Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a establecer operaciones en las carreteras de Morelos para evitar robos al transporte de carga, suscrita por las diputadas Maricela Velázquez Sánchez y María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del PRI

Las suscritas, Maricela Velázquez Sánchez y María de las Nieves García Fernández, diputadas federales de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En nuestro país el uso de trasporte de carga, también conocido como autotransporte, ha ido creciendo paulatinamente, el traslado de mercancías, de una entidad federativa a otra. El movimiento de insumos para el sector productivo es de vital importancia para el desarrollo económico del país.

Asimismo, la participación de este sector dentro de la economía nacional se encuentra representada con un 6.3 por ciento del PIB, ubicándose en el 5o. lugar dentro de las 73 principales ramas económicas del país.

Al interior del país el 88 por ciento de las toneladas de mercancías, productos y materias primas transportadas se han realizado por medio de este sector. Gracias a lo cual se han generado más de 2 millones de empleos directos.

Sin embargo, el autotransporte se ha visto afectado por el incremento en la delincuencia, ya que al encontrarse circulando por las carreteras y autopistas del país han sido víctimas de robos, perdiendo la mercancía, los vehículos e incluso encontrándose en riesgo la integridad física de los conductores de dichas unidades.

De acuerdo con declaraciones hechas a distintos medios impresos por parte del ex delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), José Manuel Hernández, Morelos se ha visto impactado por un incremento en los robos hechos a los transportistas, siendo las carreteras y autopistas que conectan a dicha entidad con Puebla y Guerrero las más afectadas. La carretera de Cuautla-Izúcar de Matamoros y la Autopista del Sol son las que presentan un mayor índice de delincuencia.

Con base a lo anterior, proponemos se exhorte a la Comisión Nacional de Seguridad, para que, a través de la Policía Federal se establezcan operativos en las principales carreteras del Estado de Morelos, con la finalidad de evitar que los transportistas que circulan diariamente por dicho Estado, sean víctimas de asaltos, perdiendo la mercancía transportada, y en ocasiones los vehículos utilizados para dicho fin.

Es importante mencionar que en apoyo al sector de autotransporte se han implementado programas como el esquema de sustitución vehicular (chatarrización); el programa para la modernización de la flota del autotransporte federal, y el programa transporte limpio. De igual forma, se debe brindar protección y continuar fomentando el desarrollo de este sector, ya que como se ha comentado en los párrafos anteriores, este sector se encuentra ubicado en los primeros lugares de las ramas económicas del país.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente resolución

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad para que, a través de la Policía Federal, se establezcan operativos de vigilancia en las principales carreteras de Morelos, con la finalidad de evitar que se presenten robos al transporte de carga que circula diariamente por dicha entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2014.

Diputadas: Maricela Velázquez Sánchez, María de las Nieves García Fernández (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Salud federal y de Tamaulipas a ofrecer atención médica coordinada a pacientes con enfermedades renales o cáncer de próstata, suscrita por los diputados Carlos Alberto García González y Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales Carlos Alberto García González y Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Salud de Tamaulipas para que de manera coordinada ofrezcan la atención médica a pacientes con enfermedades renales o de cáncer de próstata y, en su caso, realicen el reembolso correspondiente al paciente que requiera de la compra de medicamentos esenciales para estas enfermedades o para la compra o renta de prótesis ortopédicas temporales o permanentes, bajo los siguientes

Consideraciones

El Seguro Popular fue creado e impulsado por los gobiernos emanados de Acción Nacional como una nueva política social para llevar el bien común a toda la población del país.

Durante el gobierno de Vicente Fox se puso en marcha el programa del “Seguro Popular de Salud”, el 12 de noviembre de 2002, envió al Senado una Iniciativa que modificaba la Ley General de Salud, para establecer el Sistema de Protección Social en Salud, en su exposición de motivos se señalaba lo siguiente: “El Sistema de Seguro de Protección Social en Salud posibilitará que familias con capacidad limitada de pago, no derechohabientes, puedan incorporarse a un sistema de aseguramiento que incluye el catálogo de intervenciones y los medicamentos asociados a dicho catálogo”.1

Después de un largo debate en el Congreso se aprobaron las reformas, y finalmente el 1° de enero de 2004 entró en vigor el Seguro Popular.2 Así se implementaron las bases jurídicas para que todos los mexicanos cuenten con seguridad social, sin importar su situación social o laboral.

De esta manera, el Seguro Popular otorga cobertura de servicios de salud de manera pública y voluntaria para quienes no cuentan con empleo o son autoempleados y que por lo mismo no cuentan con atención del IMSS o del ISSSTE.

Los afiliados al Seguro Popular tienen acceso a servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios a través de un catálogo de 284 intervenciones de primer y segundo nivel, cubriendo así más de 1,500 enfermedades.

Esta atención cubre un 100% de los padecimientos de primer nivel, los cuales pueden ser proveídos por clínicas o centros de salud y más de un 90% de los diagnósticos terapéuticos de segundo nivel que por lo general requieren hospitalización.

El Seguro Popular, a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, aporta los recursos para la cobertura de 58 intervenciones de alta especialidad, las cuales se agrupan en 17 rubros, entre los que se encuentran los del cáncer cérvico-uterino y cáncer de próstata.

Esta protección se amplía conforme a un estudio de costo-efectividad, a la disposición de recursos y a la “aceptación social”.

En el caso de insuficiencias renales, se requiere en muchos casos de hemodiálisis y no existe la suficiente cantidad de equipo que permita una atención debida a los pacientes, por lo cual se recurre a la subcontratación de servicios de alta tecnología a particulares, en ocasiones bajo lineamientos oficiales que no se siguen al pie de la letra.

Para quienes han perdido la movilidad o alguna de sus extremidades, se requiere de prótesis temporales o permanentes, algunas de las cuales son excesivamente caras o no están disponibles en los puntos de atención del Seguro Popular.

En todos los casos referidos, cáncer de próstata, insuficiencia renal o lesiones ortopédicas, se requiere de medicamentos o prótesis que en ocasiones no están en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) del Seguro Popular, lo cual obliga al paciente a hacer gastos elevados para poder conseguirlos por su cuenta.

De acuerdo a nuestra Constitución, hombres y mujeres son iguales y, por lo tanto, merecen igual atención por las instituciones oficiales.

Ahora bien, en el otorgamiento del servicio del Seguro Popular en Tamaulipas, y muy probablemente en otras entidades federativas del país, hay una serie de inconsistencias entre lo que ofrece a nivel nacional este servicio de salud y lo que en realidad existe.

Además de la no atención a pacientes con cáncer de próstata, existen otras controversias, como la falta de material en traumatología y ortopedia, como pueden ser prótesis temporales o permanentes.

El catálogo de cobertura del Seguro Popular afirma que en Tamaulipas se da la cobertura que ofrece a nivel nacional, pero en el caso de la atención al cáncer de próstata no existe dicha cobertura en la realidad, como sí se otorga a las pacientes con cáncer cérvico-uterino.

La disponibilidad en las principales ciudades de Tamaulipas de aparatos para realizar la hemodiálisis no es suficiente, por lo que se requiere subcontratar dicho servicio a particulares que lo tengan en la misma ciudad en la que el paciente lo requiera.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que se coordine con la Secretaría de Salud de Tamaulipas, a fin de que el Seguro Popular efectúe la atención debida en dicho estado de los pacientes que padezcan enfermedades renales y cáncer de próstata.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que contemple adicionar al Seguro Popular el abastecimiento de aquellos medicamentos esenciales que no existiesen en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular, mismos que fueran requeridos por la atención de pacientes con enfermedades renales o cáncer de próstata. Asimismo, a que realice, en su caso, el reembolso correspondiente a los afiliados que hubiesen tenido que comprar o rentar prótesis o aparatos ortopédicos.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que determine de manera clara y precisa los lineamientos para la subrogación a particulares de equipos de alta tecnología para efectuar hemodiálisis.

Notas

1 Iniciativa de Decreto por el que se adiciona y reforma la Ley General de Salud. Diario de los Debates de la Cámara de Senadores. http://www.senado.gob.mx/content/sp/dd/content/cale/diarios/58/3/PPO/d2 3_12_11_2003.pdf

2 Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=695626&fec ha=15/05/2003

Diputados: Carlos Alberto García González, Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a decretar la suspensión de cobro en las autopistas de Michoacán, suscrita por el diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del PRD

Profesor José Luis Esquivel Zalpa, en mi carácter de diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito someter ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, como de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal a que decrete una suspensión de pago, inmediata e indefinida, en las casetas de cobro de las autopistas del estado de Michoacán.

Consideraciones

Primera . Que corresponde al Estado la planeación, conducción, coordinación y orientación de la actividad económica nacional, así como llevar a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que establece la Constitución de la República.

Segunda . Que en el desarrollo nacional concurren, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.

Tercera . Que bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público.

Cuarta. Que la ley alienta y protege la actividad económica que realizan los particulares y promueve las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional.

Quinta . Que desde 1989 se ha venido priorizando la construcción de carreteras, mediante el esquema de concesiones a particulares con el argumento de permitir el acceso de capital privado al sector de la construcción de comunicaciones terrestres y fomentar la actividad económica a beneficio de la población, así como de garantizar la utilización de materiales más duraderos, una administración sana de los ingresos y un mantenimiento adecuado de las carreteras y caminos.

Sexta . Que durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, entre 1989 y 1994, se impulsó el régimen de concesiones que involucró a más de cinco mil kilómetro de autopistas, hasta con una vigencia de 50 años, con estimados de aforos muy elevados, lo que resulto en un rotundo fracaso. Esto represento para el país, un costo fiscal de alrededor de 30 mil millones de pesos, cuando se impuso el “rescate” de la red carretera a partir de 1997, ya bajo el gobierno de Ernesto Zedillo.

Séptima . Que el rescate, que en derecho administrativo significa que, unilateralmente la administración pública puede revertir el régimen de concesión, involucro a veintitrés concesiones de la Red Nacional de Autopistas, equivalentes a tres mil 500 kilómetros de carreteras. Así el gobierno pasó a ser propietario de las mismas a partir del mes de agosto de 1998.

Octava . Este rescate fiscal y financiero, estuvo plagado de irregularidades, tal y como quedo acreditado a través de los datos proporcionados por el Comité de Investigación y Recuperación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, mejor conocido como FOBAPROA, donde se denunció el beneficio a los grandes agentes corporativos, hoy quebrados, que en su momento cotizaron en la Bolsa Mexicana de Valores.

Novena . Que a pesar de todas estas experiencias negativas a nivel nacional, con un altísimo costo fiscal para el Gobierno de la República, en el Estado de Michoacán, ha seguido operando el esquema de concesión de la red de autopistas, lo que ha derivado en una falta, casi absoluta, de mantenimiento adecuado a la infraestructura carretera originando un deterioro del estado físico de los caminos y puentes, y ha traído como consecuencia perdidas del valor económico del patrimonio vial así como un mayor sobrecosto para los usuarios que transitan esta red.

Décima . Hay que decirlo claramente: En el estado de Michoacán, la red carretera se ha deteriorado debido a este equivocado esquema de concesión. Es a todas luces evidente que la administración pública requiere con urgencia superar las insuficiencias del régimen de concesiones privadas de los años noventa, para no reincidir en los errores del pasado.

Los reducidos niveles de inversión canalizados al mantenimiento de la infraestructura carretera y a la atención de los puntos conflictivos, ha generado un incremento en el número de accidentes, el deterioro del estado físico de la red y la pérdida del valor económico de las carreteras.

No obstante, el alto costo del deterioro de la infraestructura carretera se minimiza al considerar la pérdida de vidas humanas así como los daños a la integridad física de muchas personas que han sufrido accidentes en las autopistas concesionadas debido a las terribles condiciones de las autopistas.

En Michoacán, cual si de un mundo kafkiano se tratara, se ha invertido la realidad, puesto que a pesar del pésimo estado de las autopistas en la entidad, el costo que se paga en las casetas de cobro es altísimo por unidad individual. Para ejemplo basta un botón: En la carretera que comunica a Pátzcuaro con Uruapan se encuentran dos casetas de cobro la 1ª conocida como la de Zirahuen y la 2ª conocida como San Ángel tiene un costo de 23 y 30 pesos, respectivamente, por un tramo de 48 kilómetros, lo cual tal vez no sería problema, pero resulta que la degradación de la cinta asfáltica de la autopista se ha convertido en un riesgo para los usuarios. Este tramo es parte de la llamada Autopista Siglo XXI, cuyo beneficiario es la empresa denominada “Concesionaria de Autopistas de Michoacán, SA de CV2, que enlaza la Ciudad de Lázaro Cárdenas con el centro y norte del país y consiste en una carretera de un solo carril en cada sentido, a todas luces insuficiente, cara y con pésimo mantenimiento a pesar de que es recorrida continuamente por vehículos pesados cargados de contenedores y mercancía. Para el caso, es necesario tener en cuenta que aún falta por construir el segundo cuerpo de dicha autopista, por lo que se hace urgente que se practique una auditoría técnico-financiera y administrativa para revisar el cumplimiento de la concesión y determinar si la concesionaria tiene la capacidad técnico financiera para la construcción y mantenimiento del mismo, para en caso contrario proceder a la revocación administrativa de la concesión.

Esto no es otra cosa que un flagrante incumplimiento, por parte de las empresas operadoras, a las condiciones establecidas en el título de concesión para dar mantenimiento al red de autopistas a fin de asegurar el estado físico de las carreteras a su cargo, alcanzar la eficiencia operativa y canalizar los recursos necesarios para prolongar la vida útil del patrimonio vial, así como de los acuerdos adquiridos con las comunidades para el otorgamiento de derecho de paso por donde atraviesa el sistema de autopistas en Michoacán.

Ante este hecho, y toda vez que no es posible garantizar la seguridad de las personas que transitan por la red de autopistas de la entidad y dada la dificultad extrema que representa para el comercio con el resto del país y la salida de productos hacia el exterior, es necesario decretar una suspensión inmediata e indefinida del cobro de peaje en las casetas del estado de Michoacán y dejar libre el paso por las casetas hasta en tanto no se realice una evaluación técnica financiera y administrativa de las autopistas del estado, el estado físico de la infraestructura, la capacidad de mantenimiento de las mismas, todo con la finalidad de facilitar el tránsito y comercialización de mercancías, la recuperación de la economía de la entidad y la generación de empleos en la entidad de un lugar tan castigado como es el Estado de Michoacán, de este nuestro México por todos tan querido.

Por lo tanto señoras y señores senadores y diputados de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, propongo ante ustedes, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal para que decrete una suspensión de pago, inmediata e indefinida, en las casetas de cobro de las carreteras del estado de Michoacán.

Sede de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2014.

Diputado José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al Día Mundial de la Educación Ambiental, suscrita por el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Enrique Aubry de Castro Palomino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente el presente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 26 de enero se celebra el Día de la Educación Ambiental, que tiene su origen en 1975, durante la celebración del Seminario Internacional de Educación Ambiental en Belgrado, donde se establecieron los principios de la educación ambiental en el marco de los programas y objetivos de la UNESCO, los cuales buscan integrar la comprensión y el respeto de sí mismo, de los demás y del ambiente a todos los aspectos de la educación, a través de la instauración de la educación con responsabilidad ambiental no sólo centralizada en la sensibilización y conservación del medio ambiente, sino desde el fortalecimiento de la sustentabilidad, para lo cual resultaría elemental integrarla en la Constitución Política.

Al respecto, en 1992 México adoptó las conclusiones del Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, en donde se estableció que ésta es eminentemente política y un instrumento esencial para alcanzar una sociedad sustentable en materia ambiental y justa en lo social.

Para ello debemos entender por educación ambiental el proceso educativo integral, que además de generar conciencia y soluciones a los problemas ambientales actuales causados por actividades antropogénicas y los efectos de la relación entre el hombre y el medio ambiente, sea un mecanismo pedagógico que garantice su ejecución.

La educación ambiental debe ser concebida no sólo como una herramienta para enfrentar el deterioro que afronta hoy el planeta ante la constante amenaza por la destrucción de la naturaleza, sino que sea vista como un derecho que tienen todos los ciudadanos de educarse para protegerse de las grandes tragedias climáticas a través de procesos dinámicos y participativos, que buscan despertar en la población una conciencia que le permita identificarse con la problemática, empezando por el medio en el que se desenvuelve hasta lograr escalarse mundialmente.

Algunas de las finalidades primordiales de la educación ambiental son proporcionar información y conocimientos necesarios en la población para que ésta adquiera conciencia de los problemas que existen sobre este tema, creando en ella predisposición, motivación, sentido de responsabilidad y compromiso para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones, así también busca fundar una clara conciencia acerca de la interdependencia económica, social, política y ambiental en áreas urbanas y rurales, así como dar a cada persona las oportunidades para que obtenga los conocimientos necesarios a fin de proteger y mejorar el ambiente y con ello alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable, a través de la creación de nuevos patrones de comportamiento y responsabilidades éticas.

Como vemos, las directrices están bien definidas, está claro que la educación ambiental debe ser el eje central del Sistema Educativo Nacional orientado a valorar y actuar con un amplio sentido de respeto a los recursos naturales, para ello se han sumado los esfuerzos de los distintos niveles de gobierno e instituciones, cuyo principal ejemplo es el caso del Estado de Chiapas, que ha implantado el programa precursor en el país Educar con Responsabilidad Ambiental, el cual considera la concienciación de los alumnos de los diversos planteles públicos a fin de formar escuelas saludables y sustentables desde el nivel básico hasta el superior, ello con estrecha relación al ambiente en atención del deterioro que enfrenta actualmente, a través de la publicación de libros de texto, la capacitación de docentes y la implementación de mecanismos de evaluación de material didáctico utilizado.

Sin embargo, el país aún presenta un grave rezago en temas ambientales, aún no hacemos conciencia de la severa problemática que representa la falta de educación, pues seguimos considerando el ambiente como un tema ajeno o de menor relevancia.

Por ello, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos que además de educar y sensibilizar, como parte fundamental es lograr que las Instituciones responsables de la impartición de educación ambiental, coordinen y ejecuten proyectos de formación, capacitación y actualización para mejorar la gestión ambiental y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, con la participación de organismos de los diversos niveles educativos y culturales para la conservación del patrimonio natural del país.

Por lo anterior propongo con carácter de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Educación Pública a implantar mecanismos eficientes para la impartición de talleres, cursos y seminarios en materia de educación ambiental como parte de la labor informativa y de concienciación respecto a los desastres naturales que ha enfrentado el país como consecuencia de los constantes cambios climáticos que han tenido lugar a escala mundial.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2014.

Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública federal y locales a resolver con la mayor brevedad los problemas ocasionados por la aplicación errónea del descuento por ISR en la nómina de los docentes, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El efecto en la economía familiar generado por la aprobación de las diversas modificaciones que constituyeron la recién aprobada reforma hacendaria ha desembocado en múltiples manifestaciones de rechazo por diversos grupos de la sociedad mexicana.

Un ejemplo de ello es la creciente protesta por los profesores en la Laguna, la cual comprende 16 municipios de Coahuila y Durango, donde se han organizado contra el aumento de impuestos, específicamente del impuesto sobre la renta (ISR), como consecuencia del primer descuento del año.

El Movimiento Magisterial y Protesta ha convocado al grupo de docentes que presumen la aplicación errónea del ISR, ya que, denuncian los profesores, que la retención es mayor que la establecida y esto se reflejó de manera directa en el talón de pago.

El viernes 17 del presente mes, aproximadamente 250 docentes protestaron afuera de la Subsecretaría de Educación de Coahuila, con amenazas de suspender las clases en próximos días como medida de presión ante la falta de respuesta por el abuso cometido, como lo hicieron los maestros de la secundaria 80.

Ante ello, Demetrio Zúñiga, subsecretario de Educación de la entidad, explicó a los profesores que el descuento aplicado es el correspondiente y que en los casos donde se hicieron mal los cálculos, se trataría personalmente en las oficinas de la dependencia.

El secretario general de la delegación, Antonio García Hernández, comentó que los profesores que se han manifestado contra el ISR buscarán contar con la pronta respuesta de Blas Mario Montoya Duarte, secretario general de la sección 5 del Sindicato de Trabajadores de la Educación, respecto a los acuerdos y las negociaciones tomados frente a los nuevos impuestos.

Sin embargo, los maestros, no están conformes con tales respuestas, ya que las consideran escuetas y sin un sustento apropiado; por tal razón bajo el asesoramiento de especialistas quienes “propusieron el amparo (colectivo) para defenderse de los impuestos que dijeron perjudicarán la economía familiar de los docentes, pero también la del resto de los trabajadores cautivos”, invitaron a todas las personas que integran el gremio a sumarse a estas acciones y contrarrestar sus efectos negativos.

Estas expresiones de descontento social son sólo una muestra de los movimientos que están surgiendo a lo largo y ancho del país, quienes, en su intento por contrarrestar los efectos de las decisiones tomadas por un grupo reducido decidido a cumplir sólo con ciertos intereses, se han organizado para acudir a las instancias correspondientes en búsqueda de posibles soluciones.

El gremio magisterial representa uno de los sectores más golpeados por las reformas recientemente aprobadas, tal es el caso de las mal llamadas reformas educativa, laboral y, por último, hacendaria, que en conjunto han provocado que las familias mexicanas vean disminuido su poder adquisitivo; aunado a que en el país millones de estudiantes siguen sufriendo los efectos de no contar con una educación universal, gratuita y de calidad.

Por ello, comprendiendo las razones que justifican los movimientos y luchas sociales, en este caso las concernientes al efecto del aumento de los impuestos, que no se refleja en políticas públicas ni en mejores servicios, sino únicamente en el incremento de condiciones de pobreza y falta de acceso a una vida digna de los mexicanos, presentamos a esta asamblea el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal y a las de las entidades federativas a resolver con la mayor brevedad los problemas ocasionados por la aplicación errónea del descuento del impuesto sobre la renta en la nómina de los docentes de dichas entidades.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2014.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y a sus homólogas estatales a adoptar un plan urgente de subsidios para el campo, suscrita por el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT

Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La situación económica del campo en México, representa una urgencia nacional que ha sido ignorada y que hoy plantea un reto mayúsculo en todos los sentidos, atenta contra la soberanía alimentaria del país y lo pone en riesgo de un estallido social.

Con fecha 20 de enero del año en curso, me reuní con productores agrícolas zacatecanos para escuchar sus problemáticas, inquietudes y necesidades, y basta con escuchar las dificultades que han tenido que enfrentar derivadas del aumento de gastos en los insumos que utilizan para la producción de sus cosechas, y darse cuenta del abandono en que se encuentra el campo tanto en Zacatecas como en todo el país por parte del gobierno federal y de los gobiernos locales.

Hablando únicamente de los productores agrícolas del estado de Zacatecas, la sequía que acecha al campo en los últimos años, ha provocado la necesidad de adquirir sistemas de riego, cuyo costo en promedio asciende a 24 mil millones de pesos, estos se adquieren a través de la contratación de créditos con instituciones financieras públicas y privadas, sin que la situación actual permita que la inversión se vea compensada con los recursos derivados de sus cosechas.

Tal crisis ha conducido a que cerca del 95 por ciento de las empresas agrícolas establecidas en el estado, se encuentren inscritos en el buro de crédito y en procesos de ejecución de garantías, lo que amenaza con aniquilar las finanzas de un importante sector nacional.

Otro problema que grave que existe es que los programas de apoyos productivos al campo, han sido subejercidos por los órganos de gobierno correspondientes, así como asignados de forma clientelar a caciques locales, que no tendrían por qué ser apoyados.

Con las últimas reformas, no se ha buscado ningún beneficio para los campesinos, sino por el contrario, se les han exigido más requisitos que en ocasiones les es muy difícil cumplir debido a sus condiciones. Un claro ejemplo de esto es la reforma fiscal, en donde se les obliga a emitir una factura electrónica cuando hagan una venta de su producción.

Otro de los factores que ha provocado la urgencia del campo zacatecano, ha sido el costo de la operación de los sistemas de riego, pues requieren el uso de energía eléctrica que en muchas ocasiones es mal operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), provocando el daño en las instalaciones de riego, además de cobros indebidos por parte de esa empresa.

A pesar de las deficiencias en la operación de la Comisión Federal de Electricidad, no ha eximido de los cortes de energía por falta de pago, que inhibe el proceso productivo impidiendo el riego, lo que tiene como consecuencia que se pierdan cosechas enteras, por la ineficacia de una “empresa de clase mundial”.

A la fecha, estos problemas ponen en riesgo la pérdida de 110 mil empleos en Zacatecas, que se encuentran involucrados de forma directa en los procesos productivos agrícolas.

A partir del 1 de enero de este año, se han sumado problemas a lo ya señalado con la irresponsable eliminación del régimen simplificado que este Congreso ha votado a favor, lo que plantea un escenario oscuro para el campo nacional.

Todas estas problemáticas han provocado que agroproductores de Zacatecas tomen el Congreso del estado para exigir una pronta solución, pues tal parece que su voz, peticiones y necesidades no son vistas ni escuchadas, por lo que es indispensable que los funcionarios nos acerquemos a ellos y analicemos muy de cerca la grave situación que los embarga.

Finalmente, se debe reflexionar acerca de que esta problemática que acontece en el campo no únicamente aqueja al estado de Zacatecas, sino que de igual manera sucede en otros estados del país, en donde la situación de los campesinos es deplorable, lo cual es indignante, ya que es un sector del cual todos, sin excepción alguna, necesitan para cubrir la necesidad básica de alimentación, por lo que es indispensable tomar las medidas necesarias para brindar mayores recursos al campo.

Por lo previo, se plantea el siguiente punto de acuerdo con el objetivo de destinar plan emergente de subsidios y modificar la ley de ingresos para destinar mayores recursos en apoyo al campo zacatecano en cuanto al subsidio en diesel, energía eléctrica y fertilizantes a los productores del campo y evitar un riesgo mayúsculo en este sector productivo.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a sus homólogas estatales, para que a la brevedad implementen un plan emergente de subsidios en diesel, energía eléctrica y fertilizantes para los productores del campo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2014.

Senador David Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar por la SHCP la educación especial y sus modalidades en el estímulo fiscal por pagos de servicio de enseñanza, contenido en el decreto del 26 de diciembre de 2013, suscrita por la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La diputada María Sanjuana Cerda Franco, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, respetuosamente somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Estado mexicano ha logrado avances significativos en la atención de los compromisos que le asigna el Artículo 3o. constitucional. En este sentido, tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo han tomado la iniciativa de fortalecer las políticas educativas para impulsar el desarrollo social, político y económico de nuestro país, así como la formulación de medidas que permitirán, en el mediano plazo, lograr una mayor eficacia en el Sistema Educativo Nacional.

Derivado de lo anterior, el 15 de febrero de 2011 se emitió un decreto que otorga un estímulo fiscal a las personas físicas por el que se les permite disminuir los pagos de colegiaturas, desde nivel preescolar hasta bachillerato o equivalente.

Lo anterior fue justificado por el gobierno bajo la premisa de que la educación es parte fundamental para lograr los objetivos de desarrollo, modernización y progreso de nuestro país, de ahí que acorde con los objetivos formulados en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales correspondientes, resultó indispensable apoyar todo esfuerzo en esta importante materia.

Es por ello que, a través de los programas presupuestales existentes, es necesario apoyar a las familias mexicanas que destinan una parte importante de su ingreso en la educación de sus hijos. Derivado de lo anterior se consideró conveniente otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes personas físicas a efecto de que en la determinación de su impuesto sobre la renta anual puedan disminuir los pagos efectuados por concepto de los servicios de enseñanza que realicen para sí, para su cónyuge o para la persona con quien vivan en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que el cónyuge, concubino, ascendiente o descendiente de que se trate no perciba durante el año de calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, para los tipos de educación básico y medio superior, cuando dichos pagos se realicen a instituciones educativas privadas del país que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación; y tomando como referencia los siguientes límites:

Nivel educativo                    Límite anual de deducción*

Preescolar                              $14,200.00
Primaria                                 $12,900.00
Secundaria                             $19,900.00
Profesional técnico                 $17,100.00
Bachillerato o su equivalente   $24,500.00

El gobierno en turno, con la intención de procurar el acceso a la educación de las familias mexicanas, estima oportuno mantener el estímulo por los pagos por servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de educación básico y medio superior, incluso sin tomarlo en cuenta para el límite global de las deducciones personales establecido en la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que el mismo se reproduce en el decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de diciembre de 2013.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, reconoce lo bondadoso del estímulo fiscal, sin embargo, lo consideramos incompleto al no incluir a la Educación Especial.

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con el Poder Legislativo, fomenta el principio de inclusión educativa, con el objetivo de contribuir a que las escuelas mejoren las condiciones para el acceso, la permanencia, la participación y el logro de aprendizaje de los alumnos que presenten necesidades específicas y requieran de mayores apoyos educativos; mediante el fortalecimiento de la educación especial y otorgando prioridad a aquellos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos.

El fundamento constitucional de la Educación Especial, se abstrae del artículo 1º que dispone:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades , la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

La propia Ley General de Educación regula lo relativo a la Educación Especial al establecer que:

Artículo 41.- La educación especial está destinada a personas con discapacidad, transitoria o definitiva, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género.

Finalmente la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad manifiesta que:

Artículo 15.- La educación especial tendrá por objeto, además de lo establecido en la Ley General de Educación, la formación de la vida independiente y la atención de necesidades educativas especiales que comprende entre otras, dificultades severas de aprendizaje, comportamiento, emocionales, discapacidad múltiple o severa y aptitudes sobresalientes, que le permita a las personas tener un desempeño académico equitativo, evitando así la desatención, deserción, rezago o discriminación.

Derivado de lo anterior, el decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de diciembre de 2013, a través del cual se permite deducir los gastos en enseñanza, se traduciría en violatorio al principio de no discriminación, al no incluir a la Educación Especial, y sus modalidades, como son: discapacidad intelectual; discapacidad auditiva (sordera); discapacidad auditiva (hipoacusia); discapacidad visual (ceguera); discapacidad visual (debilidad visual); discapacidad motriz; discapacidad psicosocial o mental; discapacidad múltiple; trastornos generalizados del desarrollo (TGD); trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad; autismo; etc.

Bajo dicho contexto, se violentaría también el principio de equidad al no permitir a los contribuyentes deducir los gastos en materia de Educación Especial, derivado de lo anterior se exhorta al Ejecutivo Federal a incluir en la tabla de Límite anual de deducción, el rubro de “Educación Especial y sus modalidades”

Nivel educativo                                    Límite anual de deducción*

Preescolar                                              $14,200.00
Primaria                                                 $12,900.00
Secundaria                                             $19,900.00
Profesional técnico                                 $17,100.00
Bachillerato o su equivalente                   $24,500.00
Educación Especial y sus modalidades    $( Lo determinará la SHCP)

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente se somete a la consideración de este pleno, con carácter de urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a incluir al nivel educativo de Educación Especial y sus diferentes modalidades en el artículo 1.10 del Capítulo 1o. del Impuesto sobre la renta, contenido en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de diciembre de 2013, a fin de que reciban el estímulo fiscal por pagos de servicio de enseñanza bajo los principios de no discriminación y equidad establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2014.

Diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en la Edad Permitida a elaborar un programa nacional destinado a erradicar el empleo de infantes y de adolescentes, suscrita por la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Diva Hadamira Gastélum Bajo, senadora de la república de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

En la actualidad, las niñas, niños y adolescentes gozan de los mismos derechos humanos que todas las personas. Uno de sus principales derechos es el ser protegidos de la explotación económica y del trabajo que sea perjudicial para su bienestar y desarrollo psíquico, social y cultural. El trabajo infantil constituye un fenómeno de alcance mundial al que ningún país ni región es inmune, por lo que es necesario fortalecer las instituciones, acciones y legislaciones, tanto nacionales como internacionales, para identificar y atender los factores sociales de riesgo que lo propician.

El trabajo infantil provoca violaciones a una serie de derechos humanos señalados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, la falta de acceso a servicios básicos; la educación nula o deficiente y la deserción escolar; la carencia de vivienda digna; la desintegración familiar; las adicciones y la falta de espacios públicos seguros, son algunos de los factores que potencian este fenómeno. Es por esto que combatirlo requiere de un esfuerzo integral, tanto del Estado como de la sociedad, para garantizar la prevención y protección de las y los niños de nuestro país en la búsqueda de lograr su pleno desarrollo.

Para entender el concepto de trabajo infantil, es necesario clarificar las distintas definiciones y los criterios que lo delimitan, siendo los criterios principales: la edad de las niñas y los niños trabajadores, la naturaleza del empleo y las excepciones para países en desarrollo. La Organización Mundial del Trabajo (OIT) define el trabajo infantil como “todo aquel que priva a las niñas y los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, así como aquella actividad económica que resulta perjudicial para su desarrollo físico y psicológico”.1

Se considera trabajo infantil a todas las formas de trabajo realizado por niños menores de edad establecida en las normas de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) para ese tipo de trabajo.

1 . Jornadas laborales superiores a los límites máximos establecidos por las legislaciones nacionales para un trabajador adulto.

2 . Ingresos inferiores, debido a que el 90 por ciento de los niños y niñas trabajadores entre los 10 y 14 años perciben una remuneración igualo menor que el salario mínimo, es decir, alrededor de un 20 por ciento menos de lo que gana un adulto con 7 años de escolaridad, incluso salarios inferiores o se les paga en especie.

3 . Los derechos laborales son inexistentes y los empleos precarios.2

Asimismo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) define al trabajo infantil como cualquier trabajo que supere una cantidad mínima de horas, dependiendo de la edad del niño o niña y de la naturaleza del trabajo. Por lo general, la participación de niñas y niños en trabajos que no atentan contra su salud, su desarrollo personal y que no interfieren en sus estudios, es considerada positiva. En este supuesto están las actividades que se prestan en el hogar, la colaboración en un negocio familiar o las tareas que realizan fuera del horario escolar o durante las vacaciones.

Se alude al trabajo infantil cuando es peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño, e interfiere con su escolarización puesto que: 1) Les priva de la posibilidad de asistir a clases; 2) Les obliga a abandonar la escuela de forma prematura; o 3) Les exige combinar el estudio con un trabajo pesado, que consume mucho tiempo y que repercute en la calidad de sus estudios. En las formas más extremas de trabajo infantil, las niñas y niños son sometidos a situaciones de esclavitud, de explotación laboral y expuestos a graves peligros como la trata de personas y a enfermedades.3

Para calificar de trabajo infantil a una actividad específica, se debe de valorar además de la edad:

“el tipo de trabajo en cuestión y la cantidad de horas que le dedica, las condiciones en que lo realiza y los objetivos que persigue cada país. La respuesta varia de un país a otro y entre uno y otro sector”.4

Características, causas y consecuencias del trabajo infantil y adolescente

Características

1. Se da a temprana edad ya sea en el ámbito rural o urbano.

2. El 80 por ciento de las niñas y niños trabajan en la economía informal.

3. El 10 por ciento se ocupa en sectores más organizados.

4. Tres de cada cuatro niños trabajadores abandonan los estudios por las obligaciones que deben cumplir para ello.

5. Impide a las niñas, niños y adolescentes asistir a la escuela y limita el rendimiento escolar.

6. Resulta perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.

Causas

1. La pobreza.

2. Violencia intrafamiliar.

3. Patrones culturales.

4. Permisividad social.

5. Falta de oportunidades.

6. Falta de cobertura, calidad y cumplimiento de la obligatoriedad de la educación.

7. Vacíos y contradicciones en las normas jurídicas de los estados y países.

Consecuencias

1. Genera y profundiza la desigualdad.

2. Viola los derechos humanos fundamentales de la infancia y la adolescencia.

3. Impide y limita el adecuado proceso y desarrollo educativo de las niñas, niños y adolescentes.

4. Enfrentamiento prematuro a un ambiente adulto.

5. Pérdida de la autoestima, problemas de adaptación social y traumas.

6. La carencia de años de educación se traduce en una calidad inferior del capital humano disponible en una sociedad.5

El trabajo infantil y adolescente en el mundo

De acuerdo al Informe Mundial sobre Trabajo Infantil,6 denominado Intensificar la lucha contra el trabajo infantil, publicado por la Conferencia Internacional del Trabajo, establece que en todo el mundo, más de 215 millones de niñas y niños están implicados en situaciones de trabajo infantil, de los cuales 115 millones están expuestos a sus peores formas, como son trabajo forzoso, servidumbre, explotación sexual o en condiciones similares a la esclavitud.

Recientemente, la Organización Mundial del Trabajo (OIT) 7 estimó que aproximadamente 246 millones de niños, entre los 5 y los 17 años, efectúan trabajo infantil en todo el mundo. De estos, unos 179 millones se ven inmiscuidos en las peores formas de trabajo infantil. En las economías desarrolladas, aproximadamente 4.2 millones de niños son económicamente activos, 2.8 millones en los países en transición, 127.3 millones en Asia y el Pacífico, 18.7 millones en América Latina y el Caribe, 49 millones en el África y 15.4 millones en el Oriente Medio y el Norte de África.

En países como Brasil, hay más de 9 millones de niños trabajadores, mientras que en Colombia y Ecuador, el 20 por ciento de todas las niñas de entre 10 y 14 años de edad trabajan como empleadas domésticas. El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) reveló que alrededor de 60 mil niños en Perú y 15 mil en Bolivia trabajan en la minería artesanal, realizando trabajos que ponen en gran riesgo el desarrollo de los menores. En África subsahariana, aproximadamente 1 de cada 3 niñas y niños trabajan, lo que representa una cifra de 69 millones de menores de edad. Asimismo, en Asia meridional hay otros 44 millones de niñas y niños que trabajan.

Acciones adoptadas a nivel internacional

a) Argentina: Ratificó el Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo en el año de 1996 y fijo como edad mínima de acceso al empleo la de 14 años. Su Ministerio de Trabajo estableció el Plan Nacional de Acción sobre Trabajo Infantil y finalmente creo la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI).

b) Brasil: Suscribió el Memorándum de Entendimiento con la OIT/PEC y creó el Foro Nacional sobre la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, conformado por 42 instituciones cuyo objetivo principal era promover una amplia discusión en el ámbito nacional sobre la problemática del tema y las formas más idóneas y efectivas para abolirlo.

c) Chile: De igual forma ratificó el Convenio 138, suscribió su propio Memorándum de Entendimiento y presentó el Plan Nacional de Acción para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Menor Trabajador. Se incorporó al Programa de Información Estadística y Monitoreo del Trabajo Infantil de la OIT.

d) Paraguay: Con el apoyo del Programa IPEC ha desarrollado diagnósticos sobre el trabajo infantil urbano y la explotación sexual comercial en sus diversas ciudades. Por último, se sumó a los países que han ratificado el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil.

e) Uruguay: Es uno de los países de América Latina que registra los menores índices de trabajo infantil; sin embargo, el Comité Nacional elaboró el Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil en Uruguay y ha propuesto la creación de un Sistema de Monitoreo e Inspección del Trabajo Infantil.8

Asimismo, países como Guatemala, Perú y Costa Rica cuentan con un Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Adolescente.

El trabajo infantil en México

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el módulo de trabajo infantil de la Encuesta Nacional sobre Ocupación y Empleo, en México hay 3.64 millones de niñas y niños menores de 17 años, divididos en un 67 por ciento de niños y 33 de niñas, de los cuales 1.1 millones se encontraban entre los cinco y los 13 años; es decir, alrededor de una tercera parte se encuentra por debajo del límite legal para trabajar. En el periodo 2009-2011, la participación en las actividades económicas de los niños y niñas que no asistían a la escuela creció del 44.8 al 46 por ciento.

Según UNICEF, nuestro país ocupa el sitio 49 en tasa de trabajo infantil en niñas y niños de entre cinco y 14 años, superado, entre otros, por Argentina, Brasil y Colombia. Los estados de Puebla, Jalisco y Guerrero ocupan los primeros lugares en cuanto a población ocupada de entre 5 y 13 años. La mayoría de las y los niños que laboran en México, son empleados por un patrón que no es su familiar, y del total, casi 700 mil no van a la escuela. Al 2011, la población infantil en ese rango de edad fue de 28.9 millones, de los cuales más de 3 millones realizan algún trabajo en el país y sólo 50 por ciento recibe remuneración económica, donde el 28 por ciento está expuesto a riesgos en su trabajo, pues lo hacen en lugares no apropiados como minas, ríos, lagos o en el mar.9

En México la edad mínima legal para trabajar ha sido establecida por la Constitución y las leyes que de ella se derivan en 14 años, por lo que es ilegal contratar a una persona menor de 14 años. En el orden jurídico nacional existen una serie de normas que protegen a las niñas y a los niños del trabajo infantil. En la Constitución son las fracciones II, III y XI del artículo 123 las que establecen los derechos más básicos para este grupo de la población. Cabe mencionar que el pasado 12 de junio de 2013, el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma al artículo 123 constitucional, con el fin de elevar la edad mínima de admisión al empleo de 14 a 15 años, para así homologar la edad laboral con los estándares internacionales. 10

En materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, la suscrita presentó el punto de acuerdo en el cual se exhorta a la suscripción del Convenio para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, Convenio de Lanzarote. También se le solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizar un estudio y diagnóstico sobre la violencia sexual y los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México. Asimismo, el 23 de abril de 2013, se exhortó al titular del Poder Ejecutivo federal a ratificar el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la edad mínima para laborar a fin de contribuir al abatimiento del trabajo infantil. En esa misma fecha, presenté el proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual busca elevar la edad mínima de admisión al empleo y combatir el trabajo infantil.11

Asimismo, la Ley Federal del Trabajo (LFT), en los artículos 22, 23, 173 a 180, 362, 372, 995, detalla los derechos de niños, niñas y adolescentes respecto al empleo. La ley establece la prohibición de la contratación de niñas y niños menores de 14 años, aunque contempla la posibilidad de que los padres otorguen un permiso. Por su parte, de conformidad con los artículos 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en las decisiones y actuaciones del Estado debe prevalecer el principio del interés superior de la niñez, para garantizar la tutela y el respeto de sus derechos fundamentales.

El Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018, conforme a la Meta Nacional IV, “México Próspero”, contempla en su objetivo 4.3, “Promover el empleo de calidad”, y establece como estrategia 4.3.2, “El promover el trabajo digno o decente, a través de divers.las líneas de acción, entre las que destaca la encaminada a contribuir a la erradicación del trabajo infantil”.12

Por su parte, es de suma importancia el recalcar que el pasado 12 de junio de 2013, el gobierno mexicano creó la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida. La Comisión tiene como finalidad el promover una cultura social de prevención y erradicación del trabajo infantil; alentar la corresponsabilidad social de los empleadores, las agrupaciones gremiales y los sindicatos en esta problemática; fomentar la conciencia social sobre el impacto que tiene el desarrollo económico en la prevención y erradicación del empleo de menores; impulsar la educación, la recreación y el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia; fortalecer los mecanismos de vigilancia para combatir el trabajo de los menores; y participar en el diseño de políticas, programas y acciones en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, el combate a la explotación laboral de los menores y la protección de trabajadores adolescentes en edad permitida.13

México ha ratificado la mayoría de los convenios de la OIT que regulan el trabajo infantil, tales como el Convenio 5 que establece la edad mínima en el trabajo industrial (1919); el 6 que prohíbe el trabajo nocturno industrial (1919); el 7 que establece la edad mínima para el trabajo marítimo (1920); el 10 de edad mínima para la agricultura (1921); y el 15 de edad mínima para estibadores y fogoneros (1921). Sin embargo, esto no ha sucedido con el Convenio 138 de la OIT, que entró en vigor en 1976. Este Convenio establece que la edad mínima no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a quince años. La firma del Convenio 138 comprometería al Estado a abolir o combatir de forma efectiva el trabajo de las niñas, niños y adolescentes y a dar mejores posibilidades de real acceso a la educación básica obligatoria.

México se ha comprometido, que a más tardar en el año 2016, el país deberá erradicar las peores formas de trabajo infantil, y en 2020, el trabajo infantil en general. Para concretar esa visión, es fundamental que el Estado establezca los mecanismos, procesos y políticas estructurales necesarios para terminar con esta situación. En el año 2000, México ratificó el Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, quedando pendiente la identificación de los trabajos peligrosos en consenso con empleadores y trabajadores, de ahí que resulte difícil darle cumplimiento pleno.14

Si bien es cierto que la armonización y entrada en vigor de los convenios internacionales no cambian por sí mismas la situación de manera inmediata, la armonización legislativa es un paso positivo para dotar al Estado y a las organizaciones de la sociedad civil de herramientas para enfrentar con mejores medios la problemática del trabajo infantil. Erradicar al trabajo infantil es un enorme desafío para nuestro país, por lo que se deben de fortalecer los programas, acciones y políticas públicas que amplíen las posibilidades de que niñas y niños puedan tener y acceder a condiciones de vida digna, comenzando con el acceso a la educación. Ante esta situación, enfrentamos una excelente oportunidad para establecer un programa nacional que nos permita implementar acciones coordinadas para erradicar este fenómeno.

Objetivo de elaborar un programa nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y adolescente

El desarrollo de un programa nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y adolescente traería como consecuencia:

– Combatir y prevenir las causas del trabajo infantil.

– Asegurar el acceso a una enseñanza básica adecuada.

– Evitar la deserción escolar.

– Combatir la pobreza.

– Establecer tiempos específicos para la implementación de planes y programas.

– Concientizar a la sociedad sobre los derechos de las y los niños.

– Lograr la aplicación concreta y eficaz de acciones afirmativas.

– Diseñar e implementar acciones conjuntas para erradicar el trabajo infantil.

– Creación de políticas coordinadas y a favor de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

– Desarrollo de acciones preventivas eficientes y eficaces.

– Crear una sinergia entre los sectores público, social y privado para erradicar el trabajo infantil y adolescente.

Sabemos que la prevención es la ruta más eficiente y eficaz para mejorar nuestro entorno social y erradicar la ocupación de niñas y niños por debajo de la edad mínima para trabajar. El desarrollo de un programa nacional fomentaría el trabajo en conjunto entre los sectores público, social y privado para potenciar acciones que tengan por objeto generar economías a escala y condiciones sociales y económicas, para prevenir y erradicar de manera eficaz el trabajo infantil, bajo un enfoque integral y transversal en el diseño de estrategias.

Es fundamental establecer medidas y acciones concretas a través de un programa nacional que aborde como ejes principales:

1. Diagnosticar la dimensión de la problemática en el país.

1.1. Condicionantes del trabajo infantil y adolescente.

1.2. Distintas modalidades del trabajo infantil y adolescente.

1.3. Consecuencias del trabajo infantil y adolescente en materia de salud y escolaridad.

2. Garantizar la permanente difusión, sensibilización e información en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil y adolescente.

3. Fomentar la prevención y atención integral (física-psíquica-social) de las niñas, niños y adolescentes que han sufrido de este fenómeno.

4. Fortalecer el rol institucional y el funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida.

5. Implementar acciones para fortalecer integralmente al grupo familiar de las niñas, niños y adolescentes que trabajan y de los que están en situación y/o en riesgo de trabajo.

6. Fortalecer los sistemas de inspección del trabajo en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil y adolescente.

7. Garantizar que la educación logre la inclusión y la permanencia de todos los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, como mínimo el nivel secundaria.

8. Endurecer y continuar elaborando leyes, normas y programas para la prevención y erradicación del trabajo infantil y adolescente.

9. Promover la participación de los distintos actores sociales en la prevención y erradicación del trabajo infantil y adolescente, articulando todas las esferas del gobierno, además de organizaciones no gubernamentales, asociaciones y organismos internacionales, para garantizar la prevención y erradicación.

10. Desarrollar un programa nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y adolescente desde la perspectiva de género.

En la discusión, así como la inclusión de dicho problema en las agendas legislativas del honorable Congreso de la Unión y entidades del país, el desarrollo de este programa nacional representaría un gran avance respecto a la erradicación del trabajo infantil y adolescente.

Es nuestra responsabilidad el seguir implementando políticas públicas y programas orientados a reducir factores de riesgo que propicien la generación del trabajo infantil en todas sus formas, y lograr que a través de un programa nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y adolescente se establezcan las bases para poder erradicar este fenómeno en nuestro país.

Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, la elaboración de un Programa Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Adolescente.

Notas

1 Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la esfera de la Enseñanza (UNESCO), ¿Qué se entiende por trabajo infantil?, documento en línea, dirección URL: http://portal.unesco.org/es/ev.vhp-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html [Consultado: 15 de noviembre de 2013].

2 UNICEF, “Trabajo Infantil”, documento en línea, dirección URL: http://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6928.htm [Consultado: 15 de noviembre de 2013].

3 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), “Documento informativo sobre trabajo Infantil en México”, [Consultado: 16 de noviembre de 2013].

4 Organización Mundial del Trabajo (OIT), ¿Qué se entiende por trabajo infantil?, documento en línea, dirección URL: http://www.ilo.ora/iDeclfacts/lanaes/index.htm [Consultado: 14 de noviembre de 2013].

5 ONMPRI, Trabajo Infantil, Boletín Mayo 2013, página 2, documento en línea, dirección URL: http:/Iwww.onmpri.org.mx/bancoinformacion/files/ArchivoslPdf/4501-1-11 31 55.pdf [Consultado: 14 de noviembre de 2013].

8 ONMPRI, Trabajo Infantil, Boletín Mayo 2013, pág. 2, documento en línea, dirección URL: httD://www.onmpri.ora.mx/bancoinformacion/files/Archivos/Pdf/4501-1-11 31 55.pdf [Consultado: 14 de noviembre de 2013].

9Muñoz Ríos, Patricia, “Crean comisión intersecretarial para prevenir y erradicar el trabajo infantil”, periódico La Jornada , página 39, jueves 13 de junio de 2013, documento en línea, dirección URL: http:/www.jornada.unam.mx/2013/06/13/sociedad/039n1 soc [Consultado: 16 de noviembre de 2013].

10 Muñoz Ríos, Patricia, “Crean comisión intersecretarial para prevenir y erradicar el trabajo infantil”, periódico La Jornada, página 39, jueves 13 de junio de 2013, documento en línea, dirección URL:

http:/www.jornada.unam.mx/2013/06/13/sociedad/039n1 soc [Consultado: 16 de noviembre de 2013].

11Gastélum. Bajo. “Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de trabajo infantil., 23 de abril de 2013. Documento en línea, dirección

URL:http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/6211/2013-04-23 -1/assets/documentos/CPEUM.pdf [Consultado: 2 de diciembre de 2013].

12 Diario Oficial de la Federación, “Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México, documento en línea dirección URL: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5302215&fecha=12/06/2 013 [Consultado: 13 de noviembre de 2013].

13 Vergara Rosalía. “Crean comisión para prevenir y erradicar el trabajo infantil”. La Redacción, 12 de junio de 2013. Documento en línea, dirección URL: http://www.proceso.com.mx/?p=344661 [Consultado: 15 de noviembre de 2013].

14Documento Orientador de la III Conferencia Global sobre Trabajo Infantil 2013, documento URL: http://www.vodiaoaauiestov.com/Documento-Base-En-EsDa%C3%B1 oI.pdf [Consultado: 19 de noviembre de 2013].

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 22 de enero de 2014.

Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a considerar en el decreto que compila beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa una lista amplia de insumos y artículos esenciales para las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, suscrita por los diputados Carlos Alberto García González y Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales Carlos Alberto García González y Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 85 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a considerar incluir en el “decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa”, una lista amplia de insumos y artículos esenciales para las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, con el objetivo de que se les aplique la tasa del 0 por ciento del impuesto al valor agregado, y al Servicio de Administración Tributaria a establecer un procedimiento expedito para la devolución de los impuestos para las personas que se decidan a dichas actividades, bajo las siguientes:

Consideraciones

El Ejecutivo federal ha señalado que durante este año impulsará la transformación del sector agropecuario de nuestro país y, para ello, habrá de promover “una profunda reforma del campo, que lo ponga al día y que lo haga más competitivo”.1

Derivado de lo anterior, los diputados de Acción Nacional coincidimos en la necesidad imperiosa de vigorizar y relanzar la producción de nuestro campo para alcanzar la soberanía alimentaria y revertir la tendencia deficitaria en la balanza comercial del sector primario y, en especial, de los granos básicos.

Es por esto, que con un afán proactivo y constructivo proponemos dos acciones concretas que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria, puede llevar a cabo en el corto plazo y dar resultando tangibles y palpables para los productores del sector primario de nuestro país.

Lo anterior, a reserva de la iniciativa que presentaremos para modificar la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal de la Federación, con la finalidad de plasmar en la legislación estas propuestas de manera permanente.

En primer lugar, el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en su fracción I, inciso e), señala que se aplicará una tasa del 0 por ciento en la enajenación de los siguientes productos:

“Tractores para accionar implementos agrícolas, a excepción de los de oruga, así como llantas para dichos tractores; motocultores para superficies reducidas; arados; rastras para desterronar la tierra arada; cultivadoras para esparcir y desyerbar; cosechadoras; aspersoras y espolvoreadoras para rociar o esparcir fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas; equipo mecánico, eléctrico o hidráulico para riego agrícola; sembradoras; ensiladoras, cortadoras y empacadoras de forraje; desgranadoras; abonadoras y fertilizadoras de terrenos de cultivo; aviones fumigadores; motosierras manuales de cadena, así como embarcaciones para pesca comercial, siempre que se reúnan los requisitos y condiciones que señale el reglamento.

A la enajenación de la maquinaria y del equipo a que se refiere este inciso, se les aplicara la tasa señalada en este artículo, sólo que se enajenen completos.”

Sin embargo, consideramos que esta lista de insumos y artículos es limitada, es por ello que los diputados de Acción Nacional proponemos que se amplié este beneficio fiscal a más insumos, maquinaria, equipo e inclusive refacciones que son esenciales para las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, a fin de que se les aplique también la tasa del 0 por ciento del impuesto al valor agregado (IVA). Estimamos que el sacrificio fiscal será mínimo, en comparación con los beneficios que provocará la derrama económica con el aumento de la inversión, la producción y la generación de empleos en el sector primario de nuestro país.

Es importante mencionar, que el Ejecutivo federal cuenta con la facultad de condonar o eximir el pago total o parcialmente de las contribuciones y sus accesorios, así como para otorgar subsidios o estímulos fiscales, de conformidad con el artículo 39, fracciones I y III, del Código Fiscal de la Federación.

Con fundamento en lo anterior, el Ejecutivo recientemente expidió el “decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa”,2 que precisamente reúne todos los beneficios fiscales en materia de impuestos internos, por lo que consideramos que este decreto es el instrumento idóneo para incluir una lista amplia de insumos y artículos esenciales para las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras para que se les otorgue el beneficio de la tasa 0 por ciento del IVA.

Un beneficio fiscal similar lo está aplicando el gobierno de Texas de Estados Unidos de América. Actualmente, la legislación de Texas contempla exentar a los productores agrícolas y ganaderos del impuesto a las ventas o IVA en la adquisición de insumos, material, maquinaria, equipo y demás artículos esenciales para su actividad.3

Para que las personas puedan solicitar esta exención del IVA en los artículos que son utilizados en la producción agrícola y ganadera, deben acreditar ante las autoridades que son productores del sector y, con ello, obtienen un número de registro conocido como “Agricultural and Timber Exemption Registration Number (Ag / Timber Number)” que es proporcionado por el gobierno de ese Estado, a través del “Texas Comptroller of Public Accounts”.4

Así, los productores al momento de comprar sus artículos e insumos esenciales presentan una tarjeta con su número de registro que les permite estar exentos de pagar el IVA. De esta manera, se apoya de manera focalizada y eficiente a los productores agrícolas y ganaderos de Texas.

Además, cualquier persona no residente de Texas, inclusive extranjeros, puede acceder a este beneficio fiscal, existen productores del Estado de Tamaulipas que ya cuentan con su número de registro y cruzan hacia Texas a comprar sus insumos, por la sencilla razón de que les resulta más barato adquirirlos allá por estar exentos del IVA, y sin ser ciudadanos o residentes de los Estados Unidos.

Por todo lo anterior, los diputados de Acción Nacional consideramos que se debe replicar una política fiscal similar para apoyar a nuestros productores, con la finalidad de extender y elevar la competitividad de las actividades primarias.

En segundo lugar, aun y cuando el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación regula el procedimiento para la solicitud de la devolución de saldos a favor del contribuyente, mismo que establece un plazo máximo de 45 días hábiles para la devolución, es muy común que la autoridad demore más tiempo del previsto, existen casos de productores del sector primario que reportan que estas devoluciones se han llevado varios meses, lo que genera una falta de liquidez y, con ello, se limitan las inversiones y creación de puestos de trabajo.

Es por esto, que los diputados del Partido Acción Nacional proponemos hacer un respetuoso exhorto al Servicio de Administración Tributaria para que establezca un procedimiento expedito para la devolución de los impuestos a las personas que se dedican exclusivamente a las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras.

Estamos seguros, que con estas dos acciones se mejorarán las condiciones para la producción del sector primario, a través de estímulos fiscales focalizados y eficientes que potencialicen su desarrollo y crecimiento.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que considere incluir en el “decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa”, una lista amplia de insumos y artículos esenciales para las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, con el objetivo de que se les aplique la tasa del 0 por ciento del impuesto al valor agregado.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través del Servicio de Administración Tributaria, a que establezca un procedimiento expedito para la devolución de los impuestos a las personas que se dedican exclusivamente a las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras.

Notas

1 Palabras del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, durante el acto conmemorativo del 99 Aniversario de la Promulgación de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915.

http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/palabras- del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena- nieto-durante-el-acto-conmemorativo-del-99-aniversario-de-la-promulgaci on-de-la-ley-agraria-del-6-de-enero-de-1915/

2 Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5328028&fe cha=26/12/2013

3 Tax Code. Sec. 151.1551. Registration Number Required for Timber and Certain Agricultural Items. http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/TX/htm/TX.151.htm#151.1551

4 Tax Exemptions for Agriculture. http://www.window.state.tx.us/taxinfo/taxpubs/tx94_101.pdf

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2014.

Diputados: Carlos Alberto García González, Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rubrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del IMSS a resolver el desabasto de antirretrovirales que afecta a los derechohabientes con VIH, sida o ambos padecimientos, suscrita por la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita Angélica de la Peña Gómez, senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, proponemos a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social para que resuelva el desabasto de antirretrovirales que afecta a las y los derechohabientes de ese instituto que padecen VIH y/o sida, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos años, en varios centros hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social se ha reportado el desabasto de medicamentos antirretrovirales que se utilizan para el tratamiento de las personas que viven con VIH y/o sida. De acuerdo a diversos reportes tanto periodísticos, como de organizaciones de la sociedad civil, en hospitales de Veracruz, Yucatán, Estado de México, Jalisco y Tabasco, se ha negado la entrega de dichos medicamentos a derechohabientes del Instituto alegando que no hay en existencia, sin embargo, en los últimos meses, este desabasto se ha tornado generalizado en todos los hospitales del IMSS del país.

La terapia antirretroviral tiene como objetivos disminuir la cantidad de virus en la sangre (carga viral), aumentar el recuento de linfocitos CD4, y de esta manera prolongar la vida y mejorar la calidad de vida del paciente con VIH y/o sida.

El tratamiento anti-VIH es un compromiso a largo plazo. Para la mayoría de las personas VIH positivas, una vez que comienzan con el tratamiento, lo deben continuar indefinidamente y tener cuidado de tomar los medicamentos exactamente de la manera en que han sido recetados. De acuerdo con la mayoría de los expertos en VIH y también con las guías de tratamiento publicadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EEUU y la Sociedad Internacional del Sida (IAS-USA), una vez que el tratamiento anti-VIH se vuelve una necesidad, se debería continuar indefinidamente ya que suspenderlo puede podrían aumentar el riesgo de padecer efectos secundarios, dificultar la toma o absorción de los medicamentos o hacer que el virus se vuelva resistente a alguno de los medicamentos del tratamiento, lo que acarrearía graves problemas para la salud de las y los pacientes.

La salud, es uno de los derechos fundamentales de las personas, reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, la Ley General de Salud reconoce el derecho a la protección de la salud y determina que sus finalidades son el bienestar físico y mental de la persona y la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, entre otras. En este sentido México ha signado diversos compromisos internacionales, como la Declaración de Compromiso en la Lucha contra el VIH/Sida de la Asamblea General de las Naciones Unidas y Los Objetivos del Milenio cuya meta 6B establece para 2010 lograr el acceso universal al tratamiento del VIH/sida de todas las personas que lo necesiten.

Por lo antes expuesto y fundado se somete a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social para que resuelva el desabasto de antirretrovirales que afecta a las y los derechohabientes de ese Instituto que padecen VIH y/o sida

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 14 días del mes de enero de 2014.

Senadora Angélica de la Peña Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al repudio de todo proceso judicial dictado sin atender las formalidades esenciales fijadas por la comunidad internacional, suscrita por el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Ricardo Astudillo Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Existe una frase, la cual puede incluso catalogarse como trillada, que dice: la vida es única e irrepetible. La razón de citarla tanto estriba en su verdad arrolladora.

La vida se estudia y se aborda desde diversos matices, por ejemplo, desde el punto de vista de la concepción biológica es un lapso durante el cual un ente subsiste e interactúa con el ambiente; desde la perspectiva religiosa es la expresión de una forma divina, la cual permite en su orden el desarrollo de un sujeto con sus semejantes; legalmente es el bien jurídico más importante, tutelado por las leyes penales las cuales deben ser las más celosas en su comprobación y aplicación.

En definitiva, cualquier punto de vista que aborde el tema de la existencia reconoce a la vida como el bien más preciado, por ello debe respetarse.

Cualquier Estado en el mundo protege la vida humana, por ejemplo, Hobbes razonó que los más fuertes no deberían arrebatarle la vida a los débiles, solamente el Leviatán podía hacerlo; Locke para proteger los derechos de las personas justificó la existencia de un árbitro quien utilizaría una serie de reglas que serían oponibles a todos. Por su parte, Rousseau explicó que las reglas provenientes de la comunidad daban lo que se conoció como la voluntad general siendo que el paso de lo natural a lo civil debería asegurar los principales intereses de la colectividad, entre los cuales, sin duda la vida destaca. Por último, George Jellinek reconoció una estructura estatal perfectamente definida con reglas e instituciones, las cuales sin duda velarían por la integridad del humano.

No solamente los teóricos del Estado vieron esas consideraciones, también los estudiosos de la comunidad internacional se preocuparon por destacar y asegurar la existencia de las personas en diferentes instrumentos como la Carta Magna impuesta a Juan sin Tierra en la Inglaterra del siglo XIII; la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano del siglo XVIII; la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el siglo XX.

Derivado de los anteriores argumentos, cualquier individuo, comunidad y desde luego, cada Estado en el mundo deben procurar la defensa de la vida, siendo los Estados los primeros obligados a que la vida prevalezca por encima de cualquier dato incierto que determine a un ser humano como culpable de un ilícito.

En este sentido, nadie debería imponer una medida tan agraviante para la humanidad como la supresión de la vida, si existen datos de inseguridad en la culpabilidad.

En la actualidad, en Texas, al mexicano Édgar Tamayo Arias se le imputa la muerte de un oficial americano. Hasta el momento al mexicano no se le puede imponer la calidad de culpable, aunque tampoco de inocente, pero lo que sí es posible reconocerle, en su perjuicio, es una “flagrante violación” de sus derechos universales reconocidos en diversas disposiciones internacionales, así como a resoluciones internacionales como el llamado “Fallo Avena”.

Creemos que los cónsules y los embajadores mexicanos deben pronunciarse al igual que toda la comunidad internacional para dejar un antecedente en contra de la arbitrariedad y, de ser posible, evitar o posponer la ejecución de Édgar Tamayo Arias.

La intención es propiciar un respeto al ius cogens, en concreto a su núcleo duro, la preservación de la vida, la cual debe tener una preeminencia especial, no sólo porque México lo ha solicitado en el presente caso y exigido como es su obligación derivada de la calidad de nacional que tiene Édgar Tamayo Arias; sino también por el argumento de autoridad representado por la posición emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual solicitó también una reparación efectiva del daño derivado de la violación de los derechos fundamentales de Tamayo Arias en su proceso judicial.

Además, la propia comisión demandó la revisión del juicio que nos ocupa conforme a las garantías del debido proceso y de un juicio justo en los términos dictados en la Declaración Americana, recordando que el gobierno de Estados Unidos de América está sujeto a las obligaciones internacionales derivadas de la Carta de la Organización de los Estados Americanos desde 1951.

La solución correspondiente debe estar acorde con la obligación genérica de todos los Estados, que deben orientarse a buscar en todo momento la tutela efectiva de los derechos fundamentales, reconociéndose así la imperiosa necesidad de adoptar las medidas que resulten necesarias para reparar integralmente las violaciones cometidas contra los derechos de las personas, como la presunción de inocencia y la asistencia consular en estos casos.

El tema de la ejecución de Édgar Tamayo Arias resulta espinoso, la comunidad jurídica en nuestro país se enfrentó con un caso parecido, el de Florence Marie Louise Cassez Crepin, la Corte, en atención de los derechos humanos en la revisión del amparo directo 517/2011, resolvió la libertad de la involucrada.

Consideramos que ningún Estado debe resolver una pena capital sin atender las directrices de los derechos humanos.

Nunca ningún tribunal en el mundo puede resolver atendiendo al estatus de las personas.

Por todo lo anterior se propone a esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión repudia todo proceso judicial dictado sin atender las formalidades esenciales mandatadas por la comunidad internacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2014.

Diputado Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a retomar el proceso de discusión y, en su caso, aprobación de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, recibida el 25 de septiembre de 2013, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

A lo largo de la actual legislatura, en el Senado de la República, se han presentado diversas iniciativas en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios por parte de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, las cuales en el mes de febrero de 2013 “fueron turnadas para su estudio y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público”1 .

En dicho tenor, el 11 de abril de 2013 fue presentado el dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos Segunda, y con opinión de la de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios; el cual fue aprobado el 16 del mismo mes, con 100 votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones; por lo que se turnó a la Cámara de Diputados.

Sin embargo, la Cámara de Diputados argumentó que es la única que tiene la facultad de discutir las contribuciones y los empréstitos para cubrir el presupuesto público, razón por la cual se devolvió al Senado de la República con las modificaciones pertinentes y el 22 de agosto de 2013, el pleno de la Cámara de Senadores, aprobó con 107 votos a favor y dos en contra el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 25, 73, 79, 108, 116 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviándolo a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales,2 razón por la cual el primero de septiembre del mismo año, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha minuta a la Comisión de Puntos Constitucionales, para el correspondiente análisis, discusión y elaboración del dictamen.

Es así que, un mes después, la Comisión de Puntos Constitucionales avaló con 21 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones, el dictamen en sentido positivo de la minuta con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de los estados y municipios, que fue discutido y aprobado el pasado 24 de septiembre en el pleno de la Cámara de Diputados con 455 votos a favor.

Siguiendo el proceso legislativo, el 25 de septiembre de 2013, “el Senado de la República recibió de la Cámara de Diputados la minuta, modificada. [...] Al inicio de la sesión ordinaria [...] el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Raúl Cervantes Andrade, dio cuenta de la recepción y turno directo de ambos asuntos a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, y para opinión a la de Hacienda y Crédito Público”.3

Sin embargo, a cuatro meses de haber recibido la minuta, el Senado de la República sigue manteniendo en rezago su discusión y eventual aprobación, razón por la cual se ha retrasado la posibilidad de frenar los casos de adquisición desmesurada de deudas por parte de estados y municipios, como ha ocurrido en entidades como Coahuila, y en lo local como Torreón y Guadalajara, donde sus gobernantes han anulado la posibilidad de crecimiento y de bienestar de sus habitantes a costa de haber contraído deudas millonarias, sumergiendo a las entidades en una situación de vulnerabilidad financiera.

Asimismo, cabe destacar que el 29 de octubre de 2013, fue aprobado un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, donde la Junta de Coordinación Política exhortó al Senado de la República a aprobar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera en los estados y los municipios; sin embargo lo requerido no fue cumplido en tiempo y forma.

Razón por la cual, de manera respetuosa, hacemos un llamado a los senadores para que consideren este tema dentro de la agenda de asuntos prioritarios para el beneficio del país y de sus habitantes; a la par de evitar que sigan existiendo malos manejos de los recursos en las entidades federativas, en este caso, por parte de gobernadores y presidentes municipales; por lo antes expuesto presentamos a esta asamblea el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta al Senado de la República a retomar el proceso de discusión y, en su caso, aprobación de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, recibida el 25 de septiembre de 2013.

Notas

1. Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos segunda y con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios.

http://www.indetec.gob.mx/News/files/Dic_Disciplina_Fina nciera_Estados.pdf

2. Gaceta Parlamentaria número 3868-II http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/sep/20130924-II.pdf

3. Boletín-235 Recibe Senado, con cambios, minuta sobre deuda de estados y municipios. http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/periodo-ordinario/boletines /8853-boletin-235-recibe-senado-con-cambios-minuta-sobre-deuda-de-estad os-y-municipios.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2014.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a implantar por la Comisión Nacional de Seguridad acciones eficaces para controlar y erradicar el desplazamiento de personas en diversas entidades derivado de la violencia que genera la delincuencia organizada, suscrita por el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, René Ricardo Fujiwara Montelongo, diputado federal del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos años, la sociedad mexicana ha experimentado una desafortunada situación que lacera considerablemente el núcleo esencial de toda comunidad, la paz social. En nuestro país la violencia se ha incrementado de forma acelerada y sin un control eficaz, originada principalmente por las organizaciones criminales. Esta violencia tiene sus propias características, sus causas y sus circunstancias.

Se caracteriza por la crueldad, por la venganza, por la exhibición de poder y por la intención de intimidar a quienes son considerados rivales y en general, a toda la sociedad. Algunas de las actividades criminales más comunes en este contexto son el narcotráfico, el secuestro, la trata de personas, el lavado de dinero, distintos tipos de extorsión y las ejecuciones intimidatorias, entre otros delitos.

El narcotráfico es una de las formas más difundidas del crimen organizado. En su inicio el negocio ilícito se limitaba al cultivo y al tráfico de drogas, que tenía como principal destino los Estados Unidos de América. Al difundirse la adicción a las drogas enervantes, México además de ser país productor y de trasiego de la droga, se convirtió en un país consumidor, cerrándose así el ciclo de: producción, distribución, venta y consumo.

Desde la implementación de la estrategia de seguridad de la administración pasada del Ejecutivo federal en contra del crimen organizado, se incrementó considerablemente el actuar de esas organizaciones como respuesta a esta medida, incidiendo en la tranquilidad de nuestras comunidades y generando una crisis social que a la fecha no ha podido mitigarse.

La disputa entre los cárteles de la droga por los territorios más favorables, no sólo para el cultivo, sino para la producción de drogas sintéticas y para el narcomenudeo ha propiciado enfrentamientos entre los grupos delincuenciales y ha fomentado el crecimiento desmedido del oficio del sicario, que organizados a su vez, se contratan para diversos fines ilícitos tales como asesinar, mantener el control del territorio, para ajustes de cuentas, entre otros delitos.

Anteriormente, la violencia que se presentaba no alarmaba a los mexicanos. Hoy en día, la crueldad y saña con la que se ejerce la violencia sobre muchas personas y sobre la sociedad ha generado recientemente que muchas familias e incluso comunidades completas decidan abandonar sus lugares de origen y desplazarse a otros sitios donde aseguren su integridad física.

El doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), afirmó que en México existen alrededor de 120 mil personas desplazadas debido a las condiciones de la violencia interna que persiste en varios estados del país. Asimismo, en los últimos 8 años han detectado cómo la violencia fue generando las condiciones para que muchos mexicanos fueran desplazados de sus lugares de origen. Esto en entidades del sur, como Chiapas y Guerrero; o en el norte, como los casos de Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Baja California.

Existen múltiples ejemplos de estas personas desplazadas. En Sinaloa, la disputa por los territorios de esa entidad entre los cárteles de la droga ha provocado que cerca de 30 mil sinaloenses hayan huido de sus hogares, la mayoría de ellos en la zona serrana, para refugiarse en las cabeceras municipales. Aproximadamente 40 comunidades se encuentran abandonadas en un éxodo que comenzó en el 2011 y continua sin que ninguna autoridad implemente acciones concretas.

Datos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa confirman que son cerca de 30 mil personas los desplazados debido a la violencia que genera la lucha del narcotráfico en 11 de los 18 municipios, entre los que destacan la capital Culiacán, Guasave, Concordia, Badiraguato, Choix, Mazatlán y El Fuerte.

En la comunidad de San José de los Hornos, entre 2011 y 2012 han ocurrido más de 30 homicidios efectuados por comandos armados en este pequeño municipio. La disputa entre los dos cárteles con mayor presencia en la zona genera que los pobladores de esta zona montañosa han quedado en medio de la guerra entre estas dos organizaciones y como consecuencia, se ven obligadas a desplazarse de sus viviendas o bien, a trabajar en actividades delictivas, quienes emplean medidas extremas para amedrentar a los pobladores, quemando y baleando las casas o simplemente saquearlas.

El 25 de mayo del año pasado, ocurrió una situación anómala en la comunidad de Ocurahui, donde un grupo armado dio con varios habitantes de este pueblo que habían decidido dejar sus hogares llevándose a sus familias para refugiarse en comunidades cercanas como en Surutato. Este grupo criminal los invitó a una reunión para resolver los problemas de la violencia, donde según ellos iba a contar con la presencia de militares.

En dicha reunión no había ninguna autoridad, sino hombres encapuchados y armados con fusiles automáticos, quienes les solicitaron que regresara la enfermera, la maestra de la primaria y el doctor. Con el ánimo de incentivar el regreso de los desplazados al pueblo, los hombres armados aseguraron a la población respetarles sus vidas con la condición de trabajar en el cultivo de drogas y empuñar armas, a lo cual los representantes de estas familias se negaron con el temor de recibir represalias por esta decisión.

El 3 de agosto, estos habitantes intentaron regresar a su comunidad, Ocurahui, con la idea de recuperar sus bienes y quedarse a vivir en sus hogares. Sin embargo, al llegar se encontraron con un grupo de al menos 20 hombres armados, donde uno de ellos encapuchado, al parecer su líder, accedió a que recogieran sus pertenencias y abandonar el pueblo. Si bien ese no era el objetivo de estas familias, no tuvieron otra opción que aceptar y en cuestión de 3 horas, desplazarse de nuevo.

Otro caso ocurrió en el pueblo de Papanoa, una pequeña comunidad del estado de Guerrero, donde más del 70 por ciento de su gente han dejado sus hogares debido a que el territorio fue invadido por la organización criminal conocida como “Los Caballeros Templarios”. De las 6 mil personas que vivían en ese sitio ubicado sobre la carretera Acapulco-Zihuatanejo, apenas quedaron cerca de 2 mil, ya que hubo quien optaron por dejar sus casas y escasos bienes que quedarse por el miedo que tienen. Se calcula que son 109 familias las que han sido desplazadas de la región, dejando sus casas en el total abandono desde aproximadamente 2 años, convirtiendo a esta comunidad en un “pueblo fantasma”.

Sin embargo, las personas que toman esta decisión solo es temporal, debido a que al paso de los meses sólo subsisten, su situación empeora y sólo permanecen vivos porque mantienen algún tipo de acuerdo con esa organización criminal. Los habitantes que fueron desplazados ya sea en grupo o individualmente, lo hacen de noche y con el mayor silencio posible.

De acuerdo con la Alianza de Derechos Humanos “Guerrero Unido” y del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, se calcula que en Guerrero existen alrededor de 7 mil personas que han sido desplazadas de sus hogares. Diversas organizaciones civiles estiman que de esas 7 mil personas, 5 mil sobreviven en la total indigencia, el abandono, dolor y miedo a que han sido orillados desplazándose a comunidades costeras o incluso, en la ciudad de México, para trabajar en donde encuentren lugar, cuando antes eran propietarios de ranchos, huertas y ganado, tomando tan solo sus ahorros que les duran pocos meses, sin dejar de lado que abandonaron sus hogares.

Las organizaciones criminales son ahora los que aprovechan los bienes que dejaron los desplazados por la violencia; utilizan las casas, las huertas, los vehículos, el ganado y la maquinaria de producción agrícola que tuvieron que abandonar sus propietarios para dejárselos a la delincuencia organizada, sin que ninguna autoridad no efectúe alguna acción para combatir estos delitos.

Otra zona donde se presenta este fenómeno se ubica en los municipios de Oetatlán y Tecpan de Galeana, en la vertiente costera, así como en Coyuca de Catalán en Tierra Caliente, donde se contabilizan cerca de 5 mil personas desplazadas por la violencia y que a la fecha, no han podido regresar a sus lugares de origen.

En la comunidad de Papanoa, que forma parte del municipio de Tecpan de Galeana, el cual tiene 82 kilómetros de costa, bosques, sierra, selva y ríos, es una zona fértil para el ganado y la siembra de frutas y granos, así como de producción maderera. Por su ubicación y condiciones favorables, se convierte en una zona de gran valor para el cultivo de amapola y marihuana, así como el tránsito de productos ilegales.

Por esta razón, este territorio es disputado por diversas organizaciones criminales, lo cual provoca que sus pobladores simplemente huyan de sus hogares como única opción, abandonando todo para poder sobrevivir. Secuestros y asesinatos de empresarios, líderes sociales y pobladores son prácticas delictivas comunes para desplazar a comunidades enteras. En julio del año pasado, se encontraron los cuerpos de dos propietarios de empacadoras de mangos. Es tal el grado de violencia, que el comisario municipal es uno de los desplazados de esta zona , puesto que no se puso bajo las órdenes de los líderes del crimen de la zona y por esta razón fue objeto de amenazas que lo obligaron a salir de su comunidad junto con su familia.

Las imágenes de estas poblaciones son de abandono, desolación y miedo, nadie quiere platicar lo que sucede por temor a represalias, debido a que existe la presencia de los llamados halcones, personas que bajo la apariencia de taxistas, vendedores ambulantes, conductores de vehículos o cualquier persona en la calle, vigilan a todo aquel que represente un riesgo para las organizaciones criminales a las que están a sus servicios.

No podemos dejar de señalar el serio problema por el que atraviesan nuestros ciudadanos michoacanos, en donde los grupos criminales y los llamados “grupos de autodefensa” han emprendido una disputa frontal por las comunidades de este estado. De acuerdo con cifras de la casa encuestadora Parametría, los enfrentamientos en la región de Tierra Caliente, en Michoacán, han causado que habitantes de ocho comunidades de la zona acudan a albergues temporales. Asimismo, de acuerdo con datos de Protección Civil de la entidad, esta encuestadora afirma que entre el 23 y 24 de mayo del año pasado, más de 10 mil personas huyeron de sus hogares por la violencia.

La titular del Consejo Estatal de Población, Clara Ochoa, ha declarado que en Buenavista Tomatlán, Tepalcatepec y Aguililla, no sólo se ha reportado el éxodo de personas y/o familias en busca de refugio temporal, sino que la situación es tan grave que incluso los propios presidentes municipales, han optado por gobernar a distancia ante la falta de seguridad en dicha entidad.

En el caso de Aquila, sus habitantes se refugiaron meses atrás en el vecino estado de Colima y regresaron una vez que el conflicto suscitado con la aparición de un grupo de autodefensa llegó a su fin, o en su defecto se controló. Sin embargo, el secretario de Desarrollo Social de Colima, Rigoberto Salazar, admitió en su comparecencia ante el Congreso Estatal, que si existe un éxodo mayor de desplazados por la violencia en Michoacán, habría serios problemas para atenderlos, debido a que son insuficientes los servicios que se darían si más personas llegan al estado desde Michoacán.

Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha confirmado que desde el inicio del conflicto armado en la Región de Tierra Caliente, concretamente en Apatzingán, van 60 las personas desplazadas a causa de este conflicto, sin embargo, afirmó que hay un importante número de personas intentando abandonar la región pero con el cierre de las corridas no será posible. También calcula el ombudsman estatal, que son cerca de 100, las familias que se mantienen desplazadas de sus municipios ubicados en la Costa de Michoacán.

En Nueva Alianza manifestamos nuestra profunda preocupación por estos hechos que lastiman seriamente la paz y la tranquilidad de la ciudadanía. Externamos que no existe justificación alguna para que las personas tengan que verse en la condición de abandonar su lugar de origen y su residencia, con un desplazamiento interno por motivos de la inseguridad pública. Asimismo, consideramos que nuestras autoridades deben abatir frontalmente la impunidad con la que continúan operando las organizaciones criminales bajo un alto grado de posibilidad de que no sean castigados por sus actos ilícitos y que han generado la necesidad de que miles de personas sean desplazadas para evitar ser sus víctimas.

De conformidad con las facultades conferidas en las fracciones XII, XIII Bis, XVII, XVIII, XX y XXI del primer párrafo y el segundo párrafo del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, exhorto respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, por medio de la Comisión Nacional de Seguridad, para que de manera coordinada entre la federación, las entidades federativas y los municipios, implemente acciones de gobierno eficaces que controlen y erradiquen este serio problema de seguridad pública que afecta a miles de mexicanos que son obligados a desplazarse a zonas distintas a sus lugares de origen.

Asimismo, dentro del Pacto por México en su punto 3 relativo a los “Acuerdos para la Seguridad y la Justicia”, el gobierno de la república y diversas fuerzas políticas se han comprometido a implementar una política de seguridad y justicia en el cual, su principal objetivo será el recuperar la paz y la libertad disminuyendo la violencia, en específico se focalizarán los esfuerzos del Estado mexicano para reducir los tres delitos que más lastiman a la población: asesinatos, secuestros y extorsiones.

Si bien es cierto que la vigencia del Pacto por México se encuentra en una incertidumbre, también lo es que en Nueva Alianza, como fuerza política y representación social, seguimos trabajando por el bien de la ciudadanía, coincidiendo con el objetivo medular de este instrumento político, el bienestar de los mexicanos. En este sentido, manifestamos la firme convicción de sumarnos a todas las medidas que sean necesarias para llevar a México al desarrollo que todas y todos anhelamos.

Lejos de buscar responsables o de deslindar responsabilidades por el problema de seguridad que aqueja a nuestro país en todo el territorio, desde nuestra fracción parlamentaria hacemos un atento llamado a la Secretaría de Gobernación y en general, a todas las autoridades a sumar esfuerzos a fin de garantizar a la ciudadanía una seguridad pública eficaz, así como combatir la impunidad y erradicar este problema social. Los mexicanos merecemos un México seguro con un firme Estado de Derecho, aspecto que en los últimos años ha sido oscurecido por las organizaciones criminales.

Nueva Alianza confía plenamente en que nuestras autoridades implementarán las acciones de gobierno que sean necesarias a fin de recuperar la paz y tranquilidad para los mexicanos, recuperando los espacios y bienes que las personas han perdido al abandonar su lugar de origen a causa de la violencia que genera la delincuencia organizada, mediante una estrategia que no sea reactiva sino de inteligencia.

Como un partido joven y con propuestas innovadoras, estamos planamente convencidos de ser la institución política del siglo XXI que responderá eficazmente con las necesidades y exigencias de todas las personas. El compromiso social que nos caracteriza, nos exige estar al servicio de la ciudadanía, porque creemos firmemente en la igualdad entre los seres humanos y su bienestar.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente resolución

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, por medio de la Comisión Nacional de Seguridad, a implementar acciones de gobierno eficaces para controlar y erradicar el problema de las personas desplazadas en diversos estados del país, derivado de la violencia que genera la delincuencia organizada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2014.

Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conaculta a realizar un homenaje póstumo al poeta Juan Gelman Burichson, suscrita por la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Celia Isabel Gauna Ruiz de León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

México ha sido desde hace décadas un refugio para intelectuales, quienes han aportado muchísimo a la cultura y ciencia del país. Tal es el caso del poeta, periodista y traductor argentino Juan Gelman Burichson, quien fuera considerado uno de los vates más importantes de su generación.

Juan Gelman nació el 3 de mayo de 1930 en Buenos Aires, Argentina. Hijo de judíos ucranianos, decidió dedicarse a la poesía ya entrados sus estudios de química, por lo que colaboró en la revista Rojo y Negro, convirtiéndose en uno de los fundadores del grupo de poetas El Pan Duro.1 .

En 1966 comenzó su trabajo periodístico; se desempeñó como jefe de redacción de la revista Panorama (1969), secretario de redacción y director del suplemento cultural del diario La opinión (1971-1973), secretario de redacción de la revista Crisis (1973-1974) y jefe de redacción del diario Noticias (1974). Asimismo, fue traductor en la UNESCO y desde 2007 trabajó en el periódico de Buenos Aires Página ½. 2

A través del “realismo crítico” creó diversas obras poéticas, entre las que destacan Violín y otras cuestiones, El juego en que andamos, Velorio del solo, Gotán, Cólera buey, Fábulas, Relaciones, Hechos y relaciones, Si dulcemente, citas y comentarios, Hacia el sur, composiciones, anunciaciones, Interrupciones I, Interrupciones II, Carta a mi madre, Salarios del impío, Dibaxu, Incompletamente, Valer la pena, País que fue será, Mundar, De atrásalante en su porfía, Bajo la lluvia ajena, El emperrado corazón amora y hoy . Su gusto por la música lo llevó a crear dos óperas, La trampera general y La bicicleta de la muerte .3

Por su gran trabajo, a Gelman fueron otorgados diversos premios, como el Mondello, de Italia (1980), Boris-Vian en 1987, Nacional de Poesía en 1997 en Argentina, de Literatura Latinoamericana, del Caribe Juan Rulfo en 2000, Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde (2004), Nacional de Letras Teresa de Ávila (2004), Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda (2005) Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2005) y Cervantes en 2007.4

Su larga trayectoria en la literatura y poesía lo hicieron ser uno de los poetas más reconocidos del mundo y uno de los más importantes, ya que a través de sus letras nos legó no sólo la historia sino, también, la crítica que vive nuestra sociedad y la esperanza en ella.

Marcada su vida por un activismo político y la tragedia, Gelman se vio precisado a huir de Argentina para radicar en nuestro país, lugar al que amó profundamente y por ello convirtió en su hogar, pese a que posteriormente no tuvo para vivir nuevamente en su patria. Justamente en México dio a conocer al mundo los horrores perpetrados por la dictadura de su país y también pudo reencontrarse con su nieta que había sido secuestrada por los esbirros que antes habían asesinado a su hijo y a su nuera.

Humanista de cuerpo entero, Gelman señalaba en su poesía: “Todos los hombres son humanos y lo que cabe en mí debería caber en los demás. Y viceversa, porque todos los hombres son humanos”.

Por lo expuesto, tras el reciente fallecimiento de Juan Gelman y a fin de reconocer a este gran argentino de sangre, pero mexicano por convicción, se propone a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, doctor Rafael Tovar y de Teresa, a llevar a cabo un homenaje nacional al poeta y periodista Juan Gelman Burichson por su trayectoria literaria.

Notas

1 http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/vi ena_juan_gelman.htm 16 de enero de 2014, 12:29 horas

2 http://www.lr21.com.uy/cultura/1154172-biografia-de-juan-gelman 16 de enero de 2014, 12:50 horas

3 http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/vi ena_juan_gelman.htm 16 de enero de 2014, 13:01 horas

4 http://www.buscabiografias.com/bios/biografia/verDetalle/9629/Juan%20Ge lman 16 de enero de 2014, 13:22 horas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2014.

Diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a implantar acciones para sancionar a los responsables del robo y la venta clandestina de diesel en Apaseo el Alto y Apaseo el Grande, Guanajuato, suscrita por el diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del PAN

José Luis Oliveros Usabiaga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, y fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones reglamentarias y normativas correspondientes, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 26 de julio de 2013, el diputado José Luis Oliveros Usabiaga envió una solicitud al procurador general de la República para que de forma pronta se investigara y atendiera la problemática que enfrentan Apaseo el Alto y Apaseo el Grande, Guanajuato, respecto a la toma ilegal de gasolina en ductos y camiones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Recientemente, elementos de seguridad física de Pemex reafirmaron la fuerte actividad de venta clandestina en carreteras que conectan al estado de manera interna y con Querétaro, destacando las bandas delictivas que se dedican a la “ordeña” clandestina de ductos efectúan dicho robo para posteriormente comercializarlos a un menor costo; colocan tractocamiones “anclados” a las tomas improvisadas de los ductos de Pemex. Este delito es perpetrado por los denominados “diseleros”.

El robo de combustible se concentra en las principales zonas viables de Salamanca, Apaseo el Alto y Apaseo el Grande, Guanajuato, de acuerdo con declaraciones de Pemex.

La gravedad del delito se extiende por los riesgos que se le relacionan: en primer lugar, la actividad ilícita se asocia con afectaciones al ambiente, así como con un grave riesgo para las poblaciones cercanas, que pueden ser afectadas por una explosión. Adicionalmente, acarrea problemas económicos y sociales.

De acuerdo con la solicitud de transparencia con número de folio 1857200009513, Pemex informó que durante el sexenio 2006-2012 fueron detectadas 212 tomas clandestinas en Guanajuato, cuya mayoría fue reportada en Apaseo el Alto, mientras que 26 de ellas fueron realizadas en Salamanca y 17 en Apaseo el Grande. La información proporcionada por la paraestatal se concentra en las tomas clandestinas en los ductos de Pemex localizadas, pues la Gerencia de Servicios de Seguridad Física no cuenta con el dato correspondiente al número de tomas clandestinas selladas.

Se recalca que durante los primeros 8 meses de 2012, el robo ascendía a 800 mil 279 litros tan sólo en Guanajuato, extendiéndose el robo en 11 municipios de la entidad, mientras que en el mismo periodo se registraron sólo 7 detenidos por el delito. En suma, el robo de combustible tuvo un aumento de 120 por ciento en un año, de acuerdo con cifras de la paraestatal, pues de 45 puntos ilegales en 2011 hubo un aumento a 99 para 2012.

De acuerdo con la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, se han ocasionado tres incidentes con relación directa al robo de los ductos en Guanajuato; se trata de una explosión y un incendio en Celaya en los últimos 5 años y en Salamanca se registró un incendio en abril de 2012.

Hasta el pasado 15 de octubre, agentes de la Policía Federal y de la PGR no realizaron fuertes operaciones en las instalaciones de la refinería Antonio M. Amor, de Salamanca, resultando detenidas 39 personas y 9 piperos acusados de robo y venta ilegal de diesel.1 En Guanajuato se ha reportado que una de las principales posiciones que ocupan los vendedores se encuentra aproximadamente 15 kilómetros entre los municipios guanajuatenses de Apaseo el Alto y San Pedro Tenango; los precios del diesel oscilan entre 160 y 260 pesos por garrafas de 20 y 30 litros. De ese modo, las autoridades guanajuatenses estiman que sólo en esta región se venden clandestinamente más de mil 200 litros diariamente.2

Como se ha mencionado, las consecuencias han ido más allá de las pérdidas económicas. Las actividades ilícitas relacionadas con el robo de gasolina a Pemex han provocado tragedias, como incendios y explosiones, derivando en pérdidas humanas. En más de una ocasión se han registrado accidentes de este tipo relacionados con “guachicoleros”, como han sido llamados por la población los vendedores de diesel a la orilla de las carreteras, principalmente en la Celaya-Querétaro y en la libre Apaseo-Celaya. En esta última se reportan en publicaciones estatales 12 “guachicoleros” ofreciendo combustible libremente,3 poniendo en riesgo la vida de todos los habitantes de las comunidades aledañas donde operan los diseleros.

De acuerdo con las recientes reformas constitucionales en materia político-electoral, aprobadas por el Congreso de la Unión con fecha 13 de diciembre de 2013 y publicadas en la Gaceta del Senado de la República en la misma fecha, la Procuraduría General de la República, a la que se dirige el presente punto de acuerdo, toma el nombre de Fiscalía General de la República y las modificaciones relativas entrarán en vigor en la fecha en que se expidan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión.

Artículo 102.

A. El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios.

Transitorios

...

Décimo Sexto. Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 28; 29, párrafo primero; 69, párrafo segundo; 76, fracciones 11, por lo que se refiere a la supresión de la ratificación del procurador general de la República por el Senado y XII; 78, fracción V; 82, fracción VI; 84; 89, fracción IX; 90; 93, párrafo segundo; 95; 102, Apartado A; 105, fracciones II, incisos e) y h), y 111; 107; 110 y 111 por lo que se refiere al fiscal general de la República; 116 fracción VIH, y 119, párrafo primero de esta Constitución, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.

El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, quedará designado por virtud de este decreto fiscal general de la República por el tiempo que establece el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución, sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la fracción IV de dicho artículo

En virtud de la exposición de motivos esgrimida, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, enfatizo que no hay mayor bien jurídico tutelado por el Estado que la seguridad y el bienestar de los individuos y de la nación, por lo que me permito exponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al procurador general de la República a implantar con la mayor brevedad acciones para sancionar a los “diseleros” responsables del robo y la venta clandestina de diesel en Guanajuato, particularmente en de Apaseo el Alto y Apaseo el Grande.

Notas

1 VV.AA (2013, 30 de octubre). PGR Detiene a 39 empleados de refinería por robo de combustible. Unión Guanajuato. http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2013/10/30/seguridad/salamanca/p gr-detiene-39-empleados-de-refineria-por-robo-de-combustibl Consultado 31 de octubre de 2013, 7:30 pm

2 Paniagua, Fernando (2013, 1 de agosto). Reinstalan en carretera venta de diesel ordeñado. Agencia Reforma http://www.am.com.mx/sanfrancisco/mexico/reinstalan-en-carretera-venta- de-diesel-orde%C3%B1ado-36122.html Consultado 31 de octubre de 2013, 7:25 pm

3 Negrete, Sofía (2013, 31 de octubre). Continúa venta de diesel robado en Apaseo. Milenio, León. http://leon.milenio.com/print/cdb/doc/noticias2011/fa5d6a9e631c24257f0d 9b3fa783b162 Consultado 31 de octubre de 2013, 7:12 pm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2014.

Diputado José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno a difundir el vigésimo quinto aniversario de la aprobación de la Convención de los Derechos de la Niñez, suscrita por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El origen de la protección a los menores de edad se remonta, según datos históricos, a 1841, pues fue cuando las leyes francesas comenzaron a salvaguardar a los niños en sus lugares de trabajo y, será en 1881, cuando da inicio la garantía a su derecho a la educación.

A principios del siglo XX, da inicio la implementación a la protección de las y los niños, en áreas como la social, jurídica y de la salud. Esto inicia en Francia, y se extiende posteriormente a toda Europa.

En 1919, con la creación de la Liga de las Naciones –que luego se convertiría en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) –, la comunidad internacional comienza a otorgar más importancia a este tema, por lo que se crea el Comité para la Protección de los Niños.

El 16 de septiembre de 1924, la Liga de las Naciones aprobó la Declaración de los Derechos del Niño (también llamada la Declaración de Ginebra), reconocido como el primer tratado internacional sobre los derechos de los niños. A lo largo de cinco capítulos la declaración otorga derechos específicos a los niños, así como responsabilidades a los adultos.

Más adelante, en 1947, se creó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), al cual se le concedió el estatus de organización internacional permanente en 1953. Entre sus principales trabajos fue el establecimiento de una serie de programas para que los niños tuvieran acceso a educación, salud, agua potable y alimentos. Por su parte, las Naciones Unidas sancionaron en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, implícitamente, incluía los derechos del niño.

Posteriormente, la Asamblea General de la ONU, el 20 de noviembre de 1989 , adopta en la ciudad de Nueva York, la Convención sobre los Derechos del Niño , a la que se reconoce, como el tratado de derechos humanos más confirmado de la historia. La convención ha sido firmada y ratificada por 190 de 192 estados, sólo Estados Unidos y Somalia la han firmado pero no ratificado.

La convención representa el consenso de las diferentes culturas y sistemas jurídicos de la humanidad en aspectos tan esenciales como la relación del niño con la familia; los derechos y deberes de los padres y del estado; y las políticas sociales dirigidas a la infancia.

Consta de 54 artículos, los cuales establecen los derechos económicos, sociales y culturales de los niños. Asimismo, reconoce que en todos los países del mundo hay niños y niñas que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que por tanto estos menores de edad necesitan de especial atención, de ahí la relevancia de la cooperación internacional para el mejoramiento del entorno de vida de los niños, niñas y adolescentes en todo el mundo, particularmente de aquellos que viven en países en desarrollo.

En numerosos países, incluido, el nuestro, la vida de los niños está amenazada por la violencia en todas sus diversas manifestaciones, los conflictos armados, la falta de acceso a la educación, la desnutrición, el trabajo infantil, las adicciones, la trata de personas, la explotación sexual y otras violaciones a sus derechos humanos.

Los niños que viven en las zonas rurales tienen menos oportunidades de desarrollo, como a una educación de buena calidad o acceso a servicios de salud y a otros servicios en términos de igualdad de condiciones con los niños de las ciudades. La convención afirma que tales disparidades –en el marco de las sociedades– son también una violación de los derechos humanos. La convención induce a eliminar este tipo de desigualdades que encierran en sí, actos discriminatorios.

La convención otorga la misma relevancia a todos y cada uno de los derechos de las y los niños. No existe ningún derecho “pequeño” ni tampoco una jerarquía en los derechos humanos. Todos los derechos enunciados en la convención –tanto los derechos civiles y políticos, como los derechos económicos, sociales y culturales– son indivisibles, están relacionados entre sí, y su objetivo principal es proteger y desarrollar la personalidad integral del niño.

La importancia de la Convención sobre los Derechos del Niño es que busca la construcción de nuevas perspectivas en torno a las y los niños. Los niños son personas en formación y por tanto no son propiedad de sus padres ni de la persona que se encuentre a su cargo, son personas con derechos plenos y responsabilidades adaptados a la etapa de su desarrollo. Al reconocer los derechos de los niños de esta manera, la convención orienta firmemente su mandato hacia la personalidad integral del niño.

En nuestro país, en 2010, había 39 millones 226 mil 744 niñas y niños de 0 a 17 años, lo que representaba 34.9 por ciento de la población total del país. La tasa de mortalidad infantil era de 14 por cada mil nacimientos. 59.11 por ciento vivía en zonas urbanas contra 40.89 por ciento en zonas rurales. La tasa de asistencia neta para los niños a la escuela primaria es de 95.4, para niñas es de 95.7, de secundaria, de 67.4 para los niños, y de 62.2 para las niñas.1

Un estudio elaborados por Unicef denominado Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México 2008-2010 , indica que los niveles de pobreza de los niños y de las niñas en los años contemplados por el estudio, fueron superiores a los de la población total: la pobreza en niñas y niños fue de 53.5 por ciento en 2008, y de 53.8 por ciento en 2010. Este último año afectaba a 46.2 por ciento de la población total. El informe recalca que la diferencia entre los niveles de pobreza de la población infantil y adolescente, y aquellos de la población general es la primera evidencia de las mayores restricciones que enfrenta la población de menos de 18 años para desarrollarse en un entorno de respeto a sus derechos sociales.

Como se muestra con las cifras anteriores, la infancia es el grupo poblacional que más enfrenta y reciente la inequidad, la pobreza y la injusticia social, en temas como la violencia familiar, el narcotráfico en las comunidades, la prostitución infantil, la pornografía, el tráfico de personas, la migración de las y los niños no acompañados, la explotación laboral infantil, niñas y niños en instituciones de cuidados alternativos y en conflicto con la ley, niños y niñas con discapacidad y con VIH/Sida, entre otros.

Por ello, ante la proximidad del vigesimoquinto aniversario de su aprobación –20 de noviembre de 1989– y dada la relevancia del tema que resguarda, consideramos que es vital la difusión y el conocimiento de tan trascendental documento, por lo que es urgente su conocimiento y cumplimiento ya que ello traerá como resultado un notorio mejoramiento en la calidad de vida de nuestras niñas y niños.

Materializando este propósito, a través del compromiso de los tres ámbitos de gobierno y su coadyuvancia en las siguientes acciones:

• Garantizando educación de calidad a todos los niños, niñas y adolescentes del país, con especial atención en la primera infancia y en los grupos con mayor vulnerabilidad, como son los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y la población indígena; los niños y niñas migrantes, las y los trabajadores, así como de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia en cualquiera de sus múltiples formas.

• Garantizar el ejercicio pleno del principio del Interés Superior de la Niñez previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño.

• Impulsar todas las acciones y actividades legislativas que sean necesarias en pro del Interés Superior de la Niñez.

• Impulsar la armonización de las leyes y reglamentos sobre el tema, de conformidad con los instrumentos internacionales que México ha suscrito y ratificado.

• Coadyuvar con el Ejecutivo federal y las legislaturas de los estados en el combate de la violencia contra de la niñez.

• Estrechar los vínculos con las diversas dependencias de la administración pública federal y local, los Congresos locales y la sociedad civil, con la finalidad de trabajar en los temas que forman parte de la agenda común y avanzar en materia de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.

• Implementar campañas informativas y de comunicación social para sensibilizar contra el acoso escolar (Bullyng) e impedir su crecimiento, así como las de educación sexual y prevención de embarazo adolescente.

• Realizar acciones de promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, poniendo especial énfasis en la prevención y erradicación de la violencia hacia la infancia.

• Promover en la sociedad una cultura de conocimiento y respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.

• Impulsar y dar seguimiento a los programas y políticas públicas tendientes a elevar la calidad de vida las niñas, niños y adolescentes; y

• Promover foros, encuentros, materiales y reuniones de trabajo para la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Por lo anterior, es urgente la promoción y el respeto de los derechos de los niños ya que es, ante todo, prioritaria la creación de condiciones sociales, económicas y culturales adecuadas que les garanticen su bienestar.

Reconocemos sin duda la importancia de la convención, a sus 25 años de creación, pero más importante que el propio texto es el cumplimiento y la aplicación de la misma por parte de los tres órdenes de gobierno.

Los derechos solamente son reales cuando se llevan a la práctica y se materializan. Y en este sentido, todavía nos queda mucho por hacer. La realidad demuestra que el compromiso no está siendo totalmente cumplido por el estado. Es un reto a largo plazo y todos debemos responder a ello reconociendo y respetando los derechos de los niños y luchando cotidianamente para que se conviertan en realidad, permitiéndonos construir una mejor sociedad y promover una cultura de paz y armonía entre todos.

Ante ello, consideramos necesario el llamado a los gobiernos federal, estatales, municipales y del Distrito Federal a comprometerse y materializar una mayor y mejor situación de vida para nuestra infancia, abocándonos a la disminución y erradicación de las brechas de desigualdad y discriminación que hasta hoy laceran a nuestras niñas y niños.

Trabajemos ya en la creación de un mejor futuro para todos para que el espíritu y la letra de la Convención sobre los Derechos del Niño se conviertan en una realidad, sin excepciones, para todos los niños de nuestro país, permitiéndonos construir una mejor sociedad y promover una cultura de paz y armonía.

Estamos seguros de que el gobierno federal, con la difusión del vigesimoquinto aniversario de la aprobación de la Convención de los Derechos de la Niñez, nos ayudará a todos a recordar que en los niños se encuentra la reserva del mejor país al que podemos aspirar.

Por lo anterior, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a los gobiernos federal, estatales, municipales y del Distrito Federal, para que en el marco del 25 aniversario de la convención promueva y materialice por todos los medios posibles todos los derechos contenidos en dicha convención.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos federal, estatales, municipales y del Distrito Federal para que en el ámbito de sus competencias, garanticen la materialización de los derechos de la niñez plasmados en la propia convención.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Congreso de la Unión para que de manera conjunta realicen diversas acciones que tengan como fin elevar las condiciones de vida que enfrentan actualmente las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

Notas

1. World Vision México, Mapeo y análisis del sistema de protección de la niñez, pág. 7,8 ,México, octubre, 2013

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2014.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a respetar la soberanía de Michoacán de Ocampo en el marco de la estrategia planteada para recuperar la seguridad ahí, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El fenómeno del narcotráfico en Michoacán no es nuevo. Desde la Segunda Guerra Mundial, en el país, en particular en dos estados, este fenómeno nació con apoyo extraoficial en la sierra de Badiraguato, Sinaloa, y en Tierra Caliente, en Michoacán.

El 11 de diciembre de 2006, en Michoacán inició la guerra contra la delincuencia organizada por parte de Felipe Calderón Hinojosa, como una “política de Estado” para legitimarse en el poder, quien justamente en visita oficial dio el banderazo castrense en esta región a la que hoy hago referencia y que tiene en riesgo la seguridad nacional.

¿Qué originó esta guerra fallida?: 120 mil muertos, 20 mil desparecidos y 250 mil desplazados, pero también, originó que el grupo delincuencial hegemónico desde hace 10 años en Michoacán al verse perseguido y cooptado en su principal actividad, diversificara sus actividades delictivas para no perder sus ingresos, dedicándose desde esa fecha y hasta nuestros días al secuestro, extorsión a pobladores, ganaderos, campesinos, empresarios, agricultores, profesionistas, pequeños comerciantes e incluso, a los 113 ayuntamientos michoacanos; además, comenzaron con la realización de obra pública estatal y municipal a través de empresas propias “ganando” concursos y arreglando licitaciones. Gracias a su largo brazo político afianzaron la elección local de 2011 al imponer candidatos e inhibir a otros con amplias posibilidades de ganar, además, desde hace 7 años a la fecha en ese solo Estado hay más de 2 mil muertes relacionadas con el narcotráfico y la salida de importantes empresas lo que deprime la de por sí ya castigada economía local.

Desde el sexenio de Felipe Calderón hasta este sexenio de la vergüenza, el enfoque ha sido el de una guerra convencional, no el de una guerra atípica y de baja intensidad, se ha creído falsamente que con el simple y costoso despliegue de más afectivos militares y de la policía federal terminará este flagelo social.

Los resultados son nulos, no ha habido ninguna detención importante de miembros de este grupo delincuencial, tampoco se ha afectado su centro de gravedad, es decir, su aparato y flujo financiero, el tratamiento que se le ha dado es meramente armamentista, de policías y ladrones, de buenos y malos, nunca con una perspectiva de política social, de recuperar el tejido social que está desgarrado.

Lo preocupante de este sexenio es que en un año han incendiado el país y, en el caso de Michoacán, han experimentado de manera perversa una nueva modalidad de “limpieza” del territorio al confrontar pueblo contra pueblo, armando y acompañando a los grupos de “autodefensa” y, ante el inminente fracaso de su plan perverso, a estos grupos los dejan a su suerte desarmándolos y acribillando a michoacanos que solo exigían su derecho constitucional a la legítima defensa por un estado de necesidad .

Es justo hacer una aclaración: como Movimiento Ciudadano no podemos estar a favor de ningún grupo delictivo ni de las autodefensas. Ninguno de ellos tiene razón de ser, pues son el resultado de un Estado que no está cumpliendo su labor.

Sin embargo, el caso que hoy planteo tiene que ver con el fracaso en la estrategia del Poder Ejecutivo federal, la inexistencia del gobierno estatal y que Michoacán es hoy un laboratorio maligno que está costando vidas como el caso de la niña de 11 años del poblado de Antúnez, en Apatzingán.

El lunes 13 de enero, el gabinete de seguridad del gobierno federal acudió en visita exprés a firmar el Acuerdo para el Apoyo Federal para la Seguridad de Michoacán que entre otras cosas implica más espectáculos mediáticos, retórica y turismo gubernamental, de fondo, no plantea ningún cambio, porque aún y en dicho acuerdo se cedan las facultades de seguridad de los municipios y el estado a la federación, no hay un viraje en las acciones, sino todo lo contrario, se profundiza la crisis al mandar al ejército a desarmar a los civiles que ellos mismos auspiciaron y financiaron.

A esto se sumó la designación de Alfredo Castillo Cervantes como titular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral del Estado Michoacán, que en resumen y sin la mínima intención de ser discretos sobre el asunto, le otorga al ex titular de la Profeco todas las facultades correspondientes al gobernador de Michoacán, en una clara violación de la soberanía del Estado.

El Poder Ejecutivo federal hoy no es un interlocutor válido y suficiente para resolver tan complejo problema, por ello, se requiere del Poder Legislativo para que en su carácter de representante de los intereses ciudadanos genere un clima de estabilidad y gobernabilidad, el cual debemos propiciar exigiendo que se respete la autonomía de Michoacán, y no permitiendo que desde el Ejecutivo se desaparezcan de facto los poderes en dicha entidad. No podemos dejar a su suerte a los michoacanos buenos porque en esta guerra fratricida nadie, absolutamente nadie gana.

Por lo expuesto me permito someter a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a respetar la soberanía de Michoacán de Ocampo en el marco de la estrategia planteada para recuperar la seguridad en dicha entidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2014.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a efecto de que los beneficiarios del programa 65 Años y Más reciban atención digna y oportuna ante la problemática presentada en las ventanillas, suscrita por el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, diputado José Angelino Caamal Mena, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución con base en la siguientes

Consideraciones

1. En México existen 10.9 millones de adultos mayores de 60 años y más, lo que representa el 9.3 por ciento de la población total, de acuerdo con los datos nacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía emitidos en 2013.

2. En 2012, según el Coneval 43.2 por ciento de los adultos mayores se encuentran en situación de pobreza multidimensional, que es definida como la situación de las personas cuando presentan alguna carencia de al menos uno de sus derechos relacionados con el desarrollo social.

3. El Instituto de Estadística y Geografía reporto en 2013 que siete de cada diez adultos mayores (72 por ciento) padece vulnerabilidad social, es decir que presenta por lo menos alguna de las siguientes carencias sociales: rezago educativo, no tiene acceso a los servicios de salud, tampoco tiene acceso a la seguridad social, presenta deficiencias en la calidad y los espacios de la vivienda, así como en los servicios básicos en la misma o carece de acceso a la alimentación.

4. La discriminación laboral hacia los adultos mayores constituye otro factor de vulnerabilidad de este sector, que aunado a padecimientos físicos propios de edades avanzadas y a la falta de seguridad social las condiciones de una vida digna pueden verse afectadas para este sector poblacional. Ante dichas condiciones, en 2007 se puso en marcha el programa federal “70 y más” con la finalidad de que aquellos adultos mayores que no tuvieran seguridad social, les sería otorgada una pensión contributiva de manera bimestral, para mejorar sus ingresos y como una estrategia para aminorar el deterioro de la salud física y mental.

5. De acuerdo con el contexto mundial, las crisis económicas y el inicio de una cruzada contra el hambre en nuestro país, en 2013 fue reducida la edad para el otorgamiento de este apoyo, pasando de los “70 años a los 65 y más” con la finalidad de constituir una sociedad más incluyente y para ampliar la atención a las personas adultas mayores.

6. Para el año 2014 se aprobaron poco más de 42 mil millones de pesos para el programa “65 o más” buscando una cobertura del cien por ciento. Las reglas de operación emitidas para este año establecen como población objetivo a las personas de 65 años de edad en adelante que se encuentren en condición de vulnerabilidad, las cuales serán apoyadas con una cantidad bimestral de 1, 050 pesos, cantidad que de manera mínima ayuda a cubrir las necesidades básicas de un adulto mayor.

7. El registro para el otorgamiento de este apoyo debe realizarse ante una ventanilla de la Sedesol misma que tienen presencia en todas las entidades federativas, para facilitar la movilidad de los adultos mayores en la solicitud de este apoyo, asimismo se tienen líneas telefónicas para la atención de la ciudadanía que tiene dudas o problemas respecto de este programa. Sin embargo, a la fecha se han reportado problemas en la actualización del padrón, se han reportado el cierre de 23 ventanillas en delegaciones del Distrito Federal lo que ha saturado las que permanecen abiertas; asimismo las personas no están obteniendo atención adecuada vía telefónica.

8. Hasta el momento no hay inscripciones nuevas, sólo trámites de supervivencia, lo que representa un acto de discriminación para todos los adultos que cumplen con los requisitos del programa en cuestión y omite el objetivo de ser un programa incluyente.

9. Ante estas problemáticas y la falta de respuestas por parte de los servidores públicos que brindan atención inadecuada en este programa, los ciudadanos mayores de 65 años de diferentes partes de la República se han visto en la necesidad de formarse en horas de la madrugada en las oficinas centrales de la Sedesol ubicadas en la avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, con la finalidad de obtener este recurso.

10. Hasta el momento la problemática continua y los adultos mayores que acuden exponen su salud e integridad debido a las bajas temperaturas que se han registrado en el país, a las largas horas de espera entre otros factores. En consecuencia, es objetivo del presente punto de acuerdo que la población de adultos mayores en condición de vulnerabilidad no se vea aun más vulnerada en sus derechos por falta de diseño y planeación en las políticas públicas.

11. Como parte de los derechos que deben tener los adultos mayores en la atención de este programa se encuentran los siguientes:

• Entregar la información necesaria, de manera clara y oportuna, para participar en el programa.

• Recibir trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo, sin discriminación de ningún tipo.

• Atención y apoyos sin costo alguno.

• Reserva y privacidad de sus datos personales.

• Entrega del apoyo económico a través de un representante, en caso de que la o el beneficiario no pueda acudir personalmente a recibirlo por imposibilidad física, enfermedad o discapacidad.

• A realizar sus trámites de comprobación de supervivencia o actualización de sus datos en su domicilio, si no cuenta con un representante asignado y por razones de salud no pueda acudir a ninguna de las sedes de atención, siempre y cuando lo solicite telefónicamente con al menos 30 días naturales de anticipación a la fecha límite de realización del trámite.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta Comisión Permanente, con carácter de urgente u obvia resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhortar respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social, para que en el ámbito de sus facultades los adultos mayores beneficiarios del programa “65 y más” reciban una atención digna y oportuna ante la problemática actual que se presenta en las ventanillas de la Secretaría antes mencionada.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a ampliar el plazo de registro en ventanillas para el programa “65 y más”.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a dar cobertura al cien por ciento de los solicitantes que cubran los requisitos del programa “65 y más”.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social a dar apertura a la brevedad posible las ventanillas que dan atención en todo el país a los adultos mayores beneficiarios del programa “65 y más”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2014.

Diputado José Angelino Caamal Mena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Salud federal y estatales a emprender acciones de vacunación contra la influenza, suscrita por la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del PRI

Hilda Esthela Flores Escalera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables presento ante esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En 2009 inició en México una desafortunada propagación del virus que provoca la gripe AH1N1. Fue en nuestro país donde se reportaron los primeros casos a nivel mundial de este virus, desencadenando su expansión por varias entidades federativas, los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, así como diversos casos aislados en países como España y Alemania; provocando que en el mes de abril de 2009 la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificara el brote de esta gripe como de nivel de alerta crítica.

De dominio público fueron las consecuencias de esta llamada pandemia: eventos deportivos, culturales y de entretenimiento cancelados, suspensión de labores en dependencias de la administración pública de los tres órdenes de gobierno y de algunas empresas de la iniciativa privada, suspensión de clases en todos los niveles educativos, así como el alza de precios de artículos de primera necesidad y de limpieza, entre muchas otras cuestiones; condiciones que. Afectaron seriamente la actividad económica, social y cultural en nuestro país.

Sin duda, esta fue una experiencia lamentable de la que los mexicanos tomamos como aprendizaje una serie de lecciones para prevenir y combatir el contagio de la influenza. A partir de esta crítica situación cambiaron en gran parte de la población algunos hábitos relacionados con la higiene personal, por ejemplo el uso frecuente de gel antibacterial en hogares, restaurantes, establecimientos e incluso oficinas; asimismo se generó una mayor conciencia por parte de las autoridades y de la población en general sobre la importancia de la vacunación contra este virus.

Desde su origen, las vacunas han sido un instrumento elemental para la prevención de enfermedades transmisibles en todos los países, de tal forma que son consideradas como uno de los desarrollos tecnológicos más sobresalientes de la humanidad. Se considera además que de todas las posibles intervenciones de salud pública, la vacunación representa una de las de más alta prioridad por razones epidemiológicas, económicas, de justicia social y Seguridad Nacional.

Según la Organización Mundial de la Salud1 (OMS), se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de microorganismos. El método más habitual para administrar las vacunas es mediante inyección, aunque algunas se administran vía oral o con un vaporizador nasal.

El referido organismo internacional (OMS) calcula que cada año se salvan dos millones de vidas gracias a la aplicación universal de vacunas básicas. Además de disminuir la morbi-mortalidad, la inmunización evita la incidencia de discapacidades y complicaciones.

Gracias a los avances en materia de biotecnología y genética, pacientes alrededor del mundo tienen acceso a vacunas para prevenir infecciones que ante un panorama adverso implican una amenaza a la vida; como es el caso que nos ocupa sobre la influenza.

La vacuna contra la influenza estacional se elabora con virus inactivados fraccionados, de las cepas de virus que están circulando en el mundo. Normalmente, circulan tres tipos de virus de la influenza entre las personas: los virus de la influenza A (H1N1), los virus de la influenza A (H3N2) y los virus de la influenza B. Todos los años, se utilizan estos virus para producir vacunas contra la influenza estacional.

La vacuna trivalente contra la influenza 2013-2014 se fabrica a partir de estos tres virus:

• Tipo A/California/7/2009 (H1N1)pdm09;

• A(H3N2) antigénicamente similar al virus prototipo A/Victoria/361/2011 propagado en cultivo celular;

• Cepa análoga a B/Massachusetts/2/2012.

En días recientes, se han reportado en diversas entidades federativas algunos casos de influenza dentro de los que se observa principalmente el subtipo A (H1N1). Incluso, la Secretaría de Salud, por conducto de la Subsecretaría de Promoción y Prevención de la Salud indicó en días recientes que en las próximas semanas se espera un incremento de casos de AH1N1.

De acuerdo con especialistas, la influenza estacional contribuye a la morbilidad y mortalidad cada año en México. El espectro de la enfermedad observada hasta ahora en la temporada 2013-2014 ha variado de leve a grave y es consistente con el de otras temporadas de influenza. Hasta el momento no se conocen cambios significativos que sugieran una mayor virulencia o capacidad de transmisión.

Debemos mencionar que por lo general, la actividad de la influenza alcanza su punto máximo en enero o febrero. Sin embargo, la actividad de la influenza estacional puede comenzar a más tardar en octubre y continuar hasta fines de mayo.

Aún cuando desde la Federación y las entidades federativas se esté llevando a cabo una intensa vigilancia epidemiológica, resulta necesario fortalecer la cultura de la vacunación oportuna contra la influenza, así como de ampliar la disponibilidad de las vacunas correspondientes y optimizar su aplicación. Los esfuerzos deben centrarse en administrar vacunas a las personas siguientes personas (el orden de la lista no implica jerarquía):

• Tienen de 6 meses a 4 años 0(59 meses);

• Tienen 50 años o más

• Tienen enfermedades crónicas pulmonares (incluyendo asma), cardiovasculares (excepto hipertensión), renales, hepáticas, neurológicas, hematológicas o metabólicas (incluyendo diabetes mellitus)

• Son inmunosuprimidas (incluyendo inmunosupresión causada por medicamentos o por virus de inmunodeficiencia humana).

• Están o estarán embarazadas durante la temporada de influenza.

• Tienen de 6 a 18 años y que reciben terapia a largo plazo a base de aspirinas y que por lo tanto, podrían correr el riesgo de sufrir el síndrome de Reye después de la infección con el virus de la influenza;

• Son residentes de asilos de ancianos y de otras instalaciones de atención crónica

• Tienen obesidad mórbida (índice de masa corporal de 40 o superior).

• Forman parte del personal de servicios de salud.

• Tienen contacto en el hogar y cuidan a niños menores de 5 años y adultos de 50 años y más, con particular énfasis en vacunar a las personas que están en contacto con niños menores de 6 meses y,

• Tienen contacto en el hogar y cuidan a personas con afecciones médicas que los ponen en mayor riesgo de sufrir complicaciones graves por la influenza.

• Tienen alguna discapacidad.

Debemos considerar que una adecuada prevención no solo disminuye la mortalidad y morbilidad, sino que además disminuye los costos por atención médica y por supuesto la saturación de los servicios de salud. Es responsabilidad de todos evitar que un episodio como el de 2009 vuelva a ocurrir y que cada año la población se enfrente a nuevos episodios de alarma, psicosis, preocupación y lamentables fallecimientos a causa de la influenza. Por lo que, me permito someter al análisis, estudio, consideración, y en su caso, aprobación de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud y a los titulares de sus homólogas en las entidades federativas a difundir permanentemente entre la población la importancia de la aplicación de las vacunas contra la influenza; así como ampliar el acceso de la población a estas vacunas mediante campañas de vacunación a gran escala y optimizar su aplicación en todo el territorio nacional.

Nota

1 http://www.who.int/topics/vaccines/es/

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2014.

Senadora Hilda Esthela Flores Escalera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a modificar la NOM-146-SSA2-2005 para incorporar a las víctimas de trata, suscrita por la diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal del estado de Veracruz, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La trata de personas es un delito que viola los derechos humanos de las personas y que provoca una profunda preocupación internacional, ya que involucra factores de carácter económico, social, migratorio, discriminatorio, de delincuencia organizada, de corrupción y de tortura, entre otros.

Una de estas preocupaciones es la situación de los servicios de salud a estas personas, pues las víctimas pueden tener heridas o enfermedades que con frecuencia necesitan cuidados de manera segura y confidencial de parte del sector salud. Estos servicios pueden ser los primeros pasos para la recuperación y seguridad del individuo.

La salud es un derecho social reconocido por la mayoría de los Estados y como lo establece la Organización Mundial de Salud (OMS) “es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades”. Por lo cual el derecho a la salud es un derecho fundamental de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social, y por ende, no está supeditado al ejercicio del derecho a la libertad .

La salud es considerada como un derecho humano, al respecto la Declaración Universal de Derechos Humanos en el párrafo 1 del artículo 25 señala que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (OMS, 2002).

La Asamblea General de la Naciones Unidas adoptó en diciembre de 2000 la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, y México los ratificó el 22 de Octubre de 2002, el cual establece en su artículo 6, numeral 3 inciso c) lo siguiente:

Artículo 6...

3. Cada Estado parte considerará la posibilidad de aplicar medidas destinadas a prever la recuperación física, sicológica y social de las víctimas de la trata de personas, incluso, cuando proceda, en cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil, y en particular mediante el suministro de:

...

c) Asistencia médica, sicológica y material;

Asimismo la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos establece lo siguiente:

Artículo 69. Las víctimas, ofendidos y testigos recibirán la asistencia material, jurídica, médica y psicológica que sea necesaria, por conducto de las autoridades federales y estatales encargadas en la materia, las que se podrán auxiliar de organizaciones privadas, comunitarios y de la Sociedad Civil, en los términos del párrafo segundo de la fracción V del artículo 62 de la presente Ley.

En todo momento la autoridad que corresponda les informarán y gestionarán los servicios de salud y sociales y demás asistencia pertinente.

Es por ello que las víctimas de trata merecen prestación del servicio de salud y asistencia conforme a las necesidades especificas que presentan, dadas las características del delito, puesto que no todas estas personas son víctimas de delitos de índole sexual; por lo que es necesario que la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 emitida por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, misma que es de observancia obligatoria para las instituciones del Sistema Nacional de Salud, así como para los y las prestadoras de servicios de salud de los sectores público, social y privado que componen el Sistema Nacional de Salud, considere a las víctimas de trata.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta soberanía sea aprobado el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que modifique la Norma Oficial Mexicana NOM-146-SSA2-2005 violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y protección, para que incorpore a las personas víctimas de trata.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 20 de enero de 2014.

Diputada Leticia López Landero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Consar que adopte medidas protectoras del ahorro para el retiro de los trabajadores, suscrita por el senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito senador, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), de las 12 Afores que hay en el mercado, sólo Azteca y Coppel (la onceava y la cuarta, respectivamente, por número de afiliados en el sistema) entregaron recientemente un saldo a favor. El resto de las administradoras mostraron una caída en saldos. La que registró la mayor baja fue XXI Banorte, con 57 mil millones de pesos, entre abril y agosto de 2013.

Los recursos totales en el sistema a abril de 2013 ascendieron a 2 billones 74 mil millones de pesos, pero en agosto decrecieron a un billón 935 mil millones, es decir, se tuvo una minusvalía de 6.7 por ciento equivalente a 139 mil millones de pesos.1

Sura es la Afore que menos activos tiene invertidos en valores gubernamentales, con 45.09 por ciento; seguida de Profuturo con 45.11 y Banamex, con 47.64 por ciento. En el extremo están Afirme, con 69.98 por ciento; Inbursa, con 65.32 y PensiónISSSTE, con 62.37 por ciento.2

De acuerdo con la Consar, desde su entrada en vigor en 1997, el Sistema de Ahorro para el Retiro establecido por la Ley del Seguro Social vigente, ha acumulado activos en las cuentas individuales de más de 49 millones de mexicanos por montos equivalentes a 12.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) al cierre de agosto de 2013.3

A septiembre de 2013, 51.11 por ciento de recursos se invierten en deuda gubernamental; 18.06 por ciento en deuda privada nacional y 8.63 por ciento en renta variable nacional. En tanto, 16.35 por ciento se invierte en renta variable internacional; 3.96 por ciento en instrumentos estructurados; 1.86 por ciento en deuda internacional y 0.04 por ciento en mercancías.4

La Consar destaca que los horizontes de inversión de los ahorros para el retiro en el tiempo son a largo plazo, generan plusvalías y son competitivas frente a otras alternativas de inversión.

Explica, además, que el contexto de volatilidad en los mercados financieros internacionales en los últimos meses, desencadenado por la crisis de 2008-2009, y las políticas de los países desarrollados para lograr su recuperación económica, han afectado los niveles de rendimiento.

La Reserva Federal norteamericana ha hecho anuncios sobre las modificaciones en las tasas de interés. Este factor de carácter internacional, sumado a otros, como el que en nuestro país a partir de mayo de 2013 decrecieron los rendimientos tanto de corto como de largo plazo de las inversiones, así como el aumento de la inflación que han reportado las autoridades, motivan que nos cuestionemos la viabilidad del futuro de los ahorros de los trabajadores.

En específico señala la Consar en su informe de agosto de 2103 que dado que las carteras de las Siefore están compuestas por un elevado porcentaje de instrumentos gubernamentales (50.68 por ciento al cierre de julio), en su mayor parte con vencimientos de mediano y largo plazo (10 a 30 años), las alzas en las tasas de interés (y su consecuente disminución en el precio de los bonos) derivó en las minusvalías observadas en mayo y junio de 2013.5

Añade que “Las minusvalías de mayo y junio se explican estrictamente por esta razón (estar invertidas a largo plazo) y no por una “mala inversión” y/o una excesiva toma de riesgo. Estos efectos son de carácter transitorio y deben desvanecerse en la medida que dichos valores se aproximen a su vencimiento o bien los mercados se estabilicen.”

En el análisis de la Consar, la minusvalía se mantiene como un evento contable y no como un evento financiero. En los meses recientes se ha afectado el rendimiento más no el capital de los trabajadores.

Dice la Consar que 80 por ciento de los trabajadores en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) cuentan con menos de 50 años y les faltarían cuando menos 16 años para alcanzar la edad de retiro. Por lo tanto, la volatilidad de corto plazo no afectará la tendencia central creciente en el valor de su capital ahorrado para retirarse.

La volatilidad parece mantenerse en los próximos meses; sin embargo, la Consar apela a la fortaleza macro de la economía mexicana y a avanzar en reformas estructurales que hagan diferencia frente a otras economías emergentes.

El marco normativo establece en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en su artículo 5, fracción XIII, que es atribución de la Consar rendir un informe trimestral al Congreso de la Unión sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, en el que se deberán considerar apartados específicos sobre las medidas adoptadas por la comisión para proteger los recursos de los trabajadores a que se refiere la fracción XIII Bis del mismo artículo, así como información desagregada por administradora relativa a los montos de rendimiento neto, de rendimiento neto real, pagados a los trabajadores, al cobro de comisiones, y en caso de presentarse minusvalías, el monto de éstas y el porcentaje que corresponda por tipo de inversión.

Por su parte, el artículo 5, fracción XIII Bis establece que es atribución de la Consar establecer medidas para proteger los recursos de los trabajadores cuando se presenten circunstancias atípicas en los mercados financieros. Así como dictar reglas para evitar prácticas que se aparten de los sanos usos comerciales, bursátiles o del mercado financiero.

El artículo 44 Bis de la misma ley establece que cuando habiendo cumplido el régimen de inversión autorizado se presenten minusvalías derivadas de situaciones extraordinarias del mercado, la administradora que opere la sociedad de inversión de que se trate lo notificará a la comisión dentro de un plazo que no excederá de un día hábil. Recibida la comunicación de la administradora, la Junta de Gobierno de la Comisión tendrá facultades extraordinarias para ordenar de forma expedita la modificación en el régimen de inversión que había sido autorizado y la recomposición de la cartera que se encuentre en riesgo, a fin de garantizar las mejores condiciones para los trabajadores.

Como consecuencia de la situación de minusvalía, la Consar informa que para salvaguardar los recursos para el retiro que los trabajadores poseen en sus cuentas individuales en las Afore, la Consar tiene tres pilares para llevar a cabo una regulación y supervisión integral y efectiva de las sociedades de inversión especializadas (Siefore): (a) el régimen de inversión (RI); (b) normas y criterios prudenciales y de riesgos; (c) mecanismos de supervisión.6

Al respecto, señala que la Consar supervisa diariamente la inversión y que se tenga diversificado el portafolio de inversión. “Adicionalmente, a raíz de la volatilidad reciente en los mercados, la Consar ha acelerado sus trabajos en cinco frentes:

• Fortalecimiento del gobierno corporativo de las Afore que reditúen en una mejor gobernanza al interior de las administradoras. Las medidas incluyen el fortalecimiento del rol de los consejeros independientes, del contralor normativo y la creación de un comité de auditoría y mejores prácticas internas.

• Fortalecimiento del capital humano de las Afore a través de medidas regulatorias que eleven los requisitos para convertirse en manejador de fondos del sistema de pensiones.

• Cambios al régimen de inversión que además de abrir nuevas posibilidades de diversificación, provean a las Afore de mejores herramientas defensivas ante ciclos de volatilidad (como lo son los denominados instrumentos swaptions).

• Cambios en la medida de riesgos que utiliza la Consar con el propósito de garantizar que las Afore siempre se mantengan alertas ante cambios súbitos en las condiciones de los mercados financieros (cambios a la medición del valor en riesgo condicional).

• Cambios a la regulación financiera de la Siefore Básica 1 para mejorar el perfil riesgo-rendimiento de aquellos que están próximos al retiro.

Este conjunto de medidas, junto con las que ha venido adoptando la Consar en los últimos años, deberán redituar en un fortalecimiento del Sistema del Ahorro para el Retiro.7

La Consar apela a la fortaleza del sistema de ahorro para el retiro mexicano señalando que este sistema ha probado ser a lo largo de estos 16 años, la mejor alternativa de ahorro de los mexicanos.

Sin embargo, la visión macro dista mucho de la que ocurre y ha afectado a aquellos trabajadores que en 2013 reportaron minusvalías que afectan directamente su nivel de ingresos, y que por estas y otras razones (las propuestas fiscales, los efectos de la reforma laboral, la ausencia de créditos, etcétera.), están preocupados por el futuro inmediato y el de mediano plazo de su nivel de vida, cada día a la baja, y con especial preocupación de aquellos que en las actuales fechas y en las próximas se han retirado o están próximos a retirarse, pues no cuentan con un mecanismo de protección ante las eventualidades del mercado, que si bien no están en riesgo en el nivel macro, la entrega de sus recursos sí se ve afectada en el momento en que se hace el pago correspondiente.

Al cierre de 2013, el Sistema de Ahorro para el Retiro tuvo rendimientos menores comparados con la inflación, del orden de 3.79, frente al 3.86 por ciento de inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la última quincena del último mes del año 2013.

El rendimiento promedio anual de las Afore ha sido de 6.21 por ciento real en los últimos 16 años, mientras que el año de 2013, el único de la historia del sistema de ahorro para el retiro, se presentó una alarmante minusvalía.

Este es un punto clave que debe ser analizado para fortalecer al sistema de ahorro para el retiro. A mitad de 2013 se apeló con cierta plausibilidad a las inestabilidades transitorias, a la idea de que el tren estaba aún en recorrido a su destino. Pero ahora que ya el tren ha arribado a su estación final, hay que revisar a fondo, puesto que ahora sí se puede confirmar que la ganancia fue negativa en el 2013 y que la tendencia para el futuro inmediato es a la baja.8

Habrá que discutir en consecuencia también las expresiones de las autoridades del ahorro para el retiro cuando señalan que a pesar de que las tasas de largo plazo están reportando minusvalías, aquellas se recuperarán y generarán plusvalías, considerando que casi 80 por ciento de los cotizantes trabajadores tienen menos de 50 años.

Los datos muestran que estamos apostando por la recuperación del futuro a costa del presente, lo que es también una peligrosa apuesta por la incertidumbre, que es necesario y prudente recapacitar.

Por todo lo anterior, se somete a consideración de esta asamblea los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informe detalladamente sobre las medidas adoptadas para proteger los recursos de los trabajadores ante las circunstancias presentadas en los mercados financieros y cuáles serán las medidas que va a adoptar en 2014 para revertir los rendimientos negativos obtenidos en 2013.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro a que tome las medidas que corresponda a fin de que aquellos trabajadores que se retiren dentro de un periodo de minusvalía en rendimientos, les sea garantizado el pago del cien por ciento del valor del capital ahorrado para su retiro, que haya sido acumulado con anterioridad a la fecha en que comenzaron las minusvalías, esto es el capital máximo alcanzado durante su periodo de ahorro.

Notas

1. http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/reportan-afores-per didas-por-67—955544.html

2. Ibídem.

3. http://www.consar.gob.mx/principal/pdf/novedades/consideraciones_SAR.pd f

4. http://www.elfinanciero.com.mx/secciones/finanzas/37150-las-afores-mant ienen-inversiones-cautas.html

5. Ídem.

6. Ídem.

7. Ídem.

8. Carrilo, Laura y Becerra, Yessika. Dan Afores ganancia debajo de la inflación. Reforma . Negocios. p. 1. Miércoles 8 de enero del 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2014.

Senador Mario Delgado Carrillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF a resolver el comercio ambulante en la Línea 4 del Metrobús, suscrita por la diputada Regina Vázquez Saut, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Regina Vázquez Saut, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Ciudad de México, como parte integrante de la zona metropolitana del valle de México, cuenta con una población de 20 millones 137 mil 152 habitantes según el último censo oficial. En tal virtud, el proporcionar diariamente servicios eficientes de transporte público que permitan a los habitantes viajar desde sus hogares a los centros de trabajo, educativos o de entretenimiento, se ha convertido en uno de los principales retos de cada administración.

La operación del transporte público es la segunda actividad más contaminante en México, por ser fuente de gases de efecto invernadero que causan efectos irreversibles en el cambio climático, y por tanto debe ser uno de los sectores prioritarios para la planeación y el desarrollo de políticas públicas.

Ante este panorama y con la finalidad de responder a las necesidades de movilidad de una ciudad que crece de manera permanente, se han implementado varias redes de transporte público de gran importancia para la ciudad permitiendo con ello la transportación de millones de personas en continuos viajes. El Metro, el Metrobús, la Red de Transportes de Pasajeros y el Servicio de Transportes Eléctricos actualmente son una opción importante para lograr el traslado continuo de los capitalinos.

Actualmente, los sistemas de transporte público en las ciudades deben responder a la necesidad de trasladarse a diversos puntos de destino en tiempos reducidos, además de tener en cuenta el cuidado del medio ambiente, la seguridad de los usuarios, la comodidad de los pasajeros y las tarifas accesibles a la población. Aun cuando en 2013 la Ciudad de México fue galardonada con el Premio al Transporte Sustentable, por proyectos como la puesta en marcha de la línea 4 del Metrobús, el sistema de parquímetros, la línea 12 del Metro y la expansión del programa Ecobici, aún persisten la ineficiencia, la incomodidad, el parque vehicular obsoleto, los altos índices de contaminación, las tarifas inadecuadas y la corrupción en esta materia.

La saturación del transporte público en horas pico, el incremento del precio y la baja calidad de algunos trasportes son elementos a considerar, los cuales se agravan cuando el comercio ambulante es un factor más de conflicto vial e inseguridad. Claro ejemplo de esta situación se vive en el tramo entre el Eje 2 Norte y Fray Servando Teresa de Mier, que recorre la línea 4 del Metrobús, en donde comerciantes ambulantes invaden por completo las banquetas y la mitad de los carriles de circulación vial de Mixcalco al Mercado de Sonora y en días de mayor venta, obstruyen el carril exclusivo del Metrobús, lo cual hace que el trayecto de casi dos kilómetros, se realice en un tiempo de 45 minutos, debido a las obstrucciones provocadas por los vendedores.

Esta situación pone en grave riesgo la seguridad de quienes a diario utilizan este medio de transporte, ya que los puestos instalados sobre el carril destinado al paso de los autobuses en Circunvalación, obligan a los operadores a mantener comunicación para circular a la vez por el único carril que queda libre y evitar encontrarse de frente.

Los retos que se presentan en torno a la materia del transporte público en las grandes urbes, hoy tienden al fomento a la cultura de respeto, la no discriminación, la accesibilidad y el cuidado del medio ambiente.

Actualmente, la eficiencia en el transporte es un requisito indispensable para garantizar la movilidad y el desarrollo de la ciudad de México, en el corto y mediano plazo, así como la salud, el bienestar y el mejoramiento en las condiciones de vida de los habitantes.

En tal sentido, el tema del transporte público y los diferentes aspectos que a él se relacionan, es crítico para los futuros avances económicos, sociales y medioambientales; por ello, es menester fomentar la participación de todos los actores interesados en el tema de la movilidad, a fin de promover prácticas más sostenibles. Es preciso comprometerse a seguir políticas y programas destinados a mejorar las tendencias actuales de movilidad, y cambiar radicalmente nuestros hábitos actuales de consumo y producción.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal para que por conducto de las Secretarías de Transporte y Vialidad, y de Seguridad Pública, atienda la problemática que presenta la Línea 4 del Metrobús en el tramo comprendido entre el Eje 2 Norte y Fray Servando y Teresa de Mier, en razón de las actividades realizadas por los comerciantes ambulantes de la zona.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2014.

Diputada Regina Vázquez Saut (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores a crear por las Procuradurías de Justicia un programa de protección y asistencia de víctimas, ofendidos y testigos, suscrita por la diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal del estado de Veracruz, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; presenta ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México se considera un país de origen, tránsito y recepción de víctimas de trata de personas. Por sus fronteras entran y salen anualmente millones de personas ya sea como turistas, visitantes locales o trabajadoras y trabajadores temporales. Además del tránsito por el territorio mexicano de miles de migrantes irregulares que se dirigen hacia Estados Unidos procedentes en lo fundamental de Centroamérica. Estos grupos son las mujeres, niñas, niños y adolescentes en busca de oportunidades.

La trata de personas se considera forma extrema de violencia contra las mujeres, y una severa violación a sus derechos humanos.

Cualquier persona puede ser víctima de trata. Sin embargo se ha evidenciado que el grupo más vulnerable lo ocupan fundamentalmente las mujeres, las niñas, niños y adolescentes especialmente cuando se habla de explotación sexual, servidumbre y algunos sectores de explotación económica como el trabajo doméstico, el agrícola o el de las maquiladoras.

Entre los procedimientos utilizados por los tratantes1 , se pueden señalar el uso de la violencia ya sea física, psicológica y sexual; amenazas de ser enviadas a prisión o ser deportadas, amenazas de represalias directas a sus seres queridos, decomiso o retención de documentos de viaje o identidad, presión o chantaje por deudas o supuestas deudas contraídas, aislamiento social y lingüístico, el suministro de alcohol o drogas, la exposición y estigmatización social (Cfr, OIM, 2006).

Cuando se aborda el tema de “trata de personas” desde una perspectiva basada en derechos, se debe partir de los elementos que la componen y de las políticas que el Estado ha desarrollado con el fin de reprimirla.

Para ello la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos establece en los artículos 62, fracciones II y VII, y 83 que:

Artículo 62. Las autoridades responsables de atender a las víctimas del delito en los ámbitos federal, de los estados, municipales, del Distrito Federal y de sus Demarcaciones Territoriales, en sus respectivos ámbitos de competencia, adoptarán medidas tendientes a proteger y asistir debidamente a víctimas, ofendidos y testigos, para lo cual deberán:

I. ...

II. Crear programas de protección y asistencia previos, durante y posteriores al proceso judicial, así como de asistencia jurídica durante todas las etapas del procedimiento penal, civil y administrativo;

III. a VI. ...

VII. Generar y aplicar programas de protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos de delitos en que se encuentre involucrado el crimen organizado, que incluirán cambio de identidad y reubicación nacional o internacional.

Artículo 83. La Procuraduría elaborará un programa para ofrecer cambio de identidad y reubicación a víctimas, ofendidos y testigos de los delitos objeto de la presente ley, cuya integridad pueda estar amenazada.

El Centro Federal de Protección a Personas será responsable de supervisar y coordinar la puesta en marcha de este programa, y su titular responsable de decidir sobre la admisión, duración de la protección, medidas a aplicarse, políticas de confidencialidad, operación y procedimientos.

El Centro Federal de Protección a Personas será competente para diseñar y aplicar este programa, y única responsable de la seguridad física, traslado y cambio de identidad de las personas admitidas.

Sin embargo, y a pesar de que en los últimos años ha habido avances en el marco jurídico que tipifica la trata de personas y protección a las víctimas, los ámbitos en los que muy poco se ha logrado avance es en el aspecto que debe existir un trato especial para las víctimas de trata para no caer en una revictimización esto conforme al artículo 6 numeral 2, 3 inciso a y c; y 4; artículo 9 numeral 1 inciso b del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños que a la letra dice:

Artículo 6. ...

1. ...

2. Cada Estado parte velará porque su ordenamiento jurídico o administrativo interno prevea medidas con miras a proporcionar a las víctimas de la trata de personas, cuando proceda:

a) Información sobre procedimientos judiciales y administrativos pertinentes;

b)...

3. Cada Estado parte considerará la posibilidad de aplicar medidas destinadas a prever la recuperación física, sicológica y social de las víctimas de la trata de personas, incluso, cuando proceda, en cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil, y en particular mediante el suministro de:

a) Alojamiento adecuado;

b)...

c) Asistencia médica, sicológica y material; y

d)...

4. Cada Estado parte tendrá en cuenta, al aplicar las disposiciones del presente artículo, el sexo y las necesidades especiales de las víctimas de la trata de personas, en particular las necesidades especiales de los niños, incluidos el alojamiento, la educación y el cuidado adecuados.

Artículo 9

1. Los Estados parte establecerán políticas, programas y otras medidas de carácter amplio con miras a:

a)...

b) Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las mujeres y los niños, contra un nuevo riesgo de victimización.

Por lo expuesto, solicitamos a esta soberanía sea aprobado el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Para que los gobernadores, a través de la Procuraduría de Justicia de su entidad federativa, creen un programa de protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos, sujeto a criterios estrictos de admisión y confidencialidad así como de asistencia jurídica durante todas las etapas del procedimiento penal, civil y administrativo.

Nota

1 Por tratantes se entiende un grupo de personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 22 de enero de 2014.

Diputada Leticia López Landero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la legislación para instaurar el voto de los mexicanos residentes en el exterior, suscrita por la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del PRD

En el proceso democrático de nuestro país ha sido un objetivo especial buscar que se garanticen que todas y todos los ciudadanos tengan las mejores condiciones y oportunidades de emitir su voto, de tal manera que la voluntad popular se exprese de manera amplia e incluyente. Padrón y listado nominal confiables; geografía electoral seccional y distrital profesionalmente elaboradas; órganos electorales ciudadanizados; credencial para votar con fotografía que ocupa un lugar preponderante como instrumento de identificación ciudadana; entre otros cambios significativos.

En el caso específico de la credencial para votar en buena parte su prestigio y pertinencia se deben a la relativa facilidad con la que el ciudadano y la ciudadana pueden obtenerla por primera vez y renovarla cuando sea necesario. El establecimiento de varios módulos permanente por cada uno de los 300 distritos electorales federales y el funcionamiento de módulos itinerantes que llegan hasta el último rincón del país, así como la simplificación del procedimiento y de los documentos necesarios para su tramitación, han influido de manera notable en el hecho de una cobertura en un porcentaje cercano al 100%.

Sin embargo esta efectividad no se expresa con los mexicanos y mexicanas que radican en el extranjero. Hasta este momento la legislación electoral tal como está contiene limitaciones para la expedición y renovación de la credencial para votar con fotografía para las y los connacionales que por diversas razones tienen su residencia fuera de nuestro país. Con ello, las autoridades mexicanas violan de manera sistemática sus derechos humanos, convirtiéndolos en la vía de los hechos en ciudadanas y ciudadanos de segunda. Para nuestra Carta Magna y para la Organización de las Naciones Unidas es un derecho humano fundamental la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Aún que se tratara de un ciudadano estaríamos ante un hecho preocupante; la situación se torna grave al tratarse de millones de connacionales, violando gravemente sus derechos, ya que de acuerdo con nuestra Constitución ésta ampara siempre a las y los mexicanos, y sus derechos no se pierden en modo alguno por salir del territorio nacional.

Efectivamente, de 34 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, poco más de 12 millones nacieron en México, y de ese universo 6 millones se encuentran indocumentados en ese país. En el proceso electoral 2011-2012 únicamente 59 mil 115 se inscribieron en la lista nominal para poder votar para Presidente y apenas 40 mil 714, (69%) de los inicialmente registrados, votaron.

A lo largo de los últimos años, estudiosos, académicos, investigadores, líderes migrantes, organizaciones y ciudadanos y ciudadanas en lo individual, han demandado por diversos medios el establecimiento de reformas legales y de mecanismos operativos que permitan y faciliten el ejercicio del voto de mexicanas y mexicanos que radican fuera de nuestro país. La efectividad mostrada para quienes radican dentro de nuestras fronteras no ha sido realidad para quienes viven fuera.

Incluso, el Consejo General del Instituto Federal Electoral creó el 5 de diciembre de 2012 un Comité Técnico de Especialistas para analizar el voto de los mexicanos en el extranjero a la luz de la legislación vigente y de las experiencias habidas en los procesos electorales, y proponer alternativas que mejoren su viabilidad. En la sesión del Consejo General, verificada el 29 de agosto próximo pasado, el Comité Técnico presentó los resultados de su trabajo. En ellos se encuentran elementos muy importantes a considerar en una reforma legislativa que supere esta problemática que afecta a millones de mexicanas y mexicanos.

En estos días varias organizaciones de migrantes, así como integrantes del Consejo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), han emprendido en Estados Unidos una campaña bajo el lema “Ya queremos voz, foto y voto” , con el objetivo de que las leyes secundarias de la Reforma Política en curso en el Congreso de la Unión mexicano incluyan un apartado que permita obtener la credencial de elector a los migrantes desde el extranjero, en virtud de que mexicanos y mexicanas residentes registrados en Estados Unidos y en otros países carecen de posibilidades de votar debido a su estatus legal o por falta de recursos económicos para trasladarse a nuestro país.

La propuesta plantea cuatro demandas:

1. Que el Instituto Federal Electoral, o el órgano que lo sustituya, emita la credencial para votar con fotografía de manera presencial en todos los consulados y embajadas de México;

2. Que la solicitud de registro para participar en el proceso electoral sea por vía electrónica y con requisitos menos “inhibidores”;

3. Modificar el padrón electoral y la lista nominal, para incluir a todos los mexicanos y mexicanas en el exterior;

4. Iniciar un modelo de voto electrónico e instalar dispositivos con conexión en consulados clave, espacios públicos, escuelas o centros comunitarios para el voto presencial tres días antes de la jornada electoral.

Los representantes de este movimiento han informado a la opinión pública que en la reunión anual de diciembre de los 125 consejeros del instituto se analizaron cuatro estrategias para lograr sus demandas: promover la actividad denominada un día sin remesas; realizar boicots empresariales; enviar una veintena de consejeros para cabildear por la credencialización a finales de enero y crear un fondo financiero para pagar promocionales en periódicos nacionales que informen y den cuenta de los diputados, senadores y políticos mexicanos que no asuman un compromiso con la causa de los migrantes.

El 11 de noviembre de 2013 los senadores Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Fidel Demédicis Hidalgo, Carlos Mendoza Davis y las senadoras Marcela Guerra Castillo y Laura Angélica Rojas Hernández, presentaron en la Cámara de Senadores Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia del ejercicio del voto de mexicanos residentes en el extranjero.

Dicha iniciativa fue presentada al Pleno de la Cámara de Senadores el 14 de noviembre, y turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, para el dictamen correspondiente.

Coincidiendo plenamente y uniéndonos a todos los esfuerzos ciudadanos, institucionales y legislativos por los derechos políticos plenos de mexicanas y mexicanos en el exterior, urge se concreten ya, de tal manera que la normatividad en materia electoral sea reformada con el fin de adecuarla a las exigencias de la realidad para que sea posible que mexicanas y mexicanos que residen en el extranjero puedan ejercer de manera libre, sin trabas, su derecho a participar en las elecciones de nuestro país.

Por todo lo anterior, con fundamento en el artículo 6 numeral 1, fracción I; así como en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución:

Acuerdo

Primero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión apoya las demandas de la campaña “Ya queremos Voz, Foto y Voto”, llevada a cabo por consejeros del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y diversas organizaciones de Migrantes mexicanos y mexicanas, relativas a la expedición de la credencial para votar con fotografía por parte del Instituto Federal Electoral en los consulados mexicanos y en las embajadas de nuestro país, y al mejoramiento del mecanismo del voto de mexicanos desde el exterior.

Segundo . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores, para que a la brevedad posible emitan el dictamen de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia del ejercicio del voto de mexicanos residentes en el extranjero, presentada por los senadores Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Fidel Demédicis Hidalgo, Carlos Mendoza Davis y las senadoras Marcela Guerra Castillo y Laura Angélica Rojas Hernández.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Cámaras de Diputados y Senadores para que en el proceso legislativo en el que habrán de concretarse en la legislación secundaria las reformas constitucionales recientes en materia electoral sea considerado de manera preponderante el tema del ejercicio del derecho al voto de mexicanas y mexicanos que residen en el exterior.

Sede de la Comisión Permanente, Ciudad de México, a 14 de enero del 2014.

Diputada Amalia García Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a acciones de prevención de la influenza, suscrita por el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 55 del Reglamento Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se hace patente la preocupación del Poder Legislativo federal por la gravedad con la que el problema de influenza amenaza este año a nuestra población; lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

La gripe o influenza es una enfermedad de aves y mamíferos causada por un tipo de virus ARN (Virus que usa ácido ribonucleico como material genético). En los seres humanos afecta a las vías respiratorias, inicialmente puede ser similar a un resfriado y con frecuencia se acompaña de síntomas generales como dolor de garganta, debilidad, dolores musculares, dolor estomacal, articulares y de cabeza, con tos (que generalmente es seca y sin mucosidad), malestar general y algunos signos como pueda ser la fiebre.

Lamentablemente este año se está convirtiendo en un serio problema. En las primeras semanas del año 32 personas han fallecido en el país debido a la influenza, 30 de los casos corresponde al tipo A (H1N1), otra por influenza A y otra por influenza tipo B, reportó la Dirección General de Epidemiologia de la Secretaría de Salud.

Los casos aumentaron de 93 a 556, mientras que las defunciones crecieron de una a 32 en el mismo periodo que el año anterior.

La Secretaría de Salud señaló que en la mayoría de los casos de las defunciones registradas, los pacientes solicitaron atención médica, en promedio, seis días después del inicio de los síntomas, lo que dificultó su tratamiento efectivo.

Esto hace indispensable realizar un exhorto a la población para que en caso de presentar fiebre, síntomas respiratorios y ataque al estado general, acuda de inmediato al médico y no se automedique.

Según los datos proporcionados por la Secretaría de Salud, en comparación con la misma fecha en el año 2013, este año se observa un incremento de 106 por ciento en los casos confirmados del virus.

Las defunciones por este padecimiento se distribuyen de la siguiente manera: San Luis Potosí, con 5; Coahuila, con 3; el Distrito Federal, con 3; Jalisco con 3 pacientes fallecidos. Hay 2 casos en Aguascalientes, 2 en Hidalgo, 2 en el estado de México, 2 más en Querétaro; 2 en Zacatecas y uno respectivamente en Baja California, Morelos, Durango, Nuevo León, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala.

Lo más raro, están ocurriendo casos en adultos jóvenes de entre 35 y 55 años, pero que tienen diabetes u obesidad, principalmente.

La Secretaría de Salud también anuncia que los casos de influenza registrados en el país este año son más graves que los registrados en años anteriores. Más por los ataques en personas de entre 35 y 55 años, cuando se trataba de la población menos vulnerable. Al grado que se exhorta a realizar “filtros escolares”, para evitar la transmisión del virus de la influenza.

En realidad se está viviendo un caso similar al de 2009, cuando surgió la epidemia de la influenza A (H1N1). Lo favorablemente importante es que se conoce el virus y existe medicamento disponible. Lo que hay que realizar es la promoción de información para que la ciudadanía esté en posibilidad de salvaguardar su salud y vida, apunta la Secretaría de Salud.

Como se advierte, la desinformación, la falta de atención a tiempo, incluso, la inaplicación de vacunas, son elementos que agudizan el problema. Es indispensable que la población, principalmente la más vulnerable, como los menores de 5 años y mayores de 60, mujeres embarazadas y personas con diabetes, acudan a recibir la vacuna correspondiente. Esto es una alerta de las autoridades sanitarias.

Si presenta fiebre de 38 grados durante 2 días o dificultad para respirar, es indispensable acudir a los servicios de salud. Se han aplicado 25 millones de dosis, lo que es bueno comparado con otras temporadas, pero es indispensable apresurar el paso para ganárselo a la influenza y que la población más vulnerable se vacune.

Debido al aumento de los frentes fríos, lamentablemente se esperan más casos de pacientes, tanto de influenza como de neumonía, cuyos cuadros clínicos pueden agravarse debido a enfermedades congénitas como obesidad y cáncer.

Es lamentable que conociendo el problema, el virus, y teniendo el medicamento necesario sucedan muertes por este motivo en nuestra población. La mejor manera de combatirlo es la información, con la que las personas con síntomas acudan inmediatamente al médico y no se automediquen, pero mejor si con antelación acuden a ser vacunados.

Por ello, haciendo patente la preocupación al respeto por parte de este órgano legislativo, la sugerencia es exhortar a las autoridades locales a efecto de que, ante la gravedad con la que el problema de influenza amenaza, intensifiquen las tareas de coordinación con la Secretaría de Salud al tiempo de hacer lo propio con sus municipios y delegaciones, por lo que respecta al Distrito Federal, para que se divulgue a la población la información necesaria, en la que se les haga saber la necesidad urgente de ser vacunados y acudir al médico ante la presencia de cualquiera de los síntomas. La desinformación agrava el problema y puede incentivar las muertes de nuestra población.

En mérito de lo anterior, se propone a la honorable consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos hace patente su preocupación por la gravedad con la que el problema de influenza amenaza este año a nuestra población, por lo que exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, para que se intensifiquen las tareas de coordinación con la Secretaría de Salud federal al tiempo de hacer lo propio con sus municipios y delegaciones, para que se divulgue entre la población la información necesaria, en la que se le haga saber la necesidad urgente de que la población vulnerable sea vacunada o acuda al médico ante la presencia de cualquiera de los síntomas provocados por el virus, evitando la automedicación; haciendo especial énfasis en las tareas de difusión de información.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2014.

Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a armonizar, adecuar y, en su caso, aprobar leyes sobre trata respecto a la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, suscrita por la diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; con el carácter de urgente u obvia resolución, presenta ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La trata de personas es un fenómeno socio delictivo complejo que involucra aspectos sociales, culturales y económicos que impactan los ámbitos de la seguridad pública, la seguridad nacional y de los derechos humanos, México es un caso complejo ya que históricamente es territorio de origen, tránsito y destino de víctimas de este delito, nuestro país se ha convertido en territorio idóneo para que distintas redes de trata a nivel internacional encuentren aquí un área de oportunidad.

El delito de trata de personas atenta contra los bienes más preciados por la sociedad, como son la vida, la libertad, la seguridad y la dignidad de las personas.

Este delito se entiende como la venta de seres humanos en sus diversas modalidades: explotación sexual, explotación laboral, extracción de órganos para su venta, entre otras y encuentra sus antecedentes históricos, en prácticas ancestrales de sometimiento de la persona, reduciéndola a mercancías, a cosas con un valor de cambio como si fueran objetos.

Según el Informe Mundial sobre la Trata de Personas de la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito (ONUDC) de 2012, los menores de edad representaron 27 por ciento de todas las víctimas de trata detectadas a nivel mundial de este 27 por ciento, México provee 35 por ciento de menores que se encuentran en situación de trata lo que lo convierte en el primer lugar a nivel Latinoamérica en trata de menores.

En el año 2000, en Palermo, Italia, en respuesta a la convocatoria de la Organización de las Naciones Unidas, representantes de 117 países suscribieron la Convención de las Naciones Unidas en Contra de la Delincuencia Organizada Trasnacional, y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas especialmente mujeres y niños, importante y eficaz herramienta para combatir este delito. México lo firmó el 13 de diciembre de 2000 y lo ratificó el 4 de marzo de 2003. Con la suscripción de dichos instrumentos internacionales, por primera vez se incorpora al esquema normativo penal una definición integral de la trata de personas, que incluye las actividades, los medios comisivos y fines.

Los esfuerzos por implementar verdaderas acciones contra la trata de personas obligaron a contar con una legislación específica y de un mayor grado de especialización para la atención, protección y asistencia a las víctimas de este delito, por lo que a partir del 14 de junio 2012, México cuenta con una Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.

Debemos tener presente que la ley general aprobada por este honorable Congreso, es considera por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como un referente en cuanto a la atención y protección que se debe otorgar a las víctimas.

La trata de personas es un delito, así como una forma de esclavitud, que por medio de la violencia física, moral, el engaño o el abuso de poder, los tratantes realizan las correspondientes conductas delictivas, para someter a las víctimas a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre y la extracción de órganos, tejidos o sus componentes.

Hay factores sociales que en su conjunto hacen a una persona más vulnerable a una situación de trata, y disminuye la posibilidad de pedir ayuda o denunciar. Entre esos factores están pobreza, falta de educación formal, falta de orientación sobre los derechos humanos, discriminación, racismo, clasismo, xenofobia y misoginia, entre otros. También inciden en esa vulnerabilidad, el estatus particular ante el sistema jurídico, o a que dentro del sector en que convive, es aceptada o al menos ignorada la explotación.

La trata de personas es un delito que se comete sobre todo al amparo de la invisibilidad y de la impunidad, debido a que la gran mayoría de sus víctimas proviene de contextos socioculturales y económicos en los que difícilmente pueden conocer plenamente sus derechos y exigir su cumplimiento.

Resulta claro que en el caso de México, es un delito que a lo largo de los últimos años ha cobrado niveles desproporcionados, aunado al hecho de que por su ubicación geográfica y falta de atención y seguimiento por parte de la autoridad, se ha vuelto territorio idóneo para que distintas redes de trata a nivel internacional encuentren aquí un área de oportunidad.

Estas actividades delictivas que se ejercen en todo momento, quebrantando la tranquilidad de familias, así como nuestras niñas y niños que son los más vulnerables a este delito.

Atacar este fenómeno hace indispensable identificar acciones para combatir este delito, que exige un marco jurídico local en los estados que otorgue asistencia, atención y protección a las víctimas, en coordinación y financiamiento.

Por lo que la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en su décimo artículo transitorio mandata:

“Décimo. Los congresos de los estados y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, procederán a hacer las reformas pertinentes en la materia y las leyes específicas, con el fin de armonizar en lo conducente a la presente ley.”

De igual modo, en los artículos tercero y sexto transitorios se encuentran previstas las siguientes obligaciones:

“Tercero. La implementación del presente decreto será con cargo a los respectivos presupuestos aprobados en las instancias de los tres órdenes de gobierno obligados a cumplir con lo establecido en el presente.

Sexto. La Procuraduría General de la República y las fiscalías o procuradurías generales de Justicia de los estados y del Distrito Federal, contarán con un término improrrogable de 90 días para la instalación y puesta en marcha de la coordinación especializada y las fiscalías a que se refiere la presente ley.”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los congresos de los estados a que armonicen, adecuen y, en su caso, aprueben leyes en materia de trata de personas respecto de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en las materias de prevención, protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos, resarcimiento y reparación del daño, técnicas de investigación y fondo de atención para la protección y asistencia de las víctimas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2014.

Diputada Leticia López Landero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la implantación de programas y proyectos turísticos en el centro de Cancún, Quintana Roo, suscrita por la senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del PRD

La senadora, Luz María Beristain Navarrete, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral I, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la Republica, somete a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En Quintana Roo el turismo es la principal fuente de empleo, en cuanto al turismo se refiere es el estado que más derrama económica genera, es el destino de sol y playa número uno de América Latina, sin embargo el estado tiene mucho más que dar en relación a lo que actualmente se ofrece al público, además de brindar sol y playa también tiene muchas riquezas regionales como la gastronomía, la artesanía, la historia maya, así como un sin número de alternativas culturales y ecológicas que nuestro país cuenta.

Debemos aprovechar de manera sustentable las riquezas que se sitúan en Quintana Roo, de esa manera propiciaríamos más empleo, y más derrama económica, donde los beneficios que se pueden lograr son numerosos.

La Secretaría de Turismo (Sectur) ha difundido el siguiente mensaje:

En el año 2030, México será un país líder en la actividad turística.

Para lograrlo, la estrategia del nuevo gobierno se propone:

• Reconocer al turismo como pieza clave del desarrollo económico de México.

• Diversificar los productos turísticos y desarrollar nuevos mercados.

• Impulsar a las empresas turísticas a ser competitivas a nivel nacional e internacional.

• Desarrollar el turismo respetando los entornos naturales, culturales y sociales 1

Para dar total cumplimiento en lo anterior dispuesto, debemos atender el centro de Cancún, aplicando todos los programas necesarios para fomentar y desarrollar el turismo ya que el potencial de la localidad en mención es muy amplio.

De acuerdo con el estudio “Turismo en México 2012” podemos encontrar que:

En el 2012 el porcentaje de Ocupación total fue de 50.2 por ciento, siendo los estados con mayor porcentaje de ocupación Quintana Roo 69.9 por ciento, Distrito Federal 62.5 por ciento, Baja California Sur 58.3 por ciento, Tabasco 53.8 por ciento y Puebla 53.1 por ciento2 .

En el mismo estudio también se manifiesta lo siguiente:

La llegada de turistas nacionales e internacionales a cuartos de hotel durante 2012 se ubicó en 74 millones 668 mil y 15 millones 443 mil turistas, respectivamente, correspondiendo al Distrito Federal el mayor arribo de turistas nacionales y a Quintana Roo el de turistas internacionales.3

Luego entonces, si Quintana Roo fue el estado con mayor porcentaje de ocupación y también fue el que tuvo mayor arribo de turistas internacionales eso implica su papel estratégico en el turismo mexicano y obliga a seguir impulsando su potencial.

Es notorio que se necesita invertir en Quintana Roo por ejemplo; Bacalar es el único pueblo mágico de Quinta Roo, contrastando con otros estados como Jalisco con 3 pueblos mágicos, 5 en el estado de México y 4 en Michoacán4 .

El centro de Cancún tiene mucho por ofrecer a los turistas, Cancún se ha desarrollado como un centro integralmente planeado, CIP, invirtiendo prioritariamente en el sol y playa, dejando desprotegidas varias zonas de Quintana Roo y por ende se está desaprovechando su potencial turístico, han pasado varias décadas desde que se inició con el desarrollo de Cancún como un CIP, hay que emplear otra estrategia en conjunto con la inversión a la oferta de sol y playa para poder obtener los resultados que se buscan, conviene a todos los sectores del turismo que este se siga fortaleciendo ya que propiciará mayores visitas de turistas. Es el momento indicado para mirar hacia el centro de Cancún, el cual tiene mucho que ofrecer, según datos de la Secretaría de Turismo:

Cancún recibe el 40 por ciento de las divisas que ingresan por turismo al país, tiene sitios arqueológicos, cenotes, museos, pesca deportiva, parques temáticos, sistemas de ríos subterráneos y uno de los arrecifes más grandes del mundo, así como importantes vestigios de la cultura maya y gastronómica.5

Las playas tienen una extensión territorial finita, tarde o temprana ya no se podrán construir más hoteles y para que en 2030 México sea un país líder en actividad turística es menester invertir en Cancún centro y en todo lo que ofrece a los turistas, porque si no, en el futuro no se cumplirá lo objetivos para el turismo, debido a que no se daría solución a problemas sociales ni se les daría oportunidad a la sociedad de mejorar sus condiciones de vida, es necesario tomar medidas que solucionen y prevengan catástrofes futuras.

Por mencionar un ejemplo presente, está el conflicto de taxistas en Cancún, donde compiten de una manera desleal y reprobable por los pasajeros, llegando al punto de bajar a turistas de los taxis a media carretera y amedrentarse enfrente de turistas, es evidente que esto no es bueno para el turismo, tomar acciones favorables para el turismo será tomar soluciones para problemas que la sociedad de Quintana Roo ya cuenta.

Por otro lado, en Quintana Roo, específicamente en Cancún, el acceso a las playas se ha ido cuartando ya que los hoteleros impiden el libre tránsito a las personas que no son huéspedes, este problema se ha ido presentando cada vez más, ya que a la construcción de los hoteles tan cerca de las playas resulta imposible el acceso a ellas, seguir bajo esta línea donde se fomenta el turismo exclusivamente de sol y playa agravará los problemas que afectan a los ciudadanos, una solución es invertir en localidades como el centro de Cancún para poder incrementar la visita de turistas y generar más derrama económica, de llevarse a cabo, los principales beneficiarios serían los hoteleros ya que tendrían mayor número de huéspedes, así como los restauranteros, artesanos transportistas, demás comerciantes y población en general.

La inversión en el centro de Cancún además de que traería beneficios al turismo también propiciaría la solución de varios conflictos de la ciudadanía.

Es muy pertinente y positivo que hoy en día el gobierno federal reconozca al turismo como pieza clave del desarrollo económico de México, debemos seguir esa línea ya que estamos hablando del desarrollo de nuestro país, no solo de una parte de nuestra nación, ni una parte de la población, es fundamental para todos los mexicanos invertir en el centro de Cancún.

Debemos tener la visión suficiente para implementar una estrategia en el turismo que refleje los beneficios a corto plazo y además pueda dar cumplimiento con los objetivos que tiene México para 2030.

Es el momento indicado para tomar medidas ya que en 2014 será llevado a cabo el 39 Tianguis Turístico en Cancún, Quintana Roo, es la oportunidad precisa para exponer al mundo que todo lo que Cancún tiene que ofrecer y poder invertir en el centro, inclusive podemos ver que ya se están tomando medidas por ejemplo:

Se tiene planeado realizar trabajos de remodelación del centro de Cancún para contar con una buena imagen urbana en la ciudad; además de que se está buscando que la Secretaría estatal de Infraestructura y Transporte trabaje de forma alineada al Tianguis Turístico las inversiones en infraestructura turística del estado.

Sin embargo se necita de un esfuerzo aun mayor para lograr los objetivos, reflejar los esfuerzos y poder fomentar el turismo a su máximo alcance.

Hay que recordar que el tianguis Turístico es muy importante y además es un evento estratégico para nuestro país.

Recordemos que en la ciudad de Puebla en marzo pasado fue llevado a cabo el 38 Tianguis Turístico el cual fue calificado como el más exitoso de la historia, al registrar 26 mil 288 citas de negocios, 673 empresas compradoras (319 nacionales y 354 provenientes de 42 países).6

Este año se tiene el objetivo de que este próximo tianguis turístico sema el más exitoso de todos.

Bajo esta propuesta, como se mencionó anteriormente, se encuentra la ventaja de que el turismo es la principal fuente de empleo del estado, al fortalecer y desarrollar el turismo, los beneficiarios son para todas las personas.

Implantemos una estrategia específica para Cancún centro y brindemos lo que nuestro país y sociedad necesita, reflejándose tanto en el producto interno bruto como en las familias mexicanos, asimismo aprovechemos el próximo tianguis turístico que será llevado a cabo en Cancún como un medio estratégico para lograr los objetivos para 2030.

Reconozcamos como pieza clave al turismo, para que el país, así como a Cancún centro, hará que el país avance y sea más próspero, reflejándose en el bienestar de las familias mexicanas.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo federal y a la Secretaría de Fomento Turístico de Quintana Roo para que implementen los programas o proyectos turísticos necesarios en el centro de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo federal y a la Secretaría de Fomento Turístico de Quintana Roo para que en el caso de ser necesario elaboren un nuevo programa o proyecto específico en donde de acuerdo con las características de dicha localidad se pueda aprovechar y mejorar el turismo.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo federal y a la Secretaría de Fomento Turístico de Quintana Roo para que realicen las gestiones necesarias para actuar en colaboración de otras dependencias de la administración pública, para mejorar la imagen del primer cuadro de la ciudad de Cancún y rehabilitar los mercados de artesanías, con la finalidad de reactivar el turismo del centro de Cancún, con ello fortalecer al turismo mexicano y poder cumplir los objetivos en materia turística del gobierno federal para 2030.

Notas

1 http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/sect_9_vision_y_mision

2 http://datatur.sectur.gob.mx/work/sites/datatur/resources/LocalContent/ 310/50/BoletinFina_Turismo_Mex _2012.pdf pp23

3 http://datatur.sectur.gob.mx/work/sites/datatur/resources/LocalContent/ 310/50/BoletinFina_Turismo_Mex _2012.pdf

Página 24

4 http://www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_Pueblos_Magicos

5 http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/Boletin_064

6 http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/Boletin_064

Sede de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2014.

Senadora Luz María Beristaín Navarrete (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a realizar campañas informativas sobre los accesos y las salidas de la autopista México-Puebla, suscrita por la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Laura Guadalupe Vargas Vargas, diputada federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La autopista de cuota México–Puebla se ha convertido en una vía de tránsito, acceso y salida para miles de personas que diariamente utilizan dicha arteria para llegar a sus trabajos, escuelas, clínicas y hospitales, así como a sus hogares.

Es así como los municipios de Los Reyes la Paz, Ixtapaluca, Chalco y Valle de Chalco, todos del Estado de México, así como las delegaciones Tláhuac e Iztapalapa, del Distrito Federal, las cuales en su zona oriente colindan tanto con los municipios antes señalados, como con la autopista México-Puebla, utilizan está ultima como vía principal de conexión para estas demarcaciones, con el centro y sur de la Ciudad de México.

Lo anterior, a consecuencia del acelerado crecimiento de la población, ya que de acuerdo con la Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Estado de México y el DF, cuentan con el mayor porcentaje de población a nivel nacional.

Esta situación ha generado que dicha vialidad se vea superada en sus capacidades, afectando a las miles de personas que hacen uso de esta vialidad para llevar a cabo sus actividades cotidianas, esto a consecuencia del intenso tráfico que se genera en dicha vialidad, así como por la presencia de accidentes automovilísticos, provocando se pierdan una importante cantidad de tiempo en el traslado de las personas.

Con la finalidad de solucionar este problema y brindarle una mayor calidad de vida a la población de las zonas antes mencionadas, se implementó el proyecto del “Sistema 3 del Tren Suburbano Chalco-Santa Martha-Constitución de 1917”, esto con la finalidad de brindar un medio de transporte público de calidad, que cuente con las capacidades necesarias para cumplir con la demanda de transporte que requiere la sociedad.

De acuerdo con la información proporcionada en la página de internet de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dicha obra se desarrollara en tres etapas. La primera etapa, la cual comenzó su elaboración a inicios del 2013, y que actualmente se encuentra en proceso, correspondiente a la ampliación de carriles en ambos sentidos de la autopista México-Puebla, en el tramo correspondiente del distribuidor de la Concordia al distribuidor Ixtapaluca.1

Asimismo, de acuerdo con el director de Obras Públicas, Mantenimiento y Desarrollo Urbano de Valle de Chalco, Juan Manuel Arellano Carreón, esta obra beneficiará a más de 200 mil personas. Sin embargo, y a pesar del beneficio proyectado a futuro sobre dicha vialidad, en la actualidad los trabajos de ampliación que se están llevando a cabo, afectan la movilidad de miles de personas.

Lo anterior, ya que no se han proporcionado la información necesaria a los habitantes de los municipios del Estado de México: Valle de Calco, Chalco, Ixtapaluca y Los Reyes la Paz, así como a habitantes de la delegación Iztapalapa y Tláhuac del DF, encontrándose con cierres de las vías de entrada, y de salida, que se encontraban como medios de conexión entre dichas demarcaciones y la autopista.

Lo anterior ha generado que los municipios y delegaciones se encuentren encerrados, ya que no cuentan con las vías de acceso a la autopista, generando que tengan que realizar trayectos más largos que los habituales, la presencia de un mayor número de accidentes viales, ya las unidades realizan constantes incorporaciones y desincorporaciones al cuerpo de la autopista, y en algunos casos, a velocidades inadecuadas, sin precaución o en lugares inapropiados, poniendo en riesgo no sólo a los usuarios de dichas unidades, sino de las que ya se encuentran circulando sobre los carriles centrales de la autopista, así como de un mayor tráfico en las vías primarias utilizadas para su traslado.

Es por tal motivo que proponemos, se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que en base a sus facultades, informe a la población de los municipios de Valle de Chalco, Chalco, Ixtapaluca y Los Reyes la Paz, así como a la de las delegaciones Tláhuac e Iztapalapa, sobre las vías de acceso y de salida que se encuentren inhabilitadas y habilitadas a consecuencia de los trabajos de ampliación que se llevan a cabo en la autopista México- Puebla, así como para que informe a la población sobre los lugares en que se encontraran ubicados los accesos y salidas de la autopista México-Puebla, una vez que hayan concluido los trabajos de ampliación.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que informe a la población de los municipios de Valle de Chalco, Chalco, Ixtapaluca y Los Reyes la Paz, así como de las Delegaciones Tláhuac e Iztapalapa, sobre las vías de acceso y de salida que se encuentren inhabilitadas y habilitadas a consecuencia de los trabajos de ampliación de la autopista México- Puebla.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que en base a sus facultades, realice campañas informativas, con la finalidad de dar a conocer a la población los lugares en que se encontrarán ubicados los accesos y salidas de la autopista México – Puebla, una vez que hayan concluido los trabajos de ampliación que en ésta se realizan.

Nota

1 Libro Blanco, “Sistema 3 del Tren Suburbano Chalco-Santa Martha-Constitución de 1917”, Secretaria de Comunicaciones y Transporte, consultada el 20 de enero de 2014,

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/_migrated/content_upload s/LB_Sistema_3_del_Tren_Suburbano_de_la_Zona_Metropolitana_del_Valle_de _Mexico__Ruta_Chalco-Santa_M_01.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2014.

Diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita la comparecencia de los titulares de la Semarnat, de la SE y de la Segob para que presenten información relacionada con el efecto social, económico y ambiental de la construcción del proyecto comercial y de vivienda Dragon Mart en Cancún, Quintana Roo, suscrita por legisladores de diversos grupos parlamentarios

Los suscritos, diputados federales y senadores integrantes de la LXII Legislatura, con fundamento en lo previsto en el artículo 78 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III, IV, y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de ésta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo considerada como de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. En fecha 6 de septiembre de 2012, el INIRA de Quintana Roo resuelve autorizar de manera condicionada la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto denominado “Construcción y Operación del Centro Comercial Dragón Mart Cancún y Obras Asociadas”, para la edificación de diversas construcciones en 561.37 hectáreas.

2. A la fecha se tienen documentados los siguientes procedimientos: Juicio de amparo indirecto por omisiones de PROFEPA Expediente 72/2013 en el Juzgado Séptimo de Distrito en Quinta Roo; Denuncia popular ante Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) Expediente 0002/2013; Juicio de nulidad por conclusión del procedimiento de denuncia popular de PROFEPA, Expediente 287/13-20-01-8 de la Sala Regional del Caribe del Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa; Juicio de nulidad ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo. Expediente número S.C.A./2116/2013; denuncia popular ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Q. Roo.

3. Que diversos integrantes de ésta H. Legislatura han presentado diversas proposiciones con Punto de Acuerdo con la finalidad de que el Gobierno Federal intervenga ante el riesgo en materia ambiental, económica y social.

4. Que existe denuncia popular (expediente 0002/2013) ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en la cual se argumenta que el proyecto debería ser evaluado por la Semarnat, por tratarse de un desarrollo inmobiliario que afecta un ecosistema costero contemplando la construcción y operación de obras hidráulicas; la construcción y operación de una desalinizadora; actividades cerca de un Área Natural Protegida Federal y la operación de una subestación eléctrica.

5. El ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, emitió licencia de construcción a favor del proyecto denominado Construcción y Operación del Centro Comercial Dragon Mart Cancún y Obras Asociadas, atendiendo sentencia de fecha 26 de agosto de 2013 emitida por la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.

6. Empresarios mexicanos, aglutinados en la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin); la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra); la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur); la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato (CICEG); el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL); la Cámara Nacional de la Industria y el Vestido (Canaive); la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (AMIJU); la Cámara Nacional del Acero (Canacero); han manifestado públicamente su rechazo a la instalación de Dragon Mart Cancún ante el riesgo de estabilidad social y económico de miles de familias mexicanas.

Considerandos

1. Que la Comarnat de ésta soberanía considera procedente que la Cámara de Diputados exhorte a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que se pronuncie respecto al cambio de uso de suelo forestal, relacionado con el proyecto inmobiliario “Dragon Mart Cancún” y se exhorte a la Semarnat a realizar el estudio de impacto ambiental por la edificación de diversas construcciones en 561.37 hectáreas en el municipio de Benito Juárez.

2. Que conforme a la ubicación, dimensiones y características del proyecto, debería contar con autorizaciones federales en materia ambiental y económica; así como un Estudio Técnico Justificativo sobre la totalidad de las 561.37 hectáreas que se pretenden desarrollar.

3. Que la Semarnat por conducto del Ing. Rafael Pacchiano Alamán, Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, manifestó ser de su conocimiento que el INIRA del Estado de Quintana Roo, autorizó el desarrollo del proyecto Construcción y Operación del Centro Comercial Dragon Mart Cancún y Obras Asociadas mediante oficio número INIRAQROO/DG/DIA/156/2012.

4. Que se ha solicitado diversa información a los secretarios aludidos y en el caso del Instituto Nacional de Migración responde la Secretaría de Gobernación con información reservada por 12 años para el caso Dragon Mart Cancún.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita la comparecencia del secretario de Medio Ambiente y Recurso Naturales, del secretario de Economía y del secretario de Gobernación, a fin de proporcionar la información y fundamentos por los que se niegan a intervenir en el asunto Dragón Mart Cancún pese a los riesgos en materia ambiental, económica y social que representa.

Segundo: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a iniciar una investigación ente la probable omisión de cumplimiento de funciones del procurador Federal de Protección al Ambiente, del secretario de Medio Ambiente y Recurso Naturales, del secretario de Economía y del secretario de Gobernación en el caso Dragón Mart Cancún.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 22 días del mes de enero de 2014.

Diputada Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica), diputado José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), senador David Monreal Ávila (rúbrica), senadora Lorena Cuéllar Cisneros (rúbrica), diputada Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a cumplir las Normas Oficiales Mexicanas 247, 050 y 086, relativas a productos alimenticios industrializados o procesados libres de gluten, suscrita por la senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Cristina Díaz Salazar, senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente: proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que la Secretaría de Salud a través de la Cofepris, cumpla con lo establecido en las normas oficiales mexicanas 247, 050 y 086 que obligan a que los productos alimenticios industrializados o procesados libres de gluten lo especifiquen en su etiqueta.

Consideraciones

El especialista Arthur Agtston, publica que el gluten es la proteína principal de algunos granos. Está presente en todas las formas de trigo (bulgur, trigo duro, sémola, espelta, farro y más), en la cebada, centeno y tricale (una mezcla de trigo y cebada).

Pero también puede estar en lugares inesperados, como en ciertas marcas de chocolate, imitación de cangrejo (surimi), embutidos, salsa de soya, vitaminas e incluso en algunos tipos de pasta de dientes.

El gluten es diferente de la proteína que contienen otros granos (como el arroz) y la carne (como el bistec). Para los humanos es difícil digerirlo completamente, por lo que puede enfermar mucho a algunas personas, pero no a todas.

Aproximadamente el 1% de la población, el gluten puede ser una cuestión de vida o muerte. Estas personas tienen una condición conocida como enfermedad celíaca.

Las personas con enfermedad celíaca son tan sensibles al gluten que incluso una pequeña cantidad (realmente solo una pizca) puede enfermarlos gravemente, debido a que daña el revestimiento del intestino delgado y puede producir una serie de problemas de salud que van desde diarrea crónica y dolor abdominal hasta osteoporosis, e incluso cáncer.

A menos que seas parte de ese 1% (y solo pruebas especiales te permitirán conocer si lo eres), es improbable que necesites vivir un estilo de vida completamente libre de gluten.

Con el aumento significativo de nuestra ingesta de gluten en los últimos 50 años debido a la ubicuidad y consumo excesivo de productos hechos con harina de trigo altamente refinada, apenas comenzamos a apreciar el impacto del gluten en nuestra salud.

Como sociedad, estamos en un estado de “sobrecarga de gluten” y millones de personas de todas las edades y todos los ámbitos de la vida sufren como resultado de una condición llamada sensibilidad al gluten, reconocida hace apenas algunos años.

Cuando las personas con dicha sensibilidad consumen alimentos que contienen gluten, desencadenan síntomas desagradables como: dolor de estómago, hinchazón, acidez estomacal, dolores en las articulaciones, dolor de cabeza, erupciones cutáneas, fatiga, insomnio y dificultades para pensar, por nombrar algunos de los más comunes. Aunque muchos de estos síntomas son similares a los experimentados por personas con enfermedad celíaca, si resultas ser sensible al gluten, probablemente no necesitarás dejarlo completamente.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una regulación final que define cuáles son las características que un alimento debe cumplir para llevar una etiqueta que declare “sin gluten” (gluten-free). La regulación también incluye alimentos etiquetados como “libre de gluten”, “sin gluten”, y “no gluten” bajo la misma regulación.

Esta regulación ha sido muy esperada por los defensores de las personas con la enfermedad celíaca, que se enfrentan a enfermedades potencialmente mortales si comen gluten, el cual se encuentra en los panes, pasteles, cereales, pastas y muchos otros alimentos.

Como uno de los criterios para el uso de la declaración “sin gluten”, la FDA está poniendo un límite de la cantidad de gluten inferior a 20 ppm (partes por millón) en los alimentos que llevan esta etiqueta. Este es el nivel más bajo que se puede detectar consistentemente en los alimentos utilizando herramientas de análisis científicas válidas. Además, la mayoría de las personas con enfermedad celiaca pueden tolerar los alimentos con cantidades muy pequeñas de gluten. Este nivel es consistente con los establecidos por otros países y organismos internacionales que establecen normas de seguridad alimentaria.

“Esta definición estándar de “sin gluten” eliminará la incertidumbre sobre cómo los productores de alimentos etiquetan sus productos y garantizara a las personas con enfermedad celíaca que los alimentos etiquetados “sin gluten” cumplen con una norma clara establecida y regulada por la FDA”, dijo el doctor en jurisprudencia Michael R. Taylor, comisionado adjunto de la FDA para la Oficina de Alimentos y Medicina Veterinaria.

Andrea Levario, directora ejecutiva de la Alianza Americana de Enfermedad Celíaca, señala que no existe una cura la enfermedad celíaca y la única manera de controlar la enfermedad es con la dieta –no comer gluten. Sin una definición legal de productos “sin gluten”, estos consumidores podrían nunca estar seguros de que su cuerpo pueda tolerar un alimento con esa etiqueta, agrega. “Esa es una herramienta que se ha necesitado desesperadamente”, dice Levario. “Garantizará que los alimentos sean seguros para esta población, les da las herramientas que necesitan para controlar su salud, y obviamente tiene beneficios a largo plazo para ellos”.

Casi 3 millones de personas en Estados Unidos tienen la enfermedad celíaca. La enfermedad se produce cuando el sistema de defensa natural del cuerpo reacciona al gluten, atacando el revestimiento del intestino delgado. Sin una mucosa intestinal sana, el cuerpo no puede absorber los nutrientes que necesita. Esto puede resultar en retraso en el crecimiento y deficiencias de nutrientes y pueden conducir a enfermedades como la anemia (un número de glóbulos rojos inferior a lo normal) y osteoporosis, una enfermedad en la cual los huesos se vuelven frágiles y más propensos a quebrarse. Otros problemas de salud graves pueden incluir diabetes, enfermedad auto inmunitaria de la tiroides y cáncer intestinal.

Antes de esta regulación, no había normas federales o definiciones para que la industria alimentaria utilizará en el etiquetado de los productos “sin gluten”. Se estima que un 5 por ciento de los alimentos actualmente con la etiqueta “sin gluten” contienen 20 ppm o más de gluten.

En nuestro país, en la búsqueda de datos oficiales celiaca nos encontramos con un informe del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que nos revelas cifras que coinciden con las proporcionadas por los investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y que demuestran que por lo menos el 2.6 por ciento de los mexicanos padecen la enfermedad celíaca o sea 2.6 millones.

Los especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indicaron que cerca de 2 millones 65 mil 267 mexicanos padecen celiaquía, padecimiento genético que afecta al intestino delgado, no hereditario, que se presenta desde la niñez y se hace más evidente durante la edad adulta, lo que permite su mejor diagnóstico.

Durante 2007, el Instituto otorgó 249 mil 923 atenciones en todos sus niveles a nivel nacional en el servicio de nutrición, 308 mil 256 consultas en el servicio de gastroenterología y 260 por enfermedad celiaca.

Subrayó que, datos de la Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE) indican que uno de cada 150 personas nacidas vivas, presentan este trastorno; mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que este padecimiento es común en todo el mundo y afecta, aproximadamente, a uno de cada 100 individuos.

Por lo anteriormente expuesto me permito presentar el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que la Secretaría de Salud, a través de la Cofepris, cumpla con lo establecido en las normas oficiales mexicanas 247, 050 y 086, que obligan a que los productos alimenticios industrializados o procesados libres de gluten lo especifiquen en sus etiquetas.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el día 22 de enero del 2013.

Senadora Cristina Díaz Salazar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al representante del Poder Ejecutivo federal en la Cocopa a informar de los trabajos realizados en la solución del conflicto armado en Chiapas, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Ángel Benjamín Robles Montoya, senador integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La difícil situación económica y sociopolítica que hoy vivimos en la mayor parte del territorio mexicano, es producto de 30 años de políticas neoliberales, entreguistas y alejadas de los intereses de la población.

Sin embargo, la marginación y la miseria en que viven las comunidades indígenas en México, especialmente en el sureste desde hace cientos de años, fueron el factor que detonó que la madrugada del 1 de enero de 1994, indígenas tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales armados tomaran cinco cabeceras municipales del estado de Chiapas: San Cristóbal de las Casa, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Chanal.

Este levantamiento armado que inició el mismo día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Tal suceso continúa cuestionando al sistema político mexicano sobre sus promesas de modernidad. Su objetivo era y sigue siendo el establecimiento de una democracia participativa, y en sus propias palabras: un nuevo mundo.

Este grupo de “rebeldes” han demandado desde entonces “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz”, derechos fundamentales de los seres humanos para la consecución del desarrollo humano integral.

Como respuesta a este levantamiento, el gobierno federal envió al Ejército a sofocar la rebelión. Los combates entre ambas fuerzas duraron 11 días, sin embargo, desde el 12 de enero de ese mismo año, el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) iniciaron acercamientos con el fin de buscar solucionar el conflicto por la vía del diálogo. Solución que veinte años después no se ha logrado.

Sin embargo, este proceso de dialogó derivó en que el 21 de enero de 1994 el Congreso de la Unión emitiera una ley de amnistía “en favor de todas las personas en contra de quienes se haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal ante los tribunales del orden federal, por los delitos cometidos con motivo de los hechos de violencia, o que tengan relación con ellos, suscitados en varios municipios del estado de Chiapas el día primero de enero de mil novecientos noventa y cuatro al día veinte del mismo mes y año, a las quince horas”, decreto que fue publicado el 22 de enero del mismo año.

No obstante, estas medidas quedaron meramente como buenas intenciones, toda vez que como ya se ha hecho mención, el conflicto en sí no ha encontrado soluciones y la situación de marginación y falta de desarrollo en que se encuentran las comunidades indígenas cada vez se agrava más, especialmente si tomamos en consideración las recientemente aprobadas reformas educativa, fiscal y energéticas, con las cuales se contribuirá a que estas comunidades se mantengan en la miseria.

Así pues, a veinte años del levantamiento zapatista es momento de que el gobierno federal y el Congreso de la Unión asumamos las responsabilidades que nos corresponden y en conjunto con representantes de los pueblos y comunidades indígenas sentemos las bases para generar una iniciativa que permita retomar los Acuerdos de San Andrés, pero que más allá de ellos, diseñemos nuevas políticas públicas que permitan la participación política de manera incluyente, retomando la declaración sobre derechos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2006 y el protocolo de actuación emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se establecen con claridad definiciones como tierra, territorios, recursos naturales y la consulta indígena.

En este sentido, es menester no sólo reanudar los diálogos para la pacificación, sino que además, se hace necesario impulsar de manera urgente, mecanismos que permitan a las comunidades indígenas salir del rezago tan lacerante en el que se encuentran.

Consecuentemente y en virtud de lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al representante del Poder Ejecutivo federal en la Comisión de Concordia y Pacificación, informe a esta soberanía las acciones y trabajos que ha realizado a efecto de abonar a la pacificación en el estado de Chiapas.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Gobernación inicie un proceso de consulta a los pueblos indígenas del territorio mexicano a efecto de participar en la elaboración de una propuesta integral que permita el desarrollo económico de sus pueblos, tomando en consideración y respetando sus lenguas, usos, costumbres y sistemas normativos internos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2014.

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a rendir un homenaje al fallecido José Sulaimán Chagnón, suscrita por el diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Enrique Cárdenas del Avellano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Desde su llegada a nuestro país, el boxeo ha gozado de una gran popularidad. Es Miguel Ángel Flebes a quien se reconoce (1918) como el primer boxeador mexicano, siendo hasta 1921 cuando surge la Comisión de Boxeo en Tampico, extendiéndose esta disciplina hasta llegar a la Ciudad de México en 1922, donde se fundó la primera Comisión de Boxeo surgiendo con ella grandes peleadores como Alfredo Gaona, Kid Pancho, Chicho Cisneros y Carlos Pavos.1

Fue así que el deporte pugilístico tomó importancia y difusión en nuestro país, llegándose a reconocer a México como uno de los más importantes en el desarrollo y promoción de esta disciplina. Fue tal su importancia que el presidente Adolfo López Mateos impulsó la creación de un organismo internacional encargado de unificar a todas las comisiones del mundo y con ello controlar la práctica y reglas de este, por lo que el 14 de febrero de 1963 es fundado el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) integrado por 11 países (actualmente cuenta con 164): Estados Unidos, Argentina, Inglaterra, Francia, México, Filipinas, Panamá, Chile, Perú, Venezuela y Brasil, siendo el primer presidente del consejo el mexicano Luis Spota, seguido de Ramón G. Velásquez, Onslow Fane de Inglaterra, Justiniano Montaño de Filipinas y el mexicano José Sulaimán Chagnón.2

José Sulaimán, nació el 30 de mayo de 1931 en Ciudad Victoria, Tamaulipas y desde muy corta edad surgió en él la afición por el boxeo por lo que en su juventud fue boxeador amateur. Tiempo después se desempeñó en otras actividades pugilísticas como son entrenador, réferi, juez, promotor, y miembro de la Comisión Local de Boxeo del estado de San Luis Potosí, siendo estas actividades las que le permitieron integrarse al CMB en 1968, siendo electo después por unanimidad para presidir a dicho organismo.3

Durante su gestión al frente del consejo, Sulaimán promovió diversas medidas que revolucionaron la forma de practicar el box, tales como la reducción de las peleas titulares de 15 a 12 rounds; el pesaje oficial obligatorio 24 horas antes de las peleas; la creación de divisiones intermedias; el guante con pulgar adherido; los exámenes antidopaje después de cada pelea; donativos a la Universidad de California en Los Ángeles, a fin de que realice exámenes médicos anuales para campeones y boxeadores clasificados; seguros de vida y hospitalización para todos aquellos púgiles que participen en veladas con peleas titulares; pensiones de apoyo económica para boxeadores que lo necesiten en todo el mundo, y la prohibición de peleas para boxeadores sudafricanos durante la vigencia del apartheid , medida ésta última que valdría para Sulaimán un reconocimiento por parte de la Organización de las Naciones Unidas.4

Fueron estos grandes cambios el reflejo de la enorme preocupación del CMB por el boxeador, su salud e integridad física, algo que no fuera un tema muy importante para quienes dirigieran al boxeo mundial con anterioridad a Sulaimán.

Fue así que José Sulaimán Chagnón entregó su vida a la difusión y mejoramiento del boxeo, buscando en todo momento la protección de los pugilistas. Fue su arduo trabajo lo que lo hiciera uno de los mexicanos más importantes en este deporte.

Es por lo anteriormente expuesto que, con la finalidad de otorgarle el reconocimiento que se merece la trayectoria de José Sulaimán, se propone a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Jesús Mena Campos, a efecto de que se realice un homenaje al fallecido José Sulaimán Chagnón, presidente del Consejo Mundial de Boxeo.

Notas

1 http://www.deporteshoy.com/La%20historia%20del%20boxeo%20%20mexicano.ht ml 17 de enero de 2014 13:13 horas

2 http://www.wbcboxing.com/wbcesp/acerca-del-cmb?id=6 17 de enero de 2014 13:18 horas

3 http://boxeo.about.com/od/Organismosdeboxeo/a/Biografia-De-Jose-Sulaima n.htm 17 de enero de 2014 13:35 horas

4 http://www.wbcboxing.com/wbcesp/acerca-del-cmb?id=6 17 de enero de 2014 13:55 horas

Palacio Legislativo de San Lázaro a 22 de enero de 2014.

Diputado Enrique Cárdenas del Avellano

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a otorgar el indulto a la ciudadana Esperanza Reyes Aguillón, acusada de falsificación de moneda, suscrita por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Cuantas personas en algún momento nos hemos encontrado enfrentando una situación no prevista y mucho menos generada de mutuo propio. La siguiente es la historia de un proceso que alarma por el dramatismo y exceso en la aplicación de la sanción que en su caso, hubiera requerido.

Hace dos años Esperanza Reyes Aguillón acudió a una papelería en la colonia Popular, pagó con un billete de 100 pesos una libreta para que su hija hiciera la tarea y la encargada de la tienda, al percatarse que el billete era falso, llamó a la Policía Estatal, que ahí mismo la detuvo y la puso a disposición de las autoridades federales.

El supuesto de “actitud sospechosa” que Esperanza mostro al momento de su detención, fue motivo suficiente para condenarla, sumándose a ello, la nula defensa del abogado de oficio que le asignaron, ante la imposibilidad de pagar un mejor y quizá más comprometido abogado.

Cabe señalar que, sin ser informada una noche la trasladaron a Tepic, Nayarit, y de ahí a las Islas Marías, donde quedó recluida y su caso resuelto de forma definitiva con sentencia condenatoria a 6 años de prisión y el pago de una multa de 56 pesos con 70 centavos, lo que tajo consigo una violación sus derechos fundamentales, como es el derecho a purgar la pena de prisión en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, establecido en el artículo 18 párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Esperanza de 46 años, al igual que muchas de nuestras mujeres mexicanas, sólo curso la primaria, trabajaba lavando platos en un restaurante para mantener a sus dos hijos, un niño de 7 años y una niña de 10 años, quienes han sido privados del contacto con su madre de una forma totalmente injusta, vulnerando de esta manera los derechos de los menores, como el derecho a vivir en familia. Sin embargo, no solo ha sido vulnerado el derecho a vivir en familia de los menores, hijos de la C. Esperanza Reyes, sino también, han violentado su derecho a un pleno desarrollo integral, a recibir alimentos, o a tener contacto con su madre, ya que una vez que su madre fue procesada, los menores han quedado en estado de abandono, ya que Esperanza es madre soltera.

Lleva seis años separada de su esposo y tuvo que enfrentar el proceso penal en silencio, sin revelarle a su familia su detención al no dimensionar que la acusaban de un delito grave, por ser federal hasta que fue aprehendida por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y trasladada al penal de La Pila, acusada de dedicarse a la falsificación de billetes o estar coludida con una banda organizada con estos fines. Nunca pensó que aquella compra del cuaderno, marcaria tan desproporcionadamente su vida.

Al parecer, es necesario revisar si el debido proceso que se estipula en nuestra Constitución fue aplicado con apego a lo que en él se expresa, ya que al parecer hay indicios de por inequidad e injusticias en su caso.

Los abogados defensores de Esperanza Reyes, aseguran que durante el caso no existieron los elementos probatorios necesarios para determinar que ésta estuviera involucrada en el delito de falsificación de moneda, colocación de moneda falsa en el flujo circulante o que tuviera conocimiento de que el billete que utilizó para pagar fuera falso.

Resulta inconcebible el hecho de que a esta mujer se le prive de su libertad cuando en muchos casos recibimos dinero falso incluso por la vía de los cajeros automáticos y cuando realizamos el reclamo ante las instituciones bancarias solo recibimos un talón que indica el billete está en revisión y posteriormente que no podemos recuperar nuestro dinero. Si se nos aplicara una situación similar a la de Esperanza por circulante falso, en el país habría más penales que hospitales.

“El Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 2013 presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a fines del año pasado, señala que en el 2012 las cárceles estatales ejercieron un presupuesto de 47 millones 214 mil pesos y las prisiones del Estado cerraron el año con 3 mil 247 presos. Con estas cifras como referente, es posible establecer un gasto de 14 mil 540 pesos con 80 centavos por cada uno de los internos que reportó. La sentencia de seis años para Esperanza Reyes Aguillón implicaría entonces un gasto para el Estado potosino de unos 90 mil pesos, por un billete de 100 pesos que ella no elaboró.”1

Debido a que el delito que se le imputa es de orden federal, su abogado, informó que la Barra Mexicana, el Colegio de Abogados, la Fundación Barra Mexicana y la propia Esperanza han solicitado su indulto al Presidente Enrique Peña Nieto. Cabe señalar que la solicitud ya fue sellada y firmada de recibida en la Presidencia de la República.

Por ello, me dirijo a esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que en atención a sus atribuciones constitucionales otorgue el indulto a la C. Esperanza Reyes Aguillón, y al mismo nos sumemos a esta petición que se presenta ante el Jefe del Poder Ejecutivo, de conceder el indulto a la ciudadana Esperanza Reyes Aguillón, dando con esto la oportunidad de retomar su vida cotidiana al lado y cuidado de sus pequeños hijos que hoy se encuentran solos, y de esta forma se garanticen sus derechos.

Por lo anterior, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que en atención a sus atribuciones constitucionales otorgue el indulto a la C. Esperanza Reyes Aguillón, acusada de falsificación de dinero.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se suma a la petición de indulto para la ciudadana Esperanza Reyes Aguillón.

Nota

1 “Abogados piden indulto a EPN para potosina condenada a 6 años de prisión por pagar con un billete falso”, sin embargo.mx, http://www.sinembargo.mx/11-01-2014/870180, 11 de enero de 2014.

Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, enero de 2014.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para que en el territorio nacional se realicen campañas de concienciación ciudadana sobre el uso de preservativos, y la prevención de enfermedades y de embarazos no deseados, suscrita por las senadoras Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del PRI

Las que suscriben, Mely Romero Celis e Ivonne Álvarez García, senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos, someten a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México existen poco más de 183 mil personas portadoras del VIH-sida, de las cuales el 48% desconoce su estatus, y cada año fallecen 5 mil personas por causa del virus, datos que revela Sensida.

De la misma forma se dio a conocer que el 30% de los casos de las enfermedades de transmisión sexual se da entre jóvenes de 15 a 29 años de edad, en este sentido los casos nuevos de VIH y sida han ido disminuyendo cada año, alcanzando el pico máximo en 1998-2000 (12 mil casos anuales) y a partir de 2004 se observa una clara disminución. En la actualidad se estiman 9 mil 900 los casos nuevos anuales.

La prevalencia de VIH en mujeres embarazas es del 0.06%, por lo cual se estima que alrededor de mil 300 mujeres embarazadas están infectadas, lo cual se podría evitar siempre y cuando se orientará de manera efectiva, por medio de programas de prevención, a hombres y mujeres sexualmente activos.

Por otro lado, las posibilidad de que una mujer transmita el virus de manera perinatal sin intervenciones preventivas es del 30%, como dato se tiene que en el 2012 se reportó un total de 390 bebés infectados. En promedio aún existen más de 140 casos anuales.

El principal problema ha sido la baja cobertura de detección del VIH en mujeres embarazadas, la cual se ha incrementado ocho veces en los últimos años. Por ello, se ha establecido como una meta prioritaria llegar a cero casos en 2018.

A 10 años de que el gobierno mexicano haya implementado las medidas para atender el problema del sida, se ha revelado que más del 30% de los casos es por relaciones sexuales sin protección, los estados con mayor índice población con dicho virus son: Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Puebla y Veracruz.

En promedio, las mujeres mexicanas tienen su primera relación sexual a los 15 años y la mayoría no usan algún método anticonceptivo, reveló el Instituto Nacional de las Mujeres, asimismo cuatro de cada 10 adolescentes no usan condón en su primera relación sexual.

A lo anterior, se suma el tema del virus del papiloma humano o cáncer cérvico uterino, ya que representa una de las primeras causas de muerte entre las mujeres en México, causando alrededor de más de 20 muertes diarias y el diagnóstico de 15 mil nuevos casos anuales, misma enfermedad que puede ser prevenida y controlada si se encausara una campaña más abierta a la población mexicana sobre el uso de métodos de prevención en enfermedades de transmisión sexual.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la planeación del desarrollo nacional como el eje que articula las políticas públicas que lleva a cabo el Gobierno de la República, entre las que se han planteado en el Plan Nacional de Desarrollo se encuentra la de tener un mayor control en las enfermedades de transmisión sexual, y promover una salud sexual y reproductiva satisfactoria y responsable, a fin de mejorar la calidad de salud de los mexicanos.

Por ello se debe insistir en impulsar, de manera estratégica, como parte de una campaña permanente en el territorio nacional el uso del condón o cualquier otro método que prevenga las enfermedades de transmisión sexual, donde se cree una coordinación eficiente con las instituciones públicas de salud y las organizaciones de la sociedad civil.

Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República somete a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud, así como al Instituto Nacional de la Mujer y al Instituto Nacional de la Juventud, a que de manera conjunta establezcan campañas permanentes en todo el territorio nacional para concientizar a la ciudadanía sexualmente activa sobre el uso de preservativos a fin de prevenir las enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 22 días del mes de enero de 2014.

Senadoras: Mely Romero Celis, Ivonne Álvarez García.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a determinar los agentes económicos preponderantes en el sector, suscrita por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Zoé Robledo Aburto, senador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo que dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente, la proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La iniciativa del Ejecutivo federal de fecha 12 de marzo de 2013 y el dictamen aprobado por las cámaras integrantes del Congreso de la Unión, en relación con la Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones, establecen en su exposición de motivos que los ejes principales de la reforma constituyen la protección a la libertad de expresión y la propuesta de creación de órganos reguladores con autonomía constitucional para asegurar el desarrollo eficiente de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y asegurar condiciones de competencia y libre concurrencia, tanto en los sectores referidos, como en la actividad económica en general. i

Marca como uno de los principales compromisos: la iniciativa prevé una serie de acciones específicas para la reordenación de los mercados en estas materias en corto plazo, tales como los medidas aplicables a agentes económicos preponderantes, desagregción de redes, obligaciones específicas respecto del ofrecimiento de señales radiodifundidas y su retrasmisión en la televisión restringida, regulación convergente del uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico. ii

La reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de junio de 2013, establece plazos muy claros y facultades expecíficas para el actuar del órgano regulador en la materia, el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, sobre las definiciones que habrá de hacer en los términos que actualmente corren.

No obstante lo anterior, en el marco de las atribuciones conferidas al Instituto Federal de las Telecomunicaciones, no se encuentra la facultad de definir los mecanismos de retrasmisión de las señales de televisión abierta por parte de los concesionarios de televisión restringida. Estos mecanismos, y sus condiciones específicas, se encuentran definidos por el Constituyente Permanente de manera específica en la fracción I del Transitorio Octavo del decreto de reformas aludido.

Por ello llama la atención que el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, contrario a su ámbito de facultades específicas y al principio de división de poderes consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, haya convocado a una consulta pública para definir los lineamientos generales en relación con lo dispuesto en la fracción I del Transitorio Octavo del Decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Telecomunicaciones, toda vez que, como ha sido señalado, los lineamientos respectivos ya se contienen en la disposición respectiva y no son susceptibles de ser modificados por ese órgano.

Llevar a cabo una consulta para establecer “lineamientos” no establecidos por la Constitución para ampliar la gratuidad de la retrasmisión de señales en exceso a lo establecido por el Constituyente Permanente y sin definir previamente a los agentes preponderantes en el sector, como se establece en el propio numeral I del transitorio octavo del decreto, pone en riesgo el espíritu de la reforma, pues lejos de contribuir a la competencia, fomenta beneficios indebidos para los agentes preponderantes con la consecuente afectación del proceso de competencia y libre concurrencia en el mercado.

En este sentido, es del conocimiento generalizado la preponderancia que ostentan algunos agentes económicos en las telecomunicaciones, así como su asociación con otras empresas proveedoras en actividades relacionadas con la distribución y manejo comercial de paquetes de servicios. Esta Soberanía debe recordar que la existencia del monopolio antes referido, conlleva efectos nocivos para la competitividad nacional que han sido estimados por la OCDE en 1.8% del Producto Interno Bruto anual.

Consecuentemente y en virtud de lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Federal de las Telecomunicaciones, a fin de que en el ámbito de sus facultades, intervenga para hacer cumplir las condiciones establecidas por el Constituyente Permanente en el transitorio octavo, fracción I, del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, y en este tenor de ideas proceda a resolver de manera prioritaria la preponderancia de los agentes económicos en el mercado de telecomunicaciones involucrados, directa o indirectamente, en la retrasmisión de señales radiodifundidas.

Notas

i Gaceta Parlamentaria, página 18, número 3731-X, martes 19 de marzo de 2013.

ii Gaceta Parlamentaria, Página 18 y 19, número 3731-X, martes 19 de marzo de 2013.

Dado ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 22 días del mes de enero de 2014.

Senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP a investigar y sancionar a los funcionarios responsables de los errores cometidos en la emisión de los libros de texto gratuitos, suscrita por la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta punto de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

En julio del año pasado, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, informó a la opinión pública que se habían detectado 117 errores ortográficos en los libros de texto que diseñó la Subsecretaría de Educación Básica durante la administración pasada e informó que esos errores se darían a conocer mediante una fe de erratas que sólo distribuirían a los docentes días antes del inicio del ciclo escolar.

Debido a que no se pudo detener la producción de esos textos, la subsecretaria de Educación Básica indicó que, desafortunadamente, dejarían a los maestros la tarea de hacer las correcciones en los libros durante las clases.

De la lista de las 117 fallas ortográficas, el libro con más dedazos y palabras mal escritas es el de Español lecturas de cuarto grado, ya que contiene 12 de los errores que los maestros deberán corregir.

El segundo libro con más errores es el de Geografía de cuarto grado, el cual contiene ocho errores. Por ejemplo, en la página 30, la palabra tzeltal, referente a un grupo étnico en Chiapas, la escribieron con la letra ‘s’ en vez de ‘z’ y sin una ‘l’, diciendo tsetal; en la página 51, a la palabra ‘después’, con tilde en la segunda ‘e’, el acento ortográfico se lo pusieron en la ‘u’, de modo que dice ‘despúes’, lo cual es incorrecto, y en la página 18, a la palabra ‘cuales’, por el sentido de la oración no lleva tilde, sin embargo, se lo pusieron, diciendo “...los cuáles han...”.

Los siguientes textos con más errores ortográficos son el de Ciencias Naturales de cuarto grado, con ocho fallas; le sigue el de Español lecturas de tercer grado, con siete errores, y después el de Español de primer grado, con seis palabras mal escritas.

Este hecho tan reprobable no fue el único que se suscitó durante la pasada administración. En 2009, por ejemplo, Daniel Hernández, catedrático del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, afirmó que en materia de educación sexual los libros de ciencias naturales eran regresivos, al limitar la sexualidad a fines reproductivos y monogámicos. “Prevalece una visión discriminatoria sobre las enfermedades de transmisión sexual, pues se advierte del riesgo por contagio de sífilis y gonorrea que son padecimientos curables, pero no se informa que el papiloma humano, la hepatitis C y el VIH pueden ser mortales si no hay adecuadas medidas de protección”, señaló el especialista.1

Estas fallas en los libros de texto gratuito podrían ayudar a explicar por qué la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ubica a México en el sitio 53 de los 65 países que participan en la prueba PISA, ya que nuestros alumnos obtuvieron 413 puntos en matemáticas, 424 en lectura y 415 en ciencias,2 por lo que dicho organismo advirtió en su informe que de mantenerse las tasas de mejora actuales, a México le tomará más de 25 años para alcanzar los niveles promedio actuales de la propia OCDE en matemáticas y más de 65 años en lectura.3

Una de las principales tareas del Estado mexicano es el fortalecer al sistema educativo, ello a través de la eficacia no sólo de sus instituciones, sino de todos aquellos funcionarios quienes trabajan en las mismas, por lo que resulta indispensable que no se pasen por alto los errores en los libros de texto gratuitos, ya que su comisión ha afectado de forma grave la calidad de la educación de millones de estudiantes en el país, es por esto que resulta de gran importancia el investigar y aplicar el peso de la ley a aquellos funcionarios responsables de estos hechos.

Es por lo anteriormente expuesto que se propone a esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de la Función Pública, a efecto de que investigue y sancione a aquellos funcionarios responsables de los errores en la edición de los libros de texto gratuito que otorgó la Secretaría de Educación Pública en conjunto con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito durante el año 2013.

Notas

1 Consultado en http://www.jornada.unam.mx/2009/10/27/sociedad/036n1soc el 21 de enero de 2014.

2 http://diario.mx/Nacional/2013-12-03_f5e872e6/ocupa-mexico-ultimo-lugar -en-educacion-segun-la-ocde/, 20 de enero de 2014, 20:20 horas.

3 http://www.milenio.com/politica/rezago_educativo-educacion_Mexico-PISA_ Mexico-OCDE_0_201579953.html, 20 de enero de 2014, 20:38 horas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2014.

Diputada María de las Nieves García Fernández

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a los problemas generados por autofinanciamientos, suscrita por los legisladores Víctor Manuel Bautista López, Mario Alejandro Cuevas Mena, Víctor Reymundo Nájera Medina y Jhonatan Jardines Fraire, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado Víctor Manuel Bautista López y los diputados adherentes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, somete a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Exposición de Motivos

El artículo 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece la modalidad de autofinanciamiento como mecanismo para la adquisición de bienes determinados o determinables a través de sistemas de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumidores que aportan periódicamente sumas de dinero para ser administradas por un tercero. El concepto, precisado a través de la reforma a dicho ordenamiento jurídico, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2004, incluyó además la adición de seis párrafos y seis fracciones al citado artículo, así como la adición de los artículos del 63 Bis al Quintus con la finalidad de establecer un marco regulatorio adecuado que contribuyera a otorgar mayor certeza a este tipo de operaciones.

Complementa la regulación lo contenido en el Reglamento de Sistemas de Comercialización Consistentes en la Integración de Grupos de Consumidores que faculta, en su artículo 2, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor, “en el ámbito de sus respectivas competencias, la aplicación, vigilancia e interpretación del presente reglamento”, lo que sin embargo se limita de manera especial a los procedimientos de creación y funcionamiento de dichos sistemas, sin precisar con mayor claridad, atribuciones de supervisión efectiva de sus actos o la aplicación de sanciones por el incumplimiento de la regulación, mucho menos mecanismos efectivos de protección para los usuarios.

De acuerdo con información pública de la Procuraduría Federal del Consumidor, son 21 empresas las que cuentan con registro ante dicha dependencia y con autorización emitida por la Secretaría de Economía, estas son Autofinanciamiento México, SA de CV, Autofinanciamiento Automotriz, SA de CV, Bienes Programados, SA de CV, Express Autofinanciamiento, SA de CV, Conauto, SA de CV, Auto Amecah, SA de CV, Auto Gran Crédito Famsa, SA de CV, Grupo Abimisa, SA de CV, Sistema Único de Autofinanciamiento, SA de CV, Autofinanciamiento Ral, SA de CV, Sistema de Crédito Automotriz, SA de CV, Autoclub Autofinanciamiento, SA de CV, Yamaha Motor Consorcio México, SA de CV, Autofinanciamiento Total, SA de CV, Plan de Ahorro Automotriz, SA de CV, Autofinanciamiento Inbursa, SA de CV, Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, SA de CV, Programas Comerciales, SA de CV, Grupo Firme Plus, SA de CV, Autofinanciamiento Integral, SA de CV y Planea Tu Bien, SA de CV.1

La débil regulación que prevalece sobre el funcionamiento de estos sistemas y la falta de garantías institucionales que protejan adecuadamente el interés de los usuarios de los sistemas ha propiciado el desequilibrio en la relación comercial, la imposición de prácticas deshonestas, abusos y acciones que tienden a afectar el patrimonio de las personas que recurren a estas modalidades de inversión y que terminan involucrados en costos procedimientos judiciales que encarecen las operaciones.

Aún con el limitado marco de regulación que existe, durante 2012, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibió 2 mil 911 quejas presentadas contra 20 de estos sistemas, la que mayor incidencia tuvo al respecto fue Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, SA de CV con mil 442 denuncias. Entre las causas de mayor incidencia se encuentran la negativa a la rescisión del contrato, la negativa a la entrega del producto o servicio, producto o servicio no solicitado o autorizado, daños durante el proceso de entrega, negativa a corregir errores de cobro y la negativa a la devolución de depósito.2

Realizar una búsqueda en Internet bajo los parámetros “quejas”, “denuncias” o “fraudes” de autofinanciamiento nos permite acercarnos a los problemas que enfrentan las personas que sin la información adecuada y sin medios de tutela efectivos, se ven involucrados en conflictos con este tipo de entidades que han calculado ya los márgenes para afectar el patrimonio de las personas.

Y, al margen de las causales señaladas por la Profeco, existen otros aspectos contenciosos que propician que las diferencias entre los sistemas y los usuarios terminen en los tribunales, entre estos otros aspectos encontramos situaciones de fraude por el uso de convenios de adhesión distintos a los oficialmente registrados en la Procuraduría Federal del Consumidor, el incremento injustificado del costo de los bienes a adquirir como resultado de la aplicación de tasas de actualización distintas a las notificadas a la autoridad así como la aplicación de tasas de interés que cuadruplican incluso las más altas tasas de las tarjetas de crédito comerciales y que propician que dicha conducta constituya acciones claras y judicialmente sancionadas como usura, tal y como al respecto se pronunció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito del Poder Judicial de la Federación en su sentencia del nueve de mayo de dos mil doce ante la demanda de amparo promovida por Jorge Marcelo Maldonado Moguel.

Como consecuencia de ello se advierte que las condiciones que actualmente privan en la relación entre el sistema y los usuarios resultan desventajosas para los segundos, afectando el equilibrio de voluntades que debe prevalecer en este tipo de contratos, afectando visiblemente los derechos de los usuarios que vulneran su patrimonio, aspectos que constituyen derechos plenamente reconocido por el Estado mexicano en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en su artículo 21 numerales del 1 al 3.

Siendo deber de las autoridades adoptar disposiciones de derecho interno para asegurar el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en dicho tratado, según el artículo segundo de la convención, el que además se correlaciona con las disposiciones del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo correspondiente a la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, es que resulta indispensable que la representación popular promueva acciones para fortalecer la protección de los usuarios y para contar con información veraz y objetiva que permita adoptar disposiciones de carácter legislativo que contribuyan a integrar a plenitud la legislación nacional en armonía con la norma convencional.

Es conveniente señalar además que el ciudadano Gerardo Hernández Hernández, vecino del municipio de Nezahualcóyotl, estado de México, acudió ante mí para presentar este grave caso y las afectaciones que en su patrimonio y bienestar ha generado la relación contraída con la empresa Autofinanciamiento México SA de CV y que ha ido desde acciones claras de defraudación, la firma de pagarés con altas tasas de interés que pueden considerarse como usura, el uso de contratos de adhesión distintos a los registrados ante la Profeco, según oficio con número 0072-2013 suscrito por el licenciado José Manuel Montiel Cuevas, director de sectores de la Procuraduría Federal del Consumidor, y la vulneración de la Norma Oficial Mexicana 143-SFC1-2000 emitida por la Secretaría de Economía, solicitando la realización de reformas a los ordenamientos legales aplicables y la presentación de un proyecto de acuerdo al respecto.

Por tal motivo y luego de analizar la documentación que me fue presentada, estimando la viabilidad de la demanda y preocupación del ciudadano, de la cual se desprende la motivación de la presente proposición y con la finalidad de atender plenamente su solicitud, en mérito de todo lo anterior me permito someter a su digna consideración la proposición con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que remita un informe pormenorizado de la situación de las quejas presentadas por los usuarios en contra de los sistemas de comercialización contemplados en el artículo 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, destacando si en el desahogo de sus investigaciones ha detectado irregularidades graves como el uso de contratos de adhesión distintos a los registrados ante dicha dependencia y, de ser el caso, informe si ha hecho del conocimiento del Ministerio Público dichas acciones.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a las procuradurías de justicia o fiscalías generales de las entidades federativas y del Distrito Federal para que investiguen con prontitud y eficiencia las denuncias sobre fraude y usura que presenten los usuarios de los sistemas de comercialización contemplados en el artículo 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, de tal forma y, de ser el caso, se sometan al conocimiento de las autoridades judiciales respectivas.

Notas

1. http://www.consumidor.gob.mx/wordpress/?page_id=11077 consultada el 06 de enero de 2014.

2, http://www.consumidor.gob.mx/wordpress/?page_id=8702 consultada el 06 de enero de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2014.

Diputados: Víctor Manuel Bautista López, Mario Alejandro Cuevas Mena, Víctor Reymundo Nájera Medina, Jhonatan Jardines Fraire, Graciela Saldaña Fraire (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y al SAT a realizar una campaña nacional de información sobre los beneficios del nuevo régimen de incorporación fiscal, suscrita por el senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del PRI

El senador Raúl Aarón Pozos Lanz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La propuesta de reforma fiscal presentada por el titular del Poder Ejecutivo federal y posteriormente aprobado por el honorable Congreso de la Unión, fue desde su inicio una reforma con un amplio sentido social y de justicia, con el objetivo final de alcanzar condiciones de mayor equidad entre la sociedad.

Fue una respuesta para hacer frente a la desigualdad y pobreza en la que viven millones de mexicanos. Con ese fin, se realizaron diversas modificaciones en el sistema tributario y en el sistema de coordinación fiscal.

Se establece un sistema hacendario más justo, más simple y más transparente para que todos los mexicanos puedan transitar hacia la formalidad.

En este contexto, es oportuno mencionar que actualmente existen un número muy importante de habitantes que desafortunadamente y debido a la naturaleza de su empleo, se encuentran en situación de informalidad, es decir, reciben su salario sin ninguna prestación laboral, como lo es el ahorro para el retiro, aguinaldo, crédito para vivienda, etcétera, en general sin ningún beneficio de seguridad social.

Uno de los puntos centrales de la propuesta de reforma fiscal se basa en “1) promover la formalidad, reduciendo las barreras de acceso y ampliando los servicios de seguridad social.” Con ello se busca promover la formalidad por varios motivos entre los que podemos destacar: el incremento de la base gravable, impulsar la productividad mediante el incremento de los trabajadores formales y ampliar la cobertura de seguridad social y con ello mejorar los índices de cobertura en los servicios de salud.

Las personas que tienen derecho a este beneficio son personas físicas con actividad empresarial y pequeñas empresas cuyos ingresos al año no sean mayores a un millón de pesos, entre las cuales podemos destacar a quienes se dediquen al comercio, actividades agrícolas, ganaderas, de pesca, silvícolas e industriales.

En la propuesta aprobada por el Congreso de la Unión, viene establecido en el artículo 111 de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, un nuevo Régimen de Incorporación Fiscal, el cual coadyuvará, mediante incentivos, a incrementar el porcentaje de empleados formales en relación con los informales, para lograrlo establece un importante número de ventajas que serán objeto los trabajadores recién incorporados a la formalidad, el pasado 2 de diciembre del actual el SAT publicó un comunicado en el cual se explica en términos generales los beneficios del Régimen de Incorporación Fiscal, entre las cuales podemos destacar:

• No pagarán completamente sus impuestos hasta el año 11 en que hayan sido incorporados.

• No pagarán impuestos el primer año de su registro.

• A partir del segundo año, comenzarán a pagar gradualmente hasta alcanzar el 100% del impuesto en el año 11.

Estas ventajas traerán beneficios directos para la clase trabajadora entre los cuales se encuentran:

• Acceso al servicio médico.

• Créditos a la vivienda.

• Sistema de ahorro para el retiro.

• Y en general, mejorar sus condiciones de vida, al incorporarse a la Seguridad Social.

• Otro de los beneficios innovadores, que se impulsan con este nuevo régimen es el acceder a un seguro de desempleo.

El impacto y el éxito que tengan estas medidas, sin duda están estrechamente relacionadas con la información que tengan los pequeños contribuyentes y la clase trabajadora informal. De lograrse esto, será un parteaguas para la sociedad mexicana en su conjunto y se reflejará en mejores estadios de vida para la población.

Es por estas razones, que el presente punto de acuerdo, solicita respetuosamente a las autoridades hacendarias, SHCP y SAT, inicien una campaña nacional de información sobre el funcionamiento del este nuevo Régimen de Incorporación Fiscal, a través de los medios masivos de comunicación, en aras de que la población potencial que pueda acceder a este régimen conozca las oportunidades que tendrá con su incorporación al mismo, así como, empezar a prever en sus finanzas personales la tasa impositiva que tendrá que empezar a pagar.

Esta campaña debe de estar fundamentada en informar de manera eficaz y oportuna, con una visión de futuro, para que los pequeños y nuevos contribuyentes conozcan por cuenta propia los beneficios y compromisos que adquirirán con el Estado.

Por lo anteriormente expuesto, los senadores suscritos proponemos la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único: la honorable Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y al Sistema de Administración Tributaria a llevar a cabo una campaña nacional de información sobre los beneficios del nuevo régimen de incorporación fiscal aprobado en la reciente reforma hacendaria 2014.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, recinto legislativo San Lázaro, Ciudad de México, a los 22 días del mes de enero de 2014.

Senador Raúl Aarón Pozos Lanz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a hacer del conocimiento público en su sitio de Internet el padrón de beneficiarios y los resultados periódicos del Programa de Creación de Empleo en Zonas Marginadas, con relación al presupuesto otorgado para los ejercicios fiscales de 2009 a 2012, suscrita por los diputados José Luis Muñoz Soria, Javier Orihuela García y Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, José Luis Muñoz Soria, Javier Orihuela García y Roberto López Rosado, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Antecedentes y consideraciones

1. En marzo de 2008 fue publicado el decreto por el que se establece el Programa para la Creación de Empleo en Zonas Marginadas, con objeto de apoyar el empleo y promover la instalación y operación de centros productivos en zonas marginadas del país, en virtud de que a la Secretaría de Economía corresponde regular, fomentar y estimular el desarrollo de la industria se consideró conveniente que dicha dependencia actúe como ventanilla única del conjunto de acciones gubernamentales que para la creación de empleo en zonas marginadas establece dicho decreto, a cargo del licenciado Ildefonso Guajardo Villareal; la unidad responsable del programa es la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, teniendo como titular al licenciado Enrique Jacob Rocha.

2. La creación de este programa finca su objetivo para ir más allá de una política de índole asistencialista y fortalecer el desarrollo de las localidades de mayor marginación, definir estrategias y líneas de acción que impulsen la productividad para lograr una economía competitiva apoyando a los proyectos productivos y a empresas para que a su vez generen oportunidades de trabajo permanentes en las zonas más vulnerables.

3. Los estados con mayor marginación en el país son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo, conforme a esa clasificación (según un estudio de la Secretaria de Planeación del desarrollo y Gasto Publico del Estado de Sonora), con un índice de marginación de los siguientes órdenes: 2.25; 2.11; 2.07; 1.27 y 0.8, respectivamente considerados con un grado de marginación muy alto. Bajo este panorama le siguen 9 estados de la república que los clasifican un grado de marginación alto; posteriormente 6 estados más con un grado de marginación medio; 8 estados con un grado de marginación bajo, y por ultimo solo 4 estados con marginación muy bajo.

A continuación se muestra una tabla con el índice de marginación por entidad federativa:

4. Como se aprecia en la tabla del numeral 3, para los niveles de marginación que existen en México es imperativo el seguimiento de los programas que coadyuven a revertir la situación en la que estados y municipios se encuentran, propiciando a la creación de empleos formales. Sin embargo, de las 32 entidades del país, 23 generaron menos empleos formales según la Secretaría de Trabajo y Previsión social; el estado de México mostro la menor dinámica en materia laboral, le siguió Nuevo León, Coahuila y Durango, Veracruz, Tamaulipas, Campeche, Puebla, Chihuahua y Chiapas completan el grupo de las 10 entidades que retrocedieron más en la materia.

Entidades federativas por dinamismo en materia laboral

5. Los recursos presupuestarios otorgados para este programa desde 2009 no se han ejercido satisfactoriamente, pues hay subejercicios por su parte, como lo muestra el siguiente gráfico, proporcionado por la página de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público Transparencia Presupuestaria:

6. Por otra parte, y de conformidad con el artículo 19 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, “las dependencias y entidades deberán publicar en sus sitios de Internet a más tardar dentro de los primeros diez días hábiles del mes de julio de cada año, la información relativa a programas de estímulos, apoyos y subsidios. Dicha información deberá actualizarse cada tres meses y contener, por lo menos, los siguientes elementos:

I. Nombre o denominación del programa;

II. La unidad administrativa que lo otorgue o administre;

III. La población objetivo o beneficiaria, así como el padrón respectivo con el nombre de las personas físicas o la razón o denominación social de las personas morales beneficiarias;

IV. Los criterios de la unidad administrativa para otorgarlos;

V. El periodo para el cual se otorgaron;

VI. Los montos; y

VII. Los resultados periódicos o informes sobre el desarrollo de los programas”.

7. La persistencia de la pobreza, el aumento en la desigualdad de los ingresos y el lento crecimiento del empleo, son limitantes para el progreso económico y social de México, poniendo de manifiesto la necesidad de promover un crecimiento integrador con un alto coeficiente de empleo, por ello es importante no perder de vista los programas federales en esta materia, y propiciar la mayor transparencia y rendición de cuentas.

Por lo expuesto y fundado se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta a la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa para que a través del secretario de Economía, haga del conocimiento público en su sitio de Internet el padrón de beneficiarios, y los resultados periódicos del Programa de Creación de Empleo en Zonas Marginadas, con relación al presupuesto otorgado para los ejercicios fiscales 2009-2012.

Sede de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2014.

Diputados: José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Javier Orihuela García, Roberto López Rosado (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, al Conaculta, al INAH y otras instituciones a realizar actividades conmemorativas de los 50 años del Museo Nacional de Antropología, suscrita por la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Celia Isabel Gauna Ruiz de León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

México cuenta con más de 37 mil zonas arqueológicas, de las cuales 187 se encuentran abiertas al público bajo el resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH),1 organismo tiene a su cargo 129 museos, que dan cuenta del enorme bagaje histórico y cultural del país,2 en los cuales se observan múltiples objetos e instrumentos prehispánicos con origen en las diversas culturas prehispánicas.

Si bien muchos museos están dedicados a la exposición de la historia del país, el más importante es el Museo Nacional de Antropología (MNA), el cual cuenta actualmente con 11 salas de arqueología y 11 de etnografía resguardadas cada una de ellas por un curador-investigador, en las cuales podemos encontrar cientos de piezas prehispánicas y étnicas,3 entre las que se encuentran la Piedra del Sol, El Acróbata , las cabezas colosales olmecas, Coatlicue, la estatua ceremonial del Ocelotl-Cuauhxicalli y el monolito de Tláloc, siendo este último el icono de tan valioso recinto cultural.

El resguardo de los vestigios históricos del país tuvo sus orígenes en el siglo XVIII, cuando el virrey de Bucareli diera la orden de depositar los documentos históricos de gran relevancia, los cuales formaban parte de la colección de Lorenzo Boturini, en la Real y Pontificia Universidad de México, lugar donde ya se encontraban la Piedra del Sol y la escultura de la diosa Coatlicue, lo anterior dio la pauta para que en 1790 se inaugurara el primer museo de historia natural.

A lo largo de los años, aquellos objetos prehispánicos lograron obtener mayor relevancia a nivel nacional e internacional, por lo que en 1825 el presidente Guadalupe Victoria, asesorado por Lucas Alamán, fundó el Museo Nacional Mexicano, siendo trasladado en 1865 al edificio donde se encontraba la Casa de Moneda, por orden de Maximiliano de Habsburgo. Tiempo después, este recinto sufrió una renovación siendo reinaugurado el 9 de septiembre de 1910 por el presidente Porfirio Díaz, pero ahora con el nombre de Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. Para 1924 el museo resguardaba más de 52 mil piezas y tenía una afluencia de 250 mil visitantes por lo que se le consideraba uno de los museos más interesantes del mundo.

Por su importancia, en 1963 el presidente Adolfo López Mateos ordenó la construcción del Museo de Antropología, en el Bosque de Chapultepec, bajo la dirección del entonces secretario de Educación, Jaime Torres Bodet. Pedro Ramírez Vázquez fue el principal arquitecto de dicha obra, inaugurada en septiembre de 1964.4

Aunado a los objetos de gran valor histórico, está la importancia de los murales con los que cuenta y la imponente figura arquitectónica denominada El paraguas (fuente ubicada en el patio central), todo ello construido sobre una superficie de 70 mil metros cuadrados que convierten al MNA en el más importante del país y uno de los más interesantes y trascendentales del mundo.

No resulta ocioso aprovechar para recordar al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien no sólo fue autor del Museo Nacional de Antropología sino también de edificios de gran importancia para el país como la Escuela Nacional de Medicina de Ciudad Universitaria, el edificio de la Secretaría del Trabajo, los mercados de la Lagunilla, Tepito, Coyoacán, Azcapotzalco y San Pedro de los Pinos, el Museo del Caracol, la torre Tlatelolco, los estadios Azteca y Cuauhtémoc de Puebla, la Embajada de Japón en México, la nueva Basílica de Guadalupe, el Centro Cultural Tijuana, la Torre de Mexicana de Aviación, el edificio Omega, la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Michoacán, el Museo Amparo de Puebla y el Palacio Legislativo de San Lázaro.5

El resguardo y estudio del patrimonio histórico constituyen actividades trascendentes para entender nuestros orígenes y proyectarlos hacia el futuro. Por ello, toda institución pública o privada dedicada a dicho resguardo debe ser protegida y reconocida, como es el caso del MNA, cuya labor de difusión merece el más alto reconocimiento, ya que a lo largo de medio siglo ha permitido a los mexicanos y extranjeros el disfrutar y recordar los cimientos que dan identidad a la nación.

Por lo expuesto se someten a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Educación Pública, al presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y a la directora general del Instituto Nacional de Antropología e Historia a conmemorar durante el presente año el primer medio siglo de existencia del Museo Nacional de Antropología.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la directora general de la Lotería Nacional a emitir un billete conmemorativo de los 50 años de la inauguración del Museo Nacional de Antropología.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la directora general de Correos de México a emitir un sello postal conmemorativo por los 50 años de la inauguración del Museo Nacional de Antropología.

Notas

1 http://www.inah.gob.mx/zonas-arqueologicas 6 de enero de 2014, 14:51 horas

2 http://www.inah.gob.mx/museos 6 de enero de 2014, 14:53 horas

3 http://www.mna.inah.gob.mx/exposiciones/permanentes.html 6 de enero de 2014, 15:17 horas

4 http://www.revistabuenviaje.com/conocemexico/destinos/df/museoantropolo gia/museoantropologia.php#.Uss9IVvuJyU 6 de enero de 2014, 18:10 horas

5 http://www.inah.gob.mx/reportajes/6575-pedro-ramirez-el-arquitecto-que- construyo-para-la-gente 6 de enero de 2014, 18:30 horas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2014.

Diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Consar a hacer del conocimiento público si hay autorización para que la administradora XXI Banorte participe con más de 20 por ciento en el mercado de las Afore, suscrita por los diputados José Luis Muñoz Soria, Javier Orihuela García y Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, José Luis Muñoz Soria, Javier Orihuela García y Roberto López Rosado, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del honorable pleno de la Comisión Permanente punto de acuerdo con base en las siguientes

Antecedentes y consideraciones

1. La Consar es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y su labor fundamental es regular el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que está constituido por las cuentas individuales a nombre de los trabajadores que administran las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), su titular es el licenciado Carlos Ramírez Fuentes, nombrado así el pasado 7 de enero, regulada principalmente por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 1996.

2. La tabla 1 y 1.1 muestra la participación en recursos y cuentas administradas respectivamente, de cada administradora dentro del mercado de las Afore:

3. De conformidad con el artículo 26 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro “... con el propósito de mantener un adecuado balance y equilibrio en los sistemas de ahorro para el retiro, ninguna administradora podrá tener más de veinte por ciento de participación en el mercado de los sistemas de ahorro para el retiro.

La comisión podrá autorizar, previa opinión del Comité Consultivo y de Vigilancia, un límite mayor a la concentración del mercado, siempre que esto no represente perjuicio a los intereses de los trabajadores”, bajo este esquema el caso de la administradora XXI Banorte, representa una participación mayor al veinte por ciento, lo que en primera instancia estaría violentando el primer párrafo del artículo citado, sin embargo el párrafo segundo establece la posibilidad de ampliar la participación previa autorización, por lo que se le pide al licenciado Ramírez Fuentes, en calidad de titular de la comisión, y como un ejercicio de transparencia, publique los motivos por los que la administradora en cuestión tiene un mayor porcentaje de participación respecto a las otras administradoras y si esa decisión no representa perjuicio a los intereses de los trabajadores.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta al titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro haga del conocimiento público si existe autorización para que la administradora XXI Banorte participe con más de veinte por ciento dentro del mercado de Afores, asimismo los motivos por los que se concedió dicha autorización.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2014.

Diputados: José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Javier Orihuela García, Roberto López Rosado (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para promover la exportación de productos de las pequeñas y medianas empresas nacionales, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la república de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición de punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, al Instituto Nacional del Emprendedor y a la Banca de Desarrollo para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, establezcan acciones conjuntas a fin de promover la exportación de productos de la pequeña y mediana empresa nacional, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los sectores más importantes de la economía mexicana son las pequeñas y medianas empresas (Pyme). De acuerdo a INEGI, en el país existen más de 4 millones de empresas, de las cuales 99.8 por ciento son Pyme que generan el 53 por ciento del PIB y el 72 por ciento del empleo formal.

Dadas las circunstancias actuales del mercado mundial, México debe impulsar ciertos sectores que le permitan su inclusión en las negociaciones económicas internacionales para poder obtener el mayor beneficio posible y desempeñarse como un actor modelo en la región.

En la actualidad, uno de los problemas más importantes es la inclusión de las Pyme al mercado competitivo mundial y la exportación de sus productos, los cuales deben ser de calidad y precios aceptados por los compradores internacionales.

El apoyo a las Pyme mediante programas que promuevan su existencia es de suma importancia porque incentiva el desarrollo y la transformación de los distintos sectores de la economía en sectores más sólidos que impulsan la economía mexicana.

Es pertinente que se establezcan acciones que impulsen a este sector y lo ayuden a desarrollar mecanismos tales como competitividad, autosuficiencia, elaboración estratégica de un plan de negocios y adaptación en condiciones específicas.

Las empresas que se especializan y se preparan en ámbitos de competencia e innovación pueden tener mayor acceso a oportunidades que las permitan crecer y tener mayor rentabilidad gracias a las exportaciones. En el caso de México, existen diversos recursos a los cuales las Pyme pueden tener acceso y poder capacitarse y financiarse. Sin embargo, para llevar a cabo el proceso de aumento de exportaciones, las Pyme requieren de un alto grado de especialización, capital, capacitación y competitividad que permitan el éxito de sus actividades.

Un factor clave en el que se debe centrar la actividad empresarial en México es en la innovación, la cual permite distinguirse en los mercados y aumentar ventas por la capacidad de vender un producto diferenciado. Otro factor importante que deben contemplar las empresas para poder ser exitosas es la competitividad, la cual se refiere a la capacidad de una empresa para enfrentarse con otra en el mercado y buscar atraer el mayor número de clientes. Finalmente, una empresa no sólo necesita buenas ideas y una organización adecuada, sino buenos métodos que le permitan producir de manera óptima y proveer a la sociedad los bienes y servicios que requiera.

A pesar del papel central de las Pyme en la economía mexicana, muchas de estas empresas no cuentan con el capital necesario para poder mejorar la calidad de sus productos y aumentar su producción de tal manera que puedan satisfacer las demandas del extranjero (tanto en bienes como en precios), y poder hacer que la exportación sea una actividad rentable. Según el Banco Mundial, en 2010(a) sólo 16 por ciento de las empresas utilizaban bancos para financiar la inversión. A causa del alto capital que requiere se invertido para poder resultar en mayores ganancias, los altos riesgos, y la compleja organización, hay muchas empresas que limitan sus actividades al interior del país. Esto ocasiona que no se generen más empleos por parte del sector privado y no se fomente la cultura de competencia. Además, la falta de capacidades de exportación hace que los productores locales no se interesen por la especialización e innovación de su producto.

Por lo anteriormente expuesto, es que acudimos a esta honorable asamblea a proponer los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, al Instituto Nacional del Emprendedor y a la Banca de Desarrollo para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, establezcan acciones conjuntas a fin de promover la exportación de productos de la pequeña y mediana empresa nacional.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que a través del Instituto Nacional del Emprendedor se difunda la información dirigida a las pequeñas y medianas empresas, sobre los créditos ofrecidos por las instituciones y fideicomisos de la Banca de Desarrollo; los fondos de cooperación internacional y las aportaciones de distintas organizaciones, se haga de manera conjunta y sea más publicitada.

Dado en la salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 22 de enero de 2014.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a hacer del conocimiento público las acciones implantadas para transparentar los recursos del Subsemun, suscrita por los diputados José Luis Muñoz Soria, Javier Orihuela García y Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, José Luis Muñoz Soria, Javier Orihuela García y Roberto López Rosado, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este pleno la siguiente “proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación, haga del conocimiento público las acciones que ha implementado a fin de transparentar los recursos del Subsemun; asimismo, se le exhorta a que evalúe la fórmula de selección de municipios, las reglas de operación del Subsemun y los indicadores actuales, a fin de hacer las modificaciones pertinentes que garanticen la eficacia, transparencia y efectividad del subsidio”, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Subsidio para la Seguridad en los Municipio (Subsemun)

En 2008 se reformó el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), con el fin de profundizar el alcance de las disposiciones referentes al Sistema Nacional de Seguridad Pública. En su versión modificada, este artículo establece la necesidad de consolidar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), para cumplir los objetivos de seguridad pública y conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Con el fin de apoyar a los gobiernos municipales en el financiamiento de la implantación de la nueva estrategia de seguridad pública, prevista en el artículo 21 constitucional, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, consideró conveniente establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del Ejercicio Fiscal 2008 recursos para apoyar a un conjunto de municipios por seleccionar con base en criterios del número de habitantes e incidencia delictiva, en los cuales, por su importancia, se implantaría y desarrollaría dicha estrategia.

El mecanismo de transferencia previsto fue el de subsidios, con cargo en los recursos del Ramo General 36 Seguridad Pública.

El objetivo general del Subsemun es fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad pública de los Municipios y, en su caso, de los Estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los Municipios, así como del Gobierno del Distrito Federal en sus demarcaciones territoriales, a fin de salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, conforme a los Programas con Prioridad Nacional.

2. Los objetivos específicos del Subsemun son los siguientes:

a) Fortalecer los factores de protección de la población mediante intervenciones integrales y coordinadas de carácter preventivo de instituciones públicas, privadas y sociales;

b) Promover una política preventiva que incida sobre los contextos socioculturales en donde se desarrollan los factores de riesgo que propician la violencia y la delincuencia, antes de que ocurran los eventos que las detonan;

c) Incrementar los niveles de seguridad y confiabilidad que demanda la ciudadanía, mediante la aplicación de evaluaciones de control de confianza homogéneas;

d) Fortalecer la profesionalización, a través del establecimiento del Servicio Profesional de Carrera Policial que considere un sistema complementario de seguridad social y reconocimiento de los integrantes de las instituciones de seguridad pública;

e) Apoyar la construcción, mejoramiento y/o ampliación de las instalaciones de seguridad pública municipal, a fin de contar con la infraestructura necesaria y adecuada para llevar a cabo la operación y funcionamiento de la policía en los Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como para el adecuado desarrollo de los procesos relativos a la profesionalización de sus integrantes, y

f) Promover el suministro, intercambio, sistematización, homologación y actualización de la información en materia de seguridad pública, así como fortalecer el uso y disponibilidad, homologación y actualización de la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

3. Cabe señalar que el Subsemun es un programa federal de alcance nacional, esto es, su cobertura abarca en principio a la totalidad de municipios del país y de demarcaciones territoriales del Distrito Federal, pero únicamente dota de los recursos que determina el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a los municipios y demarcaciones del Distrito Federal que resulten beneficiarios, conforme al Acuerdo de Elegibilidad, que cada año se publica en el DOF.

Asimismo, su presupuesto asignado ha sido destinado a los municipios y demarcaciones, como se muestra a continuación:

Consideraciones

A. La Auditoría Superior de la Federación mediante diversos informes reporta la falta de transparencia en recursos del Subsemun.

En el Diagnóstico sobre la Opacidad en el Gasto Federalizado la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer las principales áreas de opacidad en el proceso de gestión del Subsemun, en cuanto a lo siguiente:

Asignación de los recursos: No son explícitos y públicos los criterios que determinan el número de municipios que participarán en el Subsemun y los que se consideran para la distribución de los recursos; las cifras del Sistema Nacional de Información, utilizadas para la selección de los municipios que participarán en el Subsemun, se presentan de manera incompleta, lo que limita la adecuada aplicación de los criterios correspondientes.

Transferencia de recursos: Falta de calendario para la entrega de las ministraciones; la relación de los municipios que por incumplimiento dejan de recibir ministraciones y sustitutos no se publica de manera oficial; retrasos en la entrega de recursos del SESNSP al Gobierno del Estado y del Gobierno del Estado a los municipios, sin transparentarse sus causas, a efecto de su atención; falta de una cuenta bancaria exclusiva para el Subsemun ya que se maneja en la misma cuenta la coparticipación municipal; traspasos de recursos del Subsemun a otras cuentas bancarias.

Adquisición de bienes o servicios y contratación de obra: Existe un número importante de excepciones a la licitación pública; procesos de adjudicación poco transparentes; la adquisición de armamento carece de un contrato o documento formal en el que se establezcan los compromisos de entrega, precios y características.

Subejercicio en la aplicación de los recursos: Existencia de subejercicios; no está definido el fundamento jurídico bajo el cual se establece la prórroga para que los municipios puedan ejercer los recursos después del cierre del ejercicio.

Profesionalización del personal: No se remiten en algunos municipios los resultados de las evaluaciones de control de confianza, así como los de habilidades, destrezas y conocimientos de la función y desempeño; No se tiene implementado el Servicio Profesional de Carrera Policial; insuficiente transparencia en el proceso de ingreso, permanencia, ascenso y retiro del personal; la falta de reestructuración del estado de fuerza de los municipios no permite identificar sí su esquema salarial es el adecuado; transparencia insuficiente en el proceso de estandarización salarial.

Sistema de Información Municipal: El Sistema Plataforma México y el kárdex electrónico presentan insuficiencias operativas, que impiden tener accesos a información básica para la operación policial y las estrategias de seguridad; además, a partir de 2011 ya no se mencionan en las Reglas de Operación lo que genera dudas sobre su continuidad estratégica y operativa.

Registros contables y presupuestarios: la existencia de equipo no inventariado o registrado por el municipio; los registros contables no coinciden con lo reportado en los informes trimestrales proporcionados a la SHCP; la documentación comprobatoria no se cancela con la leyenda de “Operado Subsemun”.

Participación social: Limitada participación social en la estrategia y programas de seguridad pública, lo que resta transparencia a su gestión y resultados.

Transparencia en informes: La entrega de los informes trimestrales a la SHCP es muy irregular y no se publica ni difunde la información a la población; los informes trimestrales presentan deficiencias en su calidad y congruencia; para el cuarto trimestre de 2012, el Formato Único fue reportado sólo por 42% del total de municipios beneficiados; mientras que el Formato Nivel Fondo fue reportado por 25.5 %

Indicadores de desempeño: No se habían establecido indicadores de desempeño por el SESNSP, hasta 2013.

Evaluación de resultados: No se han realizado evaluaciones del Subsemun.

B. De acuerdo con Regina Cruz, presidenta de la empresa “Saber Se” y encargada de trabajar programas de prevención de la violencia en municipios que cuentan con Subsemun, la fórmula de selección de municipios beneficiados está mal diseñada ya que suspende el apoyo a entidades que presentan avances, y los otorga a otras que no pueden cumplir con los requisitos para recibir el subsidio.

La especialista resaltó que quitar a un municipio el subsidio afecta en la dotación de uniformes para las policías, el número de patrullas por habitantes, la construcción de subcomandancias en los diferentes polígonos del municipio, y los avances en la profesionalización de los elementos policiales.

Asimismo, los municipios seleccionados para recibir los recursos del Subsemun enfrentan retos como la coparticipación, la cual es del 25 por ciento en relación con el dinero proporcionado con el subsidio, así como el mantenimiento de las unidades adquiridas.

C. Por otra parte de los resultados obtenidos, al analizar los principales indicadores en materia de seguridad pública, señalan que no se ha logrado cumplir con el objetivo estratégico del Subsemun, por lo que su contribución en el cumplimiento de la política pública no ha sido satisfactoria, en virtud de que no se ha logrado contar con un cuerpo policial confiable; una importante vulnerabilidad de las instituciones policiales municipales por parte de la delincuencia organizada y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía arroja que el índice delictivo de 2011 a 2012 ha incrementado el 24%, como se muestra a continuación:

Delitos ocurridos en 2011: 22,389,492

Delitos ocurridos en 2012: 27,769,447

Incremento: 24%

Cabe señalar que según el índice de delincuencia elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con información remitida por los Agentes del Ministerio Público, la delincuencia ha ido decreciendo, sin embargo hay que aclarar que los datos con los que determinan dicho índice son con base a las denuncias presentadas ante agente del Ministerio Público y de conformidad con el Informe de Estadísticas de gobierno, seguridad pública y justicia estatal 2012 del INEGI, la mayoría de los delitos ocurridos en el país no son denunciados ante las autoridades correspondientes ya que del total de delitos ocurridos, sólo 12.8% de éstos son denunciados ante las autoridades mientras que el 87.1% restante corresponde a los delitos no denunciados.

D. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.

E. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 7 fracción IX, indica que la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto; asimismo la fracción XVII; señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información de utilidad o que se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

También se proporcionara la información a que se refiere el artículo anterior en su segundo párrafo la cual deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, ciudadano Miguel Ángel Osorio Chong, para que haga pública las acciones que ha implementado a fin de transparentar los recursos del Subsemun, asimismo a lo siguiente:

• Evalúe la fórmula de selección de municipios y haga las modificaciones que permitan la distribución de conformidad a los índices delictivos reales, lo anterior en virtud de lo señalado en el párrafo segundo del inciso C) en las consideraciones.

• Evalúe las reglas de operación del Subsemun, a fin de hacer las modificaciones que permitan adaptar el modelo actual de la Política Pública y garanticen lo siguiente: El estricto cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos y obligaciones para obtener y ejercer los recursos, respectivamente; el cumplimiento de los objetivos del subsidio; Indicadores que permitan detectar si los proyectos locales impulsados funcionan y la transparencia en el manejo de los recursos distribuidos en las entidades y municipios.

Sede de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2014.

Diputados: José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Javier Orihuela García, Roberto López Rosado (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJDF y a la ALDF a llevar a cabo las investigaciones correspondientes sobre el presunto cobro de dádivas a servidores públicos de la delegación Iztacalco, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la república de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que en el ámbito de sus respectivas atribuciones lleven a cabo las investigaciones correspondientes sobre el presunto cobro de dádivas a servidores públicos de la delegación Iztacalco por parte de la jefa delegacional Elizabeth Mateos Hernández y, en su caso, se apliquen las penas y medidas que procedan conforme a derecho, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 17 de enero de 2014 se dio conocer en diversos medios la denuncia formulada por empleados de confianza de la delegación Iztacalco en contra de la delegada, la perredista Elizabeth Mateos. Los trabajadores acusan a la funcionaria de haberlos destituido de sus cargos por no aceptar las exigencias de pagar el “moche” de diez por ciento de su sueldo.

Asimismo, se hizo público el audio de fecha 26 de marzo de 2013 en el que se escucha una reunión que sostuvo la delegada y sus trabajadores en donde la servidora pública les solicita que realicen aportaciones al partido.

En la grabación la delegada le dice a sus subalternos que no todos han cumplido con sus aportaciones, que es un tema que no volverá a ser tratado porque de continuar sin cooperar se dará paso a otras personas que sí estén dispuestos a aportar el diez por ciento de su sueldo. Además hace mención sobre los compromisos políticos que ella tiene como delegada.

Al ser cuestionada sobre si la voz del audio es la suya, respondió: “no sé exactamente, puede ser que sea mi voz, puede ser, no sé”. En relación con el cobro del diez por ciento del salario de los trabajadores, manifestó que los funcionarios públicos afiliados al Partido de la Revolución Democrática tienen que realizar aportaciones toda vez que así lo señalan sus estatus, por lo que aceptó dichos cobros.

Queda claro que los cobros del denominado “diezmo” que realiza la jefa delegacional, Elizabeth Mateos Hernández, además de ser constitutivos de conductas ilícitas, lesiona la economía familiar de los trabajadores de la delegación.

Por lo anterior, es necesario que las autoridades locales realicen las averiguaciones correspondientes, a fin de esclarecer los hechos y actuar conforme a derecho.

En este sentido, en el cumplimiento de sus atribuciones, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal debe procurar el desarrollo de la entidad y sus instituciones, velando por los intereses sociales en las materias de su competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los órganos de gobierno locales y poderes federales.1

A reserva del resultado de las averiguaciones conducentes, por las forma en que se presentaron los hechos, la delegada Elizabeth Mateos Hernández ha incurrido en por lo menos la comisión del delito de abuso de autoridad.

Con base en lo establecido en el artículo 265 del Código Penal para el Distrito Federal, comete el delito de abuso de autoridad el servidor público que con cualquier pretexto obtenga de un subalterno parte del sueldo de éste, dádivas o cualquier otro provecho.

Para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI este asunto no debe ser inobservado, por el contrario, debe ser atendido de manera responsable, objetiva y transparente.

Por lo anteriormente expuesto, es que acudimos a esta honorable asamblea a proponer los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a que en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las investigaciones correspondientes a fin de determinar los presuntos cobros de dádivas a servidores públicos de la delegación Iztacalco, y en caso de acreditarse la responsabilidad penal, se apliquen las sanciones conducentes a la jefa delegacional Elizabeth Mateos Hernández y a quienes resulten responsables.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que en el ámbito de sus atribuciones, instruya a las instancias correspondientes para que se investigue el presunto cobro de dádivas a trabajadores de la delegación Iztacalco.

Nota

1 Artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, recinto legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 22 de enero de 2014.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales a aprobar la creación de comisiones ordinarias de derechos de la niñez en los congresos carentes de ellas, suscrita por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Verónica Beatríz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4o. precisa que en todas las decisiones y actuaciones del Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

En este sentido, actualmente contamos con la reforma constitucional, relativa a los derechos humanos, la cual fue publicada el 10 de junio de 2011. Dicha reforma dio un cambio radical en el tradicional paradigma en la tutela de los derechos inherentes a la persona. De manera que en su artículo 1o., se determina el principio de convencionalidad, en el sentido de que los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano están en el mismo parámetro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los tratados internacionales que han sido suscritos y ratificados contemplan lineamientos de carácter vinculante para el Estado mexicano, encontrándose entre ellos: la Convención de los Derechos del Niño, la cual observa una serie de aspectos a los que se ha comprometido a asegurar a la niñez la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar.

Por ello, el Estado, al suscribir y ratificar la Convención, se comprometió a adecuar sus leyes y establecer políticas públicas necesarias para proteger el interés superior del niño como una consideración primordial. Para tal efecto, el Estado mexicano se compromete a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y jurisdiccionales apropiadas para proteger a la niñez contra cualquier vulneración de sus derechos.

En México, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ratifica este compromiso y establece la obligación de los tutores (artículos 11) y del Estado (artículo 13) por velar el cumplimiento de este derecho.

Artículo 11. Son obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes:

A. Proporcionarles una vida digna, garantizarles la satisfacción de alimentación, así como el pleno y armónico desarrollo de su personalidad en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo.

Para los efectos de este precepto, la alimentación comprende esencialmente la satisfacción de las necesidades de comida, habitación, educación, vestido, asistencia en caso de enfermedad y recreación.

B. Protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación. Lo anterior implica que la facultad que tienen quienes ejercen la patria potestad o la custodia de niñas, niños y adolescentes no podrán al ejercerla atentar contra su integridad física o mental ni actuar en menoscabo de su desarrollo.

Las normas dispondrán lo necesario para garantizar el cumplimiento de los deberes antes señalados. En todo caso, se preverán los procedimientos y la asistencia jurídica necesaria para asegurar que ascendientes, padres, tutores y responsables de niñas, niños y adolescentes cumplan con su deber de dar alimentos. Se establecerá en las leyes respectivas la responsabilidad penal para quienes incurran en abandono injustificado.

Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas atribuciones, impulsarán la prestación de servicios de guardería, así como auxilio y apoyo a los ascendientes o tutores responsables que trabajen.

Artículo 13. A fin de garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en este capítulo, las leyes federales, del Distrito Federal y de las entidades federativas podrán disponer lo necesario para que se cumplan en todo el país:

A. Las obligaciones de ascendientes o tutores, o de cualquier persona que tenga a su cargo el cuidado de una niña, de un niño, o de un o una adolescente de protegerlo contra toda forma de abuso; tratarlo con respeto a su dignidad y a sus derechos; cuidarlo, atenderlo y orientarlo a fin de que conozca sus derechos, aprenda a defenderlos y a respetar los de las otras personas.

B. Para que el Estado, en los ámbitos federal, estatal y municipal pueda intervenir, con todos los medios legales necesarios, para evitar que se generen violaciones, particulares o generales del derecho de protección de niñas, niños y adolescentes. Especialmente se proveerá lo necesario para evitar que salgan del país sin que medie la autorización de sus padres, tutores o de un juez competente.

C. La obligación de familiares, vecinos, médicos, maestros, trabajadores sociales, servidores públicos, o cualesquiera persona, que tengan conocimiento de casos de niñas, niños o adolescentes que estén sufriendo la violación de los derechos consignados en esta ley, en cualquiera de sus formas, de ponerlo en conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente.

En las escuelas o instituciones similares, los dueños, directivos, educadores, maestros o personal administrativo serán responsables de evitar cualquier forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o explotación, en contra de niñas, niños o adolescentes. En este sentido, estos y otros instrumentos internacionales buscan que prioritariamente el interés de la infancia debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad y se relacionan con niñas, niños y adolescentes. Por lo que, la normatividad existente o aquellas que se encuentren en elaboración, deben dirigirse a procurarles de manera prioritaria los cuidados y la asistencia que requieren, con el propósito de lograr un crecimiento y un desarrollo pleno, dentro de un ambiente de bienestar tanto en el aspecto familiar como social.

En nuestro país, datos censales de 2010 indican que residen 32.5 millones de niños y niñas de 0 a 14 años de edad, en términos relativos representan 29 por ciento de la población total. En el país, más de la mitad de las niñas y niños viven en zonas urbanas (59.11 por ciento contra el 40.89 por ciento en zonas rurales). La tasa de asistencia neta para los niños a la escuela primaria es de 95.4, para niñas es de 95.7, de secundaria, es de 67.4 para los niños, y de 62.2 para las niñas.1 De manera que ser niña o niño en este país, significa tener un 80 por ciento de probabilidad de enfrentar muchas carencias, porcentaje que se eleva para quien es mujer, indígena, tiene alguna discapacidad o vive en zonas rurales del sur del país.2

La situación que vive México en relación con el crimen organizado, se desprenden otros problemas de protección a la niñez, incluida la participación de los y las niñas en actividades de la delincuencia organizada particularmente, la utilización de ellos en el tráfico de drogas. La población infantil es, por sus características penales muy vulnerable; en efecto, “las organizaciones del crimen organizado suelen buscar jóvenes, puesto que no son imputables criminalmente en materia penal, por lo menos no como los delincuentes adultos, sino de forma diferenciada.”3

Asimismo, el maltrato infantil es uno de los fenómenos de violencia más generalizado; la diversidad de sus formas, su dimensión oculta en muchos casos, y la aceptación socio-cultural del fenómeno, no ha permitido que se vuelva un tema prioritario en las políticas públicas, a pesar del derecho del niño a una vida libre de violencia -Art.19 de la Convención de los Derechos del Niño-. Por lo que la erradicación de esta práctica es un desafío fundamental para el derecho nacional e internacional en materia de derechos humanos de la infancia.

Cuando hablamos de trabajo infantil debemos indicar que en 2011, 3 millones 35 mil 466 de niños, niñas y adolescentes de cinco a 17 años trabajaban en México, de los cuales casi el 40 por ciento no asistían a la escuela, de acuerdo con un reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La pobreza, el acceso limitado a la educación y la discriminación son factores clave en la explotación de menores en el mundo, el tráfico de menores para trabajo forzado o explotación sexual se mantiene como un problema mayor ante el cual las niñas se encuentran en alto riesgo.

Muchos y muy diversos son los problemas que enfrentan las niñas y niños y que debe ser atendidos a la brevedad, ya que son un grupo poblacional con alto riesgo de ser dañados en muy diversas formas, por lo anterior, resulta importante que las legislaturas de los estados tengan una Comisión de Derechos de la Niñez para que las y los legisladores hagan planteamientos y propuestas que impulsen la implementación del interés superior de la niñez y la prevalencia de sus derechos sobre los demás, en armonía con los instrumentos internacionales que México ha suscrito y ratificado.

Es importante que con la creación de estas comisiones, al interior de ellas se generen acciones legislativas que servirán de marco para el análisis y la situación de vida que hoy enfrentan las niñas y niños en todos sus ámbitos donde se encuentran insertos, que les afectan y vulneran sus derechos.

Por otro lado, con la creación de la Comisión de Derechos de la Niñez en cada congreso estatal y en la Asamblea Legislativa se va a reforzar la protección a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad; migrantes, indígenas, trabajadores, niños y niñas con discapacidad, en situación de calle, etcétera.

En razón de lo expuesto, someto a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las legislaturas de los estados a aprobar en la medida de sus posibilidades y a la brevedad posible la creación de comisiones ordinarias de derechos de la niñez en cada una de ellas, con el fin de proteger e impulsar los derechos de niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

Notas

1 http://www.infoninez.mx/los-derechos-en-cifras

2 La Infancia cuenta en México 2012, Red por los Derechos de la Infancia en México, noviembre,2012

3 Luévano Bustamante, G., “Los derechos de las personas menores de edad en San Luis Potosí en entredicho”, Observatorio de los derechos de la juventud Legislación y políticas públicas, EDUCIAC/UNDEF, México, citado en Mapeo y análisis ,2013

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2014.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob un informe sobre la actual situación legal del funcionamiento de casinos y casas de juego y sus permisos para operar, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo por la que el Senado de la República hace un atento exhorto a la Secretaría de Gobernación, para que envíe a esta soberanía un informe detallado de la situación actual y en la que recibieron los actos concernientes con la Ley Federal de Juegos y Sorteos vinculados al funcionamiento de casinos y casas de juego y al otorgamiento de permisos para la operación de éstos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Ley Federal de Juegos y Sorteos 1 establece en su artículo 3º que corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación , la reglamentación, autorización, control y vigilancia de los juegos cuando en ellos medien apuestas de cualquier clase; así como de los sorteos , con excepción del de la Lotería Nacional, que se regirá por su propia ley.

En el mismo ordenamiento, el artículo 4o. señala que no podrá establecerse ni funcionar ninguna casa, o lugar abierto o cerrado, en que se practiquen juegos con apuestas ni sorteos, de ninguna clase, sin permiso de la Secretaría de Gobernación y ésta fijará en cada caso los requisitos y condiciones que deberán cumplirse.

La dependencia encargada de estas actividades deberá disponer de vigilancia y control de los juegos con apuestas y sorteos, así como el cumplimiento de la Ley, por medio de los inspectores que designe.

En este sentido, el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación ha sufrido diversos cambios durante la última década para redistribuir atribuciones y hacer coincidir las tareas de las estructuras funcionales con las operativas , sin embargo, a la Unidad de Gobierno 2 de esa dependencia, le ha correspondido siempre vigilar, tramitar y autorizar los actos referidos a la Ley Federal de Juegos y Sorteos y demás normatividad aplicable.

Dicha área, para el eficaz despacho de los asuntos a su cargo podía auxiliarse, entre otros, por los directores generales adjuntos de la Subsecretaría de Gobierno.

También recibía colaboración operativamente de la Unidad de Enlace Federal y de la Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas entre cuyas tareas incluía fomentar los vínculos institucionales con las autoridades de las entidades federativas y de los municipios.

Esto ha cambiado conforme a la última reforma del citado Reglamento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2013, por cuestiones básicamente de forma; a la Unidad de Gobierno, se le siguen atribuyendo, entre otras funciones, las siguientes señaladas en el artículo 12:

“...

XIII. Vigilar, tramitar y autorizar los actos a los que se refiere la Ley Federal de Juegos y Sorteos y demás normatividad aplicable;

XIV. Atender y despachar los asuntos en los que sea necesaria la coordinación y colaboración de la Secretaría con otras autoridades en materia de juegos con apuestas y sorteos;

XV. Planear, establecer y coordinar las estrategias para el combate de las actividades prohibidas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento...

XXV Sin perjuicio de lo dispuesto por otras disposiciones del Reglamento, para el eficaz despacho de los asuntos a su cargo y para un mejor desempeño en el ejercicio de sus atribuciones, el titular de la Unidad de Gobierno podrá auxiliarse , entre otros, por el Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación y por el Director de Coordinación Política con los Poderes de la Unión .”

Cabe mencionar que ahora la Unidad de Enlace Federal quedó fusionada con la entonces Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas para conformar según dicta el artículo 13, La Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas, para la coordinación de las tareas con las representaciones de la Subsecretaría de Gobierno en las entidades Federativas.

Esta relatoría del marco jurídico de la operación de las casas de juegos y sorteos, es importante para conocer que, si bien las áreas pueden cambiar de denominación y de titulares, las facultades no, pues han permanecido igual , y no puede exentarse a ningún servidor público de las responsabilidades 3 a las que haya lugar por presuntas irregularidades en la administración de lo normado por la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Desde la administración de Vicente Fox Quesada han existido diversas denuncias mediáticas y penales en contra de servidores públicos por el uso y abuso de su condición laboral en la Secretaría de Gobernación para facilitar actividades de los actores involucrados en actos relativos a la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Un ejemplo de ello, es lo atribuido al entonces titular de la Secretaría de Gobernación, Santiago Creel Miranda, de quien se especuló facilitó permisos para operar 432 casinos escudado en la necesidad de “democratizar el juego” en México. Se dijo que su subordinado, Miguel Ángel Ochoa Sánchez , ex titular de la Unidad de Enlace Federal y Presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuestas, se encargaba de otorgar los permisos respectivos, incluso una semana antes de que Creel renunciara para buscar la candidatura presidencial por el Partido Acción Nacional.

En situaciones coincidentes estuvo el ex servidor público de la SEGOB, Guillermo Santillán Ortega a quien algunos medios escritos refieren como el “principal operador” de casinos de Producciones Móviles S.A. de C.V., denunciado previamente por la ciudadana Talía Vázquez Alatorre.

Los señalamientos han sido permanentes en contra de personas vinculadas al Partido Acción Nacional y a servidores públicos de las administraciones de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón Hinojosa , los medios de comunicación han mencionado los nombres de ex titulares y subordinados adscritos a la Subsecretaría de Gobierno, a la Unidad de Enlace Federal y a la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación como: Carlos Armando Reynoso Nuño; Juan Marcos Gutiérrez; Abraham González; Roberto Gil Zuarth; Obdulio Ávila Mayo y Araceli Barroso Rodríguez.4

Otros personajes involucrados en el desaseo en la gestión pública de las casas de juegos y sorteos han sido: Juan José y Arturo Rojas Cardona;5 Jonás y Fernando Larrazábal; Juan Iván Peña Nader y Julio Esponda Ugartechea.

Este tema recurrente no puede pasarse por alto en un Estado de Derecho y en un gobierno que tiene el firme compromiso de combatir la corrupción de manera integral; debe transitarse de la discusión informal y mediática a la denuncia formal y al fincamiento de responsabilidades; de ser el caso, en contra de quienes hayan actuado al margen de la Ley o abusando de las omisiones normativas en la misma, aprovechando su cargo como servidores públicos.

Varios personajes mencionados por los medios de comunicación, continúan ejerciendo actividades de la esfera pública, recientemente el diario “La Razón” retomó el caso de Roberto Gil Zuarth ligado a la indagatoria de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por un presunto manejo irregular de cuentas en el extranjero para darle una “blanqueada” a fuertes donaciones de particulares para la campaña de la entonces candidata presidencial Josefina Vázquez Mota.

Es decir, el camino se antoja plagado de irregularidades, por lo que resulta esencial para el Estado de Derecho aclarar los presuntos actos de cohecho, lavado de dinero y uso de recursos de procedencia ilícita durante las administraciones 2000-2006 y 2006-2012.

Un dato adicional que sustenta la materia del presente punto de acuerdo es el informe de la Cuenta Pública 2011 emitido por la Auditoria Superior de la Federación, ASF, da cuenta de una ausencia total del control y vigilancia de las casas de juego . Reportó que hasta noviembre de 2011, de 27 permisos que amparaban la operación de 566 establecimientos, sólo 298 mostraron documento de declaración de apertura.

El mismo informe de la ASF, señala que el índice de cobertura de inspecciones a las casas de juego fue del 20.5%, por lo que concluye que no hubo un programa anual de inspecciones y vigilancia.

Además se encontró que en 2011 de 49 inspectores adscritos a la Dirección General de Juegos y Sorteos, sólo 2 cumplieron con el perfil para el cargo y únicamente 15 decidieron asistir a capacitación. Es decir, ¿De qué tamaño es el desaseo con el que se han conducido las áreas de la SEGOB involucradas en despachar lo mandatado por en la Ley Federal de Juegos y Sorteos que incluso se habló de una denuncia ante la Procuraduría General de la República, PGR, en contra de Alejandro Poiré, ex secretario de Gobernación?

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta soberanía sea aprobado de urgente resolución el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República hace un atento exhorto a la Secretaría de Gobernación, para que envíe a esta Soberanía un informe detallado de la situación actual y en la que recibieron los actos concernientes con la Ley Federal de Juegos y Sorteos vinculado al funcionamiento de casinos y casas de juego, así como al otorgamiento de permisos para la operación de estos, suscitados durante el sexenio de 2006 a 2012.

Notas

1 Cfr. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/109.pdf

2 Ver Reglamento vigente para 2006-2012 en http://www.asf.gob.mx/trans/informes/IR2008i/compila/compila/Reglamento si/35RISEGOB08.pdf P. 14 -16

3 De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

4 Entonces directora general adjunta de Juegos y Sorteos, a quien en medios como Reporte Índigo se menciona como uno de los enlaces que “protegió la mafia de Gobernación” y que recibió al menos cinco notificaciones en las que la empresa Emex indicaba que Producciones Móviles y Exciting Games no eran sus operadoras. Esto estuvo ligado a la averiguación previa A.P.83/UEIDAPLE/LE/12/2011

5 Se ha presumido en algunos medios que financiaron al Presidente del PAN, Gustavo Madero y a legisladores afines al dirigente nacional, como Jorge Villalobos, Rodolfo Dorador y Guillermo Anaya.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, recinto legislativo San Lázaro, Ciudad de México, a los 22 días del mes de enero de 2014.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Consar y de la Condusef a tomar medidas para que las Afore entreguen de manera ágil e íntegra a los trabajadores los ahorros de la cuenta individual, suscrita por el diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Valentín Maldonado Salgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

Cada vez es más generalizado el reclamo de las y los trabajadores en contra de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), por la negativa de éstas a devolverles sus ahorros de su cuenta individual.

Las leyes del Seguro Social, tanto la de 1973, como la vigente a partir julio de 1997, prevén diversas hipótesis en las cuales, las y los trabajadores tienen derecho a retirar de manera parcial o total sus ahorros de la cuenta individual. En este caso, de manera especial, nos vamos a referir, a los asegurados que se pensionan por vejez o cesantía en edad avanzada conforme a la Ley del Seguro Social de 1973, por lo que en forma complementaria tienen derecho a retirar sus ahorros de retiro, tanto del anterior SAR como del nuevo SAR. Con mayor razón nos referimos, a los casos en que los asegurados, al no poder cubrir los requisitos para acceder a estas pensiones, sólo reciben como único respaldo el retiro de sus ahorros.

Y bien, es casi general la denuncia de estos asegurados o sus beneficiarios:

a) Del maltrato, del trato inhumano que reciben de parte de las Afores al momento en que van a reclamar sus ahorros.

b) De los trámites tortuosos a que son sometidos.

c) De la negativa a entregarles el monto total de sus ahorros. Que inclusive a veces les cambias varias veces a la baja el monto total de sus recursos.

d) Que les impiden hacerse acompañar de alguna persona de su confianza frente al personal de las Afores que les determinan los recursos de su cuenta individual, dejándolos a expensas de estos. Recordemos que muchos de los trabajadores solicitantes, son personas adultas mayores.

e) Todo con el ánimo de que los asegurados desistan de solicitar sus dineros y queden como utilidades de las Afores. Como si los trabajadores no fueran titulares de derechos, sino acudieran a instituciones de beneficencia.

En suma, los trabajadores no reciben sus ahorros, reciben menos de los que les corresponden, y, los reciben después de meses o años de solicitarlos.

Esto es absolutamente intolerable e ilegal, ya que se trata de sus dineros ahorrados durante años de trabajo; segundo, los ahorros de la cuenta individual se equiparan a los alimentos, ya que les son indispensables para subsistir a los trabajadores y sus familias, al ser sus únicos recursos, o ante el raquítico monto de las pensiones.

Esto significa, que las Afores, no contentas con el saqueo que hacen por medio del cobro de comisiones más que altas; que no conformes con jugar en la bolsa los recursos sociales de los sistemas de pensiones con altas pérdidas para los recursos de los asegurados; acaban despojándoles a las y los trabajadores de los restos de sus raquíticos ahorros que aún les quedan en sus cuentas individuales al momento de su retiro.

¿A qué se debe esto? A una legislación tan permisiva para las Afores, que tienen todos los derechos y ninguna obligación sustancial: no deben garantizar un rendimiento mínimo a los ahorros de los trabajadores, no les deben regresar intocados sus dineros, de manera que pueden perderlos todos en la bolsa y no pasa nada; tampoco quedan obligadas a otorgar una pensión por mínima que sea. Tanta liberalidad jurídica, ha llevado a las Afores, a la convicción fáctica de que los ahorros de los trabajadores, más de dos billones de pesos, son suyos de manera exclusiva, y que su única obligación real es aumentar su bolsa de ganancias. Razón por la cual, les molesta que los trabajadores les reclamen “sus” dineros.

En tal virtud, es sólo una ilusión el monto de más de 2 billones de pesos que reúnen las Afores en materia de pensiones, se trata sólo de un espejismo, de un dinero virtual, sujeto a los caprichos de las Afores, quienes disponen casi a su gusto de un dinero ajeno, de un dinero de los trabajadores y de la Nación.

Y bien, lo que aquí hemos señalado respecto a las pensiones, igual lo denuncian los asegurados cuando pretenden hacer el retiro de sus recursos por razón de desempleo, o los que retiran sus ahorros excedentes en caso de pensiones de riesgos de trabajo, invalidez, o muerte, entre otros.

Tarde que temprano las Afores deberán desaparecer y rendir cuentas a los trabajadores y la Nación, así como sus cómplices. Por el momento, no pedimos más que el respeto mínimo a los derechos de los trabajadores. Que cuando vayan a hacer el retiro de sus ahorros por retiro o cualquier otra causa legal, se les dé un trato humano, respetuoso, cálido; que se les haga sentir, lo que son: dueños de los dineros que mal administran las Afores, Afores que viven de los trabajadores y no al revés. Que se les devuelvan con agilidad sus ahorros, y que no se les escamoteé el monto íntegro de sus ahorros conforme a lo dispuesto por la Ley.

A este respecto, hay que recordar que el artículo quinto de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, señala que la Consar, tiene la facultad de regular, mediante la expedición de disposiciones de carácter general, el buen funcionamiento de estos Sistemas. Por su parte la Condusef, conforme a la recientemente publicada Reforma Financiera (Diario Oficial del 10 de enero de 2014), tiene ya competencia para intervenir contra las ilegalidades cometidas por las Afores.

Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero . La Comisión Permanente exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en el marco de sus respectivas atribuciones, para que tomen las medidas necesarias a fin de que las administradoras de fondos para el retiro hagan entrega ágil e íntegra a los trabajadores o sus beneficiarios de los ahorros de su cuenta individual, tanto en el caso de retiros parciales como totales, igualmente les den un trato cálido y digno, y les permitan hacerse acompañar de una persona de su confianza en los trámites ante las Afores. Finalmente, inicien las investigaciones que procedan para el deslinde de responsabilidades.

Sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2014.

Diputado Valentín Maldonado Salgado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y estatales a estar atentos a las necesidades de la población ante los próximos frentes fríos en el país, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, de acuerdo a los siguientes

Antecedentes

En las últimas semanas y en días recientes, el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, ha estado informando sobre los frentes fríos que afectan y afectarán a la mayor parte del país, causando temperaturas que podrían acercarse a los cero grados centígrados y provocar la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas; también se prevé que un sistema de alta presión, dominará sobre gran parte del territorio nacional; debido a la escasa nubosidad, se espera un ambiente muy frío por la mañana y noche, con potencial de heladas1 .

Como consecuencia de estas condiciones de frío, los riesgos a la salud de las personas de diversas edades se ven aumentados, por probables daños en las vías respiratorias, ya que muchos virus como el de la influenza predominan en este clima frío.

El SMN ha señalado que las zonas que más se han visto afectadas a causa de los climas fríos son: El valle de México, estado de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas2 .

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobierno de la República y a los gobiernos de los estados a estar atentos a las necesidades de la población ante los frentes fríos que se presentaran en los próximos días y semanas, según advierte el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua.

Notas

1 Para obtener más información sobre esta nota se puede ver la página electrónica: http://www.conagua.gob.mx/SalaPrensa.aspx?n1=4140&n2=Comunicados

2 Para obtener más información sobre esta nota se puede ver la página electrónica: http://mexico.cnn.com/nacional/2014/01/14/dos-frentes-frios-bajaran-la- temperatura-del-pais-desde-esta-noche

Dado en la sesión de la Comisión Permanente, el 22 de enero de 2014.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se extiende una felicitación a los ganadores del Premio Nacional de Protección Civil 2013, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la república de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución , al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que la vulnerabilidad y los riesgos asociados con los fenómenos climáticos y las condiciones metereológicas cambiantes tienen un efecto negativo sobre las decisiones de las personas, el flujo de inversión, la generación y retención de talento en las ciudades;

Que la competitividad de mediano y largo plazo de las ciudades mexicanas más afectadas por los fenómenos climatológicos se verá deteriorada sino existen acciones efectivas de prevención y mitigación del daño y recuperación de la actividad económica;

Que de una muestra de 373 municipios de las 86 ciudades más importantes del país, que acumulan el 80 por ciento del PIB Nacional y el 65 por ciento de la población, el IMCO encontró en 2012 que 1 de cada 4 de esos municipios se encuentra en alta y muy alta vulnerabilidad para enfrentar fenómenos climatológicos impredecibles;1

Que cada año las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por los fenómenos naturales y por aquellos producidos por el hombre representan un alto costo social y económico para el país, por lo que se requiere fortalecer las acciones de prevención para reducir los riesgos y mitigar las consecuencias adversas que ocasionan;2

Que según el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se privilegiarán las acciones de protección civil para enfrentar los retos presentes y futuros ante los desastres de origen climatológico;

Que en este sentido, el artículo 101 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles establece que el Premio Nacional de Protección Civil será conferido y entregado a aquellas personas o grupos que representen un ejemplo para la comunidad por su esfuerzo en acciones o medidas de autoprotección o autopreparación para enfrentar los fenómenos naturales o de origen humano que pongan a la población en situación de riesgo o de peligro, así como cuando se signifiquen por su labor ejemplar en la ayuda a la población ante la eventualidad de un desastre;

Que a juicio razonado del consejo de premiación del Premio Nacional de Protección Civil para el año 2013, los ganadores son el ingeniero Luis Wintergerst Toledo y el doctor Roberto Domínguez Herrera por sus valiosas labores en materia de prevención y auxilio a la población en caso de desastre, respectivamente;

Que el pasado 14 de enero de 2013, el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto entregó el Premio Nacional de Protección Civil al ingeniero Wintergerst y y al doctor Domínguez como ejemplo de solidaridad, apoyo y trabajo por la vida y protección de los mexicanos en casos de desastres naturales;

Y que para los países en desarrollo que sufren de desastres naturales más frecuentes y de todo tipo y aún de mayor magnitud que las economías avanzadas, estos efectos tendrían un impacto negativo aún mayor en el bienestar de un ciudadano promedio por los elevados niveles de desigualdad en la distribución del ingreso;

Por lo anteriormente expuesto, los senadores del PRI nos permitimos presentar la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

De urgente y obvia resolución

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión extiende una cordial felicitación a los ganadores del Premio Nacional de Protección Civil 2013, ingeniero Luis Wintergerst Toledo y doctor Roberto Domínguez Herrera, por su ejemplo de solidaridad, apoyo y contribución para prevenir y salvaguardar la vida de los mexicanos ante los desastres naturales.

Notas

1 IMCO, 2012. “Índice de vulnerabilidad climática de las ciudades mexicanas”, disponible en formato electrónico en http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2012/7/boletindeprensa_ivc_final. pdf

2 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en Diario Oficial de la Federación, 20 de mayo de 2013.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 22 de enero de 2014.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SFP un diagnóstico integral sobre la corrupción en la administración pública federal en el sexenio anterior, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La corrupción es un problema sistémico que ha tenido efectos devastadores para el país en la medida en que privatiza el bienestar, haciendo un uso indebido del poder. Si bien el problema no es nuevo, en los últimos años –y, específicamente, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa– algunos indicadores y no pocos escándalos de alto impacto en la opinión pública nos alertan sobre su agudización y, sobre todo, de la incapacidad del gobierno anterior para combatir y erradicar este auténtico cáncer social.

Sin la intención de ser exhaustivos y sólo para recapitular, presentamos a continuación algunos casos emblemáticos por todos conocidos.

El nepotismo fue una de las modalidades en que la corrupción se manifestó en las más altas esferas gubernamentales durante el sexenio del presidente Calderón. En mayo de 2010, se dio a conocer que la Jefa de la Oficina de la Presidencia, daba empleos en la Administración Pública Federal a sus familiares con un costo para el erario de 26 millones de pesos en tan sólo los primeros tres años del gobierno de Calderón1 .

En octubre de 2009, un grupo de empresarios del ramo gasolinero denunció por medio de una carta enviada al presidente Felipe Calderón, que la entonces subprocuradora de Verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor, formaba parte de una red de funcionarios extorsionadores que cobraba una cuota de 50 mil pesos mensuales por informar los días en que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevaría a cabo los operativos de verificación de las bombas de gasolina. Pese a que la Procuraduría General de la República (PGR) acreditó la responsabilidad penal contra 6 funcionarios de la Profeco, determinó no ejercer acción penal contra la funcionaria involucrada, quien, cabe apuntar, era también esposa del entonces secretario de la Función Pública2 .

En 2010, los mexicanos conmemoramos el bicentenario de nuestra Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. Lamentablemente estos festejos, lejos de significar un momento de reflexión histórica sobre nuestro pasado, sirvieron como pretexto para el derroche de recursos públicos y como caldo de cultivo para la corrupción gubernamental. El gobierno de Felipe Calderón erogó más de 4 mil millones de pesos para tales festividades, contratando incluso a empresas extranjeras y a otras más ligadas con funcionarios públicos que a la postre se convertirían en los verdaderos beneficiarios de dichas conmemoraciones3 .

En septiembre de ese mismo año, la empresa ABB Inc. se declaró culpable ante una corte estadounidense de sobornar a altos mandos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre ellos, a su director de Operaciones, a cambio del otorgamiento de contratos millonarios de la paraestatal. El 23 de noviembre de 2011, la Secretaría de la Función Pública dio a conocer que funcionarios de la CFE cobraron más de mil 300 millones de pesos por concepto de 232 juicios que involucraban a la empresa estatal.

En enero de 2011, la Secretaría de la Función Pública sancionó a 14 trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) por manipular una licitación pública con el propósito de beneficiar a la empresa Ocean Mexicana SA de CV, a la cual se adjudicó un contrato para arrendar buques-tanque con un sobrecosto de entre 19 y 35 por ciento, equivalente a 23.5 millones de dólares4 .

En julio de ese mismo año, el entonces director general del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reveló que la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, le exigía un pago mensual de 20 millones de pesos.

Aunque el director del ISSSTE rechazó haber cedido a las demandas de la lideresa magisterial, hay que decir que durante los seis años del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, la Secretaría de Educación Pública entregó más de 4 mil 200 millones de pesos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)5 . Vale apuntar que el extitular del ISSSTE es indagado actualmente por la PGR por su presunto enriquecimiento ilícito6 .

El 13 de julio de 2011, el periódico El Universal dio a conocer que la Secretaría de Seguridad Pública pagó más de 118 millones de pesos a la empresa Televisa por la realización de la serie El Equipo, en lo que constituyó un verdadero ejercicio inmoral e irresponsable de los recursos públicos con los que cuenta el Estado mexicano para combatir a la delincuencia.

El 15 de enero de 2012 fue inaugurada con quince meses de retraso la Estela de Luz, conocida también por muchos como el monumento a la corrupción7 . La construcción de esta obra simboliza como pocos casos lo que fue el manejo de los recursos públicos durante la administración encabezada por Felipe Calderón. Derroche de recursos, abuso de poder, mala planeación, incumplimiento de promesas, malestar y decepción social, fueron algunos de los elementos que rodearon la edificación de este monumento, pensado originalmente como una forma de conmemoración del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. Cabe destacar que para la construcción de la Estela de Luz, se había presupuestado un monto inicial de 339 millones de pesos y su costo final fue de 872 millones de pesos, según cálculos realizados por el Colegio de Ingenieros Civiles, a petición de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados8 .

La corrupción también puso en riesgo la seguridad nacional. En mayo de 2012, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló que la empresa BizJet International Sales & Support había sobornado a miembros del Estado Mayor Presidencial y de la Policía federal para la obtención de contratos de servicios de mantenimiento, reparación y revisión de las aeronaves de dependencias gubernamentales9 .

En julio de 2012, se dio a conocer que seis empleados de Pronósticos para la Asistencia Pública arreglaron un sorteo del Melate para ganar 160 millones de pesos. La torpeza de estos funcionarios para cobrar los premios fue lo que los delataría ante las autoridades10 .

En 2013 salieron a la luz pública otros casos de corrupción que involucran a colaboradores cercanos al expresidente Calderón. Nuevamente la jefa de la oficina de la Presidencia dio de qué hablar cuando versiones periodísticas la señalaron por utilizar el fideicomiso para los festejos del bicentenario de la Independencia para otorgar, de manera directa y sin licitación alguna, contratos por más de 600 millones de pesos a las empresas Grupo CIE y Best Video11 . Ello pese a existir ofertas con precios menores para la realización de los diversos proyectos.

En mayo de 2013, Petróleos Mexicanos demandó ante una corte de Nueva York, a un exdirector jurídico de la paraestatal, acusándolo de participar en un fraude por 182 millones de dólares cometido contra Pemex en el año 200212 . En septiembre de 2010, el mismo exfuncionario acaparó reflectores por la compra de un departamento ubicado en la zona exclusiva de Polanco de la Ciudad de México y valuado en más de siete millones de pesos13 .

En junio de 2013 nos enteramos que a tan sólo 5 meses de que concluyera la administración de Felipe Calderón Hinojosa, la PGR erogó 92 millones de pesos para la contratación de 17 sistemas tecnológicos y bases de datos de los cuales, catorce actualmente no funcionan, 2 ni siquiera fueron entregados y el único que opera se pagó con un sobreprecio14 .

En agosto de 2013 la periodista Carmen Aristegui denunció públicamente que la empresa Defoe, constituida por amigos cercanos y excolaboradores de la vocera de la Presidencia, signó contratos con diferentes dependencias de la administración pública federal por un monto total que ascendía a los 38 millones de pesos. Vale la pena apuntar que el último de estos contratos –por 9 millones de pesos– sería otorgado directamente por la Presidencia de la República el 9 noviembre de 2012, es decir, a tan sólo unas semanas de concluir el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

En octubre de 2013, luego de que dos fenómenos meteorológicos inéditos causaran estragos en gran parte de la República mexicana, se dio a conocer que el gerente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Guerrero, autorizó en 2005 proyectos irregulares como La Marquesa WalMart y Geo Carabalí, los cuales fueron declarados como zonas de desastre tras el paso del huracán Manuel. Posteriormente, el mismo funcionario, ahora como responsable de la Conagua en Tabasco, fue acusado de asignar 24 contratos por 90 millones de pesos a una constructora propiedad de su exesposa15 .

A los casos anteriores se suman las investigaciones hoy en curso en contra de altos exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación por el otorgamiento de permisos a casinos y casas de apuesta en la recta final del sexenio de Calderón, irregularidad que motivó la creación en la Cámara de Diputados de la Comisión Especial para indagar el funcionamiento de las instancias del gobierno federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos.

Como corolario de todo lo previamente expuesto vale la pena señalar que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, México cayó cuarenta posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción que año con año realiza la organización Transparencia Internacional. De ocupar el lugar 65 en el año 2005, nuestro país descendió sistemáticamente hasta el sitio 105 en la medición más reciente, publicada en diciembre de 201216 .

De acuerdo con el investigador Edmundo González Llaca, la corrupción puede definirse como “la acción u omisión de un servidor público o de una persona natural o jurídica del sector privado, que usa y abusa de su poder para favorecer a intereses particulares, a cambio de una recompensa o de su promesa, dañando así el interés público y/o el de la entidad privada en la que labora”17 .

A partir de esta sencilla definición, podemos distinguir diversas caras de la corrupción, todas ellas con efectos nocivos e incalculables para la sociedad.

Desde el punto de vista del estado, la corrupción limita su capacidad para actuar a favor de la sociedad en su conjunto. Además, lo debilita como institución política facultada para regular la vida social con base en las normas jurídicas. En otras palabras, la corrupción obstaculiza la vigencia del estado de derecho.

Desde el aspecto económico, la corrupción distorsiona el funcionamiento de los mercados en perjuicio de los consumidores. También es un factor que disminuye la competitividad económica de nuestro país, pues ahuyenta las inversiones extranjeras y, por el contrario, incentiva al sector informal de la economía, con los elevados costos fiscales que ello significa para las finanzas públicas y para los trabajadores.

Conscientes de que la corrupción limita el potencial de crecimiento económico y compromete el futuro de México como nación próspera, el Senado de la República aprobó el 13 de diciembre de 2013 la reforma constitucional en materia de anticorrupción mediante la cual, se crea un nuevo órgano del estado responsable de prevenir, investigar y sancionar administrativamente los actos de corrupción de servidores públicos18 .

De esta manera, los senadores que integramos la LXII Legislatura dimos fe de nuestro compromiso por afrontar el reto de acabar con la corrupción a través del fortalecimiento de las instituciones y normas de nuestro estado democrático de derecho.

No podemos pasar por alto que el cumplimiento de los objetivos planteados en las reformas constitucionales y legales en materia de combate a la corrupción, depende también de un conocimiento profundo del problema que se pretende defenestrar. De ahí la necesidad de contar con un diagnóstico integral sobre la situación actual de la corrupción en México que sirva no sólo para explicar cómo es que nuestro país ha descendido sistemáticamente en las mediciones internacionales que se hacen al respecto, sino sobre todo como hoja de ruta para las nuevas instituciones que tendrán la encomienda de combatir este flagelo, entre ellas la Comisión Nacional Anticorrupción y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en su carácter de órgano constitucional autónomo.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la Secretaría de la Función Pública elaborar y remitir ante esta soberanía un diagnóstico integral sobre la corrupción en la administración pública federal en el sexenio anterior, el cual deberá incluir un avance sobre las investigaciones realizadas en contra de los funcionarios públicos que presuntamente incurrieron en actos de corrupción.

Notas

1. Cfr. “Flores de un sexenio”, Reforma, 16 de mayo de 2010.

2. Un relato periodístico revelador sobre el caso de Gladis López Blanco se encuentra en Salvador García Soto, “La esposa incómoda”, en El Universal, 22 de junio de 2011.

3. Cfr. “Festejos del Bicentenario costaron $4 mil millones”, El Universal, 23 de febrero de 2013.

4. Cfr. “Multa de 5,000 mdp a empleados de PEMEX”, CNN Expansión, 26 de enero de 2011.

5. Cfr. “SEP dio a Elba 4,250 millones; fondos y fideicomisos de seis años”, Excélsior, 1 de marzo de 2013.

6. Incluso la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo el12 de junio un punto de acuerdo por el que se solicita a la PGR, dar celeridad a las investigaciones por el presunto enriquecimiento ilícito del C. Miguel Ángel Yunes Linares, véase Gaceta Parlamentaria, 12 de junio de 2013.

7. Véase Protestan cientos de jóvenes por la Estela de Luz; es monumento a la corrupción, dicen”, La Jornada, 9 de enero de 2012.

8. Cfr. “Ven sobreprecio en la Estela de Luz”, El Universal, 11 de enero de 2012.

9. Cfr. “Sobornan a personal de PF y EMP”, Reforma, 14 de marzo de 2012.

10. Cfr. “Corrupción también en Melate: funcionarios se reparten dos premios por 160 millones de pesos”, Sin embargo, 18 de julio de 2012.

11. El seguimiento realizado por el periodista Carlos Loret de Mola se encuentra en sus artículos “Paty Flores y sus dos empresas favoritas” y “Borra estos correos, instruyeron desde Los Pinos”, ambos publicados en El Universal, 26 de febrero y 5 de marzo de 2013.

12. Cfr. “Acusa Pemex a Nava”, Reforma, 14 de mayo de 2013.

13. Cfr. “César Nava compra lujoso departamento en Polanco”, El Economista, 28 de septiembre de 2012.

14. Cfr. “Dilapida PGR 92 mdp PGR de Calderón”, Reforma, 17 de junio de 2013.

15. Cfr. “Persiguen escándalos a Octavio Mijangos”, en Milenio, 25 de octubre de 2013.

16. En 2006 México ocupó el lugar 70, en los años 2007 y 2008 descendió al número 72; en 2009 nos situamos en el lugar 89, en 2010 pasamos al 98 y en 2010 el 100. Cfr. Transparencia Internacional, Índice de Percepción de la Corrupción 2012, disponible en: http://www.transparency.org/cpi2012/results

17. Véase Edmundo González Llaca, Corrupción. Patología colectiva, México, Instituto Nacional de Administración Pública, 1ª Edición 2005, p. 53.

18. Cfr. “Aprueba Senado crear la comisión anticorrupción”, en El Universal, 13 de diciembre de 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2014.

(Rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 245 aniversario del natalicio de Ignacio Allende, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI

Después de trescientos años de abusos, excesos y arbitrariedades de los peninsulares hacia los criollos, mestizos e indígenas se hizo necesario un profundo cambio social, el cual inicio con la guerra de Independencia de México.

Este movimiento tuvo factores internos y externos. De los primeros resalta la desigualdad social que subsistía en el país, y de los últimos, la invasión francesa a España, Revolución Francesa e Independencia de los Estados Unidos.

El binomio formado por estas circunstancias y el pensamiento liberal que se propago en nuestro país a principios del siglo XIX dio pauta a la transición hacia una nación libre e independiente y debe su éxito a las aportaciones de grandes héroes nacionales que se distinguieron por su valor, determinación, compromiso y alto patriotismo.

Entre estos excepcionales mexicanos se encuentran Miguel Hidalgo y Costilla, Juan Aldama, Nicolás Bravo, Gertrudis Bocanegra, Leona Vicario, Andrés Quintana Roo, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide, por mencionar algunos.

Asimismo, se encuentra el general José Ignacio María de Allende y Unzaga, mexicano ejemplar que nació el 21 de enero de 1769 en San Miguel el Grande, Guanajuato. A 245 años de su nacimiento, para los integrantes es un honor recordar las aportaciones más significativas de este héroe nacional.

Fue hijo de Domingo de Allende, de nacionalidad española, y María Ana de Unzaga, opulentos comerciantes de San Miguel. Desde muy joven formó parte del Regimiento Provincial de los Dragones de la Reina, donde alcanzó el grado de capitán.

Motivado por el deseo de libertad e igualdad participó en la fallida conspiración de Valladolid de 1809. Después organizó la conspiración de San Miguel el Grande, en donde tuvo la pericia de invitar a Miguel Hidalgo y Costilla.

En dichas reuniones también participaron Juan Aldama, el corregidor Miguel Domínguez, doña Josefa Ortiz de Domínguez. Por su carácter conspirador, se realizaban de manera furtiva y en ellas se proponía desconocer a las autoridades virreinales e instalar, en su lugar, una junta de gobierno provisional hasta que Fernando VII fuera restablecido en el trono como monarca.

Al ser descubierta la conspiración, los insurgentes tuvieron que adelantar el inicio del guerra la madrugada del 16 de septiembre de 1810, además tuvieron que trasladarse a Dolores Hidalgo.

A partir de este momento la participación del general Allende fue determinante para el movimiento en virtud de que tuvo la trascendente labor de organizar las tropas que del ejército insurgente.

El 22 de septiembre fue nombrado teniente general, cargo bajo el cual organizó un ejército que superaba los 40 mil hombres. En esta etapa relució su liderazgo y empatía, asimismo, en todo momento procuró evitar excesos por parte de su tropa y dirigió sus esfuerzos para la consumación del movimiento.

Entre sus gestas heroicas más relevantes se encuentra la victoria obtenida en Monte de las Cruces, batalla en la que derroto al realista Torcuato Trujillo. Empero, al retroceder hacia Guanajuato por instrucciones de Miguel Hidalgo, fue derrotado por el general Félix María Calleja en la población de Aculco.

De la misma manera, destaca la batalla de Puente de Calderón, a las afueras de Guadalajara, en donde a pesar de haber reafirmado su capacidad militar, por un desafortunado incidente la victoria se inclinó a favor del Ejército Virreinal mandado por Calleja.

Por sus indiscutibles cualidades mostradas a lo largo de su trayectoria fue distinguido con el grado de Generalísimo, reconocimiento que lo consolidó como uno de los más referentes dentro de la guerra de independencia.

Su consolidación como eje del movimiento lo llevó a vivir en una constante persecución, siendo capturado junto a Miguel Hidalgo y otros jefes insurgentes en Acatita de Baján, Coahuila. Éstos después fueron trasladados a Monclova y posteriormente a Chihuahua en donde fueron condenados a muerte y pasado por las armas el 26 de junio de 1811.

Su cuerpo fue decapitado y su cabeza exhibida en la Alhóndiga de Granaditas, lugar del que fue retirada en marzo de 1821. Actualmente, junto a otros grandes personajes de nuestra historia, sus restos descansan en la columna de la Independencia ubicada en la Ciudad de México.

En el aniversario de su natalicio, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI recordamos y homenajeamos al general Ignacio Allende, personaje crucial para el éxito de la Independencia de México, personaje fundamental para que los anhelos de libertad e igualdad pudieran materializarse.

En el marco de esta celebración, hacemos el llamado a fomentar, impulsar e incorporar a nuestra vida diaria los valores mostrados por este prócer de la patria.

(Rúbrica)