Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 3981-I, jueves 13 de marzo de 2014

De los diputados Alliet Mariana Bautista Bravo, María Sanjuana Cerda Franco y Enrique Aubry Castro Palomino, sobre retiro de iniciativas con proyecto de decreto
De la Secretaría de Gobernación, con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados
De la Secretaría de Gobernación, con la que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura
Del ayuntamiento de Guanajuato, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, sobre el respeto de los derechos humanos de mujeres indígenas en el estado
De la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, respecto a la asignación de recursos para los planes de manejo de barrancas en Álvaro Obregón
De la Cámara de Senadores, con la que devuelve el expediente de la minuta con proyecto de decreto que reforma la denominación de la sección 3 del capítulo IV y adiciona el artículo 53 Bis a la Ley General de Educación, en materia de escuelas de tiempo completo, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional
De la Cámara de Senadores, con la que devuelve el expediente de la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o., 27 y 75 de la Ley General de Educación, en materia de cobro de cuotas, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional
De la Cámara de Senadores, con la que devuelve el expediente de la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley General de Educación, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional
De la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a efecto de que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas emita un estudio que analice el impacto presupuestario del aumento salarial mínimo de 30 por ciento a docentes que impartan educación en lenguas originarias, presentada por el senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD
De la Cámara de Senadores, con la que remite solicitud del senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD, respecto a la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 107, 109, 113, 114 y 116, y adiciona el 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate de la corrupción

Con proyecto de decreto, que reforma la denominación del capítulo único del título tercero Bis, y adiciona el capítulo II del título tercero Bis y el artículo 149 Quáter al Código Penal Federal
Con proyecto de decreto, que reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
Con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
Con proyecto de decreto, que reforma el primer párrafo y adiciona uno último al artículo 259 Bis del Código Penal Federal, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional

Iniciativas de ley o decreto de senadores

Con proyecto de decreto, que reforma y adiciona los artículos 194 F-1 y 238 de la Ley Federal de Derechos, con objeto de incrementar el pago de derechos a la cacería, presentada por el senador Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Comunicaciones oficiales

De los dipuatados Alliet Mariana Bautista Bravo, María Sanjuana Cerda Franco y Enrique Aubry Castro Palomino, sobre retiro de iniciativas con proyecto de decreto

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2014.

Diputado José González Morfin

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presente

Por este conducto me dirijo a usted para saludarlo respetuosamente, y haciendo uso de mi derecho establecido en el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito de la manera más atenta que gire sus instrucciones a fin de que las iniciativas a continuación enlistadas, sean retiradas de la Comisión de Hacienda y Crédito Público por nula actividad parlamentaria para su dictamen, así como por el disenso en el acuerdo de la Comisión para dictaminar en razón del “interés” del grupo parlamentario y no en términos del Reglamento de la Cámara de Diputados vigente; y se actualicen los registros parlamentarios correspondientes:

• Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones pe Crédito, de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros y de la Ley Orgánica de la Financiera Rural.

• Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

• Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

• Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales en materia de ahorro y préstamo.

• Que expide la Ley Orgánica del Banco Social de México.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2014.

Diputado José González Morfín
Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados
Presente

Con fundamento en el articulo 77 párrafo segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones para que sea retirada y borrada de todos los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto por el que expide la Ley del Instituto de Fomento a la Educación e Inclusión Financiera, presentada por la suscrita y publicada en la Gaceta Parlamentaria de ésta soberanía el 16 de agosto del 2013, y que fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta honorable Cámara, para formular el dictamen correspondiente.

Agradeciéndole de antemano su atención a la presente, reciba usted mis saludos más cordiales.

Atentamente
Diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2014.

Diputado José González Morfín
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a ese órgano de gobierno, se retire la siguiente iniciativa presentada ante el pleno el pasado miércoles 11 de diciembre de 2013 y turnada a la Comisión de Transportes para dictamen:

• Con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley de Aviación Civil.

Para efecto de que se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.

Diputado Enrique Aubry Castro Palomino (rúbrica)

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados

México, DF, a 10 de marzo de 2014.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-6-1282, signado por el diputado José González Morfín, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SSAL 00412/14, suscrito por el embajador Ernesto Campo Tenorio, director general para América Latina y el Caribe, Encargado de despacho de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a incluir en la agenda binacional con la República de Guatemala, los temas relativos a los efectos del cambio climático en la zona fronteriza y sus ríos y cuerpos de agua, así como la posibilidad de integrar un programa binacional de desarrollo sustentable para dicha zona.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica)

Encargado del Despacho de la Unidad de Enlace Legislativo

(Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.)

México, DF, a 11 de marzo de 2014.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-7-1303, signado por el diputado José González Martín, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1.3.-112/2014 suscrito por el licenciado Adrián del Mazo Maza, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a realizar un estudio costo-beneficio del tramo que inicia a partir del puente San Pedro Límite de los estados de Tabasco y Campeche y municipio de Champotón de la Carretera Federal 180, y en caso de resultar viable física, económica, social y ambientalmente la obra, se realice el proyecto ejecutivo y los estudios complementarios respectivos para la ampliación a cuatro carriles de este tramo carretero.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos

México, DF, a 10 de marzo de 2014.

Licenciado Felipe Solís Acero

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos

Secretaría de Gobernación

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/280/14 del 27 de febrero de 2014, mediante el cual la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación remite copia del punto de acuerdo aprobado en la sesión celebrada el 25 de febrero de 2014 por-del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, cuyo resolutivo cito a continuación:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que realice el estudio costo-beneficio del tramo inicia a partir del puente San Pedro, límite de los estados de Tabasco y Campeche y municipio de Champotón de la carretera federal 180 y, en caso de resultar viable física, económica, social y ambientalmente la obra, se realice el proyecto ejecutivo y los estudios complementarios respectivos para la ampliación a cuatro carriles de este tramo carretero.”

En atención a ello, me permito ofrecer la respuesta que, en términos de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, obsequió el maestro Óscar Raúl Callejo Silva, director general de Carreteras, mediante oficio 3.1.1.026.14, de 5 de marzo de 2014, que se adjunta al presente para los fines conducentes.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado Adrián del Mazo Maza (rúbrica)

Director General de Vinculación

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2014.

Licenciado Adrián del Mazo Maza

Director General de Vinculación

Presente

En atención al oficio número DGPL-62-II-7-1303 del diputado José González Morfín, en el que informa a esta secretaría que mediante acuerdo celebrado el día 25 del actual, la Cámara de Diputados aprobó la realización del estudio costo-beneficio del tramo que inicia en el puente San Pedro, en el límite de estados de Tabasco y Campeche concluye en el municipio de Champotón, sobre la carretera federal 180.

Al respecto, me permito informar a usted que se solicitará a la Dirección General de Desarrollo Carretero elaborar el estudio costo-beneficio de la obra de referencia, para que en caso de resultar viable, esta dirección general a mi cargo elabore el proyecto ejecutivo y los estudios complementarios para su ampliación a cuatro carriles.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Maestro Óscar Raúl Callejo Silva (rúbrica)

Director General de Carreteras

(Se remite a la Comisión de Infraestructura, para su conocimiento.)

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura

México, DF, a 10 de marzo de 2014.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-6-1196, signado por la senadora Lisbeth Hernández Lecona, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.2.-106/2014, suscrito por el licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como del anexo que en mismo se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a implementar de manera urgente una campaña de difusión a nivel nacional, con objeto de dar a conocer los calendarios establecidos en las reglas de operación de los programas estratégicos del año 2014 y que los productores puedan acceder a los mismos, asimismo se instruya a todos los delegados de esa secretaría en las entidades federativas, a desarrollar una campaña de comunicación de manera inmediata y extensiva para informar a los productores del campo, los calendarios conforme a las reglas de operación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica)

Encargado del Despacho de la Unidad de Enlace Legislativo

México, DF, 4 de febrero de 2014.

Licenciado Valentín Martínez Garza

Director General Adjunto de Proceso Legislativo de la Secretaría de Gobernación

Presente

En atención a la solicitud de información que hace la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión con relación al dictamen de la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– por el que se exhorta a la Sagarpa a implantar una campaña de difusión sobre los calendarios establecidos en las reglas de operación de los programas para 2014, dado en la sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 28 de enero de 2014, el cual contiene el siguiente resolutivo:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que se implemente de manera urgente una campaña difusión a nivel nacional con objeto de dar a conocer los calendarios establecidos en las reglas de operación de los programas estratégicos del año 2014 y que los productores puedan acceder a los mismos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación para que instruya a todos sus delegados en las entidades federativas a desarrollara una campaña de comunicación de manera inmediata y extensiva para informar a los productores del campo los calendarios establecidos en las reglas de operación de los programas estratégicos del año 2014.

Me permito hacerle llegar la información que nos hizo llegar la Coordinación General de Delegaciones mediante oficio número 113.01.-035/2014, de fecha 4 de marzo del año en curso, con el cual se da respuesta a la información requerida.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado Francisco Olvera Acevedo (rúbrica)

Director General Adjunto de Estudios Institucionales

México, DF, 4 de marzo de 2014.

Licenciado Francisco Olvera Acevedo

Director General Adjunto de Estudios Institucionales

Presente

En atención a su oficio número 112.2.046/2014, de fecha 29 de enero del presente año, con el cual hace del conocimiento el dictamen de la Tercer Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, con el que exhorta a la Sagarpa a implementar campañas de difusión de los calendarios establecidos en las Reglas de Operación de los Programas 2014, mediante dos puntos de acuerdo.

Con independencia a que fueron publicadas las Reglas de Operación para los Programas 2014, en el DOF el 18 de diciembre de 2013, que incluyen los calendarios, esta coordinación no tiene opinión en contrario, y estamos a la espera de la instrucción que se determine por el titular.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Contador Público Rodolfo Antonio Mendívil García (rúbrica)

Director General adjunto de Control Operativo

(Se remite al Promovente, para su conocimiento.)

México, DF, a 10 de marzo de 2014.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-3-1326, signado por la senadora Lisbeth Hernández Lecona, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UP/DGPC/2014/0F/175, suscrito por la médica veterinaria zootecnista Mirna Yadira Aragón Sánchez, directora general de Planeación y Consulta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a presentar la metodología clara en la consulta, bajo el principio del consentimiento libre, previo e informado, al pueblo Cucapá sobre la cuota de captura para el aprovechamiento de curvina golfina (Cynoscion othonopterus), en aguas de la jurisdicción federal del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado para el año 2014, asimismo, una vez llevada a cabo dicha consulta la hagan del conocimiento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica)

Encargado del Despacho de la Unidad de Enlace Legislativo

México, DF, a 26 de febrero de 2014.

Maestro Valentín Martínez Garza

Encargado del Despacho de la Unidad de Enlace Legislativo

Subsecretaría de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación

Por instrucciones de la L. C. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado y en atención a su oficio número SELAP/UEL/311/155/14, de fecha 30 de enero del año en curso, mediante el cual hace de nuestro conocimiento que por oficio número D.G.P.L.62-II-3-1326 la senadora Lisbeth Hernández Lecona, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, comunica a esa secretaría el acuerdo aprobado por el pleno de aquel órgano legislativo, en sesión celebrada el día 29 del presente año, lo siguiente:

“Primero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y al Instituto Nacional de Pesca, para que presenten metodología clara en la consulta, bajo el principio del consentimiento libre, previo e informado, al pueblo Cucapá sobre la cuota de captura para el aprovechamiento de curvina golfina (Cynoscion othonopterus), en aguas de la jurisdicción federal del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado para el año 2014.

”Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a las instancias de gobierno para que una vez llevada a cabo la consulta, lo hagan del conocimiento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Además ésta instancia intergubernamental incentivará la integración de una comisión ciudadana que se asuma como observadora de la implementación de la consulta.”

Con fundamento en los artículos 1 y 2, fracción X, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2, fracción XI, y 19, fracción IX, de su Estatuto, es facultad de esta comisión, asesorar en la materia indígena a las instituciones federales que lo soliciten. Al respecto me permito hacer de su conocimiento que esta Comisión Nacional, desde su creación ha elaborado procedimientos apropiados para consultar a la población indígena, por ello actualmente contamos con un sistema de consulta indígena el cual fue creado, por el Consejo Consultivo de esta comisión, dicho sistema consiste en un conjunto de procedimientos y acciones que permitan conocer, promover, enriquecer, registrar, sistematizar y reintegrar las opiniones, sugerencias, recomendaciones y decisiones emitidas por los pueblos y comunidades indígenas.

Con base en éste Sistema de Consulta, actualmente contamos con un protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes , el cual se pone a disposición de las instituciones responsables de operar una consulta a fin de que cuenten con una herramienta de apoyo en la garantía del derecho de consulta y participación de los pueblos y comunidades indígenas del país previa la emisión de permisos, concesiones, licencias o autorizaciones en territorios indígenas en el ámbito de sus competencias.

Finalmente, hago de su conocimiento que esta institución está en la mejor disposición de asesorar en la elaboración de la metodología para la implementación de la consulta a la que se refiere el punto de acuerdo referido en párrafos anteriores, a las instancias responsables de aplicar la consulta, en éste caso a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y al Instituto Nacional de Pesca, ya que la autoridad responsable de realizar la consulta es la que emite la medida administrativa o legislativa susceptible de afectar los derechos de la población indígena.

A mayor abundamiento, esta Comisión ha iniciado desde 2012 un proceso de acercamiento con las dependencias y entidades de la administración pública federal que emiten permisos, concesiones, autorizaciones o licencias, con base en la recomendación 56/2012 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por cuanto hace al caso específico del punto de acuerdo, ya se han llevado a cabo reuniones con personal de la Conapesca e Inapesca y el Gobierno del Estado de Baja California, para que en cuanto se requiera ésta Comisión coadyuve en el proceso de consulta con la metodología y la asesoría a efecto de que las cooperativas de pescadoras y pescadores del pueblo Cucapá sean debidamente consultados respecto a las cuotas de captura, en la última reunión llevada a cabo en el mes de noviembre, incluso participó un asesor del diputado Carlos de Jesús Alejandro, integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Médica Veterinaria Zootecnista Mirna Yadira Aragón Sánchez (rúbrica)

Directora General

(Se remite al promovente, para su conocimiento.)

México, DF, a 12 de marzo de 2014

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número DGPL 62-II-5-1363, signado por la senadora Lisbeth Hernández Lecona, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPVCI/DV/0218/2014, suscrito por el maestro Jorge Nader Kuri, director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al informe de las acciones emprendidas para especializar al personal que atiende a víctimas de delitos respecto de la debida investigación y persecución de los delitos cometidos contra niñas y mujeres, de conformidad con lo establecido en el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica)

Encargado del Despacho de la Unidad e Enlace Legislativo

Maestro Valentín Martínez Garza

Encargado del Despacho de la Unidad e Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación

Presente

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/082/14, por el que se comunica a esta Procuraduría el punto de acuerdo aprobado por el honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el día 22 de enero del año en curso y que, en el resolutivo conducente, señala, en lo que atañe a esta Institución:

“Único. Se solicita respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República, informe de las acciones emprendidas para especializar al personal que atiende a víctimas de delitos respecto de la debida investigación y persecución de los delitos cometidos contra niñas y mujeres, de conformidad con lo establecido en el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2012.” (sic)

Sobre el particular, y con fundamento en el artículo 89, fracciones X y XI, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, comunico a usted que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, informó a esta de mi cargo que:

“...por instrucciones de la maestra Nelly Montealegre Díaz, fiscal especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, me permito hacer de su conocimiento que se elaboró el informe sobre el punto de acuerdo de la Primera Comisión de la Comisión Permanente de la LXII Legislatura, por el cual se solicita a la PGR que informe sobre las acciones emprendidas para especializar al personal que atiende a víctimas de delitos de la debida investigación y persecución de los delitos cometidos contra niñas y mujeres, mismo que le fue remitido el día jueves 23 de enero del presente vía correo electrónico; con lo que se da cumplimiento a la solicitud efectuada.”

Reciba un saludo afectuoso.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Maestro Jorge Nader Kuri (rúbrica)

Director General

(Se remite al promovente, para su conocimiento.)

Del ayuntamiento de Guanajuato, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, sobre el respeto de los derechos humanos de mujeres indígenas en el estado

Guanajuato, Guanajuato, a 12 de febrero de 2014.

Diputado José González Morfín

Vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura

Cámara de Diputados

Presente

1. El pasado 7 de octubre se recibió en la Presidencia Municipal, el oficio D.G.P.L. 62-II-6-0874 en el cual usted me comunica un punto de acurdo donde se contienen dos exhortos que hace la honorable Cámara de Diputados, que señalan:

c) “La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al titular de la Presidencia Municipal de Guanajuato para que, en el marco del artículo 1o. constitucional, se respeten los derechos humanos y garantías de las personas indígenas, especialmente de las mujeres, en el marco de sus atribuciones.”

d) “Se exhorta respetuosamente al Congreso local de Guanajuato para que en uso de sus facultades le dé seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.”

2. Por este medio y en seguimiento a este asunto le informo:

En el mes de marzo de 2013, el grupo de comerciantes ambulantes de origen indígena, que dieron causa a la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, de la cual ya se dio cuenta, interpusieron demanda de amparo en el Juzgado Segundo de Distrito en el estado, donde se dolían de los mismos actos denunciados al ombudsman , es decir:

• La no expedición de permisos para ejercer el comercio.

• Que con violencia, amenazas y prepotencia, se les prohíbe vender sus productos.

• Que se les prohíbe quedarse en el sitio (jardín de La Unión) por ser ésta un área para transeúntes y turistas, no para las indias (sic);

• Que se les prohíbe sentarse en las bancas del jardín.

Este procedimiento de protección ante los tribunales federales, garantes de la Constitución y de los derechos humanos; expertos en atender todo tipo de asuntos con perspectiva de género, aplicando derecho internacional y protocolos de actuación para grupos vulnerables; fue revisado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa , donde se determinó por unanimidad, en sentencia de fecha 30 de enero del año en curso que:

d) No se violaron los derechos humanos de las comerciantes indígenas.

e) Fueron inexistentes los actos de molestia reclamados por las comerciantes.

f) No se encontró evidencia alguna sobre actos de molestia a su libertad de tránsito, de uso de espacios públicos, ejercer el comercio o insultos de origen étnico

Al probarse la falsedad de la reclamación las Quejosas, los tres magistrados que integran el pleno del tribunal colegiado, desecharon la demanda de amparo por ellas solicitado.

Esta resolución viene a confirmar, que esta administración municipal ha sido respetuosa de la ley y de los derechos humanos de los ciudadanos, lo cual seguiremos haciendo porque es nuestro deber y convicción.

Me permito anexar copia de la ejecutoria integra en copia certificada y de los oficios mencionados en el presente, para los efector legales a que haya lugar.

Sin otro particular, reciba las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ingeniero Luis Fernando Gutiérrez Márquez (rúbrica)

Presidente Municipal

(Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.)

De la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, respecto a la asignación de recursos para los planes de manejo de barrancas en Álvaro Obregón

México, DF, a 24 de febrero de 2014.

Diputado Ricardo Anaya Cortés

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presente

En ejercicio de la facultad conferida al secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, en la fracción III, artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de Gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en el artículo 1o., 7 y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al Manual Administrativo correspondiente; adjunto oficio SEDEMA/TMG/134/2014, de fecha 10 de febrero del 2014, suscrito por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, mediante el cual remite respuesta al punto de acuerdo D.G.P.L. 62-11-2-952, en donde se comunicó por parte del diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXII, Legislatura de ese órgano legislativo, la aprobación del mismo en sesión celebrada el 3 de diciembre de 2013.

Sin otro particular, reciba un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez (rúbrica)

Coordinador General de Enlace Legislativo

México, Distrito Federal, a 10 de febrero de 2014.

Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez

Coordinador General de Enlace Legislativo

Secretaría de Gobierno

Presente

Me refiero al exhorto descrito en el acuerdo único emitido por la Mesa Directiva de la LXII Legislatura a través del oficio número D.G.P.L. 62-11-2-952, expediente número 1856, el cual solicita destinar recursos del Fondo Ambiental Público para que estos sean etiquetados a la elaboración y ejecución de los programas de manejo de 11 barrancas, las cuales refieren dentro de la delegación Álvaro Obregón, siendo importante destacar que estas se encuentran ubicadas en las delegaciones Magdalena Contreras, Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón.

Al respecto, me permito informarle que el techo presupuestal asignado al Fondo Ambiental Público, aprobado dentro del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio 2014, contempla recursos que han sido etiquetados a programas específicos como son:

1. Programa de fondos de apoyo para la conservación y restauración de los ecosistemas a -través de la participación social, en sus dos modalidades:

a. Proyecto de fondos para la conservación y restauración de ecosistemas.

b. Proyecto de apoyo para la participación social en acciones para la conservación y restauración de los ecosistemas.

2. Programa de retribución por servicios ambientales en reservas ecológicas comunitarias y áreas comunitarias de conservación ecológica.

3. Programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura (Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades).

4. Programa de vehículos contaminantes y unidades sin verificar. Subprograma: inspección y control de vehículos.

5. Programa Nacional Forestal.

6. Programa Ecobici (mantenimiento a bicicletas y cicloestaciones).

En razón de lo anterior, el Fondo Ambiental Público no está en posibilidad de asignar recursos a otros temas de carácter ambiental que no hayan sido contemplados dentro del programa operativo anual.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Maestra en Ciencias Tanya Müller García (rúbrica)

Secretaria

México, Distrito Federal, a 24 de diciembre de 2013.

Maestra en Ciencias Tanya Müller García

Secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal

Presente

En ejercicio de la facultad conferida al secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, en la fracción III, artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de Gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en el artículo 1o., 7 y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al Manual Administrativo correspondiente; adjunto oficio DGPL.-62-Jl-2.-952, de fecha 3 de diciembre de 2013, suscrito por la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mediante el cual hace del conocimiento el punto de acuerdo que fue aprobado por el pleno de esa Cámara.

Motivado a lo anterior, solicito respetuosamente que se sirva girar sus apreciables instrucciones, a efecto de hacer llegar a la Secretaría de Gobierno la respuesta validada por usted, que se ha de remitir al órgano legislativo correspondiente de la información que considere necesaria para atender dicho planteamiento en los términos solicitados.

Sin otro particular, reciba un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez (rúbrica)

Coordinador General de Enlace Legislativo

(Se remite a la Comisión del Distrito Federal, para su conocimiento.)

De la Cámara de Senadores, con la que devuelve el expediente de la minuta con proyecto de decreto que reforma la denominación de la sección 3 del capítulo IV y adiciona el artículo 53 Bis a la Ley General de Educación, en materia de escuelas de tiempo completo, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional

México, DF, a 11 de marzo de 2014.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de decreto que reformaba la denominación de la sección 3 del Capítulo IV y adicionaba el artículo 53 Bis a la Ley General de Educación, en materia de escuelas de tiempo completo.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

Atentamente

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta

De la Cámara de Senadores, con la que devuelve el expediente de la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o., 27 y 75 de la Ley General de Educación, en materia de cobro de cuotas, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional

México, DF, a 11 de marzo de 2014.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se desecha el proyecto de decreto que reformaba los artículos 6, 27 y 75 de la Ley General de Educación, en materia de cobro de cuotas.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

Atentamente

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta

De la Cámara de Senadores, con la que devuelve el expediente de la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley General de Educación, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional

México, DF, a 11 de marzo de 2014.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se desecha el proyecto de decreto que reformaba el artículo 8 de la Ley General de Educación.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

Atentamente

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta

De la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a efecto de que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas emita un estudio que analice el impacto presupuestario del aumento salarial mínimo de 30 por ciento a docentes que impartan educación en lenguas originarias, presentada por el senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

México, DF, a 11 de marzo de 2014.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas emita un estudio que analice el impacto presupuestario referente al aumento salarial de al menos un 30 por ciento a docentes que impartan educación en lenguas originarias,

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dispuso que dicha documentación, misma que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta

El suscrito, senador de la república Sofío Ramírez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 2o. de la Carta Magna reconoce que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

En el apartado A, fracción IV, establece y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.1

En noviembre de 1999, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) proclamó el 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua Materna, en memoria al Movimiento por la Lengua Bengalí, que se suscitó en 1952, cuando estudiantes que se manifestaban por el reconocimiento de su lengua, Bangla, como uno de los dos idiomas nacionales de la entonces Pakistán, fueron acribillados por la policía de Dhaka, la capital de lo que hoy es Bangladesh.

A partir del 21 de febrero del año 2000, la comunidad internacional ha conjuntado esfuerzos para que cada año se conmemore este día, con el propósito principal de promover la diversidad lingüística a nivel mundial y la necesidad de impartir una educación plurilingüe, con miras a fomentar la importancia de la enseñanza en la lengua materna.2

El 2 de noviembre de 2001, la UNESCO, adoptó la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural.

Su artículo 5o. versa sobre los derechos culturales, como marco propicio de la diversidad cultural y afirma lo siguiente:

“Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son universales, indisociables e interdependientes. El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización de los derechos culturales, tal como los define el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Toda persona debe, así, poder expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna; toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respete plenamente su identidad cultural; toda persona debe poder participar en la vida cultural que elija y ejercer sus propias prácticas culturales, dentro de los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”.3

De la misma manera, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, adoptada en Nueva York el 13 de septiembre de 2007, en su segundo artículo establece que: Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas.4

Asimismo, en su artículo 13 dicha Declaración, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos.

En México se conservan 68 lenguas originarias con 364 variantes lingüísticas,5 y seis de cada 100 mexicanos hablan una lengua distinta al español. Sin embargo, con base en el estudio: México. Lenguas indígenas nacionales en riesgo de desaparición: variantes lingüísticas por grado de riesgo. 2000 publicado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en 2012, se establece que 64 fueron catalogadas con un muy alto grado riesgo de desaparición, 43 con alto riesgo de desaparición, 71 con mediano riesgo de desaparición, y únicamente 185 (poco más de la mitad), han sido catalogadas como “con riesgo no inmediato de desaparición”.6

La pérdida de nuestra herencia cultural representa un costo invaluable para la nación y para la humanidad, lo anterior a pesar de que nuestro marco legal contempla como derecho diversas legislaciones que están encaminadas a garantizar la conservación de nuestras lenguas originarias, entre las que destaca, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas promulgada el 9 de abril de 2012 y que tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas.7

La antedicha ley junto con otros ordenamientos como la Ley General de Educación, establecen los fundamentos legales que obliga y promueve el derecho a la educación bilingüe en nuestro país.

Sin embargo, en muchos casos esto no es posible porque no se cuenta con el personal necesario para atender la demanda real, lo que resulta contrario a lo establecido en la ley; además es necesario atender y superar otras problemáticas, como es la falta de incentivos para los docentes bilingües, que en la mayoría de los casos, deben atender comunidades indígenas, cubriendo grandes distancias para poder acceder a las comunidades originarias.

Otra problemática que resulta grave, es la inequidad persistente en salarios a profesores, a pesar de que el estudio Panorama de la Educación 2013: Indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), señala que la inversión total de México en educación se mantiene cercana a la media de la organización, aunque también marca que la mayoría de los recursos se gastan en remunerar al personal docente. El estudio señala que una forma de examinar el gasto en educación es en relación con la riqueza nacional de un país. En 2010, el 6.2 por ciento del PIB de México se destinó al gasto en instituciones educativas, ligeramente inferior a la media de la OCDE (6.3 por ciento); pero mayor que el porcentaje del PIB que se gasta en la educación en Australia (6.1 por ciento), Brasil (5.6 por ciento), la Federación Rusa (4.9 por ciento), España (5.6 por ciento) y Suiza (5.6 por ciento)

En dicho estudio se señala también que, México destina el 83.1 por ciento de su presupuesto para educación a los sueldos del profesorado y el 93.3 por ciento a la remuneración del personal en su conjunto; estos son los porcentajes más altos entre los países de la OCDE (las medias de la OCDE son de 62 por ciento y 78.2 por ciento respectivamente). Alrededor del 87.2 por ciento del gasto en educación primaria se asigna a la remuneración de los maestros (el porcentaje más alto entre los países de la OCDE).

No obstante, en lo referente únicamente a la educación básica, el estudio (Mal) Gasto. Estado de la Educación en México 2013, de la asociación Mexicanos Primero, señala que los maestros rurales ganan menos de la mitad del salario de aquellos que laboran en las grandes ciudades, lo que contribuye a mantener a la educación de las zonas más marginadas del país en estado de vulnerabilidad.

El estudio precisa que un maestro que trabaja en comunidades alejadas en el estado de Guerrero gana menos de 13 mil pesos, considerando su sueldo base más incentivos y prestaciones, mientras que uno que trabaja en la capital o las principales ciudades de la entidad recibe hasta 30 mil pesos al mes, lo que se traduce en una diferencia del 1.5 hasta 2.3 veces.

Para la elaboración de la investigación, se analizaron los sueldos de Zacatecas, Sonora, Guerrero, estado de México y Nuevo León, en los cuales promedio es de 26 mil 668 pesos.8

Esta inequidad representa una desventaja inicial, tanto para los educadores como para los educandos, y si tomamos en cuenta que los profesores que atienden a estas comunidades, deben de ser por fuerza bilingües, la desigualdad es mayor si comparamos lo que percibe un profesor con estas características.

Por ejemplo, con base en el catálogo y tabulador de sueldos del personal docente de educación básica 2013 del Distrito Federal, se puede observar que los profesores que imparten en una lengua extranjera, perciben unaremuneración de al menos el 30 por ciento sobre el salario base equivalente del mismo nivel; al igual que los profesores de enseñanzas artísticas y musicales.

Retomando lo planteado en el estudio (Mal) Gasto. Estado de la Educación en México 2013, al referirse a cómo eliminar estas inequidades se afirma que, mientras no sea posible ofrecer educación de calidad a toda la población, no podrán superarse, si esas desigualdades no se evitan ofreciendo educación inicial –oportuna y eficaz– a los niños pertenecientes a los sectores sociales de menores recursos. Las desigualdades se deben combatir, implementando programas de educación compensatoria, destinados a asegurar la calidad de la educación básica que reciben los sectores sociales de menores recursos.

El gasto para equidad implica suspender la distribución inercial del gasto para dirigirlo, preferentemente, a quienes carecen del poder político necesario para exigir al Estado que ponga a su alcance las escuelas y aulas que necesiten; y para exigir, también, el acceso a los recursos humanos, materiales y técnicos que son necesarios para asegurar la calidad de la educación que reciben.9

Estas barreras se han originado en nuestro sistema político y en las deficiencias de nuestra administración pública. Conviene recordar que en cualquier sociedad, el decidir quién y cuándo recibe determinado beneficio depende de un proceso eminentemente político. El sistema político, en efecto, recibe –como “insumos”– determinadas demandas; las somete a un proceso de análisis, al introducir esas demandas en una especie de “caja negra”; y las convierte en decisiones que generalmente privilegian las demandas que son capaces de retroalimentar al sistema, proporcionándole mayores apoyos.

A pesar de las recientes reformas en materia de educación, que pretenden combatir la inequidad salarial entre profesores, no se contempla en ellas, el reconocimiento y mejora salarial, de la impartición de educación bilingüe que diariamente imparten miles de profesores en el país, con el afán de educar a nuestros niños indígenas y preservar nuestra diversidad e identidad cultural.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados para que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) emita un estudio que analice el impacto presupuestario referente al aumento salarial de al menos un 30 por ciento a docentes que impartan educación en lenguas originarias.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (2014), “Día Internacional de la Lengua Materna 2014” Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, México [En línea]. http://site.inali.gob.mx/Micrositios/dilm2014/index.html?utm_source=Fac ebook&utm_medium=CPC&utm_campaign=Dia_Lengua_Materna_2014.

3 Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural [En línea] http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

4 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. [En línea] file:///C:/Users/squi%C3%B1ones/Desktop/Iniciaiva%20Maestros%20Bilingue s%20Lengua%20Originaria/DRIPS_es.pdf

5 Chuayfett, Emilio (2014), discurso del secretario de Educación Pública, durante la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna 2014, celebrado en Creel, Chihuahua. 21/Feb/2014. México. [En línea] http://www.inali.gob.mx/es/difusion/discursos/364-discurso-del-titular- de-la-sep-emilio-chuayffet-chemor.html

6 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, (2012)“México. Lenguas indígenas nacionales en riesgo de desaparición: Variantes lingüísticas por grado de riesgo. 2000”, México, INALI.

7 Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

8 Morales, Claudia, (2013), Persisten inequidades en salarios a profesores, 4/Oct/2013, Aula Virtual, México [En línea] http://archivo.e-consulta.com/blogs/educacion/?p=1001

9 Mexicanos Primero, (2013), (Mal) Gasto. Estado de la Educación en México 2013, México. [En línea]http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/malgasto/malgasto_ estado-de-la-educacion-en-mexico_2013.pdf

México, Distrito Federal, a 13 de marzo de 2014.

Senador Sofío Ramírez Hernández (rúbrica)

De la Cámara de Senadores, con la que remite solicitud del senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD, respecto a la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 107, 109, 113, 114 y 116, y adiciona el 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate de la corrupción

México, DF, a 11 de marzo de 2014.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó solicitud de excitativa en relación con el proyecto de reforma de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate de la corrupción, enviada a la Cámara de Diputados el 13 de diciembre de 2013.

La Presidencia acordó remitir la documentación, que se anexa, a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta

Excitativa que exhorta a la Cámara de Diputados a dictaminar el proyecto de reforma constitucional en materia de combate de la corrupción, enviada el 13 de diciembre de 2013

Quien suscribe, Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del Senado de la República, conforme a lo dispuesto por los artículos 66 inciso c), 67 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 214 numerales 2 y 3, y 216 del Reglamento del Senado de la República, solicito respetuosamente que se formule excitativa que exhorta a la h. cámara de diputados a dictaminar el proyecto de reforma de los artículos 73, 107, 109, 113, 114 y 116, y adición del 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate de la corrupción, enviada el 13 de diciembre de 2013, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

I. El pasado 13 de diciembre de 2013, el Senado de la República alcanzo un acuerdo de carácter histórico para crear un nuevo andamiaje institucional en materia de combate a la corrupción.

II. La propuesta de dictamen contiene un claro avance en la instauración de un sistema efectivo de supervisión del buen ejercicio de la función pública y prevención y combate a la corrupción, al contemplar la mayoría de los temas considerados como mínimos para la izquierda, como

• Órgano autónomo constitucional: Se crea un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con facultades de combate, investigación y sanción respecto de las responsabilidades administrativas en que incurran servidores públicos y particulares relacionados con actos de corrupción.

• Titularidad del órgano: Dirección unipersonal, nombrado por el Senado y objetable por el Ejecutivo, con requisitos de elegibilidad equiparados a los del procurador general de la República.

• Procedimiento administrativo sancionador: El órgano anticorrupción debía participar como coadyuvante en el proceso administrativo sancionador llevado a cabo por los tribunales de cuenta; la propuesta del dictamen encomienda a tal órgano la prevención, investigación y sanción de las responsabilidades administrativas que deriven de los hechos de corrupción así calificados en la ley, cometidos por los servidores públicos de la federación, o por cualquier persona física o moral involucrada o beneficiada por tales actos. Se mantiene pendiente y sujeta a la reforma en materia de sistema nacional de fiscalización, la competencia de los tribunales de lo contencioso-administrativo.

• Facultad de atracción: El organismo anticorrupción podrá atraer aquellos hechos competencia de las entidades federativas y los municipios, en los términos que establezca la ley. Podrá atraer también investigaciones e imponer sanciones administrativas a servidores públicos de la federación, por hechos diversos de los calificados como corrupción, siempre que en los términos que prevea la ley concurran razones suficientes que justifiquen su conocimiento directo.

• Coadyuvancia: Establece como auxiliares del órgano anticorrupción a las autoridades de la federación, las entidades federativas y los municipios, incluyendo a las unidades de auditoría interna.

• Ejercicio de la acción penal: Se encomienda a fiscalías especializadas en investigar y perseguir los delitos de corrupción (federal y locales), nombradas por el Senado o por los congresos de las entidades federativas, en los términos de la ley penal vigente y de la ley reglamentaria que se emita.

• Recuperación de activos: Establece el decomiso y con la privación de la propiedad de los bienes cuya procedencia lícita no pudiesen justificar los servidores públicos acusados de enriquecimiento ilícito durante el tiempo de su encargo; se delega en la ley la determinación de estas sanciones.

• Emisión de recomendaciones: Se faculta al órgano para emitir recomendaciones particulares o de carácter general a los órganos públicos de los tres órdenes de gobierno, orientadas a mejorar los procedimientos administrativos y prevenir las prácticas de corrupción.

• Repercusión en los ámbitos local y municipal: Se establecen bases para que el organismo anticorrupción ejerciera sus funciones en cada una de las entidades federativas a través de oficinas encargadas a un fiscal estatal, independientemente del establecimiento de organismos autónomos semejantes. Se considera limitado pero suficiente el establecimiento de las fiscalías especializadas nombradas por el Senado y las legislaturas locales, siempre que la eventual autonomía de las procuradurías se concrete.

• Nombramiento de los auditores internos: Establece en régimen transitorio los requisitos para ser titular de las unidades de auditoría interna, que serán certificados por el órgano anticorrupción.

• Registro de declaración patrimonial y de intereses: El órgano anticorrupción estará facultado para mantener el registro público de la situación patrimonial de los servidores públicos.

III. El 4 de febrero de 2014, la Cámara de Diputados recibió la minuta que reforma los artículos 73, 107, 109, 113, 114 y 116, y adiciona el 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate de la corrupción, enviada el 13 de diciembre de 2013. El diputado Ricardo Anaya Cortés, presidente de la Mesa Directiva, turnó el documento a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Transparencia y Anticorrupción, donde se plantea crear este órgano, sin que a la fecha se considere el dictamen.

IV. La corrupción es el cáncer de las finanzas públicas en México y su poder se extienden a los círculos del sector privado y la clase política, a continuación exponemos algunos datos relevantes de este fenómeno, que requiere la inmediata dictaminación de la minuta en comento:

• El costo de la corrupción en México es el doble comparado con el resto del mundo: 10 por ciento del PIB, mientras que a escala mundial es de 5.

• Foro Económico Mundial: las empresas destinan entre 5 y 10 por ciento de sus ingresos para sobornos, un dato sin duda alarmante.

• Duodécima Encuesta Global de Fraude, presentada por Ernst & Young: 60 por ciento de los empresarios en México considera que los actos de corrupción y soborno se han convertido en actividad común.

• Índice de Percepción de la Corrupción: Las prácticas de soborno colocan a México en la posición 105 de un total de 176 naciones en el Índice de Percepción de la Corrupción 2012; comparado con Brasil (69), El Salvador (83), Colombia (94) y Argentina (102).

• Transparencia Mexicana midió cuánto pueden llegar a sumar en un año las “mordidas” para algunos de los trámites más frecuentes, como inscribir a un niño en la escuela, la recolección de basura, ser atendido en un hospital o evitar recibir una sanción por un agente de tránsito:

• En 2010 se identificaron al menos 200 millones de actos de corrupción . En conjunto, el monto de las “mordidas” superó 32 mil millones de pesos.

• Un hogar mexicano promedio destina 14 por ciento de su ingreso a pagos de sobornos: Un hogar con ingresos de 140 mil pesos anuales destino alrededor a 19 mil 600 pesos en sobornos.

• Barómetro Global de la Corrupción 2013 de Transparencia Internacional (TI) en una escala de 1 a 5 –donde 1 significa que la corrupción no es un problema y 5 que es un problema muy grave–, los encuestados mexicanos dieron al país una calificación de 4.7.

• El 72 por ciento de los mexicanos cree que las acciones del gobierno contra la corrupción son inefectivas .

• El 63 por ciento de los mexicanos opina que el gobierno opera sólo por unos cuantos intereses.

• El 81 por ciento de los mexicanos cree que la solución está en los ciudadanos comunes.

• El 33 por ciento de los mexicanos acepta haber ofrecido dinero a cambio de algún servicio.

• Deuda de los estados y los municipios: Alrededor de 3 por ciento del PIB de deuda sin destino específico en obra pública.

• Licitaciones públicas del IMSS: Compra de medicinas por prácticas de colusión representan un costo superior hasta de 36 por ciento.

V. En la presentación del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2012 a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, señaló que el principal problema en la ejecución del gasto público es la forma en que los gobiernos de los estados ejercen el presupuesto. Agregó que las administraciones locales aluden como pretexto para el desvío de recursos su debilidad financiera y ejemplificó con un dato relevante, pues en contraste con los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación, los órganos fiscalizadores estatales únicamente reportaron probables recuperaciones por 509 millones de pesos de fondos federales, 21 veces menos que lo encontrado por el órgano fiscalizador que encabeza, por un monto de 10 mil 915 millones de pesos.

De la Cuenta Pública de 2012 sobresalen las siguientes observaciones:

• En materia de salud, el Seguro Popular objetó irregularidades por 23.2 por ciento de su presupuesto por medio de operaciones financieras no registradas, transferencias indebidas a diversas cuentas bancarias, subejercicios y la compra de medicamentos a precios superiores a los de referencia.

• En materia de seguridad pública, la opacidad afectó en algunos casos hasta el 39 por ciento de los fondos destinados para tal efecto en situaciones como, transferencias indebidas, adquisiciones suntuarias e incumplimiento de responsabilidades a escalas federal y estatal .

• En materia de justicia penal, al menos 3 millones 922 mil 900 pesos es la afectación por las irregularidades en el manejo del subsidio para el nuevo sistema penal, el informe indica que la Secretaría Técnica de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, no cuenta con información confiable, suficiente y objetiva que permita conocer y verificar si la entrega del subsidio que se hizo a cada entidad del país corresponde a su nivel de avance.

• En cuanto a la administración federal, se ignora el destino de 285 mil mdp que formaron parte del endeudamiento de 2.2 billones de pesos registrado por la administración del sexenio pasado, el informe señala que del empréstito 1.5 billones se utilizaron para pagar el costo de la deuda, de los 726 mil 435 millones restantes, 441 mil 332 millones se utilizaron para cubrir el déficit presupuestario y de la cantidad restante se desconoce .

VI. El viernes 28 de febrero de 2014, elementos de la Procuraduría General de la República iniciaron una serie de cateos en las oficinas de la empresa Oceanografía tanto en la Ciudad de México como en Ciudad del Carmen, reportaron trabajadores de la empresa. El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, confirmó que fue asegurada la empresa Oceanografía, proveedora de Petróleos Mexicanos, por presuntas irregularidades en torno a un financiamiento bancario y lavado de dinero. El titular de la PGR explicó que la investigación derivó de un problema en el pago de una fracción de fianzas, y esta averiguación reveló el problema más serio de todos, refiriéndose a la falsificación de algunas cuentas que se presentan a Pemex, para que las apruebe, y con base en éstas, el banco preste dinero a Oceanografía. La firma Oceanografía está bajo investigación en México y Estados Unidos por la probable comisión del delito de lavado de dinero. En Estados Unidos, Citigroup y Banamex tendrán que comparecer ante las autoridades sobre asuntos relacionados con la Ley de Secreto Bancario en dicho país y requerimientos contra lavado de dinero. A través del reporte anual enviado por Citigroup a la Comisión del Mercado de Valores, el grupo confirmó que tanto la institución, como la unidad de Banamex USA recibieron un citatorio por parte de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y la oficina del fiscal de Estados Unidos en Massachusetts.

Por otro lado, la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos está investigando a Citigroup por fraude contable después de que el banco revelara préstamos en su unidad mexicana Banamex. El regulador de valores también estudia si Citigroup violó la ley de prácticas corruptas en el extranjero.1 El viernes 28 de febrero de 2013, Citigroup dijo que había encontrado 400 millones de dólares en préstamos incobrables en México, lo que lo llevó a recortar en 235 millones de dólares la ganancia neta que había reportado para el año pasado, a 13 mil 670 millones de dólares. De acuerdo con una fuente cercana a la investigación de la SEC, las averiguaciones estaban en sus primeras etapas y era demasiado pronto para determinar si el regulador derivará el caso a las autoridades penales del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El pasado viernes, la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos dijo que estaba siguiendo la situación por una posible actividad criminal.

Al mismo tiempo, Citigroup Inc. anunció que descubrió un fraude en su unidad en México, Banamex, lo que le llevó a recortar en 235 millones de dólares la ganancia neta que había reportado para 2013.2 El titular de la PGR informó que como administrador de Oceanografía se designó al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, y que continuará las investigaciones. El caso de Oceanografía se perfila como el escándalo de mayor envergadura en el sexenio por los lazos con la clase política y por evidenciar la debilidad de las instituciones reguladoras y de fiscalización para prevenir este tipo de actos de corrupción contra las finanzas públicas.

VII. Como sentencia puntualmente el articulista Francisco Guerrero Aguirre, la corrupción como un sistema de actos ilegales para abusar del poder se ha constituido como un uso ilegítimo y permanente de trampas y subterfugios para el beneficio de unos pocos. Ello ha significado que, pese a que como país somos más democráticos, esta apertura electoral no ha generado mecanismos eficientes para atacar de raíz el problema.

Con esos antecedentes, el Congreso de la Unión y de frente a la sociedad tiene incluso uno de las decisiones más importantes para este sexenio, para establecer una política de Estado de combate de la corrupción, a partir de un nuevo sistema nacional de combate de la corrupción que se coordine con el sistema nacional de fiscalización y el sistema nacional de transparencia.

Por lo expuesto y fundado, se solicita a la Mesa Directiva del Senado de la República que se formule excitativa, en los siguientes términos:

Único. El Senado de la República excita a la Cámara de Diputados a presentar dictamen de la minuta con proyecto de reforma de los artículos 73, 107, 109, 113, 114 y 116, y adiciona el 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate de la corrupción, enviada el 13 de diciembre de 2013.

Notas

1 http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/oceanografia-e xtendio-sus-nexos-a-sct-44557.html

2 A partir de la inhabilitación emitida por la Secretaría de la Función Pública, Banamex City Group hizo una revisión de la exposición de créditos otorgados a Oceanografía, SA de CV, y descubrió un fraude en su perjuicio por aproximadamente 585 millones de dólares, de los cuales 400 millones fueron otorgados con documentación falsa presentada por dicha empresa. Para obtener crédito en Banamex, Oceanografía dejaba en garantía facturas por cobrar que, supuestamente, formaban parte de un programa con Pemex.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 11 de marzo de 2014.

Senadores: Armando Ríos Piter, Mario Delgado (rúbricas).

Minutas

Con proyecto de decreto, que reforma la denominación del capítulo único del título tercero Bis, y adiciona el capítulo II del título tercero Bis y el artículo 149 Quáter al Código Penal Federal

México, DF, a 11 de marzo de 2014.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la denominación del Capítulo Único del Título Tercero Bis, y se adiciona el Capítulo II del Título Tercero Bis, que contiene el artículo 149 Quáter, al Código Penal Federal.

Atentamente

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA LA PENOMINACION DEL CAPITULO ÚNICO DEL TÍTULO TERCERO BIS, Y SE ADICIONA EL CAPÍTULO II DEL TÍTULO TERCERO BIS, QUE CONTIENE EL ARTICULO 149 QUATER AL CODIGO PENAL FEDERAL

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMA la denominación del Capítulo Único del Título Tercero Bis, y se ADICIONA el Capítulo II del Título Tercero Bis, que contiene el artículo 149 Quáter al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Capítulo I
Discriminación

Artículo 149 Ter. ...

Capítulo II
Acoso Laboral

Artículo 149 Quáter. A quien en el ámbito laboral ejerza cualquier tipo de violencia, de forma recurrente o sistemática, sobre otra persona y le cause un perjuicio profesional o daño patrimonial o económico o sufrimiento psicológico o físico, se le impondrá una multa de hasta cuarenta días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

En caso de reincidencia, además de la multa correspondiente, se impondrá la destitución del cargo, empleo o comisión.

Si quien acosa fuese superior jerárquico de la víctima, además de la multa señalada en el primer párrafo de este artículo, se le destituirá de su cargo, empleo o comisión desde el primer caso de aplicación.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 11 de marzo de 2014.

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta

Senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica)

Secretaria

Con proyecto de decreto, que reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

México, DF, a 11 de marzo de 2014.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Atentamente

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE.

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMA el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 20. La Comisión tendrá como órgano de gobierno a una Junta de Gobierno, que será la máxima autoridad del organismo y estará integrada por los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y Turismo, así como de la Comisión Nacional del Agua.

Los titulares a los que se refiere el párrafo anterior deberán nombrar un suplente quien deberá tener por lo menos el cargo de Director General o su equivalente. La Junta será presidida por el Titular de la Secretaría o el suplente.

Los nombramientos de suplentes podrán ser actualizados en el momento que el titular correspondiente lo estime necesario.

Los miembros de la Junta de Gobierno gozarán de voz y voto en las sesiones de la misma; al designar a los suplentes, deberán considerar las demás obligaciones que éstos deban cumplir en función de su cargo, a efecto de que cuenten con la disponibilidad necesaria para atender con diligencia y oportunidad los asuntos inherentes a su suplencia.

TRANSITORIO

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 11 de marzo de 2014.

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta

Senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica)

Secretaria

Con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

México, DF, a 11 de marzo de 2014.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Atentamente

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta

PROYECTO DE DECRETO

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

ARTICULO UNICO. Se REFORMAN el párrafo tercero del artículo 117; y las fracciones I y II del artículo 165; y se ADICIONAN una fracción XXII al artículo 163, recorriendo las subsecuentes, y la fracción III al artículo 165, todas de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 117. ...

...

No se podrá otorgar autorización de cambio de uso del suelo en terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años y en tanto no se acredite fehacientemente a la Secretaría que el ecosistema se ha regenerado totalmente mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el reglamento correspondiente.

...

ARTICULO 163. Son infracciones a lo establecido en esta Ley:

I. a XXI. ...

XXII. Realizar en terrenos incendiados cualquier actividad o el aprovechamiento de sus recursos, hasta en tanto se acredite fehacientemente a ,la Secretaría que el ecosistema se ha regenerado totalmente mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el reglamento correspondiente, salvo que la actividad vaya encaminada a lograr la restauración de dichos terrenos;

XXIII. Utilizar más de una vez, alterar o requisitar inadecuadamente, la documentación o sistemas de control establecidos para el transporte o comercialización de recursos forestales;

XXIV. Depositar residuos peligrosos en terrenos forestales o preferentemente forestales, sin contar con la autorización debidamente expedida para ello, y

XXV. Cualquier otra contravención a lo dispuesto en la presente Ley.

ARTÍCULO 165. ...

I. Con el equivalente de 40 a 1,000 días de salario mínimo a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones V, VI, XII, XV, XVI, XX y XXV del artículo 163 de esta Ley;

II. Con el equivalente de 100 a 20,000 días de salario mínimo a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones I, II, III, IV, VII, VIII, X, XI, XIII, XIV, XVII, XVIII y XXIV del artículo 163 de esta Ley, y

III. Con el equivalente de 150 a 30,000 días de salario mínimo a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones IX, XIX, XXI, XXII y XXIII del artículo 163 de esta Ley.

TRANSITORIO

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 11 de marzo de 2014.

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta

Senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica)

Secretaria

Con proyecto de decreto, que reforma el primer párrafo y adiciona uno último al artículo 259 Bis del Código Penal Federal, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional

México, DF, a 11 de marzo de 2014.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 259 Bis del Código Penal Federal.

Atentamente

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 259 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMA el primer párrafo, y se ADICIONA uno último, al artículo 259 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Capítulo I
Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Estupro y Violación

Artículo 259 Bis. Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de cuarenta días multa. Si quien hostiga fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo, oficio o comisión y se le inhabilitará para su ejercicio por un término de hasta seis meses.

...

La multa y la inhabilitación a que se refiere el presente artículo se aumentarán hasta en una mitad cuando el delito se cometa en contra de una persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo.

TRANSITORIO

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 11 de marzo de 2014.

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta

Senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica)

Secretaria

Iniciativa de ley o decreto de senadores

Con proyecto de decreto, que reforma y adiciona los artículos 194 F-1 y 238 de la Ley Federal de Derechos, con objeto de incrementar el pago de derechos a la cacería, presentada por el senador Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del PVEM

México, DF, a 11 de marzo de 2014.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 194 F-1 y 238 de la Ley Federal de Derechos, con el objeto de incrementar el pago de derechos a la actividad de cacería.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177 párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Vicepresidenta

El suscrito, senador Jorge Emilio González Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno, la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican las fracciones I, II, III y IV del artículo 194 F-1, las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X Y XI del artículo 238 y se adiciona un último párrafo al artículo 194 F-1 de la Ley Federal de Derechos con el objeto de incrementar el pago de derechos a la actividad de cacería, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

México es un país megadiverso, ocupa a nivel mundial el primero y el segundo lugar en diversidad de reptiles y mamíferos, respectivamente1 . Asimismo, forma parte de un grupo selecto poseedor de la mayor cantidad de animales y plantas.

Para algunos autores, el grupo lo integran 12 países: México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia y Australia. Otros, suben la lista hasta 17, añadiendo a Papúa Nueva Guinea, Sudáfrica, Estados Unidos, Filipinas y Venezuela.

Desde hace algunos años nuestro país presenta problemáticas relacionadas con la sustentabilidad del medio ambiente, ya sea la venta ilegal de especies, la cacería furtiva, el uso indiscriminado de especies para usos lucrativos, la contaminación atmosférica y del agua entre otras. A pesar de los esfuerzos que se han hecho, para prohibir estas prácticas o en algunos casos inhibirlas los resultados han sido desfavorables y a veces imperceptibles.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)2 , nuestro país presentó un costo por degradación y agotamiento ambiental de 985,064 millones de pesos, representando 6.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2012. Entre los que destacan; el agotamiento por hidrocarburos (1.4 por ciento), recursos forestales (0.1 por ciento), agua subtrerránea (0.2), contaminación atmosférica (3.4 por ciento) y degradación del suelo (0.5 por ciento).

Por otro lado, el gasto público que se realizó para protección ambiental, según el mismo instituto fue de 143 mil 66 millones de pesos, representando 1 por ciento del producto interno bruto; concentrándose ese gasto en los rubros de la construcción, las actividades el gobierno y la minería.

Lo anterior, nos muestra que el costo por el daño ambiental es mayor al gasto público que se asigna para la protección del mismo. Es decir, perdemos riqueza natural cada vez más y gastamos poco en preservación y cuidado de los recursos naturales. Esto nos señala el nivel de indiferencia de los mexicanos con relación a este tema.

Es importante señalar que México se ha comprometido a conservar la biodiversidad a través de algunos convenios internacionales relativos a la preservación de la diversidad, como el Convenio sobre Diversidad Biológica3 adoptado en Río de Janeiro, Brasil, siendo el primer acuerdo mundial enfocado en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, el cual tiene tres objetivos muy claros:

a) Conservación de la biodiversidad.

b) Uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica y

c) Participación justa y equitativa en los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos.

En lo que se refiere al uso sostenible de la diversidad biológica, nuestro país lo ha logrado a través de un elemento sustancial como son las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), las cuales están registradas ante la autoridad. Se considera UMA a los criaderos intensivos y extensivos, viveros, zoológicos y jardines botánicos. A partir de ellas se han creado los ranchos de cacería o cinegéticos.

Entre los problemas que presenta la conservación de la vida silvestre en los últimos años en México, está el de la cacería deportiva, una actividad que consiste en la búsqueda, persecución o acecho, para dar muerte a través de medios permitidos a un ejemplar de fauna silvestre cuyo aprovechamiento haya sido autorizado, con el propósito de obtener una pieza o trofeo.4

La cacería deportiva se puede practicar en dos espacios permitidos: en un rancho cinegético que son extensiones de terreno propiedad privada o en terrenos y zonas federales mediante el pago de derechos por diversos conceptos.

Esta actividad, genera opiniones diversas entre algunas personas, en cuanto a la bondad o la crueldad hacia los animales, aunque la propia ley lo permita.

Hay visiones en que la caza representa un “deporte” que involucra una serie de reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada traduciéndose en un momento de esparcimiento, mientras que hay quienes piensan que matar a los animales no puede ser un deporte y menos una diversión, objetando que la muerte de un animal se considere un trofeo.

Más allá de las opiniones que desata esta actividad, es necesario que los derechos que ingresan a la federación por el aprovechamiento extractivo y por los servicios que presta la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en materia de vida silvestre, se incrementen en proporción al impacto al medio ambiente, y a que la cacería atenta contra la preservación de especies silvestres, en algunos casos en peligro de extinción o de protección especial; y de que dichos ingresos se destinen a la Semarnat.

A partir de 2005, algunas entidades federativas como Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora, Chihuahua y Baja California han firmado convenios de descentralización con la Semarnat con el objetivo de que se les transfieran atribuciones en materia de vida silvestre entre las que destacan el otorgamiento, suspensión y revocación de registros, autorizaciones, certificaciones y demás actos administrativos vinculados al aprovechamiento y liberación de ejemplares de las especies y poblaciones silvestres y el otorgamiento, suspensión y revocación de licencias para el ejercicio de la caza deportiva y para la prestación de servicios de aprovechamiento en caza deportiva.5

Lo anterior, significa que ahora será más difícil conocer cuánto se recauda por estos conceptos debido a que cada estado tendrá en sus manos el manejo administrativo por estos rubros, volviéndose poco transparente tanto la obtención, como la asignación de los recursos recaudados por la actividad, aunque dichos convenios se sustenten en un “fortalecimiento al federalismo”.

Los ingresos provenientes por esta actividad deben ser manejados de forma cuidadosa, porque están relacionados con la biodiversidad siendo ésta fundamental tanto en los seres humanos como en los propios animales.

De acuerdo con información de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en el año 20126 se recaudaron ingresos por permisos y licencias de caza de poco más de un millón y medio de pesos, cifra notablemente pequeña en relación con el valor que tienen estas especies. Por ejemplo, en la ley vigente; el derecho que se paga por la expedición de una licencia de caza deportiva de modalidad indefinida cuesta mil 494.95 pesos y la expedición de un cintillo de aprovechamiento cinegético cuesta 247.567 . Por otro lado, el valor de un venado cola blanca oscila entre los 13 mil 500 y 24 mil pesos8 . Lo anterior señala que los derechos que se pagan por esta actividad no son proporcionales con el valor de las especies que se cazan.

En los ranchos cinegéticos9 , los costos varían dependiendo de la especie que se quiera cazar y de la región. Por ejemplo: en un rancho del centro del país un cazador paga 5 mil dólares por un venado cola blanca texano10 . Este precio incluye los servicios de hospedaje, alimentos y bebidas, así como copinados y salados del trofeo. Lo que no incluye son propinas, preparación de carne, renta de arma y tiros además del traslado al rancho.

Como se puede observar, los ranchos cinegéticos ofrecen servicios adicionales al del mero aprovechamiento de la fauna silvestre, como son: hospedaje, o casas estilo campestre, guías, cursos y posibilidades de acampar. En algunos también hay otras actividades como el senderismo que se practica durante todo el año.

Es importante señalar que no se está proponiendo la prohibición de esta actividad, puesto que es permitida y de acuerdo con algunos sectores la actividad es sustentable, sino que los derechos por servicios de vida silvestre se incrementen cincuenta veces su valor actual (cuadro 1), ya que es claro que esta actividad es de “nicho”, es decir; la practican pocas personas con alto nivel económico ya sean residentes o no residentes, por lo que el aumento en el pago de estos derechos sería progresivo.

El gobierno federal ha hecho énfasis en la urgencia de ampliar la plataforma tributaria y no hace mucho se aprobó una reforma hacendaria de carácter progresivo, cobrando más impuestos a los que más tienen; por lo tanto la aplicación de la medida antes descrita beneficiaría en dos sentidos; por un lado, se incrementaría la recaudación por la actividad y por otro se seguiría teniendo un aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre, por lo que resultaría no sólo progresiva, sino que también totalmente viable.

En lo que respecta a la cacería en terrenos y zonas federales se propone que el aumento se lleve a cabo en un 100 por ciento de su valor actual. Lo anterior se plantea, tomando en cuenta que en la miscelánea fiscal aprobada para 199811 la Ley Federal de Derechos estableció determinados valores para las especies señaladas en el artículo 238, por lo que se calculó una tasa de crecimiento compuesto anual entre el valor de ese año y los valores del 200212 que es el ejercicio fiscal en el cual se observa un cambio drástico en las cuotas por derechos en el aprovechamiento de esas especies, y lo que se observó es que cada una tiene tasas de crecimiento heterogéneas, por lo que se decidió tomar la tasa de crecimiento calculada para el jabalí en esos años en estudio. Cabe destacar que, entre esas fechas no se encontraron actualizaciones en el cobro de derechos.

Es conveniente señalar que las modificaciones a la Ley Federal de Derechos que se proponen, están fundamentadas en lo establecido en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y el acuerdo por el que se da a conocer la lista de especies y poblaciones prioritarias para la conservación publicado el 5 de marzo de 2014, donde se encontraron algunas especies que están contempladas en la ley en comento, para aprovechamiento cinegético como son: el borrego cimarrón, el venado bura, algunas aves de la fracción VI, el pavo ocelado, pequeños mamíferos y el jabalí; con categoría de protección especial, amenazadas y en peligro de extinción.

Por lo que la propuesta del cobro de derechos de estas especies está totalmente alineada con la categoría que asigna la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la conservación de la fauna silvestre y con la protección y preservación de la biodiversidad.

Es pertinente señalar que la actualización de los derechos por los anteriores conceptos, no ha sido periódica como lo señala la Ley en su artículo 1o., cuarto, quinto y sexto párrafos, que a la letra dice:

“Las cuotas de los derechos que se establecen en esta ley se actualizarán anualmente el primero de enero de cada año, considerando el periodo comprendido desde el decimotercer mes inmediato anterior y hasta el último mes anterior a aquél en que se efectúa la actualización.

Los derechos que se adicionen a la presente ley o que hayan sufrido modificaciones en su cuota, durante el transcurso del ejercicio fiscal que corresponda, se actualizarán en el mes de enero del ejercicio fiscal en que se actualicen las demás cuotas de derechos conforme al párrafo anterior, considerando solamente la parte proporcional del incremento porcentual de que se trate, para lo cual se considerará el periodo comprendido desde el mes en que entró en vigor la adición o modificación y hasta el último mes del ejercicio en el que se efectúa la actualización. Para las actualizaciones subsecuentes del mismo derecho, las cuotas de los derechos a que se refiere este párrafo, se actualizarán conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.

Para los efectos de los párrafos anteriores, se aplicará el factor de actualización que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del periodo, entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes anterior al más antiguo del periodo, o bien, el del mes anterior a aquél en que entró en vigor la adición o modificación a que se refiere el párrafo anterior”.

Lo anterior se enfatiza, ya que en el análisis realizado a las actualizaciones de cobro de derechos por los conceptos aquí propuestos, se observó que no ha sido homogéneo ni periódico. Por ejemplo en 199613 , en el artículo 238 de la ley en comento, solamente aparecen dos especies por las que se pagaba el derecho por aprovechamiento y eran el venado bura en Sonora o cola blanca texano y el venado bura en el resto del país y para 1997 aparece una lista de 14 especies más.

En dicho análisis se revisó la exposición de motivos de la miscelánea fiscal propuesta en 199714 para encontrar el fundamento de dichos cambios en la multicitada Ley, sin embargo no se halló el argumento bajo el cual se adicionaron catorce especies. El mismo ejercicio se hizo para años posteriores y se observa que, las actualizaciones no han sido como lo señala el artículo primero de la Ley, lo cual quiere decir que las modificaciones a este artículo han sido totalmente indiscriminadas y sin fundamento alguno en relación con el impacto ambiental por el aprovechamiento de estas especies.

Por último, cabe señalar que lo que se pretende con esta iniciativa es inhibir la actividad de la cacería y que quien quiera llevar a cabo esta actividad deberá pagar un precio justo por el daño que está ocasionando, legitimando de esa manera al estado para que imponga instrumentos económicos y sean los cazadores quienes asuman la externalidad negativa15 ambiental en cuanto a la degradación y agotamiento, y no la sociedad.

Por todo lo anterior, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifican las fracciones I, II, III y IV del artículo 194 F-1, las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI del artículo 238 y se adiciona un último párrafo al artículo 194 F-1 de la Ley Federal de Derechos

Artículo Único. Se reforman las fracciones I, II, III y IV del artículo 194 F-1, las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, y XI del artículo 238, y se adiciona un último párrafo al artículo 194 F-1 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 194-F-1. ...

I. Por cada solicitud de registro en materia de vida silvestre $19,235.50

...

II. Por el trámite y, en su caso, expedición de cada licencia de prestadores de servicios de aprovechamiento en caza deportiva.......................................... $53,393.00

III. Por la expedición de cintillo de aprovechamiento cinegético $12,378.00

IV. Por la expedición o reposición de cada licencia de caza deportiva:

a). De modalidad anual............... $24,039.00

b). De modalidad indefinida........ $74,747.50

...

Los ingresos que se obtengan por la recaudación de estos derechos, se destinarán a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la restauración de hábitats y otros proyectos especiales relacionados con la vida silvestre.

Artículo 238. ...

I. Borrego Cimarrón ........................ $856,863.0

II. Venado bura en Sonora o cola blanca texano $82,420.0

III. Puma $31,735.6

IV. Venado Bura Cola Blanca en el resto del país y Temazate . $25,388.5

V. Faisán de Collar ........................... $15,867.8

VI. Patos, palomas, codornices, cercetas, gansos, perdiz, tinamú, branta negra del pacífico y otras aves, por lote ........................................................... $46,705.1

VII. Guajolote Silvestre y Pavo Ocelado . $9,520.7

VIII. Zorra gris y otros pequeños mamíferos $9,520.7

IX. Gato Montés ................................. $6,347.1

X. Jabalí (de collar, labios blancos, europeo) . $6,347.1

XI. Borrego Audat o Berberisco ......... $1,586.7

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, crearán los mecanismos para el establecimiento de una fórmula que establezca el incremento anual del cobro de los derechos por cada fracción de los artículos 194F-1 y 238.

Tercero. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la fórmula del artículo 238 establecida en el artículo segundo transitorio del presente decreto adicionarán un porcentaje que corresponda a la disminución de la población de las especies.

Notas

1. Disponible en: http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/286/ramirez.html

2. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/scn/c_anuales/c_econec ol/default.aspx

3. Disponible en: http://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml

4. Artículo 3o., fracción IV de la Ley General de Vida Silvestre

5. Ley General de Vida Silvestre, art. 9º. fracción XII.

6. Analítico de Ingresos 2012; Secretaría de Hacienda y Crédito Público

7. Ley Federal de Derechos, art. 194 F-1

8. Disponible en http://pimvssierramalichi.com.mx/text/4443.html

9. Rancho Cinegético, es una Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, cuyo fin es el aprovechamiento de especies de vida silvestre, a través de la cacería.

10. Disponible en http://www.rancholosvenados.com/precios

11. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfd/LFD_ref20_29dic97.doc

12. Disponible en:http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfd/LFD_ref24_01ene02.do c

13. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfd/LFD_ref19_30dic96.doc

14. Revisado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del día 11 de diciembre de 1997

15. Efecto de las actividades de producción o consumo de un agente sobre el consumo o producción de otros agentes. Si se presentan un costo o una disminución del bienestar se denominan externalidades negativas.

Senado de la República, a 11 de marzo de 2014.

Senadores: Jorge Emilio González Martínez, Pablo Escudero Morales (rúbricas).