Proposiciones

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar estudios sobre la autorización de adecuación a favor del proyecto para el desarrollo de la tercera fase de exploración minera en el área Espejeras, a cargo de la diputada Josefina García Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los titulares de la Sagarpa y de la SE a implantar acciones que estabilicen los precios del azúcar en el mercado nacional, a cargo del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, a la SE, a la Sectur y a Pemex, así como a cualquier dependencia pública federal, a restringir los acuerdos comerciales y negocios con el gobierno de Texas, EUA, en tanto prosigan las ejecuciones de mexicanos, contra los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Baja California Sur a promulgar el decreto 2122, expedido el 28 de noviembre de 2013 por el congreso local, mediante el cual se adicionó el artículo 265 Bis al Código Penal vigente, con el establecimiento en dicho numeral del delito de feminicidio, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Conaliteg a incluir en la política pública educativa de los libros de texto el nivel medio superior, suscrita por los diputados Lisandro Arístides Campos Córdova, Frine Soraya Córdova Morán, Brasil Alberto Acosta Peña y Jesús Tolentino Román Bojórquez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a expedir una NOM para detectar, diagnosticar y tratar la hemofilia, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a modificar la NOM-010-SSA2-2010, “para la prevención y el control de la infección por virus de inmunodeficiencia humana”, a fin de garantizar el acceso a la prueba de VIH/sida y entrega de resultados a los jóvenes de 12 a 18 años de edad que lo soliciten, con o sin la autorización de los padres, el tutor o el representante legal, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa y de la Sedesol a implantar mayores medidas que permitan cumplir el Objetivo de Desarrollo del Milenio relativo a la disminución de la mortalidad materna, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud federal y a los gobiernos locales y del Distrito Federal a emprender con las autoridades competentes acciones coordinadas para reforzar el control y la supervisión de los establecimientos dedicados al tratamiento y la rehabilitación de personas con trastornos por abuso y dependencia del alcohol y otros psicoactivos, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implantar acciones y políticas para reducir e incluso erradicar la incidencia del dengue en el territorio nacional, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Chihuahua a discutir y, en su caso, aprobar la tipificación en el Código Penal del delito de feminicidio, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a difundir el informe sobre la averiguación previa derivada de la explosión ocurrida en el edificio B-2 del Centro Administrativo de Pemex el 31 de enero de 2013, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conaculta a realizar un homenaje póstumo al escritor José Emilio Pacheco, a cargo de la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a presentar la candidatura de México para los Juegos Olímpicos de 2024, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a emprender por el Comité Nacional de Producción Orgánica medidas para impulsar ese tipo de producción, a cargo del diputado Salvador Ortiz García, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a Capufe que se investiguen por el Órgano Interno de Control los supuestos casos de corrupción presentados en las plazas de cobro números 60, Rodolfo Robles, y 85, Luis Cabrera, así como en la Subgerencia de Operación de la Gerencia de Tramo Chiapas, a cargo del diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a otorgar apoyos económicos a los locatarios afectados por el incendio acaecido en el mercado de La Merced el sábado 25 de enero, a cargo del diputado José Isidro Moreno Árcega, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Auditoría Superior de la Federación y a la de Coahuila que investiguen sobre el endeudamiento de los recursos federales destinados a Frontera, Torreón, Monclova, Nadadores y Candela, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Servicio Postal Mexicano y de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a emitir respectivamente una estampilla y un billete conmemorativos del 75 aniversario del INAH, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PRI

---

---

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar estudios sobre la autorización de adecuación a favor del proyecto para el desarrollo de la tercera fase de exploración minera en el área Espejeras, a cargo de la diputada Josefina García Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, a tenor de los siguientes

Antecedentes

La autorización de concesiones mineras y proyectos hidroeléctricos en la zona de la Sierra Norte de Puebla en las últimas décadas, forma parte de una problemática regional que afecta a diversas comunidades indígenas de la región y vulnera los derechos colectivos de dichas comunidades, reconocidos en la legislación nacional y en los instrumentos de derecho internacional en la materia de los que México forma parte.

Son conocidas las protestas de los habitantes organizados de estas comunidades, con relación a proyectos específicos tales como el de construcción de una planta hidroeléctrica en los márgenes del río Ajajalpan, por parte de Grupo México, mismo que ha sido objeto de trabajos anteriores por parte de este Poder Legislativo, y el proyecto de exploración minera en el área denominada Espejeras, municipio de Tetela de Ocampo, situación que abordamos en esta ocasión.

Información

El 1 de octubre de 2013, a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) expidió el oficio número SGPA/DGIRA/DG/07048, mediante el cual dio a conocer su resolución sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto de exploración minera en el área denominada Espejeras, promovido por la empresa Minera Espejeras, SA de CV.

A través de este instrumento, la Semarnat determinó que el proyecto es ambientalmente viable, por lo cual resolvió autorizarlo de manera condicionada, imponiendo a la empresa el deber de sujetarse a una serie de términos y condicionantes, que se establecen también en el oficio de referencia.

Al efecto, se destaca la condicionante tercera, en la que se dispone que:

“En estricto apego a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1 y 2; a lo previsto en los numerales 6 y 7 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo; así como a las recomendaciones 37/2012 y 56/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, considerando que el proyecto incide sobre el territorio en el que habitan comunidades indígenas en el municipio de Tetela de Ocampo, estado de Puebla, y que a la fecha de la emisión de la presente no existe constancia de que se haya realizado a esas comunidades la consulta previa respecto del proyecto de mérito, la promovente derivado de lo señalado en el considerando XX deberá presentar ante esta DGIRA previo al inicio de cualquier obra y/o actividad, el Acuerdo firme y definitivo que celebren la promovente con las comunidades antes señaladas, en el que expresamente conste el consentimiento, previo, libre e informado, que esas comunidades otorgan para la ejecución del proyecto, con la finalidad de informar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el avance en el cumplimiento de las Recomendaciones antes señaladas.”

Tras darse a conocer la autorización, integrantes de Tetela hacia el Futuro, así como otras organizaciones indígenas y campesinas defensoras de la tierra y el agua de la Sierra Norte de Puebla, de Veracruz y Chiapas, emprendieron acciones de protesta en contra del proyecto y para exigir a las autoridades la declaratoria de área natural protegida.

Valga mencionar, que se tiene conocimiento de que, como parte de los eventos que derivan de la autorización de referencia, con fecha 4 de octubre de 2013, el titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, dirigió un oficio identificado con el número SG/CDPIM/433/2013, en el que dicha Comisión “recomienda la suspensión de la resolución expedida por la Semarnat, en favor de la exploración, a favor del Proyecto de Exploración Espejeras, ubicado en el Municipio de Tetela de Ocampo, hasta en tanto no se cumplan todas y cada una de las disposiciones en la materia, contempladas en el Marco Normativo mexicano e internacional, para que se evite la situación de confrontación, política, social y jurídica que se avecina, dado que la población donde proyecta instalarse dicha empresa ha dado muestras comprobadas de un rechazo generalizado al proyecto que pretende imponerse a espaldas de la población de dicho municipio.

...

En la emisión de permisos no se garantizó el derecho a la consulta, a los habitantes del territorio indígena (...) por permitir la exploración y explotación minera en su territorio, sin haberle consultado previamente.”1

Si bien, se toma en cuenta que el 7 de marzo de 2013 se realizó una Reunión Pública de Información del proyecto en la que participaron 7 ponentes y 734 asistentes, conforme la información que presenta la Semarnat en el oficio SGPA/DGIRA/DG/07048, se reconoce que, como se asienta en la condicionante tercera del instrumento de referencia, la empresa no ha realizado la consulta previa a las comunidades afectadas.

Al respecto, se observa que existe una vulneración al marco normativo constituido por los instrumentos internacionales en la materia, de los que México forma parte, al hacer recaer sobre la empresa la responsabilidad de presentar el “acuerdo firme y definitivo que celebren (...) con las comunidades antes señaladas” como una condición subsiguiente a la autorización de mérito.

Marco Normativo

Los artículos 6, 7, 13 y 15 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, disponen que:

Artículo 6

1 . Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a ) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

b ) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;

c ) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Artículo 7

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en la que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.

Artículo 13

1 . Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos que ocupan o utilizan de alguna otra manera y en particular los aspectos colectivos de esa relación.

2. La utilización del término “tierras” en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

Artículo 15

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos compren den el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados , a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en sus artículos 19 y 32 dispone:

Artículo 19

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Artículo 32

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

3. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual. Consideraciones

De lo anterior, se desprende claramente que corresponde a las autoridades realizar la consulta a los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas susceptibles de afectarles directamente, así como también, de establecer o mantener procedimientos para consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si sus intereses serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección y explotación de los recursos existentes en sus tierras.2

De acuerdo con fuentes periodísticas, la agrupación Tetela hacia el Futuro ha señalado que la MIA autorizada es un recurso ejecutado a destiempo para legitimar retroactivamente las actividades de exploración que la minera llevó a cabo desde inicios del año pasado.

Es de destacarse el precedente, mencionado en el oficio SG/CDPIM/433/2013de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, respecto de la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), referente al amparo interpuesto por el pueblo yaqui en el caso del Acueducto Independencia, en Sonora(amparo en revisión 631/2012), donde se establece la importancia de que cualquier autoridad que pretenda realizar un proyecto en donde exista esta posibilidad de afectación realice una consulta al pueblo indígena y que este proceso de consulta debe cumplir con una serie de contenidos mínimos para garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

En dicha resolución, se hizo énfasis en que no bastaba que la autoridad responsable pusiera el proyecto a disposición del público a través de diversos medios de difusión o la realización de una consulta pública, dada la calidad de la comunidad a la que pertenecen los quejosos, pues dicha consulta debe hacerse adecuadamente y

Tomando en consideración estos razonamientos, se estima que el proceso de consulta a los pueblos indígenas sobre una medida tal como la autorización del proyecto para el desarrollo de la tercera fase de exploración minera en el área denominada Espejeras, a través de la perforación de 27 barrenos, misma que inconcusamente les afecta de forma directa, debía ser una acción previa a la autorización, y desde luego, al emprendimiento de cualquier obra, proceso que además, debe ser conducido por la autoridad y no por la empresa.

En virtud de lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a que realice los estudios pertinentes sobre la procedencia de adecuar la Condicionante no. 3, sobre la autorización condicionada a favor del proyecto para el desarrollo de la tercera fase de exploración minera en el área denominada Espejeras, a favor de la empresa de Minera Espejeras, SA de CV, establecida en el oficio número SGPA/DGIRA/DG/07048, suscrito por el titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, conforme los términos que establecen los instrumentos internacionales en la materia, de los cuales se desprende que corresponde a las autoridades la responsabilidad de realizar la consulta a los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas susceptibles de afectarles directamente, así como también, de establecer o mantener procedimientos para consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si sus intereses serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección y explotación de los recursos existentes en sus tierras.

Notas

1 Aunque el oficio de referencia se cita en al menos tres notas periodísticas, no es posible localizarlo en el sitio de la CDPIM, por lo que cabría hacer consultas para verificar su autenticidad y estado actual.

Municipios Puebla, http://www.municipiospuebla.com.mx/nota/2013-10-04/tetela-de-ocampo/rec omienda-segob-suspender-permisos-de-exploraci%C3%B3n-la-minera-frisco

Milenio, http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/97092bcb0fa399b4c2ecd3c4bf0 1ea78

Global Industries Suplemento http://www.globalindustries.mx/Ediciones2013/Octubre2/files/assets/basi c-html/page22.html

2 Se retoman elementos del análisis de la sentencia relativa al AMPARO EN REVISIÓN 631/2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2014.

Diputada Josefina García Hernández

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los titulares de la Sagarpa y de la SE a implantar acciones que estabilicen los precios del azúcar en el mercado nacional, a cargo del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, conforme a las siguientes

Consideraciones

El azúcar es uno de los productos básicos de consumo, su producción se realiza en los ingenios a partir de los jugos de caña de azúcar y de remolacha, dando origen a una agroindustria que genera gran cantidad de empleos, participando directamente en la economía nacional.

La caña de azúcar es un cultivo agrícola que permite una amplia diversidad productiva. Esto debido a que de ella se pueden obtener los siguientes derivados azúcar, papel y cartón, alimento para animal, alcohol y etanol, entre otros.

En México, la industria azucarera es muy importante, requiriendo en los últimos diez años una superficie cultivada del orden de 650 mil hectáreas por año, cuya producción alcanza en promedio los 48 millones de toneladas de caña de azúcar.

En 2012, la caña de azúcar se cultivó en 15 de los 32 estados de la República Mexicana, por lo que tiene una gran importancia económica, social y ecológica para nuestro país.

De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), durante el 2011, México ocupó el sexto lugar a nivel mundial, sólo por debajo de Brasil, India, China, Tailandia y Pakistán.

Veracruz ocupa el primer lugar nacional en el cultivo de caña de azúcar, aportando 36 por ciento de la producción total nacional y de la superficie total cosechada.

Con relación a las modalidades de producción (riego o temporal), Veracruz es el estado que obtiene un mayor volumen de producción de caña de azúcar. Veracruz ha aportado bajo riego el 24.6 por ciento del total de volumen de producción nacional, mientras que bajo temporal ha generado 50.1 por ciento del volumen. Por otra parte, Jalisco ocupa la segunda posición, al aportar en la modalidad de riego 21.9 por ciento del volumen total nacional y el 2.6 por ciento en la modalidad de temporal.

De acuerdo con datos preliminares del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, en 2012, el área destinada a este cultivo alcanzó una superficie de 786 mil 539 hectáreas, de las cuales se cosecharon 736 mil 483. Con ello, se alcanzó una producción de 51 millones 304 mil 319 toneladas, cifra que representó el 99.4 por ciento del total programado inicialmente por la Sagarpa. Los estados de Veracruz, Jalisco, Tamaulipas y Oaxaca concentraron el 60.23 por ciento del total de la producción nacional obtenida en 2012.

Dada la manifiesta importancia de esta industria y su impacto dentro de la economía nacional, es necesario fomentar esta rama de la producción a fin de darle a quienes en ella intervienen, certidumbre y las condiciones que la vuelva a ser rentable, incremente su capacidad para generar empleos e impulse su propio crecimiento.

Sin embargo, actualmente la producción de caña se enfrenta a diversos factores que impactan de manera negativa en la productividad de este cultivo; factores que van desde aspectos técnicos, económicos y sociales; tanto de carácter nacional como internacional.

La aparente sobreoferta en la producción de azúcar, en lo que va del ciclo 2012-2013, ha provocado una disminución en los precios de este insumo, y a pesar de que la caída de los precios inició desde octubre de 2011 y logró una ligera recuperación en mayo de 2012, a partir de este mes se acentuó su tendencia a la baja.

Esto hizo que el kilogramo de azúcar estándar cayera 33.1 por ciento, al pasar de 11 mil 888.80 de pesos la tonelada en mayo de ese año a 7 mil 907 pesos la tonelada en la tercera semana de enero de 2013.

Cabe comentar que en octubre de 2012, se dio a conocer el precio de referencia del azúcar base estándar para el pago de la caña de azúcar correspondiente a la zafra 2012-2013, el cual se anunció en 10 mil 617.72 pesos por tonelada. Sin embargo, de acuerdo con el precio promedio de mercado se tiene una pérdida de 2 mil 702.17 pesos por tonelada, lo que equivale a una reducción de 25.53 por ciento.

Este problema llevó a que los cañeros demandaran la aplicación del fideicomiso de exportación de los excedentes de la producción nacional con el fin de desahogar el mercado interno y equilibrar los precios. No obstante, a pesar de que los cañeros lograran colocar sus excedentes en otros mercados, el precio de referencia internacional se cotizó en 480.70 dólares la tonelada en la semana del 22 de enero, valor que equivale a alrededor de los 6 mil pesos, por lo que también estarían enfrentando un mercado internacional con bajos precios de compra.

Por lo anterior, el índice de precios del azúcar, calculado por la FAO, alcanzó en diciembre su valor más bajo desde agosto de 2010, registrando una caída anual de 17.1 por ciento en 2012, mostrando volatilidad hasta mediados de 2011. A partir del último trimestre de ese año, los precios internacionales y nacionales presentaron un comportamiento similar, debido a que coincidieron con una mayor oferta del producto.

Es importante que tomemos las acciones necesarias para apoyar al campo cañero mexicano, se debe de pedir el apoyo a las autoridades encargadas de diferentes programas federales, para buscar que se les otorgue un apoyo económico a este sector.

Es necesario asegurar el abasto permanente de azúcar; otorgar equidad a todos los participantes dentro de la cadena de producción y se debe de realizar un esfuerzo sostenido para mejorar la eficiencia del campo cañero y de la planta industrial azucarera.

Tenemos un sector azucarero con una excesiva producción frente a un mercado restringido, con la caída de los precios de exportación del azúcar, las disputas sobre la negociación de las cuotas en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y una mayor utilización de los sucedáneos del azúcar (jarabes de maíz de alta fructuosa y edulcorantes sintéticos como el aspartame, entre otros), que han deprimido el consumo industrial doméstico.

Así, tanto la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación como la Comisión Nacional del Agua deben trabajar en comunicación constante a fin de preservar los recursos naturales agua y suelo, y generar mejores rendimientos y mayor productividad en el cultivo de la caña de azúcar, a fin de solventar los requerimientos del mercado nacional y disponer de producto para la exportación.

Pese a contar con programas como el Nacional de la Agroindustria de Caña de Azúcar 2007-2012, que tiene como propósito el brindar certidumbre a productores del campo, obreros, industriales y a todos los agentes que integran la cadena productiva, que coadyuven a mejorar la productividad y competitividad de las actividades de la agroindustria de la caña de azúcar, no resultan suficientes para hacer frente a esta problemática.

El daño económico es para todo el país, provocado por la disminución del precio del producto que afecta ya los ingresos de 165 mil productores y provoca pérdidas por ocho mil 500 millones de pesos, como se estiman hasta el momento los afectados.

Frente a esta situación, desde el 21 de enero, productores cañeros de las confederaciones Nacional Campesina (CNC) y de Propietarios Rurales (CNPR) mantienen bloqueados los ingenios y las bodegas del país, como protesta por la caída del precio del edulcorante y el aumento constante en la importación de alta fructosa.

Necesitamos evitar que el precio del azúcar continúe a la baja, así como exigir a las autoridades que detengan la importación de la fructosa y tratar de alcanzar con ello un equilibrio que evite que la producción de la zafra de este año se junte con los inventarios del ciclo anterior, lo que resultará todavía más perjudicial para el sector.

Los precios de la tonelada de azúcar hoy en día ronda los seis mil 500 pesos, cuando el año pasado estaba en ocho mil pesos en promedio, lo que es verdaderamente alarmante por lo que debemos buscar que el precio del bulto no baje de los 400 pesos, ya que de lo contrario los productores cañeros no tendrán ganancias ni recuperarán la inversión realizada, además de que tendrán fuertes pérdidas económicas.

El punto de acuerdo que se propone no busca que se eleve el azúcar a precios desorbitados que tengan un impacto infortunado para las familias mexicanas, lo que se busca es un precio justo, ya que en el precio que se encuentra ahora estamos teniendo una perdida muy grande, y que puede tener un impacto negativo para la economía del país, lo que buscamos es sanear el mercado doméstico que permita equilibrar el precio interno.

El desplome del dulce en el país viene a perjudicar directamente la economía del productor de caña, en el sentido de que la producción de azúcar conlleva todo un proceso a diferencia de otros productos del campo como el maíz o el tomate.

De acuerdo con las demandas escuchadas de los productores de caña, necesitan para recuperar lo que han perdido, y que no varíe el precio de aquí a que termine el ciclo, necesitan que el precio del azúcar salga de bodega a 500 pesos, para que el precio ponderado quede en 475 o 450 pesos y permitir al productor obtener el precio por tonelada de azúcar entre 9 mil y 9 mil 500 pesos, lo que le ayudaría a cubrir los gastos de la cosecha, el corte y acarreo de la caña, así como solventar sus necesidades y pagar los créditos que solicitó para la siembra.

Urge tomar acciones tendientes a resolver esta problemática que aqueja a los productores cañeros ya que y que pueden provocar graves consecuencias económicas, políticas, sociales y jurídicas, tanto para la industria azucarera como para la economía nacional.

Por lo anterior, y con objeto de equilibrar el mercado azucarero nacional y de cimentar las fortalezas de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, someto a consideración de este pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Economía del gobierno federal a implantar acciones inmediatas que estabilicen los precios del azúcar en el mercado nacional; asimismo pedir apoyo a las autoridades encargadas de los programas federales para que se otorguen apoyos económicos para los campesinos cañeros con la finalidad de darle a quienes en ella intervienen, certidumbre y las condiciones que la vuelva a ser rentable, e incremente su capacidad para generar empleos e impulse su propio crecimiento.

Fuentes consultadas

Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, en http://www.conadesuca.gob.mx

FAO, Índice de la FAO para los precios de los alimentos, enero de 2013 en http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/es/

Inegi, Índices de Precios, en http://www.inegi.org.mx.

Infoaserca, Reporte diario de Precios a Futuro con base en información de Reuters, en http://infoaserca.gob.mx.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera en http://www.siap.gob.mx.

Secretaría de Economía, Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados en http://www.economia-sniim.gob.mx.

Unión Nacional de Cañeros, AC, en http://www.caneros.org.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2014.

Diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, a la SE, a la Sectur y a Pemex, así como a cualquier dependencia pública federal, a restringir los acuerdos comerciales y negocios con el gobierno de Texas, EUA, en tanto prosigan las ejecuciones de mexicanos, contra los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, diputados federales a la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Turismo y a Petróleos Mexicanos así como a cualquier dependencia pública federal para restringir los acuerdos comerciales y negocios que se realicen con el gobierno del estado norteamericano de Texas, en tanto se continúen con las ejecuciones de connacionales que violen los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, bajo las siguientes

Consideraciones

El día 22 de enero pasado, el gobierno del estado norteamericano de Texas y la Corte Suprema de los Estados Unidos, desoyendo llamados diplomáticos, de la sociedad civil norteamericana e internacional así como desechando los recursos jurídicos que interpuso la defensa legal del ciudadano mexicano Edgar Tamayo Arias, violando principios fundamentales del derecho, como el debido proceso y ejecutaron de la pena de muerte, como colofón de un sinnúmero de violaciones a convenios y tratados internacionales que, en materia de derechos humanos, proveían una causa para detenerla. Aún más, el gobierno texano desoyó incluso los llamados que hiciera el presidente Barack Obama para detener la ejecución, apegándose a los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos.

No es, sin embargo, el único de los casos. Siete ciudadanos mexicanos han sido ejecutados en aquel estado de la Unión Americana, sin que se haya mostrado la menor sensibilidad por parte de las autoridades estatales y aún esperan su ejecución más de cincuenta connacionales más. Es evidente que los recursos de la diplomacia internacional no resultan adecuados para resolver estos problemas que han sido incluso reconocidos y amparados por las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia y la Convención de Viena.

Es menester mencionar que, en múltiples ocasiones, el gobierno norteamericano ha condicionado recursos de apoyo, como los contenidos en la Iniciativa Mérida, al respeto a los derechos humanos en suelo mexicano. En otras ocasiones, hemos calificado esta situación como una violación fundamental a la soberanía nacional debido a la intromisión del Estado Norteamericano en las políticas públicas mexicanas. La cláusula de condicionalidad de respeto a los derechos humanos contenida en la Iniciativa Mérida tiene congelada, a la fecha, la entrega de 95 millones de dólares debido a lo que el gobierno norteamericano considera violaciones a los derechos humanos en México.

Hemos sostenido también que este acuerdo no es equitativo y horizontal y muchas autoridades mexicanas y norteamericanas nos han contestado enfáticamente que sí lo es y es en este contexto que, así como se exige el respeto a los derechos humanos en México, el gobierno mexicano debe, en un acto de extrema valentía y en defensa de los derechos humanos de nuestros connacionales condenados a la pena capital en los Estados Unidos y, específicamente, en el estado de Texas, restringir los acuerdos comerciales y negocios que se encuentren efectuándose con el gobierno de ese estado de la Unión Americana, simplemente aplicando la obligatoriedad de los acuerdos, convenios y tratados internacionales de los que ambos países somos parte.

Debemos señalar que, en el año 2011, Texas importó a México alrededor de 86,630 mdd y México exportó alrededor de 84,952 mdd, dando por resultado un déficit para México en la balanza comercial. Los principales productos exportados por México a Texas son el petróleo y el gas, productos de computación y electrónicos, equipo de transporte, equipo eléctrico y manufactura de metales primarios, entre otros.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 42 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 79 numeral 1, 205 numeral 1 y 207 numerales 1 y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta H. Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Turismo y a Petróleos Mexicanos así como a cualquier dependencia pública federal a restringir los acuerdos comerciales y negocios que se realicen con el gobierno del estado de Texas, EUA en tanto se continúen con las ejecuciones de connacionales, que violen los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos así como las resoluciones de los organismos internacionales de justicia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2014.

Diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña, Margarita Elena Tapia Fonllem, Fernando Zárate Salgado, Trinidad Secundino Morales Vargas, Fernando Belaunzarán Méndez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Baja California Sur a promulgar el decreto 2122, expedido el 28 de noviembre de 2013 por el congreso local, mediante el cual se adicionó el artículo 265 Bis al Código Penal vigente, con el establecimiento en dicho numeral del delito de feminicidio, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El 2 de febrero del año en curso el portal de noticas Sin Embargo dio a conocer que el gobernador de Baja California Sur, Marcos Covarrubias Villaseñor, vetó el decreto 2122, expedido el 28 de noviembre de 2013 por el Congreso local, mediante el que se adiciona el artículo 265 Bis al Código Penal vigente, estableciendo en dicho numeral el delito de feminicidio.

Cabe recalcar el clima en que los actos de violencia contra la mujer han incrementado en dicha entidad. Datos del Observatorio de Violencia Social y de Género de Baja California Sur revelan que desde 2009 se contaron 29 feminicidios, sin tomar en cuenta aquellos que fueron mal clasificados como muertes accidentales.

En una nota publicada el 22 de enero, el Colectivo Pericú señala que en los últimos meses de 2013 se presentaron 12 casos de feminicidios en La Paz y Los Cabos, principalmente, lo que mostraba la necesidad de tipificar este tipo de delitos.

El gobernador determinó no publicar las reformas en el Diario Oficial de la Federación y las regresó al Congreso para su revisión, al considerar que existían “deficiencias” en el rubro de las penalidades.

Se debe precisar que el feminicidio se caracteriza por el tipo de violencia ejercida por los hombres hacia las mujeres. De la misma manera en que se mata a una persona por raza, nacionalidad, religión u orientación sexual, se asesina por razón de género; esto es feminicidio. El sustento ideológico que justifica tal acción lo constituye el sexismo, productor de desigualdades en que las diferencias biológicas, entre las mujeres y los hombres se usan políticamente para avalar la superioridad de los hombres frente a las mujeres.

Un elemento importante son los actos violentos que pueden estar presentes en el feminicidio, es el uso excesivo de la fuerza física, es decir a causa de golpes, quemaduras, traumatismos, asfixia, mutilaciones, torturas, incineración, heridas punzo cortantes, lo que refleja la extrema violencia utilizada por parte de los victimarios para terminar con la vida de las mujeres. Otro tipo de agresiones que no se reflejan en la necropsia pero que están presentes en la violencia generada hacia las mujeres son los insultos, intimidación, acoso sexual, entre otras manifestaciones.

Este tipo de agresiones misóginas son importantes para establecer en la violencia que se encuentra en la exposición de los cuerpos de las mujeres asesinadas.

El tema de la tipificación del feminicidio cobró auge en BCS casi al finalizar 2013, cuando se hallaron muertas dos adolescentes, de 15 y 14 años, en sus domicilios, en Los Cabos.

Aunado a ello, ante el contexto de feminicidio y violencia sistemática contra las mujeres, diversos mecanismos internacionales de derechos humanos han recomendado al Estado mexicano, considerar al feminicidio como un delito, dentro del código penal federal y los códigos penales estatales, atendiendo a esta recomendación y debido al contexto político no se deben vetar o frenar diversas iniciativas para tipificar el feminicidio.

Justamente este tipo de acciones son un reflejo de cómo el país se debate entre un México que lucha por construir una cultura de equidad e igualdad y que por otro lado vive una práctica cotidiana de impunidad, altos índices de corrupción e inoperancia del Estado en la investigación de los asesinatos de mujeres, elevan el número de feminicidios.

Empero, en algunos estados la tipificación del feminicidio es considerada una forma para que los estados se eximan de sus responsabilidades en materia de protección a los derechos humanos de las mujeres, al tipificar con elementos subjetivos y de difícil acreditación, que no permiten investigar este tipo de asesinatos y volviendo invisible la problemática, y en específico el caso de Baja California Sur simplemente vetan una iniciativa que ayudaría sin duda alguna a erradicar un delito que ha cobrado auge en dicha entidad; de tal forma con base en lo antes expuesto presentamos a esta asamblea el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador de Baja California Sur, Marcos Covarrubias Villaseñor, a promulgar el decreto 2122, expedido el 28 de noviembre de 2013 por el Congreso del estado, mediante el cual se adicionó el artículo 265 Bis al Código Penal vigente, estableciendo en dicho numeral el delito de feminicidio.

Dado en la Cámara de Diputados, a 4 de febrero de 2014.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Conaliteg a incluir en la política pública educativa de los libros de texto el nivel medio superior, suscrita por los diputados Lisandro Arístides Campos Córdova, Frine Soraya Córdova Morán, Brasil Alberto Acosta Peña y Jesús Tolentino Román Bojórquez, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con la finalidad de someter a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La educación representa la base por la cual un país logra formar ciudadanos competitivos y con valores, que al estar mejor preparados académicamente, aseguran el progreso económico, generando así desarrollo cultural y el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología.

Para entender el espíritu de la educación, es preciso citar un concepto, que nos otorga la Ley General de Educación, en el artículo 2o.:

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acreditar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.

Por lo que es prioridad, establecer los planes, programas y políticas educativas, pertinentes para asegurar lo que establece el artículo 3o., párrafo I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conformara la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

Será obligatoria y gratuita, la educación básica y la educación media superior. Por educación básica se entiende:

Constituye la base de todo sistema educativo y consiste en la enseñanza de los contenidos mínimos que se consideran fundamentales para la educación de una persona: conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores indispensables para desempeñarse en la sociedad a que se pertenece (Saavedra R. Manuel, 2001, página 57).

Para poder atender prioridades y necesidades en la educación se recurre a políticas educativas sustantivas, para hacer frente a deficiencias en la educación; por lo que resulta pertinente mencionar un concepto de política educativa:

La política educativa surge como un aspecto de la política general que realiza el Estado en una época y en un lugar determinado. El campo de la política educativa es muy amplio y complejo, comprende no sólo la acción educadora sistemática que se lleva a cabo a través de las instituciones docentes, sino también toda la acción que realice para asegurar, orientar o modificar la vida cultural de una nación... (Rafael Sánchez Vázquez).

De esta forma, la política educativa es este conjunto de preceptos obligatorios por obra de los cuales se establece una base jurídica, para llevar a cabo las tareas de la educación (página 16).

Así que, es interés de la nación contar con una educación de calidad que permita el desarrollo social de su población, por lo que es prioridad, garantizar la gratuidad de la educación obligatoria y la edición y distribución de los libros de texto en la educación básica y en el nivel medio superior. Para entender la importancia de los libros de texto gratuitos, hacemos la siguiente cita:

(...) los libros de texto gratuitos permiten que la educación tenga un punto de partida común. Es decir, el hecho de ser distribuidos gratuitamente a los niños de todo el país ha significado que sean un factor determinante para lograr la igualdad educativa. Por lo tanto permiten que el curriculum escolar goce de una base en la que se plantean los contenidos que los alumnos en general han de conocer, Así, el libro de texto gratuito favorece una plataforma de conocimiento comunes en nuestra sociedad (Celis García Zaida, 2011 página 4).

Sin embrago, no siempre se ha contado con esta herramienta educativa, previo a la presidencia de Adolfo López Mateos, la educación no era totalmente gratuita, ya que en esa época los libros de texto, no eran otorgados por el gobierno con la finalidad de dar cumplimiento a la gratuidad de la educación, el costo de los libros era exagerado además que era muy difícil adquirirlos, por lo que, esto fue un factor perjudicial para la educación, ya que la población mexicana no contaba con los recursos económicos necesarios para su adquisición lo que provocaba altos niveles de analfabetismo.

Fue durante la presidencia de Adolfo López Mateos, que torres Bodet formuló el Plan de Once Años para estar en posibilidad de atender por completo la demanda real de educación primaria, o sea la de los niños que solicitaran el servicio de enseñanza primaria.

Además creó el Consejo Nacional Técnico de la Educación para revisar y actualizar los planes y programas de estudio de la educación primaria. Fue entonces cuando propuso la creación del libro de texto gratuito para cumplir con el mandato de una educación primaria, obligatoria y gratuita (Carmona Dávila Doralicia, 2011).

Con esta visión, fue publicado el Diario Oficial de la Federación, el 13 de febrero de 1959, el decreto por el cual se creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, que en un principio otorgaba libros a nivel primaria y por lo que para entender el objetivo por el que se creó a continuación se mencionan los considerados de dicho Decreto:

Considerando 1o.: (...) según lo disponen las fracciones VI y VII del artículo 3o. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la educación primaria impartida por el Estado –federación, estados y municipios- ha de ser, además de ser obligatoria, gratuita;

Considerando 2o.: Que dicha gratuidad solo será plena cuando además de las enseñanzas magisteriales los educados reciban, sin costo alguno para ellos, los libros que le sean indispensables para sus estudios y tareas, circunstancia, esta última, prevista en el apartado 3o. del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, de 31 de diciembre de1941;

Considerando 3o.: Que las incidencias con la situación económica mundial ha venido reflejándose en escalas de precios del mercado mexicano hacen cada día más oneroso, particularmente entre determinadas clases sociales, el adquirir los libros de texto escolares.

Considerando 4o.: Que mientras los libros de texto sean material de actividad comercial resulta indefectible- pues surge entonces la tendencia a diversificarlos,- que en sus características y precios influyan el interés económico de los distintos sectores que los producen, los cuales, también por la naturales de las cosas, se multiplican, y que, inversamente, sometida la producción de dichos libros a solas decisiones de un organismo extraño a los afanes del lucro, eso los abaratará en cuantía suficiente para que el Estado tome y soporte sobre sí la carga de proporcionarlos gratis;

Considerando 5o.: Que al recibir gratuitamente los educandos sus textos, y estos como gracia, sino por mandato de la ley, se acentuará en ellos el sentimiento de sus deberes hacia la patria que algún día serán ciudadanos.

Martín Luis Guzmán, fue el encargado del diseño de los libros, quien propició la equidad educativa abasteciendo de la demanda nacional de forma gratuita.

Así, el 16 de enero de 1960, en el municipio de El Saucito, San Luis Potosí, en la escuela rural Cuauhtémoc, 62 alumnos de primer año recibieron de manos del secretario Torres Bodet, los primeros libros gratuitos que entrega el Estado mexicano con las siguientes palabras: “Estos son un regalo del pueblo de México para el pueblo de México” (Carmona Dávila Doralicia, op. cit.).

Años más tarde, por decreto publicado el 5 de marzo de 1993, se reformó el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la secundaria, se estableció como educación básica y obligatoria.

Pero fue a partir de 1997, que se puso en marcha el programa de distribución de libros de texto gratuitos para secundaria; inicialmente se benefició a los alumnos de municipios con mayor índice de marginación.

Para 1998, se atendió a más de dos terceras partes de la matrícula total de ese nivel educativo. Años más tarde y por acuerdo presidencial, se hizo extenso a todos los estudiantes de secundaria el derecho a los libros de texto gratuitos financiados por la federación.

Más adelante, por decreto publicado el día 12 de noviembre de 2002 en el Diario Oficial de la Federación, se reformó el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se incluyó al nivel pre-escolar como educación básica obligatoria.

Por lo que, la comisión incluyó al nivel preescolar, para proporcionarles libros de texto gratuito; actualmente la comisión cuenta con una oferta de libros para la educación preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, indígena (en 42 lenguas diferentes) Braille y macrotipo.

La comisión ha cumplido con los objetivos planteados desde su creación, durante la administración de Adolfo López Mateos, otorgando el apoyo a la educación básica obligatoria en su nivel pre escolar, primaria y secundaria establecidos en el artículo 3o. de la Constitución, proporcionando libros de texto gratuitos, para asegurar que cuente con los material didáctico indispensable para cursar con éxito el nivel escolar.

Actualmente conforme a lo que marca el artículo 2o. del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, tiene como objetivo:

“(...) la edición, impresión y distribución de los libros de texto gratuitos, así como de toda la clase de materiales didácticos, similares”.

Considerando la necesidad de apoyar la educación en el país, el 9 de febrero de 2012, se publicó el decreto en el DOF por el que se reformó el párrafo primero de artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece a la educación media superior como obligatoria.

De acuerdo al artículo 37 de la Ley General de Educación, la educación medio superior comprende:

“El tipo de medio-superior comprende al nivel bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes”.

Sin embargo, aún cuando se cuenta con una población 3, 950,123 alumnos del sistema bachillerato y 383,463 alumnos en el sistema profesional técnico ambas cifras son a nivel nacional (SEP ciclo 2011-2012), no se apoya al nivel medio superior con libros de texto gratuitos, dificultando la labor de los estudiantes de este nivel escolar, para poder aspirar a un acceso educativo eficaz.

Es importante tomar en consideración no sólo el índice de población en las escuelas de nivel medio superior, sino también tomar en cuenta la gran gama de instituciones educativas que se encuentran en este nivel, por lo que resultaría importante introducir de forma paulatina en el programa de libros de texto gratuito a las escuelas de bachillerato y sus equivalentes, con el fin de lograr una verdadera eficacia educativa y presupuestal en tan importante acción.

Con el fin de apoyar a los estudiantes que carecen de las oportunidades para poder adquirir los libros en las escuelas del nivel medio superior en las distintas regiones rurales del país, y con ello sentar las bases para una educación obligatoria y gratuita en dicho nivel educativo, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propone que se incluyan en la política pública educativa, la edición y distribución de libro de texto gratuito, ajustándose a cada plan de estudios de las escuelas de bachillerato en las múltiples comunidades rurales del país.

Por lo anterior, la bancada del Partido Revolucionario Institucional, en la Cámara de Diputados, respetuosamente plante la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito incluir en la política educativa de los libros de texto gratuitos, a las escuelas de Bachillerato que se encuentren en las zonas de atención prioritaria, tomando en consideración los niveles de marginación y pobreza establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Segundo. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Desarrollo Social para que, de forma conjunta con la Secretaría de Educación Pública, distribuya los libros de texto gratuito en base a lo resuelto por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Tercero. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública para que establezca los lineamientos y vigile la distribución de los libros de texto gratuito otorgados a las escuelas de bachillerato en las zonas de atención prioritaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2014

Diputados: Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), Friné Soraya Córdova Morán (rúbrica), Brasil Acosta Peña, Jesús Tolentino Román Bojórquez.

Referencias

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3o.

2 Ley General de Educación, artículo: 2o. y 37.

3 Decreto que declara reformados los artículos 3o. y 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el día 5 de marzo de 1993 en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se estableció al nivel secundaria como educación básica y obligatoria.

4 Decreto por el que se aprueba el diverso por el que se adiciona el artículo 3o., en su párrafo primero fracciones II,V y VI, y el artículo 31 en su fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el día que se estableció al nivel pre-escolar como educación básica obligatoria.

5 Decreto por el que se declara reformado el párrafo primero, el inciso c) de la fracción II ya la fracción V del artículo 3o., y la fracción 1 del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el día 9 de febrero de 2012, donde establece a la educación media superior, como obligatoria.

6 Decreto por el cual se creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, publicado el día 13 de febrero 1959 en el Diario Oficial de la Federación.

7 Saavedra R., Manuel S. (2001). Compilados Diccionario de Pedagogía. México: Pax. Página 57

8 Sánchez Vázquez, Rafael. (1998). Derecho y Educación. México: Porrúa. Página 16

9 Celis García Zaida. (12 der marzo de 2013). Los Libros de Texto Gratuitos en México. Vigencia y Perspectivas. XI Congreso Nacional de Investigación Educativa /13. Política y Gestión / Ponencia Disponible en: http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v11/docs/area_13/24 20.pdf

10 Carmona Dávila Doralicia. (11 de marzo de 2013). Torres Bodet Jaime. Memoria Política de México. Disponible en: http://www.memoriapoliticademexicop.org/Biografias/TBJ02.html

11 Vargas Escobar Natalia (2011). La historia de México en los libros de texto gratuitos: Evidencia de las transformaciones en los modelos de integración nacional. Revista Mexicana de Investigación Educativa. P. 493-497, 504, 505, disponible en: httpredalyc.org/articulo.oa?id=14018533008

12 Conaliteg. Historia 1944 al 1982, disponible en: http://conaliteg.gob.mx/index.php/historia.

13 SEP (2012). Principales Cifras Ciclo escolar 2011-2012, disponible en: htt://dgpp.sep.gob.mx/Estadi/principales_cifras_2011_2012.pdf

14 Serdán Rosales Alberto. (2012). Panorama del Gasto Educativo en México2012. Disponible

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a expedir una NOM para detectar, diagnosticar y tratar la hemofilia, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Mario Alberto Dávila Delgado, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6; la fracción IV, numeral 1, artículo 76; y la fracción II del numeral 1 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La hemofilia es una enfermedad hemorrágica hereditaria caracterizada por la deficiencia funcional o cuantitativa del factor VIII (hemofilia A) o del factor IX (hemofilia B) de la coagulación. Esto se debe a un defecto en los genes que se encuentran localizados en el brazo largo del cromosoma X.

Clínicamente se manifiesta por la presencia de hemorragias principalmente en músculos y articulaciones de intensidad variable, de acuerdo al nivel circulante del factor de la coagulación sanguínea deficiente.

En la hemofilia A o B, la herencia se transmite ligada al cromosoma sexual X, y los hombres son los principales afectados; las mujeres portan y transmiten la deficiencia. Sin embargo, en casos raros pueden presentarse mujeres con hemofilia.

La sospecha del diagnóstico de la hemofilia inicialmente es clínico, situación clave que ofrece una ventana de oportunidad para que el médico de primer nivel de atención refiera al paciente hacia una unidad que establezca un diagnóstico oportuno y eficiente. Los datos clínicos de los dos tipos de hemofilia son sustancialmente idénticos y varían solo en relación al grado de la deficiencia.

El síntoma por excelencia de la hemofilia es la hemorragia, cuya intensidad dependerá de diversos factores, como nivel circulante de factor deficiente o presencia de inhibidores del tratamiento. El paciente manifiesta la enfermedad por la presencia de hematomas localizados o diseminados o relacionados a la intensidad del trauma y por los sangrados dentro de las articulaciones, llamados hemartrosis .

Los síntomas dependen en gran parte, del grado de deficiencia de factor de coagulación y por esto se clasifican en grave <1 por ciento, moderada entre 1 y 5 y leve > 5. Las manifestaciones clínicas de la hemofilia según la concentración del factor plasmático son: grave <1 por ciento hemorragia espontánea en articulaciones y músculos; moderada 1-5 hemorragia espontánea ocasional y leve con hemorragia grave secundaria a procedimientos invasivos o traumatismos.

La hemofilia es padecida por 1 de cada 5 mil varones, de los que 70 por ciento la heredó y el resto la desarrolló por mutación. Actualmente, en el mundo hay alrededor de 400 mil personas con hemofilia.

En México se tiene un subregistro de la enfermedad a través de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana se han logrado contabilizar alrededor de 5 mil pacientes, de dicho grupo viven 94 por ciento, que tienen diagnóstico 3 mil 793 con hemofilia A y 563 con hemofilia B, y 335 sin diagnóstico de precisión, de un potencial de 7 mil 500 pacientes. Se estima que por cada dos mexicanos con hemofilia que ya han sido diagnosticados, hay uno más que no sabe que tiene esta enfermedad. Además, se estima que actualmente en México existen alrededor de mil pacientes sin acceso a tratamiento, por no contar con servicios de seguridad social.

El diagnóstico del tipo de hemofilia y su nivel de gravedad se hace mediante la historia clínica y un análisis de sangre para la medición, en el laboratorio, a través de pruebas especiales de coagulación, de los grados de los diferentes factores. El objetivo es establecer la severidad de la enfermedad y decidir el tratamiento más adecuado a seguir por el paciente.

Pruebas de laboratorio

Condición Hemofilia Tiempo de protombina Normal (10 a 13 segundos) Tiempo parcial de tromboplastina activada (TPTa) Normal (27 a 30 segundos) Tiempo de trombina (TT) Normal (18 a 21 segundos) Tiempo de sangrado de Idy Normal (menor a 7 minutos) Cuenta de plaquetas Normal (150 000 a 400 000 por mm cúbico) Fibrinógeno Normal (150 a 250 mg por decilitro) Entre las complicaciones críticas que presentan los pacientes que padecen hemofilia están

• Invalidez o daño severo en las articulaciones.

• Infección viral, se incrementa el riesgo de infecciones por virus de la hepatitis B, C e incluso de VIH, cuando se les administra plasma fresco congelado o crioprecipitados (proteínas que precipitan a bajas temperaturas y se obtienen de plasma humano y que no recibe ningún tratamiento de inactivación viral).

• Formación de inhibidores en contra del Factor de coagulación deficiente, en estos casos no funciona la terapia sustitutiva convencional con factores para controlar el sangrado, por lo que se debe cambiar a una terapia de reemplazo con un agente de bypass , que utiliza vías alternas para llevar a cabo la formación del coagulo y de esta manera controlar el sangrado.

• La muerte del paciente en los casos que no reciba un tratamiento oportuno.

No hay en la actualidad ningún tratamiento curativo disponible y lo único que se puede hacer es corregir la tendencia hemorrágica administrando por vía intravenosa el factor de coagulación faltante, el VIII o el IX.

El tratamiento sustitutivo supuso un avance importantísimo tanto para la calidad de vida como para la supervivencia de los pacientes. La obtención de factores de coagulación a partir de plasma humano dio lugar, en muchas ocasiones, a la transmisión de virus, sobre todo el VIH (sida) en la década de 1980, lo que significó un grave retroceso en la vida de los pacientes con hemofilia. A mediados de esa misma década se introdujeron los primeros métodos de inactivación viral en los concentrados liofilizados, transformándolos en productos mucho más seguros.

México se sitúa entre los países de Latinoamérica con los niveles de tratamiento más bajos, apenas con 0.82 UI de factores VIII y IX per cápita en 2011, por tal motivo es necesario mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional que aseguren el cumplimiento de los procesos hospitalarios a través de los cuales se proporciona la atención médica integral en el Sistema Nacional de Salud.

Atención pública de hemofilia en México

La hemofilia ha sido incluida en la cobertura de Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, categoría del Seguro Popular, un gran logro para la comunidad de hemofilia y una oportunidad de mejorar la cobertura para los pacientes que no tienen acceso a un programa de seguridad social.

En enero de 2011, el entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa, anunció la cobertura para los pacientes con hemofilia nacidos a partir del 2001 a través del Seguro Popular. El tratamiento de estos pacientes incluye la profilaxis primaria y secundaria con productos plasmáticos o recombinantes. En algunos hospitales de seguridad social, hematólogos han iniciado tratamiento profiláctico en los pacientes pediátricos menores de 3 años de edad, así como en adultos que ya presentan daños articulares.

El Sistema de Salud Nacional debe garantizar que los pacientes con hemofilia que ya cuentan con cobertura reciban el tratamiento adecuado, integral, suficiente y oportuno; y deberá ampliar el esquema de cobertura para quienes han quedado excluidos por su rango de edad.

El paciente con hemofilia que no recibe un tratamiento adecuado desarrolla secuelas que pueden llegar a ser invalidantes generando un impacto en el paciente, la familia, la sociedad y el sistema de salud.

El inicio de un tratamiento profiláctico a una edad temprana del paciente disminuye el riesgo de daño articular, sangrado del sistema nervioso central, sangrado muscular, y otras hemorragias internas, además de contribuir a mejorar la calidad de vida y la integración plena del paciente a su ambiente social y familiar.

Por lo expuesto someto a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud a desarrollar y establecer una norma oficial mexicana para la detección, el diagnóstico y el tratamiento de la hemofilia que se base y haga mandatoria la implantación de un programa nacional de detección y atención integral multidisciplinaria para personas hemofilia en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2014.

Diputado Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a modificar la NOM-010-SSA2-2010, “para la prevención y el control de la infección por virus de inmunodeficiencia humana”, a fin de garantizar el acceso a la prueba de VIH/sida y entrega de resultados a los jóvenes de 12 a 18 años de edad que lo soliciten, con o sin la autorización de los padres, el tutor o el representante legal, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Crystal Tovar Aragón, diputada federal en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010 para la prevención y el control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana, establece en su apartado 6.9. que en la vigilancia epidemiológica y en el seguimiento de contactos se deben tomar en cuenta los criterios siguientes: 6.9.1. Cuando el paciente sea mayor de edad, se obtendrá la información directamente de él. En el caso de menores de edad, se puede obtener la información del padre, la madre, tutor o representante legal.1

Según lo establece la norma que nos ocupa, el Sistema Nacional de Salud, conforme a las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está obligado a proporcionar protección a la salud en materia de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Desde el punto de vista epidemiológico y con base en los consensos internacionales, la prevención debe focalizarse, de manera específica, al segmento poblacional en mayor riesgo y vulnerabilidad por sus prácticas y/o contextos como son los hombres que tienen sexo con otros hombres; trabajadoras y trabajadores del sexo comercial; usuarios de drogas inyectables; personas privadas de su libertad, niñas y niños en situación de calle, lo cual no obsta para garantizar el acceso a pruebas de detección y garantizar la calidad de la educación sexual basada en evidencia realizando acciones de prevención en el resto de la población, como jóvenes, hombres y mujeres, asegurar el acceso a medidas de prevención para estas poblaciones (condones masculinos y femeninos).

Que en México, según documento elaborado por la Secretaria de Seguridad Pública, indica que en el segundo censo, efectuado durante 1995, organizado por UNICEF y la oficina local del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-DF), se contabilizaron 13 mil 373 niños y niñas menores de 18 años en situación de calle. De acuerdo a este documento 85.40 por ciento eran varones y 14.60 por ciento mujeres. Sobre el inicio de vida en la calle, el 40 por ciento de ellos comentó que ocurrió entre los 5 y 9 años y el 60 por ciento entre los 10 y 14 años.2 Las y los jóvenes de 12 a 18 años que se encuentren en situación de calle, estando en una constante posibilidad de riesgo ante es improbable que se les pueda garantizar.

Según datos de la encuesta Situación de la familia y la Infancia en México realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, revela que las y los jóvenes, el 15 por ciento de la población entrevistada entre 12 y 17 años declara tener una vida sexual activa; de los cuales 84 por ciento la iniciaron a los 15 años o antes y 47 por ciento ha tenido dos o más parejas.

También la encuesta destaca que un amplio sector de esta población no tiene prácticas sexuales seguras y ha padecido enfermedades y embarazos no deseados. Así, entre los adolescentes sexualmente activos, 50 por ciento expresó que no utiliza anticonceptivos; 25 por ciento no cuenta con métodos para evitar enfermedades venéreas; 30 por ciento expresó haber tenido alguna enfermedad de transmisión sexual.3

La población infantil y adolescente, entre cero y 18 años, tiene un peso poblacional muy relevante en nuestro país. Según proyecciones derivadas del Conteo de Población 2005, en 2008 este grupo representa el 36.8 por ciento de la población total, lo que equivale a 39.7 millones de personas, de las cuales 19.1 millones son hombres y 18.5 mujeres.

En México, como en la mayoría de los países en desarrollo, la distribución desigual de ingresos, la migración de hombres y mujeres, la falta de empleo y de oportunidades de vida, el estigma, la discriminación, la homofobia, la desigualdad de género y la falta de educación sexual, entre otros factores, aumentan la vulnerabilidad de la población para contraer el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida).

Que la infección producida en los seres humanos por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) continúa presentado estadísticas en aumento en todo el mundo, fenómeno del que México no es una excepción y por tanto, es un problema de salud pública a nivel mundial.

A nivel mundial el número estimado de personas que vivían con el VIH en 2007 alcanzó los 33,2 millones 200 mil.4 México ocupa el tercer lugar en el continente americano en prevalencia de VIH, sólo precedido por Brasil y Estados Unidos. La estimación sobre el número de personas viviendo con VIH/sida, a finales del 2007, era de 204 mil 900 según cifras del Censida.

El Sistema Nacional de Salud, conforme a las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está obligado a proporcionar protección a la salud en materia de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana. Desde el punto de vista epidemiológico y con base en los consensos internacionales, la prevención debe focalizarse.

Es urgente fortalecer la prevención, atención y control del virus de inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida a través de la promoción de la salud, mediante acciones tendientes a desarrollar actitudes favorables para la salud, generar entornos propicios, reforzar la acción comunitaria, reorientar los servicios de salud e impulsar políticas públicas en la materia; así como brindar un servicio de atención integral de las personas con VIH/sida.

Según lo establecido en la norma que nos ocupa, la infección por VIH es causada por los retrovirus VIH-1 y VIH-2 y una de las maneras en que se transmite es por vía sexual a través del contacto sexual no protegido o no seguro con personas infectadas por el VIH.

Además establece que los factores de riesgo para adquirir la infección por VIH/sida son todas las prácticas sexuales sin condón o barrera mecánica de protección, independientemente de la preferencia sexual de una persona; y toda práctica sexual sin protección con el antecedente y la presencia de una infección de transmisión sexual, incluido el VIH.

Según lo establecido en la norma, el diagnóstico de la infección por VIH se hace mediante métodos indirectos determinando la presencia de anticuerpos anti-VIH por inmunoanálisis enzimático (EIA, antes elisa ) o mediante pruebas rápidas.

La prevención de la infección por VIH se debe llevar a cabo por los órganos competentes de salud y educación de los tres niveles de gobierno, así como por las instituciones públicas, privadas y sociales que integran el Sistema Nacional de Salud.

Es obligación de todos los servicios de salud que integran el Sistema Nacional de Salud ofrecer la prueba de detección del VIH a todas las personas de manera voluntaria y confidencial para el cuidado de su salud.

Con el acceso oportuno y sin restricciones al derecho a la salud para las y los jóvenes, incluidos los menores de edad que están o hayan estado en situación de riesgo, y para los que viven con el VIH pueden detectar a tiempo la enfermedad y realizar acciones para no propagar el contagio y acceder a los servicios médicos de atención.

Con una detección oportuna se puede evitar el avance y propagación de la infección, lo cual a destiempo debilita la eficacia del tratamiento del VIH y facilita la propagación continua del virus.5

Por ello se debe promover un diálogo continuo multisectorial, a fin de dirigir los recursos existentes hacia estrategias de prevención y promoción de la salud que se focalicen en los grupos de mayor riesgo en el país, como son los hombres que tienen sexo con hombres; las trabajadoras y trabajadores sexuales; y los usuarios de drogas inyectables, pero además las y los jóvenes que a temprana edad inician el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, por ello se requiere reforzar acciones de prevención y atención que alejen y protejan a las generaciones de hoy y del mañana, de comportamientos de riesgo que puedan comprometer su salud en el contexto de la epidemia que nos ocupa. Es urgente implementar estrategias innovadoras y con alto nivel de penetración social que minimicen, hasta llegar a la erradicación, las epidemias sociales del estigma, la discriminación, la homofobia, la transfobia y la violencia, cuya asociación potencializa negativamente la epidemia del VIH/sida; y son fuertes obstáculos para el acceso a servicios de atención, cuidados integrales y prevención.

Ante este contexto, es necesario garantizar el acceso a la salud, como un derecho humano, para la aplicación de la prueba y la entrega de resultados también a menores de edad de entre los 12 y los 18 años que estén o hayan estado en situación de riesgo, logrando con ello concientizar y prevenir sobre la posible infección, evitando la transmisión y propagación de la epidemia.

Atendiendo el llamado de la Organización Mundial de la Salud ante la emergencia de la epidemia de VIH/sida, en México se creó el Consejo Nacional para la Prevención y Control del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida. Las disposiciones específicas para la prevención control y atención del VIH/sida en México, se encuentran previstas en diversas normas oficiales mexicanas, en las cuáles se establecen las medidas, lineamientos y criterios que deben ser observados por todos los establecimientos para la atención médica de los sectores público, social y privado del país y por las autoridades responsables de la prevención, el control y la atención médica del VIH/sida.

Estas normas y acuerdos regulan cuestiones referentes al tratamiento de los pacientes; la confidencialidad de los datos; el debido acceso y uso de la información; el acceso a los medicamentos; el deber de crear programas y campañas específicas de información, educación y comunicación para la prevención del VIH/sida; la prohibición y reducción del estigma y la discriminación de los pacientes con VIH/sida, entre otras.

Que los programas nacionales y estatales deben impulsar cambios de conducta y proporcionar servicios de información y capacitación sobre salud sexual y reproductiva, adecuadas a las diferencias entre los géneros y edades. Incluyendo un mayor acceso a los servicios de salud apropiados para la juventud que ofrezcan orientación y apoyo, pruebas de detección, programas de divulgación, sistemas de remisión de casos y tratamientos contra las infecciones transmitidas por la vía sexual; así como prevención de la transmisión del VIH, incluyendo medidas para reducir los riesgos.

Que las y los jóvenes son potenciales agentes de cambio y tienen la capacidad de detener la epidemia del sida. Siguiendo modelos positivos de comportamiento y teniendo acceso a oportunidades, estos pueden cambiar la trayectoria del sida en el nivel global, regional y nacional.

Los jóvenes son particularmente vulnerables a la epidemia del VIH/sida en cuanto a su transmisión e impacto, por ello es urgente tomar acciones para contrarrestar la falta de conocimientos y los altos índices de infecciones de transmisión sexual, la violencia basada en el género y el limitado acceso a los servicios.

Considerando que no existe una vacuna que proteja de la infección del VIH, ni tampoco se puede curar el sida, la única forma de no contraerlo es evitar el contacto con el VIH. Por ello un diagnóstico a tiempo de la infección, acompañado de un tratamiento temprano es necesario para maximizar los beneficios de la terapia antirretroviral.

Ante este contexto la postura institucional debe ser accesible, inclusiva y no limitativa, al ser algunos jóvenes activos sexualmente, y siendo las prácticas sexuales uno de los principales vía de riesgo, la minoría de edad en estos casos no debe de ser limitante para acceder a la prueba de detección, con las respectiva consejería que reciba la persona a la entrega del resultado, según lo indica la Norma, ya que en su apartado 6.3.7 establece que toda persona que se someta al análisis tiene derecho a recibir consejería en el momento de acudir a hacerse la prueba y consejería a la entrega del resultado.

Frete a los hechos contundentes de la realidad social, los derechos humanos, y concretamente los relativos a la vida y a la salud de las personas, se justifican excepciones a la patria potestad.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía para su aprobación, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Exhortar a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que a la brevedad modifique la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010 para la prevención y el control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana, para garantizar el acceso a la prueba y la entrega de resultados de VIH/sida a las y los jóvenes de 12 a 18 años de edad que lo soliciten con o sin la autorización del padre, la madre, tutor o representante legal.

Notas

1 http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/drhumanos/NOM-010-SSA2-2010.p df

2 http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/ 1214172//archivo

3 http://cesop.blogspot.mx/2011/11/encuesta-situacion-de-la-familia-y-la. html

4 http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/epiupdate07.pdf

5 http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspub lication/2013/JC2484_ treatment-2015_es.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2014.

Diputada Crystal Tovar Aragón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa y de la Sedesol a implantar mayores medidas que permitan cumplir el Objetivo de Desarrollo del Milenio relativo a la disminución de la mortalidad materna, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

México ha adoptado diversas medidas nacionales e internacionales para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, entre ellas se encuentran la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006) y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, mejor conocida como CEDAW (1979) y ratificada por nuestro país en 1981.

Asimismo, México, como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, asumió los compromisos que la Asamblea General aprobó en el mes de septiembre de 2000, en la llamada Declaración del Milenio , la cual establece como sus objetivos clave: La paz, la seguridad y el desarme; el desarrollo y la erradicación de la pobreza; la protección de nuestro entorno común; los derechos humanos, democracia y buen gobierno; la protección de las personas vulnerables; la atención a las necesidades especiales de África y el fortalecimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A raíz de este ejercicio, se establecieron ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) “que abarcan desde la reducción a la mitad de la extrema pobreza, hasta la detención de la propagación del VIH/Sida y la consecución de la enseñanza primaria universal para el año 2015, (los cuales) constituyen un plan convenido por todas las naciones del mundo y todas las instituciones de desarrollo más importantes a nivel mundial”.1

En dicho tenor, el ODM 5 denominado Mejorar la salud materna , busca como una de sus metas, reducir para 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes respecto de la tasa contemplada en 1990.

Sin embargo, a diez años de haber adquirido dichos compromisos, la Asamblea General aprobó el documento de la Reunión plenaria de alto nivel de su sexagésimo quinto periodo de sesiones sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio donde se indicó la profunda preocupación por alcanzar los ODM, “en particular, expresamos nuestra grave preocupación por la lentitud con que avanzan la reducción de la mortalidad materna y la mejora de la salud materna y reproductiva”, razón por la cual se emitieron una serie de nuevos compromisos o medios para lograr los objetivos planteados, entre los cuales se destaca:

Tomando medidas a todos los niveles para abordar las causas profundas e interrelacionadas de la mortalidad y morbilidad materna, como la pobreza, la malnutrición, las prácticas nocivas, la falta de servicios de atención de la salud accesibles y adecuados y de información y educación, y la desigualdad entre los géneros, y prestando particular atención a la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.2 De igual manera, en 2013 se volvió a insistir en el hecho de que algunos de los ODM, sobre todo los “relacionados con la pobreza y el hambre, el acceso a la educación primaria, la mortalidad infantil, el acceso universal a la salud reproductiva, incluida la salud materna, la sostenibilidad ambiental y el acceso al agua y el saneamiento”,3 distaban mucho de ser logrados y habían presentado un estancamiento, por lo cual se tomarían medidas coordinadas para alcanzar las metas planteadas para 2015.

A nivel mundial, la tasa de mortalidad descendió de 400 mujeres fallecidas a causa de la maternidad por cada 100 mil nacidos vivos en 1990, a 210 en 2010. Sin embargo, alcanzar la meta de los ODM de reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes requerirá medidas aceleradas y un respaldo político más firme para las mujeres y los niños.4

Aunado a ello, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) diariamente 800 mujeres mueren en el mundo a causa de complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto, de las cuales un alto índice podía prevenirse con una adecuada atención; al respecto “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado que la falta de acceso a servicios adecuados de salud materna constituye una violación de los derechos humanos de las mujeres, especialmente a su integridad personal, a la salud y a la no discriminación”.5

En cuanto a la salud de las mujeres mexicanas, en el país se cuenta con un marco normativo basado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los diversos tratados internacionales ratificados en la materia6 , el cual busca establecer los mecanismos que permitan garantizar este derecho a las mexicanas, como por ejemplo lo establecido en la Ley General de Salud o en la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, la cual busca “establecer los criterios para atender y vigilar la salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y la atención del recién nacido normales.”7

Sin embargo, información del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), revela que

En México, la razón de muerte materna (RMM) en 2008 fue de 57.2, en 2009 de 62.2, en 2010 de 51.5 y en 2011 de 50.7 por cada 100 mil nacimientos. En números absolutos, de 1990 a 2011 fallecieron 28 mil 42 mujeres por complicaciones durante el embarazo, aborto, parto o puerperio. Si analizamos los avances y retrocesos en términos de RMM, entre 1990 y 2010, de las 32 entidades federativas, 14 registraron avances mínimos, incluso un incremento, y 18 la redujeron. Cabe resaltar los casos de Colima y Morelos que la redujeron 64.4 por ciento o más.8

Para 2013 “el promedio nacional de muertes maternas es de 43 por cada 100 mil niños nacidos vivos, pese a que la meta que suscribió México ante la Organización de las Naciones Unidas hace más de una década es de reducir esa cifra a 22 para el año 2015.”9

Por otro lado, según la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) “sólo [...] Tamaulipas con 15.7 muertes por cada 100 mil niños nacidos vivos, Sinaloa con 16.8 y Aguascalientes con 18”10 , es decir, cumplen con lo establecido en los ODM.

Asimismo, el Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) indicó que en 2011, 9.6 por ciento de las mujeres que fallecieron por muerte materna era menor de 19 años, 16 por ciento era hablante de lengua indígena; 82.3 por ciento se dedicaba al hogar y 31 por ciento contaba con primaria incompleta o completa.

Aunado a ello, de las 971 muertes que el OMM reportó en 2011, 20 por ciento no tenía seguridad social ni protección a la salud, mientras que 48.1 por ciento contaba con Seguro Popular.

De igual manera 67.8 por ciento recibió atención de un médico durante el parto; 54.6 por ciento murió en una clínica u hospital de servicio federal o estatal de salud y 17.4 por ciento en una clínica u hospital de los servicios de salud de las instituciones de seguridad social, 12.7 en su casa y 2.8 en la vía pública.11

Respecto a las causas de mortalidad materna en 2012, GIRE indica que 41 por ciento es por causas directas, 22.4 por ciento por preeclampsia-eclampsia, 21.5 por ciento por hemorragia postparto; 7.2 por ciento por aborto, 4.2 por ciento por neoplasias y 4.1 por ciento por embolia pulmonar.

Como se puede dar cuenta por lo antes expuesto, existe una constante en la falta de atención de los servicios de salud adecuados antes, durante y después del parto; misma que desemboca en que no se puedan disminuir de manera pronta los casos de mortalidad materna en México.

Ejemplo de ello son los casos ocurridos el año pasado en varios estados del país, o el último de ellos sucedido el pasado lunes 27 en Huajuapan de León, Oaxaca, donde por negligencia médica o por habérseles negado la atención necesaria, hubo partos al exterior de los hospitales, en patios o jardines, poniendo en alto riesgo la vida tanto de la madre como del recién nacido.

Mejorar la salud materna también es indispensable para lograr el cuarto ODM de reducir la mortalidad infantil. Proporcionar atención de calidad a las mujeres durante el embarazo y en el momento del parto es crucial, no sólo para salvar la vida de las mujeres sino también la de sus bebés.

En dicho contexto, en días pasados, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, expresó que México no cumplirá el ODM relacionado con la disminución de la mortalidad materna:

“No lo vamos a poder cumplir porque la tendencia que traíamos era muy difícil de revertir, pero estamos haciendo un esfuerzo en materia de política de reproducción para que se garantice la salud reproductiva de nuestras adolescentes y jóvenes. Porque, por lo general, el embarazo adolescente es de alto riesgo y si no logramos cumplir el objetivo, por lo menos sentaremos las bases para lograrlo.”12

Ante tales declaraciones y los datos expuestos resulta necesaria la implementación de acciones y políticas públicas encaminadas en el mejoramiento de la salud de las mexicanas y en este caso las relacionadas a la disminución de los índices de mortalidad materna en el país, sobre todo las que son causadas por factores prevenibles o evitables; en dicho tenor presentamos a esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Salud a implementar mayores medidas que permitan cumplir lo antes posible con el Objetivo de Desarrollo del Milenio relativo a la disminución de la mortalidad materna.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a que, en la medida de sus atribuciones, coadyuve para alcanzar las metas adquiridas con el Objetivo de Desarrollo del Milenio relativo a la disminución de la mortalidad materna.

Notas

1. Objetivos de Desarrollo del Milenio y más allá de 2015. http://www.un.org/es/millenniumgoals/bkgd.shtml

2. Naciones Unidas, Resolución aprobada por la Asamblea General el 22 de septiembre de 2010.

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/65/1

3. Naciones Unidas, Documento final del acto especial de seguimiento de la labor realizada para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/68/L.4

4. Objetivos de Desarrollo del Milenio y más allá de 2015. Hoja de datos

http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/Goal_5_fs_sp.pd f

5. http://informe.gire.org.mx/caps/cap3.pdf

6. Vid. INMUJERES, Proigualdad,Tema: Salud, PND Eje: Igualdad de Oportunidades. Compromisos Internacionales http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cedaw/cedaw/ca_09.pdf

7. Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio. http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/007ssa23.html

8. Grupo de Información en Reproducción Elegida, Omisión e Indiferencia Derechos Reproductivos en México, Mortalidad Materna. http://informe.gire.org.mx/caps/cap3.pdf

9. México, lejos de erradicar la mortalidad materna http://www.animalpolitico.com/2013/07/mexico-lejos-de-cumplir-la-meta-p ara-erradicar-la-mortalidad-materna/#ixzz2rHVo89mH

10. Ídem.

11. Observatorio de Mortalidad Materna en México, Numeralia 2011, Mortalidad Materna en México http://omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/DG%20Numeralia%20 2011%20%C3%9ALTIMO%20corregida%20.pdf

12. Sedesol: Muerte materna y pobreza, retos a vencer http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/sedesol-muerte -materna-y-pobreza-retos-a-vencer-212086.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2014.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila. (Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud federal y a los gobiernos locales y del Distrito Federal a emprender con las autoridades competentes acciones coordinadas para reforzar el control y la supervisión de los establecimientos dedicados al tratamiento y la rehabilitación de personas con trastornos por abuso y dependencia del alcohol y otros psicoactivos, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, para que, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, emprendan acciones para reforzar el control y supervisión de los establecimientos dedicados al tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos por abuso y dependencia del alcohol y otros psicoactivos, a tenor de las siguientes

Consideraciones

Los problemas derivados del alto índice de población que padece alcoholismo o farmacodependencia impactan fuertemente en los ámbitos familiar y social, tienen importantes implicaciones en la salud y seguridad públicas, situación que compromete importantes recursos tanto presupuestarios como de capital humano.

Algunas adicciones, como el tabaquismo, generan padecimientos que requieren de una atención médica especializada y específica, pero otras como el alcoholismo y la adicción a sustancias psicoactivas, además de lo anterior, derivan también en problemas sociales como violencia, tanto pública como familiar, desintegración y descomposición social y una pérdida de las nuevas generaciones que cada vez –debido a la creciente y fácil disposición de substancias– se pierden a edades más tempranas, truncando con ello no sólo sus estudios sino, desafortunadamente, sus posibilidades para un desarrollo pleno, sano y socialmente productivo.

Aunque los trastornos que generan el alcoholismo y farmacodependencia no son privativos de algún segmento social, siendo igualmente vulnerables hombres y mujeres; niños, jóvenes, adultos y ancianos de cualquier formación cultural, educativa o nivel socioeconómico, en años recientes las estadísticas de consumo presentan datos alarmantes respecto de los niños y jóvenes, siendo especialmente afectados los que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, como es la situación de calle, o habitando en zonas marginadas.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de la Secretaría de Salud y de estudios de organizaciones civiles, tenemos lo siguiente:

• Cerca del 15 por ciento de la población total padece del síndrome de la dependencia al alcohol y más de medio millón de mexicanos son atendidos en instituciones públicas de salud por problemas de farmacodependencia (cifra que por lo demás no refleja la magnitud del problema porque únicamente considera a los que son atendidos, excluyendo a los que no reciben ese beneficio).

• Cerca del 75 por ciento del total de la población ha ingerido bebidas alcohólicas y cerca de 4.5 millones han consumido alguna droga una vez en su vida.

• Cerca de 45 millones de mexicanos son bebedores habituales y casi un millón son farmacodependientes.

• El 65 por ciento de la población de entre 17 y 65 años presentan problemas de consumo excesivo de bebidas alcohólicas y casi el 2 por ciento de la población presenta alguna adicción a drogas.

• La edad promedio para iniciar en el consumo de alcohol ha bajado hasta llegar a situarse en los 13 años, incluso en algunas partes del país llega a ser de 10 años; y para el consumo de drogas se sitúa entre los 15 y 18 años.

• El alcoholismo o la drogadicción son los causantes de aproximadamente el 70 por ciento de los accidentes automovilísticos.

• Cerca del 75 por ciento de los divorcios se asocian a alguna adicción.

• Aproximadamente el 65 por ciento de los suicidios se vinculan al consumo excesivo del alcohol o derivado de una adicción.

• Cerca del 40 por ciento de los homicidios se cometen bajo la influencia del consumo de bebidas alcohólicas.

La magnitud del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas es un factor explicativo al considerar la problemática que abordamos con la presente proposición con punto de acuerdo: el surgimiento y multiplicación descontrolada de establecimientos para el tratamiento de las adicciones.

Desde hace poco más de diez años, a la par del crecimiento en el número de personas que padecen adicciones, han surgido numerosos centros, alberges o clínicas de rehabilitación, también llamados “internados”, “anexos” o “granjas”; éstos lugares han proliferado como una opción a la que recurren muchas familias en búsqueda de una solución frente a la dependencia al alcohol o a drogas de uno o varios de sus miembros.

No hay un registro nacional que permita conocer cuántos establecimientos de este tipo hay en el país.

Se sabe que muchos de ellos se instalan generalmente, aunque no exclusivamente, en zonas marginadas, en domicilios particulares -conservando muchas veces esa apariencia-, ofreciendo servicios de rehabilitación contra alcoholismo o drogadicción, sin contar con un método acreditado, sin las condiciones mínimas requeridas de seguridad e higiene, sin atención médica o seguimiento clínico.

La admisión de las personas se conviene conforme “cuotas” o “aportaciones voluntarias”, ya sea en especie o monetarias, a cubrirse diaria, semanal o mensualmente y que van desde 10 y 30 pesos (diarios), 100 a 250 (semanales) y de entre mil a dos mil pesos (mensuales), según la zona, el “diagnóstico” del paciente y la “intensidad” del tratamiento.

Sin embargo, con base en testimonios que se conocen a través de la prensa y de persona a persona, es posible afirmar, que en muchos de estos establecimientos se realizan prácticas que atentan contra la dignidad y seguridad de las personas y que rayan en francas conductas delictivas.

El internamiento y retención de las personas en contra de su voluntad es una de las prácticas más comunes, en cuyo caso, se trata del delito de privación ilegal de la libertad; también se conocen casos que testimonian el abuso que sufren los internos –muchos de ellos menores de edad- al ser encargados de tareas extenuantes o sometidos a trabajos no remunerados, cuyo beneficio obtienen los dueños o encargados de los centros, en cuyo caso estamos hablando de explotación.

Humillaciones, hacinamiento, abuso sexual y diversas formas de violencia física y psicológica, son moneda corriente de la narrativa vivencial de muchas personas que han pasado por estos lugares.

En años más recientes, la problemática se ha vuelto aún más compleja, con el agravamiento de los conflictos derivados de la lucha contra el narcotráfico. En ese contexto, algunos centros de tratamiento ha sido escenario de eventos violentos en los que existen indicios que permiten especular sobre las imbricaciones de internos o de encargados con grupos delincuenciales.

En septiembre de 2010, Carlos Zamudio Angles, en un artículo publicado en la revista Este País, hizo el recuento de que partir del inicio la guerra contra las drogas en México y hasta ese momento se habían dado cuando menos una docena de ejecuciones en centros de tratamiento para adictos, también llamados “anexos”, mismos que dejaron un saldo de al menos, 86 muertos, casi todos hombres que recibían atención.1

De esta manera, tenemos que los pseudométodos de tratamiento y las condiciones de insalubridad e inseguridad que privan en muchos de estos centros, redundan en una situación que hace urgente la necesidad de una intervención por parte de las autoridades.

Desde el punto de vista normativo, el abuso y dependencia de sustancias como el alcohol y demás psicoactivos, recae en la clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento.

A este respecto, hemos de recordar que durante la LXI Legislatura, este Congreso de la Unión aprobó dos importantes reformas a la Ley General de Salud en materia de salud mental, mismas que se derivaron, entre otras inquietudes, de la preocupación por la atención que reciben las personas en establecimientos que atienden este tipo de trastornos, cuya gama es muy amplia y que, como ya señalamos, abarca las problemáticas derivadas del abuso y dependencia a sustancias.

La primera de estas reformas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto de 2011, incorporó en la ley el carácter prioritario de las acciones para la prevención de los trastornos mentales y del comportamiento, definió una serie de objetivos a desarrollarse por parte de la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia para la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos; precisó qué aspectos ha de comprender la atención de los trastornos mentales y del comportamiento y explicitó los derechos de las personas que padecen estos trastornos.

Se incorporaron definiciones muy puntuales respecto del internamiento. A este respecto se subraya lo dispuesto en los párrafos primero y último del artículo 75:

“Artículo 75.- El internamiento de personas con trastornos mentales y del comportamiento, como último recurso terapéutico, se ajustará a principios éticos, sociales, de respeto a los derechos humanos y a los requisitos que determine la Secretaría de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables.

...

...

...

Las autoridades sanitarias deberán coordinarse con los organismos públicos de protección a los derechos humanos para que los establecimientos dedicados a la atención y tratamiento de las personas con trastornos mentales y del comportamiento sean supervisados continuamente, a fin de garantizar el respeto a los derechos de las personas internadas.”

La segunda reforma en materia de salud mental, aprobada en la legislatura anterior, publicada en el DOF el 15 de enero de este año, perfeccionó estas mismas disposiciones incorporando, por ejemplo, la definición de salud mental y especificando que la atención de los trastornos mentales y del comportamiento deberá brindarse con un enfoque comunitario, de reinserción psicosocial y con estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios de estos servicios.

Ahora bien, con estas reformas, quedaron plasmadas en la ley una serie de dispositivos que invocamos para sustentar la propuesta que promovemos:

1) El artículo 5 de la ley se definen los componentes que integran en Sistema Nacional de Salud, mismo que abarca a las dependencias y entidades de la Administración Pública y “las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud , así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud.

2) En la fracción VII del artículo 73 se establece que la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, tienen facultades para fomentar y apoyar “La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud ”.

3) En el artículo 74, fracción II, se define que la atención de los trastornos mentales y del comportamiento comprende “la organización, operación y supervisión de establecimientos dedicados al estudio, tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos mentales y del comportamiento ”

4) En el artículo 74 Bis se refiere, como uno de los derechos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento el tener acceso “a la mejor atención disponible en materia de salud mental y acorde con sus antecedentes culturales, lo que incluye el trato sin discriminación y con respeto a la dignidad de la persona, en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud;”.

De lo anterior, se concluye claramente que la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, son competentes para intervenir en la vigilancia y supervisión de establecimientos dedicados al tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos producidos por el abuso y dependencia del alcohol y otros psicoactivos.

Consideramos que, independientemente de ulteriores esfuerzos encaminados a abatir con mayor vigor los problemas asociados al abuso y dependencia del alcohol y otros psicoactivos, particularmente el que comportan los centros de tratamiento, es urgente la intervención que, desde el ámbito de sus competencias, puedan realizar los tres niveles de gobierno, especialmente los de las entidades federativas, por su capacidad operativa y cercanía con la población, para aportar una solución al respecto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y, con pleno reconocimiento a la libertad y autonomía en todo lo concerniente al régimen interior de los estados, a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, para que en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, emprendan acciones para reforzar el control y supervisión de los establecimientos dedicados al tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos por abuso y dependencia del alcohol y otros psicoactivos, con el fin de hacer vigentes las disposiciones contenidas en el último párrafo del artículo 72 y 74 Bis de la Ley General de Salud.

Nota

1 Zamudio Angles, Carlos. Etnólogo, investigador por el Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas, AC. “Muerte en los ‘anexos’”, revista Este País, septiembre de 2010.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2014.

Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implantar acciones y políticas para reducir e incluso erradicar la incidencia del dengue en el territorio nacional, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Martín Alonso Heredia Lizárraga, diputado a la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Salud federal a emprender, con carácter urgente, acciones para prevenir y combatir el dengue, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El dengue es la única enfermedad tropical desatendida (ETD) que se ha expandido en la última década, su incidencia se ha multiplicado por 30 en los últimos cincuenta años y tiene el potencial real de convertirse en epidemia mundial, según advierte un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Mantener el impulso para superar el impacto global de las enfermedades tropicales desatendidas ” es el título del segundo informe que la OMS realiza para determinar el estado de estas dolencias en el mundo.

En él se analiza el impacto que las ETD tienen en el mundo y se sugieren políticas públicas que podrían aplicarse para reducir o incluso erradicar su incidencia.

De las 17 enfermedades que incluye la OMS en el grupo ETD, el dengue es la única que representa una amenaza global .

En el último medio siglo la incidencia del dengue se ha multiplicado por 30, y su expansión no hace más que aumentar, lo que hace creer a los científicos que la enfermedad tiene las condiciones para convertirse en una verdadera pandemia mundial.

“La enfermedad está presente en 150 países y no hay una región en el mundo donde no esté presente; si no se controla correctamente puede dispararse y convertirse en una verdadera pandemia”, afirmó en una rueda de prensa el experto de la OMS Raman Velaywdhan.

El dengue es ya una enfermedad endémica en 100 países del mundo, incluyendo la casi totalidad de las naciones de América Latina y el Sudeste Asiático; entre 50 y 100 millones de personas contraen la enfermedad anualmente; 500 mil de ellas padecen la versión más grave, conocida como hemorrágica; y unas 22 mil mueren.

Pero los centros de investigación especializados en la materia elevan la cifra de personas en riesgo de contraer el dengue de 2 mil a 3 mil 600 millones y los infectados de 50 a 500 millones , mientras la globalización acelera aún más la incidencia del mal.

“El incremento de personas y mercancías que viajan por el mundo, y el cambio climático que ha aumentado las temperaturas y ha incrementado las inundaciones han contribuido a esta silenciosa expansión de la enfermedad”, afirmó Velaywdhan.

“Por ejemplo, a Europa llegaron larvas y mosquitos a través de la importación de neumáticos usados y de plantas de bambú, es por ello que el control del vector es esencial”

En cuanto a nuestro país las epidemias de dengue experimentadas en el país demuestran que una significativa parte de la población es afectada por este proceso infeccioso, entre ellos niños y ancianos. La relevancia de esta enfermedad se ubica en el contexto de la prevención para evitar que el dengue y sus formas severas como el dengue hemorrágico y el síndrome de choque por dengue se conviertan a corto o mediano plazo en una urgencia epidemiológica cuya magnitud rebase la capacidad de respuesta de los servicios médicos asistenciales, subraye las limitaciones de las estrategias de control emergente y resulte en un incremento en la mortalidad, sobre todo de los menores de 15 años.

El panorama de dengue en México brinda la oportunidad de analizar la emergencia de un problema de salud regional, al confluir los factores de riesgo involucrados en su generación sin que hasta la fecha se haya detectado una epidemia importante de dengue hemorrágico.

Existen 4 serotipos del virus del dengue 1, 2 ,3 y 4. La primera vez que una persona es contagiada por cualquiera de estos cuatro virus, adquiere el dengue clásico. Nunca volverá a padecer dengue por el mismo virus, pero sigue expuesta a los demás serotipos.

Los síntomas generales del dengue se empiezan a presentar entre los 5 y 8 días después de la picadura y pueden durar de 3 a 7 días, el inicio del cuadro es brusco, con aumento rápido de la temperatura y escalofríos, cefalea muy fuerte, dolor detrás de los ojos, dolores musculares generalizados y en la región lumbar. Luego aparecen manchas en la piel, comenzando en el tronco, extendiéndose hacia la cara, las manos, antebrazos y pies, pudiendo confundirse en el primer momento con el sarampión, entre otros. En el caso del dengue hemorrágico, el cual es potencialmente mortal, su cuadro está acompañado además de sangrado en diferentes partes del cuerpo, dificultad en la respiración, vómito, alteraciones de la presión, falta de apetito, palidez, sudoración y sueño.

Hay que señalar que no existen vacunas para ninguno de los serotipos, la única forma de prevenir el dengue es eliminando al portador, esto es al mosquito Aedes aegypti, y tomar medidas de protección. No obstante, se conoce que existen investigaciones y desarrollo de una vacuna contra las cuatro variantes del dengue por parte de Sanofi Pasteur México, sin embargo, hasta no ver concretado estos esfuerzos, el único mecanismo que se tiene son los antes señalados.

En este sentido se conoce que, de acuerdo con la estructura del Sistema Nacional de Salud y la propia de la Secretaría de Salud, corresponde a la Dirección General Adjunta de Epidemiología (DGAE) coordinar la elaboración de las normas y procedimientos para la vigilancia epidemiológica de dengue. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) capta, registra y analiza los datos de morbilidad, mortalidad, y daños y riesgos en salud —en este caso específicamente para dengue— a través del Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE), apoyado a su vez en: La Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades y los Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica.1

En este sentido y acorde a los reportes de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Dirección General de Epidemiología, DGA Epidemiología | DGA InDRE, en el documento Panorama Epidemiológico de Fiebre por Dengue y Fiebre Hemorrágica por Dengue reporta que al veintiuno de octubre de dos mil trece, existen trece mil trescientos veinticuatro casos de fiebre hemorrágica por dengue y treinta mil trescientos sesenta y seis casos de fiebre por dengue, dando un total de cuarenta y tres mil seiscientos noventa casos confirmados de dengue en el país, de los cuales a la fecha se reportan cincuenta y tres casos de personas fallecidas por esta enfermedad.2

Al comparar el comportamiento de los casos con lo ocurrido a la misma fecha, según cifras de la propia institución, de corte de 2012, se observa: incremento de 45 por ciento en los casos probables y un incremento de 26 por ciento en los casos confirmados.

El dengue es una contingencia sanitaria que está presente de manera permanente, ya que se ha reconocido que ha dejado de ser una enfermedad estacional, debido al cambio climático que ha propiciado que el mosquito transmisor se haga resistente a algunos insecticidas o se adapte a alturas de hasta mil 800 metros sobre el nivel del mar, circunstancias en las que antes no sobrevivía.

Las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentra la población afectada por las lluvias, amerita extremar precauciones debido al hábitat en el que se desarrolla el mosquito portador de la enfermedad. En este sentido y en vista de la ocurrencia de nuevos casos, es nuestra responsabilidad como legisladores, hacer un llamado para que la Secretaría de Salud implemente acciones para combatir y prevenir el dengue a nivel nacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a emprender, con carácter urgente, acciones para reducir e incluso erradicar su incidencia del dengue a nivel nacional para evitar que crezca el número de personas contagiadas.

Notas

1. Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Dirección General de Epidemiología. (2013). Obtenido mediante sitio web:

http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/dgae/panodengue/

2. Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Dirección General de Epidemiología. (2013). Panorama epidemiológico de fiebre por dengue y fiebre hemorrágica por dengue (Semana Epidemiológica 42). Obtenido mediante sitio web: http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/panodengue/PANORAMAS_2013/ Pano_dengue_sem42_sem2013.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2014.

Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Chihuahua a discutir y, en su caso, aprobar la tipificación en el Código Penal del delito de feminicidio, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Crystal Tovar Aragón, diputada federal en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La aprobación en 1979 de la Con­vención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), firmada y ratificada por México el 3 de septiembre de 1981, exige a los Estados que adopten todas las medidas adecuadas, incluida una legislación para modificar o abolir las leyes, reglamentaciones, costumbres y prácticas vigentes que constituyen discriminación contra la mujer.

Además la ONU emitió, en diciembre de 1993, la Declaración sobre la Elimina­ción de la Violencia contra la Mujer, que sitúa a la violencia contra las mujeres como un problema de derechos humanos, afirmando que las mujeres tienen igualdad de derechos al dis­frute y protección de sus derechos humanos y libertades fundamentales, incluyendo la libertad y seguridad a la persona, a una vida libre de tortura o de cualquier castigo o trato cruel, inhumano o degradante.

Que el derecho a una vida libre de violencia, establecida en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belém do Pará), de observancia para nuestro país, firmada y ratificada por México, el 12 de noviembre de 1998, contempla que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para el desarrollo individual y social, y para su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida.

Que la violencia hacia la mujer es inaceptable, ya sea cometida por el Estado y sus agentes; por parientes o por extraños; en el ámbito público o privado; en tiempo de paz o en tiempos de conflicto, que mientras siga existiendo la violencia contra la mujer, no se puede afirmar que se han logrado progresos reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz.1

Siendo la violencia feminicida2 la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y en otras formas de muerte violenta de mujeres.

Según datos del estudio Violencia feminicida en México, tan sólo en 2010 se registraron 2,335 defunciones femeninas con presunción de homici­dio, lo que representa 6.4 mujeres asesinadas al día, y del año 2005 al 2010 suman 9,385 feminicidios.3

Además, en el estudio se muestra que el comportamiento de las defunciones con presunción de homicidio es distinto según el territorio al tratarse de un fenómeno muy heterogéneo y que va cambiando en el tiempo. En 2010 se identificó que Chihuahua se encuentra en primer lugar, con 32.8 defunciones con presunción de homicidio por cada 100 mil mujeres, un valor 8.1 veces mayor al promedio nacional.4

Que en 2010 más de un cuarto del total de los feminicidios ocurrieron en tan sólo cinco municipios del país (27.2 por ciento). Destacando en primer lugar el impresionante crecimiento del feminicidio en Juárez, Chihuahua, con 389 defunciones femeni­nas con presunción de homicidio (uno de cada seis casos ocurridos en el país) nos presenta un panorama de gran concentración del fenómeno.

En el asesinato de mujeres es más frecuente el uso de medios más brutales para matarlas: casi una de cada cinco mujeres asesinadas muere directa y literalmente a manos de su agresor; si a esto le agregamos que en los Códigos Penales de once entidades federativas aún se consideran como atenuantes de la pena la “infidelidad conyugal/razón de honor” o el “estado de emoción violenta”, lo que implica que nos encontramos frente a contextos en los que la violencia contra las mujeres es condonada desde el Estado.

El lugar en donde existe mayor cantidad de asesinatos contra mujeres es en el estado de México, ya que entre 2001 y 2010 se presentaron 2,954 muertes por homicidios en mujeres, correspondiente al 19.7 por ciento de las observadas en la República Mexicana. Le sigue en el deshonroso segundo lugar, durante el mismo periodo, el estado de Chihuahua con 1,415 muertes por homicidio en mujeres, el 9.44 por ciento de las observadas a nivel nacional, dentro de este estado Ciudad Juárez ocupó el primer lugar con un promedio cercano a 57 por ciento de todas las muertes, seguido por Chihuahua con un 15 por ciento, con menos el 3 por ciento, también aportaron los municipios de Guachochi, Guadalupe, Cuauhtémoc y Calvo y Delicias.5

Sobre la situación de violencia contra las mujeres en el estado de Chihuahua, en el informe de ONU Mujeres (2012) revela que de 2007 a 2009 se registró un incremento del 325.1 por ciento en la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio. En 2009 la tasa de defunciones femeninas fue de 12.73 por cada 100,000 mujeres, mientras que en el 2010 la tasa se elevó a 32.8 por ciento. Sobre la violencia sexual informó que en el 2010 se denunciaron 726 casos de violación, por lo que el promedio de violaciones fue de 44.9 por cada 100,000 mujeres. Por su parte la Fiscalía del Estado informó que de enero de 2011 a junio de 2012 en el estado de Chihuahua ocurrieron 529 homicidios de mujeres.6

La conmoción social provocada por el crecimiento sistemático de los homi­cidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde 1993, fue decisiva para incluir en el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,7 el concepto violencia feminicida, definida como “es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

Al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU, en las observaciones finales de la evaluación de los informes periódicos séptimo y octavo a México, informó que le preocupan las deficiencias y las diferentes definiciones del crimen de feminicidio en los Códigos Penales locales en México y expresa su profunda preocupación por los números elevados y cada vez mayores de feminicidios cometidos en varios estados, como en México, DF, y Ciudad Juárez.

También, al comité, le preocupan las inexactitudes en los procedimientos para registrar y documentar los asesinatos de mujeres, que menoscaban la adecuada investigación de los casos e impiden que las familias sean notificadas puntualmente y que se haga una evaluación más completa y fiable del feminicidio.

El Comité recomienda al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para garantizar que la codificación del feminicidio se base en elementos objetivos que permitan su adecuada calificación en los códigos penales locales; acelerar su codificación en esos códigos penales pendientes; normalizar los protocolos de investigación policial para el feminicidio en todo el país; e informar sin demora a las familias de las víctimas.8

Todos los niveles de gobierno en México están obligados a garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia, en razón de haber ratificado una serie de instrumentos internacionales de protección a las mujeres, los cuales son obligatorios y adquieren rango constitucional a partir de la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011.

El día 16 de noviembre del año 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al estado mexicano por violar derechos humanos en los casos de feminicidio sucedidos en Ciudad Juárez en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, dos de ellas menores de edad, y por la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares. La sentencia detalla la responsabilidad internacional de México.9

Ante el hecho de que en el estado de Chihuahua no se encuentra tipificado el delito de feminicidio y existiendo la responsabilidad del estado de garantizar el derecho al acceso a la justicia, a la vida y a la dignidad de las mujeres, por ello es que se considera necesario y de urgente atención se armonice el marco legal estatal en materia de feminicidio.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía para su aprobación el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al honorable Congreso de Chihuahua, para que discuta y en su caso apruebe se tipifique en el Código Penal del estado de Chihuahua el delito de feminicidio.

Notas

1Estudio del Secretario General de Naciones Unidas, 2006. http://www.un.org/womenwatch/daw/public/VAW_Study/VAW-Spanish.pdf

2 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (DOF, 1 de Febrero de 2007).

3 Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas, 1985-2010. Estudio realizado por ONU Mujeres, Instituto Nacional de las Mujeres, México y la LXI Legislatura, Cámara de Diputados. México. 2012.

4 Ibídem.

5 Estudio nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres, realizado por la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres. 2012.

6 Órdenes de Protección en México: Mujeres Víctimas de Violencia y Falta de Acceso a la Justicia. Católicas por el Derecho a Decidir AC y Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. 2013.

7 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 2007. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf

8 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. El Comité examinó los informes periódicos séptimo y octavo combinados de México (CEDAW/C/MEX/7-8) en sus reuniones 1051a y 1052a, celebradas el 17 de julio de 2012.

9 http://www.campoalgodonero.org.mx/sites/default/files/descargables-esta tico/Sentencia_Campo_Algodonero.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2014.

Diputada Crystal Tovar Aragón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a difundir el informe sobre la averiguación previa derivada de la explosión ocurrida en el edificio B-2 del Centro Administrativo de Pemex el 31 de enero de 2013, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

A un año de la explosión ocurrida en el edificio B-2 del Centro Administrativo de Petróleos Mexicanos, Pemex, donde fallecieron 37 personas y 131 más resultaron lesionadas; la reapertura del complejo está próxima, la cual tuvo una inversión de 158 millones 723 mil pesos, “familiares de los trabajadores de la empresa Copicosa, que prestaba servicios de mantenimiento a la paraestatal, exigieron conocer la verdad respecto a lo ocurrido”1 , permitiendo contar con la información que derivó la conclusión de que “la explosión se debió por una acumulación de gas metano multifactorial y detonado por un chispazo”2 , explicación que la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer el 3 de agosto de 2013.

Esto a causa de la falta de respuesta por parte de la PGR para proporcionarles el informe “donde se encuentra radicada la averiguación previa”3 , razón por la cual presentaron un amparo en contra de la PGR ante María Catalina de la Rosa Ortega, Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, quien instó a que la dependencia “informe si existe o no una averiguación previa por estos hechos, luego de que la misma dijo que no tiene a su cargo la indagatoria PGR/DF/SCZ/CAM/052/13-01.”4

En dicho tenor, Jesús Alberto Guerrero Rojas, abogado del caso, explicó que “a pesar de los requerimientos de un juez federal en materia de amparo la PGR ha omitido atenderlos y ha omitido precisar dónde se encuentra la averiguación previa derivada de este asunto”.5

Asimismo, los familiares de los trabajadores, expresaron que respecto a la indemnización que correspondía, únicamente percibieron recursos referentes a los gastos funerarios, “no obstante, de acuerdo con la legislación nacional y la derivada de tratados internacionales, así como sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el monto de la indemnización podría alcanzar entre 10 y 12 millones de pesos por familia”.6

A la par de la empresa Copicosa, las familias recibieron 144 mil pesos y una de las viudas de los trabajadores fallecidos recibe una indemnización mensual por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social de casi dos mil pesos; asimismo, “los familiares denunciaron que entre más tiempo pasaba de ocurrida la tragedia, menos los atendían y los funcionarios responsables de su caso iban bajando de nivel”7 .

Al respecto, cabe decir que los resultados de las investigaciones sobre lo sucedido en el Centro Administrativo de Pemex generaron múltiples interrogantes que se vieron reflejadas en la desconfianza de la opinión pública; por tales razones es de suma importancia que la PGR y la paraestatal hagan pública la información que permita contar con los datos necesarios para despejar cualquier tipo de interrogante ante lo sucedido; de tal forma que con base en lo antes expuesto presentamos a esta asamblea el siguiente resolutivo con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a hacer público el informe sobre la averiguación previa derivada de la explosión ocurrida en el edificio B-2 del Centro Administrativo de Pemex, el 31 de enero de 2013.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Junta de Conciliación y Arbitraje a dar seguimiento al pago de las indemnizaciones correspondientes a las familias de los trabajadores fallecidos a causa de la explosión ocurrida en el edificio B-2 del Centro Administrativo de Pemex, el 31 de enero de 2013.

Notas

1 El Universal, “A un año, deudos de la Torre de Pemex piden explicaciones”; en línea, México, dirección URL: http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/familiares-de-victimas -en-torre-de-pemex-piden-explicacion-983735.html

2 El Financiero, “Torre de Pemex da miedo, a un año de explosión”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.elfinanciero.com.mx/no-te-lo-pierdas/139-no-te-pierdas/52710 -torre-de-pemex-da-miedo-a-un-ano-de-explosion.html

3 El Universal, cita anterior.

4 El Diario MX, “Víctimas de explosión en Torre de Pemex demandan a PGR y a la paraestatal”, en línea, México, dirección URL: http://diario.mx/Nacional/2014-01-29_ca1d10da/victimas-de-explosion-en- torre-pemex-demandan-a-pgr-y-a-la-paratestatal/

5 El Universal, cita anterior.

6 Ídem.

7 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2014.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila. (Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conaculta a realizar un homenaje póstumo al escritor José Emilio Pacheco, a cargo de la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Celia Isabel Gauna Ruiz de León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados , somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado domingo 26 de enero, falleció José Emilio Pacheco, hombre a quien Víctor García de la Concha calificó como “el gran escritor de la vida cotidiana”,1 Juan Villoro como alguien cuya obra “tiene una afirmación de la vida”,2 y Elena Poniatowska como un ser humano con la generosidad y cercanía que lo llevó a comentar con sus lectores que “todo lo escribimos entre todos”.3 “Su vocación era llegar al público”.4 Para Sergio Pitol fue el “polígrafo perfecto”.5

José Emilio Pacheco nació en la Ciudad de México el 30 de junio de 1939.6 Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde inició su actividad literaria a partir de revistas estudiantiles,7 aunque previamente, a sus escasos 19 años, había publicado ya su primera obra: La sangre de Medusa .8 Desde aquella edad, formó parte del círculo de jóvenes mexicanos que posteriormente serían referentes de la vida cultural del país, como su amigo Carlos Monsiváis (a quien comenzó a conocer “durante la adolescencia y juventud),9 Elena Poniatowska, Carlos Fuentes y José Luis Cuevas.10 Concluidos sus estudios, tuvo a lo largo de la vida la oportunidad de dictar cátedra en universidades en México, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra,11 entre ellas la UNAM, la Universidad de Maryland y la Universidad de Essex.12

Su vida literaria abarcó más de media centuria, iniciándose con la obra mencionada en 1959, seguida de un repertorio lírico, narrativo y ensayístico que comprende El viento distante (1963), Los elementos de la noche (1963), El reposo del fuego (1966), Morirás lejos (1967), No me preguntes cómo pasa el tiempo (1969), El principio del placer (1972), Irás y no volverás (1973), Islas a la deriva (1976), Desde entonces (1980), Tarde o temprano (1981), Las batallas en el desierto (1981), Los trabajos del mar (1984), Fin de siglo y otros poemas (1984), Alta traición (1985), Miro la tierra (1987), Ciudad de la memoria (1990), Tarde de agosto (1992), El derecho a la lectura (1994), El silencio de la luna (1996), La arena errante (1999), Siglo pasado (2000), Antología poética (2005), En resumidas cuentas (2005), Como la lluvia (2009) y La edad de las tinieblas (2009).13 Logró ser, a lo largo de su vida, periodista, poeta, novelista, cuentista y traductor. Para Enrique Krauze, “fue el mejor fruto de las generaciones literarias de México y, al mismo tiempo, el custodio de ese jardín armonioso que alguna vez fue la literatura mexicana.”14

Por su gran trabajo, Pacheco recibió premios como el Magda Donato (1967) antes de cumplir los 30 años, pero también otros posteriores de la talla del Xavier Urrutia (1973), el Nacional de Periodismo (1990), el Nacional de Ciencias y Artes (1992), el Reina Sofía (2009) y el Cervantes (2010).15

Sin embargo, tan meritorio como su obra fue la calidad de su persona. “Es raro sentir gratitud por un escritor vivo pero José Emilio reúne todas las devociones”, señaló Elena Poniatowska en su momento.16 Esa gratitud no devino únicamente de su pluma sino de sus actitudes y su calidad como ser humano. Para Krauze, “ José Emilio era singularmente caballeroso pero no por un cuidado artificial de las formas sino por una actitud que debió venirle de muy atrás, del México que añoró siempre, una actitud que cabe en una noble palabra ahora en desuso: la palabra decencia. José Emilio era, ‘en el buen sentido de la palabra, bueno’”.17 “Fue un hombre muy honesto”,18 destacó también Cristina Pacheco, quien compartió con él un matrimonio y décadas de vida. Villoro lo destaca como un hombre de conducta ejemplar y ejemplar modestia, señalando que “se opuso en sus artículos al ecocidio, a la crueldad contra los animales, a la corrupción, que es ese veneno lento que toca todas las áreas de la vida social, a cualquier forma de deterioro y de represión. Fue una conciencia moral sumamente viva y lúdica en sus cuentos y en su poesía, y hay una afirmación de la vida”. Pero el aprecio a su persona no se limitó a la primera plana de la cultura de la lengua castellana; muestra de ello fueron la multitud de lectores que lo acompañaron tanto en su cumpleaños 70 en el Centro Nacional de las Artes y en el Palacio de Bellas Artes, como hace apenas días en su velorio. Éste fue concurrido por lectores jóvenes a quienes Cristina Pacheco, viuda del escritor, invitó a subir junto al féretro “y les recordó que a José Emilio le gustaba estar rodeado de ellos”.19

Él no quería ser célebre, sólo leído.20 En función de ello y de lo anteriormente expuesto, a fin de rendirle el homenaje que nos permita mantenerlo y acentuarlo en la memoria de la Nación como escritor, pero también como persona la íntegra que fue, como un ser humano digno de ser imitado, tras su reciente fallecimiento se propone a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, doctor Rafael Tovar y de Teresa, a llevar a cabo un homenaje nacional al escritor José Emilio Pacheco.

Notas

1 Rubén Parra. “Obra de José Emilio Pacheco tiene una afirmación de la vida: Juan Villoro”. s/p.

2 Ídem.

3 Elena Poniatowska. “José Emilio Pacheco y los jóvenes”. s/p.

4 Enrique Krauze. “Palabras de homenaje al poeta José Emilio Pacheco”. s/p.

5 Oriol Mallo. “In memoriam: una entrevista con José Emilio Pacheco (1939-2014)”. s/p.

6 Daniel Medina. “Él era José Emilio Pacheco”. s/p.

7 Instituto Cervantes. “José Emilio Pacheco. Biografía”. s/p.

8 Redacción Aristegui Noticias. “José Emilio Pacheco: más de 50 años de carrera literaria”. s/p.

9 Jenaro Villamil. “Monsiváis y José Emilio, dos polígrafos desesperanzados”. s/p.

10 Oriol Mallo. Op.cit. s/p.

11 Instituto Cervantes. Op.cit. s/p.

12 Daniel Medina. Op.cit. s/p.

13 Ídem.

14 Enrique Krauze. Op.cit. s/p.

15 Instituto Cervantes. Op.cit. s/p.

16 Elena Poniatowska. Op.cit. s/p.

17 Enrique Krauze. Op.cit. s/p.

18 Jesús Alejo Santiago. “La enseñanza de José Emilio, ‘amar a México’: Cristina”. s/p.

19 Judith Amador Tello. “Cristina Pacheco en el funeral de José Emilio: ‘pensábamos vivir toda la vida...’”. s/p.

20 Ericka Montaño Garifas. “Realizan un maratón de lectura en el día del cumpleaños 70 de José Emilio Pacheco”. s/p.

Bibliografía

Alejo Santiago, Jesús. “La enseñanza de José Emilio, ‘amar a México’: Cristina”. Milenio , 28 de enero de 2014. http://www.milenio.com/cultura/ensenanza-Jose-Emilio-Mexico-Cristina_0_ 235176536.html

Amador Tello, Judith. “Cristina Pacheco en el funeral de José Emilio: ‘pensábamos vivir toda la vida...’”. Proceso , 27 de enero de 2014. http://www.proceso.com.mx/?p=363442

Instituto Cervantes. “José Emilio Pacheco. Biografía”. http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/creadores/jos e_emilio_pacheco.htm

Krauze, Enrique. “Palabras de homenaje al poeta José Emilio Pacheco” (pronunciadas en el velorio de José Emilio Pacheco el 27 de enero de 2014).

http://guadalupeloaeza.typepad.com/abuelas_bien/2014/01/ palabras-de-homenaje-al-poeta-jos%C3%A9-emilio-pacheco.html

Mallo, Oriol. “In memoriam: una entrevista con José Emilio Pacheco (1939-2014)”. La Jornada de Oriente , 26 de enero de 2014. http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/01/26/in-memoriam-una-entrevi sta-con-jose-emilio-pacheco-1939-2014/

Medina, Daniel. “Él era José Emilio Pacheco”. Más por más , 26 de enero de 2014. http://www.maspormas.com/nacion-df/mexico/el-era-jose-emilio-pacheco

Montaño Garifas, Ericka. “Realizan un maratón de lectura en el día del cumpleaños 70 de José Emilio Pacheco”. http://www.jornada.unam.mx/2009/07/01/cultura/a05n2cul

Parra, Rubén. “Obra de José Emilio Pacheco tiene una afirmación de la vida: Juan Villoro”. Milenio , 29 de enero de 2014. http://www.milenio.com/cultura/Obra-Jose-Emilio-Pacheco-Villoro_0_23577 7030.html

Poniatowska, Elena. “José Emilio Pacheco y los jóvenes”. La Jornada , 26 de enero de 2014. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/01/26/jose-emilio-pacheco-y-los -jovenes-3101.html

Redacción. “José Emilio Pacheco: más de 50 años de carrera literaria”. Aristegui Noticias , 26 de enero de 2014. http://aristeguinoticias.com/2601/kiosko/fotos-jose-emilio-pacheco-dest acado-representante-de-la-poesia-y-la-narrativa/#&panel1-1

Villamil, Jenaro. “Monsiváis y José Emilio, dos polígrafos desesperanzados”. Homozapping , 27 de enero de 2014. http://homozapping.com.mx/2014/01/monsivais-y-jose-emilio-dos-poligrafo s-desesperanzados/

Palacio Legislativo, a 5 de febrero de 2014.

Diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a presentar la candidatura de México para los Juegos Olímpicos de 2024, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Adriana González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el la fracción I del numeral 1 del artículo 6, el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a presentar la candidatura de México para los Juegos Olímpicos de 2024 al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los primeros Juegos Olímpicos se celebraron, según datos históricos, en el año 776 a.C. Reuniendo a atletas de diferentes regiones, mismos que competían en distintas modalidades deportivas de la época, buscando obtener los mejores resultados para orgullo de su ciudad natal.

Después de casi 20 siglos de celebrarse los primeros Juegos Olímpicos, en Barón Pierre de Coubertin, quien fuera después el fundador de los Juegos Olímpicos de la era moderna, en un viaje que realizo al estadio Olímpico de Grecia, tuvo la idea de realizar, nuevamente, estos juegos que se realizaron en la ciudad de Atenas. Fue entonces, y después de un gran movimiento para reunir a varios países, que se formó el primer Comité Olímpico Internacional para celebrar los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en la ciudad que se originaron, Atenas, en 1894.

Desde esa fecha hasta hoy se han celebrado veintiocho justas olímpicas, pudiendo haber sido treinta, pero dos fueron suspendidas por la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero ya hay dos sedes olímpicas para celebrar, en el futuro, estos encuentros deportivos, Río 2016 y Tokio 2020.

México ha sido sede de los Juegos Olímpicos en una ocasión, en 1968 la capital del país recibió a más de 5 mil 500 atletas de 112 países. En esta edición fueron los primeros Juegos organizados por un país en vías de desarrollo, por una nación hispanohablante y los primeros realizados en Latinoamérica.

Han pasado 46 años de estos juegos y para el año 2024 habrán sido 56 años de estos Juegos Olímpicos “México 68”, en donde nuestro país ha sido sede de dos copas mundiales de futbol, distintas ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y de Juegos Panamericanos, como los celebrados en Guadalajara en 2011, los cuales fueron calificados como los mejores de la historia, por el presidente de la Organización Deportiva Panamericana, Odepa. Con lo anterior se muestra la experiencia y capacidad que tiene nuestro país para organizar este tipo de eventos, situación que fue decisiva para que se le otorgara la sede de los juegos Olímpicos de 1968, además de contar con la infraestructura necesaria en distintas ciudades de nuestro país.

El Comité Olímpico Internacional cuenta con mecanismos y procedimientos para garantizar que cualquier ciudad que pretenda ser sede de los Juegos Olímpicos lo haga en igualdad de circunstancias y que cuente con toda la información necesaria para hacer una propuesta completa sobre su candidatura para el certamen Olímpico, por lo que la oportunidad para lograr la sede para nuestro país es mucho mayor.

“Los Juegos Olímpicos simbolizan una aventura única, ya que tienen el poder para ofrecer una experiencia significativa que pueden cambiar considerablemente de una comunidad, su imagen y su infraestructura. A través de su ámbito de aplicación y el perfil, los Juegos Olímpicos ofrecen importantes oportunidades de mejora positiva y el legado significativo. Estas oportunidades pueden incluir el desarrollo ambiental, económico y social, así como deportivas y el desarrollo urbano”.1

Por las consideraciones mencionadas, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a presentar la candidatura de México para los Juegos Olímpicos de 2024.

Nota

1 Candidaturas de los Juegos. Más allá de 2022. http://www.olympic.org/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2014.

Diputada Adriana González Carrillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a emprender por el Comité Nacional de Producción Orgánica medidas para impulsar ese tipo de producción, a cargo del diputado Salvador Ortiz García, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Salvador Ortiz García, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

La agricultura orgánica es un sistema de producción de alimentos naturales, derivados de plantas y animales que trata de utilizar al máximo los recursos, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad biológica y al mismo tiempo minimizando el uso de los recursos no renovables como los fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente y la salud humana de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura.

En 2012 se proyectó que la superficie orgánica mundial, incluyendo el área no agrícola estaría en 80 millones de hectáreas; de este total 37 millones fueran de superficie agrícola y pecuaria y el resto ocupada en otras actividades, como la apicultura o la acuacultura. De los países con mayor desarrollo destacan Australia, Argentina, Estados, Unidos, Brasil, España y China.

Una agricultura orgánica debidamente gestionada reduce o elimina la contaminación del agua y permite conservar el subsuelo. Algunos países desarrollados obligan a los agricultores a aplicar técnicas orgánicas, o los subvencionan para que las utilicen, como solución de estos problemas.

En el país, la agricultura orgánica se encuentra en franca expansión. La superficie con este régimen de producción ha pasado de 25 mil a alrededor de 400 mil hectáreas en los últimos 15 años.

La producción de alimentos orgánicos en México se halla por debajo de 1 por ciento en el sector agrícola, pero va en aumento. En 2007 representó 0.049 por ciento de la cosecha, en 2009 creció a 0.07 y para 2011 alcanzó 0.09 según el Inegi.1

Aun así, la producción orgánica mexicana representa alrededor de 10 por ciento del producto interno bruto (PIB) agrícola, con cerca de 300 millones de dólares de ganancias anuales, de acuerdo con un reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.2 Predominan pequeños productores organizados (99.6 por ciento), participan en forma mayoritaria indígenas (83 por ciento de productores orgánicos) y mujeres al frente de la producción (32 por ciento).3

Los estados productores de alimentos orgánicos son Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua y Guerrero desde 2002, cuando concentraban 82.8 por ciento de la superficie orgánica; tan sólo Chiapas y Oaxaca cubrían el 70 por ciento.4

Particularmente, Michoacán en 2010 ocupó el tercer lugar a nivel nacional en aportación al PIB en el ramo de agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza con un total de 31 950 118.0 millones de pesos, siendo 7.3 por ciento de participación nacional en el sector.

Michoacán genera 5.3 por ciento de los cultivos orgánicos a nivel nacional, siendo estos cultivos muy variados y principalmente frutícolas en los que destacan el aguacate, el coco, mango, toronja y maguey entre otros actualmente se le esta dando un fuerte impulso a este sector.

En 2009, el gobierno federal puso en marcha la Estrategia Nacional de Agricultura Protegida, reconociendo los beneficios y rentabilidad de esta actividad en el sector agrícola.

En el país hay alrededor de 20 mil hectáreas con agricultura protegida, de las cuales aproximadamente 12 mil son de invernadero y las otras 8 mil corresponden a malla sombra y macro túnel principalmente.

Los productores involucrados en la producción orgánica son alrededor de 130 mil en todo el país. Las regiones con más producción de orgánicos son Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa, Baja California Sur, Colima y Veracruz. Los principales productos orgánicos en México son café, miel, cacao, aguacate, mango, piña, plátano, naranja, ajonjolí, maíz, nopal, vainilla, leche y sus derivados, huevo, plantas medicinales, y se empiezan a identificar algunos productos procesados como carnes y embutidos, jugos, galletas y mermeladas.

De la producción de orgánicos de México 85 por ciento se destina a la exportación, siendo los principales destinos los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y el mercado Asiático, destacando Japón. La comercialización se realiza por la ley de la oferta y la demanda de los consumidores, que en este caso son de países terceros, lo que pone en desventaja a los productores.

La venta de productos orgánicos en el mercado interno es muy reducida, ya que no existe una cultura que demande este tipo de productos. Sin embargo, ya se exhiben en ciertos supermercados nacionales, restaurantes, tiendas naturistas, tiendas de alimentos sanos, dirigidos a cierta elite social con mayor capacidad de compra.

Promover una agricultura orgánica fomenta y retiene la mano de obra rural ofreciendo así una fuente de empleo permanente, elimina el uso y la dependencia de plaguicidas, fertilizantes, funguicidas y otros productos sintéticos; favorece la salud de los agricultores; protege el uso de los recursos renovables, trabaja con tecnologías apropiadas, incrementando la materia orgánica en el suelo.

Además, la producción orgánica puede tener un papel relevante como una estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático por su menor uso de combustibles fósiles, mayor eficiencia en el manejo del agua, mitigación de eventos meteorológicos extremos, almacenamiento de carbono en la materia orgánica del suelo y bajo riesgo de pérdida total de los cultivos.

Algunas ventajas correlacionadas con lo anterior son el beneficio a los sectores más pobres del ámbito rural, los grupos indígenas y productores de escasos recursos; la producción sustentable de alimentos, la recuperación y conservación de los recursos naturales, el mejoramiento de los ingresos y la calidad e vida de los productores y un desarrollo rural más incluyente.

La Ley de Productos Orgánicos, máximo ordenamiento de producción, sostiene la regularización y calidad de los procesos productivos, así como los procesos de comercialización; reconociendo la importancia de la producción orgánica en el fomento del desarrollo rural y en las aportaciones al PIB en la producción agropecuaria de éste subsector orgánico.

Sin embargo, hemos visto que este sector enfrenta problemas como la el agotamiento de los suelos por desastres meteorológicos, falta de cuadros técnicos y transferencia de tecnología, además de cursos de capacitación y problemas en la comercialización para la exportación y la falta de un mercado nacional.

Por lo anterior me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación a fortalecer por el Comité Nacional de Producción Orgánica la certificación de productos orgánicos a fin de impulsar y promover el comercio de estos productos; y fomentar el mercado de productos orgánicos a escala nacional.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Comité Nacional de Producción Orgánica a intensificar las acciones de comercio incentivado internacionalmente en coordinación con los respectivos órdenes de gobierno e implantar una campaña que fomente el consumo de productos orgánicos con objeto de contribuir al mejoramiento de la producción y competitividad; asimismo, a facilitar información técnica para crear las normas de capacitación, fomento, supervisión y modernización de los procesos productivos como medida de apoyo y fomento de este subsector orgánico.

Notas

1 Referencia

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/101509.html

2 Referencia http://cnc.org.mx/index.php/prensa-digital/agro/77-agro/agro-febrero12/ 846-crece-30-produccion-organica

3 Ernesto Perea, http://imagenagropecuaria.com/2012/cabildean-presupuesto-especifico-par a-agricultura-organica/

4 http://www.biodiversidad.gob.mx/Biodiversitas/Articulos/biodiv55art3.pd f

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2014.

Diputado Salvador Ortiz García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a Capufe que se investiguen por el Órgano Interno de Control los supuestos casos de corrupción presentados en las plazas de cobro números 60, Rodolfo Robles, y 85, Luis Cabrera, así como en la Subgerencia de Operación de la Gerencia de Tramo Chiapas, a cargo del diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Juan Jesús Aquino Calvo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62; y 79 numeral 1 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos para que a través del órgano interno de control, se investiguen los supuestos casos de corrupción que se presentan en las plazas de cobro números 60, Rodolfo Robles; y 85, Luís Cabrera, así como en la Subgerencia de Operación de la Gerencia de Tramo Chiapas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El presente punto de acuerdo se presenta con el objetivo de fomentar la transparencia y con ello, hacer más eficiente la obra pública. Asimismo, cabe mencionar que el apartado de transparencia se encuentra contemplada en el Código de Conducta de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), que a la letra cita: “Transparencia: Garantizaré el acceso a la información gubernamental, sin más límite que el que imponga el interés público y los derechos de privacidad de particulares, establecidos por la ley, así como el uso y aplicación transparente de los recursos públicos, fomentando su manejo responsable y eliminando su indebida discrecionalidad”.

Tomando en cuenta que Capufe es un organismo descentralizado de la administración pública federal, cuyas funciones básicas son:

1. Conservar, reconstruir, mejorar, administrar y explotar por sí o a través de terceros los caminos y puentes a su cargo.

2. Administrar caminos y puentes federales concesionados mediante la celebración de los convenios correspondientes.

3. Coadyuvar a solicitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la inspección de carreteras y puentes federales concesionados y, en su caso, en la operación de estos últimos, así como en la ejecución y operación del programa de caminos y puentes concesionados.

4. Participar en los proyectos de inversión y coinversión con los particulares, para la construcción y explotación de vías generales de comunicación bajo el régimen de concesión.

Quien tiene por objetivos:

1. Asegurar la calidad en la prestación de los servicios y la satisfacción a sus clientes y usuarios.

2. Operar en un marco de transparencia, legalidad y ética.

3. Contar con personal de excelencia profesional y humana.

4. Eficientar la administración y el uso de los recursos institucionales hacia el logro de resultados.

5. Atender los requerimientos asociados con el medio ambiente y las necesidades sociales.

Capufe deberá velar en la erradicación de actos de corrupción que impidan dar certeza en el desempeño de sus funciones y cumplimiento de sus objetivos, así como de la misión señalada en su Código de Conducta, que a la letra dice:

“La misión de Capufe se desglosa en los siguientes ejes:

• Entender y atender permanentemente las necesidades de usuarios y clientes de caminos y puentes de cuota.

• Adoptar la transparencia, la legalidad y la ética en las prácticas institucionales.

• Atraer y desarrollar personal con alta convicción del servicio público y deseo de superación.

• Operar con eficiencia y eficacia.

• Promover la sustentabilidad social y ambiental”.

No obstante lo anterior, se tiene conocimiento de supuestos actos de corrupción que se vienen presentado en las plazas de cobro números 60, Rodolfo Robles; y 85, Luis Cabrera, así como en la Subgerencia de Operación de la Gerencia de Tramo Chiapas, mismo que versan sobre:

• Venta de combustible por parte de servidores públicos a usuarios.

• Extorción por parte de los administradores de las plaza de cobro números 60 y 85.

• Cobro de porcentajes de licitaciones por parte del subgerente de Operación de la Gerencia de Tramo Chiapas.

• Faltantes de ingresos.

• Ocupación de plazas sin cumplir con el perfil establecido para ello.

Aunado a lo anterior se tiene conocimiento de una denuncia interpuesta por parte de la empresa denominada Inmobiliaria y Constructora de Chiapas ICCSA SA de CV, a través de su apoderado legal, por el incumplimiento de un contrato de obra pública a precio unitario y tiempo determinado que tiene el objeto de los trabajos de ampliación de instalaciones administrativas de las plazas de cobro número 179, Las Choapas kilómetro 16+900, 181, Malpasito, kilómetro 112+200 y 182 Ocozocoautla kilómetro 182+200 del camino directo Las Choapas–Raudales–Cozocoautla y que por el cual se le cobró un porcentaje del cobro del contrato.

Por otro lado, el Sindicado Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, sección II Chiapas, alude que existen una serie de irregularidades en el desempeño de funciones de diversos servidores públicos en el que existen videos en los cuales diversos funcionarios públicos aparecen pidiendo dinero por una licitación.

Dadas las supuestas actividades ilícitas que se vienen presentando y que van en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal y del Código de Conducta de Capufe, siendo estos los ordenamientos en los que se establece el actuar de los servidores públicos, sometemos a la consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos para que a través del Órgano Interno de Control se investiguen los supuestos casos de corrupción que se presentan en las plazas de cobro números 60, Rodolfo Robles; y 85, Luis Cabrera, así como en la Subgerencia de Operación de la Gerencia de Tramo Chiapas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2014.

Diputado Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a otorgar apoyos económicos a los locatarios afectados por el incendio acaecido en el mercado de La Merced el sábado 25 de enero, a cargo del diputado José Isidro Moreno Árcega, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado José Isidro Moreno Árcega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las actividades económicas más importantes del país es el comercio, tanto formal como el informal, ya que en todo el territorio nacional existe un sin número de mercados y tianguis que se caracterizan por su amplitud, la venta de ciertos productos y en ciertos casos, las tradiciones que en el conjugan.

Los mercados y tianguis en el país tienen un gran antecedente histórico, ya que desde la época prehispánica existían estos lugares los cuales fueron un elemento fundamental para la economía de México Tenochtitlán. Tal fue la importancia de esta actividad que en el siglo XVIII se estableció el mercado de El Volador, como una forma de ordenarlos, ubicado en donde ahora se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A pesar de ello, para finales de 1850 el espacio fue insuficiente por lo que el comercio ambulante comenzó a ganar terreno en la Plaza Mayor y los alrededores, lo dio como resultado su reubicación, de tal suerte que, derivado de la desamortización de los bienes de la iglesia, se trasladara a la escuela, templo y parte del convento de Nuestra Señora de la Merced de la Redención de los Cautivos (construido en 1594), surgiendo así el mercado conocido como “La Merced”, el cual comenzó en funciones a la intemperie a partir de 1861, terminando su construcción en 1880 y siendo demolido en 1957 al mismo tiempo que se inauguró el conjunto comercial también conocido como La Merced.1

A pesar de que hace treinta años fue inaugurada la Central de Abastos, como un espacio para mayoristas, La Merced ha conservado su importancia no sólo para la Ciudad de México, sino también para millones de mexicanos que vienen de varios estados para comprar en uno de los mercados más antiguos e importantes de la Capital

Actualmente, el mercado está formado por dos naves: la nave mayor en la cual se puede adquirir frutas, verduras y legumbres y la nave menor en la cual se compra carne, pescado, lácteos, abarrotes y carnes frías; así mismo cuenta con tres secciones una para juguetería popular y artesanía típica, otra para la venta de flores y plantas y una tercera para el mercado de dulces.2

Es sumamente complicado dar un número exacto de todos aquellos que trabajan en La Merced, ya que entre comerciantes, cargadores, diableros, franeleros, comercio ambulante, estacionamiento, etc., son miles quienes tienen alguna función dentro del mercado.

Desgraciadamente, este mercado tan importante ha sufrido graves daños como fueron la explosión de un puesto de fuegos artificiales en 1988, el cual dejó 60 muertos y 65 heridos; ese mismo año, en la madrugada del 4 de mayo se registró un incendio que si bien no dejó ningún herido, sí destruyó dos terceras partes de la nave mayor. Asimismo, en febrero de 2013 se registró otro incendio el cual destruyó la mitad de la nave mayor contándose sólo daños materiales.3 Desgraciadamente el recién pasado sábado 25 de enero del presente año se registró otro incendio en el mercado de dulces de Ampudia, el cual forma parte de La Merced.

Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal el suceso comenzó cerca de las 22:00 horas y la intensidad del fuego provocó la destrucción de poco más de 400 locales. Se tuvo que acordonar la zona y desalojar de los edificios aledaños a casi 100 personas, ello con la finalidad de asegurar el lugar y facilitar el trabajo de los cuerpos de rescate. Fue así que con la labor de la Secretaria de Seguridad Pública del DF, la Secretaría de Protección Civil del DF, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Estación Central (con el apoyo de las estaciones de las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztapalapa, Tacuba y Tlalpan), pipas de la Unidad de Protección Civil de las delegaciones Gustavo A. Madero, Benito Juárez y Azcapotzalco y Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas se logró controlar el fuego alrededor de la 1 de la mañana.4

Afortunadamente, no hubo pérdidas humanas, y tan solo se registraron 16 personas intoxicadas levemente, aunque las pérdidas materiales ascienden a millones de pesos. Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del D.F. reportó que si bien, aún se tienen que hacer estudios periciales, se estima que el incendio fue provocado por un corto circuito a causa de las instalaciones eléctricas irregulares conocidas como “diablitos”.5

Si bien posteriormente se cuantificarán con exactitud las pérdidas materiales, el tiempo en el cual se recupere el espacio incendiado será de algunas semanas, tiempo en el cual los comerciantes se verán afectados de forma económica, ya que no podrán ejercer de forma habitual su actividad productiva.

Es por ello que resulta muy importante el otorgar apoyos a aquellos comerciantes y locatarios que se vieron afectados por el incendio recientemente ocurrido, con la finalidad no solo de que en este tiempo de reactivación del espacio afectado puedan sobresalir, sino que se les otorgue un financiamiento para que recuperen sus locales y la materia prima y así puedan volver a su actividad de forma normal.

Es de esta forma que con la finalidad de proteger económica y socialmente a los comerciantes y locatarios afectados por el incendio ocurrido en el mercado de La Merced el día sábado 25 de enero del presente año, se propone a esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al jefe de gobierno del Distrito Federal, a efecto de que sea otorgado financiamiento a los locatarios y comerciantes que se vieron afectados por el ocurrido incendio en el mercado de La Merced.

Notas

1 http://comoeneltianguis.com.mx/2011/09/25/el-barrio-y-el-mercado-de-la- merced/ 28 de enero de 2014 15:06 horas

2 http://www.mexicocity.gob.mx/barriosmagicos/guiasBMT/La%20Merced.pdf 28 de enero de 2014 17:40 horas

3 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/12/12/933474 28 de enero de 2014 18:07 horas

4 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/01/26/940338 28 de enero de 2014 19:06 horas

5 http://www.milenio.com/df/Incendio-Merced-corto-circuito-PGJDF_0_234576 921.html 28 de enero de 2014 19:06 horas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2014.

Diputado José Isidro Moreno Árcega (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Auditoría Superior de la Federación y a la de Coahuila que investiguen sobre el endeudamiento de los recursos federales destinados a Frontera, Torreón, Monclova, Nadadores y Candela, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Mario Alberto Dávila Delgado, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desgraciadamente el estado de Coahuila fue uno de los gobiernos cuyos pasivos experimentaron un mayor crecimiento de deuda entre 2006 y 2012, en seis años, las deudas de los estados y municipios registraron en promedio un crecimiento de 148 por ciento.

La deuda municipal en Coahuila crece sin freno, reveló el más reciente Informe de Resultados de la Cuenta Pública, elaborado por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Para el cierre de 2011, los municipios debían 625.2 millones de pesos, una variación real de 52.5 por ciento respecto a 2008.

Torreón encabeza la lista de los deudores con 127.3 millones de pesos, mientras que Monclova, 63.1 millones de pesos.

De acuerdo a los resultados de la Cuenta Pública de 2011, manifiesta que los municipios de Frontera, Torreón, Monclova, Nadadores y Candela en el estado de Coahuila, carecen de control de los bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio de la entidad, por la falta de bases para cuantificar las obligaciones laborales y fiscales y por los hechos que se precisan en los resultados de la fiscalización.

La Auditoría Superior de la Federación, con respecto a los objetivos contenidos en las fracciones I, III y V del artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, no le es posible emitir una opinión sobre los resultados de la gestión financiera, en virtud de que la Cuenta Pública del año 2011 de los municipios de Frontera, Torreón, Monclova, Nadadores y Candela en el estado de Coahuila, no contiene la información relativa a los programas de la entidad, los indicadores aprobados en sus presupuestos ni los elementos indispensables para la evaluación del desempeño.

El índice de transparencia cuantifica la disponibilidad y la calidad de la información financiera y fiscal generada por los ayuntamientos en los correspondientes portales electrónicos.

El portal del gobierno del estado de Coahuila permite acceder a la información pública mínima de todos los municipios, aunque la actualización se da con base en la información que entregan los propios ayuntamientos, que es donde el vínculo falla.

Respecto a la información de transparencia en las páginas oficiales de los municipios, a pesar de que en todos estos portales poseen un apartado de acceso a la información, la mayoría presenta problemas para acceder a los datos o, en su caso, ni siquiera se puede abrir la dirección electrónica.

Asimismo, la auditoría concluye que los municipios están recurriendo al financiamiento de proveedores y no al endeudamiento bancario, lo que, de igual forma, es riesgoso para las finanzas públicas.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) encontró desequilibrio y riesgo de insostenibilidad en las finanzas de la mayoría de los 38 ayuntamientos de Coahuila por su alto endeudamiento; los municipios están recurriendo al financiamiento de proveedores y no al endeudamiento bancario.

Al rendir el Informe del Resultado de la Cuenta Pública de 2011, la auditoría realizó un informe especial del diagnóstico de la deuda pública y las obligaciones de los municipios de Coahuila, en que revela la debilidad en las finanzas.

El análisis de la ASE incluye deuda bancaria, así como a proveedores, contratistas y prestadores de servicios en las 38 alcaldías durante el periodo de 2007 al 2011.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría Superior del Estado de Coahuila investiguen sobre el endeudamiento de los recursos federales destinados a los municipios de Frontera, Torreón, Monclova, Nadadores y Candela.

Segundo. Se exhorta al gobierno del estado de Coahuila para que a través de la Secretaría de Finanzas, publique en los medios oficiales la información sobre cómo fueron utilizados los recursos contratados en los municipios de Frontera, Torreón, Monclova, Nadadores y Candela.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2014.

Diputado Mario Alberto Dávila Delgado (rubrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Servicio Postal Mexicano y de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a emitir respectivamente una estampilla y un billete conmemorativos del 75 aniversario del INAH, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Alejandro Moreno Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Como bien se sabe, México cuenta con miles de zonas arqueológicas distribuidas en todo el territorio nacional, así como diversas esculturas prehispánicas y monumentos, los cuales conforman la base histórica y cultural de nuestro país, lo que refleja lo que somos, nuestra esencia y nuestras raíces.

Entre las zonas arqueológicas más importantes del país1 encontramos el Templo Mayor, Teotihuacán, Palenque, Tula, Monte Albán, Tulum, Xcaret, Chichen Itzá, etcétera, siendo estas, algunas de las más relevantes y que han sido los cimientos de la investigación histórica de la nación.

Asimismo, se cuenta con una amplia gama de museos, los cuales resguardan las esculturas y monumentos sumamente trascendentales para el Estado, entre ellos encontramos2 : Museo Nacional de Antropología, Museo Nacional de Historia “Castillo de Chapultepec”, museo de sitio del Templo Mayor, Museo de la Cultura Teotihuacana, museo de sitio de Monte Albán, museo de sitio de Chichen Itzá, etcétera, en los cuales se resguardan aquellas obras de arte, esculturas, figuras, y elementos tan importantes para el país.

Por supuesto todos estos museos y zonas arqueológicas no se encuentran en su estado original, ello a causa de los cientos de años que tienen la mayoría de ellos, así como por las inclemencias meteorológicas y los acontecimientos que en ellos ocurrieron; a pesar de ello se encuentran en un muy buen estado, ello gracias a la atención que durante ya casi 75 años le ha dado una de las instituciones más importantes del país, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, el cual tiene como misión la investigación, conservación, y difusión del patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico, de la nación para el fortalecimiento de la identidad y memoria de la sociedad que lo detenta3 .

Fundado el 3 de febrero de1939 por decreto del entonces presidente Lázaro Cárdenas, el INAH surge de la necesidad que tiene el estado de dar tratamiento y protección a todas las zonas y monumentos arqueológicos, funciones que en su entonces estaban bajo la responsabilidad del Departamento Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos dependiente de la Secretaría de Educación Pública.

Es preciso rememorar que más allá de la estética y la conservación de las zonas arqueológicas y museos del país, el INAH nace como la institución encargada de dar difusión al patrimonio de nuestro país, como un ente el cual tiene como principal objetivo el conservar nuestras raíces, teniendo como responsabilidad que la vasta historia de nuestra nación, plasmada en la arqueología y arte de nuestra época prehispánica a la colonial, jamás sea olvidada, ya que es esta la base cultural de México.

Recordemos que el ex presidente Lázaro Cárdenas trabajó de forma constante con un sentido nacionalista, preocupado por todo aquello que el país tenía en sus manos, por lo que toda institución creada durante su administración tiene una naturaleza nacional, con tintes 100 por ciento sociales, por lo que el INAH nació y actualmente conserva dichas características, siempre preocupado dicho instituto por la conservación, desarrollo y difusión de nuestras raíces mexicanas, de todo aquello que nos caracteriza, protegiéndolo para que todo ello jamás llegue a perderse y mucho menos a ser olvidado.

De esta forma, a lo largo de los años han incursionado grandes antropólogos e historiadores como son: Alfonso Caso, Román Piña Chan, José Luis Lorenzo, Víctor Segovia, José Huchím, Isabel Kelly Beatriz Braniff, Estela Martínez, Alberto Ruiz Lhuillier, Fernando Cámara Barbachano, Arturo Román Pacheco, Eduardo Matos Moctezuma, entre otros, todos ellos precursores de la historia y antropología, dejando un gran legado, a los cuales de debemos el desarrollo y descubrimiento de muchos acontecimientos y zonas arqueológicas de nuestro país4 .

Actualmente, el INAH es responsable de más de 110 mil monumentos históricos, construidos entre el siglo XVI y XIX, 29 mil zonas arqueológicas y más de 100 museos en todo el país, así también es responsable de dos escuelas nacionales, una dedicada a la formación de especialistas en las disciplinas arqueológicas, antropológicas e históricas, y otra especializada en la restauración y conservación del patrimonio cultural, así como una regional en el estado de Chihuahua enfocada en la antropología e historia5 .

En este sentido, el INAH, a lo largo de sus más de 70 años de trabajo, ha logrado grandes reconocimientos a nivel nacional e internacional, logrando posicionar a México en el primer lugar de América con el mayor número de sitios inscritos en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, ubicándose también en el número 5 a nivel mundial.

Es todo este trabajo y los logros por parte de tan importante institución que, todos los mexicanos le merecen todo el reconocimiento, sintiéndose orgullosos y honrados de tener de forma permanente a una institución que a lo largo de ya casi 75 años ha logrado preservar las bases prehispánicas de la nación, siendo estas los cimientos de lo que gratamente todo el mundo reconoce como la Cultura Mexicana.

En el caso del estado de Campeche, el INAH preserva diversos museos que dan cuenta del rico pasado de la entidad, de su herencia prehispánica y colonial, entre los que se cuenta el de arqueología maya del Camino Real de Hecelchakán; de arquitectura maya “Baluarte de la Soledad”; de Barcos y Armas de Campeche, Fuerte de San José el Alto, y de arqueología maya “Fuerte de San Miguel”.

De igual forma, el INAH mantiene abiertas al público 17 zonas arqueológicas en el estado de Campeche, entre ellas Calakmul, Edzná, Becán, Chicaná y Xpujil, varias de las cuales constituyen patrimonio cultural de la humanidad.

Por ello el Instituto Nacional de Antropología e Historia merece que sea reconocida a nivel nacional gracias a su labor y las grandes aportaciones que ha hecho a lo largo de sus ya casi 75 años de vida, por ello, como agradecimiento y una forma de rendir un homenaje y reconocimiento, se propone la emisión de un una estampilla postal y un billete de la Lotería Nacional, conmemorativos del aniversario 75 del INAH.

Es por lo expuesto que, como una forma de rendir tributo a una de las instituciones más importantes y que ha aportado tanto al país que se propone a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la titular del Servicio Postal Mexicano, a efecto de que emita una estampilla postal conmemorativa del 75 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la titular de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, para que emita un billete de lotería conmemorativo del 75 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Notas

1 http://www.inah.gob.mx/zonas-arqueologicas 2 de diciembre de 2013 18:40 horas

2 http://www.inah.gob.mx/museos 2 de diciembre de 2013 18:42 horas

3 http://www.inah.gob.mx/iquienes-somos 2 de diciembre de 2013 18:45 horas

4 http://www.inah.gob.mx/boletines/247-historia/2835-inah-70-anos-de-su-f undacion 2 de diciembre de 2013 19:00 horas

5 http://www.explorandomexico.com.mx/about-mexico/4/275/ 2 de diciembre de 2013 19:14 horas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2014.

Diputado Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica)