Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 3979-VI, martes 11 de marzo de 2014
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la secretaria de Salud que fije medidas para garantizar por obligatoriedad que todo el personal prestador de servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil en guarderías cuente con estudios específicos en la materia comprobables y certificados por la institución educativa correspondiente, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., apartado 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para solicitarle respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno federal a que realice las medidas pertinentes para garantizar por obligatoriedad que todo el personal dedicado a la prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo Integral infantil en las guarderías, cuente con los estudios específicos en la materia, comprobables y certificados por la institución educativa correspondiente, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde hace poco más de dos décadas la familia mexicana ha sufrido cambios en su organización, la gran mayoría motivados básicamente por la necesidad de proveer el sustento.
Es así que tenemos hogares donde cada vez más ambos padres trabajan, o bien hay padres solos que son el único sostén de la familia como por ejemplo madres solteras o jefas de familia que tienen que equilibrar el tiempo que destinan a su trabajo con el que le brindan a sus hijos y encontrar entre éstos dos un espacio donde sus hijos estén bien.
Cifras al respecto aportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)1 indican, que tan sólo en el inicio de la década del año 2000 cerca del 35 por ciento de mujeres activas económicamente tuvieron que abandonar sus trabajos ya sea en el sector servicios o comercio, por no contar con alguien que cuidara a sus hijos. Desgraciadamente éste porcentaje no ha dejado paulatinamente de incrementarse a la fecha.
De igual manera, tenemos que más del 40 por ciento de la población económicamente activa son mujeres que se encuentran entre 25 y 39 años2 (edad de plenitud laboral o profesional, que coincide con la etapa de maternidad planeada) y muchas de ellas son la cabeza y el único sustento económico de más de 5 millones de hogares en el país.
Sin embargo; independientemente de la estructura organizacional y de funcionamiento económico de la familia, la realidad es que la demanda de las estancias denominadas “infantiles” o “guarderías”; que son espacios en donde se reciben a los menores de 43 días de nacidos y hasta los 5 años 11 meses de edad, para cuidarlos el tiempo necesario para que sus padres cumplan con su jornada laboral –generalmente todo el día–, se ha incrementado y no solo son necesarias, sino incluso imprescindibles.
En México se ha detectado lo anterior y se han hecho esfuerzos institucionales para otorgarle la debida atención al asunto. Parte de estos esfuerzos radican en la identificación plena de sus características; por ejemplo existen tres modalidades de estancias infantiles:
• Las subsidiadas por alguna institución pública local o una organización civil;
• Las destinadas a trabajadores derechohabientes de institutos de salud o empresas; y
• Las privadas o también consideradas particulares.
Así como también se han definido sus objetivos, su misión y sus obligaciones; al respecto la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil publicada el 24 de octubre del 2011, es muy clara y en ella se expresa lo siguiente:
• Encomienda:
“Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto establecer la concurrencia entre la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, así como la participación de los sectores privado y social, en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos.”
• Organización:
“Artículo 11. El Ejecutivo federal por conducto de sus dependencias y entidades, los Poderes Ejecutivos de los estados, del Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales y los municipios garantizarán, en el ámbito de sus competencias, que la prestación de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil se oriente a lograr la observancia y ejercicio de los siguientes derechos de niñas y niños:
I. A un entorno seguro, afectivo y libre de violencia;
II. Al cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física o psicológica;
III. A la atención y promoción de la salud;
IV. A recibir la alimentación que les permita tener una nutrición adecuada;
V. A recibir orientación y educación apropiada a su edad, orientadas a lograr un desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social hasta el máximo de sus posibilidades, así como a la comprensión y el ejercicio de sus derechos;
VI. Al descanso, al juego y al esparcimiento;
VII. A la no discriminación;
VIII. A recibir servicios de calidad y con calidez, por parte de personal apto, suficiente y que cuente con formación o capacidades desde un enfoque de los derechos de la niñez; y
IX. A participar, ser consultado, expresar libremente sus ideas y opiniones sobre los asuntos que les atañen y a que dichas opiniones sean tomadas en cuenta.”
• Funcionamiento:
“Artículo 12. Con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios a que se refiere esta ley, en los centros de atención se contemplarán las siguientes actividades:
I. Protección y seguridad;
II. Supervisión e inspección efectiva en materia de protección civil;
III. Fomento al cuidado de la salud;
IV. Atención médica en caso de urgencia, la cual podrá brindarse en el centro de atención o a través de instituciones de salud pública o privadas;
V. Alimentación adecuada y suficiente para su nutrición;
VI. Fomento a la comprensión y ejercicio de los derechos de niñas y niños;
VII. Descanso, esparcimiento, juego y actividades recreativas propias de su edad;
VIII. Apoyo al desarrollo biológico, cognoscitivo, psicomotriz y socio-afectivo;
IX. Enseñanza del lenguaje y comunicación;
X. Información y apoyo a los padres, tutores o quienes tengan la responsabilidad del cuidado o crianza, para fortalecer la comprensión de sus funciones en la educación de niñas y niños.”
Con estos esfuerzos, se pretendió institucionalizar la seguridad y la integridad de los menores a los que les asiste éste derecho y además garantizar para la tranquilidad de sus padres o tutores, que el desarrollo de sus hijos se brindaría bajo las mejores condiciones.
Si bien, se ha logrado avanzar al respecto en materia de ordenamiento, regulación operacional, medidas de seguridad, prevención de accidentes y protección civil en la zona circundante a las instalaciones; todavía no se ha obtenido lo deseable por encima de lo posible.
Aún queda mucho por hacer en la materia.
Por ejemplo, no se ha logrado contabilizar el número exacto del total de guarderías y estancias infantiles que operan en el país, existe una cifra aproximada que rebasa las 9 mil instalaciones sin embargo se tiene conocimiento que hay muchos lugares irregulares que ofrecen sus servicios de manera doméstica; es decir utilizan sus hogares acondicionándolos de manera improvisada.
Pero además, se ha dejado de lado un factor determinante para que todo lo anterior en materia de funcionamiento y regulación se cumpla a cabalidad y conforme se exige y se requiere.
No se ha establecido en la ley la profesionalización del personal que labora en las guarderías o estancias infantiles en el país.
En algunos casos, se exige que el personal deba de contar con la preparación requerida y además certificada por las autoridades educativas correspondientes; pero son casos excepcionales; no corresponde a una obligación.
Esta situación es inadmisible, si en contraparte nos hemos esforzado por garantizar que estos espacios sean lo mejor posible para el cuidado de nuestros hijos. Incluso ha favorecido el establecimiento masivo de lugares irregulares o improvisados. Que prosperan como un foco latente de accidentes, porque los padres tienen irremediablemente que salir a trabajar y buscan la opción más cercana a su casa, la más barata y la que en el horario les convenga para dejar a sus hijos por un lapso que puede variar entre las 4 y 9 horas diarias; dejando en último término la preparación, certificación y experiencia de las personas que se quedan como responsables de sus hijos.
En contraparte encontramos, que lo único que se mencione al respecto sea en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en su artículo 8 que dice:
“Artículo 8. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. a VI. ...
VII. Prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo Integral infantil: Aquellas personas físicas o morales que cuenten con permiso, licencia o autorización, emitido por la autoridad competente, para instalar y operar uno varios Centros de Atención en cualquier modalidad y tipo;
VIII. a XV...”
Pero como se puede apreciar, únicamente define; pero no establece los criterios de preparación y certificación de habilidades que deban de tener obligatoriamente para prestar sus servicios.
Olvidamos u omitimos qué tan importantes son las condiciones de las instalaciones como también lo son las capacidades del personal que opera en ellas.
Si bien es cierto que aún falta mucho por hacer para tener la plena garantía de que tragedias como la sucedida en Sonora donde 49 menores perdieron la vida de manera trágica, jamás se vuelva a repetir.
Garantizar la profesionalización del personal que preste sus servicios en las guarderías y además difundir esta acción, no solo tendrá efectos inmediatos en la mejora de su organización y funcionamiento, sino también tendría un efecto positivo contra la proliferación de las estancias consideradas irregulares; ya que los padres de familia estarán conscientes y por lo tanto en condiciones de exigir que se cumpla la ley y que sin excepción alguna todo el personal que labore en esos lugares cuente con los documentos que acrediten su formación y preparación para tal efecto.
Esto es un propósito posible además de necesario, contamos con el personal calificado a lo largo de todo el país que cada año egresa con las aptitudes, conocimientos y preparación para atender el propósito del presente punto de acuerdo.
Atenderlo, tampoco representa un impacto presupuestal, ni mucho menos en materia de costos para las estancias que operan actualmente.
Lo anterior tiene una especial relevancia, por tratarse en específico de un sector de la población altamente vulnerable: nuestros niños.
Y esta soberanía, es y deberá ser garante en todo momento del adecuado desarrollo de todos ellos.
Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente resolución
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal a que:
1. Realice un ordenamiento y regularización de todas las estancias infantiles y/o guarderías del país.
2. Realice las medidas pertinentes para garantizar por obligatoriedad que todo el personal dedicado a la prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo Integral infantil en las guarderías, cuente con los estudios específicos en la materia, comprobables y certificados por la institución educativa correspondiente.
3. Difunda mediante una campaña publicitaria a nivel nacional, la obligatoriedad de la profesionalización del personal dedicado a la prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo Integral infantil en las guarderías.
Notas
1Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010.
2 Censo Económico, Inegi. 2009.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.
Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a diseñar e implantar por el gabinete de seguridad nacional, con el gobierno del estado de México, una estrategia integral de seguridad pública para enviar fuerzas federales que contribuyan a restituir la paz, la seguridad y la confianza de las familias en Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Los Reyes-La Paz y Ecatepec, a cargo del diputado Alberto Díaz Trujillo, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Alberto Díaz Trujillo, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y artículo 79, fracción II, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
La seguridad pública es parte esencial del bienestar de una sociedad, un Estado de derecho, genera las condiciones que permitan al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza que su vida, su patrimonio y sus bienes estén exentos de todo peligro, daño o riesgo, es una función del Gobierno que implica que los ciudadanos de una misma región puedan convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro.
Mejorar las condiciones de seguridad pública en el país para que los mexicanos transiten con seguridad, sin temor, ejerciendo sus derechos y garantías en un marco de libertades, es un quehacer que obliga al Estado a llevar a cabo acciones conjuntas con los tres órdenes de gobierno, asimismo requiere de la participación de diversas instancias e instituciones, para la protección de la persona en contra de actos lesivos de otros individuos.
El 19 de octubre de 2011 se promulgó la Ley de Seguridad del Estado de México, que establece el concepto de Seguridad Ciudadana, y coloca como eje central de su atención a la persona, asegurando el ejercicio de su ciudadanía, sus libertades y derechos fundamentales. De esta manera, se busca disponer espacios de participación social armónica, propiciando la solución pacífica de los conflictos interpersonales y sociales, fortaleciendo las instituciones y propiciando condiciones que permitan a los ciudadanos desarrollar de forma permanente sus capacidades en un ambiente de certeza. Con este fin, se creó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Cabe mencionar que la Ley de Seguridad del Estado de México otorga a esta Secretaría nuevas y mayores responsabilidades en materia de prevención y combate especializado del delito, de reinserción social, de participación ciudadana, de seguridad privada y pirotecnia, entre otras, lo cual obliga al fortalecimiento de su estructura orgánica para cumplir a cabalidad con los imperativos legales vigentes, preceptos que a la fecha no han dado resultados en la labor de combatir la inseguridad, sino por el contrario, los índices delictivos han incrementado, lo cual pone en evidencia la falta de control territorial por parte de las autoridades municipal y estatal.
Los recientes sucesos, el incremento de la incidencia delictiva y los lamentables acontecimientos que han surgido en el Estado de México, donde se han perdido vidas humanas, son reflejo de los delitos que presentan un aumento en los últimos tres años como son el secuestro, los homicidios, el robo a bancos, el robo de vehículos, el robo a transportistas, el robo con violencia en general y los delitos sexuales; Según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el Estado de México no sólo se ha incrementado el secuestro 46% en un año, sino también otros delitos clasificados de alto impacto como el hurto de automóviles, el robo a transporte e incluso asalto a bancos, además de las lesiones.
Sí comparamos el 2012 con el 2013 en homicidios tenemos un aumento del 15 por ciento, en secuestro del 26 por ciento. Si comparamos enero del 2013 con enero del 2014, tenemos en homicidio un aumento 17 por ciento y en secuestro del 35 por ciento.
Es de condenarse la ola de violencia que en los últimos días se ha manifestado con asesinatos de personas inocentes, en el Estado de México, en los primeros 10 días de este año, 28 personas fueron asesinadas, en su mayoría en ejecuciones múltiples, el pasado viernes, se registraron al menos 14 asesinatos y cinco personas heridas en cuatro municipios de esa entidad: Tlalneplantla, Cuautitlán Izcalli, Los Reyes La Paz y Ecatepec.
Las condiciones actuales que vive el Estado de México, obliga a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fortalecer los esquemas de protección y actuación institucional para salvaguardar la integridad de los Mexiquenses, en Acción Nacional estamos conscientes del peligro que implica la creciente actividad delictiva del crimen organizado en la entidad, por ello hacemos un enérgico llamado al Ejecutivo Federal y al Gobernador, para que implementen operativos, refuercen la seguridad y restablezcan el orden.
Para materializar las aspiraciones de seguridad y justicia de los mexiquenses, se requiere de la concurrencia de los tres Poderes de Gobierno y resulta de particular relevancia la colaboración del Ejecutivo Estatal a través de sus órganos de seguridad y procuración de justicia.
En Acción Nacional, buscamos fomentar la cultura de la legalidad que ha de redundar en una mayor protección de las personas y de las familias, una mejor atención a las víctimas del delito, y a la persecución y captura de los delincuentes. El respeto a la eminente dignidad humana, implica el conocimiento de los derechos y su exigencia, así como de los deberes y su cumplimiento.
Por ello hacemos un enérgico llamado a las autoridades Federales y Estatales para que emprendan acciones inmediatas en materia de seguridad encausadas a proteger la vida y el patrimonio de todos los mexiquenses, velando por su tranquilidad. Reconocemos los problemas y sus consecuencias, por ello pedimos se cumplan con los compromisos de bienestar y se materialicen con acciones que conduzcan a la consolidación de la paz anhelada.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se hace un llamado respetuoso al Ejecutivo federal para que a través del Gabinete de Seguridad Nacional, conjuntamente con el gobierno del estado de México, diseñe e implemente una estrategia integral de seguridad pública, para el envío de fuerzas federales que coadyuven a restituir la paz, la seguridad y la confianza de las familias Mexiquenses, en los municipios de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Los Reyes la Paz y Ecatepec.
Diputado Alberto Díaz Trujillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los titulares de la SEP, de la STPS y de la SHCP a analizar y resolver el problema que afecta a los jubilados del Colegio de Bachilleres, en reconocimiento del origen de la prestación descrita en la cláusula 68 del contrato colectivo de trabajo, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Roberto López Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Todas las autoridades del país, deben tener como una de sus tareas centrales, la consecución de la legalidad y la justicia, como instrumento indispensable para restablecer el tejido social y, por tanto, a la nación toda.
En 2004, dada la revisión del contrato colectivo de trabajo entre los trabajadores del Colegio de Bachilleres y la institución, los trabajadores decidieron estallar la huelga. Después de 12 días de negociaciones, las partes acordaron modificar la cláusula 68 de dicho Contrato Colectivo, reforma que para los trabajadores representaba la posibilidad de obtener un mayor ingreso en su jubilación, dado que la institución cumplía 30 años de haber sido creada y se preveía el que muchos de los trabajadores fundadores estarían en las posibilidades de concluir su vida laboral, así, la institución presentó la siguiente redacción de la citada cláusula, misma que motivó a los trabajadores levantar la huelga.
Cláusula 68
Terminación de la relación laboral:
En caso de terminación de la relación laboral de un trabajador, por renuncia, incapacidad o jubilación, “El Colegio” se compromete a entregarle el finiquito legal con salario integrado que en su caso le corresponda, incluido lo establecido en el artículo 162 de la ley Federal del Trabajo, cuando proceda, en un plazo no mayor de treinta días contados a partir de la fecha de dicha terminación, como se estipula en los Contratos Colectivos de Trabajo del Colegio de Bachilleres a partir de la firma 2004-2006 hasta el último 2012-2014.
De igual manera se compromete a entregar a los beneficiarios del trabajador que fallezca el finiquito legal con salario integrado que en su caso corresponda, incluido lo establecido en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del mismo plazo, siempre y cuando el trabajador haya designado ante el Colegio a su beneficiarios. De no haberlo hecho así, lo entregará dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se determine, por parte de la autoridad jurisdiccional correspondiente, quien resulte ser el o los beneficiarios.
El plazo a cargo de “El Colegio” no regirá cuando, por causas imputables al trabajador, no pueda llevarse a cabo alguna etapa del procedimiento.
Es de considerar, que en ese mismo año, varios trabajadores y trabajadoras iniciaron su trámite de jubilación, observándose que la clausula en su redacción, estaba sujeta a dos interpretaciones, una de ellas fue el que la prima de antigüedad se debía pagar con el cálculo del salario integrado, y otra que la misma debía pagarse conforme a lo que establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 162, esto es, al doble del salario mínimo general. Para la institución, a pesar que en su momento signó la cláusula 68, la interpretación válida ha sido la segunda y para los trabajadores la primera, ocasionando con ello la generación de un conflicto laboral.
Como resultado de ello, en los juicios laborales no ha existido un criterio unificado acerca de quién tiene la razón legal, ya que ambas partes en diferentes colegiados, han obtenido sentencias en los dos sentidos, a favor de los trabajadores a favor de la institución.
Resulta trascendental no perder de vista que este conflicto laboral tiende a crecer, por el hecho de que cada año se incrementa el número de trabajadores jubilados y que el problema esta sobrepasando las facultades de la institución, y que en un momento determinado no es sólo un problema de carácter económico sino de credibilidad en el cumplimiento de los acuerdos bilaterales por parte de “El Colegio” ante sus trabajadores jubilados, es por ello necesario dar una solución adecuada a este conflicto laboral y considerar la participación y coordinación interinstitucional entre la dependencias gubernamentales de la Secretaría de Educación pública, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Todo lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los secretarios de Educación Pública, del Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público a instalar con la mayor brevedad una mesa de acuerdo y resolución que proceda a realizar el pago a los trabajadores jubilados del Colegio de Bachilleres para que reciban la prima de antigüedad, misma que es de 12 días de salario por cada año prestado a la institución con salario integrado, esto en reconocimiento del origen de la prestación que se describe en la cláusula 68 del contrato colectivo de trabajo, pactado entre el Colegio de Bachilleres y sus Trabajadores, asumiendo que dicha cláusula contractual adquirió este sentido y fue el motivo principal para que los trabajadores levantarán la huelga que llevaban a cabo en 2004.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.
Diputados: Roberto López Suárez (rúbrica), Socorro Ceseñas Chapa, Flor Pedroza Aguilera, Elena Margarita Tapia Fonllen, Karen Quiroga Anguiano, Luis Manuel Arias Pallares, Javier Salinas Narváez.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del GDF a realizar por la Secretaría de Transportes y Vialidad adecuaciones en el transporte público, en especial el Metro, respecto a los espacios preferentes para adultos mayores, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Leobardo Alcalá Padilla, diputado de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal para que a través de la Secretaría de Transportes y Vialidad, realice las adecuaciones necesarias dentro del transporte público, en especial al interior del “Metro”, en lo relativo a los espacios preferentes para los adultos mayores, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México como a nivel mundial, la población de personas de 60 años o más va en aumento ya que para el año 2050 habrán más de 36 millones de personas con esta edad, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 2010 y datos del informe sobre el estado de la población mundial de 1998, titulado Las nuevas generaciones, al igual que la información del Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), por lo que el Estado debe de adecuar y prevenir todo lo relacionado a las necesidades que se van a tener en los temas de salud, seguridad jurídica, seguridad social, modificando sus Políticas Públicas para tener un bienestar en la calidad de vida de los adultos mayores en conjunto con las familias y que no se tengan pesadas cargas económicas.
El cambio generacional que se está dando ya es un hecho, ya no es un futuro lejano, tenemos que adecuar y prevenir todo lo que necesitamos para enfrentar esta nueva etapa en donde la gente anciana va a predominar.
La confianza es la palabra que el adulto mayor debe de reconocer para todo lo que el requiere y necesita al pedir trabajo, al utilizar los servicios públicos y privados, en el Estado y no lo que pasa hoy en día, cuando las empresas ya no contratan a personas mayores de 40 años, en donde los servicios solo cobijan a las personas jóvenes y a las mujeres, dejando a un lado a las personas que necesitan un poquito de más atención o paciencia.
En el último censo de población realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2010, a nivel nacional se establece que la Ciudad de México se encuentra en vísperas de un cambio generacional para los próximos años, que va a traer como consecuencia la prevalencia del segmento de los “adultos mayores”; por lo que, no tomarse las medidas pertinentes a fin de enfrentar dicho cambio, el Distrito Federal se verá rebasado por tal transformación y por el crecimiento de la expectativa de vida, lo que incidirá, entre otros aspectos, en la atención médica que se ofrece a este sector de la población.
Es por ello y con el ánimo de fortalecer las instancias correspondientes, para cubrir y atender los requerimientos que resultarán de esta transformación, es que se exhorta al gobierno del Distrito Federal a realizar las adecuaciones necesarias en la legislación correspondiente, para que en todos y cada uno de los medios de transportes capitalinos, así como de manera específica en el Sistema Transporte Colectivo Metro, se contemplen los espacios preferentes suficientes para los adultos mayores, y con ello, estos pasajeros puedan accesar a dichos servicios como lo establece la propia Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en su artículo 5o.
En tal sentido y con el fin de privilegiar las condiciones que rodean a este grupo en específico en materia de acceso a los medios de transportación, es la razón de este punto de acuerdo la protección y consideración de nuestros ancianos.
Por lo anterior expuesto someto a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno del Distrito Federal para que a través de la Secretaría de Transportes y Vialidad, realice las adecuaciones necesarias dentro del transporte público, en especial al interior del “Metro”, en lo relativo a los espacios preferentes para los adultos mayores.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2014.
Diputado Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob y del INM a realizar patrullajes nacionales para verificar la situación de los inmigrantes que mendigan en el país, a cargo del diputado Isaías Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Isaías Cortés Berumen, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en las fracciones I del numeral 1 del artículo 6, IV, numeral 1, del artículo 76 y II del numeral 1 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México es un país cuya ubicación geográfica lo convierte en un lugar de tránsito para inmigrantes que persiguen el sueño de cruzar la línea para trabajar en los Estados Unidos y mejorar su calidad de vida.
Aunque es difícil tener datos exactos diversas publicaciones revelan que pueden ser hasta 400 mil personas indocumentadas las que ingresan a nuestro país, en su mayoría de países centroamericanos. Se estima que 25 por ciento de ellos termina desaparecido; lo más preocupante es que son casos que su paradero no llega a resolverse.
Pese a la existencia de diversos organismos civiles que enfocan sus labores al apoyo al migrante, esto no es suficiente para garantizar su seguridad, incluso no son suficientes las acciones de las mismas para resolver o contrarrestar la creciente que lleva este problema, por lo que es necesario que el gobierno intervenga con acciones que ayuden disminuir las agresiones contra los inmigrantes.
La situación actual del país en cuanto a la seguridad no es la mejor, a lo largo de los años se fueron fortaleciendo las organizaciones y grupos delictivos que hoy representan grandes peligros en México.
La delincuencia organizada tiene muchas variantes en su definición de acuerdo al país en el que nos encontremos, sin embargo en su totalidad se coincide en que estas redes de delincuentes ejecutan diversas actividades ilícitas entre las cuales se encuentra la trata de personas, robos a mano armada, trafico de armas y drogas, entre otras tantas.
Los inmigrantes se han convertido en principales victimas de la delincuencia, al encontrarse en estados de vulnerabilidad por las condiciones de vida a las que se enfrentan. Su pobreza extrema y la situación ilegal es lo que los convierte más endebles, pues las amenazas de estas redes atacan estas debilidades para someterlos a realizar actividades delictivas o esclavizarlos.
Actualmente, en estados como Tabasco, Jalisco, Nayarit, Querétaro y Guanajuato se ven constantemente inmigrantes que mendigan en las calles, aunque muchos lo hacen por necesidad o incluso por la comodidad de haber descubierto que pueden llegar a adquirir la cantidad suficiente para sobrevivir y mejorar su condición de vida, gran cantidad de ellos realizan esta actividad forzados por terceros.
Esta actividad se ha convertido en un negocio que ha pasado de la necesidad al abuso, ya que actualmente se encuentran en las calles, semáforos, lugares públicos, vías del tren e incluso de casa en casa pidiendo caridad.
Si bien algunos realizan la mendicidad a fin de obtener recursos para continuar su viaje hasta cruzar a Estados Unidos o incluso los que lo realizan ya como una actividad laboral, debemos reconocer que se exponen al peligro constante de ser secuestrados por grupos criminales y terminar haciéndolo por obligación para el beneficio de terceros o peor aun, son secuestrados para realizar actividades ilícitas.
Está de más recordar que hay grandes cantidades de notas, publicaciones y casos sin resolver, de cadáveres que han aparecido en fosas, barrancos, etcétera, que –se cree– son asesinados por negarse a participar en la delincuencia organizada. La masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde se encontraron alrededor de 72 cuerpos de inmigrantes que se cree que fueron asesinados por el cártel de Los Zetas en 2010, es ejemplo de estos casos.
En los últimos años, el riesgo a que se exponen los inmigrantes ha aumentado considerablemente. Gran parte de ello se debe la situación actual que presenta el país con el crimen organizado, el país atraviesa por una guerra con el crimen organizado a fin de erradicarlo. No obstante, deben tomarse medidas que ayuden a prevenir y mejorar la situación de los migrantes en México.
Por ello se considera necesario que la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración realice patrullajes nacionales para verificar la situación legal de los extranjeros que se encuentran mendigando. Ello tiene dos fines:
• Prevenir y salvaguardar la seguridad de los inmigrantes que son sometidos a la fuerza por el crimen organizado a realizar actividades de mendicidad para beneficio de las redes delictivas.
• Contrarrestar el abuso en que se ha convertido el “negocio de la mendicidad” para los inmigrantes que lo realizan por ser una manera fácil de lucrar.
Por lo expuesto se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al secretario de Gobernación y al comisionado del Instituto Nacional de Migración a establecer patrullajes nacionales y las medidas necesarias a fin de verificar la situación migratoria de los inmigrantes que se encuentran mendigando en territorio nacional, a fin de disminuir el abuso de esta actividad y los peligros a que se exponen los inmigrantes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2014.
Diputado Isaías Cortés Berumen (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP a agilizar las indagatorias para ubicar a los responsables de las anomalías fraudulentas consumadas contra Cutzamala del Pinzón, Guerrero, y deslindar la responsabilidad de la Dirección General de Aduanas de esa dependencia, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Catalino Duarte Ortuño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primeramente, deseo hacer de su conocimiento una serie de anomalías que han tenido lugar en municipio de Cutzamala del Pinzón, en el estado de Guerrero, encabezado por el presidente municipal, ingeniero Isidro Duarte Cabrera.
A continuación se esbozan los hechos:
1. El 21 de febrero de 2014 se recibió el correo electrónico ayuntamientocutzamala@hotmail.com con la notificación de “donación”, mediante oficio con número 2418/sat-27-11-13, número de control: 2428/11-13, número de expediente AÑCRAMC2428/5/13, con rubro: “Resolución de bienes”, misma que por los rasgos y características, proviene de la Administración General de Aduanas, firmada al calce por el licenciado Alejandro Chacón Ramírez, quien rubrica en calidad de administrador general de Aduanas.
2. El 24 de febrero de 2014, el ciudadano Gabriel Guillén Sosa , en su calidad de coordinador de Enlace Federal del municipio de Cutzamala de Pinzón, en el estado de Guerrero, acudió a corroborar la información contenida en dicho correo electrónico a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la Ciudad de México, ubicadas en avenida Hidalgo, número 77, colonia Guerrero, delegación Cuauhtémoc, código postal 06300.
En dicho lugar se le indicó que las citan sólo se proporcionan vía correo electrónico; se le proporcionó la página www.aduanas,gob.mx para verificar la veracidad de la información relativa a la donación.
3. Ese mismo día le informaron al coordinador Guillén, vía telefónica, de la llamada personal del licenciado Alejandro Chacón Ramírez, personaje que firma la notificación de donación, como administrador general de Aduanas, para “darle seguimiento a la donación”.
4. Con la llamada al número telefónico contenido en la notificación de la donación: 36-118-44 con sede en la Ciudad de México, se le informó que era “urgente” retirar la mercancía de la aduana, la fecha límite era el 24 de febrero de 2014, a las 13:00 horas, es decir, ese mismo día. También se le comunicó, que el conducto para realizar la gestión sería a través la Agencia Aduanal Fiscal Federal de Tijuana, SRL; adicionalmente, proporcionándole los números telefónicos: 016643241899 y 0166404034334, del licenciado Mario Reynosa Castelo, supuesto responsable de la agencia aduanal.
5. En la llamada al primer número le informaron los costos de la desaduanización de la mercancía, ante lo cual, el señor Gabriel solicitó una cotización para presentarla al alcalde, misma que le fue enviada al correo del presidente municipal: Isidro-duarte@hotmail.com, a las 12:48 horas.
6. Ante el apremio de los tiempos, y con la instrucción del presidente municipal, se solicitó formalmente, prórroga del plazo para el retiro de la mercancía, al titular de Hacienda. Luis Videgaray Caso, con atención al licenciado Alejandro Chacón Domínguez, supuesto administrador general de Aduanas.
7. “Al haber respuesta de la confiabilidad de documento (...) de la donación, el coordinador Guillen viajó a Tijuana, Baja California. Estando ahí, mediante enlace telefónico, habló con quien dijo ser el licenciado Alejandro Chacón Domínguez. Este personaje acordó que él detendría el sistema para que “no detectara la baja de la mercancía donada”a condición de que se “realizara la transferencia electrónica a la cuenta: 012691001938811055 de Bancomer, a nombre de Mario Reynosa Castelán , por un monto de seiscientos cincuenta y dos mil trescientos dieciséis pesos.
8. Una vez hecho el depósito en el Banco Santander a la cuenta referenciada de Bancomer, por el monto de la cotización realizada por la Agencia Aduanal Fiscal Federal de Tijuana SRL. Mario Reynosa Castelán y Asociados, el señor Guillén acudió a la aduana, en donde fue repelido con evasivas por las personas con quién se había comunicado, hasta que finalmente ingresó, y al ser atendido por personal de la aduana le expresaron que había sido víctima de un fraude.
Por lo anteriormente referido, sometemos a la consideración de esta asamblea, como asunto de urgente resolución, los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, su intervención para agilizar las indagatorias a fin de ubicar a los presuntos responsables de la serie de irregularidades cometidas contra el municipio de Cutzamala del Pinzón, en el estado de Guerrero.
Segundo. Asimismo, se le exhorta brinde las facilidades a las autoridades respectivas para que se deslinde la responsabilidad de la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 marzo de 2014.
Diputado Catalino Duarte Ortuño (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al maltrato de mujeres en las salas de parto, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En nuestro país existe un gran problema de discriminación para las mujeres en todos los ámbitos: social, familiar, laboral, e incluso en cuanto al acceso a los servicios de salud. Conductas que devienen, muy probablemente, a consecuencia de nuestro legado histórico y cultural, pero que indiscutiblemente, hoy por hoy, resultan por decir lo menos, inaceptables.
Uno de los medios más usuales para materializar la discriminación en contra de la mujer es la violencia, la cual como sabemos puede ser de distintos tipos como psicológica, física, patrimonial, económica o sexual.
Un nuevo tipo de violencia que ha quedado al descubierto es la de tipo obstétrica que específicamente consiste en la violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, incluyendo los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integridad, a la salud y a la autonomía reproductiva.
Ésta se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio en los servicios de salud tanto públicos como privados y es producto de un entramado multifactorial en donde confluyen la violencia institucional y la de género.
Los abusos que sufren las mujeres embarazadas, durante la atención institucional del parto, la violación a los derechos fundamentales y reproductivos van desde regaños, burlas, insultos, humillaciones, así como alusiones a su vida sexual; éstas son algunas de las prácticas que llevan a cabo médicos, enfermeras y auxiliares de los servicios de salud, tanto hombres y mujeres por igual.
Desde el momento que ingresan a la sala de labor de parto las mujeres reciben una serie de mensajes que las instruyen a someterse a las órdenes de los médicos, por lo que no son consultadas o informadas sobre las decisiones que se van tomando durante el trabajo de parto, aplazamiento de la atención médica como si el manejo del dolor fuera una especie de castigo sin el más mínimo respeto a su dignidad humana.
Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, de conformidad con una encuesta realizada respecto de los abusos que ocurren en las salas de maternidad, se encontró que un 29 por cierto de las 512 mujeres entrevistadas fueron objeto de algún tipo de agresión durante el alumbramiento de sus hijos, de índole verbal y alusivos a su vida erótica y sexual.
Así también, un estudio del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México revelo que entre 2000 y 2012, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico conoció un total de 2 mil 877 quejas en el área de gineco-obstetricia, hecho que colocó a esta especialidad con el mayor número de demandas.
El desinterés y el trato impersonal cargado de violencia en contra de las pacientes embarazadas pueden derivar en consecuencias irreparables; recordemos los emblemáticos casos de dos mujeres que a finales del año pasado, pusieron en evidencia la decadencia del sistema de salud en el país.
Irma López Aurelio, integrante de la comunidad mazateca de Oaxaca, la cual tuvo que dar a luz en una de las jardineras del Centro de Salud de San Felipe Jalapa de Díaz, tras no recibir atención por supuesta falta de personal médico que pudiera atenderla. Así como Susana Hernández González, indígena tzotzil la cual ingreso a labor de parto en hospital de la Mujer de San Cristóbal, en Chiapas, horas después solo se les notifico a los familiares que había tenido que ser sometida a una cesárea con éxito, pero más tarde sin mayor explicación fue declarada muerta.
La violencia que viven día con día las mujeres en las clínicas va mas allá de ser un problema ético y debe de ser evaluado desde el campo de lo social y por ningún motivo debe tratar de minimizarse.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) Lorena Cruz Sánchez, para que en el ámbito de su competencia investigue sobre la existencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de las mujeres al momento de encontrarse en labor de parto en los hospitales públicos y privados del país, e implemente las acciones pertinentes a fin de erradicar este tipo de prácticas.
Segundo. Se exhorta a la titular de la Secretaria de Salud, Mercedes Juan López, para que en el ámbito de su competencia investigue sobre la existencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de las mujeres al momento de encontrarse en labor de parto en todos los centros de salud del país, e implemente las acciones pertinentes a fin de erradicar este tipo de prácticas.
Tercero. Se exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), José Antonio González Anaya para que en el ámbito de su competencia investigue sobre la existencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de las mujeres al momento de encontrarse en labor de parto en todos los hospitales dependientes del Instituto en el país, e implemente las acciones pertinentes a fin de erradicar este tipo de prácticas.
Cuarto. Se exhorta al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Sebastián Lerdo de Tejada para que en el ámbito de su competencia investigue sobre la existencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de las mujeres al momento de encontrarse en labor de parto en todos los hospitales dependientes del Instituto en el país, e implemente las acciones pertinentes a fin de erradicar este tipo de prácticas.
Quinto. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que en el ámbito de su competencia investigue sobre hechos violatorios de los derechos humanos así como la existencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de las mujeres al momento de encontrarse en labor de parto en los hospitales públicos y privados del país, e implemente las acciones pertinentes a fin de erradicar este tipo de prácticas.
Dado en el Palacio Legislativo, a los 11 días del mes de marzo de 2014.
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNSF a corregir las anomalías de aseguradoras que ofrecen sus productos vía telefónica, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, diputada Magdalena Núñez Monreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo que tiene como objetivo exhortar a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a ejercer las facultades de inspección y vigilancia que le otorga la ley de la materia para el efecto de que se corrijan las anomalías por parte de las aseguradoras que ofrecen sus productos vía telefónica, con base en las siguientes
Consideraciones
La Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas publicada el 4 de abril de 2013 en la fracción V del artículo 200 señala que las Instituciones de Seguros, al realizar su actividad, deberán observar los siguientes principios:
V. Verificar que la documentación contractual y la nota técnica de los productos de seguros que ofrezcan al público, mantengan la debida congruencia, a fin de que las obligaciones para las partes contenidas en el contrato, correspondan con las determinaciones técnicas del producto de seguros respectivo.”
Por su parte la fracción III del artículo 201 indica:
III. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 200 de la presente ley, los productos de seguros deberán contar con un dictamen de congruencia entre la nota técnica y la documentación contractual, el cual deberá ser firmado por el actuario encargado de la elaboración de la nota técnica a que se refiere la fracción I de este precepto, así como por quien haya suscrito el dictamen jurídico del producto de seguros de que se trate conforme a lo dispuesto en la fracción II del presente artículo.”
Dicha fracción segunda indica en su primer párrafo que “la documentación contractual de los productos de seguros, se integrará por los contratos en que se formalicen las operaciones de seguros, así como por los modelos de cláusulas elaborados para ser incorporados mediante endosos adicionales a dichos contratos. Dicha documentación contractual deberá ser escrita en idioma español y con caracteres legibles a simple vista, de conformidad con lo que establecen las disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo”.
En la práctica, resulta que algunas instituciones de seguros están ofreciendo por vía telefónica fija y móvil sus productos a la población y lamentablemente cuando se proporcionan los datos del asegurado no siempre corresponden con la documentación contractual que con posterioridad envían al contratante, lo que genera un problema difícil de solucionar para los interesados, por la negligencia de las aseguradoras que continúan haciendo el cobro de la prima correspondiente sin llevar a efecto la corrección necesaria en los contratos, lo que provoca inseguridad jurídica, dado el caso de ser necesaria la reclamación del seguro adquirido.
Lamentablemente las personas que aceptan adquirir seguros por este tipo de mecanismos no tienen la posibilidad de verificar si las personas que le ofrecen el producto detrás de un teléfono cuentan con autorización para hacerlo por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, como lo establece la propia legislación invocada en su Capítulo II, ya que los agentes de seguros deben contar con autorización de la Comisión y están sujetos a su inspección y vigilancia.
Por tal motivo, y tomando en consideración que la propia ley de la materia concede a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas facultades de inspección y vigilancia, es que planteo la necesidad de que las ejerza para revisar la situación que ha sido descrita en este texto y se corrija.
En virtud de lo manifestado se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. se exhorta a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a ejercer las facultades de inspección y vigilancia que le otorga la ley de la materia para el efecto de que se corrijan las anomalías por parte de las aseguradoras que ofrecen sus productos por vía telefónica.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2014.
Diputada Magdalena Núñez Monreal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa, de la SEP, de los gobiernos locales y del Distrito Federal a iniciar de manera coordinada campañas preventivas para disminuir los embarazos en adolescentes, a cargo de la diputada Dulce María Muñiz Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Dulce María Muñiz Martínez, diputada de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta respetuosamente a la secretaría de salud y de educación Pública del gobierno de la República y, a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, para que de manera coordinada inicien campañas preventivas que disminuyan la incidencia de casos de embarazos en adolescentes, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Conforme a la información del Fondo de Población para las Naciones Unidas (UNFPA), en materia de embarazo en adolescentes y niñas, cuando una adolescente queda embarazada, cambia radicalmente su presente y futuro, y en rarísimas ocasiones lo hace para bien, esto se ratificó cuando Babatunde Osotimehin, director ejecutivo del organismo visitó nuestro país el año pasado, en ese tenor la representante para el capítulo México del organismo internacional, Leonor Calderón mencionó que una de las variables que agrava el problema en América Latina es la invisibilidad del embarazo en las adolescentes para las autoridades.
Conforme al organismo dependiente de las Naciones Unidas, el embarazo en adolescentes no responde necesariamente a una decisión propia, sino a la ausencia de oportunidades, presiones culturales y económicas y, en ocasiones hasta a violencia sexual, según el UNFPA en México y América Latina, en promedio, los jóvenes inician su vida sexual entre los 15 y 19 años, asimismo en la región se estima que un 17.4 por ciento de los nacimientos totales corresponde a mujeres menores a 20 años; mientras que a nivel mundial el estudio de población del UNFPA arroja que diariamente 20 mil menores de 18 años dan a luz en los países en vías de desarrollo, lo cual representa un total de 95 por ciento de todos los nacimientos en adolescentes.
Entre otras variables que agravan el tema, el UNFPA señala que la permanencia de las niñas en la escuela contribuye a una menor tasa en la incidencia de embarazo a temprana edad, sin embargo en la región las cifras son poco alentadoras, toda vez que las familias aceptan el matrimonio a temprana edad como alternativa de vida para sus hijas, auspiciados en las condiciones de pobreza y marginación; lo cual deriva en una menor cantidad de años en las aulas escolares, poco poder de decisión en las niñas y en general un deficiente desarrollo de capacidades y habilidades para el trabajo y la subsistencia.
México hoy día ocupa el primer lugar entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, por el número de embarazos en mujeres adolescentes de entre 15 y 19 años, conforme a los datos del informe “Maternidad en la niñez”, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, dichas cifras se ratifican con lo registrado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, en cuyas estadísticas se tiene que el número de alumbramientos en mujeres de entre 12 y 19 años es el más alto de las últimas dos décadas; a razón de un promedio a nivel nacional de 5.8 por ciento, sin embargo estados como Chihuahua y Baja California Sur superan el 8 por ciento, lo que se traduce en 64.2 nacimientos por cada mil adolescentes.
Los estados que muestran un mayor número de embarazos en adolescentes son: Guerrero, Nuevo León, Chihuahua, Durango, Tabasco, Sonora, Tlaxcala, Baja California, Colima, Querétaro y Yucatán. Mientras que los que muestran un menor número comparativamente son: Distrito Federal, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Quintana Roo. No obstante las estadísticas muestran que en los últimos 10 años todos los estados han incrementado en el número de embarazos, pese a que Tabasco y Chiapas proporcionalmente mostraron un decremento.
Conforme a proyecciones dadas a conocer por el director general adjunto de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (Conapo), Jesus Zimbrón, en materia de fecundidad en adolescentes de entre 15 y 19 años, para las próximas dos décadas, no se muestran cambios sustanciales que indiquen una mejora en los indicadores de embarazos, dado que a razón de 66 nacidos vivos de mil nacimientos en adolescentes en 2013, tan sólo para 2030 se proyecta que disminuya a 64 por cada mil.
Cabe destacar que cuando una mujer es embarazada a una corta edad, adquiere una condición que le hace proclive a que su número de hijos sea superior a dos, por ejemplo, de los 11 mil 521 casos de niñas menores a 15 años, reportados al Inegi en 2011, mil 38 son mujeres que tiene un segundo hijo, 470 un tercero, 212 un cuarto y 121 un quinto hijo, mientras que de los 461 mil 466 mujeres entre 15 y 19 años, 354 mil 326 fueron de primer parto, 84 mil 375 de segundo, 16 mil 165 de tercero y 3 mil 674 de cuarto parto.
En 2012, según la directora general del Centro Nacional de Género y Salud Reproductiva, de la Secretaría de Salud, Susana Cerón más de 10 mil niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres; la funcionaria añade que de los 2.2 millones de nacimientos registrados, 388 mil 658 fueron de mujeres menores a 20 años, de esta cifra 10 mil 264 fueron de niñas de entre 10 y 14 años lo cual representa un 2.6 por ciento del total global.
Pese a que lo anterior parece devastador en términos de los alcances que tiene sobre el proyecto de vida de las mujeres, los efectos colaterales no quedan sólo en la estadística, también afectan al desarrollo de los hijos y a la productividad de este grupo de población; puesto que conforme al Inegi apenas 7 por ciento de las niñas menores de 15 años declara tener oportunidad de trabajar, mientras que de aquéllas que oscilan en el rango entre los 15 y 19 años es de apenas 8.35 por ciento, es decir apenas 39 mil 415.
Las condiciones de vida para los hijos de madres a temprana edad no son nada halagüeñas, dado que considerando el origen y condiciones socio-económicas de estas y, las circunstancias en sociales, culturales y psicológicas que rodean al proceso de gestación, las niñas y niños en el mejor de los casos nacerán en un medio donde se reproducirán las carencias de sus progenitores, sin embargo esto no debe darse por hecho, ya que conforme al Inegi en México tres de cada cuatro niños tiene alguna carencia social y, se consideran pobres 21. 4 de los 39.2 millones de niños. Lo cual refuerza la idea de que un embarazo a menor edad deriva en un impacto directo en el acceso de la niña y en su caso la adolescente a mejores condiciones de vida como producto del rezago en el acceso a mayores niveles educativos, como indicador es importante destacar que del total de casos un 80 por ciento ha truncado sus estudios en todos los niveles.
Por medidas preventivas, en cuanto a la temática se refiere, los esfuerzos institucionales parecen suficientes en su presupuesto, pese a que sabemos que el sector salud a nivel nacional tiene campañas en cuanto a planificación familiar y métodos anticonceptivos, de los casos referidos antes, apenas 25% de las adolescentes embarazadas declara afirmativo su acceso a métodos anticonceptivos, de suerte que el resto hoy día se ha convertido en madre adolescente, en el mejor de los escenarios con los mínimos de vida para ella como para su hijo.
En cuanto a muerte materna en casos de embarazos adolescentes encontramos que de los 28 mil 580 registrados, 3 mil 659 se concentran en adolescentes de hasta 19 años, esto significa que las adolescentes embarazadas no sólo se encuentran en riesgo de truncar sus estudios y modificar su proyecto de vida, también se encuentran expuestas a la posibilidad de morir, de ahí que esta soberanía, en su carácter de representación social busque emprender medidas para coadyuvar a que se generen condiciones en la vida particular de las niñas, niños y adolescentes tales que al final construyan armonías sociales y un México próspero y equitativo para todos.
Menester entonces debe ser no sólo buscar medidas institucionales que frenen el problema, también debemos iniciar desde el proceso educativo y sobre todo lo concerniente a la prevención, y concientización, tal que como ha sido expuesto anteriormente, los casos de aquéllas que hoy día son madres adolescentes, pudieron haberse evitado y hoy día muy probablemente estarían integradas a la población económicamente activa o en las aulas preparándose para integrarse con mayores herramientas al mundo de la competencia global.
Por esa razón y en consideración de lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo octavo, que establece que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Siendo que para ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Propongo que los tres órdenes de gobierno utilicen su propaganda gubernamental de forma coordinada para emprender acciones que prevengan el embarazo en adolescentes.
Lo anterior sostenido también por el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que en su Segunda Estrategia transversal para el desarrollo nacional, señala el promover un gobierno cercano y moderno, de tal manera que implican que las políticas y acciones de gobierno incidan directamente en la calidad de vida de las personas; lo que hace imperativo contar con un gobierno de impacto social, distinguido fundamentalmente por su capacidad de cohesión en torno a los problemas de la realidad social, así como por su capacidad de coaligarse con diversas instancias y otros órdenes de gobierno, al punto que el alcance de sus esfuerzos sea productivo y eficaz.
Por lo expuesto y fundado, pongo a consideración del esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y de Educación Pública del gobierno de la República para que inicien una campaña en medios que prevenga la incidencia del embarazo en adolescentes.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, para que en coordinación con el gobierno de la República inicien campañas de difusión en medios, que contribuyan a disminuir los casos de embarazos en adolescentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2014.
Diputada Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a emitir y publicar recomendaciones para que los padres de familia detecten oportunamente señales de acoso escolar, o bullying, y se eviten daños, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Elizabeth Vargas Martín del Campo, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que emita y publique recomendaciones para que los padres de familia puedan detectar oportunamente señales del acoso escolar o bullying y poder evitar daños.
Exposición de Motivos
El acoso escolar o bullying , por su anglicismo, significa intimidación. En un estudio publicado por la Cepal en agosto de 2011 se señala que un 11 por ciento de los estudiantes mexicanos de primaria han robado o amenazado a algún compañero, mientras que en secundaria ese porcentaje alcanza a poco más de un 7 por ciento.1 Asimismo, se señala el porcentaje de estudiantes de 6o. grado de primaria que declaran haber sido en su escuela, víctimas de: robo 40.24 por ciento, insultados o amenazados 25.35 por ciento, golpeados 16.72 por ciento, o atravesado por algún episodio de violencia 44.47 por ciento.15
El bullying se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, sistemáticas y deliberadas sin motivos justificables, las cuales son efectuadas por uno o más estudiantes en contra de otro.
El Censo de Población y Vivienda 2010, registró 19.8 millones de personas de 6 a 14 años, de las cuales 18.7 asiste a las escuela, de modo que se trata de un notable número de alumnos expuestos a este tipo de acoso. El bullyng no distingue entre razas, condiciones sociales, religiones o estructuras físicas, por lo que hace a todas las familias mexicanas susceptibles de padecer en uno de miembros este mal.
Lamentablemente, suele suscitarse por el simple gusto de hacerlo y provoca un problema de salud mental.
Este maltrato puede originarse por conductas y comportamientos de parte de los alumnos denominados bullies como resultado por ejemplo de discriminación o por el contrario sin causa o provocación alguna, generando un clima o ambiente escolar poco o nulo de confianza para la víctima y como consecuencia la baja autoestima, la falta de respeto por sí mismo, depresiones y orilla a que los victimarios caigan en la comisión de conductas antisociales tipificadas como delitos tales son los casos del robo, lesiones que requieren hospitalización y pueden dejar marcas o cicatrices permanentes, violaciones sexuales e incluso la inducción al suicidio por el constante acoso u hostigamiento que ocasionan los alumnos que incurren en este tipo de conductas.
Para ilustrar las graves consecuencias de este tipo de acoso, puede mencionarse el lamentable tiroteo en octubre de 2013 ocurrido en un colegio de Sparks, en el estado de Nevada en los Estados Unidos de América, donde pereció un profesor y otros estudiantes resultaron heridos, mientras que el autor de los disparos de tan sólo 12 años, se suicidó luego del crimen y se presume que pudo haber sufrido acoso escolar de manera sostenida.
Pero las consecuencias también se han venido presentando en México, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señaló que ocupamos el lamentable primer lugar de casos de bullying entre estudiantes de secundaria.
Las muertes a causa del bullying han alcanzado cifras preocupantes, durante el año 2012, los debates en el Senado de la República para un proyecto de Ley contra el acoso escolar, se señaló que a escala nacional existe un registro de cuatro mil 201 varones y 989 mujeres que perdieron la vida en 2012 por acoso escolar.
Indistintamente, debemos considerar que México se encuentra obligado a adoptar todas las medidas “(...) apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.” en términos del artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, e inició su vigencia en 1990.
Los efectos del bullying pueden ser advertidos oportunamente para no tener que padecer tantos estragos ya avanzado el problema, los tratamientos adecuados no pueden ser emprendidos cuando no han sido identificados correctamente sus síntomas en los menores, principalmente por los padres de familia, las autoridades educativas y los especialistas en el tema.
Si bien en México, se han emprendido diversas políticas públicas para enfrentar esta problemática, contar con una serie de recomendaciones abreviadas y de fácil comprensión, enriquecerá los elementos con los que la sociedad en general enfrentaremos el problema del bullying .
A nivel internacional se observa que el bullying es un fenómeno que empieza a ser regulado como en los casos de Perú, Puerto Rico y Chile, y con proyectos sobre su prevención o combate como en Canadá. A nivel local destacan los casos del Distrito Federal, Nayarit, Puebla, Tamaulipas y Veracruz quienes ya cuentan con legislación específica en la materia. En el resto de las Entidades Federativas sólo se observa en la legislación en materia de educación y de maneara general el compromiso por otorgar una educación libre de violencia y fomentar la cultura de la paz.2
No obstante, la Secretaría de Educación Pública cuenta con el andamiaje legal y de recursos humanos, para diseñar y comunicar masivamente recomendaciones para detectar en los pequeños los síntomas del bullying y puedan ser canalizados oportunamente.
Finalmente, cabe destacar la obligación de la Secretaría de Educación Pública, para atender el grave problema del bullying en los términos de la Ley General de Educación (artículo 33 F XV).
Las opiniones expertas, podrían ayudar a prevenir daños lamentables o perturbaciones en el desarrollo del los alumnos.
En virtud de lo aquí expuesto, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, a que emita y publique recomendaciones para que los padres de familia puedan detectar oportunamente señales del acoso escolar o bullying y poder prevenir sus graves consecuencias.
Notas
1 Román; Marcela, Murillo, F. Javier, América Latina: violencia entre estudiantes y desempeño escolar.
2 Gamboa, Claudia, “El bullying o acoso escolar” Estudio Teórico conceptual, de Derecho Comparado, e Iniciativas presentadas en el Tema. Cámara de diputados, Dirección de Servicios de Investigación y Análisis, Dirección de Análisis de Política Interior, Conclusiones Generales, Pp. 109.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de enero de 2014.
Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal a pagar la indemnización por los daños ocasionados en perjuicio de la corporación Rolmar, SA de CV, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del PRD
Antecedentes
Con fecha 6 de julio de 1994, se presentó en nombre de Corporación Rolmar, SA de CV, solicitud de registro de la marca y servicio CP Club Prestige, tarjeta de descuento internacional para la protección jurídica ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI).
En paralelo se realizaron gestiones para un contrato de adhesión en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para la presentación de servicios de tarjeta de descuento internacional C.P. Club Prestige, el cual fue autorizado el día 4 de noviembre de 1994, bajo el número de registro 400946, libro 1, volumen 1o., foja 37.
Asimismo, se realizaban gestiones en la Secretaría de Turismo para la aprobación del proyecto en mención, a fin de darlo a conocer mundialmente, el cual tuvo resultados satisfactorios autorizando el material para el Catalogo Turístico Internacional Club Prestige, aceptándose sus créditos, se obtuvo el registro de agencia de viajes, con el nombre comercial Club Prestige y quedó en trámite lo de operador mayorista.
El 12 de julio y 21 de agosto de 1995, se hizo llegar a la empresa Hoteles Camino Real, SA de CV, invitación de Corporación Rolmar, SA de CV, con el fin de dar cumplimiento a las cláusulas de contrato de adhesión, para formar el Catálogo Turístico Internacional de Prestadores de Servicios Turísticos Preferenciales Club Prestige, tanto a personas físicas como morales, pero no dieron respuesta.
A mediados de octubre de 1995, Camino Real dio a conocer promocionales del programa Club Pretige Camino Real, tarjeta de descuento, infinidad de publicidad en folletería y en medios de comunicación, algunos prestadores de servicios que también recibieron la invitación.
En este sentido del análisis realizado al registro marcario 518719 CP Club Prestigue y Diseño, se observa que este tiene una fecha legal de 6 de julio de 1994, sin señalar fecha de primer uso, concediendo el día 14 de marzo de 1996, para amparar servicios de la clase 36 internacional, limitados a servicios de tarjeta de descuento, concediendo a su titular Corporación Rolmar, SA de CV, el derecho a su uso exclusivo en los términos de su registro y de la Ley de la Propiedad Industrial.
Por lo antes expuesto la marca propiedad de Corporación Rolmar, SA de CV, fue presentada para su registro en fecha muy anterior a la de las marcas presentadas posteriormente por Hoteles Camino Real, SA de CV, por lo que de acuerdo con la ley de la propiedad industrial y el principio general de derecho “primero en tiempo, primero en derecho”, fundamentado legalmente en los artículos 121 y 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, debe prevalecer la presentada primeramente por Corporación Rolmar, SA de CV, sobre las presentadas posteriormente por Hoteles Camino Real, SA de CV, a quien se le otorgo indebidamente el registro de marca en cuestión, pudiendo también constituir parte de la piratería públicamente denunciada, lesionando el patrimonio de Corporación Rolmar, SA de CV, y de quien ella dependen.
El 7 de junio de 1995, siendo Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el ciudadano Jorge Amigo Castañeda otorgó a Hoteles Camino Real, SA de CV, la marca Club Prestige Camino Real como lo establece el titulo con número de registro 507161, clase 42 que protege servicios de reservación y alojamiento, por lo cual se entiende que violo el orden cronológico que establece la ley; el título 528752, clase 39 que protege transporte, empaque y almacenes de mercancías de viaje; el titulo 527204, clase 35 que protege publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial de trabajos de oficina y el título 528751, que fue otorgado en la clase 42 para amparar servicios de reservaciones, alojamiento con descuentos y promociones membrecías registro marcario que con oficio número 1914 de fecha veintinueve de enero de 1997.
Tanto la marca propiedad de Corporación Rolmar, SA de CV, como la de Hoteles Camino Real, SA de CV, son iguales, y se aplican a los mismos servicios, por lo que su coexistencia en el mercado es legalmente imposible, teniendo derecho de existencia la propiedad Corporación Rolmar, SA de CV, por haber sido presentada para su registro antes, teniendo fundamento legal esta aseveración en los artículos 90, fracción XVI, 151, fracciones I, II y IV de la Ley de la Propiedad Industrial.
El 15 de mayo de 1996 se presento ante el IMPI el representante legal de Corporación Rolmar, SA de CV, solicitando la investigación de diversas infracciones administrativas cometidas por parte del propietario o representante legal de Hoteles Camino Real, SA de CV, ubicado en la calle de Mariano Escobedo y Darwin s/n entre Emanuel Kant, Copérnico y Leibnitz, delegación Miguel Hidalgo, México DF, respecto al registro marcario 518719 CP Club Prestige y Diseño, al estimar que en el mismo se cometen diversas conductas contrarias a la legislación sobre propiedad industrial.
Con fecha 19 de mayo de 1997, el IMPI establece en el expediente del procedimiento contencioso P.C. 327/96(I-316)02701 que la empresa Hoteles Camino Real, SA de CV, realizaba actos contrarios a la legislación mediante la resolución en la que establece el artículo 213, fracciones Y IV y IX, a) y c) de la Ley de la Propiedad Industrial respecto del registro marcario 518719 CP Club Prestige y Diseño e imponerle una sanción que tome en cuenta el carácter intencional con el que actúa, la gravedad de su conducta y el daño que provoca a terceros con fundamento en las disposiciones legales en el cuerpo de la resolución es procedente imponer a la infractora una sanción que consiste en una multa inicial por el importe de 5000 cinco mil días salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que podría adicionarse hasta por el importe de 500 días similares por cada uno en que persista la infracción, independientemente de las sanciones adicionales que conforme a la ley de la materia procedan.
Con amparo 377/97 de fecha 10 de junio de 1997 ante el juzgado sexto de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, Hoteles Camino Real, SA de CV, presenta amparo, concediéndosele y la Corporación Rolmar, SA de CV, actuó como recurrente, solicitando recurso de revisión 5422/97.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 9 de octubre de 1997 interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el 11 de septiembre del mismo año, ya que se habían violado los artículos 74 fracción IV, 77, fracciones I, II y III, y 149, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, debido a que la juez concedió amparo y protección de la justicia federal.
A partir de aquí se derivaron sentencias administrativas en la primera y segunda instancia de carácter penal federal y por otra parte se promovió juicio de amparo 201/2010 contra servidores públicos y en diciembre de 2012 amparo 1504/12-VIII en el juzgado sexto.
Por lo antes expuesto se observa que el IMPI a través de sus principales funcionarios actuaron de mala fe desde el momento en que Corporación Rolmar, SA de CV, solicitó la inscripción de la marca en litigio, alterando el orden cronológico de la solicitud de inscripción y con la misma acción violando el artículo 12 del reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al ministro Juan N. Silva Meza, titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para que se proceda a realizar el pago de indemnización por los daños ocasionados en prejuicio de Corporación Rolmar, SA de CV, de manera inmediata en razón de que ha acreditado por los medios legales que ella es la legítima propietaria del título de propiedad de la marca CP Club Prestige y Diseño, con número de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 518719. Dicha resolución se encuentra en el expediente del juzgado de distrito de amparo en materia penal, en el Distrito Federal estudio de juicio 201/2010. Asimismo se apliquen las medidas disciplinarias en contra de quien resulte responsable, por haber obstaculizado la resolución oportuna.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2014.
Diputado Catalino Duarte Ortuño (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a los casos de influenza A (H1N1) en Zacatecas, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Los ciudadanos tienen derecho a un trato digno y respetuoso al momento de recibir atención médica, puesto que el cuidado de la salud es un tema de primer orden; sin embargo, en el caso de del Gobierno del Estado de Zacatecas, esos conceptos no son claros, muestra de ello son las indignantes declaraciones del director de Servicios de Salud, el doctor Raúl Estrada Day, quien culpa a los pacientes enfermos de la influenza AH1N1 de ser los responsables de su padecimiento, ofendiendo a quienes fallecieron víctimas de la desatención de un gobierno que no tomó las previsiones necesarias para detectar y atender a tiempo a los habitantes con este padecimiento.
Como es por todos conocido, la desinformación produce mayor terror que la información, es por ello que cuando un tema de salud pública se maneja con rumores y suspicacias genera un efecto de pánico en la sociedad.
En ese contexto en Zacatecas se está teniendo un manejo francamente desastroso de la información sobre el comportamiento del virus AH1N1 en la Entidad, lo cual ha motivado que la población del Estado no pueda dimensionar el riesgo real que representa esta enfermedad, ya que no se ha informado de manera clara sobre el número de personas que tienen este padecimiento, tampoco se ha hecho pública la cifra de decesos y mucho menos se ha hablado de las personas que se encuentran en observación.
Aunado a lo anteriormente expuesto, el Director de los Servicios de Salud ha manifestado a la opinión pública sobre un supuesto desabasto de vacunas contra la influenza AH1N1, versión que el mismo Gobernador desmintió, dejando al descubierto el desorden en que operan los servicios de salud en el Estado.
Por lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la secretaria de Salud federal, Mercedes Juan López, para que en el ámbito de su competencia se revise el estatus de las vacunas contra la Influenza AH1N1 en el Estado de Zacatecas y para que, en caso de existir desabasto, se tomen las previsiones necesarias para satisfacer la demanda de los centros de salud del Estado.
Segundo. Se exhorta al gobernador constitucional del estado de Zacatecas, para que, a través de la Dirección de los Servicios de Salud de Zacatecas, se haga pública la información de las causas por las cuales no se han tomado las medidas necesarias para salvaguardar a la población del virus AH1N1.
Tercero. Se exhorta al Director de Servicios de Salud de Zacatecas, Raúl Estrada Day, para que se haga pública la información y de manera clara sobre el número de personas infectadas con el virus AH1N1 y la cantidad de decesos acontecidos por esta causa, así como la cifra de casos que se encuentran en observación en el Estado de Zacatecas.
Dado en el Palacio Legislativo, a los 11 días del mes de marzo de 2014.
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a transmitir al Estado de Belarús la felicitación del Grupo de Amistad México-Belarús de la Cámara de Diputados por los resultados obtenidos en los XXII Juegos Olímpicos de Invierno, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del PT
Los suscritos, diputadas y diputados integrantes del Grupo de Amistad México-Belarús, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo que tiene como objetivo exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a transmitir la felicitación del Grupo de Amistad México-Belarús de la Cámara de Diputados por los resultados obtenidos por ese país en los XXII Juegos Olímpicos de Invierno, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Han finalizado los XXII Juegos Olímpicos de Invierno que tuvieron verificativo en la ciudad de Sochi, Federación Rusa. La República de Belarús alcanzó el octavo lugar del medallero al obtener 5 preseas de oro y una de bronce en esta justa deportiva.
Para las diputadas y los diputados que integramos el Grupo de Amistad México-Belarús, los resultados alcanzados por los deportistas que representaron a esa nación es motivo de singular alegría.
Nuevamente ha quedado demostrado que estos eventos deportivos, en los que participan hombres y mujeres de diversas naciones, enaltecen al ser humano y reflejan lo que se puede lograr a base de dedicación, empeño y voluntad cuando se tiene como objetivo la superación personal.
En este año en que se conmemora el centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial, vale la pena tener presente lo que el deporte puede hacer a favor de la paz y del entendimiento entre los pueblos.
El deporte nos hermana, nos emociona y nos hace ser más consientes de la importancia que tiene cuidar nuestro planeta y evitar su afectación. En la medida en que los gobiernos se preocupen más por impulsar el deporte entre sus habitantes, menos tendrán que invertir en combatir las adicciones.
Por ello y de conformidad a la tradición diplomática de la Cámara de Diputados, el Grupo de Amistad México-Belarús, considera conveniente hacer llegar a través de los canales correspondientes el reconocimiento de sus integrantes a la nación Belarús.
En virtud de lo anteriormente manifestado, el Grupo de Amistad México-Belarús somete a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a transmitir al Estado de Belarús la felicitación del Grupo de Amistad México-Belarús de la Cámara de Diputados, por los resultados obtenidos por ese país en los XXII Juegos Olímpicos de Invierno.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2014.
Diputados: Magdalena Núñez Monreal, Jaime Bonilla Valdez, Gabriel Gómez Michel, César Reynaldo Navarro de Alba, Francisco Pelayo Covarrubias, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, Uriel Flores Aguayo (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Sedesol a incorporar, apoyar y considerar en las Reglas de Operación del programa Seguro de Vida para Jefas de Familia a los padres solteros, viudos o separados jefes de familia, a cargo de la diputada Dulce María Muñiz Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal Dulce María Muñiz Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con base en las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley Orgánica de la Administración Pública le otorgan, el Poder Ejecutivo federal publicó el 22 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación el establecimiento del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, constituyendo la política pública de inclusión y bienestar social más importante de los recientes tiempos.
Su propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, entidades federativas y municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales, para lograr Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, y promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.
Se trata de objetivos de suma trascendencia para todos los mexicanos, ya que se busca que 7 millones de personas dejen de padecer hambre y con ello, gocen de mayores oportunidades para su pleno desarrollo personal, familiar y social.
En ese sentido, dentro de las facultades de la Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre se encuentra proponer los ajustes en el diseño de los programas; ajustes en la focalización o cobertura de los programas, e implementar acciones eficaces de coordinación.
Dentro de los programas contemplados por la Cruzada Nacional contra el Hambre se encuentra el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, así como el de Empleo Temporal, los cuales permiten que madres, padres solos, tutores o principales cuidadores que trabajan, buscan empleo o estudian, cuyo ingreso per cápita por hogar no rebasa la Línea de Bienestar (LB) y no tienen acceso al servicio de cuidado infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios, puedan tener acceso a dichas Estancias Infantiles, así como que hombres y mujeres que enfrentan una reducción de sus ingresos puedan incrementar su bienestar mediante apoyos económicos temporales por su participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario.1
Se trata de dos programas que, sin importar el género, atienden a la población que más lo necesita.
Por otro lado, el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia tiene la finalidad de contribuir a la ampliación del sistema de seguridad social, mediante un esquema de aseguramiento a madres jefas de familia de 12 a 68 años de edad, que se encuentran en condición de vulnerabilidad, entendiéndose ésta como aquella que presentan al menos una de las siguientes carencias sociales:2
1. Personas u hogares que cuentan con un ingreso inferior a la LB, es decir, cuyos ingresos mensuales son menores a 2, 500.00 pesos.
2. Rezago educativo: cuando la jefa de familia no cuente con primaria terminada.
3. Carencia de acceso a los servicios de salud: jefas de familia que no están afiliadas o inscritas para recibir ningún servicio de salud.
4. Carencia de acceso a la seguridad social: jefas de familia asalariadas que no reciben por parte de su trabajo las prestaciones de servicios médicos, pensión del IMSS o del ISSSTE, incapacidad con goce de sueldo y SAR o Afore.
5. Carencia de acceso a los servicios básicos de vivienda: aquellas jefas de familia que no cuentan con servicio de agua entubada, drenaje o no dispone de energía eléctrica.
6. Carencia de acceso a la alimentación: los hogares con grado de inseguridad alimentaria moderada o severa, es decir, que no pueden tener 3 alimentos al día o que consideran que no reúnen los nutrientes básicos en cualquiera de ellos.
7. Carencia de calidad y espacios de vivienda: aquellos hogares que tienen piso de tierra, su techo es de lámina de cartón o de desechos, muros de barro o bajareque; carrizo, bambú o palma; lámina de cartón, metálica o de asbesto; o material de desecho; o que presenten hacinamiento (demasiadas personas en poco espacio).
Este programa establece que en caso que fallezca la madre jefa de familia se brinde un apoyo mensual de hasta mil 850 pesos a cada uno de los hijos o hijas de hasta 23 años (un día antes de cumplir los 24 años) con la finalidad de incentivar el ingreso y/o permanencia escolar, teniendo una cobertura y alcance nacional, cubriendo las 32 entidades federativas y los casi 2 mil 500 municipios.
En la Regla de Operación 3.2 de este programa social3 se establece claramente que la Población Objetivo son las Jefas de familia en situación de vulnerabilidad y en el rango de edad entre los 12 y 68 años, haciendo a un lado la realidad que vive hoy nuestro país.
Debemos recordar que la pobreza no es una condición estática, sino que puede variar a lo largo del tiempo. Esto es, la condición de pobreza de las personas puede depender de eventos que las hagan caer en esta situación, volverla más severa, o en su caso, ayudarlas a superarla. En este sentido, la vulnerabilidad de las personas ante la pobreza se puede expresar como el alto riesgo de que un individuo o grupo enfrente cualquiera de los siguientes escenarios: ingrese a un estado de pobreza, su condición de pobreza sea más severa o que su condición de pobreza se haga crónica o de largo plazo.4
Lo anterior, evidentemente, no respeta géneros ni edad.
Por ello, en el principal contenido del apoyo ya mencionado se deja fuera a las hijas e hijos de padres de género masculino solteros jefes de familia, ya que ellos no tienen derecho a inscribirse en ese programa por pertenecer al género masculino y por consecuencia, se está marginando a sus hijas e hijos de este beneficio que puede ser la diferencia entre quienes concluyen sus estudios exitosamente y quienes los truncan por tener que incorporarse al mercado laboral tempranamente.
Ello deje en el desamparo a los hijos e hijas de padres solteros por no poder recibir el estímulo económico para así continuar con sus estudios y garantizarles un mejor futuro. Por ello, este apoyo no debería distinguir entre hombres y mujeres, porque también hay varones que están pasando por los mismos problemas que pasa una mujer con hijos, ya que el modelo tradicional de familia ha cambiado drásticamente en los recientes años y el núcleo familiar, estructurado por papá, mamá e hijos ha cambiado para dar paso a familias monoparentales, ya sea de mamás solteras o de papás solteros.
Y aunque pareciera que la gran mayoría de estos casos es de madres solas, la realidad es muy diferente. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) son al menos 856 mil hogares del país los que están encabezados por hombres divorciados, viudos, solteros o abandonados, quienes tienen la responsabilidad de mantener y procurar a los hijos sin la ayuda de la madre.5
Otras cifras significativas señalan que alrededor del 19% de los padres solteros tuvieron a su primer hijo siendo menores de edad, además que los divorciados han conseguido la custodia de sus hijos por problemas psiquiátricos o alcohólicos de las madres.6
Estas circunstancias, aunque parecieran poco comunes, se repite cada vez más en el país sin que haya certeza jurídica sobre los derechos a los que estos hombres deben y pueden tener acceso, situación que los pone en desventaja ante las mujeres en la búsqueda por conseguir sacar adelante a sus hijos.
A pesar que el artículo 4o. de nuestra Constitución señala que “El varón y la mujer son iguales ante la ley” y que ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia, en la realidad diaria de casi un millón de padres solteros, divorciados, viudos o abandonados y de sus hijos no es así.
Si se estipula que los hombres y las mujeres gozan de los mismos derechos ante la ley, en aspecto dogmático diríamos que sí, pero ya en la práctica cuando esos derechos se deben ejercer y respetar hay una ponderación atendiendo a la realidad social del hombre y de la mujer, en atención de terceras personas que pudieran resultar afectadas con el ejercicio de ese derecho.
Esto significa, en definitiva, que los padres solos están en desventaja cuando se trata del cuidado de los hijos y de su porvenir.
En la legislación mexicana existe la tendencia a proteger de forma especial el papel que la mujer desarrolla en diversos ámbitos, como es el de la maternidad, ya que se establece que el derecho de la guarda y custodia de los menores de 12 años corresponde eminentemente a la madre, a menos que corra algún tipo de peligro en el sano desarrollo psíquico, físico y psicoemocional.7 Ello evidencia ese trato particular hacia la madre al considerarla como quien deberá encargarse de la guarda y custodia de los hijos.
Esta situación se repite en el Programa Social Seguro de Vida para Jefas de Familia , en el que por una tradición masculina los hombres son excluidos, pues se piensa que no necesitan ese seguro de vida por tener condiciones laborales y sociales más favorables. Sin embargo, no es así.
Ingresos inferiores a la LB, rezago educativo, carencia de acceso a los servicios de salud, carencia de acceso a la seguridad social, carencia de acceso a los servicios básicos de vivienda y carencia de acceso a la alimentación son padecimientos que también aquejan a los hombres jefes de familia solos y a sus hijos.
Por un lado, la madre que está sola con los hijos sí necesita este apoyo; por el otro, en cambio, se piensa que el hombre, por una situación cultural, no lo requiere y si lo hace, no lo dice por no querer reconocer que lo necesita, por saberse frágil o encontrarse en una condición peor que la mujer. Se trata de una cuestión de idiosincrasia que sigue vigente y que no puede seguirse promoviendo desde las políticas públicas.
Y justamente, buscando contribuir a que los esfuerzos gubernamentales contemplen a todos aquellos que lo necesitan y fomentando la equidad de género en todas las acciones públicas, es que se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social que preside la Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, que en las Reglas de Operación del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia se incorporen, apoyen y consideren a los padres solteros, viudos o separados jefes de familia, privilegiando con ello la equidad de género y objetividad en las políticas públicas encaminadas a abatir la pobreza, hambre y desigualdad.
Notas
1 http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Programa_estancias_infantiles 17 de febrero de 2014
2 http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Seguro_de_Vida_para_Jefas_de_Famil ia 17 de febrero de 2014
3 http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reg las_Operacion/2014/rop_svjefam.pdf
4 http://www.20062012.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Regl as_Operacion/2013/rop_jefam_modificacion_181013.pdf 17 de febrero de 2014 12:53 horas
5 http://www.s1ngular.com/las-leyes-que-protegen-los-solteros/ 17 de febrero de 2014
6 http://www.s1ngular.com/las-leyes-que-protegen-los-solteros/ 17 de febrero de 2014 12:29 horas
7 Ídem
Palacio Legislativo de san Lázaro, a 19 de febrero del 2014.
Diputada Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la STPS y de la Sedesol a promover políticas que garanticen una mejor redistribución del ingreso, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, Karen Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, y de Desarrollo Social a promover en el ámbito de su competencia políticas que garanticen una mejor distribución del ingreso.
Exposición de Motivos
Está claro que a partir de la entrada en vigor de las políticas neoliberales en el país, desde hace más de 30 años, nos encontramos inmersos en una dinámica de constante crisis, que se agravó a finales de 20081 con la caída económica de Estados Unidos. A partir de ella, el ingreso del ciudadano mexicano no ha podido recuperar los números que tenía antes de tal hecho.
El estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) Índice para una vida mejor menciona que “en México, el ingreso familiar disponible neto ajustado promedio es de 12 mil 732 dólares al año, cifra menor que el promedio de dicho organismo de 23 mil 47 dólares. Pero la brecha entre los más ricos y los más pobres es considerable; la población situada en el 20 por ciento superior de la escala de ingresos gana trece veces lo que percibe la población que ocupa el 20 por ciento inferior”.2
Por lo que a empleo se refiere, “alrededor de 60 por ciento de las personas de entre 15 y 64 años de edad en México tienen un empleo remunerado, cifra menor que el promedio de la OCDE, de 66 por ciento. Cerca de 78 por ciento de los hombres tienen un empleo remunerado, en comparación con el 43 por ciento de las mujeres. En México, la gente trabaja 2 mil 250 horas al año, más que la mayoría de los habitantes de los países de la OCDE, quienes trabajan mil 776 horas. Casi 29 por ciento de los empleados tienen un horario de trabajo muy largo, cifra mucho mayor que el promedio de la OCDE de 9 por ciento ; y, entre ellos, 35 por ciento de los hombres trabajan muchas horas en comparación con 18 por ciento de las mujeres”.3
Estos índices obligan a analizar los niveles de educación, donde los datos muestran que “en México, 36 por ciento de los adultos de entre 25 y 64 años ha obtenido el equivalente de un título de educación secundaria, cifra mucho menor que el promedio de la OCDE de 74 por ciento. Esto se aplica ligeramente más en el caso de los hombres que en el de las mujeres, ya que 38 por ciento de ellos ha terminado con éxito la educación secundaria, en comparación con el 35 por ciento de las mujeres. Respecto a la calidad del sistema educativo, el estudiante en promedio obtuvo una calificación de 420 puntos en lectura, matemáticas y ciencias en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes de la OCDE. Esta calificación es más baja que el promedio de la OCDE”.4
No podemos permitir que las generaciones actuales y, mucho menos, las venideras permanezcan en una dinámica opaca de supuesto desarrollo y evolución en la redistribución del ingreso. No tiene por qué seguir pareciendo una utopía, por lo cual las autoridades competentes deben responder a los ciudadanos, pero sobre todo a los trabajadores, con los que hemos estado en deuda desde entonces.
Por lo expuesto someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente propuesta con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a promover en el ámbito de su competencia acciones tendentes a garantizar la satisfacción personal y las condiciones sociales de los trabajadores.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a fomentar en el ámbito de su competencia el desarrollo de capacidades que inhiba la brecha existente en materia de pobreza y fuentes de ingreso.
Notas
1 “La crisis de 2008 afectó seriamente los ingresos de mexicanos: OCDE”. González Amador, Roberto. Sección Economía, en La Jornada, 5 marzo de 2014.
2 Índice para una vida mejor. Enfoque en los países de habla hispana de la OCDE, Chile, España, Estados Unidos y México, página 6, http://www.oecd.org/centrodemexico/%C3%8Dndice%20para%20una%20Vida%20Me jor%20resumen_130529.pdf
3 Ibídem.
4 Datos: OCDE: Better life index.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2014.
Diputada Karen Quiroga Anguiano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Sedesol a difundir la información referente al estado que guardan las metas establecidas en el convenio de concertación suscrito entre la dependencia y la empresa Nestlé el 9 de abril de 2013, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
Según información proporcionada por Animal Político, el programa “Mi Dulce Negocio” impulsado por la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, y Nestlé en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, no ha cumplido con las metas previstas para 2013.
Según las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Desarrollo Social, Indesol, hasta el 19 de febrero en el programa habían participado 170 mujeres de los municipios de Álamo de Temapache, Veracruz y de San Luis Acatlán, Guerrero; aunque según el convenio firmado entre Sedesol y Nestlé, el objetivo de la fase I era que para diciembre de 2013 se hubiera capacitado a mil 500 mujeres en 24 municipios del país.1
Este programa forma parte del Convenio de concertación suscrito el 9 de abril de 2013 con el objetivo de coordinar las acciones entre la Sedesol y la empresa, para el desarrollo y organización de proyectos productivos con el propósito de contribuir a mejorar la disponibilidad física de alimentos accesibles a la población en situación de pobreza y pobreza extrema.2
En dicho tenor se acordó la implementación de tres proyectos productivos, el primero de ellos para Mujeres Emprendedoras, denominado “Dulce Negocio de Nestlé” y los otros dos dirigidos al campo bajo los nombres de “Proyecto Café” y “Proyecto Leche”.
Como parte de la justificación de los proyectos, se establece que dentro del marco de los trabajos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, resultan necesarias las alianzas estratégicas público-privadas, con el fin de fortalecer el esquema de donación no sólo de alimentos, sino de desarrollo de nuevos proyectos con visión de emprendimiento social, que beneficien de manera directa a las familias y paulatinamente a su comunidad.3
Respecto al primer proyecto productivo, se convino que Nestlé impartirá cursos de cocina a las mujeres emprendedoras que resulten elegidas en forma conjunta por parte de la Sedesol y la empresa, donde además se les entregarán kits iniciales de cocina que la misma determine conforme al presupuesto que tenga autorizado internamente para ello.4
Por lo que se acordó que “Mi Dulce Negocio” es un programa de Nestlé que está enfocado a Mujeres, Jefas de Familia, con anhelos de transformar la situación de carencia económica en la que se encuentran sus familias.5
Nestlé, dentro de este marco colaborativo con la Sedesol, en una Primera Etapa, podrá capacitar con chefs y a través de recetarios hasta mil 500 mujeres líderes llamadas Anfitrionas, debido a que éstas recibirán en sus casas hasta diez invitadas para conocer el modelo de desarrollo de negocio con visión social y a su vez tendrán la responsabilidad de transmitir sus conocimientos de:
a) Desarrollo de Productos para venta (Capacitación Culinaria que inicialmente impartió Nestlé a las Anfitrionas de acuerdo a sus políticas y alcances presupuestarios y a su vez las Anfitrionas deberán capacitar a diez personas cada una).
b) Nestlé entregará un kit inicial de Anfitriona Emprendedora (hasta mil 500 kits) que incluirán solamente los productos que Nestlé haya reservado para este proyecto, de acuerdo a sus políticas y alcances presupuestarios.
c) Para los cursos iniciales a las anfitrionas, Sedesol entregará insumos necesarios para la elaboración de los productos finales. Dicha entrega estará a cargo de Sedesol a través de Bancos de Alimentos, de acuerdo a sus políticas y presupuestos aprobados.6
Asimismo, Animal Político, exhibió que “hasta ahora, en el programa se han invertido 4 millones 84 mil 240 pesos, de los cuáles, según datos entregados por Indesol, el 100 por ciento corresponde a inversión hecha por Nestlé”.7
Por otro lado, el Indesol hizo énfasis en que la efectividad del programa no se mide en función de la venta de pasteles o repostería, si no en que las mujeres que participen recibirán apoyo del gobierno federal para obtener financiamiento para tener una microempresa. Sin embargo, hasta el 19 de febrero no reportó ningún caso de algún negocio que estuviera por arrancar producto de la capacitación.8
Aunado a ello, Indesol respondió en una solicitud de información que la Guía de Orientación Alimentaria para disfrutar con tu familia, cumple con los lineamientos de la norma oficial mexicana SSA-2012 Servicios Básicos de Salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación; y que la Secretaría de Salud a través del Instituto Nacional de Ciencias y Nutrición Salvador Zubirán ayudó a validarla junto con el “Recetario para tu Negocio”.
En otra solicitud de información, la Secretaría de Salud confirmó que revisó la guía, pero también indicó que no tiene injerencia ni supervisó el cuadernillo “Recetario para tu Negocio”. Específicamente, el Instituto Nacional de Ciencias y Nutrición Salvador Zubirán respondió que “el instituto no ha validado dichos recetarios”, por lo que Nestlé y Sedesol los están entregando sin el aval de las instancias de salud.9
Lo antes expuesto denota la falta de cumplimiento de lo establecido en el Convenio de Concertación, que para la realización de acciones para el desarrollo de diversos proyectos productivos –en el marco de la Cruzada Contra el Hambre– firmaron la Sedesol y Nestlé, razón por la cual solicitamos amablemente se haga pública la información sobre los motivos por los que a la fecha no se alcanzaron las metas establecidas para 2013, así como las medidas que se implementarán para cumplir con los aspectos pendientes y resarcir los posibles daños que esto hubiera podido ocasionar.
Resulta de gran importancia conocer las causas que han impedido que las metas de la Cruzada Nacional contra el Hambre no se cumplan a cabalidad en el tiempo establecido, sobre todo al ser ésta la directriz de los programas sociales a nivel federal y de las políticas de diferentes dependencias públicas en la materia; es por ello y por lo antes expuesto que presentamos a esta asamblea el sigue resolutivo con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la licenciada María del Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Social a hacer pública la información referente al estado que guardan las metas establecidas en el Convenio de Concertación que suscribió la dependencia y la empresa Nestlé, el 9 de abril de 2013.
Notas
1 Animal Político, “ Programa de Sedesol y Nestlé no cumple con su meta”, en línea, México, Dirección URL: http://www.animalpolitico.com/2014/02/clases-de-reposteria-de-la-cruzad a-contra-el-hambre-cumple-su-meta/#ixzz2v2fCpQgA
2 Convenio de Concertación que para la realización de acciones para el desarrollo de diversos proyectos productivos en el marco de la Cruzada Contra el Hambre, ” en línea, México, Dirección URL: http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/545/1/images/CON VENIO_NESTLE%20.pdf
3 Ídem.
4 Ídem.
5 Ídem.
6 Ídem.
7 Animal Político, obra citada.
8 Ídem.
9 Ídem.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2014.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para atender viviendas en zonas de riesgos estructurales hidrometereológicos y geológicos, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, Karen Quiroga Anguiano, diputada de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados, la creación de una Comisión Especial de atención a viviendas en zonas de riesgos estructurales, hidrometereológicos y geológicos.
Antecedentes
La vivienda es el espacio vital para toda una familia y ella representa el lugar físico en el cual se construye la unidad básica de la sociedad. Es el medio por excelencia en donde se recrean y construyen los valores educativos y culturales de toda una comunidad y su importancia es tal que se ha elevado a rango constitucional en nuestro país, catalogándolo como un derecho fundamental en el artículo 4o. al establecer que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.
El derecho humano a una vivienda es reconocido también en el párrafo I, del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Organización de las Naciones Unidas. En este instrumento los Estados parte “reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso la alimentación, vestido y vivienda adecuados y a una mejora continua en las condiciones de existencia”.
Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, organismo que fue creado para la verificación del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte de los Estados firmantes, incluidos entre ellos México, elaboró la Observación General Número 4, con el fin de profundizar en los elementos y el contenido mínimo que una vivienda debe tener para poder considerar que las personas tienen el derecho a la vivienda plenamente garantizado. Dicha Observación General menciona que el concepto de “vivienda adecuada” deberá significar disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable.
La accesibilidad en la adquisición de un inmueble y también el acceso al agua potable, la seguridad jurídica, la habitabilidad, la adecuación cultural, entre otros elementos del derecho a la vivienda, son necesidades mínimas que deben cubrir los estados firmantes para cumplir con una vivienda digna. Aún cuando las familias puedan contar con una construcción, si ésta carece de alguno de estos elementos no pueden ser consideradas como tal.
En este sentido, un factor primordial en la vivienda es la “habitabilidad”, es decir que sus ocupantes estén protegidos de los cambios climáticos como el frío, el calor, la lluvia, la humedad, el viento y otras amenazas para la salud humana. También debe garantizar la seguridad física de sus integrantes, poniendo especial atención a los problemas de higiene, epidemiológicos, de condiciones físicas del terreno como riesgos estructurales y geológicos.
En México existen miles de personas que no disfrutan de su derecho humano a una vivienda. La pobreza y extrema pobreza en la que muchos mexicanos se encuentran les obliga a asentarse en lugares alejados de las urbes, que carecen de los servicios básicos como acceso a agua, drenaje, luz, centros de salud, medios de transporte, etcétera. Estas personas no sólo tienen que conformarse con moradas que carecen de lo esencial para ser consideradas dignas, sino que además algunas se establecen en zonas catalogadas de alto riesgo por estar asentadas sobre fallas geológicas, mantos acuíferos sobre explotados, suelos erosionados, en peligro de deslaves e inundaciones. Sólo en nuestro país alrededor de 60 millones de personas están asentadas en zonas de alto riesgo que ponen en peligro su vida.
Esto constituye una violación a su derecho y a un incumplimiento de la obligación del Estado para destinar el máximo de recursos que permitan garantizar el derecho de todos a un lugar seguro y habitable para vivir, tal y como lo establece la Observación General Numero 4 Párrafo 8 inciso e). Asimismo esta observación indica como elementos principales la habitabilidad, asequibilidad y el lugar. En estos componentes el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales indica que los Estados parte deben garantizar a una vivienda libre de riesgos estructurales y que ésta no sea un riesgo para la seguridad física de sus ocupantes. Es responsabilidad de las autoridades el poder garantizar a estas familias, que en caso de ser necesario, abandonen sus residencias y sean atendidos no sólo en albergues, sino que se les facilite la reubicación en una vivienda adecuada, como medida de resarcimiento por el patrimonio que dejan.
Extremadamente altos son los rezagos en niños y niñas indígenas en cuanto al acceso a una vivienda digna y segura, con disponibilidad de servicios y asequible; tan sólo 88.7 por ciento de las niñas y niños indígenas mexicanos padecen privaciones al respecto (52 por ciento privación severa y 36.7 por ciento privación moderada). Esto contrasta con el 59.6 por ciento del resto de la población del país y nuevamente se coloca arriba tanto del promedio regional de 84.2 por ciento, como de Bolivia y Perú. Así lo revela un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia sobre la pobreza en los pueblos indígenas y afrodescendientes en la región latinoamericana.
El Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, AC, (Conorevi), organización apartidista sin fines de lucro, que representa apoya y coordina a los organismos estatales de vivienda (Orevis) en su relación con las autoridades y organismos federales responsables del diseño de las políticas de vivienda, desarrollo urbano y ordenamiento del territorio del cual son parte 29 Entidades Federativas de la Republica Mexicana, realizó un estudio en el que se puso de manifiesto sólo la información de veinte entidades que, en un total de 416,166 familias, habitan en zonas de alto riesgo y viven en una situación precaria y en viviendas con riesgos estructurales (construcción), hidrometeorológicos (lluvias y desbordamientos de ríos y lagos) y geológicos (fracturas y grietas). Esto demuestra que cerca de dos millones de mexicanos padezcan este problema solamente de lo que se tiene registro, sin contar con los demás datos de los otros estados.
Por lo anterior, esta legislatura de la Cámara de Diputados debe propiciar el ejercicio de los derechos humanos sobre acceso a la vivienda digna y decorosa, de lo contrario agravaría el problema de la habitabilidad y asequibilidad de las viviendas mexicanas, afectaría el interés de las familias y las metas de política pública de nuestro país.
Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de atención a viviendas en zonas de riesgos estructurales, hidrometereológicos y geológicos.
Segundo. El objetivo de la Comisión Especial de atención a viviendas en zonas de riesgos estructurales, hidrometereológicos y geológicos será analizar el marco legal y normativo aplicable en la materia, proponer en el ámbito de su competencia, modificaciones que permitan adaptar la legislación vigente a la realidad social y económica y facilitar el acceso a los mexicanos a una vivienda libre de riesgos estructurales, hidrometereológicos y geológicos.
Tercero. La Comisión Especial de atención a viviendas en zonas de riesgos estructurales, hidrometereológicos y geológicos estará integrada por el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la proporción que guarda la composición del pleno de esta legislatura y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias.
Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha comisión especial podrá allegarse de la información que considere pertinente; así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias. Además de poder contar con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Quinto. La duración de los trabajos realizados por la comisión especial será hasta el 31 de agosto de 2015.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2014.
Diputada Karen Quiroga Anguiano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios general de Gobierno, de Finanzas, de Salud, de Desarrollo Social, de Educación y de Comunicaciones del estado de México a emprender acciones para establecer mejoras inmediatas en la política de juventudes en la entidad, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
El arribo de la democracia como forma de gobierno legitimada y construida como parámetro de verdad en el actual contexto de las sociedades modernas, ha ido exigiendo cada vez mayor atención a cuestiones que rebasan el ámbito procedimental; es decir, la puesta en práctica de la democracia y los obstáculos con los cuales se ha enfrentado en su desarrollo cotidiano en el ámbito político y social obligan a mirar con atención lo que Norberto Bobbio llamó la democracia sustantiva.
Este tipo de democracia está fundado en valores como la tolerancia y el respeto. Éstos juegan un papel primordial porque son los que hacen posible que la vida pública se lleve a cabo; es decir, permiten la negociación y el consenso de forma incluyente y digna, lo que pone un freno a la intolerancia y a la eventual pero latente discriminación.
México aún tiene muchas cosas por observar en materia de democracia sustantiva, y para ello debe empezar reconociendo las diferentes formas de intolerancia y discriminación que se viven en la vida cotidiana, que afectan la vida pública y la construcción de una verdadera ciudadanía.
Uno de los pendientes por resolver es la intolerancia hacia la juventud mexicana, pues este fenómeno es una situación álgida que se vive todos los días de forma velada.
No dedicarle la debida atención incrementa los niveles de agresión, intolerancia e incluso discriminación, lo que cuestiona el proyecto de sociedad moderna y democrática que se desea fortalecer, ya que el Estado no está asegurando la integridad de sus juventudes.
La tolerancia se fundamenta en el respeto por la diferencia; en este sentido, la divergencia en la que se basa la construcción de las identidades juveniles debiera quedar resguardada por el principio elemental de toda convivencia social: la tolerancia.
La tolerancia implica intrínsecamente la recuperación de la dignidad de las personas porque justamente apela a la defensa de la identidad, el soporte contra el cual los gustos y deseos, opiniones y aspiraciones, adquieren sentido, pues la meta es lograr el absoluto reconocimiento hacia las personas diferentes.
La discusión sobre la manera de cómo se construye el concepto de juventud, el tema de las culturas juveniles, las identidades juveniles, la praxis de la divergencia, así como los factores de riesgo en la juventud, proporcionan los elementos que aproximan a entender por qué este grupo es blanco de la intolerancia tanto en el interior como en el exterior.
Las culturas juveniles no surgen de la nada, por lo general guardan en sus formas, símbolos y prácticas de grupos sociales que han existido en el pasado y con los cuales tienen una identificación sino total, si de forma parcial pero de manera fuerte; ellas tratan de reelaborar y reproducir tradiciones culturales, pero potenciando siempre su transformación.
Hablar por tanto de culturas juveniles remite a tomar en cuenta sus diferencias, tanto en el interior como en el exterior, por lo que cobra relevancia hablar de la identidad, específicamente de indagar la manera cómo se conforman las identidades juveniles y cuáles son las especificidades de estas identidades juveniles con respecto a otras identidades. Para ello es fundamental establecer lo que se entiende por identidad.
La identidad es un proceso de identificación altamente racional que al ser una elección racional y por ende un constructo social que se realiza en el seno de una sociedad, establece claramente la autenticidad de los sujetos frente a otros y define su posición, representaciones y acciones.
Situación en el estado de México
En el estado de México los niveles de violencia e inseguridad están escalando de una manera preocupante.
Los altos índices de secuestros y extorsiones, junto a los fenómenos de abandono y desajuste social están llevando a esta entidad a convertirse en un foco rojo a nivel nacional.
Según el diario Reforma, hasta el 15 de febrero ha habido un 37 por ciento más de asesinatos ligados al crimen organizado, de 56 en 2013 a 45 en 2014.
Michoacán y el estado de México parecen una pareja indesligable en cuestión de crimen organizado. Los datos de 2013 corroboran el problema de seguridad en la zona metropolitana de la ciudad de México. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, el estado de México es el lugar donde es más alto el porcentaje de delitos que no se denuncia: un 73,5 por ciento, frente al 69,1 por ciento de media nacional. También es el primer lugar en robos y en asaltos en la calle o en el transporte público.
El estado de México es una pieza clave para la estabilidad de la República, y además tiene un fuerte componente simbólico-político, dado que fue el estado que gobernó Enrique Peña Nieto, antes de llegar al gobierno federal.
Festival Hell & heaven, Texcoco
Este es el contexto de violencia al que se enfrentan cotidianamente las juventudes en el estado de México, y que se hizo evidente en días pasados, donde un importante sector también se enfrentó a otro problema: la discriminación.
Como es ampliamente conocido, la cancelación del festival de rock Hell And Heaven en Texcoco, estado de México, ha desatado una serie de controversias que más allá de lo estrictamente mediático, tiene un contexto general de abandono a las y los jóvenes.
Como bien lo ha explicado Delfina Gómez Álvarez, presidenta municipal de Texcoco, el festival requirió la planeación de varios meses que contemplaron de manera inicial los posibles requisitos que se pedirían; la empresa otorgó su petición que fue avalada por los cabildos.
“Sí había en un inicio un cierto temor, vamos a llamarle por, sobre todo por el tipo de música, por el número de gente; sin embargo, hicimos un análisis y efectivamente llegamos a la conclusión de que valdría darle la pena una oportunidad, una apertura a este tipo de música, un apertura a los jóvenes empresarios”.
Esta conclusión, que para muchos pudiera parecer osada, sustenta los fines mismos en los que la democracia sustantiva está fundada, pues los fines superarían adecuadamente los obstáculos que cualquier tipo de discriminación sobre un sector poblacional que prefiere cierto tipo de vestimenta o música.
Además, las declaraciones del titular de Protección Civil, Arturo Vilchis, en el sentido de que no había parámetros mínimos en protección y que no se contaba con el personal adecuado estaban en proceso de corrección, por lo que es de suponerse que de haberse otorgado algunos días más, podrían haber sido cumplidos.
Aunado a esto, el evento representaba la proyección cultural de Texcoco, permitía tener un espacio para los jóvenes además de que se tendría una derrama económica importante, que sería aplicado en obras públicas.
La cancelación del evento representa además del cierre de una espacio cultural para las juventudes, como lo expresaron mediante una marcha que inició en el Jardín Municipal de Texcoco y concluyó en las instalaciones de la Feria del Caballo, en protesta.
Boletos comprados y altas expectativas no importaron al gobierno del estado, pues prefirieron coartar la libertad de expresión y de cultura musical de un sector que ha sido estigmatizado por ser diferente.
Medidas a favor de las juventudes
Si entendemos que la política de juventud implica el tratamiento de temas que exceden el área de la educación, la que es probablemente aquella que mayor atención recibe por parte de los actores políticos y sociales, lograremos entender lo establecido en el Pacto Europeo para la Juventud, que tiene como elemento principal el impulso al derecho a la igualdad de oportunidades que las personas jóvenes tienen al momento de participar en todas las esferas de la vida en sociedad (educación, formación de calidad y esparcimiento, acceso al empleo y a la capacitación, seguridad social y vivienda).
Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría General de Gobierno, de Finanzas, de Salud, de Desarrollo Social, de Educación, y de Comunicaciones del gobierno del estado de México para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, a la mayor brevedad emprendan las acciones pertinentes que permitan establecer mejorías inmediatas en la política de juventudes en la entidad, estableciéndola como uno de los ejes centrales de las políticas del estado.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la maestra Rocío Alonso Ríos, secretaria de Seguridad Ciudadana del gobierno del estado de México, a que implemente cuanto antes un operativo conjunto de seguridad, con objeto de proteger la integridad de los jóvenes en el territorio del estado, a fin de prevenir y disuadir la criminalización, la intimidación y la violación de sus derechos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2014.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a establecer la transmisión en cadena nacional de las sesiones del Congreso de la Unión donde se discutan las reformas de las leyes secundarias derivadas de las reformas constitucionales estructurales, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I y artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que, en el ámbito de sus atribuciones, establezca la transmisión en cadena nacional de las sesiones de la Cámara de Diputados en los que se discutan las reformas a las leyes secundarias derivadas de las reformas constitucionales estructurales, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Es un hecho que las reformas estructurales aprobadas en el transcurso de 2013, que incluyeron reformas a la Constitución, han sentado las bases para conformar un pacto social totalmente diferente al que predominó en la mayor parte del siglo XX y en la primera parte del siglo XXI.
A saber:
• Proyecto de decreto que reforma los artículos 4o., 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad social universal1 . Aprobado en la Cámara de Diputados con 418 votos en pro, 19 en contra y 3 abstenciones, el jueves 24 de octubre de 2013. Y turnado a la Cámara de Senadores.
• Proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia2 . Aprobado en la Cámara de Diputados con 424 votos en pro, 16 en contra y 4 abstenciones, el martes 26 de noviembre de 2013.
• Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral3 . Aprobado en la Cámara de Diputados con 409 votos en pro, 69 en contra y 3 abstenciones, el jueves 5 de diciembre de 2013.
• Proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de difusión de la consulta popular4 .Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados con 336 votos en pro, 130 en contra, el martes 10 de diciembre de 2013.
• Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía5 . Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados con 354 votos en pro y 131 en contra, el miércoles 11 de diciembre de 2013 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 20 de diciembre de 2013.
Segunda. Esta transformación del pacto social, representada por nuestra Carta Magna, presupone una redistribución de las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales que significarán el parteaguas de un nuevo estado nación, del cual será necesario reglamentar con claridad las nuevas condiciones jurídicas de convivencia.
En la aprobación de las leyes secundarias de las reformas estructurales, necesariamente se debe garantizar que los cambios conduzcan a un mayor bienestar para los sectores mayoritarios de la población.
Tercera. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), en 2012 había 53 millones 350 mil mexicanos en condiciones de pobreza y de esos, 11 millones 529 mil estaban en condiciones de pobreza extrema.
Después de ocupar el lugar noveno entre las economías más grandes del mundo, México ocupa hoy el lugar 14 y sigue perdiendo lugares en el Índice de Competitividad Global, en el que en el último año descendió del lugar 53 al 55.
Esto demanda que las leyes secundarias garanticen el fortalecimiento de la capacidad productiva interna, que permitan a la nación competir en el mundo en condiciones más propicias para el crecimiento económico y, en consecuencia, una mejor distribución del ingreso.
Cuarta. No habrá tasas de crecimiento sin antes mejorar las condiciones de la sociedad productiva, y sin reglas precisas para la instauración de un estado que dé solidez y seguridad a todas y todos.
Lo fundamental de las leyes secundarias es garantizar el espíritu del constituyente permanente de poner en el centro el interés supremo de la nación.
Nada de lo que se pueda reformar deberá de atentar contra el estado y los bienes del pueblo de México.
Quinta. Nuestro proyecto de acuerdo considera que las discusiones en el Congreso de la Unión, de estos temas tan trascendentes deben ser divulgadas con la mayor amplitud posible. Y proponemos que sea por la vía de la cadena nacional.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así obliga al estado:
“Artículo 6o. ...
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
El estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. [...].
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, [...] En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad...
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, [...].
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos [...].”
Además de las disposiciones jurídicas invocadas, la Ley Reglamentaria del Artículo 6 Constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, refuerzan el sustento jurídico de la propuesta, al señalar en los artículos 3o., 4o. y 5o.:
Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por:
XIV. Sujetos obligados:
b) El Poder Legislativo federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente y cualquiera de sus órganos;
Artículo 4. Son objetivos de esta ley:
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos;
II. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados;
IV. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados;
VI. Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del estado de derecho.
Artículo 5. La presente ley es de observancia obligatoria para los servidores públicos federales.
Sexta. Por otra parte, los programas, cortes informativos y cadenas nacionales del presidente de la República son producidos por el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie). El centro es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.
De acuerdo con el artículo 36, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría, el Cepropie tiene como objetivos generales documentar las actividades públicas del titular del Ejecutivo federal con material de video y audio, para su difusión en los medios electrónicos de comunicación, así como atender las demandas de producción, realización de programas informativos y especiales que le sean solicitados por la Presidencia de la República, sectores público y privado.
El Cepropie, conforme lo establece el artículo 84 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación tiene entre otras, las siguientes atribuciones:
II. Prestar servicios a cadenas nacionales e internacionales televisivas en materia logística, de acreditación y de tramitación para la realización de eventos;”
VI. Proporcionar los elementos y servicios técnicos necesarios para la producción, transmisión, edición y postproducción de programas especiales y cortes informativos de las actividades presidenciales que se le encomienden;
IX. Garantizar que las actividades de grabación, edición, postproducción y entrega de materiales para su distribución reúnan los requerimientos técnicos establecidos en cuanto a calidad y eficiencia en el uso de los recursos disponibles.
Asimismo, nuestra proposición está sustentada en la Ley Federal de Radio y Televisión, en su artículo 62 establece:
Artículo 62. Todas las estaciones de radio y televisión en el país, estarán obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación.
Por lo que, por lo expuesto y fundado, se propone a esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que en el ámbito de sus atribuciones, y considerando el derecho a la información pública como una garantía constitucional, adopte las decisiones necesarias para que los debates de las sesiones relativas a las leyes secundarias de las reformas constitucionales estructurales en el Congreso de la Unión, se transmitan en cadena nacional en vivo.
Notas
1. Gaceta Parlamentaria, número 3890-III, martes 22 de octubre de 2013
2. Gaceta Parlamentaria, número 3914-II, martes 26 de noviembre de 2013.
3. Gaceta Parlamentaria, número 3921-II, jueves 5 de diciembre de 2013.
4. Gaceta Parlamentaria, número 3924-XIII, martes 10 de diciembre de 2013.
5. Gaceta Parlamentaria, número 3925-VIII, miércoles 11 de diciembre de 2013.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2014.
Diputados: Alliet Mariana Bautista Bravo, Silvano Blanco Deaquino, Víctor Manuel Manríquez González, Mario Alejandro Cuevas Mena, Josefina Salinas Pérez, Joaquina Navarrete Contreras, Aída Ramírez Torres, Víctor Manuel Bautista Torres, Trinidad Secundino Morales Vargas, Julisa Mejía Guardado, Guadalupe Flores Salazar, Agustín Miguel Alonso Raya (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Senadores a dictaminar la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, diputada federal Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la honorable Cámara de Senadores a dictaminar la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Esta honorable Cámara turno a la Colegisladora la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el día martes 5 de marzo de 2013,1 previa votación de 376 votos en pro, 56 en contra y 5 abstenciones. Con los efectos de que el Presidente de la Cámara le decretó el siguiente turno:
Devuélvase a la Cámara de Senadores para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A destacar resulta que esta minuta fue recibida el día 6 de diciembre de 2011 en la Cámara de Diputados.
Segunda. En su sesión del día jueves 12 de marzo de 2013 del segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura de la Colegisladora, su presidente dictó el siguiente turno:
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.
Tercera. Destaca del cuerpo del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2 la voluntad de las y los diputados al plasmar los siguientes fragmentos su convicción en enfrentar un reclamo social:
...El investigador Eduardo Andrade Sánchez ha establecido que el fuero constitucional es un conjunto de normas aplicables a determinados servidores públicos que en razón de las funciones que desempeñan quedan sujetos a un régimen propio en cuanto a la exigencia de ciertas responsabilidades en las que puedan incurrir por su conducta...
...la finalidad que el legislador persigue es consiste en dejar de relacionar la inmunidad con una canonjía de la cual se puede sacar provecho, por lo que es preponderante expresar en el artículo 61 constitucional del proyecto tiene por objeto cambiar el término “fuero constitucional” por el de “inmunidad parlamentaria”...con la finalidad de dar primordial de dar independencia y autonomía al Poder Legislativo...
Cuarta. Asimismo, otro asunto que atiende la minuta materia del presente exhorto es el de la declaración de procedencia.
Al respecto la comisión dictaminadora señala atinadamente:
...Finalmente, es evidente el hecho de que los servidores públicos continúen en el ejercicio de su encargo, no contribuye a la prescripción de la acción penal, puesto que se obliga a las autoridades bajo el apego a la ley y al debido proceso a que, como ya se preciso, el servidor público concluya su procedimiento penal en libertad y una vez que la cámara resuelva retirarlo de cargo, cumplirá su sentencia...
Quinta. Abundando en la importancia del asunto en comento es a destacar las intervenciones3 de los grupos parlamentarios en su sesión del día 5 de marzo de 2013- ya hará casi un año de su aprobación-
Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional la diputada Paulina Alejandra del Moral Vela señaló:
...que esta reforma representa un avance democrático, pues suprime la figura del fuero y establece la de inmunidad constitucional, “con esta medida, esta legislatura pretende ponerle un hasta aquí a los abusos, arbitrariedades y prepotencia en el mal uso en que derivó el fuero en algunos de los casos y que hoy resulta ofensivo para los ciudadanos”.
Por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, intervino el diputado Marcos Aguilar Vega, quien mencionó:
...la inmunidad constitucional amplía los alcances que tendrá cualquiera de los representantes populares, tanto diputados como senadores, para que durante el tiempo de su encargo puedan realizar toda clase de expresiones que estén vinculadas con la función que le encomendaron los mexicanos, sin que sean sujetos de juicio, reconvenidos o procesados por esa causa...
El diputado Silvano Aureoles Conejo fue quien posicionó al PRD en la discusión del asunto materia del exhorto, el diputado Aureoles resaltó:
...el dictamen plantea modificaciones trascendentes para la vida de la nación, porque impactan enormemente en la relación entre los representantes de los órganos del poder público del sistema político. Nos parece importante que haya quedado el concepto de inmunidad, en sustitución del fuero y se garantice la inviolabilidad del espacio en el que llevamos a cabo nuestra principal tarea..., pero los avances que se estarían logrando en esta materia, no son suficientes. Acotar el fuero de servidores públicos y de legisladores es un gran acierto y es un triunfo...
La diputada Ruth Zavaleta Salgado en nombre de la bancada del Partido Verde:
...la inmunidad constitucional tiene que estar acotada y limitada, para que no sea una herramienta de abuso de poder. El abuso que han hecho de esta figura algunos malos funcionarios públicos y políticos, ha derivado en una creciente demanda ciudadana para desaparecerlo...
El diputado Ricardo Monreal Ávila de Movimiento Ciudadano, señaló que:
...Si tú suprimes el fuero en Estados totalitarios, en Estados que son autoritarios, no van a cejar los embates, el hostigamiento y la persecución contra los legisladores...
La diputada Lilia Aguilar Gil en representación de la bancada del Partido del Trabajo expresó:
...se cambió el nombre de fuero por el de inmunidad legislativa y recordó que el fuero es en realidad evitar la persecución penal por parte del Ministerio Público; genera el equilibrio de la República, y representa que todos –nosotros- funcionemos como un poder real en igualdad de circunstancias ante el Poder Ejecutivo y al Poder Judicial...
El objeto del presente exhorto es que la colegisladora active el asunto que ya va a cumplir un año y en el marco de los negocios energéticos, de telecomunicaciones y demás nuevas concesiones se necesita acotar a funcionarios su activismo empresarial en contra de los bienes nacionales usando el poder de la información que de primera mano ostentan y que podrían servir para acrecentar los actos de corrupción y cohecho que suceden en el país.
Por lo fundado y motivado, quien suscribe, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados, con absoluto respeto a su autonomía, exhorta a la honorable Cámara de Senadores a dictaminar la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos, recibida por esa soberanía el 12 de marzo de 2013.
Notas
1 Gaceta Parlamentaria, número 3718-IX, jueves 28 de febrero de 2013
2 http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/feb/20130228-X.pdf
3 Boletín número 1030, “Aprueba el Pleno reformas constitucionales en materia de inmunidad”. Página web: http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2013_2 013/marzo_marzo/05_05/1030_aprueba_el_pleno_reformas_constitucionales_e n_materia_de_inmunidad
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 25 de febrero de 2014.
Diputados: Alliet Mariana Bautista Bravo, Silvano Blanco Deaquino, Víctor Manuel Manríquez González, Mario Alejandro Cuevas Mena, Josefina Salinas Pérez, Joaquina Navarrete Contreras, Aída Ramírez Torres, Víctor Manuel Bautista López, Trinidad Secundino Morales Vargas, Julisa Mejía Guardado, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Agustín Miguel Alonso Raya (rúbricas).