el objetivo de apoyar el financiamiento de la atención principalmente de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud que sufran enfermedades de alto costo de las que provocan gastos catastróficos, se constituirá y administrará por la Federación un fondo de reserva, sin límites de anualidad presupuestal, con reglas de operación definidas por la Secretaría de Salud.

Cuarta. Según el estudio titulado Epidemiologia de la insuficiencia renal en México , la enfermedad renal crónica es la resultante de diversas enfermedades crónico-degenerativas, entre las que destacan la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, fenómeno que ocurre de manera similar en todo el mundo y que, lamentablemente, conduce hacia un desenlace fatal si no es tratada.

Las cifras de morbilidad y mortalidad son alarmantes; en México, esta es una de las principales causas de atención en hospitalización y en los servicios de urgencias.

El sistema de salud pública atiende con terapias de remplazo renal (diálisis) a unos 70 mil pacientes con esta enfermedad, pero se calcula que por cada atendido existen otros dos enfermos que no reciben tratamiento. De continuar con la tasa de crecimiento y la insuficiencia de recursos serán uno de cada cuatro pacientes los que tengan posibilidad de acceso a terapia.

Quinta. Esta comisión coincide con la proposición planteada, dado que se trata de un problema de salud pública que ha ido en aumento en los últimos años, y que es una enfermedad que requiere de tratamientos de alto costo; se estima oportuno dirigir un atento exhorto, a fin de que se incorpore progresivamente y de acuerdo a las posibilidades presupuestales de los órganos competentes la atención de insuficiencia renal en el Catalogo de cobertura de Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

Con base en las consideraciones antes mencionadas, los integrantes la comisión dictaminadora de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud, al Consejo de Salubridad General, así como, a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular) para que en el ámbito de su competencia y de acuerdo a sus posibilidades presupuestales se incorpore progresivamente la atención de la insuficiencia renal al catálogo de cobertura del Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

Palacio Legislativo, a 20 de noviembre de 2014.

La Comisión de Salud

Diputados: Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont, María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), María Elena Cabañas Aparicio, José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Ssa a fortalecer las acciones relativas a la prestación de servicios de salud a la población

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45. numerales 6, incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 30 de septiembre de 2014, la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó un punto de punto de acuerdo por el que se exhorta a titular de la Secretaría de Salud, a fin de fortalecer las acciones relativas al otorgamiento de servicios de salud a la población.

2. Con misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente proposición a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Se exhorta a titular de la Secretaría de Salud, a fin de fortalecer las acciones relativas al otorgamiento de servicios de salud a la población.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecera la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Así bien, la Ley General de Salud en su artículo 1 establece la pauta principal para regular el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia en términos de operatividad de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

Por tal modo se expresa en el artículo 1 Bis lo siguiente a considerar en materia de salud:

Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Por lo tanto, lo establecido en el artículo 6 de la misma ley, proporciona en términos generales, el objetivo fundamental para la operación del Sistema Nacional de Salud.

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;

II. Contribuir al desarrollo demográfico armónico del país;

III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social;

...

VI. Impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos humanos para mejorar la salud;

...

IX. Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud.

En ese sentido, queda al descubierto en términos jurídicos el derecho a la protección de la salud que los tienen todas las personas, sin embargo, para efectos de operación, queda en manos de la Secretaría de Salud la coordinación del Sistema Nacional de Salud, el cual, en el artículo 7 propone lo siguiente:

I. Establecer y conducir la política nacional en materia de salud, en los términos de las leyes aplicables y de conformidad con lo dispuesto por el Ejecutivo Federal;

II Bis. Promover e impulsar que las instituciones del Sistema Nacional de Salud implementen programas cuyo objeto consista en brindar atención médica integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;

III. Impulsar la desconcentración y descentralización de los servicios de salud;

VIII. Impulsar las actividades científicas y tecnológicas en el campo de la salud;

VIII Bis. Promover la incorporación, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en los servicios de Salud;

IX. Coadyuvar con las dependencias competentes a la regulación y control de la transferencia de tecnología en el área de salud;

X. Promover el establecimiento de un sistema nacional de información básica en materia de salud;

XI. Apoyar la coordinación entre las instituciones de salud y las educativas, para formar y capacitar recursos humanos para la salud;

XIV. Impulsar la permanente actualización de las disposiciones legales en materia de salud

Tercera. Siendo la salud un derecho humano, consagrado como básico para el florecimiento de la sociedad, puesto que condiciona las habilidades natas del ser humano para el desempeño de la vida diaria, en ese sentido, se ha impulsado a través de organismos multilaterales como la Organización Mundial de la Salud, OMS. una ampliación total de la cubertura de los servicios en función de la universalidad en el acceso. Así bien, la OMS propone que exista un equilibrio general en la oferta y demanda de salud, además de reducir las desigualdades localizadas en la frontera de posibilidades de acceso entre hombre y mujeres.

Cuarta. Para el caso de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2011) indica que en el Sistema Nacional de Salud existen dos variables específicas que permiten ver una comparación entre las muestras censales del 2000 y 2010, la derehohabiencia y el uso de los servicios de salud, de esta manera se desprende el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el cual brinda protección social y de salud a los trabajadores de la industria privada, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, referente a los trabajadores del estado. De los cuales en el año 2000 se cubría a 4 de cada 10 mexicanos, quedando sin protección más de la mitad de la población.

El desempleo, el subempleo y la informalización del mercado laboral tienden a mitigar los efectos de la baja cubertura en salud, siendo motivado por esto, el gobierno federal en 2004 inició la operación del Sistema de Protección Social en Salud que actualmente se integra por el Seguro Popular y el Seguro Médico para una Nueva Generación, quedando bajo la protección del estado, los grupos más vulnerables de la población.

En 2010 las cifras de derechohabientes se incrementaron. Actualmente casi dos tercios de las mujeres y de los hombres en nuestro país se encuentran afiliados a por lo menos un instituto o programa de salud.

Para el 2010, según las estimaciones del Inegi, el 97.7 por ciento de la población accede por lo menos a algún servicio de salud, distribuyéndose con un 97.2 por ciento del total entre los hombres y 98.1 por ciento del total entre las mujeres. Se muestran avances significativos en la cubertura de la salud a través de la prestación del servicio para aquellos que no pertenecen al mercado laboral formal.

Quinta. Aun y cuando ha habido avances significativos en materia de Salud, aún existen grupos segregados que no tienen la posibilidad de poder afiliarse a algún sistema de los antes mencionados. El Inegi calcula una cifra de 37 millones de personas, de los cuales 19 millones son hombres y 18 millones son mujeres.

Así bien, toman mayor importancia los servicios médicos particulares y las diferentes dependencias de la Secretaría de Salud.

Sexta. De tales consideraciones se desprende la importancia de la aplicación correcta de los servicios de salud y la garantía en términos jurídicos que tienen los mexicanos para poder recibir la protección en salud. Por consiguiente, los integrantes de Comisión de Salud ven factible la aprobación del punto de acuerdo el cual se exhorta al titular de la Secretaría de Salud, a fin de fortalecer las acciones relativas al otorgamiento de servicios de salud a la población, todo ello establecido bajo los lineamientos de las leyes aplicables.

Con base en las consideraciones antes mencionadas, los integrantes la comisión dictaminadora de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace una respetuosa recomendación a la titular de la Secretaría de Salud, para que se fortalezcan las acciones relativas a proporcionar servicios de salud a la población, brindar atención durante las veinticuatro horas todos los días de la semana, en aquellos lugares de la república que carezcan de este servicio; así como que en todos los centros hospitalarios públicos del país se incrementen las acciones necesarias para la programación y la práctica oportuna de intervenciones quirúrgicas; se mejoren los servicios de urgencias; se haga más eficiente el abasto de medicamentos con la finalidad de que este sea suficiente; se incremente la supervisión para el cuidado de la calidad de los servicios y de que las personas que acudan en busca de la atención médica, sean atendidas oportunamente; así como se fortalezca la capacitación continua de los médicos y demás personal del sector salud con el fin de que se concientice sobre el respeto a los derechos humanos y se mejore la calidad de los servicios.

Palacio Legislativo, a 20 de noviembre de 2014.

La Comisión de Salud

Diputados: Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), María Elena Cabañas Aparicio, José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Ssa y a la SEP a diseñar y ejecutar campañas y programas de atención del cuidado de la salud mental

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 así como los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 9 de octubre de 2014, el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó un punto de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que emprenda acciones para concientizar a la opinión pública de los efectos de la depresión clínica y promover la atención oportuna.

2. Con misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente proposición a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la SSA y a la SEP, para que diseñen y ejecuten campañas y programas de atención al cuidado de la salud mental.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Refiriendo al tema de la salud mental como materia de salubridad general, queda esto establecido en el artículo 3o. de la Ley General de Salud:

VI. La salud mental;

Asimismo el artículo 27 considera los derechos a la protección de la salud en cuanto a los servicios básicos referentes a:

III. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter preventivo consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta;

La salud mental;

Artículo 73. Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad.

II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, así como el conocimiento y prevención de los trastornos mentales y del comportamiento;

III. La realización de programas para la prevención y control del uso de substancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan causar alteraciones mentales o dependencia;

Queda entonces la certeza jurídica para ejercer los mecanismos adecuados para protección de la salud, sobre todo de aquellos que padecen enfermedades mentales, asimismo, la depresión como derivada de las mismas.

Tercera. En relación con la educación para la salud, la Ley General de Salud en su artículo 112 establece lo siguiente:

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Cuarta. La Organización Mundial de la Salud, OMS, considera a la salud mental como parte vital del desarrollo humano y social. “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 2011:5). La salud mental puede ser afectada por distintos factores, tales como los aspectos físicos intrínsecos de la persona, así como su entorno, generalmente los relacionados con el espacio socioeconómico.

Algunas personas y grupos sociales pueden correr un riesgo significativamente mayor de sufrir problemas de salud mental, como ocurre con los miembros de las familias que viven en la pobreza, las personas con problemas de salud crónicos, los niños expuestos al maltrato o al abandono, los grupos minoritarios, las poblaciones indígenas, las personas sometidas a discriminaciones y violaciones de los derechos humanos. (OMS, 2013)

Las personas con trastornos mentales presentan tasas desproporcionadamente elevadas de discapacidad y mortalidad. Así, por ejemplo, las personas con depresión mayor o esquizofrenia tienen una probabilidad de muerte prematura un 40 por ciento a 60 por ciento mayor que la población general, debido a los problemas de salud física, que a menudo no son atendidos (por ejemplo, cánceres, enfermedades cardiovasculares, diabetes e infección por VIH), y al suicidio. (OMS, 2011)

Por otro lado, los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias se cobran un alto precio, y representan un 13 por ciento de la carga mundial de morbilidad. Por sí sola, la depresión representa un 4.3 por ciento de la carga mundial de morbilidad, y se encuentra entre las principales causas mundiales de discapacidad (un 11 por ciento del total mundial de años vividos con discapacidad), sobre todo entre las mujeres.

La OMS señala que las personas con trastornos mentales sufren frecuentes violaciones de los derechos humanos, y a muchas se les niega el derecho a ejercer su capacidad jurídica en temas que las afectan, como el tratamiento y la atención.

En relación con el capital humano, el número de profesionales sanitarios especializados y generales que se ocupan de la salud mental es manifiestamente insuficiente en los países de ingresos bajos y medios. Casi la mitad de la población mundial vive en países en los que, por término medio, hay un psiquiatra para atender a 200 mil o más personas.

Quinta. Existen dos instancias nacionales que cumplen con diversas funciones en atención al problema de la salud mental: el Consejo Nacional de Salud Mental, Consame, y los servicios de atención psiquiátrica, SAP.

El Consame se encarga de proponer el contenido de la política y las estrategias nacionales en materia de atención, prevención, y rehabilitación de los trastornos mentales. Planea, supervisa y evalúa los servicios de salud mental; participa en la elaboración de propuestas para la actualización y desarrollo de disposiciones jurídicas; impone sanciones y aplica medidas de seguridad en la esfera de su competencia. Este Consejo tiene representación en la mayoría de las entidades federativas.

El SAP coordina los programas de prestación de servicios de atención médica especializada en salud mental en las unidades operativas de su adscripción; establece mecanismos de vinculación con las instituciones de seguridad social y del sector salud para la atención de los trastornos mentales; participa en la elaboración de normas oficiales mexicanas así como en la formulación de instrumentos normativos en materia de servicios de atención psiquiátrica. (OMS, 2013)

Para el caso de México, se han desarrollado estrategias las cuales permiten dilucidar las proporción de la población con problemas de salud mental, por ejemplo, se cuenta con 544 establecimientos ambulatorios de salud mental, de los cuales el 3 por ciento está destinado a niño(a)s y adolescentes, que ofrecen atención a 310 usuarios por cada 100 mil habitantes. Del total de usuarios atendidos, 56 por ciento fueron mujeres, 44 por ciento hombres y el 27 por ciento niños y adolescentes. Los principales diagnósticos fueron trastornos afectivos (28 por ciento), neuróticos (25 por ciento) y otros (26 por ciento) que engloban epilepsia, trastornos mentales orgánicos, retraso mental y desordenes psicológicos del desarrollo.

En el reporte de la OMS sobre el tratamiento de la salud mental en México se indica que en el país, hay 13 unidades de internamiento psiquiátrico en hospitales generales con un total de 147 camas, lo que representa 0.14 por cada 100 mil habitantes. El 8 por ciento está reservado para niños y adolescentes. Del total de pacientes atendidos, 60 por ciento fueron mujeres y 9 por ciento, niños o adolescentes, quienes en promedio permanecieron internos 14 días. El número de admisiones ascendió a 1 mil 873, esto significó 2 pacientes por cada 100 mil habitantes. Los principales diagnósticos correspondieron a trastornos afectivos (27 por ciento), trastornos asociados al consumo de drogas (18 por ciento) y a los englobados en otros (22 por ciento). La mayoría de los pacientes (51-80 por ciento) recibieron una o más intervenciones psicosociales en el último año y el 100 por ciento de las unidades dispusieron de por lo menos un medicamento psicotrópico de cada clase terapéutica.

Existen 46 hospitales psiquiátricos, de los cuales 13 corresponden al sector privado y 63% están integrados con establecimientos de salud mental ambulatorios. Hay 5 camas por cada 100,000 habitantes y únicamente el 3% están reservadas para niños o adolescentes. Sin embargo indican que en los últimos años la cantidad de camas ha disminuido en un 3%.

Dadas las condiciones del creciente problema de la salud mental, la OMS realiza distintas sugerencias al gobierno mexicano para atender el problema.

Mejorar la capacitación: Para contar con un personal capacitado en la atención primaria, resulta necesario mejorar la capacitación en salud mental de los profesionales y técnicos. De acuerdo con los resultados de la presente evaluación, las horas dedicadas a temas de salud mental durante la formación resultan escasas, ejemplo de ello es que en la carrera de medicina se le dedica el 4%, en enfermería el 3 por ciento y en otras carreras como trabajo social, no más del 5 por ciento. La actualización del personal también es escasa ya que, en los dos últimos años, sólo 11 por ciento de los médicos, 5 por ciento de las enfermeras y 7 por ciento de otros trabajadores han recibido actualización en salud mental.

Fortalecer los programas de promoción y prevención en salud mental: Estos programas se deberán dirigir principalmente a los grupos en mayor riesgo.

Establecer los servicios de atención primaria como eje articulador de la atención en salud mental: Además de la capacitación antes mencionada, resulta necesario fortalecer la atención primaria a la salud que incluya a las Unidades Especializadas de Atención en Salud Mental (UNEMES), así como buscar una adecuada coordinación con la red general de servicios. (OMS, 2011:36)

Disminuir el porcentaje de admisiones involuntarias: Creemos que esta situación podría cambiar, si se logra fomentar la detección y atención temprana de los trastornos. (OMS, 2011:36)

Utilizar los resultados del IESM-OMS como línea base para monitorear las reformas del sistema de salud mental: Los indicadores recopilados para este informe pueden convertirse en una línea base de la accesibilidad y calidad de la atención y que orienten el monitoreo de los mismos en los años sucesivos. Además es una oportunidad para homogeneizar los criterios para la recopilación de datos, que contribuyan a la construcción de un sistema nacional de información en salud mental. (OMS, 2011:36)

Ampliar las atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos: En la actualidad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos únicamente puede hacer recomendaciones a las diversas instituciones del país, pero no tiene la capacidad de obligar al cumplimiento de estas observaciones. Uno de los desafíos es dotar de mayores atribuciones a la Comisión para que las recomendaciones se lleven a cabo. (OMS, 2011:36)

Ampliar la atención de la salud mental en hospitales generales y reducir las camas en hospitales psiquiátricos: La ampliación de servicios de psiquiatría en los hospitales generales, para la atención de pacientes con trastornos mentales en fase aguda, en urgencias, consulta externa y hospitalización breve es necesaria. Sería recomendable incrementar la consulta ambulatoria en hospitales psiquiátricos para la atención de pacientes con trastornos mentales graves y crónicos, de tal forma que se reduzca el número de camas y se fortalezcan las intervenciones psicosociales. (OMS, 2011:37)

Mejorar los programas de rehabilitación y reinserción de los pacientes: Es necesario instrumentar un mayor número de programas de rehabilitación, tanto dentro como fuera de las unidades hospitalarias; por ejemplo, salidas terapéuticas, talleres protegidos, casas de medio camino, residencias para adultos mayores, entre otras. Con acciones de este tipo se pueden disminuir las hospitalizaciones, los reingresos y el estigma asociado a este tipo de padecimientos. (OMS, 2011:37)

Consolidar la protección social en salud mental. Es conveniente mantener actualizadas las intervenciones de salud mental prioritarias, la ampliación de servicios de salud mental dentro de la red de salud, la acreditación y certificación de los establecimientos y servicios de salud mental, además de brindar cobertura integral a los pacientes con trastornos mentales y con discapacidad. (OMS, 2011:37)

Incrementar el financiamiento de operación e inversión en salud mental. En consideración al rezago en la infraestructura y financiamiento, es necesario aprovechar las aportaciones del sistema de protección social en salud y de las fuentes alternas para asignar mayores recursos tanto a los programas como a los servicios comunitarios y de psiquiatría en hospitales generales. Sería recomendable crear un fondo para medicamentos psicotrópicos. (OMS, 2011:37)

Fortalecer y fomentar la interacción con terapeutas de otras medicinas: Debido a la gran diversidad cultural que existe en México, es frecuente que la población utilice de manera conjunta los servicios proporcionados por la medicina alópata, los otorgados por la medicina tradicional mexicana y los brindados por las medicinas alternativas. Por lo anterior, podría resultar muy enriquecedor desarrollar estrategias para lograr una articulación entre estos diversos saberes médicos y así ofrecer una atención de la salud mental más plural y acorde a las necesidades y demandas de la población. (OMS, 2011:37)

Fortalecer los vínculos entre las asociaciones de familiares/usuarios con el sector salud: Resulta necesario establecer vínculos más sólidos entre el sector salud y las asociaciones de usuarios y familiares, de tal manera que estas últimas puedan tener una participación más proactiva en la planificación y desarrollo de los programas y servicios de Salud Mental. (OMS, 2011:37)

Sexta. Dadas las consideraciones y sugerencias hechas por el organismo multilateral en materia de salud, existe mucho camino por recorrer, ya que aun y cuando existe reglamentación y operatividad, hay indicios de que el problema aun es latente y representa futuros riesgos. Además, es indispensable darle el tratamiento adecuado a las personas que sufren problemas de salud mental, para su debida reintegración a la vida pública y productiva.

En ese sentido, los integrantes de la Comisión de Salud ven factible la aprobación del punto de acuerdo a fin de exhortar respetuosamente a la Ssa y a la SEP para darle el tratamiento adecuado y oportuno al problema de la salud mental.

Con base en las consideraciones antes mencionadas, los integrantes la Comisión dictaminadora de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que diseñe y ejecute programas específicos de atención para el cuidado de la salud mental, haciendo énfasis en impulsar campañas que exalten la importancia de comprender a la salud mental como parte fundamental y complementaria del completo estado de bienestar y salud de las personas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que diseñe e implemente una campaña de concientización que se centre en la desmitificación de la salud mental, impulsando el cuidado, como parte integral de la salud de las personas; campañas que deberán contemplar la participación desde niños hasta adultos, con la finalidad primordial de erradicar cualquier clase de calificativos despectivos a personas con padecimientos mentales, así como la eliminación de la falsa apreciación respecto de que asistir a médicos especialistas en salud mental es exclusivo para enfermos mentales.

Palacio Legislativo, a 20 de noviembre de 2014.

La Comisión de Salud

Diputados: Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont, María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), María Elena Cabañas Aparicio, José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares de la Ssa y de la SEP a diseñar y fortalecer las políticas públicas destinadas a concienciar y reducir la incidencia de embarazos entre adolescentes en México

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 así como los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, primer párrafo, 85, 157, fracción I, y 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 7 de octubre de 2014, la Diputada Cerda Franco María Sanjuana del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presentó Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SS y de la SEP, para que diseñen y fortalezcan las políticas públicas destinadas a concientizar y reducir la incidencia de embarazos entre adolescentes en México.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo, se turnara a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido

Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que diseñe y fortalezca los programas enfocados a reducir la incidencia de embarazos de adolescentes en México, reforzando las campañas implementadas para la prevención y concientización sobre embarazos entre adolescentes.

Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a diseñar e implantar una política pública oportuna y eficaz, focalizada en el nivel educativo básico, medio superior y superior, que permita a las jóvenes embarazadas o madres adolescentes, contar con un apoyo económico para continuar sus estudios y en consecuencia, poder aspirar a un proyecto de vida funcional; acompañando la implementación y reforzamiento de campañas de prevención y concientización sobre embarazos entre adolescentes.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. La adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud, es el “periodo de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia socio-económica”, por otro lado se contempla que este periodo está marcado entre los 10 y los 20 años.1

Tercera. La población mexicana llegó en 2014 a 119 millones 713 mil 203 habitantes, de los cuales 18.2 por ciento son adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años, estimó el Consejo Nacional de Población.

Para el caso de México, las estimaciones del Consejo Nacional de Población determinan con representatividad estatal, los principales indicadores de salud sexual y reproductiva de adolescentes, en donde a nivel nacional, la edad promedio para el inicio de la vida sexual activa es a los 15.9 años.

Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 20092 (los más recientes) indican que el 27.4 por ciento de los embarazos entre los jóvenes no fueron planeados y 12.9 no deseado.

El embarazo en la adolescencia se asocia con mayores tasas de morbilidad y mortalidad, tanto para la madre como para el niño. La muerte por violencia es la segunda causa principal de muerte durante el embarazo para adolescentes y es mayor en adolescentes que en cualquier otro grupo.

La muerte materna sigue siendo una de las principales causas de muerte en las mujeres y desafortunadamente cerca del 14 por ciento de las muertes son en menores de 19 años. Más aún, el 88.4 por ciento de las hospitalizaciones en mujeres en el año 2012 de entre 15 y 19 años de edad fue por razones ligadas al embarazo, parto, puerperio y aborto.3

Las adolescentes embarazadas tienen un riesgo mucho mayor de morir o sufrir complicaciones médicas graves como:

• Placenta previa

• Hipertensión inducida por el embarazo

• Parto prematuro

• Anemia grave

• Toxemia

Los bebés nacidos de adolescentes tienen una probabilidad de 2 a 6 veces más de tener bajo peso al nacer que aquellos cuyas madres tienen 20 años o más. La prematuridad juega el mayor papel en el bajo peso al nacer, pero el retraso en el crecimiento intrauterino (crecimiento inadecuado del feto durante el embarazo) también es un factor.

Las madres adolescentes tienen más probabilidad de mostrar comportamientos malsanos, los cuales dejan al bebé en mayor riesgo de presentar crecimiento inadecuado, infección o dependencia de sustancias químicas. Igualmente, cuanto más joven sea la madre por debajo de los 20 años, mayor será el riesgo para el bebé de morir durante el primer año de vida.4

Cuarta. La Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda para evitar el embarazo en la adolescencia: limitar el matrimonio antes de los 18 años, aumentar el uso de anticonceptivos para los adolescentes, reducir las relaciones bajo coacción y apoyar los programas de prevención de embarazos en la adolescencia.

En cualquier caso, la mejor prevención es que los jóvenes tengan una buena educación sexual desde el mismo seno de la familia. Es importante informar sobre los riesgos y complicaciones del embarazo en la adolescencia y todos los cambios que se producirán desde el momento en que la adolescente se quede embarazada.

Quinta. La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, difundió una campaña en medios masivos para advertir sobre las consecuencias del embarazo no planificado antes de los 20 años de edad y ofrecer información sobre las alternativas para evitarlo.

Es evidente entonces que la problemática del embarazo no planificado en adolescentes y su relación con la educación en salud sexual y reproductiva ha cobrado mayor importancia en la sociedad. Entre más orientación exista, las y los adolescentes podrán ejercer sus sexualidad de manera responsable.

Con base en las consideraciones antes mencionadas, los integrantes la comisión dictaminadora de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que diseñe y fortalezca los programas enfocados a reducir la incidencia de embarazos de adolescentes en México, reforzando las campañas implementadas para la prevención y concientización sobre embarazos entre adolescentes.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a diseñar e implementar una política pública oportuna y eficaz, focalizada en el nivel educativo básico, medio superior y superior, que permita a las jóvenes embarazadas o madres adolescentes, contar con un apoyo económico para continuar sus estudios y en consecuencia, poder aspirar a un proyecto de vida funcional; acompañando la implementación y reforzamiento de campañas de prevención y concientización sobre embarazos entre adolescentes.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud.

2 Revisar la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, con datos del 2009, fecha de la última actualización.

3 Inegi.

4 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001516.htm.

Palacio Legislativo, a 20 de noviembre de 2014.

La Comisión de Salud

Diputados: Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont, María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), María Elena Cabañas Aparicio, José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a establecer campañas de información y concienciación relativas a la importancia de mantener el respeto hacia las personas adultas mayores

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 84, 85, 152, 157, numeral 1, fracción I, 167, numeral 4, 180, numeral 2, fracción II, y 182, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen, de conformidad con la siguiente

Metodología

1. En el capítulo “Antecedentes” se da constancia de la presentación y turno de la proposición con punto de acuerdo para su dictamen.

2. En el capítulo “Contenido de la proposición” se sintetiza la propuesta.

3. En el capítulo “Consideraciones” se expresa la argumentación que funda y motiva la determinación de los integrantes de la comisión y, enseguida, la emisión del dictamen a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 30 de septiembre de 2014 por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se dio cuenta con la proposición con punto de acuerdo que tiene por objeto exhortar respetuosamente a las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno a implantar campañas de información y concienciación relativas a la importancia de mantener el respeto hacia las personas de la tercera edad, haciendo énfasis en inculcar valores cívicos encaminados a erradicar cualquier acto que atente contra la estabilidad física y psicológica de ellas, como parte de un reconocimiento a su experiencia, con la finalidad de inculcar a los niños y adolescentes una cultura de respeto y tolerancia hacia sus semejantes, presentada por el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para la elaboración del dictamen correspondiente.

3. Dicha proposición con punto de acuerdo fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 4122-V, del 30 de septiembre de 2014.

4. Con base en lo anterior, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXII Legislatura procedió al análisis, la discusión y la elaboración del presente dictamen.

Contenido de la proposición

La proposición tiene por objeto exhortar respetuosamente a las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno, a efecto de que implementen campañas de información y concienciación relativas a la importancia de mantener el respeto a las personas de la tercera edad, haciendo énfasis en inculcar valores cívicos encaminados a erradicar cualquier acto que atente contra la estabilidad física y psicológica de ellas, como parte de un reconocimiento de su experiencia, a fin de inculcar a los niños y adolescentes una cultura de respeto y tolerancia hacia sus semejantes.

Expone el proponente que la estructura de la población ha tenido transformaciones en las últimas décadas. Que la Organización de las Naciones Unidas señaló que se pronostica que para 2050 serán 2 mil millones personas de 60 años o más, esto es, más de 20 por ciento de la población mundial, lo que implica preocupación para los gobiernos de los distintos países para implantar acciones que satisfagan las necesidades básicas de las personas de edad, a través del establecimiento de políticas innovadoras relacionadas con distintos temas, como salud, seguridad social y, en general, todas las que proporcionen bienestar en el desarrollo de la vida de las personas de edad avanzada.

Añade que a escala mundial se han adoptado diversos ejercicios de protección y que algunos se centran en los principios de envejecimiento, manteniéndose activo y el de autonomía, con objeto de que las personas mantengan una vida independiente, con servicios e instalaciones que satisfagan sus necesidades, en tanto que otros modelos hacen hincapié en los lazos familiares y el apoyo a la unidad familiar como fuente primaria de atención para las personas de edad avanzada.

Afirma el proponente que en el país hay diversas instituciones dedicadas a la protección de este sector de la sociedad, como es el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, que otorga una pensión como parte de un programa que atiende a las personas adultas mayores de 65 años en adelante, proporcionándoles apoyos económicos e incentivándolos a la participación en grupos de crecimiento y jornadas informativas sobre temas de salud, actividades productivas y ocupacionales.

Añade que se cuenta también, en el Distrito Federal, con el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores, que busca promover el bienestar de las personas adultas mayores, garantizando el cumplimiento a las leyes, promoviendo políticas públicas, implementando programas de atención integral, impulsando el ejercicio pleno de sus derechos y fomentando una cultura del envejecimiento activo.

Por otra parte, expresa el proponente que tal es la relevancia del tema, que fue necesario establecer el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad, a fin de exaltar las virtudes de dichas personas, pero también para erradicar una triste realidad que enfrentan con frecuencia.

Afirma que constantemente nos enfrentamos al maltrato de personas de la tercera edad y que lo alarmante es que los agresores, en su mayoría, son sus familiares.

Enseguida precisa el proponente que la Organización Mundial de la Salud definió el maltrato de adultos mayores como un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza; así también, señaló que la misma puede adoptar diversas formas, como el maltrato físico, psíquico, emocional o sexual y el abuso de confianza en cuestiones económicas.

En materia de maltrato, el proponente señala que los datos de la Encuesta sobre Maltrato a Personas Adultas Mayores precisan que 2 de cada 20 ancianos son víctimas de maltrato en Estados Unidos de Norteamérica; que 5 por ciento de los ancianos españoles y franceses es maltratado, y que la proporción puede llegar a 15 por ciento entre los mayores de 75 años.

Particulariza que en México, 16 por ciento, es decir, más de 1.5 millones de adultos mayores, sufre de maltrato o abuso; las mujeres lo padecen más.

Señala además que las cifras no suman a las personas adultas mayores que prefieren omitir evidenciar los actos que atentan contra su bienestar y que existen casos de personas que se encuentran totalmente aisladas, encerradas y en deplorables condiciones de salud e higiene, limitadas en alimentos y expuestas a agresiones verbales y físicas, lo que les impide solicitar auxilio y denunciar tan lamentable situación.

Refiere por otra parte que en la actualidad circulan en diferentes medios, un sin número de videos traducidos en denuncias anónimas que dan testimonio de maltrato, donde lamentablemente se observan a hijos que maltratan a sus padres ancianos, tratándolos sin ningún respeto e incluso golpeándolos sin la menor preocupación de ser evidenciados, situación que es reflejo de la desvalorización que enfrenta la sociedad actual, alejada de valores cívicos con los que hasta hace unos años nos encontrábamos definidos.

Añade que México era considerado uno de los países con uno de los más altos grados de responsabilidad y respeto hacia a los adultos mayores, lo que se ha desvanecido al paso del tiempo.

Precisa que esto se debe a la falta de concientización y educación respecto al respeto de los derechos ajenos y al egoísmo e insensibilidad hacia las necesidades ajenas.

Finalmente, expresa el proponente que deben implantarse programas y medios de protección dirigidos específicamente a los adultos mayores y crear instrumentos suficientes para lograr erradicar cualquier situación que ponga en riesgo la estabilidad física y mental de los adultos mayores.

Consideraciones

1. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables analizó y discutió el contenido de la proposición con punto de acuerdo sujeta a dictamen y determinó que lo procedente es proponer al pleno de la Cámara de Diputados la aprobación del presente dictamen.

2. En efecto, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables estudiaron la proposición, la analizaron y tomaron en consideración lo siguiente:

Que hay coincidencia de los integrantes de la comisión en cuanto al propósito que se persigue.

Que es evidente la necesidad de exhortar a las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno a implantar campañas para informar y crear conciencia sobre la importancia de respetar a las personas de la tercera edad.

Que es necesario propiciar las condiciones pertinentes para el reconocimiento y dignificación de los derechos humanos de las personas adultas mayores.

Pero que se considera también necesario modificar el punto de acuerdo propuesto, para hacerlo extensivo al Inapam, como organismo público descentralizado del gobierno federal, que tiene como facultades y obligaciones regular la política pública relacionada con el desarrollo humano de las personas adultas mayores, brindándoles atención integral para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida en el marco de una sociedad incluyente; y, por otra parte, sustituir la frase tercera edad, por personas adultas mayores, porque así se ha definido a nivel internacional y nacional.

Que en la LXII Legislatura, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables ha recibido proposiciones con similares pretensiones como la presentada por la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a los Ejecutivos federal y estatales a establecer medidas para promover y privilegiar la dignidad de los adultos mayores, solicitando la aprobación de los puntos de acuerdo siguientes:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a los gobiernos de todas las entidades federativas a crear, aplicar, mantener y promover protocolos para la protección de los derechos, el respeto a su integridad, la protección a su dignidad, autonomía, pensamiento y la eliminación de todas formas de discriminación contra los adultos mayores; que deberán ser de observancia general y obligatoria en la elaboración y ejecución de políticas públicas, programas sociales y servicios de atención a este sector específico de la población.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a instalar en todas las entidades federativas estancias gratuitas para la atención del adulto mayor, que brinden atención médico-geriátrica básica de primera instancia, protección, apoyo, orientación jurídica y defensa contra la discriminación, maltrato, explotación o abandono y promoción de sus derechos.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a establecer en los sistemas de atención, servicios y centros de salud federales, estatales y municipales la obligatoriedad por parte del personal médico de reportar toda señal física de maltrato en los adultos mayores, creando los mecanismos interinstitucionales para proceder a la denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

Y por otra parte, la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a la directora general del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a diseñar y llevar a cabo una campaña de difusión para inducir la cultura de respeto de las personas de 60 años o más, sometiendo a la aprobación del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de Unión exhorta a la titular del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a diseñar y llevar a cabo una campaña de difusión de amplia cobertura para inducir una cultura de respeto a las personas de 60 años o más y a evitar el uso de adjetivos discriminatorios, irónicos o denigrantes al referirse a las personas adultas mayores.

En suma, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables se han pronunciado a favor de la propuesta con modificaciones, para ser sometida a la aprobación del pleno de la Cámara de Diputados.

Por lo expuesto, los integrantes de la comisión dictaminadora de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a implantar campañas de información y concienciación relativas a la importancia de mantener el respeto hacia las personas adultas mayores, haciendo énfasis en inculcar valores cívicos encaminados a erradicar cualquier acto que atente contra la estabilidad física y psicológica de ellas, como parte de un reconocimiento de sus derechos humanos fundamentales, induciendo en la familia, niñas, niños y adolescentes una cultura de respeto y tolerancia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2014.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Diputados: Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), presidenta; Leticia Calderón Ramírez, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Genaro Carreño Muro (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Josefina Salinas Pérez, secretarios; José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña, Roberto López Rosado, Leticia Mejía García (rúbrica), Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara, Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica).

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Salud, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a impulsar la creación de casas hogar, albergues y residencias de día públicos y gratuitos destinados a las personas de la tercera edad de escasos recursos económicos

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 80, 84, 85, 152, 157 numeral 1, fracción I; 167, numeral 4; 180, numeral 2, fracción II; y 182 numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen, de conformidad con la siguiente

Metodología

1. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia de la presentación y turno de la proposición con punto de acuerdo para su dictamen.

2. En el capítulo de “Contenido de la proposición”, se sintetiza la propuesta.

3.- En el capítulo de “Consideraciones”, se expresa la argumentación que funda y motiva la determinación de los integrantes de esta comisión y enseguida, la emisión del dictamen a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 14 de octubre de 2014 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, así como al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, a impulsar la creación de casas hogar, albergues y residencias de día, públicos de carácter gratuito para las personas de la tercera edad de escasos recursos económicos que lo requieran, así como fortalecer la supervisión de los ahora existentes para que cumplan eficientemente con la normatividad establecida, a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión turnó la proposición con punto de acuerdo a esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para la elaboración del dictamen correspondiente.

3. Dicha proposición con punto de acuerdo fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 4132-IV, de la Cámara de Diputados con fecha 14 de octubre de 2014.

4. Con base en lo anterior, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta LXII Legislatura, procedió al análisis, discusión y elaboración del presente dictamen.

Contenido de la proposición

La proposición tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Salud, así como al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), a impulsar la creación de casas hogar, albergues y residencias de día, públicos de carácter gratuito para las personas de la tercera edad de escasos recursos económicos que lo requieran, así como fortalecer la supervisión de los ahora existentes para que cumplan eficientemente con la normatividad establecida.

Expone la proponente que es importante propiciar condiciones para el bienestar físico y mental de la tercera edad, con el fin de que puedan disfrutar plenamente sus capacidades y que se fomente siempre la cultura de aprecio y respeto hacia ellas.

Continúa expresando la proponente que en esa etapa de vida, el ser humano requiere de una mayor atención del estado, de la sociedad y desde luego de su familia ya que son muchas las personas adultas mayores que necesitan con mayor frecuencia los servicios de salud, así como nuevos servicios, los cuales con anterioridad no demandaban como son: los asistenciales y las casas hogar, albergues y residencias de día, mismos que deben cumplir todos los requisitos de ley para su apertura y funcionamiento, debiendo prestar la atención necesaria tanto para su cuidado como en la atención a su salud y desde luego la preservación de su dignidad y el fortalecimiento de su autoestima.

Enseguida señala que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se explican con toda claridad las estrategias para lograr un México incluyente y que delinea las acciones a emprender para revertir la pobreza, sin exclusiones, donde se vele por el bienestar de las personas con discapacidad, los indígenas, los niños y los adultos mayores, con un plan de acción para integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades.

Luego expresa que este valioso instrumento demuestra el interés del gobierno de la República por el bienestar de las personas más vulnerables, entre las que se encuentran las personas adultas mayores.

Señala la proponente que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó el primero de octubre de 2013, estadísticas sobre las personas adultas mayores, de las que se destaca que 10.9 millones las personas de 60 años y más, las que representan 9.3 por ciento de la población total y que el Consejo Nacional de Población (Conapo) reportó que en México la situación de pobreza se refleja en 53.3 millones de personas que viven en esa situación, de las que 9.7 por ciento de la población de adultos mayores de sesenta y cinco años vive en situación de pobreza extrema y 36.1 por ciento en pobreza moderada.

Continúa señalando la proponente que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, afirmó el 9 de enero de 2013, que es necesario reforzar las políticas públicas encaminadas a garantizar a los adultos mayores de las comunidades indígenas una vida digna, con el goce pleno de sus derechos humanos. Que dicha comisión el 17 de marzo del 2013, se pronunció en el sentido de que es fundamental promover entre los servidores públicos y la sociedad, el conocimiento de los derechos humanos de los adultos mayores para erradicar situaciones de maltrato, desigualdad, abuso, discriminación y el abandono que muchas veces se originan en el ámbito familiar por lo que 18 de cada 100 mujeres adultas mayores reciben algún tipo de maltrato y violencia física, psicológica, económica o sexual, relatando la proponente que en un tercer comunicado de fecha 21 de septiembre de 2013, esa comisión se refiere a la urgencia de emprender acciones efectivas para erradicar todo tipo de maltrato.

Enseguida destaca el reconocimiento por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto de los derechos que les son propios a las personas adultas mayores como son: la no discriminación; el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad; la recepción de apoyo de las instituciones, ser protegidas y defendidas; a recibir atención y protección por parte de la familia y de la sociedad; a mantener las relaciones con su familia; a vivir en lugares seguros, dignos y decorosos; a expresar su opinión con libertad y participar en el ámbito familiar y social; a ser tratadas con dignidad y respeto; a contar con asesoría gratuita y oportuna; a la salud, a la educación y el trabajo. Y su afirmación en el sentido de que una persona adulta mayor es una persona útil y capaz de tener una vida propia e independiente.

Por lo anterior, la proponente infiere que todo esto se debe difundir permanentemente, con la intención de crear una verdadera cultura de respeto y aprecio a dichas personas y que también se debe fortalecer la supervisión de las autoridades competentes en la materia, para verificar el respeto a sus derechos.

Continúa exponiendo la proponente que con relación al derecho de las personas adultas mayores de vivir en lugares seguros, dignos y decorosos, en los que puedan satisfacer sus necesidades y requerimientos, el Inegi precisó en el año 2013, la existencia de setecientos veintitrés asilos y otras residencias para el cuidado de ancianos, sin distinguir públicos y privados, lo que considera insuficiente y por tal motivo reflexiona sobre la necesidad de incrementar el número de centros asistenciales gratuitos para las personas adultas mayores de escasos recursos económicos que lo requieran.

Esto es necesario señala, porque son muchas las personas de la tercera edad, que dada su precaria situación económica y la de sus familias no pueden ingresar a los centros asistenciales de carácter privado, los cuales en muchas ocasiones cobran elevadas sumas de dinero y en el caso de aquellos que cobran cantidades más o menos módicas se encuentran con cupo completo, no pudiendo por tanto recibirlos; y, las que carecen por completo de recursos económicos, no tienen la oportunidad de ingresar a los pocos centros asistenciales gratuitos que existen porque la mayoría de las veces se encuentran también al límite de su capacidad, originando que muchos adultos mayores en esa condición deambulen por las calles viviendo de la caridad pública o que permanezcan con enormes carencias en sus viviendas o en alojamientos improvisados, poniendo en esos casos en peligro su vida.

Señala además la diputada proponente que existen albergues o casas hogar que trabajan fuera de la ley y por supuesto sin vigilancia alguna, y que a pesar de que cobran una mensualidad por la atención y cuidado de la persona adulta mayor, no la atienden e incluso atropellan sus más elementales derechos, así como su dignidad.

Afirma que la Norma Oficial Mexicana NOM-31-SSA3-2012, señala que en establecimientos de asistencia social permanentes para personas adultas y adultas mayores se debe contar preferentemente con el personal responsable sanitario del establecimiento, médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermera, cuidador, trabajador social, dietista, cocinera, intendente y vigilante por las 24 horas del día. Que en establecimientos de asistencia social temporal para personas adultas y adultas mayores se debe contar preferentemente, con el personal responsable sanitario del establecimiento, trabajador social, terapeuta ocupacional, promotor de la salud, cocinera, intendente, cuidador y vigilante por las 24 horas del día.

Que dicha norma oficial precisa que las instituciones de asistencia social de los sectores público, social y privado, por medios propios o a través de terceros, serán responsables de capacitar al personal en temas relacionados con el proceso de envejecimiento y la vejez y educación continua en la materia, preferentemente una vez al año.

Y que además, la citada norma, en cuanto a infraestructura, señala que para ofrecer servicios de asistencia social de calidad, se debe contar con infraestructura e instalaciones planeadas y diseñadas con los espacios requeridos por las personas adultas y adultas mayores, que les permitan llevar una vida digna, segura y productiva; y, que el diseño y construcción deberá incluir los elementos necesarios para lograr un ambiente confortable en las diferentes áreas que lo integran, de acuerdo a la función, mobiliario, equipo y condiciones climáticas de la región, con materiales y distribución adecuados para adaptarse al medio ambiente, como son, área física con dimensiones suficientes, ventilada e iluminada para albergar el área administrativa que comprende dirección, recepción, vestíbulo, acceso y sanitarios de acuerdo a la capacidad del establecimiento y su estructura.

Además detalla que las áreas a que se refiere dicha norma oficial son, entre otras: de descanso, para artículos de aseo y depósito de basura; físicas necesarias para la atención de las personas adultas mayores, que comprendan acceso principal que brinde seguridad y protección al público usuario; acceso al área de servicios generales independiente del acceso principal; consultorios médicos para la atención de la salud, pasamanos próximos a la cama, sistemas de alarma de emergencia contra incendios y médica, pisos uniformes con material antiderrapante de fácil limpieza, iluminación y ventilación natural, áreas comunes de usos múltiples, evitar desniveles en el piso y pasillos, pasamanos tubulares de 5 centímetros de diámetro en muros a una altura de 75 centímetros sobre el nivel de piso terminado; por otra parte, medidas de prevención contra incendios de acuerdo a las disposiciones en materia de seguridad y siniestros, sistema de alarma de emergencia sonoro y puertas de salida de emergencia.

Enseguida, precisa que en cuanto al registro e información, la norma oficial dispone que toda institución que brinde servicios de asistencia social para personas adultas y adultas mayores, debe llevar para sus controles un expediente administrativo por cada usuario o, en su caso, expediente clínico; así como los índices de mortalidad y reporte de enfermedades infectocontagiosas a la Secretaría de Salud en términos de las disposiciones aplicables.

Por otra parte, señala la diputada proponente que entre la legislación federal vigente, relativa a las personas adultas mayores, como en los aspectos dedicados a su cuidado, subsistencia y atención se encuentran: La Ley General de Salud, que establece en su artículo 2o., el derecho a la protección a la salud y sus finalidades entre las que se observan el disfrute de los servicios de salud y de asistencia social que satisfagan oportunamente las necesidades de la población. Que dicho ordenamiento en el artículo 13, dispone que al Ejecutivo federal corresponde, por conducto de la Secretaría de Salud, vigilar y controlar la creación y funcionamiento de todo tipo de establecimientos de servicios de salud, y fijar las normas oficiales mexicanas a las que deberán sujetarse.

Que la ley citada en el artículo 168, fracción I, prevé la atención a personas que por sus carencias económicas o por su condición de discapacidad se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo; y, en su fracción II, la atención en establecimientos especializados a menores y ancianos en estado de abandono o desamparo y personas con discapacidad sin recursos. Y finalmente, en su fracción III, la promoción del bienestar del senescente y el desarrollo de acciones de preparación de la senectud.

Asimismo señala que la ley citada, en su artículo 171, dispone que los integrantes del Sistema Nacional de Salud, deberán dar atención preferente e inmediata a menores y ancianos sometidos a cualquier forma de maltrato que ponga en peligro su salud física y mental y que, igual atención darán a quienes hayan sido sujetos pasivos de la comisión de delitos que atenten contra la integridad física o mental o el normal desarrollo psicosomático de los individuos, estableciendo que en estos casos las instituciones de salud podrán tomar las medidas inmediatas que sean necesarias para la protección de la salud de los menores y ancianos, sin perjuicio de la intervención de las autoridades competentes.

Precisa la diputada proponente que la Ley de Asistencia Social, establece en su artículo 9o., que la Secretaría de Salud, en su carácter de autoridad sanitaria y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en su carácter de coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada tendrán respecto de la asistencia social las atribuciones que en dicho ordenamiento se mencionan entre otras: formular las normas oficiales mexicanas que rijan la prestación de los servicios de salud en materia de asistencia social, a fin de garantizar la calidad de los servicios y los derechos de los sujetos que dicha ley señala; así como, la difusión y actualización de las mismas entre los integrantes del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada.

Y además, de certificar que los servicios que presten en la materia las instituciones de los sectores públicos y privado, cumplan con lo estipulado en las normas oficiales mexicanas.

Señala que dentro de este artículo se prevé la supervisión de la debida aplicación de las normas oficiales mexicanas que rijan la prestación de los servicios de salud en la materia, así como evaluar los resultados de los servicios asistenciales que se presten conforme a las mismas; así como, la coordinación del Sistema Nacional de Información en materia de asistencia social en colaboración con el Inegi.

Expresa la proponente que los artículos 27 y 28 de la Ley de Asistencia Social, señalan que el Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia es el organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Salud y que este organismo será el coordinador del sistema.

Y enseguida señala que el artículo 44 del referido ordenamiento menciona que con el propósito de asegurar la adecuada coordinación de acciones en el ámbito de la prestación de los servicios de asistencia social y con el objeto de favorecer prioritariamente a los grupos sociales más vulnerables, en los términos del Sistema Nacional de Planeación, de la Ley de Asistencia Social, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia celebrará acuerdos y concertará acciones con los sectores público, social y privado y, en su caso, con las autoridades de las diferentes comunidades indígenas de las entidades federativas.

Asimismo, señala la proponente que los artículos 63 y 65 de la Ley de Asistencia Social disponen que las instituciones de asistencia social deberán ajustar su funcionamiento a lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas, que al efecto se expidan por la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación; que corresponde a la Secretaría de Salud a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a las autoridades locales, la supervisión.

Expresa que por su parte, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, establece como atribuciones del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, realizar visitas de inspección y vigilancia a instituciones públicas y privadas, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores, para verificar las condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal, modelo de atención y condiciones de la calidad de vida; así como, hacer del conocimiento de las autoridades competentes, las anomalías que se detecten durante las visitas realizadas y, en su caso, hacer del conocimiento público dichas anomalías; y, crear un registro público obligatorio de todas las instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues y residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores.

Finalmente señala la proponente que al analizar todo lo antes descrito, considera que se requiere fortalecer al Inapam para que pueda incrementar sus acciones dirigidas a las personas adultas mayores, en especial en los aspectos de vigilancia de albergues y demás instalaciones dedicadas a los adultos mayores, así como el fortalecimiento de los servicios dirigidos a estos. Y que además el estado y la sociedad deben unir esfuerzos a favor de las personas adultas mayores, en especial de las carentes de recursos económicos, se debe reflexionar sobre este tema para construir una sociedad más justa e igualitaria en donde se dé pleno respeto a la persona adulta mayor, cuidando su completa integración en todas las actividades de la comunidad, ya que no es solamente como se ha dicho una persona útil y capaz de tener una vida propia e independiente, sino que también es aquella que posee un cúmulo de experiencias, que con toda seguridad al ser apreciadas tanto en los sectores público como privado, se obtendrán resultados positivos, independientemente que merecen por su alta vulnerabilidad, total atención.

Consideraciones

1. Esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables analizó y discutió el contenido de la proposición con punto de acuerdo sujeta a dictamen y determinó que lo procedente es proponer al pleno de la Cámara de Diputados la aprobación del presente dictamen.

2. En efecto, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables estudiaron la proposición, la analizaron y tomaron en consideración lo siguiente:

Que existe coincidencia de los integrantes de la comisión en cuanto al propósito que se persigue.

Que en efecto es evidente la necesidad de que se incremente la oferta de servicios públicos gratuitos en esta materia.

Que desde luego, es necesario propiciar las condiciones pertinentes para el reconocimiento y dignificación de los derechos humanos de las personas adultas mayores.

Pero que se considera también necesario modificar los puntos de acuerdo propuestos de conformidad con las condiciones económicas y presupuestales del gobierno federal, a fin de que se haga realidad la pretensión conciliando lo deseable con lo posible.

Que en esta LXII Legislatura, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables ha recibido proposiciones con similares pretensiones como la presentada por la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a los Ejecutivos federal y estatales a establecer medidas para promover y privilegiar la dignidad de los adultos mayores, solicitando la aprobación de los puntos de acuerdo siguientes:

“Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a los gobiernos de todas las entidades federativas a crear, aplicar, mantener y promover protocolos para la protección de los derechos, el respeto a su integridad, la protección a su dignidad, autonomía, pensamiento y la eliminación de todas formas de discriminación contra los adultos mayores; que deberán ser de observancia general y obligatoria en la elaboración y ejecución de políticas públicas, programas sociales y servicios de atención a este sector especifico de la población.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a instalar en todas las entidades federativas estancias gratuitas para la atención del adulto mayor, que brinden atención médica-geriátrica básica de primera instancia, protección, apoyo, orientación jurídica y defensa contra la discriminación, maltrato, explotación o abandono y promoción de sus derechos.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a establecer en los sistemas de atención, servicios y centros de salud federales, estatales y municipales; la obligatoriedad por parte del personal médico de reportar toda señal física de maltrato en los adultos mayores; creando los mecanismos interinstitucionales para proceder a la denuncia formal ante las autoridades correspondientes.”

Y por otra parte, la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a la directora general del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a diseñar y llevar a cabo una campaña de difusión para inducir la cultura de respeto de las personas de 60 años o más, sometiendo a la aprobación del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente punto de Acuerdo:

“Único. La Cámara de Diputados del Congreso de Unión exhorta a la titular del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a diseñar y llevar a cabo una campaña de difusión de amplia cobertura para inducir una cultura de respeto a las personas de 60 años o más y a evitar el uso de adjetivos discriminatorios, irónicos o denigrantes al referirse a las personas adultas mayores.”

En suma, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, se han pronunciado a favor de la propuesta con modificaciones, para ser sometida a la aprobación del pleno de esta Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta comisión dictaminadora de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno esta honorable asamblea, los siguientes:

Acuerdos

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, a realizar los estudios y previsiones necesarias para la creación de nuevas casas hogar, albergues y residencias de día, públicos y de carácter gratuito, para las personas adultas mayores de escasos recursos económicos que lo requieran, así como fortalecer la supervisión de los ahora existentes para que cumplan eficientemente con la normatividad establecida.

Segundo . Se exhorta a la Secretaría de Salud, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a llevar a cabo una campaña de difusión de amplia cobertura para inducir una cultura de reconocimiento, valoración y respeto a los derechos humanos de las personas adultas mayores.

Palacio Legislativo, a 20 de noviembre de 2014.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Diputados: Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), presidenta; Leticia Calderón Ramírez, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Genaro Carreño Muro (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Josefina Salinas Pérez, secretarios; José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña, Roberto López Rosado, Leticia Mejía García, Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara, Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica).