Proposiciones

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Sonora a difundir el estado que guarda el Fondo de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la entidad, a cargo del diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a llevar a cabo las acciones conducentes a impulsar en la ONU el establecimiento de una convención para proteger los derechos de las personas adultas mayores, suscrita por los diputados Genaro Carreño Muro y Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a apoyar por la SE y la Sagarpa a los productores de hule del país, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, relativo a la deuda de los estados y los municipios en 2013, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a solucionar por la SCT el colapso del puente Tamaca y reanudar los trabajos para terminar el paso superior Tamaca, a cargo del diputado Rafael Acosta Croda, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Segob que difunda la información relativa al avance en el cumplimiento de las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2012 para implantar el sistema de justicia penal, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, relativo a la revisión de la compra del avión presidencial en la Cuenta Pública de 2012, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS a cumplir con la mayor brevedad las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre seguridad en minas de carbón subterráneas, a cargo del diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a atender, investigar y resolver lo correspondiente para garantizar que las determinaciones y su actuación tengan el objetivo integral de diversificar la competencia y mejorar la calidad del servicio de telefonía móvil, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a atender la resolución del caso de Alberta Alcántara y Teresa González, sobre la indemnización por el proceso ilegal de que fueron objeto, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, José Francisco Coronato Rodríguez, Margarita Elena Tapia Fonllem y Roberto López Suárez, diputados de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano y del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se condena el asesinato del ciudadano Jesús Flores Cruz por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a difundir el estado de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico, y su postura oficial para cada capítulo, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Sonora a difundir el estado que guarda el Fondo de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la entidad, a cargo del diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI

Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno, la presente proposición con puntos de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En fechas recientes ha trascendido en diversos medios la situación problemática que guardan las finanzas del fondo de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), por presuntos adeudos pendientes en las aportaciones que realiza el gobierno estatal.

Al respecto, es relevante señalar que el artículo 6 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora establece lo siguiente:

Artículo 6. El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización se constituye como un órgano del Congreso del estado dotado de autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. Estará encargado de la revisión y fiscalización de los estados financieros y cuentas públicas estatal y municipal.

En el artículo 3, la misma ley señala e identifica los sujetos de fiscalización:

Artículo 3. Son sujetos de fiscalización los entes públicos que reciban, administren o ejerzan total o parcialmente y bajo cualquier título recursos públicos, quedando sujetos a la observancia y cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, en el ámbito de

I. El Poder Ejecutivo, las dependencias de la administración pública directa y las entidades paraestatales, las unidades de apoyo adscritas directamente al Ejecutivo del estado y los organismos públicos constituidos por el propio Ejecutivo;

II. El Poder Judicial y los órganos que lo conforman, cualquiera que fuere su organización;

III. El Poder Legislativo, sus dependencias y cualquiera de sus órganos, cualquiera que fuere su organización;

IV. Los órganos constitucional o legalmente autónomos;

V. Las universidades e instituciones públicas de educación superior y organizaciones con registro oficial que reciban recursos públicos;

VI. Los ayuntamientos y cualquier autoridad, dependencia o entidad de la administración pública municipal; y

VII. Cualquier persona física o moral que reciba, administre o ejerza total o parcialmente y bajo cualquier título recursos públicos.

Lo anterior es relevante pues la mencionada problemática fue reportada por el Instituto Superior de Auditoría Fiscalización del estado de Sonora (ISAF), como parte del Informe de Resultados de Revisión de Cuenta Pública del Estado de Sonora 2012.1

Esta publicación reportó al menos 28 irregularidades relativas al Isssteson; entre ellas: a) que el sujeto fiscalizado no proporcionó la integración detallada de los saldos por cobrar, b) que durante las reuniones realizadas en 2012 del Comité Técnico del Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones sólo participaron funcionarios del Isssteson y no los representantes sindicales miembros del comité, c) la existencia de un déficit en la constitución del Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones, y d) la inexistencia de un desglose de la cuenta “Ingresos por recuperar”, donde se registran las cuotas y aportaciones por cobrar y deberían poderse apreciar las subcuentas a las que se realizan las aportaciones (servicio médico, fondo de pensiones, gastos de infraestructura, entre otros).

En la actualidad es difícil precisar el monto exacto del adeudo, dada la antigüedad del informe mencionado y la variabilidad originada por las aportaciones periódicas que se realizan al fondo. Sin embargo, en declaraciones realizadas por el secretario de Hacienda estatal, Carlos Villalobos Organista, el 2 de octubre de 2013 ante la Comisión del ISAF del Congreso del estado, aseguró que el gobierno debía mil 64 millones de pesos al fondo de pensiones del Isssteson.2

El Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Isssteson tiene la finalidad de otorgar a los derechohabientes la pensión a que tienen derecho por su tiempo laborado en gobierno del estado y diversos organismos afiliados, así como a sus familiares las prestaciones económicas y sociales a que tengan derecho en caso de fallecimiento del trabajador. Por lo anterior se considera que el fondo de pensiones y jubilaciones es una prestación de suprema importancia para los servidores públicos de la entidad.

Para agravar la situación, en el Presupuesto de Egresos de 2014 para Sonora, aprobado por el Congreso local el 19 de diciembre de 2013, se señala en el capítulo sexto, “De las previsiones especiales de gasto para el ejercicio fiscal de 2014”, artículo 50, lo siguiente:

Los recursos obtenidos por la enajenación de bienes inmuebles que formen parte del patrimonio estatal deberán destinarse, invariablemente, para realizar el pago de las cuotas de seguridad social pendientes de liquidación por parte del Ejecutivo Estatal con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para el Estado de Sonora.

Lo anterior no exime de las posibles responsabilidades administrativas, penales, resarcitorias o política que deriven del incumplimiento del pago oportuno de las cuotas de seguridad social que corresponden al patrón en ejercicio fiscales anteriores.

Los bienes de patrimonio del Estado susceptibles de enajenación, según lo dispuesto por el párrafo primero del presente artículo son

Si bien se reconoce la disposición del gobierno estatal para reconocer el adeudo existente con este importante fondo, así como para dar prioridad a la liquidación del mismo; no deja de ser extremadamente preocupante que para ello se establezca como posibilidad la eventual enajenación de bienes, patrimonio no sólo del gobierno estatal sino de todos los sonorenses. Sobresale de manera particular la mención del estadio Héctor Espino entre estos bienes, ya que dicho estadio símbolo histórico de Hermosillo.

El presente punto de acuerdo tiene como objetivo que esta asamblea exhorte respetuosamente y en plena observancia del espíritu federalista del país, al gobernador de Sonora para que rinda un informe sobre el estado actual que guarda el Fondo de Pensiones del ISSSTESON. Esto permitirá esclarecer una situación que preocupa a miles de sonorenses y tiene el potencial de afectar directamente su economía y posibilidad de un retiro digno.

Por lo expuesto y fundado me permito someter a consideración de esta asamblea la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Sonora a investigar las irregularidades financieras y resolver lo antes posible la problemática relativa a los adeudos pendientes con relación a las aportaciones del gobierno estatal al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Sonora a hacer pública la información derivada de dicha investigación en la página de transparencia correspondiente.

Notas

1 Informes de Resultados de Revisión de Cuenta Pública del Estado de 2012 (liga: http://www.isaf.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=171:calificacion&catid=1:latest-news&Itemid=50)

2 “Quedan 15 bienes del Estado disponibles para fondo de Isssteson”, en El Imparcial (liga: http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/08012014/79396 2-Quedan-15-bienes-del-Estado-disponibles-para-fondo-de-Isssteson.html)

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2014.

Diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a llevar a cabo las acciones conducentes a impulsar en la ONU el establecimiento de una convención para proteger los derechos de las personas adultas mayores, suscrita por los diputados Genaro Carreño Muro y Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN

Los diputados federales Genaro Carreño Muro y Martha Leticia Sosa Govea, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que les confiere la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El envejecimiento demográfico involucra un cambio en la estructura por edad y generalmente se expresa en un aumento en el porcentaje de las personas en edad avanzada.

De acuerdo con el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), en 2011, 11.2 por ciento de la población mundial tiene 60 años o más, mientras que en las regiones más desarrolladas es de 22.1 por ciento, aspecto que contrasta con la proporción de adultos mayores (8.9 por ciento) que residen en la regiones menos desarrolladas. La UNFPA señala que en el año 2050 uno de cada cinco (21.8 por ciento) habitantes en el planeta tendrá 60 años y más; en las regiones menos desarrolladas será de 20.2 por ciento, es decir, casi el nivel que actualmente se observa en las regiones más desarrollados, en éstas, 31.9 por ciento será un adulto mayor al iniciar la quinta década del presente siglo.1

En nuestro país, la pirámide de la población sintetiza mejor el proceso de envejecimiento demográfico, en 2010 la base es más angosta que en 1990, debido a que la proporción de niños y jóvenes es menor: en el primer grupo (niños menores de 15 años), la participación porcentual pasa de 38.3 a 29 por ciento, en tanto que la de jóvenes (15 a 29 años) disminuye de 29.4 a 26.4 por ciento; por su parte, el porcentaje de la población de 30 a 59 años aumenta de 25.5 a 34.4 por ciento, mientras que la de 60 años y más pasa de 6.2 a 9 por ciento. La proporción de esta última población continuará aumentando durante toda la primera mitad del siglo XXI hasta alcanzar 27.7 por ciento de la población total en 2050.2

Esta transición demográfica traerá consigo variados y complejos retos para los adultos mayores y para el gobierno, los cuales deberán de enfrentarse en todos los ámbitos de la vida nacional en un muy corto plazo. Es por eso que dicho envejecimiento ha adquirido un gran peso dentro de las políticas de población.

Si bien es cierto la mayor esperanza de vida de la población es uno de los grandes triunfos de la humanidad, también es uno de los mayores retos que existen para los países, lo que conlleva crecientes demandas económicas y sociales a nivel mundial.

Una de estas demandas es lograr que las personas adultas mayores tengan una vida digna. Es un hecho que las personas adultas mayores son vulnerables a los malos tratos, son personas con cierto grado de dependencia y pérdida de autonomía, por lo que se encuentran en una situación de alto riesgo. El abuso a las personas adultas mayores es un problema universal de todos los estratos sociales, por lo que es necesario implementar acciones para identificarlo.

Este sector de la población constantemente es víctima de desventajas, exclusiones e inequidad, de aquí la necesidad de promover la participación, las oportunidades y la igualdad. En la actualidad las personas adultas mayores tienden a ser discriminadas y marginadas, con esto, corren peligro de ser violados sus derechos y ser rechazados por la misma sociedad, por lo que la única manera de proteger y respetar esos derechos es reafirmando y respetando la normas previamente establecidas en los distintos ordenamientos nacionales e internacionales, además de impulsar los que sean necesarios.

En este sentido, existe evidencia más que suficiente del consenso internacional sobre la importancia de proteger los derechos en la vejez. Las leyes internacionales y regionales vigentes sobre derechos humanos no protegen de manera adecuada los derechos de las personas adultas mayores. Sin embargo, no existe en la actualidad ninguna convención de derechos humanos de ámbito universal que sistematice y haga operativos esos derechos y que establezca un mecanismo específico para su protección.

Entre los principales ordenamientos internacionales que México ha signado y ratificado en el tema de la protección de los derechos de los grupos vulnerables, está la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ello ha permitido que se avance en la armonización del marco jurídico nacional correspondiente con las disposiciones contenidas en estos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

No obstante, se sigue careciendo de una Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Parece olvidarse que las mujeres y los hombres adultos mayores tienen los mismos derechos que todas las personas, lo que ha derivado en que sus derechos continúen siendo invisibles en el derecho internacional.

Los derechos humanos cambian la vida de las personas. La protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores ayudará a que conduzcan de modo digno y seguro su vida, al igual que los otros miembros de la sociedad. Con el envejecimiento acelerado de la población la prevalencia de la discriminación por edad es cada vez mayor, lo que hace que también aumente el imperativo de abordar las causas fundamentales de la discriminación.3

La discriminación por motivos de edad es inaceptable, se requiere una Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Adultas Mayores. “Una convención internacional sobre los derechos de las personas de edad daría más visibilidad a los problemas a que hace frente este grupo social en el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales. La aprobación de una convención de ese tipo representaría un sólido instrumento pedagógico, en particular en el ámbito nacional, para combatir los estereotipos predominantes y generar imágenes positivas y realistas sobre el proceso de envejecimiento.”4

Compañeras y compañeros legisladores, en Acción Nacional estamos convencidos que debemos realzar el reconocimiento de la dignidad, principalmente de las personas adultas mayores, eliminar todas las formas de abandono, abuso y violencia que las afectan.

La lucha contra la discriminación por motivos de edad y la promoción de la dignidad de las personas adultas mayores es fundamental para asegurar el respeto que esas personas merecen. La promoción y protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales es importante para lograr una sociedad para todas las edades.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de la honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a llevar a cabo las acciones necesarias, a efecto de impulsar en el seno de la Organización de las Naciones Unidas la creación de una Convención para proteger los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Notas

1 Inegi. “Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas de Edad”, Aguascalientes, Aguascalientes, octubre de 2012, página 2.

2 Íbid, página 3.

3 Fortaleciendo los Derechos Humanos de las Personas de Edad. Hacia una Convención de las Naciones Unidas, Help Age International.

4 CEPAL. Los derechos de las personas mayores. Materiales de estudio y divulgación, junio de 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2014.

Diputados: Genaro Carreño Muro (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a apoyar por la SE y la Sagarpa a los productores de hule del país, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración el presente punto de acuerdo conforme al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos años se ha incrementado en el mercado mundial la presencia de artículos que son derivados del hule, ya que éstos en mayor medida son utilizados para cubrir necesidades de los consumidores, realidad que obviamente se comparte en nuestro país.

Que la industria de productos derivados del hule tiene su importancia debido a que es un material que ha contribuido a facilitar muchos aspectos de la actividad diaria del hombre, ya que entre otras cosas sirve para la elaboración de pelotas, guantes, adhesivos, pinturas, impermeabilizantes, neumáticos, llantas, artículos impermeables, aislantes, globos, colchones.

Que el tema ambiental juega una importancia relevante, por lo cual se han generado debates sobre el uso y sustentabilidad del hule, por lo anterior la industria en los últimos años ha desarrollado innovaciones y propuestas que demuestren las bondades del material y sus efectos en la mejora de la calidad de vida del ser humano.

Que algunos mecanismos para la utilización sustentable del hule están basados en minimizar el uso de recursos como el agua y energía, generar eficiencia en los procesos para reducir los desperdicios mediante innovaciones tecnológicas para el desarrollo de biopolímeros.

Que nuestro país es fuerte productor del árbol del hule, registrando las condiciones idóneas para el cultivo del árbol del hule, el cual es un polímero caracterizado por sus moléculas largas y filoformes, que se obtiene a partir de una secreción (látex natural) que mana del tronco de algunas especies vegetales (especialmente de la Hevea brasiliensis o árbol del hule). Es un árbol monoico que alcanza de 15 a 30 metros de altura y de 20 a 60 centímetros de diámetro.

Que en nuestros días el cultivo del árbol del hule data de hace varios siglos, actualmente sólo produce México 10 por ciento de las 87 mil 400 toneladas de hule que transforma cada año.

Que en la actualidad se cuenta en el país con 23 mil 412 hectáreas sembradas del árbol del hule, sin embargo se tiene un potencial para sembrar al menos 400 mil hectáreas y abastecer así la demanda nacional.

En nuestro país los estados productores de hule como Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, son eminentemente productores de hule natural.

Que si se aprovecha el potencial de esos estados mediante la aplicación de mecanismos idóneos para impulsar la producción de este invaluable sector, se abonaría a combatir la pobreza, fortalecer la seguridad alimentaria y apuntalar el crecimiento económico de la región en donde se localizan esas zonas.

Que el apoyo a los productores del árbol del hule favorece como cultivo alternativo de la industria química, aportando beneficios medio ambientales y de desarrollo económico.

Que los benéficos naturales son respaldados por la demanda mundial de hule natural, que se sustenta en alrededor de 10 millones de toneladas anuales, por lo cual es necesario establecer a nuestro país como productor, pues en la actualidad sólo se produce 10 por ciento y se importa el resto.

Que el árbol del hule apoya al medio ambiente pues no sólo acumulan dióxido de carbono (CO2) sino que también producen hule, madera y oxígeno, por lo que los árboles generan dinero y estimulan el desarrollo económico.

Que las excesivas importaciones han provocado que el precio pase de 26 pesos a sólo 8 pesos en la actualidad, lo que no permite margen de recuperación en los costos de producción.

Que en nuestro país no se han generado las condiciones que ayuden aprovechar el potencial que se tiene para el cultivo del árbol del hule, ya que la industria que transforma esa sustancia, en su mayoría prefiere el que venga con determinadas certificaciones.

Que en nuestro país existen 3 mil 500 empresas pero sólo 100 cuentan con certificación; aquellas que cuentan con certificación son afectadas pues los gastos sofocan su permanencia dado que 40 por ciento sólo logra cubrir sueldos, 15 por ciento logra invertir y crecer, sin embargo sólo 3 por ciento innova en sus procesos o su tecnología, se capacita, se diversifica permanentemente y exporta.

Que es necesario invertir y redirigir programas de desarrollo e la innovación de la industria del hule para generar competitividad y condiciones que les permita ser proveedores de hule a las grandes industrias que los transforman en productos necesarios para sus consumidores.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que a través de la Secretaria de Economía y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el ámbito de su competencia, emprenda las acciones necesarias para el impulso y operación de programas en beneficio de la industria del hule, así como para que fortalecer los existentes.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se apoye a los productores del país, mediante instrumentos que faciliten la producción y ocupación de la zona húmeda del territorio nacional, principalmente a los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2014.

Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la deuda de los estados y los municipios en 2013, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Sin duda alguna, uno de los mayores problemas económicos que enfrenta nuestro país corresponde a la deuda de los estados y municipios. En los últimos años, México ha registrado un crecimiento sostenido de las deudas estatales de 1.6 a 2.9 por ciento, respecto al producto interno bruto, y un aumento de 64.5 a 86.1 por ciento, en relación con las participaciones federales.

El problema no tan sólo no ha disminuido en el último año; por lo contrario, se ha agudizado. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al cierre del 2013 la deuda subnacional alcanzó un nivel de 482 mil 807 millones de pesos, siendo así el monto más elevado a la fecha.

Si comparamos los empréstitos del último trimestre del 2013 con los tres meses anteriores, observamos un incremento de 30 mil 756 millones de pesos; mientras que el comparativo con el mismo lapso en el 2012, revela que se suscitó un aumento de 48 mil 64 millones.1

La composición de estos pasivos radica en un 84 por ciento) en las deudas estatales, 10 por ciento en obligaciones municipales y 6 por ciento en organismos que involucran tanto a entidades federativas como a ayuntamientos.

La problemática se agrava aún más al observar que, mientras en el 2012 las obligaciones locales equivalían al 86.1 por ciento de las participaciones federales, en el 2013 la cifra ascendió a un 90 por ciento de dicho concepto.

Las deudas que se incrementaron en una mayor proporción corresponden al Distrito Federal, con. 62 mil 962 millones de pesos; Nuevo León, con 51 mil 911 millones, y Chihuahua, con 41 mil 768 millones.

El Estado que registró el mayor aumento anual en pasivos locales es Oaxaca, con un incremento del 79.4 por ciento, al trascender la deuda de 5 mil 660 millones de pesos, en el 2012, a 10 mil 154 millones, en el año pasado.

El problema lamentablemente no se reduce a unas cuantas entidades, ya que los estados en los que la deuda se incrementó en dos dígitos incluyen a Morelos, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Sonora, Quintana Roo, Durango, Guerrero e Hidalgo.

Ante esto, el 24 de septiembre de 2013, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el Dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios; el cual, aún cuando cuenta con deficiencias que recalcamos, propone la creación de un sistema totalmente nuevo para la contratación de créditos y empréstitos por parte de las entidades y ayuntamientos.

Así, desde el 25 de septiembre del 2013, el Senado de la República recibió la minuta relacionada con el tema, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, para su dictaminación, y de Hacienda y Crédito Público, para su opinión.

Se han cumplido 5 meses desde que lo previo sucedió; no obstante, la Cámara de Senadores ha mantenido congelada la proposición, mientras la deuda asciende a niveles que ponen en riesgo la estabilidad del país y que permiten que funcionarios corruptos permanezcan en la impunidad.

Las cifras expuestas nos demuestran que la fiscalización de la deuda pública y garantías ofrecidas por los estados y municipios a través de Informes que cuenten con un registro preciso del endeudamiento estatal y municipal, así como con un sistema de alertas sobre el tema resulta un tema que no puede esperar más tiempo.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Cámara de Senadores para que en el ámbito de sus facultades, apruebe la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios; con el propósito de hacer frente a los altos niveles de endeudamiento que enfrentan diversas entidades federativas y ayuntamientos en el país.

Notas

1 http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=139600&relacio n&tipo=Principal1&categoria=301

Palacio Legislativo, a 27 de febrero de 2014.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a solucionar por la SCT el colapso del puente Tamaca y reanudar los trabajos para terminar el paso superior Tamaca, a cargo del diputado Rafael Acosta Croda, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Rafael Acosta Croda, a la LXII legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que solucione a la brevedad el colapso del Puente Tamaca, y se reinicien los trabajos para la terminación del Paso Superior Tamaca, en la intersección de las carreteras Méx-140, tramo Xalapa-Veracruz, y la carretera Méx-180, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El Puente Tamaca que desde hace seis años se construye como parte del libramiento Veracruz-San Julián-Tamaca- Paso del Toro-Boca del Río, se franqueó en su construcción hasta derrumbarse en un extremo, constituyéndose en un severo riesgo para todo aquel vehículo que circule por la lateral.

Dicha obra tiene como objetivo construir un paso a desnivel que permita agilizar el congestionamiento vehicular que se genera principalmente por el alto aforo del transporte de carga.

Esta obra se ubica cerca de las comunidades de Santa Fe y Villarín en el municipio de Veracruz, dicho proyecto inició desde la pasada administración y sin embargo hasta la fecha sigue inconcluso.

La problemática se focaliza en que los muros de tierra compactada que sostienen los aproches de acceso al puente colapsaron, ocasionando que se obstruyera el carril de circulación de norte a sur en el sentido de Santa Fe a Paso del Toro.

La afectación que sufrió el puente equivale a más de 60 metros de longitud de la estructura en construcción que se colapsó, al debilitarse los fragmentos de concreto que se ubican en la parte más alta del puente, saliéndose la tierra compactada.

Es probable que la estructura no soportara el peso de la tierra, en el carril que va hacia Paso del Toro el cual quedó invadido por la tierra y las piezas de concreto destruyéndose aproximadamente 100 metros del puente. Esta situación no deja de ser preocupante, ya que esta vía es altamente transitada por el transporte carga y pasajeros.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2014 se le asignaron para el proyecto del Puente Tamaca 25 millones de pesos, de un monto total de 160.8 millones de pesos, dicho proyecto cuenta con clave de registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 10096500058.

Cabe destacar que la obra tiene una inversión acumulada de 141 millones de pesos, que representan el 85 por ciento de los recursos presupuestados para su terminación.

Actualmente la obra representa un riesgo, pues se trata de una obra en proceso, y ante el suceso aquí descrito, los vehículos circulan por un costado del puente, con el peligro que ello representa,

Con lo anteriormente señalado, considero que es necesario que se realicen estudios técnicos en materia de mecánica de suelos, topográficos, cimentación, construcción, etcétera, para determinar la situación del puente, así como fincar responsabilidades sobre quién resulte responsable en la ejecución de la obra.

Es prioritario que la SCT lleve a cabo la supervisión y evaluación de la obra, ya que es preciso se de pronta solución al colapso del puente Tamaca y se reinicien los trabajos para la terminación del libramiento Veracruz-San Julián-Tamaca-Paso del Toro-Boca del Río en el estado de Veracruz.

Asimismo, considero urgente que la Auditoría Superior de la Federación atienda el reclamo de los veracruzanos y de su servidor, para que de inmediato lleve a cabo una auditoría de la citada obra, a fin de fincar responsabilidades sobre quiénes resulten responsables por los hechos suscitados y a la falta de terminación del proyecto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la aprobación los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a solucionar a la brevedad el colapso del Puente Tamaca y se reinicien los trabajos para la terminación del Paso Superior Tamaca en la intersección de las carreteras Méx-140, tramo Xalapa-Veracruz, y la carretera Méx-180.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a llevar a cabo una auditoría a la obra Paso Superior Tamaca en la intersección de las carreteras Méx-140, tramo Xalapa-Veracruz, y la carretera Méx-180, y se finque responsabilidades por el colapso del Puente Tamaca a la falta de supervisión técnica.

Palacio Legislativo, a 27 de febrero de 2013.

Diputado Rafael Acosta Croda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Segob que difunda la información relativa al avance en el cumplimiento de las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2012 para implantar el sistema de justicia penal, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD

Fernando Zárate Salgado, diputado federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación haga pública la información relativa al avance en el cumplimiento de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, en su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El día 18 de junio de 2008 fue publicada, en el Diario Oficial de la Federación, una reforma constitucional que pretendía entre otras cosas, el establecimiento de mejores garantías procesales, que tendieran hacia la equidad, expeditez y oralidad en la realización de los juicios penales en México.

La propia reforma señala, en su artículo segundo transitorio, como plazo máximo para la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, el de ocho años a partir de la publicación del decreto en cuestión, es decir, el 18 de junio de 2016. No obstante lo anterior, a tres años de la entrada en vigor de este decreto únicamente son pocos los avances que se han tenido, principalmente en las entidades federativas.

Esta Cámara tiene, en consecuencia de lo ordenado por el Constituyente Permanente, la obligación de coadyuvar con las entidades federativas con la finalidad de establecer las condiciones indispensables para la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, en todo el territorio nacional para lo cual es indispensable contar con todos los datos disponibles y establecer cuáles han sido las principales dificultades que se han presentado para, de manera corresponsable, hacer frente, en un ánimo de plena colaboración y respeto a las esferas de actuación.

La Auditoría Superior de la Federación, en su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, emite un dictamen negativo a la Auditoría Forense 12-0-04U00-12-0402, al Programa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, en el cual señala que:

“La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde se destaca que la Setec no cuenta con información confiable, suficiente y objetiva, lo que impide conocer el avance real y verificar si la entrega del subsidio otorgado a cada entidad federativa fue el que correspondía a su nivel de avance; la Setec en el proceso de evaluación de los proyectos que remitieron las entidades federativas, no se ajustó a los Criterios Generales y Específicos para la Aprobación de Proyectos establecidos en el ejercicio 2012; el Comité de Subsidios autorizó 21 proyectos que suman 58,086.7 miles de pesos, que no fueron congruentes con la etapa en la que se encontraban las entidades federativas de acuerdo con la clasificación y estratificación de las entidades federativas de la propia Setec, la Setec determinó procedente el otorgamiento de la segunda aportación correspondiente al 40.0% de la totalidad de los recursos asignados a 191 proyectos, sin que los avances reportados por las entidades federativas en los proyectos fueran congruentes con los objetivos comprometidos para su ejecución; no se han reintegrado los rendimientos y cargas financieras por parte de las entidades federativas; se determinó una diferencia pendiente de comprobar por las entidades federativas del subsidio otorgado en el ejercicio 2012 por 2,305.3 miles de pesos y enviaron comprobantes con irregularidades por 1,434.2 miles de pesos, y la Setec no acreditó su seguimiento al avance en la ejecución de todos los proyectos aprobados en 2012. Las citadas irregularidades, ponen en riesgo la implementación del Sistema de Justicia Penal en todo el territorio nacional, dentro del plazo previsto en la reforma constitucional que establece que deberá estar operando en el año 2016.”

Derivado de lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación determinó 12 observaciones, de las cuales siete fueron recomendaciones, nueve Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y tres pliegos de observaciones. Siendo el derecho al acceso a la justicia un tema tan sensible para la población mexicana, la Cámara de Diputados debe hacer énfasis en el correcto ejercicio de los fondos públicos que se destinan para ello.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta H. Soberanía la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Único . La honorable Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Gobernación haga pública la información relativa al avance en el cumplimiento de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, en su Informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de febrero de 2014.

Diputado Fernando Zárate Salgado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la revisión de la compra del avión presidencial en la Cuenta Pública de 2012, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 18 de octubre del 2012, en Movimiento Ciudadano presentamos un punto de acuerdo por el que exhortaba al presidente de la República y a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Defensa Nacional, a desistir de la adquisición de la aeronave Boeing 787-8, para uso del presidente de la República.

La motivación de nuestra proposición encontraba sustento en las condiciones económicas que imperaban en el país, así como en la escandalosa suma que la adquisición suponía, la cual ascendía a 3 mil 548 millones 900 mil 000 pesos.

A un año y dos meses de lo anterior, la historia nos ha dado la razón; la compra del avión presidencial representa un despilfarro que no responde ni a las demandas de la ciudadanía, ni a los criterios mínimos de imparcialidad, eficacia y eficiencia que las autoridades deben seguir.

La revisión de la Cuenta Pública 2012, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ha dejado al descubierto que los estudios realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en los cuales se efectuó una comparación del Boeing 787-8 con modelos como el A330-200, B-767-200 y B-787-9, carecen de elementos técnicos y económicos que demuestren que la elección de dicha aeronave fue la conveniente.

Aunado a lo previo, el proceso de selección respecto al arrendamiento financiero de los contratos celebrados por Sedena, los cuales incluían la adquisición de cinco aeronaves para transporte militar, seis helicópteros y el avión para uso presidencial, se inició el 19 de octubre del 2012; no obstante, desde el mes de abril, Defensa Nacional ya “había realizado gestiones con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) para que efectuara corridas financieras de los arrendamientos”.1

Si bien es cierto que el proceso no contó un mecanismo de subasta para elegir los contratos de arrendamiento, debido a que involucraba bienes con carácter de seguridad nacional, también lo es que la Secretaría de Defensa Nacional no realizó estudios de impacto presupuestal e incluyó dentro del convenio, gastos que debieron ser cubiertos con recursos propios, como mantenimiento y refacciones.

Así, tal y como lo denunciamos en octubre del 2012, la compra del avión presidencial fue sinónimo de corrupción, excesos y despilfarro del gobierno. En su momento argumentamos que las condiciones económicas del país no permitían una compra de este tipo, que el ejercicio del gasto irresponsable provocaría una crisis.

Lamentablemente, en eso también el tiempo nos dio la razón. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la economía mexicana creció en el 2013 únicamente 1.06%, lo cual representa la tasa más baja de desarrollo desde la crisis del 2009.

Por su parte, en enero de 2014 se generaron 22,000 empleos; es decir, la mitad de los creados en el mismo mes en el 2013; bajo esta tendencia, podemos esperar un incremento de un cuarto de millón de plazas en el año, cifra que representa menos de la cuarta parte de las que se requieren si se pretende ocupar a las personas que se incorporan anualmente al mercado laboral.

Para el 2014 el gobierno estima un crecimiento de 3.9%; ante lo cual, nuevamente debemos hacer una predicción; mientras el comportamiento dispendioso de la administración federal no adopte una política de austeridad y transparencia, seguirán existiendo a lo largo del año recortes a la baja, que ubicarán al PIB en los mismos niveles de mediocridad que caracterizaron al 2013.

Es momento de terminar con las prácticas corruptas que han caracterizado a los gobernantes. No descansaremos hasta que la investigación de la adquisición presidencial determine a los responsables de una compra corrupta que se tradujo en un atraco para todos los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional hacer público el estudio “Adquisición de una aeronave de transporte estratégico para uso presidencial y del Estado Mayor ”, especificando cuales fueron los criterios económicos y técnicos que se tomarán en cuenta para efectuar la compra del Boeing 787-8.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional hacer públicos los contratos de arrendamiento financiero correspondientes a la adquisición de cinco aeronaves para transporte militar, de seis helicópteros y de la aeronave Boeing 787-8; detallando el proceso de selección que se llevó a cabo para elegir al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos como la institución encargada de realizar las corrida financieras de los arrendamientos.

Tercero. Se solicita al Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Defensa Nacional a auditar el estudio “Adquisición de una aeronave de transporte estratégico para uso presidencial y del Estado Mayor ”, para que, en caso de existir anomalías, se inicien sanciones en contra los servidores públicos que resulten responsables.

Cuarto. Se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Estado Mayor Presidencial, a desistir de la adquisición de cinco aeronaves para transporte militar, de seis helicópteros y de la aeronave Boeing 787-8; debido a las condiciones económicas por las que atraviesa el país.

Nota

1 http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/02/20/compra-avion-presidencia l-debe-investigarse

Palacio Legislativo, a 27 de febrero de 2014.

Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS a cumplir con la mayor brevedad las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre seguridad en minas de carbón subterráneas, a cargo del diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Trinidad Morales Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6 y los artículos 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

Son ya ocho años de la explosión en la mina Pasta de Conchos. Con todo este tiempo transcurrido desde esta terrible tragedia, se podría pensar que están más que superadas las omisiones en materia de seguridad e higiene que llevaron a este homicidio industrial, a fin de evitar futuras tragedias.

Sin embargo, en la recién entregada Cuenta Pública de 2012, la Auditoría Superior de la Federación se pronuncia por un dictamen negativo respecto a las acciones que desarrolla la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en materia de inspección, ya que no aseguran el cumplimiento de la normativa de seguridad en minas subterráneas de carbón.

Este dictamen negativo se traduce en que los mineros que trabajan en las minas de carbón, siguen cotidianamente arriesgando su vida ante la actitud omisa de la STPS, pues en la Cuenta Pública 2012 se señala: la STPS no cumplió las “disposiciones normativas aplicables a las acciones de inspección y verificación en materia de seguridad en minas subterráneas de carbón... no contó con un programa anual para la inspección y verificación de las minas subterráneas de carbón; que los inspectores no cuentan con la capacitación necesaria para certificar el cumplimiento de la NOM-032-STYPS-2008, por lo que la inspección y verificación que realizan no asegura el cumplimiento de las condiciones y requisitos en la materia, en las instalaciones y en el funcionamiento de las minas, situación que no garantiza la seguridad de los trabajadores que laboran en ellas”.

Igualmente, señala la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, no cuenta con un número suficiente de inspectores, y estos no son dotados de los recursos materiales necesarios para cumplir eficientemente su tarea de inspección: existiendo 864 concesiones vigentes para la explotación de minas de carbón, la Delegación Federal del Trabajo en Coahuila cuenta con sólo 3 vehículos útiles para llevar a cabo la verificación del cumplimiento de la normativa laboral y las visitas de supervisión, “de lo que se concluye que esta dependencia no cuenta con los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones”. Incluso diversas minas no pudieron siquiera acreditar que cuentan con concesiones mineras.

La ASF concluye haciendo las siguientes recomendaciones a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social:

a) Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social autorice los protocolos de inspección para minas subterráneas de carbón, y de inspección de centros de trabajo donde se realizan actividades relacionadas con la minería entre la Secretaría de Economía, el IMSS y la STPS.

b) Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establezca mecanismos de control que aseguren que la Delegación Federal del Trabajo en Coahuila elabore el programa anual de inspección de minas subterráneas de carbón.

c) Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establezca mecanismos de control que aseguren que los inspectores cuenten con la preparación técnica necesaria para realizar visitas de inspección a minas subterráneas de carbón en materia de seguridad.

d) Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establezca mecanismos de control que aseguren que en las delegaciones federales del trabajo las subdirecciones de supervisión y control notifiquen a las subdirecciones jurídicas las negativas patronales dentro del plazo de 15 días hábiles como máximo, a partir del día siguiente a la fecha de cierre del acta de inspección.

e) Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establezca mecanismos de control que aseguren que el proceso de vigilancia que realiza la autoridad laboral, mediante la Inspección Federal del Trabajo, sea eficiente y transparente.

f) Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establezca mecanismos de control que aseguren que las solicitudes de sanción sean enviadas por las áreas inspectivas a las áreas jurídicas de las delegaciones federales del trabajo, dentro del plazo de 15 días hábiles como máximo, a partir del día siguiente a la fecha de cierre del acta de inspección.

g) Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establezca mecanismos de control que aseguren la coordinación con la Secretaría de Economía para que se sancione a las minas subterráneas de carbón, que con motivo de las visitas de inspección, no acrediten contar con título de concesión minera.

h) Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social proporcione a las delegaciones federales del trabajo los recursos materiales necesarios para el desempeño de sus funciones.

Con base en lo dicho, la ASF expone diversas “promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria”. Finalmente tratándose de consecuencias sociales, la ASF señala:

El que no se cumpla las disposiciones normativas aplicables a las acciones de inspección y verificación en materia de seguridad en minas subterráneas de carbón, tiene como consecuencia que las actividades en este sector se desarrollen sin las condiciones de seguridad necesarias para garantizar la integridad y seguridad de los trabajadores, lo que además provoca que la actividad en las minas de carbón se realice de manera irregular, pues quienes llevan a cabo labores de explotación lo hacen sin contar con los permisos correspondientes.

La seguridad e higiene son el derecho humano de los derechos humanos laborales, pues se traduce en la vida y salud de los trabajadores, por lo que es inadmisible que la STPS continúe incumpliendo sus atribuciones mínimas en la materia. Esto pone de manifiesto una conducta ilegal, insensible y plagada de corrupción.

Por todo lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al secretario del Trabajo y Previsión Social a cumplir con la mayor brevedad las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación, contenidas en la Cuenta Pública de 2012, en materia de inspección para asegurar el cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene en minas de carbón subterráneas, pues la actual situación no garantiza la seguridad de los trabajadores que laboran en ellas, para evitar tragedias como la ocurrida en la mina Pasta de Conchos, procediendo a llevar a cabo las investigaciones procedentes para el deslinde de responsabilidades.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2014.

Diputado Trinidad Morales Vargas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a atender, investigar y resolver lo correspondiente para garantizar que las determinaciones y su actuación tengan el objetivo integral de diversificar la competencia y mejorar la calidad del servicio de telefonía móvil, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los proponentes, Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El vertiginoso avance de la tecnología ha dado lugar a una evolución exponencial en cuanto al desarrollo y uso de diversas herramientas, tal es el caso del sector de las telecomunicaciones y dentro de éste, la telefonía móvil ha sido el sector con mayores avances tecnológicos, desplazando incluso a la telefonía fija.

Así, hoy en día, es cotidiano estar comunicado en todo momento, pues el acceso permanente a entretenimiento, herramientas de productividad y redes sociales, se ha vuelto una de las necesidades primordiales para un amplio sector de la población mundial y, por supuesto, nacional.

La tendencia en el mercado de las telecomunicaciones ha sido la migración de usuarios de líneas telefónicas fijas a móviles. Así tenemos que mientras en 1990, había 6.38 líneas telefónicas fijas por cada 100 habitantes, había apenas 0.1 suscripciones a teléfonos celulares en la misma proporción. Para 2011, la cifra de suscriptores fijos por cada 100 mexicanos se ubicó en 17.52, en tanto que la móvil se disparó a 84.2 bajo los mismos parámetros.

De este modo, los teléfonos celulares que hasta hace 20 años parecían inalcanzables para la gran mayoría de los consumidores, ahora han rebasado a los servicios más tradicionales de comunicación.

En México, existen alrededor de 25 empresas dedicadas a las telecomunicaciones, pero en realidad el mercado lo controlan solo tres compañías.

De acuerdo a datos de la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU), es Radiomóvil Dipsa, mejor conocida como Telcel, quien lidera el mercado de telefonía móvil en México; su más reciente informe indica que cuenta con 68 millones de suscriptores móviles, con un incremento de 9 por ciento anual. El segundo mayor operador móvil es Movistar, con una participación de mercado de 21.6 por ciento y un crecimiento anual de 13 por ciento en el número de líneas. Iusacell ocupa el tercer lugar con una participación de 4.7 por ciento. En último lugar en cuanto al número de líneas se encuentra Nextel, que ocupa el cuarto lugar con 3.5 millones, equivalente a una participación de 3.7 por ciento.

Es importante señalar que aunque la telefonía móvil ha tenido una escalada significativa en cuanto a la adquisición de líneas, la falta de competencia en telecomunicaciones ha generado en México mercados ineficientes y ubica al país entre los más caros en servicios de comunicación móvil.

Este sector se ha caracterizado por tener altos precios, generando con ello un bajo porcentaje de penetración de los servicios y un pobre desarrollo de la infraestructura necesaria para prestarlos, propiciando con ello un amplio rezago.

Según el estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)1 , nuestro país se encuentra en el undécimo lugar de ingresos en ese sector, con casi 26 mil 600 millones de dólares en 2009. El mismo estudio pone a México en el quinto lugar de los suscriptores de telefonía móvil, pero en el 33 de los 34 integrantes de la OCDE en suscripciones por cada 100 habitantes.

También señala que los servicios de banda ancha ‘‘son muy caros en México y las velocidades ofrecidas muy lentas, en comparación con el promedio de la OCDE de 90 dólares para velocidades de entre 2.5 y 15 megabytes por segundo, en contraste con el último lugar de este rango, de 20 dólares en Grecia”.

De acuerdo al informe de la OCDE, el comparativo de Internet de banda ancha móvil, arrojó un crecimiento acumulado de 18 por ciento respecto al año pasado, principalmente impulsado por la compra de tabletas y smartphones .

Si hacemos esta medición conforme al total de suscripciones a la banda ancha móvil, Estados Unidos lidera la tabla con casi 238 millones de conexiones, seguido de Japón y Corea del Sur con 108 y 52 millones, respectivamente. En esta métrica, México se encuentra en el lugar 12 de 34, con casi 11 millones de suscripciones.

Sin embargo, al calcular la penetración por cada 100 habitantes nuestro país queda en último lugar con 9.8 conexiones por cada 100 mexicanos. En contraparte, la parte alta de la tabla tiene en los primeros lugares a Corea del Sur y Suecia con 104.2 y 101.8 conexiones por cada 100 habitantes, es decir, más de una conexión móvil por habitante sin incluir las fijas en sus hogares y oficinas. Lo que refleja la gran brecha que existe en México en cuanto a conexiones a Internet móvil.

Estos datos evidencian la importancia que en México tiene la telefonía móvil, sin embargo, esto no se ve reflejado en las tarifas que se pagan y la deficiente calidad de los servicios que reciben los consumidores sigue siendo parte importante de los rezagos.

Cada día, con mayor frecuencia, se presentan fallas recurrentes en los servicios de telefonía celular, lo mismo para entablar comunicaciones de voz, como para las conexiones a la red móvil, lo que genera que la mayor parte del tiempo las comunicaciones se encuentren interrumpidas. Si se hiciera la contabilidad del tiempo en el que diariamente los servicios se encuentran interrumpidos los servicios o con fallas, superarían por mucho las “compensaciones” que hacen las compañías ante la falla de los servicios.

Los consumidores de servicios de telefonía celular se encuentran en muchas ocasiones impotentes para resolver los problemas que enfrentan y la deficiencias de los servicios, ya que los servicios al cliente de las diferentes compañías implican la mayoría de las veces una pérdida de tiempo, y no una solución a las deficiencias de los servicios de telefonía móvil.

Las deficiencias de los servicios de telefonía celular, además de afectar a nivel particular a los consumidores se convierte en un problema para el desarrollo económico en diferentes entidades del país y por ende a nivel nacional, al verse afectadas las telecomunicaciones que, como se ha visto, dependen cada vez más de la telefonía móvil.

Por ejemplo, en 2013, Marina Arias Albores, titular del Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas, exigió en nombre de ese gremio y de la ciudadanía chiapaneca que la empresa Telcel corrija las inconsistencias del servicio que están provocando el deterioro de la economía estatal y afectando a millones de usuarios.

La dirigente empresarial criticó que a pesar de esas fallas, miles de usuarios pagan mensualmente por este servicio y aún con la falta de cobertura, “la factura mensual llega puntualmente con el costo como si fuera el servicio óptimo”.

“Sabemos que este servicio se ha vuelto desafortunadamente de primera necesidad para todos: estudiantes, empresarios, amas de casa, pero debería ser un medio de comunicación rápido y eficiente, pero a últimas fechas la empresa Telcel y sus responsables a nivel regional no se han preocupado por informar el porqué de este mal servicio o mejorarlo”, puntualizó la titular del Consejo Coordinador Empresarial.

Pero este no es el único caso que se ha acreditado en cuanto a fallas en el servicio de telefonía móvil.

El 5 de octubre de 2012, un tribunal federal ordenó a la empresa Nextel pagar daños y perjuicios y una indemnización adicional a cientos de clientes afectados por fallas técnicas en el servicio durante 2010, al resolver favorablemente la primera acción colectiva promovida en el país por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El 10 de octubre de 2012 la empresa de telefonía móvil Iusacell, firma que es operada por Grupo Salinas y Televisa, así como siete de sus filiales, fueron obligadas a indemnizar a los clientes afectados por mala calidad en el servicio durante 2010, de acuerdo con la sentencia de una jueza federal que resolvió una acción colectiva promovida por la Profeco; en esta ocasión se determinó que Iusacell incumplió de manera reiterada las obligaciones asumidas en los contratos de adhesión con sus clientes.

El 26 de enero de 2013, Telcel tuvo fallas en los servicios de voz y mensajes de texto en las colonias Del Valle, Condesa, Narvarte y San Pedro de los Pinos, lo que generó muchas molestias y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), al analizar el caso, propuso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sancionar a la telefónica.

En el caso de Telmex, se denunció que desde noviembre la empresa comenzó a cobrar, sin ser requerido por los clientes, el servicio denominado Detalle de llamadas entrantes y salientes, con un monto de 10 pesos.

Las quejas generadas por este cobro indebido, que tuvo eco en redes sociales y por supuesto en algunos medios ligados a los competidores de las empresas de Carlos Slim, son una muestra de que los temas de consumo de productos y servicios de telecomunicaciones ocupan cada vez más importancia en la agenda mediática y de los consumidores.

La reforma de telecomunicaciones aprobada el año pasado, señala que da bases y principios el servicio público de telefonía, entre otros enmarcados en las telecomunicaciones, y determina puntualmente que debe ser otorgado en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

Sin embargo, la lucha de los competidores por construir bloques comerciales hegemónicos ha dirigido los esfuerzos del órgano regulador a priorizar las bases y criterios de competencia, dejando de lado las cuestiones de calidad y continuidad en el servicio, pues la reforma en materia de comunicaciones hasta ahora no ha ayudado en nada a los usuarios de telefonía móvil.

Para ilustrar lo anterior, desde 2011 se han procesado grandes alianzas de magnates de la radiodifusión con empresas de telefonía móvil, el caso Iusacell-Televisa que fue adquirida y avalada por la Comisión de Competencia bajo el esquema de deuda convertible y bajo condiciones similares la alianza Dish-Telmex se posicionarán en el mercado de la radiodifusión y telecomunicaciones, formando bloques que serán antagónicos en la lucha por la concentración de usuarios y clientes en el tráfico de sus redes.

Fundados y motivados en las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión:

Primero. Exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que se atiendan de manera expedita las denuncias relacionadas a las fallas del servicio de las compañías de telefonía móvil y les aplique la sanción que corresponda.

Segundo. Exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que en el ámbito de su competencia investigue y resuelva lo que corresponda respecto a la concentración existente en el mercado de telefonía móvil, para garantizar que sus resoluciones y su actuación tengan la misión integral de diversificar la competencia y mejorar la calidad del servicio.

Nota

1. OCDE (2012), Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones

en México, OECD Publishing.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2014.

Diputados Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a atender la resolución del caso de Alberta Alcántara y Teresa González, sobre la indemnización por el proceso ilegal de que fueron objeto, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, José Francisco Coronato Rodríguez, Margarita Elena Tapia Fonllem y Roberto López Suárez, diputados de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano y del PRD

Los proponentes, Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila, José Francisco Coronato Rodríguez, Margarita Elena Tapia Fonllem y Roberto López Suárez, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo que por su naturaleza y dados los acontecimientos se constituye como de urgente y obvia resolución conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El caso de la injusticia cometida en contra de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, mujeres de la etnia Hñahñú (otomí), sentenciadas el diecinueve de febrero de dos mil diez, en Querétaro, dentro de la causa penal número 48/2006 por el supuesto delito de secuestro en contra de seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y posesión de cocaína, es uno más de la ominosa lista de la fabricación de culpables en nuestro país.

Muchas organizaciones y la sociedad civil hicieron causa común contra el atropello, causa que encontró su resolución por la vía judicial en la revocación de la sentencia condenatoria en el recurso de apelación 2/2010 resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual puso fin a tres años de confinamiento en el reclusorio. Alberta y Teresa recuperaron su libertad en abril del 2010 tras ser declaradas inocentes.

Consideramos que no basta con el esclarecimiento del caso, no basta con hallar la verdad, la justicia pasa necesariamente por el otorgamiento de una reparación integral por parte del Estado mexicano, debido a que permanecieron encarceladas injustamente por más de tres años por actos y omisiones de diversas autoridades.

No olvidamos mencionar que este Poder Legislativo expidió en 2012 la Ley General de Víctimas, que refrenda estos principios para las víctimas que hayan resultado tales con posterioridad a la entrada en vigor del decreto promulgatorio del ordenamiento en cuestión.

En ese sentido, la indemnización definida como una reparación del daño solo incluye rubros como daños personales y morales y no se refiere a otras medida de reparación más amplias como ordenarle al Estado una disculpa pública o medida a tendientes a garantizar hechos como los que ellas vivieron no se vuelva a repetir.

En el recurso interpuesto por las dos mujeres ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se determinó que las irregularidades y omisiones implican un daño patrimonial y moral, motivo por el cual ordenó un pago de un millón 72 mil 624 pesos y el no hacerlo, sentaría un precedente de impunidad cuando el Estado comete estos graves errores que afectan la trayectoria de vida.

Los abogados defensores sostienen que la PGR no ha querido ceder en los daños fundamentales, sobre todo en el daño económico, por lo que esta institución recurrió la resolución del Tribunal Superior. Por si esto fuera poco, el desenlace del procedimiento judicial que se siguió en contra de las ciudadanas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan se violó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, como consta en la absolución que recibieron por parte de la Primera Sala de la SCJN.

Podemos asentar que las ciudadanas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan han sido víctimas de discriminación étnica y violencia institucional, ya que enfrentaron graves desigualdades la violación a los principios de presunción de inocencia, de legalidad entre otros, que todas las autoridades están obligadas a garantizar.

Organizaciones como Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, así como miles de ciudadanas y ciudadanos en la lucha por los derechos humanos señalan que el procedimiento que marca la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, es la única vía que las personas en México tienen para reclamar una reparación del daño a su favor cuando la autoridad ministerial actúa de modo irregular y ello deriva en una reclusión injusta.

Por ello, si la Procuraduría lograra revocar o bien incumpliera con la resolución del Tribunal Superior, sentaría un precedente institucional sumamente negativo, que pondría en riesgo la vigencia de la legislación de avanzada en materia de derechos humanos, como lo es la Ley General de Víctimas que debe comenzar a aplicarse.

Como legisladoras y legisladores, estamos obligados a promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos contenidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales, y en especial debemos atender el principio de progresividad para garantizar la protección ascendente y expansiva a favor de las personas, y no a favor de los intereses del Estado, menos aún cuando las deficiencias en la actuación de ésta han sido objeto de sentencias judiciales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, a atender en sus términos la resolución del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, a fin de que las ciudadanas Alberta Alcántara y Teresa González reciban la indemnización correspondiente.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2014.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condena el asesinato del ciudadano Jesús Flores Cruz por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Luisa María Alcalde Luján, diputada de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se condena el asesinato del ciudadano mexicano Jesús Flores Cruz a manos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, y se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer de conocimiento público el estado de las investigaciones que le han sido reportados en el caso de los asesinatos de ciudadanos mexicanos por parte de la Patrulla Fronteriza, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. El 18 de febrero de 2014, Jesús Flores Cruz, ciudadano mexicano de 41 años de edad, fue asesinado a tiros en las cercanías de la garita de Otay Mesa, en California, por un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento del Alguacil del Condado de San Diego, el incidente comenzó cuando dos agentes de la Patrulla Fronteriza se separaron en la mañana del martes 18 de febrero para perseguir y arrestar a dos personas sospechosas de haber cruzado la frontera de manera ilegal. De acuerdo con el relato del propio agente, y donde no hubo otro testigo, Flores Cruz se ocultó en el fondo de un barranco y desde una ladera comenzó a lanzarle rocas. El agente, “temiendo morir o quedar incapacitado”, repelió la presunta agresión disparando sobre el mexicano en al menos dos ocasiones, dándole muerte en el lugar de los hechos.

Cabe destacar que este incidente sucedió un día antes de la visita del presidente Barack Obama a la Cumbre de Líderes de América del Norte (celebrada en Toluca, estado de México) y que, a pesar de que para entonces ya existía confirmación sobre el asesinato de Flores Cruz a manos de la Patrulla Fronteriza, la cancillería no hizo declaraciones al respecto ni emitió un comunicado oficial hasta el 20 de febrero, un día después de la Cumbre, cuando a través de la Embajada de México en Estados Unidos expresó “su profunda preocupación” por este incidente y esperó “el resultado de las investigaciones y que se deslinden responsabilidades como corresponde”.

II. Desgraciadamente, el asesinato de Jesús Flores Cruz no es un caso aislado. La Secretaría de Relaciones Exteriores registra desde 2006 más de 22 asesinatos de ciudadanos mexicanos a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Los casos más recientes son los de Gabriel Sánchez Velázquez (asesinado en enero de 2014), José Antonio Elena Rodríguez (menor de edad, asesinado en octubre de 2012), Guillermo Arévalo Pedraza (asesinado en septiembre de 2012), Juan Pablo Pérez Santillán (asesinado en julio de 2012), José Alfredo Yáñez Reyes (asesinado en junio de 2011), Ramsés Barrón Torres (menor de edad, asesinado en enero de 2011), Carlos Lamadrid Guerrero (asesinado en marzo de 2011), Sergio Adrián Hernández Güereca (menor de edad, asesinado en junio de 2010), Anastasio Hernández Rojas (asesinado en mayo de 2010) y Jorge Alfredo Solís Palma (asesinado en enero de 2010).

Hasta la fecha, los agentes involucrados han sido investigados pero no existe registro de que alguno haya sido castigado por estos delitos, y sólo hay constancia de una investigación que cumplió un proceso en instancias federales sin haber concluido en una sentencia condenatoria.

III. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los agentes de la Patrulla Fronteriza pueden utilizar la fuerza letal si tienen una sospecha razonable de que sus vidas o las vidas de otros están en peligro. Sin embargo, la propia Patrulla Fronteriza insiste desde hace tiempo que las piedras y los palos pueden ser consideradas armas letales, por lo que tales “agresiones” pueden se repelidas mediante el uso de la fuerza letal.

Rechazamos categóricamente esta argumentación por ser contraria al derecho internacional de los derechos humanos, mismo que contempla desde 1990 estándares mínimos sobre el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, establecidos en los principios básicos sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego.1 Este instrumento prevé que los agentes de la ley no deben usar armas de fuego contra personas excepto en caso de defensa propia o defensa de terceros contra una amenaza inminente de muerte o heridas graves, y que en cualquier caso “sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.

Los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos apuntan hacia el mismo sentido al señalar que el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar claramente definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. En este sentido, sólo podrá hacerse uso de la fuerza cuando se hayan agotado todos los demás medios de control, siempre y cuando se limite por los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad.

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,2 el uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de agentes de seguridad estatales contra las personas debe estar prohibido como regla general. Su uso excepcional deberá estar formulado por ley, y ser interpretado restrictivamente de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo más que el “absolutamente necesario” en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler.

Todo uso de la fuerza que resulte excesivo y derive en la privación de la vida es arbitrario y constituye una grave violación a los derechos humanos. En consecuencia, los Estados tienen la obligación de iniciar una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva cuando tenga conocimiento de que agentes de seguridad que se encuentren bajo su autoridad han hecho uso de armas de fuego con consecuencias letales.

IV. A pesar de que el gobierno de Estados Unidos tiene la obligación de investigar, sancionar y reparar el daño causado como consecuencia del abuso de la fuerza por parte de sus agentes fronterizos, los mexicanos seguimos esperando que se haga justicia.

Cabe recordar que en octubre de 2012, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) presentó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un reporte sobre la situación de los derechos humanos en la frontera, donde concluyó que los agentes de la policía fronteriza estadounidense “sistemáticamente hacen uso excesivo de la fuerza, incluyendo fuerza letal y mortal y esos abusos no son objeto de una mínima investigación y rendición de cuentas”.3

Asimismo, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas urgió al gobierno de Estados Unidos a realizar las investigaciones correspondientes por el asesinato de migrantes a manos de la Patrulla Fronteriza, sin que hasta la fecha se tenga noticias del avance en las investigaciones.4

En septiembre de 2013, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos emitió el informe CBP: Use of Force Training and Actions to Adress Use of Force Incidents como respuesta a una solicitud del Congreso estadounidense para revisar los abusos contra migrantes en la región fronteriza.

En ese documento se emitió una recomendación para fortalecer el entrenamiento en derechos humanos de los agentes, pero también se solicitó llevar un registro preciso de los incidentes en los que ha habido uso excesivo de la fuerza, pues hasta ahora, la Patrulla Fronteriza sólo tiene un catálogo de “mala conducta” en el que incluye denuncias por uso excesivo de la fuerza, abuso de autoridad, discriminación, entre otros.

En este catálogo se reconoce que de 2007 a 2012 hubo un total de 1,896 denuncias por uso de fuerza de agentes contra migrantes, de las cuáles se determinó que en 63 por ciento hubo un “posible” uso excesivo de la fuerza, en 26 por ciento no hay conclusiones certeras y en 11 por ciento no hubo tal abuso. Estas alarmantes conclusiones nos dan una idea de la magnitud del problema, y nos obligan a redoblar esfuerzos políticos, diplomáticos y jurídicos para garantizar que los derechos humanos de los migrantes sean respetados en todo momento, procurando que las víctimas de abusos por parte de la patrulla fronteriza tengan acceso a la justicia, así como a una debida reparación.

La Cámara de Diputados debe elevar una enérgica protesta ante lo que ya resulta un patrón de violencia reiterada por parte de la patrulla fronteriza en contra de nuestros connacionales, y exigir a las autoridades estadounidenses que las investigaciones relacionadas con estos lamentables abusos se realicen de manera rápida, eficiente, expedita e imparcial.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena el asesinato del ciudadano mexicano Jesús Flores Cruz, ocurrido el 18 de febrero de 2014 en el área de Otay Mesa, en San Diego, California, a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en el ámbito de sus atribuciones, exija al gobierno de Estados Unidos de América una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva de estos hechos, así como el cumplimiento cabal de la Declaración Conjunta México-Estados Unidos sobre Prevención de la Violencia en la Región Fronteriza y los Protocolos para la Prevención de la Violencia Fronteriza.

Tercero. Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer de conocimiento público el estado de las investigaciones que le han sido reportados en el caso de los asesinatos de ciudadanos mexicanos por parte de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, así como la asistencia jurídica que ha brindado a los familiares de las víctimas en contra de las autoridades responsables de tales hechos.

Notas

1 Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.

2 Comunicado de prensa de la CIDH donde se condena la muerte de un nacional mexicano por parte de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos; 24 de julio de 2012; disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/093.asp

3 American Civil Liberties Union; Declaración para la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; disponible en: www.aclu.org/human-rights-immigrants-rights/aclu-testimony-united-natio ns-human-rights-abuses-and-excessive-use

4 El Universal; “ONU condena excesos de Patrulla Fronteriza”; 19 de octubre de 2012; disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/201074.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2014.

Diputada Luisa María Alcalde Luján (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a difundir el estado de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico, y su postura oficial para cada capítulo, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Luisa María Alcalde Luján, diputada de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a hacer de conocimiento público el estado de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico, así como su postura oficial para cada uno de sus capítulos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Acuerdo de Asociación Transpacífico, conocido por sus siglas en inglés como TPP, es un acuerdo comercial multilateral que actualmente negocian Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá y países latinoamericanos, como México, Perú y Chile. El tratado impone diversos derechos y obligaciones en materia económica para los países miembros, todas tendentes a liberalizar las economías de la región.

De los capítulos que compone este acuerdo, quizás el más preocupante –sobre todo para los países en vías de desarrollo– es el correspondiente a la propiedad intelectual, el cual fue filtrado por el portal independiente de noticias Wikileaks el 13 de noviembre del 2013. A partir de la publicación se confirmó lo que organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales –como Médicos sin Fronteras– ya anticipaban: el capítulo sobre propiedad intelectual del TPP, que contempla un aumento sustantivo al esquema de protección de patentes para invenciones del ramo farmacéutico.

De aprobarse el TPP en los términos en que actualmente se está negociando por los Estados parte, se otorgarían poderes sin precedentes para los titulares de patentes, que les permitirán generar condiciones anticompetitivas de mercado encareciendo el precio de los medicamentos, inhibiendo la competencia sobre todo (aunque no exclusivamente) de las versiones genéricas de los medicamentos, aun habiendo caducado la patente sobre los compuestos activos esenciales.

El TPP permitirá que los dueños de las patentes demanden a los gobiernos que pretendan imponer controles sobre los precios de los medicamentos, aunque sean controles legítimos que solamente impliquen un análisis riguroso de los requisitos de patentabilidad de las invenciones farmacéuticas, o bien, cuando incorporen a su normatividad leyes destinadas a proteger la salud pública que pudieran reducir, potencialmente, sus ganancias esperadas.

El TPP flexibiliza los criterios para la determinación de la novedad, permitiendo el patentamiento excesivo de invenciones conocidas generando que las patentes de mejora o secundarias saturen el mercado, lo cual sumado al abuso de la posición de dominio en el mercado por parte de los laboratorios de investigación y desarrollo, implicaría un aumento sin precedentes a los precios de los fármacos.

La aprobación del TPP supondría una seria disminución de la capacidad de los gobiernos para garantizar el acceso a la salud y el abasto suficiente y de calidad de los medicamentos.

A pesar de los distintos instrumentos internacionales que establecen lineamientos para armonizar la salud pública y la protección de la propiedad intelectual, como lo son la Declaración Doha de la OMC 2001 sobre los ADPIC y la Salud Pública y la Estrategia Mundial y Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual de la OMS 2008, los negociadores mexicanos, lejos de privilegiar una discusión desde un punto de vista equilibrado, se han sometido a la imposición de los países industrializados de TPP que buscan preservar a toda costa una regulación comercial que solo favorecerá al bloque de los países desarrollados de la región.

De acuerdo con Médicos sin Fronteras, la entrada en vigor del TPP significaría para México un aumento del 50 por ciento en el gasto del gobierno en medicamentos durante los próximos diez años.

La sumisión del gobierno federal y la aceptación del capítulo de propiedad intelectual en los términos actuales, supondría ceder la capacidad de atender las necesidades sanitarias de la población mexicana, específicamente, las de las personas de menores recursos, quienes lejos de verse beneficiadas por la integración económica y el libre paso de mercancías entre los países de Asia-Pacífico, contemplarán que ahora serán las grandes empresas trasnacionales de investigación y desarrollo quienes impongan los escenarios económicos de accesibilidad a los medicamentos, condicionando además la introducción de la innovación a las circunstancias de mercado y no a las necesidades poblacionales.

El aumento de los precios de los medicamentos, así como la consolidación de los monopolios farmacéuticos será una realidad irreductible en el caso de que el TPP entre en vigor en México en el formato actualmente negociado por el gobierno.

No obstante la protección de las patentes farmacéuticas representa uno de los riesgos más serios no solo para la población mexicana, sino para más de 500 millones de personas de la región latinoamericana del TPP, otros capítulos del acuerdo también son preocupantes.

Asimismo, dentro del capítulo sobre propiedad intelectual, se retoman los principios de SOPA, por las siglas en inglés de Stop Online Piracy Act ( Acuerdo contra la Piratería en Linea) y ACTA, por las siglas correspondientes del Anti-Counterfeiting Trade Agreement (Acuerdo Comercial Anti-Falsificación), bajo los cuales se restringe considerablemente el libre flujo de información en Internet. Bajo la supuesta bandera de la protección de los derechos de autor se debilita el intercambio cultural en Internet y desde luego el anonimato y la privacidad, además califica la transmisión de archivos sin fines de lucro entre usuarios, como ilegal, y otorga derechos a las empresas a emprender acciones legales desde sus respectivas jurisdicciones, contra países, empresas o personas que favorezcan el tránsito de información, aún en otros países.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de la de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a hacer de conocimiento público el estado de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico, así como la postura oficial para cada uno de sus capítulos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2014.

Diputada Luisa María Alcalde Luján (rúbrica)