Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4159-IV, jueves 20 de noviembre de 2014
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por sus dependencias con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones conducentes a deslindar responsabilidades, aplicar sanciones y subsanar el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI y por Enrique Aubry de Castro Palomino, del PVEM
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los instrumentos destinados a concienciar, prevenir y alertar a la población sobre la prevalencia de factores epidemiológicos que se acentúan en esta temporada en diversas partes del país, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
- Con punto de acuerdo, por el cual se solicita la comparecencia del titular de la SCT para explicar las razones de que se revocara la licitación sobre el proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del PAN
Proposiciones
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno a crear programas y campañas destinados a fomentar el respeto hacia las personas con discapacidad y su derecho a la accesibilidad, a cargo del diputado Roman Alfredo Padilla Fierro, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a difundir y conmemorar el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, por realizarse este 20 de noviembre, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, y de Educación Pública a establecer acciones de difusión que garanticen la toma de conciencia de la población sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del PVEM
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a detener la construcción del tramo carretero Toluca-Naucalpan, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, y de Turismo a reforzar las acciones de promoción de turismo médico, a favor de municipios situados en la frontera norte del país, a cargo de la diputada Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF y a las autoridades de la UNAM a llevar a cabo una investigación sobre los hechos ocurridos el sábado 15 de noviembre de 2014, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del GDF a sancionar a los responsables por los heridos de la UNAM, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del GDF a dar mantenimiento oportuno a las escaleras eléctricas del Metro para facilitar la movilidad de los adultos mayores y de personas con discapacidad, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, relativo a los contratos o convenios celebrados con Grupo Higa, Eolo Plus, Controladora de Operaciones de Infraestructura, Ingeniería Inmobiliaria del Centro o cualquier empresa propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, o asociada a él, celebrados de 2011 a la fecha, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a realizar diversas acciones en materia de fiscalización en San Miguel de Allende, Guanajuato, a cargo de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Efemérides
- Con motivo del 20 de noviembre, conmemoración del vigésimo quinto aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con motivo del Día Universal del Niño, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del PVEM
- Con motivo del centésimo cuarto aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por sus dependencias con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones conducentes a deslindar responsabilidades, aplicar sanciones y subsanar el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI y por Enrique Aubry de Castro Palomino, del PVEM
Los suscritos, diputados federales de Jalisco por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y todas las autoridades competentes de la administración pública federal con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones necesarias a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La laguna de Cajititlán, en Tlajomulco de Zúñiga, cerca del lago de Chapala, tiene 9 kilómetros de longitud y 2 de ancho. Es pequeña, comparada con el lago de Chapala, pero se le considera la laguna de la zona metropolitana de Guadalajara por su majestuosidad y atractivo turístico.
Formada con el agua de lluvia proveniente de las serranías que la rodean, la laguna de Cajititlán es un lugar único y muy especial para los tapatíos y todos los jaliscienses.
Hoy, desgraciadamente, nuestra bella laguna está sufriendo los embates de los cambios climáticos o, peor aún, de posibles actos de negligencias y violencia ambiental.
Según la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, hasta el domingo 31 de agosto se habían extraído más de 30 toneladas de peces muertos. Para el martes ya se contabilizaban más de 50 toneladas.
Debemos reconocer que las autoridades han puesto su empeño para detectar la causa de la muerte de la gran cantidad de peces en la laguna.
Aparentemente se desconoce si es un fenómeno natural o se trata de un evento provocado por conductas perniciosas de ciertos individuos.
La secretaria de Medio Ambiente en Jalisco, Magdalena Ruiz, informó que ya se han enviado brigadas de trabajadores para apoyar a los pescadores locales en la retirada de los peces muertos, así como técnicos para evaluar la situación de las plantas de tratamiento de aguas de la ribera de la laguna.
De acuerdo con el doctor Manuel Guzmán Arroyo, director del Instituto de Limneología de la Universidad de Guadalajara, se trata de un problema provocado por el nivel de agua de la laguna, “que resulta demasiado bajo para cubrir las necesidades de oxígeno de los peces”.
El especialista explicó que “el lago tiene problemas porque le sacan demasiada agua. Una ventisca fuerte puede remover el fondo se levantan los sedimentos, se mezcla y se agota el oxígeno en el agua”.
Otra explicación que se ha dado es que la ausencia de agua suficiente y de oxígeno obedece al riego del valle adyacente y la existencia de un canal de adiestramiento para deportes acuáticos que también extrae agua de la laguna.
Durante estos días, la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco ya dio a conocer que estableció un mando único para la atención de la contingencia ambiental. La Profepa y la Comisión Estatal del Agua han tomado importantes medidas de coordinación para que la contingencia ambiental se estabilice de manera positiva, se recupere el equilibrio ecológico de la zona y, desde luego, se subsane en lo posible el daño ambiental ocasionado.
En resumen:
(i) La recurrente crisis ambiental en la laguna de Cajititlán –cuatro periodos de muertes masivas de peces– puede tener su causa en cuestiones cíclicas u ocasionadas por la acción irresponsable del hombre; y
(ii) Ante estos hechos, hay instancias gubernamentales competentes para investigar el hecho y las formas de resarcir el daño ocasionado, buscando a su vez a los responsables y sancionándolo conforme a las leyes que nos hemos dado.
Nuestra posición como diputados al Congreso de la Unión es coadyuvar con las autoridades locales para resolver, de acuerdo con nuestras atribuciones, los problemas que pudiesen afectar a nuestros representados.
Hoy, las niñas, los niños, las mujeres y los hombres de Jalisco están sufriendo una afectación ambiental que merece toda la atención, tanto de las autoridades locales como federales. Merece que nos dispongamos a revisar las leyes en materia ambiental, tanto por lo que toca al Congreso de Jalisco, como lo que corresponde al Congreso de la Unión. Deben provocar toda nuestra atención y, desde luego, la coordinación de todas las autoridades competentes al efecto de deslindar responsabilidades, encontrar y sancionar a los culpables y, más importante aún, lograr reestablecer el equilibrio ecológico en la zona afectada y prevenir nuevas afectaciones.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados el presente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a colaborar por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y todas las autoridades competentes de la administración pública federal con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones necesarias a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2014.
Diputados: Abel Salgado Peña (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica), Leonardo Alcalá Padilla (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro, Marco Antonio Barba Mariscal, Sergio Armando Chávez Dávalos, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los instrumentos destinados a crear conciencia, prevenir y alertar a la población sobre la prevalencia de factores epidemiológicos que se acentúan en esta temporada en diversas partes del país, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El que suscribe, Rubén Benjamín Félix Hays, diputado de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, respetuosamente somete a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
El derecho a la salud, en su máxima expresión y alcance, fue consagrado por primera vez en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS)1 de 1946, al señalarse que “...el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión ideología política o condición económica o social...”.
Desde entonces, este derecho humano se ha expresado en la Declaración Universal (artículo 25) y Americana (artículo 11) de Derechos Humanos en 1948; afianzado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y reiterado en la Declaración de Alma-Ata de 1978 y en la Declaración Mundial de la Salud de 1998.
En tal sentido, el acceso a los bienes, servicios y oportunidades destinados a satisfacer las necesidades de salud es un derecho humano fundamental y es la clave para que las personas puedan disfrutar de otros derechos humanos fundamentales.
Indudablemente, en México se ha avanzado sustantivamente en la construcción de una cultura de derechos humanos, misma que ha comprendido procesos de armonización legislativa con los más altos estándares internacionales, de fortalecimiento institucional e instrumentación de políticas públicas específicas en la materia.
A nivel constitucional y en sus leyes secundarias, la protección y acceso pleno al derecho a la salud de las y los mexicanos está garantizado y existe una muy amplia cobertura de servicios de salud para la población que lo necesita.
No obstante estos avances, es menester que el Estado mexicano redoble esfuerzos en aquellas áreas que puedan, por la naturaleza de sus elementos y factores, generar mayor susceptibilidad y riesgos entre la población del país, de tal manera que se salvaguarde la plena vigencia de derecho humano a la salud, atendiendo prioridades de orden local y nacional.
La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a todos los países ser capaces de detectar, comprobar rápidamente y responder de forma adecuada a las amenazas de enfermedades emergentes y con tendencia a producir epidemias, a fin de reducir al mínimo su impacto en la salud y la economía de la población local y mundial.
Consistente con esta recomendación, la OMS mantiene un sistema de vigilancia epidemiológica que da seguimiento a la evolución de enfermedades infecciosas en el mundo, alertando cuando es necesario, compartiendo conocimientos técnicos, y articulando las respuestas necesarias para proteger a las poblaciones de las consecuencias de las epidemias, cualquiera que sea su origen y dondequiera que se declaren.
De manera correspondiente, en el país contamos con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) el cual ha demostrado su eficacia en la materia, al alertar con prontitud y de manera sumamente responsable una de las mayores contingencias sanitarias que haya ocurrido en el país en los últimos años.
Entre marzo y abril de 2009, cuando el entonces Sistema de Vigilancia Epidemiológica identificó el virus que se denominó como Influenza A (H1N1), se pusieron en marcha diversas acciones en materia de salubridad a fin de controlar la epidemia, prevenir nuevos contagios y combatir el virus existente; asimismo, se pusieron en marcha campañas oportunas de vacunación e información.
Por las acciones realizadas durante dicha contingencia, México recibió amplio reconocimiento a nivel internacional: en la 62ª Asamblea Mundial de la Salud, efectuada del 18 al 22 de mayo de 2009, en Ginebra, Suiza, el país fue calificado como ejemplo de cooperación internacional y durante la 49ª Reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), celebrada del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2009, en Washington, D.C., se otorgó un reconocimiento al trabajo del Gobierno mexicano por su labor frente a la contingencia epidemiológica, destacando la transparencia que se tuvo en el manejo de información.
La situación epidemiológica mundial y regional nos obliga a retomar la pasada experiencia y ser muy responsables en la vigilancia y monitoreo que se realice a los factores epidemiológicos internacionales, además de estar alerta a los del orden nacional.
Basta recordar que la alerta sobre el brote de enfermedad por el virus del ébola del pasado 30 de agosto del año en curso en Senegal transitó a la generación de una alerta regional para África Occidental en menos de una semana (4 de septiembre de 2014), coincidiendo con el reporte de dos casos de infección humana por virus de la gripe aviar A(H7N9) en la República Popular de China, confirmada mediante pruebas de laboratorio.
En el caso de China, su gobierno, atendiendo protocolos sanitarios internacionales, tomó las siguientes medidas de vigilancia y control:
a) fortalecimiento de la vigilancia y el análisis de la situación;
b) fortalecimiento de la atención clínica y el tratamiento médico;
c) comunicación pública del riesgo y difusión de información.
En el caso del ébola, según la OMS en uno de sus últimos comunicados, su brote en el África Occidental es el peor en la historia. El número de muertes por el virus asciende a más de 3 mil y el número de casos de personas infectadas alcanzó ya los 6 mil 553.
Esta enfermedad se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, debilidad intensa, mialgias, cefalea y odinofagia, seguido de vómitos, diarrea, conjuntivitis, erupciones cutáneas, disfunción renal, hepática y en algunos casos, sangrado gastrointestinal y coagulación intravascular diseminada.
Dada la cobertura mediática que ha tenido en los últimos días hemos tenido conocimiento de su ingreso al continente americano, específicamente mediante un caso comprobado de un paciente en el estado de Texas, en los Estados Unidos de América.
La primera persona en ser diagnosticada con ébola en territorio estadounidense acudió a una sala de emergencias la última semana del mes de septiembre pasado, pero no fue internado por el personal del hospital a pesar de que indicó que había viajado a Liberia.
Tal razón obedeció a que basados en sus síntomas, los médicos tratantes indicaron que no había razón para internarlo cuando se presentó por primera ocasión en la sala de emergencias, el pasado jueves 25 de septiembre por la noche.
Tres días después, el hombre regresó al centro médico, en donde se determinó que probablemente tenía ébola. Fue en ese momento que se decidió aislarlo.
En una reunión de alto nivel, convocada por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, el mandatario estadunidense, Barack Obama, urgió al mundo a convertir en una “prioridad” la lucha contra el brote de ébola en África Occidental y advirtió que puede causar una “catástrofe humanitaria” en la región y es una “creciente amenaza a la seguridad global”.
Por su cobertura mediática, como advertíamos líneas arriba, y la falta de información y estrategias de comunicación oficial entre la población, el ébola ya ha caudado confusión y alerta en el país.
La llegada, el pasado 1 de octubre del año en curso, de un paciente africano de origen ghanés, al Hospital General doctora María del Socorro Quiroga Aguilar, en Ciudad del Carmen Campeche, con síntomas similares al virus del ébola, generó pánico entre el personal que ahí labora y familiares de los pacientes que se encontraban en el área de urgencias.
La Secretaría de Salud de Campeche, ese día informó del ingreso al citado hospital de un paciente de origen ghanés con un cuadro clínico que corresponde a un síndrome febril, sin asociación epidemiológica con el virus del ébola.
En el reporte se lee que el paciente masculino, de 52 años de edad, se encuentra aislado, como marca el protocolo ante cualquier cuadro clínico de este tipo. Asimismo, se realizan estudios de laboratorio para descartar enfermedades infecciosas, tales como dengue, chikungunya, paludismo, leptospira, toxoplasma, rubeola y citomegalovirus.
Un día antes, el pasado martes 30 de septiembre, la Secretaria de Salud federal, la Médico Cirujano Mercedes Juan López, afirmó, en el marco de su participación en la 53 reunión de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, DC, que el país tiene los recursos necesarios para el diagnóstico y manejo de cualquier sospecha de ébola.
Se ha indicado que México es considerada una nación de muy bajo riesgo dada la localización geográfica y el escaso flujo migratorio del país con la zona de riesgo; no obstante, a las personas que abordan aviones en la zona del brote se les revisa si sufren fiebre, pero los síntomas pueden comenzar hasta 21 días después de la exposición.
El ébola no es contagioso hasta que comienzan los síntomas, y se necesita un estrecho contacto con los fluidos corporales de un enfermo para que se propague.
De ahí la importancia de que se difunda, de manera clara, pertinente y oportuna la información sobre los efectos, síntomas y acciones a seguir en casos infecciosos como el ébola.
Sin embargo, a nivel local, en el país tenemos otros casos altamente epidemiológicos que atender.
Mientras que la posibilidad de que el virus del ébola llegue es extremadamente remota, es un hecho que el chikungunya 2 llegará al país.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal, doctor Pablo Kuri, indicó desde el pasado mes de agosto a un medio de comunicación nacional que “...hay un caso importado, es decir, no se contagió aquí, se contagió en las islas del Caribe, pero como tenemos el vector y hay mucho tránsito entre mexicanos a la zona donde hay casos seguramente va a llegar, la pregunta es ¿cuándo y dónde?, no sabemos, pero hay que estar atentos para cuando llegue”.3
En la misma entrevisto dejó ver que se desconocen los alcances que podría tener el brote una vez que el virus comience a circular, por lo que recomendó tomar las medidas preventivas para evitar la proliferación del mosquito transmisor.
Las personas contagiadas de chikungunya presentan fiebre, dolores articulares, dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas, según la Organización Mundial de la Salud.
La enfermedad puede presentarse entre tres y siete días después de la picadura del mosquito infestado, y las manifestaciones clínicas pueden durar entre dos y 12 días.
Clínicamente es difícil su diferenciación con dengue, sin embargo en la infección por virus chikungunya el dolor es mucho más intenso y localizado en las articulaciones y tendones, y en algunos casos pude ser incapacitante. Se debe distinguir chikungunya del dengue, que puede tener una evolución más tórpida, ocasionando inclusive la muerte.
No existe ningún antivírico específico para tratar la fiebre chikungunya; e l tratamiento consiste principalmente en aliviar los síntomas, entre ellos el dolor articular, con antipiréticos, analgésicos óptimos y líquidos. No hay comercializada ninguna vacuna contra el virus chikungunya.
Aunque la afección llamada chikungunya generalmente no es fatal, la epidemia ha rebasado la capacidad de atención de los hospitales y mermado la productividad económica de varios países de Sudamérica y el Caribe y se ha manifestado con notables efectos en Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela y con mucha proximidad en El Salvador, Nicaragua, Belice y Guatemala.
La República Dominicana es el país más afectado por el virus debido a que tiene la mitad de los casos en el continente americano; según la Organización Panamericana de la Salud, el chikungunya se ha propagado a mínimo 24 países y territorios en el hemisferio occidental desde que se registró el primer caso, a finales del 2013, en la parte francesa de la isla caribeña de San Martín, contabilizándose hasta el pasado mes de mayo de 2014, más de 4 mil 500 infectados en el continente Americano.
Por otro lado, el escenario reportado sobre una enfermedad epidemiológica en los últimos Informes Epidemiológicos semanales por la Dirección de Información Epidemiológica, dependiente de la Secretaría de Salud, llama poderosamente la atención del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Nos referimos en caso concreto con el avance y daños que está generando la fiebre hemorrágica por dengue en el país, hasta el pasado 29 de septiembre de 2014.
Si bien los reportes confirman un descenso de los registros en el 2014, respecto del año precedente, en un 64 por ciento de los casos estimados y del 55 por ciento de los confirmados, es notorio el incremento y tendencia de casos confirmados, por cada 100 mil habitantes, en entidades como Baja California Sur (204.58), Colima (74.17), Sinaloa (53.81), Campeche (41.49) y Oaxaca (36.43).
La estadística anterior nos permite dimensionar el problema; sin embargo, atendiendo la información sobre el número de personas registradas por casos confirmados de dengue, el panorama es sumamente desalentador.
5 entidades del país acumulan el 50 por ciento: Veracruz, con 2 mil 160 personas; Sinaloa, con 1,591; Baja California Sur, con 1 mil 519; Oaxaca, registra 1,452 y Guerrero 1 mil 286 . Conviene recordar que los datos anteriores pueden ser mayores, pues derivan de la confirmación de casos probables, después de practicados diversos análisis de laboratorio
En el país, en lo que va del año, se han registrado 16,092 casos confirmados de personas afectadas por el virus del dengue y se encuentran bajo análisis otros 24,959 más; sin embargo, en cinco entidades, el incremento porcentual en las últimas cinco semanas ha rebasado al 50 por ciento.
Así, estados como Veracruz, con 2,160 casos (78.7 por ciento); Sinaloa, con 1,591 (57.2 por ciento); los 1,519 de Baja California (164.2 por ciento), así como los 1,452 enfermos de Oaxaca (59.2 por ciento) y los 549 registrados en Morelos (61.0 por ciento) nos deben de movilizar a la acción, urgiendo que las autoridades sanitarias actúen con prontitud ante este mal que es sustancialmente prevenible, mediante acciones concretas, probadas y coordinadas entre el nivel Federal, estatal y municipal.
Ya van 22 decesos en este 2014 y aunque la tendencia sea menor que los 40 fallecimientos registrados en el 2013, la letalidad es 28.2 por ciento mayor que la registrada el año pasado; si se previene y se actúa oportunamente, no deberemos lamentar un fallecimiento más.
Es importante recalcar que aunado a una efectiva política pública en materia sanitaria que contribuya con acciones concretas a prevenir y reducir los daños que el virus del dengue llegase a ocasionar en la salud de las y los mexicanos, también debe prevalecer una absoluta transparencia en el manejo de la información, además de que esta debe ser suministrada a la ciudadanía de manera oportuna.
El dengue históricamente en el país, ha presentado una tendencia de mayor incidencia entre los meses de julio a octubre, coincidiendo con la temporada de lluvias y las condicionantes que propician su proliferación.
No obstante la preparación y capacidad probada de las instituciones del sector salud sobre la detección, tratamiento y medidas preventivas, entidades como Baja California Sur, Sonora y Sinaloa presentan un mayor grado de alerta por las condiciones de salubridad en que quedaron después del paso de Odile por esa región, al grado que la incidencia fue la mayor del país en Baja California Sur, alcanzando 327.95 por cada 100 mil habitantes.
En Nueva Alianza coincidimos en que el derecho a la salud debe ser visto como el derecho a un sistema de salud efectivo e integrado , que abarque la asistencia médica y los determinantes subyacentes de salud, que responda a las prioridades locales y nacionales , y que esté al acceso de todos; por ello, las instituciones responsables de la salud de millones de mexicanos debe brindar información más precisa sobre aquellos padecimientos que por su impacto en la salud pública requieren de una vigilancia estrecha y la difusión oportuna de información.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que fortalezca los mecanismos, protocolos e instrumentos implementados para la vigilancia epidemiológica en el país, de tal manera que ante la presencia de un agente epidemiológico relevante, las instituciones del Sector Salud respondan con pertinencia y eficacia a las contingencias sanitarias que se presenten a lo largo del país.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades, dicte las medidas necesarias a efecto de que en los medios masivos de comunicación informe a la ciudadanía sobre la sintomatología más relevante del ébola y con ello, coadyuve a la proliferación de un clima social sano, responsable y ordenado, evitando desinformación y psicosis social.
Tercero. Finalmente, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal y a las instituciones de salud estatal para que refuercen la vigilancia epidemiológica, la atención médica y las medidas preventivas ante los incrementos focalizados del dengue en el país, principalmente en los estados de Baja California Sur, Colima y Sinaloa que tienen un mayor registro de casos de dengue hemorrágico.
Notas
1 Documentos Básicos, 43ª edición. Organización Mundial de la Salud, Ginebra 2001. La Constitución fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional de 1946.
2 La palabra chikungunya proviene de la lengua makonde de Tanzania, en el este de África, y podría traducirse como “lo que dobla”, en referencia al severo dolor en las articulaciones que hace que los enfermos se contorsionen.
3 Preocupa más chikungunya que el ébola, Laura Toribio. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/06/974750
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2014.
Diputado Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita la comparecencia del titular de la SCT para explicar las razones de que se revocara la licitación sobre el proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del PAN
Fundamento legal
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracciones II y III, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se solicita al presidente de la República, que se reconsidere la ubicación de la construcción de la estación del proyecto de tren de alta velocidad de pasajeros, México–Querétaro, en el municipio de Querétaro.
Lo anterior bajo las siguientes
Consideraciones
Quiero destacar que estoy a favor de la modernización y el progreso ordenado de nuestro país; de igual manera deseo señalar que es pública mi defensa del derecho a la movilidad de todos los mexicanos y particularmente de los habitantes de mi estado natal, Querétaro; por esta razón en mi calidad de diputado federal y a petición expresa de vecinos de Hércules, La Estación, Del Bosque, Álamos, San Javier, Jardines de Querétaro, entre otras colonias, en las delegaciones Centro Histórico y Cayetano Rubio del municipio de Querétaro, solicito que sea reconsiderada la ubicación de la estación del Tren de Alta Velocidad de Pasajeros México-Querétaro, al presidente de la República.
La problemática se hizo de mi conocimiento desde el pasado 6 de septiembre de 2013, cuando vecinos de la colonia Hércules solicitaron mi intervención para conocer el proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro, expresándome su preocupación, pues no habían sido escuchados por ninguna autoridad, y tampoco habían podido ser informados oficialmente sobre dicho proyecto, no obstante que el personal que se ostentaba como perteneciente a la empresa Prointec Ipimsa, realizaba actividades en su colonia, tales como estudios de mecánica de suelos y a la vez, solicitaba a los vecinos realizar avalúos respecto de sus inmuebles que, a decir de estas personas, serían afectados por la obra mencionada en más de seis colonias de la Delegación Cayetano Rubio en el municipio de Querétaro; además de lo anterior, solicitaban la preparación de los documentos que les permitieran acreditar la propiedad de los mismos, pues mencionaban que estos serían expropiados.
Todas estas actividades fueron realizadas por el personal de la empresa Prointec Ipimsa, haciendo referencia a que era una encomienda del Gobierno de la República, para lo cual se acreditaron con documentos que así lo señalaban.
Ante esta situación, los vecinos organizados solicitaron información a las autoridades estatal y municipal, con el propósito de conocer de manera oficial, cuál sería el impacto que el proyecto del tren de alta velocidad generaría en su patrimonio y calidad de vida.
Al no obtener respuesta de ninguna autoridad en el estado de Querétaro, los vecinos pidieron que en mi calidad de representante popular, intercediera para que pudieran conocer los alcances de dicha obra, por lo que desde el pasado 25 de septiembre de 2013, solicité a las autoridades municipales; presidente municipal y la Oficina de Acceso a la Información Pública, a las autoridades estatales: gobernador del estado y a la Oficina de Acceso a la Información Pública, así como a las autoridades federal: presidente de la República, secretario de Comunicaciones y Transportes de gobierno federal y al director de la Región Centro Querétaro de la SCT, que se entregara información y documentación relacionada con el proyecto, para que los vecinos la conocieran. En todos los casos se obtuvo resultados negativos, pues se argumentó que en ese momento no se tenía nada sobre el proyecto.
Ante la falta de respuesta, el 14 de abril del año en curso, solicité de nueva cuenta la intervención del presidente de la República y del propio secretario de Comunicaciones y Transportes mediante un oficio en el cual les hacía saber esta situación.
La incertidumbre de los ciudadanos sobre la afectación a su patrimonio y a su calidad de vida con motivo de este proyecto, se incrementó cuando, no obstante haberse comprometido en dos ocasiones ante los medios de comunicación el gobernador del estado de Querétaro José Eduardo Calzada Rovirosa, a que el secretario de Comunicaciones y Transportes, explicaría ante la opinión pública dicho proyecto, sin que ello aconteciera, pero en su lugar el contador público Pablo Suarez Coello, director de Transporte Ferroviario y Multimodal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realizara el pasado 29 de abril de 2014 declaraciones a los medios de comunicación, durante una visita a la ciudad de Querétaro, en la que anunció que la ubicación de la estación estaría en un predio ubicado entre las colonias Calesa y El Pedregal de Querétaro, a la altura del cruce de las vías del ferrocarril México-Piedras Negras con avenida Bernardo Quintana. Prácticamente en el centro de la ciudad de Querétaro, negándose a proporcionar documentos o información adicional que avalara y justificara la construcción de la estación en ese lugar.
El funcionario simplemente señaló que la ubicación del lugar cuenta con los estudios de impacto ambiental necesarios, las especificaciones técnicas requeridas y que no afectaría la dinámica social de los habitantes de la zona de Hércules, además de que la afectación a la circulación vial sobre Bernardo Quintana y avenida Industrialización, sería de 4 por ciento, y que el proyecto se espera concluya el segundo semestre de 2017.
Sin embargo, hasta el día 11 de junio de 2014, mediante diferentes gestiones el Dr. Carlos F. Almada López, Subsecretario de Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, recibió a un grupo de personas integrados por representantes de colonos, ciudadanos interesados, especialistas en la materia, al presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, AC, al diputado local Alejandro Cano Alcalá, y a su servidor como representante popular federal, donde se acordó que el Colegio de Ingenieros Civiles emitiría un dictamen técnico sobre la viabilidad de la ubicación propuesta para la estación del proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro. Para tales efectos, el subsecretario se comprometió a la entrega de la información necesaria para ello, la cual, como ya se mencionó tenía más de nueve meses de haberla solicitado.
Con la información proporcionada, el pasado 8 de septiembre de 2014, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, AC, realizó la entrega del dictamen acordado, haciendo entrega al secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza, al gobernador Querétaro José Eduardo Calzada Rovirosa, y un día después al suscrito.
Dictamen técnico del cual se advierte las siguientes consideraciones técnicas, que citaré de manera textual:
“...
Una vez que se contó con la documentación referida en los antecedentes de este documento, misma que fue la única disponible, una vez que se agotaron las vías de solicitud de información adicional referente a los mecanismos utilizados para la determinación de la ubicación de la estación en territorio de Santiago de Querétaro y habiendo procedido a una exhaustiva revisión y análisis técnicos de dicho acervo, se concluye que la localización propuesta es social, ambiental, vial y urbanísticamente inviable.
El predio propuesto para la estación provisional del TAV, sin menospreciar que el uso pretendido está prohibido, es inadecuado, pues el único acceso a él es por la lateral del boulevard Bernardo Quintana, cuyo sentido de circulación es de los Arcos hacia Plaza del Parque así como por un puente que conecta a la vialidad primaria denominada avenida Industrialización, con el flujo vehicular procedente de la zona de Hércules-La Cañada con la avenida Corregidora Norte que igualmente es una vía primaria saturada y que desemboca al Centro Histórico, con las limitaciones propias de una ciudad fundada cuando sus habitantes difícilmente contaban con caballos y la mayoría cotidianamente caminaba.
Adicionalmente, es de señalarse que en el entorno inmediato a dicho predio no existe infraestructura ni espacio para crear la necesaria requerida para atender los requerimientos del servicio de transporte público de pasajeros y ello habrá de ocasionar severos problemas para los pasajeros que utilicen dicha estación y los servicios de traslado ferroviario.
El boulevard Obsidiana comprende el corto trecho que corresponde al punto en donde situar el acceso y la salida a la futura estación, nodo crítico que al poner en operación la estación, resultara en un nodo con nivel de servicio H, es decir caótico.
El estudio de demanda de usuarios del TAV arroja un volumen de 22 mil 220 pasajeros diarios entre la Terminal Buenavista y la Estación Querétaro, en ambos sentidos. Lo que representa un total de 55 corridas diarias, 28 desde Buenavista y 27 desde Querétaro, a lo largo de 17 horas de operación diaria, de las 6:00 a las 23:00, esto es, 3.24 corridas por hora, es decir tres y un cuarto por hora a lo largo de las 17 horas de servicio programado.
Con las cifras resultantes del estudio de impacto vial y el consecuente impacto urbano, el flujo existente de vehículos que circulan por la lateral oriente del boulevard Bernardo Quintana Arrioja así como en el retorno en el boulevard Obsidiana y la avenida Industrialización, vialidades que forman el nodo para la circulación del tránsito que procedente de la estación del TAV propuesta, habrían de demandar para el acceso, salida y distribución vehicular inmediata, se obtienen las cifras necesarias y suficientes para determinar la inviabilidad de servicio vial de y hacia la estación referida.
De los pasajeros provenientes de Buenavista solo el 33.2 por ciento tienen como destino final el Estado de Querétaro, distribuidos principalmente entre el área Metropolitana de la ciudad de Santiago de Querétaro (27.3 por ciento) y de San Juan del Río-Tequisquiapan (5.9 por ciento). El restante 67% se dirige a otros destinos del Bajío, principalmente al estado de Guanajuato (13 por ciento), en menor medida a los estados de San Luís Potosí (3.5 por ciento), Aguascalientes (1.6 por ciento) y Jalisco, principalmente de Guadalajara (3.1 por ciento).
En tanto los usuarios que parten de Querétaro, sólo el 27 por ciento se originan en la entidad (18.8 del Área Metropolitana de Ciudad Querétaro y 4.1 por ciento se SJR-TX), el 73 por ciento proviene de otras entidades del Bajío.
Una divisa de peso específico es la correspondiente al carácter patrimonial de las políticas y restricciones de zonificación y utilización del territorio aplicables al polígono amparado por el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Área de Monumentos del Centro Histórico de Santiago de Querétaro, lo cual apuntala la recomendación para que se resuelva la colocación de le estación TAV en una localización diferente a la actualmente propuesta.
De las situaciones planteadas en este Dictamen y de acuerdo a las condiciones actuales de ocupación y uso del suelo, se determina que la ubicación de la estación en el predio propuesto, presentan obstáculos técnicos insalvables y por lo tanto es inviable.
Los resultados obtenidos reducen sensiblemente la factibilidad para establecer la estación terminal del TAV en el predio propuesto por la SCT.
El Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro, AC, ha realizado estos análisis sobre la viabilidad para la ubicación de la estación provisional de este importante proyecto, en el sitio hasta ahora propuesto en el anteproyecto a cargo de la Secretaría, en esta, su necesaria fase de la maduración que habrá de llegar a las óptimas determinaciones, las cuales hasta el alcance de este trabajo dan un resultado negativo.
Consecuentemente con los resultados de los estudios realizados se concluye que la ubicación de la estación TAV en el sitio propuesto es social, ambiental, vial y urbanísticamente, es inviable, para la estación del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro.”
Luego entonces, siendo una premisa superior de cualquier gobernante el propiciar decisiones consensadas y legítimas de las acciones que impactan de forma significativa en la calidad de vida de los gobernados, debiendo en todo momento propiciar que las ciudades se encaminen a la humanización de los entornos urbanos y no atienda únicamente a la industrialización y el comercio. Por ello, es indispensable el uso efectivo de una democracia participativa, incluyendo las opiniones de los sectores especializados, así como de la ciudadanía en general.
No pasa inadvertido para el suscrito, que esta Legislatura Federal se ha distinguido por ser la que más reformas a la Constitución en Materia de Transparencia y Participación Ciudadana ha impulsado, con la finalidad de evitar precisamente el uso discrecional de la información y promover una permanente supervisión de la sociedad al quehacer gubernamental.
Asimismo, uno de los estandartes que he enarbolado durante mi trayectoria como servidor público, ha sido precisamente el de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, como un verdadero mecanismo de combate a la corrupción y de real participación en la toma de decisiones del Estado.
Por lo anteriormente expuesto, es que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete ante el pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Solicita la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República, Gerardo Ruiz Esparza, para que de manera pormenorizada explique las razones por las cuales se revocó la licitación para la construcción del proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro.
Segundo. Se solicite al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que en las nuevas bases de la licitación se reconsidere la ubicación de la estación del proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México–Querétaro, en la colonia Calesa, de la delegación Cayetano Rubio, en el municipio de Querétaro, debiendo tomar en consideración el dictamen técnico realizado por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, así como las manifestaciones de especialistas y sobre todo, las expresiones sociales de inconformidad y oposición a dicha determinación.
Diputado Marcos Aguilar Vega (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno a crear programas y campañas destinados a fomentar el respeto hacia las personas con discapacidad y su derecho a la accesibilidad, a cargo del diputado Roman Alfredo Padilla Fierro, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado federal Román Alfredo Padilla Fierro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales I, fracción II, y 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Soberanía el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Debemos de reconocer que las personas con discapacidad merecen una vida digna igual que cualquier persona, ya que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, es decir, por el simple hecho de ser personas gozarán de los derechos consagrados en la Carta Magna.
Asimismo, el párrafo quinto de la Constitución nos dice que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Por ello, no podemos permitir que las personas con discapacidad sufran discriminación ni falta de respeto en los lugares asignados a ellos para su mejor accesibilidad, poco a poco en nuestro país aprendemos que debe existir tolerancia y respeto hacia las personas con discapacidad a excepción de algunas personas que no tienen conciencia ni respeto hacia las personas con discapacidad y problemas de accesibilidad, a las cuales no les importa en lo más mínimo que ciertos lugares públicos pongan señalamientos para uso exclusivo de personas con discapacidad y accesibilidad y se estacionan en estos lugares sin realmente necesitarlo, así como aquellos, que son muchos, que obstruyen indebidamente las rampas de acceso en las calles impunemente, eso es no tener conciencia, la integración total a la sociedad de las personas con discapacidad es que puedan acceder a todos los espacios públicos y privados, debemos de acabar con la indiferencia e inconciencia de esos retrogradas que no saben respetar, para construir una sociedad incluyente.
Organismos internacionales como la ONU en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, realizada el 13 de diciembre de 2006 y su ratificación del 30 de marzo de 2007, recoge la accesibilidad como uno de los principios generales de los derechos de las personas con discapacidad.
Sin embargo, a pesar de tener instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, nos faltan programas y campañas de cortesía y respeto hacia los lugares específicos de accesibilidad de las personas discapacitadas. Las autoridades deben hacer ver las responsabilidades y obligaciones de todos los ciudadanos con respecto a este tema.
Por ejemplo, en el ámbito local, existe el Reglamento de Tránsito Metropolitano en el Capítulo I Disposiciones generales en su artículo tercero dice: autoridades y promotores voluntarios llevarán a cabo en forma permanente campañas, programas y cursos de seguridad de educación vial, en los que se promoverá:
I. ...
II. ...
III. La protección a los peatones, personas con discapacidad y ciclistas.
El artículo 12 del mismo ordenamiento establece que se prohíbe estacionar cualquier vehículo en los siguientes espacios:
I. a IX.
X. Frente a:
a)
b)
c)
d) Rampas especiales para personas con discapacidad.
XI. al XIII. ...
XIV. En lugares o cajones destinados al estacionamiento de vehículos que transporten o sean conducidos por personas con discapacidad, identificados con la señalización respectiva.
XV. En los demás...
La infracción a las prohibiciones dispuestas en este artículo, se sancionará con base a la siguiente tabla:
Creemos necesario hacer conciencia en la población, principalmente en los niños para que se enseñen a respetar los lugares señalados para personas con discapacidad y las rampas de las banquetas, podría pensarse que son problemas mínimos, pero pensemos como muchos ciudadanos discapacitados al intentar bajar una rampa de banqueta obstruida o un lugar señalizado para auto de discapacitado ocupado por alguien que realmente no lo necesita y tristemente hasta se burlan cuando se les hace la observación de que es un lugar para discapacitados. Es momento de ser más duros con estas personas aplicándoles las sanciones correspondientes haciéndoles valer las leyes para que aprendan a respetar y hagan conciencia de lo indebido.
Por lo antes expuesto se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con
Punto de Acuerdo
Único. S e exhorta al gobierno federal a través de las distintas dependencias a su cargo, a los gobiernos de las entidades federativas y a los municipios, a crear programas y campañas que concienticen el respeto hacia las personas con discapacidad y limitaciones de movilidad.
Palacio Legislativo, a 20 de noviembre de 2014.
Diputado Román Alfredo Padilla Fierro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a difundir y conmemorar el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, por realizarse este 20 de noviembre, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El origen de los derechos del niño se remonta a la medianía del siglo XIX, cuando surge en Francia la idea de ofrecer protección especial a los niños; esto permitió el desarrollo progresivo de los derechos de las y los menores de edad, y será partir de 1841, cuando las leyes comenzaron a proteger a las y los niños en su lugar de trabajo y, en 1881, las leyes francesas garantizaron el derecho de las y los niños a la educación.
Será a principios del siglo XX, cuando comenzó a implementarse la protección de las y los niños, en el área social, jurídica y de la salud. Este nuevo principio de protección, que inició en Francia, se extendió más adelante a toda Europa.
Desde 1919, tras la creación de la Liga de las Naciones - que posteriormente se convertiría en la Organización de las Naciones Unidas (ONU),- la comunidad internacional comenzó a otorgar más importancia a este tema, por lo que se implementó el Comité para la Protección de los Niños.
Más adelante, el 16 de septiembre de 1924, la Liga de las Naciones aprobó la Declaración de los Derechos del Niño (también llamada la Declaración de Ginebra), siendo el primer tratado internacional sobre los Derechos de los Niños. A lo largo de cinco capítulos la Declaración otorga derechos específicos a los niños, así como responsabilidades a los adultos.
Pero el momento más relevante respecto al reconocimiento de las niñas, los niños y adolescentes y sus derechos, será cuando la Asamblea General de la ONU, el 20 de noviembre de 1989, adopta en la ciudad de Nueva York, la Convención sobre los Derechos del Niño , a la que se registra, como el tratado más confirmado de la historia, convirtiéndose así en el instrumento de Derechos Humanos más ampliamente refrendado por la humanidad.
La convención representa el consenso de las diferentes culturas y sistemas jurídicos de la humanidad en aspectos tan esenciales como la relación del niño con la familia; los derechos y deberes de los padres y del Estado; y las políticas sociales dirigidas a la infancia, e incluye principios como el interés superior del niño, el derecho a ser reconocidos como sujetos plenos de derechos, el derecho a ser escuchados y participar activamente en los procesos que puedan afectarlos, así como el derecho a su identidad y su privacidad, entre otros.
La convención consta de 54 artículos los cuales establecen los derechos económicos, sociales y culturales de las y los niños. Asimismo, reconoce que en todos los países del mundo hay niños y niñas que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que por tanto estos menores de edad, necesitan de especial atención.
En numerosos países, incluido el nuestro, la vida de las y los niños está amenazada por: la violencia en todas sus diversas manifestaciones, los conflictos armados, la falta de acceso a la educación, la desnutrición, el trabajo infantil, las adicciones, la trata de personas, la explotación sexual y otras violaciones a sus derechos humanos.
Las y los niños que viven en las zonas rurales tienen menos oportunidades de desarrollo, como a una educación de buena calidad o el acceder servicios de salud y a otros servicios en términos de igualdad de condiciones con las y los niños de las ciudades.
La Convención afirma que tales disparidades -en el marco de las sociedades- son también una violación de los derechos humanos. La Convención induce a eliminar este tipo de desigualdades que encierran en sí, actos discriminatorios.
La Convención sobre los Derechos del Niño, otorga la misma relevancia a todos y cada uno de los derechos de las y los niños. No existe ningún derecho “pequeño” ni tampoco una jerarquía en los derechos humanos. Todos los derechos enunciados en la Convención -tanto los derechos civiles y políticos, como los derechos económicos, sociales y culturales- son indivisibles, están relacionados entre sí, y su objetivo principal es que el Estado proteja y desarrolle la personalidad integral de la niña y del niño. Éste es el verdadero desafío al que hoy nos enfrentamos.
Muestra de ello se encuentra en la siguiente información; el estudio denominado Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México 2008-2010 , indica que los niveles de pobreza de los niños y de las niñas en los años contemplados por el estudio, fueron superiores a los de la población total: la pobreza en niñas y niños fue de 53.5% en 2008, y de 53.8% en 2010. Este último año afectaba a 46.2% de la población total. El informe recalca que: la diferencia entre los niveles de pobreza de la población infantil y adolescente, y aquellos de la población general es la primera evidencia de las mayores restricciones que enfrenta la población de menos de 18 años para desarrollarse en un entorno de respeto a sus derechos plenos.1
• 21.4 millones de menores de edad viven en pobreza
• 56% de niñas y niños de 5 años son pobres
• 7 de cada 10 niñas y niños indígenas son pobres
• 3 de 4 niñas y niños menores de 17 años, presentan alguna carencia de sus derechos sociales
Lo anterior nos muestra que la infancia es el grupo poblacional que más enfrenta y reciente la inequidad, la pobreza y la injusticia social, en temas como; la violencia familiar, el problema del narcotráfico en las comunidades, la prostitución infantil, la pornografía, el tráfico de personas, la migración de las y los niños no acompañados, la explotación laboral infantil, niñas y niños en instituciones de cuidados alternativos y en conflicto con la ley, niños y niñas con discapacidad y con VIH/sida, entre otros.
La convención, junto con la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, representa un cambio sin precedentes para el sistema jurídico mexicano en general y, en particular, para las legislaturas de los estados, quienes tienen el deber y la obligación de armonizar sus leyes para hacer efectivo el ejercicio de sus derechos y para promover la equidad al ser de carácter vinculante directo, y de interpretación que concede deberes y obligaciones al Estado a los que México se ha comprometido.
Además, se debe reconocer que la Convención ha sido históricamente la base jurídica internacional para las modificaciones y la creación de la reciente Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la que sin duda, será la punta de lanza para la realización del cambio cultural y social que requiere nuestro país, para concretar un verdadero estado de derecho en favor de la Niñez y la Adolescencia.
Por ello, se hace un respetuoso llamado a las y los legisladores de los congresos locales para que, desde la Cámara de Diputados se trabaje conjuntamente y se logre que la Convención y la nueva Ley General, responda a las exigencias y necesidades de la sociedad a la que se aboca.
En este sentido, reconocemos la importancia de la Convención, porque desde hace 25 años se nos ha brindado la oportunidad de cambiar el rumbo de la historia de las niñas, los niños y adolescentes del país.
A pesar del largo camino que queda por recorrer, es importante que los congresos de los estados celebren acontecimientos como éste, porque ello muestra la voluntad común de legislar en favor de la infancia, para que el espíritu y la letra de la Convención sobre los Derechos del Niño, se conviertan en una realidad, sin excepciones, para todas las y los niños de nuestro país, permitiéndonos construir una mejor sociedad y promover una cultura de paz y armonía entre todas y todos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Congresos de los Estados de la Federación para que se difunda y conmemore el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, a realizarse el próximo 20 de noviembre del presente año, por ser el documento fundamental de donde emana la preservación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Nota
1 Pobreza y Derechos Sociales de Niños, Niñas y Adolescentes en México, 2010-2012.Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), México, 29 de abril de 2014.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2014
Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, y de Educación Pública a establecer acciones de difusión que garanticen la toma de conciencia de la población sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Enrique Aubry de Castro Palomino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Cifras obtenidas de la Encuesta Nacional sobre Adicciones, realizada por la Secretaría de Salud, señalan que la edad de inicio de los fumadores mexicanos se ha reducido: en 1988 oscilaba entre 18 y 25 años, en 2002 bajó al rango de entre 15 y 17, y actualmente la edad promedio es 13 años.
En términos de fallecimientos, tenemos que 1 de cada 9 muertes en México son a consecuencia de esta adicción y cada año se presentan poco más de 60 mil decesos por padecimientos asociados al tabaquismo, siendo más frecuentes infarto cardiaco o falta de suministro sanguíneo a tejidos del corazón con 23 mil muertes anuales, problemas respiratorios con 17 mil casos, infarto cerebral o interrupción en el abastecimiento de nutrientes al cerebro con 13 mil, así como cáncer de pulmón y vías respiratorias con 6 mil muertes.
Lo anterior, sin dejar de mencionar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) como uno de los padecimientos que tiene mayor efecto tanto en la salud como en la economía familiar por lo que hace a los gastos para su atención médica, en ese sentido el gobierno mexicano reporta un gasto de 29 mil millones de pesos al año para atender la EPOC y el cáncer pulmonar.
Se entiende por enfermedad pulmonar obstructiva crónica la afección en la que el sistema respiratorio sufre daño progresivo que provoca la disminución de su capacidad de captar aire, la cual puede manifestarse como bronquitis crónica o enfisema, y como ya se ha hecho mención su principal causa es el tabaquismo.
La adicción al tabaco es responsable de 80 por ciento de los casos de la EPOC, siendo más vulnerables quienes consumen cigarrillos que quienes fuman tabaco en pipa o habanos. Se ha demostrado que incluso los fumadores pasivos también pueden padecer dicha enfermedad, además de que los coloca en un alto grado de vulnerabilidad a padecer enfermedades respiratorias en comparación con quienes están libres de agentes tóxicos.
Con menos incidencia pero no menos alarmantes, son algunos factores como la contaminación atmosférica, el monóxido de carbono y el óxido de sulfuro procedentes de la combustión de gasolina, hidrocarburos de automóviles o el ozono, los causantes de alteraciones a la salud, ya que producen irritación de las vías respiratorias y dificultan el transporte del oxígeno por el cuerpo, provocando que padecimientos como la EPOC y bronquitis crónica sea 2 veces más frecuente en las zonas industriales y en las grandes ciudades que en el campo.
Como ha quedado evidenciado, las causas que originan la EPOC son sumamente previsibles. Lo anterior, atendiendo a que al tratarse de una adicción ésta puede prevenirse a través de la difusión de información que permita conocer las consecuencias de tomar la decisión de fumar tabaco. Sin embargo, hoy las cifras de consumo en nuestro país son cada vez más alarmantes.
Las razones que llevan a las personas, principalmente a los adolescentes, a fumar se relacionan frecuentemente con la intención de mostrar descontento, por curiosidad, o bien, simplemente por obtener la aceptación de un grupo social.
Según la Clínica contra el Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, el tabaquismo no es una conducta que se repite sin dañar al individuo, sino que es una adicción, una enfermedad considerada como la principal causa prevenible de problemas de salud, discapacidad y muerte prematura.
Por ello, la mejor opción para prevenir la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es disminuir y en el mejor de los casos erradicar definitivamente el consumo de tabaco, crear conciencia sobre el riesgo que corre su salud y la de los fumadores pasivos, debiendo colaborar en las medidas necesarias para mantener un medio ambiente limpio en beneficio principalmente de la salud de toda la población y de los recursos naturales.
Por lo anterior, y con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, exaltamos la necesidad de impulsar acciones efectivas que lleven a la concienciación sobre las afectaciones del ambiente y principalmente de la salud, no sólo de los fumadores de tabaco sino de la sociedad en general.
En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a diseñar e implantar con la de Educación Pública instrumentos eficientes de difusión de información que garantice la concienciación de la población sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y sus fatales consecuencias, así como los medios preventivos de ésta, haciendo especial hincapié en el sector poblacional con mayor presencia en la adicción al tabaco, así como en los estudiantes de educación secundaria, el sector de la población más susceptible de incidir en dicha adicción, como principal causa de la EPOC.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a impulsar con las autoridades e instituciones que considere pertinentes campañas dirigidas a las personas fumadoras, cuya finalidad es crear conciencia sobre las afectaciones a los fumadores pasivos, exhortando al consumo responsable de tabaco.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2014.
Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a detener la construcción del tramo carretero Toluca-Naucalpan, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La comunidad indígena Otomí de Ayotuxco, ubicada en el municipio de Huixquilucan, estado de México, cuenta con aproximadamente 9 mil 500 hectáreas, de acuerdo a la escritura pública número 5978; en esta zona se encuentran el parque ecológico turístico y recreativo Zempoala-La Bufa, denominado Parque Estatal Otomí-Mexica, así como el parque estatal Santuario del agua forestal subcuenca tributaria río San Lorenzo, ambas actualizaciones de modelo de ordenamientos ecológicos fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de México en 2009.
En enero de 2011 se dio a conocer por medio magnético y por estrados, la construcción del proyecto carretero Toluca-Naucalpan, por la empresa Autovan, Autopista de Vanguardia SA de CV, dentro del territorio de la comunidad en comento. Con fecha de 15 de octubre de 2012 se promulga el decreto de expropiación, por lo que los miembros de la comunidad interponen amparo ante el Juzgado Décimo Tercero con sede en Naucalpan de Juárez, estado de México, en el cual la autoridad les concede la suspensión de plano de la construcción del proyecto carretero el 31 de enero de 2013.
Dentro de los informes justificados rendidos por las autoridades involucradas, podemos observar el expedido por el representante del gobernador del estado de México, en donde expresa que respetará la suspensión decretada a favor de la comunidad quejosa, para el efecto en que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban, acto que a la fecha no se ha cumplido, ya que lamentablemente la empresa desacató la imposición de la autoridad y siguió con la construcción de dicho proyecto, continuando con la tala desmesurada de árboles, la contaminación de acuíferos y manantiales.
Cabe señalar que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizó un estudio geohidrológico en los bosques de la comunidad en el cual se reportaron 140 manantiales afectados, así como un acuífero, mismos que se han visto contaminados por dicho proyecto carretero y ni con estos resultados se detuvo la construcción.
Nos encontramos ante un ecocidio de magnitudes inimaginables, ya que el territorio en comento representa uno de los principales pulmones, no solo del estado de México, sino también del Distrito Federal, así como también los manantiales los cuales alimentan el Sistema Cutzamala.
El pasado 23 de septiembre, el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, firmó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, a implementar una serie de acciones para garantizar el respeto a los pueblos indígenas del país; dentro de estos acuerdos hace mención directa a la nación otomí de San Francisco Xochicuautla, cuestión que resulta contradictoria.
Este tema se ha vuelto de interés mundial, ya que el Centro de Estudios de Indígenas del Mundo y el Consejo Internacional de Tratados Indios (IITC por sus siglas en inglés) en junio del presente año, dirigieron una carta al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, donde le solicitaban la rectificación de los permisos de los “proyectos que pudieran afectar a las tierras indígenas, territorios y otros recursos, especialmente en relación con el desarrollo, la utilización o explotación de minerales, agua u otros recursos”.
El pasado 10 de octubre cientos de granaderos entraron a la comunidad de San Francisco Xochicuautla fuertemente armados, esto para tratar de proteger a trabajadores de la empresa Autovan SA de CV, quienes han continuado con la destrucción de zonas comunales, esto pese a que no cuentan con los permisos legales necesarios para el proyecto en comento.
El gobierno de Eruviel Ávila ha hecho oídos sordos y está enviando a cientos de granaderos para realizar por la fuerza el avance de la autopista privada a pesar de que existe una orden judicial que impide continuar con la construcción del proyecto, las comunidades más afectadas son San Francisco Xochicuautla y la indígena otomí de Ayotuxco, en las que ya han masacrado decenas de árboles, lo cual es un delito definido por el Código Penal.
Por lo anteriormente expuesto propongo los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobernador constitucional del estado de México para que cumpla con la suspensión decretada a favor de la comunidad indígena, para que se detenga la construcción del tramo carretero y no se le prive de manera parcial ni total de los bienes agrarios que ésta defiende.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que garantice y proteja los derechos de los indígenas.
Tercero Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para aclarar la situación legal y ambiental del proyecto carretero Toluca- Naucalpan.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2014.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, y de Turismo a reforzar las acciones de promoción de turismo médico, a favor de municipios situados en la frontera norte del país, a cargo de la diputada Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Adriana Fuentes Téllez, diputada federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguientes
Consideraciones
México ocupa el decimotercer lugar, a nivel mundial, en turismo y es reconocido como el destino turístico más importante de América Latina, ya que cuenta con un alto atractivo en patrimonio natural, histórico y cultural.
El turismo de sol y playa ha sido el sector más explotado por nuestro país, debido a que la promoción turística e inversión se había limitado y concentrado en destinos con playa y clima cálido.
En los últimos años se ha visto un incremento de demanda en turismos de otras categorías que podrían generar mayores beneficios económicos y a los cuales no se les había prestado la atención adecuada.
El turismo cultural, de naturaleza, de aventura y el ecoturismo, el de salud, el religioso, y el de convenciones, ofrecen una gran cantidad de oportunidades que habían sido ignoradas por el gobierno mexicano pese a que representan un alto potencial de ingresos para el país por el elevado número de turistas que buscan este tipo de experiencias de viaje.1
La importancia del turismo radica en desarrollar experiencias únicas, identificar las necesidades y requerimientos de los visitantes, para poder así ofrecer productos y servicios especializados que satisfagan sus demandas, por ello se presta mayor atención al sector salud y turístico.
El turismo Médico o de Salud en México se ha desarrollado, debido a la globalización y el acceso a la información, ya que pacientes de otros países, con necesidades de servicios médicos, ubican y se trasladan al país para realizarse procedimientos no disponibles en su lugar de origen o servicios de calidad a menores precios.2
Nuestro país cuenta con muchas ventajas para ser el primer país en Turismo Médico; debido a “... la cercanía con Estados Unidos, la calidad de los médicos mexicanos que han estudiado en Norteamérica e Inglaterra, las certificaciones nacionales con estándares internacionales, las certificaciones de la Joint Commission International (JCI), los costos de tratamiento que son hasta 70% más económicos que en el país vecino del norte y finalmente, la crisis en atención médica de los países desarrollados.”3
Por estas razones, es importante impulsar y promover este tipo de turismo, en todas las ciudades fronterizas del norte, porque ello traerá un crecimiento económico que no sólo beneficiará a dichas ciudades sino a todo el territorio mexicano.
Además, México posee la infraestructura médica y turística para cortar un trozo importante del mercado que representa el turismo médico internacional, sin embargo, carece de una instancia y estrategias que unan la oferta con la demanda potencial nacional e internacional.4
En Los Algodones, Rosarito, Tijuana, Ensenada, Tecate, Ciudad Juárez y Mexicali, se ha desarrollado esta actividad que se encuentra en constante crecimiento y las instalaciones son de primera calidad mundial, pero necesitan de promoción para atraer más pacientes – turistas.
La Comisión Nacional de Turismo de la Coparmex, manifiesta que hace falta promoción turística por parte del gobierno para atraer un mercado masivo, ya que el mercado potencial es de 300 millones de dólares, por lo que es necesario articular políticas públicas para aprovecharlo.5
Si bien, en la ciudad de Tijuana se ha empezado con el establecimiento de un carril específico o fast line ,6 en la frontera, para los visitantes que entran y salen del país por motivos médicos, hace falta una política de promoción de dicho turismo y acciones en las que se incluya a todos los municipios fronterizos.
Es entonces que, para mantener y hacer crecer a México en éste sector de turismo, es importante que se promuevan o publiciten aún más las clínicas u hospitales que se encuentran relacionadas con hoteles en donde pueden permanecer los pacientes – turistas hasta que termine la convalecencia y así complementar el proceso del turismo de salud de calidad, además de que se promuevan los servicios de calidad que el país ofrece como las cirugías plásticas, las odontológicas, las cardiológicas, contra el cáncer, las clínicas de reducción de peso y las geriátricas e incluso los tratamientos alternativos.
Si bien es cierto la presente administración ha acertado sobremanera al poner en marcha diversas estrategias para promover el turismo de salud, esto como consecuencia de las estrategias contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 y en el Programa Sectorial de Turismo, no lo es menos que el desarrollo de la frontera norte del país, que es donde está ubicada la mejor infraestructura para esta actividad, requiere de mayores acciones para potenciarla como un polo de progreso científico y social.
Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Salud, y de Turismo, con la finalidad de que se refuercen las acciones de promoción de turismo en salud, a favor de diversos municipios ubicados en la frontera norte del país.
Notas
1 Consultado en: http://www.sectur.gob.mx/PDF/PlaneacionTuristica/Prosectur_2013_2018.pd f, 05-11-2014, 20:22 horas.
2 Consultado en: http://www.sectur.gob.mx/wp-content/uploads/2014/01/SECTUR_1ER_INFORME_ LABORES_2013.pdf, 05-11-2014, 20:20 hrs.
3 Consultado en: http://www.turismomedicoenmexico.com/media/5022fc2e5f96c.pdf, 05-11-2014, 20:20 horas.
4 Consultado en: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexico-no-explota-su-potencial- en-turismo-medico-empresarios.html 05-11-2014, 13:10 horas.
5 Consultado en: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexico-esta-en-la-elite-del-tur ismo-de-salud-tijuana-un-caso-de-exito.html, 05-11-2014, 19:40 horas.
6 Carril de pase rápido. Consultado en: http://espanol.bajabound.com/before/permits/borderfastpass.php, 05-11-2014, 19:48 horas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2014.
Diputada Adriana Fuentes Téllez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF y a las autoridades de la UNAM a llevar a cabo una investigación sobre los hechos ocurridos el sábado 15 de noviembre de 2014, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, en los siguientes términos:
Consideraciones
En México, ya no se sabe que es peor; si la realización de hechos aberrantes, o la forma en que las autoridades los enfrentan. La táctica estatal es la siguiente: primero, las autoridades pretenden ocultar o no darle importancia al hecho, esperando, en un autoengaño, que el pueblo lo olvide pronto, siga dormido como hasta hace apenas unos meses, y creyendo que la movilización actual, cada vez más masiva y clara del pueblo, sea sólo una pesadilla para el Poder que desaparecerá en un abrir y cerrar de ojos. No entienden, o no quieren entender, que la paja ya estaba lista con tanta hambre y violencia hacia el pueblo, con tanta corrupción, con tanta negación de la dignidad nacional, y que sólo faltaba una chispa para arrebatar el miedo y la ceguera del pueblo.
El siguiente paso en esta táctica equivocada, si la primera actitud no da resultado, es mentir, inventar historias inverosímiles. Todo para alcanzar el derecho no escrito de la oligarquía a la impunidad. Todo en un acto de absoluto menosprecio al pueblo, cada vez más informado y unido. En este sentido han jugado un papel fundamental las y los hijos y nietos de los mexicanos, que van al día en la información vía redes sociales, y que se encargan de comunicarla a sus padres, tíos, abuelos y demás adultos cercano a su círculo familiar.
Partiendo de lo anterior, es un hecho público que el pasado 15 de noviembre, un auto gris de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) entró con personal armado de esta dependencia a Ciudad Universitaria, acompañados de integrantes de la Unidad de Apoyo Jurídico de la UNAM, a la zona de la Facultad de Filosofía y Letras; aquellos comenzaron a tomar fotos a los alumnos de esta Universidad que ahí se encontraban, lo que llevó al reclamo de parte de los jóvenes, acto seguido uno de los agentes disparó su arma en dos ocasiones con saldo de dos alumnos lesionados. Poco después, los alumnos prendieron fuego al automóvil de cita, lo que llevó a que hicieran acto de presencia más de 500 granaderos, provocándose un enfrentamiento con estudiantes de esta casa de estudios; siendo que un grupo de granaderos entró a la UNAM por unos momentos.
En contra de lo anterior, se llevó a cabo el pasado domingo 16 de noviembre una marcha del Metro Copilco a Rectoría, conformada básicamente por alumnos, padres de familia y egresados, en defensa de la autonomía universitaria y donde se pedía la renuncia del doctor José Narro Robles. Peticiones que fueron ratificadas en la marcha que tuvo lugar por la tarde de ese mismo día en el Distrito Federal.
Pues bien, a hechos tan graves la PGJDF dio por toda explicación que los agentes investigaban “el robo de un celular”. Explicación poco creíble.
Hechos que además se dan en una oleada cada vez más general y reclamante del pueblo de México. Que pide a gritos la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y cambios indispensables de carácter democrático y de justicia social. En una coyuntura en que el Ejecutivo federal “aspira a no tener que hacer uso de la fuerza”, expresión que suena a una amenaza. En que ya han sucedido diversos actos de provocación como el grafiteo e incendio de una de las puertas de Palacio Nacional, con lo que al parecer se buscaría justificar una represión.
En torno a lo sucedido en la UNAM, hay que reconocer que el Gobierno del Distrito Federal ya pidió disculpas por estos hechos y, refrendó su respeto a la autonomía universitaria, y procederá a ejercer acción penal contra el policía autor de las lesiones de dos alumnos. El rector Narro, por su parte, condenó la presencia de la fuerza pública en las instalaciones de Ciudad Universitaria, solicitó a las autoridades del gobierno capitalino que no se repitan hechos como los ya descritos, y precisó que la UNAM presentó ya una denuncia penal sobre estos sucesos.
En situación tan tensa que vive el país, se requiere que los actos de las autoridades se sopesen, de manera de no continuar sumando causas de fricción social. Que por el contrario, los tres órdenes de gobierno sumen esfuerzos para acabar con la violencia y la injustica creciente contra la mayoría de los mexicanos, lo que exigirá cambios profundos y decididos.
Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, en pleno respeto a la autonomía de ésta, para que en el marco de sus respectivas competencias lleven a cabo una investigación ágil, imparcial, profunda y verdadera sobre los acontecimientos que tuvieron lugar el sábado 15 de noviembre del 2014, para el debido deslinde de responsabilidades y, para prevenir a futuro hechos de esta naturaleza.
Segundo. Se exhorta a todas las autoridades del país, a sopesar sus palabras y sus actos, de manera de evitar mayores fricciones sociales. Que por el contrario, los tres órdenes de gobierno unan esfuerzos para acabar con la violencia y la injustica social contra la mayoría de los mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2014.
Diputada Gloria Bautista Cuevas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del GDF a sancionar a los responsables por los heridos de la UNAM, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.
Exposición de Motivos
El pasado sábado 15, Miguel Ángel Ordaz estudiante de la carrera de historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, resultó herido de bala por el policía ministerial Luis Javier Aguiñaga Saavedra, quien estaba en compañía de Rodolfo Lizárraga Rivera, oficial secretario del Ministerio Público de la Agencia Poniente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, PGJDF, de un abogado de la UNAM y dos peritos; ingresaron al campus universitario y, a raíz de una supuesta denuncia por el robo de un celular, comenzaron a tomar fotografías a algunos estudiantes que se encontraban en las inmediaciones, los cuales al percatarse de los hechos increparon al sujeto y éste respondió a balazos.
El hombre corrió hacia avenida Insurgentes donde todavía lo seguían más jóvenes, por lo que nuevamente realizó disparos, hiriendo a otro joven.
El auto del agresor fue abandonado en el arroyo vehicular y según fotografías que circulan en redes sociales, tiene la placa 982-WGE.1
Cabe resaltar que, según testigos que se encontraban en el lugar donde ocurrió el incidente, a más de cinco horas de haberse registrado, no habían acudido ni elementos de Auxilio UNAM ni de la policía, por lo que un grupo de jóvenes se coordinaron para resguardar la zona y evitar que pudiera ser manipulada.
En el comunicado, la PGJDF afirmó que los servidores públicos “fueron agredidos de forma verbal y física, por un grupo de aproximadamente 20 personas, quienes pretendían retenerlos. El elemento de la Policía de Investigación dijo haber realizado disparos al aire para evitar el ataque”.2
A su vez, José Narro, rector de la UNAM, dio conferencia de prensa donde condenó los hechos y comentó que “no es deseable la fuerza pública”; mientras tanto, Héctor Serrano Cortés, secretario de gobierno del GDF, ofreció “su más sentida disculpa por los hechos acontecidos” y “garantizó que se actuará con estricta sujeción a la ley, refrendando su respeto a la autonomía universitaria”.
Por su parte, la Asamblea Interuniversitaria, la cual sesionaba en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, campus San Lorenzo Tezonco, emitió un comunicado donde expresaron:
“Este ataque no es un hecho aislado, todos sabemos que fue el Estado que utiliza sistemática la violencia y las fuerzas represivas para criminalizar a la juventud y a la protesta social”, explicaron en el documento.
Además, responsabilizaron al rector de la UNAM, José Narro; al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, y al titular de la policía capitalina, Jesús Rodríguez Almeida, sobre el “ataque a la integridad de los compañeros, así como de cualquier otra agresión contra la juventud organizada y el movimiento estudiantil”.3
Es importante señalar que es la primera vez que en Ciudad Universitaria se registra una “diligencia” como la que se llevó a cabo, ya que -con base en la autonomía de la UNAM- la universidad cuenta con la capacidad de responder ante las denuncias por supuestos delitos, por parte de los dos mil elementos de Auxilio UNAM quienes atienden y canalizan los casos; por lo que, que estos hechos hayan ocurrido en un lugar tan emblemático y polémico en la lucha estudiantil como lo es el auditorio Justo Sierra, mejor conocido como Che Guevara, aviva las interrogantes y, en dicho tenor.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF, inició una investigación de oficio ante la presunta responsabilidad de Policías de Investigación de la procuraduría capitalina en la supuesta agresión que se registró esta tarde en el circuito de Ciudad Universitaria que dejó como saldo a una personas lesionada.
Asimismo, emitió medidas precautorias a la PGJDF para garantizar la seguridad de estudiantes en la UNAM y envió un grupo de visitadores a la coordinación territorial de Coyoacán para documentar los hechos.4
Si bien, el policía ministerial está en calidad de detenido y la PGJDF ya comenzó con la diligencia para deslindar responsabilidades, es necesario que el jefe de gobierno del Distrito Federal explique las razones de la supuesta “diligencia”, así como la intromisión de elementos de la policía en el campus de Ciudad Universitaria de la UNAM, donde se puso en riesgo la integridad física de varias personas jóvenes que se encontraban en el lugar.
Estos hechos se enmarcan en una serie de desacreditaciones y criminalización de la juventud que se vive por parte del Estado mexicano, aunado a los hechos tan lamentables como los ocurridos en Tlatlaya, estado de México o Iguala, Guerrero, en donde todas las víctimas son personas jóvenes, demostrando una vez más la crisis que atraviesa el país, la cual afecta en mayor medida a las juventudes mexicanas; es por ello y, comprendiendo la necesidad por transparentar y justificar las acciones que emprende el gobierno, presentamos a esta honorable asamblea, el siguiente resolutivo con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal a que haga públicas las razones de la supuesta diligencia llevada a cabo en Ciudad Universitaria, el pasado 15 de noviembre, donde resultaron heridos dos jóvenes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Rodolfo Ríos Garza, procurador general de Justicia del Distrito Federal, a que sancione a los responsables de los hechos ocurridos.
Notas
1 Animal Político, “Oficial de la PGJDF agrede a balazos a jóvenes en CU; investigaba robo de celular”, en línea, México, dirección URL: http://www.animalpolitico.com/2014/11/reportan-balacera-en-ciudad-unive rsitaria-hay-un-herido/
2 Animal Político, “UNAM denuncia a elementos de la PGJDF; el GDF se disculpa”, en línea, México, dirección URL: http://www.animalpolitico.com/2014/11/diligencia-de-la-pgj-df-la-unam-t ermina-en-balacera-y-entrada-de-la-policia-cu/
3 Animal Político, Op. Cit.
4 La Jornada, “Investiga CDHDF tiroteo en CU”, en línea, México, dirección URL: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/11/15/investiga-cdhdf-tiroteo-e n-cu-5014.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2014.
(Rúbrica.)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del GDF a dar mantenimiento oportuno a las escaleras eléctricas del Metro para facilitar la movilidad de los adultos mayores y de personas con discapacidad, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Elvia María Pérez Escalante, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Todos sabemos que las personas adultas mayores y las personas con discapacidad encuentran serias limitantes en cuanto a su movilidad en las calles y avenidas de la ciudad, pero más aún en los sistemas de transporte.
Tal es el caso del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en el que ven disminuida y a veces, prohibida su capacidad de transportación por diversos factores, entre los que destaca su desplazamiento por las escaleras que les resultan, en muchas de las estaciones, interminable y a veces inalcanzable subir y subir hasta la salida, debido esto a que las escaleras electromecánicas dejan de prestar el servicio.
Recientemente ha entrado en operación el denominado “Fideicomiso Maestro del Metro”.
El diagnóstico que institucionalmente reconoce en lo relativo a la accesibilidad y movilidad es el siguiente:
Se reconoce que existe deterioro de la infraestructura por desgaste natural, obsolescencia y averías frecuentes que requieren de mantenimiento correctivo, lo que afecta la calidad del servicio.
Se reconoce que los equipos son obsoletos lo que impacta de manera relevante el servicio a los usuarios en cuanto a accesibilidad, movilidad y seguridad.
En lo que se refiere a accesibilidad se reconoce que se hace más evidente cuando los usuarios no pueden subir y bajar escaleras fijas, como es el caso de las personas adultas mayores y personas con discapacidad, que al encontrar las escaleras electromecánicas fuera de servicio que, por obvia razón, no pueden utilizar.
Se reconoce también que estas personas se ven obligadas a optar por otro medio de transporte o a esforzarse a subir y bajar por sí mismos, afectando así su salud y su seguridad inclusive, por el riesgo de sufrir un accidente.
Los usuarios, se advierte, se ven afectados en su circulación dentro de las estaciones a través de las escaleras electromecánicas puesto que por la indisponibilidad de éstas se hace más lenta la movilidad y se saturan las escaleras fijas, provocando en ellos estrés e incomodidad y retraso en sus tiempos de traslado.
En cuanto a la seguridad de los usuarios, aspecto muy importante sobre todo para las personas adultas mayores y personas con discapacidad, se advierte también, que durante su circulación en las estaciones a través de las escaleras electromecánicas, la seguridad se ve afectada por el grado de deterioro de las mismas, pudiéndose generar paros intempestivos y por consecuencia, caída de los usuarios.
Se precisa en la información del fideicomiso que los equipos de las escaleras electromecánicas han sobrepasado los 20 años de vida útil estimada para su uso y que, por tal razón los equipos presentan componentes vitales con desgaste significativo como son escalones, ejes principales, sistemas de tracción de pasamanos, cadenas de escalones, placas portapeines, etcétera, que ponen en riesgo la seguridad del público usuario, y presentan fallas repetitivas que reducen la disponibilidad y operación de los equipos; escaleras que se ubican en estaciones de mayor afluencia.
Se informa en la página del Fideicomiso Maestro del Metro, que hasta la fecha, se han instalado 466 escaleras electromecánicas en toda la red, de las cuales 62 han llegado al final de su vida útil y así también, los componentes principales de 219 más, por lo que, la oferta se ve disminuida en 281 escaleras que no presentan condiciones óptimas de funcionamiento que aseguren una disponibilidad adecuada y seguridad en su uso; que solamente existen 185 escaleras que cumplen con las características de funcionamiento y seguridad, lo que representa un déficit de 281 escaleras, de las que 62 están totalmente fuera de condiciones óptimas de funcionamiento y de las 219 restantes sus principales componentes excedieron su vida útil.
El objetivo del proyecto, se dice, consiste en recuperar y mejorar la accesibilidad y el traslado de los usuarios dentro de 27 estaciones de las Líneas 1, 2, 3 y 7 de la red del sistema, con la instalación de 62 escaleras electromecánicas, lo que permitirá mejorar la calidad del servicio en los rubros de seguridad, confort y tiempo de traslado dentro de las estaciones, siendo las personas adultas mayores y personas con dificultad para subir y bajar escaleras fijas los principales beneficiados.
El proyecto consiste en la adquisición y sustitución parcial de equipos obsoletos que permitirán recuperar de forma parcial las variables de calidad que el Metro requiere para brindar el servicio de transporte para el que fue creado, Se pretende dar especial atención a las condiciones de accesibilidad, seguridad, tiempo de traslado de los pasajeros así como de confort, para coadyuvar al cumplimiento de la misión del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que consiste en “Proveer un servicio de transporte público masivo, seguro, confiable y tecnológicamente limpio; con una tarifa accesible, que satisfaga las expectativas de calidad, accesibilidad, frecuencia y cobertura para los usuarios, con transparencia, equidad y eficiencia logrando niveles competitivos a nivel mundial.
Así, se pretende sustituir 62 escaleras electromecánicas con más de 44 años de operación en las líneas 1, 2, 3 y 7 por escaleras modernas, con tecnología de punta y sistemas más eficientes mecánicos, eléctricos y de ahorro de energía, contemplando el retiro de las escaleras electromecánicas por sustituir; la readecuación de la obra civil; y, la instalación de las nuevas escaleras electromecánicas.
Pero lograrlo requiere de trabajo a desarrollar a futuro a cargo del STC Metro y el Fideicomiso Maestro del Metro, que inició sus operaciones con dos mil millones de pesos, para cumplir once acciones de rehabilitación y modernización.
El hecho es que en la actualidad es necesario contemplar y atender, el mantenimiento a todas las escaleras electromecánicas que se encuentran con servicio deficiente o nulo, pero en forma oportuna, no solo para brindar calidad en el servicio, sino para atender eficazmente la demanda y el reclamo de las personas adultas mayores y personas con discapacidad, que día a día, transitan con su calidad de usuarios de este sistema de transporte, con todos los inconvenientes que se han relatado.
No omito manifestar que con el incremento de dos pesos por boleto para uso del Metro, se externó el compromiso de destinar una parte al mantenimiento de las escaleras electromecánicas.
Por otra parte, considero importante señalar que los derechos humanos de las personas adultas mayores y personas con discapacidad se encuentran tutelados por el artículo 1º Constitucional y los tratados internacionales.
El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra dice:
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”
Como puede observarse, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, quedando prohibida toda discriminación motivada por la edad, las discapacidades o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o el menoscabo de los derechos y libertades de las personas, lo que aplica a las personas adultas mayores y personas con discapacidad en el caso que nos ocupa.
En este orden de ideas y tomando en consideración que el artículo 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que el Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso, a través de puntos de acuerdo que representen la posición de esta soberanía, en relación con algún punto de interés nacional o sus relaciones con los otros poderes de la federación, organismos públicos, entidades federativas o municipios, lo que cumple cabalmente la proposición de la suscrita, es por lo que, respetuosamente solicito la aprobación de esta soberanía.
Por lo antes expuesto someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de Unión exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a fin de que se proporcione mantenimiento oportuno a las escaleras eléctricas del sistema colectivo Metro para facilitar la movilidad de las personas adultas mayores y personas con discapacidad.
Notas
http://www.metro.df.gob.mx/organismo/costoboleto.html
http://www.animalpolitico.com/blogueros-neoliberal-nel-l iberal/2013/12/09/aumento-del-metro-cambio-de-que/
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/12/08/932531
http://eleconomista.com.mx/distrito-federal/2013/11/16/aumento-tarifa-metro-mejorara-servicio-mancera
http://www.jornada.unam.mx/2013/12/07/edito
http://www.metro.df.gob.mx/imagenes/organismo/boleto/inf orme11compromisos.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2014.
Diputada Elvia María Pérez Escalante (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a los contratos o convenios celebrados con Grupo Higa, Eolo Plus, Controladora de Operaciones de Infraestructura, Ingeniería Inmobiliaria del Centro o cualquier empresa propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, o asociada a él, celebrados de 2011 a la fecha, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
“El presidente Enrique Peña Nieto y Juan Armando Hinojosa Cantú tienen una relación de amistad, de proveeduría gubernamental y hasta de financiamiento hipotecario que, a menos de dos años de la presente administración federal y sin transparentar la totalidad de los contratos obtenidos por las empresas del segundo, se traduce en más de 22 mil millones de pesos.”i
Hasta el día de hoy, no se cuentan con datos certeros que expliquen y justifiquen cuáles son los bienes de Enrique Peña Nieto, ni ha quedado claro cuál es el conjunto de bienes del Presidente, incluyendo las propiedades “donadas” que aparecen en la declaración patrimonial que presentara al inicio del sexenio.
En el intento de justificar la propiedad de la residencia de Sierra Gorda 150, el vocero presidencial, Eduardo Sánchez Hernández aseguró que el inmueble es propiedad de la primera dama, Angélica Rivera, y que aún la está pagando a la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú.
Este hecho ha desencadenado una serie de revelaciones que evidencian los nexos entre presidencia de la República, y un empresario favorecido con cuantiosos contratos.
Desde que Peña Nieto llegara a la administración federal, el tamaulipeco Hinojosa ha recibido contratos de obra que se consideran los más cuantiosos de la administración peñanietista, no sólo como presidente del grupo Higa, corporativo que agrupa a las empresas Constructora Teya, Mezcla Asfáltica de Alta Calidad, Publicidad y Artículos Creativos, y Señales y Mantenimiento; sino como dueño de otras razones sociales, como es el caso de la empresa de taxis aéreos Eolo Plus y de las contratistas de obra Controladora de Operaciones de Infraestructura.
Entre las obras que se han encomendado a dichas empresas se encuentran la ampliación del hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues según los registros públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el contrato fue asignado a Constructora Teya, por un monto de 100 millones de pesos (mdp).
Además, Teya participa con otras empresas asociadas, como sucediera en el contrato por 2 mil 556 mdp para la construcción del túnel Churubusco-Xochiaca, en los límites del Distrito Federal y el Estado de México, que otorgara la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Otro caso –en asociación con Ingenieros Civiles Asociados (ICA)– es el proyecto del acueducto Monterrey VI, con el que se pretende trasvasar agua del río Pánuco, desde la Huasteca Tamaulipeca, hacia la capital nuevoleonesa. Ésta obra se calcula en 47 mil mdp, de los cuales el gobierno federal aportará18 mil 283, según el Programa Nacional de Infraestructura.
Del total que se invertirá en dicha obra, a la empresa Controladora de Operaciones de Infraestructura –también propiedad de Hinojosa– corresponderían 17 mil 625 mdp, cifra cercana a la aportación del gobierno federal, la cual será solventada con una deuda del gobierno estatal por 25 años.
Teya también obtuvo en febrero de 2013 la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, por 2 mil 200 mdp con financiamiento de Banobras.
De acuerdo con los boletines 190 y 193 de los días 22 y 25 de agosto del presente año, emitidos por la SCT, relacionados con la gira de trabajo de Gerardo Ruiz Esparza a China, la comitiva del secretario estuvo compuesta por los directores generales de los bancos de Comercio Exterior (Bancomext), Enrique de la Madrid Cordero; de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Alfredo del Mazo; el titular de Nacional Financiera, Jaques Rogozinski, y el embajador de México en China, Julián Ventura, entre otros.
Estas dependencias y entidades gubernamentales son las que han contratado en este sexenio a Eolo Plus, la empresa de transportación aérea de Hinojosa.
Su cercanía personal con Peña Nieto es innegable. En un trágico accidente el hijo del empresario, Juan Armando Hinojosa García, murió el 28 de diciembre de 2012, al regresar de la fiesta de cumpleaños de titular del Ejecutivo en una hacienda de Michoacán. Peña Nieto incluso emitió sus condolencias en Twitter por “la pérdida de Juan Armando” y acudió al sepelio del joven.
Para entonces Hinojosa ya acumulaba contratos como el de construcción y operación del distribuidor vial Naucalpan, par vial Metepec; había construido puentes ya ampliaciones de carriles en el bulevar Aeropuerto de Toluca y la autopista Toluca-Naucalpan.
Además el Viaducto Elevado Bicentenario; obras complementarias del Libramiento Acambay; la construcción del Hospital de Alta Especialidad de Zumpango, donde cobrará una renta anual de 300 millones de pesos al gobierno del estado durante 25 años, así como la construcción y operación de la autopista Toluca-Atlacomulco.
Incluso en su sitio internet,ii el grupo Higa reivindica los proyectos Estadio y Gimnasio Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, la construcción de 58 caminos en esa entidad, el distribuidor vial Naucalpan-Metepec, la construcción y rehabilitación de unidades médicas en diferentes municipios, rehabilitación de jardín de niños, “limpieza y mantenimiento del IPN” (sic), el Centro Médico del gobierno del estado y el hospital mexiquense Adolfo López Mateos.
El pasado 8 de septiembre, Grupo Higa –dueño legal de la residencia de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, en Lomas de Chapultepec– ganó junto con otras empresas la licitación para construir el acueducto VI en Monterrey, Nuevo León, una obra por la que se pagarán 47 mil millones de pesos durante los siguientes 27 años.
La construcción del acueducto VI fue una promesa hecha por Peña Nieto cuando era candidato presidencial, en 2012.
En abril pasado, cuando visitó la ciudad de Nuevo León, el presidente recordó su compromiso de campaña ante empresarios de la entidad.
“Y finalmente, como lo comprometí, precisamente, a unos metros de este lugar en donde nos encontramos, en la Arena Monterrey, apoyamos la construcción del acueducto Monterrey 6, una obra esencial para la viabilidad de esta región que asegurará el suministro de agua en las próximas décadas.
“Hoy puedo recordar de aquel entonces, siendo candidato y habiendo suscrito este compromiso de una obra que significa construir el acueducto más grande, quizá, que haya en el país, del orden de 400 kilómetros.”iii Afirmó Peña Nieto.
Además de Concretos y Obra Civil del Pacífico –subsidiaria de Grupo Higa–, el consorcio ganador de la obra está integrado por Controladora de Operaciones de Infraestructura, Recsa concesiones, Productos y Estructuras de Concreto y Desarrollos Rogar.
La obra se financiará con recursos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el estado de Nuevo León. De forma mensual, se pagarán 124.9 millones de pesos hasta el año 2041.
Se ha solicitado, vía la Ley de Transparencia, copia del contrato suscrito con el consorcio ganador, pero el estado de Nuevo León informó que el documento se encuentra reservado para su consulta pública.
La obra ha generado el rechazo de ciudadanos y organizaciones civiles, como el Movimiento de Activación Ciudadana (Movac), por considerar que su construcción es onerosa.
El pasado domingo 9 de noviembre, Aristegui Noticias difundió el reportaje “La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto”,iv en el que se documenta que el presidente y su familia ocupan una residencia en Lomas de Chapultepec que fue construida a su gusto por ingeniería inmobiliaria del centro, filial de Grupo Higa.
La obra se hizo al mismo tiempo que el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México tenía contratos con la empresa.
Este sábado 15 de noviembre, al concluir una gira por China y Australia, el presidente Peña Nieto ofreció un mensaje en el cuál fue cuestionado por la propiedad que ahora se conoce como “La Casa Blanca”.
“Sobre el asunto de la casa que usted refiere dejaré que en el curso de esta semana la vocería de la Presidencia de la República amplíe la información que ya dio en el curso de esta semana, en lo que sin duda son aseveraciones imprecisas y carentes de sustento. Pero dejemos que con información y con documentación correspondiente pueda hacerse un esclarecimiento sobre este tema”, indicó.
Desde el día de la divulgación del reportaje, el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, difundió una nota informativa en la que confirmaba que la casa es propiedad de Grupo Higa, pero que Angélica Rivera la está pagando a través de un contrato privado y pagarés.
Sin embargo, hasta ahora la Presidencia no ha presentado evidencia documental que compruebe que la primera dama está pagando por la Casa Blanca.
Este tipo de actos, en los que se beneficia a una persona a través de la emisión de contratos de obras públicas en su favor, como consecuencia de relaciones de amistad con el poder, ya habrían sido causales de audiencias públicas en Estados Unidos u otros países, incluso se habría pedido ya por grupos opositores la renuncia del presidente.
Si ante este tipo de sucesos no se reacciona de manera firme y contundente, se comprobaría el dicho del propio Enrique Peña Nieto, quien ha afirmado que los mexicanos somos cómplices de la corrupción.
Ante estos hechos, el gobierno de Peña Nieto no tuvo más remedio que cancelar la licitación del tren México-Querétaro –en la que había resultado ganador un consorcio, del cual formaba parte una empresa de Grupo Higa–, pues no quedó otra opción ante el conocimiento previo de Presidencia de la República sobre la presentación del reportaje de Carmen Aristegui, que exhibía la mansión que hasta ahora tiene un origen incierto e irregular, pese al enojo del gobierno chino y la compensación millonaria.
Incluso es, hasta ahora, inexplicable y turbia la coincidencia de que Televisa le regalara la casa a Rivera, donde un par de años después compraría los terrenos del “vecino” y curiosamente ese vecino era una empresa de Grupo Higa.
Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a su consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de los gobiernos del Estado de México y del estado de Nuevo León, Eruviel Ávila Villegas y Rodrigo Ávila de la Cruz, respectivamente, a que en el ámbito de sus facultades, hagan públicos los contratos y/o convenios que hayan celebrado con Grupo Higa, Eolo Plus, Controladora de Operaciones de Infraestructura, Ingeniería Inmobiliaria del Centro, o cualquier empresa propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, o asociada al mismo; que hayan sido celebrados desde el año 2011 a la fecha.
Segundo. Exhorta a los titulares de Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional del Agua, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, del Banco Nacional de Comercio Exterior y de Nacional Financiera, a que giren instrucciones para que se hagan públicos todos y cada uno de los contratos y/o convenios que hayan celebrado con Grupo Higa, Eolo Plus, Controladora de Operaciones de Infraestructura, Ingeniería Inmobiliaria del Centro, o cualquier empresa propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, o asociada al mismo; que hayan sido celebrados desde el año 2011 a la fecha.
Notas
i Arturo Rodríguez García. (16 de noviembre 2014). La fructífera amistad Higa-Los Pinos. Proceso, 1985, 22-26.
ii www.grupohiga.com.mx
iii http://www.nssoaxaca.com/nacional/250-general/104593-los-contratos-de-g rupo-higa-con-el-gobierno-del-presidente-epn
iv http://aristeguinoticias.com/0911/mexico/la-casa-blanca-de-enrique-pena -nieto/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de noviembre del 2014.
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a realizar diversas acciones en materia de fiscalización en San Miguel de Allende, Guanajuato, a cargo de diputados integrantes, del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción II del numeral 1, y numeral 2 todos del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Con fundamento en los artículos 79, fracción I, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 40 y 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, es necesario que se denuncien hechos que pueden ser constitutivos de manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales o de desvío de los mismos, cuya realización se presume de la difusión que diversos medios de comunicación han realizado del audio de una conversación presuntamente sostenida entre el licenciado Mauricio Trejo Pureco, presidente municipal del San Miguel de Allende, Guanajuato, y el contador público Jaime Cirilo Labrada Araiza, titular de la Tesorería de dicho ayuntamiento.
En efecto, las evidencias ampliamente difundida en medios de comunicación y en redes sociales hacen presumir que servidores públicos del ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, son responsables del desvío de recursos de programas federales por un monto de un millón 390 mil pesos, y que, al parecer, los mismos fueron utilizados en fines ajenos a los propósitos originales de dichos recursos, ya que debieron haberse utilizado para la construcción de casas en zonas de alta marginación de dicho municipio.
Como representantes de la sociedad es nuestra obligación solicitar desde ésta alta tribuna que se realicen las acciones necesarias tendientes a vigilar estrictamente la aplicación de los recursos que le pertenecen a todos y cada uno de los mexicanos.
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación, a que en el marco de sus atribuciones, requiera a la Secretaría de Desarrollo Social, al ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato y a cualquier otra entidad fiscalizadas responsable de los fondos involucrados, para que procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados; a que se requiera a las entidades fiscalizadas señaladas para que le rindan un informe de situación excepcional durante el ejercicio fiscal en curso sobre los conceptos específicos o situaciones denunciados; a que en caso de que los requerimientos señalados no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la ley, imponga las sanciones previstas en la misma; a que su oportunidad, rinda un informe específico a la Cámara de Diputados; y a que finque las responsabilidades correspondientes o promueva otras responsabilidades ante las autoridades competentes, derivadas de los hechos denunciados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2014.
Con motivo del 20 de noviembre, conmemoración del vigésimo quinto aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), adopta en la ciudad de Nueva York, la Convención sobre los Derechos del Niño, que se conoce como el tratado de derechos humanos más confirmado de la historia.
Es importante decir que la convención ha sido firmada y ratificada por 190 de 192 estados integrantes de la ONU.
Sus 54 artículos establecen los derechos económicos, sociales y culturales que claramente exigen hacer valer principios como el del interés superior del niño; el derecho a ser reconocidos como sujetos plenos de derechos; el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser escuchados y a participar activamente en los procesos que puedan afectarlos; el derecho a su intimidad; el derecho a su privacidad; el derecho a que les sean reparadas las violaciones a esos derechos; el derecho a no ser revictimizados.
Todos y cada uno de los derechos de las y los niños tienen la misma relevancia. No existe ningún derecho “pequeño” ni existe una jerarquía en los derechos humanos.
Estos derechos, entre muchos otros, son los que hoy nos exigen reconocer que en nuestro país la vida de las y los niños está amenazada por el crimen organizado, los conflictos armados, la falta de acceso a la educación, a la salud, la desnutrición, la discriminación, la violencia en todas sus diversas modalidades, el trabajo infantil, las adicciones, la trata de personas, la explotación sexual y otras violaciones a sus derechos humanos.
En el caso de los niños que viven en las zonas rurales tienen menos oportunidades de desarrollo, en términos de igualdad con los niños de las ciudades.
Por ello, la convención busca que los tres ámbitos de gobierno desarrollen políticas públicas, leyes y presupuestos incluyentes con perspectiva de infancia y adolescencia para que éstos sean orientados al cumplimiento de los derechos, la superación de la pobreza, el hambre, la reducción de la mortalidad infantil y materna, la deserción escolar, la desigualdad y la discriminación que son algunos de los problemas que enfrentan los casi 41 millones de niñas, niños y adolescentes que vive nuestro país.
Por eso reconocemos la valía de la convención, sobre todo por su vigésimo quinto aniversario de creación.
Este aniversario nos reafirma el compromiso asumido desde hace 25 años para que las y los niños de México y el mundo, conocieran y disfrutaran sus derechos.
Por ello, saludo con alegría y optimismo este aniversario, y felicito a quienes han hecho posible que la convención se conozca en el mundo y particularmente en nuestro país.
En ese sentido, aprovecho la ocasión para informar que la convención fue la base de la creación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que recién de aprobamos. Lo que significa una aportación para lograr que las niñas, niños y adolescentes conozcan sus derechos.
Estamos seguras y seguros que este aniversario de la convención será especial, pues nos ayudará a las y los legisladores a promover los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, con objeto de que tengamos el mejor país al que podemos aspirar.
Esa es la misión que ahora, expresamente, la Constitución y la convención nos ordena realizar a todas las autoridades del país, incluidos por supuesto, las y los legisladores del Congreso de la Unión.
En ese ánimo, es urgente la promoción y el respeto de los derechos de las y los niños ya que es, ante todo, prioritaria la creación de condiciones sociales, económicas y culturales adecuadas que les garanticen su bienestar.
Finalmente, compañeras y compañeros legisladores:
Las reformas constitucionales en materia de derechos humanos en favor de la niñez y la adolescencia y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, confirman la tradición de México como impulsor de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Por ello, seguiremos trabajando desde el Poder Legislativo para construir el andamiaje jurídico necesario para avanzar en el empoderamiento y garantía de los derechos plenos de todas las niñas, niños y adolescentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2014.
(Rúbrica)
Con motivo del Día Universal del Niño, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del PVEM
Hace aproximadamente 14 años se llevó a cabo la Cumbre Mundial a favor de la Infancia. Ahí el mayor grupo de dirigentes mundiales jamás reunido se sentó en torno a una gran mesa circular en las Naciones Unidas, y debatió apasionadamente sobre sus responsabilidades con respecto a los niños y con respecto al futuro de estos.
En esta reunión de alto nivel, 71 jefes de Estado y de gobierno prometieron proteger a los niños y reducir su sufrimiento; promover el máximo desarrollo del potencial humano de cada niño; y lograr que los niños sean conscientes de sus necesidades, sus derechos y oportunidades, y prometieron una cosa más: que siempre concederían la máxima prioridad al interés superior de los niños, en las épocas buenas y en las malas.
Esta cumbre internacional, fue precedida por la Convención de los Derechos del Niño, aprobada en 1989, tras haber sido ratificada en un tiempo record y por un mayor número de países que cualquier otro instrumento de derechos humanos hasta ese momento, en la actualidad ya son 192 los países que han ratificado este instrumento.
Debido a la voluntad expresada por los políticos de distintos países, se anticipaba que los derechos de los niños y por lo tanto su bienestar iban a estar protegidos, vigilados y tutelados por toda la fuerza de la comunidad internacional.
A pesar de los deseos manifestados por la comunidad internacional, los retos se mostraron superiores a la capacidad de los Estados ya que los mismos requerían y siguen necesitando de ingentes cantidades de recursos humanos y materiales.
En general ha habido progresos y se ha sentado una base firme la cual ha servido para potenciar los avances para este milenio.
En cuanto a la parte positiva del balance, alrededor de 63 países lograron la meta de reducir en un tercio la mortalidad de los niños menores de 5 años; en más de 100 países la mortalidad de niños menores de 5 años se redujo en un 20 por ciento en 10 años.
De igual manera, se sigue salvando millones de niños gracias a los niveles elevados y sostenidos de inmunización infantil en prácticamente todas las regiones del mundo.
Otro factor que abona en lo referente de la salud infantil es la lactancia materna, la cual aumento en un tercio en 10 años.
En el rubro educativo, en todo el mundo hay más niños escolarizados que en cualquier otro momento.
También debemos reconocer que gracias a la Convención de los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos, se generó una mayor conciencia sobre los derechos del niño, esto ocasiono que las violaciones más flagrantes se denunciaran sistemáticamente y de esta manera adoptar las medidas adecuadas para combatirlas.
Estas violaciones en la mayoría de los casos pasaban desapercibidas para la población o eran consideradas como algo común en algunas sociedades, entre estas están: el trabajo infantil peligroso y en condiciones de explotación, la trata, el abuso y la explotación sexual de los niños.
Haciendo un símil con las edades biológicas, podríamos decir que la causa de los niños alcanzo la madurez con el advenimiento del nuevo siglo, fue en la llamada Cumbre del Milenio, la cual hizo suyos objetivos muy claros como la reducción de la pobreza, la reducción de la mortalidad materna y la mortalidad de niños menores de 5 años, el incremento de la matrícula en la escuela primaria entre otros, los cuales, a la postre se convertirían en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Sin embargo, a pesar de los avances alcanzados todavía mueren todos los años más de 10 millones de niños, la mayoría de las veces por causas que podrían impedirse fácilmente, se estima que 150 millones de niños sufren malnutrición y cerca de 140 millones de niños no acuden a la escuela.
El principal obstáculo para hacer cumplir los derechos de los niños en el mundo es la pobreza, más de mil millones de niños y niñas sufren una grave carencia de por lo menos uno de los bienes y servicios, como: acceso a la salud, al agua, a una alimentación adecuada, a la educación y a la protección contra el maltrato y la explotación, necesarios para sobrevivir, crecer y desarrollarse.
Recursos que muchas veces son destinados a cuestiones superfluas, como la guerra, gasto corriente innecesario, monumentos y demás cuestiones prescindibles.
Tenemos por lo tanto que el incumplimiento de las metas propuestas, no se debe a que estas fueran demasiado ambiciosas, sino que los gobiernos no han invertido los recursos suficientes para completar los objetivos.
En nuestro país según cifras del censo de 2010, residen 32 millones de niños que representan 29 por ciento del total de la población, dada la importancia de los menores en términos cuantitativos y cualitativos, en el año 1990 fue ratificada la Convención sobre los Derechos del Niño.
En 2012, aproximadamente el 54 por ciento de la población de 0 a 17 años se encontraba en situación de pobreza en México.
Hasta el 2008 la mortalidad infantil en nuestro país descendió a 18 de cada mil, una cifra aún alta si se tiene en cuenta el poder económico de México y comparado con otros países como Costa Rica, Cuba y Chile.
En lo referente a la asistencia a la escuela primaria, en el año 2008, más de 357 mil niños y niñas entre 5 y 11 años de edad no asistían a la escuela debido a múltiples causas, la principal se relaciona con la pobreza y el trabajo infantil.
Debido a los rezagos en materia infantil, se creó la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual fue sustituida por la recientemente aprobada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, pero además se especifica la función y responsabilidad de los padres y tutores, y crea una instancia nacional, del más alto nivel con todas las facultades para que esta ley se cumpla por el Estado mexicano.
También debemos hacer mención del decreto que reformó la fracción III del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de trabajo infantil, por el cual se establece que queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años, con la aprobación de estos instrumentos jurídicos nuestro país se armoniza con la legislación internacional en materia de derechos humanos.
No cabe duda que se han registrado progresos importantes para la infancia tanto en el plano nacional como en el internacional, pero no son suficientes.
El establecimiento del 20 de noviembre como “Día Universal del Niño” no fue elegido al azar, se conmemora en este día porque fue la fecha en la que se aprobó la Declaración sobre los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, no desaprovechemos tan importante conmemoración para trabajar en sinergia con todos los niveles de gobierno y la sociedad civil para lograr un cambio de rumbo que permitan la rápida consecución de los objetivos planteados por la Cumbre del Milenio.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2014.
Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica)
Con motivo del centésimo cuarto aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del PT
Conmemoramos hoy, en este sitial solemne, el 104 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. En un año histórico, en el que hemos hecho remembranza del centenario de la Toma de Zacatecas, de la firma de los Tratados de Teoloyucan y del ingreso triunfal en la Ciudad de México del Ejército Constitucionalista, celebraciones que nos permitieron refrendar nuestro respeto y agradecimiento a las mujeres y los hombres que participaron en la Revolución de 1910.
Es importante recordar, en esta época difícil para la república, que el movimiento armado que evocamos, tuvo su origen en el agravio al pueblo por una minoría de privilegiados, cuya ambición y codicia no tenía límites. El régimen de Porfirio Díaz se caracterizó por su soberbia e insensibilidad a las necesidades de la mayoría de la población. Por ello, en 1909 Madero habría de iniciar un movimiento pacífico en contra de la reelección del dictador, que fue secundado por quienes estaban hartos de los atropellos a la libertad en sus diversas manifestaciones y de los favoritismos a unos cuantos.
La convocatoria antirreeleccionista se propagó entonces, por todo el territorio nacional con éxito, pero un mes antes de las elecciones Madero sería arrestado y los impulsores de la democracia perseguidos y amenazados, por lo que el 20 de noviembre de 1910 el pueblo habría de rebelarse.
Ése fue el inicio de una lucha que se calcula costó más de 1 millón de vidas, cuyos nombres no se encuentran plasmados en ningún muro de honor, pero cuyo sacrificio traemos hoy a la memoria.
Todos los aquí presentes sabemos que la Revolución triunfó. Que Porfirio Díaz partió a un exilio perpetuo y que la anhelada democracia sería traicionada con un golpe de Estado que por el magnicidio del presidente de la República traería aparejada una cruenta guerra.
Sin embargo, del ideario político de la Revolución habría de emerger el consenso mayoritario de los mexicanos, expresado en la Constitución de 1917 y la reivindicación de las masas plasmando en su contenido los ideales de democracia y de equidad social.
A 104 años del inicio de la Revolución, México vive circunstancias similares a la etapa previa que propició su surgimiento. Una clase política soberbia, insensible y corrupta, gobierna y privilegia a los menos, lastimando con sus ostentosas residencias y jugosas retribuciones económicas que abultan sus cuentas bancarias, a la mayoría del pueblo, que con dificultad subsiste.
Afortunadamente, el próximo año la ciudadanía tendrá la oportunidad histórica de acudir a las urnas para restaurar el rumbo de la Revolución Mexicana, ejerciendo el voto de manera libre y responsable, como lo anheló Madero y como también debemos honrar a los jóvenes de Ayotzinapa, de cuya desaparición habrá de emerger la lucha del pueblo para reivindicar la principal deuda moral de la Revolución Mexicana, la justicia social.
Aspiración legítima de los marginados, los migrantes, los obreros, los campesinos, los indígenas, los desempleados es tener una vida con calidad y dignidad, jamás de opulencia, y para lograrlo es necesario que el Poder Legislativo se renueve con representantes populares que trabajen para revertir las determinaciones cupulares que despojaron al pueblo de su riqueza petrolera.
Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó la petición y el derecho del pueblo a ser consultado, la determinación minoritaria de 10 personas de ninguna manera cancelará la posibilidad de defender su soberanía, pues como lo establece el propio texto constitucional, ésta reside esencial y originalmente en él.
El Partido del Trabajo hace un llamado desde esta tribuna a la participación social, y asume el compromiso de encausar una lucha frontal responsable contra la desigualdad y la pobreza, para mantener vigente el programa ideológico de la Revolución Mexicana.
¡Viva la Revolución Mexicana!
¡Que vivan, y sean presentados vivos, los jóvenes de Ayotzinapa!
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2014.
Diputada Magdalena Núñez Monreal (rúbrica)