Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por sus dependencias con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones conducentes a deslindar responsabilidades, aplicar sanciones y subsanar el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI y por Enrique Aubry de Castro Palomino, del PVEM

Los suscritos, diputados federales de Jalisco por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y todas las autoridades competentes de la administración pública federal con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones necesarias a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La laguna de Cajititlán, en Tlajomulco de Zúñiga, cerca del lago de Chapala, tiene 9 kilómetros de longitud y 2 de ancho. Es pequeña, comparada con el lago de Chapala, pero se le considera la laguna de la zona metropolitana de Guadalajara por su majestuosidad y atractivo turístico.

Formada con el agua de lluvia proveniente de las serranías que la rodean, la laguna de Cajititlán es un lugar único y muy especial para los tapatíos y todos los jaliscienses.

Hoy, desgraciadamente, nuestra bella laguna está sufriendo los embates de los cambios climáticos o, peor aún, de posibles actos de negligencias y violencia ambiental.

Según la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, hasta el domingo 31 de agosto se habían extraído más de 30 toneladas de peces muertos. Para el martes ya se contabilizaban más de 50 toneladas.

Debemos reconocer que las autoridades han puesto su empeño para detectar la causa de la muerte de la gran cantidad de peces en la laguna.

Aparentemente se desconoce si es un fenómeno natural o se trata de un evento provocado por conductas perniciosas de ciertos individuos.

La secretaria de Medio Ambiente en Jalisco, Magdalena Ruiz, informó que ya se han enviado brigadas de trabajadores para apoyar a los pescadores locales en la retirada de los peces muertos, así como técnicos para evaluar la situación de las plantas de tratamiento de aguas de la ribera de la laguna.

De acuerdo con el doctor Manuel Guzmán Arroyo, director del Instituto de Limneología de la Universidad de Guadalajara, se trata de un problema provocado por el nivel de agua de la laguna, “que resulta demasiado bajo para cubrir las necesidades de oxígeno de los peces”.

El especialista explicó que “el lago tiene problemas porque le sacan demasiada agua. Una ventisca fuerte puede remover el fondo se levantan los sedimentos, se mezcla y se agota el oxígeno en el agua”.

Otra explicación que se ha dado es que la ausencia de agua suficiente y de oxígeno obedece al riego del valle adyacente y la existencia de un canal de adiestramiento para deportes acuáticos que también extrae agua de la laguna.

Durante estos días, la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco ya dio a conocer que estableció un mando único para la atención de la contingencia ambiental. La Profepa y la Comisión Estatal del Agua han tomado importantes medidas de coordinación para que la contingencia ambiental se estabilice de manera positiva, se recupere el equilibrio ecológico de la zona y, desde luego, se subsane en lo posible el daño ambiental ocasionado.

En resumen:

(i) La recurrente crisis ambiental en la laguna de Cajititlán –cuatro periodos de muertes masivas de peces– puede tener su causa en cuestiones cíclicas u ocasionadas por la acción irresponsable del hombre; y

(ii) Ante estos hechos, hay instancias gubernamentales competentes para investigar el hecho y las formas de resarcir el daño ocasionado, buscando a su vez a los responsables y sancionándolo conforme a las leyes que nos hemos dado.

Nuestra posición como diputados al Congreso de la Unión es coadyuvar con las autoridades locales para resolver, de acuerdo con nuestras atribuciones, los problemas que pudiesen afectar a nuestros representados.

Hoy, las niñas, los niños, las mujeres y los hombres de Jalisco están sufriendo una afectación ambiental que merece toda la atención, tanto de las autoridades locales como federales. Merece que nos dispongamos a revisar las leyes en materia ambiental, tanto por lo que toca al Congreso de Jalisco, como lo que corresponde al Congreso de la Unión. Deben provocar toda nuestra atención y, desde luego, la coordinación de todas las autoridades competentes al efecto de deslindar responsabilidades, encontrar y sancionar a los culpables y, más importante aún, lograr reestablecer el equilibrio ecológico en la zona afectada y prevenir nuevas afectaciones.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a colaborar por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y todas las autoridades competentes de la administración pública federal con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones necesarias a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2014.

Diputados: Abel Salgado Peña (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica), Leonardo Alcalá Padilla (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro, Marco Antonio Barba Mariscal, Sergio Armando Chávez Dávalos, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los instrumentos destinados a crear conciencia, prevenir y alertar a la población sobre la prevalencia de factores epidemiológicos que se acentúan en esta temporada en diversas partes del país, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, Rubén Benjamín Félix Hays, diputado de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, respetuosamente somete a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a la salud, en su máxima expresión y alcance, fue consagrado por primera vez en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS)1 de 1946, al señalarse que “...el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión ideología política o condición económica o social...”.

Desde entonces, este derecho humano se ha expresado en la Declaración Universal (artículo 25) y Americana (artículo 11) de Derechos Humanos en 1948; afianzado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y reiterado en la Declaración de Alma-Ata de 1978 y en la Declaración Mundial de la Salud de 1998.

En tal sentido, el acceso a los bienes, servicios y oportunidades destinados a satisfacer las necesidades de salud es un derecho humano fundamental y es la clave para que las personas puedan disfrutar de otros derechos humanos fundamentales.

Indudablemente, en México se ha avanzado sustantivamente en la construcción de una cultura de derechos humanos, misma que ha comprendido procesos de armonización legislativa con los más altos estándares internacionales, de fortalecimiento institucional e instrumentación de políticas públicas específicas en la materia.

A nivel constitucional y en sus leyes secundarias, la protección y acceso pleno al derecho a la salud de las y los mexicanos está garantizado y existe una muy amplia cobertura de servicios de salud para la población que lo necesita.

No obstante estos avances, es menester que el Estado mexicano redoble esfuerzos en aquellas áreas que puedan, por la naturaleza de sus elementos y factores, generar mayor susceptibilidad y riesgos entre la población del país, de tal manera que se salvaguarde la plena vigencia de derecho humano a la salud, atendiendo prioridades de orden local y nacional.

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a todos los países ser capaces de detectar, comprobar rápidamente y responder de forma adecuada a las amenazas de enfermedades emergentes y con tendencia a producir epidemias, a fin de reducir al mínimo su impacto en la salud y la economía de la población local y mundial.

Consistente con esta recomendación, la OMS mantiene un sistema de vigilancia epidemiológica que da seguimiento a la evolución de enfermedades infecciosas en el mundo, alertando cuando es necesario, compartiendo conocimientos técnicos, y articulando las respuestas necesarias para proteger a las poblaciones de las consecuencias de las epidemias, cualquiera que sea su origen y dondequiera que se declaren.

De manera correspondiente, en el país contamos con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) el cual ha demostrado su eficacia en la materia, al alertar con prontitud y de manera sumamente responsable una de las mayores contingencias sanitarias que haya ocurrido en el país en los últimos años.

Entre marzo y abril de 2009, cuando el entonces Sistema de Vigilancia Epidemiológica identificó el virus que se denominó como Influenza A (H1N1), se pusieron en marcha diversas acciones en materia de salubridad a fin de controlar la epidemia, prevenir nuevos contagios y combatir el virus existente; asimismo, se pusieron en marcha campañas oportunas de vacunación e información.

Por las acciones realizadas durante dicha contingencia, México recibió amplio reconocimiento a nivel internacional: en la 62ª Asamblea Mundial de la Salud, efectuada del 18 al 22 de mayo de 2009, en Ginebra, Suiza, el país fue calificado como ejemplo de cooperación internacional y durante la 49ª Reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), celebrada del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2009, en Washington, D.C., se otorgó un reconocimiento al trabajo del Gobierno mexicano por su labor frente a la contingencia epidemiológica, destacando la transparencia que se tuvo en el manejo de información.

La situación epidemiológica mundial y regional nos obliga a retomar la pasada experiencia y ser muy responsables en la vigilancia y monitoreo que se realice a los factores epidemiológicos internacionales, además de estar alerta a los del orden nacional.

Basta recordar que la alerta sobre el brote de enfermedad por el virus del ébola del pasado 30 de agosto del año en curso en Senegal transitó a la generación de una alerta regional para África Occidental en menos de una semana (4 de septiembre de 2014), coincidiendo con el reporte de dos casos de infección humana por virus de la gripe aviar A(H7N9) en la República Popular de China, confirmada mediante pruebas de laboratorio.

En el caso de China, su gobierno, atendiendo protocolos sanitarios internacionales, tomó las siguientes medidas de vigilancia y control:

a) fortalecimiento de la vigilancia y el análisis de la situación;

b) fortalecimiento de la atención clínica y el tratamiento médico;

c) comunicación pública del riesgo y difusión de información.

En el caso del ébola, según la OMS en uno de sus últimos comunicados, su brote en el África Occidental es el peor en la historia. El número de muertes por el virus asciende a más de 3 mil y el número de casos de personas infectadas alcanzó ya los 6 mil 553.

Esta enfermedad se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, debilidad intensa, mialgias, cefalea y odinofagia, seguido de vómitos, diarrea, conjuntivitis, erupciones cutáneas, disfunción renal, hepática y en algunos casos, sangrado gastrointestinal y coagulación intravascular diseminada.

Dada la cobertura mediática que ha tenido en los últimos días hemos tenido conocimiento de su ingreso al continente americano, específicamente mediante un caso comprobado de un paciente en el estado de Texas, en los Estados Unidos de América.

La primera persona en ser diagnosticada con ébola en territorio estadounidense acudió a una sala de emergencias la última semana del mes de septiembre pasado, pero no fue internado por el personal del hospital a pesar de que indicó que había viajado a Liberia.

Tal razón obedeció a que basados en sus síntomas, los médicos tratantes indicaron que no había razón para internarlo cuando se presentó por primera ocasión en la sala de emergencias, el pasado jueves 25 de septiembre por la noche.

Tres días después, el hombre regresó al centro médico, en donde se determinó que probablemente tenía ébola. Fue en ese momento que se decidió aislarlo.

En una reunión de alto nivel, convocada por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, el mandatario estadunidense, Barack Obama, urgió al mundo a convertir en una “prioridad” la lucha contra el brote de ébola en África Occidental y advirtió que puede causar una “catástrofe humanitaria” en la región y es una “creciente amenaza a la seguridad global”.

Por su cobertura mediática, como advertíamos líneas arriba, y la falta de información y estrategias de comunicación oficial entre la población, el ébola ya ha caudado confusión y alerta en el país.

La llegada, el pasado 1 de octubre del año en curso, de un paciente africano de origen ghanés, al Hospital General doctora María del Socorro Quiroga Aguilar, en Ciudad del Carmen Campeche, con síntomas similares al virus del ébola, generó pánico entre el personal que ahí labora y familiares de los pacientes que se encontraban en el área de urgencias.

La Secretaría de Salud de Campeche, ese día informó del ingreso al citado hospital de un paciente de origen ghanés con un cuadro clínico que corresponde a un síndrome febril, sin asociación epidemiológica con el virus del ébola.

En el reporte se lee que el paciente masculino, de 52 años de edad, se encuentra aislado, como marca el protocolo ante cualquier cuadro clínico de este tipo. Asimismo, se realizan estudios de laboratorio para descartar enfermedades infecciosas, tales como dengue, chikungunya, paludismo, leptospira, toxoplasma, rubeola y citomegalovirus.

Un día antes, el pasado martes 30 de septiembre, la Secretaria de Salud federal, la Médico Cirujano Mercedes Juan López, afirmó, en el marco de su participación en la 53 reunión de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, DC, que el país tiene los recursos necesarios para el diagnóstico y manejo de cualquier sospecha de ébola.

Se ha indicado que México es considerada una nación de muy bajo riesgo dada la localización geográfica y el escaso flujo migratorio del país con la zona de riesgo; no obstante, a las personas que abordan aviones en la zona del brote se les revisa si sufren fiebre, pero los síntomas pueden comenzar hasta 21 días después de la exposición.

El ébola no es contagioso hasta que comienzan los síntomas, y se necesita un estrecho contacto con los fluidos corporales de un enfermo para que se propague.

De ahí la importancia de que se difunda, de manera clara, pertinente y oportuna la información sobre los efectos, síntomas y acciones a seguir en casos infecciosos como el ébola.

Sin embargo, a nivel local, en el país tenemos otros casos altamente epidemiológicos que atender.

Mientras que la posibilidad de que el virus del ébola llegue es extremadamente remota, es un hecho que el chikungunya 2 llegará al país.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal, doctor Pablo Kuri, indicó desde el pasado mes de agosto a un medio de comunicación nacional que “...hay un caso importado, es decir, no se contagió aquí, se contagió en las islas del Caribe, pero como tenemos el vector y hay mucho tránsito entre mexicanos a la zona donde hay casos seguramente va a llegar, la pregunta es ¿cuándo y dónde?, no sabemos, pero hay que estar atentos para cuando llegue”.3

En la misma entrevisto dejó ver que se desconocen los alcances que podría tener el brote una vez que el virus comience a circular, por lo que recomendó tomar las medidas preventivas para evitar la proliferación del mosquito transmisor.

Las personas contagiadas de chikungunya presentan fiebre, dolores articulares, dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas, según la Organización Mundial de la Salud.

La enfermedad puede presentarse entre tres y siete días después de la picadura del mosquito infestado, y las manifestaciones clínicas pueden durar entre dos y 12 días.

Clínicamente es difícil su diferenciación con dengue, sin embargo en la infección por virus chikungunya el dolor es mucho más intenso y localizado en las articulaciones y tendones, y en algunos casos pude ser incapacitante. Se debe distinguir chikungunya del dengue, que puede tener una evolución más tórpida, ocasionando inclusive la muerte.

No existe ningún antivírico específico para tratar la fiebre chikungunya; e l tratamiento consiste principalmente en aliviar los síntomas, entre ellos el dolor articular, con antipiréticos, analgésicos óptimos y líquidos. No hay comercializada ninguna vacuna contra el virus chikungunya.

Aunque la afección llamada chikungunya generalmente no es fatal, la epidemia ha rebasado la capacidad de atención de los hospitales y mermado la productividad económica de varios países de Sudamérica y el Caribe y se ha manifestado con notables efectos en Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela y con mucha proximidad en El Salvador, Nicaragua, Belice y Guatemala.

La República Dominicana es el país más afectado por el virus debido a que tiene la mitad de los casos en el continente americano; según la Organización Panamericana de la Salud, el chikungunya se ha propagado a mínimo 24 países y territorios en el hemisferio occidental desde que se registró el primer caso, a finales del 2013, en la parte francesa de la isla caribeña de San Martín, contabilizándose hasta el pasado mes de mayo de 2014, más de 4 mil 500 infectados en el continente Americano.

Por otro lado, el escenario reportado sobre una enfermedad epidemiológica en los últimos Informes Epidemiológicos semanales por la Dirección de Información Epidemiológica, dependiente de la Secretaría de Salud, llama poderosamente la atención del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Nos referimos en caso concreto con el avance y daños que está generando la fiebre hemorrágica por dengue en el país, hasta el pasado 29 de septiembre de 2014.

Si bien los reportes confirman un descenso de los registros en el 2014, respecto del año precedente, en un 64 por ciento de los casos estimados y del 55 por ciento de los confirmados, es notorio el incremento y tendencia de casos confirmados, por cada 100 mil habitantes, en entidades como Baja California Sur (204.58), Colima (74.17), Sinaloa (53.81), Campeche (41.49) y Oaxaca (36.43).

La estadística anterior nos permite dimensionar el problema; sin embargo, atendiendo la información sobre el número de personas registradas por casos confirmados de dengue, el panorama es sumamente desalentador.

5 entidades del país acumulan el 50 por ciento: Veracruz, con 2 mil 160 personas; Sinaloa, con 1,591; Baja California Sur, con 1 mil 519; Oaxaca, registra 1,452 y Guerrero 1 mil 286 . Conviene recordar que los datos anteriores pueden ser mayores, pues derivan de la confirmación de casos probables, después de practicados diversos análisis de laboratorio

En el país, en lo que va del año, se han registrado 16,092 casos confirmados de personas afectadas por el virus del dengue y se encuentran bajo análisis otros 24,959 más; sin embargo, en cinco entidades, el incremento porcentual en las últimas cinco semanas ha rebasado al 50 por ciento.

Así, estados como Veracruz, con 2,160 casos (78.7 por ciento); Sinaloa, con 1,591 (57.2 por ciento); los 1,519 de Baja California (164.2 por ciento), así como los 1,452 enfermos de Oaxaca (59.2 por ciento) y los 549 registrados en Morelos (61.0 por ciento) nos deben de movilizar a la acción, urgiendo que las autoridades sanitarias actúen con prontitud ante este mal que es sustancialmente prevenible, mediante acciones concretas, probadas y coordinadas entre el nivel Federal, estatal y municipal.

Ya van 22 decesos en este 2014 y aunque la tendencia sea menor que los 40 fallecimientos registrados en el 2013, la letalidad es 28.2 por ciento mayor que la registrada el año pasado; si se previene y se actúa oportunamente, no deberemos lamentar un fallecimiento más.

Es importante recalcar que aunado a una efectiva política pública en materia sanitaria que contribuya con acciones concretas a prevenir y reducir los daños que el virus del dengue llegase a ocasionar en la salud de las y los mexicanos, también debe prevalecer una absoluta transparencia en el manejo de la información, además de que esta debe ser suministrada a la ciudadanía de manera oportuna.

El dengue históricamente en el país, ha presentado una tendencia de mayor incidencia entre los meses de julio a octubre, coincidiendo con la temporada de lluvias y las condicionantes que propician su proliferación.

No obstante la preparación y capacidad probada de las instituciones del sector salud sobre la detección, tratamiento y medidas preventivas, entidades como Baja California Sur, Sonora y Sinaloa presentan un mayor grado de alerta por las condiciones de salubridad en que quedaron después del paso de Odile por esa región, al grado que la incidencia fue la mayor del país en Baja California Sur, alcanzando 327.95 por cada 100 mil habitantes.

En Nueva Alianza coincidimos en que el derecho a la salud debe ser visto como el derecho a un sistema de salud efectivo e integrado , que abarque la asistencia médica y los determinantes subyacentes de salud, que responda a las prioridades locales y nacionales , y que esté al acceso de todos; por ello, las instituciones responsables de la salud de millones de mexicanos debe brindar información más precisa sobre aquellos padecimientos que por su impacto en la salud pública requieren de una vigilancia estrecha y la difusión oportuna de información.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que fortalezca los mecanismos, protocolos e instrumentos implementados para la vigilancia epidemiológica en el país, de tal manera que ante la presencia de un agente epidemiológico relevante, las instituciones del Sector Salud respondan con pertinencia y eficacia a las contingencias sanitarias que se presenten a lo largo del país.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades, dicte las medidas necesarias a efecto de que en los medios masivos de comunicación informe a la ciudadanía sobre la sintomatología más relevante del ébola y con ello, coadyuve a la proliferación de un clima social sano, responsable y ordenado, evitando desinformación y psicosis social.

Tercero. Finalmente, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal y a las instituciones de salud estatal para que refuercen la vigilancia epidemiológica, la atención médica y las medidas preventivas ante los incrementos focalizados del dengue en el país, principalmente en los estados de Baja California Sur, Colima y Sinaloa que tienen un mayor registro de casos de dengue hemorrágico.

Notas

1 Documentos Básicos, 43ª edición. Organización Mundial de la Salud, Ginebra 2001. La Constitución fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional de 1946.

2 La palabra chikungunya proviene de la lengua makonde de Tanzania, en el este de África, y podría traducirse como “lo que dobla”, en referencia al severo dolor en las articulaciones que hace que los enfermos se contorsionen.

3 Preocupa más chikungunya que el ébola, Laura Toribio. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/06/974750

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2014.

Diputado Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita la comparecencia del titular de la SCT para explicar las razones de que se revocara la licitación sobre el proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del PAN

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracciones II y III, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se solicita al presidente de la República, que se reconsidere la ubicación de la construcción de la estación del proyecto de tren de alta velocidad de pasajeros, México–Querétaro, en el municipio de Querétaro.

Lo anterior bajo las siguientes

Consideraciones

Quiero destacar que estoy a favor de la modernización y el progreso ordenado de nuestro país; de igual manera deseo señalar que es pública mi defensa del derecho a la movilidad de todos los mexicanos y particularmente de los habitantes de mi estado natal, Querétaro; por esta razón en mi calidad de diputado federal y a petición expresa de vecinos de Hércules, La Estación, Del Bosque, Álamos, San Javier, Jardines de Querétaro, entre otras colonias, en las delegaciones Centro Histórico y Cayetano Rubio del municipio de Querétaro, solicito que sea reconsiderada la ubicación de la estación del Tren de Alta Velocidad de Pasajeros México-Querétaro, al presidente de la República.

La problemática se hizo de mi conocimiento desde el pasado 6 de septiembre de 2013, cuando vecinos de la colonia Hércules solicitaron mi intervención para conocer el proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro, expresándome su preocupación, pues no habían sido escuchados por ninguna autoridad, y tampoco habían podido ser informados oficialmente sobre dicho proyecto, no obstante que el personal que se ostentaba como perteneciente a la empresa Prointec Ipimsa, realizaba actividades en su colonia, tales como estudios de mecánica de suelos y a la vez, solicitaba a los vecinos realizar avalúos respecto de sus inmuebles que, a decir de estas personas, serían afectados por la obra mencionada en más de seis colonias de la Delegación Cayetano Rubio en el municipio de Querétaro; además de lo anterior, solicitaban la preparación de los documentos que les permitieran acreditar la propiedad de los mismos, pues mencionaban que estos serían expropiados.

Todas estas actividades fueron realizadas por el personal de la empresa Prointec Ipimsa, haciendo referencia a que era una encomienda del Gobierno de la República, para lo cual se acreditaron con documentos que así lo señalaban.

Ante esta situación, los vecinos organizados solicitaron información a las autoridades estatal y municipal, con el propósito de conocer de manera oficial, cuál sería el impacto que el proyecto del tren de alta velocidad generaría en su patrimonio y calidad de vida.

Al no obtener respuesta de ninguna autoridad en el estado de Querétaro, los vecinos pidieron que en mi calidad de representante popular, intercediera para que pudieran conocer los alcances de dicha obra, por lo que desde el pasado 25 de septiembre de 2013, solicité a las autoridades municipales; presidente municipal y la Oficina de Acceso a la Información Pública, a las autoridades estatales: gobernador del estado y a la Oficina de Acceso a la Información Pública, así como a las autoridades federal: presidente de la República, secretario de Comunicaciones y Transportes de gobierno federal y al director de la Región Centro Querétaro de la SCT, que se entregara información y documentación relacionada con el proyecto, para que los vecinos la conocieran. En todos los casos se obtuvo resultados negativos, pues se argumentó que en ese momento no se tenía nada sobre el proyecto.

Ante la falta de respuesta, el 14 de abril del año en curso, solicité de nueva cuenta la intervención del presidente de la República y del propio secretario de Comunicaciones y Transportes mediante un oficio en el cual les hacía saber esta situación.

La incertidumbre de los ciudadanos sobre la afectación a su patrimonio y a su calidad de vida con motivo de este proyecto, se incrementó cuando, no obstante haberse comprometido en dos ocasiones ante los medios de comunicación el gobernador del estado de Querétaro José Eduardo Calzada Rovirosa, a que el secretario de Comunicaciones y Transportes, explicaría ante la opinión pública dicho proyecto, sin que ello aconteciera, pero en su lugar el contador público Pablo Suarez Coello, director de Transporte Ferroviario y Multimodal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realizara el pasado 29 de abril de 2014 declaraciones a los medios de comunicación, durante una visita a la ciudad de Querétaro, en la que anunció que la ubicación de la estación estaría en un predio ubicado entre las colonias Calesa y El Pedregal de Querétaro, a la altura del cruce de las vías del ferrocarril México-Piedras Negras con avenida Bernardo Quintana. Prácticamente en el centro de la ciudad de Querétaro, negándose a proporcionar documentos o información adicional que avalara y justificara la construcción de la estación en ese lugar.

El funcionario simplemente señaló que la ubicación del lugar cuenta con los estudios de impacto ambiental necesarios, las especificaciones técnicas requeridas y que no afectaría la dinámica social de los habitantes de la zona de Hércules, además de que la afectación a la circulación vial sobre Bernardo Quintana y avenida Industrialización, sería de 4 por ciento, y que el proyecto se espera concluya el segundo semestre de 2017.

Sin embargo, hasta el día 11 de junio de 2014, mediante diferentes gestiones el Dr. Carlos F. Almada López, Subsecretario de Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, recibió a un grupo de personas integrados por representantes de colonos, ciudadanos interesados, especialistas en la materia, al presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, AC, al diputado local Alejandro Cano Alcalá, y a su servidor como representante popular federal, donde se acordó que el Colegio de Ingenieros Civiles emitiría un dictamen técnico sobre la viabilidad de la ubicación propuesta para la estación del proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro. Para tales efectos, el subsecretario se comprometió a la entrega de la información necesaria para ello, la cual, como ya se mencionó tenía más de nueve meses de haberla solicitado.

Con la información proporcionada, el pasado 8 de septiembre de 2014, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, AC, realizó la entrega del dictamen acordado, haciendo entrega al secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza, al gobernador del estado de Querétaro José Eduardo Calzada Rovirosa, y un día después al suscrito.

Dictamen técnico del cual se advierte las siguientes consideraciones técnicas, que citaré de manera textual:

“...

Una vez que se contó con la documentación referida en los antecedentes de este documento, misma que fue la única disponible, una vez que se agotaron las vías de solicitud de información adicional referente a los mecanismos utilizados para la determinación de la ubicación de la estación en territorio de Santiago de Querétaro y habiendo procedido a una exhaustiva revisión y análisis técnicos de dicho acervo, se concluye que la localización propuesta es social, ambiental, vial y urbanísticamente inviable.

El predio propuesto para la estación provisional del TAV, sin menospreciar que el uso pretendido está prohibido, es inadecuado, pues el único acceso a él es por la lateral del boulevard Bernardo Quintana, cuyo sentido de circulación es de los Arcos hacia Plaza del Parque así como por un puente que conecta a la vialidad primaria denominada avenida Industrialización, con el flujo vehicular procedente de la zona de Hércules-La Cañada con la avenida Corregidora Norte que igualmente es una vía primaria saturada y que desemboca al Centro Histórico, con las limitaciones propias de una ciudad fundada cuando sus habitantes difícilmente contaban con caballos y la mayoría cotidianamente caminaba.

Adicionalmente, es de señalarse que en el entorno inmediato a dicho predio no existe infraestructura ni espacio para crear la necesaria requerida para atender los requerimientos del servicio de transporte público de pasajeros y ello habrá de ocasionar severos problemas para los pasajeros que utilicen dicha estación y los servicios de traslado ferroviario.

El boulevard Obsidiana comprende el corto trecho que corresponde al punto en donde situar el acceso y la salida a la futura estación, nodo crítico que al poner en operación la estación, resultara en un nodo con nivel de servicio H, es decir caótico.

El estudio de demanda de usuarios del TAV arroja un volumen de 22 mil 220 pasajeros diarios entre la Terminal Buenavista y la Estación Querétaro, en ambos sentidos. Lo que representa un total de 55 corridas diarias, 28 desde Buenavista y 27 desde Querétaro, a lo largo de 17 horas de operación diaria, de las 6:00 a las 23:00, esto es, 3.24 corridas por hora, es decir tres y un cuarto por hora a lo largo de las 17 horas de servicio programado.

Con las cifras resultantes del estudio de impacto vial y el consecuente impacto urbano, el flujo existente de vehículos que circulan por la lateral oriente del boulevard Bernardo Quintana Arrioja así como en el retorno en el boulevard Obsidiana y la avenida Industrialización, vialidades que forman el nodo para la circulación del tránsito que procedente de la estación del TAV propuesta, habrían de demandar para el acceso, salida y distribución vehicular inmediata, se obtienen las cifras necesarias y suficientes para determinar la inviabilidad de servicio vial de y hacia la estación referida.

De los pasajeros provenientes de Buenavista solo el 33.2 por ciento tienen como destino final el Estado de Querétaro, distribuidos principalmente entre el área Metropolitana de la ciudad de Santiago de Querétaro (27.3 por ciento) y de San Juan del Río-Tequisquiapan (5.9 por ciento). El restante 67% se dirige a otros destinos del Bajío, principalmente al estado de Guanajuato (13 por ciento), en menor medida a los estados de San Luís Potosí (3.5 por ciento), Aguascalientes (1.6 por ciento) y Jalisco, principalmente de Guadalajara (3.1 por ciento).

En tanto los usuarios que parten de Querétaro, sólo el 27 por ciento se originan en la entidad (18.8 del Área Metropolitana de Ciudad Querétaro y 4.1 por ciento se SJR-TX), el 73 por ciento proviene de otras entidades del Bajío.

Una divisa de peso específico es la correspondiente al carácter patrimonial de las políticas y restricciones de zonificación y utilización del territorio aplicables al polígono amparado por el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Área de Monumentos del Centro Histórico de Santiago de Querétaro, lo cual apuntala la recomendación para que se resuelva la colocación de le estación TAV en una localización diferente a la actualmente propuesta.

De las situaciones planteadas en este Dictamen y de acuerdo a las condiciones actuales de ocupación y uso del suelo, se determina que la ubicación de la estación en el predio propuesto, presentan obstáculos técnicos insalvables y por lo tanto es inviable.

Los resultados obtenidos reducen sensiblemente la factibilidad para establecer la estación terminal del TAV en el predio propuesto por la SCT.

El Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro, AC, ha realizado estos análisis sobre la viabilidad para la ubicación de la estación provisional de este importante proyecto, en el sitio hasta ahora propuesto en el anteproyecto a cargo de la Secretaría, en esta, su necesaria fase de la maduración que habrá de llegar a las óptimas determinaciones, las cuales hasta el alcance de este trabajo dan un resultado negativo.

Consecuentemente con los resultados de los estudios realizados se concluye que la ubicación de la estación TAV en el sitio propuesto es social, ambiental, vial y urbanísticamente, es inviable, para la estación del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro.”

Luego entonces, siendo una premisa superior de cualquier gobernante el propiciar decisiones consensadas y legítimas de las acciones que impactan de forma significativa en la calidad de vida de los gobernados, debiendo en todo momento propiciar que las ciudades se encaminen a la humanización de los entornos urbanos y no atienda únicamente a la industrialización y el comercio. Por ello, es indispensable el uso efectivo de una democracia participativa, incluyendo las opiniones de los sectores especializados, así como de la ciudadanía en general.

No pasa inadvertido para el suscrito, que esta Legislatura Federal se ha distinguido por ser la que más reformas a la Constitución en Materia de Transparencia y Participación Ciudadana ha impulsado, con la finalidad de evitar precisamente el uso discrecional de la información y promover una permanente supervisión de la sociedad al quehacer gubernamental.

Asimismo, uno de los estandartes que he enarbolado durante mi trayectoria como servidor público, ha sido precisamente el de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, como un verdadero mecanismo de combate a la corrupción y de real participación en la toma de decisiones del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, es que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete ante el pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Solicita la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República, Gerardo Ruiz Esparza, para que de manera pormenorizada explique las razones por las cuales se revocó la licitación para la construcción del proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro.

Segundo. Se solicite al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que en las nuevas bases de la licitación se reconsidere la ubicación de la estación del proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México–Querétaro, en la colonia Calesa, de la delegación Cayetano Rubio, en el municipio de Querétaro, debiendo tomar en consideración el dictamen técnico realizado por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, así como las manifestaciones de especialistas y sobre todo, las expresiones sociales de inconformidad y oposición a dicha determinación.

Diputado Marcos Aguilar Vega (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Ssa a realizar una campaña informativa contra las enfermedades alérgicas respiratorias, suscrita por los diputados María del Carmen García de la Cadena Romero y Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados María del Carmen García de la Cadena Romero y Leobardo Alcalá Padilla, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, fracción segunda, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Desde que surgió la idea de medir el progreso social, México procura tener un adecuado desarrollo humano que refleje el derecho fundamental de tener una vida saludable y digna.

Es por ello que el tema de la salud siempre es una de las políticas públicas más importantes y que debe demostrar atención apropiada e inmediata a distintas afecciones o enfermedades que aquejan a la población mexicana.

Se entiende por enfermedad la “alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible”1 .

Las principales enfermedades que se presentan en nuestro país también son las primordiales causas de muerte en los mexicanos. Ello se ve plasmado en el siguiente cuadro:

Si bien, se puede observar que las enfermedades crónico-degenerativas (Diabetes, hipertensión, enfermedades cerebro-vasculares, enfermedades hepáticas) han desplazado, a través de los años, a las enfermedades infecciosas, éstas también representan un porcentaje importante de mortalidad y merecen igual atención.

Las enfermedades respiratorias son las más comunes y parecieran las más inofensivas, pero si no son tratadas adecuadamente, pueden ser falales o desencadenar problemas graves.

Existen diferentes tipos de enfermedades respiratorias, uno de ellos, son las enfermedades alérgicas respiratorias, las cuales han presentado un aumento importante de afectación dentro de la sociedad mexicana2 .

Los ejemplos más comunes de estas enfermedades son: la rinitis3 , el asma4 y la sinusitis5 . Este tipo de enfermedades se han presentado en México con más frecuencia en las últimas décadas.

Las principales causas de estos padecimientos son las bajas temperaturas, cambios climáticos bruscos, la humedad y la contaminación ambiental, pero si todos esos elementos se conjuntan, como está pasando ahora en nuestro país, agravan los síntomas ocasionando un difícil tratamiento y un problema grave de salud púbica.

Como se pudo apreciar, la mayoría de las causas de las enfermedades alérgicas respiratorias están en el aire que respiramos, y si bien, se han tomado acciones tendientes a cuidar la calidad del aire o se recomienda a la población que en épocas de bajas temperaturas se abrigue adecuadamente y tome ciertas precauciones, no han sido lo suficientemente efectivas para controlar dichas enfermedades.

Además, en México, sólo se cuenta con dos normas oficiales mexicanas6 referentes a enfermedades respiratorias, que están especialmente desarrolladas para la atención primaria y tratamiento en niños menores de 5 años.

No demeritamos la atención primaria que se debe otorgar a los menores, pero en los últimos años se ha reflejado que la sociedad mexicana, de todas las edades, han presentado alguna vez un cuadro de enfermedades alérgicas respiratorias.

Por ello, se destaca la obligación de la Secretaría de Salud para mantenerse al día en los problemas de salud pública que aquejan a toda la comunidad mexicana, y que no sólo se concentre en un sector reducido de la población.

Es por lo que se evidencia la necesidad de fortalecer las acciones de la Secretaría de Salud, tendientes a prestar servicios de salud integrales, efectivos y seguros, para que se encuentre en la posibilidad de atender debidamente a los habitantes del Estado mexicano ante las enfermedades alérgicas respiratorias.

Lo anterior puede lograrse mediante:

• La realización de estudios e investigaciones científicas sobre estas enfermedades y su adecuado tratamiento.

• El desarrollo de prácticas de campo con la población que presenta estas enfermedades con el fin de conocer a fondo las causas.

• La elaboración de un estudio comparado con otros países de las enfermedades alérgicas respiratorias y su tratamiento.

Todo lo anterior con la finalidad de que se realice una atención médica oportuna y adecuada para lograr bajar los índices de enfermedad y mortalidad por estos padecimientos.

También se estaría en la posibilidad de capacitar al personal médico y evitar que se confundan los síntomas de las enfermedades respiratorias comunes con las enfermedades alérgicas respiratorias.

Y por otro lado, procurar a través de programas de difusión o campañas de información, que la población esté informada y en condiciones de neutralizar dichas enfermedades a través de medidas preventivas y evitando la automedicación.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud para que realice campañas de información a la población, como medida preventiva contra las enfermedades alérgicas respiratorias y se esté en posibilidad de evitar la automedicación.

Notas

1. Consultado en: http://www.hermandadmadrilena.es/blog/definicion-enfermedad-concepto-de -salud/ 29-10-2014, 19:40 horas.

2. Consultado en: http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.asp x?id=286136&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articul o/default.aspx?id=286136, 29/10/2014, 19:45 horas.

3. Rinitis: Inflamación de las vías nasales, de modo habitual asociada con rinorrea sensibilidad al polvo, ácaros, caspa animal, o alérgenos.

4. Asma: Trastorno respiratorio caracterizado por estrechamiento bronquial contráctil, inflamatorio y edematoso con episodios de disnea, sibilancias, tos y secreciones bronquiales mucosas. Cuando es alérgica, es causada por la exposición a un antígeno inhalado o transportado por aire.

5. Sinusitis: Inflamación de uno o más de los senos paranasales. Con acumulación de secreciones, con dolor, fiebre, etc.

6. NOM-031-SSA2-1999 y NOM-024-SSA2-194.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2014.

Diputados: María del Carmen García de la Cadena Romero, Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conaculta a declarar la obra La llorona parte del patrimonio cultural inmaterial del país, a cargo del diputado Érick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Érick Marte Rivera Villanueva, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para que declare a la obra de la “Llorona” como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial del país y su inclusión dentro del Inventario del patrimonio cultural inmaterial para el Distrito Federal, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Primero. El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, músicos, escritores e intelectuales, así como las obras anónimas, surgidas del alma popular y en general todo el conjunto de valores que dan sentido a la vida cultural, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de un pueblo. De esta forma, el patrimonio cultural tiene dos vías de manifestación: la material, como edificaciones u objetos, y la inmaterial, como procesos, lenguas y técnicas que dan lugar a festividades, ritos y tradiciones.

Nuestro país cuenta con uno de los patrimonios culturales más ricos del planeta; basta con mencionar que ocupa el primer lugar en América Latina y el sexto en el mundo en sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (28 sitios en 26 declaratorias). El patrimonio cultural se divide en material e inmaterial.

Segundo. El 20 de abril de 2006 entró en vigor en México el decreto del Ejecutivo federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de marzo de 2006, que ratifica los términos de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Este Decreto representa la adhesión del Estado mexicano a la Convención mediante la cual se promoverán los mecanismos legales y los programas para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial o intangible de nuestro país. Si bien ya existen algunos ordenamientos jurídicos que cubren parcialmente estos fines no existía uno específico para proteger esta parte vulnerable del patrimonio cultural.

Entre las acciones que promueve la Convención figura la elaboración de inventarios con el fin de integrar una lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y otra sobre el patrimonio cultural inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia. Una de las primeras tareas que tiene el Gobierno Federal a través de Consejo Nacional para la Cultura y las Artes como parte de la convención es la realización de un inventario del patrimonio cultural inmaterial de nuestro país.

Tercero. El patrimonio cultural inmaterial reúne las diferentes expresiones y manifestaciones de la vida de los pueblos. Se trasmiten de generación en generación dependiendo de los portadores de su existencia y son fundamentales para mantener la cohesión social entre los miembros del grupo.

El patrimonio cultural inmaterial comprende entre otros elementos, los siguientes:

• La tradición oral y narrativa.

• Los conocimientos tradicionales sobre cocina, ciclos agrícolas, herbolaria y medicina tradicional.

• Mitos y concepciones del universo y la naturaleza.

• Espacios y entorno geográfico dotados de valor simbólico.

• Expresiones dancísticas y musicales.

• Vida y festividades religiosas.

• Diseños en todas las artes populares y oficios artesanales.

En este sentido, la leyenda de la Llorona ha motivado innumerables expresiones artísticas en las diferentes aristas del arte y se ha sabido arraigar en lo más profundo de la memoria de los habitantes de la Ciudad de México y de todo el país, tanto así que hoy se divulga la leyenda en pueblos, calles, plazas públicas y recintos culturales.

La Llorona entre sus muchos orígenes, cuenta con diversos elementos que la asocian con la Diosa Cihuacoatl, la mujer serpiente, protectora de los partos cuyos presagios descritos en “Visión de los Vencidos” del antropólogo Miguel León Portilla, anuncia la preocupación de esta deidad por su pueblo y sus hijos, ante un funesto provenir, apareciéndose por las noches, llorando por la suerte de sus vástagos.

También se encuentran similitudes entre la Llorona y las Cihuateteo, los espíritus de las mujeres que murieron durante la labor de parto, y que se encuentran propiamente descritas en el Códice Borgia y en la Historia de las Cosas de la Nueva España, de Bernandino de Sahagún. Sin embargo, la Llorona no solo goza de los elementos históricos descritos con anterioridad, sino que es ampliamente sabido el nexo que comparte la Llorona con la Malinche, Doña Marina, la intérprete de Hernán Cortés y una de las primeras madres del México mestizo, de la misma forma la leyenda del nacimiento de Huitzilopochtli y la muerte de Coyalxauhqui contienen también alusiones al mito de la Llorona con los cual se refleja la profundidad de esta Leyenda en la cultura de nuestro país.

Cuarto. El mito de la llorona se ha propagado durante siglos a través de las 16 delegaciones de la Ciudad de México, transmutándose durante más de cuatro siglos, generando un recurso cultural inmaterial que contiene agregados típicos de la cultura popular de las distintas demarcaciones.

En el Distrito Federal, delegaciones como Iztacalco, Cuauhtémoc y Xochimilco, con sus leyendas de la Llorona, son testigos de relatos que aportan diferentes puntos de vista de las etapas históricas de la Ciudad de México, es claro que resulta necesario divulgar y proteger las distintas versiones de esta leyenda en todo el territorio del país, ya que cada región, esta leyenda se nutre a través de la historia oral, fortaleciendo así el legado cultural de la llorona.

Derivado de los anterior, es necesario que la Leyenda de la Llorona sea declarada patrimonio cultural inmaterial de país y con ello pueda pertenecer inventario del patrimonio cultural inmaterial en el Distrito Federal, recordando que el acto mismo de declarar una práctica como perteneciente al reino de los patrimonial relocaliza las expresiones culturales locales

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, declare a la obra de la Llorona como Patrimonio Cultural Inmaterial del país; así como su inclusión en el inventario del patrimonio cultural inmaterial para el Distrito Federal.

Dado en el Palacio Legislativo, a 13 de noviembre de 2014.

Diputado Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones ordinarias de esta soberanía a observar en todas sus actividades legislativas el uso de las expresiones “niñas, niños y adolescentes o menores de 18 años” para referirse a personas de 0 a 18 años incumplidos, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 6o., fracción I, 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Para referirnos a los derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes, podemos hacer referencia a ellos como derechos fundamentales, derechos básicos, prerrogativas o libertades.

Cabe señalar que los derechos humanos son inalienables e inherentes a la persona por el simple hecho de serlo. Sin embargo, sabemos que no todos los derechos son atribuibles a los menores de 18 años, a diferencia de los mayores de edad.

Lo anterior, debido a que las niñas, los niños y los adolescentes no han alcanzado aún cierta edad, a la que se reconoce determinada relevancia para efectos jurídicos.

Se consideran niñas y niños los menores de 12 años; y adolescentes, las personas que tienen entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad.

Diversos ordenamientos nacionales reconocen derechos humanos para este sector de la población y señalan con exactitud a quién se considera niña, niño o adolescente.

Así, por ejemplo, la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente desde 2000 en el país, refiere en el artículo 2: “Son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos”.

Asimismo, tenemos la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, recién aprobada por la Cámara de Diputados, la cual señala en el artículo 5o.: “Son niñas y niños los menores de doce años; y adolescentes, las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad”.

En la Cámara de Diputados hemos declarado en repetidas ocasiones que las niñas, los niños y los adolescentes son prioridad en nuestra agenda legislativa. Por ello hemos reformado los artículos 1o., 4o. y 73, fracción XXIX-P, de la Constitución para que estén acordes con los tratados internacionales de que el Estado mexicano forma parte. Tal es el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, que el Estado debe observar.

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional suscrito y ratificado por el Estado, “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.

Es preciso reconocer el valor político o emotivo de las palabras, que confieren cierto tono a los conceptos que con ellas se capturan y desarrollan e inciden sobre la actuación de los titulares de derechos y de los sujetos obligados. Con las palabras se contribuye a forjar una cultura, y esto parece ocurrir en lo que atañe a los sujetos que interesan a nuestra actual reflexión.1

A diferencia de la minoría de edad, en la mayoría de edad, que por disposición constitucional se alcanza a los 18 años, se adquiere el carácter de ciudadano; asimismo, se obtiene la capacidad de ejercicio en materia civil y se adquieren distintos derechos enunciados en el artículo 35 de la Constitución y obligaciones, plasmadas en el artículo 36 de la misma norma.

Por ello es necesario precisar las voces para determinar claramente entre uno y otro grupo de personas mayores y menores de 18 años, pues estos últimos, como se ha reconocido en diversas normas internacionales, como la Declaración de los Derechos del Niño, que “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal”.

Resulta de suma importancia que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados encargadas de dictaminar iniciativas y puntos de acuerdo, al momento de hacerlo, se dictaminen de manera transversal, tomando en cuenta las recomendaciones y resoluciones de los mecanismos internacionales para incorporar el uso de las expresiones “niñas, niños y adolescentes o menores de 18 años” para referirse a las personas de 0 a 18 años incumplidos, logrando de esta forma garantizar un marco jurídico acorde con un desarrollo integral y una vida digna que generará condiciones materiales efectivas.

[En el país] se ha aclimatado en nuestra doctrina, legislación y jurisprudencia el empleo preferente de las voces niñas, niños y adolescentes, pero eso no impide o proscribe el uso de la antigua expresión menores 18 años, no a título de sujetos disminuidos, sino de individuos que todavía no han traspuesto la frontera que franquea el acceso a la mayoría de edad, entendida como oportunidad de ejercicio de ciertos derechos.

En suma, la denominación que se elija debe preservar lo que más importa: la calidad del sujeto como titular de derechos, nunca como mero objeto de protección: “cosa” del Estado, sometido a conmiseración o beneficencia, ya que no es justicia. La jurisprudencia de la Corte, como hemos visto, ha marchado en esa dirección: no impugna palabras, que emplea con claridad y mesura, asignándoles el valor que les corresponde en el contexto que utilizan.2

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las comisiones ordinarias de ésta a observar en todas sus actividades legislativas el uso de las expresiones “niñas, niños y adolescentes o menores de 18 años” para referirse a las personas de 0 a 18 años incumplidos, conforme a las disposiciones legales correspondientes.

Notas

1 García Ramírez, Sergio. Derechos humanos para los menores de edad. Perspectiva de la jurisprudencia interamericana, UNAM.

2 García Ramírez, Sergio. Ídem.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 13 de noviembre de 2014.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a implantar diversas acciones con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diabetes, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Ricardo Astudillo Suárez, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Organización Mundial de la Salud define a la diabetes como un trastorno metabólico que se caracteriza por hipoglucemia crónica y trastorno del metabolismo de los carbohidratos, las grasas y proteínas como consecuencia de anomalías de la secreción o del efecto de la insulina, de otro modo, la diabetes es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia.

Existen tres tipos de diabetes: la tipo 1, causada por una reacción autoinmune, en la que el sistema de defensas del organismo ataca las células productoras de insulina del páncreas, por ello, el tratamiento consiste en inyecciones de insulina diarias con el fin de controlar sus niveles de glucosa en sangre.

La diabetes tipo 2, es el tipo más común, generalmente aparece en adultos, pero cada vez son más los casos de niños y adolescentes con este padecimiento. En la diabetes tipo 2, el organismo puede producir insulina pero no es suficiente, o el organismo no responde a sus efectos, provocando una acumulación de glucosa en la sangre.

Uno de los factores preocupantes de este tipo de diabetes es que las personas con diabetes tipo 2 podrían pasar mucho tiempo sin saber de su enfermedad, debido a que los síntomas podrían tardar años en aparecer o en reconocerse, tiempo durante el cual el organismo se va deteriorando debido al exceso de glucosa en sangre.

Por lo que hace al tercer tipo de diabetes, se conoce como gestacional y esta tiene lugar cuando una mujer durante el embarazo, no puede producir ni utilizar suficiente insulina necesaria para la gestación.

Por lo que hace a las causas, la obesidad, la falta de actividad física, la edad avanzada y los antecedentes familiares de diabetes, son las principales fuentes que originan este padecimiento, ello sumado al proceso de urbanización e industrialización que experimentó nuestro país durante el siglo pasado, lo que impulsó transformaciones importantes en las costumbres, hábitos y estilos de vida de la población.

Cifras aportadas por la Federación Mexicana de diabetes, señalan que a nivel mundial son más de 347 millones de personas con diabetes, de los cuales la diabetes tipo 2 representa el 90 por ciento, lo que se debe principalmente al sobrepeso y a la inactividad física.

En nuestro país la diabetes representa uno de los desafíos de salud más complicados que debe afrontarse, pues según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, del total de la población de adultos en México, 9.17 por ciento reportó tener un diagnóstico previo de diabetes por un médico, lo que equivale a 6.4 millones de personas, de los cuales 8.60 por ciento son hombres y 9.67 por ciento mujeres, lo que equivale a 2.84 millones de hombres y 3.56 millones de mujeres, siendo las entidades con mayor prevalencia el Distrito Federal con 12.7 por ciento, Estado de México con 11.5 por ciento y Veracruz con 10.7 por ciento.

En atención al alarmante crecimiento de las cifras de personas que padecen diabetes, en el año de 1991 la Federación Internacional de diabetes y la Organización Mundial de la Salud, determinaron decretar el 14 de noviembre de cada año como el Día Mundial de la diabetes.

Dicha conmemoración se traduce a una campaña cuyo objetivo es crear conciencia sobre las opciones saludables, y los distintos programas y mecanismos con los que cuentan las personas diabéticas para obtener información adecuada para afrontar su enfermedad.

Por lo que hace a la celebración de los años 2014 a 2016, el lema elegido es “Una alimentación Saludable”, ello atendiendo a uno de los factores determinantes tanto para la obtención como para la prevención y tratamiento de dicho padecimiento.

A nivel mundial, son organizadas diversas actividades para la conmemoración de dicha fecha, por lo que hace a nuestro país, la agenda internacional señala que la Unidad de Enfermedades Metabólicas, Enfermedades Crónicas de Mazatlán, los días 14 a 16 de noviembre de 2014, se efectuarán una serie de conferencias y una caminata de 4 kilómetros en donde participará la sociedad en general y personas con diabetes.

Acciones como éstas se suman a los diferentes programas que han sido implementados, la Cruzada Nacional Contra el Sobrepeso y la Obesidad, así como la aprobación de iniciativas encaminadas a establecer el impuesto especial a los refrescos, bebidas azucaradas y comida chatarra con la finalidad de inhibir su consumo entre la población, son ejemplo de las labores que dan cara al combate contra una de las enfermedades que desafortunadamente va en aumento en nuestro país.

Si bien dichos esfuerzos constituyen un avance importante en cuanto se refiere al tema de la prevención de la diabetes, lo cierto es que aún queda mucho por hacer para brindar a los pacientes un tratamiento adecuado, para ello es necesario implementar programas y políticas públicas orientados a obtener un diagnóstico adecuado, y posibilitar que quienes ya han desarrollado la enfermedad se apeguen a su tratamiento a fin de que puedan controlarla.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a implementar un programa nacional mediante el cual se lleven a cabo pruebas de detección de diabetes con la finalidad de que los casos positivos inicien su tratamiento de manera inmediata, impidiendo con ello, la presencia de casos de diabetes avanzada con severas afectaciones a la salud.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a efecto de que implemente acciones encaminadas a concientizar a los pacientes diagnosticados con diabetes de la importancia de cumplir cabalmente con el tratamiento ordenado por su médico, a fin de poder controlar su enfermedad y alcanzar una mejor calidad de vida.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2014.

Diputado Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a reubicación de los vendedores ambulantes de la zona de Mixcalco, Distrito Federal, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La economía informal no es un fenómeno nuevo. Su crecimiento se asocia primordialmente a dos factores: en primer lugar, al incremento de la población; y en segundo, al escaso desarrollo económico del país.

La falta de generación de empleos en el país es la causa de que un considerable número de personas trabaje en el sector informal, pues un elevado porcentaje de la población económicamente activa (PEA) encuentra en las calles, explanadas, transporte público y en las diferentes vías de comunicación del país, pues es el medio por el cual pueden sufragar sus necesidades más elementales.

Actualmente, 65.4 por ciento de la PEA labora en el sector informal, porcentaje equivalente a 29.8 millones de personas, de conformidad con datos del Inegi.

Las cifras hablan por sí solas: el ambulantaje es un problema que va en ascenso. Y sin duda representa un conflicto legal, económico y de política pública; por lo que resulta imperante la intervención del Estado para encontrar una solución.

El procedimiento que llevó a cabo el gobierno del Distrito Federal para desalojar a comerciantes de Mixcalco no es una solución, pues no hubo una vía alterna para que las personas que ahí tenían sus puestos se reubicarán en otro sitio, quitando la posibilidad de obtener un ingreso honesto por su trabajo, dejando a los vendedores en la indefensión y la precariedad.

Así, a través de estos puntos de acuerdo, nos pronunciamos respecto a la situación que prevalece en Mixcalco, en la zona centro del Distrito Federal, uno de los escenarios del país donde el ambulantaje tenía mayor presencia.

El 7 de enero de 2014, los vendedores ambulantes de esa demarcación fueron desalojados con la promesa de que serían reubicados en plazas públicas por el reordenamiento de la vía pública del centro histórico, esta situación que ya habían padecido después del temblor de 1985, donde por ser afectados se les permitió vender en la calle de Miguel Alemán, entre Leona Vicario y Manuel Doblado, se repite, pero ahora se les desaloja con una promesa de ser reubicados, cosa que en más de diez meses no ha ocurrido.

Arrebatar la fuente de empleo a todos quienes que laboran en la informalidad no es una solución. Lo más justo y correcto estriba en que se les reubique, debido a la situación de precariedad que enfrentan.

Empero, la participación del gobierno implicado para la reubicación de los vendedores ambulantes no sólo tiene que ver con lo que ellos dicen, que por ser límite del área de conservación reviste un contenido de considerable importancia, sino que creemos que esto se debe a intereses económicos, a que ahora se quiere ingresar un metrobús en la zona. Entonces, los motivos ya no son cuidar el espacio de conservación; son intereses de unos cuantos, que ahora cerca de 3 mil 400 vendedores y sus familias están sin un medio para subsistir.

Este esfuerzo de reubicación sólo puede llevarse a cabo a través de las acciones coordinadas del gobierno en conjunto y mediante la creación y establecimiento de políticas públicas que permitan avanzar sobre este problema social, encaminados a regular a los integrantes de este sector, claramente vulnerable.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno del Distrito Federal a implanta con la mayor brevedad en el marco de sus competencias las acciones necesarias para la reincorporación de los vendedores ambulantes, así como a elaborar un censo de éstos.

Segundo. Se exhorta al gobierno del Distrito Federal a instalar con la mayor brevedad una mesa de acuerdos con los vendedores afectados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2014.

Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Ssa a implantar políticas que permitan asegurar la posibilidad y el acceso a medicamentos esenciales para el alivio del dolor y la dificultad respiratoria en pacientes terminales de cáncer, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, Rubén Benjamín Félix Hays, diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, respetuosamente somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Desde épocas remotas el cáncer ha acompañado a la humanidad; hacia el año 400 antes de Cristo, Hipócrates lo nombró karkinos que en griego significa cangrejo. Esta enfermedad es resultado de la interacción de factores genéticos y externos (físicos y químicos), que producen la degeneración de las células, originando lesiones pre-cancerosas y finalmente tumores malignos, que inicialmente se localizan en algún órgano o tejido (in situ) y al no ser tratados oportunamente pueden diseminarse a otros órganos (metástasis).

A nivel mundial, este padecimiento es responsable de un número importante de muertes. La Organización Mundial de la Salud, OMS, señala que en 2008, fallecieron 7.6 millones de personas, aproximadamente 13 por ciento del total de fallecimientos, y estima que para 2030, aumentará a 13.1 millones1 .

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, en la región de las Américas fallecieron 1.2 millones de personas en 2008 por cáncer; afectando a los hombres principalmente en la próstata, pulmón, colonorrectal y estómago; y las mujeres en la mama, pulmón, colonorrectal y cervicouterino2 .

En México, según la Unión Internacional Contra el Cáncer, este padecimiento es la tercera causa de muerte y cada año se detectan 128 mil casos nuevos3 .

Según estimaciones del proyecto Globocan, de la Agencia Internacional para Investigación en Cáncer, en 2012 se presentaron 147 mil 985 casos nuevos en México y en ese año murieron 78 mil 352 personas por esta causa4 .

Tan sólo el cáncer de próstata cobra la vida de 6 mil 367 hombres al año y se diagnostican más de 14 mil casos nuevos anualmente, refiere una ficha de la Secretaría de Salud.

El de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres, la tasa de mortalidad por este tipo en México aumentó 17.8 por ciento en la última década y en el último año 5 mil 595 mexicanas murieron por ésta causa. El segundo cáncer que más amenaza a las mujeres es el cáncer cervicouterino, del cual se registran 13 mil 960 casos nuevos al año y 3 mil 832 mujeres perdieron la vida por su causa el último año5 .

En el caso de los niños, el cáncer infantil es considerado un problema de salud pública en México, ya que cobra la vida de más de 2 mil menores al año, colocándose como la principal causa de muerte por enfermedad entre los 5 y 14 años6 .

La aparición de cáncer se ha asociado a varios factores de riesgo comunes: un modo de vida poco sano (consumo de tabaco y alcohol, dieta inadecuada, falta de actividad física) y exposición a carcinógenos (por ejemplo amianto) en el entorno laboral o en el medio ambiente (por ejemplo por contaminación del aire en locales cerrados), radiación (por ejemplo ultravioleta o ionizante) y algunas infecciones (por ejemplo hepatitis B o infección por virus del papiloma humano)7

En el país se diagnostican al año alrededor de 6 mil 700 nuevos casos de cáncer en los pulmones. El cáncer de pulmón, considerado el más agresivo y mortal, se ubica en el octavo lugar entre los padecimientos oncológicos, debido a su frecuencia, pero ocupa el primer sitio de mortalidad; uno de cada tres pacientes atendidos en el Instituto Nacional de Cancerología es por causa del consumo crónico de tabaco8 .

Si bien un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detectan en una fase temprana, miles de pacientes son desahuciados y enfrentan una dolorosa muerte.

La historia natural de todos los tipos de cáncer está asociada con un conjunto de síntomas que producen un alto sufrimiento en el paciente. Por ello, el enfermo con cáncer terminal debe recibir los cuidados paliativos que le brinden una mejor calidad de vida.

La OMS define los cuidados paliativos como el cuidado activo y total de los pacientes en el momento en que su enfermedad no responde a las medidas curativas. El principal objetivo es el control del dolor y otros síntomas, así como los problemas sociales y espirituales. La meta del apoyo paliativo es ofrecer la más alta calidad de vida posible al paciente y a su familia.

En México, el artículo 166 Bis 1 de la Ley General de Salud, reconoce a los enfermos terminales como aquellas personas que padecen una enfermedad incurable e irreversible y que tiene un pronóstico de vida inferior a seis meses. De igual manera en su artículo 166 Bis 3 refiere que los enfermos terminales tienen el derecho de recibir atención médica integral.

Por su parte el Reglamento de dicha ley en el artículo 138 Bis 1 establece que el objetivo de los cuidados paliativos es proporcionar alivio del dolor y otros síntomas severos asociados a las enfermedades en estado terminal, así como también proporcionar al enfermo en situación terminal, los apoyos físicos, psicológicos, sociales y espirituales que se requieran, a fin de brindarle la mejor calidad de vida posible.

Sin embargo la disponibilidad de estos servicios es muy limitada y se ofrece de manera casi exclusiva en los grandes hospitales especializados. Cinco de los 32 estados (Campeche, Hidalgo, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas) no tienen ningún tipo de servicio de cuidados paliativos. Otros estados disponen de un solo servicio de cuidados paliativos, ubicado en la capital de cada uno de esos estados9 .

Situación que obliga a miles de mexicanos a viajar largas distancias para recibir esta atención médica, incluso cuando están gravemente enfermos. Muchos otros no tienen siquiera eso y mueren en casa en circunstancias desesperadas.

De acuerdo con el informe “Cuidar Cuando no es Posible Curar: Asegurando el Derecho a los Cuidados Paliativos en México” de Human Rights Watch, cada año 300 mil personas en el país requieren de atención médica y cuidados paliativos.

Sin embargo, pese a que la Ley General de Salud de México en su título octavo Bis y el Reglamento sobre cuidados paliativos en su capítulo VIII Bis garantizan el servicio a los enfermos terminales, las cifras nos revelan que no ha sido posible cumplir con esta disposición y que en nuestro país los cuidados paliativos para los enfermos de cáncer siguen siendo un tema pendiente.

Si bien se reconoce el trabajo en la prevención y detección de esta enfermedad, que de acuerdo con el segundo informe de gobierno, el sector salud realizó un millón 800 mil mastografías, aplicó la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano a más de 90 por ciento de las niñas de quinto año de primaria y de 11 años de edad, no escolarizadas y concluyó la nueva Torre de Hospitalización del Instituto Nacional de Cancerología, es necesario implementar políticas que impulsen el uso de los cuidados paliativos en las instituciones de salud de todos los estados del país.

Para cumplir este propósito y brindar la atención integral a pacientes con enfermedades en fase terminal, es necesario contar con los medicamentos que ayuden a mitigar los dolores que padecen.

Los analgésicos opioides son esenciales para el manejo del dolor, la dificultad para respirar y otros síntomas comunes entre las personas que necesitan cuidados paliativos.

El medicamento principal y por ello el más frecuente para tratar el dolor crónico oncológico es la morfina. Debido a que los medicamentos opioides son sustancias controladas y que su fabricación, distribución y suministro está estrictamente regulada tanto a nivel internacional como nacional, se restringe su uso, pese a que la Ley General de Salud en su artículo 166 Bis 13 refiere que las instituciones del sistema nacional de salud ofrecerán el servicio para la atención debida a los enfermos en situación terminal.

Para la OMS los países tienen que garantizar la disponibilidad y accesibilidad de todos los medicamentos esenciales para los cuidados paliativos de adultos y niños en todas las formulaciones y dosis correspondientes, por lo que deben estar incluidos en las listas de medicamentos del Consejo de Salud Pública y los proveedores de seguros.

La ley mexicana exige que las recetas para estos medicamentos contengan etiquetas con códigos de barras, que los médicos solo pueden obtener en persona en las capitales estatales. Como resultado, muy pocos médicos, especialmente fuera de las principales ciudades, están autorizados a prescribir estos medicamentos, aunado a que muy pocas farmacias los tienen en existencia.

En este sentido, es necesario implementar políticas que permitan asegurar la disponibilidad y accesibilidad de medicamentos esenciales, en particular los analgésicos opioides, para el alivio del dolor y la dificultad respiratoria en pacientes terminales.

De igual manera es fundamental que todos los estados del país cuenten con áreas de cuidados paliativos que brinden servicios a los enfermos terminales de cáncer, a fin de que logren tener la mejor calidad de vida posible en su etapa final, sobre todo evitarles dolor y sufrimiento. Por ello es importante el suministro de medicamentos que les brinden alivio.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal a implementar políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad de medicamentos esenciales, para el alivio del dolor y la dificultad respiratoria en pacientes de cáncer, en particular los analgésicos opioides.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud Federal, así como a los gobiernos estatales y del Distrito Federal para que extiendan e implementen las áreas necesarias de cuidados paliativos para enfermos terminales de cáncer.

Notas

1 Inegi.com “Estadísticas a propósito del Día Mundial contra el Cáncer” http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/esta disticas/2014/cancer0.pdf Consultado 31 de octubre de 2014

2 Inegi.com “Estadísticas a propósito del Día Mundial contra el Cáncer” http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/esta disticas/2014/cancer0.pdf Consultado 31 de octubre de 2014

3 Inegi.com “Estadísticas a propósito del Día Mundial contra el Cáncer” http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/esta disticas/2014/cancer0.pdf Consultado 31 de octubre de 2014

4 Reforma.com “Amenaza el cáncer a 1 de cada 3 mexicanos” 29 de octubre 2014 http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=379350 Consultado 31 de octubre de 2014

5 Reforma.com “Amenaza el cáncer a 1 de cada 3 mexicanos” 29 de octubre 2014 http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=379350 Consultado 31 de octubre de 2014

6 Reforma.com “Amenaza el cáncer a 1 de cada 3 mexicanos” 29 de octubre 2014 http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=379350 Consultado 31 de octubre de 2014

7 OMS http://www.who.int/topics/cancer/es/ Consultado 31 de octubre de 2014.

8 Notimex.com “INCan, comprometido en la lucha contra el cáncer” 28 de septiembre de 2014 http://www.notimex.gob.mx/acciones/verReportaje.php?clv=182254 Consultado 31 de octubre de 2014.

9 Human Rights México “Cuidar cuando no es posible curar” 28 de octubre 2014 http://www.hrw.org/es/node/130141/section/2 Consultado 31 de octubre de 2014.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2014.

Diputado Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a realizar en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil acciones de prevención y capacitación sobre sismicidad en Sinaloa, a cargo del diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, fracción segunda, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Los movimientos telúricos o sismos “ocurren por el rompimiento abrupto o reacomodo de la superficie de placas tectónicas que surge como consecuencia de la compresión a que están sujetas. A la superficie donde forman vértice estas placas se le conoce como falla geológica”.1

Debido a que al territorio mexicano lo cruzan y rodean, placas tectónicas2 y fallas geológicas,3 se considera una zona con alto riesgo de sismicidad.

El riesgo sísmico de un lugar se relaciona con la intensidad y frecuencia de los movimientos telúricos, pero también debe considerarse la cercanía de regiones sísmicas, ya que los sismos generados en ellas, pueden tener efectos en otro sitio.

México se ha dividido en cuatro zonas sísmicas clasificadas por la intensidad y frecuencia de los sismos. La Zona A está integrada por los estados que no han presentado actividad sísmica en los últimos 80 años. Las zonas B y C están conformadas por las entidades federativas que registran una actividad sísmica intermedia. La Zona D, se integra por las regiones que presentan mayor actividad sísmica.4

Como podemos notar del mapa anterior, algunas regiones del norte del país son clasificación A o B lo cual no representa una preocupación, debido a que son territorios que no presentan una actividad sísmica frecuente.

Pero no sucede lo mismo con las ciudades del noroeste del país, las cuales han presentado un aumento significativo en su actividad sísmica, a través de los últimos años por encontrarse en las zonas C o D.

“El principal sistema tectónico activo en el noroeste de México es la frontera entre las placas del Pacífico y de Norteamérica que controla el sistema de fallas San Andreas-Golfo de California”,5 lo que significa que la placa del Pacífico y la de Rivera, como se puede observar en el mapa siguiente, se están metiendo bajo la placa de Norteamérica ocasionando el aumento de los temblores en esta zona.

Es por ello que en las ciudades como La Paz, Mexicali, Tijuana, Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa y Culiacán, se han producido movimientos telúricos habitualmente, provocando que el Estado de Sinaloa, el cual hace algunos años era considerado como una región de baja actividad sísmica, se convierta en un foco rojo que merezca atención.

Desde el 2011 se ha presentado un incremento de sismos en la región, pero han sido tres acontecimientos importantes que nos hacen reaccionar ante ésta problemática para buscar la mejor solución y proteger a la población sinaloense.

El primero ocurrió el 13 de marzo de 2011 al registrarse un hecho histórico, ya que acontecieron diez sismos en un solo día, entre los 3.8 y 5.3 grados Richter;6 el segundo sucedió el 14 de enero de 2013, cuando dos sismos, uno de 5.5 y el otro de 4.7, sacudieron la zona norte de Sinaloa;7 y el tercero y último fue el pasado 9 de octubre registrándose un sismo de 6.1 grados Richter en Culiacán.

De lo anterior se puede observar que la frecuencia sismológica va en aumento, al igual que la magnitud de los sismos, lo que resalta la necesidad de atender esta problemática, ya que, con el temblor registrado en días pasados se notó que Sinaloa no está preparado para sismos de mayor magnitud, ya que carece de cultura sísmica en vista de que no era considerada como una zona de riesgo telúrico.

Por ello se propone que se haga una clasificación del territorio de Sinaloa acorde al tipo de sismicidad que presenta, por otro lado se lleve a cabo una zonificación sísmica con el fin de establecer zonas de peligro y evitar construcciones en el lugar o reforzar las ya hechas.8

En segundo lugar, capacitar al municipio en materia de protección civil, para que las autoridades estén en condiciones de evaluar las edificaciones y determinar los inmuebles de alto riesgo, reubicar con urgencia a los pobladores de las laderas, cerros y ríos, así como realizar simulacros con el objetivo de que la gente conozca cómo actuar en caso de producirse un sismo.

Además, difundir la cultura de la prevención en los medios de comunicación para enseñar a las personas y sus familias a reconocer las áreas de seguridad internas y externas en sus domicilios o lugar de trabajo.9

Es por lo anteriormente expuesto y con el fin de proteger a la población sinaloense, que se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Gobernación, para que en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, se realicen acciones de prevención y capacitación en materia de sismicidad en el estado de Sinaloa.

Notas

1http://www.cepal.org/mexico/publicaciones/sinsigla/xml/ 5/8385/doc5.pdf

2 Placas tectónicas: de Cocos, Pacífico, Norteamérica, Caribe y Rivera.

3 Falla geológicas: de San Andrés, de Mesoamérica, Eje volcánico Transversal y del Cañón del Sumidero.

4http://www2.ssn.unam.mx:8080/website/jsp/region_sismica _mx.jsp

5 http://www.geologia.unam.mx/igl/publs/nt/nt13.pdf

6 http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=669484

7 http://www.debate.com.mx/eldebate/noticias/default.asp?IdArt=12862059IdCat=17402

8 http://www.lineadirectaportal.com/publicacion.php?noticia=17848

9 http://www.paritarios.cl/consejos_medidas_preventivas_contra_sismos.htm l

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2014.

Diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores y a los tesoreros locales a cumplir la obligación establecida en las disposiciones sobre el uso de recursos públicos federales, a cargo del diputado Érick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Érick Marte Rivera Villanueva, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 fracción I y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los ciudadanos gobernadores de la entidades federativas y tesoreros de las mismas a que cumplan con la obligación establecida en las disposiciones jurídicas relativas al uso de recursos públicos federales, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) tiene un importante papel en el desempeño adecuado del ejercicio público no solo nacional, sino estatal y municipal. En el PEF se establecen diversos mecanismos de coordinación entre la Federación y los Estados para dotar a estos de recursos que se puedan materializar en infraestructura en beneficio de la población.

Estos recursos se encuentran en diferentes Ramos ya sea en asignaciones directas como el Ramo 28 y 33 o través de los Proyectos de Inversión de las Entidades de la Administración Pública Centralizada, contenido en el Tomo VII del mismo PEF. Otros apoyos se encuentran por ejemplo en el Ramo General 23, que es un instrumento de política presupuestaria que permite atender las obligaciones del Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades; específicamente este ramo se encarga de las provisiones salariales y económicas para: I) el cumplimiento del balance presupuestario, II) el control de las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado, con cargo a modificaciones en ingresos, III) la operación de mecanismos de control y cierre presupuestario y IV) Otorgar provisiones económicas a través de fondos específicos a entidades federativas y municipios.

Dentro del Ramo 23 se encuentran diversos fondos de apoyo a Entidades Federativas y Municipios como son el Programa Fondo de Desastres Naturales que tiene como objetivo ayudar en la etapa de reconstrucción derivada de desastres naturales; provisiones económicas para apoyar el desarrollo regional que se concentran en los rubros de Programas Regionales, para la ejecución de programas y proyectos que tienen como objetivo el incremento del capital físico y/o la capacidad productiva de las entidades federativas y municipios.

También se encuentran el Fondo de pavimentación y desarrollo municipal, para el fomento de proyectos para la modernización de sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y obras de electrificación en los municipios, Fondo Regional, a fin de apoyar a las 10 entidades federativas con los menores índices de desarrollo humano, Fondos Metropolitanos, para impulsar la competitividad económica y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas; Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad para el otorgamiento de subsidios en el marco de los programas regionales; El Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad tiene por objeto dotar de recursos a las Entidades Federativas para promover la integración de las personas con discapacidad; y Fondo de Apoyo a Migrantes dirigido a apoyar a los trabajadores migrantes en retorno y a las familias que reciben remesas, para que puedan encontrar una ocupación en el mercado formal.

Para el cumplimiento de estos objetivos, el artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que las entidades federativas se adhieren al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) a través de la firma de un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que debe ser autorizado o aprobado por las legislaturas estatales.

El SNCF busca solucionar el problema de la concurrencia impositiva, a la par que armoniza los sistemas fiscales en los tres órdenes de gobierno. La adhesión a este sistema se efectúa de manera integral, abarcando todos los ingresos de la federación. El Ramo General 28 “Participaciones a entidades federativas y municipios” Es el Ramo del Presupuesto de Egresos de la Federación que contiene los recursos correspondientes a las participaciones en ingresos federales e incentivos económicos que se asignan a las entidades federativas y los municipios en los términos establecidos por la LCF y los Convenios de Adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos.

En términos del artículo 9º de la LCF, los recursos que son canalizados a las entidades federativas y municipios no están condicionados en su entrega ni en su ejercicio por parte de la Federación, por tanto son ellos, a través del órgano legislativo correspondiente, los que establecen su manejo, aplicación y determinación en las partidas en que habrán de erogarse.

Son los recursos otorgados por la Federación a las entidades federativas en virtud del mandato establecido en el artículo 73, fracción XXIX, párrafo quinto, de la Carta Magna, el cual establece que el Gobierno Federal está obligado a participar a las entidades en el rendimiento de determinados gravámenes exclusivos de ella.

En el contexto del SNCF, estas participaciones son los recursos que corresponden a los estados, municipios y el Distrito Federal en los términos establecidos en la LCF y en los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación, los mismos se integran en la denominada Recaudación Federal Participable que se obtenga en el ejercicio Fiscal. Tales recursos se distribuyen a través del Ramo General 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación “Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

En este orden de ideas el Estado de Hidalgo recibió recursos proveniente del Ramo 23 por 1,443.7 millones de pesos de los cuales se han pagado apenas el 66.28%. Para el Fondo de Apoyo a Migrantes se destinó un monto de 3.093 mdp, para el Fondo de Cultura se asignaron 88.9 mdp, para el Fondo de Pavimentación y espacios deportivos se asignaron 115.10 mdp, para el Fondo de Accesibilidad para las personas con Discapacidad se asignaron 12.36 mdp; para el Fondo Regional se destinó un monto de 445 mdpd, para el Fondo Metropolitano 482.12 mdp y para el Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional un monto total de 241 mpd.

De los anteriores los que presentan mayor atrasado en el monto pagado es el Fondo Regional y el Fondo Metropolitano con monto pagado de apenas el 50%. Sin embargo, si se analiza el avance financiero de dichos recursos encontraremos que por ejemplo del Fondo de Cultura del total asignado en el PEF para el Estado de Hidalgo solo se ha autorizado 27.81 millones de pesos es decir apenas el 31.2% y de este monto solo se ha ministrado 15.4 millones sin tener ningún avance financiero o físico de las obras presupuestadas.

Pasa lo mismo con el Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos donde se destinó un monto total de 115.10 millones de pesos sin embargo se modificó a 125.7 millones de pesos, pero de este monto se ha ejercido el 3.3 % del total aprobado. En cuanto a los Proyectos de Desarrollo Regional del total del monto asignado no se ha ejercido ni un solo peso.

Ante ello, la pregunta es ¿Por qué se han ministrado solamente 122 millones de pesos de los más de 496.39 millones de pesos autorizados? ¿Por qué se esos 122 millones solo se han ejercido 40.22 millones? ¿Dónde están los restantes 456 millones de pesos de éstos Fondos? Debemos dimensionar a fondo éste grave problema si pues de los más de 1,400 millones de pesos que se destinaron para el Estado de Hidalgo provenientes del Ramo 23, solo se han ejercido 40.22 millones; ¿Dónde se encuentra los demás recursos?

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 109 y 110 establece el procedimiento de sanciones y responsabilidades por el manejo indebido de fondos y recursos públicos mediante el mecanismo de juicios político

Es urgente que el gobierno del estado rinda cuentas y que éstas situaciones no se repitan nuevamente en los todas las demás Entidades Federativas. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece un mecanismo de juicio Político en contra de los Gobernadores de los Estados, por malversación de los recursos públicos de conformidad con lo que establece el artículo el artículo 5o. de la Ley y 7o. fracción VIII, que mencionan que:

Artículo 5o. En los términos del primer párrafo del artículo 110 de la Constitución General de la República, son sujetos de juicio político los servidores públicos que en él se mencionan:

Los gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales y los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución General de la República, a las Leyes Federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

Artículo 7o. Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:

I. a VII. ...

VIII. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y del Distrito Federal.

...

...

Por su parte la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en su artículo 2 menciona que:

Artículo 2o. Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos mencionados en el párrafo primero y tercero del artículo 108 Constitucional y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos económicos federales.

Como se puede observar la Ley contempla ya las sanciones para quién haga un mal uso de los recursos públicos, desafortunadamente no se ha iniciado ningún procedimiento de investigación para determinar cuáles son las razones por las que las Entidades Federativas no han transferido por completo a sus municipios los recursos destinados al equipamiento y/o rehabilitación de los servicios públicos, en este sentido se hace necesario realizar un exhorto para que los gobernadores y los tesoreros de los estado cumplan con lo establecido en la Constitución y en las leyes aplicables y de la misma forma exhortar a que la Secretaría de la Función realice las acciones, procedimiento y en su caso aplique las sanciones correspondientes a quienes hayan realizado algún uso indebido de los fondos y recursos federales transferidos a los Estados.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de ésta Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al ciudadanos Gobernadores de las Entidades Federativas así como a los Tesoreros de las mismas, para que cumplan con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Federal de Responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos y entreguen a los municipios y en su caso ejecuten los recursos federales provenientes de los Ramos 23 y 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que en el ámbito de su competencia aplique los procedimientos y en su caso las sanciones correspondientes a aquellas Entidades Federativas y sus servidores públicos que hayan cometido alguna falta a la obligación establecida en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con respecto a al manejo indebido de fondos y recursos federales.

Dado en el Palacio Legislativo, a 13 de noviembre de 2014.

Diputado Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob sobre la pronta integración del Reglamento de la Ley General de Víctimas; y a la SHCP, respecto a la autorización del Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del PRD, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales, integrantes de diversos Grupos Parlamentarios en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

La Ley General de Víctimas (LGV) que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de enero de 2013 y reformada mediante decreto publicado el 3 de mayo del mismo año, establece en su artículo 79 la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas el cual para su operación y el cumplimiento de sus atribuciones, cuenta con una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Esta instancia quedó debidamente constituida por Decreto presidencial publicado en el DOF del 08 de enero de 2014. Asimismo, la cámara de Diputados autorizó en el PEF 2014 un presupuesto de 470.5 millones de pesos.

La CEAV, por mandato de la LGV, funge como el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y está encargada de garantizar la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, propiciando su intervención en la construcción de políticas públicas, así como el ejercicio de labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones integrantes del Sistema con el objetivo de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones.

Por otro lado, la labor de la Comisión se encuentra alineada al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Meta Nacional 1 denominada México en Paz, y en específico, al Objetivo 1.5 “Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación”, de la cual se deriva la Estrategia 1.5.3 “Proporcionar servicios integrales a las víctimas u ofendidos de delitos”, que cuenta con las siguientes líneas de acción:

• Coadyuvar en el funcionamiento del nuevo Sistema Nacional de Atención a Víctimas en el marco de la Ley General de Víctimas.

• Promover el cumplimiento de la obligación de reparación del daño a las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos.

• Fortalecer el establecimiento en todo el país de los medios alternativos de solución de controversias.

• Establecer mecanismos que permitan al órgano de asistencia jurídica federal de atención a víctimas, proporcionar sus servicios en forma estandarizada, organizada y coordinada.

• Promover la participación y establecer mecanismos de coordinación con instituciones públicas y privadas que intervienen en la prestación de servicios a víctimas directas e indirectas.

Aunadas a las mencionadas responsabilidades que tiene la Comisión, el 9 de diciembre de 2013, ésta fue invitada a formar parte del Grupo de Trabajo en el ámbito federal para acelerar el proceso de implementación del Sistema de Justicia Penal, presentando una propuesta de proyecto de reforma para armonizar la LGV con las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Bajo este nuevo sistema, las víctimas toman un papel relevante dentro del sistema de justicia penal y se prevé en su beneficio, una amplia gama de derechos que se hacen exigibles precisamente mediante la adecuada operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (Fondo).

En ese sentido, para ejecutar su labor, la CEAV es la encargada de administrar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a través de un fideicomiso público que debe funcionar como mecanismo financiero para el pago de ayudas, la asistencia y la reparación integral de las víctimas del delito y de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, en términos del dictamen de procedencia que para cada caso emita el Pleno de la CEAV, conforme a la (LGV), su Reglamento y las Reglas de Operación del Fideicomiso.

En los términos de lo dispuesto en el artículo 215, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH) la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas está llamada a celebrar contrato de fideicomiso público de administración para la adecuada operación del Fondo de Ayuda y Reparación Integral. A efecto de estar en posibilidad de celebrar el contrato de fideicomiso señalado, el titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debe autorizar la constitución del fideicomiso en cuestión.

La institución fiduciaria encargada del Fideicomiso del Fondo acordada durante la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria del Pleno de la CEAV, celebrada el 2 de septiembre de 2014, es el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC, IBD (BANSEFI, SNC).

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a través de su Presidente, instruyó que, una vez obtenida la autorización presupuestaria que respecto del fideicomiso corresponde otorgar a la SHCP, conforme a lo dispuesto por los artículos 9, fracción I de la LFPRH y 214, fracción I del RLFPRH, se otorgue como aportación inicial al mismo, la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), provenientes del gasto operativo de la propia CEAV, según lo señalado por el presidente de la misma en reunión de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos de esta honorable Cámara de Diputados.

De igual forma, en el artículo tercero transitorio de la LGV se estableció como máximo un lapso de seis meses para la elaboración y/o integración de su Reglamento, función delegada a la Secretaría de Gobernación de conformidad con lo establecido en las funciones y atribuciones exclusivas del titular de la Secretaría de Gobernación en el Artículo 5º Fracción IX del Capítulo II del Reglamento Interior de dicha Secretaría. Esta acción, aún no ha sido realizada por la instancia correspondiente.

Si bien es cierto que la CEAV se encuentra operando desde enero de este año, también cabe decir que el hecho de no contar con el Reglamento de la Ley General de Víctimas se traduce en un obstáculo normativo para que dicha Comisión opere de forma adecuada los programas presupuestarios que tiene a su cargo y por los cuales recibe recursos. La anterior circunstancia, además trae como consecuencia la falta de procesos de evaluación, fiscalización y rendición de cuentas.

La emisión del Reglamento de la CEAV que le permita un óptimo y transparente funcionamiento se vuelve urgente cuando consideramos las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública 2014, el pasado 30 de septiembre, en la que se informa que durante 2013 hubieron 22.5 millones de víctimas de 18 años o más, lo que representa una tasa de 28,244 víctimas por cada cien mil habitantes, cifra que equivale a un aumento de 4.17% respecto del año anterior.

Estas cifras muestran, que la CEAV durante el 2015 atenderá a un mayor número de usuarios, dado el incremento en la cantidad de víctimas; razón por la cual, requerirá contar con una mayor infraestructura financiera, material y humana.

Ante el aumento de la violencia y del número de víctimas, la carencia de recursos se constituye en un factor determinante que limita la capacidad de operación de la CEAV y, por ende, afecta negativamente la posibilidad de cumplir con las víctimas del delito y de las violaciones a los derechos humanos, con la sociedad, con los retos que enfrenta la administración federal y con la propia Ley General de Víctimas.

Por ello, debe recordarse que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que a la Secretaría de Gobernación (Segob) le corresponde vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, especialmente en lo que se refiere a las garantías individuales y dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto (Art.27, fracción XXX). El Reglamento Interior de la Segob otorga atribuciones a la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (UPDDH) para promover, coordinar, orientar y dar seguimiento a los trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos que lleven a cabo las dependencias y entidades de la APF.

En el tenor, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

Por ello, quienes suscribimos consideramos necesario hacer un llamado respetuoso a fin de dar cumplimiento al artículo tercero transitorio del Decreto de expedición de la Ley General de Víctimas, que establece un plazo de 6 meses posterior a la fecha de su expedición y ésta fue publicada el 3 de mayo de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, por lo que ya ha transcurrido un año sin que dicha acción se haya concretado.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicitamos que sea aprobado el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, a instrumentar las acciones necesarias para la pronta integración del Reglamento de la Ley General de Víctimas, dado que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se encuentra operando bajo una ley no reglamentada.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso, a instrumentar las acciones correspondientes para que emita la autorización presupuestaria y opinión jurídica favorable para la celebración del contrato de fideicomiso con el cual la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas brindará los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos previsto en el artículo 130 de la Ley General de Víctimas, y con ello le sea transferido el presupuesto original aprobado en el ejercicio fiscal 2014 de conformidad con lo señalado en el artículo 132 de la mencionada ley.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2014.

Diputados: Margarita Elena Tapia Fonllem, José Luis Muñoz Soria, José Francisco Coronato Rodríguez, Verónica Sada Pérez, Carlos Fernando Angulo Parra, Loretta Ortiz Ahlf (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a realizar por la Profeco acciones tendentes a garantizar la calidad de los servicios de telefonía móvil, a cargo del diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente

Exposición de Motivos

Con base en cifras del Banco Mundial, nuestro país cuenta con 86 líneas de telefonía móvil por cada 100 habitantes;1 De los cuales el 84.5 por ciento son servicios de prepago y únicamente el 15.5 por ciento son de pospago,2 esta proporción significa que la gran mayoría de los mexicanos pagan los costos más caros del mercado nacional en un mercado que alcanza los 74 mil millones de pesos anuales.3

A pesar de ser uno de los servicios más utilizados por la población, la telefonía móvil se encuentra entre aquellos de los que más se quejan los consumidores mexicanos ante la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco).

Según el reporte dado a conocer en marzo de 2014, correspondiente al mes de noviembre de 2013, de los diez proveedores con más quejas, cinco, es decir el 50% son proveedores de telefonía móvil; los cuales acumulan el 17.1 por ciento del total de quejas a nivel nacional.4

Desde ya hace algunos años, son tres las empresas de telecomunicaciones móviles que lideran el número de quejas: Radio Móvil Dipsa, SA de C.V. dueña de la marca Telcel, Comunicaciones Nextel de México, SA de CV, mejor conocida como Nextel, y Iusacell SA de CV.

Dentro de las quejas más frecuentes hechas a estas compañías, resaltan la negativa a aclarar las quejas por cobros excesivos o no autorizados, carecer del contrato de adhesión con las nuevas obligaciones establecidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones referentes al desbloqueo de teléfonos sin costo y de manera inmediata; no informar a las y los consumidores su derecho a cancelar el contrato de manera anticipada; no exhibir tarifas al público y no informar sobre las garantías de los teléfonos, entre otras.

Pero las primeras son las que repercuten directamente y de manera muy negativa en la economía de la gente. Tomando como referencia el reporte del Buro Comercial de Profeco, Telcel, de enero a septiembre de 2014 acumuló 3,457 quejas y la principal materia de reclamación es la negativa a corregir errores de cobro.5

A principios de este mes, El Gobierno de la República a través de la Procuraduría Federal del Consumidor inició la suspensión de las tiendas Telcel en diversas ciudades del el país. La medida fue en atención a las numerosas quejas que los usuarios interponen diariamente en contra de esa empresa, como ya dijimos, en su mayoría por cargos indebidos o violación a los contratos.

Sin embargo, esta medida, deja también en cierta indefensión a los usuarios quienes ven mermada sus opciones para la atención de sus quejas.

Con base en lo anterior, someto a la consideración de este pleno la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal a que a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, establezca un programa emergente para atender satisfactoriamente las miles de quejas de los usuarios de telefonía móvil.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, haga pública la información respecto al estado de las quejas respecto a la telefonía móvil en el país, así como las acciones que dicha Procuraduría ha tomado al respecto.

Notas

1 http://datos.bancomundial.org/indicador/IT.CEL.SETS.P2/countries

2 http://www.profeco.gob.mx

3 http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/03/14/profeco-pide-mejoras-en -telefonia-movil

4 Profeco, Subprocuraduría de Servicios. http://www.consumidor.gob.mx/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/10-PR OVEEDORES-CON-MAS-QUEJAS-NOV-13.pdf

5 http://burocomercial.profeco.gob.mx/BC/faces/bus_sector.jsp

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2014.

Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP sobre los apoyos para la Universidad Autónoma de Guerrero, suscrita por los diputados Manuel Añorve Baños y Jorge Federico de la Vega Membrillo, de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PRD

Los suscritos, Manuel Añorve Baños, diputado federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y Jorge Federico de la Vega Membrillo, Diputado Federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, presentes los días 13, 14 y 15 de septiembre de 2013, generaron intensas lluvias a lo largo del territorio nacional, las cuales afectaron diversas zonas del país, así como a las miles de personas que habitan en las mismas.

El estado de Guerrero resultó gravemente afectado en gran parte de sus regiones, en virtud de ello, diversas asociaciones, instituciones públicas y privadas, así como diversas dependencias de gobierno, se sumaron al apoyo en beneficio de las regiones y de los miles de personas afectadas por los fenómenos meteorológicas antes citados.

La Universidad Autónoma de Guerrero, la institución pública más importante en la entidad, y la cuarta más grande en el país con una matrícula de 77 mil estudiantes, se vio afectada considerablemente en daños que ascienden a los 540 millones de pesos.

Es preciso señalar, que aún con el déficit que provocaron tales daños, la Universidad Autónoma de Guerrero abrió 30 nuevas licenciaturas y en contraste, posee el costo más bajo por alumno a nivel nacional.

El reciente clima de inseguridad que ha azotado a la entidad, así como la creciente violencia que se ha generado en la capital del estado y en diversos lugares más, ha provocado afectaciones colaterales a la Universidad y particularmente en gastos extraordinarios que han provocado aumentar el déficit que desde hace un año se había visto mermado por los fenómenos meteorológicos.

En el ejercicio fiscal de 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgó un subsidio extraordinario a la Universidad Autónoma de Guerrero, por lo que para el año 2015, se solicita un subsidio por el monto de $246,400,000.00 millones de pesos.

Por lo anteriormente expuesto, elevamos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que destine el Subsidio Consolidado 2015 en apoyo a la Universidad Autónoma de Guerrero por un monto de $246,400,000.00 millones de pesos.

Palacio Legislativo, a 13 de noviembre de 2014.

Diputados Manuel Añorve Baños Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a blindar todos los programas de desarrollo social y combate de la pobreza a cargo de las secretarías de Estado y garantizar la limpieza de las elecciones de 2015, a cargo del diputado Érick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Érick Marte Rivera Villanueva, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a blindar todos los programas de desarrollo social y combate a la pobreza a cargo de las secretarías de estado y que garantice la limpieza de las elecciones del junio de 2015, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El desarrollo social debe ser la prioridad de un México democrático, romper la brecha de desigualdad y propiciar las condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos es una de las más urgentes necesidades en políticas públicas, basta recordar que 46.2 por ciento de la población mexicana vive en condiciones de pobreza y 10.4 por ciento vive en condiciones de pobreza extrema.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4o. el deber del estado de garantizar el derecho de toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; así como el derecho a la protección de la salud; en este sentido la Ley General de Desarrollo Social establece que la política nacional de desarrollo social tiene, entre otros objetivos, propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales y el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social; de la misma forma el artículo 14 de la misma ley establece que la política nacional de desarrollo social debe incluir la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo, ingreso, autoempleo y capacitación.

Segunda. El Pacto por México, que en su momento representó el compromiso del gobierno federal y de las principales fuerzas políticas del país por alcanzar una mejor calidad de vida para los ciudadanos y mejores instituciones, estableció en su momento como uno de sus cinco acuerdos el Acuerdo para una sociedad de derechos y libertades, dentro de éste se encuentra el objetivo 1.2 Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza, que menciona lo siguiente:

“Con el objetivo de terminar con la pobreza extrema, se creará un sistema nacional de programas de combate a la pobreza que eliminará el sesgo asistencial y el uso electoral de los programas sociales, y priorizará sus esfuerzos para garantizar el derecho universal a la alimentación. Los recursos del estado llegarán directamente y sin condicionantes a la población que más los necesita y se ejercerán con reglas de operación y transparencia que permitan su evaluación y la rendición de cuentas. La erradicación de la pobreza extrema debe garantizar un mínimo fundamental: la alimentación. Por eso, la más alta prioridad la tendrá el garantizar que ningún mexicano padezca hambre. (Compromiso 6)”

De la misma forma se estableció en el objetivo 1.6. Derechos de los pueblos indígenas, el cual tiene como compromiso el de fortalecer las comunidades indígenas a través de una serie de acciones como:

“llevar a la práctica el reconocimiento efectivo de las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho e interés público, que les permitirá manejar recursos públicos, realizar la planeación comunitaria de sus proyectos de desarrollo, así como asociarse libremente con otras comunidades o municipios para promover proyectos comunes que impulsen su desarrollo. (Compromiso 34)”

Tercera. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 tiene como uno de sus objetivos incrementar la productividad del país, por lo que en la Meta 2 denominada México incluyente, se prevé garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos, que vaya más allá del asistencialismo y que conecte el capital humano con las oportunidades que genera la economía en el marco de una nueva productividad social, que disminuya las brechas de desigualdad y que promueva la participación social en las políticas públicas.

En este orden de ideas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, se establecen los requerimientos mínimos para tener una vida digna y para generar las condiciones y herramientas que de manera duradera construyan el bienestar de toda la población; un mecanismo para lograrlo fue el programa Oportunidades. El objetivo del programa de desarrollo humano Oportunidades fue contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza y promover la asistencia regular a la escuela por parte de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes; a las citas médicas programadas y a los talleres para el auto-cuidado de la salud, con la finalidad de que las nuevas generaciones cuenten con un mayor nivel de capital humano y logren insertarse en el sector productivo para eventualmente salir de su condición de pobreza.

Cuarta. Este programa instaurado en los gobiernos del PAN ha mostrado resultados positivos al alcanzar un mayor nivel de capital humano en los integrantes más jóvenes de los hogares. Sin embargo el 2 de septiembre del presente año, el titular del Ejecutivo federal cambió la denominación y la estructura del programa en un ambiente evidentemente electoral, más aún, este cambio de denominación vino acompañado de un aumento en el presupuesto de la coordinación nacional del programa.

En el PEF 2014 el programa de desarrollo Oportunidades tuvo una asignación presupuestal de 73 mil 176.83 millones de pesos de los cuales 53 por ciento es para la vertiente de desarrollo social y el restante 47 por ciento para la vertiente educación pública. De la misma forma se otorgó un presupuesto de 524.07 millones de pesos para los gastos operativos de la coordinación nacional del programa. Ahora bien, la propuesta del Ejecutivo federal para el PEF 2015 incrementa 2.47 por ciento el monto total del ahora programa Prospera, sin embargo el presupuesto propuesto para los gastos operativos de la coordinación del programa se incrementa en 58.33 por ciento con respecto al aprobado en 2014, pasando a 829.69 millones de pesos.

Quinta. Ahora bien, es conocido que una de las denuncias más recurrentes en tiempos electorales es aquélla que tiene que ver con el uso político electoral en la entrega de recursos de los programas sociales. Acción Nacional ha denunciado en todo momento estos actos fuera de la ley y lo seguirá haciendo, por ejemplo cuando denunciamos la utilización de la Cruzada Nacional contra el Hambre con fines políticos-electorales. Estas denuncias se han visto materializadas en acciones como la que la Secretaría de Desarrollo Social implementó en los comicios de 2013 para que la entrega de los recursos de los programas sociales no fueran utilizados con estos fines como fue el caso del Programa de Blindaje Electoral (PBE) mediante el cual la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) pretendió que ninguna persona condicionará la entrega de los recursos o apoyos a cambio del voto a favor de un candidato o partido político. El PBE llevó a cabo dos tipos de acciones: las centrales y las preventivas.

Dentro de las acciones centrales se encuentran la reprogramación (adelanto) de la entrega de recursos. Con esta acción se pretendió adelantar los tiempos destinados para la entrega de apoyos (en dinero, en especie o en obras) provenientes de programas sociales, para evitar que el ejercicio de los programas sociales de gobierno se confundiera con actos proselitistas. Por lo tanto, los apoyos de los programas sociales se entregarían 40 días antes de la jornada electoral.

Sin embargo evidentemente estas reglas fueron muy laxas y permitieron sin mayor problema la operación electoral y el uso de los programas sociales con estos fines en los comicios de 2013. Ahora que esta Cámara se encuentra en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015 es necesario que se fortalezcan los mecanismos de transparencia y fiscalización del uso de los recursos públicos por parte del gobierno federal, más aún, se hace indispensable que antes de que se apruebe el paquete presupuestal el Ejecutivo federal se comprometa a no usar con fines electorales los diferentes programas de las secretarías a su cargo a través de la puesta en marcha de programas eficaces de blindaje electoral.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que en el ámbito de sus atribuciones instruya a la dependencias de la administración pública centralizada a que realicen, ejecuten y difundan a través de los medios masivos de comunicación programas de blindaje electoral de todos los programas que tengan a su cargo, especialmente aquéllos que fomenten el desarrollo económico de las familias mexicanas y el combate a la pobreza en sus diferentes modalidades; así como diseñar los mecanismos que garanticen la limpieza de las elecciones de junio de 2015.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de la República para que a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, se realicen campañas de prevención y difusión sobre el uso político y electoral de los programas sociales y de combate a la pobreza y la constitución del delito que ello implica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2014.

Diputado Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Puebla y al presidente de la CNDH a investigar la detención arbitraria, la intimidación, el hostigamiento, la represión y la posible violación de los derechos humanos del alcalde auxiliar de San Miguel Canoa, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputados Roxana Luna Porquillo, Carlos de Jesús Alejandro, Elena Tapia Fonllem, María de Lourdes Amaya Reyes, Gloria Bautista Cuevas, Víctor Reymundo Nájera Medina y Vicario Portillo Martínez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 62, 65, 76, 79, 82, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base en la siguientes

Consideraciones

Vivimos un momento de alta complejidad con una espiral de violencia en la mayor parte de las entidades federativas, donde se pone constantemente en peligro la vida de muchas personas. Asimismo, en nuestro país se vive uno de los grandes problemas en materia de protección de los derechos humanos y el respeto irrestricto del derecho al debido proceso. Persiste un gran manto de violaciones a las garantías individuales vinculadas a acciones del estado.

Por eso nos preocupa alta y sensiblemente que el viernes 31 de octubre a las 16:00 horas, cuando salía de las oficinas de Obras Públicas del Ayuntamiento de Puebla, de manera arbitraria fue detenido el presidente auxiliar de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez, hoy procesado en el Juzgado Cuarto de lo Penal de Puebla, por los delitos de robo, amenazas y privación ilegal de la libertad. Esto sin orden de aprehensión, a pesar de tener en sus manos un amparo que lo protegía.

Este hostigamiento y represión por parte del gobierno del estado de Puebla, encabezado por Rafael Moreno Valle, es una manera de represión al no acceder a las pretensiones del gobierno estatal que insistía en que retirara la demanda de amparo que interpuso al quitarle las facultades de juez del Registro Civil como presidente auxiliar de San Miguel Canoa. Esta comunidad perteneciente al municipio de Puebla, tiene 14 mil 158 habitantes, el porcentaje de analfabetismo entre los adultos es de 16.88 por ciento (10.23 por ciento en los hombres y 23.22 por ciento en las mujeres) y el grado de escolaridad es de 4.88 (5.89 en hombres y 3.94 en mujeres). En San Miguel Canoa 75.84 por ciento de los adultos habla alguna lengua indígena. Según datos del Catálogo de Localidades Indígenas 2010, la junta auxiliar de Canoa cuenta con presencia de población indígena y grado de marginación.

En este contexto se da el hostigamiento, pues con fecha 22 de octubre de 2014, Raúl Pérez Velázquez, promovió el amparo número 441/2014 ante el Juzgado Tercero de Distrito en la ciudad de Puebla, porque tenía la presumible sospecha de ser detenido cosa que se cumplió sin orden de aprehensión el 31 de octubre de este año a las 16:00 horas, de forma pronta y expedita a las 19:00 horas de la misma fecha lo consignan sin ninguna dilación.

Lo preocupante de esta represión por parte del gobierno del estado, es que organizaciones sociales, y familiares del alcalde de Canoa, Raúl Pérez Velázquez, denunciaron que está siendo torturado física y psicológicamente por otros reos del penal de San Miguel, a nombre del gobierno de Puebla, a fin de que sus hijos Javier y Rocío Pérez desistan de la lucha legal y defensa del pueblo náhuatl, de lo contrario, habrá cárcel también para sus vástagos.

La denuncia la hicieron ante los medios de comunicación Javier y Rocío Pérez, con el respaldo del Movimiento por la Alternativa Social (MAS), y pobladores de las comunidades de La Resurrección y San Bernardino Chalchihuapan, quienes no descartaron que de fondo esté la disputa del pueblo de Canoa para tener el control de las tierras donde se instala la planta armadora de automóviles de lujo Audi.

Los familiares del alcalde auxiliar de San Miguel Canoa han denunciado que la noche del jueves los custodios del penal sacaron a su padre de la celda y lo presionaron para detener el movimiento social en la comunidad. Al día siguiente, señalaron que casualmente recibieron una llamada de la Secretaría General de Gobierno el estado (SGG) para invitarlos a dialogar.

Pese a la protección que le otorga un amparo, un grupo de 15 agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (PGJ) detuvo el pasado 31 de octubre al alcalde de Canoa, al salir de unas oficinas del gobierno capitalino, donde fue citado para realizar trámites en materia de obra pública.

El 2 de noviembre, Pérez Velázquez fue trasladado al penal de San Miguel, ubicado en la ciudad de Puebla, acusado supuestamente de incurrir en los delitos de amenazas, usurpación de funciones, robo agravado y privación ilegal de la libertad.

Los pobladores de la comunidad de San Miguel Canoa señalaron que el encarcelamiento de Raúl Pérez también se debe a la oposición que mostró por el retiro del servicio del Registro Civil de Canoa, tal como lo ordenó el gobernador Rafael Moreno Valle en más de 600 comunidades de la entidad.

Javier y Rocío, hijos de Pérez Velázquez, informaron que su padre les llamó por teléfono desde el reclusorio y les pidió que desistan del juicio de garantías que se interpuso para que recupere su libertad bajo caución.

“Esto es el infierno, me torturan, pero yo no me rajo. Hijos, dejen que me pudra en la cárcel, pero no quiero que ustedes la pisen, porque me están amenazando que los que siguen son ustedes”, fueron las palabras del edil de Canoa narradas por su hijo Javier, entre sollozos.

Los jóvenes, quienes asumieron la defensa de Canoa, expusieron que ahora más que nunca continuarán con la lucha legítima de Canoa por recuperar el servicio del Registro Civil, que atenta contra la identidad y los usos y costumbres de los pueblos indígenas de origen náhuatl.

Están exigiendo al gobierno del estado y federal que cese los actos de intimidación, hostigamiento y encarcelamiento, y piden se paren los abusos que se cometen en su contra y evitar que se viva en San Miguel Canoa una situación similar a la que se vivió en Atenco, en el estado de México.

Denuncian además que San Miguel Canoa no es un pueblo violento, como ahora la autoridad del municipio de Puebla pretende encasillarlos por el caso que ocurrió en esta comunidad hace medio siglo, y que tuvo grandes repercusiones en el medio fílmico en los años 60.

La denuncia se efectuó previo a la realización de un foro de organizaciones sociales contra la represión y por la liberación de presos políticos que se efectuó este domingo en la comunidad de Chalchihuapan, donde hace cuatro meses se vivió un enfrentamiento entre pobladores y policías estatales que dejó el saldo de un niño muerto y cerca de un centenar de personas lesionadas.

Ellos están buscando la intervención de las instituciones federales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la propia Cámara de Diputados para denunciar la detención arbitraria del alcalde auxiliar.

Llama poderosamente la atención que en la historia reciente de nuestro país observamos que ninguno de los narcotraficantes más buscados del país ha merecido tanta celeridad en la integración de su averiguación y consignación, como la ha tenido la autoridad indígena de San Miguel Canoa, Puebla.

Es claro que estos hechos condenables no sólo atropellan la autonomía de la presidencia auxiliar, sino también los derechos humanos de Raúl Pérez Velázquez, pero ante todo es una clara afrenta contra la vida y la dignidad humana. Con este tipo de acciones observamos el claro deterioro ético, moral y político de la débil paz social que vivimos todos los mexicanos.

Es el mensaje claro de que las autoridades honestas y ligadas a su comunidad no caben en el proyecto de represión e intimidación de Rafael Moreno Valle.

Por lo anteriormente expuesto, y en atención a nuestras obligaciones constitucionales y convencionales para favorecer la protección de los derechos, las y los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD que suscriben, presentan la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Puebla, encabezado por el gobernador Rafael Moreno Valle, y a la Procuraduría General de Justicia del Estado, a cesar las detenciones arbitrarias, la persecución, el hostigamiento y la represión contra las comunidades indígenas, y a respetar las garantías constitucionales, el debido proceso y el respeto irrestricto de los derechos humanos del alcalde auxiliar de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez y, en su caso, a liberarlo sin dilaciones.

Al mismo tiempo se le demanda respetar la autonomía y libre determinación de las comunidades indígenas en términos de los artículos 1o. y 2o. constitucionales y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, suscrito por el Estado mexicano y, para tomar medidas para evitar en lo sucesivo abusos, prejuicios, discriminación y violación de los derechos indígenas.

Segundo. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a atraer e investigar la posible violación de los derechos humanos y garantías constitucionales del alcalde auxiliar de San Miguel Canoa, Puebla, Raúl Pérez Velázquez y, en su momento, emitir las recomendaciones pertinentes.

Fuentes

1. La Jornada de Oriente , 10 de noviembre de 2014.

2. Queja de Rocío Pérez, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2014.

Diputados: Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Carlos de Jesús Alejandro, Elena Tapia Fonllem, María de Lourdes Amaya Reyes, Gloria Bautista Cuevas, Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Vicario Portillo Martínez (rúbrica).

Con punto de acuerdo, relativo al restablecimiento del polígono de seguridad de San Juan Ixhuatepec, México, a cargo del diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente

Exposición de Motivos

En el estratégico y metropolitano confinamiento de gas licuado de petróleo (LPG) ubicado en San Juan Ixhuatepec municipio de Tlalnepantla de Baz, el Estado de México, en noviembre de 1984 ocurrió una trágica explosión que devasto la vida y los bienes de la comunidad.

Dicha fuga tóxica de LPG en Tlalnepantla de Baz, México fue, junto con la fuga toxica que asesino 35 mil personas en Bopal la India con la contaminación con dioxina del rio Rin en Basilea Suiza y la explosión de los reactores nucleares en Chernóbil Rusia, como las grandes tóxicas en el mundo.

Una vez ratificada la presencia masiva de nueve millones de litros de LPG en el lugar de la histórica explosión, la Secretaría de Gobernación decidió administrar los riesgos bajo el Plan Especial para San Juan Ixhuatepec.

Dicho plan estableció 706,000 metros cuadrados como superficie del polígono, reforzándolo con 244,250 metros cuadrados de zona de amortiguamiento, con el propósito de eliminar, minimizar o administrar los ineludibles riesgos consustanciales al combustible de origen fósil,

El plan se construyó sobre dos pilares técnocientificos, uno, la producción del doctor Mustafá Tolva, en el seno de la ONU Programa Apell, “preparación contra riesgos tecnológicos a nivel local ” el segundo fue la carta de ruta que aporta el protocolo generado por los doctores Carlos Esteva Maraboto y Ovsey Gelman, el Sinaproc (Sistema Nacional de Protección Civil).

La estrategia del Plan para el Polígono de San Juan Ixhuatepec, consistió en los lineamientos del Programa Apell de la ONU, para las administraciones de obligaciones y responsabilidades en el manejo de riesgos de las empresas del polígono. Este piso preventivo mínimo requiere un programa de desarrollo institucional de todas las autoridades.

Es necesario recalcar entonces, que el polígono de seguridad de San Juan Ixhuatepec no es un terreno baldío, sino una zona de amortiguamiento frente a la posibilidad de un siniestro en cualquiera de las unidades de riesgo de cualquiera de las seis gaseras: Gasomatico, Unigás, Gas Metropolitano, Vela Gas, Bello Gas, y Gas y Servicio, más la terminal de distribución y operación del LPG, y la terminal satélite norte de Pemex. Todas las gaseras cuentan con salchichas de 80 y 200 mil kilos y que el impacto externo de una de 80 mil, es de 1.2 kilómetros.

Nadie podría imaginar la lotificación y construcción de desarrollos en Chernóbil.

Aunado a ello, existen más de treinta empresas de alta peligrosidad ubicadas en esta zona, de las cuales 14 están catalogadas con un riesgo mayor al manejar productos explosivos, como la alcoholera Pochteca, que tiene una capacidad de almacenar 4 millones de litros de materiales peligrosos.

En 2008 el gobierno municipal de Tlalnepantla de Baz, modifico el Plan Estratégico de Desarrollo para el municipio, trastocando el Polígono de Seguridad de San Juan Ixhuatepec, al modificar el uso de suelo, y autorizar la construcción de 2,500 viviendas en dos desarrollos dentro del perímetro del polígono, actualmente habitan en el lugar más de 250,000 personas.

Diversas agrupaciones ciudadanas preocupadas por el riesgo al que está expuesta la población, han reclamado al Gobierno municipal actual, la restitución del Polígono, respecto a lo cual no ha existido una respuesta satisfactoria.

En vista de lo anterior, someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong a que, en el marco de sus responsabilidades y en coordinación con el gobierno del estado de México, dirija las acciones necesarias para la restitución del polígono de seguridad de San Juan Ixhuatepec, estado de México.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita a Petróleos Mexicanos, se haga pública la información sobre del impacto externo de un explosión de un contenedor de 80 y 200 mil litros de LPG así como el desarrollo del escenario de una explosión de las 8 empresas de energéticos del polígono total como la que ocurrió en 1984.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno municipal de Tlalnepantla de Baz, cumplir la responsabilidad de proteger la vida, bienes y el entorno, reinstale y administrando el plan especial del polígono de San juan Ixhuatepec, así como diseñar un plan de desarrollo institucional de dicha iniciativa.

Cámara de Diputados federal, a 13 de noviembre de 2014.

Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a incluir en el acuerdo sobre el traspaso de recursos destinados a la operación de los programas de educación básica el de capacitación y escuelas para padres de familia, establecido en el artículo 33, fracción IX, de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Guadalupe Mondragón González, del Grupo Parlamentario del PAN

La diputada María Guadalupe Mondragón González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI; 153, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

Con fecha 11 de noviembre del año en curso se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos internos de coordinación para el desarrollo de los programas: Escuelas de Calidad, Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio, Capacitación al Magisterio para prevenir la Violencia hacia las Mujeres, Nacional de Lectura, Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria, Escuelas de Tiempo Completo, Escuela Segura, y de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes, que establecen la Subsecretaría de Educación Básica y la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.

Dichos lineamientos son consecuencia del acuerdo para el traspaso de recursos destinados a la operación de los programas de educación básica sujetos a reglas de operación y a otros instrumentos de carácter normativo, celebrados el 30 de abril de 2013 y a los que se hace referencia en el capítulo de antecedentes de los propios lineamientos.

A pesar de que la Ley General de Educación establece que debe haber programas de capacitación y para escuelas de padres de familia, lamentablemente no aparecen en el acuerdo original ni en los lineamientos, lo cual impide aprovechar al hogar como un ambiente de aprendizaje con miras a lograr la calidad en la educación. Por su trascendencia, a continuación se transcriben los preceptos relativos al programa mencionado:

Artículo 32. Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja en términos de lo dispuesto en los artículos 7o. y 8o. de esta ley.

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. a VIII. ...

IX. Impulsarán programas y escuelas dirigidos a los padres de familia o tutores, que les permitan dar mejor atención a sus hijos para lo cual se aprovechará la capacidad escolar instalada, en horarios y días en que no se presten los servicios educativos ordinarios.

La participación de los padres de familia como apoyo desde el hogar al proceso de enseñanza-aprendizaje asegura el logro de mayores niveles de aprovechamiento en niñas, niños y adolescentes. Estudios del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación son indicativos de que cuando los alumnos reciben el apoyo de sus padres para estudiar el aprovechamiento se eleva entre 40 y 70 por ciento, en particular en el nivel de secundaria.

Por otro lado, la ola de violencia que se experimenta en zonas diversas del país ha provocado como una influencia proveniente del entorno que proliferen las conductas de abuso y acoso escolar. Por ello, también es importante que los padres de familia junto con la comunidad escolar se sumen a las políticas públicas encaminadas a crear, mantener y consolidar una cultura de convivencia armónica y respeto a los derechos humanos que desde las escuelas irradie hacia la comunidad entera.

Es importante tener presente también que paulatinamente conforme se ha avanzado en la ampliación de nuestra vida democrática y, asimismo, en la medida en que los avances tecnológicos y científicos de todo tipo se hacen asequibles a las personas, los fines de la educación reconocidos en el orden jurídico mexicano se han ampliado de modo que hoy día el catálogo hace referencia a materias diversas como la protección civil, la protección del medio ambiente, entre otras, disciplinas y valores todos en los que resulta imprescindible la participación consciente e informada de los padres de familia al lado de sus hijas e hijos.

En este orden de ideas, resulta de la mayor importancia que los padres, más ahora en que por lo general sin importar el nivel económico ambos trabajan y dedican menos tiempo a su familia, cuenten con apoyo como el establecido en la Ley General de Educación a través de las escuelas para padres, que les permita acompañar a sus hijos en todos los trayectos del hecho educativo. Cabe mencionar que por lo general los hijos se estacionan y no logran superar, salvo excepciones, el nivel educativo y, por tanto, económico de sus padres. De ahí la importancia de que se capacite a los padres de familia para que puedan impulsar a sus hijos a fin de que asciendan por los distintos niveles de la educación, al menos la obligatoria. La preparación de los padres de familia a través de los programas a que se alude en esta proposición permitirá a sus hijas e hijos avanzar en la educación, prepararse mejor y, con ello, obtener puestos de trabajo o emprender sus propias actividades productivas con salarios e ingresos bien remunerados. Como es bien sabido, más de la mitad de la población en México se encuentra en situación de pobreza. Más de cincuenta millones mexicanos cuentan apenas con lo indispensable para sobrevivir y en ello incide su bajo nivel educativo. La insuficiencia de conocimientos imposibilita a los padres para apoyar a sus hijos desde el hogar en sus estudios. Las escuelas para padres se convierten así en auténticos instrumentos de movilidad social. En este sentido, la capacitación a los padres de familia es de justicia social por razones de equidad.

Finalmente, es importante señalar que el programa de capacitación y escuelas para padres de familia es un ejemplo claro de los principios que rigen los derechos de la niñez. En efecto, los derechos de los niños no deben supeditarse a los de los adultos. En consecuencia, las acciones, planes y programas para habilitar a los padres de familia a fin de que cumplan con proveer la mejor educación tanto familiar como escolar para que niñas, niños y adolescentes logren su pleno desarrollo humano constituye la garantía en el plano administrativo de la vigencia de los derechos de niñas y niños. La reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 impone a las autoridades del país nuevas obligaciones para proteger, respetar, promover y garantizar los derechos fundamentales bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Sin duda, el programa y las escuelas para padres de familia contemplados en la Ley General de Educación vienen a dar vigencia efectiva al derecho a una educación de calidad. En complemento de la reforma aludida se estableció en la diversa al artículo tercero constitucional el aseguramiento de la participación de los padres de familia, desde la esfera que les es propia, en la educación.

En el esfuerzo nacional en pos de lograr la calidad de la educación, los padres de familia tienen un papel destacado. En efecto, la calidad de la educación es el objetivo que persigue la sociedad mexicana a corto, mediano y largo plazos. Así lo ha reconocido el ámbito académico, como se puede observar con la siguiente cita:

“Con frecuencia se afirma que la expansión de los servicios educativos y de la cobertura a lo largo del siglo XX no estuvo acompañada de un aumento sostenido de la calidad del educación. En consecuencia, esta dimensión constituyó la preocupación central y uno de los desafíos más relevantes que habrá que enfrentar en el nuevo siglo, en consonancia con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de diversos investigadores mexicanos desde finales de los años 80 (Flores, 2011).”1

Las escuelas para padres son una instancia técnica para que la familia y el hogar se erijan en auténticos factores coadyuvantes de la educación. Hoy día, lamentablemente no sucede así como se puede apreciar en la opinión siguiente de Julio César Gómez, maestro normalista, editor de la revista Educación 2001:

“Enseguida viene la formación de la asociación de padres de familia; cada maestro tiene que hacer una junta y cuidar que la madre que salga electa como vocal sea servicial y no revoltosa, pero sobre todo, que colaboren. Al final queda integrada a la asociación de padres de familia que se convierte en un poderoso instrumento de dirección y que reporta algunas ventajas a sus integrantes.”2

Finalmente, la necesidad de establecer en las disposiciones administrativas a las que se ha hecho mención, la inclusión del programa de capacitación y escuelas para padres deviene de un mandato jurídico. La Ley General de Educación debe producir consecuencias de derecho, las cuales en el plano administrativo se traducen en la planeación, preparación, implementación y evaluación del programa al que hemos venido aludiendo. Se trata del cumplimiento de la ley misma que rige en la materia por parte de autoridades a las que va dirigido este atento exhorto. La reforma constitucional en materia de educación que transitó y se aprobó en el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales así como las leyes secundarias derivadas de la misma son la hoja de ruta para lograr la calidad de la educación en México, a la cual se arribará únicamente si se cumplen dichas normas en su totalidad.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta, con toda atención, a la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la titular de la Subsecretaría de Educación Básica y a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, para que en el acuerdo para el traspaso de recursos destinados a la operación de los programas de educación básica sujetas a reglas de operación y a otros instrumentos de carácter normativo, así como en los lineamientos internos de coordinación para el desarrollo de dichos programas, se incluya al Programa de Capacitación y Escuelas para Padres de Familia establecido en el artículo 33, fracción IX, de la Ley General de Educación.

Notas

1. 90 años de educación en México , Rodolfo Irán y Susana Quintanilla, página 100.

2. México 2012: la reforma educativa , coordinador Gilberto Guevara Niebla, página 144.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre 2014.

Diputada María Guadalupe Mondragón González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF a difundir la información relativa al proyecto Ciudad del Futuro, o Ciudad Futura, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El infrascrito, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que les otorgan los artículos 71, fracción II, y 122, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracciones I y IV, 76, fracción IV, y 79, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo para exhortar respetuosamente al gobierno del Distrito Federal sobre el proyecto “Ciudad del Futuro” o “Ciudad Futura”, con base en los siguientes elementos:

Antecedentes

1. El 14 de diciembre de 2007, el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, creó la paraestatal Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, SA de CV, mediante el “acuerdo por el que se autoriza la participación de la administración pública del Distrito Federal para la creación de una empresa de participación estatal mayoritaria que se denominará Calidad de Vida Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México”. Dicha empresa se constituyó en 19 de diciembre de 2007 con el citado nombre.

2. El manual administrativo de organización de la empresa establece que el objeto general para el cual fue creada es “diseñar y formular, así como ejecutar las acciones dirigidas al desarrollo de satisfactores sociales, obras y servicios necesarios que incremente la calidad de vida de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México”.

3. A partir del ejercicio fiscal de 2010, Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, SA de CV, se le ha otorgado presupuesto directo de la administración pública capitalina; en el “decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 2014” se le previó una partida presupuestal de 19 millones 891 mil 107 pesos en aras de cumplir con su objeto general.

4. Esta empresa paraestatal, según investigaciones y opiniones publicadas en diversos medios de comunicación, como la emitida por el periodista David Gutiérrez Fuentes en La Crónica de Hoy –el 6 de marzo de 2014- o la historiadora Josefina MacGregor en El Universal –el 17 de julio de 2014–, en realidad promueve la compra-venta de predios a bajo precio en la ciudad y facilita acciones de gobierno a la iniciativa privada para lograr desarrollo urbano de alta plusvalía, con multimillonarias ganancias inmobiliarias y en detrimento de las clases medias y bajas.

5. Durante su discurso de toma de protesta, el 5 de diciembre de 2012, el actual jefe de gobierno del Distrito Federal, doctor Miguel Ángel Mancera Espinoza, propuso la creación de la zonas de desarrollo económico y social (Zodes) como polos de desarrollo metropolitano para “detonar un urbanismo estratégico con apoyo de alta tecnología e incentivos para la inversión”; esa idea general fue posteriormente “clarificada” en cinco Zodes, a saber, Ciudad de la Salud (en Tlalpan), Ciudad Administrativa (en Cuauhtémoc), Corredor Cultural-Creativo Chapultepec (en Miguel Hidalgo), Ciudad Verde (sin información en dónde) y Ciudad Futura o Ciudad del Futuro1 (en Coyoacán); también se dio a conocer que la empresa Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, SA de CV, sería la dependencia responsable de llevarlos a cabo.

6. El 23 de diciembre de 2013, el jefe de gobierno emitió el “decreto desincorporatorio del inmueble ubicado en avenida Imán número 263, colonia Ajusco, delegación Coyoacán, con una superficie de 152,603.54 metros cuadrados de terreno y 11,048.30 metros cuadrados de construcción, para destinarlo al proyecto de coinversión “Zode Ciudad del Futuro”, atendiendo a los lineamientos de certificación en materia vial señalados en el artículo 42, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal”.

7. Al conocer la información difundida por medios de comunicación, vecinos de las colonias Ajusco (en donde se encuentra el predio desincorporado), Ajusco Huayamilpas, Pedregal de Santo Domingo, Pedregal y Pueblo de Santa Úrsula Coapa, Villa Panamericana y Adolfo Ruiz Cortines, entre otras, se han organizado desde principios de 2014 para solicitar al gobierno del Distrito Federal la información suficiente para conocer íntegramente el proyecto “Ciudad del Futuro”, en aras de estar en condiciones de permitir o no mediante consulta ciudadana su implementación; otra solicitud ha sido la utilización de dicho predio para hacer un centro comunitario para uso social, deportivo y cultural de forma gratuita para ciudadanos en la zona.

Estas propuestas las han entregado a distintas áreas del gobierno capitalino mediante marchas, protestas, plantones y demás acciones de resistencia civil pacífica en apego al uso de sus derechos constitucionales. Hasta el momento, no ha existido respuesta concreta.

8. Por su parte, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha aprobado un par de puntos de acuerdo para solicitar información al director general de la empresa Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, SA de CV, Simón Levy Dabbah; el último punto de acuerdo, aprobado el 9 de octubre de 2014, incluso lo emplazaba a realizar un recorrido con vecinos de la zona a partir de las 10 horas del posterior viernes 24 de octubre. Hasta la fecha, ese recorrido no se ha realizado.

Fuera de ese par de acciones legislativas, la ALDF no ha hecho más por dar satisfacción a la demanda ciudadana en torno al tema.

Consideraciones

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo sexto, segundo párrafo, garantiza que “toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna”; mientras que en su apartado a, fracción I, responsabiliza al Estado: “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública...”.

2. Que el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en el artículo 17, fracción V, garantiza el derecho de los habitantes del Distrito Federal a “ser informados sobre las leyes y decretos que emitan la Asamblea Legislativa y el Congreso de la Unión, respecto de las materias relativas al Distrito Federal; reglamentos y demás actos administrativos de carácter general que expidan el presidente de la República y el jefe de gobierno, así como sobre la realización de obras y prestación de servicios públicos e instancias para presentar quejas y denuncias relacionadas con los mismos y con los servidores públicos responsables”.

3. Que la Ley de Participación Ciudadana, en el artículo 47, concibe la consulta ciudadana: “Es el instrumento a través del cual el jefe de gobierno, los jefes delegacionales, las asambleas ciudadanas, los comités ciudadanos, la autoridad tradicional en coordinación con el consejo del pueblo y los consejos ciudadanos, por sí o en colaboración, someten a consideración de la ciudadanía, por medio de preguntas directas, foros o algún otro instrumento de consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales en el Distrito Federal”.

4. Que la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda en el artículo 7, fracción III, establece como una de las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal: “Promover con el apoyo de las delegaciones la participación ciudadana, mediante consulta pública, en la elaboración y modificación de los Programas, así como recibir, evaluar y atender las propuestas que en esta materia les sean presentadas por interesados de los sectores privado y social”.

Por lo anteriormente expuesto, es de someter a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con los siguientes

Puntos de Acuerdo

1. Se exhorta respetuosamente al gobierno del Distrito Federal a que se haga pública la información relacionada con el proyecto “Ciudad Futura” o “Ciudad del Futuro” o “Zona de Desarrollo Social y Económico”.

2. Se le exhorta igualmente a realizar, en el marco de las leyes locales de Participación Ciudadana y de Desarrollo Urbano y Vivienda, al menos una consulta ciudadana en las colonias aledañas antes de implementar cualquier obra en el predio en cuestión.

Nota

1 Es indistinto el uso de los títulos “Ciudad Futura”, según la página oficial de la empresa Calidad de Vida, y “Ciudad del Futuro”, de acuerdo con el Decreto de desincorporación del 23 de diciembre de 2013.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2014.

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los titulares de la PGR y de la SFP a investigar la compra del inmueble de lujo denominado popularmente “La Casa Blanca” y el origen de los recursos con que se realizó aquélla, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Luisa María Alcalde Luján, diputada integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de la Función Pública a realizar una investigación exhaustiva e imparcial sobre la compra del inmueble de lujo denominado públicamente como “La Casa Blanca” y el origen de los recursos con los que se realizó dicha compra por la señora Angélica Rivera Hurtado, esposa del presidente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En días recientes se ha dado a conocer a través de diversos medios de comunicación, información detallada sobre la compra de una residencia valuada en aproximadamente 86 millones de pesos, por parte de la esposa del jefe Ejecutivo Enrique Peña Nieto, Sra. Angélica Rivera Hurtado.

La investigación que iniciaron los medios, fue resultado de varias fotografías de las revistas “Hola México” y ”Quién”, en las que aparecía la señora Rivera en el inmueble ubicado en Sierra Gorda 150, colonia Lomas de Chapultepec, en la ciudad de México.

En estas publicaciones se mostró la opulencia de dicha residencia, la cual según palabras de la propia señora Rivera, es la casa donde radicará la familia presidencial después de dejar Los Pinos.

El inmueble conocido públicamente como “La casa blanca de Peña Nieto”, cuenta con un terreno de 1,400 metros cuadrados y casi 2,000 metros de construcción. Cuenta con siete recámaras con sus respectivos baños y vestidores, varias salas y comedores, gimnasio, alberca, elevador, tres cuartos de servicio, jardines, entre otros.

La construcción está ligado al Grupo Higa, a su vez vinculado con el Grupo Atlacomulco y con el propio Enrique Peña Nieto, ya que cuando fungió como gobernador del Estado de México, a esa empresa se le asignaron diversos contratos por más de 35 mil millones de pesos y más recientemente se le asignó la ampliación del hangar presidencial del Aeropuerto de la Ciudad de México con un costo de mil millones de pesos.

Las escrituras de la residencia están a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, SA, también parte de Grupo Higa, que mediante su subsidiaria Constructora Teya, es integrante del consorcio al que se le había asignado la licitación para construir el tren rápido México–Querétaro y que el 6 de noviembre fue cancelada por el Ejecutivo.

Las declaraciones hechas por Eduardo Sánchez, vocero de la presidencia, afirman que quien compró y es actual propietaria de la residencia es la Sra. Rivera, quien presuntamente la adquirió en enero de 2012, con el salario que recibía por su participación en telenovelas de la empresa Televisa.

En la declaración patrimonial del Ejecutivo, no aparece esta propiedad aún y cuando tiene la obligación de hacer la declaración de los bienes a su nombre, de su conyugue, hijas e hijos o de otros dependientes económicos.

En un país donde más de la mitad de la población vive en condiciones de extrema pobreza, el que nuevamente salga a la luz la ostentosa forma de vida de Enrique Peña Nieto y el enriquecimiento de su familia y círculo empresarial cercano, en medio de una ola de violencia e impunidad alarmantes, nos deja un amargo sabor de boca. Ya no sólo es el avión de más de siete mil millones de dólares para los viajes del presidente.

Lo preocupante aquí sobrepasa la lista de banalidades de nuestra clase política, es la complicidad con la que se teje la riqueza de los mismos de siempre y todo al margen de la Ley.

Resulta cuestionable que la empresa que aparece como propietaria, pertenezca al mismo grupo que ganó la licitación del tren rápido México-Querétaro. Asimismo es dudosa la declaración de que el inmueble es propiedad de la Sra. Rivera cuando aparece a nombre de la Inmobiliaria, ¿o será que esta sociedad anónima es también de su propiedad?

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y al de la Secretaría de la Función Pública a realizar una investigación exhaustiva e imparcial sobre la compra del inmueble denominado públicamente “La Casa Blanca”, y del origen de los recursos con los que se realizó dicha compra por la esposa del titular del Ejecutivo, la Sra. Angélica Rivera Hurtado.

Diputada Luisa María Alcalde Luján (rúbrica)

Con punto de acuerdo, sobre la situación que guarda el hospital general de Cuetzalan del Progreso, Puebla, suscrita por los diputados Zuleyma Huidobro González, Ricardo Monreal Ávila e integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, Zuleyma Huidobro González, Luisa María Alcalde Luján, Rodrigo Chávez Contreras, Martha Beatriz Córdova Bernal, José Francisco Coronato Rodríguez, Francisco Alfonso Durazo Montaño, Merilyn Gómez Pozos, José Antonio Hurtado Gallegos, Víctor Manuel Jorrín Lozano, Juan Luis Martínez, Ricardo Mejía Berdeja, Lorena Méndez Denis, María Fernanda Romero Lozano, Juan Ignacio Samperio Montaño, José Soto Martínez, Aída Fabiola Valencia Ramírez, José Luis Valle Magaña, Nelly del Carmen Vargas Pérez, Gerardo Villanueva Albarrán, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

“El mundo necesita un guardián de la salud mundial, un custodio de valores, un protector y defensor de la salud, incluido el derecho a la salud”.

Doctora Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud

La literatura especializada en derechos humanos, señala tres rasgos fundamentales de estos: la universalidad, la inalienabilidad y que son absolutos.1

El rasgo de la universalidad de los derechos humanos consiste en que todos los seres humanos, cualesquiera que sean las circunstancias en que se encuentren, sean poseedores de ellos, simplemente por su condición humana, por lo tanto la obligación de promoverlos, el deber de no olvidarlos, conculcarlos, es de todos.2

Si el Estado partiera de este supuesto, se evitaría que el ideal de la universalidad actúe como un rodillo que desconozca las diferencias y peculiaridades de los hombre y de los pueblos y que, en consecuencia, ignore la exigencia de establecer mecanismos especiales de protección para los grupos más vulnerables de la sociedad.

De acuerdo al teórico J. de Lucas , “El verdadero reto de la universalidad en orden a hacer posible la democracia y el estado de derecho cosmopolitas es la inclusión, o, mejor, el reconocimiento del otro como tal otro, es decir, como diferente y precisamente por ello, sujeto de la soberanía y de los derechos [...]

El imperativo de la universalidad de los derechos humanos no implica sólo ofrecer tolerancia, si no, exige vencer el miedo a la diversidad, venciendo esos acondicionamientos y en particular, el que liga ciudadanía y derechos.”3

Derivado a lo anterior, se podría decir que el Derecho Humano a la Salud, debe gozar del rasgo de la universalidad, lo que implica que los seres humanos, cualesquiera que sean las circunstancias en que se encuentre, son poseedores de este, simplemente, por su condición humana y por la esencial igualdad de todos.

Lo que significa que todos son poseedores del derecho, sin importar cualquier tipo de condición política, social y económica al tratarse de un deber positivo y general.

En segundo lugar se encuentra la inalienabilidad, la cual implica que el Derecho a la Salud en todas sus modalidades es irrenunciable por el simple hecho de que forma parte de la propia naturaleza.

John Locke establecía que los derechos son inalienables, en el sentido de que no se pueden ser renunciados ni revocados por sus propios titulares, ya que éstos no están moralmente autorizados para prescindir de ellos, en otras palabras nadie está dispuesto a renunciar al bienestar.

Por último, para poder proteger el Derecho a la Salud de las personas, se requiere que este sea absoluto, es decir que no puede ser sobrepasado en ninguna circunstancia, infringido justificadamente, y debe ser cumplido sin ninguna excepción.

En este proceso, a los derechos humanos fundamentales se han sumado, progresivamente otros de diversa índole en los campos de las condiciones de vida, la situación económica, la seguridad social y la salud. Al respecto Jorge Carpizo señala:

“Por lo que se refiere a su objeto, los derechos humanos, pertenezcan a la categoría que sea, denomínese de una u otra forma o tengan un contenido específico más o menos distinto, todos tienen como fin común la salvaguardia de la vida y las condiciones materiales de la existencia del hombre, así como la preservación de sus valores esenciales.

En otros términos, y para no referirnos sino a algunos entre los derechos y libertades más fundamentales que se cuentan en las tres generaciones mencionadas, a nadie escapa la íntima conexión, la estrecha complementariedad y la necesaria independencia entre los derechos a la vida o la salud , y los derechos a la paz y a disfrutar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado; entre los derechos a la libertad de autodeterminación, y los derechos al desarrollo y a ser diferentes; entre los derechos a la libre emisión del pensamiento o la instrucción, los derechos a la comunicación y a recibir los beneficios del patrimonio común de la humanidad.”

En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, también llamados por los teóricos derechos de segunda generación, buscan el bienestar social, la accesibilidad a la salud, al trabajo, a la vivienda y a la educación.

En este contexto, este tipo de derechos se convierten en una condición necesaria por su posesión o carencia al determinar los mínimos de una vida digna.

A pesar de que se observan de manera diferenciada, existe una estrecha relación entre ambos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana.

Por lo que podemos decir que, de acuerdo a la clasificación anterior el Derecho a la Salud, se puede considerar uno de los denominados Derechos de Segunda Generación, ya que busca que los hombres vivan dignamente, cuente con un reconocimiento en el propio contexto social y con un mínimo de garantías.

Entre los instrumentos de índole jurídica internacional que ratifican el Derecho Humano a la Salud se encuentra la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25 que a la letra reza:

Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 25.- (...)

I) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

De igual forma el Protocolo de San Salvador señala que sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean las condiciones que permitan a cada persona gozar de derechos económicos, sociales y culturales, tanto como sus derechos civiles y políticos.

Por ende, en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que el goce máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, en el cual debe incluirse el acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria.

En donde los Estados parte están obligados a crear las condiciones que permitan que todas las personas puedan vivir lo más saludablemente posible, y no sólo entenderse como una simple condición a estar sano.

Dentro de las condiciones que los Estados deben propiciar se encuentran la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludable y seguro, vivienda adecuada y alimentos nutritivos.

Sin embargo el problema relativo al Derecho Humano a la Salud, no es que tanto se justifique, sino todo lo contrario, que tanta capacidad tiene el Estado para protegerlos y aplicarlos.

A pesar de los grandes esfuerzos que se han venido desarrollando para garantizar el Derecho a la Salud, en otras latitudes del mundo, este derecho parece ser todavía un concepto más sacado de los compendios históricos ante la nulidad en su aplicación.

Ahora bien, el derecho a la protección de la salud en México, se circunscribe dentro de la rama del derecho y por tanto, impone al Estado la obligación de realizar a su favor de su titularidad una serie de prestaciones encaminadas a satisfacer necesidades de índole individual, pero colectivamente considerada.4

Se trata de un derecho que se revela frente al Estado, el cual asume el deber de proteger convenientemente la salud mediante la organización y puesta en funcionamiento de los medios que se consideran necesarios para acceder a ella.

Por consiguiente, si nos basamos en un sentido estrictamente estatal, su intervención no es otra que la de superar las desigualdades existentes entre los mexicanos, las cuales les impiden a muchos un tratamiento médico oportuno y de calidad.

Si bien el artículo 4o. constitucional reconoce el derecho de todos los mexicanos a la protección a la salud y de manera más reciente la obligación a cumplimentar el ejercicio progresivo de los derechos humanos, la fragmentación del sistema de salud no ha permitido el ejercicio universal e igualitario de este derecho persistiendo entre la población brechas de desigualdad.

Para que avancemos en la construcción de un sistema que se enfoque en los derechos humanos, se requiere de una mayor precisión jurídica del concepto de protección de la salud y sus alcances en los términos de las obligaciones y responsabilidades, bajo un contexto unificado y sin segmentación de los prestadores, para los tres órdenes de gobierno y la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, estos preceptos no siempre se cumplen al pie de la letra, pues cada día es más evidente el aumento de problemas de salud entre la urbe, afectando de manera considerable a los grupos más desprotegidos de la población mexicana.

Un claro ejemplo del desinterés de las autoridades encargadas de velar por el derecho a la salud, es la difícil situación por la que atraviesan los pobladores del municipio de Cuetzalan en el Estado de Puebla, pues a pesar de que se construyó un elefante blanco este resultó inoperante e ineficiente.

A todas luces se evidencia la falta de planeación y omisión por parte del Gobierno del Estado, no sólo por el sobre precio con el que se adquirió, sino también por las negligencias en su construcción, ya que dicho inmueble se edificó en un terreno pantanoso lo que lo convierte en una bomba de tiempo tanto para los trabajadores como para los pacientes ante su evidente fragilidad.

A ello hay que sumarle la existente posibilidad de que el nosocomio sea causante de un daño ecológico en la comunidad al carecer de un sistema de drenaje, así como de tratamiento de aguas residuales.

Pero esos no son los únicos servicios de los que carece, pues a cuenta gotas tienen acceso a otros como lo son agua potable, electricidad, vitales para el correcto desarrollo de las actividades del Hospital.

Pero la crisis no queda ahí, ya que otro de los problemas que enfrenta el hospital es la carencia de especialistas de las cuatro ramas básicas de la medicina: cirugía, pediatría, medicina interna y ginecoobstetricia.

Así como plazas para enfermeras, laboratoristas, personal administrativo, de cocina, lavandería e intendencia.

Realmente es de preocuparse, si consideramos que habitantes de unas 150 comunidades indígenas de la región incluso del estado de Veracruz, se trasladan hasta Cuetzalan para recibir la atención médica de forma gratuita.

Tenemos que atender a las poblaciones más vulnerables de nuestro país, ya que es una realidad que en pleno siglo XXI, no se tenga acceso regular a los servicios básicos de salud y por ende recurran a servicios privados y dispendiosos para el bolsillo de los mexicanos.

Derivado de lo anterior sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud, para que en el ámbito de su competencia realice las investigaciones correspondientes respecto de la operación, planificación y servicio del Hospital Regional de Cuetzalan del Progreso, Puebla.

Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta al gobierno del estado de Puebla, para que dote de recursos humanos, técnicos y materiales necesarios al Hospital Regional de Cuetzalan del Progreso, Puebla, con el fin de que pueda prestar de manera eficiente y óptima los servicios para los que fue creado.

Notas

1 Véase Laporta, F. El concepto de los derechos humanos. España: Ed. UNIA, 2001.

2 Javier Augusto Nicoletti, “Derecho humano a la salud: fundamento y construcción, en Revista de Ciencias Sociales, Vol. II, núm. 120, 2008. Universidad de Costa Rica.

3 Ibídem

4 La responsabilidad profesional de los prestadores de servicio médico: Marco jurídico para la solución de controversias en la legislación mexicana. En https: // www.scjn.gob.mx/ Consultada 8 de febrero de 2014.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes noviembre de 2014.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), José Luis Valle Magaña (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica).

(Doce rúbricas más)

Con punto de acuerdo, sobre los actos de abuso de autoridad, robo y amenazas por elementos de las fuerzas federales en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Martha Beatriz Córdova Bernal, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la carretera 57 Panamericana, en el kilómetro 300 de Chihuahua-Ciudad Juárez, un grupo de comerciantes oriundos de Juárez, Chihuahua, viajaban en un camión de pasajeros con mercancía procedente de la Ciudad de México, ya que por décadas se han dedicado a esta actividad comercial, con derechos que les otorgan los pagos correspondientes a la tesorería municipal para el uso de suelo en diferentes mercados instalados en Ciudad Juárez. Fueron interceptados por elementos de Fuerzas Federales que se encontraban a bordo de las patrullas con números económicos 10952 y 15024. Después de que los elementos de seguridad ordenaron el alto del camión, ordenaron que todos los ocupantes de camión bajaran, los comerciantes solicitaron a los oficiales que se les informara el motivo, a lo cual estos contestaron que eran instrucciones del superior. Después de ver algunas bolsas de la mercancía, ordenaron que todos subieran al camión y que los llevarían ante el ministerio público, porque a decir de los uniformados toda la mercancía que transportaban era ilegal. Cuando -llegaron a las oficinas de la PGR, ya cuando estaban ante el ministerio público los oficiales de Fuerzas Federales empezaron a bajar toda la mercancía y la pusieron a un lado del camión y en patrullas los llevaron a la Cruz Roja para que se les practicara un examen médico para saber el estado de salud de cada uno de los comerciantes.

Cuando los comerciantes regresaron ante el camión se percataron de que el total de la mercancía ya no se encontraba. El titular del ministerio público el licenciado Ismael Miguel Martínez, de la agencia V de Ciudad Juárez, empezó a realizar el inventario de lo que se encontraba al interior del camión y encontraron a dos elementos de la Fuerzas Federales revisando las bolsas particulares, de las cuales los comerciantes dicen que se les perdió dinero; el ministerio publico determinó que 17 comerciantes tenían que ser privados de su libertad hasta que le depositaran la cantidad de cuarenta y dos mil quinientos pesos, y que cuando fuera depositada esa cantidad ante él, les daría libertad junto con el 75% de la mercancía. Una vez que los comerciantes realizaron el depósito les regresaron solo el 25% de la mercancía.

A decir de los comerciantes han recibido amenazas y los están obligando a declarar de manera diferente a como sucedieron los hechos.

Cabe la pregunta, ¿si es que la mercancía que se les quitó a los comerciantes es indebida, porque se devuelve al recibir dinero el agente del ministerio público?

¿Quién faculta al Agente del Ministerio Publico a recibir dinero en un caso de investigación?

¿Qué protocolo es el que opera en los elementos de las Fuerzas Federales en este caso?

Por lo antes expuesto pongo a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que se realice la investigación del proceder de los elementos de las Fuerzas Federales en el caso expuesto.

Segundo. Se solicita a la Procuraduría General de República, para que se realicen las investigaciones pertinentes sobre el caso y que se reponga el proceder del ministerio público con respecto a los hechos antes expuestos.

Tercero. Se solicita la intervención de la Comisión de los Derechos Humanos, para que se les respete las garantías individuales a los comerciantes afectados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 10 días del mes de Noviembre de 2014.

Diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al conflicto laboral del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a cargo de la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Martha Beatriz Córdova Bernal, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En las comparecencias de la segunda glosa del informe de gobierno de los diferentes funcionarios de la administración en turno, nos han dado cifras que no concuerdan con la real situación que refieren en cada una de las dependencias, tal es el caso de la comparecencia del director de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, el maestro Benito Neme Sastré, dio a conocer cifras de avances en materia carretera, servicios a los usuarios que transitan por las vías de cuota a cargo de ese organismo Capufe.

Carreteras en buen estado, licitaciones transparentes, sólo por mencionar algo de lo que se presumió por el director de ese organismo.

Ahora bien, el sindicato nacional de trabajadores de Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos ha sido factor fundamental para la construcción, el mantenimiento mayor y menor de autopistas y puentes de cuota por muchos años, no obstante en los últimos dos sexenios su operatividad, y su funcionamiento se ha venido diluyendo por la falta de equipo y dotación de lo más elemental como sus herramientas de trabajo.

No es obra de la casualidad que algunas de estas irregularidades se deban a la adjudicación de obra a empresas particulares (beneficiando a los cuates del Ejecutivo federal) y pagando muchos millones de pesos que prácticamente son tirados a la basura, pues los mantenimientos de reencarpetamiento se realizan con materiales de muy baja calidad y lo más absurdo es que estos trabajos los hacen en temporada de lluvias, que a vuelta de año están igual o peor dichos mantenimientos y entonces sí, los trabajadores sindicalizados de Capufe arregla lo que se hizo mal por parte de la constructora.

En fecha 29 de septiembre del presente año, compareció ante esta soberanía el director de este organismo, quien al ser cuestionado sobre estos señalamientos aseguró que todos los trabajadores de caminos realizaban en totalidad sus funciones.

Sin embargo, existen oficios girados por parte del sindicato de los trabajadores de que existen alrededor de 600 trabajadores calificados y certificados para realizar sus respectivas funciones de trabajo y que no están siendo empleados por el organismo Capufe. Prácticamente está siendo desaprovechado el capital humano, por el simple hecho de seguir licitando millones y millones de pesos para favorecer a empresas constructoras. Tan solo en este ejercicio fiscal 2014, el presupuesto para este organismo fue de más de nueve mil millones de pesos a Capufe, de los cuales todos fueron licitados de manera inducida y amañada.

La administración de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a raíz de lo expuesto por el sindicato el organismo ha tomado una actitud de revancha en contra de los trabajadores.

Por tanto se presentan los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a Caminos y Puente Federales de Ingresos y Servicios Conexos a dotar de las herramientas en general y aprovechar el capital humano con el que cuenta; sin duda esto traería grandes ahorros para el gobierno federal y se evitarían pérdidas millonarias a quienes adjudican o licitan de forma irregular alguna prestación de servicios a dicho organismo.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que con base en sus facultades establezcan de manera inmediata mesas de trabajo entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes y Servicios Conexos, asimismo al organismo descentralizado Capufe, a fin de que a través del diálogo se dé respuesta a las peticiones planteadas y obtener así una solución a las mismas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2014.

Diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a constituir una comisión de verdad para esclarecer las violaciones de derechos humanos ocurridas en Guerrero, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, como de urgente u obvia resolución, conforme a las siguientes

Consideraciones

A 200 años de la proclama de Los Sentimientos de la Nación , emitida por José María Morelos y Pavón y que fuera aprobada por el Congreso de Anáhuac 13 de septiembre de 1813, en la catedral de Chilpancingo, el proyecto de transformación de México rumbo a un país soberano, como producto de la revolución independentista, está lejos de consolidarse.

En particular, sobre la población de Guerrero existe una desigualdad social sin precedentes, que sólo es equiparable con la situación que se vive en Michoacán, Chiapas y Oaxaca.

Desde la creación del estado, el 27 de octubre de 1849, los caudillos emergimos de las guerras de independencia y Reforma, impusieron su dominio personal, alejándose de las luchas que representaban e instituyéndose en la encarnación de los caciques, como figuras de gobierno, que dejaron de busca el beneficio colectivo y perseguían sólo el beneficio propio y familiar.

Guerrero, a más de una centuria y media, es manejado como un feudo por parte de los grupos caciquiles o de gobierno, que sin miramientos emplean al Ejército y a las corporaciones policiacas como guardias personales.

El periodo que en México es conocido como “guerra sucia” y que abarca década y media –desde fines de los sesenta hasta principios de los ochenta– es llamado así en referencia directa a la forma en que el Estado mexicano condujo las acciones de contrainsurgencia para contener la insurrección popular.

Las autoridades responsables de la seguridad del país implicaron al ejército mexicano en actos contrarios al honor, a la ética y al derecho.

Actos de tal suerte que implican crímenes de lesa humanidad, que demandan del Estado mexicano que los responsables sean llevados a juicio, se les castigue y se forjen condiciones de no repetición.

Durante este periodo se configuró un grave esquema de acciones que implican las instituciones del Estado. Las instituciones militares, las de procuración y administración de justicia y las de representación popular fueron utilizadas como estructuras criminales, haciendo uso de sus recursos y cobijo, cometiendo con ellos crímenes de manera sistemática que agraviaron a diversos sectores de la población, llevando a prisión a los principales líderes de dichos movimientos.

Al Ejército se le permitió realizar operaciones de contrainsurgencia en un contexto que el derecho internacional humanitario reconoce como conflicto interno , donde se cometieron terribles crímenes que transgreden el orden constitucional nacional y el orden internacional, por lo que son considerados como de lesa humanidad e imprescriptibles.

Ante estos hechos no debe sorprendernos que desde los tiempos independentistas y hasta nuestros días, Guerrero sea cuna de movimientos sociales, magisteriales, estudiantiles, gremiales, políticos y armados, que hablan de la resistencia y valores de un pueblo que no se rinde y que tiene un valor inagotable.

Desde la fundación de la Asociación Cívica Guerrerense, por el maestro Genaro Vázquez Rojas, para luchar contra los bajos precios que pagaban las empresas norteamericanas al comprar la copra (médula del coco de la que se extrae aceite) y otros productos agrícolas; y con la posterior fundación de la Central Campesina Independiente (organización agraria de nivel nacional) y la Acción Cívica Nacional Revolucionaria, los grupos comenzarían a organizarse en su lucha contra la represión gubernamental sistémica.

Otro maestro, Lucio Cabañas Barrientos, trata de organizar políticamente al pueblo en Atoyac, Costa Grande, a través del Partido de los Pobres, una forma de organización estudiantil y campesina en lucha contra los terratenientes que explotan a los campesinos.

En sus clases, el maestro rural exhorta a sus alumnos a la instalación de un nuevo régimen, en el que no tuvieran cabida los ricos y en el que se expropiaron las fábricas para cederlas a los trabajadores, proponiendo, además, reformas financieras, judiciales, educativas y sociales enfocadas al bienestar de los trabajadores, campesinos y mujeres, y el cambio de la política de dependencia de México hacia Estados Unidos. Todo esto provoca su expulsión del estado a una escuela de Durango durante un tiempo, antes de regresar gracias a la presión de sus alumnos.

Estos dos hechos fueron el inicio de la lucha guerrerense moderna, por terminar las opresiones ancestrales que sufre la población.

En los años siguientes, Lucio Cabañas Barrientos opera en la costa guerrerense. Sus brigadas campesinas justicieras atacan a batallones del Ejército Mexicano y unidades de la policía, robando bancos y secuestrando hacendados, ganaderos y comerciantes, manifestándose siempre contra el gobierno local. Se convierte en uno de los principales enemigos del gobierno, y por eso el Ejército Mexicano no deja de buscarlo.

El 22 de abril de 1968, Genaro Vázquez Rojas, quien había sido detenido, es liberado de la cárcel por un comando armado integrado por sus compañeros. A partir de esta fecha sigue luchando desde la clandestinidad y con las armas, para ser muerto el 2 de febrero de 1972, como consecuencia del acoso en la carretera México-Morelia. Tenía 35 años.

Posteriormente, el 30 de mayo de 1974, el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas Barrientos secuestra al senador priista y candidato a gobernador Rubén Figueroa Figueroa para presionar al gobierno. Lo liberan 100 días después, el 8 de septiembre, tras la entrega de 50 millones de pesos.

Poco después, Lucio Cabañas Barrientos y sus hombres se refugian en Tecpan de Galeana. El entonces secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz, lanza contra él más de 5 mil soldados. Un primer enfrentamiento con los soldados tiene lugar el 11 de octubre de 1974 en el cerro Achotla, del cual Lucio logra escapar con tres heridas en la pierna izquierda. El Ejército Mexicano lo pierde de vista durante varias semanas. El 30 de noviembre, gracias a un delator, los soldados encuentran de nuevo a los rebeldes. Lucio tiene 17 bajas, pero logra escaparse otra vez, con 3 de sus milicianos.

Sin embargo, el comandante de la XXVII Zona Militar, general Eliseo Jiménez Ruiz, toma como rehenes a 4 chicas de 16 a 20 años en el pueblo de Guayabito y amenaza con torturarlas, violarlas y matarlas si nadie le informa sobre el paradero del guerrillero. Al día siguiente, el comisario municipal de Guayabito revela al general el lugar donde se encontraba Lucio, dándole muerte el 2 de diciembre de 1974.

Guerrero es claro ejemplo de que la lucha social es reprimida por todos los medios, y que lejos de llevar a los dirigentes a juicios justos, sin ser torturados y empleando los máximos estándares de justicia, se prefiere su eliminación por medio de la violencia y la amenaza.

Años después, ante la crisis de seguridad por el crecimiento incontrolable de las organizaciones criminales en los 81 municipios de Guerrero y frente a la ineficiencia, la arbitrariedad y complicidad con la que se ha comprobado en reiteradas ocasiones que actúan las corporaciones policíacas, el Ejército y la Marina, amplios sectores de la población han optado por organizarse y por asirse a sus propios mecanismos de defensa, creando sus grupos de autoprotección, al margen de las autoridades oficiales.

Los grupos de autodefensa que han surgido en el estado son la expresión del fracaso de las políticas de seguridad implementadas desde las altas esferas del poder, que no han atendido los reclamos y propuestas de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos.

Las autodefensas son, en resumidas cuentas, la respuesta contundente e una población mayoritariamente pobre que ante las fallas del gobierno, de los tres niveles, que ha dejado de lado la responsabilidad de velar por la vida y la seguridad de las personas.

En 2011 se comenzó a registrar el desplazamiento forzado de familias guerrerenses por la violencia ejercida por diversos grupos criminales y los casos se centraron particularmente en comunidades ubicadas en parte de la sierra.

El primer caso reconocido se dio en abril 2011, en donde después de cerca de una decena de hechos violentos, entre emboscadas, asesinatos y la desaparición de un ambientalista, 107 personas fueron desplazadas de las comunidades serranas de La Laguna y Morena, en el municipio de Coyuca de Catalán, y reubicadas en Las Ollas, en Petatlán.

Esos casos fueron reconocidos por la federación y por el propio gobierno estatal, que incluso prestó ayuda a estas familias para su éxodo a través de la Subsecretaría de Protección Civil.

Después, en diciembre de 2012, 105 personas dejaron también sus hogares a causa del asesinato de un activista y las amenazas recibidas en las comunidades de La Laguna y Hacienda de Dolores, también en la Tierra Caliente guerrerense. Los casos continuaron en los siguientes años y el 18 de julio del 2013, al menos 500 personas fueron desplazadas de San Miguel Totolapan, en la misma zona del estado.

Las amenazas de secuestro y robo, y extorsiones por el crimen organizado también provocaron que, en el inicio del ciclo escolar de 2011 –31 de agosto–, más de 600 maestros en Acapulco pararan labores.

Maestros y administrativos de 140 planteles escolares de preescolar, primaria y nivel secundaria suspendieron actividades luego de que grupos criminales les exigieran 50 por ciento de su salario y de su aguinaldo, según informaron los trabajadores docentes.

Dos meses y medio después, tras al menos cinco marchas y la exigencia directa al gobernador Aguirre, los docentes acordaron regresar a las aulas pero con el resguardo de mil 500 policías privados, que fueron contratados por el Ejecutivo estatal y desplegados en los planteles ubicados en las zonas más inseguras.

El 12 de diciembre de 2011, cuando Ángel Aguirre tenía sólo ocho meses como gobernador del estado, enfrentó su primera crisis con estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Alumnos de la institución bloqueaban la Autopista del Sol a la altura de Chilpancingo, cuando se enfrentaron con los policías estatales y federales enviados a desalojarlos, mismos que vestidos de civiles, dispararon contra los jóvenes.

En estos hechos murieron dos normalistas: Jorge Alexis Herrara Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. Por este caso, la CNDH emitió una recomendación por violaciones graves a los derechos humanos en la que pidió al gobierno estatal implementar medidas para evitar la repetición de este tipo de hechos; en tanto compañeros de los estudiantes muertos exigieron juicio político contra Aguirre, lo cual no avanzó en el congreso local.

El 5 de enero de 2012, habitantes de Ayutla, en la región de la Costa Chica de Guerrero, formaron el primer grupo de autodefensa para combatir el crimen en su comunidad.

Una semana después se sumaron pobladores de las comunidades de Tecoanapa y San Marcos. Para marzo de 2012, estos policías comunitarios ya cubrían 107 comunidades de 13 municipios en todo Guerrero.

Actualmente, estos grupos de autodefensa se organizaron en incorporaron en la Unión de Pueblos y Organización del Estado de Guerrero y en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, grupo que había surgido hace 18 años tras la matanza de campesinos en Aguas Blancas, en Atoyac.

En 2013, el gobernador Aguirre solicitó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, desplegar una “vigilancia especial” en los límites entre Guerrero y Michoacán.

Después de esto, el 19 de mayo en el municipio de Apaxtla, 12 personas murieron en un ataque de hombres armados; otro sucedió seis días más tarde en la misma localidad cuando un grupo armado ingresó a la cabecera municipal, quemó dos vehículos –entre ellos el del chofer del alcalde– y secuestró a dos personas.

Casos similares siguieron ocurriendo en meses posteriores: el 2 de julio del 2013, 17 personas fueron secuestradas en el municipio de Cocula; el 19 de julio, un comando vestido con ropa militar se llevó una cantidad desconocida de hombres en diversas comunidades serranas y quemaron viviendas de quienes opusieron resistencia.

Además de la inseguridad, los fenómenos naturales golpearon Guerrero, así ocurrió a mediados de septiembre de 2013, cuando el huracán Manuel llegó a la entidad y causó fuertes lluvias que derivaron en inundaciones, deslaves, daños materiales y la muerte de al menos 101 personas.

Ésta es la segunda agresión grave en contra de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que ha hecho que los reflectores nacionales e internacionales develen la grave problemática de Guerrero, reflejo de la crisis humanitaria, de seguridad y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que enfrenta el país.

El 26 de septiembre, policías del municipio de Iguala dispararon contra un grupo de estudiantes que viajaba en autobuses, mataron a tres (y a otros tres civiles), persiguieron a los restantes, los capturaron y, apoyados por agentes de Cocula, se los llevaron a algún paraje.

Desde entonces se desconoce el paradero de 43 normalistas, una situación que ha causado preocupación de organismos internacionales, protestas y la exigencia de familiares y ciudadanos para que se les encuentre con vida.

La PGR afirma que sus investigaciones apuntan a que el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ordenó que los policías “enfrentaran” a los jóvenes para evitar que llegaran a un evento de su esposa y realizaran una protesta en el lugar.

Abarca y su esposa son señalados como operadores del grupo delictivo Guerreros Unidos y permanecen prófugos, en tanto Aguirre recibió críticas por la inseguridad en Guerrero y por su manejo el caso. Finalmente, la presión en torno a este tema lo llevó a pedir licencia del cargo el jueves 23 de octubre del presente año.

El pasado domingo 26 de octubre, exactamente a un mes de la desaparición de los 43 estudiantes, Rogelio Ortega Martínez rindió protesta como gobernador interino de Guerrero, en medio de la crisis más grave en la que se ha encontrado el estado, sin que hasta la fecha se pueda considerar que el gobierno guerrerense, la seguridad y justicia para todos los habitantes de dicho estado se encuentre en vías de franca reconstrucción.

A más de 40 días del asesinato de seis personas y la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el gobierno de Enrique Peña Nieto no tiene una investigación sólida, no ha confirmado el destino de los estudiantes desaparecidos, no tiene pruebas contundentes contra los presuntos responsables y no ha logrado capturar a todos los sospechosos.

El viernes 7 de noviembre, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, presentó un nuevo informe sobre el caso.

Pese a admitir que no tiene pruebas periciales concluyentes, dio a entender que los estudiantes habían sido asesinados y calcinados; dijo tener “plenamente identificados y acreditados a los policías de Cocula e Iguala” que participaron en los hechos y afirmó haber arrestado, en total, a 52 presuntos responsables, incluyendo 22 policías de Iguala que aún están siendo procesados bajo el fuero común.

El gobierno federal pretende mostrar a la opinión pública un caso resuelto con solidez. Pero en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales –radicado en Tamaulipas, donde se lleva la causa penal por secuestro y actos de delincuencia organizada contra los estudiantes–, la PGR tiene problemas para sostener el caso, único instrumento legal para hacer justicia a los normalistas asesinados o desaparecidos.

Ante el panorama político evidentemente enrarecido en Guerrero, y ante la falta de soluciones a los problemas aquí mencionados, y los que se desvelan a la luz de las investigaciones sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, queda clara la necesidad de la colaboración de todos los niveles de gobierno y los Poderes de la Unión.

Todas las víctimas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada tienen derecho a la verdad.

Obtener la verdad sobre los crímenes es vital para que las víctimas directas conozcan toda la verdad sobre los crímenes de que han sido objeto, así como las razones que los motivaron, y para que se reconozca públicamente su sufrimiento. Además, la verdad es necesaria para desmentir toda acusación falsa que haya podido formularse contra ellas durante la comisión del delito.

También lo es para que los familiares, especialmente de víctimas de homicidio o de personas desaparecidas, averigüen qué les ocurrió a sus seres queridos y conozcan su paradero.

El pleno ejercicio del derecho a la verdad permite que la sociedad afectada conozca las circunstancias y las razones que llevaron a que se perpetraran las violaciones, de modo que se garantice que no se repetirán, y para que se reconozca y preserve la experiencia colectiva de los crímenes sufridos.

En más de 30 países se han creado comisiones de la verdad: organismos de investigación oficiales, temporales, no judiciales, encargados de indagar sobre una constante de abusos contra los derechos humanos, incluidos los crímenes contra el derecho internacional, y de determinar la verdad. La mayoría concluye su trabajo con un informe final en el que se recogen los resultados de la investigación y se formulan recomendaciones.

Algunos de los casos más relevantes de comisiones de la verdad han surgido para esclarecer crímenes de derecho internacional en diversos países, incluidos diversos Estados de América Latina, que han logrados esclarecer diversos delitos, como los que se mencionan a continuación:

• Argentina: Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, 1983.

• Bolivia: Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos Forzados, 1982.

• Ecuador: Comisión Verdad y Justicia, 1996; Comisión de la Verdad, 2007.

• El Salvador: Comisión de la Verdad, 1992.

• Guatemala: Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han Causado Sufrimientos a la Población Guatemalteca, 1997.

• Panamá: Comisión de la Verdad, 2001.

• Paraguay: Comisión de la Verdad y la Justicia, 2003.

• Perú: Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2000.

• Uruguay: Comisión Investigadora sobre la Situación de Personas Desaparecidas y Hechos que la Motivaron, 1985; y Comisión para la Paz, 2000.

En un país donde se han cometido crímenes contra el derecho internacional, como es el caso de México, una comisión de la verdad es indispensable para centrar su atención en las víctimas, y defender el derecho de éstas a la verdad, justicia y una reparación plena.

Fundado y motivado en las consideraciones expuestas, se somete a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a crear una comisión de la verdad, integrada por personas expertas en derechos humanos, intelectuales, integrantes de la academia de reconocido prestigio y organizaciones no gubernamentales, todos sin vínculos partidistas, que tenga la finalidad de esclarecer en lo posible los hechos relativos a las violaciones de derechos humanos ocurridas en Guerrero, a fin de contribuir con las pruebas reunidas durante sus trabajos al desarrollo de las investigaciones y actuaciones penales judiciales que ya estén en marcha y de otras nuevas; y formular recomendaciones efectivas para proporcionar una reparación plena a las víctimas y a sus familiares.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2014.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del gobierno del DF, de la PGR y de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión a realizar diversas acciones sobre los presuntos actos delictivos perpetrados en agravio del diario digital Sin Embargo, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; Elena Tapia Fonllem y Víctor Nájera Medina, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, así como Loretta Ortiz Ahlf, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; integrantes de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La organización internacional Reporteros sin Fronteras, dedicada a promover y defender la libertad de información, colocó este año a la libertad de expresión en México en “situación difícil ” de acuerdo al mapa que anualmente difunde para reflejar la situación de la libertad de expresión a nivel mundial.

México se ubicó dentro de los países marcados con color rojo, lo que significa que las personas que ejercen el periodismo enfrentan una difícil situación para ejercer su profesión con seguridad, señalando a México como una de las naciones más peligrosas para las y los periodistas.

Por su parte, Artículo 19, una organización independiente de derechos humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión, señala que en México han sido asesinados 102 periodistas desde el año 2000 a la fecha, imputables tanto al crimen organizado como a funcionarios públicos. Cada uno de estos 102 casos es reconocido por la Procuraduría General de la República.

De acuerdo a esta organización, entre enero y junio de 2014, ocurrieron 66 agresiones físicas, 28 amenazas y 17 acciones legales en las que el principal agresor, en 43 por ciento de los casos, fue un funcionario público.

En tanto, la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declara que 98 por ciento de las agresiones a comunicadores ha quedado impune.

En este marco de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las personas que ejercen el periodismo en nuestro país, SinEmbargo , un diario digital que privilegia el periodismo de profundidad y de investigación con foco en todas las esferas de poder, sin excepción, el cual en tan sólo tres años ha recibido premios y reconocimientos nacionales y extranjeros, como el PEN México 2013, el Nacional de Periodismo o el Daniel Pearl, ha sido blanco de diversos ataques, relacionados con el ejercicio de su profesión.

Citado por The New Yorker , una de las publicaciones más prestigiosas del mundo, como el portal de periodismo digital de más influencia en México, con 250 mil usuarios únicos por día, SinEmbargo , sitio en el que trabajan actualmente 40 periodistas se ha convertido en un espacio de crítica y denuncia al que la ciudadanía se ha dirigido en busca de información que muchas veces no aparece en medios tradicionales. SinEmbargo se ha convertido en un portal incómodo para autoridades federales y regionales.

Los ataques comenzaron al ser publicado el reportaje “Aficionados a la caza, a lucrar con animales y a contaminar, los del PVEM son todo menos ecologistas”, el 15 de noviembre de 2012. En este documento, SinEmbargo exhibió fotografías en que el delegado de Cuajimalpa por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, Adrián Rubalcava , aparece vestido con atuendo de camuflaje y sosteniendo un arma de alto poder.

Las exigencias para que las fotografías fueran retiradas del portal no se hicieron esperar. En Twitter, supuestos simpatizantes de Rubalcava han realizado cuestionamientos de carácter moral e incluso delictivo contra Alejandro Páez Varela, director de contenido, y contra el director general de SinEmbargo , Jorge Zepeda Patterson, sin fundamento alguno.

Aunado a estos hechos, una persona asistió a la oficina de dicho portal, en presunta representación del abogado del delegado, para exigir en tono amenazante, que retirasen de la página las fotografías de Rubalcava.

El nombre del presunto representante corresponde a Alejandro Rojo , quien ha señalado representar a una persona llamada Héctor Dither Villa Chávez , quien presuntamente trabaja para Rubalcava.

Cuestionado sobre la identidad de este individuo, Alejandro Páez Varela, comentó al portal Zeta 1 que a todas luces Héctor Dither Villa Chávez es una persona ficticia, al no existir registro alguno por el que pueda ser localizable, mucho menos una petición de registro de fotografías ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).

La localización e investigación del abogado Alejandro Rojo es la clave para dar con el autor intelectual de esta serie de ataques, considera Páez Varela. Por su parte, Zepeda Patterson asegura que quien se encuentra tras los ataques tiene el suficiente poderío económico para realizar una ofensiva a esta escala y que pretende no sólo perjudicar al portal, sino la carrera política de Adrián Rubalcava.

Al respecto, el funcionario mismo se deslindó de las amenazas al sitio web y a sus empleados, comprometiéndose a presentar una denuncia con relación a la intervención, en su nombre, de una tercera persona que no conoce.

No obstante, desde el 8 de octubre de 2014 SinEmbargo ha sido blanco de una campaña desplegada sobre todo en redes sociales (Twitter y Facebook) que ha incluido la difamación y el desprestigio. Además, en sus oficinas han recibido amenazas vía telefónica, mensajes de correo y en los foros de comentarios en el propio sitio. Estas amenazas, algunas veces, han sido de muerte.

Los ataques al portal de noticias incluyen el hackeo de la cuenta de Facebook de la cantante mexicana Belinda, que cuenta con 7.5 millones de usuarios, y desde la cual se realizaron ataques al medio, así como desde su cuenta oficial de Twitter, que tiene 3.3 millones de seguidores, desde la que se acusó a Páez Varela de ser un violador, esto sin fundamento.

“Nosotros no tenemos certeza de quién está detrás de los ataques”, aseguró a Zeta Páez Varela y agregó que el delegado ha mostrado la mejor disposición de cooperar en las investigaciones, al ofrecer a las autoridades correspondientes el acceso a todos los celulares del personal a su cargo.

“En México se puede matar a un periodista sin mayores consecuencias”, señaló este directivo de SinEmbargo , aunque mencionó que las amenazas a periodistas resultan poca cosa al compararse con otras situaciones como la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero.

Una denuncia por los hechos fue presentada ante la Procuraduría General de la República por el equipo legal de Artículo 19. Esta situación también se dio a conocer a la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) el 27 de octubre, para que las autoridades capitalinas asuman las medidas de protección a los periodistas. No obstante, éstas todavía no han sido implementadas.

La paciencia, recursos y habilidades tecnológicas empleadas revelan que la lucha política y las agresiones a los medios de información han entrado en una nueva dimensión.

Estos episodios son parte de la descomposición institucional y social que padece el país. La falta de condiciones para que la ciudadanía viva en una sociedad libre y con seguridad, también ha golpeado ahora a las personas que colaboran en SinEmbargo .

Las formas de intimidar a quienes difunden información a través de plataformas digitales va en aumento, y la experiencia de SinEmbargo constituye una preocupante lección de las nuevas formas que asumirá la agresión político-cibernética en contra del periodismo digital.

A su vez, resulta la primera agresión cometida contra la funcionalidad entera de un medio de alcance nacional, y es la primera vez en que un ataque realizado con el fin de intimidar una publicación ocurre en el Distrito Federal, lo que representa un avance en la pretensión censora de quienes se suponen por encima de la ley.

El ataque representa una doble violación a la Constitución pues pretende impedir el derecho a informarse de manera plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, como lo establece expresamente el artículo 6o. constitucional.

Es importante, por lo tanto, hacer un llamado a las autoridades de cumplir y hacer cumplir el derecho inalienable de la libre circulación de ideas y de advertir del castigo al que se debe someter a los responsables de agredir al medio de comunicación de referencia.

Hoy se reitera el llamado a las autoridades de la república y del Distrito Federal a garantizar la libertad y la seguridad de los periodistas.

México es país firmante de diferentes instrumentos que garantizan la libertad de expresión, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, que establecen el derecho a la información en sus artículos 19 y 13 respectivamente; también hay que destacar la Declaración de Chapultepec, celebrada en nuestro país el 11 de marzo de 1994 en cuyo cuerpo se lee “Sólo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre. Sólo mediante la práctica de estos principios será posible garantizar a los ciudadanos y grupos su derecho a recibir información imparcial y oportuna.

Sólo mediante la discusión abierta y la información sin barreras será posible buscar respuestas a los grandes problemas colectivos, crear consensos, permitir que el desarrollo beneficie a todos los sectores, ejercer la justicia social y avanzar en el logro de la equidad. Por esto, rechazamos con vehemencia a quienes postulan que libertad y progreso, libertad y orden, libertad y estabilidad, libertad y justicia, libertad y gobernabilidad, son valores contrapuestos.

Sabemos que no toda expresión e información pueden encontrar acogida en todos los medios de comunicación. Sabemos que la existencia de la libertad de prensa no garantiza automáticamente la práctica irrestricta de la libertad de expresión. Pero también sabemos que constituye la mejor posibilidad de alcanzarla y, con ella, disfrutar de las demás libertades públicas.

Sin medios independientes, sin garantías para su funcionamiento libre, sin autonomía en la toma de decisiones y sin seguridades para el ejercicio pleno de ella, no será posible la práctica de la libertad de expresión. Prensa libre es sinónimo de expresión libre.

Allí donde los medios pueden surgir libremente, decidir su orientación y la manera de servir al público, allí también florecen las posibilidades de buscar información, de difundirla sin cortapisas, de cuestionarla sin temores y de promover el libre intercambio de ideas y opiniones. Pero, cuando con el pretexto de cualesquiera objetivos se cercena la libertad de prensa, desaparecen las demás libertades”.

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

Primero. Expresa su más enérgica condena contra los actos de intimidación, difamación en contra del medio de comunicación electrónico SinEmbargo y de sus integrantes, y expresa su compromiso con el respeto irrestricto a la libertad de expresión y la garantía de condiciones adecuadas para el ejercicio del periodismo.

Segundo. Exhorta respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, gire instrucciones a las dependencias competentes para que procedan a investigar los presuntos actos delictivos dirigidos contra el medio de comunicación electrónico SinEmbargo , y adopte las medidas necesarias que garanticen el ejercicio de la libertad de expresión en condiciones de seguridad para los integrantes de dicho medio.

Tercero. Exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República a que en el ámbito de sus atribuciones atraiga la investigación de los presuntos actos delictivos dirigidos contra el medio de comunicación electrónico Sin Embargo mediante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión.

Cuarto. Solicita a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, integrar y hacer público un informe de los casos que tiene a su cargo, en donde incluya el estatus procesal de cada caso, a efecto de contar con información oportuna sobre las denuncias que tiene registradas.

Nota

1. http://zetatijuana.com/noticias/ezenario/12008/no-tenemos-certeza-de-quien-esta-detras-de-los-ataques-sinembargo#sthash.VTdoow8N.dpuf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2014.

Diputados: Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja.

Con punto de acuerdo, relativo a los casos de desaparición forzada de personas ocurridos en Allende, Coahuila, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Desde el inicio de la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, se inició una acción que marcaría al país desde ese momento y que nombro “la guerra contra el crimen”, conflicto bélico que desgraciadamente para el país dejó –en esa administración– cerca de ciento veintiún mil muertos de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. A estas lamentables estadísticas se suman las de la actual administración federal que encabeza Enrique Peña Nieto cuyos números fatales suman cerca de cincuenta y siete mil muertos.

También debemos sumar las que son consideradas como desapariciones forzadas mismas que de acuerdo al Centro de Análisis e Investigación Fundar, oscilan en veintidós mil tanto de la administración actual y la anterior, situación que agrava el entorno social del país.

Entre marzo y agosto del año dos mil once, en el municipio de Allende, Coahuila se perpetraron, desde la más oscura y perversa relación entre el crimen organizado y el Estado, centenares de desapariciones forzadas realizadas por el grupo criminal denominado Los Zetas. Hechos que contaron con la complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno ya que éstas omitieron prestar uno de los derechos humanos fundamentales, el derecho a la vida.

En marzo de 2011, este pueblo de 20 mil habitantes padeció una masacre que apenas ahora es investigada por las autoridades. Comandos de Los Zetas saquearon y destruyeron medio centenar de edificaciones, al tiempo que secuestraron, según se calcula, a 300 personas durante aquella primavera. Todo esto sucedió en silencio y bajo encubrimiento oficial.

Los comandos relatan testigos llegaban a los domicilios y detenían a todas las personas que se encontraban ahí, llevándose también los objetos de mayor valor, como dinero en efectivo y joyas. Luego dejaban que los vecinos y demás habitantes del pueblo rapiñaran lo que había quedado llevándose también desde macetas hasta refrigeradores.

Una vez acabado el saqueo colectivo, Los Zetas demolían las casas. En algunos casos utilizaban granadas y en otras llegaban directo con mazos y máquinas de construcción. El ataque duró varios días y la policía municipal participó tanto en el ataque como en el pillaje. Al cabo de una semana, los restos de las casas destruidas en el centro de Allende se amontonaban por doquier. Bloques de cemento gris y vigas de acero dobladas y negras por el fuego aún pueden observarse luego de tres años.

La omisión del entonces gobernador del estado, Jorge Torres López, quién sustituyó de forma interina a Humberto Moreira Valdés que había dejado en ese momento el cargo de gobernador del estado, para ocupar la presidencia nacional del PRI, la entonces procuradora general de la Republica Marisela Morales y por supuesto del presidente municipal de extracción panista, Sergio Alonso Lozano Rodríguez, que permaneció sin actuar a pesar enfrente al palacio municipal un domicilio fue destruido y saqueado.

Aunque existe abierta la averiguación previa CEIYCS/012/2011 el gobierno de Moreira Valdez ha sido incapaz de esclarecer los hechos, por lo que resulta necesaria la intervención del gobierno federal para cumplir la función que el Estado tiene para con las víctimas y los familiares de estas, en sentido de impartir justicia y garantizar la reparación adecuada bajo los estándares internacionales.

En estos lamentables hechos que avergüenzan al país, –como ahora lo es la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero–, el gobierno federal y el estado de Coahuila han mantenido total hermetismo, todo ello con la intención de buscar que se queden en la impunidad estos crímenes de lesa humanidad, motivo por el cual consideramos necesario que el Gobierno Federal, atraiga a través de la Procuraduría General de la República la investigación para esclarecer estos lamentables hechos.

Por lo expuesto y fundado solicito a esta honorable asamblea

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al procurador general de la República licenciado Jesús Murillo Karam para que en el ámbito de sus respectivas competencias atraiga la investigación para esclarecer los hechos de desapariciones forzadas de personas ocurridos en el municipio de Allende, Coahuila entre marzo y agosto de 2011; y a que integre y haga públicos los resultados de dicha investigación.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobernador de Coahuila, licenciado Rubén Ignacio Moreira Valdez, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, realice los esfuerzos y acciones de cooperación que se requieran, a fin de que la procuraduría general de la República pueda esclarecer los hechos de desapariciones forzadas de personas ocurridos en el municipio de Allende, Coahuila.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a que inicie una investigación para esclarecer los hechos de desapariciones forzadas de personas ocurridos en el municipio de Allende, Coahuila.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2014.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJE de Oaxaca a determinar el paradero del alcalde de San Baltazar Chichicapam, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente.

Exposición de Motivos

El pasado jueves 6, aproximadamente a las 15:00 horas, el alcalde de San Baltazar Chichicapam, Oaxaca, Carlos Vázquez Rebollar, ordenó a sus primos que atacaran a balazos contra las y los pobladores del lugar, dando como resultado que, al menos, 17 personas sufrieran lesiones, entre ellas mujeres y niños.

La balacera, en la que participaron tres primos del presidente municipal priista, inició cuando un grupo de ciudadanos se disponía a protestar en una marcha contra el edil, desconocido por los habitantes durante una asamblea el pasado 5 de octubre por presunto enriquecimiento ilícito.1

Tras haber dado la orden de disparar contra la población, Vásquez Rebollar escapó; sin embargo, los tres agresores, identificados como Severino, Tomás y Adolfo Vázquez Santiago, de 37, 23 y 30 años, fueron detenidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Cabe señalar que los ciudadanos del municipio de San Baltazar Chichicapam habían destituido simbólicamente al alcalde el pasado 5 de octubre. A través de una asamblea, donde lo acusaron de desvío de recursos y lo señalaron por tener varios autos nuevos, además de haber remodelado su casa recientemente, se decidió desconocerlo como autoridad del municipio.

Ese mismo día, unos 20 habitantes tomaron el palacio municipal para exigir a las autoridades del estado que atiendan la situación.2

Como bien sabemos, estos hechos se enmarcan en un lamentable escenario en el cual nuestro país está presenciando más violencia, inseguridad y ataques en contra de la ciudadanía por parte de instituciones de gobierno o elementos policiales, del Ejército o Marina Nacional que, en muchas ocasiones, se encuentran coludidos e infiltrados por personas relacionadas con el crimen organizado; tal y como sucedió en el terrible caso de los normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” el pasado mes de septiembre y que, ha conmocionado al país y a nivel internacional por representar y visibilizar la crisis humanitaria por la que México atraviesa.

Es por ello y, comprendiendo la urgencia por hacer valer el Estado de derecho en nuestro país y con ello, garantizar la paz, seguridad y tranquilidad de las y los mexicanos, presentamos a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General del Estado de Oaxaca a dar con el paradero de Carlos Vázquez Rebollar, alcalde de San Baltazar Chichicapam, quien ordenó un ataque en contra de los pobladores y fincar las responsabilidades correspondientes por estos hechos.

Notas

1 Proceso, “Alcalde priista de Oaxaca ordena disparar contra pobladores; reportan 17 heridos”, [en línea], México, dirección URL: http://www.proceso.com.mx/?p=387054

2 Sin Embargo, “Edil priista de Oaxaca ordena disparar a ciudadanos; hay 17 heridos y él ya se fugó”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.sinembargo.mx/08-11-2014/1163505

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de noviembre de 2014.

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a integrar una mesa de diálogo entre las integrantes de Cosmogar, AC; la empresa Avon Cosmetics, SA de CV; y el IMSS para atender lo relativo al reconocimiento de las mujeres que laboran como representantes de la segunda y de su derecho de afiliación al régimen obligatorio de seguridad social, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Luisa María Alcalde Luján, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a integrar una mesa de diálogo entre las integrantes de Cosmogar, AC, la empresa Avon Cosmetics, SA de CV, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a fin de atender su problemática sobre el reconocimiento como trabajadoras de las mujeres que laboran tiempo completo como representantes de Avon, y les sea reconocido su derecho de afiliación al régimen obligatorio del IMSS, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las últimas décadas han sido el escenario de profundas transformaciones en el mundo del trabajo. El peso de esta reestructuración y los efectos de la crisis económica han afectado a las y los trabajadores en general, pero sin duda han tenido un impacto mayor en las mujeres, quienes se han incorporado a la actividad productiva y laboral de manera permanente.

En 1970, sólo 1 mujer por cada 4 hombres desempeñaba una actividad extra doméstica. Para el 2014, 2.2 mujeres por cada 4 hombres están insertas en el mercado laboral (Inegi, ENOE primer trimestre 2014).

A pesar del aumento en la incorporación de las mujeres en la actividad laboral, esto no se ha traducido en mejoras en sus condiciones laborales ya que los puestos que ocupan son poco calificados, precarios y se ubican fundamentalmente en el sector de los servicios. Ejemplo de esta precariedad es que, a pesar de que la seguridad social es una obligación ineludible para los patrones que puede llevar incluso a una responsabilidad penal, el número de mujeres ocupadas que no cuentan con acceso a la salud asciende a más de 10.8 millones (Inegi 2009).

Entre estas trabajadoras se encuentran las “representantes de Avon Cosmetics”, empresa que las sujeta a un contrato de comisión mercantil para negarles su calidad de trabajadoras, lo que le ha permitido a la trasnacional evitar el pago de salarios base, vacaciones, aguinaldo, entre otras prestaciones, y omitir la afiliación de estas mujeres trabajadoras ante el IMSS y el Infonavit.

Es lamentable que todas las trabajadoras de Avon hayan sido consideradas “agentes de comisión mercantil independiente” reguladas por el derecho mercantil y no por el laboral, cuando la Ley Federal del Trabajo establece muy claramente que la comisionista se conceptuará como “trabajadora” cuando realiza su labor de manera personal y permanente.

Queda claro que este último concepto se tendría que aplicar a las “representantes de Avon” que trabajan de tiempo completo y permanentemente para dicha empresa, por lo cual quedarían amparadas por las leyes laborales conforme al Capítulo IX, artículos 285 al 291, de la LFT.

La empresa trasnacional “Avon Cosmetics” tiene contratadas a aproximadamente 400 mil trabajadoras mexicanas. Algunas de ellas desarrollan su oficio en la modalidad de subocupadas, mientras que otras laboran de tiempo parcial o de medio tiempo para apoyar de ese modo el gasto familiar. Sin embargo, una parte importante de este grupo de mujeres trabajadoras labora tiempo completo y de manera permanente, y siendo madres solteras, viudas y cabezas de hogar, necesitan un salario suficiente que garantice cubrir las necesidades básicas de la familia.

Para que las representantes de Avon aspiren a ganar un salario digno, tienen que alcanzar las metas de ventas que establece Avon, metas que, además, deben ser cubiertas en las diecinueve campañas anuales. Estos estándares son establecidos unilateralmente por la empresa, y para alcanzar los niveles más altos dentro del escalafón de metas, las vendedoras tienen que trabajar tiempo completo. Al desempeñar su trabajo de manera permanente, las representantes de Avon tendrían que ser consideradas trabajadoras de acuerdo a la LFT.

En 1972, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la empresa Avon celebraron un primer convenio en el que se establecía que las agentes comisionistas que alcanzaran ingresos mínimos de 500.00 pesos por campaña debían ser dadas de alta en el IMSS. Dicho límite se fue ajustando hasta 1996, año en que fue firmado el último convenio. Hasta entonces, el seguro otorgado a las trabajadoras cubría solo la atención médica y jubilación.

En septiembre del 2004, el IMSS notificó a la empresa que el convenio dejaría de tener efectos el 15 de noviembre del 2004 en virtud de que las trabajadoras ya cumplían con los requisitos legales de remuneración, permanencia y subordinación que les daba derecho a ser inscritas en el régimen obligatorio. El IMSS también argumentó que la empresa no pagaba cuotas de acuerdo a las percepciones reales de sus representantes de ventas. Sin embargo, Avon se negó a aceptar sus responsabilidades y notificó a las trabajadoras que a desde el 15 de noviembre del 2004 se cancelaría la afiliación de las 27 mil trabajadoras que ya contaban con seguridad social, del total de 450 mil, argumentando que había sido el propio IMSS y no la empresa la que había dado por terminado el convenio.

Al ver violentados sus derechos laborales, las representantes de Avon iniciaron un movimiento para que éstos les fueran reintegrados: marchas, manifestaciones, conferencias de prensa, reuniones con la empresa, cartas a las autoridades laborales, e incluso al Presidente de la República, fueron algunas de las acciones que llevaron a la empresa a darlas de alta nuevamente en el IMSS el 8 de febrero del 2005.

Sin embargo, en octubre del 2006 se celebró sorpresivamente un nuevo convenio entre la empresa y el IMSS, en donde se dictaminó que las trabajadoras debían ser consideradas comisionistas mercantiles. Este convenio no tuvo aplicación retroactiva, por lo que desde esa fecha se mantienen afiliadas al régimen obligatorio las 23 mil trabajadoras en los términos del convenio anterior. Sin embargo, las trabajadoras restantes y las que en un futuro se incorporen como representantes de Avon quedarán fuera del régimen obligatorio del IMSS. Cabe destacar que, en la actualidad, ya sólo quedan seis mil trabajadoras de Avon que siguen afiliadas al régimen obligatorio del IMSS.

A diez años del inicio de su lucha, las representantes de Avon agrupadas en la asociación civil “Cosmogar, AC”, siguen reclamando que las mujeres que trabajan de manera personal y permanente sean reconocidas como trabajadoras con derecho a un salario, prestaciones y seguridad social. Es por ello que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene la responsabilidad y la obligación de atender estas demandas e integrar a la brevedad posible una mesa de diálogo entre las trabajadoras representantes de Avon, la empresa Avon Cosmetics, y el IMSS, a fin de atender esta grave problemática que sigue privando a miles de mujeres trabajadoras de sus derechos laborales fundamentales.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, a integrar sin demora una mesa de diálogo entre las trabajadoras que integran Cosmogar, AC, la empresa Avon Cosmetics, SA de CV, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a fin de atender su problemática sobre el reconocimiento como trabajadoras de las mujeres que laboran tiempo completo como representantes de Avon, y les sea reconocido su derecho de afiliación al régimen obligatorio del IMSS.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2014.

Diputada Luisa María Alcalde Lujan (rúbrica)