Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y al secretario de Economía a estimular la compra y producción de juguetes artesanales mexicanos, suscrita por la diputada Regina Vázquez Saut, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Regina Vázquez Saut, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los juguetes son tan antiguos como la humanidad misma, ya que los niños siempre tendrán la necesidad de jugar y divertirse, lo que les permite socializar con otros individuos y desarrollar sus capacidades emocionales.

A la par de las sociedades, los juegos y juguetes han ido cambiando y evolucionando, hasta llegar a los entretenimientos tecnológicos que actualmente conocemos, aunque debe destacarse que cada país desarrolló y creó sus propios juegos y juguetes con base en sus costumbres, tradiciones y época histórica.

México cuenta con una vasta diversidad de juguetes tradicionales, de formas, colores, tamaños y características propias de cada una de sus regiones, los cuales, a pesar del desarrollo tecnológico y la influencia de otros países, han perdurado para mantenerse tan populares como siempre.

Los juguetes mexicanos surgieron desde la época prehispánica, cuando se elaboraban figuras de cerámica entre las que destacan perros con ruedas, representaciones de monos y armadillos, sonajas, silbatos y muñecas articuladas1 , los cuales evolucionaron a partir de la conquista española, punto en el cual comenzaron a introducirse nuevos diseños, técnicas, herramientas y materiales aportados por los europeos, lo cual tuvo gran influencia en la creación de artesanías.

Es así que entre los juguetes artesanales encontramos los carritos de madera, títeres, silbatos, muñecas, caballitos de madera, canicas, juegos de té, matracas, juegos de mesa, etcétera, todos ellos característicos por su colorido y los materiales con los que son elaborados2 , los cuales son comercializados por los miles de artesanos que existen en México.

Desgraciadamente, la gran industria de los juguetes masivos así como la alta piratería en los mismos afecta severamente la producción y venta de juguetes cien por ciento mexicanos, ya que en voz del presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de Juguete (AMIJU), licenciado Miguel Ángel Martín González, la piratería ha afectado hasta al 10 por ciento la venta del mercado legal, lo cual representa 210 millones de dólares anuales3 . En este mismo sentido la licenciada María Teresa Ksasuga, representante de la AMIJU afirma que el principal problema de la mayoría de las empresas es que no tienen la solvencia para promocionarse en mercados extranjeros y son muy pocas las que cuentan con el tamaño para hacerlo4 . A pesar de ello ambos representantes de dicha asociación afirman que México es el tercer productor de juguetes a nivel mundial, aunque, desgraciadamente, la piratería, obstaculiza la presencia en exposiciones con el objeto de atraer nuevas inversiones5 .

De esta forma, es importante fomentar la compra de juguetes mexicanos, apoyando así a la economía de nuestro país, sin olvidar la importancia histórica y artística que tienen los juguetes artesanales en nuestra nación, pues las tradiciones de nuestro país se han perdido debido a las importaciones y a los cambios tecnológicos6 .

Todo lo antes expuesto cobra especial vigencia una vez que ha concluido la temporada de compras navideñas, pues la compra-venta de juguetes nacionales, y sobre todo los artesanales, tiende a ocupar un espacio cada vez más marginal en el mercado interno de nuestro país.

Es por lo anteriormente expuesto que, con el fin de apoyar a la producción juguetera mexicana, las artesanías de nuestro país y la economía del mismo, que se propone a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: Se exhorta de manera respetuosa a la titular del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, a efecto de que dicha entidad profundice sus acciones dirigidas a fomentar la compra de juguetes mexicanos artesanales.

Segundo: Se exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Economía, para que realice acciones tendientes al fortalecimiento de la producción y venta de juguetes artesanales mexicanos.

Notas

1. http://eljuguetepopular.blogspot.mx/ 17 de diciembre de 2013 14:59 horas

2. http://eljuguetepopular.blogspot.mx/ 17 de diciembre de 2013 17:28 horas

3. http://www.reporte.com.mx/miguel-angel-martin-gonzales-presidente-de-la -asociacion-mexicana-de-la-industria-del-juguete 17 de diciembre de 2013 17:38 horas

4. http://www.milenio.com/negocios/Industria-mexicana-juguete-exposicion-i nternacional_0_142785980.html 17 de diciembre de 2013 17:40 horas

5. http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/08/27/industria-juguetera-me xicana-tercera-mundo 17 de diciembre de 2013 17:43 horas

6. http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n3227863.htm 17 de diciembre de 2013 17:38 horas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2014.

Diputada Regina Vázquez Saut (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de Ensenada y de Baja California a dar marcha atrás en las modificaciones del Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo de los Valles Vitivinícolas de Ensenada, suscrita por el diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Legislatura LXII, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades del municipio de Ensenada y al gobierno del estado de Baja California para que, en el ámbito de su competencia, se dé marcha atrás a las modificaciones en el reglamento de zonificación y uso de suelo de los valles vitivinícolas de Ensenada que permiten el cambio de uso de suelo con vocación agrícola, contraviniendo lo establecido en el Programa sectorial de desarrollo urbano-turístico de los valles vitivinícolas de la zona norte de Ensenada , en detrimento de la industria vitivinícola y el desarrollo urbano sustentable de la región, y se realice una amplia consulta pública para la reformulación de dicho reglamento, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El proceso de urbanización en nuestro país ha transitado de una manera desorganizada. El crecimiento de las ciudades en las últimas cinco décadas ha rebasado la disponibilidad de suelo apto para la vivienda propiciando con ello el abandono de todo principio de sustentabilidad en el desarrollo habitacional.

El territorio nacional ha sufrido una profunda transformación por la transición de un país rural a uno urbanizado. Actualmente 75 por ciento de los mexicanos vivimos en ciudades abandonando el campo. Lo anterior ha significado una gran presión para las autoridades, que deben gestionar el suelo urbanizable y otorgar los permisos y licencias necesarios para la construcción de las viviendas que necesitan los millones de personas que llegan a vivir a las ciudades.

Este crecimiento desordenado de las ciudades hace indispensable la implementación de una adecuada planificación del desarrollo urbano y la ordenación del territorio, particularmente si tomamos en cuenta que nuestro país continúa con una tendencia acelerada hacia la urbanización. Lamentablemente, la planificación urbana y al diseño urbano es asignatura pendiente. Las políticas de desarrollo urbano, sustentabilidad ambiental y vivienda han seguido caminos separados en nuestro país.

Más aún, uno de las principales fuentes de corrupción en nuestro país se encuentra precisamente en la falta de orden provocado por el uso que las autoridades locales municipales hacen de su competencia para regular y modificar el uso de suelo, además del otorgamiento de permisos de construcción.

Un caso emblemático es el del municipio de Ensenada en Baja California, en donde el ayuntamiento pretendió y finalmente logró modificar a través de un reglamento el Programa sectorial de desarrollo urbano- turístico de los valles vitivinícolas de Ensenada, para permitir la construcción de desarrollos habitacionales de alta densidad en el Valle de Guadalupe, cambiando el uso de suelo, reduciendo los espacios de conservación y permitiendo que suelos agrícolas se convirtieran en desarrollos habitacionales.

Estos cambios pretendidos en el uso del suelo generarían grandes problemas en las condiciones del valle, ya que son terrenos que no tienen las condiciones de habitabilidad adecuadas ya que carecen de vialidades, de seguridad pública, de servicios de recolección de basura, de servicios de salud pública, de abastecimiento de agua, de red de drenaje, entre otros servicios urbanos.

Pero lo más importante es que los desarrollos habitacionales en la zona significarían el colapso de la zona de la industria vitivinícola y la extinción de la Ruta del Vino, lo que ocasionaría graves pérdidas económicas por concepto de turismo. Basta recordar que en el estado de Baja California se produce 90 por ciento del vino de manufactura nacional.

La industria vitivinícola tiene un gran impacto a nivel nacional y regional. Es una industria boyante con grandes perspectivas de crecimiento hacia el futuro. El consumo de vino en México entre los años 2000 y 2010 se incrementó de 27 a 55 millones de litros. Se estima que en 2020 se va a triplicar el consumo, a 180 millones de litros anuales. De la producción de vino mexicano se exporta 10 por ciento.1

La industria tiene una perspectiva de crecimiento ascendente en 2020-2025, en donde el consumo nacional y per cápita de vino siempre permitirá que crezcan a la par de las hectáreas para cultivar.

En este contexto resulta especialmente grave lo acontecido el 7 de noviembre del año en curso con la aprobación de un reglamento de zonificación y uso de suelo de los valles vitivinícolas de Ensenada que modifica aspectos fundamentales del Programa sectorial de desarrollo urbano-turístico de los valles vitivinícolas de la zona norte de Ensenada.

Este reglamento debería establecer lineamientos particulares para el logro de los objetivos contenidos en el Programa sectorial de desarrollo urbano-turístico de los valles vitivinícolas de la zona norte de Ensenada . El programa contiene una serie de estrategias para lograr un ordenamiento territorial armónico, respetuoso del medio ambiente y que potencialice las actividades económicas de la zona particularmente la industria vitivinícola y el turismo como hemos señalado anteriormente.

No obstante, el reglamento que fue aprobado el pasado 7 de noviembre contraviene aspectos fundamentales del programa. Particularmente en el artículo 2, fracción LXXXIII que establece:

“Artículo 2. ...

LXXXIII: Este documento deja sin efecto alguno, todas y cada una de las disposiciones contenidas en el programa sujeto al presente reglamento, que tengan que ver con áreas no urbanizables, particularmente en lo que se refiere: a zonas clasificadas en el mismo, con limitación por alto rendimiento agrícola; así como áreas de reserva para extensión urbana, agropecuaria o extractiva.”2

Cabe destacar que esta disposición es contraria al derecho urbanístico ya que un plan o programa de desarrollo urbano una vez aprobado e inscrito en el registro público de la propiedad, es el instrumento normativo por excelencia que contiene los ejes rectores que guían la aplicación de las políticas públicas y el marco regulatorio en la materia. Lo estipulado en un reglamento no puede contravenir lo establecido en el programa.

En suma, de manera sintética podemos señalar que el reglamento contiene los siguientes elementos que contravienen lo establecido en el programa y resultan de suma gravedad: a) Deja sin efecto las disposiciones relacionadas con las áreas no urbanizables especificadas en el programa sectorial; b) Limita la participación del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada (IMIP); c) Limita la participación ciudadana y de otros órdenes de gobierno e instituciones fuera del municipio; d) Concede el uso de suelo en forma automática a “proyectos, asentamientos, hoteles, comercios, campos de golf o inmuebles” que a la fecha ya estén en la zona de afectación y e) Intensifica densidades de construcción en áreas agrícolas y permite la edificación de vivienda aislada, conjuntos unifamiliares y conjuntos plurifamiliares en zonas de uso de suelo agrícola.

Es de particular gravedad la redefinición de la densificación de zonas agrícolas. Por ejemplo, en proyectos de vivienda aislada la densidad cambia de la propuesta de una vivienda por 4 hectáreas a una vivienda por hectárea, es decir, se cuadruplica la densidad. Se abre también la posibilidad de la construcción de conjuntos plurifamiliares que no estaba en el texto original, el cual permite una densidad de 5 viviendas por hectárea. En este uso de suelo agrícola también existe la posibilidad de emprender proyectos de hotelería, con densidad bruta de 25 a 50 cuartos por establecimiento y lotes mínimos de 50 mil metros cuadrados.

Además del cuestionable contenido del reglamento, todo el proceso de aprobación del reglamento se da en un clima de opacidad. El proyecto de reglamento propuesto por el gobierno del estado fue ignorado recurrentemente en el cabildo. Posteriormente aparece una propuesta de modificación al programa que no fue objeto de una consulta pública como lo establece la ley. Por último, de acuerdo con lo consignado por medios informativos locales el dictamen del reglamento modificado se aprueba en una sesión nocturna, extraordinaria y privada en donde se informó a los vitivinicultores que no estaba el tema del Valle de Guadalupe en el orden del día. Sin embargo, al iniciar la sesión resultó que sí se contemplaba la aprobación de dicho reglamento, los ediles, con excepción del PAN, votaron a favor de un documento de más de 50 páginas que conocieron apenas unos minutos antes de la votación.

Sin lugar a dudas, esta falta de transparencia en el proceder de las autoridades municipales devela una trama de intereses particulares, familiares cercanos del que se desempeñaba como subsecretario general de gobierno del ayuntamiento, tienen una empresa inmobiliaria (Grupo Lagza) que curiosamente es la principal beneficiada con los cambios que el cabildo aprobó al reglamento.

En Acción Nacional siempre nos hemos manifestado en contra de toda acción que vaya en detrimento del interés público, es preciso que se dé marcha atrás en las decisiones que se han tomado en torno a este caso, por el bien del desarrollo económico y social de la región, atendiendo las exigencias del crecimiento urbano y alejadas de los intereses particulares.

Por ello, ahora es más que urgente que los funcionarios estatales y municipales de inmediato dejen de tomar medidas arbitrarias en detrimento de los bajacalifornianos.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a las autoridades del municipio de Ensenada y al gobierno del estado de Baja California para que, en el ámbito de su competencia, se dé marcha atrás a las modificaciones en el reglamento de zonificación y uso de suelo de los valles vitivinícolas de Ensenada que permiten el cambio de uso de suelo con vocación agrícola, contraviniendo lo establecido en el Programa sectorial de desarrollo urbano-turístico de los valles vitivinícolas de la zona norte de Ensenada , en detrimento de la industria vitivinícola y el desarrollo urbano sustentable de la región, y se realice una amplia consulta pública para la reformulación de dicho reglamento.

Notas

1. http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2013/06/03/vino-mexico

2. Reglamento de zonificación y uso de suelo para el Programa sectorial de desarrollo urbano-turístico de los valles vitivinícolas de la zona norte de Ensenada

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2014.

Diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a hacer del conocimiento público un desglose del efecto en las finanzas públicas del decreto publicado en el DOF del 26 de diciembre de 2013 mediante el cual se otorgan beneficios y facilidades fiscales al sector privado, suscrita por los diputados Roxana Luna Porquillo y Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Roxana Luna Porquillo y Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes argumentos:

Primero. El 11 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

Dicho conjunto de normas conforman la reforma hacendaria que el Ejecutivo federal promovió mediante iniciativas en las mismas materias el 8 de septiembre de 2013.

El análisis y discusión de la reforma hacendaria fue un esfuerzo ventilado públicamente, en el que se tuvieron importantes encuentros y debates no sólo entre los legisladores federales y representantes de diversos grupos económicos, sino con funcionarios del gobierno federal que participaron de manera relevante con sus puntos de vista en la valoración del proyecto presentado.

Segundo. El 26 de diciembre de 2013, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa.

Las leyes afectadas son las correspondientes al Impuesto sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Derechos, así como el Código Fiscal.

Estas modificaciones se hicieron sin considerar al Congreso, aun cuando éste aprobó todas esas leyes en la reforma hacendaria en el mismo mes de diciembre de 2013.

Es decir que lo que se analizó, corrigió y votó con el esfuerzo de los diputados y senadores, terminó siendo modificado, sin consultarlos, tan sólo 15 días después.

El contenido del decreto del Ejecutivo consiste en concesiones al sector privado, en el que le conceden beneficios con la intención de congraciarse con ellos.

Es evidente que una vez aprobada la reforma hacendaria, los cabilderos del sector privado siguieron presionando al Ejecutivo y que lograron beneficios para sectores como el transporte de carga y pasajeros, los alimentos chatarra, las mineras, las escuelas particulares y las tiendas departamentales.

Tercero. Es inadmisible que el decreto del Ejecutivo del 26 de diciembre de 2013 no presente ninguna cuantificación del impacto que significa ceder en el cobro de recursos que forman parte de la hacienda pública. Es obvio que las modificaciones van a significar menos ingresos para el país, pero a diferencia de cuando se discutió la reforma hacendaria, donde por cada uno de los ajustes se proyectó una meta recaudatoria, ahora resulta que este paquete de concesiones tiene un entorno de opacidad y discrecionalidad.

Aun cuando la ley, en especial el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación permite este tipo de ajustes, en el fondo es una vergüenza que el gobierno ceda recursos aprobados por los legisladores, sin que ni siquiera se sepa cuánto es lo que nos va costar como país.

Cuarto. Además queda por verse de qué manera se va a ajustar la caída de los ingresos. El gobierno debe decir desde ahora si piensa superar las metas de déficit, si va a recurrir al truco de “aparecer” dinero subestimado o correspondiente a disponibilidades que no había reportado, o si piensa hacer algún ajuste al presupuesto aprobado en el gasto de inversión o en los programas de las dependencias.

Dada la naturaleza pública de los recursos comprometidos al modificar la recaudación, es fundamental que el Ejecutivo desglose las modificaciones que como consecuencia del decreto emitido, tendrán las metas del déficit aprobado por el Congreso de la Unión, la composición de los ingresos públicos, que necesariamente habrá de modificarse o, en su caso, deberá explicar los ajustes al presupuesto aprobado como gasto de inversión así como en los programas de las dependencias.

Si el Ejecutivo ya afectó lo aprobado por el Legislativo, lo menos que debe hacer es precisar las consecuencias de su determinación.

Quinto. El Ejecutivo exhibe un doble discurso, donde primero alentó y asumió elementos progresivos en materia fiscal y luego se desdice como si no existiera la determinación tanto de los diputados como de los senadores, lo cual constituye un pésimo mensaje en cuanto a la seriedad de las relaciones entre los poderes.

En conclusión, esta legislatura no debe permanecer pasiva ante una decisión discrecional en beneficio del sector privado.

El Ejecutivo está obligado a transparentar e informar, por lo menos, las estimaciones del impacto económico que implican sus concesiones a los cabilderos del sector privado. Es lo mínimo que debe hacer para que exista claridad de quienes se van a beneficiar y con cuánto, por cada uno de los cambios que ha decretado.

Por lo antes expuesto y con el fundamento antes señalado se somete a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a que por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desglose y haga del conocimiento público el cálculo del impacto a las finanzas públicas derivado del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013, mediante el cual se otorgan beneficios y facilidades fiscales al sector privado.

Segundo. De igual manera, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a que detalle las modificaciones que como consecuencia de dicho decreto tendrán las metas del déficit aprobado, la composición de los ingresos públicos o, en su caso, los ajustes al presupuesto aprobado como gasto de inversión así como en los programas de las dependencias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2014.

Diputados: Roxana Luna Porquillo, Carol Antonio Altamirano (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SAT a cumplir los derechos fundamentales de los gobernados en la publicación de la lista de contribuyentes incumplidos, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante la Comisión Permanente el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

A raíz de la Reforma Hacendaria, en el Código Fiscal de la Federación se facultó a las autoridades fiscales para que en caso de ocurrir ciertas hipótesis de ley, se publique el nombre o denominación de aquel contribuyente deudor o infractor de las normas fiscales.

La existencia de este tipo de medidas son características de sistemas de terrorismo fiscal y su operación supone el más profundo cuidado por parte de las autoridades correspondientes, pues una vez que se ha hecho la publicación existe un daño moral provocado por el Estado y que en todo momento es susceptible de reparación.

Es así, que el día primero del presente mes se publicó, en el portal electrónico del SAT, la lista con los datos de los contribuyentes que no han cumplido con sus obligaciones fiscales.

Sin embargo, la divulgación de la “lista de morosos”, como la ha denominado la opinión pública, ha provocado que instituciones como la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) se hayan pronunciado en contra de esta medida al advertir que represente una posible violación a los derechos humanos, por lo que “en un comunicado la Procuraduría afirmó que se debe determinar si una persona física o bien una sociedad o persona moral debe aparecer en el listado a través de una resolución escrita en donde aparezca el fundamento legal y los motivos por los que la autoridad determinó que ese contribuyente en específico debía aparecer en la lista.”1

Cabe decir que el planteamiento de la Prodecon corresponde a la interpretación sistemática de las normas fiscales y administrativas, en relación con el principio de seguridad jurídica, que refiere a la necesidad de fundamentación y motivación de los actos de las autoridades, pues tal inclusión en la lista constituye un acto de molestia a los particulares.

Más grave aún resulta si se considera las consecuencias que pudiera atraerle al contribuyente, como pudiera ser que ciertos actores económicos decidieran suspender sus negociaciones por considerar que existe un riego de falta de pago. Ello sin tomar en cuenta los errores que se han denunciado persiste en el señalamiento de los “contribuyentes incumplidos”.

En ese sentido, la habilitación legal de la que fueron sujetas las autoridades no corresponde a una interpretación absoluta, más bien debe cumplirse con los requisitos legales y constitucionales para la realización de estos actos, los que incluyen la notificación de los actos fundando motivando al mismo.

Estas son las consecuencias de una legislación inadecuada que careció de la mínima discusión en su emisión, y una interpretación equivocada de la operación de la nueva habilitación por parte de la autoridad administrativa, evidenciando en todo momento la violación a la norma constitucional.

Las consecuencias que tendrá esta ejecución indebida no son menores, pues la misma constituye un verdadero daño provocado por el Estado, lo que obligaría a su reparación absoluta.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Servicio de Administración Tributaria a inhabilitar la publicación de la lista de contribuyentes incumplidos con el objetivo que la misma sea depurada de errores y únicamente se incluyan en ella aquellos constituyentes con créditos fiscales firmes que hayan sido notificados de las irregularidades correspondientes.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente para que en el ejercicio de sus facultades verifique el cumplimiento de los derechos fundamentales de los contribuyentes.

Tercero. Se exhorta al Servicio de Administración Tributaria para que en la publicación de la “lista de contribuyentes incumplidos” se cumplan con las formalidades legales y constitucionales que correspondan.

Cuarto.- Se exhorta a las autoridades fiscales para que la facultad conferida en materia de publicación de contribuyentes incumplidos sea bajo el estricto apego a la imparcialidad y carezca de usos distintos a los fiscales.

Nota

1 Prodecon: ‘Lista negra’ del SAT viola derechos de deudores. http://www.adnpolitico.com/gobierno/2014/01/03/prodecon-lista-negra-del -sat-viola-derechos-de-deudores

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 8 días del mes de enero de 2014.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a destinar recursos económicos, materiales y humanos para reparar con la mayor brevedad el tramo afectado por los hundimientos del 28 de diciembre de 2013 en la autopista Tijuana-Ensenada, en Baja California, suscrita por el diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, Jaime Bonilla Valdez, diputado por el estado de Baja California a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo considerada como de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes hechos y consideraciones:

Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que de manera inmediata se destinen los recursos económicos, materiales y humanos en cantidades suficientes a fin que se repare a la mayor brevedad posible el tramo afectado por los hundimientos del día 28 de diciembre del año pasado, en la autopista Tijuana-Ensenada, a fin que se establezca de manera normal la comunicación vía terrestre entre ambas ciudades del estado de Baja California, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El desarrollo de nuestro país no se puede concebir sin que logremos logramos crear un sistema eficiente de transporte, tanto de mercancías como de personas, si bien, este no es el único factor para llevar a México a lo que se ha dado en llamar el primer mundo, si es condición sin la cual no saldremos del subdesarrollo.

Como es claro, un sistema eficiente de transporte depende entre otras cosas de que haya suficiente caminos, vías de ferrocarril, puertos, y aeropuertos, en cantidad y calidad, es decir, que se tengan la infraestructura necesaria y en buen estado.

Desafortunadamente, como se develó en el quinto Foro Internacional “Desarrollo Urbano Sustentable Calidad”, “México ocupa un lugar muy bajo en cuanto al Índice de Competitividad de la Infraestructura, ubicándose en el lugar 66 de 142 países, de hecho, en este rubro nos encontramos por debajo del promedio de América Latina.

De tal forma que nuestro país compite en el mercado mundial en el mejor de los casos con una infraestructura mediocre, sin no es que de plano mala. Cuando es bien sabido que la infraestructura carretera es uno de los principales condicionantes para la dinámica económica regional y nacional, ya que determina la conexión territorial y el traslado eficiente de productos y personas.

En el caso particular del estado de Baja California, en parte, por su condición de península conectada con el resto de México tan sólo por una pequeña franja de tierra en su parte noreste y por su lejanía con el centro del país, históricamente la infraestructura para transportes vial ha sido escasa y de mala calidad.

Por muchas décadas tan sólo interesó a los gobiernos federales el comunicar a la zona fronteriza de Baja California, ya que esta parte es la puerta de entrada a los Estados Unidos y en particular a California, estados del vecino país que por sí solo presenta una de las mayores economías del mundo y por lo mismo es de los principales mercados internacionales.

Actualmente, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía contamos en el estado de Baja California, con tan solo mil 705 kilómetros de carretera troncal federal (principal o primaria), y de estos kilómetros buena parte corresponden a la carretera federal número 1, que atraviesa de norte a sur todo el estado de Baja California, prolongándose hacia el sur al vecino Estado de Baja California Sur, uniendo a las ciudad de Tijuana, Baja California, con el puerto de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Como parte importante de la red carretera del estado tenemos la autopista que conecta a la ciudad de Tijuana con Ensenada, este último es un sitio de importancia por su actividad portuaria, pesquera y turística, de tal forma que para la economía regional y nacional esta carretera es de gran importancia.

El pasado 26 de diciembre a consecuencia de un sismo de 4.6 grados en la escala de Richter que tuvo su epicentro en la zona de Camalú, a 70 kilómetros de Ensenada, BC.

En esta importante vía se presentó un desnivel de apenas 30 centímetros, pero, para el día 28 del mismo mes lo que originalmente era este desnivel insignificante se convirtió en un hundimiento de más de 40 metros de profundidad y 300 de largo en el kilómetro 93+500 y que dejo inutilizable la carretera.

Al día de hoy, para poder comunicar estas dos importantes poblaciones, se está desviando el tráfico ligero por la carretera libre Tijuana-Ensenada, que es de menor calidad que la autopista afectada, al tráfico pesado, es decir, a los camiones con cargas superiores a las tres toneladas se les hace ir por la carretera federal número 3 (Tecate-Ensenada).

Pero esta solución plantea problemas ya que como se mencionó la carretera libre es de calidad inferior, lo que repercute en el tiempo y seguridad de los viajeros, y por otra parte, el desviar el tráfico pesado hacia la ciudad de Tecate, BC., crea problemas serios en esta población además de hacer el viaje de las mercancías más largo y por lo mismo más costoso.

Las vialidades de la ciudad de Tecate, Baja California, no están diseñadas para que por ellas pasen grandes cantidades de camiones pescados, por los que en dicha ciudad se crearán serias complicaciones viales y posibles afectaciones serias en la carpeta asfáltica.

De todo lo anterior se desprende que la solución debe ser el restablecer a la mayor brevedad posible la comunicación Tijuana-Ensenada por medio de la autopista afectada.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo considerada como de urgente u obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Único: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ciudadano maestro Gerardo Ruiz Esparza, para que de manera inmediata se destinen los recursos económicos, materiales y humanos en cantidades suficientes para que se repare a la mayor brevedad posible el tramo afectado por los hundimientos del día 28 de diciembre del año pasado, en la autopista Tijuana-Ensenada, a fin que se establezca de manera normal la comunicación vía terrestre entre ambas ciudades del estado de Baja California.

Comisión Permanente, a 8 de enero de 2014.

Diputado Jaime Bonilla Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a instruir al director general del Metro para que amplíe a todas las líneas de éste el programa Viajemos Seguras, suscrita por el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, René Ricardo Fujiwara Montelongo, diputado a la LXII Legislatura federal, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta al director general del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) a ampliar el programa Viajemos Seguras en todas las líneas de esa red de transporte colectivo en el Distrito Federal y la zona metropolitana del valle de México.

Consideraciones

En los últimos 20 años, el crecimiento demográfico de la Ciudad de México se ha presentado de manera exponencial; de acuerdo con los resultados 2007 de la Encuesta Origen-Destino en el Estado de México y el Distrito Federal,1 se realizan cada día hábil 22 millones de viajes, de los cuales 58.4 por ciento es a la Ciudad de México y 14.8 millones de los desplazamientos se realizan a través del transporte público, utilizando 8 por ciento alguna línea del Sistema de Transporte Colectivo Metro, como medio de transporte.

El Informe especial sobre el derecho a la movilidad en el Distrito Federal , publicado en el mes de marzo del año en curso por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Instituto de Políticas Públicas para el Transporte y Desarrollo,2 define el derecho a la movilidad como el “de toda persona y de la colectividad a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad y aceptable, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el efectivo desplazamiento de todas las personas en un territorio para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo”.3

El desarrollo del Metro ha representado una alternativa de movilidad de bajo costo que permite trasladar a las y los ciudadanos a distintos puntos del Distrito Federal y la zona metropolitana del valle de México, a través de las 12 líneas y 195 estaciones, en las cuales se transportan a más de mil 600 millones de usuarios al año, equivalente a 5.1 millones de usuarios en día laborable y 7.6 millones de viajes al día, que en 2012 significó un ingreso de 5 mil 452.85 millones de pesos.

A septiembre de 2013, su afluencia total ascendió a poco más de 1.24 billones de usuarios,4 estimando que 42 por ciento son del sexo femenino; es decir, más de 524 millones de mujeres de distintas edades concurrieron en diversos momentos en las 195 estaciones que forman este sistema de transporte colectivo.

Con base en el gran número de personas que se traslada diariamente y la importancia de tener un medio de transporte público, seguro y digno para la población que lo utiliza, es relevante considerar la pertinencia de que existan las condiciones de infraestructura y seguridad que salvaguarden la integridad de los usuarios y así, contribuir a garantizar el pleno derecho a la movilidad.

Sin embargo, información oficial disponible demuestra que en acontecimientos recientes se han incrementado los casos de abuso o acoso sexual y otras formas de violencia contra la mujer, cometidos tanto en las instalaciones como fuera de éstas, así como el robo a pasajeros, pues de acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de enero a noviembre de 2013 se registraron 3545 robos, mientras que en el primer trimestre del año se iniciaron 46 averiguaciones previas por abuso sexual6 contra mujeres en ese medio de transporte; lo anterior, sin considerar la cifra negra que resulta de los muchos casos de personas que no denuncian ante la autoridad.

Cobra también sentido en esta argumentación los hechos suscitados el día 24 de septiembre del año en curso, en donde la saturación de la Línea 1 provocó que 8 mujeres sufrieran sofocación, siendo necesario que se solicitara atención médica para ellas. Dicha circunstancia se presentó por el congestionamiento de usuarios que originó un aumento considerable de la temperatura, que sumado a los factores del entorno y a la ausencia de un control en el número de pasajeros que abordan los vagones y el respeto a los vagones de uso exclusivo para mujeres, niñas, niños y adultos mayores, provocó casos de mujeres desmayadas o sofocadas.

Estos hechos son una muestra fehaciente de la problemática que enfrentan diariamente las mujeres que utilizan el Metro como medio para trasladarse.

Ante ello es necesario tener consciencia de que son las mujeres, niñas, niños y personas mayores que hacen uso de los espacios y medios de transporte público de la ciudad quienes diariamente afrontan un mayor riesgo y alto grado de vulnerabilidad desde la perspectiva de su derecho a la movilidad.

Una de las acciones que el gobierno del Distrito Federal y las autoridades de dicho sistema de transporte han implantado para garantizar la seguridad de las y los pasajeros fue la designación de vagones exclusivos para mujeres, niñas, niños y adultos mayores.

No obstante, Instituto de las Mujeres del Distrito Federal ha informado que el programa Viajemos Seguras no se aplica de manera permanente durante días hábiles y queda supeditado a horarios y estaciones determinados.7

Si bien este programa busca mejores condiciones de acceso a los servicios de transporte de la ciudad, no se han generado los mecanismos que garanticen el respeto a los vagones destinado a mujeres, niños y adultos mayores.

Por otro lado, como la calidad del servicio en este sistema de transporte masivo no ha sido prioritaria, tanto las autoridades del Metro como el gobierno del Distrito Federal dejaron por largos años que se deteriorara las condiciones de servicio hasta llegar a un punto crítico, en el cual se ha puesto en riesgo inclusive la capacidad del sistema para transportar a sus usuarios de forma segura.

Muchos de los problemas que afectan directamente la calidad de servicio no tienen que ver con falta de recursos, sino con la mala gestión del sistema.

Por ejemplo, la proliferación de vendedores informales en el Metro –pasillos, andenes, vagones y salidas– hace suponer la existencia de una amplia red de corrupción en la cual se presume están involucrados tanto funcionarios del Metro como policías, pues de otra forma no se explica que el comercio informal sea la primera causa de las quejas que recibe este sistema de transporte; en un espacio cerrado y supuestamente vigilado por cientos de cámaras y policías.

No en balde los propios usuarios demandan que ante el incremento del costo de este medio de transporte a 5 pesos, desde el 13 de diciembre de 2013, los recursos adicionales deben destinarse al mantenimiento y remodelación de instalaciones (35 por ciento), así como mayor vigilancia y al retiro de vendedores ambulantes (24 por ciento), que en conjunto redundan en un sensible incremento de las condiciones de seguridad de los usuarios.

Lo anterior es acorde con el anuncio del director general del STC, Joel Ortega Cuevas, quien en noviembre de 2013 propuso una serie de 11 compromisos que estarían vinculados directamente con el ajuste tarifario, entre los que se incluyó fortalecer la seguridad del Metro y evitar el comercio informal en las instalaciones.

Por lo expuesto, para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza es importante considerar la ampliación del programa Viajemos Seguras en todas las líneas del Metro, a fin de que se garanticen las condiciones de seguridad, movilidad y accesibilidad a los usuarios, particularmente mujeres y población en condición de vulnerabilidad, fomentando una cultura de respeto a los espacios asignados a estos grupos de la sociedad.

De igual manera, consideramos relevante que se fortalezcan los operativos de seguridad, vigilancia y supervisión en las estaciones e instalaciones del Metro a fin de hacer efectivo a los capitalinos y usuarios de este medio de transporte el ofrecimiento de que con el incremento de la tarifa se fortalecerá la seguridad en este medio de transporte masivo y se evitará el comercio informal en sus instalaciones.

En virtud de lo anterior, hago la siguiente proposición, de urgente resolución, con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta de manera respetuosa al jefe del gobierno del Distrito Federal a instruir al director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro para que, en coordinación con otras dependencias del gobierno del Distrito Federal, amplíe la aplicación permanente del programa Viajemos Seguras en días hábiles en todas las líneas que forman la red del Sistema de Transporte Colectivo y garantizar así el respeto y la seguridad para mujeres, niños y adultos mayores en los vagones exclusivos para estos propósitos.

Segundo. En beneficio de todos sus usuarios, fortalecer las acciones de seguridad en estaciones y se evite el comercio informal en sus instalaciones.

Notas

1 Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal. Octubre de 2007.

2 Disponible en http://directorio.cdhdf.org.mx/libros/2013/movilidad_2013.pdf. Consultado el 17 de diciembre de 2013, a las 10:48 horas.

3 Obra citada, página 36.

4 Afluencia de Estación por Línea. Disponible en http://www.metro.df.gob.mx/operacion/afluacceso.html. Consultado el 17 de diciembre de 2013, a las 11:12 horas.

5 Dirección General de Política y Estadística Criminal. Estadísticas Delictivas 2013. Disponible en http://www.pgjdf.gob.mx/index.php/procuraduria/procuraduria/estadistica s/periodo2013

6 Disponible en http://www.proceso.com.mx/?p=345297

7 Instituto de las Mujeres del Distrito Federal quedan excluidas de este programa estaciones de las líneas 4, 5, 6 y 12. Disponible en http://www.inmujeres.df.gob.mx/wb/inmujeres/programa_viajemos_seguras_e n_el_transporte_publico

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2014.

Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, al GDF y a los gobiernos locales a prever y promover la apertura de centros de acopio para captar los árboles de Navidad naturales utilizados en esta época decembrina, suscrita por el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, por el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, al gobierno del Distrito Federal y a los de las entidades federativas del país, a efecto de que en el ámbito de sus respectivas competencias, prevean y promuevan ante los gobiernos municipales, la implementación de centros de acopio de manera estratégica para captar los árboles naturales de navidad utilizados durante la pasada época decembrina; lo anterior al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Llegó y pasó la Navidad, con el contagio generalizado de su espíritu navideño, al cual, seguramente contribuyó el encanto que genera el árbol de navidad.

De dichos árboles navideños, se estima que en los hogares mexicanos se utilizaron un aproximado de un millón seiscientos mil árboles de navidad naturales, entre cuyas especies más comunes fueron los pinos y el oyamel.

Ahora que las fiestas decembrinas pasaron, cabe decir, que una vez que la última festividad relativa sucede, esto es, la concerniente al día 6 de enero, los árboles navideños son retirados de su importante labor de ornato y ánimo festivo de la navidad. Lo importante es, el destino que será dado a los referidos arbolitos de navidad naturales.

Cuando sus restos son bien canalizados, son aprovechados para elaborar abono orgánico, composta e insumos para jardinería, mientras que por el contrario, si sin abandonados en calles, basureros y terrenos baldíos de las urbes, además de lamentable basura se convierten en combustibles susceptibles de generar incendios.

Tan sólo en diciembre de 2010, en la Ciudad de México se produjeron 1,280 incendios, con sus consecuencias, que además de un inminente riesgo directo a la población por lo que hace a posibles quemaduras y daños materiales, también contribuyeron gravemente a la contaminación atmosférica y la deficiente calidad del aire.

Por ello, es necesario realizar un esfuerzo y propiciar la participación ciudadana para incrementar el nivel en la conciencia ecológica y de la autoprotección.

La mejor manera conforme a la experiencia, lo ha sido el implementar medidas para recolectar los árboles naturales usados durante la temporada decembrina, como lo es el instalar centros de acopio e implementar campañas de difusión al respecto.

Por referir datos, es de mencionar que en la ciudad de Guadalajara, capital del Estado de mi representación, el gobierno municipal logró recuperar 1,511 de estos árboles en el mismo año 2010, los cuales se trituraron primero y reciclaron después para generar 2.4 toneladas de composta, según lo informó la Dirección de Prevención y Control Ambiental de dicho municipio. Por otro lado, Zapopan, Jalisco, logró captar más de 3,200 árboles naturales en enero de 2012, respecto a la navidad 2011.

Según se informa, algunos gobiernos locales se preparan para ello, esto es, para la implementación de centros de acopio de manera estratégica para captar los árboles naturales de navidad, ya secos, donde la población pueda acudir a entregarlos para su posterior procesamiento. En algunos casos, la campaña se implementa aplicando algún incentivo, como lo es el entregar a cambio alguna especie viva para ornato o alguna bolsa de composta.

Lo importante es que los esfuerzos no sean aislados, es imprescindible que de manera uniforme los gobiernos federal y locales incentiven la participación ciudadana para fomentar la cultura de la protección al medio ambiente y a la integridad de las personas mismas, a través del acopio de arbolitos de navidad utilizados en la época decembrina que acaba de pasar. Con ello, lograr en la mejor medida posible el reciclaje en la vida de dichos arbolitos, como también minimizar posibles incidentes, incluso, vandálicos por incendios a los que puede contribuir el abandono de árboles de navidad secos.

Términos en los que precisamente va encaminada la presente sugerencia, esto es, hacer un respetuoso exhorto a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a los gobiernos Estatales, a efecto de que en el ámbito de sus respectivas competencias, prevean y promuevan ante los gobiernos municipales, la implementación de centros de acopio de manera estratégica para captar los árboles naturales de navidad utilizados durante la pasada época decembrina, donde la población pueda acudir a entregarlos para su posterior procesamiento; asimismo, para que se implementen campañas de difusión a la población para fomentar la participación ciudadana sobre el particular, la protección al medio ambiente y la integridad de las personas y sus bienes.

En mérito de lo anterior, se propone a la honorable consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, al gobierno del Distrito Federal y a los de las entidades federativas del país, a efecto de que en el ámbito de sus respectivas competencias, prevean y promuevan ante los gobiernos municipales, la implementación de centros de acopio de manera estratégica para captar los árboles naturales de navidad utilizados durante la pasada época decembrina, donde la población pueda acudir a entregarlos para su posterior procesamiento; asimismo, para que se implementen campañas de difusión a la población para fomentar la participación ciudadana sobre el particular, la protección al medio ambiente y la integridad de las personas y sus bienes.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 8 días del mes de enero de 2014.

Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a emplear los medios diplomáticos necesarios y establecer contacto con las autoridades estadounidenses para agilizar las solicitudes de asilo político de Carlos Gutiérrez y demás personas en su misma situación, suscrita por la senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que empleen los medios diplomáticos necesarios y contacte a las autoridades de los Estados Unidos de América, a fin de que agilicen las solicitudes de asilo político de Carlos Gutiérrez y de las demás personas que están en su misma situación, al tenor de las siguientes

Consideraciones

“Me amputaron mis pies, pero sigo de pie” son las palabras de Carlos Gutiérrez, ex empresario de Chihuahua, a quien en el 2009 le fueron amputados los pies por no pagar extorsión a la delincuencia organizada, como una lección a las personas que se rehúsan a pagar la cuota. Hasta ese momento al mes le solicitaban el pago de hasta diez mil dólares mensuales.

Meses más tarde del terrible acontecimiento, Carlos presentó la solicitud de asilo a los Estados Unidos de América, sin embargo, aún con los antecedentes su caso fue tramitado como de baja prioridad.

En octubre de 2013, con ayuda de sus prótesis, Carlos comenzó una proeza, recorrer 700 millas durante dos semanas, entre El Paso y Austin, Texas, con la finalidad de llamar la atención sobre la situación en la que viven centenares de personas al solicitar asilo político por causa de la violencia que deja la delincuencia organizada en nuestro país.

El primer objetivo de Carlos fue concluido, llegó a la capital del estado de Texas, Austin, sin embargo, ya planea su siguiente viaje que tiene como destino la ciudad capital Washington, DC; para ser escuchados por políticos estadounidenses y que de esa manera cambien las leyes del país.

Bajo la campaña “Pedaleando por la Justicia” se busca crear conciencia acerca de la corrupción que se vive en México, así como sensibilizar al gobierno de Estados Unidos de América, ya que han rechazado más del 90 por ciento de los casos de asilo político.

Carlos Gutiérrez pertenece a “Mexicanos en Exilio”, con sede en el paso Texas, dicho organismo está conformado por hombres, mujeres y niños quienes tuvieron que huir ante la ola de violencia protagonizada por la delincuencia organizada en México.

Otro caso es el de la familia Porras González, comerciantes de la comunidad de Villa Ahumada, Chihuahua, que ante el homicidio de dos integrantes de su familia supuestamente por su afiliación política, se trasladaron a El Paso, Texas, para solicitar asilo político.

A decir de los abogados de la organización Mexicanos en Exilio, “el proceso de asilo toma mucho tiempo, como unos 5 años, y en ese lapso los solicitantes permanecen en el limbo”.

Ante ello, es prioritario que se visibilice la urgencia de la situación de las personas y que de esa misma forma se agilice el sistema migratorio de los Estados Unidos de América.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que empleen los medios diplomáticos necesarios y contacte a las autoridades de los Estados Unidos de América a fin de que agilicen las solicitudes de asilo político de Carlos Gutiérrez y demás personas que están en su misma situación.

Senado de la República, a los seis días del mes de enero del año dos mil catorce.

Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a continuar los trabajos legislativos para decretar 2014 como año del bicentenario de la Constitución de Apatzingán, suscrita por la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que le confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente, para efecto de que sea considerada como asunto de obvia y urgente resolución y puesta a discusión de inmediato, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 20 de octubre de 1810, en un paraje entre los pueblos de Charo e Indaparapeo, Michoacán, José María Morelos y Pavón, llegó ante Miguel Hidalgo a ofrecer sus servicios como capellán del naciente ejercito insurgente. De esta entrevista, salió con una carta que señalaba: “Por el presente comisiono en toda forma a mi lugarteniente, el bachiller José María Morelos, cura de Carácuaro, para que en la costa sur levante tropas, procediendo con arreglo a las instrucciones verbales que le he comunicado”.

Ningún dinero, ninguna arma, quizás sólo la bendición de un cura revolucionario a otro cura revolucionario y confianza en la causa de la independencia.

Don Miguel Hidalgo había echado los cimientos de lo que sería el estado nacional; encabezó el movimiento insurgente convencido de la necesidad de restablecer el pacto social de origen con un gobierno inédito.

En el manifiesto del 15 de noviembre de 1810, expresó su deseo de reunir un congreso representativo que dictara “leyes suaves, benéficas y acomodadas a las circunstancias”, cuyo fin último sería el bien común de la nación en ciernes. No tuvo tiempo de convocarlo y menos aún de perfilar una constitución, pero expresó su fe en el constitucionalismo y en el régimen parlamentario como instrumentos para elevar el derecho sobre el poder, instaurar un estado moderno y prevenir los abusos de autoridad mediante normas jurídicas preestablecidas.

Hidalgo no se equivocó con Morelos: no sólo resultó un gran estadista, sino también un estratega indiscutible ya que se desenvolvía, a decir de uno de sus biógrafos, “...atendiendo las lecciones inapreciables de la geografía. Al proyectar sus itinerarios, sus avances y retrocesos, lleva en la mente, antes que otra cosa, el mapa del país: las rutas naturales que le conviene seguir, los vados de los ríos que debe cruzar, los poblados de confianza y los que, por peligrosos, hay que evitar, las zonas de despensa garantizada y las de ‘tierras flacas’...”. Este conocimiento de la geografía pudo deberse a su labor de arriero, permitiéndole conocer caminos y veredas, ríos y montañas, además de su capacidad para organizar ejércitos y planear batallas. A diferencia de Hidalgo, Morelos “...se negó a conducir muchedumbres caóticas e indisciplinadas, cuya eficacia, en combates formales y frontales, era mínima cuando no nula. En sus reclutamientos, Morelos procuraba seleccionar a los más aptos; los distribuía en cuerpos sujetos a riguroso control; los dotaba de armas efectivas, como fusiles, sables y machetes, y les exigía un mínimo de instrucción militar. Redactó unas sencillas pero sensatas ‘ordenanzas’ y sus libros de intendencia eran modelos de orden, claridad y experiencia administrativa”.

En apego puntual a los ideales de Hidalgo, promulgó bandos de abolición de la esclavitud y las castas. Además, se hizo de recursos para mantener el movimiento, ordenó la emisión de moneda de cobre, trató de solucionar los problemas agrarios de los pueblos indios, reorganizó la división política de ciertas regiones en beneficio de sus pobladores e inició la reforma del sistema de justicia.

El 18 de mayo de 1813, Morelos propuso a los insurgentes la conveniencia de reunir a todos los vocales de la Suprema Junta Nacional Americana en Chilpancingo para reformar la estructura de la Junta Gubernativa; para ello público el 28 de junio del mismo año la Convocatoria a un Congreso Nacional que se reuniría en Chilpancingo “compuesto de representantes de las provincias que promuevan sus derechos”.

El reglamento para el Congreso de Chilpancingo fue redactado por Morelos, quien lo dio a conocer el 11 de septiembre. En el documento ya se percibe la impronta de algunas doctrinas y teorías liberales que comenzaban a penetrar tierras novohispanas, en virtud de las cuales esboza más claramente la forma operativa de los órganos de gobierno, establece las bases para la elección de diputados y norma el funcionamiento y facultades de la asamblea. Es un hecho que, a pesar de no haber gozado del tiempo necesario para lecturas, los días en campaña y el contacto con hombres versados en el pensamiento político ilustrado, habían dejado su huella en el ideario de Morelos, quien se confesó “convencido... de que la perfección de los gobiernos no puede ser obra de la arbitrariedad y de que es nulo, intruso e ilegítimo todo el que no se deriva de la fuente pura del pueblo”.

De acuerdo con el reglamento, los diputados al Congreso, en su primera sesión, procederían “a la distribución de poderes, reteniendo únicamente el que se llama Legislativo. El Ejecutivo lo consignará al general que resultase electo Generalísimo”, cargo para el que sería electo Morelos. Por su parte, “el Judicial lo reconocerá en los tribunales actualmente existentes, cuidando no obstante según se vaya presentando la ocasión, de reformar el absurdo y complicado sistema de los tribunales españoles”. También se nombraría un presidente y un vicepresidente que, junto con otros dos secretarios, se dividirían el Despacho Universal. Una vez demarcados los poderes, el Congreso se encargaría de elaborar el decreto de independencia de la América respecto de la península española.

El 14 de septiembre abrió sesiones el Congreso. Morelos dio lectura al discurso inaugural, en el que manifestó estar consciente de que en dicha asamblea se barajaba la suerte de seis millones de americanos, por lo que era indispensable combatir al peor enemigo que podría surgir en circunstancias similares, más temible que los españoles: la anarquía y la amenaza de una guerra civil.

Los días previos a la apertura, Morelos redactó otro documento en el que había hecho gala de todas sus luces. Puesto que el reglamento ordenaba que las sesiones se abrirían “con un discurso sencillo que explique en términos inteligibles a todos”, se dio a la tarea de resumir los puntos esenciales que debería incluir la Carta Magna, hoy conocidos como Sentimientos de la Nación o 23 puntos dados por Morelos para la Constitución, los cuales fueron leídos por Juan Nepomuceno Rosáinz.

Con la sencillez y apertura que le eran propias, el caudillo, que pronto pediría ser llamado Siervo de la Nación, propuso al Congreso declarar la libertad e independencia de América respecto de España, que la religión católica sería la única permitida, sin que fuera necesario conservar el “Tribunal de la fe” sugerido por Rayón, “porque se debe arrancar toda planta que Dios no plantó”; y que la soberanía dimanaba directamente del pueblo, el cual había consentido depositarla en el Congreso. Solicitó, además, un gobierno dividido en tres poderes y que los empleos los obtuvieran sólo los americanos.

Las nociones sobre la ley constituyen sus aportaciones más valiosas, pues retoman el ideal platónico de la labor didáctica del legislador. Así sucede en el punto duodécimo, donde logra condensar la lucha de su vida entera bajo los atavíos tomistas de la escolástica moderna, al considerar la buena ley superior a los seres humanos:

Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto.

Añade que las leyes generales dictadas por el Congreso “comprendan a todos, sin excepción de cuerpos privilegiados; y que éstos sólo lo sean en cuanto al uso de su ministerio”. Al momento de dictar leyes, será necesaria una “junta de sabios en el número posible, para que proceda con más acierto y exonere de algunos cargos que pudieran resultarles”. Reiteró la proscripción “para siempre” de la esclavitud y de la distinción de castas, “quedando todos iguales”, salvo por las inclinaciones individuales hacia el vicio o la virtud; “que a cada uno se le guarden sus propiedades y respete en su casa como en un asilo sagrado, señalando penas a los infractores [...] que en la nueva legislación no se admita la tortura”, y pidió moderar las cargas tributarias.

El Supremo Congreso Nacional de América reunido en Chilpancingo, también llamado Congreso de Anáhuac, fue conformado por ocho diputados: dos de elección popular –José María Murguía, por Oaxaca, y José Manuel Herrera, por Tecpan–, y seis nombrados por Morelos, entre los cuales figuraban antiguos miembros de la Junta de Zitácuaro –por Guadalajara, Ignacio López Rayón; José Sixto Verduzco, por Michoacán; José María Liceaga, por Guanajuato; Andrés Quintana Roo, por Puebla; Carlos María Bustamante, por México; y José María Cos, por Veracruz; los tres últimos en carácter de suplentes–. En calidad de secretarios: Cornelio Ortiz de Zárate y Carlos Enríquez del Castillo. El 6 de noviembre, el diputado Bustamante presentó un proyecto de decreto que declaraba la independencia nacional.

El Acta solemne de la declaración de la independencia de la América Septentrional, aprobada el mismo día en que se dio a conocer, manifestó que la nación había “recobrado el ejercicio de su soberanía”, la cual se hallaba usurpada pero ahora se devolvía a los americanos, y desintegrado “para siempre jamás... la dependencia del trono español”. El Congreso mandó imprimir a Oaxaca 1500 ejemplares del Acta.

Nace así el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana promulgado el 22 de octubre de 1814, decreto reconocido como la Constitución de Apatzingán.

La promulgación de nuestra primera Constitución fue posible por la lealtad y la firme creencia de José María Morelos y de los integrantes del Congreso de Apatzingán, en lograr la independencia completa y definitiva de España, en la aplicación de los ideales republicanos, en el rechazo a un sistema monárquico y en la intención de implantar un gobierno, leyes y administración propias, sin que ninguno de los poderes, y mucho menos los individuos, llegasen a ostentar más atribuciones y funciones que aquéllos que la ley les otorga.

No obstante, a doscientos años, el ideal de la Constitución de Apatzingán de dar felicidad al pueblo y a cada uno de los ciudadanos, consistente en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad, no se ha cumplido. Hoy tenemos un país profundamente dividido social y políticamente.

El Estado mexicano, a doscientos años de la gesta independentista, sostiene importantes asignaturas pendientes; como entonces sucede en nuestro país gran desigualdad e inequidad; reiterados casos públicos de corrupción y sistemática ineficiencia le han hecho perder legitimidad; sectores importantes de su economía están bajo el control de monopolios y poderes fácticos; en muchos momentos su actuación no responde a los intereses de la nación y de nuestro pueblo.

A doscientos años de la promulgación de nuestra primera Constitución, México no puede seguir desarrollándose sólo para beneficiar a una minoría. Es urgente, como entonces, modular la opulencia con la indigencia tal cual lo señalo Morelos en aquellos Sentimientos de la Nación que enmarcaron las ideas y trabajos de elaboración del decreto libertario.

La pobreza en que viven más de sesenta millones de mexicanos y mexicanas es el problema social más lacerante y culposo de nuestro tiempo. Una culpa histórica que hunde sus raíces en el pasado prehispánico y se prolonga y crece en los tres siglos de virreinato y en los últimos dos siglos de existencia republicana.

La enorme desigualdad social es un lastre que irremediablemente será transferido a las futuras generaciones si no replanteamos ya desde ahora nuestro modelo de crecimiento y la vigencia plena de las instituciones y de los derechos y garantías que reconocimos desde la Constitución de Apatzingán para conformarnos en una república.

Con sustento en las consideraciones anteriores, en ambas Cámaras del Congreso de la Unión hemos realizado trabajos para impulsar una digna conmemoración de aquel proceso constituyente del Estado mexicano, orientada a promover un mayor desarrollo de una conciencia nacional que se identifique con los principios sobre los que se fundó la república.

Entre los instrumentos que diversos legisladores hemos promovido destaca, por su grado de avance procesal, una minuta remitida por la Cámara de Diputados al Senado de la República el 14 de marzo de 2013, cuyo proyecto de decreto declara al 2014 como Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán.

El contenido de la minuta es coincidente con la esencia de los diversos proyectos promovidos en ambas Cámaras, por lo que puede ser la base para la emisión de un dictamen por el que este Congreso de la Unión emprenda esa tarea.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea, como asunto de obvia y urgente resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Senado de la República a continuar los trabajos legislativos para que a la brevedad sea declarado el 2014 como Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán.

Segundo . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Senado de la República a incluir en el decreto respectivo la creación de una comisión organizadora de la conmemoración del bicentenario de la Constitución de Apatzingán, encargada de preparar un programa base que contenga la relación de encuentros, acciones, expresiones, homenajes, calendarios cívicos, conmemoraciones y demás proyectos recomendables en todo el país para llevarse a cabo desde la entrada en vigor del decreto y hasta el último día de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2014.

Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al incremento de precios de alimentos ocasionado por la reforma hacendaria, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja , integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

“Tomando en cuenta que las familias más pobres dedican más de la mitad de sus ingresos a la compra de alimentos, he decidido que en la reforma no haya IVA en alimentos y medicinas”. Enrique Peña Nieto.1

Históricamente, el mes de enero ha sido catalogado como un periodo de “terror económico”, en el cual los ciudadanos del país enfrentan situaciones de precariedad debido a los gastos que representan las fiestas decembrinas.

Desgraciadamente, el 2014 será un año en el que las condiciones presentadas en enero no caracterizarán tan sólo a ese mes; por lo contrario, podemos esperar un ciclo en el que los problemas económicos se repetirán día tras día, ya que mientras los salarios se estancarán y el producto interno bruto crecerá a tasas mínimas, los bienes necesarios para subsistir incrementarán sus precios de manera desorbitada.

Lo preliminar comenzó desde la mañana del 1 de enero del presente año, en la cual los habitantes de nuestro país se despertaron en una realidad muy distinta a la de una noche anterior; la miscelánea fiscal aprobada para 2014 había entrado en vigor, y con ella los aumentos a los alimentos a través de diversos mecanismos se hacían presentes.

Comprar un refresco dejó de significar un gasto de 12 pesos para ubicarse en 13.07; un cereal pasó en tan sólo un día de 33 a 44.10 pesos; la mantequilla aumentó de 19.50 a 29 pesos; el chocolate para beber incrementó su costo de 41.50 a 47.50 pesos, e incluso, una rosca de reyes elevó su precio de 120 a 150 pesos.2

La estrategia fiscal del gobierno resultó desigual, recesiva, inequitativa y carente de un diseño eficaz y proporcional. El aumento de precios en productos básicos como el queso, la carne de res, de cerdo, el pollo, el huevo y el pan dulce; será posible debido a un incremento de 8 por ciento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), sobre aquellos alimentos que posean un contenido calórico mayor a 275 kilocalorías en 100 gramos.

¿A quién le importa que el Ejecutivo pregonara que no se iba a aumentar el IVA a los alimentos, cuando a través de estos instrumentos la canasta básica elevó sus costos de cualquier manera?

Los únicos productos que han quedado exentos de algún incremento son los derivados del maíz, los derivados del trigo, y los derivados de otros cereales, término que resulta ambiguo. ¿Dónde quedaron las promesas priistas de no aumentar los precios de los insumos necesarios para una vida digna?

Lo previo no sólo se reduce a alimentos, se amplía a todas las esferas de la economía, tal y como lo demuestra el fenómeno del gasolinazo, el cual ocasionó un incremento de nueve centavos en el precio de la gasolina Magna desde el primero de enero, con lo que su precio al consumidor es de 12.32 pesos por litro; mientras que en el caso de la Premium, el alza se ubicó en 11 centavos, haciendo que el precio ascendiera a 12.90 pesos por litro.

Por si esto fuera poco, debido al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicable a los combustibles fósiles, se ha generado un incremento adicional de 10 centavos en las gasolinas Magna y Premium, mientras que en el caso del diesel es de 13 centavos.3

La reforma hacendaria no significa únicamente una reducción en el poder adquisitivo de los ciudadanos; aunado a lo previo, produce distorsiones de mercado, debido a que los aumentos que estipula no tan sólo no son absorbidos por el productor, como sucede en cualquier política que tenga como objetivo inhibir la externalidad creada por la producción de artículos nocivos; por lo contario, el costo en nuestra nación lo está asumiendo el consumidor, creando así una pérdida en el excedente de bienestar que éste debería poseer.

Es tal el grado de ineficacia y desigualdad de las acciones implementadas que, mientras millones de mexicanos hacen frente a situaciones económicas cada vez más desafiantes, los cambios realizados al régimen fiscal en México ocasionarán que en el país paguen más Impuesto sobre la Renta (ISR) que en Estados Unidos las personas físicas y las clases medias.

Analizando las tablas de tributación de ambas naciones, se observa que un mexicano con un ingreso de un millón de pesos anuales pagará impuestos a una tasa de 26.09 por ciento; en contraste, un ciudadano estadounidense afrontará una de 19.06 por ciento, es decir, en México se pagará una cuota superior en 7.03 puntos porcentuales para este nivel de ingresos, lo cual equivale a un sobrepago de 70 mil 277.07 pesos anuales.4

¿Acaso podemos comparar la calidad en educación, salud y seguridad entre ambos países? ¿Podemos argumentar que la provisión de bienes públicos y de servicios básicos estatales es mejor en México? Entonces, ¿bajo qué supuesto resulta lógico el imponer una carga fiscal mayor a la de nuestro vecino del norte?

Lamentablemente, el gobierno de Enrique Peña Nieto no responde a criterios de eficiencia, igualdad y proporcionalidad; el único propósito que persigue es obtener, de los que menos tienen, 40 por ciento de ingresos que dejará de recibir de Pemex ahora que los privados se apropiarán de la renta petrolera.

No importa que, de acuerdo con los Indicadores de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país la tasa de desocupación ascienda a 4.5 por ciento en noviembre de 2013; que los requerimientos financieros del sector público ascenderán este año a 4.5 por ciento del producto interno bruto (PIB), los cuales se financiarán con deuda externa, y que tenemos un diseño tributario que castiga el crecimiento económico5 ; el gobierno seguirá exprimiendo a las clases media y baja, dejando que las grandes empresas aporten, en promedio, únicamente 1.7 por ciento de ISR.6

Así, la llamada “cuesta de enero” ha dejado de ser un periodo mensual para convertirse en un fenómeno sexenal. Sólo un dictador puede realizar medidas como estas en un país en el que la canasta básica alimentaria es un sueño inalcanzable para 25 millones de habitantes.7

En Movimiento Ciudadano nos manifestamos en contra cuando la reforma fiscal se presentó, y hoy refrendamos nuestra postura ante una serie de instrumentos que incrementan aún más la brecha de desigualdad que lacera a nuestro país.

No dejaremos de insistir, no dejaremos de luchar por los que menos tienen. Con base en lo anteriormente expuesto proponemos los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, para establecer acciones que impidan el incremento de precios de alimentos básicos para la población mexicana, a través de la tasa de 8 por ciento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, aún cuando éstos presenten una densidad calórica mayor a 275 kilocalorías en 100 gramos.

Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, al secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, y a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para establecer aumentos a los salarios mínimos legales directamente proporcionales al incremento de precios ocasionado por la reforma hacendaria publicada en noviembre de 2013.

Tercero. Se exhorta al titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, y al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, para detener los incrementos en los precios de la gasolina Magna, Premium y diesel, previstos para el primer sábado de cada mes de 2014.

Cuarto. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para realizar acciones que permitan evitar el aumento de precios injustificados, y que prevean la eliminación de publicidad errónea y engañosa sobre el incremento de precios utilizada en tiendas de autoservicio, departamentales y de conveniencia.

Notas

1. http://www.proceso.com.mx/?p=352273

2. http://www.jornada.unam.mx/2014/01/06/opinion/008o1eco

3. http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/este-1-de-e nero-primer-gasolinazo-del-2014-107138.html

4. http://www.sinembargo.mx/opinion/06-01-2014/20453

5. http://www.sinembargo.mx/opinion/06-01-2014/20453

6. http://aristeguinoticias.com/0910/mexico/400-grandes-empresas-casi-no-p agan-impuestos/

7. http://elfinanciero.com.mx/secciones/economia/36742-canasta-basica-cada -vez-se-vuelve-mas-inalcanzable.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2014.

Diputados: Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a restablecer la circulación por la autopista panorámica Tijuana-Ensenada, en Baja California, suscrita por el senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del PT

El senador Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con moción de urgente resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de su titular, para que con la brevedad posible restablezca la vialidad en la carretera de Tijuana a Ensenada, Baja California, en condiciones seguras y, asimismo, realice un análisis de riesgos en las demás carreteras que se encuentran dentro de su ámbito de competencia en razón de los movimientos sísmicos característicos de la región, con base en las siguientes

Consideraciones

El 28 de diciembre del año por finalizar tuvo lugar un deslave en la carretera federal conocida como Escénica, que une las ciudades de Tijuana y Ensenada, en Baja California. Dicho camino es la principal vía de comunicación terrestre entre ambas poblaciones. A diario se desplazan miles de vehículos con familias, pasajeros y mercancías. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), organismo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informó en redes sociales que el incidente fue una “afectación asfáltica por falla geológica”. La circulación se encuentra cortada a la altura del kilómetro 93, cerca del punto denominado “Salsipuedes”, ya que la carpeta se colapsó con una profundidad de aproximadamente 40 metros en un tramo con una extensión de alrededor de 200 metros. La Dirección de Protección Civil del gobierno del estado recomienda hacer uso de la carretera libre, en el tramo comprendido entre La Misión y San Miguel. Las investigaciones preliminares indican que el deslizamiento fue a consecuencia de pequeños sismos ya que la carretera se ubica en ese tramo sobre una falla geológica, que se atribuye a la falla de San Andrés y cuya reparación podría llevar hasta un año. El tramo carretero que resultó dañado forma parte de la autopista federal transpeninsular que llega hasta Cabo San Lucas con un recorrido de mil 711 kilómetros. Capufe ha iniciado los trabajos correspondientes a la estabilización del talud, de los kilómetros 92+400 a 93+500.

Cabe señalar que el presidente municipal de Ensenada, Gilberto Hirata Chico, en declaraciones a los medios de comunicación consideró “una irresponsabilidad de Caminos y Puentes Federales (Capufe), el haber permitido el tránsito por la vialidad, a pesar de los evidentes daños registrados desde la noche del pasado jueves”. Se refería a las fisuras que presentó la autopista después del sismo de 4.6 grados en la escala de Richter que tuvo epicentro en la zona de Camalú, a 70 kilómetros de Ensenada.

El fenómeno geológico provocó la pérdida de la circulación en la carretera escénica en ambos sentidos. De hecho hasta el día siguiente al incidente, la Dirección de Protección Civil reportaba que todavía se registraban movimientos de tierra. Los usuarios que van hacia Ensenada pueden usar la desviación que comienza en el kilómetro 65 de la vía para llegar a la antigua carretera, que se interna en la zona serrana. La carretera tiene una importancia de valor estratégico para los municipios por ella comunicados y, por ende, para el estado. La carretera mide 110 kilómetros desde Tijuana a Ensenada, pasando por Playas de Rosarito y está a cargo de Caminos y Puentes Federales. De Playas de Rosarito a Ensenada son 81 kilómetros. El aforo de la carretera escénica entre los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, en el 2011 fue de 10 millones 467 mil usuarios, de acuerdo con la Secretaría de Turismo del estado. Aunque existen otras vialidades, la carretera panorámica es la más corta y de menor tiempo en su recorrido; de ahí que el restablecimiento de la circulación es vital para el desarrollo económico y social de la región. Sin embargo, por encontrarse en una zona sísmica bajo influencia de la Falla de San Andrés, el trazo de la vialidad ha de hacerse con la mayor seguridad, a fin de reducir al máximo el riesgo para las personas que circulen en uso de dicha vía.

Las circunstancias anteriores hacen necesario que se tomen diversas medidas y acciones en beneficio de los habitantes de Baja California. En primer lugar, es necesario que a la brevedad posible se hagan las reparaciones para reanudar la circulación en ambos sentidos. Para tal efecto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes habrá de realizar un ejercicio de recursos expedito para que las obras se concluyan en un lapso mucho menor al año que hasta ahora se ha mencionado. Diversos constructores del estado han externado su interés en ser tomados en cuenta para participar en las obras de reparación o en su caso, en el levantamiento un tramo nuevo de la vialidad. Con la debida observancia de las leyes y disposiciones administrativas aplicables, sería sano y justo tomar en cuenta la participación de los constructores locales en las obras correspondientes.

Además de lo anterior, es preocupante que se hayan observado indicios claros, serios y graves días antes sobre la carpeta asfáltica y que hayan pasado desapercibidas para el organismo que tiene a su cargo la autopista, por la cual a diario los bajacalifornianos y los visitantes hacen sendos pagos de derechos a fin de circular por la misma. Por fortuna, no se registraron pérdidas de vidas humanas al producirse el deslave ya que sucedió aproximadamente a las tres de la mañana habiendo quedado atrapado únicamente un camión de doble remolque, el cual finalmente fue removido en dirección al mar. El deslave puso de manifiesto que se requiere elevar el nivel de vigilancia de Capufe sobre la carretera. Ha de practicarse un monitoreo permanente, las 24 horas de los 365 días del año para detectar de inmediato el menor indicio como las fisuras a que hizo referencia el presidente municipal de Ensenada y actuar de inmediato tomando las medidas de prevención adecuadas y oportunas.

Ahora bien, la Falla de San Andrés tiene impacto en la totalidad de la península. En consecuencia, se requiere hacer un monitoreo en todas las carreteras de competencia federal precisamente para elevar el nivel de seguridad en todas ellas. Hay que planear, desarrollar y evaluar un sistema de vigilancia y alertas tempranas específicas para una zona sísmica, como es Baja California. El deslave con saldo blanco debe convertirse en un aviso y la palanca que nos concientice sobre la necesidad de una actitud nueva y permanente para prevenir en lo posible eventos similares y reducir el daño que pudiera ocasionarse.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta Honorable asamblea, bajo moción de urgente resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal a fin de que se sirva disponer lo necesario a efecto de que se restablezca lo antes posible la circulación por la autopista panorámica que va de Tijuana a Ensenada, ambas ciudades de Baja California, con el mayor nivel de seguridad para las personas y vehículos que por ahí transiten y, asimismo, que se haga un Análisis de Riesgos de ésa y las demás carreteras y caminos de competencia federal para detectar oportunamente eventos similares, por medio de un monitoreo idóneo para una zona sísmica que permita tomar medidas de prevención adecuadas.

México, Distrito Federal.- Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 8 de enero del 2014.

Senador Marco Antonio Blásquez Salinas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Profeco a tomar medidas para vigilar el alza injustificada en el primer trimestre de 2014 y combatir así la “cuesta de enero”, suscrita por el diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Por tradición, costumbre o mero consumismo, muchas personas gastan en las fiestas decembrinas todo lo que está a su alcance y más, elevando sus deudas de forma exponencial. Si bien hay quienes afirman que ahorran todo el año para los gastos del mes de diciembre, algunas otras simplemente se gastan su sueldo y aguinaldo en regalos, adornos, comida, etcétera, lo cual repercute severamente en su economía.

A pesar de que diversas organizaciones, instituciones y empresas lanzan campañas con el fin de evitar este gran endeudamiento, la mayoría de los mexicanos no tiene educación para el ahorro y menos aún en estas épocas en que todo se reduce al excesivo consumo.

Lo anterior se afirma en razón de un estudio denominado “Compras de Navidad 2013. Intenciones y expectativas de los consumidores en México y Latinoamérica” realizado por la consultoría Deloitte México, el cual determinó que el 57% de los mexicanos encuestados destinan su aguinaldo a compras navideñas,1 dato que refleja el exponencial gasto que realizan los mexicanos en estas fechas, así como el terrible endeudamiento al que se encuentran propensos.

Por supuesto, las repercusiones económicas no se reflejan hasta un tiempo después, ya que dentro de la algarabía de diciembre entre regalos, comida, fiestas, etcétera, muchas personas no se percatan de lo que verdaderamente están gastando, todas estas consecuencias negativas dentro de la economía de cada mexicano dan como resultado la famosa “cuesta de enero” llamada así por las dificultades para hacer frente a los gastos de las familias, luego de que hubo compras y celebraciones en las festividades navideñas y de año nuevo.2

Si bien el gasto excesivo durante el mes de diciembre es una de las causas principales por las que se genera dicha “cuesta”, la Secretaría de Economía del Gobierno Federal también afirma que este fenómeno es una combinación del movimiento estacional a la alza de la inflación, con el gasto excesivo durante la época decembrina derivado de la falta de planeación en el uso de los recursos excedentes.3

A pesar de que muchas personas e instituciones afirman que la inflación que se presenta cada inicio de año afecta de forma severa la economía de los mexicanos, esto no es tan fácil de probar si tomamos en cuenta que, por ejemplo, a principios del año 2011 Banxico afirmó que no existió inflación a pesar del aumento de precios en algunos productos. Por otra parte, a principios de 2012 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que en el primer mes de este año se manejó un aumento de 0.71% en la inflación, por lo que el ex Secretario de Economía Bruno Ferrari afirmó que no se esperaban aumentos muy grandes en la cuesta de enero.4 En este mismo sentido en el mes de enero de 2013 a pesar de no se demostró un aumento en la inflación por parte de Banxico, algunos consumidores reflejaron un aumento en los precios de diversos productos.

De esta forma, es preciso afirmar que la medición de la inflación nos ayuda a diagnosticar el aumento de precios en los productos, la cual no siempre es la causante de los mismos, por lo que resulta importante analizar las causas de las dificultades económicas que sufren los mexicanos en el mes de enero.

Aunado a lo analizado con anterioridad, tampoco podemos olvidar que el aumento de precios en los productos se debe en muchos casos al abuso de los vendedores quienes, al querer ganar un poco más en dichas fechas y con ello aumentar sus ganancias, elevan los precios de los servicios y productos que se ofrecen.

Es en este sentido que se deben proteger los derechos del consumidor, a los cuales se les debe garantizar la obtención de productos de calidad con precios justos, sobre todo si tomamos en cuenta que la llamada cuesta de enero no siempre se reflejan en los datos arrojados por las instituciones gubernamentales en materia económica.

De esta forma, y con el objetivo de proteger la economía y los derechos del consumidor se propone a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, licenciado Alfredo Castillo Cervantes, para tome las medidas pertinentes con el fin de vigilar el alza injustificada de precios durante el primer trimestre del año 2014, combatiendo así la llamada “cuesta de enero”.

Notas

1 http://www.sdpnoticias.com/estilo-de-vida/2013/12/16/mexicanos-planean-gastar-igual-o-mas-este-ano-en-compras-navidenas-estudio 18 de diciembre de 2013 17:29 horas

2 http://www.axopolis.com/jalisco/gobierno-del-estado/6385-secretar%C3%ADa-de-econom%C3%ADa-hace-recomendaciones-por-%E2%80%9Ccuesta-de-enero%E2%80%9D.html 18 de diciembre de 2013 17:42 horas

3 http://www.axopolis.com/jalisco/gobierno-del-estado/6385-secretar%C3%ADa-de-econom%C3%ADa-hace-recomendaciones-por-%E2%80%9Ccuesta-de-enero%E2%80%9D.html 18 de diciembre de 2013 17:44 horas

4 http://vivirmexico.com/2012/02/datos-del-inegi-si-hubo-cuesta-de-enero18 de diciembre de 2013 18:28 horas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2014.

Diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la PGR que informe de los servidores públicos bajo proceso que hayan retardado la procuración o administración de justicia en materia de feminicidio del 15 de junio de 2012 al 3 de enero de 2014, suscrita por la diputada Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La diputada federal Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República (PGR) que informe de los servidores públicos bajo proceso a partir del 15 de junio de 2012 al 3 de enero de 2014 que hayan retardado la procuración o administración de justicia en materia de feminicidio, de conformidad con lo establecido en el Código Penal Federal; y se le exhorta a enviar un informe de las acciones emprendidas para especializar a los agentes del Ministerio Público, peritos, policías federales ministeriales y, en general, al personal que atiende a víctimas de delitos, para la debida investigación y persecución de los delitos cometidos contra niñas y mujeres, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos años, México ha avanzado en materia de atención y erradicación de la violencia contra las mujeres; sin embargo, el tema no ha sido atendido de fondo. Se han generado sistemas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, pero no se les ha dado cabal cumplimiento.

El 14 de junio de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación1 el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que tipifica el delito de feminicidio y garantiza la investigación, persecución y sanción de los crímenes contra las mujeres, trata de personas, atención de las víctimas y reparación del daño, entre otros.

Entre las particularidades de la reforma, el artículo 325 del Código Penal Federal, sanciona a las autoridades que incurran en negligencia y entorpezcan la investigación de casos de feminicidio con penas de 3 a 8 años de cárcel, multas de 500 a mil 500 días de salario, destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, encargo o comisión públicos por un periodo de 3 a 10 años.

El cumplimiento y seguimiento de este tipo de sanciones, particularmente en el caso de feminicidios, permitirían consolidar entre los operadores de justicia del país una cultura fundamentada en principios de igualdad real, no discriminación, probidad y transparencia en la función pública, así como de eficacia del sistema de justicia en el logro de su fin principal: la paz social.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diferentes fallos sobre la responsabilidad del Estado por incumplimiento del deber de garantizar el derecho al acceso a la justicia de las mujeres ha puesto en evidencia que las conductas dolosas de jueces, policías y fiscales impiden una investigación eficiente de los delitos denunciados y, como consecuencia, se revictimiza a las víctimas en el propio aparato penal.

La CIDH, en la sentencia del caso Campo Algodonero, señala que la “ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir”.2

Sin embargo, pese a que llevamos años reformando estas herramientas para lograr mayor respuesta de los servidores públicos en la manera de desempeñar sus labores, así como en la forma correcta de tratar a la sociedad, continuamos sabiendo del incumplimiento de estas leyes.

Este tipo de críticas solemos escucharlas en los distintos ámbitos de gobierno tanto para políticos como cualquier persona que tiene algún puesto en el gobierno y que busca aprovecharse del encargo que ejerce, en cualquier nivel; pero aún se escucha una mayor problemática del incumplimiento de los servidores públicos en materia de igualdad de género.

Se ha notado la evolución en el desarrollo de normas que definan y regulen las responsabilidades en que pueden incurrir los servidores públicos como un intento por tener mayor control del poder público. Sin embargo, faltan muchos rubros por atender de manera más concreta; tal es el caso de las faltas de servidores públicos en atención de crímenes cometidos contra las mujeres en materia de feminicidio.

La CIDH ha definido la impunidad como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos en la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.3

Pese a que hay leyes claras en las que se insta a las distintas instituciones a tener programas de estudios para la especialización de servidoras y servidores públicos, responsables de la prevención y atención de las mujeres víctimas de violencia de género, no se ha tenido claridad de las actividades que se están llevando a cabo para que efectivamente se les dé cumplimiento.

Las mujeres continúan siendo objetos de burla y víctimas de una mala atención, poniendo en duda la labor de las instituciones gubernamentales para la atención de la mujer, sobre todo cuando ya fue abusada o violentada, muy en especial a la institución del Ministerio Público.

La inutilidad en la supervisión de los programas pro mujeres, genera un reclamo sobre la mejor atención a las mujeres víctimas de violencia y un escepticismo marcado por parte de sociedad en materia de mecanismos, programas educativos y verdadera eficiencia para prevenir este tipo de actos por los servidores públicos.

La Procuraduría General de la República, como órgano encargado de investigar y perseguir los delitos del orden federal, tiene la responsabilidad de informar a la sociedad el número de servidores públicos que han incurrido en la materia; así como de las acciones emprendidas para especializar a los agentes del Ministerio Público, peritos, policías federales ministeriales y en general al personal que atiende a víctimas de delitos.

Nosotros como representantes del pueblo, tenemos la responsabilidad de dar seguimiento a la implantación de estas leyes; si queremos un cumplimiento cabal de lo que se propone en este pleno, es nuestro papel verificar su acatamiento íntegro, pues no basta modificar una ley: es necesario encargarnos de que efectivamente se aplique.

Finalmente, y con objeto de garantizar plenamente lo establecido en el artículo 325 del Código Penal Federal, presento a esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República que informe de los servidores públicos bajo proceso a partir del 15 de junio de 2012 al 3 de enero de 2014 que hayan retardado la procuración o administración de justicia en materia de feminicidio de conformidad con lo establecido en el Código Penal Federal; y se le exhorta a enviar un informe de las acciones emprendidas para especializar a los agentes del Ministerio Público, peritos, policías federales ministeriales y, en general, al personal que atiende a víctimas de delitos para la debida investigación y persecución de los delitos cometidos contra niñas y mujeres.

Notas

1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5253274&fecha=14/06/2 012

2 CIDH, caso González y Otras (Campo Algodonero vs. México). Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C, número 205, Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costa, párr. 388. En el mismo sentido, en “CIDH, Situación de los Derechos Humanos de la Mujer en Ciudad Juárez, México: El Derecho a no ser Objeto de Violencia y Discriminación, OEA/Ser.L/V/II.117, Doc. 44, 7 de marzo de 2003, párrafo 7”: Para la “Convención de Belém do Pará, la violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Como lo establecen la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, adoptadas por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, esa violencia “es uno de los mecanismos sociales fundamentales mediante los que se coloca a la mujer en una posición de subordinación frente al hombre”. La falta de debida diligencia para aclarar y castigar esos delitos y prevenir su repetición refleja el hecho de que los mismos no se consideran como problema grave. La impunidad de esos delitos envía el mensaje de que esa violencia es tolerada, lo que favorece su perpetuación”.

3 CIDH, caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C, número 74, párrafo 186; CIDH, Caso del Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C, número 71, párrafo 123; CIDH, Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C, número 70, párrafo 211.

Dado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 8 de enero de 2014.

Diputada Leslie Pantoja Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la SHCP y a la CFE que expliquen cómo se calculan los subsidios al consumo de energía eléctrica por tipo de tarifa, consumos mínimos del usuario y consideraciones de regionalización, suscrita por la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Aleida Alavez Ruiz, por la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), explique la forma en que se calculan los subsidios al consumo de energía eléctrica por tipo de tarifa, consumos mínimos del consumidor y consideraciones de regionalización, a la vez que informe sobre la forma en que se calculan la formación de los costos de producción de la energía eléctrica por tipo de insumo para generarla (energía fósil, hidroeléctrica, nuclear, etcétera), con el propósito de clarificar la cuantificación y la formación de los subsidios en los segmentos y regiones del país y sus montos totales por los años 2010, 2011, 2012, 2013y 2014, así como su registro en la Cuenta Pública de acuerdo con los criterios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los subsidios energéticos han sido vistos como instrumentos poderosos para el desarrollo económico, como una forma de impulso a la modernización económica y al crecimiento; pero con el incremento de los precios de las energías fósiles, hay una tendencia internacional que se pronuncia a favor de un cambio en esta política, pues recomienda que reducir estos subsidios podría ayudar a administrar a la baja la demanda mundial y disminuir los impactos y emisiones ambientales a nivel internacional. Sin embargo, los efectos sociales de una reducción sustancial de los subsidios energéticos podría ser tan grande y tan diferenciado país por país, lo que en el caso de México debe de ajustarse a los criterios de competitividad de nuestro mercado y a la producción de externalidades ambientalmente manejables, así como a los bienes públicos relacionados con las energías.

El especialista en energía Víctor Rodríguez Padilla, asegura en su artículo la última batalla que “para reducir el precio de la electricidad y dejar de producirla con derivados del petróleo, Enrique Peña Nieto propone una solución drástica, radical y extrema: desbaratar el actual sistema de suministro, separarlo en piezas y volverlo a juntar en un nuevo modelo denominado mercado eléctrico, cuya debilidad y principal defecto, a juzgar por las experiencias internacionales, es su escasa capacidad para reducir el precio de la electricidad, garantizar la continuidad del suministro e incorporar fuentes renovables de energía.

“En lugar de destruir para volver a construir es más fácil y económico ordenarle a la SHCP que haga bien su trabajo: que corrija los excesos del régimen impositivo, suprima los flujos virtuales y lacontabilidad creativa; que calcule correctamente los costos marginales de largo plazo y con base en ello fije las tarifas eléctricas; que focalice los subsidios generalizados, elimine los subsidios cruzados y permitainvertir en la reducción de costos. Es mejor mejorar lo que se tiene, sobre todo cuando funciona relativamente bien, hay un encargadode que la luz no falle y el país cuenta con electricidad barata para la mayoría de la población de escasos recursos.

“Lamentablemente esa idea no es compartida por todos y menos por el presidente de la república, decidido a privatizar la cadena de suministro y dejar que las fuerzas del mercado determinen inversiones y precios, bajo el supuesto teórico de que será altamente concurrido, ajeno a prácticas de poder dominante y a estrategias de especuladores profesionales. Los planeadores oficiales piensan que son suficientemente inteligentes, experimentados e ingeniosos para establecer reglas de mercado que evite esos problemas, que ellos no se equivocarán como tantos otros que pensaron lo mismo y que acabaron siendo responsables de costosos desastres. Su arrogancia les impide reconocer que la competencia no funciona en electricidad, que los flujos de electrones tienen atributos atípicos que impiden tratarlo como mercancías.”

A la vez, en su estudio de Gabriel Quadri de la Torre puntualiza que estos subsidios han significado hasta un 15 por ciento del gasto público total y alrededor de la cuarta parte de todo el gasto programable en todos los ramos administrativos del gobierno federal. También ilustra que los subsidios tienen un alto impacto ambiental y que superan el presupuesto total en educación así como los presupuestos combinados para salud, defensa, seguridad y, ciencia y tecnología. Quadri, también nos afirma que los subsidios han representado cinco veces el presupuesto del medio ambiente y agua; y que rebasan los presupuestos conjuntos de comunicaciones y transportes desarrollo social, marina y procuración de justicia (ver cuadro 1).

La estrategia de producción eléctrica debe de pensarse desde la producción, pues se usa casi exclusivamente combustóleo, hay que limitar los gases de efecto invernadero y minimizar el riesgo del cambio climático.

Obviamente la investigación y desarrollo puede contribuir a mejorar muchos de nuestros problemas actuales y a bajar costos, pero nuestras decisiones en materia de subsidios deben de ajustarse a los criterios de competitividad de nuestro mercado y a la producción de externalidades ambientalmente manejables, así como a los bienes públicos relacionados con las energías.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó en la auditoria especial número 11-0-06100-06-0069 (subsidios al consumo de Energía Eléctrica, que “de acuerdo con el quinto Informe de Gobierno, el subsidio al consumo de energía eléctrica fue de 105,819,000.0 miles de pesos en 2007; de 148,521,000.0 miles de pesos en 2008; de 132,334,000.0 miles de pesos en 2009, y de 102,118,000.0 miles de pesos en 2010. Sin embargo, en los estados financiero dictaminados, al 31 de diciembre de 2010, la CFE reporta para su ejercicio un subsidio de 89,936,145.0 miles de pesos”. Por lo que se pueden observar diferencias en los datos del ejercicio 2010 que sería necesario esclarecer. También informa que “la SHCP no consideró, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 (PEF 2011), una partida presupuestal específica para subsidiar las tarifas eléctricas; sin embargo, en los estados financieros dictaminados, al 31 de diciembre de 2011 de la CFE, se reconoció la existencia de subsidios al consumidor para complementar tarifas deficitarias por un monto de 52,575,004.0 miles de pesos. Por lo que se determinó, que la naturaleza del apoyo económico otorgado a las tarifas eléctricas no es clara y no cumple con el principio de revelación suficiente, ni con los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad”. Y lo mismo ha sucedido para los ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014.

Tampoco se informa en los presupuestos de gastos fiscales de 2011, 2012, 2013 y lo estimado para 2014 sobre los subsidios al consumo de Energía Eléctrica como lo refiere la misma ASF en el informe de auditoría mencionado de la cuenta pública 2011, como se muestra a continuación:

“De la revisión del Presupuesto de Gastos Fiscales de 2011, se verificó que no se incluyó el monto de recursos por 91,050,000.0 miles de pesos que el gobierno federal dejaría de percibir por concepto del subsidio que se otorga a la CFE, monto que sí se menciona en el apartado de Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio presupuestal de 2011.

En los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2011 se informó de un subsidio a los consumidores por 52,575,004.0 miles de pesos, del cual se efectuó el acreditamiento del aprovechamiento del ejercicio por 57,292,226.0 miles de pesos.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos a las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. Por lo que al disminuirse de los aprovechamientos el subsidio a las tarifas de energía eléctrica, el aprovechamiento tiene carácter de contribución y, por tanto, debió estar incluido en el presupuesto de gastos fiscales”.

La falta de transparencia e información sobre el subsidio al consumo de energía eléctrica ha sido una constante desde el año 2011 y sus contradicciones desde el año 2010, hacen necesario que se explique dicha política al público ciudadano del país por el interés del desarrollo y bienestar de los mexicanos.

En razón de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al secretario de Hacienda y Crédito Público y al director de la Comisión Federal de Electricidad, que informe de manera fundada, detallada y pormenorizada, la forma en que se calculan los subsidios al consumo de energía eléctrica por tipo de tarifa, consumos mínimos del consumidor y consideraciones de regionalización, a la vez que informe sobre la forma en que se calculan la formación de los costos de producción de la energía eléctrica por tipo de insumo para generarla (energía fósil, hidroeléctrica, nuclear, etcétera) con el propósito de clarificar la cuantificación y la formación de los subsidios en los segmentos y regiones del país, llegando a la cuantificación de sus montos totales por los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, así como su registro en la cuenta pública de acuerdo a los criterios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 8 de enero de 2014.

Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se convoca a comparecer al secretario de Hacienda y Crédito Público, suscrita por el diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado federal Ricardo Cantú Garza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 58 y el 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión convoca a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo las siguientes

Consideraciones

Como es de sobra conocido, el pasado 11 de diciembre de 2013, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se informa de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, del ejercicio fiscal de 2014, por el Congreso de la Unión, último documento de la saga de iniciativas del gobierno federal presentadas el año aludido en la miscelánea fiscal.

Sin embargo, en el Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre de 2013, el Ejecutivo federal hace uso de las facultades que le confieren el artículo 31 de la Ley de la Administración Pública Federal y las del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, para emitir un Decreto por el que se compilan diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, que corresponden al impuesto sobre la renta, al impuesto al valor agregado, al impuesto especial sobre producción y servicios, a derechos, al Código Fiscal de la Federación, y a disposiciones comunes.

En los considerandos del decreto se alude en términos generales, a las causas que la autoridad estima deben ser tomadas en cuenta para establecer una larga lista de estímulos fiscales para los contribuyentes que caigan en ciertos supuestos, que ameriten a juicio de ella misma, las ventajas que se mencionan en el documento citado.

Es de conocimiento general que nuestra Carta Magna, en su artículo 16, primer párrafo, mandata que para que la autoridad competente se permita emitir un mandamiento, este debe estar fundado y motivado, cuestión que no fue salvada en el decreto publicado el 26 de diciembre.

Lo anterior nos lleva a concluir que para el titular del Ejecutivo federal, las decisiones del Poder Legislativo son en la práctica, inútiles, ya que le basta emitir un decreto para modificar lo que había aprobado el Congreso de la Unión, con el fin de beneficiar a los grandes contribuyentes, que son los que marcan el rumbo de la economía y finanzas del país.

A juicio de nuestro grupo parlamentario, si fuera el caso de que viviéramos en un auténtico Estado de derecho, lo procedente sería haber presentado otra iniciativa del propio Ejecutivo federal, modificatoria de la que dio origen a este problema y no acudir a un Decreto, que aunque es legal, no es legítimo.

En mérito de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera que es indispensable que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comparezca ante esta Soberanía a aclarar e informar cabal y puntualmente, el por qué de las determinaciones tomadas por el Ejecutivo federal y por tanto somete a la consideración de esta soberanía, con carácter de obvia y urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión convoca a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el salón de plenos de la Comisión Permanente Palacio, a los ocho días del mes de enero del año dos mil catorce.

Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reforzar por las Secretarías de Salud, y de Educación Pública las acciones emprendidas para prevenir el embarazo en adolescentes, suscrita por la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI

Diva Hadamira Gastélum Bajo, senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, a que, a través de la Secretaría de Salud y la Secretaria de Educación Pública, se refuercen las acciones emprendidas hacia la prevención del embarazo en adolescentes, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México ocupa el primer lugar, entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de embarazos de jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, según la Organización de las Naciones Unidas.

Cada año, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), analiza asuntos sensibles que afectan a las dinámicas poblaciones. El informe “Maternidad en la Niñez” del UNFPA estudia las causas y consecuencias de las desigualdades económicas, sociales y de género en los diversos países que se ven vertidas en problemas sociales de gran peso; en este caso en particular: los embarazos en adolescentes.

Según el Informe, los embarazos en adolescentes son más probables cuando se trata de jóvenes que pertenecen a hogares de ingresos más bajos, con educación más baja y que viven en zonas rurales.

En México, tres de cada cuatro niños y niñas tienen algún tipo de carencia social y económica encontrándose en una cifra devastadora de pobreza. Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, al año 2010 los niños y niñas pobres eran al menos 20 millones.

Según el informe de UNFPA, México tiene la tasa de natalidad más alta en adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años; 64.2 por cada mil nacimientos corresponden a adolescentes y jóvenes entre las edades mencionadas.

Lo señalado internacionalmente respecto de México, se corrobora con cifras internas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el promedio de hijos nacidos vivos entre los grupos de 12 a 19 años de edad, en las últimas dos décadas ha sido el más alto, pues ha ascendido al 5.8 por ciento. Hay, incluso, entidades federativas como Baja California Sur y Chihuahua que rebasan los ocho puntos porcentuales de cifra.

Es así también que, en los últimos 10 años, todas las entidades federativas, con excepción de Chiapas y Tabasco, aumentaron en cifras respecto de madres menores a 20 años. Los estados con mayor incidencia de embarazos adolescentes son Guerrero, Coahuila, Durango, Sonora, Chiapas, Nuevo León, Sonora, Tabasco, Colima, Yucatán, Tlaxcala. Las entidades federativas con menor registro de embarazos de niñas de entre 12 y 19, son Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Distrito Federal y Quintana Roo.

Las causas de los embarazos en adolescentes son diversas. Según la Organización de las Naciones Unidas hay causas compartidas en varios países, se centran en la pobreza generalizada, la percepción de aceptación que del matrimonio infantil se tienen tanto por la comunidad como por la familia, entre otros. De acuerdo con la ONU, los embarazos de adolescentes son el resultado de “la ausencia de poder de decisión y de circunstancias fuera del control de la niña”.

Son diversas las consecuencias en los embarazos en adolescentes. Por una parte, las psicosociales que juegan un papel muy importante y por otra, las físicas, tanto de la madre como las de la o el recién nacido. Respecto de las madres, se ha observado que frecuentemente hay complicaciones en el embarazo, tales como preclamsia, eclamsia, anemia, infecciones de vías urinarias, aborto, entre otras. La o el recién nacido, en muchos de los casos, presenta prematurez, bajo peso, retardo en el crecimiento físico y en el desarrollo cognitivo, por señalar algunos. Además, hay una mayor posibilidad de morbilidad materno infantil.

Es imperante, por tanto, implementar programas adecuados destinados a la prevención de embarazos en adolescentes, los cuales impliquen, a su vez, en sus temáticas una correcta educación sexual. En el informe de la ONU citado, son muchos los países que combaten el embarazo de una manera errónea centrándose en la conducta de las niñas y distribuyendo preservativos sin un concientización de por medio. De acuerdo a la ya multicitada organización, un programa de prevención de embarazo para adolescentes requiere no sólo de métodos anticonceptivos, sino de una educación sexual integral en la que se forme conciencia, entre otras cosas, del poder que se tienen para tomar una decisión significativa de vida.

Esto hace necesario que se implementen y refuercen los programas necesarios tendientes a una correcta educación sexual en el que se concientice a las y los adolescentes de los riesgos y consecuencias posibles en un embarazo a edad temprana. Así pues, se hace necesario que se establezcan estrategias de acción para que la y el adolescente se perciban como sujetos capaces y responsables de tomar decisiones importantes que tengan grandes repercusiones.

A su vez, también es necesario que en caso de que haya embarazo, se dé el tratamiento psicológico y físico adecuado para que las complicaciones materno infantiles que se producen en el embarazo, sean aminoradas y tratadas de forma médica adecuada.

Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Salud, se refuercen las acciones y estrategias emprendidas hacia la prevención de embarazos en adolescentes y, en caso de existir el embarazo, hacia un adecuado tratamiento físico y psicológico materno-infantil.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, a través de la Secretaría de Educación Pública, se refuercen acciones, estrategias y programas destinados a la educación sexual integral de las y los adolescentes, particularmente por lo que respecta a la prevención de embarazos en adolescentes.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, a 8 de enero de 2014.

Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar medidas y acciones para mitigar el efecto económico y social del incremento del IVA en la región y franja fronterizas, suscrita por los diputados Carlos Alberto García González y Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales Carlos Alberto García González y Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar diversas medidas y acciones a fin de mitigar el impacto económico y social del incremento del impuesto al valor agregado en la región y franja fronteriza, con base en las siguientes

Consideraciones

Los diputados del Partido Acción Nacional nos opusimos al incremento de los impuestos para este año 2014, por dos razones fundamentales: Primero, se incrementan los impuestos a los de siempre, a los contribuyentes cautivos, y segundo, no se propusieron disposiciones que aumenten de manera atinada y eficiente la base de contribuyentes.

Pese a lo anterior, la mayoría de este Congreso aprobó la Miscelánea Fiscal para 2014, con una cascada de incremento de impuestos y, con ello, la homologación del impuesto al valor agregado (IVA) del 16 por ciento para todo el país.

De esta manera, se eliminó la tasa para la franja y región fronteriza del 11 por ciento, incrementándose al 16 por ciento el IVA, es decir, un incremento real en la carga fiscal del 45 por ciento para los ciudadanos de la frontera.

Desde un principio, los diputados de Acción Nacional adelantamos que la eliminación de la tasa fronteriza tendrá, al menos, las siguientes consecuencias:

• El impuesto va desincentivar la actividad comercial y productiva.

• Las cantidades de bienes y servicios que se comercializarán serán menores.

• Los ciudadanos y las empresas se distribuirán la carga del impuesto: Por un lado, va disminuir el precio que reciben los vendedores y las empresas y, por el otro, van aumentar los precios que pagarán los consumidores.

A días del incremento del IVA la franja y región fronteriza ya se comienzan a ver los primeros efectos en detrimento de los consumidores; un reetiquetado masivo de los productos, abusos de parte de comerciantes sin escrúpulos, acaparamiento de productos de primera necesidad y una baja en las ventas de los establecimientos formales.

La eliminación de la tasa fronteriza tendrá un impacto avasallador en las ciudades y comunidades de la frontera norte.

Los precios de bienes y servicios se elevarán en al menos la misma proporción que el incremento de la tasa del IVA, provocando presiones inflacionarias.

La capacidad adquisitiva de los ciudadanos se reducirá drásticamente, ya que tendrán que destinar una parte mayor de sus ingresos a pagar este impuesto, por lo que ya no podrán comprar la misma cantidad de bienes y servicios.

La actividad comercial y productiva regional se verá afectada; los consumidores se desplazarán hacia Estados Unidos, por lo que disminuirá el consumo de este lado de la frontera, aunado a que ya no tendrán el mismo nivel de consumo, provocando una disminución en la producción de las empresas locales y en la generación de empleos.

Aun y cuando el Ejecutivo, a través de la homologación del IVA, espera incrementar su recaudación, ésta va caer a consecuencia de la disminución en la actividad comercial y productiva, por lo que no aumentará la recaudación en la misma medida.

En Acción Nacional estamos convencidos que este incremento del impuesto al consumo empeorará la distribución del ingreso de la región: Las familias más pobres, que no tienen visa americana, pagarán en mayor medida el incremento de este impuesto, mientras que las familias con más recursos, que regularmente si tienen visa, podrán cruzar hacia Estados Unidos para mitigar este incremento.

No podemos omitir que las ciudades de la frontera norte compiten con las colindantes de los Estados Unidos, siendo que del otro lado se paga un IVA que varía entre 6.75 al 8.25 por ciento solamente, esto es la mitad del impuesto que ahora se paga.

Compañeras y compañeros legisladores, derivado de lo anterior, los diputados del Partido Acción Nacional proponemos exhortar al Ejecutivo federal a que realice una serie de medidas y acciones con la finalidad de mitigar el impacto económico y social que tendrá el incremento del IVA en la franja y región fronteriza.

En primer lugar, el Ejecutivo federal presentó en mayo pasado el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,1 documento que precisa los objetivos nacionales, las estrategias y prioridades para desarrollo integral y sustentable del país, así como los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional.

Este documento incluye dentro de sus estrategias y líneas de acción medidas para propiciar un desarrollo y crecimiento del país más equilibrado, que permita abatir las desigualdades económicas y sociales entre las entidades federativas y, de manera particular, destaca las condiciones particulares de la región fronteriza con el resto del país. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo determinó la necesidad de elaborar el Programa Regional de Desarrollo del Norte.

Por lo tanto, proponemos hacer un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal a que tenga a bien expedir, con la brevedad, el Programa Regional de Desarrollo del Norte, mismo que deberá considerar el impacto económico y social del incremento del impuesto al valor agregado en la región y franja fronteriza.

En segundo lugar, el Ejecutivo federal presentó en noviembre pasado el denominado Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza2 que tiene por objeto lograr un desarrollo nacional incluyente y equilibrado, y comprende 6 acciones estratégicas con una inversión por aproximadamente 30 mil millones de pesos, en beneficio de dichos estados:

1. Se eliminarán las garitas de la franja fronteriza.

2. Se apoyará a cerca de 240 mil familias de bajos recursos, mediante el programa de apoyo alimentario “Sin Hambre”.

3. Se otorgarán créditos hasta por 5 mil millones de pesos en beneficio de las pequeñas y medianas empresas, a través de la Banca de Desarrollo.

4. Se impulsará el turismo fronterizo.

5. Se garantizarán los derechos de los consumidores, a través de las verificaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, ante la homologación del IVA.

6. Se realizarán obras y proyectos de infraestructura por 22 mil millones de pesos.

Por su parte, la Cámara de Diputados estableció en el Presupuesto de Egresos de la Federación el Fondo para las Fronteras con un monto de 3 mil millones de pesos, el cual tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para contribuir al desarrollo económico de las entidades federativas ubicadas en la frontera.

De igual forma, a petición de los diputados de Acción Nacional, se solicitó al Ejecutivo federal la prórroga del decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte,3 mismo que ya fue prorrogado, a fin de que las mercancías importadas a dicha zona puedan realizarse con un arancel más bajo.4

Con fundamento en lo anterior y a la baja en la actividad económica que se está presentado en las comunidades de la frontera norte, con motivo del incremento de los impuestos y la estacionalidad del mes de enero, se hace por demás necesario que el Ejecutivo federal, a través de las secretarías competentes, despliegue las medidas y acciones para la implementación del Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza, a fin de mitigar el impacto económico y social del incremento del impuesto al valor agregado en la región y franja fronteriza.

En tercer lugar, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, tiene la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional.

De esta manera, el Inegi tiene por mandato elaborar la información estadística y geográfica de interés nacional que resulte necesaria para sustentar el diseño y la evaluación de las políticas públicas de alcance nacional, tomando en consideración indicadores claves como el empleo, la distribución de ingreso y pobreza, el nivel de precios, entre otros, de conformidad con el artículo 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Además, el Inegi expidió en octubre pasado el Programa Nacional de Estadística y Geografía 2013-20185 que atiende precisamente las demandas de información requeridas para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, por lo que es imprescindible que el Inegi lleve a cabo las actividades para la producción de información estadística que resulte de los fenómenos económicos y sociales que se susciten en la región y franja fronteriza por el incremento del IVA en esa zona del país.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que expida, a la brevedad, el Programa Regional de Desarrollo del Norte, considerando el impacto económico y social del incremento del impuesto al valor agregado en la región y franja fronteriza.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a que a través de las Secretarías competentes, implemente, a la brevedad, las medidas y acciones contenidas en el denominado Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza, a fin de mitigar el impacto económico y social del incremento del impuesto al valor agregado en la región y franja fronteriza.

Asimismo, se solicita respetuosamente a las Secretarías competentes, a que remitan a esta Soberanía, un informe sobre los avances y resultados del Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a llevar a cabo las actividades para la producción de información estadística sobre el fenómeno económico y social del incremento del impuesto al valor agregado en la región y franja fronteriza.

Notas

1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fe cha=20/05/2013

2 Presidencia de la República. 6 Acciones estratégicas del Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza. http://www.presidencia.gob.mx/6-acciones-estrategicas-del-programa-de-a poyo-a-la-zona-fronteriza/

3 Dictamen de la Tercera Comisión que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a que considere renovar y ampliar el Decreto por el que se establece el Impuesto General de Importación para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte. Aprobado el 7 de agosto de 2013.

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&s m=2&id=42805

4 Decreto que modifica y amplía la vigencia del diverso por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5328038&fecha=26/12/2013

5 Acuerdo de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía por el que se aprueba el Programa Nacional de Estadística y Geografía 2013-2018.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5318785&fe cha=18/10/2013

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 8 de enero de 2014.

Diputados: Carlos Alberto García González, Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbricas).

Con punto de acuerdo, sobre la necesidad de que el Congreso de la Unión legisle en materia de propaganda gubernamental, suscrita por el senador Manuel Camacho Solís, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Manuel Camacho Solís, senador de la República a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como los diversos numerales décimo segundo, décimo cuarto y décimo quinto del acuerdo relativo a las sesiones y orden del día, presenta como de urgente resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo sobre la necesidad de que el Congreso de la Unión legisle en materia de propaganda gubernamental, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las finalidades más importantes que busca alcanzar la democracia mexicana es la rendición de cuentas. Que cualquier autoridad informe de manera veraz a la sociedad sobre la forma en la que está realizando el ejercicio del gobierno contribuye a delinear una ciudadanía informada que estará en mejores condiciones para controlar socialmente al poder público.

Esta obligación ha sido totalmente desvirtuada mediante campañas publicitarias y un conjunto de instrumentos, recursos y mensajes que son propaganda política. Con recursos públicos se difunden las posiciones políticas del gobierno federal, los estados y municipios. Se promueve la imagen de los funcionarios. Se compra abierta y subrepticiamente espacios a favor de las posiciones oficiales y en contra de las oposiciones. La información y los resultados han quedado completamente desvirtuados.

En la campaña presidencial de 2012 el tema se volvió un asunto central en el debate nacional. Tanto así, que el candidato a la presidencia y hoy presidente Enrique Peña Nieto, se comprometió en su Manifiesto por un Presidencia Democrática” a “...crear una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento de acceso ciudadano a la información”.

Para dar cumplimento a este compromiso, un grupo de senadores del PAN y del PRD ofrecimos legislar sobre la materia. Así, dentro del programa de los “30 Puntos para defender y profundizar la democracia” se propuso expedir una Ley de Propaganda Gubernamental.

La práctica pública de varios funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno es utilizar la obligación que tienen de informar como pretexto para promocionar indebidamente su imagen pública.

Esta práctica inconstitucional implica, de manera expresa o velada, la utilización de recursos públicos con fines de propaganda personal; pero también provoca que se pervierta, en perjuicio de la democracia, un instrumento que lo que busca es que la sociedad esté mejor informada sobre el desempeño gubernamental.

La democracia y la honestidad pública no son compatibles con la propaganda abierta con fondos públicos o fondos privados que esperan una retribución pública. Si algo necesita la democracia mexicana es rendición de cuentas. Esta es contraria a la manipulación, al engaño y a la compra de las opiniones que son propias del autoritarismo y el patrimonialismo que nuestro sistema debe terminar de superar.

Es por eso que resulta urgente e indispensable que el Congreso de la Unión legisle en materia de propaganda gubernamental para desarrollar los mandatos constitucionales sobre este tema y se erradique esta práctica que tanto daña a la democracia mexicana.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, como de urgente resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a que instrumente los acuerdos necesarios con la finalidad de que se dictamine la iniciativa de ley sobre propaganda gubernamental presentada por los Grupos Parlamentarios del PRD y del PAN dentro de sus propuestas de reforma política, para continuar su proceso legislativo hasta que apruebe una ley que evite la promoción personalizada de cualquier servidor público y someter a los tres niveles de gobierno a un régimen de información veraz propio de una democracia que rinde cuentas.

Senador Manuel Camacho Solís (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Cinematografía a rendir un homenaje al crítico de cine licenciado Gustavo García, suscrita por la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La cultura ha sido siempre la esencia de nuestro país, el arte, la pintura, la danza, la música y el cine son parte de la cultura que nos caracteriza, teniendo estas una particularidad esencial, este toque que solo los mexicanos son capaces de otorgarle al arte en sus diversas expresiones.

Derivado de ello y a lo largo de la historia nos hemos congratulado de poder ser la cuna de muchos artistas de talla internacional, mundialmente reconocidos por su talento e influencia en el arte.

Es por ello que ahora lamentamos el terrible fallecimiento de uno de los grandes críticos y exponentes del cine mexicano, el Lic. Gustavo García, quien fuera considerado uno de los más grandes críticos de cine, “así como cómplice y guía del espectador”.

Gustavo García fue licenciado en periodismo y Comunicación Colectiva por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, fundador y Director de la revista de Cine “Intolerancia”, así como columnista en diversas revistas y periódicos de cultura de México. Incursionando en la docencia el recién fallecido Gustavo García fue profesor de cine en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco; así también fue conductor de múltiples programas de radio, siendo en la mayoría titular de los mismos. Su influencia en el arte cinematográfico se vio plasmada en libros de gran importancia como son “El cine mudo Mexicano”, “La década perdida/ El cine mexicano de los cincuenta”, “La época de oro”, “El nuevo cine Mexicano”,1 entre otros, los cuales fueron de gran relevancia para el desarrollo y expansión del cine mexicano.

Su influencia llegó a tal grado que es considerado por muchos como un maestro que a través del cine encontró una ventana de análisis de la naturaleza humana.2 Es así que Gustavo García logró a través de sus críticas, a veces polémicas, pero siempre atinadas, adentrarse en los pormenores del cine y con ello cambiar la visión de nuestra industria cinematográfica.

La muerte de Gustavo García es una pérdida irreparable no sólo para la cultura cinematográfica, sino para el arte en México, por lo que se propone a través del presente la realización de un homenaje para este analista que pudiera incluir, entre otras actividades, mesas redondas, conferencias, proyecciones de películas y publicación de materiales.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta de manera respetuosa al Instituto Nacional de Cinematografía, a efecto de que realice un homenaje al crítico de cine licenciado Gustavo García.

Notas

1 http://www.speakersmexico.com/espanol/catalogo-de-conferenciantes/gusta vo-garcia 7 de noviembre de 2013 12:59 horas.

2 http://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/2013/gustavo-garcia-muerte-v ida-963867.html 7 de noviembre de 2013 13:06 horas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2014.

Diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la SEP, a sus homólogas estatales y a la del DF a incluir una asignatura que integre en los planes y programas de estudio de educación básica y media superior los temas de derechos humanos, igualdad de género y prevención de la trata de personas, suscrita por los diputados Crystal Tovar Aragón y José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Crystal Tovar Aragón, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada como ideal común por el que todos los pueblos y las naciones a fin de que tanto los individuos como las instituciones promuevan, mediante la enseñanza y la educación el respeto a los derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento, su aplicación universal y su efectividad.1

Lo establecido en el artículo 1o. constitucional, que prevé la obligación que tienen todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y según lo establece, en su párrafo segundo, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

En el artículo 3o. constitucional se establece que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y el respeto de los derechos humanos.

El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional como parte de las medidas de prevención, establece que los Estados parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales como medidas educativas, sociales y culturales, a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas, especialmente mujeres y niños.

La Ley General de Educación considera en el artículo 7o. que la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, tendrá a promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto de éstos; difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercitarlos; así como realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan ilícitos contra menores de 18 años de edad o de personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo.

Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal, según el artículo 12 de la Ley General de Educación, determinar para toda la república los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica.

Según decreto publicado el 10 de junio del presente año, en el Diario Oficial de la Federación, en la fracción IX Bis, coordinar un sistema de educación media superior a nivel nacional que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la diversidad educativa.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, contempla dentro de las competencias de la Secretaría de Educación, en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, definir en las políticas educativas los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres, y el respeto pleno de los derechos humanos; así como desarrollar programas educativos, en todos los niveles de escolaridad, que fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres y el respeto a su dignidad; e incorporar en los programas educativos, en todos los niveles de la instrucción, el respeto de los derechos humanos de las mujeres, además incorporar contenidos educativos tendientes a modificar los modelos de conducta sociales y culturales que impliquen prejuicios y que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en funciones estereotipadas asignadas a las mujeres y a los hombres.

La Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos establece en el artículo 88 que la comisión intersecretarial2 tendrá dentro de sus facultades y competencias, a desarrollar campañas de prevención y educación, así como programas de desarrollo local que permitan prevenir los delitos en materia de trata de personas; así como a desarrollar programas educativos sobre los riesgos en el uso de Internet y redes sociales.

Además, en el artículo 89 establece que las dependencias integrantes de la comisión intersecretarial tendrán las siguientes obligaciones: la Secretaría de Educación Pública en coordinación con la de Gobernación, diseñará módulos de prevención para los distintos ciclos escolares que serán incluidos en el currículum de la educación básica.

La trata de personas de mujeres, niñas, niños, jóvenes y hombres es una violación sistemática de sus derechos humanos, una barrera al desarrollo económico y social, así como una prioridad de salud pública, al ser asociada con embarazos en adolescentes, abortos forzados y/o inseguros, y a infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/sida; y una forma efectiva de prevención es la educación.

Considerando que la trata de personas es uno de los delitos que más lastima la integridad y la dignidad de las personas, siendo su reconocimiento como acto delictivo en la normativa relativamente reciente,3 no así su comisión, este delito es una manifestación de las desigualdades de género, pues dentro de sus víctimas y víctimas potenciales, se encuentran principalmente niñas y mujeres, principalmente con fines de explotación sexual.

Conscientes de que la sanción y la penalización son una reacción al problema, es importante poner el énfasis en las acciones de prevención, principalmente a través de la educación, la formación y el desarrollo de habilidades y de competencias, en las niñas, niños, jóvenes y adolecentes, para que conozcan, defiendan, exijan y fomenten nuevas relaciones de convivencia, donde los derechos humanos y la perspectiva de género sean las herramientas para evitar la comisión del delito, y sean agentes de cambio contra el deterioro del tejido social.

Por lo expuesto se considera estratégico, desde el ámbito educativo promover acciones de prevención, tanto para evitar que niñas y niños sean víctimas de los tratantes, así como para desalentar el consumo de la trata de personas, fomentar el respeto de los derechos humanos y la no discriminación, involucrando a las autoridades educativas, a las madres y a la sociedad en su conjunto como responsables para coadyuvar en la formación de las presentes y futuras generaciones de niños, adolecentes y jóvenes del país.

Es necesario por ello fortalecer la formación inicial y permanente del desempeño de los docentes, de los directivos escolares y de las autoridades educativas, y propiciar el acompañamiento de las familias y de la sociedad civil en el proceso educativo de niños, adolescentes y jóvenes, todo esto para promover una cultura de la paz, de respeto a los derechos humanos, la igualdad de género, la no violencia y contra la discriminación, demanda urgente para afrontar los retos de la sociedad.

Por todo lo expuesto me permito someter a consideración de esta soberanía para su aprobación los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Exhortar a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal a incluir en los planes y programas de estudio en los niveles de la educación básica y la media superior una asignatura con contenidos sobre el conocimiento y respeto de los derechos humanos, la atención y prevención de delitos contra menores de edad y jóvenes, la igualdad de género y la prevención de la trata de personas, durante los seis años de primaria y los tres del bachillerato, así como en los tres de los campos formativos de preescolar.

Segundo. Exhortar a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal y a las autoridades educativas locales a llevar a cabo procedimientos para la actualización curricular y la formación de maestras y maestros –inicial y en servicio– que incluya contenidos sobre el conocimiento y respeto de los derechos humanos, la atención y prevención de delitos contra menores de edad y jóvenes, la igualdad de género y la prevención de la trata de personas.

Tercero. Exhortar a las Secretarías de Educación estatales o sus homólogas en las entidades federativas y el Distrito Federal para que al proponer los contenidos regionales para los planes y programas de estudio, consideren se incluyan los temas de la defensa y protección de los derechos humanos, la atención y prevención de delitos contra menores de edad y jóvenes, la igualdad de género, así como la prevención de la trata de personas, durante preescolar, la primaria y el bachillerato.

Notas

1 Preámbulo de la Asamblea General de Naciones Unidas en la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.

2 Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos.

3 Apenas en 2000 se suscribió en Palermo (Italia) la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la cual sienta las bases para el posterior abordaje del tipo penal de la trata de personas, en México entró en vigor en 2003; y en 2000 se adoptó el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que considera la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la entrada en vigor en México en 2003.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 8 de enero de 2014.

Diputados: Crystal Tovar Aragón, José Luis Esquivel Zalpa (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se extiende un reconocimiento a la destacada labor de las mujeres y los hombres dedicados a la enfermería en México, suscrita por la senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Cristina Díaz Salazar, senadora de la república de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución , al tenor de las siguientes

Consideraciones

El seis de enero pasado se conmemoró el Día de la Enfermera y el Enfermero en México, una noble profesión dedicada a la prevención, diagnóstico y atención de las enfermedades que afectan a la población.

Desde 1931, los mexicanos celebramos esta efeméride como un merecido tributo a los profesionales que con vocación y entrega, velan por la salud de millones de personas en los momentos en que más lo necesitan.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en nuestro país existen 302 mil personas dedicadas a la enfermería,1 hombres y mujeres que coadyuvan con su esfuerzo diario para garantizar el derecho a la salud consagrado en nuestra Carta Magna.

Bajo este tenor, el presente punto de acuerdo pretende hacer un reconocimiento público a las y los enfermeros del país, no sólo haciendo expreso nuestro respeto a su labor cotidiana, sino también sugiriendo acciones destinadas al fortalecimiento institucional de la enfermería en México, a partir de la profesionalización y capacitación de quienes se dedican a esta importante actividad.

El mejor reconocimiento que puede hacérsele al personal de enfermería es brindarle mayores herramientas para el cumplimiento de sus responsabilidades, para lo cual, es indispensable contar con un diagnóstico integral que permita identificar las problemáticas, retos y desafíos que enfrenta la formación profesional de enfermeras y enfermeros en el país.

Hoy en día contamos con indicadores preocupantes que no podemos ignorar. Por ejemplo, sabemos que México registra un déficit del personal de enfermería de aproximadamente 35 por ciento, incluyendo a los servicios de salud público y privado. Este fenómeno, por si fuera poco, muestra una tendencia creciente que es preciso revertir.2

Según algunos especialistas, algunos factores que inciden en lo anterior son la falta de interés de los estudiantes, los bajos salarios y la migración de enfermeras y enfermeros a otros países, aunque también hay que decir que esto forma parte de un fenómeno global del que nuestro país sólo forma parte.

Ante este escenario, resulta apremiante emprender acciones que promuevan la importancia de la enfermería para el desarrollo humano y la protección integral de la salud, sobre todo si consideramos que tanto la agenda legislativa como la gubernamental contemplan temas como la implementación del Sistema Nacional de Salud Universal, en donde los profesionales de la salud desempeñarán un papel fundamental.

La seguridad y calidad de vida de los pacientes en México no pueden ser garantizados a plenitud, si no contamos con personal de enfermería suficiente con la formación y capacitación indispensable para la realización de sus tareas.

Por lo anteriormente expuestos, someto a consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión extiende un reconocimiento a las mujeres y hombres dedicados a la enfermería en México, en el marco de la conmemoración del Día de la Enfermera y el Enfermero.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Salud elabore y remita a esta soberanía, un diagnóstico sobre la situación actual que prevalece en la formación profesional de las y los enfermeros en el país.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en los términos de la legislación vigente, promueva la profesionalización y capacitación continua de los servicios de enfermería en México.

Notas

1 “1931: Se celebra el primer Día de la Enfermera en México”, en El Siglo de Torreón, 6 de enero de 2014.

2 “Advierten sobre déficit de enfermeras en México”, en Azteca noticias, 29 de junio de 2011, disponible en http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/60743/advierten-sobre-defi cit-de-enfermeras-en-mexico

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 8 de enero de 2014.

Senadora Cristina Díaz Salazar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación a definir un nuevo modelo de comunicación con el movimiento zapatista, suscrita por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación para definir un nuevo modelo de comunicación con el movimiento zapatista, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Veinte años han transcurrido desde aquel 1 de enero de 1994 en que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en las primeras horas del año nuevo, sale a la luz al lograr ocupar las cabeceras municipales de San Cristóbal de Las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo, Oxchuc, Huixtán y Chanal.

En 1994 la postura que generó el mayor de los consensos en el Poder Legislativo para coadyuvar en la atención del conflicto armado zapatista fue la de la conformación de un instrumento jurídico que constituyera las bases de una estrategia de negociación entre el gobierno federal y el EZLN y, al mismo tiempo, brindara un respaldo legal a la decisión de contener las órdenes de aprehensión emitidas por el Ejecutivo.

Si bien este instrumento trazó la ruta para una negociación entre el gobierno federal y el movimiento zapatista, la comunicación siempre ha sido un problema entre las dos partes, toda vez que la historia de interlocución se ha prestado a interpretaciones unilaterales que atienden a las perspectivas y necesidades de cada grupo.

El movimiento zapatista trastocó y transformó las estrategias y mecanismos tradicionales de comunicación. Los abordajes tradicionales no funcionan con ellos. Es parte de su esencia. Cualquier abordaje ordinario no solo es inoperante sino que resulta un desafío: Si la autoridad intenta comunicarse con ellos de modo tradicional, se encuentra con resistencia, con burla o desprecio.

Por lo anterior, se destaca que cualquier intento de abordaje de la Cocopa o desde la Cocopa debe desafiar los mecanismos y estrategias tradicionales de comunicación. Entre mayor el giro, mayores las posibilidades de éxito.

Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación para que defina un nuevo modelo de comunicación y coordinación al interior de la propia comisión para restablecer el diálogo con el movimiento zapatista.

Dado ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 8 de enero de 2014.

Senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los integrantes de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados a votar contra la minuta del Senado que extienda la privatización y precarización de las guarderías del IMSS, suscrita por los diputados Verónica Beatriz Juárez Piña y José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

A unos días de que se cumplan 71 años de vida del Instituto Mexicano del Seguro Social, se fortalecen las maniobras neoliberales para continuar desmantelando a este Instituto, eje sustancial para el desarrollo y paz sociales en nuestro país.

El IMSS se constituyó para, en base a los recursos colectivos obtenidos de las aportaciones tripartita, liberar a los patrones de la prestación de diversos servicios, incluidos los de las guarderías, en bien de los trabajadores y sus familias, titulares de derechos. Lo anterior no sólo sirve de base para abaratar el servicio, sino también para elevar su calidad y, darle la regularidad y continuidad necesarias. A contracorriente de la historia, ahora se busca que los patrones se hagan cargo de éstos servicios, en el camino de los seguros privados, excluyentes y caros, cuyos límites injustos superó precisamente el IMSS.

En la sesión del 13 de diciembre de 2013, el Senado de la República, sin previamente escuchar a las y los derechohabientes del IMSS, a los trabajadores al servicio del Instituto y a los especialistas, entre otros, aprobó una reforma al artículo 213 de la Ley del Seguro Social, a fin de que varios patrones se organicen para echar a andar los servicios de guardería para la atención de las y los hijos de sus trabajadores, sin menoscabo de que adicionalmente presten este servicio a otras empresas, bajo una perspectiva de evidente lucro.

Ya conforme a la normativa vigente, el patrón de una empresa o establecimiento, en lo particular, podía celebrar convenios de subrogación, pero era una normativa cuya aplicación era excepcional. Ahora se abre jurídicamente la puerta para impulsar de manera masiva la subrogación de las guarderías mediante la celebración de convenios con uno o varios patrones.

Esto se traduce, en que el IMSS dejará de prestar directamente estos servicios, por lo que deberá transferir a los patrones parte de los ya escasos recursos del ramo se guarderías infantiles y, que seguirán proliferando las guarderías subrogadas, con cuestionables niveles de seguridad y calidad en desconocimiento de los derechos de las y los hijos de los trabajadores.

Baste ver, que en la propia iniciativa, raíz de la Minuta de comento se señala que en la actualidad, las guarderías de prestación directa del servicio representan 12.6% de los lugares disponibles, con una capacidad instalada de 30,000 lugares, en tanto que las guarderías de prestación indirecta, representan el 87.4% de los lugares disponibles, con capacidad de 206 mil lugares.

Pero en lugar de que este monstruoso desequilibrio entre guarderías de prestación directa e indirecta, fuera un argumento en contra de la propuesta contendida en la iniciativa, se usa contra toda lógica para supuestamente apoyarla.

Evidentemente, serán de manera especial las grandes empresas las que optarán por la subrogación, razón por la que despojarán al IMSS de la mayoría de recursos del ramo de guarderías infantiles, el IMSS se quedará con menos recursos para atender la demanda de la mayoría de las y los trabajadores, por lo que sus servicios se irán precarizando y aumentará el déficit de espacios, constituyéndose un pretexto más para su desmantelamiento. Debe haber un límite para el lucro y la agresión de los derechos sociales. En suma, esta minuta crea un círculo perverso en contra de la pervivencia del IMSS y la tutela de los derechos de los trabajadores y sus hijos.

El espaldarazo a una mayor subrogación o privatización de las guarderías es inadmisible; especialmente, cuando viene a nuestra memoria la tragedia del 5 de junio de 2009 en la guardería subrogada, denomina Guardería ABC que operaba en Hermosillo, Sonora. Este terrible crimen, debió y debe cuestionar de raíz el ilegal, discriminador e inhumano sistema de las guarderías subrogadas, y contrariamente a lo que propone la Minuta de comento, revertir las guarderías subrogadas hacia su manejo directo por el Instituto, que garantiza elevados niveles de capacitación de su personal, seguridad y calidad.

Para llevar a cabo la subrogación en favor de las organizaciones de patrones, se argumenta básicamente el déficit cuantitativo que tiene el Instituto en materia de guarderías ante la constante incorporación de las madres a la vida laboral. Sin embargo, no sólo debe pensarse en los derechos de las y los trabajadores, sino prioritariamente en los derechos humanos de las y los niños, comenzando por la tutela de su vida y salud. Es decir, no puede impulsarse a toda costa, a cualquier precio la expansión de las guarderías, o más bien de pseudo guarderías.

La pretensión de privatizar de manera masiva los servicios de guarderías no es nuevo, en la iniciativa de nueva ley del Seguro Social de 1995, se propuso adicionar un segundo párrafo al artículo 213 de comento, en el que se señalaba: “El Instituto también podrá celebrar convenios de subrogación de servicios con personas físicas o morales en los términos que señale el reglamento respectivo”. Lo cual buscaba la privatización masiva e indiscriminada de este seguro; que sacrificaría el interés humano y social por el lucro desenfrenado. Por el momento esta adición se echó abajo, pero ahora se busca retomarla, como un paso hacia su nueva consagración.

Tampoco debemos perder de vista que esta Minuta al entregar el servicio de guarderías a los patrones, quitan materia de trabajo a los trabajadores al servicio del IMSS, al personal sindicalizado, en abierta violación de su contrato colectivo de trabajo.

Por otra parte, al carecer los patrones de experiencia en la prestación del servicio de guarderías, pueden poner en grave riesgo la seguridad y desarrollo de los menores; o bien, los patrones sólo serán el conducto para que se entregue el servicio de guarderías a privadas, de diversa índole. Pero sobre todo, la iniciativa privada busca determinar el rumbo de la educación de los infantes, desde la más tierna edad, razón por la cual, esta Minuta es una pieza complementaria de la contrarreforma constitucional en materia educativa

Insisto, sobre la tragedia en la guardería ABC: en contra de la letra expresa de la Ley del Seguro Social, se comenzaron a subrogar los servicios de las guarderías, lo que metió a la usura hasta la vida y desarrollo de nuestros niños; el incendio de la Guardería ABC, no fue un accidente, sino consecuencia lógica de esta nueva política de ilegalidad, complicidad y menosprecio a la vida de los trabajadores y sus familias. ¿Dejaremos a un lado la dolorosa experiencia de la Guardería ABC, para ahondar el desmantelamiento del IMSS y el impulso del lucro a costa de nuestros niños?

Además esta subrogación, va en contra de lo previsto en la fracción XXIX del artículo 123 apartado A de la Constitución, que prevé a la Ley del Seguro Social como ordenamiento de utilidad pública, es decir, la seguridad social es un servicio público que debe ser proporcionado por el Estado.

Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, a votar en contra de la Minuta remitida por el Senado de la República, que extiende la privatización y precarización de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, al establecer las bases jurídicas para la subrogación masiva de éstas en favor de organizaciones de patrones, en perjuicio de las y los trabajadores, los derechos humanos de las y los niños, y en abierta violación a la Constitución federal.

Sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 8 de enero de 2014.

Diputada Verónica Juárez Piña (rúbrica)

Diputado Valentín Maldonado Salgado

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y sus dependencias a aplicar con arreglo a los principios de austeridad, beneficio social y respeto de los derechos humanos la reforma fiscal, suscrita por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal y sus dependencias a aplicar la reforma fiscal con sujeción a los principios de austeridad, beneficio social y respeto a los derechos humanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La reforma hacendaria fue presentada por el presidente Enrique Peña Nieto el 8 de septiembre de 2013, y entregada ese mismo día para su discusión y análisis en el Congreso.

Se trató de una reforma a la que se le calificó de pretender acelerar el crecimiento y la estabilidad económica, buscando que pagarán más los que más ganen.

Desapareció el impuesto empresarial a tasa única (IETU) así como el impuesto a los depósitos en efectivo (IDE).

Asimismo, el gobierno asumió diversos compromisos para darle a la reforma un sentido social y progresista.

Para ampliar la base de contribuyentes, se determinó que las obligaciones de los emprendedores y nuevos incorporados al sistema tributario solo se incrementarán de manera gradual.

Se afirmó que la reforma buscaría garantizar a todos los mexicanos una red de protección social, para dar seguro de desempleo y pensión a los trabajadores mayores de 65 años.

También se comprometió a ampliar la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Mayor inversión para la educación media y media superior.

Finalmente, de las iniciativas presentadas como “viables” fue esta la que permitía que los alimentos y medicinas no se gravarán con IVA, compromiso que personalmente adquirí con mis representados. Por estas razones, mi voto fue favorable en lo general.

Sin embargo, esta reforma requiere un puntual cumplimiento de los compromisos asumidos, para evitar el desvío de los recursos, para vincular los ingresos recaudados con el correcto ejercicio del gasto público.

Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de las dependencias correspondientes a dar cumplimiento a los compromisos de austeridad así como de la implementación de medidas y programas para un gasto eficiente a favor de la sociedad derivados de los compromisos asumidos en la reforma hacendaria.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a supervisar que el incremento de los precios ofrecidos a los consumidores sea coherente con las tasas impositivas aprobadas para evitar y en su caso sancionar posibles abusos.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria para que en la publicación de la relación de contribuyentes incumplidos se respete en todo momento el debido proceso y los derechos humanos.

Dado ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 8 de enero de 2014.

Senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a adoptar medidas para impulsar el inicio de un proceso sostenido de recuperación del poder adquisitivo del salario, suscrita por el diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

La jornada humana, que establece la Constitución federal como uno de los derechos esenciales de los trabajadores, está más lejos que nunca de nuestra realidad. La jornada humana, es indispensable para preservar la salud de los trabajadores, para la atención de sus familias, y para la participación de éstos en las actividades sociales, sindicales y políticas. Evidentemente, también es elemento indispensable en favor de la productividad y la reducción de riesgos en los centros de trabajo.

Siguiendo con los récords nefastos en relación a nuestro país, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en uno de sus estudios ha señalado que los mexicanos laboran al año, en promedio, 2 mil 250 horas, es decir, son los trabajadores de los países integrantes de la OCDE que más horas trabajan anualmente. En contraste, las restantes naciones sólo trabajan, también en promedio, mil 776 horas. Lo que se traduce en que en México se prestan servicios por alrededor de 500 horas más. También se labora en el país 35 por ciento más en las jornadas diarias. En contraste con esto, los trabajadores mexicanos ya prácticamente perciben el salario más bajo del mundo.

Es evidente lo que esto significa, los mexicanos somos los más o unos de los más explotados de la tierra, no es raro encontrar a padres y madres que deben trabajar sin parar dos o más jornadas, de manera que casi no tienen tiempo para comer, para el solaz o para disfrutar de la vida en familia. Esto también va reclamando, que un número cada vez mayor de los miembros de la familia, tengan que trabajar, incluidos las niñas y los niños.

Es evidente, que estos individuos viven en constante tensión, que les representa un desgaste físico y mental terrible, por lo que envejecen de manera prematura, y están en peligro constante de enfermarse, ser víctimas de un riesgo de trabajo o adquirir una incapacidad.

¿Qué productividad puede haber con esta mano de obra cansada, que apenas tiene recursos para sobrevivir?

En esta jornada interminable, con pagos injustos, hace agua el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda digna, a la cultura, en general desintegra todos los derechos humanos.

Esta situación violenta todo el marco jurídico nacional e internacional a que está obligado nuestro país. Es la principal causa de la desintegración familiar, de la violencia, de la drogadicción, de la migración, de las injusticias y los problemas en el país. Es imposible seguir basando la economía y el fomento de la inversión en la pobreza generalizada para una inmensa mayoría de la población.

Todo esto también se traduce en que aumenta el poder patronal en la relación de trabajo, patrón que impone las condiciones laborales que quiera, y el trabajador lo admite para mantener una fuente por pequeña que sea de vida, debe renunciar a sindicalizarse, a irse a la huelga, tiene que aceptar que se persiga el reclamo de sus derechos. Debe aceptar la impunidad jurisdiccional. Tiene que aceptar no sólo la contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo, sino toda la contrarreforma laboral que asfixia a los diversos sectores de la población. Situación a la que cada vez más se revela un número mayor de trabajadores y sus sindicatos.

La precariedad de nuestros salarios ha quedado de manifiesto con el reciente incremento a los salarios mínimos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013, mismo que apenas alcanzó 3.9 por ciento, lo que impacta negativamente, no sólo a los casi 7 millones de mexicanos que los perciben, sino porque se traduce en la línea impuesta, a partir de la cual se definen todos los topes salariales en el país.

En esta coyuntura solicitamos al titular del Ejecutivo federal impulse una política sistemática y permanente, para mejorar el poder adquisitivo de los salarios. Es obvio, que si mejoran en términos reales los salarios en México, los trabajadores tendrán que laborar menos horas para satisfacer sus necesidades y las de sus familias. Además de fortalecerse el mercado interno, palanca esencial para el crecimiento económico, y por tanto para la creación de empleos formales y dignos, única forma de atacar de raíz a la pobreza galopante que golpea a nuestro pueblo.

Esto encuentra pleno respaldo en las cifras dadas a conocer por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien ha declarado que en 36 años, el poder adquisitivo del salario mínimo acumuló una pérdida catastrófica de 72.8 por ciento.

Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal para que inicie un proceso sostenido de recuperación del poder adquisitivo del salario, en diálogo con los factores de la producción, que permita reducir el número de horas de trabajo a cargo de las y los mexicanos, que en promedio representa el más alto de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Todo lo cual impactará positivamente a la alimentación, la salud, a la educación, a la vivienda, y demás derechos sociales de los que es titular el pueblo de México, además de fortalecerse el mercado interno, palanca esencial para el crecimiento económico, y por tanto para la creación de empleos formales y dignos, única forma de atacar de raíz a la pobreza creciente que afecta a nuestro pueblo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2014.

Diputado Valentín Maldonado Salgado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales a someter a su consideración las minutas de reformas constitucionales en materia político-electoral y anticorrupción enviadas por el Congreso de la Unión, suscrita por los senadores Benjamín Robles Montoya y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, Ángel Benjamín Robles Montoya y Zoé Robledo Aburto, senadores integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esa soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las diputadas y diputados integrantes de las legislaturas de los Congresos estatales para que a la brevedad sometan a su consideración las minutas de reformas constitucionales en materia político-electoral y anticorrupción enviadas por el Congreso de la Unión, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Tras la aprobación de la reforma constitucional en materia político-electoral el pasado 13 de diciembre de 2013, el Congreso de la Unión consideró que la tan llamada reforma del Estado era, desde hace décadas, una asignatura pendiente en nuestro país. Con la aprobación de dicha reforma los legisladores nos hemos impuesto el deber de buscar el equilibrio armónico de los poderes reales con las necesidades sociales. La reforma política-electoral –estamos conscientes de ello– implica la refundación de las relaciones entre gobierno y sociedad.

Para su servidor, un verdadero Estado Democrático que se precie de serio, debe ser consecuente en la transformación de las necesidades apremiantes que la sociedad requiere e incorporar, a la esfera de su observancia, figuras jurídicas, sociales, y económicas en su beneficio. No exagero al señalar que nuestro sistema político fue, por mucho tiempo, un folclor donde convergían las más antiquísimas muestras de autoritarismo y totalitarismo, periodos que, por instantes, dejaban de serio al crear destellos de pluralidad y libertad, permitiendo la conformación de instituciones democráticas que perduran al día de hoy.

Con el paso del tiempo, la perfección de ese régimen unipartidista avaló el carácter presidencialista que tanto daño le hizo a nuestra nación Dicha práctica lasciva impuso el lento avance en cuanto a figuras democráticas y sistemas competitivos de partidos políticos que permitieran verdadera representatividad social.

Con la citada reforma político-electoral la sociedad civil ha cambiado la “praxis” de hacer política y nos obligó a inscribir en la Carta Magna que toda decisión de sus representantes populares obtenga la mayor legitimidad posible. Así, la participación ciudadana será, en las políticas públicas y en la construcción de proyectos fundamentales, corresponsable del desarrollo de la sociedad.

Un diseño constitucional que fomente la corresponsabilidad de los distintos poderes y órdenes de gobierno en la ejecución de las responsabilidades públicas, con independencia de su extracción política, es inaplazable si queremos consolidar una democracia de resultados.

Es incuestionable que en los tiempos que hoy vivimos, la responsabilidad de un ejercicio eficaz y eficiente de las funciones del gobierno, no dependen de uno solo de los Poderes de la Unión. La cooperación institucional y la coordinación entre las distintas esferas que tienen a su cargo alguna encomienda pública se vuelve indispensable.

Con la aprobación de la reforma político-electoral por parte del Congreso de la Unión se crean figuras legales de beneficio político-social como gobierno de coalición y ratificación de los miembros del gabinete; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; autonomía del Ministerio Público y la Fiscalía General de la República; aprobación del Congreso de la Unión de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; reelección de legisladores al Congreso de la Unión y dotar de la atribución a las legislaturas de los Estados para adoptar dicha medida en su caso; elección consecutiva de ayuntamientos hasta por un periodo más si así lo determinará la legislatura local correspondiente; nueva fecha para la transición de poderes del Ejecutivo federal; la creación del órgano autónomo en materia electoral denominado Instituto Nacional de Elecciones; aumento en el umbral para el registro de los partidos políticos y un sistema de nulidad de elección; entre otros.

De igual forma, el pasado mes de diciembre fue aprobado por el Congreso de la Unión la reforma constitucional en materia de anticorrupción, misma que sienta las bases para la creación de un sistema nacional de combate a la corrupción que permita coordinar esfuerzos de todos los órdenes de gobierno y construir de manera conjunta y homogénea las políticas públicas en la materia; la investigación y sanciones de los actos de corrupción serán una realidad lejos de los obstáculos de secretos bancario, fiduciario y fiscal.

En la designación de los titulares de los órganos anticorrupción no participarán los Poderes Ejecutivos federal y de las entidades respectivamente, ni mediante el mecanismo de propuesta, ni mediante el mecanismo de objeción.

En la reforma constitucional existen disposiciones que representan un avance en materia de combate a la corrupción, entre otras el órgano anticorrupción tendrá competencia para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidores públicos de la federación y por personas físicas o morales involucradas en tales actos.

Así también contará con facultad para atraer asuntos competencia de los órganos anticorrupción de las entidades federativas, en los términos que establezca la ley.

El órgano anticorrupción estará facultado además para emitir recomendaciones a los órganos públicos de los tres órdenes de gobierno, para mejorar procedimientos administrativos y prevenir prácticas de corrupción.

Se establece la obligación expresa de autoridades federales, estatales y municipales de colaborar y prestar auxilio a los órganos anticorrupción federal y locales.

La reforma constitucional en materia de combate a la corrupción refleja la voluntad de las fuerzas políticas representadas en el Congreso para emprender un mucho más profundo y eficaz combate a la corrupción en el ámbito del poder público, que contribuya también a reducir nuestros alarmantes niveles de impunidad.

Con dicha reforma, se construye una cultura de la legalidad que permita mayor arraigo en nuestra sociedad, toda vez que la organización no gubernamental Transparencia Internacional dio a conocer su índice de Percepción de la Corrupción 2013, en el que México ocupa el lugar 106 de entre 177 naciones evaluadas. En ese sentido, se volvió de suma importancia la aprobación de una reforma en dicha materia.

Por lo anterior, y considerando que en el régimen transitorio de cada minuta de reforma constitucional se contemplaron términos y plazos perentorios para ajustar el adecuado funcionamiento de las figuras de recién creación, mismas que a su entrada en vigor trae aparejada el funcionamiento de sistema político-electoral por un lado, así como la procuración de justicia y la investigación del órgano de anticorrupción por el otro, los cuales revisten la mayor importancia del país.

En ese sentido, esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión debe exhortar respetuosamente a las diputadas y diputados integrantes de las legislaturas de los Congresos estatales para que a la brevedad sometan a su consideración las minutas de reformas constitucionales en materia político­electoral y anticorrupción enviadas por el Congreso de la Unión y eviten una merma en el trámite procesal que preven la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, toda vez que sólo 6 legislaturas se han pronunciado las cuales son: Baja California Sur; estado de México; Coahuila; Nayarit; Puebla y Zacatecas.

En consecuencia, se somete a consideración de esta Soberanía, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las diputadas y diputados integrantes de las Legislaturas de los Congresos Estatales para que a la brevedad sometan a su consideración las minutas de reformas constitucionales en materia político-electoral y anticorrupción respectivamente, enviadas por el Congreso de la Unión y evitar una merma procesal constitucional en los términos y plazos perentorios previstos por dichas reformas constitucionales para el adecuado funcionamiento de las figuras de recién creación, que a su entrada en vigor trae aparejada el funcionamiento de sistema político-electoral por un lado, así como la procuración de justicia y la investigación del órgano de anticorrupción por el otro, los cuales revisten la mayor importancia del país.

Dado en el salón de sesiones, a los ocho días del mes de enero de dos mil catorce.

Senadores: Benjamín Robles Montoya y Zoé Robledo Aburto.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Profeco a practicar una verificación administrativa a los proveedores de productos para proteger los derechos y la cultura del consumidor, y –en su caso– aplicar las medidas y sanciones correspondientes, suscrita por los diputados Roxana Luna Porquillo y Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Roxana Luna Porquillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Primera. Que el objeto de la Procuraduría Federal del Consumidor es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Que la Procuraduría garantizara la real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas entre estos, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios.

Segunda. Que a partir del primero de enero entró en vigor un incremento de precios en productos de consumo popular, especialmente los calificados como de alto contenido calórico, como el refresco y bebidas endulzadas, chocolates, cacahuates, paletas, helados, cereales, pan de dulce, chicles, frituras, así como alimento para mascotas.

Tercera. Que entendiendo que los incrementos a los precios en los productos de consumo popular representa un decremento de más de 10 por ciento del poder adquisitivo, teniendo repercusiones directas en la economía de las familias ya que deberán pagar más por los productos que fueron calificados como de alto contenido calórico.

Que toda vez en este inicio de año que existen indicios en medios de comunicación que en las últimas semanas se han presentado diversas irregularidades por la variación en los precios de manera indistinta en la mayoría de los productos por parte de los proveedores.

Cuarta. Que estarán obligados al cumplimiento de esta ley los proveedores y los consumidores. Las entidades de las administraciones públicas federal, estatal, municipal y del gobierno del Distrito Federal, están obligadas en cuanto tengan el carácter de proveedores o consumidores, que asimismo la procuraduría deberá garantizar el respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento, y en caso contrario sancionar su incumplimiento con lo dispuesto en la propia ley.

Quinta. Que dentro de lo que establece el artículo 24 en sus fracciones I, II, XIV y XXIII de la Ley Federal de Protección al Consumidor es el de proteger los derechos de los consumidores así como aplicar las medidas necesarias para propiciar equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre los consumidores y proveedores, teniendo como principios básicos el respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento, la protección contra los métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y clausulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos.

Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, licenciado Alfredo Castillo Cervantes a implementar las medidas necesarias para llevar a cabo una verificación administrativa a los proveedores de productos con la finalidad de proteger los derechos y cultura del consumidor y, en su caso, se apliquen las medidas y sanciones correspondientes a que haya lugar por el incumplimiento de otorgar equidad, certeza y seguridad jurídica a sus consumidores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2014.

Diputados: Roxana Luna Porquillo, Roberto López Suárez (rúbricas)

Con punto de acuerdo, sobre el decreto número 064, por el que el Congreso de Quintana Roo aprueba la concesión que el Ejecutivo local otorga para establecer, operar y prestar el servicio de centros de verificación vehicular, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Diputada Federal Graciela Saldaña Fraire, integrante de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 fracción I, 79 numerales 1, fracción II, 2, fracciones I, III, IV y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno, proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes hechos y consideraciones:

1. El 29 de junio de 2001 se publicó en el Periódico Oficial la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del estado de Quintana Roo.

2. El 18 de diciembre de 2008 se público en el Periódico Oficial el decreto número: 086 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda de Quintana Roo, en el cual se establecieron las cuotas por cada verificación vehicular:

• Una verificación cada semestre a vehículos de uso intensivo con motor a gasolina, diesel, gas lp o cualquier otro tipo de combustible, incluyendo motocicletas: 4.0 S.M.G.

• Una verificación anual a vehículos de uso particular con motor a gasolina, diesel, gas LP o cualquier otro tipo de combustible incluyendo motocicletas: 4.0 S.M.G.

• Por la búsqueda y reposición de certificados y/o hologramas de verificación vehicular de emisión de contaminantes: 2.0 S.M.G.

3. El 15 de febrero de 2011 se publica en el Periódico Oficial el Reglamento de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del estado de Quintana Roo, en materia de prevención y control de la contaminación ambiental.

4. El 19 de diciembre de 2011, se público en el Periódico Oficial de Quintana Roo, el decreto número: 064 por el que la honorable XIII Legislatura de Quintana Roo, aprueba la concesión que otorga el ejecutivo del estado, para el establecimiento, operación y prestación del servicio de centros de verificación vehicular en el estado.

5. El 6 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cambio Climático, cuyo objetivo principal es garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Para lo cual crea el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

6. El 30 de abril de 2013 se publicó en el Periódico Oficial la Ley de Acción de Cambio Climático en Quintana Roo.

7. El 21 de junio de 2013 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, emisiones de bióxido de carbono (CO2) provenientes del escape y su equivalencia en términos de rendimiento de combustible, aplicable a vehículos automotores nuevos de peso bruto vehicular de hasta 3 857 kilogramos; dicha norma oficial establece los parámetros y la metodología para el cálculo de los promedios corporativos meta y observado de las emisiones de bióxido de carbono expresados en gramos de bióxido de carbono por kilómetro (g CO2/km) y su equivalencia en términos de rendimiento de combustible, expresado en kilómetros por litro (km/l), con base en los vehículos automotores ligeros nuevos, con peso bruto vehicular que no exceda los 3 857 kilogramos, que utilizan gasolina o diesel como combustible cuyo año-modelo sea 2014 y hasta 2016 y que se comercialicen en México.

8. Actualmente el gobierno de Quintana Roo se encuentra trabajando el Programa Estatal de Acción Ante Cambio Climático, a la fecha únicamente tres municipios cuentan con el Plan de Acción Climática Municipal: Cozumel, Bacalar y Benito Juárez. Del borrador sometido a consulta pública, se desprende la siguiente información:

Emisiones por categoría

Tabla 6.5. Aportaciones porcentuales promedio de GEI por categoría durante 2005-2010

Energía: 22.00 por ciento

Industria: 0.03 por ciento

Agricultura: 70.56 por ciento

USCUSS: -263.99 por ciento

Residuos: 7.41 por ciento

Fuente: Elaboración propia con datos del IEEGEI-QR 2010

Los resultados en cuanto a emisiones nos permite conocer que los sectores de energía (consumo de combustibles fósiles y en emisiones fugitivas) y agricultura (actividades agrícolas y pecuarias) aportan más gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global en el estado de Quintana Roo, en comparación con las otras actividades.

9. Las condiciones fisiográficas de Quintana Roo no permiten que se generen altas concentraciones de partículas contaminantes que las que podría haber en otras ciudades del país, como es el caso del Distrito Federal, Monterrey o Guadalajara, sin embargo, debido al incremento en el parque vehicular de uso particular, el deterioro de la plantilla del transporte público y de gobierno, la falta de planeación en la movilidad de los municipios, si es necesario implementar acciones que mitiguen la generación de gases de efecto invernadero.

10. Aun cuando la legislación federal y estatal establece la obligatoriedad de la verificación vehicular, ésta va sujeta a una serie de lineamientos que no se están cumpliendo por parte del gobierno de Quintana Roo, aunado a las nuevas disposiciones en materia de cambio climático que también nos remiten a cumplir con una serie de estudios científicos que avalen la implementación de medidas de mitigación para la disminución de los gases de efecto invernadero y sus efectos en el cambio climático.

Por todo lo anterior expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

1. La Cámara de Diputados exhorta al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, sectorizado en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que emita la recomendación o evaluación sobre el establecimiento de los centros de verificación en Quintana Roo, determine si el monitoreo atmosférico siguió los lineamientos de dicho organismo, así como si fueron comparativos y que las metodologías hayan sido las adecuadas.

2. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Quintana Roo a que dé a conocer el Programa de Verificación Vehicular para Quintana Roo y el Programa de Calidad del Aire del Estado de Quintana Roo.

3. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Quintana Roo a delimitar la aplicación de la verificación vehicular en un principio únicamente para el transporte público y de gobierno, lo que permitirá dos cosas, dar un plazo a los propietarios de vehículos de uso particular hacer las adecuaciones mecánicas a los mismos o en su defecto invertir en vehículos que cumplan con la normatividad en la materia, y no generarles así una afectación más al gasto familiar en virtud de los nuevos impuestos para aplicar en 2014; y valorar su efectividad de forma científica en cuanto a la reducción o no de los gases de efecto invernadero.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2014.

Diputada Graciela Saldaña Fraire (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 6 de enero, Día de las y los Enfermeros, suscrita por el senador Jesús Casillas Romero y legisladores del Grupo Parlamentario del PRI

La enfermería es una de las profesiones más antiguas dentro del campo de la salud. Su esencia es cuidar y mantener la salud de personas, familia y comunidad, contribuyendo a satisfacer necesidades de atención y bienestar. La necesidad de sus servicios es universal, en su práctica es importante el respeto a la vida, dignidad y derechos del hombre. Sus profesionales deben poseer capacidad para contribuir con inteligencia, respeto y justicia a la atención de pacientes.

Por ello, Virginia Henderson, enfermera que incorporó los principios fisiológicos y psicológicos a su concepto personal de enfermería, en 1961 escribió: La enfermería es la asistencia a la persona, enferma o sana, en la ejecución de aquellas actividades que favorecen su salud o la recuperación de la misma, o una muerte en paz, tareas que él podría realizar sin ayuda si tuviera la energía, fuerzas de voluntad o conocimientos necesarios.

Los aspectos éticos son de gran importancia para la profesión, pues es vital en la atención directa a pacientes el cumplimiento de Principios Básicos como pilar esencial, en la que las enfermeras y enfermeros asumen una función de defensores de los derechos de los pacientes cumpliendo con aspectos éticos en el binomio enfermera(o)-paciente.

En México, celebramos el día 6 de enero como el Día de la Enfermera. No obstante y cabe mencionar, que en el ámbito internacional se tiene al 12 de mayo como el Día Internacional de Enfermería, como aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, considerada por muchos como la “fundadora de la enfermería moderna”.

Se dice que en 1938 se llevó a cabo la primera convención nacional de enfermeras, misma que se efectuó precisamente un 6 de enero, en la cual se propuso y se aceptó de manera unánime, festejar cada 6 de enero el Día de la Enfermera en México. De ahí que la Secretaría de Educación Pública refiere oficialmente como día nacional de los profesionales de la enfermería, el susodicho día 6 de enero.

No obstante, independientemente de ello, lo que vale la pena destacar en esta fecha es recordar lo imprescindible que son para la humanidad los profesionales de la enfermería, que aunque es una vez al año, lo importante es que ellos lo sepan siempre y estar orgullosos de lo que hacen y de lo que son; pues no es fácil desempeñarse en un ambiente en el que se lucha todos los días contra la muerte, en muchas ocasiones ante un sector salud carente de lo indispensable, en donde hace falta de todo menos de pacientes.

La fecha concuerda con la del “Día de Reyes”, en la que el médico José Castro Villagrana, director del Hospital Juárez de México en 1931, calificó la presencia de las enfermeras como un “regalo de reyes” para los pacientes. Consideración en la que creo que fue acertado.

Finalmente, es de destacar que la enfermería ha ido creciendo siglo tras siglo, su práctica ha cambiado, pero la parte del ser humano como profesional sigue siendo la misma .

Por ello, compañeros legisladores, hagamos este 6 de enero un merecido reconocimiento a todos aquellos hombres y mujeres que hicieron y hoy día hacen y constituyen en lo particular, el pilar de un hospital y el cuidado de las personas en lo general, como profesionales que vale la pena evidenciar como buenos seres humanos y distinguidos profesionales.

Mis más sinceras felicitaciones y reconocimiento a los dedicados a la enfermería en su día.

¡Muchas felicidades!

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 8 de enero de 2014.

Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica)

Con motivo del 8 de enero, aniversario del natalicio de Francisco González Bocanegra, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI

En la Sexagésima Segunda Legislatura, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI conmemoramos el ciento noventa aniversario del natalicio de Francisco González Bocanegra, mexicano ejemplar que dejó como legado a México y el mundo la majestuosa letra de nuestro glorioso himno nacional.

Desde esta soberanía nacional recordamos al poeta y dramaturgo que fue capaz de plasmar tanto la ideología como el espíritu de una nación entera. En el marco de esta conmemoración es oportuno hacer un breve pero sustancial recorrido a través de los pasajes más emblemáticos de su extraordinaria vida.

Nació el 8 de enero de 1824, en San Luis Potosí. Se destacó en diversos cargos de la administración pública, entre los que sobresalen los siguientes: oficial archivero de la Administración General de Caminos durante el gobierno de Antonio López de Santa Anna; censor de teatro; y director del Diario Oficial del Supremo Gobierno durante la administración de Miguel Miramón.

Este ilustre mexicano vivió durante una etapa de grandes transformaciones sociales, políticas y jurídicas, como lo fue la expedición de la Ley de Expulsión de los Españoles de 1827, norma que por su filiación lo obligó a abandonar nuestro país, viviendo en Cádiz, España, pudiendo regresar a territorio nacional hasta que la Independencia de México fue reconocida por España en 1836.

A su regreso el suceso que marcó su vida aconteció el 12 de noviembre de 1853, cuando el entonces presidente de la República, general Antonio López de Santa Anna convocó a un certamen para seleccionar el que sería el Himno Nacional.

En un principio no deseaba participar, empero, accedió por la insistencia de su familia y el apoyo de Guadalupe González del Pino, quien era su pareja, ésta acondicionó una habitación para que pudiera escribir, después lo encerró bajo llave, condicionando su salida a que terminará el poema con el que competiría en el concurso.

En virtud de que ganó el certamen, su poema fue declarado como nuestro himno, siendo entonado por primera vez el 15 de septiembre de 1854 en el teatro Santa Anna, asimismo, en dicha ceremonia, pronunció un discurso en honor a los héroes de la independencia, desde ese momento su nombre había pasado a la historia.

La grandeza de este acontecimiento estriba en el hecho de que en la letra de nuestro himno nacional están plasmadas las adversidades que tuvimos que enfrentar para poder erigirnos como un estado soberano, pero sobre todo, se encuentran inmersos los logros e ideales que nos distinguen como nación libre e independiente.

En síntesis, representa un símbolo de identidad nacional y una verdadera obra maestra que por su majestuosidad, junto a los himnos de Francia, Rusia, Irlanda y Canadá, forma parte de los más hermosos del mundo.

Por estas razones recordamos con respeto el natalicio de Francisco González Bocanegra, creador de uno de los más grandes símbolos nacionales. Sin duda, su memoria perdura hasta nuestros días y se fortalece cada que entonamos nuestro glorioso himno nacional.

Pero también es recordado por su habilidad y talento nato como poeta, sin embargo, debido a su modestia y porque consideraba que sus poemas eran personalísimos e íntimos los reservaba para su esposa quien siempre fue su fuente de inspiración, de ahí que sus publicaciones conocidas sean mínimas pero de indiscutible calidad, lo cual queda de manifiesto en nuestro himno nacional.

Incluso después de su muerte, Guadalupe González del Pino, ya como su viuda, se opuso a la publicación de una colección de 46 poemas que el autor había reunido bajo el título de Vida del Corazón , por lo que hasta 1954 sólo habían sido publicados 22, a los que se suman otros quince.

Como dramaturgo, Francisco González Bocanegra creó una obra teatral, formada de cuatro actos, titulada El Vasco Núñez de Balboa , misma que se estrenó en el teatro Iturbide en 1856. Además, aunque inconclusa, escribió una segunda obra titulada Faltas y expiación, de la cual sólo llegó a escribir el primero de los tres actos que tenía previstos.

Después de la Guerra de Reforma, por temor a represalias por haber apoyado al gobierno conservador, buscó asilo con su tío, José María Bocanegra, por lo que permaneció oculto en su sótano de donde únicamente salía disfrazado por las noches para visitar a sus familiares.

Lamentablemente el 11 de abril de 1861, víctima del tifo murió en el oscuro sótano en que se había refugiado. Con tan sólo treinta y siete años de edad vio el final de su vida, sin duda, su prematura muerte impidió que pudiese explotar todo su potencial, anulando la posibilidad de hacer más amplio su invaluable legado.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, como todas las y los mexicanos tenemos presente el cumulo de emociones que produce escuchar y entonar nuestro himno nacional, sin duda se trata de una sensación indescriptible que nos traslada a momentos cruciales para el rumbo de nuestro gran país.

Desde esta soberanía nacional es un honor recordar a los grandes personajes de nuestra historia, como lo es Francisco González Bocanegra, de enormes dimensiones y poseedor de un legado que por su valor intrínseco ha trascendido a través del tiempo.

Sin duda, siempre que se entone nuestro majestuoso himno nacional estará presente la obra y legado de este celebre, talentoso y virtuoso poeta mexicano, por ello, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, hacemos el llamado a mantener vigente la memoria de Francisco González Bocanegra.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2014.

Senadora María Lavalle Urbina (rúbrica)