Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 3960-III, miércoles 12 de febrero de 2014
- Que adiciona el artículo 402 Bis y reforma el 3o. de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Que reforma el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
- Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Proposiciones
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, a revisar y –en su caso– proceder conforme a derecho sobre la transmisión y clasificación de los programas Laura y Cosas de la Vida, televisados respectivamente en las frecuencias XEW-TV, Canal 2, y XHDF-TV, Canal 13, ante las violaciones de la legislación en la materia, a cargo de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, relativo a la desaparición del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, a cargo del diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a difundir las razones de la renuncia del ciudadano Carlos Morales Gil a la dirección de Pemex Exploración y Producción, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a intensificar por la Secretaría de Salud las acciones de atención y prevención de la propagación del virus de influenza A (H1N1), a cargo de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a implantar decisiones concretas para el buen desarrollo social de las familias en extrema pobreza, a cargo de la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a difundir por la PGR los resultados que a la fecha se tengan de la averiguación previa número AP/ PGR/ TAMPS/ REY-IV3767/ 2012, adscrita en Reynosa, Tamaulipas, sobre la explosión ocurrida el 18 de septiembre de 2012, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de la Segob y de la SHCP a implantar una partida presupuestaria adecuada y permanente en el sexenio destinada al Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que investigue y difunda entre los ciudadanos la información sobre las denuncias del supuesto fraude en la asignación de recursos federales de los Programas de Empleo Temporal, y de Empleo Temporal Inmediato 2013 de la Sedesol en Colima, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a transparentar la información relativa a la reciente compra de la planta de Agro Nitrogenados, SA de CV, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y de Jalisco a declarar alerta sanitaria en la entidad por los elevados casos del virus de influenza A (H1N1), a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN
Que adiciona el artículo 402 Bis y reforma el 3o. de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Los proponentes Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 402 Bis y se adiciona la fracción XXIV del artículo 3 recorriendo las subsecuentes, de la Ley General de Salud, al tenor del siguiente
Planteamiento del problema
A lo largo de la historia se ha observado que los animales son grandes aliados para los seres humanos, traen alegría y compañía, así también han sido utilizados para elevar y mejorar la salud, llegando en ocasiones a salvar vidas.
En México no se ha preocupado por la situación de los animales específicamente en aquellos que viven en situación de calle. No hay una visión general de la problemática, ni leyes, ni soluciones reales.
Los animales como seres vivos, son susceptibles de percibir el temor, el sufrimiento, tristeza, alegría, etcétera, y al tiempo son capaces de brindar protección, felicidad, compañía, lealtad y seguridad entre otras, por lo cual no deben ser considerados como cosas, es necesario que sean tratados con respeto y dignidad durante toda su vida tomando en cuenta las características de cada especie, de forma tal que se mantengan en un estado de bienestar. Como legisladores debemos procurar el fomentar en la sociedad un sentimiento de conciencia, de protección y humanidad para aquellas especies animales que forman parte de nuestro entorno y medio ambiente.
Un caso específico son los perros callejeros, que revelan el problema social que el país demuestra ante la falta de educación y cultura sobre la propiedad responsable de animales en compañía.
La población canina y felina sin hogar ha sido blanco de múltiples actos de crueldad, sufrimiento y maltrato, al tiempo de ser considerados como un foco de infección en materia de salud pública, que se manifiestan en epizootia y zoonosis.
Otro ejemplo de los principales riesgos que representan los perros y gatos de la calle, es el hecho de no contar con un programa de vacunación y medicina preventiva, como es la rabia, afección que daña el sistema nervioso del individuo y que en etapa avanzada es difícil de frenar y mortal.
Para algunos no existe compañía más leal que la del perro. Si bien poseer uno de ellos es una experiencia positiva y agradable para la familia, en especial cuando hay niños, adquirir uno implica tiempo, espacio y esfuerzo para sus cuidados, pues es un asunto de responsabilidad.
Otro problema relacionado con la población canina en situación de olvido, y que constituye una complicación ambiental, es el excremento del perro en la vía pública que puede provocar parasitosis, debido a la presencia de huevecillos de parásitos en el aire libre y en la mayoría de los casos los síntomas son leves como las enfermedades gastrointestinales.
Existen enfermedades otras enfermedades como la leptospirosis, que es transmitida por la leptospira, bacteria que poseen diversos animales. Dicha infección es comúnmente trasladada a humanos y ocurre cuando el agua o latas de alimento están contaminadas con orina del animal y entra en contacto directo con lesiones de la piel, ojos y mucosas.
En ese contexto, corresponde a las autoridades sanitarias la regulación para el manejo, control y remediación de los problemas referentes a la falta de higiene y hacinamiento que se produce por el mantenimiento, crianza, compra, venta y/o reproducción de animales en detrimento del bienestar animal.
Todos los animales deben contar con la protección de las autoridades y de los integrantes de una familia si la tiene con el fin de proporcionarles cuidados, entre los que figuran: alimentación, aseo y atención médica.
En cuanto a la nutrición, un animal que ingresa a un albergue ha sufrido diferentes fases de desnutrición y los efectos son variables de acuerdo a la etapa de su vida; es decir, un pequeño sin alimento requiere cuidados distintos a un geriátrico en la misma condición.
Los casos de hacinamiento de animales y la falta de higiene de los mismos, son más frecuentes de lo que se piensa, hogares pequeños y que cuentan con más de tres caninos o más de dos especies de animales.
Los establecimientos que se dedican a la venta de animales en su mayoría domésticos y que mantienen en exhibición a los animales en espacios reducidos y en hacinamiento.
Las Leyes deben de actualizarse de acuerdo a la realidad, no deben verse rebasadas ante los sucesos que afectan el entorno en que vivimos.
Cabe recalcar que los animales además de brindar compañía brindan algunas terapias alternativas para la salud. Unos ejemplos son: La equinoterapia, método que busca la rehabilitación de las personas con discapacidad física, permitiendo mejorar su calidad de vida por medio de la incansable colaboración del caballo.
El propósito de la iniciativa es la necesidad de elevar la civilidad y respeto por la diversidad de la fauna existente en nuestro país, ya sea aquellos animales domésticos, deben contar con la protección de las autoridades sanitarias factor importante de salud pública.
Fundamento legal
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adiciona el artículo 402 Bis y se adiciona la fracción XXIV del artículo 3, recorriendo las subsecuentes, de la Ley General de Salud
Artículo Primero. Se adiciona el artículo 402 Bis y se adiciona la fracción XXIV del artículo 3 a la Ley General de Salud, al tenor de lo siguiente:
Artículo 402 Bis. Corresponde a las autoridades sanitarias la regulación para el manejo, control y remediación de los problemas referentes a la falta de higiene y hacinamiento que se produce por el mantenimiento, crianza, compra, venta y/o reproducción de animales en detrimento del bienestar animal.
Artículo 3. ...
XXIV. El control Sanitario del sector animal.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de febrero de 2014.
Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)
Que reforma el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El que suscribe, René Ricardo Fujiwara Montelongo, diputado federal del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al tenor del siguiente
Planteamiento del problema
Con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministro de oficinas fabricados con madera, el Estado deberá requerir a su proveedor certificados otorgados por terceros previamente registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que garanticen el origen y el manejo sustentable de los aprovechamientos forestales de donde proviene dicha materia prima.
De igual forma, se prevé en las adquisiciones de papel para uso de oficina, que con base a esta ley deberá contener un mínimo de cincuenta por ciento de fibras de material reciclado o de fibras naturales no derivadas de la madera o de materias primas provenientes de aprovechamientos forestales manejados de manera sustentable en el territorio nacional que se encuentren certificadas conforme se mencionó en el párrafo anterior o de sus combinaciones y elaborados en procesos con blanqueado libre de cloro.
Así pues, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público obliga a la administración pública que en caso de adquirir madera o productos fabricados a partir de ésta (muebles, suministro de oficina, papel para uso de oficina de determinadas condiciones) deberá asegurarse que tales productos cuenten con un certificado garantizando que estos provienen de terrenos forestales en los cuales la extracción de los recursos maderables se realiza de manera sustentable.
Al obligar legalmente a la administración pública a adquirir madera o productos fabricados a partir de madera que cuenten con certificado de manejo forestal sustentable, el Estado reconoce el valor de impulsar las certificaciones sustentables en materia ambiental para reducir la deforestación y fortalecer el trabajo de las empresas o comunidades que manejan terrenos forestales sustentablemente. En otras palabras, al incluir esta obligación en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Estado envió a consumidores y proveedores de recursos maderables la señal de que la madera que compra, para suplir sus necesidades de muebles y otros suministro de oficina, presenta un valor agregado, ya que incluye aspectos socio-económicos y de protección del ecosistema.
Sin embargo, este certificado de manejo no es suficiente para garantizar efectivamente que la madera comprada por el Estado, no proviene de la tala ilegal o de extracción forestal autorizada pero no sustentable. En efecto, tal y como lo señaló Greenpeace cuando se incluyó este tipo de certificación en la ley en comento, los procedimientos legales para autorizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de madera se prestan a todo tipo de abusos e irregularidades.1
Por ende, la certificación de la madera o del subproducto de madera, por parte de un tercero, respecto a su procedencia de un bosque manejado sustentablemente (certificado de manejo forestal sustentable) no es suficiente para garantizar al comprador final de madera que realmente está realizando una compra sustentable; ya que el certificado de manejo forestal sustentable sólo garantiza que la madera ha sido extraída sustentablemente de bosques certificados, más no garantiza que la misma no haya sido contaminada con madera no certificada (ilegal o legal pero no certificada como sustentable) durante las etapas del transporte, almacenamiento, transformación (en aserraderos) y comercialización.
De esta forma, la madera con certificación de origen de aprovechamiento forestal sustentable, tal y como el Estado está obligado a comprar en la actualidad bajo el imperio de la norma vigente, sólo garantiza la etapa de producción de la madera y no el resto del proceso. Por lo cual, en México la madera certificada al momento de ser adquirida por la industria transformadora (aserradero) se pierde con el resto de la madera autorizada pero no certificada o ilegal. De hecho, se estima que en México el 50 por ciento de la madera que se comercializa es ilegal,2 es decir, se extrae sin contar con la autorización para el aprovechamiento de recursos forestales que exige la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Por lo tanto, si el Estado pretende que sus decisiones de compra de madera no impacten negativamente al medio ambiente y a la sociedad, entonces deberá de aumentar la calidad de sus criterios de adquisición sustentable; lo cual en este caso implica, comprar producto maderable certificado no solamente en origen, sino a lo largo de toda la cadena hasta llegar al consumidor final.
Argumentación
Si el Estado pretende dar el ejemplo en la lucha contra el comercio de madera ilegal, entonces debe ser contundente en cuanto a la sustentabilidad de sus compras de madera o productos fabricados a partir de esta materia prima.
Ahora bien, para solucionar el problema de falta de garantía de las compras sustentables de la administración pública en cuanto a recursos maderables o productos fabricados a partir de madera, es necesario realizar una reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Esta reforma debe ir en el sentido de obligar al Estado que en el proceso para cubrir sus necesidades de suministro en madera, muebles y suministro de oficina fabricados con madera, deberá requerir a sus proveedores certificados otorgados por terceros previamente registrados ante la Semarnat, que garanticen la trazabilidad sustentable del producto en toda su cadena de suministro.
Es decir, es necesaria una reforma tal que obligue al Estado a que sus adquisiciones de madera y/o de productos de oficina fabricados con madera vayan respaldadas con un certificado de cadena de custodia. Estos certificados garantizan que la madera que sale de bosques certificados no ha sido contaminada con madera proveniente de fuentes no certificadas o no autorizadas durante los procesos de transporte, transformación industrial y comercialización.3
Así pues, con la certificación de la cadena de custodia se evalúa todo el proceso por el que pasa el recurso maderable, desde su extracción hasta la elaboración y comercialización del producto final. Con ello, se garantiza al comprador final que la madera o producto fabricado con madera que adquiere proviene de un terreno forestal autorizado para el aprovechamiento de recursos maderables; el cual además se efectúa de manera controlada de modo que no se ponen en riesgo el equilibrio ecológico; y que durante las diferentes etapas de la cadena productiva (almacenamiento, transporte, transformación y distribución) su traza no ha sido confundida con la de otros productos maderables no certificados.
Una reforma que obligue al Estado a limitar su compra de suministro de madera, muebles y suministro de oficina fabricados con madera, únicamente a aquellos productos que cuenten con un certificado de cadena de custodia, que garantice la trazabilidad del aspecto sustentable en su cadena de suministro, permitirá al Estado mostrar a la ciudadanía y a la comunidad internacional su compromiso con el desarrollo forestal sustentable y su apego a la normatividad vigente.
En efecto, un certificado que compruebe la procedencia de un producto maderable de una cadena de suministro sustentable, asegura una real adquisición sustentable por parte del Estado, lo cual significa la creación y garantía de un mercado legal de madera con valor agregado a favor de las comunidades, ejidos y empresas privadas madereras que realizan gastos adicionales para operar sustentablemente.
La creación de un mercado legal certero para la madera certificada mediante el compromiso del Estado a comprar únicamente madera nacional certificada en cadena de custodia, aseguraría un nicho efectivo e importante de comercialización para los productores y proveedores de madera que actúan apegados a la ley y que se certifican, cuya competitividad se ve afectada en términos de precio, ya que la madera clandestina resulta más barata al no pagar impuestos ni incluir costos de manejo forestal, deprimiendo los precios y desplazando con precios falsamente bajos a los productores legales.4
Según datos del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), el valor del mercado de madera ilegal en México es de aproximadamente 4,200 millones de pesos al año5 y, sólo en términos de impuesto al valor agregado (IVA), la federación está perdiendo al menos 500 millones de pesos anuales,6 lo cual corresponde al presupuesto total asignando y aprobado para la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para el 2013; y a un poco más de la totalidad del presupuesto 2013 para el rubro forestal en el ramo de medio ambiente y recursos naturales del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.7
Además, aunque resulte obvio, es importante señalar que la tala ilegal no sólo impacta en la captación de impuesto y en la eliminación de una buena parte de la producción legal al ocupar su mercado;8 sino que también tiene impactos directos sobre el medio ambiente. En efecto, la tala inmoderada para extraer madera es la segunda causa de deforestación en el país,9 y ésta última presenta una tasa de alrededor 155 mil hectáreas al año.10 Para tener una idea más concreta del problema de la deforestación en México, con base en estos datos, la superficie deforestada en este país en un solo año es poco mayor al territorio poblado de la ciudad de México, sin los municipios conurbados. Esta área suma 147,900 hectáreas.11
La tala ilegal además de contribuir directamente a la pérdida desequilibrada de los recursos forestales, tiene otros impactos negativos para el medio ambiente como lo son la pérdida del hábitat de gran variedad de especies de fauna y flora, lo cual implica el riesgo de extinción de tales especies; la pérdida de la calidad de los suelos lo cual implica afectación a los mantos freáticos y, por ende, disminución de las fuentes de agua; la pérdida de sumidores de carbono, derivando en una menor absorción de gases de efecto invernadero lo cual conlleva mayor afectación del equilibrio climático regional e incluso global. Así pues, la tala clandestina afecta no solamente la conservación del ecosistema forestal en sí; sino que también perjudica los servicios ambientales asociados de los cuales depende el ser humano.
Entonces, la extracción descontrolada de madera en las áreas forestales tiene consecuencias adversas tanto para la economía del sector forestal, las finanzas del Estado y el medio ambiente. Pero además, el mercado ilegal de la madera promueve un círculo vicioso de ingobernabilidad, ya que la corrupción y violación a las leyes debilita el estado de derecho y desestimula la inversión del negocio legal. Por tales razones, es imprescindible que el Estado sea tajante en su postura de cero tolerancia al mercado ilegal de madera.
Para tal efecto, el Estado debe de crear un mercado que garantice cierta demanda de madera legal certificada, empezando por su propio consumo; ya que al obligar a la administración pública a suplir sus necesidades en madera, muebles y suministros de oficina fabricados con recurso maderable, con madera legal certificada en cadena de custodia envía a la sociedad una señal positiva en pro de una cultura forestal sustentable y actuaría ad hoc para conseguir gobernanza forestal.
Así, el Estado debe incrementar sus criterios de exigibilidad en cuanto al tipo de certificado que requiere a sus proveedores de madera o de productos fabricados con madera, con el propósito de garantizar un nicho de demanda para la madera legal certificada y para evitar la facilidad de blanquear la madera ilegal y/o no certificada. En este sentido, tal y como se mencionó en párrafos anteriores, el requerimiento actual de un certificado de manejo forestal sustentable no es suficiente para garantizar efectivamente la extracción sustentable de los recursos maderables, sino que es necesario garantizar la entera cadena de producción, transformación y comercialización de tales recursos. Por lo cual, se revela imperiosa una reforma que obligue al Estado a requerir a sus proveedores en madera y productos fabricados en madera que los mismos cuenten con un certificado de cadena de custodia.
Fundamento legal
Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Artículo Único. Se reforma el tercer párrafo del artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:
Artículo 26. Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes:
I. a III. ...
...
Tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina fabricados con madera, deberán requerirse certificados otorgados por terceros previamente registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que garanticen la entera cadena de suministro de la madera, desde el origen y el manejo sustentable de los aprovechamientos forestales en el territorio nacional de donde proviene dicha madera, hasta el transporte, almacenamiento, transformación, distribución y comercialización de la madera. En cuanto a los suministros de oficina fabricados con madera, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley.
...
...
...
...
...
...
...
...
Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Greenpeace. (2007). Diputados: Ayuden a nuestros bosques. Disponible en: http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2007/Septiembre/ayuda-a-pr oteger-nuestros-bosq/
2 Zúñiga, Iván. (2007). El mercado ilegal de la madera en México. Nota informativa n. 16, Red de Monitoreo de Políticas Públicas del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Disponible en: http://www.ccmss.org.mx/descargas/nota_info_16_mercado_ilegal_de_madera .pdf
3 Reforestamos México, AC; Rainforest Alliance; CCMSS; Alianza Ecoforce de México; Conafor. (2010). Productos Maderables Certificados, Catálogo 2010. Disponibles en http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/5/2501Productos%20Forest ales%20Certificados%20Catálogo%202010,%20México.pdf
4 Zúñiga, Iván. (2007). El mercado ilegal de la madera en México. Nota informativa n. 16, Red de Monitoreo de Políticas Públicas del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Disponible en: http://www.ccmss.org.mx/descargas/nota_info_16_mercado_ilegal_de_madera .pdf
5 Madrid, Sergio. (2012). Tres propuestas de solución para enfrentar el mercado ilegal de madera. Exposición, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Disponible en: http://www.ccmss.org.mx/biblioteca/371-tres-propuestas-de-solucion-para -enfrentar-el-mercado-ilegal-de-madera.html
6 Zúñiga, op. cit.
7 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.
8 Zúñiga, op. cit.
9 Marisol Rivera Planter, Carlos Muñoz Piña y José Antonio Casis García. Madera certificada en México: perspectivas y posibilidades. Nota Periodística, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Disponible en: http://www.ccmss.org.mx/noticias/1136-madera-certificada-en-mexico-pers pectivas-y-posibilidades.html
10 Semarnat. (2012). Informe de la Situación del Medio Ambiente en México - Edición 2012. Disponible en: http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/Pages/informes.aspx
11 Inegi (2012). Estadísticas a propósito del día mundial forestal , Disponible en: http://plus.url.google.com/url?sa=z&n=1372828400626&url=http%3A %2F%2Fwww.inegi.org.mx%2Finegi%2Fcontenidos%2Fespanol%2Fprensa%2FConten idos%2Festadisticas%2F2012%2Fforestal0.doc&usg=L0iWcyfiaTthO0wGMG1T z_Vwkj8
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2013.
Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica)
Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, ocupa esta tribuna en uso de las facultades y atribuciones conferidas en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para someter a la consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto a través del cual se reforma el inciso C) de la fracción II del artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para ello expreso la siguiente:
Exposición de Motivos
La década de los 60 dio testimonio del inicio del uso de la telecomunicación aplicada a la informática. A finales de los años 70 se creó la Arpanet y posteriormente en la última década del siglo XX apareció Internet, que hoy gracias a los modernos dispositivos, rápidos, compactos, poderosos y multifuncionales, han marcado influencia fundamental en la economía global.
El uso de internet en México, no puede reducirse a una moda transitoria o a un artículo de lujo, más bien, otorga la posibilidad de acceder eficientemente a la información.
En este contexto las reformas al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el nacimiento del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) han mostrado esfuerzos para garantizar el derecho de acceso a la información pública, sin embargo estos han quedado muy limitados, tal cual lo afirma el Jurista Galván Pérez en su exposición de conclusiones en el trabajo de análisis del “Informe de México: Avances y Desafíos en materia de Derechos Humanos”, en donde precisó que desde la suscripción de tratados internacionales en esta materia en 2008, el Gobierno Mexicano ha rendido sólo un informe en materia de Derechos Universales y Acceso a la Información, mientras el compromiso fue presentar un informe anual.
La regulación de la prestación de los servicios de telecomunicaciones, particularmente en el rubro del impuesto gravado debe ser proporcional a la posibilidad económica del usuario para acceder a todos sus beneficios a un bajo costo, no obstante, en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en el inciso d) de la fracción IV del artículo 8 señala con apariencia la exención del pago del impuesto establecido por la ley, por los servicios de telecomunicaciones de acceso a internet a través de una red fija o móvil, consistente en todos los servicios, aplicaciones y contenidos que mediante dicho acceso a internet se presten a través de una red de telecomunicaciones; sin embargo, esta disposición, encuentra absoluta limitante en el artículo 2, fracción II inciso C), que señala el pago del impuesto del 3% sobre prestación de servicios que se proporcionen en territorio nacional a través de una o más redes públicas de telecomunicaciones.
Hoy en día, el servicio de internet se encuentra respaldado en las telecomunicaciones, por lo tanto el acceso a la información a través de esta herramienta, en la realidad está condicionada al pago del impuesto del 3 por ciento sobre el servicio de telecomunicaciones, con lo cual se condiciona el derecho del acceso a la información, so pretexto del alto impuesto sobre el servicio de telecomunicaciones; lo anterior hace necesario reformar el inciso C) de la fracción II del artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de tal forma que permita el efectivo acceso a la información a través de Internet, con un costo por el servicio de telecomunicaciones del rango del 1 por ciento.
Por lo expuesto y en congruencia con el compromiso adquirido con los Mexicanos, someto a su consideración el presente proyecto de Decreto, mismo que de estimarlo procedente, solicito se apruebe en sus partes integrantes.
Decreto por el que se reforma el inciso C) de la fracción II del artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta
Se reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios”
Artículo Único. Se reforma: el inciso C de la fracción II del artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:
Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:
I. ...
II. En la prestación de los siguientes servicios:
A) ...
B) ...
C) Los que se proporcionen en territorio nacional a través de una o más redes públicas de telecomunicaciones. .................................................................. 1 %
Transitorios
Único . El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, DF, a 11 de Febrero de 2014.
Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, a revisar y –en su caso– proceder conforme a derecho sobre la transmisión y clasificación de los programas Laura y Cosas de la Vida, televisados respectivamente en las frecuencias XEW-TV, Canal 2, y XHDF-TV, Canal 13, ante las violaciones de la legislación en la materia, a cargo de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Raquel Jiménez Cerrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Primera. De conformidad con la Ley Federal de Radio y Televisión, y su reglamento, la televisión constituye una actividad de interés público y corresponde al Estado protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social1 de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento de las formas de convivencia humana.
En ese tenor, a través de las transmisiones televisivas debe procurarse afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares; evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud; contribuir a elevar el nivel cultural de la sociedad y a conservar las características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana; así como fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y cooperación internacionales.
En la normativa en comento se indica que en el cumplimiento de las funciones que establecen la Ley Federal de Radio y Televisión y su reglamento, la radio y la televisión deben constituir vehículos de integración nacional y enaltecimiento de la vida en común, a través de sus actividades culturales, de recreación y de fomento económico.2
Asimismo, se dispone que la radio y la televisión orientarán preferentemente sus actividades a la ampliación de la educación popular, la difusión de la cultura, la extensión de los conocimientos, la propagación de las ideas que fortalezcan nuestros principios y tradiciones; al estímulo de nuestra capacidad para el progreso, a la facultad creadora del mexicano para las artes; a la participación ciudadana y a la solidaridad, y al análisis de los asuntos del país desde un punto de vista objetivo , a través de orientaciones adecuadas que afirmen la unidad nacional, la equidad de género y el respeto a los derechos de los grupos vulnerables.3
De igual forma, los ordenamientos jurídicos en comento disponen que la función informativa constituye una actividad específica de la radio y la televisión tendiente a orientar a la comunidad, en forma veraz y oportuna, dentro del respeto de la vida privada y de la moral, sin afectar los derechos de terceros ni perturbar el orden y la paz públicos. 4
Segundo. Por otra parte, es de precisar que compete a la Secretaría de Gobernación,5 por conducto de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites que marcan las disposiciones legales aplicables en la materia, así como su transmisión en medios públicos.
La Ley Federal de Radio y Televisión establece los parámetros de lo que se deberá transmitir en la programación de un canal de televisión o una estación de radio. El incumplimiento a la normatividad aplicable, conlleva a la imposición de sanciones por medio de un procedimiento administrativo.
Por lo anterior, de conformidad con el artículo 6 del acuerdo mediante el cual se emiten los criterios generales de clasificación de películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados,6 la clasificación de estos contenidos se llevará a cabo siguiendo los criterios generales y específicos siguientes:
Criterios Generales
(...)
1. Los medios de comunicación, en particular la televisión, deben ser espacios responsables de información, entretenimiento, cultura y convivencia, que juegan un papel determinante en la sociedad y coadyuvan al proceso formativo de la infancia evitando influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la ju ventud.
(...)
3. Estos criterios de clasificación atenderán a las categorías de violencia, adicciones, lenguaje y sexualidad, considerando la frecuencia y la presencia combinada de los mismos.
(...)
5. Criterios Específicos
I. A: aptos para todo público, los cuales podrán transmitirse en cualquier horario;
II. B: aptos para adolescentes y adultos, los cuales podrán transmitirse a partir de las veinte horas y hasta las cinco horas;
III. B-15: aptos para adolescentes mayores de 15 años y adultos, los cuales podrán transmitirse a partir de las veintiuna horas y hasta las cinco horas;
IV. C: aptos para adultos, los cuales podrán transmitirse a partir de las veintidós horas y hasta las cinco horas, y
V. D: aptos para adultos, los cuales podrán transmitirse entre las cero y las cinco horas.7
Al respecto, es de destacar que dichos criterios tienen como propósito dar mayor objetividad a las personas autorizadas por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía en los parámetros que utiliza para la clasificación de la programación de televisión, como prevén la Ley Federal de Radio y Televisión y sus reglamentos.
Tercero. En seguimiento de las consideraciones que anteceden, si bien es cierto que el artículo 58 de la Ley Federal de Radio y Televisión establece que “el derecho de información, de expresión y de recepción, mediante la radio y la televisión, es libre y consecuentemente no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa ni de limitación alguna ni censura previa, y se ejercerá en los términos de la Constitución y de las leyes”, también lo es que por su parte el artículo 63 del mismo ordenamiento jurídico dispone que transmisiones se encuentran prohibidas, precepto jurídico que se transcribe para mayor claridad:
Artículo 63. Quedan prohibidas todas las transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres , ya sea mediante expresiones maliciosas, palabras o imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido, apología de la violencia o del crimen ; se prohíbe, también, todo aquello que sea denigrante u ofensivo para el culto cívico de los héroes y para las creencias religiosas, o discriminatorio de las razas; queda asimismo prohibido el empleo de recursos de baja comicidad y sonidos ofensivos.
En ese tenor, los artículos 36 y 37 el reglamento de la ley en comento disponen qué deberá entenderse por “corrupción del lenguaje” y “contrarias a las buenas costumbre”:
Artículo 36. Se considera que se corrompe el lenguaje cuando las palabras utilizadas por origen o por su uso sean consideradas como procaces.
Artículo 37. Se consideran contrarias a las buenas costumbres:
I. El tratamiento de temas que estimulen las ideas o prácticas contrarias a la moral, a la integridad del hogar, se ofenda al pudor, a la decencia o excite a la prostitución o a la práctica de actos licenciosos; y
II. La justificación de las relaciones sexuales ilícitas o promiscuas y el tratamiento no científico de problemas sociales como la drogadicción o el alcoholismo.
Cuarto. Ahora bien, una vez analizada la normativa en la materia es de señalar que los programas televisivos Laura y Cosas de la Vida, transmitidos de lunes a viernes en los Canales 2 y 13, a las 15:00 y 18:00 horas, respectivamente, en general consisten en la siguiente dinámica:
Los participantes acuden al programa para exponer su problemática personal, la cual puede ser de índole familiar, social, laboral, penal, de salud o de adicciones, entre otras, en espera de que la conductora los ayude a resolverla. Ante la conductora de mérito se manifiestan argumentos de las partes involucradas, ésta realiza a las partes los cuestionamientos que estima necesarios, para así llegar a una conclusión o posible solución; equiparándose a la figura jurídica del arbitraje.
No obstante, muchas veces se tratan temas relativos a delitos como violencia intrafamiliar, violaciones, incesto, secuestro, lesiones, entre otros. Siendo el caso, que al tratarse de delitos, son las instancias especializadas del Estado las encargadas de investigar, perseguir y en su caso sancionar éstos, de acuerdo a la legislación de la materia, respetando en todo momento los derechos de las partes como lo son la reserva y confidencialidad de la averiguación y datos personales.
Aunado a lo anterior, de igual forma se tratan asuntos relativos a relaciones sexuales promiscuas, así como temas de adicciones como la drogadicción y el alcoholismo sin el tratamiento científico correspondiente, encuadrando en la hipótesis de transmisiones prohibidas prevista en el artículo 63 de la ley de la materia, en relación con la fracción II del artículo 37 de su reglamento.
En virtud de lo anterior, claramente se advierte que estos programas no se mantienen dentro de los límites del respeto a la vida privada , a la dignidad personal y a la moral. Asimismo, por no realizarse la denuncia de los delitos expuestos en esta clase de programas, ante las autoridades correspondientes, se ataca los derechos de terceros al achacárseles delitos por los cuales no han sido juzgados y mucho menos declarados culpables; así mismo los programa de mérito, por la poca seriedad y profesionalismo con los que tratan los temas, puede influenciar nocivamente el desarrollo de la vida en sociedad, provocando la comisión de algún delito, así como tampoco enaltecen de manera alguna la vida en común.
Quinto. Acorde con lo señalado en el punto que antecede y con la clasificación de contenidos establecidos en el acuerdo señalado, se desprende que para que un contenido pueda transmitirse de conformidad a la clasificación “A”, entre otras cosas, deben estos cumplir los siguientes elementos:
Violencia: No contiene frecuentes representaciones de violencia física o psicológica, aunque puede incluir agresividad mínima en la temática y personajes, y ninguna que dé la impresión de que es el mejor camino o el único para solucionar conflictos entre individuos, grupos o sociedades.
Sexualidad: No se muestran imágenes del cuerpo humano desnudo ni escenas de relaciones sexuales, salvo las referencias a la sexualidad humana que se presenten en un contexto afectivo o familiar, o con fines científicos o educativos.
Lenguaje: No se presenta lenguaje soez. Algunas expresiones que, de acuerdo con el entorno cultural no sean generalmente consideradas ofensivas, pueden usarse de manera excepcional, cuando la trama o el contexto del programa lo justifiquen.
Adicciones: No hay presencia de drogas. El consumo de alcohol o tabaco es sólo ocasional y siempre justificado por la trama o el contexto; se muestran sus consecuencias negativas. Estos elementos no se presentan en dibujos animados o programas, dirigidos exclusivamente al público infantil.
De lo expuesto se advierte que, dadas las temáticas abordadas en los programas aludidos, éstos no pueden ser clasificados como aptos para todo público, por lo que es menester de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía traer al orden y mediante los procedimientos administrativos adecuados ordenar que dichos programas sean reclasificados y en consecuencia sean transmitidos en un horario distinto al señalado para la clasificación A del acuerdo en comento.
Derivado de lo anterior, se puede concluir que los programas en comento claramente se encuentran fuera del marco legal que regula las transmisiones televisivas, como lo es la Ley Federal de Radio y Televisión, su reglamento y el acuerdo mediante el cual se emiten los criterios generales de clasificación de películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados.
Por las consideraciones expuestas, me permito someter a consideración de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Gobernación, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, a revisar y, en su caso, proceder conforme a derecho respecto a la transmisión y clasificación de los programas Laura, televisado en la frecuencia XEW-TV, Canal 2; y Cosas de la Vida, de XHDF-TV, Canal 13, en virtud de que ambos se encuentran en franca violación de la legislación en la materia.
Notas
1 Artículo 1o. del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2002.
2 Artículo 2o. del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2002.
3 Artículo 3o. del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2002.
4 Artículo 4o. del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2002.
5 Artículo 10 de la Ley Federal de Radio y Televisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1960, última reforma 9 de abril de 2012.
6 Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2007.
7 Artículo 24 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2002.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2014.
Diputada Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la desaparición del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, a cargo del diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 76 fracción IV y 79 numeral I, fracción II y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con relación a la desaparición del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz.
Antecedentes
Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero de la fuente policiaca de los periódicos Notisur y Liberal del Sur, fue sustraído el 5 de febrero de este año, por un grupo armado que lo interceptó cuando llegaba a su casa, después de dejar a sus hijos en la escuela. En los últimos días había estado mandando información sobre secuestros.
Veracruz es la región más peligrosa para ejercer el periodismo en nuestro país y en América Latina, de acuerdo con la organización internacional Artículo 19. Por su lado, Periodismo sin Fronteras señala que nuestro estado ocupa uno de los diez lugares más peligrosos del planeta para los periodistas. Tan sólo en la administración de Javier Duarte, diez periodistas han sido asesinados por causas relacionadas al desempeño de su labor, siete de ellos en 2012.
Por otra parte el semanario Proceso recibió información de la existencia de una plan para atentar contra la integridad del periodista Jorge Carrasco, en el que presuntamente estarían involucrados funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Veracruz, como parte de una represalia por la cobertura que el reportero ha dado al asesinato de la corresponsal de este semanario, Regina Martínez, caso del que fue nombrado coadyuvante en las indagatorias judiciales.
En este mismo sentido, la relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que desde 2010 la violencia contra periodistas en México era alarmante y tiende a intensificarse.
Frente a este clima de violencia la actuación del gobierno mexicano ha sido ineficaz e insuficiente. A pesar de que desde 2006 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) y de que en el estado de Veracruz se creara la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, la violencia hacia las y los periodistas no ha disminuido, y en su gran mayoría los casos no han sido resueltos. Ello ha tenido como consecuencia el abandono a la prensa y el clima de miedo entre quienes ejercen dicha profesión.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión a atraer el caso de la desaparición del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz para esclarecerlo y que éste no quede impune.
Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz a diseñar e implementar protocolos de investigación que permitan esclarecer con mayor eficacia y rapidez los delitos cometidos contra periodistas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2014.
Diputado Uriel Flores Aguayo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a difundir las razones de la renuncia del ciudadano Carlos Morales Gil a la dirección de Pemex Exploración y Producción, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció el pasado viernes 7 que el ingeniero Carlos Morales Gil quien fungía como director de Pemex Exploración y Producción (PEP) presentó su renuncia a la paraestatal por lo que el Ing. Gustavo Hernández García quien hasta entonces era el subdirector de Planeación y Evaluación de PEP, fue nombrado como encargado del despacho.
Cabe destacar que Morales Gil cuenta con una trayectoria de 30 años al servicio de la paraestatal y estuvo coordinando dicha área por casi diez años, entre lo que destaca el diseño de los primeros modelos de Contratos de Servicios Múltiples de gas natural para la cuenca de Burgos.1
Respecto a la experiencia de Morales Gil, Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex reconoció la importante contribución de Morales Gil frente a la subsidiaria y durante su permanencia en la paraestatal; por su parte Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía, destacó que en la historia de las últimas décadas de la industria petrolera, el ingeniero Morales Gil será un importante protagonista de estos años por su legado hacia las nuevas generaciones de ingenieros y técnicos, y por su capacidad para conformar un sólido equipo de trabajo.2
En un comunicado de prensa con fecha 7 de febrero de 2014, Pemex indicó que Lozoya Austin pidió al equipo directivo y trabajadores de PEP redoblar su esfuerzo y compromiso para consolidar logros y dar nuevo impulso a esa unidad de trabajo, cuyo quehacer resulta fundamental para la operación de la empresa.3
Morales Gil se suma a la lista de los funcionarios que renuncian tras la aprobación de la Reforma Energética, iniciada por Francisco Rojas, quien a principios del presente mes presentó su renuncia como titular de la Comisión Federal de Electricidad.
Asimismo, resulta prudente mencionar lo publicado en el diario Reforma el 8 del presente mes:
Lo cierto es que Morales fue un funcionario plural que lo mismo trabajó con las administraciones del PRI que con las del PAN y que no queda clara la razón por la que cayó de la gracia del gobierno actual.
¿A poco será cierto lo que se comenta en los pasillos de la Torre de Pemex en el sentido de que el director general, Emilio Lozoya, veía a Morales como una piedra en el zapato? Es pregunta que excava profundo para encontrar la respuesta.
En dicho tenor y a sabiendas de las diversas mecánicas que la administración pública usa para hacer frente a los nuevos procesos que se deben seguir en miras de adaptar las estructuras pertinentes para su funcionamiento, aunado a la preocupación que genera la salida de un experto en materia petrolera presente su renuncia en el marco de la implantación de las modificaciones en la legislación enmarcadas en la reforma energética, presentamos a esta asamblea el siguiente resolutivo con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos, a hacer pública la información sobre las razones de la renuncia de Carlos Morales Gil, ex director de Pemex Exploración y Producción.
Notas
1 Milenio, “Carlos Morales deja Pemex Exploración y Producción” [en línea], México. Dirección URL: http://www.milenio.com/negocios/PEP-Pemex-Carlos_Morales_0_241176091.ht ml
2 Ídem.
3 Pemex, “El ingeniero Carlos Morales Gil deja la Dirección de Pemex Exploración y Producción” [en línea], México. Dirección URL: http://bit.ly/1fa4k44
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2014.
Diputados: Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a intensificar por la Secretaría de Salud las acciones de atención y prevención de la propagación del virus de influenza A (H1N1), a cargo de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Raquel Jiménez Cerrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral i, fracción I y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, II y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo con base a las siguientes
Consideraciones
Primero. Hasta el 5 de febrero de 2014, las autoridades sanitarias federales han confirmado 3 mil 262 casos de influenza y 339 defunciones en lo que va de 2014; siendo los estados de Jalisco, Baja California y el Distrito Federal, las entidades con el mayor número de defunciones, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico:
Fuente: http://www.todosobreinfluenza.salud.gob.mx/
En ese orden de ideas, es de destacar que en comparación con años anteriores, el número de decesos por influenza ha aumentado en este 2014; pues en 2012 se registraron 266 fallecimientos, mientras que en 2013 se registraron 208 decesos a causa de esta enfermedad.
Segundo. No pasa desapercibido que en 2009 el surgimiento del virus inició en marzo, siendo el caso que para el 23 de abril de ese año el gobierno federal hizo oficial la declaración de emergencia; en ese entonces, con cerca de un mes de inicio del brote contagioso, se registraban ya alrededor de mil casos y de 80 muertes vinculadas con la influenza.
Es de recordar, que luego del aumento en los casos de contagio y los decesos, el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, responsablemente declaró estado de emergencia, ordenando acciones como la difusión de información sanitaria, campañas de vacunación, suspensión de clases, cancelación de actividades en sitios públicos, entre otras.
No pasa desapercibido que en ese entonces, a diferencia de ahora, no se tenía en primera instancia el medicamento para enfrentar la contingencia y que una vez identificado fue necesario adquirirlo con el inconveniente de la baja existencia que tenían los laboratorios para proveerlo; además que, una vez que se dio aumento en la producción, el gobierno panista del presidente Felipe Calderón Hinojosa, tomó las previsiones para adquirir un cantidad suficiente a fin de estar preparado para futuras contingencias.
Por su parte, de igual manera la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió el 25 de abril de 2009 la inminencia de una nueva pandemia y lanzó una alerta número 3, de una escala que va de 3 a 6, a todos los países del mundo; siendo que para el 11 de junio la OMS subió la alerta al nivel 6, el grado máximo de emergencia epidemiológica. Y fue hasta el 10 de agosto de 2010 que la organización internacional declaró el fin de la emergencia.
Tercero. De las consideraciones que anteceden, puede observarse que aunque en el primer mes de 2014 se han registrado más contagios y más muertes que en el inicio de la crisis epidemiológica de 2009; el gobierno del actual presidente de la República ha sido omiso en darle la importancia y la atención que esta contingencia amerita.
Lo anterior es así, puesto que a diferencia de 2009, hoy en día las campañas de difusión de información sanitaria, tendientes a dotar de la información necesaria a la población para que cuenten con los elementos suficientes para estar en posibilidad de implementar acciones que ayuden a prevenir el contagio y evitar la propagación del virus, han sido prácticamente nulas.
Situación preocupante, ya que no se está concientizando a la población de la gravedad de la enfermedad, misma que se reitera, aun y cuando se implementaron diversas acciones para contrarrestar la propagación de la enfermedad, ya paralizó al país en el año 2009, lo que no sólo afecto la salud de los mexicanos, sino también su economía.
Es por ello, que no se puede permitir que el actual gobierno sea omiso en la atención y prevención de esta enfermedad, así como de la propagación de la cepa del virus de influenza.
En ese tenor, es menester señalar que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.
Del precepto antes mencionado deriva que el derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios. Es decir, el estado tiene la obligación de instrumentar las medidas necesarias y suficientes a fin de proteger la salud de la población, hipótesis que en la especie no se está actualizando.
Por ende, es sumamente necesario que el Ejecutivo federal intensifique las cruzadas de vacunación y que además concientice a la población a través de una campaña masiva de comunicación para que la ciudadanía en general tome sus providencias. Campaña en la que se recomiende implementar acciones de higiene y salud en los hogares; en los centros de trabajo, conminar a implementar una brigada que esté al pendiente de promover la higiene entre los trabajadores, principalmente en el aseo constante de manos e identifique cualquier caso sospechoso para separarlo de la línea de producción hasta que se tenga la certeza que no ha contraído la enfermedad; asimismo, invitar a los cuídanos a evitar acudir a reuniones masivas y si se hace, mantener la mayor higiene tanto por parte de los promotores del espectáculo o deporte, como del propio espectador; de igual forma, que reitere la importancia de acudir inmediatamente con el médico, ante cualquier sospecha de haber contraído la enfermedad por escurrimiento nasal continuo, dolor de cabeza, ojos llorosos o desgano con dolencia de coyunturas.
Asimismo, resulta de vital importancia que en las entidades federativas con mayor número de casos de influenza se emitan las alertas correspondientes, a fin de que éstas tomen las providencias que la contingencia amerite, intensificando las campañas de información, así como de vacunación.
Por las consideraciones expuestas, me permito someter a esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, a intensificar acciones tendientes a atender y prevenir la propagación del virus de influenza A (H1N1), mediante campañas masivas de información y vacunación.
Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que emita las alertas correspondientes en las entidades federativas con mayor número de casos a fin de que éstas tomen las providencias que la contingencia amerite, intensificando las campañas de información, así como de vacunación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2014.
Diputada Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a implantar decisiones concretas para el buen desarrollo social de las familias en extrema pobreza, a cargo de la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Martha Beatriz Córdova Bernal, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
En nuestro país, son cotidianas las noticias que dan cuenta de cómo los gobiernos de todos los órdenes gastan mal: carreteras mal construidas que de repente se colapsan, funcionarios que inexplicablemente se enriquecen en su paso por puestos públicos, exorbitantes cantidades de dinero para promocionar la imagen de los gobernantes, trabajadores que no trabajan pero cobran en la nómina pública, compra de artículos personales con dinero del contribuyente, etcétera, etcétera.
En este contexto, una modalidad de gasto superfluo que ha cobrado popularidad entre los gobernantes es el de organizar presentaciones de artistas con cargo al erario público. Nadie podría renegar del gasto en la cultura a través de conciertos que son llevados de manera gratuita a la gente, sin embargo esta práctica se ha pervertido, pues se lleva a cabo con la única finalidad de promover la imagen de alguna autoridad, a través de dependencias o programas que no justifican de ninguna manera el gasto y que además distraen recursos escasos de áreas que precisamente carecen de presupuesto necesario para cumplir de manera cabal sus funciones y objetivos.
Por parte del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos se dio a conocer que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), gastó 10 millones 461 mil 482.70 pesos por el concierto “Compartamos la música, erradiquemos el hambre”, efectuado para impulsar la Cruzada Nacional contra el Hambre el 30 de abril de 2013.
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la dependencia federal difundir lo anterior, después de que un particular solicitó ese dato y se turnó a la oficina de la secretaria, a la Dirección General de Programación y Presupuesto y a la Unidad de Comunicación Social, que manifestaron no tener lo requerido, en un claro ejercicio de opacidad, pues en el análisis del caso, una comisionada ponente determinó que la Sedesol no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia, ya que no turnó la solicitud a todas las unidades administrativas competentes. Por tanto, el Pleno del IFAI revocó la respuesta de la Sedesol y le instruyó a una búsqueda exhaustiva de la información en todas las unidades administrativas.
Esto demuestra por una parte, la discrecionalidad con la que se ejerce el gasto en las dependencias federales, y por otra parte, la falta de transparencia de las mismas, quienes se resisten a dar información que las pueda evidenciar.
No obstante, la Sedesol se vio obligada a detallar los montos erogados en el concierto, dentro de los cuales destacan los siguientes: 1 millón 263 mil 847.27 pesos para la renta del Auditorio Nacional; 5 millones 588 mil 162.71 pesos para el pago al elenco artístico; un millón 670 mil 893.54 en renta de equipos de audio y luz; así como un millón 467 mil 054.74 pesos en otros gastos asociados a la producción. En total se gastaron 10 millones 461 mil 482.70 pesos.
Resulta injustificable el recurso que la dependencia encabezada por Rosario Robles destinó para el concierto, pues se trata de un evento únicamente de recreación y promoción cuando hay muchas otras necesidades en materia de combate a la pobreza que no son atendidas precisamente por la falta de recursos económicos. Las labores por parte del gobierno en materia de política social deben estar focalizadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y no a actividades que en el mejor de los casos pueden calificarse de lúdicas.
El caso del costoso concierto pone de manifiesto como la Sedesol en general y Cruzada Nacional contra el Hambre en particular, obedecen a un diseño de control político-electoral, que no contemplan estrategias requerida para abatir la desigualdad y la miseria en que viven millones de mexicanos
La cruzada es a lo mucho paliativo que no posee capacidad de modificar la grave descomposición social que se ha generado en México, resultado de la escandalosa concentración de la riqueza y la rampante desigualdad que coloca a millones de mexicanos en una posición de miseria extrema, necesidades básicas de muchos mexicanos pudieron satisfacerse con esos millones.
Pareciera que la Secretaría y su titular ignoran que el hambre no se resuelve con políticas asistencialistas, menos con onerosos conciertos de rock, sino con fuentes de empleo, con una mejor educación, acceso a la salud y a la vivienda digna.
Es necesario que en un necesario ejercicio de transparencia y rendición de cuentas se deje claro la justificación para haber gastado 10 millones de pesos en un concierto, monto superior al presupuesto de muchos municipios marginados, pues no debe perderse de vista que se están ejerciendo recursos públicos, es decir, recursos de los ciudadanos, y es obligación de las autoridades que el uso y destino de los recursos estén destinados al desarrollo y mejoramiento social.
Por lo anteriormente expuesto, presento a esta Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que deje de lado la campaña publicitaria y que implemente decisiones concretas para el buen desarrollo social de las familias en extrema pobreza.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 12 días del mes de febrero de 2014.
Diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a difundir por la PGR los resultados que a la fecha se tengan de la averiguación previa número AP/ PGR/ TAMPS/ REY-IV3767/ 2012, adscrita en Reynosa, Tamaulipas, sobre la explosión ocurrida el 18 de septiembre de 2012, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Humberto Armando Prieto Herrera, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto en artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Procuraduría General de la República a informar a la opinión pública sobre los resultados que hasta el momento se tengan, de la averiguación previa numero AP/PGR/TAMPS/REY-IV3767/2012 adscrita a la Procuraduría General de la República en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, referente al accidente ocurrido en el centro receptor de gas y condensados de Pemex Producción, ubicado en el kilómetro 19 de la carretera Reynosa-Monterrey el 18 de septiembre de 2012, bajo las siguientes
Consideraciones
El 18 de septiembre de 2012, en el estado de Tamaulipas, ocurrió una explosión dentro de las instalaciones de uno de los centros receptores de Petróleos Mexicanos (Pemex), dejando 33 víctimas y más de 40 lesionados.
En su momento fue solicitada información sobre la causa al maestro Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos, y desde entonces no ha brindado información sobre las investigaciones que internamente se llevaron a cabo sobre el incidente. Manifestando que toda la información estaba en manos del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de la Republica, y por lo tanto le era imposible revelar información, hasta en tanto no se termine de integrar la averiguación previa correspondiente.
Por lo anterior, el 13 de septiembre del año en curso, una vez que fue oficial el cierre de la averiguación previa que nos concierne, se le envió atento oficio a la Unidad de Enlace de la Procuraduría General de la República, mismo que se encuentra debidamente sellado de recibido, solicitando acceso a los resultados del caso relacionado con la explosión sucedida el 18 de septiembre de 2012, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Solicitud a la cual, hasta el momento no ha dado respuesta.
Posteriormente, se solicito la información a la misma dependencia a través de Infomex, solicitud tramitada bajo el número de folio 0001700263013, sobre la cual nos encontramos en espera de respuesta.
El resultado de estas investigaciones es crucial para crear un antecedente y valorar el desempeño de la Secretaría de Energía y el cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias por parte de Petróleos Mexicanos, quien es una de las fuentes de empleo más grande del país, y que por lo tanto es responsable de millones de trabajadores, que laboran desempeñando funciones de alto riesgo dentro de sus instalaciones.
Es nuestra responsabilidad cuestionarlos sobre el resultado de las investigaciones tendientes a resolver qué fue lo que detonó esta tragedia, y no sólo hacer responsables a los responsables, si no también poder determinar cuáles son los ajustes que deben llevarse a cabo sobre mantenimiento, medidas de seguridad y planes de emergencia; sólo así se podrán evitar futuros accidentes, y en su caso proteger a los trabajadores subordinados a Pemex, bajo la garantía de que desempeñan sus labores dentro de instalaciones que cuentan con el personal y todo lo necesario para brindarles la seguridad necesaria y evitar muertes y daños irreversibles.
Esta desgracia fue imperativa en cuanto al número de damnificados, 33 muertos y más de 40 lesionados y un año después todavía no contamos con la información solicitada.
Ante esta inquietud y omisión por parte de los responsables de dichas instalaciones, es que me veo en la necesidad de requerir su apoyo para informar a la brevedad lo solicitado en el presente punto de acuerdo con el carácter de urgente u obvia resolución.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Procuraduría General de la República, informe a la opinión pública sobre los resultados de la averiguación previa número AP/PGR/TAMPS/REY-IV3767/2012 adscrita a la Procuraduría General de la República en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, relativa a la explosión ocurrida el 18 de septiembre de 2012.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2014.
Diputado Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de la Segob y de la SHCP a implantar una partida presupuestaria adecuada y permanente en el sexenio destinada al Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Raúl Gómez Ramírez, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En 1942 se firmaron entre los Estados Unidos de América y México los tratados de cooperación laboral, y se realiza la contratación temporal de trabajadores mexicanos agrícolas en los Estados Unidos; así, En aquella época, en los tratados internacionales se estableció una retención del 10 por ciento de los salarios para la creación de un Fondo de Ahorro Campesino.
Para el año 2005 se publica la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964; y en ese año se publicó la primera convocatoria de la entrega correspondiente de los apoyos sociales de fecha 11 de noviembre, en la cual, se publicaron 39 mil 893 apoyos, de los cuales 39 mil 324 fueron pagados y 569 apoyos quedaron pendientes, registrando un 98.57 por ciento de avance en cuanto al pago de los apoyos y quedando el 1.43 por ciento pendientes en aquél entonces.
En el Diario Oficial de la Federación se han publicado diversas listas, desde el 15, 23 y 27 de diciembre de 2005; 24 de enero, 10 y 24 de febrero, 24 de marzo, 7 y 28 de abril, 23 de mayo, 9 y 29 de junio y 30 de octubre de 2006; 27 de junio, 6 de julio y 27 de agosto de 2007; 16 de julio, 27 y 28 de agosto, 7 y 8 de octubre, 21 y 24 de noviembre, 2, 3, 29 y 30 de diciembre de 2008; 23 y 24 de abril, 25 y 26 de junio, 3 de julio, y 9 y 10 de noviembre de 2009; 11 y 12 de enero, 19 y 20 de abril, 1 y 2 de junio, y 15 y 20 de septiembre de 2010; 15 y 16 de marzo, 29 de abril, 2, 16 y 17 de mayo y 15 y 16 de agosto de 2011; 2 de marzo y 7 de septiembre de 2012; sumando hasta ahora un total de 46 listas publicadas para hacer de conocimiento a las personas que les corresponde el apoyo; y que de manera ejemplar, entre el 24 y 28 de noviembre de 2008, se emitió una convocatoria donde fueron publicados 149 mil 20 apoyos, de los cuales se registró su correspondiente pago para 41 mil 237 apoyos, que representa el 27.67 por ciento, aunado al pago de los apoyos pendientes de 34 mil pesos, quedando pendientes 89 mil 150 apoyos, representando el 59.82 por ciento y los pendientes de pago de apoyos de 38 mil pesos, un total de 18 mil 633 apoyos, que representan el 12.50 por ciento del total de los apoyos que fueron publicados para aquellas fechas.
Los recursos entregados de 2005 a 2011 ascendieron a 3 mil 238 millones 360 mil pesos, donde el total de beneficiarios que recibieron el apoyo social de los 38 mil pesos de 2005 a 2011 fueron para 85 mil 119 personas.
El presupuesto destinado para el fideicomiso en comento del Ejercicio Fiscal de 2012, ascendió a 3 mil 816 millones 200 mil pesos, considerando 109 mil 659 beneficiarios para ese año, integrado por titulares, esposas, concubinas, hijos o herederos de ex braceros; se estimaba que el total de recurso que se habría de entregar en 2012, ascendería a 7 mil 54 millones 560 mil pesos con corte de un total de beneficiados de 193 mil 572 personas.
En los Presupuestos de Egresos de la Federación para los Ejercicios Fiscales de 2013 y 2014 no fue contemplada asignación respectiva de recursos para el fideicomiso en comento, por ende, de las últimas listas de beneficiarios publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y, habiendo aún recurso por entregar, es como se hace necesario que todos los expedientes que están en calidad de pendientes y catalogados como “viable” y “no viable” en las que se encuentran los beneficiarios y de aquellos que aún están en espera de recibir el apoyo, obtengan acceso al beneficio al aplicar las Reglas de Operación del Fideicomiso de Administración del Fondo de Apoyo Social a Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos más recientes, según sean los casos, liquidar los montos de los pagos pendientes e instituir la continuidad de la operación del Fideicomiso acorde a lo establecido en la ley en la materia.
Para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, el suscrito diputado, acorde a la normatividad, presentó una solicitud de gestión a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de ésta honorable soberanía, signada por 199 diputadas y diputados, de fecha 21 de octubre de 2013, con número de folio 022949, para destinar la asignación de mil 523.3 millones de pesos, y sustentada por el estudio técnico correspondiente del informe de impacto presupuestario emitido por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en el que se analiza y valora el otorgamiento de recursos para el Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos correspondiente al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 con número de solicitud CEFP/IFO/073/2013, y del cual se desprende que: “Partiendo del supuesto que al flexibilizarse los requisitos para obtener el apoyo, los 40 mil 87 expedientes que a la fecha no han calificado se hacen viables y considerando el apoyo de 38 mil pesos, se estima que el monto máximo de recursos que se necesitan sería de un mil 523.3 millones de pesos.”
Para la discusión en el pleno de ésta honorable soberanía del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, el suscrito diputado presentó la reserva correspondiente, debido a que en el proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, no fue contemplada nuevamente la asignación solicitada, y en consecuencia, fue rechazada la reserva en votación del pleno registrándose 226 votos a favor de la asignación de presupuesto solicitado, frente a 238 votos en contra de la asignación de recursos para el fideicomiso, publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3906, de las votaciones de los dictámenes de la sesión del miércoles 13 de noviembre de 2013.
El Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3o. de la ley en la materia, se integra por funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de la Función Pública, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Gobernación y, en calidad de invitados permanentes participa el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros y miembros del Poder Legislativo federal, concretamente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hasta la pasada LXI Legislatura. No obstante a que la mayor parte del Comité Técnico está instalado en éste gobierno, existen pendientes de recursos del fideicomiso para entregar a los beneficiarios y liquidar la deuda en justicia a todos los mexicanos que en aquella época participaron en el programa; lo que hace imperativo dar continuidad a los trabajos realizados para remunerarlos, sin lo cual, al mantenerse en calidad de pendientes, afecta directamente los derechos de los ex braceros migrantes que laboraron en los Estados Unidos entre 1942 y 1964 y sus familiares.
El jueves 25 de octubre de 2012, se publicó un punto de acuerdo del suscrito diputado, solicitando se realizara la creación de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos de los trabajadores migratorios mexicanos en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para la LXII Legislatura, con la finalidad de ser encargada de dar seguimiento a la erogación de los recursos para los trabajadores que han quedado pendientes de resolver, fiscalizar la correcta aplicación de los recursos destinados a la materia; así como continuar con los trabajos que realizaron las comisiones especiales en anteriores Legislaturas; además, se exhortó a la Junta de Coordinación Política de ésta honorable Cámara de Diputados para que integrara y presentase al pleno de esta soberanía, la propuesta de integración plural correspondiente de diputadas y diputados que habrían de integrar la Comisión Especial de seguimiento a los fondos de los trabajadores migratorios mexicanos.
Lo anterior también en estricta sujeción y acorde con todos los términos que establece la propia Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, el Reglamento correspondiente y en consecuencia, habiendo una estructura orgánica que implica Órdenes y Niveles de Gobierno, es como se hace manifiesta la íntegra necesidad de resolver de manera urgente por ésta Soberanía, garantizar la continuidad en la implementación del Fideicomiso en comento aunado al nombramiento del Miembro del Comité Técnico emanado de la Cámara de Diputados y la creación e integración de la Comisión Especial del Fideicomiso en comento para ésta LXII Legislatura, acorde a lo establecido en la Ley de la materia, para que ésta Soberanía, esté en condiciones de dar seguimiento y continuar recibiendo los informes periódicos trimestrales sobre el avance y la gestión que permita conocer la situación financiera del Fideicomiso y determinar la cantidad a presupuestar para los Ejercicios Fiscales subsecuentes. Sin embargo, ésta solicitud, presentada mediante punto de acuerdo, precluyó el pasado 15 de mayo del presente año, en la Junta de Coordinación Política acorde a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 184 del Reglamento de la Cámara de Diputados. No obstante a ello, el suscrito presentó otro punto de acuerdo el 14 de marzo del año 2013, relativo a la revisión de expedientes, se reconsidere seriamente por parte de la Junta de Coordinación Política la creación de la comisión especial del ramo y que se diera a conocer al Diputado representante del Poder Legislativo que funja como integrante del Comité Técnico del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, en concordancia con lo establecido en el artículo 3o. de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos; sin embargo, éste Punto de Acuerdo también ha precluido el 10 de enero de 2014, bajo la misma Disposición anteriormente referida, rescatándose solamente el nombramiento del Legislador que funge como integrante del Comité Técnico del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Debido a lo anterior, fue presentado otro Punto de Acuerdo el 26 de septiembre de 2013 para exhortar a la dependencia coordinadora y a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, para que en uso de sus respectivas atribuciones sea realizada una exhaustiva revisión de todos los expedientes de las personas que están catalogadas como pendientes “viables y no viables” y se les permita acceder al otorgamiento de su correspondiente beneficio en estricto apego a las recientes reglas de operación y en el marco de la Ley respectiva; además exhortar nuevamente y de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados reconsidere seriamente la creación de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos de los trabajadores migratorios mexicanos en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, así como su integración plural correspondiente de Diputadas y Diputados que habrán de constituirla, para ser la encargada de dar seguimiento a la erogación de los recursos para los trabajadores que han quedado pendientes de resolver, fiscalizar la correcta aplicación de los recursos destinados a la materia, continuar con los trabajos que realizaron las Comisiones Especiales en las anteriores Legislaturas, actualizar el Marco Normativo, determinar estrategias y gestionar las asignaciones de los recursos correspondientes a los Ejercicios Fiscales subsecuentes en ésta LXII Legislatura y propiciar las condiciones para la emisión de convocatorias subsecuentes; y de ello, lo relativo a la revisión de los expedientes fue turnado a la Comisión de Gobernación para dictamen respectivo, sin embargo, precluyó nuevamente al 31 de enero de 2014; y en cuanto a la reconsideración de la creación de la Comisión Especial relativa, se turnó a la Junta de Coordinación Política de ésta honorable soberanía, resultando que en reunión de trabajo de la Junta de Coordinación Política celebrada el 30 de septiembre de 2013, “dio cuenta y acordó no obsequiar la creación de la comisión especial”, además de turnar a la Comisión de Asuntos Migratorios para que diese seguimiento al tema.
Acorde a lo establecido en la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, se debe realizar lo conducente para propiciar las condiciones administrativas y presupuestales necesarias para emitir nuevas Convocatorias, actualizar el Marco Normativo, aplicación de criterios de simplificación administrativa con trámites más claros, públicos y accesibles para la población objetivo, combate a la corrupción, la implementación de una estrategia Federal que permita a las personas que solicitan y cumplan con los requisitos para acceder a su apoyo se haga de manera rápida y expedita; implantar la mejora en los contenidos de las campañas masivas de información que se hagan de manera periódica y permanente, acorde a lo que establece el artículo 8o. de la ley en la materia, como refuerzo al combate a la corrupción.
Todo lo anterior sustenta de manera reiterada que los derechos de los ex trabajadores migratorios mexicanos han sido ignorados al omitir la continuidad en la operación del Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, así entonces, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deba elaborar los modelos presupuestarios correspondientes junto con los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, para la implementación de la partida presupuestal adecuada y presentar las solicitudes de asignaciones al los Presupuestos de Egresos de la Federación subsecuentes y se destinen los recursos necesarios, inclusive, de ser ineludible, considerar asignaciones de los subejercicios del gobierno federal, con la finalidad de dar continuidad al Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y liquidar la deuda a todos los ex trabajadores migratorios mexicanos o sus beneficiarios que tengan derecho a acceder al beneficio.
Tomando como base un reciente estudio realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas relativo a los subejercicios con corte al tercer trimestre del año 2013 con número de solicitud CEFP/IFO/293/2013 de fecha del 6 de febrero de 2014, el cual señala: “Al cierre de septiembre de 2013, el saldo de los subejercicios presupuestarios ascendió a 3 mil 661.1 millones de pesos, monto superior en 39.6 por ciento (1 mil 39.2 millones de pesos) al saldo que se reportó para el segundo trimestre (2 mil 621.9 millones de pesos)...”, y una vez que no se asignaron los recursos necesarios para la continuidad de la operación del Fideicomiso en comento en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, es como ha de ser considerada la posibilidad de canalizar recursos originados de los subejercicios de éste año 2014, con la finalidad de subsanar los recursos necesarios y destinar la cantidad de mil 523.3 millones de pesos al Fideicomiso en comento, tal y como se ha sustentado anteriormente.
Es por lo expuesto, que someto a consideración de ésta honorable Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se implemente la creación de la partida presupuestal adecuada y permanente durante el presente sexenio para el Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos dirigida al Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales subsecuentes, así como propiciar las condiciones para la emisión de continuas convocatorias en estricta aplicación de la normatividad respectiva.
Segundo. Se exhorta a los titulares del gabinete del Ejecutivo federal para que en uso de sus respectivas atribuciones integren a todos los ex trabajadores migratorios mexicanos o sus beneficiarios a la mayor brevedad posible a los programas sociales a los que tengan derecho a acceder.
Tercero. Se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en uso de sus respectivas atribuciones, se contemple que de los subejercicios de la aplicación del Ejercicio Fiscal de 2014 se asignen mil 523.3 millones de pesos para la continuidad de la operación del Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, para que todos los expedientes de las personas que están catalogadas como pendientes se les permita acceder al otorgamiento de su correspondiente beneficio en estricto cumplimiento de las recientes Reglas de Operación y la aplicación de la ley respectiva.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2014.
Diputado Raúl Gómez Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que investigue y difunda entre los ciudadanos la información sobre las denuncias del supuesto fraude en la asignación de recursos federales de los Programas de Empleo Temporal, y de Empleo Temporal Inmediato 2013 de la Sedesol en Colima, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN
De la diputada Martha Leticia Sosa Govea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación para que en un plazo máximo de 30 días naturales investigue y rinda un informe detallado a la ciudadanía sobre las denuncias ciudadanas en el estado de Colima, por un supuesto fraude en la asignación de recursos federales del programa Empleo Temporal (PET) y programa Empleo Temporal Inmediato (PETI) 2013 de la Secretaría de Desarrollo Social, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El Estado debe de contribuir al bienestar socioeconómico de la población que se encuentra en desempleo, como una garantía social, misma que es reconocida por nuestra Carta Magna. En este sentido, desde el segundo semestre de 1994, a raíz de la crisis económica que México afrontaba, se creó un programa emergente para generar empleos y así poder atemperar la situación de pobreza que muchas familias del medio rural padecían.
Así, se instrumentó el Programa Emergente de Conservación de Caminos Rurales con Uso Intensivo de Mano de Obra, coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Este programa se orientaba a la generación del empleo con la utilización de mano de obra local no especializada, permitiendo dos beneficios: el primero, destinado a los participantes con la obtención de un ingreso transitorio, y el segundo a mantener en buenas condiciones de operación la red de caminos rurales existente en zonas de pobreza.
A finales del año 1999 el programa cambia su nombre, denominándolo, Programa de Empleo Temporal (PET) y al mismo tiempo adquiere un carácter intersecretarial en el que involucra a las Secretarías de Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mismo que estuvo presente hasta 2007.
A mediados de 2008, nuestro país se vio inmerso en una crisis económica por factores internacionales, en la que cabe destacar que afortunadamente se supo afrontar con verdadera inteligencia, en comparación con otros países latinoamericanos; por ello, en el año 2009 se suscribió el Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo, con el propósito de proteger el empleo y apoyar el ingreso de las familias mexicanas a la luz de los efectos de la crisis mundial. Dentro de los componentes del Paquete de Apoyo al Empleo del acuerdo antes mencionado, se estableció la ampliación del Programa de Empleo Temporal, que tuvo por objeto atender la situación de las personas que se encentraban en condición de desempleo o subempleo.
Es de señalar, esta directriz utilizada en los sexenios anteriores, es hoy elemento esencial del Plan Nacional 2012-2018, que de igual forma promueve apoyar a la economía familiar y el empleo, siendo una estrategia de la actual Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH). Y esto es posible conjuntando esfuerzos y recursos de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado.
En este sentido, es de mencionar que en el mes diciembre del año pasado, la Secretaría Técnica del Comité Técnico del Programa de Empleo Temporal, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, autorizó la partida presupuestaria con las reglas de operación del programa mencionado. Asimismo, el 12 de diciembre de ese mismo año, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria emitió el dictamen respectivo, y creó el “Acuerdo por el que los integrantes del comité técnico del Programa de Empleo Temporal emiten las Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal para el Ejercicio Fiscal de 2014” Abrogando las Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal, para el Ejercicio Fiscal de 2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de ese año.
Lo relevante de este acuerdo es que el artículo tercero transitorio permite que el otorgamiento de los apoyos a los beneficiarios del Programa de Empleo Temporal, se instrumentarán por un mecanismo vía electrónica, mediante el uso de productos bancarios, de conformidad con lo dispuesto por el decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la administración pública federal.
De igual forma, el Programa Empleo Temporal Inmediato (PETI), perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y que participa en el levantamiento de apoyos a personas que por cuestiones de emergencia de desastres naturales se vean afectados en sus empleos, puedan beneficiarse por este programa emergente como lo sucedido con el temporal del mes de septiembre pasado.
No obstante lo anterior, los apoyos no siempre llegan a quienes más lo necesitan, tal es el caso en el que más de mil 500 campesinos de Tecomán y Armería, en el estado de Colima, beneficiarios del Programa de Empleo Temporal Inmediato (PETI) –independiente del programa de Empleo Temporal– fueron defraudados.
Cabe agregar que los beneficios de este programa fueron a productores de limón, quienes requieren verdaderamente del apoyo gubernamental para prevenir y combatir los efectos del HLB en los cultivos, sin embargo fueron defraudados como es el caso de los citricultores de comunidad de la Cofradía de Juárez, municipio de Armería, señalaron públicamente en días recientes que nunca se les entregaron sus tarjetas para el cobro del depósito del Programas Temporal Inmediato.
De igual forma, se presume que las comunidades de Cerro de Ortega, Cofradía de Juárez, Tecolapa, Caleras en el municipio de Tecomán que se dedican a la actividad de la ordeña, han sido también afectados debido a que no han podido recibir su beneficio porque no se les ha hecho el depósito a las tarjetas del Programa Empleo Temporal.
En ambos programas, según la información publicada a través de los medios impresos, los beneficiarios deberían haber recibido en sus tarjetas un deposito de 2 mil 500 pesos; es decir, el recurso correspondiente a los programas de Empleo Temporal que maneja la Sedesol, por lo que se presume que nunca llegó a las cuentas de los campesinos la suma de 3 millones 840 mil pesos. De igual forma, informa la Sedesol que fueron 5 mil 863 tarjetas que se repartieron a los beneficiarios del programa empleo temporal, pero en mil 500 de ellas nunca recibieron el depósito correspondiente.
Igualmente, el delegado de la Sedesol Colima, deslindó a la dependencia federal, al señalar que el supuesto fraude había sido cometido por dos trabajadores del gobierno estatal, quienes ya han sido destituidos de su cargo y que ese hecho se encuentra debidamente incorporado en la investigación correspondiente. Refiere el funcionario que tras recibir el reporte de los beneficiarios, expuso la situación ante la Secretaría de Desarrollo Rural estatal, a fin de que se tomaran las medidas pertinentes, en él refieren que se ha cumplido al pie de la letra la normatividad, porque el depósito de los recursos se hizo directamente al gobierno estatal, para que a través de las Secretarías de Finanzas, Planeación y Desarrollo Rural, se elaborara el padrón de beneficiarios.
Por ello, hoy hago uso de esta tribuna para respaldar a estos campesinos colimenses ante la situación que enfrentan, el desempleo ha mermado su economía familiar y por ello estaban esperanzados en recibir dicho apoyo, ahora son defraudados y la única respuesta es que la Sedesol estatal se deslinda, y que deben de esperar la investigación del delito de fraude, por ello someto a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación para que en un plazo máximo de 30 días naturales investigue y rinda un informe detallado a la ciudadanía, sobre las denuncias ciudadanas en el estado de Colima, por un supuesto fraude en la asignación de recursos federales del Programa Empleo Temporal, y el Programa Empleo Temporal Inmediato 2013, de la Secretaría de Desarrollo Social.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2014.
Diputada Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a transparentar la información relativa a la reciente compra de la planta de Agro Nitrogenados, SA de CV, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Juan Bueno Torio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la legislatura LXII, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos para que se transparente la información relativa a la reciente compra de la Planta de Agro Nitrogenados, SA de CV, por parte de Petróleos Mexicanos a través de la publicación del avalúo que sirve como base de la negociación; explicar si en esta operación, Petróleos Mexicanos está cobrando el adeudo que aún se tiene por parte de Agro Nitrogenados, así como hacer del conocimiento público la información, los objetivos y el contexto de esta operación, ya que contribuirá a generar mayor certeza en la sociedad y a reducir la resistencia de algunos sectores de la misma en la reforma energética, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Después de operar como iniciativa privada desde su privatización en 1992 Agromex (corporativo) y Agro Nitrogenados (planta industrial) producen y venden en el territorio nacional y exportan a distintos países urea. Es en el año 1999 cuando los precios internacionales de urea caen a mínimos históricos, por lo que Agromex entra en problemática de producción debido a que su costo de producción estaba por encima del precio al que podía venderla. Entonces deja de pagar a Pemex su abasto de amoniaco.
Pemex inicia juicio para cobrar dicho amoniaco, donde intervienen las afianzadoras que tenían de garantía para el cobro, no logrando ningún resultado ni por vía directa ni por vía de las fianzas. El adeudo de amoniaco en esa época, con todo y el costo financiero se presume que asciende a esa fecha a más de cien millones de dólares.
En ese mismo año Grupo Acerero del Norte (GAN) y sus subsidiarias AHMSA (Altos Hornos de México) y por ende Agromex se declaran en suspensión de pagos, por lo que además de Pemex muchos otros acreedores entre bancos y financieras internacionales quedan sin posibilidades de cobro, esto hasta el día de hoy.
Cuando Pemex corta el suministro de amoniaco a Agromex éste logra un amparo por lo que se liberan ordenes de aprehensión en contra del entonces director general de Pemex, Adrian Lajous y del presidente del Consejo del mismo, Luis Téllez, entonces secretario de Energía.
Consideraciones
Como sabemos, la cadena de producción de urea se origina con el gas natural que convertido en amoniaco termina por convertirse en urea; actualmente el gas se convierte en amoniaco en las plantas de Petroquímica Cosoleacaque (Pecosa), después el amoniaco es enviado a través de un amonioducto desde Pecosa hasta Agro Nitrogenados.
En México se consumen cuatro millones de toneladas de fertilizantes, de las cuales un millón trescientas mil toneladas son de urea. Solo una tercera parte del total.
Otros muchos fertilizantes se producen y se venden en México como sulfato de amonio, superfosfato triple, fosfato di amónico, fosfato mono amónico, nitrato de amonio, etcétera. Un 66 por ciento de los fertilizantes que se consumen en México no son urea. De hecho, un cultivo para su desarrollo y producción necesita de tres nutrientes principales (nitrógeno, fósforo y potasio) todos igual de importantes, la urea solo aporta el nitrógeno.
Se importan anualmente a México dos millones trescientas mil toneladas de fertilizantes entre todos, o sea un 57 por ciento el total del consumo y no el 90 por ciento como el gobierno lo ha venido diciendo, de hecho importa productos que ni aunque quisiéramos podríamos producir en México como el potasio que viene de minas como Rusia y Canadá.
Solo de urea no puede vivir un cultivo, desde que cerraron las plantas de fertilizantes en México debido a distintos factores como rentabilidad o falta de integración de la cadena del gas, se importaron productos para atender la demanda nacional en un principio a precios competitivos y posteriormente fueron incrementándose. Nunca se ha escuchado una noticia que en México haya desbasto de fertilizante. Si se ha escuchado que no llegan con oportunidad, sobre todo a los pequeños productores.
Por lo tanto, es importante que la distribución de lo que pueda producir Pemex en Agromex tenga un esquema de libre mercado y que no se politice la entrega y distribución de la misma, pues en el pasado Fertimex y el PRI utilizaron la venta del fertilizante con motivos políticos, entregando el mismo a cambio de votos. Esperemos que esto quede muy claro y no caigamos en temas de coacción a los productores en el campo mexicano.
Se ha hecho creer a todos que la baja producción del campo es porque el agricultor no conoce o no puede adquirir fertilizante, cuando la realidad es que no tiene los recursos para comprarlo y la solución sería el que tuviera crédito oportuno. Ahora bien, se sabe que la producción nacional es buena y que servirá para bajar los costos, pero lo importante es que se distribuya en un esquema de mercado y no con esquemas clientelares pocos transparentes.
Activos adquiridos por Pemex
Unidad Industrial en el Complejo Petroquímico de Pajaritos con una superficie de 112 hectáreas que fue construida a principios de los años 70 con tecnología Snamprogetti.
Esta unidad industrial cuenta con 3 plantas, dos para producir urea y una para producir nitrato de amonio.
La capacidad de producción de urea es de 3,000 TM por día (1,500 TM en a cada planta) por lo que la capacidad anual de la misma es de un millón ochenta mil toneladas métricas.
La capacidad de producción de nitrato de amonio es de 750 toneladas por día para una producción anual 270,000 toneladas métricas por año.
La planta cuenta con instalaciones portuarias para el atraque, carga o descarga de buques de fertilizantes sólidos y líquidos con un calado aproximado de de 30 pies. El muelle tiene la capacidad de atraque de dos buques al mismo tiempo. Dicho muelle se encuentra en la Laguna de Pajaritos.
Además la planta tiene instalaciones de ensacado y una red interna de vías de ferrocarril para surtir embarques por vía FFCC.
Todas las instalaciones se encuentran en condiciones deplorables, con cero mantenimiento en los casi 15 años que tienen paradas. Esto incluye activos de producción, bodegas y vías, las instalaciones prácticamente están en condiciones de semidestrucción.
Aunque Pemex habla que se pueden habilitar dichas instalaciones para producir en 15 meses, expertos en la materia a nivel internacional dicen que cuando menos tomará 2 años desde el momento en que inicien los trabajos.
En la década de los sesenta, nuestro país contaba con una pujante industria de fertilizantes que abastecía con los insumos necesarios al campo mexicano; sin embargo, actualmente las importaciones de éstos representan el 70 por ciento del consumo interno, según datos de Sagarpa.
En el 2012, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Comercializadores de Fertilizantes (Anacofer), FIRA y Sagarpa, señalaron que la producción nacional de fertilizantes alcanzó la cifra de 1.5 millones de toneladas, mientras que la importación contabilizó 2.7 millones.
La reactivación de la producción de gas y amoníaco de nuestro país es necesaria para impulsar, tanto la producción de fertilizantes como la reducción de las importaciones de éstos, la cual está contemplada en las disposiciones de la reforma energética.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos para que se transparente la información relativa a la reciente compra de la Planta de Agro Nitrogenados, SA de CV, por parte de Petróleos Mexicanos a través de la publicación del avalúo que sirve como base de la negociación; explicar si en esta operación, Petróleos Mexicanos está cobrando el adeudo que aún se tiene por parte de Agro Nitrogenados, así como hacer del conocimiento público la información, los objetivos y el contexto de esta operación, ya que contribuirá a generar mayor certeza en la sociedad y a reducir la resistencia de algunos sectores de la misma en la reforma energética.
México, DF, a 12 de febrero de 2014.
Diputado Juan Bueno Torio (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y de Jalisco a declarar alerta sanitaria en la entidad por los elevados casos del virus de influenza A (H1N1), a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN
La diputada federal Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, fracción III, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base en las siguientes
Consideraciones
Estamos ante un problema grave ya que en las últimas fechas y pese al aumento constante de casos y defunciones de la denominada gripe AH1N1 que fue detectada en nuestro país entre marzo y abril de 2009, la Secretaria de Salud Federal ha insistido en que la situación es normal y ha descartado declarar una alerta epidemiológica.
Sin embargo los casos van en aumento, y es que hasta el día 30 de enero se confirmaron 2, 235 casos de influenza estacional AH1N1, en la última semana, las cifras de contagios y defunciones han pasado de 135 a 255, es decir, tan solo siete días se contabilizaron más de 110 muertes.
Informaron que “la distribución de casos y defunciones confirmados por fecha de inicio de síntomas es la siguiente: en la semana del 1 al 4 de enero 349 casos y 69 defunciones; en la semana del 5 al 11 de enero 865 casos y 118 defunciones; en la semana del 12 al 16 de enero 594 casos y 50 defunciones; en la semana del 17 al 23 de enero 728 casos y 34 defunciones. Durante la semana del 24 al 30 de enero se han confirmado 108 casos y dos defunciones.”
Las personas que tienen mayor riesgo de contagiarse del virus de acuerdo a la Secretaría de Salud, son las niñas y niños menores de cinco años y personas mayores de 60 años, así como personas con enfermedades pulmonares, obesidad, diabetes, enfermedades del corazón, VIH/sida o cáncer, siendo que los casos registrados son más graves. Este virus estacional, provoca cuadros más severos en adultos de entre 35 y 55 años que padecen alguna enfermedad crónica como obesidad y diabetes.
Asimismo, se ha informado el avance de este virus en las entidades del país, siendo Baja California y Jalisco los más afectados.
De acuerdo al boletín de fecha 17 de enero del 2014 de la Secretaría de Salud estatal “con los datos preliminares estatales, el director general de Salud Pública, Jorge Blackaller Ayala informó que este jueves se envió a la federación, 62 casos confirmados de influenza, y dos defunciones también confirmadas por influenza, “esto va ser entonces muy probablemente la cifra de 81 casos y tres defunciones; ya habíamos mencionado, el pasado lunes, 19 casos y una defunción”.
Sin embargo, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) de la Secretaría de Salud federal (SSa) confirmó de 37 fallecimientos por influenza en Jalisco ocurridos en lo que va del 2014 del 1 al 29 de enero. Asimismo, da cuenta que se incrementó a 348 el número de enfermos, frente a 219 reconocidos hasta el pasado 23 de enero.
Sabemos que gran parte de los negocios, restaurantes, escuelas y lugares de gran afluencia operan sin prevención especial contra la influenza, áreas de uso común como el transporte público, barandales, tocar dinero, manijas, son focos rojos para el contagio. El virus se disemina por ejemplo, a través de las manos cuando una persona tose o estornuda sobre ellas y luego saluda de mano a otras personas o toca superficies que quedan contaminadas.
Las cifras son preocupantes, considerando que solo se habla de los casos registrados antes la Secretaria de Salud estatal y no siempre corresponden a los datos reales. Asimismo surge la duda ¿Realmente existen vacunas suficientes?
Al preguntarle a diversas madres de familia si en las escuelas que asisten sus hijos se estaban aplicando filtros sanitarios, comentaron que no era así, que no estaban controlando el acceso de alumnos que pudieran presentar signos de resfriado, ni tampoco se aplicaba gel o se dotaba a los alumnos de cubre bocas.
La propagación del virus de la influenza A/H1N1, se ha convertido en una preocupación constante en todo el país, pero sobre todo en esta entidad, por lo que solicito a las autoridades de salud den a conocer con precisión los casos que se han registrado en la entidad, sin disfrazar cifras ni omitir detalles.
Ante el aumento en el número de casos de influenza, solicitamos a las autoridades estatales además a tomar medidas urgentes eficaces y de ser necesario suspender clases, establecer cercos sanitarios, reforzar las campañas de vacunación e implementar todas las medidas preventivas y terapéuticas necesarias para garantizar la protección de la salud en la entidad.
Es importante hacer hincapié que para contender ante una emergencia de salud es necesaria la acción decidida y compartida de gobierno y sociedad. La prevención y atención temprana, son clave para combatir este tipo de enfermedades.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal a que se declare una alerta sanitaria en el estado de Jalisco por los casos elevados del virus de influenza A(H1N1).
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador de Jalisco para que a través de la Secretaría de Salud estatal se tomen medidas urgentes y eficaces y de ser necesario suspender clases, establecer cercos sanitarios, reforzar las campañas de vacunación e implementar todas las medidas preventivas y terapéuticas necesarias para garantizar la protección de la salud en la entidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2014.
Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica)