Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a integrar en la cobertura nacional de la atención médica proporcionada a las pacientes durante el embarazo, el parto y el puerperio esquemas para el diagnóstico, el cuidado, la atención y el tratamiento especializados de su salud mental-emocional, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, para solicitar respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal que en la cobertura nacional de la atención médica brindada a las pacientes durante el embarazo, el parto y el puerperio se integren esquemas para el diagnóstico, el cuidado, la atención y el tratamiento especializado de la salud mental-emocional de las mujeres durante el periodo requerido para garantizar su integridad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la actualidad, la atención de la salud de la mujer es un tema imprescindible para el desarrollo de la sociedad en su conjunto. El disfrute de nuevos roles y funciones anteriormente negados en el quehacer familiar, social, político, económico y educativo, por mencionar algunos, ha ampliado la gama de oportunidades para nuestra proyección planeada y deseada, pero a la par de ello lo ha hecho también con las necesidades y riesgos a los que nos enfrentamos en el día a día, situación que obliga en corresponsabilidad a la sociedad y al Estado, a mantener permanentemente actualizados los programas, planes y políticas de atención a las mujeres en la búsqueda del equilibrio justo entre la superación y realización personal y la profesional.

Hay todavía un rezago institucional y cierto grado de desentendimiento social en la atención plena de nuestras demandas, a pesar incluso de que cada vez más se dan casos donde las mujeres asumimos la rectoría económica, conducción y el eje del funcionamiento de la familia; es decir, somos también eficientes jefas de familia.

Por ello, la atención integral de la salud de la mujer ha cobrado especial relevancia y ha exigido poner atención no solo en los aspectos físicos, sino también en los derivados de la salud mental y en específico la emocional, para tener la mayor posibilidad de adaptarnos ante los cambios a que nos enfrentamos.

Un ejemplo que nos ilustra lo anterior es el incremento de los casos clínicos de depresión y sus manifestaciones que se dan tanto en hombres como mujeres, pero con la particularidad de que es en nosotras donde las repercusiones pueden ser mayores y los efectos multiplicadores negativos tienen mayor incidencia individual, e incluso, en el entorno en que nos desenvolvemos, ya sea familiar, social, laboral o educativo.

Tan recurrente es el tema en la actualidad que la Organización Mundial de la Salud expone que la depresión se presenta con más frecuencia en nuestros días y que somos las mujeres quienes tenemos 30 por ciento más de probabilidad de padecerla.

Para el país, las estadísticas son similares. Baste mencionar que en la década pasada, los trastornos derivados de la depresión se presentaron con una frecuencia de 1.5 veces mayor en las mujeres en comparación con los datos que se presentaron en los hombres.

No obstante, y pese a que es alarmante, este dato estadístico corresponde a la depresión sufrida por el entorno y excluye un factor que poco se ha estudiado y reconocido, que son los trastornos emocionales derivados del embarazo y durante el periodo del puerperio.

Esta situación no es nueva y desafortunadamente se ha convertido en algo así como un mito social que se identifica en las “cosas o inventos de mujeres”; sin embargo, es real, existe y da señales claras de que seguir ignorándola sería un error muy grave, porque no tenemos la capacidad de adaptarnos como sociedad ni individuos a los nuevos requerimientos y nos estamos quedando marginados en la tarea de ir compaginando nuestras necesidades en materia de salud con las responsabilidades que estamos asumiendo.

De entrada, basta mencionar que empatar la maternidad con los roles que ejercemos en la sociedad, nos expone a padecer riesgos de manera doble como sería el caso del estrés o la depresión. Muestra de lo anterior se puede observar en las estadísticas oficiales referentes a la salud mental de la población mexicana, donde se indica que el periodo de edad en que se presentan los cuadros de depresión y deterioro exponencial de la salud emocional en la mujer es marcada entre los 30 y 35 años, edad, en la que las mujeres nos encontramos generalmente en plenitud de posibilidades, tanto profesionales, como laborales, de participación en la toma de decisiones y ante la decisión de asumir los roles propios de nuestra realización personal dentro del entorno de las relaciones personales-familiares como la maternidad.

Por ello, la atención específica y especializada de la salud emocional de la mujer en toda las etapas de nuestro desarrollo es fundamental y en especial en las etapas en que por decisión propia contraemos la responsabilidad de ser madres, debido a que nos expone a cambios en nuestro papel diario y a la necesidad de adaptarnos a transformaciones que marcarán el desarrollo de nuestra vida para siempre.

Desafortunadamente, poco o casi nada se ha avanzado en este tema en específico. La actual Ley General de Salud asume la atención materno-infantil como obligación del Estado y la delimita a la atención de aspectos físicos en el embarazo, el parto y el puerperio, pero no reconoce los padecimientos propios de la salud emocional durante este proceso y menos donde se da más, precisamente en la etapa final frente al nuevo reto, el periodo identificado como puerperio.

Definido generalmente como depresión postparto, el puerperio carece de la atención debida en los esquemas de salud y de la difusión correcta que permita su identificación y posterior atención y tratamiento, posicionándolo únicamente como un mito social que corresponde a un “invento de nosotras, las mujeres”.

Sin embargo, el puerperio existe y se encuentra perfectamente bien identificado, siendo considerado el periodo inmediato posterior al parto, con una duración que puede variar entre 6 y 8 semanas; tiempo durante el cual, el cuerpo de la mujer se recupera para quedar en las mismas condiciones fisiológicas previas al embarazo.

Este periodo médicamente reconoce las condiciones físicas, como procesos hormonales o las estrictamente consideradas transiciones fisiológicas; excluyendo las alteraciones de la salud mental, o bien, emocional de la mujer.

Los trastornos emocionales en el periodo del puerperio o también llamada “depresión postparto” son trastornos que se desarrollan en las mujeres que acaban de superar la etapa del parto, con sintomatología y marcadas repercusiones en la salud de la mujer y su entorno.

Este tipo de padecimiento se sabe que incide en al menos dos de cada ocho mujeres en todo el planeta, pero estadísticamente se ha registrado que presenta un mayor nivel de incidencia en partos de adolescentes, es decir, antes de los 20 años; o bien, en las mujeres que pasan por este evento después de los treinta años de edad.

Pese a que son pocos los estudios serios y profesionales en la materia, se sabe que los primeros síntomas de esta afección a la salud emocional o bien periodo depresivo, aparecen alrededor de las 4 semanas posteriores al parto, pero con un rango amplio que se extiende para su aparición incluso hasta los 3 meses posteriores a la fecha del parto.

La duración es incierta porque este problema no se atiende y se padece en silencio; sin embargo, se tienen registros de una duración de entre seis meses y 18 meses; pero se ha sabido de casos extraordinarios con una duración de más de 2 años.

Pese a lo anterior, se sabe que no obstante que cada embarazo en una misma mujer es diferente, existe la tendencia de que después de sufrir este cuadro de deterioro emocional, la probabilidad de que se padezca en los subsecuentes es mayor de 70 por ciento.

Para México, instituciones públicas en materia de salud exponen que al menos 40 por ciento de las mujeres que cursaron un embarazo y parto padecieron trastornos en su salud emocional moderados; es decir, presentaron cuadros clínicos de depresión leves después del parto y más del 65 por ciento de este total de mujeres, lo callaron, ocultaron y lo padecieron en el silencio que cobija el desentendimiento, la ignorancia sobre el tema y por ende, la falta de apoyo en el entorno familiar frente a este importante padecimiento, porque además, somos una sociedad que cataloga a los trastornos emocionales como “episodios sentimentalistas” o bien para el caso en específico como algo “normal” en la mujer, ignorando por completo que existe una relación estrecha entre las condiciones en las que tuvo transcurso el embarazo, el entorno familiar, social y económico, con la probabilidad de padecer este trastorno emocional, la severidad o agravamiento de los síntomas, la duración del cuadro y por último, la incidencia subsecuente de sufrir afectaciones irreversibles emocional, mental y físicamente.

Ello nos exige atender el tema lo antes posible y una manera de iniciar en ello es reconociendo que este problema existe y que tiene graves consecuencias, para estar en condiciones de identificarlo a tiempo, prevenirlo o bien tratarlo de manera especializada.

Por tanto, requerimos incluir este padecimiento en la cobertura de atención de salud materno-infantil garantizando un diagnóstico profesional y posterior tratamiento especializado, a fin de evitar que se convierta en un trastorno con afectaciones irreparablemente en la mujer, los hijos y su entorno.

Experiencias al respecto en otros países que han asumido la responsabilidad de atender este problema en su sociedad, nos han mostrado que la realización de un seguimiento médico y tratamiento especializado en el tema disminuye el número de síntomas y la prevalencia de éstos, garantizando la pronta superación del trastorno emocional y reduciendo significativamente o caso por completo las afectaciones posteriores tanto físicas para la mujer como también sociales.

Finalmente, debemos aceptar que los trastornos en la salud emocional de las mujeres después del parto y durante el periodo comprendido como puerperio son padecimientos reales, frecuentes, preocupantes y, sobre todo, tratables.

Es un asunto que afecta exponencialmente la salud de las mujeres en el país y requiere por esta soberanía la debida atención del problema.

Por lo expuesto se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a integrar en la cobertura nacional de la atención médica brindada a las pacientes durante el embarazo, el parto y el puerperio esquemas para el diagnóstico, el cuidado, la atención y el tratamiento especializado de la salud mental-emocional de las mujeres durante el periodo requerido para garantizar su integridad.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2014.

Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a difundir las acciones concretas por llevar a cabo para incorporar en la base tributaria el comercio informal, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Elizabeth Vargas Martín del Campo, diputada a la LXII legislatura por Guanajuato e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a informar a la opinión pública sobre las acciones concretas que se llevarán a cabo para incorporar el comercio informal en la base tributaria.

Consideraciones

El término informalidad fue utilizado por primera vez en 1971 por Keit Hart en un estudio sobre la ocupación en el medio urbano de Ghana, donde empleó la noción oportunidades informales de ingreso para referirse al empleo por cuenta propia. Con ello trataba de explicar los problemas del creciente desempleo existente en países de África y Asia que condujo a nuevas formas de autoempleo, las que poco a poco fueron creciendo después en ciudades y países latinoamericanos y del primer mundo.

En los últimos años, la economía informal en México ha ido en aumento. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), México cuenta con una población total de 115 millones 639 mil 915 habitantes. De ellos, la población económicamente activa (PEA) equivale a 50 millones 693 mil 306 personas. De ellas, la población ocupada es de 48 millones 203 mil 851 y la población desocupada es de 2 millones 489 mil 455. Asimismo, según cifras reportadas por el Inegi, de los 50 millones 693 mil 915 personas de la PEA, 28 millones 867 mil 37 trabajan en la informalidad; esto representa casi 57 por ciento de las personas económicamente activas.1

Los trabajadores ocupados en esquemas de informalidad, se reconocen como laboralmente vulnerables, debido a la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo.

Respecto a los principales resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo2 para julio de 2013, el Inegi señaló que 60.01 por ciento de la población de 14 años y más en el país es económicamente activo.

El Inegi añadió que la población ocupada alcanzó 94.88 por ciento de la PEA en el séptimo mes del año. De los ocupados, 66.4 opera como trabajador subordinado y remunerado ocupando una plaza o puesto de trabajo, 4.2 es patrón o empleador, 23 trabaja de manera independiente o por su cuenta sin contratar empleados y finalmente 6.4 se desempeña en los negocios o en las parcelas familiares, contribuyendo de manera directa a los procesos productivos pero sin un acuerdo de remuneración monetaria.

En el ámbito urbano de alta densidad de población, formado por 32 ciudades de más de 100 mil habitantes, el trabajo subordinado y remunerado representó 73.5 por ciento de la ocupación total, es decir 7.1 puntos porcentuales más que a escala nacional.

Este punto de partida responde a la manera en que apareció una forma de trabajo que se caracteriza por ser precario y poco productivo, que pudo seguir trayectorias específicas en cada país, pero en términos históricos parece ser el que más pudiera abarcar las condiciones de los países atrasados en el siglo XX que cambiaron su vida rural por una urbana acompañado del incremento del sector informal.3

Los primeros estudios para captar al sector informal en México los realizó la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, en colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Internacional del Trabajo con el propósito de formular una política dirigida hacia dicho sector.

Por lo anterior, recientemente ha surgido un interesante punto de vista para analizar el fenómeno de la informalidad en el país, cuyo elemento novedoso es relacionar la política social con la económica y con base en esto indagar acerca del origen del rápido crecimiento del empleo informal.

Las personas que se encuentran en el sector informal tienen una relación de trabajo no sujeta a la legislación laboral nacional, al impuesto sobre la renta, a la protección social o a determinadas prestaciones relacionadas con el empleo.

Así, la economía informal está asociada con un menor ritmo de crecimiento del producto interno bruto (PIB), con bajos niveles de inversión, capital humano y productividad y, lo que es muy importante, con generación de empleos de baja calidad, con salarios reducidos y sin prestaciones sociales.

De ahí que generalmente la economía informal esté asociada al ambulantaje y a sus efectos negativos para el comercio establecido, la recaudación fiscal y el comercio interno. Sin embargo, es un fenómeno nocivo mucho más complejo con incidencia en actividades económicas muy diversas como la industria manufacturera, el comercio y los servicios, con gran heterogeneidad de los agentes involucrados, por ejemplo, en las formas que adquieren las actividades que ejercen y en sus niveles de ingreso. Por ello, la economía informal es más una opción de sobrevivencia que de superación de la pobreza.

De esta manera, el desarrollo de la economía de México se ha visto fuertemente limitada por la presencia de monopolios y el crecimiento del comercio informal, según señalan estudios realizados por el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con el Informe sobre el desarrollo mundial 2013: empleos , presentado por el BM, la cantidad de personas que se integran al mercado laboral en el sector informal es muy alta para el grado de desarrollo económico que tiene el país, indicando que los cambios en la legislación del trabajo y en materia tributaria podrían reducir los índices de informalidad.

Según cálculos del BM, entre 50 y 62 por ciento de la población se encuentra ocupada en la informalidad, por lo que hace un llamado a flexibilizar las condiciones del mercado laboral a través de medidas más accesibles en materia fiscal y extender el acceso a condiciones de bienestar como educación y salud.4

En el entendido de que en México coexisten programas de seguridad social y de protección social, donde los primeros son aquellos que proporcionan derechos derivados de una relación contractual de tipo obrero-patronal, por ejemplo, indemnizaciones por despidos, servicios médicos, guarderías, créditos de vivienda, pensiones de retiro, seguros por invalidez y riegos de trabajo, entre otros.

Mientras, los programas de protección social surgen como reto para cubrir a las personas que no se encuentran laborando bajo formas asalariadas, que no están asegurados contra riesgos y que no tienen cubiertos, principalmente, servicios de salud, créditos de vivienda y pensiones no contributivas.

Por lo anterior, algunos de los factores que deben tomarse en cuenta son los siguientes:

1. Evitar un mayor empobrecimiento de las familias con menores recursos.

2. Generar demanda agregada en la economía, es decir, los bienes de la economía informal, generalmente más baratos, aunque de menor calidad, atenúan los efectos depresivos de la crisis por la disminución de los ingresos y capacidad de compra.

3. La demanda de inversión de las empresas es menor que la generada si estos empleos se crearan en el sector formal.

4. El sector informal se asocia con la baja innovación tecnológica.

5. Genera condiciones precarias de ocupación, bajos salarios y baja cobertura de seguridad social y prestaciones, lo cual genera una situación de vulnerabilidad de los trabajadores en el sector.

6. Complica el monitoreo de formas de explotación de los trabajadores, por ejemplo, trabajos forzosos, trabajo infantil, entre otros.

7. Propicia el establecimiento de prácticas ilegales.

8. Dificulta la identificación de origen ilegal y piratería.

9. Disminuir gradualmente la informalidad y aumentar la recaudación.

10. Facilitar su incorporación a la formalidad para acceder a beneficios.

Por consiguiente considero que debemos trabajar en conjunto de manera urgente en las políticas públicas que fortalezcan los marcos jurídicos actuales, tanto en materia federal, estatal y municipal, para alcanzar el objetivo de integrar el comercio irregular a la formalidad de manera gradual.

Para ello también debemos facilitar el acceso a beneficios tales como: créditos bancarios, seguridad social, créditos para vivienda, guarderías que derive en el desarrollo y crecimiento económico del país, así como la generación de empleos que, en conjunto, mejorará la calidad de vida de los ciudadanos.

De lograrse esas acciones, el PIB nacional se multiplicaría 2.2 veces, según estudios de la OCDE, porque si bien no hay cálculos precisos de la economía informal en México, se estima que equivale de 30 a 50 por ciento del PIB.5

Finalmente, cabe destacar que el punto de vista, para la atención que requiere la economía informal es compartido por el propio gobierno federal, siendo el mensaje expresado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,6 cuando señaló que la prevención y combate a la economía informal impulsará mejores condiciones para un México próspero, de mayor desarrollo y permitirá alcanzar un México en paz.

Añadió que se enmarca entre los ejes planteados en el Plan Nacional de Desarrollo (pero no se mencionan los cómos).

Igualmente, el secretario de Economía, manifiesta que el proyecto de reforma hacendaria del gobierno federal permitirá un combate efectivo a la informalidad, al afirmar que los dos tercios de la economía mexicana que se encuentran en ella se incorporen a la formalidad, lo cual se realizaría mediante el esquema de incorporación con cero impuestos en el primer año y una progresividad en cinco años. “Se busca justamente que los dos tercios de la economía mexicana que están en la informalidad, eventualmente, se incorporen”.

Sin embargo, consideramos que estos argumentos no son lo suficientemente atractivos, debemos buscar mecanismos que alienten a los comerciantes para que se anexen al ámbito de la formalidad.

Adicionalmente, el sector privado mencionó a través del Consejo Coordinador Empresarial, el planteamiento para la creación de una cruzada nacional contra la informalidad, aludiendo que puede articular la productividad esperada por las reformas estructurales.

Manifiesto por ello la firme intención de que el Poder Legislativo se sume a las voces expresadas en la relevancia de afrontar el problema multifactorial de la economía informal en un esquema de “ganar-ganar”, para integrarse en el sector formal.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a informar a la opinión pública sobre las acciones concretas que se llevarán a cabo para incorporar el comercio informal en la base tributaria.

Notas

1 http://www.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabtema.aspx?s=est&c=32519

2 Documento disponible en http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/ocupbol.pdf

3 http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/enamin/enamin2010/enamin2010.pdf

4 http://mx.ibtimes.com/articles/28250/20121002/desarrollo-economia-mexico-analisi-bm-ocde.htm

5 Este contenido ha sido publicado originalmente por Sinembargo.mx, en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/11-03-2013/556033.

6 Durante la reunión de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Combate a la Economía Ilegal, en julio de 2013.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 13 de febrero de 2014.

Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a atender de inmediato las propuestas de la ASF contenidas en el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública de 2011 a fin de instruir al Comité Técnico del Fonadin sobre la delimitación de las modalidades de financiamiento para otorgar apoyos recuperables, suscrita por los diputados José Luis Muñoz Soria, Javier Orihuela García y Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, José Luis Muñoz Soria, Javier Orihuela García y Roberto López Rosado, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Antecedentes y Consideraciones

1. El 7 de febrero de 2008 mediante un decreto presidencial, se ordeno al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, modificar el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) para transformarse en un nuevo Fideicomiso llamado Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), en el proceso se trasmitirían los fines, el patrimonio, y proyectos del FARAC al Fonadin, para que en su oportunidad el primero se extinguiera.

2. El objeto y el fin del Fonadin es promover y fomentar la participación de los sectores, público, privado y social en el desarrollo de infraestructura y sus servicios públicos, mediante la realización de inversiones y el otorgamiento de apoyos recuperables y en su caso, a través de la contratación de garantías a proyectos financieramente viables, así como apoyos no recuperables a proyectos rentables socialmente.

3. Las principales actividades del Fonadin son otorgar créditos subordinados1 y/o convertibles, garantía y aportaciones de capital, de manera que se impulse la participación del sector privado y social en la infraestructura; apoyar con garantías la participación de las empresas constructoras mexicanas en las licitaciones de proyectos; movilizar el capital privado hacia el financiamiento de proyectos de infraestructura; fortalecer la infraestructura del gobierno federal, los estados y municipios para una adecuada prestación de servicios públicos; entre otras.

4. El Fonadin dispone de Banobras2 en su carácter de agente financiero y mandatario del Gobierno Federal fungirá como el fideicomitente y el mismo Banobras en su carácter de institución fiduciaria sería el fiduciario del fideicomiso.3

5. Cuenta con un Comité Técnico, el cual tiene las facultades de establecer las políticas generales y definir las prioridades para el cumplimiento del objeto y fines del fideicomiso, así como aprobar y en su caso modificar las reglas de operación del fideicomiso, en las cuales se establecen las políticas y los lineamientos a que deberán sujetarse los subcomités de trabajo que constituya, así como al propio fiduciario para la toma de decisiones.

6. La Auditoria Superior de la Federación (ASF) en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 presenta los resultados de la auditoría 11-2-06G1C-02-0128, los datos que se desprenden de esta auditoría reflejan que el Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables; ya que en julio del 2011 el Fonadin otorgó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) un apoyo recuperable por 1 817.06 millones de pesos, bajo la modalidad de crédito simple para liquidar el crédito de Asociación en Participación y los intereses generados hasta ese momento para realizar el Proyecto Centro Integralmente Planeado (CIP) Costa del Pacifico; sin embargo en las reglas de operación del Fonadin no se tiene previsto el otorgamiento de recursos bajo esta modalidad. De conformidad con el numeral 3.3 de las Reglas de operación del Fonadin

“Apoyos recuperables.- recursos que otorgue el fideicomiso bajo las modalidades de Financiamiento que autorice su Comité Técnico y que tengan una fuente de recuperación, entre las cuales podrán estar las siguientes: Financiamiento a los gobiernos estatales y municipales para la realización de estudios y contratación de Asesorías; garantías de crédito, bursátiles, de desempeño y de riesgo político, para financiar las inversiones de los Proyectos de Infraestructura; aportaciones de capital y Créditos Subordinados y/o Convertibles a las Empresas Beneficiarias de los Proyectos de Infraestructura y fondos de inversión.”

7. Derivado de la auditoría, la ASF hace una recomendación puntual a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público que en su carácter de fideicomitente único de la administración pública centralizada del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura, en el ámbito de sus atribuciones instruya al Comité Técnico para que delimite en sus reglas de operación las modalidades de financiamientos para el otorgamiento de apoyos recuperables; derivado del caso de Fonatur mencionado en el numeral 6 de este documento.

8. Es preciso que en tanto la SHCP instruya al Comité para modificar las reglas de operación, este proporcione soluciones a las deficiencias señaladas por la auditoria y modifique las reglas de operación del Fonadin en relación al tema de los apoyos recuperables, para que se establezcan de forma clara y concisa todos los tipos de crédito que otorga.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray Caso a dar atención inmediata a las propuestas de la Auditoria Superior de la Federación contenidas en su Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública de 2011, para instruir al Comité Técnico del Fonadin en relación a la “delimitación de las modalidades de financiamientos para otorgar apoyos recuperables”, derivado del crédito simple que concedió a Fonatur por 1 817.06 millones de pesos. Asimismo haga del conocimiento público las acciones llevadas a cabo para atender las propuestas.

Notas

1 Aquellos que por su propia naturaleza subjetiva de los titulares, adquieren en la práctica un especial protagonismo; es decir, créditos de las personas especialmente relacionadas con el deudor.

2 El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos es una institución de banca de desarrollo que se tipifica como empresa pública con participación estatal mayoritaria, cuenta con personalidad jurídica y patrimonios propios. Su objeto es financiar o refinanciar proyectos de inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos, así como coadyuvar el fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, estatal, municipal y el Distrito Federal.

3 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2014.

Diputados: José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Javier Orihuela García, Roberto López Rosado.

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para el seguimiento de los programas sociales destinados a los adultos mayores, a cargo de la diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, diputada a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 6, fracción I y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La composición de la sociedad en nuestro país ha experimentado cambios importantes en las últimas décadas, de manera tal que el envejecimiento de la población se está haciendo cada vez más evidente. Si bien México es hoy una nación mayoritariamente joven, en un futuro no muy lejano dejará de serlo y se convertirá en una sociedad en la cual predominen las personas adultas mayores.

De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), en el año 2010 residían en México 10 millones de personas de 60 años o más, lo cual representaba 9 por ciento de la población, sin embargo, para el año 2050 se proyecta que los adultos mayores en nuestro país alcancen la cifra de 33.8 millones.

Lo anterior supone el surgimiento de nuevos desafíos que tanto la sociedad como los individuos, las familias y las instituciones públicas habrán de enfrentar como consecuencia del envejecimiento de la población en México, proceso que, por un lado, implica una mayor demanda de servicios de salud, debido a que en este grupo de edad se presentan las mayores tasas de morbilidad y necesidades de atención médica de todos los segmentos poblacionales, y por otro, al ser los adultos mayores un grupo que se encuentra en situación de vulnerabilidad y que por tanto requiere del apoyo del estado, exige destinar una mayor cantidad de recursos para garantizar su protección social y fomentar su desarrollo personal.

Resulta pues impostergable emprender acciones para alcanzar el reconocimiento pleno y el ejercicio efectivo de los derechos de los adultos mayores, lo cual incluye un cambio en el modelo de atención, tanto en el ámbito de los servicios de salud como en el de la asistencia social, que mejore la calidad de vida de las personas que transitan o transitarán en el futuro por esta etapa.

En los últimos años, el Estado mexicano ha implementado acciones coordinadas, traducidas en leyes, políticas públicas y programas, orientadas a proteger más efectivamente los derechos de los adultos mayores y a impulsar la dignificación y el mejoramiento de las condiciones en las que actualmente viven.

Como ejemplo de lo anterior puede citarse, en el ámbito legislativo, la expedición de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, publicada en junio de 2002, cuyo objeto es obligar al estado a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de quienes se encuentran en esta condición.

Por su parte, en lo que refiere al ámbito del Poder Ejecutivo, puede mencionarse el establecimiento del programa 70 y Más (creado en 2007 y que con el objeto de ampliar su cobertura fue transformado durante la presente administración en el programa 65 y Más), el cual consiste en otorgar transferencias monetarias para mejorar los ingresos de los adultos mayores que no cuentan con una pensión contributiva y no se encuentran inscritos en alguna institución de seguridad pública.

Lamentablemente, pese a los esfuerzos que el estado ha emprendido para apoyar a los adultos mayores, un amplio número de personas de la tercera edad se encuentran todavía en condiciones de alta vulnerabilidad, pues tienen que hacer frente a problemas como enfermedades, pobreza y desempleo sin ningún tipo de soporte estatal o protección social.

En virtud de lo anterior, resulta evidente que aún resta mucho por hacer en cuanto a atender adecuadamente a los adultos mayores para cumplir con demandas tales como:

• Garantizar a todos los adultos mayores un entorno de vida digno y decoroso;

• Garantizar que todos los adultos mayores sean tratados con respeto y de modo igualitario por parte de los demás miembros de la sociedad;

• Garantizar que todos los adultos mayores tengan acceso a una adecuada atención de sus necesidades de alimentación y salud;

• Brindar a los adultos mayores más oportunidades de empleo, así como capacitación y financiamiento de proyectos productivos como opción para autoemplearse, promoviendo con ello su participación plena en la vida económica y social de la nación.

Por otra parte, derivado de las evaluaciones de los programas sociales que realiza periódicamente el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval), no se puede soslayar que algunos de éstos llegan a presentar algunas deficiencias tales como incumplimiento en los plazos previstos para la entrega de los recursos, padrones de beneficiarios no actualizados, gastos administrativos que en ocasiones resultan excesivos, o bien, poca claridad en las reglas de operación.

Lo anterior provoca que los programas sociales del gobierno no funcionen de manera correcta, situación que impide que los destinatarios aprovechen de manera integral los beneficios que se brindan, o bien, que el programa beneficie a un número más amplio de personas.

Para ayudar a corregir las fallas que presentan los programas sociales del gobierno y garantizar que los recursos de los mismos sean ejercidos adecuadamente de manera tal que cumplan efectivamente con su cometido, se requiere de la participación decidida del Poder Legislativo cuyo trabajo puede llegar a ser fundamental para incrementar, mejorar y potencializar la oferta de servicios que otorga el estado, en este caso a las personas adultas mayores.

Si bien es cierto que tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República cuentan con Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, consideramos que dada la importancia del tema resulta necesaria la creación de una comisión especial cuya finalidad sea trabajar para que la legislación aplicable sea suficiente y adecuada, para el buen funcionamiento de los programas sociales del ámbito federal destinados a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores en nuestro país.

En virtud de lo aquí expuesto someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados para que con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos determine y someta a consideración del pleno la creación de la Comisión Especial para el seguimiento de los programas sociales destinados a los adultos mayores.

Segundo. La Comisión Especial para el seguimiento de los programas sociales destinados a los adultos mayores tendrá por objeto:

a) Fortalecer a través de la acción legislativa el marco jurídico de protección a los derechos de los adultos mayores en México;

b) Velar en todo momento para que la legislación aplicable sea suficiente y adecuada para el buen funcionamiento de los programas sociales del ámbito federal destinados a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores en nuestro país; y

c) Promover el desarrollo de una cultura nacional de reconocimiento y respeto a los derechos y a la dignidad de los adultos mayores.

Tercero. La Comisión Especial para el seguimiento de los programas sociales destinados a los adultos mayores se integrará con el número de diputados y diputadas que determine la Junta de Coordinación Política en forma proporcional a la representación de cada una de las fracciones parlamentarias representadas en la Cámara de Diputados.

Cuarto. La Comisión Especial de seguimiento de los programas sociales destinados a los adultos mayores contará con los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros necesarios para la realización de su funcionamiento, de conformidad con la normatividad aplicable a la Cámara de Diputados.

Quinto. La Comisión Especial para el seguimiento de los programas sociales destinados a los adultos mayores funcionará durante el tiempo que dure la LXII Legislatura, no rebasando su término.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2014.

Diputados: María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, Arturo Escobar y Vega, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Luis Alberto Villarreal García, Silvano Aureoles Conejo, Ricardo Monreal Ávila, Alberto Anaya Gutiérrez, María Sanjuana Cerda Franco (rúbricas).

Con punto de acuerdo, relativo a la actualización de las encuestas utilizadas por el Inegi y el Coneval, a cargo de la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Aída Fabiola Valencia Ramírez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

“Las encuestas son como los perfumes franceses: Muy agradables cuando los hueles, pero muy amargos si te los tragas”.1

La necesidad del ser humano por saber frecuentemente lo que piensan los demás sobre algún tema o actividad, ha tenido como resultado la creación de una de las herramientas más importantes para lograr un mayor acopio de información, la encuesta.

Esta técnica de investigación de campo suele utilizarse como una alternativa a las restricciones que presentan otras fuentes de información, como la observación y los métodos estadísticos cuantitativos.

Las encuestas no tan sólo arrojan datos duros sobre el objeto de estudio; por lo contrario, expresan el pensar y sentir de un colectivo social a través de mensajes cotidianos, por lo que resultan una de las herramientas de mayor utilidad en la recaudación de conocimiento.

Entre las principales ventajas que este instrumento presenta, destacan:2 que no se necesitan personas preparadas para reunir las réplicas, se pueden acotar distancias al enviar el cuestionario por correo, se permite que las respuestas sean meditadas y el entrevistado cuenta con libertad de expresión al no ser coaccionado por el entrevistador.

No obstante, debemos mencionar que este método también cuenta con desventajas, entre las que se encuentran: las respuestas dependen de la situación anímica del encuestado, sólo es adecuado para determinadas personas, las preguntas pueden ser obsoletas y los cuestionarios suelen tener dificultades para reflejar la realidad tal y como es, creando sesgos y vicios en la información obtenida.

Lo anterior resulta de suma gravedad, principalmente en aquéllas situaciones en las que se utiliza el conocimiento recabado para la implementación de políticas públicas o para el análisis de programas específicos; tal es el caso del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el cual se vale de los datos recabados en las encuestas, para hacer inferencia estadística de la situación del país.

El Censo de Población y Vivienda de 2010 realizado por dicho organismo, utiliza como “instrumentos de captación”, dentro de los aspectos metodológicos, estos cuestionarios: básico, ampliado, de localidad y de entorno urbano.3

Aunado a lo previo, el Inegi desarrolla los censos tomando en cuenta las siguientes bases metodológicas: las unidades de observación son los residentes mexicanos y sus viviendas; el tipo de levantamiento es de derecho o de jure; el informante debe ser el jefe o jefa de familia o un habitante de la residencia de más de 15 años de edad; la entrevista es directa, aunque en algunos casos se posibilita que ésta se realice por teléfono o por internet y se instrumentan “operativos especiales” para identificar y recabar la información de la población que vive en alojamientos colectivos por razones de trabajo, educación, salud, seguridad u otros motivos.

Aún cuando el contenido conceptual se basa en: la revisión crítica de conceptos; las necesidades planteadas por los usuarios de la información para poder evaluar programas; los factores demográficos, sociales y políticos; los compromisos asumidos por el Estado mexicano en cumbres internacionales y las recomendaciones de la ONU; debemos mencionar que los cuestionarios aplicados no reflejan la realidad en la que viven los ciudadanos de nuestra nación.

Entre las preguntas que vale la pena revisar y modernizar, debido a que no revelan directamente el poder adquisitivo de una familia, destacan: ¿De qué material es la mayor parte del piso de esta vivienda? ¿Cuántos cuartos se usan para dormir sin contar pasillos? ¿En esta vivienda tienen: radio, televisor, refrigerador, lavadora, automóvil, computadora, internet? ¿Cuántos días a la semana les llega el agua? ¿De qué material es la mayor parte de las paredes o muros de esta vivienda? ¿Cuántos focos tiene esta vivienda? ¿La basura de esta vivienda la recoge un camión o carrito de basura?

Lamentablemente, el problema expuesto no es exclusivo del Inegi, ya que existen otros organismos como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), donde las preguntas realizadas resultan insuficientes ante la situación que se desea describir.

En las Encuestas de Umbrales Multidimensionales de Pobreza (EDUMP), observamos preguntas que tienden a malinterpretaciones y sesgos de información como, por ejemplo: ¿Prestó algún servicio a cambio de un pago? (cortar el cabello, dar clases, lavar ropa ajena) ¿Habitualmente qué hacen con la basura? ¿De dónde obtiene la luz eléctrica? y ¿Este hogar cuenta con cafetera eléctrica, sandwichera eléctrica, horno de microondas, ventilador, aparato de aire acondicionado, aparato de calefacción o calefactor?4

La misión del Inegi estipula que dicho instituto busca “coordinar y armonizar la generación y administración de información geográfica de interés nacional de calidad acorde a la normatividad establecida por el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, conservar y promover su disponibilidad para brindar el Servicio Público de Información.”5

Por su parte, el Coneval persigue como meta “medir la pobreza y evaluar los Programas y la Política de Desarrollo Social para mejorar sus resultados y apoyar la rendición de cuentas”.

Las tareas encomendadas a dichos organismos representan una actividad toral para contar con información precisa que permita la mejor evaluación posible del desempeño de nuestro país; por lo que para conseguir los objetivos expuestos, la constante actualización y mejora de los instrumentos metodológicos implementados, no sólo es deseable, sino necesaria.

El primer paso para resolver un problema consiste en tener el mayor conocimiento posible que nos permita identificarlo y atacarlo de manera eficaz, es por esto que la información es poder.

Reconociendo que sólo lo que se mide se puede mejorar, 6 consideramos que es nuestra obligación perfeccionar día con día las herramientas utilizadas para retratar la realidad de nuestro país, sólo así ésta será fiel a la situación actual, sólo así podremos saber en que escenario nos encontramos, sólo así dejaremos de implementar políticas y programas a ciegas.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Eduardo Sojo Garza Aldape, a realizar una revisión de los aspectos metodológicos empleados en la elaboración de los censos y encuestas a su cargo, con el afán de modernizarlos, mejorarlos y armonizarlos con las condiciones en las que habitan los ciudadanos mexicanos.

Segundo. Se exhorta al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona, a revisar la metodología empleada en la elaboración de los documentos sobre la medición de la pobreza realizados por el organismo que coordina, con el afán de modernizarlos, mejorarlos y armonizarlos con las condiciones en las que habitan los ciudadanos mexicanos.

Tercero. Se exhorta al presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Eduardo Sojo Garza Aldape, a establecer mesas de trabajo con analistas, expertos, catedráticos y miembros de la sociedad civil, que permitan enriquecer los aspectos metodológicos empleados en la elaboración de los censos y encuestas a su cargo.

Cuarto. Se exhorta al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona, a establecer mesas de trabajo con analistas, expertos, catedráticos y miembros de la sociedad civil, que permitan enriquecer la metodología empleada en la elaboración de los documentos sobre la medición de la pobreza realizados por el organismo que coordina.

Notas

1 Shimon Peres

2 Kerlinger y Lee (2002)

3 http://www.censo2010.org.mx/

4 http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/med_pobreza/Cuestionario_ Hogar_tipo_A.pdf

5 http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/rnig/mision.aspx

6 http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012 /Resumen_ejecutivo.aspx

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2014.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, y a los gobiernos estatales y del Distrito Federal a revisar la normativa atinente al desarrollo de los programas de apoyo a los adultos mayores, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, diputado José Angelino Caamal Mena, integrante de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, miembro del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo; al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Atender el bienestar de los adultos mayores, garantizar el pleno goce de sus derechos, su integridad física y mental significa tomar en cuenta la problemática que enfrenta este sector de la población en cuanto a enfrentar circunstancias de formas de abandono, abuso y violencia.

En nuestro país la población de adultos mayores se ha duplicado en los últimos veinte años, y para el año 2050 alcanzará más de 24 millones de personas, las cuales representarán poco más de 20 por ciento de la población total.1

De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2012 el 10 por ciento de los mexicanos de 60 años y más se encuentra en una pobreza dimensional extrema, vulnerabilidad que se agrava considerando que el sistema de pensiones deja fuera a un número importante de ellos quienes no cuentan con acceso a los beneficios que otorgan las instituciones de seguridad social y no necesariamente cuentan con acceso a los servicios de las instituciones de salud, ya sean públicos o privados.

Al respecto, las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población a julio de 2013, señalan que en México existen 7 millones 737 mil 66 adultos de 65 años y más de edad, de los cuales 5 millones 652 mil 146 no cuentan con pensión; es decir, el 73 por ciento esta población requiere del acceso a los programas de atención que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de cada uno de ellos.

No desconocemos que como responsabilidad primordial, el Gobierno Federal y los Gobiernos de las entidades federativas han puesto en marcha Programas destinados a promover y prestar servicios sociales básicos y facilitar el acceso a ellos, teniendo presentes las necesidades específicas de las personas de edad; no obstante es indispensable que la coordinación de esos esfuerzos se traduzca en mejores condiciones y bienestar para los adultos mayores.

La falta de articulación en las reglas y requisitos para la dotación en los apoyos, con relación a lo establecido en la Ley, se traduce en que los beneficios se otorguen de manera discrecional y en función del libre arbitrio de los prestadores de servicios.

Basta revisar que mientras la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores define en su artículo 3o. que son “Personas adultas mayores. Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional”, los programas para la atención de la población de adultos mayores establecen en sus reglas como requisito acreditar edades de 60, 65 y 70 años de edad. Lo anterior repercute en que el acceso a los descuentos y servicios que otorgan a quienes son portadores de la Tarjeta que otorga el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), estén condicionados a la interpretación del operario del transporte público, incluso en la definición de los apoyos que brindan las autoridades.

En torno al particular, es pertinente observar, por ejemplo, que en el Distrito Federal, la normatividad establece que los adultos mayores de 60 años pueden tramitar su acceso gratuito a los servicios del metro, trolebús, tren ligero, autobuses de RTP y por ende al recientemente creado nochebús , no así para el metrobús, para el que deben contar con la tarjeta del Inapam y acreditar una edad de 70 años de edad; mientras que solo los mayores de 68 años de edad tienen posibilidades de acceso a una pensión alimentaria.

A ello se suma que, como consecuencia de la información que las instituciones promueven en medios masivos, con independencia del cumplimiento de los diversos requisitos establecidos y ser portadores de la tarjeta del Inapam y la correspondiente de cortesía para acceder a al servicio público gratuito del transporte, los adultos mayores deban acreditar que cuentan con 65 años de edad, tal y como corresponde al Programa Federal de 65 y más.

Es un hecho que la transformación demográfica nos plantea el reto de incrementar las oportunidades de los adultos mayores de aprovechar al máximo sus capacidades para participar en todos los aspectos de la vida, como lo es que hoy por hoy, ocho de cada 10 personas en edades de 60 años y más presenta algún tipo de vulnerabilidad, ya sea en sus derechos sociales o su ingreso, por lo que armonizar la normatividad para garantizar el pleno disfrute de los beneficios institucionales es una tarea urgente.

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a los Gobiernos de los Estados y del Distrito Federal a realizar una profunda revisión de la normatividad que atañe el desarrollo de los programas de apoyo a los adultos mayores, con la finalidad de armonizar su contenido conforme a lo establecido en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores..

Nota

1 Ham Chande, Roberto (2011), Diagnóstico sociodemográfico del envejecimiento en México, en La situación demográfica de México 2011, Consejo Nacional de Población, México, DF.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2014.

Diputado José Angelino Caamal Mena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Morelos a investigar en coordinación con la PGR el ataque perpetrado contra la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional, a cargo de la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Maricela Velázquez Sánchez, diputada de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Un grupo de desconocidos atacó la noche del martes las instalaciones sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de Morelos , sito el número 222 de la río Amacuzac, en la colonia Reforma de Cuernavaca, lo que provocó daños materiales en la fachada luego de que fueran lanzadas piedras contra los cristales y después bombas molotov.

De acuerdo con diversos medios informativos, el ataque se habría registrado alrededor de las 11:30 de la noche y posteriormente los veladores dieron parte a las autoridades quienes primero enviaron a los bomberos para sofocar el fuego, a quienes, como siempre, reconocemos por la función ejemplar que realizan a favor de la sociedad.

Aunque afortunadamente no se registraron víctimas, el ataque perpetrado ocasionó daños materiales que deberán ser resarcidos, así como la zozobra entre quienes trabajan en la sede estatal de nuestro partido, por lo que ya se han presentado las denuncias ante las autoridades correspondientes.

Los priistas privilegiamos el diálogo como herramienta principal de la política en una sociedad democrática como la nuestra, por lo que condenamos el ataque realizado en contra de nuestro inmueble y condenamos el uso de la violencia, independientemente de su procedencia o motivación.

Es por ello que urgimos respetuosamente al gobernador del estado de Morelos, a efecto de que, en coordinación con la Procuraduría General de la República, sean investigados los hechos aquí denunciados y se sancione con todo rigor a los autores de este delito.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador del estado de Morelos, para que en coordinación con la Procuraduría General de la República, investigue el ataque realizado a la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional en aquella entidad federativa y se sancione ejemplarmente a los responsables.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2014.

Diputada Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a apoyar la coordinación de las áreas encargadas de la seguridad en Michoacán y a evitar la toma de acuerdos con personas pertenecientes a grupos delictivos, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN

Diputado José Guillermo Anaya Llamas integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las mexicanas y mexicanos, hemos sido testigos en los últimos tiempos, de la crisis de inseguridad en el estado de Michoacán, en ese sentido, las principales fuerzas políticas del país, concretamente en Acción Nacional, hemos manifestado nuestro respaldo al gobierno federal y a las estrategias que permitan recuperar la paz y la tranquilidad en dicha entidad.

Con asombro nos enteramos por los medios de comunicación, que el pasado 5 de febrero, el comisionado federal para la Seguridad y Desarrollo Integral en Michoacán, licenciado Alfredo Castillo Cervantes, se reunió con representantes de los denominados grupos de autodefensa y que en dicha reunión se encontraba Juan José Farías Álvarez, alias El abuelo, quien ha sido señalado como lugarteniente del cártel de Los Valencia y Nueva Generación de Jalisco, e incluso, había sido capturado en 2009 por informes de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El comisionado en Michoacán señaló de manera muy sincera, que desconocía a Farías Álvarez, así como sus antecedentes, y que en dicha reunión ningún tema de estrategia había sido tratado.

Creemos la versión del licenciado Castillo Cervantes y lo que nos preocupa, al escuchar sus cándidas declaraciones es justamente la debilidad de la estrategia de seguridad en Michoacán, así como las cuestionables medidas de seguridad, control de acceso, identificación de personas que denotan falta de coordinación y descontrol entre las autoridades.

La situación en Michoacán frente al crimen organizado y la infiltración de éste en casi todas las áreas de la vida comunitaria nos hacen comprensible que en casi todas las áreas participen o se encuentren presentes personajes con este tipo de historial; pero lo que nos parece de la mayor alerta es que puedan ingresar a reuniones privadas sin que las fuerzas del orden puedan siquiera detectar de quién se trata. Difícilmente podemos coincidir con el gobernador Fausto Vallejo en que “luego son gentes que se cuelan, es muy difícil cuidarse de quien andan por ahí.”

Si un presunto miembro de un cartel puede acercarse a platicar con el comisionado de Seguridad en Michoacán, donde además se encuentra el comisionado de la Policía Federal, maestro Enrique Galindo Ceballos y el general Miguel Ángel Patiño, comandante de la cuadragésima tercera zona militar, donde supondríamos que existen las más estrictas medidas de seguridad y tácticas de inteligencia y reacción, habría que preguntarnos ¿En qué situación de vulnerabilidad se encuentran las y los michoacanos comunes y corrientes? ¿Puede confiar la ciudadanía “de a pie” en que las autoridades a las que se les ha encomendado la seguridad así como dentro de los grupos de autodefensa no hay infiltrados de otras organizaciones delictivas?

Cabe preguntarnos entonces ¿Cuál es el control que maneja la estrategia en Michoacán sobre quien integra los grupos de autodefensa? ¿Con quién entablan dialogo y colaboración las autoridades del gobierno federal para recuperar el estado de derecho, el orden público, pero sobre todo la seguridad e integridad de las familias michoacanas?

Por lo anterior, las y los legisladores, pedimos al gobierno federal informe a la opinión pública en qué consiste el contenido y los parámetros de seguridad de la estrategia de seguridad desplegada, es necesario que se conozcan los detalles de los operativos y no sólo los objetivos propuestos.

Este incidente pone de relieve asuntos de la mayor importancia como el cumplimiento de requisitos de ingreso que deben tener los integrantes de los grupos de autodefensa, el registro de armas y el decomiso de las llamadas “armas largas”. No podemos dejar de lado que estos grupos no mantienen una actitud pasiva, sino ofensiva contra el cartel de Los Caballeros Templarios.

No podemos dejar de lado que el propio comisionado Castillo ha confirmado a los medios de comunicación que varios integrantes de estas agrupaciones portan armas reservadas a las fuerzas de seguridad del estado, y no podemos dejar de lado, que dicha conducta constituye un delito grave y flagrante. El imperio de la ley no admite excepciones en este rubro, ni hace distingos sobre el uso de este tipo de armamentos en zonas rurales o urbanas.

La problemática por la que atraviesa el estado es de por sí grave, según los testimonios que nos han llegado, fundamentalmente de los medios de comunicación. Si verdaderamente la apuesta es recuperar el estado de derecho y la paz para Michoacán, no debemos escatimar precauciones y medidas de seguridad ni información oportuna.

En toda la república hay preocupación por lo que sucede en ese estado; todos estamos esperando que la vida cotidiana de sus habitantes se normalice y poco a poco se vaya restituyendo el estado de derecho. Por esta ocasión hacemos un llamado al gobierno federal a redoblar esfuerzos, a exigir a los responsables de las diversas instituciones de seguridad pública y procuración de justicia a que actúen de manera coordinada, que no se regatee la información al comisionado federal en Michoacán, que no se le haga caer en actos de burlas como este que se comenta.

Por lo expuesto, se proponen a esta soberanía los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de la manera más atenta al gobierno federal a que se coordinen las distintas áreas responsables, a quienes el presidente de la República instruyó trabajar a que compartan entre ellos la información de sus actividades.

Segundo. De igual manera, se exhorta al gobierno federal a apoyar al comisionado federal para el estado de Michoacán para evitar que caiga en actos similares, por lo que debe revisar exhaustivamente con quién se reúne e informar a la ciudadanía a qué acuerdos llegó.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de la manera más atenta al gobierno federal a que bajo ningún motivo acuerde o pacte la seguridad de los michoacanos con personas ligadas a grupos delictivos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2014.

Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a difundir el monto y la aplicación de los subsidios transferidos a las entidades federativas como apoyo para implantar la reforma del sistema de justicia penal, suscrita por los diputados José Luis Muñoz Soria, Javier Orihuela García y Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, José Luis Muñoz Soria, Javier Orihuela García y Roberto López Rosado, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la “proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que haga del conocimiento público el monto total y la aplicación del ejercicio de los subsidios transferidos a las entidades federativas como apoyo para la implementación de la reforma del sistema de justicia penal, correspondiente al presupuesto asignado en 2012, en función de la entrada en vigencia de cada entidad de acuerdo a los cuadrantes clasificados en el libro blanco de la Setec para la gestión 2009-2012, considerando que por mandato constitucional se deberá instaurar antes de 2016”.

Antecedentes

1. El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115, y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública y justicia penal, mediante el cual se establecen las bases del nuevo sistema de justicia penal en la República Mexicana.

2. El artículo noveno transitorio del citado decreto establece que se creará una instancia de coordinación integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del sector académico y la sociedad civil, así como de las Conferencias Nacionales de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, la cual contará con una secretaría técnica (Setec) que coadyuvará y apoyará a las autoridades federales y a las locales, cuando estas últimas así lo soliciten.

3. El 13 de octubre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal como una instancia de coordinación, con la finalidad de implementar, en los tres órdenes de gobierno, el sistema de justicia penal en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con pleno respeto a las atribuciones de los Poderes Federales, la soberanía de los Estados, el Distrito Federal y la autonomía municipal, así como de las instituciones y autoridades que intervengan en la instancia de coordinación.

4. Con fecha 10 de junio del año 2009, los tres poderes federales: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, suscribieron un Acuerdo para dar cumplimiento al mandato constitucional de instalar la instancia de coordinación prevista en el artículo Noveno Transitorio del Decreto de reformas constitucionales y establecer las bases para la operación del Consejo de Coordinación, reconociendo a éste el objeto de analizar y acordar las políticas de coordinación nacionales necesarias para implementar, en los tres órdenes de gobierno, con la concurrencia de la sociedad y la academia, el nuevo sistema de justicia penal. Dicho Acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 05 de agosto de 2009.

5. En la tercera sesión ordinaria del 8 de enero de 2010, el Consejo de Coordinación emitió el acuerdo número COCO/03/III/10, mediante el cual aprobó las “Reglas para el funcionamiento del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal”. Dicho acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero del año 2010.

6. En atención a tales disposiciones el secretario de Gobernación preside el Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal, dicha instancia tiene la finalidad de implementar, en los tres órdenes de gobierno, el sistema de justicia penal en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con pleno respeto a las atribuciones de los poderes federales, la soberanía de las entidades federativas y a la autonomía municipal, así como a las instituciones y autoridades que intervengan en la instancia de coordinación.

7. La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de sistema de Justicia Penal (Setec), organismo Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con el Carácter de instancia de seguridad nacional, con autonomía administrativa, creada para operar y ejecutar los acuerdos y determinaciones del Consejo de Coordinación; así como coadyuvar y brindar apoyo a las autoridades locales y federales en la implementación del Sistema de Justicia Penal, cuando lo soliciten.

8. El Comité de Subsidios es la instancia formada al interior de la Setec y a través de las sesiones de dicho Comité se aprobaron diversos proyectos presentados por las Entidades Federativas, para efecto de otorgarles un subsidio como apoyo para la implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal.

9. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en su eje rector 1 “Estado de Derecho y Seguridad”, apartado 1.2. “Procuración e impartición de justicia”, particularmente en su objetivo 4 “Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz” prevé entre otras estrategia:

a) promover la implementación gradual de juicios orales;

b) hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los ministerios públicos, así como fortalecer la investigación ministerial y policial para elevar el nivel de eficacia en la integración de la averiguación previa;

c) garantizar mejores condiciones para la presentación de denuncias a las víctimas de los delitos;

d) impulsar reformas procesales para hacer más expedita la aplicación de la justicia;

e) fomentar la reducción de litigios mediante la implementación de medios alternativos de resolución de conflictos, entre otros.

10. El congreso de la Unión asigno a la Secretaría de Gobernación en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro del Ramo 04 para el programa “Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal”, un monto de $443´424,000.00 (cuatrocientos cuarenta y tres millones veinticuatro mil pesos 00/100 M.N).

11. El artículo vigésimo transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 establece la obligación de que el recurso previsto como subsidio a las Entidades Federativas, en el ramo 04 Gobernación para la “Setec”, sea destinado al desarrollo de proyectos prioritarios, dentro de los que se incluye: adquisición de equipo, desarrollo tecnológico y adecuación o creación de infraestructura, de las procuradurías y tribunales superiores de justicia de los estados y del Distrito Federal que se encuentren en proceso de implementación del nuevo sistema penal.

12. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 82, fracción XI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las entidades federativas tienen la obligación de responsabilizarse a través de su tesorería, o su equivalente, a administrar los recursos presupuestarios federales radicados de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, motivo por el cual no podrán traspasarse tales recursos a otros rubros o cuentas bancarias.

13. Los recursos del subsidio son federales, por lo que su fiscalización y transparencia se sujetará a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, las “Políticas” y demás disposiciones jurídicas aplicables.

14. Los subsidios para la implementación de la Reforma del sistema de Justicia Penal mediante la celebración de convenios de coordinación para cada entidad federativa son los siguientes:

Consideraciones

A) Que no obstante a que en el libro blanco de la Setec 2009-2012, se presenta un balance comparativo por entidad federativa sobre los avances de la ejecución de los ejes temáticos al 31 de octubre de 2012, es conveniente su actualización y publicación al cierre de dicho ejercicio fiscal, máxime que se trata de la finalización de la gestión presidencial 2006-2012.

B) Que existe diferencia por $64,438.00 (sesenta y cuatro mil, cuatrocientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.) en la cantidad total consignada tanto en los 30 convenios de coordinación para el otorgamiento del subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Social suscritos con las entidades federativas, señalado en el sexto párrafo del rubro de ANTECEDENTES del modelo de convenio, publicado en el DOF del 16/02/2012 y que asciende a la cantidad de $443,424,000.00, (cuatrocientos cuarenta y tres millones veinticuatro mil pesos 00/100 M.N). Así como en el resumen de los avances de la ejecución de los ejes temáticos al 31 de agosto de 2012, integrado en el Libro Blanco de la Setec y que asciende a un total de $443´359,562.00.

C) Que la Auditoria Superior de la Federación en el Programa Anual de auditorías para la fiscalización de la cuenta pública 2012, realizó 1 auditoría forense a la Secretaría de Gobernación concretamente a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de Justicia Penal y a 6 Entidades Federativas en el mismo objeto de gasto, siendo estas; Distrito Federal, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Yucatán.

D) No obstante de que para la ejecución de este eje, la Setec desde su creación, ha logrado coordinar los procesos internos de planeación, programación, presupuestación, control, evaluación de los recursos otorgados para el subsidio y validación constante de los sistemas y procedimientos en materia administrativa y financiera.

E) Se ha logrado que la ministración de los subsidios se aporten de manera eficaz y transparente a las entidades federativas para coadyuvar en la implementación del nuevo sistema de justicia penal a través del apoyo económico en diferentes ejes temáticos.

Para el apoyo y coadyuvanza, se ha generado la normatividad necesaria para la aplicación de recursos destinados a la implementación de la reforma del sistema de justicia penal a favor de los estados y el Distrito Federal para los ejercicios 2010, 2011 y 2012, así como los criterios de selección de estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y equipamiento, que garantizaran la implementación gradual del sistema de justicia penal.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, ciudadano Miguel Ángel Osorio Chong, para que haga del conocimiento público el monto total y la aplicación del ejercicio de los subsidios transferidos a las entidades federativas como apoyo para la implementación de la reforma del sistema de justicia penal, correspondiente al presupuesto asignado en 2012, en función de la entrada en vigencia de cada entidad de acuerdo a los cuadrantes clasificados en el libro blanco de la Setec para la gestión 2009-2012, considerando que por mandato constitucional se deberá instaurar antes de 2016.

Dado en la Cámara de Diputados, a 12 de febrero de 2014.

Diputados: José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Javier Orihuela García, Roberto López Rosado

Con punto de acuerdo, relativo a la instalación de estacionamientos para bicicletas en inmuebles públicos y en centros de transferencia modal, así como en las principales plazas, mercados y vía públicos, a cargo de la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Carla Alicia Padilla Ramos, integrante de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, miembro del Grupo Parlamentario Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a los diversos gobiernos estatales, a los municipales y a los de las delegaciones políticas del Distrito Federal para que de acuerdo con su capacidad técnica, humana y financiera, favorezcan la implementación de biciestacionamientos en establecimientos públicos en sus localidades al tenor de los siguientes

Consideraciones

A nivel mundial, la bicicleta es el emblema del bienestar urbano, se ha adoptado como medio de transporte seguro, anticontaminante y saludable. En el mundo se fabrican más de 100 millones de bicicletas anualmente, tres veces más que el número de automóviles y únicamente en los países desarrollados como Canadá, Alemania, Holanda y China, son tomadas en cuenta como medio de transporte, dándoles la misma prioridad en la planeación y el desarrollo de la infraestructura vial que a autobuses y automóviles.

Con la reciente popularización de la bicicleta en algunas de las grandes zonas metropolitanas de México, se ha propiciado el uso de los espacios públicos, en los lugares donde aparece su uso mejora el entorno independientemente de la zona. Un ejemplo de lo anterior es el rescate en el 2010 del Monumento a la Revolución en el Distrito Federal; una zona olvidada se regeneró e incluyó infraestructura ciclista, cruces seguros, biciestacionamientos. Todo ello propició la apertura de comercios, restaurantes y cafés. De ser un lugar considerado de riesgo, se convirtió en un espacio público que hoy invita a la ciudadanía a asistir a él. El uso de la bicicleta ha tomado relevancia, toda vez que 37 por ciento de los mexicanos cuenta con una, 13 por ciento la utiliza como medio de transporte y 57 por ciento de estos últimos la usa por motivos de trabajo.

La mayoría de los viajes, al no emplear la bicicleta, se realizan sin implicar actividad física, contribuyendo al sedentarismo. Actualmente, México ocupa el primer lugar mundial en los índices de sobrepeso y obesidad, siendo esto un problema de salud pública prioritario, ya que la obesidad es causa de enfermedades degenerativas como la hipertensión arterial, diabetes entre muchas otras, siendo imposible para el sistema de salud solventar estas enfermedades. La bicicleta puede colaborar en su prevención si la usamos aproximadamente 20 minutos al día, un ciudadano que comience a utilizar la bicicleta con constancia puede llegar a perder hasta 5 kilogramos de peso corporal durante el primer año. Por lo que representa una actividad física con grandes beneficios para la salud. Además de reducir en un 50 por ciento el riesgo de enfermedades cardíacas y vasculares, diabetes y obesidad, y 30 por ciento menos de riesgo de sufrir presión alta.

Es una realidad que todos los mexicanos desean vivir en ciudades más limpias y sostenibles. Un cambio en el transporte es beneficioso para el ambiente, ya que el transporte es la fuente principal de emisiones contaminantes; existe un gran volumen de emisiones en la atmosfera, siendo los vehículos particulares los principales emisores, la segunda fuente de emisión de gases de efecto invernadero es el sector transporte. Existe un uso excesivo de combustible fósil no renovable, lo que contribuye desmesuradamente al deterioro de la calidad ambiental. Un cambio modal del transporte motorizado a la bicicleta resulta en beneficios ambientales, en lo que se refiere a la calidad del aire, por ello se debe impulsar un esquema de movilidad en el cual la bicicleta tenga un papel importante y se logre la reducción de emisiones contaminantes. Concluyendo de todo lo anterior que la bicicleta no depende del petróleo y tiene una eficiencia energética superior a la de los modos de transporte motorizados.

Con su uso se lograra la protección al derecho a un medio ambiente de calidad y preservar este para las generaciones futuras. Este derecho incluye el uso de recursos naturales y energéticos y la protección frente a las agresiones a la calidad del entorno (contaminación de aire y del ruido, congestión vial, suciedad, etcétera).

El ciclismo urbano mantiene e incrementa presencia en varias metrópolis del país, es el caso de la Ciudad de México, los avances principales son la instalación de una red de bicicletas públicas (Ecobici), la construcción en Paseo de la Reforma de la mayor ciclovía y las modificaciones al Reglamento de Tránsito que reconoce a la bicicleta como vehículo y da derechos al ciclista.

Querétaro, tiene como avance la Ley que regula el Sistema Estatal de Promoción del Uso de la Bicicleta, siendo la única en su tipo que actualmente existe en el país.

La zona metropolitana de Guadalajara cuenta con 52 kilómetros de ciclovías: el porcentaje de viajes que se realizan en bicicleta dentro de la metrópoli alcanza el 2 por ciento del total de viajes que se hacen en todos los medios de transporte, es decir 212 mil viajes diarios. Cada estado ha tenido sus logros, es así que Nuevo León, ha logrado la incorporación de una ciclovía al proyecto de autobuses confinados conocida como Ecovía en la ciudad de Monterrey. León, ciudad industrial de Guanajuato basa su desarrollo ciclista en su estabilidad política, convirtiendo a su estado en el que tiene la mejor infraestructura ciclista de México y una de las mejores de América, la ciudad tiene más de 82 kilómetros de ciclovías. Torreón es el lugar de México en donde más bicicletas urbanas circulan.

Estos y otros tantos casos son un ejemplo de que la bicicleta está presente en todas las ciudades de México independientemente de las condiciones climáticas y sociales.

Es necesario el rediseño de la política del espacio urbano para integrar todos los modos de transporte, que los gobiernos estatales y municipales instalen la infraestructura necesaria para el uso de la bicicleta en diferentes áreas. La planeación urbana y del transporte tiene que incluir a la bicicleta, es decir debe existir una planeación ciclista integrada. Así la ciudadanía comenzará a creer en el cambio y por consiguiente participar en él. Las autoridades deben asegurar, por el bien de la salud de los ciudadanos y del medio ambiente, que la bicicleta se vuelva a utilizar para los usos cotidianos como ir al trabajo, oficinas públicas, parques, museos, centros comerciales y la escuela.

Es necesaria una política pública que fomente su utilización, el reconocerla como transporte y dar a conocer las ventajas, características y diferencias con los vehículos motorizados, generara un entorno propicio para su uso masivo.

Es la suma de un todo, una política incluyente y una mayor inversión en el espacio público, en la construcción de infraestructura ciclista y en la instalación de biciestacionamientos; también conocidos como anclaje para bicicletas, bastidores de bicicletas o aparca bicicletas que son dispositivos destinado a amarrar bicicletas de forma segura en establecimientos y en la vía pública, cuando no exista la posibilidad de instalarlo en algún edificio para evitar robos. Este elemento forma parte del conjunto del mobiliario urbano de una ciudad. Algunos están colocados en la vía pública suelto y otros empotrados al piso, edificio u otro objeto inmóvil.

Una política integral o ciclo-incluyente de uso de suelo, tránsito y transporte puede fortalecer de manera efectiva el uso de la bicicleta como modo de transporte cotidiano. Hay que promover ciudades pensadas para caminar, usar la bicicleta, usar otro transporte motorizado y el transporte público.

El problema de no contar con un sistema integrado de estacionamientos para la bicicleta conlleva no solo a una falta de seguridad para los usuarios, sino además a un deterioro al medio ambiente, al tener que improvisar amarrando o encadenando la bicicleta a postes de luz o rejas o incluso árboles. Por todo esto, el papel de los gobiernos es preservar y ampliar de forma igualitaria la movilidad urbana, estableciendo las condiciones necesarias para que el espacio sea apto y equitativo para la movilidad interna de todos los habitantes de un territorio. Una política de integración de bicicletas en espacios públicos y privados, así como en puntos de transferencia entre distintos modos de transporte, forma parte integral de cualquier política de promoción.

Como se ha dicho se han creado ciclovías, espacios reservados a un lado de las calles, en los camellones o paralelos a las carreteras de acceso a las ciudades, pero no hay donde dejarlas en un lugar seguro y de manera ordenada; para continuar con las actividades diarias de cada persona. Su utilización permite desarrollar el concepto de la bicicleta como un medio de transporte alternativo, el cual se presenta como solución concreta y factible a los problemas de congestión vehicular, contaminación ambiental y los grandes problemas de obesidad y sobre peso. La firmante considera apropiado instar a las instancias gubernamentales de los estados de la república a instalar biciestacionamientos en los lugares públicos; ya que como se ha señalado la bicicleta cumple como un transporte limpio, sustentable y eficiente; hay que iniciar el cambio y hacer la diferencia incentivando el uso de la bicicleta, generando un mayor bienestar físico y social. Mejorando la salud de sus usuarios se atacará directamente el problema de obesidad en una parte importante de la población, y a su vez disminuirá el uso del automóvil, y reducirá de manera eficaz la contaminación del aire y del ruido.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales y a los municipales y a los de las delegaciones políticas del Distrito Federal a la instalación de biciestacionamientos en establecimientos públicos, centros de transferencia modal, así como en las principales plazas públicas, mercados, en la vía pública cuando no existe la posibilidad de instalarlo en el establecimiento y oficinas gubernamentales a efecto de promover el uso de la bicicleta como un transporte alternativo y ecológico para reducir la contaminación del aire y motivar la activación física para reducir la obesidad y el sobrepeso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2014.

Diputada Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios de Salud federal y estatales a garantizar los derechos humanos en materia de salud de las personas con VIH/sida, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno el presente punto de acuerdo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Datos del Registro Nacional de Casos de Sida, como parte de la vigilancia epidemiológica de casos de VIH/sida en México, presentada por la Secretaría de Salud y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida) revelan que de 1983 a 2013 hubo 166 mil 370 casos notificados de sida en México y 47 mil 362 personas que continúan registradas como seropositivas a VIH.

Si bien se han implantado medidas para la prevención, la atención y el seguimiento de los casos de VIH/sida, enmarcados en diversas políticas estatales y nacionales como en lo establecido en instrumentos internacionales como la Declaración Política sobre el VIH/Sida: intensificación de nuestro esfuerzo para eliminar el VIH/sida firmada en 2011, persiste un importante rezago para erradicar los actos de discriminación y violación de derechos humanos en contra de las personas que presentan dicha enfermedad.

Así, el informe VIH/sida en México 2012, realizado por la Secretaría de Salud y el Censida, documenta:

Es urgente implantar estrategias innovadoras y con alto nivel de penetración social que minimicen al máximo, hasta llegar a la erradicación, las epidemias sociales del estigma, la discriminación, la homofobia, la transfobia y la violencia, cuya asociación potencializa negativamente la epidemia del VIH/sida; y son fuertes obstáculos para el acceso a servicios de atención, cuidados integrales y prevención.

Cada una de estas epidemias transversales deberá analizarse y posicionarse de manera independiente, pero en un contexto integral para hallar soluciones eficaces y efectivas a cada una de ellas.

De igual forma, menciona:

Es necesario hacer una profunda reflexión acerca de los retos que persisten en el país y las necesidades futuras que nos permitan fijar un nuevo rumbo y una nueva dinámica a la respuesta multisectorial al VIH/sida, con la finalidad de impactar de forma acelerada y efectiva en la reducción de nuevas infecciones por VIH, en la ampliación del tiempo y la mejora de la calidad de vida de las personas que viven con VIH, así como en la eliminación de determinantes asociados a la epidemia, los cuales se traducen en violaciones a los derechos humanos de quienes viven con VIH, de las personas pertenecientes a los grupos de mayor riesgo y vulnerabilidad, así como de cualquier persona afectada por la epidemia.

El Programa de VIH de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido desde su creación, en 1990, más de mil 100 quejas por parte de pacientes o familiares relacionadas, por ejemplo, con la falta de una oportuna atención médica o la negación de servicios como los obstétricos.

La CNDH ha emitido más de 25 recomendaciones en materia de VIH/sida, las cuales en su mayoría están vinculadas a garantizar los derechos relativos a la salud. En la Agenda Nacional de Derechos Humanos que la CNDH emitió en 2013 se destaca:

El tema de salud resulta prioritario para la CNDH, ya que 2 de cada 10 principales hechos violatorios de que conoce esta institución están vinculados con el derecho a la protección de la salud: 6 mil 63 quejas relacionadas con la omisión de proporcionar atención médica y 3 mil 454 por negligencia médica. La principal autoridad señalada como responsable de vulnerar tales derechos humanos es el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 18 mil 912 expedientes.

La CNDH emitió tres propuestas, las cuales se agrupan en los ejes de educación, infraestructura, corrupción e impunidad, y buscan

A) Capacitar al personal de salud respecto de la existencia y la observancia de las normas oficiales mexicanas en la materia y establecer mayores y más eficaces mecanismos de control y supervisión.

B) Elaborar programas específicos para proteger a las personas en mayor condición de vulnerabilidad, con la infraestructura de calidad del servicio, en especial a la población indígena, y aquéllos que están en extrema pobreza, a los menores de edad y a los adultos mayores, personas con discapacidad, a los enfermos terminales o con VIH, y a las mujeres en estado de gravidez.

C) Establecer mecanismos eficientes de control y supervisión en el manejo de recursos, investigando las prácticas indebidas que generen corrupción e impunidad en las instituciones de salud.

Ante la situación aún imperante en el país y atendiendo las diversas recomendaciones que se han emitido para garantizar los derechos humanos de todas las personas sin importar su estatus, presentamos a esta asamblea el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Salud federal y estatales a garantizar los derechos humanos en materia de salud de las personas con VIH/sida, en el marco de la Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2014.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SCT, de la SHCP y de la Conagua a difundir entre la opinión pública los recursos que destinarán para apoyar la realización de las obras de la Línea 3 del Metro y el sistema de transporte Ecovía en Nuevo León, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Martín López Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, y los artículos 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Nuevo León, a cuyos ciudadanos representamos, siempre se ha distinguido por su desarrollo emprendedor, generador de empleos e inversiones que apoyan el progreso del país.

Precisamente por esta generación de recursos, el gobierno federal recibe importantes contribuciones por los nuevoleoneses, para cumplir su misión de proporcionar bienestar a todos los mexicanos.

Por ello, desde hace tiempo en Nuevo León hemos pugnado por una mayor equidad en el federalismo tributario, que retribuya a nuestra tierra con una mayor cantidad de recursos públicos acorde con su contribución al pacto federal.

Sin embargo, ahora observamos que lejos de avanzar en ese camino, retrocedemos, pues al parecer el gobierno federal está dejando a su suerte a Nuevo León para realizar obras trascendentales para su desarrollo presente y futuro.

Ante esta situación, el gobierno de Nuevo León ha emprendido tres obras: la construcción de la Línea 3 del Metro, el nuevo sistema de transporte urbano, denominado “Ecovía”, y el proyecto hidráulico Monterrey VI, sin contar con certeza financiera, lo que conlleva una mala planificación, altos costos de los servicios e incremento de la deuda pública.

En las obras de la Línea 3 del Metro y del proyecto Monterrey VI, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió como candidato y ya como mandatario a apoyarlas con fuertes inversiones por parte del gobierno federal. Sin embargo, eso ha quedado en simples palabras.

La situación de estas tres obras es la siguiente:

Ecovía

Respecto al sistema Ecovía, el gobierno del estado ha arrancado ya la operación respectiva, convirtiéndose en el sistema de transporte urbano más caro del país, pues dado el escaso apoyo federal al proyecto, esta obra ha tenido que ser desarrollada bajo el esquema de asociación público-privada, dejando todo el peso de su viabilidad en los bolsillos de los usuarios.

Si a esto agregamos que en el sistema de transporte urbano tradicional, Nuevo León también cuenta con una de las tarifas más costosas del país, tenemos entonces un grave daño para la economía familiar de los nuevoleoneses.

Línea 3 del Metro

El 12 de noviembre, el estado arrancó la obra sin tener un esquema financiero claro. Se estima su costo en 5 mil 670 millones de pesos, pero el único apoyo federal que aparece en el presupuesto es a través del Fonadin con mil millones de pesos que incluye también obras de otros estados.

En abril de 2013, el gobierno del estado presentó un análisis costo-beneficio de la obra ante la Secretaría de Hacienda, en el cual establecía que para financiar la obra requerían aumentar las tarifas del Metro de 4.50 a 7.50 pesos: se cobraría 67 por ciento más en general en todas las líneas del Metro y Transmetro. El gobernador dijo que no era un hecho y lo estaban analizando. Así que de no aterrizar el apoyo federal prometido por el presidente Peña Nieto, las tarifas sin duda aumentarán.

Proyecto hidráulico Monterrey VI

El 20 de enero de este año, la Comisión Nacional del Agua liberó un paquete de permisos federales para construir el plan hidráulico Monterrey VI, cuyo costo se estima en 17 mil 616 millones de pesos. Sin embargo, al igual que con el Metro, no hay un esquema financiero claro y el gobierno del estado ya ha anunciado la posibilidad de incrementar 10 por ciento las tarifas de agua para costear el proyecto.

Como se aprecia, una gran ola de incrementos en tarifas y servicios ya está en marcha por el gobierno de Nuevo León, que transfiere al ciudadano el peso de pagar las obras en proceso, ante el escaso apoyo del gobierno federal.

La economía familiar de los nuevoleoneses es así fuertemente afectada no obstante que forma parte de un estado que contribuye con grandes recursos al pacto federal.

El gobierno federal, y más concretamente el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, no ha cumplido su promesa de apoyar a Nuevo León con estas obras, por lo cual el gobierno del estado ha tenido que hacerse cargo de alguna manera de ellas para no dejar incumplida la promesa presidencial, pero a un costo muy alto para los nuevoleoneses.

Por tanto, exigimos certeza en estas tres grandes obras y que el apoyo federal se materialice porque de lo contrario, los nuevoleoneses sufrirán dos fuertes golpes: al ver incrementadas las tarifas de estos servicios y al recurrir el estado a la adquisición de más deuda pública para costearlas.

Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los secretarios de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público, así como al director de la Comisión Nacional del Agua, a explicar a la opinión pública los recursos que destinarán sus dependencias para apoyar la realización de las obras de la Línea 3 del Metro de Nuevo León y el sistema de transporte Ecovía en el caso de las Secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes, así como del proyecto hidráulico Monterrey VI, por lo que respecta a la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional del Agua, enviando la recomendación para que el gobierno federal respalde con mayor cantidad de recursos estas obras, trascendentales para el progreso de Nuevo León.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2014.

Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Segob que difunda las acciones implantadas para transparentar los recursos del Subsemun, suscrita por los diputados José Luis Muñoz Soria, Javier Orihuela García y Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, José Luis Muñoz Soria, Javier Orihuela García y Roberto López Rosado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación, haga del conocimiento público las acciones que ha implementado a fin de transparentar los recursos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios, Subsemun; asimismo, se le exhorta a que evalúe la fórmula de selección de municipios, las reglas de operación del Subsemun y los indicadores actuales, a fin de hacer las modificaciones pertinentes que garanticen la eficacia, transparencia y efectividad del subsidio”, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. Subsidio para la Seguridad en los Municipios

En 2008 se reformó el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), con el fin de profundizar el alcance de las disposiciones referentes al Sistema Nacional de Seguridad Pública. En su versión modificada, este artículo establece la necesidad de consolidar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), para cumplir los objetivos de seguridad pública y conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Con el fin de apoyar a los gobiernos municipales en el financiamiento de la implantación de la nueva estrategia de seguridad pública, prevista en el artículo 21 constitucional, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, consideró conveniente establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del Ejercicio Fiscal de 2008 recursos para apoyar a un conjunto de municipios por seleccionar con base en criterios del número de habitantes e incidencia delictiva, en los cuales, por su importancia, se implantaría y desarrollaría dicha estrategia.

El mecanismo de transferencia previsto fue el de subsidios, con cargo en los recursos del Ramo General 36 Seguridad Pública.

El objetivo general del Subsemun es fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad pública de los Municipios y, en su caso, de los Estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como del gobierno del Distrito Federal en sus demarcaciones territoriales, a fin de salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, conforme a los programas con prioridad nacional.

2. Objetivos específicos del Subsemun

a) Fortalecer los factores de protección de la población mediante intervenciones integrales y coordinadas de carácter preventivo de instituciones públicas, privadas y sociales;

b) Promover una política preventiva que incida sobre los contextos socioculturales en donde se desarrollan los factores de riesgo que propician la violencia y la delincuencia, antes de que ocurran los eventos que las detonan;

c) Incrementar los niveles de seguridad y confiabilidad que demanda la ciudadanía, mediante la aplicación de evaluaciones de control de confianza homogéneas;

d) Fortalecer la profesionalización, a través del establecimiento del servicio profesional de carrera policial que considere un sistema complementario de seguridad social y reconocimiento de los integrantes de las instituciones de seguridad pública;

e) Apoyar la construcción, mejoramiento y/o ampliación de las instalaciones de seguridad pública municipal, a fin de contar con la infraestructura necesaria y adecuada para llevar a cabo la operación y funcionamiento de la policía en los Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como para el adecuado desarrollo de los procesos relativos a la profesionalización de sus integrantes, y

f) Promover el suministro, intercambio, sistematización, homologación y actualización de la información en materia de seguridad pública, así como fortalecer el uso y disponibilidad, homologación y actualización de la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cabe señalar que el Subsemun es un programa federal de alcance nacional, esto es, su cobertura abarca en principio a la totalidad de municipios del país y de demarcaciones territoriales del Distrito Federal, pero únicamente dota de los recursos que determina el Presupuesto de Egresos de la Federación a los municipios y demarcaciones del Distrito Federal que resulten beneficiarios, conforme al Acuerdo de Elegibilidad, que cada año se publica en el DOF.

Asimismo, su presupuesto asignado ha sido destinado a los municipios y demarcaciones, como se muestra a continuación:

Consideraciones

A. La Auditoría Superior de la Federación mediante diversos informes reporta la falta de transparencia en recursos del Subsemun.

En el Diagnóstico sobre la Opacidad en el Gasto Federalizado la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer las principales áreas de opacidad en el proceso de gestión del Subsemun, en cuanto a lo siguiente:

Asignación de los recursos: No son explícitos y públicos los criterios que determinan el número de municipios que participarán en el Subsemun y los que se consideran para la distribución de los recursos; las cifras del Sistema Nacional de Información, utilizadas para la selección de los municipios que participarán en el Subsemun, se presentan de manera incompleta, lo que limita la adecuada aplicación de los criterios correspondientes.

Transferencia de recursos: Falta de calendario para la entrega de las ministraciones; la relación de los municipios que por incumplimiento dejan de recibir ministraciones y sustitutos no se publica de manera oficial; retrasos en la entrega de recursos del , SESNSP, al gobierno del estado y del gobierno del estado a los municipios, sin transparentarse sus causas, a efecto de su atención; falta de una cuenta bancaria exclusiva para el Subsemun ya que se maneja en la misma cuenta la coparticipación municipal; traspasos de recursos del Subsemun a otras cuentas bancarias.

Adquisición de bienes o servicios y contratación de obra: Existe un número importante de excepciones a la licitación pública; procesos de adjudicación poco transparentes; la adquisición de armamento carece de un contrato o documento formal en el que se establezcan los compromisos de entrega, precios y características.

Subejercicio en la aplicación de los recursos: Existencia de subejercicios; no está definido el fundamento jurídico bajo el cual se establece la prórroga para que los municipios puedan ejercer los recursos después del cierre del ejercicio.

Profesionalización del personal: No se remiten en algunos municipios los resultados de las evaluaciones de control de confianza, así como los de habilidades, destrezas y conocimientos de la función y desempeño; No se tiene implementado el Servicio Profesional de Carrera Policial; insuficiente transparencia en el proceso de ingreso, permanencia, ascenso y retiro del personal; la falta de reestructuración del estado de fuerza de los municipios no permite identificar sí su esquema salarial es el adecuado; transparencia insuficiente en el proceso de estandarización salarial.

Sistema de Información Municipal: El Sistema Plataforma México y el kárdex electrónico presentan insuficiencias operativas, que impiden tener accesos a información básica para la operación policial y las estrategias de seguridad; además, a partir de 2011 ya no se mencionan en las Reglas de Operación lo que genera dudas sobre su continuidad estratégica y operativa.

Registros contables y presupuestarios: la existencia de equipo no inventariado o registrado por el municipio; los registros contables no coinciden con lo reportado en los informes trimestrales proporcionados a la SHCP; la documentación comprobatoria no se cancela con la leyenda de “Operado Subsemun”.

Participación Social: Limitada participación social en la estrategia y programas de seguridad pública, lo que resta transparencia a su gestión y resultados.

Transparencia en informes: La entrega de los informes trimestrales a la SHCP es muy irregular y no se publica ni difunde la información a la población; los informes trimestrales presentan deficiencias en su calidad y congruencia; para el cuarto trimestre de 2012, el Formato Único fue reportado sólo por 42 por ciento del total de municipios beneficiados; mientras que el Formato Nivel Fondo fue reportado por 25.5 por ciento

Indicadores de desempeño: No se habían establecido indicadores de desempeño por el SESNSP, hasta 2013.

Evaluación de resultados: No se han realizado evaluaciones del Subsemun.

B. De acuerdo con Regina Cruz, presidenta de la empresa “Saber Se” y encargada de trabajar programas de prevención de la violencia en municipios que cuentan con Subsemun, la fórmula de selección de municipios beneficiados está mal diseñada ya que suspende el apoyo a entidades que presentan avances, y los otorga a otras que no pueden cumplir con los requisitos para recibir el subsidio.

La especialista resaltó que quitar a un municipio el subsidio afecta en la dotación de uniformes para las policías, el número de patrullas por habitantes, la construcción de subcomandancias en los diferentes polígonos del municipio, y los avances en la profesionalización de los elementos policiales.

Asimismo, los municipios seleccionados para recibir los recursos del Subsemun enfrentan retos como la coparticipación, la cual es del 25 por ciento en relación con el dinero proporcionado con el subsidio, así como el mantenimiento de las unidades adquiridas.

C. Por otra parte, de los resultados obtenidos, al analizar los principales indicadores en materia de seguridad pública, señalan que no se ha logrado cumplir con el objetivo estratégico del Subsemun, por lo que su contribución en el cumplimiento de la política pública no ha sido satisfactoria, en virtud de que no se ha logrado contar con un cuerpo policial confiable; una importante vulnerabilidad de las instituciones policiales municipales por parte de la delincuencia organizada y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía arroja que el índice delictivo de 2011 a 2012 ha incrementado el 24 por ciento, como se muestra a continuación:

Delitos ocurridos en 2011: 22 millones 389 mil 492

Delitos ocurridos en 2012: 27 millones 769 mil 447

Incremento: 24 por ciento

Cabe señalar que según el índice de delincuencia elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con información remitida por los Agentes del Ministerio Público, la delincuencia ha ido decreciendo, sin embargo hay que aclarar que los datos con los que determinan dicho índice son con base a las denuncias presentadas ante agente del Ministerio Público y de conformidad con el Informe de Estadísticas de gobierno, seguridad pública y justicia estatal 2012 del INEGI, la mayoría de los delitos ocurridos en el país no son denunciados ante las autoridades correspondientes ya que del total de delitos ocurridos, sólo 12.8 por ciento de éstos son denunciados ante las autoridades mientras que el 87.1 por ciento restante corresponde a los delitos no denunciados.

D. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.

E. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 7 fracción IX, indica que la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto; asimismo la fracción XVII; señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información de utilidad o que se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

También se proporcionara la información a que se refiere el artículo anterior en su segundo párrafo la cual deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicitamos sea aprobado el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que haga pública las acciones que ha implementado a fin de transparentar los recursos del Subsemun, asimismo a lo siguiente:

• Evalúe la fórmula de selección de municipios y haga las modificaciones que permitan la distribución de conformidad a los índices delictivos reales, lo anterior en virtud de lo señalado en el párrafo segundo del inciso C) en las consideraciones.

• Evalúe las reglas de operación del Subsemun, a fin de hacer las modificaciones que permitan adaptar el modelo actual de la política pública y garanticen lo siguiente: El estricto cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos y obligaciones para obtener y ejercer los recursos, respectivamente; el cumplimiento de los objetivos del subsidio; indicadores que permitan detectar si los proyectos locales impulsados funcionan y la transparencia en el manejo de los recursos distribuidos en las entidades y municipios.

Palacio de San Lázaro, a 13 de febrero de 2014.

Diputados: José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Javier Orihuela García y Roberto López Rosado.

Con punto de acuerdo, relativo a los 51 mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos de América, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

José Francisco Coronato Rodríguez, Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja, Nelly del Carmen Vargas Pérez, María Luisa Alcalde Luján, Rodrigo Chávez Contreras, Martha Beatriz Córdova Bernal, Francisco Alfonso Durazo Montaño, Merilyn Gómez Pozos, Zuleyma Huidobro González, José Antonio Hurtado Gallegos, Víctor Manuel Jorrín Lozano, Juan Luis Martínez Martínez, Lorena Méndez Denis, María Fernanda Romero Lozano, Juan Ignacio Samperio Montaño, José Soto Martínez, Aída Fabiola Valencia Ramírez, José Luis Valle Magaña, y Gerardo Villanueva Albarrán, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El mexicano Edgar Tamayo Arias, de 46 años, fue ejecutado con la inyección letal en Houston, Texas, el pasado 22 de enero, tras ser condenado a muerte por el asesinato de un policía en 1994.

Tamayo Arias originario de Morelos, viajó muy joven a los Estados Unidos en busca del anhelado “sueño americano” tal y como año con año miles de connacionales migran al país vecino del norte, con la aspiración de conseguir una mejor calidad de vida para ellos y para sus familias.

Edgar pasó preso veinte años, acusado de dar muerte al oficial Guy P. Gaddis. De conformidad con datos del expediente fue detenido como sospechoso de un robo y ya esposado dentro de la patrulla habría disparado al policía con un arma que tenía oculta y que no fue detectada por el uniformado al momento de la detención, incluso han mencionado que en la pistola no se encontró rastro de las huellas dactilares de Tamayo.

Aunado a lo inverosímil del asesinato, el proceso en su contra presentó un sinnúmero de irregularidades, siendo la más grave de éstas la de no haberle permitido recibir asistencia consular, negativa que derivó en una clara violación a su derecho al debido proceso.

La asistencia consular es una figura recogida por el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, la cual consiste según el acuerdo internacional, en la prerrogativa reconocida a todo extranjero detenido fuera de su país de origen a recibir representación jurídica por parte de su consulado, en tanto se encuentre detenido y sometido a proceso penal.

Dicho tratado ha sido ratificado por 175 países, incluido Estados Unidos, por lo que la ejecución del morelense transgredió gravemente las obligaciones contraídas internacionalmente por el país norteamericano.

Como sabemos, la nación americana ha violado en reiteradas ocasiones sus compromisos trasnacionales en detrimento de ciudadanos mexicanos arrestados en su jurisdicción. Ante este indignante panorama, y la preocupación de la aplicación con tintes discriminatorios de la pena de muerte, aunado a la posibilidad de que se ejecutara a más personas, nuestro país llevó su reclamo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) reconocida como máximo órgano jurisdiccional de la Organización de las Naciones Unidas.

Hecho que derivó en la determinación de fecha 31 de marzo de 2004, por la cual el organismo señaló que Estados Unidos vulneró el derecho al debido proceso de 51 mexicanos sentenciados a muerte, por lo que se ordenaba la inmediata revisión de todos y cada uno de los casos.

No obstante que la sentencia de la Corte de la Haya, en el denominado “fallo Avena” determinó hace diez años que deberían se reconsideradas las condenas a muerte de Ángel Reséndiz, José Ernesto Medellín, Humberto Leal, y Héctor Tamayo, todos fueron ultimados por inyección letal en 2006, 2008, 2011 y 2014 respectivamente.

Ahora bien, la ejecución de otro mexicano, Ramiro Hernández Llamas de 44 años, fue fijada para el martes 9 de abril de este año, en Houston, Texas; de llevarse a cabo constituiría el quinto caso de un nacional asesinado pese a haber sido favorecido por la resolución del caso Avena.

No podemos seguir indiferentes ante estos graves atropellos. Estos hechos nos exigen reforzar las acciones diplomáticas que permitan poner un alto a estos actos de crueldad en contra de nuestros compatriotas, quienes merecen un trato con apego a derecho tal y como lo determinó la justicia internacional.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en el ámbito de su competencia, realice las acciones necesarias que permitan la protección efectiva del derecho al debido proceso de los connacionales condenados a la pena capital en Estados Unidos de Norteamérica; así como, la aplicación de los mecanismos diplomáticos por los que se constriña a este país a revisar y considerar sus veredictos de conformidad con lo ordenado por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en relación con el Caso Avena y otros connacionales mexicanos.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que todo connacional que sea juzgado se le brinde la defensa jurídica que le reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 20 que alcance la presentación de las pruebas científicas que en derecho les corresponda.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Senado de la República para que en el ámbito de sus respectivas competencias se analice la implementación de mecanismos que permitan que los funcionarios que presten servicios en los consulados mexicanos en el mundo estén capacitados en materia de derechos humanos y asistencia consular para los connacionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2014.

Diputados: José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Luisa María Alcalde Luján (rúbrica), Rodrigo Chávez Contreras, Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Merilyn Gómez Pozos (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Juan Luis Martínez Martínez (rúbrica), Lorena Méndez Denis, María Fernanda Romero Lozano (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), José Soto Martínez, Aída Fabiola Valencia Ramírez, José Luis Valle Magaña (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a implantar acciones para difundir en los centros de trabajo los cambios contenidos en la reforma fiscal realizada sobre los derechos y las obligaciones obrero-patronales, a cargo del diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Rafael Alejandro Micalco Méndez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social para que implementen acciones para difundir en todos los centros de trabajo los cambios contenidos en la Reforma Fiscal realizada sobre los derechos y obligaciones de los patrones y trabajadores así como a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y sus respectivas delegaciones en todo el país para dar a conocer los mecanismos de defensa del trabajador sobre sus derechos adquiridos y adonde pueden recurrir para asesoría y en su caso denuncia a la violación de sus derechos así como para que instrumenten mecanismos con el objetivo de recibir y tramitar -de manera pronta y expedita- las denuncias que reciban sobre este tema, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Derivado de los cambios en la Reforma Fiscal es necesario difundir los nuevos derechos y obligaciones de los patrones y los trabajadores en todos los centros laborales a efecto de armonizar y evitar conflictos futuros por desconocimiento u omisión por alguna de las partes , por lo que se exhorta a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social a través de los medios que considere pertinentes se difundan en los centros laborales, sindicatos, cámaras y delegaciones federales los derechos y obligaciones de patrones y de trabajadores.

El objetivo del presente punto de acuerdo no es polarizar a las partes sino que por el contrario gracias a la difusión que se realice se eviten conflictos entre patrones y trabajadores y en caso de que existan se ofrezcan mecanismos de conciliación entre ellos para evitar conflictos laborales que deriven en pérdida de empleos o poder adquisitivo del salario de los trabajadores, es decir implementar una política de prevención sobre conflictos laborales futuros.

Explicar a los trabajadores, sindicatos y/o beneficiarios de los centros laborales la forma y alcances de la Reforma Fiscal sobre las prestaciones y/o salarios que actualmente devengan y la forma de protegerlos en las diferentes modalidades de su contratación laboral.

Respecto de las facultades otorgadas a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo según el artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo se le exhorta a que represente y asesore a los trabajadores y a sus sindicatos ante cualquier autoridad en cuestiones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo con respecto a los nuevos cambios realizados a la normatividad fiscal que impactan en las relaciones laborales. Dar a conocer a su vez mecanismos de defensa legales para proteger los derechos del trabajador o sindicato y evitar la práctica de injusticias que generen conflictos laborales. Derivados de estos cambios.

Por lo anterior, someto a aprobación de la asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y sus delegaciones federales a efecto de realizar una campaña de difusión en los centros de trabajo de su competencia, sobre los alcances de la reforma fiscal sobre sus salarios y demás prestaciones.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y sus respectivas delegaciones a que instrumenten mecanismos para recibir y tramitar de manera pronta y expedita las denuncias que se presenten a partir del 1 de enero de 2014 sobre las violaciones a sus derechos laborales que sean fundamentadas como consecuencia de la reforma fiscal.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 6 de febrero de 2014.

Diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a revisar en el ámbito de sus competencias el cobro excesivo por suministro de electricidad en Mazatlán, Sinaloa, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Martín Alonso Heredia Lizárraga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la actualidad, el uso de energía eléctrica representa no sólo una necesidad básica sino el motor de las actividades de millones de mexicanos en las distintas regiones del país, ya sea desde paliar las inclemencias del clima hasta realizar las actividades cotidianas más esenciales.

La generación de energía eléctrica inició en México a finales del siglo XIX. La primera planta generadora instalada en el país (1879) estuvo en León, Guanajuato, y era utilizada por la fábrica textil La Americana. Casi inmediatamente se extendió esta forma de generar electricidad en la producción minera y, marginalmente, para la iluminación residencial y pública.1

Como todos sabemos, la Comisión Federal de Electricidad presta el servicio de suministro de energía eléctrica. Así, para fomentar el desarrollo del país, el gobierno federal creó, el 14 de agosto de 1937, la CFE, que tendría por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales.

No obstante, la CFE ha tenido ciertos desaciertos en la medida en que no emplea los mecanismos de medición, cuerpo técnico y recursos de manera adecuada, con lo que deja de tomar en cuenta la situación económica de los habitantes de las distintas regiones del país, demeritando los fines con cuales fue creada.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de los ingresos de los hogares, los seis primeros deciles (60 por ciento con menores ingresos) concentran 26.7 por ciento, mientras que el último decil recibe 36.3 de los ingresos. En gasto corriente monetario, la alimentación es el rubro en que gastan más los mexicanos: 33.6, mientras que el gasto en transporte representó 18.4; la educación y el esparcimiento, 13.5; y la vivienda y el combustible, 10 por ciento.

Las familias más pobres son las más sensibles ante el pago de la energía eléctrica: se estima que la población con menores ingresos, agrupada en los deciles I a III, participa en cerca de 12 por ciento del gasto en electricidad, lo cual significa aproximadamente 26 por ciento de los hogares que demandaron electricidad en México.

Para ser más específicos, los estratos I, II y III para el consumo de electricidad 4.7, 3.5 y 3.3 por ciento, respectivamente, de su ingreso. Mientras, los estratos VII, VIII, XI y X asignan sólo 2.6, 2.4, 2.0 y 1.5 de sus ingresos monetarios para el consumo de electricidad.

Ello muestra que, en términos porcentuales, las familias de menores ingresos destinan más recursos al pago de energía eléctrica, lo cual representa gran desigualdad.

En Mazatlán, Sinaloa, se han dado diversas movilizaciones sociales ante diversos organismos y representantes de la sociedad, entre ellos la Procuraduría Federal del Consumidor, para reclamar porque la CFE estableció tarifas elevadas y ha realizado cobros exagerados en los recibos de miles de personas que habitan en dicha ciudad.2

La queja ciudadana más profunda es que los empleados de la CFE no acuden siquiera a los domicilios y comercios a tomar las lecturas correspondientes sino que, independientemente del consumo real hecho, los recibos del cobro de luz llegan de manera arbitraria y desfasada de la realidad. El tema no es exclusivo de Sinaloa sino, también, de estados como Chiapas, Oaxaca y Tabasco.

Habitantes de Mazatlán han advertido que al comparar los recibos del periodo de diciembre que acaba de pasar con los de 2012, se aprecia un aumento en la facturación sin que haya una justificación acorde con el consumo efectuado. En muchos casos, la paraestatal ha expuesto que en algunos casos se reportó un incremento en el cobro debido a que retomaron lo facturado del año anterior, pues por diversas causas no pudieron acudir a los domicilios a realizar la lectura de los medidores, lo que contribuyó al aumento de las cifras.3

Con los razonamientos planteados se demanda urgentemente a la CFE que asuma su responsabilidad para revisar las tarifas eléctricas, principalmente en la ciudad de Mazatlán, pero también en todo el territorio nacional, donde se ha hecho evidente el reclamo de los usuarios del servicio. Por tanto, la comisión deberá revisar y, en su caso, aclarar si se están haciendo las lecturas adecuadas y correctas en los lugares donde hay manifestaciones por los excesivos cobros.

Por lo expuesto, someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad a revisar con la mayor brevedad y en el ámbito de sus competencias el cobro excesivo de las tarifas por concepto de suministro de energía eléctrica en Mazatlán, Sinaloa.

Notas

1 http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/CFE_y_la_electricidad_en_Mexico/Paginas/CFEylaelectricidadMexico.aspx

2 http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=912793

3 http://www.oem.com.mx/elsoldemazatlan/notas/n3214080.htm

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2014.

Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica)