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Comunicaciones

De la Mesa Directiva

Diputado Marcos Aguilar Vega

Presidente de la Comisión de Régimen,

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

Edificio

Por acuerdo de la Mesa Directiva, y en atención a la solicitud del diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para retirar la Iniciativa que reforma los artículos 82 y 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se obsequia el trámite de conformidad con lo que establece el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, toda vez que hasta el momento no se tiene dictamen recibido por la comisión que usted preside.

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: “Retírese de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y actualícense los registros parlamentarios”.

México, DF, a 27 de mayo de 2014.

Diputado Fernando Bribiesca Sahagún (rúbrica)

Secretario



Prevenciones

De la Mesa Directiva

Presidentes de Comisiones

Presentes

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 88, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, emite prevención a efecto de que presenten los dictámenes correspondientes a los asuntos turnados a las comisiones siguientes:

1. Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal.

Presentada por el diputado Damián Zepeda Vidales, PAN, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

Expediente 4289.

Séptima sección.

2. Trabajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo

Presentada por el diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, PAN.

Expediente 4291.

Segunda sección.

3. Economía.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 103 y 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Suscrita por los diputados Teresita de Jesús Borges Pasos, Yesenia Nolasco Ramírez y Mario Rafael Méndez Martínez, PRD.

Expediente 4292.

Tercera sección.

México, DF, a 28 de mayo de 2014

Atentamente

Diputado José González Morfín (rúbrica)

Presidente

De la Mesa Directiva

Presidentes de Comisiones

Presentes

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 88, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, emite prevención a efecto de que presenten el dictamen correspondiente del asunto turnado, a las comisiones siguientes:

1. Unidas de Puntos Constitucionales, y de Trabajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94 de la Ley Federal del Trabajo.

Presentada por la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña (PAN).

Expediente 2559.

Sexta sección.

México, DF, a 28 de mayo de 2014.

Atentamente

Diputado José González Morfín (rúbrica)

Presidente



Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, y de la Ley Federal del Trabajo, recibida del diputado Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 21 de mayo de 2014

Damián Zepeda Vidales, diputado federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, y de la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de asegurar el cumplimiento al derecho a la educación en tiempos de huelga, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La educación es y será por siempre la llave de cualquier sociedad para entrar al progreso, al desarrollo sostenido y mejores estándares en calidad de vida. Una sociedad con educación es más productiva, más informada y más participativa, pero sobre todo es más justa y equitativa. Si nuestro país logra encauzar un rumbo firme de apoyo sin regateos al sistema educativo nacional, estaremos en posición de elevar nuestros niveles de competitividad de tal manera que dentro de 20 o 30 años estemos hablando de México como un país desarrollado y con estabilidad y plenitud política, económica y social.

La reforma educativa llevada recientemente por el Congreso de la Unión es un gran avance para este propósito, pero aún existen vacíos que llenar y resistencias que romper. Uno de estos vacíos y resistencias es el fantasma intermitente de la huelga laboral en cualquier institución educativa, sea pública, privada o autónoma. La cohabitación del derecho a la educación y el derecho a huelga de los trabajadores ha interactuado sin éxito a lo largo de los años, pues es lamentable y común ver huelgas que dejan a miles de alumnos sin acceso a su derecho de recibir una educación.

Si bien el ejercicio del derecho a huelga es vital para salvaguardar la justicia laboral, en el sector educativo existe el alumno, un tercer interesado que nada tiene que ver con las relaciones laborales y que es el mayor afectado por la decisión de ejercer el derecho constitucional de huelga, al ver truncada la posibilidad de continuar con su también derecho constitucional de recibir educación. Lo anterior implica entonces, la necesidad imperativa de normar en materia de ponderación de derechos constitucionales para así llenar el vacío legal que existe entre el ejercicio de ambos derechos, debiendo delimitar los alcances en la aplicación de cada uno de ellos respecto al otro.

Es importante hacer referencia al caso de la demanda de amparo que estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo presentaron en contra del emplazamiento a huelga que interpuso el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana. Dicha demanda fue resuelta a favor de los estudiantes por el juzgado cuarto de distrito, con sede en Morelia, Michoacán. En dicha resolución se da total respeto a la huelga de los trabajadores, pero ordena la reanudación de clases en las instalaciones de la Universidad o en sedes alternas. Dicha resolución

Refiere que

(Inicia transcripción de la sentencia)

“Ahora, el artículo 3o, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

“Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Además:

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos - atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y

d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos;

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las Instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo;

IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley;

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan, y

IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá:

a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema;

b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y

c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.

La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto y estará compuesta por cinco integrantes. El Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, con previa comparecencia de las personas propuestas, designará al integrante que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes o, durante los recesos de esta, de la Comisión Permanente, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de integrante de la Junta de Gobierno aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal.

Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Instituto y cumplir los requisitos que establezca la ley, desempeñarán su encargo por períodos de siete años en forma escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión. Los integrantes no podrán durar en su encargo más de catorce años. En caso de falta absoluta de alguno de ellos, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos del Título IV de esta Constitución y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del Instituto y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia.

La Junta de Gobierno de manera colegiada nombrará a quien la presida, con voto mayoritario de tres de sus integrantes quien desempeñará dicho cargo por el tiempo que establezca la ley.

La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Instituto, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión.

La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al Instituto y a las autoridades educativas federal y locales una eficaz colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones”.

En el precepto constitucional transcrito se establecen las bases sobre las cuales descansa la estructura y organización del sistema nacional de educación, y consagra como garantías para la protección del derecho humano a la educación, la obligación a cargo del Estado, de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, la cual incluso para las personas es obligatoria.

Cabe destacar que en el precepto constitucional no reconoce –aunque si lo regula– como derecho humano, el acceso a la educación superior; pero, tampoco lo limita.

En este contexto, conforme al artículo 1o, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consagra el principio de progresividad con base en el cual deben interpretarse las normas relativas a los derechos humanos, debe convenirse en que el derecho humano a la educación puede ser ampliado en las leyes secundarias –incluyendo las constituciones locales–, con la única limitante que los postulados de tales leyes no sean contrarios a los principios y valores consignados en la Constitución General.

Ahora, los artículos 138 y 139, de la Constitución Política del Estado de Michoacán, señala:

“Artículo 138. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado y sus municipios están obligados a impartir educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Toda educación que el Estado imparta será gratuita”.

Artículo 139. La educación tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y a la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.

Garantizada la libertad de creencias, el criterio que orientará a dicha educación se mantendrán (sic) por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, basado en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además:

a) Será democrática, considerando la democracia no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

b) Será nacional, en cuanto, sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y,

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia la convicción del interés general de la sociedad cuando por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos incluyendo la educación superior necesarios para el desarrollo del Estado, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

El Estado promoverá y atenderá la educación inicial, apoyará la investigación científica y tecnológica, asimismo, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura y de nuestros valores”.

De la interpretación funcional de ambos preceptos en relación con el artículo 3o, de la Constitución General, se advierte que el reconocimiento del derecho humano de acceso a la educación en el nivel superior, no contraviene ninguno de los valores o principios de la Ley Suprema de toda la Unión, por el contrario convergen en los postulados básicos en los que descansa el derecho a la educación.

Es por lo anterior que este juzgador considera que en autos se encuentra satisfecho el requisito de la probable demostración del interés jurídico para obtener la medida cautelar, ya que el quejoso se encuentra en pleno goce del derecho humano a recibir educación en nivel superior, por encontrarse inscrito en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para el ciclo escolar que comprende del doce de agosto de dos mil trece al diez de febrero de dos mil catorce.

En cuanto al inciso c., de la demanda de amparo se advierte que las violaciones aducidas se vinculan precisamente con el derecho a la educación superior deducido en el juicio, pues, en esencia se afirma que el procedimiento especial seguido ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, es derivado de la desmedida y desproporcionada ambición que el Sindicato emplazante tiene respecto del derecho humano a la huelga, y pretende estallar un paro de labores en todas las áreas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a partir de las diecisiete horas del diecisiete de septiembre del año en curso.

También aduce que el paro de labores afectará de modo irreparable tanto al patrimonio como a los principios y valores en que se construyó la institución universitaria de Michoacán, amén de dejar a miles de estudiantes que como él, ejercen el derecho a la educación; porque el paro de labores que propone el sindicato tercero interesado, hace imposible la impartición de la cátedra ya que permanecerán secuestradas las aulas de su respectiva facultad.

Incluso señala que el expresado paro de labores pondría en riesgo el ciclo escolar dado que conforme al calendario, está por iniciar el periodo de exámenes y evaluaciones del estudiantado.

Del anterior planteamiento se sigue que en el caso, existe una posible colisión entre el derecho humano a la huelga y el de acceso a la educación; el primero que los trabajadores asociados en el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, tienen reconocido por el artículo 123, fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece:

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

...

XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos, las huelgas y los paros...”.

Cabe destacar que tanto el derecho a huelga, como el de acceso a la educación reconocido por el artículo 3o, Constitucional, son de interés social, el primero porque constituye una de las instituciones de mayor efectividad que los trabajadores tienen a su alcance para hacer valer sus derechos secundarios, en tanto el segundo, es la base del desarrollo de los seres humanos, ninguno de ellos puede por consecuencia estar por encima del otro; por el contrario atendiendo a los principios de interdependencia e indivisibilidad que fueron definidos por el Poder Reformador responsable de la reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, acaecida el diez de junio de dos mil once, los operadores jurídicos sobre todo en materia de juicio de amparo deben lograr la coexistencia de todos ellos.

En tal virtud, siguiendo el postulado tradicional del iusnaturalismo, en el que la Persona es el origen, el objeto y la razón de toda actividad del Estado, el ánimo que motivó la reforma constitucional, fue en síntesis, reconocer la existencia de los derechos humanos e imponer a las autoridades mexicanas, de todos los órdenes, la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, de conformidad con los principios de universalidad , interdependencia , indivisibilidad y progresividad .

Ahora, conforme al dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso General, del siete de abril de dos mil diez, y que posteriormente fue incorporado al decreto de reformas por el Poder Reformador, se establecieron los alcances de los conceptos anteriormente señalados de la siguiente manera:

Universalidad : Los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual.

Interdependencia : Consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros y entre sí, de tal manera que el reconocimiento de un derecho humano cualquiera, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan multiplicidad de derechos que se encuentran vinculados; de esa manera.

Indivisibilidad : Se refiere a que los derechos humanos son en sí mismos infragmentables, ya sean de naturaleza civil, cultural, económica, política o social, pues son todos ellos inherentes al ser humano y derivan de su dignidad.

Progresividad : Se traduce en la obligación del Estado de procurar todos los medios posibles para su satisfacción en cada momento histórico y la prohibición de cualquier retroceso o involución de esta tarea.

Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en la jurisprudencia IV.2o.A.15 K (10a.),1 que establece:

“Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad establecidos en la constitución federal. Representan criterios de optimización interpretativa de los derechos fundamentales. El 10 de junio de 2011 se promulgaron reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, de las que sobresale la modificación de su artículo 1o. que establece la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En virtud de éstos, la valoración de los derechos fundamentales queda vinculada a la premisa de que deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o preferencias (universalidad); además, tales derechos han de apreciarse como relacionados de forma que no sería posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras, sino que todos deben cumplirse en la mayor medida posible, así sea en diferente grado por la presencia de otro derecho fundamental que también deba respetarse y que resulte eventualmente preferible, por asegurar un beneficio mayor al individuo, sin que el derecho fundamental que ceda se entienda excluido definitivamente (indivisibilidad e interdependencia); asimismo, con el entendimiento de que cada uno de esos derechos, o todos en su conjunto, obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, mas no niegan la posibilidad de verse expandidos, por adecuación a nuevas condiciones sociales que determinen la necesidad y vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del individuo (progresividad) De esta guisa, los referidos principios representan criterios de optimización interpretativa de los derechos fundamentales, porque conducen a su realización y observancia plena e inmejorable a favor del individuo, al orientar el proceder de toda autoridad en el cumplimiento del mandato de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de la materia, lo cual se refleja al ejercer el control constitucional, en el sentido de que el respeto y restauración de los indicados derechos son una tarea no sólo de la jurisdicción federal, sino también de la ordinaria en el conocimiento de los asuntos de su competencia.

Atendiendo a estos criterios de interpretación de las normas en materia de derechos humanos, es obligación de todas las autoridades del país promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, a todas las personas por igual, de ahí que en el presente caso, sería factible que se otorgue una medida cautelar para que sin desdoro del derecho que tienen los trabajadores asociados al sindicato emplazante, se logre la coexistencia con el derecho humano del estudiante quejoso, esto es, para que las actividades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo queden paralizadas conforme a lo establecido por el artículo 451, de la Ley Federal del Trabajo, salvo en las áreas destinadas para la impartición de las cátedras a que tiene derecho a recibir el quejoso, logrando con ello una eficacia horizontal de los derechos humanos tanto de los trabajadores como del estudiante.

Además, en el caso, la etapa en la que se encuentra el procedimiento de huelga es el de pre-huelga, el que abarca desde el emplazamiento al patrón hasta antes de la suspensión de labores; etapa en que se celebra la audiencia de conciliación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, en que se procurará el avenimiento de las partes, sin prejuzgar sobre la existencia o justificación del movimiento y, de no llegar a una solución, previamente al estallamiento de la huelga, se fijará el número de trabajadores que deberán continuar laborando, en los casos en que pueda verse afectada la seguridad de la empresa, los bienes de producción o la reanudación de los trabajos y, en este caso, los derechos humanos de terceros.

Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 79/98,2 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece:

“Huelga. Sus etapas procedimentales. El análisis de las disposiciones contenidas en el título octavo, capítulos I y II, y título decimocuarto, capítulo XX, de la Ley Federal del Trabajo, permite distinguir, con base en los efectos jurídicos que se producen para las partes y terceros, tres principales etapas dentro del procedimiento de huelga, cuyas características esenciales son las siguientes: a) La primera, que comprende desde la presentación del pliego petitorio por la coalición de trabajadores hasta la orden de emplazamiento al patrón. En esta fase se precisa el motivo, objeto, fecha y hora de la suspensión de labores, se verifica el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad por la autoridad y, en caso de quedar satisfechos, se ordenará su notificación al patrón o, de no ser procedente la petición, se negará el trámite correspondiente, dando por concluido el procedimiento; b) La segunda etapa, conocida también como de prehuelga, abarca desde el emplazamiento al patrón hasta antes de la suspensión de labores. La notificación del pliego petitorio produce el efecto jurídico de constituir al patrón en depositario de la empresa afectada por la huelga, lo que le impide realizar actos de disposición sobre los bienes del establecimiento, asimismo, se genera la suspensión de la ejecución de las sentencias y diligencias de aseguramiento que recaigan sobre los tales bienes, distintas de fallos laborales y cobro de créditos fiscales, en los términos previstos en la ley. También en esta etapa se celebra la audiencia de conciliación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, en que se procurará el avenimiento de las partes, sin prejuzgar sobre la existencia o justificación del movimiento y, de no llegar a una solución, previamente al estallamiento de la huelga, se fijará el número de trabajadores que deberán continuar laborando, en los casos en que pueda verse afectada la seguridad de la empresa, los bienes de producción o la reanudación de los trabajos y; c) La última etapa se circunscribirse del momento de suspensión de labores hasta la resolución de fondo del conflicto. El estallamiento de la huelga suspende los efectos de las relaciones de trabajo y la tramitación de las solicitudes y conflictos de naturaleza económica, durante el periodo de paro de labores. Dentro de las setenta y dos horas siguientes al inicio de la huelga, se podrá solicitar la declaración de su inexistencia por no reunir los requisitos de procedencia y objetivos previstos en la ley, con lo que el patrón quedaría libre de responsabilidad y se fijaría a los trabajadores un plazo de veinticuatro horas para regresar a laborar, apercibiéndoles que de no acatar lo anterior se darán por terminadas las relaciones de trabajo. De lo contrario, la huelga se considerará legalmente existente, por lo que su conclusión, en el fondo, sólo podría darse por acuerdo entre las partes, allanamiento del patrón a las peticiones o laudo arbitral a cargo de quien elijan las partes o de la Junta en mención, si los trabajadores sometieron a ella la decisión, fallo que resolvería en definitiva sobre la justificación o injustificación de la suspensión de labores.

Virtud a ello es factible que en este momento se tomen las medidas pertinentes para lograr la coexistencia del derecho humano de los trabajadores emplazantes y del estudiante quejoso, como destinar las áreas apropiadas para que se sigan impartiendo las cátedras respectivas a la currícula universitaria, en la facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.”

(Finaliza transcripción de la sentencia)

Esta sentencia, sigue la lógica de marcar el derecho a huelga como un derecho no ilimitado, sino con fronteras claras con respecto al derecho humano fundamental de la educación. Si bien el documento hace referencia a un derecho considerado en la Constitución local, esto puede servir de referencia para constatar la posible coexistencia en un marco de respeto del derecho humano de la educación y el derecho a huelga de los trabajadores. De esto podemos desprender que en la defensa del derecho a la educación como un derecho humano, es sustentable que se le de protección frente al ejercicio de otros derechos que si bien tienen igual fundamento constitucional, al aplicar un análisis en la ponderación de derechos, resulta la posibilidad de una cohabitación de derechos en un mismo tiempo y espacio, es decir, puede presentarse una huelga laboral en una institución educativa mientras se sigue dando cumplimiento al derecho humano fundamental del alumno de recibir sus clases.

El ejemplo que nos da el caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo nos marca el rumbo claro de hacia donde debemos ir al legislar en la materia. No podemos seguir esperando que la defensa en el derecho a la educación sea responsabilidad de alumnos y padres de familia, debemos de ser proactivos y dar marco legal de certidumbre para los trabajadores, pero también para millones de alumnos del sistema educativo nacional.

La iniciativa que hoy se presenta, contiene una reforma constitucional que busca el esclarecimiento en la ponderación de derechos de huelga y de educación, al modificar el artículo 3o. de la Carta Magna en el siguiente sentido:

(Se subraya la modificación propuesta)

“Artículo 3o. ...

...

...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. ...

El derecho a recibir educación al que hace referencia el presente artículo, incluyendo a la educación superior, no podrá ser suspendido en el ejercicio del derecho a huelga de los trabajadores de la institución que preste los servicios educativos.

Esta propuesta tiene por objeto fortalecer el derecho de educación frente a una potencial huelga de trabajadores de alguna institución de educación básica, media superior o superior, bajo la premisa fundamental de buscar la cohabitación de ambos derechos y no una subordinación de uno sobre el otro.

Así mismo se propone modificar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, y la Ley Federal del Trabajo, con el objeto de alinearla a la reforma constitucional anteriormente propuesta y delimitar los alcances de la misma.

Es importante resaltar que hoy en día existen casos normados en las leyes secundarias anteriormente mencionadas que prevén escenarios donde no se podrán suspender labores en caso de estallar una huelga o se deberán de mantener en sus labores un número determinado de trabajadores para el cumplimiento de determinados objetivos. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, refiere en su artículo 109 que “Al resolverse que una declaración de huelga es legal, el Tribunal a petición de lasautoridades correspondientes y tomando en cuenta las pruebas presentadas, fijará el número de trabajadores que los huelguistas estarán obligados a mantener en el desempeño de sus labores, a fin de que continúen realizándose aquellos servicios cuya suspensión perjudique la estabilidad de las instituciones, la conservación de las instalaciones o signifique un peligro para la salud pública. ”; en otro caso, la Ley Federal del Trabajo menciona en su artículo 466 que:

Los trabajadores huelguistas deberán continuar prestando los siguientes servicios :

I. Los buques, aeronaves, trenes, autobuses y demás vehículos de transporte que se encuentren en ruta, deberán conducirse a su punto de destino; y

II. En los hospitales, sanatorios, clínicas y demás establecimientos análogos, continuará la atención de los pacientes recluidos al momento de suspenderse el trabajo, hasta que puedan ser trasladados a otro establecimiento .”.

Así mismo, existe un caso contemplado por esta misma Ley que tiene aplicación directa en el sector educativo, pues dentro del capítulo XVII que norma el trabajo en las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley, en el artículo 353-R refiere que:

“...antes de la suspensión de los trabajos , las partes o en su defecto la Junta de Conciliación y Arbitraje, con audiencia de aquéllas, fijarán el número indispensable de trabajadores que deban continuar trabajando para que sigan ejecutándose las labores cuya suspensión pueda perjudicar irreparablemente la buena marcha de una investigación o un experimento en curso .”.

Como se muestra en estos artículos, existen ya situaciones que la norma regula como excepciones en la suspensión de labores durante una huelga, ya sea por un bien público superior o para salvaguardar el cumplimiento del derecho de un tercero.

Es hora de tomar una decisión. La aprobación de esta iniciativa marcaría un paso trascendental en la defensa de nuestro futuro como nación, sería apostarle a que la educación de niños, jóvenes y adultos sea el motor que nos lleve a construir el país que todos deseamos.

Para mi esta iniciativa tiene un alto valor de importancia, reconozco que hoy me mueve el poder dar un límite razonable y justo para todas las partes a actos como el que en mi Estado está sucediendo; al día de hoy, miles de alumnos de la Universidad de Sonora, de la cual soy un orgulloso egresado, se encuentran sin clases por causa de una huelga en donde sindicato y Universidad parecen ser omisos de del derecho de éstos a recibir una educación que marcará sus vidas. No es intención del que suscribe estigmatizar a los sindicatos de la educación, ni juzgar la destreza operativa de autoridades educativas públicas, privadas y autónomas, pero es hora de que el Estado utilice sus capacidades para marcar la línea que habrán de respetar aquellos que interactúan en la formación educacional de nuestras generaciones. Con esta reforma si podrá haber huelga y si podrá haber negociaciones colectivas, pero nunca más se le podrá arrebatar a un alumno su derecho a aprender lo que el día de mañana hará grande a México.

Por lo antes expuesto, se propone reformar diversas disposiciones de Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, y de la Ley Federal del Trabajo, al tenor del siguiente proyecto de:

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, y de la Ley Federal del Trabajo

Primero. Se reforma el primer párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

...

...

XI. ...

XI. ...

XII. ...

XIII. ...

XIV. ...

XV. ...

XVI. ...

XVII. ...

XVIII. ...

El derecho a recibir educación al que hace referencia el presente artículo, incluyendo a la educación superior, no podrá ser suspendido en el ejercicio del derecho a huelga de los trabajadores de la institución que preste los servicios educativos.

Segundo. Se reforma el artículo 109 de la de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 109. Al resolverse que una declaración de huelga es legal, el Tribunal a petición de las autoridades correspondientes y tomando en cuenta las pruebas presentadas, fijará el número de trabajadores que los huelguistas estarán obligados a mantener en el desempeño de sus labores, a fin de que continúen realizándose aquellos servicios cuya suspensión perjudique la estabilidad de las instituciones, la conservación de las instalaciones, el ejercicio del derecho a la educación o signifique un peligro para la salud pública.

Tercero. Se reforma el segundo párrafo del artículo 353-R y se adiciona una fracción III al artículo 466, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 353-R. ...

Además de los casos previstos por el Artículo 935, antes de la suspensión de los trabajos, las partes o en su defecto la Junta de Conciliación y Arbitraje, con audiencia de aquéllas, fijarán el número indispensable de trabajadores que deban continuar trabajando para que sigan ejecutándose las labores cuya suspensión pueda perjudicar irreparablemente la buena marcha de una investigación o un experimento en curso, así como para dar cumplimiento a lo que refiere la fracción III del artículo 466 de esta Ley.

...

Artículo 466. ...

I. Los buques, aeronaves, trenes, autobuses y demás vehículos de transporte que se encuentren en ruta, deberán conducirse a su punto de destino; y

II. En los hospitales, sanatorios, clínicas y demás establecimientos análogos, continuará la atención de los pacientes recluidos al momento de suspenderse el trabajo, hasta que puedan ser trasladados a otro establecimiento; y

III. Centros educativos, debiendo continuar con la impartición de clases, así como los procedimientos administrativos encaminados a liberar en tiempo y forma la documentación necesaria para acreditar los estudios cursados en el centro educativo.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, Libro XXI, junio de 2013, tomo 2, página 1289.

2 Op. Cit. Novena época, tomo VIII, octubre de 1998, página 45.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 9 de mayo de 2014.

Diputado Damián Zepeda Vidales (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Mayo 21 de 2014.)



Actas

De la Comisión de Infraestructura, correspondiente a la decimoctava reunión ordinaria, celebrada el miércoles 23 de abril de 2014

A las 16:30 horas del miércoles 23 de abril del 2014, en el salón de protocolo del edificio C del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se reunieron los integrantes de la Comisión de Infraestructura a fin de llevar a cabo llevar a cabo la decimoctava reunión ordinaria, para el desahogo del orden del día propuesto.

1. Bienvenida

El presidente, Alberto Curi, agradeció la asistencia de los integrantes de la comisión y solicitó al diputado Genaro Carreño Muro su apoyo para conducir la reunión.

2. Registro de asistencia y declaración de quórum

Registraron la asistencia inicial y final los diputados: Alberto Curi Naime, presidente; José Enrique Reina Lizárraga, Genaro Carreño Muro, Mauricio Sahui Rivera, Carlos Sánchez Romera, Víctor Hugo Velasco Orozco, Rosa Elia Romera Guzmán, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Marino Miranda Salgada, secretarios; Francisco Pelayo Covarrubias, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Raymundo King de la Rosa, Lourdes Eulalia Quiñones Canales, Samuel Gurrión Matías, Julio César Flemate Ramírez, Fernando Alfredo Maldonado Hernández, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Sonia Rincón Chanona, Juan Ignacio Samperio Montaño, Antonio García Conejo, Ramón Montalvo Hernández, Rafael Acosta Crada, Eva Diego Cruz, Sarai Lariza León Montera y Julio César Lorenzini Rangel.

Los diputados que no registraron su asistencia presentaron justificación, conforme a lo establecido en los artículos 195 y 196 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

En virtud de que se contó con el quórum legal, se dio por iniciada la reunión.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día

El presidente, Alberto Curi Naime, solicitó al secretario Genaro Carreño Muro que sometiera a consideración del pleno de la comisión el orden del día propuesto.

El secretario Genaro Carreño Muro dio lectura al orden del día.

Acto seguido, el secretario Genaro Carreño Muro consultó a la asamblea si era de aprobarse la propuesta. En votación económica se aprobó por unanimidad.

4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la reunión anterior.

En virtud de que el acta correspondiente a la decimoséptima reunión ordinaria se envió previamente, el presidente, Alberto Curi Naime, solicitó al diputado Genaro Carreño Muro que consultase si se dispensaba la lectura y, de no haber observaciones, procediera a la votación.

No habiendo registro de participaciones, el secretario Genaro Carreño Muro sometió a consideración del pleno el acta derivada de la decimoséptima reunión ordinaria, la que fue aprobada por unanimidad, en sus términos.

5. Proyecto de dictamen de la proposición con punto de acuerdo, presentada por el diputado José Martin López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

El presidente, Alberto Curi Naime, solicitó al secretario Genaro Carreño Muro que –tomando en consideración que el dictamen correspondiente al punto de acuerdo presentado por el diputado José Martín López Cisneros se había enviado previamente a todos los integrantes de la comisión– consultase a la asamblea en votación económica si era de aprobarse que se diese lectura únicamente a los resolutivos de dicho dictamen. El secretario sometió la propuesta al pleno aprobándose por unanimidad, por lo que se leyeron las consideraciones y los acuerdos siguientes:

Primera. Que en el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013-2018 publicado el 15 de julio del 2013, dentro de sus proyecciones y acciones consideraba los compromisos presidenciales asumidos para la realización de proyectos estratégicos en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, registrando formalmente en el apartado de proyectos estratégicos de ferrocarriles y transporte masivo con el código CG-033, la construcción junto con el gobierno estatal de la Línea 3 elaboración del proyecto de la Línea 4 del metro, así como apoyo a los proyectos de Ecovía.

Segunda. Que el 20 de mayo de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la firma del convenio de coordinación entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno de Nuevo León, en materia de reasignación de recursos con el objeto de transferir recursos presupuestarios federales a esa entidad federativa para coordinar su participación en la ejecución del programa de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, por la cantidad de 300 millones de pesos los cuales especifican su aplicación por concepto en el anexo 1 de dicho convenio.

Tercera. Que en el caso de la Línea 3 del metro cuyo costo es de 5 mil 692.5 millones de pesos, el gobierno de Nuevo León presentó la propuesta para su financiamiento bajo el esquema de asociación público-privado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que, en virtud que se cumplían los criterios necesarios para su ejecución, se aprobó este esquema con la participación del Fondo Nacional de Infraestructura en un 28.3 por ciento, el gobierno del estado con el 37.4 por ciento y el restante 34.3 por ciento a través de inversión privada.

Cuarta. Que en el caso del sistema de transporte denominado Ecovía cuyo costo es de mil 637.5 millones de pesos, el gobierno de Nuevo León presentó la propuesta para su financiamiento bajo el esquema de asociación público-privado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que, en virtud de que se cumplían los criterios necesarios para su ejecución, se aprobó este esquema con la participación del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) en un 37.2 por ciento, el gobierno del estado con el 22 por ciento y el restante 40.8 por ciento a través de inversión privada.

Quinta. Que las decisiones sobre el cobro de tarifas a usuarios del transporte público son de índole local, por lo que es competencia del gobierno de Nuevo León determinar éstas.

Sexta. Que dentro de los compromisos del presidente de la República se encuentra con registro CG-034 la construcción del acueducto Monterrey VI, obra de abastecimiento que dará mayor sustentabilidad hídrica al estado, por lo que la ejecución de obra se encuentra considerada dentro del periodo comprendido 2013-2018.

Séptima. Que el 20 de enero de 2014 como lo especifica el proponente, la Comisión Nacional del Agua realizó la entrega de los permisos de construcción para el acueducto Monterrey VI y se llevó a cabo la firma del convenio de coordinación entre la entidad federativa y la dependencia para iniciar una serie de acciones para mejorar la sustentabilidad de la zona metropolitana de Monterrey.

Octava. Que el costo estimado total del proyecto del Acueducto Monterrey VI, es de 15 mil 436 millones de pesos, definiendo que su financiamiento será bajo el esquema de asociación público-privada, y tendrá una aportación federal a través del Fonadin de 2 mil 966 millones de pesos y de 12 mil 471 millones de pesos a través de inversión privada.

Novena. Que la información relativa a los esquemas de financiamiento y aportaciones para la ejecución de estos proyectos, se encuentra publicada en las páginas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Comisión Nacional del Agua y del gobierno de Nuevo León, con lo que se cumple lo establecido en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sujeción al principio de máxima publicidad. Por lo tanto, la materia objeto de la presente propuesta queda sin efecto.

Décima. Que de acuerdo a lo que se señala en las cláusulas tercera, cuarta y octava, anteriores, correspondientes a la Línea 3 del Metro, al Sistema de Transporte denominado Ecovía y el proyecto hidráulico Monterrey VI respectivamente, se establecen con toda claridad los esquemas de financiamiento mediante los cuales se realizarán las obras objeto del punto de acuerdo que se comenta.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Infraestructura, someten a la consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes:

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al secretario de Comunicaciones y Transportes, al secretario de Hacienda y Crédito Público, así como al director de la Comisión Nacional del Agua, para que expliquen a la opinión pública sobre los recursos que destinarán sus dependencias para apoyar la realización de las obras de la Línea 3 del Metro de Nuevo León y el sistema de transporte Ecovía en el caso de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes, así como el proyecto hidráulico Monterrey VI en lo que respecta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional del Agua, enviando la recomendación para que el gobierno federal respalde con mayor cantidad de recursos estas obras trascendentales para el progreso de Nuevo León; ello, en virtud de que lo anteriormente expuesto hace improcedente el exhorto que se plantea.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Pleno de la Comisión de Infraestructura, de la honorable Cámara de Diputados, a 23 de abril de 2014.

El presidente Alberto Curi Naime, puso a discusión el proyecto de dictamen y no habiendo oradores registrados, solicitó al secretario Genaro Carreño Muro consultase al pleno si era de aprobarse el proyecto de dictamen que desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al secretario de Comunicaciones y Transportes, al secretario de Hacienda y Crédito Público, así como al director de la Comisión Nacional del Agua, para que expliquen a la opinión pública sobre los recursos que destinarán sus dependencias para apoyar la realización de las obras de la Línea 3 del Metro de Nuevo León y el sistema de transporte Ecovía en el caso de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes, así como el proyecto hidráulico Monterrey VI en lo que respecta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional del Agua, enviando la recomendación para que el gobierno federal respalde con mayor cantidad de recursos estas obras trascendentales para el progreso de Nuevo León, por lo que éste preguntó a los miembros de la comisión si era de aprobarse. El dictamen fue aprobado por unanimidad en los términos presentados.

Acuerdo R018/039

Se aprueba el dictamen que desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al secretario de Comunicaciones y Transportes, al secretario de Hacienda y Crédito Público, así como al director de la Comisión Nacional del Agua, para que expliquen a la opinión pública sobre los recursos que destinarán sus dependencias para apoyar la realización de las obras de la Línea 3 del Metro de Nuevo León y el sistema de transporte Ecovía en el caso de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes, así como el proyecto hidráulico Monterrey VI en lo que respecta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional del Agua, enviando la recomendación para que el gobierno federal respalde con mayor cantidad de recursos estas obras trascendentales para el progreso de Nuevo León, presentada por el diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El presidente Alberto Curi Naime, solicitó al secretario Genaro Carreño Muro consultar a la asamblea si era de autorizarse incorporar en el orden del día un punto de urgente resolución, por el que se pudiera dar lectura a la respuesta solicitada por el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a la Comisión de Infraestructura, en relación con la Cuenta Pública 2012, presentada a la Cámara de Diputados.

El secretario Genaro Carreño Muro sometió la propuesta al pleno aprobándose por unanimidad, por lo que el presidente, Alberto Curi Naime, dio lectura al documento:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 149, 157, 163 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, y en atención a su oficio CVASF/LXII/017212014 mediante el cual solicita opinión acerca de los aspectos o contenidos específicos del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 (Informe), relacionados con la materia de esta comisión, me permito enviar a usted la opinión respectiva, misma que fue aprobada por el pleno de la Comisión de Infraestructura, en su decimoctava reunión ordinaria del miércoles 23 de abril del presente año.

Análisis y opinión

De acuerdo al Informe presentado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) practicó cincuenta y siete auditorías al Ramo Administrativo de Comunicaciones y Transportes (SCT), que se clasifican en: cinco evaluaciones de desempeño, siete financieras y de cumplimiento, cuarenta y tres de inversiones físicas y dos forenses. De las auditorías aplicadas, destaca lo siguiente:

1. En el análisis relativo a la aprobación del presupuesto, la ASF señala que el proyecto de presupuesto fue de 70,440.4 millones de pesos, monto que tuvo una ampliación de 15 mil 103.6 millones de pesos aprobada por la Cámara de Diputados, dando un total para este sector de 85 mil 544 millones de pesos. Sin embargo, también indica, que en el presupuesto modificado se observó una reducción de 6 mil 858.9 millones de pesos, es decir, un 8.1 por ciento menos de lo aprobado.

2. En lo que refiere al avance de las metas del Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, según el Informe, la insuficiencia de recursos para construcción y modernización de la red ha originado rezago en el desarrollo de la red carretera, presentando también un gran deterioro por falta de mantenimiento en la red existente. La ASF reportó un avance de metas del 63.5 por ciento en el rubro de construcción y modernización de carreteras libres de peaje, y el 23.3 por ciento en lo que respecta a carreteras de cuota, mientras que la meta en caminos rurales y carreteras alimentadoras se superó en más del 343 por ciento.

Es de destacar que la ampliación de recursos que se aprobó en esta Cámara de Diputados al rubro de caminos rurales y carreteras alimentadoras, es lo que permitió que se superara esta meta.

3. Con una muestra de 16,515 millones de pesos, de un total de 20 mil 748.1 millones de pesos ejecutados en proyectos carreteros, la ASF, de acuerdo a su Informe, determinó observaciones por 2 mil 66.4 millones de pesos; en su revisión, identificó aplicación incorrecta de los conceptos para el ajuste de costos, supervisión deficiente, pago de volúmenes mayores a los cuantificados en los proyectos originales, retraso en el pago de anticipas a los contratistas, falta de permisos necesarios para la construcción de obra pública.

Asimismo, el Informe también señala la incorrecta integración de precios extraordinarios, problemas de calidad, errónea elaboración de las bases de licitación, cálculos incorrectos del costo de financiamiento y falta de proyectos ejecutivos, estudios técnicos y de ingeniería.

4. Entre las auditorías de inversión física realizadas por la ASF, cabe mencionar las siguientes:

a. En la carretera Durango-Mazatlán, según el Informe, se presentaron problemas de calidad, se detectaron errores en la integración de precios unitarios extraordinarios y se identificó un incorrecto ajuste en el costo por financiamiento.

b. En el libramiento de Villahermosa, de acuerdo al Informe, se concursó el proyecto incompleto y con deficiencias y no se contó en tiempo con la liberación del derecho de vía.

c. En el Programa de Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras, el Informe reporta pago de costos no justificados, incorrecta integración de precios unitarios extraordinarios, incumplimiento en las especificaciones particulares en contratos por servicio y trabajos pagados no acreditados.

5. Por lo que respecta a las autopistas concesionadas, la ASF detectó incongruencia en el pago de peaje en la autopista Amozoc-Perote, en donde la base de cobro debía ser por 104.9 kilómetros y no una base de 117 kilómetros. Asimismo, observó rasgos de discrecionalidad en la ampliación de concesiones en las autopistas de Kantunil-Cancún y Tijuana-Tecate, sin que se consideraran criterios específicos que justificaran las prórrogas a estos tramos.

En virtud de lo mencionado, la Comisión de Infraestructura emite las siguientes consideraciones:

1. Es indispensable que se refuercen los mecanismos para la planeación de obras públicas, de tal manera que las dependencias no incurran en licitaciones que carezcan de los elementos indispensables para la correcta ejecución física de las obras, por lo que la entidad debe asegurar que se cuente con elementos suficientes que permitan que la construcción de las carreteras sea continua. Es importante también considerar que previo a la firma de los contratos se disponga de los permisos y liberación de derecho de vía necesarios para iniciar los trabajos, de ser necesario, a través del fortalecimiento del marco normativo existente.

2. Es necesario que la dependencia contratante refuerce las unidades técnicas para revisar y, en su caso, complementar en tiempo y forma estudios y proyectos que aseguren la continua ejecución de la obra.

3. Se considera conveniente que la ASF, profundice en la revisión de la inversión destinada a los caminos rurales y carreteras alimentadoras, de manera tal que se pueda tener el desglose de cuántos kilómetros se han construido, modernizado, rehabilitado y conservado, a fin de contar con un informe más detallado del avance de este programa.

4. Es de notar que en la mayoría de las auditorías las observaciones comunes son el ajuste de costos por trabajos extraordinarios, la diferencia entre lo pagado y lo cuantificado, así como el pago tardío de los anticipos, por lo que se considera importante fortalecer el marco procedimental en materia d contratación, a fin de dar mayor certidumbre tanto a la dependencia como a contratista.

5. En cuanto a la calidad de las obras, es conveniente que la ASF ponga mayor énfasis en el trabajo de quien sea responsable de la supervisión de la obra durante su ejecución, ya que de ello dependen también el que se realicen adecuadamente los pagos de estimaciones y que funcione realmente la gerencia de proyectos.

6. Finalmente, es de considerar que la ASF recomiende a las dependencias buscar mecanismos que agilicen los permisos necesarios para la construcción de obra pública, de manera tal que se intensifique la coordinación entre ellas y se logre una agilización en los procedimientos relativos y así evitar, en lo posible, excesos y atrasos en la ejecución de la obra pública.

El presidente Alberto Curi Naime concedió el uso de la palabra para para que se registraran para intervenir. No habiendo quien hiciera uso de la palabra, solicitó al secretario Genaro Carreño Muro consultar a la asamblea si era de aprobarse el oficio de respuesta al presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación relacionado a la Cuenta Pública 2012, esté se aprobó por unanimidad en los términos propuestos.

Acuerdo R018/040

Se aprueba el oficio de respuesta al presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación relacionado con las observaciones a la Cuenta Pública 2012, en los términos propuestos por la presidencia de la comisión.

6. Receso

El presidente, Alberto Curi Naime, solicitó al pleno de la comisión un receso de cinco minutos a efecto de iniciar la reunión de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

7. Bienvenida a funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo del diputado Alberto Curi Naime

El presidente, Alberto Curi Naime, agradeció la presencia de integrantes de la Comisión Especial de puertos y marina mercante, particularmente la del presidente, el diputado Amoldo Ochoa González. De igual forma, dio la bienvenida a funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: Maestro Raúl Murrieta Cummings, subsecretario de Infraestructura; licenciado Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, coordinador de Puertos y Marina Mercante y el contador público Pablo Suárez Coello, director de Transporte Ferroviario y Multimodal.

8. Intervención de los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

El presidente, Alberto Curi Naime, solicitó respetuosamente al subsecretario de Infraestructura presentar su exposición con lo que respecta a su área.

El subsecretario de Infraestructura, Maestro Raúl Murrieta Cummings, mencionó que la red carretera nacional se compone por 377 mil kilómetros, que se clasifican en: red federal, con 50 mil kilómetros, rutas alimentadoras estatales, de 83 mil kilómetros, caminos rurales con 169 mil kilómetros y brechas mejoradas de 74 mil 500 kilómetros. Asimismo, comentó que la red federal de carreteras libres de peaje es de 40 mil kilómetros, mientras que para la red de autopistas es un número del orden de 8 mil 900 kilómetros.

Comentó que la actual administración ha construido y modernizado hasta abril de 2014, 3 mil 213 kilómetros, los cuales se ven reflejados en 545 kilómetros de carreteras federales, 2 mil 164 en caminos rurales y 504 kilómetros en autopistas. Por otro lado, mencionó que en conservación periódica se han registrado 5 mil 310 kilómetros y 49 mil 200 kilómetros para conservación rutinaria, esta última se encuentra bajo el esquema de los contratos plurianuales de conservación. En lo que respecta al Programa de Empleo Temporal, para el 2014 se ejercen mil 500 millones de pesos, con lo que se beneficia a 335 mil personas.

Mencionó que en el sector carretero se han cumplido 13 compromisos presidenciales y que para el 2014 se trabajan 14 compromisos más con una inversión aproximada de 6 mil 55 millones de pesos, entre ellos se encuentran: la carretera Pez Vela-Jalipa en Colima, la modernización de las carreteras avenida Monterrey, en Tamaulipas, Tepeaca-Zacatepec, en Puebla, el libramiento de Morelia y Pátzcuaro-Tacámbaro en una primera etapa, sólo por mencionar algunas.

Señaló que el ejercicio del gasto en el sector de carreteras ha sido en tiempo, ya que se solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la autorización de oficios de secas, con lo que se permitió realizar licitaciones a partir de diciembre, con lo que hasta abril se han licitado 2 mil 344 obras, con lo que se dinamiza la economía en el país, dijo.

El presidente, Alberto Curi Naime, agradeció la intervención del subsecretario de Infraestructura, y solicitó al secretario Genaro Carreño Muro moderar la participación de los diputados que desearan realizar alguna participación.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana comentó la importancia de considerar el impulso de proyectos para la región sur-sureste. Asimismo, mencionó que la seguridad en carreteras es fundamental, por lo que solicitó al subsecretario que por su conducto expresara ante la dependencia el revisar la regulación que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realiza al transporte de pasajeros, y con ello fortalecer las medidas de seguridad en este dio de transporte.

La diputada Eva Diego Cruz expresó su solidaridad por impulsar más proyectos en la región sur-sureste para detonar está zona y, consideró relevante realizar un trabajo previo a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación respecto a esta región. Asimismo, mencionó que era importante coordinarse más con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dar seguimiento a la gestión de los registros en la cartera de proyectos. Por otro lado, externó que era de considerar que en las licitaciones se contemple la contratación de empresas locales, con la finalidad de que la mano de obra sea de las regiones.

Por su parte, el diputado Marino Miranda Salgado solicitó se de atención adecuada a las obras pequeñas o regulares que se han programado en Guerrero, en virtud de que aún existen carreteras y puentes que el huracán destruyó.

El diputado Ramón Montalvo Hernández, expresó su reconocimiento a la labor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y solicitó la revisión de los trabajos que se realizan en la ampliación de los carriles en la autopista México-Puebla, ya que ha notado desperfectos en la colocación de brocales, por lo que considera importante la supervisión y, en su caso hacer valer las garantías por vicios ocultos. Asimismo, solicitó la posibilidad de considerar recursos del Programa de Empleo Temporal en la rehabilitación de carriles laterales de esa autopista.

La diputada Martha Leticia Sosa Govea, integrante de la Comisión Especial de puertos y marina mercante solicitó se revise si existe el proyecto costero de Manzanillo-Colimilla o Isla Navidad, ya que el impulsar este proyecto evitaría el paso por Jalisco y generaría grandes beneficios para Colima. Asimismo, solicitó información acerca de las condiciones en las que opera la concesión de la autopista Manzanillo-Armería.

El diputado Fernando Alfredo Maldonado Hernández preguntó sobre las estrategias o medidas que se están implantando en materia de infraestructura carretera para disminuir tiempos de recorrido, mejorar la operación, aumentar la seguridad vial, vigilar la seguridad pública, identificar vehículos reportados con problemas y, particularmente, la implantación de sistemas tecnológicos que permitan en un futuro tener un control virtual de recorridos carreteros. Asimismo, solicito información respecto a cuál es el planteamiento que tiene el sector para tener un control, tanto de los vehículos de pasajeros como vehículos de carga respecto a pesos y dimensiones en el uso de carreteras.

En tanto, la diputada Sonia Rincón Chanona puntualizó su planteamiento sobre la urgente necesidad que se tiene en la modernización de los puentes Rizo de Oro y La Concordia, mencionando que con éstos se estaría apoyando a Matenango de la Frontera, Frontera Comalapa, Chicomozuelo, Bella Vista, La Grandeza, Siltepec, Motozintla, El Porvenir y Bejucal de acampo, municipios que estarían evitando 475 kilómetros para llegar a la carretera de Comitán.

Habiendo concluido las participaciones el presidente, Alberto Curi Naime, solicitó al subsecretario de Infraestructura dar respuesta a los planteamientos presentados.

El maestro Raúl Murrieta Cummings, subsecretario de Infraestructura dio respuesta a cada planteamiento presentado.

Al diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana comentó que en la administración se tienen contempladas obras para el sur-sureste, además de que esta había sido una instrucción explícita del Ejecutivo; con ello, mencionó la inversión que se realizará en diversos estados de esa región, como son la modernización de la carretera Palenque-San Cristóbal, en Chiapas, las carreteras de Barranca Larga-Ventanilla y Mitla-Tehuantepec en Oaxaca, por mencionar algunas; y comentó estar atento a que en Tabasco se revisen proyectos carreteros que pudieran detonarse en éste. Respecto al tema de seguridad en las carreteras, ofreció llevar los comentarios a la Dirección General de Autotransporte.

En cuanto a la diputada Eva Diego Cruz refirió que sin duda es muy importante el trabajo previo que pueda realizarse al Presupuesto de Egresos de la Federación, comentó que se lleva una gran coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la gestión de los registros en la cartera de proyectos, mismos que se complementan con la existencia de estudios y proyectos, derechos de vía liberados y permisos necesarios para desarrollar la obra. En lo que respecta a dar prioridad a empresas locales mencionó que hay una forma de calificar estos procesos donde deben de ser cuidadosos de otorgar contratos a aquellos que cotizan en mejores condiciones y no necesariamente el más barato. Sin embargo, señaló que por instrucción del secretario de Comunicaciones y Transportes, el maestro Gerardo Ruiz Esparza, las adjudicaciones directas y los contratos por invitación restringida, deberán de ser en un componente de empresas locales, pero aquello que deba ser por licitación pública se regirá por las leyes de mercado.

En relación con lo mencionado por el diputado Marino Miranda Salgado comentó que el caso de Guerrero es único en el país, donde se están atendiendo obras rurales y pequeños puentes que normalmente deben de estar a cargo de la autoridad municipal y la autoridad estatal, pero con la urgencia de atención por los fenómenos presentados, el gobierno federal se mantiene en constante coordinación para su atención. Señaló que son más de 11 mil millones de pesos que destinarán Fonden y el Fondo Especial Guerrero autorizado por la Cámara de Diputados.

Respecto al planteamiento del diputado Ramón Montalvo Hernández, mencionó que hará llegar sus comentarios respecto de la autopista México-Puebla, ya que es una carretera administrada por Capufe, que es parte del sector.

En cuanto a la solicitud de la diputada Martha Sosa, le hizo una atenta invitación para conocer el proyecto planteado, y le mencionó que en breve le enviaría una copia del título de concesión sobre la autopista Manzanillo-Armería.

Atendiendo a las preguntas del diputado Fernando Maldonado, comentó que es un tema de invertir en los sistemas que se conocen como ITS, en los cuales Capufe ya invierte más de 2 mil millones para la autopista México-Acapulco y Chamapa-Lechería, donde se está tecnificando todo el proceso, teniendo información de diferentes vehículos. En cuanto al tema de los TAG, se está esperando la licitación por parte de Capufe quien dará el fallo en un par de semanas, en cuanto se concluya el proceso de interoperabilidad y así poder recorrer todo el país.

El subsecretario de Infraestructura concluyó con el planteamiento de la diputada Sonia Rincón Chanona, comentó que se daría seguimiento a los puentes de Rizo de Oro y la Concordia, pero que sería de suma importancia el poder coordinarse con el gobierno del estado.

El diputado Alberto Curi Naime, agradeció la participación del Maestro Raúl Murrieta Cummings y reiteró el reconocimiento respecto a la aceleración en el desarrollo de la infraestructura nacional, como elemento fundamental para detonar el desarrollo económico, la riqueza y generación de empleos en el país. Puntualizó, que se continuará impulsando sólidamente el crecimiento de la inversión en materia de infraestructura, con la seguridad de que habrá una ejecución transparente, abierta y. oportuna.

Acto seguido, el presidente solicitó al licenciado Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, coordinador de Puertos y Marina Mercante, realizar su intervención respecto a este sector.

El coordinador de Puertos y Marina Mercante, en su intervención, comentó el compromiso que tiene la federación para fortalecer la infraestructura y capacidad portuaria del país de manera muy importante, señalando que los puertos tienen que reflejar una capacidad mayor de lo que está creciendo la economía. En su intervención, se refirió a las inversiones que para impulsar un mayor desarrollo portuario en México se están realizando, como sigue:

El puerto Matamoros, cuya demanda crecerá con su modernización y con la reforma energética; inició trabajos en 2013 y lleva un avance físico del 20 por ciento, contemplándose que en 2016 este listo; el Puerto de Guaymas, donde se han llevado a cabo trabajos de dragado muy importantes, lo que le da posibilidad de manejo de barcos de mayor capacidad, y se realizará un relleno para manejar granel mineral y granel de cobre; Puerto Peñasco, que será un Home Port, en 2013 se inició con una inversión de 197 millones de pesos y en 2014 se invertirá poco más de 300 millones de pesos.

Para el desarrollo de Puerto Progreso, mencionó que se destinará una inversión aproximada de 2 mil millones de pesos, donde se desarrollará primordialmente un viaducto; en lo que respecta a Puerto Vallarta, se construirá un nuevo edificio terminal para la atención de cruceros; para los puertos de Ceiba Playa y Ciudad del Carmen, se realizarán inversiones del orden de mil millones de pesos. De manera muy particular, señaló que la modernización del Puerto de Veracruz es de singular importancia, ya que es el puerto más grande que tendrá México, llegando a tener 30 nuevas posiciones de atraque y en un futuro manejar 88 millones de toneladas al año, convirtiéndolo en uno de los principales puertos de América Latina. Asimismo, mencionó también la importancia logística que tendrá la modernización del puerto de Tuxpan, el cual tendrá una importante conexión con la autopista México-Tuxpan, el Arco Norte y la zona del Bajío. Asimismo, mencionó la inversión en puertos como el de Altamira, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Mazatlán, los cuales señaló representan inversiones importantes para este sector.

El presidente, Alberto Curi Naime, agradeció la exposición del coordinador de Puertos y Marina Mercante, y solicitó al secretario Genaro Carreño Muro moderar la participación de los diputados participantes.

El diputado Jorge Rosiñol Abreu, integrante de la Comisión Especial de puertos y marina mercante, solicitó al coordinador de Puertos y Marina Mercante, conocer en qué consisten los proyectos de modernización de Campeche, Seybaplaya y de Isla del Carmen, así como las etapas en las que se desarrollarán estos proyectos.

Por su parte, el diputado Francisco Pelayo Covarrubias reiteró el apoyo que se le otorgó al puerto de Pichilingue, y solicita a la coordinación de puertos el poder agilizar la liberación del proyecto y gestión e registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ejercer el recurso asignado a la rehabilitación del puerto San Carlos.

La diputada Rocío Adriana Abreu reiteró su solicitud para atender el dragado del puerto del Carmen, en virtud de que se presenta una gran preocupación del azolvamiento del canal ubicado en este puerto y la erosión que esto ocasiona a la orilla de Ciudad del Carmen. Asimismo, solicitó información sobre el avance que se tiene del puente en la zona de Champotón que requieren los pescadores.

La diputada Martha Sosa Govea solicitó conocer el proyecto del túnel ferroviario en Manzanilla, a efecto de darle seguimiento.

La diputada Sonia Rincón Chanona preguntó si existía alguna proyección para puerto Madero en Tapachula, Chiapas.

Finalmente, el diputado Raúl Santos Galván Villanueva externó su interés por saber cuáles son las acciones que se tienen programadas para el desarrollo futuro del cabotaje en los puerto nacionales.

El licenciado Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, coordinador de Puertos y Marina Mercante, dio contestación a cada planteamiento, como sigue.

En relación con la intervención de los diputados Rocío Adriana Abreu Artiñano y Jorge Rosiñol Abreu, comentó que el proyecto del puerto de Ciudad del Carmen no contemplaba rompeolas y la parte de desarrollo era menor, por lo que el IMT definió que la solución era construir los rompeolas, y por ese motivo el registro que se tenía en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debía actualizarse, lo que demoró el arranque de la licitación que actualmente se encuentra en proceso. Para el caso del puerto Seybaplaya se está considerando el puente para los pescadores contemplándose una primera fase con una inversión de poco más de 200 millones de pesos.

Respecto al planteamiento del diputado Francisco Pelayo Covarrubias sobre el puerto San Carlos, se estaba analizando una oferta de cruceros entre Guerrero Negro y San Carlos, por lo que aún se estaba en pláticas con la secretaria de Turismo y así poder detonar esa zona.

En relación con el planteamiento de la diputada Martha Sosa sobre la construcción del túnel ferroviario, señaló que era fundamental para Manzanillo, pues de esta forma se podrá llegar a un mayor manejo de contenedores sin tener que cruzar por la ciudad.

Refiriéndose a la intervención de la diputada Sonia Rincón Chanona sobre el puerto Madero en Tapachula, Chiapas, mencionó que se están analizando los proyectos que puedan detonar esta zona y con ello se está buscando hacer promociones que generen la demanda para una mayor operación de este puerto.

Respecto al comentario del diputado Raúl Santos Galván Víllanueva, refirió que tenía doce años que no se realizaba el Reglamento de la Ley de Puertos, y con la ayuda de la Cámara de Diputados este se consolidó al igual que el Reglamento de la Ley de Navegación. Señaló también, que con la expedición del Reglamento del Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria (Cumar), se tiene claro que hay una operación comercial y administrativa de los puertos y que existe apoyo para la protección y seguridad de los puertos por parte de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Marina. Invitó a que los diputados colaboren para hacer una ley y un reglamento a la brevedad en materia de cabotaje, con lo que se crearía un nuevo instrumento de desarrollo que hoy en día es minoritario en nuestro país.

Por su parte, el diputado Amoldo Ochoa González, reconoció la importante inversión que se realiza en el sector portuario, que tiene la clara intención de impulsar el comercio internacional y en el país a través del cabotaje. Mencionó que es evidente el desarrollo regional que se dará con distintas obras en todos los puertos del país, con lo que se cumplirá un compromiso con la ciudadanía.

Por otro lado, mencionó que respecto a la Ley de Fomento a la Marina Mercante, a la Industria Naval y a la Educación Náutica, se ha avanzado en distintos temas y existe el compromiso de que junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se presente la iniciativa de ley en el próximo periodo ordinario de sesiones. Finalmente, solicitó al coordinador de Puertos y Marina Mercante el avance en el ejercicio presupuestal en términos generales, señalando éste que en lo que corresponde al mes de abril, se tiene un avance del 91 por ciento, considerando que a finales del mes se ejercerá el 100 por ciento y, con ese mismo ritmo, seguirán ejerciéndose los recursos en los siguientes meses.

El presidente, Alberto Curi Naime, agradeció las respuestas por parte del coordinador de Puertos y Marina Mercante y, mencionó que tanto la Comisión de Infraestructura como la Comisión Especial de Puertos y Marina Mercante realizaron visitas a las entidades federativas recorriendo obras carreteras, ferroviarias y portuarias, con lo que se han podido percatar de los avances que se va teniendo en cada una de ellas. Puntualizó la gran voluntad de la Cámara de Diputados para fortalecer la inversión en materia de infraestructura, mencionando el 46 por ciento de incremento que se tuvo con respecto al recurso etiquetado en el 2013. Asimismo, mencionó que el respaldo de una ejecución eficaz, efectiva y oportuna, hará posible dar respuesta a miles de mexicanos que requieren de estos servicios.

Acto seguido el presidente, Alberto Curi Naime, otorgó el uso de la palabra al contador público, Pablo Suárez Coello, director de Transporte Ferroviario y Multimodal, para los temas correspondientes a la subsecretaría de Transporte.

El contador público Pablo Suárez Coello, director de Transporte Ferroviario y Multimodal, mencionó que del monto autorizado al 30 de abril en materia ferroviaria, se había ejercido el 97 por ciento de los cursos programados, que han sido destinados para los trenes de pasajeros, apoyos para el transporte urbano de metrópolis y al transporte de carga ferroviaria, los cuales son importantes en la actuación de la economía nacional.

Mencionó que en materia de trenes de pasajeros se están ejecutando obras muy relevantes como lo es la ampliación de la Línea 3 del Metro de Monterrey, el cual fortalecerá e incrementará el tránsito en la Línea 1 y 2 y en el sistema de transporte masivo Ecovía, con lo que se fortalece el sistema de transporte masivo de más de 440 mil personas. Asimismo, señaló que se desarrolla la Línea 3 en Guadalajara, la cual complementará de manera importante la Línea 1 y 2, así como el Macrobús como sistema de transporte masivo.

Comentó, que otro de los proyectos que ya se encuentra en proceso de licitación es el primer tren interurbano que habrá de funcionar en el continente americano, uniendo a dos grandes metrópolis, el tren México-Toluca, donde mencionó que sin duda, será un proyecto que se sumará de manera importante a la conectividad y a la disminución de contaminantes. Por otro lado, mencionó el inicio de la primera etapa del tren de México con una visión hacia Guadalajara, el cual tendrá como primera etapa la construcción de la Ciudad de México a la de Querétaro, con lo que se podrá atender de manera importante la región del bajío de la República Mexicana.

Asimismo, mencionó que era importante complementar la movilidad de personas a través del transporte urbano de pasajeros, por lo cual en Tijuana se desarrollará el sistema de transporte masivo con autobuses articulares, para atender la necesidad de las personas que transitan sobre la frontera. En el caso de la región de La Laguna, señaló que iniciará el proceso de licitación para atender un transporte masivo que conecte Torreón con Gómez Palacio.

De igual modo, comentó que la construcción del libramiento ferroviario de Celaya en el que se construyen 46 kilómetros de libramiento y que es un punto medular donde concluye prácticamente el 50 por ciento de la carga nacional.

De igual modo, solicitó el apoyo de la comisión para poder destinar de manera importante recursos para la rehabilitación de las vías en Chiapas, mencionando que el ferrocarril del sur es una de las vías que se han descuidado. Consideró que es necesario conectar esta región a través de puerto Hidalgo, donde pudiera conectar al sistema ferroviario de Salina Cruz o la vía que viene desde Valladolid y poder conectarse a Coatzacoalcos, con ello, señaló que la región sur-sureste contribuiría a la fortaleza de la economía nacional.

El presidente, Alberto Curi Naime, agradeció la intervención del contador público Pablo Suárez Coello, y concedió el uso de la palabra a los diputados y diputadas que expresaron su interés por participar.

El diputado Mauricio Sahui Rivero solicitó información acerca de la proyección del tren transpeninsular, mencionando que este detonará el desarrollo económico de la zona sureste del país. El diputado Raymundo King de la Rosa expresó su solidaridad respecto a esta solicitud.

El secretario Genaro Carreño Muro preguntó, en relación con el tren que recorrerá a futuro parte de El Bajío, si sería posible iniciar la construcción del tramo Querétaro-Guanajuato.

El contador público Pablo Suárez Coello, atendiendo las inquietudes de los diputados, comentando, respecto al planteamiento de los diputados Mauricio Sahui y Raymundo King, que el tema del tren transpeninsular se está revisando, en lo que se está evaluando la rentabilidad social del proyecto; puntualizó que se busca poder fortalecer a la industria turística alimentando zonas como Cobá o Chichen Itzá, buscando también que se pueda competir con las exigencias mundiales, que los viajeros cuando desembarquen un crucero no tengan traslados de más de hora y media y así garantizar su regreso a tiempo y poder zarpar a su próximo destino.

Finalmente, respecto a la pregunta del secretario Genaro Carreño Muro, el contador público Pablo Suárez señaló que se estaba trabajando a marchas forzadas para tratar de obtener el registro en la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del proyecto Irapuato-León con ello se contaría con el soporte y aprobación para iniciar en esta administración dicho proyecto y así consolidar un solo sistema ferroviario junto con el tren de Querétaro.

El presidente, Alberto Curi Naime, agradeció la asistencia a la reunión de trabajo de los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y reconoció que las exposiciones presentadas serán de utilidad para la toma de decisiones en los próximos meses. Solicitó a los funcionarios externar al secretario de Comunicaciones y Transportes, su reconocimiento y agradecimiento por la amplia información recibida y que permitirá seguir consolidado la infraestructura mexicana.

9. Clausura de la decimoctava reunión ordinaria y cota a la próxima reunión

Habiéndose desahogado todos puntos del orden del día se dio por concluida la decimoctava reunión ordinaria, y se citó para la siguiente que se celebraría en mayo del presente año.

Atentamente

Diputado Alberto Curi Naime

Presidente



Indicadores

Del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Indicadores econůmicos de coyuntura


    I. econůmicos de coyuntura



Convocatorias

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

A la reunión de junta directiva que se llevará a cabo el miércoles 28 de mayo, a las 17:00 horas, en la sala de reuniones de la convocante, sito en el primer piso del edificio F.

Orden del Día

1. Lectura del orden del día.

2. Comunicación de asuntos turnados por la Mesa Directiva.

3. Oficios de solicitud turnados por la Junta de Coordinación Política.

4. Observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados, relativos al trabajo pendiente de la comisión.

5. Acuerdo para dictaminar los asuntos turnados por la Mesa Directiva durante el mes de junio.

6. Asuntos generales.

7. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente

Diputado Marcos Aguilar Vega

Presidente

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

A la decimocuarta reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 28 de mayo, a las 18:00 horas, en el salón C del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Informe de iniciativas turnadas por la Mesa Directiva.

4. Presentación de los diputados y las diputadas iniciantes, convocados.

5. Intervención de los diputados y las diputadas iniciantes.

6. Comentarios de los diputados y las diputadas integrantes.

7. Discusión y votación del proyecto de acta correspondiente a la decimotercera reunión ordinaria de la comisión.

8. Discusión y votación de predictámenes de la comisión.

9. Observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados, en relación con el trabajo pendiente de la comisión.

10. Asuntos generales.

11. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente

Diputado Marcos Aguilar Vega

Presidente

De la Comisión de Derechos de la Niñez

A la decimoquinta reunión plenaria, que tendrá verificativo el jueves 29 de mayo, de las 11:00 a las 12:00 horas, en el mezzanine del edificio A.

Atentamente

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña

Presidenta

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía

A la reunión que se realizará el jueves 29 de mayo, a las 11:00 horas, en el salón de protocolo del edificio C.

Orden del Día

I. Registro de asistencia y declaración de quórum.

II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

III. Lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone el procedimiento, para el análisis y discusión en comisiones, de las iniciativas con proyecto de decreto por las que se expiden, reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos en materia energética, presentadas por el Ejecutivo federal y remitidas a la Cámara de Diputados.

IV. Propuesta de declaración del carácter permanente de la reunión, conforme al artículo 171 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

V. Aprobación del acuerdo de las juntas directivas de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía por el que se fija el método de las reuniones para el análisis de las iniciativas de la reforma energética.

VI. Aprobación del programa de trabajo.

Atentamente

Diputado José Isabel Trejo Reyes

Presidente de la Comisión de Hacienda

y Crédito Público

Diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez

Presidente de la Comisión Energía

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

A la decimosexta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el jueves 29 de mayo, a las 13:00 horas, en el mezzanine del edificio A, lado sur.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación de las actas correspondientes a la decimocuarta y decimoquinta reuniones ordinarias.

4. Comunicaciones.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Atentamente

Diputada Adriana Hernández Íñiguez

Presidenta

De la Comisión de Desarrollo Rural

A la decimosexta reunión ordinaria, que tendrá lugar el jueves 29 de mayo, a las 17:00 horas, en el mezzanine del edificio A.

Atentamente

Diputado Víctor Serralde Martínez

Presidente

De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social

A la duodécima reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 4 de junio, a las 11:00 horas, en el salón C del edificio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la reunión anterior.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo Referente al Sector Social de la Economía, suscrita por el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

5. Asuntos generales:

a) Invitación de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito a la decimotercera Convención financiera cooperativa latinoamericana.

6. Clausura.

Atentamente

Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo

Presidenta

Del Grupo de Amistad México-Georgia

A la reunión que sostendrá con integrantes del Parlamento georgiano –Zurab Abashidze, vicepresidente; Levan Berdzenishvili, presidente del Grupo México-Georgia; y Gia Tsagareishvili, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales– el viernes 6 de junio, a las 10:00 horas, en el salón A del edificio G.

Atentamente

Diputada Martha Leticia Sosa Govea

Presidenta



Invitaciones

De la diputada Graciela Saldaña Fraire

Al foro Medio ambiente y alternativas, que se llevará a cabo el martes 3 de junio, de las 10:00 a las 13:00 horas, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, en el patio Autonomía del Palacio de Minería, situado en Tacuba 5, colonia Centro.

Habrá exposiciones pictórica, fotográfica y escultórica, ponencias de académicos y organizaciones no gubernamentales.

Participarán el ingeniero Juan José Guerra Abud, el doctor José Narro Robles, el diputado Silvano Aureoles Conejo, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinoza, el senador Luis Sánchez Jiménez y la diputada Graciela Saldaña Fraire.

Atentamente

Diputada Graciela Saldaña Fraire

Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

Al foro Agua: escasez y riesgos, por efectuarse el miércoles 4 de junio, de las 9:30 a las 15:00 horas, en la zona C del edificio G.

El registro comenzará a las 9:00 horas.

Programa

Mesa 1. El agua: derecho o bien económico

Moderadora

Diputada Graciela Saldaña Fraire

Comisión de Cambio Climático

Licenciada Anaid Velasco Ramírez

Centro Mexicano de Derecho Ambiental

Doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas

Instituto de Investigaciones Jurídicas

Universidad Nacional Autónoma de México

Licenciado Óscar Pimentel González

Comisión Nacional del Agua

Doctor Luis Miguel Galindo Paliza

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Santiago, Chile

Mesa 2. Escasez, estructura hídrica y conflicto social

Moderadora

Diputada Rosa Elba Pérez Hernández

Comisión de Recursos Hidráulicos

Licenciado Gabino Giovanni Velázquez Velázquez

Equipo Solidaridad

Tribu Yaqui

Doctor Víctor Magaña Rueda

Instituto de Geografía

Universidad Nacional Autónoma de México

Doctor Francisco Sales Heredia

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

Mesa 3. Agua: cambio climático y desastres naturales

Moderador

Licenciado Rafael Guadarrama

Coordinador de Ciencia y Tecnología

Once Noticias

Diputada Lourdes Adriana López Moreno

Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Doctor Roberto Constantino Toto

Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

Doctora Lucía Guadalupe Matías Ramírez

Centro Nacional de Prevención de Desastres

Doctor Jorge López Blanco

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

Para mayor información consultar

www.diputados.gob.mx/cesop

Facebook: www.facebook.com/cesop

Twitter: @Cesop01

Blog: cesop.blogspot.mx

Prerregistro a los teléfonos 5036 0000, extensiones 51300, 54225 y 55242

* Programa sujeto a cambios

Atentamente

Doctor Rafael Aréstegui Ruiz

Director General

Del diputado Antonio Sansores Sastré

Al foro El humano derecho del no abandono al tratamiento, por efectuarse el martes 17 de junio, de las 10:00 a las 15:00 horas, en el Salón Verde, del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Atentamente

Diputado Antonio Sansores Sastré

Del diputado Antonio Sansores Sastré

A la tercera Cumbre nacional de validación de la iniciativa de Ley del Expediente Clínico Universal con Firma Electrónica, que se realizará el miércoles 18 de junio, de las 10:00 a las 15:00 horas, en el auditorio Heberto Castillo, del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Atentamente

Diputado Antonio Sansores Sastré

De la Comisión de Puntos Constitucionales

En coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, al diplomado Análisis político y reforma política en México, que se llevará a cabo los lunes, miércoles y viernes comprendidos hasta el 10 de octubre, de las 8:00 a las 10:00 horas, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

El diplomado está dirigido a legisladores, asesores parlamentarios y políticos, estudiantes e investigadores (de ciencia política, administración pública, derecho, sociología, economía, relaciones internacionales y antropología), funcionarios públicos de los tres niveles, académicos y personas relacionadas con la investigación, el servicio público, la organización y liderazgo político y partidista, la participación ciudadana y en general, el comportamiento, cultura actores, tendencias y estudios en materia política, en cualquiera de sus ámbitos, que deseen ampliar sus conocimientos y desarrollar sus habilidades en la gestión del cambio político.

Objetivo general

Proveer los conceptos fundamentales, elementos de análisis, interpretación, prognosis, estrategia y formación de habilidades teóricas y prácticas para la interacción con los procesos políticos y para impulsar el desarrollo y cambio de instituciones, organizaciones y actores de la vida pública, en cualquiera de sus manifestaciones, procurando metodologías objetivas y científicas, a partir del estudio sistemático y documentado, sustentado en las investigaciones más actualizadas en el campo de la ciencia política y de la administración pública.

Metodología

Se desarrollarán 6 módulos, en 60 sesiones de trabajo los lunes, miércoles y viernes, de 8 a 10 de la mañana, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Los ponentes que participarán en el diplomado serán investigadores, profesores de educación superior, funcionarios públicos y responsables de organismos no gubernamentales, con la idea de generar una discusión multidisciplinaria sobre los temas antes descritos.

Evaluación: 80 por ciento de asistencia como mínimo y las evaluaciones aplicadas en cada módulo.

Programa

7 al 28 de mayo

• Módulo l. Conceptos y herramientas para el análisis político cuantitativo y cualitativo

– Ciencias sociales y ciencia política

– La pluralidad teórico-metodológica de la ciencia política

– Métodos de investigación para el análisis político

– La investigación cualitativa

– Análisis de discurso

– Análisis de datos cuantitativos y cualitativos

– Conceptos fundamentales del Estado y del sistema político

– Teoría de juegos y análisis simulado

– Evolución histórica de la ciencia política

– Instituciones constitucionales y sistema político

30 de mayo al 20 de junio

• Módulo II. Régimen político y transición democrática

– Presidencialismo, parlamentarismo y semipresidencialismo

– La jefatura de gabinete

– La reelección en cargos de elección popular

– Elementos que configuran una crisis política

– Escenarios de reforma política en el mundo

– Conceptos y experiencias de transición democrática

– La reforma del estado en América latina y en el mundo

– Cambio político mundial

– Evolución y situación de los partidos políticos

– Desarrollo de organismos no gubernamentales

– Estudios de gobernabilidad democrática y gobernanza

– Transiciones democráticas en América, Europa, Asia y África

23 de junio al 14 de julio

• Módulo III. Sistema electoral y desarrollo campañas

La implementación de las reformas electorales de 1994, 1996 y 2007.

– El nuevo contexto electoral y la necesidad de reformas

– Factores para perfeccionar el modelo electoral.

– El Instituto electoral federal en la democracia mexicana

– El Tribunal Electoral y el régimen jurisdiccional electoral

– Partidos, coaliciones y alianzas

– Alcances de una ley general de partidos

– Análisis de los modelos de desarrollo de campañas

– La gerencia política

– El marketing y el branding político

– Factores relevantes para campañas exitosas

16 de julio al 6 de agosto

• Módulo IV. Federalismo y relaciones intergubernamentales

– El sistema federal mexicano

– Competencias federales y locales

– El fortalecimiento regional y metropolitano

– El ejercicio del poder político en los poderes ejecutivos locales y en los congresos locales

– Hacia un sistema de ciudades

– El federalismo fiscal

– El gasto federal descentralizado

– El sistema de representación federal en las entidades federativas

– La reforma municipal

– Las políticas públicas en un contexto descentralizado

– Perspectivas de la planeación nacional del desarrollo

– Competitividad y crecimiento regional

– Financiamiento del desarrollo y deuda pública nacional y local

8 de agosto

(dos semanas de vacaciones) y

25 de agosto al 17 de septiembre

(excepto 1 y 15 de septiembre)

• Módulo V. Formación de ciudadanía y capital social

– Nuevos movimientos ciudadanos

– Ciudadanía y gobernabilidad

– Modelos de participación ciudadana

– Las candidaturas ciudadanas

– Referéndum, plebiscito, revocación de mandato e iniciativa popular

– La terciarización económica y social en el mundo

– Organización social y empresas sociales

– El desarrollo de los organismos no gubernamentales

– Mecanismos de participación ciudadana en las políticas públicas

– Valores cívicos y democracia

– Organización y dirección de asociaciones de la sociedad civil

19 de septiembre al 8 de octubre

• Módulo VI. Taller de análisis comparado coyuntural y estructural de participación política, opinión pública y comunicación política

– Branding, marketing, ensayo político, comunicación y oratoria política, encuestamiento y muestreo, medición de la opinión pública, análisis del discurso, organización y dirección de campañas políticas, análisis político comparado.

10 de octubre

• Ceremonia de clausura

Programación sujeta a cambios

Atentamente

Diputado Julio César Moreno Rivera

Presidente

De la Comisión de Puntos Constitucionales

A estudiantes de la licenciatura en derecho, que cursen en instituciones educativas públicas o privadas, se les invita a inscribirse y participar en la consulta universitaria de ensayos y propuestas de reformas constitucionales Tú, como estudiante en derecho, ¿qué propones?

Los seleccionados serán invitados al honorable Congreso de la Unión, con traslado y viáticos pagados, para exponer su ensayo en una mesa de debate.

Para mayor información comunicarse a los teléfonos 5036 0000 o 01800 1226 272, extensión 58126; al correo electrónico

propuestasconstitucionales@yahoo.com.mx;

o en el sitio

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/012_c omisioneslxii/01_ordinarias/067_puntos_constitucionales

Atentamente

Diputado Julio César Moreno Rivera

Presidente