Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4172-VIII, martes 9 de diciembre de 2014
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por sus dependencias con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones conducentes a deslindar responsabilidades, aplicar sanciones y subsanar el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI y por Enrique Aubry de Castro Palomino, del PVEM
Los suscritos, diputados federales de Jalisco por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y todas las autoridades competentes de la administración pública federal con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones necesarias a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La laguna de Cajititlán, en Tlajomulco de Zúñiga, cerca del lago de Chapala, tiene 9 kilómetros de longitud y 2 de ancho. Es pequeña, comparada con el lago de Chapala, pero se le considera la laguna de la zona metropolitana de Guadalajara por su majestuosidad y atractivo turístico.
Formada con el agua de lluvia proveniente de las serranías que la rodean, la laguna de Cajititlán es un lugar único y muy especial para los tapatíos y todos los jaliscienses.
Hoy, desgraciadamente, nuestra bella laguna está sufriendo los embates de los cambios climáticos o, peor aún, de posibles actos de negligencias y violencia ambiental.
Según la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, hasta el domingo 31 de agosto se habían extraído más de 30 toneladas de peces muertos. Para el martes ya se contabilizaban más de 50 toneladas.
Debemos reconocer que las autoridades han puesto su empeño para detectar la causa de la muerte de la gran cantidad de peces en la laguna.
Aparentemente se desconoce si es un fenómeno natural o se trata de un evento provocado por conductas perniciosas de ciertos individuos.
La secretaria de Medio Ambiente en Jalisco, Magdalena Ruiz, informó que ya se han enviado brigadas de trabajadores para apoyar a los pescadores locales en la retirada de los peces muertos, así como técnicos para evaluar la situación de las plantas de tratamiento de aguas de la ribera de la laguna.
De acuerdo con el doctor Manuel Guzmán Arroyo, director del Instituto de Limneología de la Universidad de Guadalajara, se trata de un problema provocado por el nivel de agua de la laguna, “que resulta demasiado bajo para cubrir las necesidades de oxígeno de los peces”.
El especialista explicó que “el lago tiene problemas porque le sacan demasiada agua. Una ventisca fuerte puede remover el fondo se levantan los sedimentos, se mezcla y se agota el oxígeno en el agua”.
Otra explicación que se ha dado es que la ausencia de agua suficiente y de oxígeno obedece al riego del valle adyacente y la existencia de un canal de adiestramiento para deportes acuáticos que también extrae agua de la laguna.
Durante estos días, la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco ya dio a conocer que estableció un mando único para la atención de la contingencia ambiental. La Profepa y la Comisión Estatal del Agua han tomado importantes medidas de coordinación para que la contingencia ambiental se estabilice de manera positiva, se recupere el equilibrio ecológico de la zona y, desde luego, se subsane en lo posible el daño ambiental ocasionado.
En resumen:
(i) La recurrente crisis ambiental en la laguna de Cajititlán –cuatro periodos de muertes masivas de peces– puede tener su causa en cuestiones cíclicas u ocasionadas por la acción irresponsable del hombre; y
(ii) Ante estos hechos, hay instancias gubernamentales competentes para investigar el hecho y las formas de resarcir el daño ocasionado, buscando a su vez a los responsables y sancionándolo conforme a las leyes que nos hemos dado.
Nuestra posición como diputados al Congreso de la Unión es coadyuvar con las autoridades locales para resolver, de acuerdo con nuestras atribuciones, los problemas que pudiesen afectar a nuestros representados.
Hoy, las niñas, los niños, las mujeres y los hombres de Jalisco están sufriendo una afectación ambiental que merece toda la atención, tanto de las autoridades locales como federales. Merece que nos dispongamos a revisar las leyes en materia ambiental, tanto por lo que toca al Congreso de Jalisco, como lo que corresponde al Congreso de la Unión. Deben provocar toda nuestra atención y, desde luego, la coordinación de todas las autoridades competentes al efecto de deslindar responsabilidades, encontrar y sancionar a los culpables y, más importante aún, lograr reestablecer el equilibrio ecológico en la zona afectada y prevenir nuevas afectaciones.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados el presente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a colaborar por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y todas las autoridades competentes de la administración pública federal con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones necesarias a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2014.
Diputados: Abel Salgado Peña (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica), Leonardo Alcalá Padilla (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro, Marco Antonio Barba Mariscal, Sergio Armando Chávez Dávalos, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Ssa a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los instrumentos destinados a concienciar, prevenir y alertar a la población sobre la prevalencia de factores epidemiológicos que se acentúan en esta temporada en diversas partes del país, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El que suscribe, Rubén Benjamín Félix Hays, diputado de la LXII Legislatura integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, respetuosamente somete a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
El derecho a la salud, en su máxima expresión y alcance, fue consagrado por primera vez en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud1 de 1946, al señalarse que “...el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión ideología política o condición económica o social...”
Desde entonces, este derecho humano se ha expresado en la Declaración Universal (artículo 25) y Americana (artículo 11) de Derechos Humanos en 1948; afianzado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y reiterado en la Declaración de Alma-Ata de 1978 y en la Declaración Mundial de la Salud de 1998.
En tal sentido, el acceso a los bienes, servicios y oportunidades destinados a satisfacer las necesidades de salud es un derecho humano fundamental y es la clave para que las personas puedan disfrutar de otros derechos humanos fundamentales.
Indudablemente, en México se ha avanzado sustantivamente en la construcción de una cultura de derechos humanos, misma que ha comprendido procesos de armonización legislativa con los más altos estándares internacionales, de fortalecimiento institucional e instrumentación de políticas públicas específicas en la materia.
A nivel constitucional y en sus leyes secundarias, la protección y acceso pleno al derecho a la salud de las y los mexicanos está garantizado y existe una muy amplia cobertura de servicios de salud para la población que lo necesita.
No obstante estos avances, es menester que el Estado mexicano redoble esfuerzos en aquellas áreas que puedan, por la naturaleza de sus elementos y factores, generar mayor susceptibilidad y riesgos entre la población del país, de tal manera que se salvaguarde la plena vigencia de derecho humano a la salud, atendiendo prioridades de orden local y nacional.
La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a todos los países ser capaces de detectar, comprobar rápidamente y responder de forma adecuada a las amenazas de enfermedades emergentes y con tendencia a producir epidemias, a fin de reducir al mínimo su impacto en la salud y la economía de la población local y mundial.
Consistente con esta recomendación, la OMS mantiene un sistema de vigilancia epidemiológica que da seguimiento a la evolución de enfermedades infecciosas en el mundo, alertando cuando es necesario, compartiendo conocimientos técnicos, y articulando las respuestas necesarias para proteger a las poblaciones de las consecuencias de las epidemias, cualquiera que sea su origen y dondequiera que se declaren.
De manera correspondiente, en el país contamos con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) el cual ha demostrado su eficacia en la materia, al alertar con prontitud y de manera sumamente responsable una de las mayores contingencias sanitarias que haya ocurrido en el país en los últimos años.
Entre marzo y abril de 2009, cuando el entonces Sistema de Vigilancia Epidemiológica identificó el virus que se denominó como influenza A(H1N1), se pusieron en marcha diversas acciones en materia de salubridad a fin de controlar la epidemia, prevenir nuevos contagios y combatir el virus existente; asimismo, se pusieron en marcha campañas oportunas de vacunación e información.
Por las acciones realizadas durante dicha contingencia, México recibió amplio reconocimiento a nivel internacional: en la sexagésima segunda Asamblea Mundial de la Salud, efectuada del 18 al 22 de mayo de 2009, en Ginebra, Suiza, el país fue calificado como ejemplo de cooperación internacional y durante la cuadragésima novena Reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, celebrada del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2009, en Washington, DC, se otorgó un reconocimiento al trabajo del Gobierno mexicano por su labor frente a la contingencia epidemiológica, destacando la transparencia que se tuvo en el manejo de información.
La situación epidemiológica mundial y regional nos obliga a retomar la pasada experiencia y ser muy responsables en la vigilancia y monitoreo que se realice a los factores epidemiológicos internacionales, además de estar alerta a los del orden nacional.
Basta recordar que la alerta sobre el brote de enfermedad por el virus del ébola del pasado 30 de agosto del año en curso en Senegal transitó a la generación de una alerta regional para África Occidental en menos de una semana (4 de septiembre de 2014), coincidiendo con el reporte de dos casos de infección humana por virus de la gripe aviar A(H7N9) en la República Popular de China, confirmada mediante pruebas de laboratorio.
En el caso de China, su gobierno, atendiendo protocolos sanitarios internacionales, tomó las siguientes medidas de vigilancia y control:
a) fortalecimiento de la vigilancia y el análisis de la situación;
b) fortalecimiento de la atención clínica y el tratamiento médico;
c) comunicación pública del riesgo y difusión de información.
En el caso del ébola, según la OMS en uno de sus últimos comunicados, su brote en el África Occidental es el peor en la historia. El número de muertes por el virus asciende a más de 5,500 mil y el número de casos de personas infectadas alcanzó ya los 15,351.
Esta enfermedad se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, debilidad intensa, mialgias, cefalea y odinofagia, seguido de vómitos, diarrea, conjuntivitis, erupciones cutáneas, disfunción renal, hepática y en algunos casos, sangrado gastrointestinal y coagulación intravascular diseminada.
En una reunión de alto nivel, convocada por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon el pasado mes de octubre, el mandatario estadunidense, Barack Obama, urgió al mundo a convertir en una “prioridad” la lucha contra el brote de ébola en África Occidental y advirtió que puede causar una “catástrofe humanitaria” en la región y es una “creciente amenaza a la seguridad global”.
A pesar de que su ingreso al continente americano es un hecho, específicamente mediante un caso comprobado de un paciente en el estado de Texas, en los Estados Unidos de América, las autoridades sanitarias del país han actuado conforme a los protocolos internacionales y han dispuesto de la infraestructura mínima necesaria para su atención, en caso de que se presenten casos dentro del territorio nacional.
Así se ha dado a conocer desde el pasado martes 30 de septiembre del año en curso, cuando la Secretaria de Salud federal, la Médico Cirujano Mercedes Juan López, afirmó, en el marco de su participación en la quincuagésima reunión de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, DC, que el país tiene los recursos necesarios para el diagnóstico y manejo de cualquier sospecha de ébola.
El ébola no es contagioso hasta que comienzan los síntomas, y se necesita un estrecho contacto con los fluidos corporales de un enfermo para que se propague.
De ahí la importancia de que se difunda, de manera clara, pertinente y oportuna la información sobre los efectos, síntomas y acciones a seguir en casos infecciosos como el ébola.
Sin embargo, a nivel local, en el país tenemos otros casos altamente epidemiológicos que atender.
Mientras que la posibilidad de que el virus del ébola llegue al país es extremadamente remota, es un hecho que el chikungunya 2 ya se encuentra en el país.
En su momento, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal, Dr. Pablo Kuri, indicó a un medio de comunicación nacional que “...hay un caso importado, es decir, no se contagió aquí, se contagió en las islas del Caribe, pero como tenemos el vector y hay mucho tránsito entre mexicanos a la zona donde hay casos seguramente va a llegar, la pregunta es ¿cuándo y dónde?, no sabemos, pero hay que estar atentos para cuando llegue”.3
En la misma entrevisto dejó ver que se desconocen los alcances que podría tener el brote una vez que el virus comience a circular, por lo que recomendó tomar las medidas preventivas para evitar la proliferación del mosquito transmisor.
A pesar de las medidas preventivas adoptadas, hasta el 1° de diciembre de 2014, mediante un comunicado de prensa y en los reportes de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud se informa del registro de 25 personas infectadas por este virus en el estado de Chiapas.4
Las personas contagiadas de chikungunya presentan fiebre, dolores articulares, dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas, según la Organización Mundial de la Salud.
La enfermedad puede presentarse entre tres y siete días después de la picadura del mosquito infestado, y las manifestaciones clínicas pueden durar entre dos y 12 días.
Clínicamente es difícil su diferenciación con dengue, sin embargo en la infección por virus Chikungunya el dolor es mucho más intenso y localizado en las articulaciones y tendones, y en algunos casos pude ser incapacitante. Se debe distinguir chikungunya del dengue, que puede tener una evolución más tórpida, ocasionando inclusive la muerte.
No existe ningún antivírico específico para tratar la fiebre chikungunya; e l tratamiento consiste principalmente en aliviar los síntomas, entre ellos el dolor articular, con antipiréticos, analgésicos óptimos y líquidos. No hay comercializada ninguna vacuna contra el virus chikungunya.
Aunque la afección llamada chikungunya generalmente no es fatal, la epidemia ha rebasado la capacidad de atención de los hospitales y mermado la productividad económica de varios países de Sudamérica y el Caribe y se ha manifestado con notables efectos en Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela y con mucha proximidad en El Salvador, Nicaragua, Belice y Guatemala.
La República Dominicana es el país más afectado por el virus debido a que tiene la mitad de los casos en el continente americano; según la Organización Panamericana de la Salud, el chikungunya se ha propagado a mínimo 24 países y territorios en el hemisferio occidental desde que se registró el primer caso, a finales del 2013, en la parte francesa de la isla caribeña de San Martín, contabilizándose hasta el pasado mes de mayo de 2014, más de 4,500 infectados en el continente Americano.
Por otro lado, el escenario reportado sobre una enfermedad epidemiológica en los últimos Informes Epidemiológicos semanales por la Dirección de Información Epidemiológica, dependiente de la Secretaría de Salud, llama poderosamente la atención del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Nos referimos en caso concreto con el avance y daños que está generando la fiebre hemorrágica por dengue en el país, hasta el pasado 29 de noviembre de 2014.
Si bien los reportes confirman un descenso de los registros en el 2014, respecto del año precedente, en un 56% de los casos estimados y del 47% de los confirmados, es notorio el incremento y tendencia de casos confirmados, por cada 100 mil habitantes, en entidades como Baja California Sur (549.90), Colima (108.09), Sinaloa (106.10), sonora (81.76) y Campeche (55.02).
La estadística anterior nos permite dimensionar el problema, pues, atendiendo la información sobre el número de personas registradas por casos confirmados de dengue, el panorama es sumamente desalentador.
5 entidades del país acumulan el 55%: Baja California Sur, con 4,083; Veracruz, con 3,586 personas; Sinaloa, con 3,137; Sonora tiene a la fecha 2,362 casos y Oaxaca, registra 2,171 .
Conviene recordar que los datos anteriores pueden ser mayores, pues derivan de la confirmación de casos probables, después de practicados diversos análisis de laboratorio
En el país, en lo que va del año, se han registrado 28,109 casos confirmados de personas afectadas por el virus del dengue y se encuentran bajo análisis otros 50,078 más; sin embargo, en las cinco entidades antes citadas, el incremento porcentual en las últimas semanas ha rebasado al 50%.
Así, los casos confirmados en estados como Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Jalisco, Yucatán y Morelos, que son los que tiene el mayor número de casos confirmados y estimados nos deben de movilizar a la acción, urgiendo que las autoridades sanitarias actúen con prontitud ante este mal que es sustancialmente prevenible, mediante acciones concretas, probadas y coordinadas entre el nivel Federal, estatal y municipal.
Ya van 33 decesos confirmados en este 2014 y aunque la tendencia sea menor que los 76 fallecimientos registrados en el 2013, la letalidad corresponde al 43.42%, respecto del año anterior; si se previene y se actúa oportunamente, no deberemos lamentar un fallecimiento más.
Es importante recalcar que aunado a una efectiva política pública en materia sanitaria que contribuya con acciones concretas a prevenir y reducir los daños que el virus del dengue llegase a ocasionar en la salud de las y los mexicanos, también debe prevalecer una absoluta transparencia en el manejo de la información, además de que esta debe ser suministrada a la ciudadanía de manera oportuna.
El dengue históricamente en el país, ha presentado una tendencia de mayor incidencia entre los meses de julio a octubre, coincidiendo con la temporada de lluvias y las condicionantes que propician su proliferación.
No obstante la preparación y capacidad probada de las instituciones del Sector Salud sobre la detección, tratamiento y medidas preventivas, entidades como Baja California Sur, Sonora y Sinaloa presentan un mayor grado de alerta por las condiciones de salubridad en que quedaron después del paso de Odile por esa región, al grado que la incidencia fue la mayor del país en Baja California Sur, alcanzando 550 por cada 100 mil habitantes.
En Nueva Alianza coincidimos en que el derecho a la salud debe ser visto como el derecho a un sistema de salud efectivo e integrado , que abarque la asistencia médica y los determinantes subyacentes de salud, que responda a las prioridades locales y nacionales , y que esté al acceso de todos; por ello, las instituciones responsables de la salud de millones de mexicanos debe brindar información más precisa sobre aquellos padecimientos que por su impacto en la salud pública requieren de una vigilancia estrecha y la difusión oportuna de información.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que fortalezca los mecanismos, protocolos e instrumentos implementados para la vigilancia epidemiológica en el país, de tal manera que ante la presencia de un agente epidemiológico relevante, las instituciones del sector salud respondan con pertinencia y eficacia a las contingencias sanitarias que se presenten a lo largo del país.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades, dicte las medidas necesarias a efecto de que en los medios masivos de comunicación informe a la ciudadanía sobre la sintomatología más relevante del chikungunya y con ello, coadyuve a la proliferación de un clima social sano, responsable, ordenado e informado.
Tercero: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal y a las instituciones de salud estatal para que refuercen la vigilancia epidemiológica, la atención médica y las medidas preventivas ante los incrementos focalizados del dengue en el país, principalmente en los estados de Baja California Sur, Colima, Sonora, Sinaloa y Campeche que tienen un mayor registro de casos de dengue hemorrágico.
Notas
1 Documentos Básicos, 43ª edición. Organización Mundial de la Salud, Ginebra 2001. La Constitución fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional de 1946.
2 La palabra chikungunya proviene de la lengua makonde de Tanzania, en el este de África, y podría traducirse como “lo que dobla”, en referencia al severo dolor en las articulaciones que hace que los enfermos se contorsionen.
3 Preocupa más chikungunya que el ébola, Laura Toribio. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/06/974750
4 Ver http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/boletin/2014/completo/sem4 7.pdf, página 36. Consultado el 1° de diciembre de 2014, a las 10:42 horas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2014.
Diputado Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita la comparecencia del titular de la SCT para explicar las razones de que se revocara la licitación sobre el proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del PAN
Fundamento legal
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracciones II y III, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se solicita al presidente de la República, que se reconsidere la ubicación de la construcción de la estación del proyecto de tren de alta velocidad de pasajeros, México–Querétaro, en el municipio de Querétaro.
Lo anterior bajo las siguientes
Consideraciones
Quiero destacar que estoy a favor de la modernización y el progreso ordenado de nuestro país; de igual manera deseo señalar que es pública mi defensa del derecho a la movilidad de todos los mexicanos y particularmente de los habitantes de mi estado natal, Querétaro; por esta razón en mi calidad de diputado federal y a petición expresa de vecinos de Hércules, La Estación, Del Bosque, Álamos, San Javier, Jardines de Querétaro, entre otras colonias, en las delegaciones Centro Histórico y Cayetano Rubio del municipio de Querétaro, solicito que sea reconsiderada la ubicación de la estación del Tren de Alta Velocidad de Pasajeros México-Querétaro, al presidente de la República.
La problemática se hizo de mi conocimiento desde el pasado 6 de septiembre de 2013, cuando vecinos de la colonia Hércules solicitaron mi intervención para conocer el proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro, expresándome su preocupación, pues no habían sido escuchados por ninguna autoridad, y tampoco habían podido ser informados oficialmente sobre dicho proyecto, no obstante que el personal que se ostentaba como perteneciente a la empresa Prointec Ipimsa, realizaba actividades en su colonia, tales como estudios de mecánica de suelos y a la vez, solicitaba a los vecinos realizar avalúos respecto de sus inmuebles que, a decir de estas personas, serían afectados por la obra mencionada en más de seis colonias de la Delegación Cayetano Rubio en el municipio de Querétaro; además de lo anterior, solicitaban la preparación de los documentos que les permitieran acreditar la propiedad de los mismos, pues mencionaban que estos serían expropiados.
Todas estas actividades fueron realizadas por el personal de la empresa Prointec Ipimsa, haciendo referencia a que era una encomienda del Gobierno de la República, para lo cual se acreditaron con documentos que así lo señalaban.
Ante esta situación, los vecinos organizados solicitaron información a las autoridades estatal y municipal, con el propósito de conocer de manera oficial, cuál sería el impacto que el proyecto del tren de alta velocidad generaría en su patrimonio y calidad de vida.
Al no obtener respuesta de ninguna autoridad en el estado de Querétaro, los vecinos pidieron que en mi calidad de representante popular, intercediera para que pudieran conocer los alcances de dicha obra, por lo que desde el pasado 25 de septiembre de 2013, solicité a las autoridades municipales; presidente municipal y la Oficina de Acceso a la Información Pública, a las autoridades estatales: gobernador del estado y a la Oficina de Acceso a la Información Pública, así como a las autoridades federal: presidente de la República, secretario de Comunicaciones y Transportes de gobierno federal y al director de la Región Centro Querétaro de la SCT, que se entregara información y documentación relacionada con el proyecto, para que los vecinos la conocieran. En todos los casos se obtuvo resultados negativos, pues se argumentó que en ese momento no se tenía nada sobre el proyecto.
Ante la falta de respuesta, el 14 de abril del año en curso, solicité de nueva cuenta la intervención del presidente de la República y del propio secretario de Comunicaciones y Transportes mediante un oficio en el cual les hacía saber esta situación.
La incertidumbre de los ciudadanos sobre la afectación a su patrimonio y a su calidad de vida con motivo de este proyecto, se incrementó cuando, no obstante haberse comprometido en dos ocasiones ante los medios de comunicación el gobernador del estado de Querétaro José Eduardo Calzada Rovirosa, a que el secretario de Comunicaciones y Transportes, explicaría ante la opinión pública dicho proyecto, sin que ello aconteciera, pero en su lugar el contador público Pablo Suarez Coello, director de Transporte Ferroviario y Multimodal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realizara el pasado 29 de abril de 2014 declaraciones a los medios de comunicación, durante una visita a la ciudad de Querétaro, en la que anunció que la ubicación de la estación estaría en un predio ubicado entre las colonias Calesa y El Pedregal de Querétaro, a la altura del cruce de las vías del ferrocarril México-Piedras Negras con avenida Bernardo Quintana. Prácticamente en el centro de la ciudad de Querétaro, negándose a proporcionar documentos o información adicional que avalara y justificara la construcción de la estación en ese lugar.
El funcionario simplemente señaló que la ubicación del lugar cuenta con los estudios de impacto ambiental necesarios, las especificaciones técnicas requeridas y que no afectaría la dinámica social de los habitantes de la zona de Hércules, además de que la afectación a la circulación vial sobre Bernardo Quintana y avenida Industrialización, sería de 4 por ciento, y que el proyecto se espera concluya el segundo semestre de 2017.
Sin embargo, hasta el día 11 de junio de 2014, mediante diferentes gestiones el Dr. Carlos F. Almada López, Subsecretario de Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, recibió a un grupo de personas integrados por representantes de colonos, ciudadanos interesados, especialistas en la materia, al presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, AC, al diputado local Alejandro Cano Alcalá, y a su servidor como representante popular federal, donde se acordó que el Colegio de Ingenieros Civiles emitiría un dictamen técnico sobre la viabilidad de la ubicación propuesta para la estación del proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro. Para tales efectos, el subsecretario se comprometió a la entrega de la información necesaria para ello, la cual, como ya se mencionó tenía más de nueve meses de haberla solicitado.
Con la información proporcionada, el pasado 8 de septiembre de 2014, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, AC, realizó la entrega del dictamen acordado, haciendo entrega al secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza, al gobernador Querétaro José Eduardo Calzada Rovirosa, y un día después al suscrito.
Dictamen técnico del cual se advierte las siguientes consideraciones técnicas, que citaré de manera textual:
“...
Una vez que se contó con la documentación referida en los antecedentes de este documento, misma que fue la única disponible, una vez que se agotaron las vías de solicitud de información adicional referente a los mecanismos utilizados para la determinación de la ubicación de la estación en territorio de Santiago de Querétaro y habiendo procedido a una exhaustiva revisión y análisis técnicos de dicho acervo, se concluye que la localización propuesta es social, ambiental, vial y urbanísticamente inviable.
El predio propuesto para la estación provisional del TAV, sin menospreciar que el uso pretendido está prohibido, es inadecuado, pues el único acceso a él es por la lateral del boulevard Bernardo Quintana, cuyo sentido de circulación es de los Arcos hacia Plaza del Parque así como por un puente que conecta a la vialidad primaria denominada avenida Industrialización, con el flujo vehicular procedente de la zona de Hércules-La Cañada con la avenida Corregidora Norte que igualmente es una vía primaria saturada y que desemboca al Centro Histórico, con las limitaciones propias de una ciudad fundada cuando sus habitantes difícilmente contaban con caballos y la mayoría cotidianamente caminaba.
Adicionalmente, es de señalarse que en el entorno inmediato a dicho predio no existe infraestructura ni espacio para crear la necesaria requerida para atender los requerimientos del servicio de transporte público de pasajeros y ello habrá de ocasionar severos problemas para los pasajeros que utilicen dicha estación y los servicios de traslado ferroviario.
El boulevard Obsidiana comprende el corto trecho que corresponde al punto en donde situar el acceso y la salida a la futura estación, nodo crítico que al poner en operación la estación, resultara en un nodo con nivel de servicio H, es decir caótico.
El estudio de demanda de usuarios del TAV arroja un volumen de 22 mil 220 pasajeros diarios entre la Terminal Buenavista y la Estación Querétaro, en ambos sentidos. Lo que representa un total de 55 corridas diarias, 28 desde Buenavista y 27 desde Querétaro, a lo largo de 17 horas de operación diaria, de las 6:00 a las 23:00, esto es, 3.24 corridas por hora, es decir tres y un cuarto por hora a lo largo de las 17 horas de servicio programado.
Con las cifras resultantes del estudio de impacto vial y el consecuente impacto urbano, el flujo existente de vehículos que circulan por la lateral oriente del boulevard Bernardo Quintana Arrioja así como en el retorno en el boulevard Obsidiana y la avenida Industrialización, vialidades que forman el nodo para la circulación del tránsito que procedente de la estación del TAV propuesta, habrían de demandar para el acceso, salida y distribución vehicular inmediata, se obtienen las cifras necesarias y suficientes para determinar la inviabilidad de servicio vial de y hacia la estación referida.
De los pasajeros provenientes de Buenavista solo el 33.2 por ciento tienen como destino final el Estado de Querétaro, distribuidos principalmente entre el área Metropolitana de la ciudad de Santiago de Querétaro (27.3 por ciento) y de San Juan del Río-Tequisquiapan (5.9 por ciento). El restante 67% se dirige a otros destinos del Bajío, principalmente al estado de Guanajuato (13 por ciento), en menor medida a los estados de San Luís Potosí (3.5 por ciento), Aguascalientes (1.6 por ciento) y Jalisco, principalmente de Guadalajara (3.1 por ciento).
En tanto los usuarios que parten de Querétaro, sólo el 27 por ciento se originan en la entidad (18.8 del Área Metropolitana de Ciudad Querétaro y 4.1 por ciento se SJR-TX), el 73 por ciento proviene de otras entidades del Bajío.
Una divisa de peso específico es la correspondiente al carácter patrimonial de las políticas y restricciones de zonificación y utilización del territorio aplicables al polígono amparado por el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Área de Monumentos del Centro Histórico de Santiago de Querétaro, lo cual apuntala la recomendación para que se resuelva la colocación de le estación TAV en una localización diferente a la actualmente propuesta.
De las situaciones planteadas en este Dictamen y de acuerdo a las condiciones actuales de ocupación y uso del suelo, se determina que la ubicación de la estación en el predio propuesto, presentan obstáculos técnicos insalvables y por lo tanto es inviable.
Los resultados obtenidos reducen sensiblemente la factibilidad para establecer la estación terminal del TAV en el predio propuesto por la SCT.
El Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro, AC, ha realizado estos análisis sobre la viabilidad para la ubicación de la estación provisional de este importante proyecto, en el sitio hasta ahora propuesto en el anteproyecto a cargo de la Secretaría, en esta, su necesaria fase de la maduración que habrá de llegar a las óptimas determinaciones, las cuales hasta el alcance de este trabajo dan un resultado negativo.
Consecuentemente con los resultados de los estudios realizados se concluye que la ubicación de la estación TAV en el sitio propuesto es social, ambiental, vial y urbanísticamente, es inviable, para la estación del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro.”
Luego entonces, siendo una premisa superior de cualquier gobernante el propiciar decisiones consensadas y legítimas de las acciones que impactan de forma significativa en la calidad de vida de los gobernados, debiendo en todo momento propiciar que las ciudades se encaminen a la humanización de los entornos urbanos y no atienda únicamente a la industrialización y el comercio. Por ello, es indispensable el uso efectivo de una democracia participativa, incluyendo las opiniones de los sectores especializados, así como de la ciudadanía en general.
No pasa inadvertido para el suscrito, que esta Legislatura Federal se ha distinguido por ser la que más reformas a la Constitución en Materia de Transparencia y Participación Ciudadana ha impulsado, con la finalidad de evitar precisamente el uso discrecional de la información y promover una permanente supervisión de la sociedad al quehacer gubernamental.
Asimismo, uno de los estandartes que he enarbolado durante mi trayectoria como servidor público, ha sido precisamente el de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, como un verdadero mecanismo de combate a la corrupción y de real participación en la toma de decisiones del Estado.
Por lo anteriormente expuesto, es que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete ante el pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Solicita la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República, Gerardo Ruiz Esparza, para que de manera pormenorizada explique las razones por las cuales se revocó la licitación para la construcción del proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro.
Segundo. Se solicite al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que en las nuevas bases de la licitación se reconsidere la ubicación de la estación del proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México–Querétaro, en la colonia Calesa, de la delegación Cayetano Rubio, en el municipio de Querétaro, debiendo tomar en consideración el dictamen técnico realizado por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, así como las manifestaciones de especialistas y sobre todo, las expresiones sociales de inconformidad y oposición a dicha determinación.
Diputado Marcos Aguilar Vega (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SE, la Sedesol, el Inapam y el DIF a promover la celebración del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Elvia María Pérez Escalante, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde el año de 1982, los adultos mayores son homenajeados en todo el mundo, luego de que tuvo lugar la primera Asamblea Internacional de la Organización de la Naciones Unidas dedicada al envejecimiento.
En ese mismo año, la ONU decretó el mes de agosto para conmemorar la vejez a nivel mundial.
En México se celebró a los adultos mayores, por primera vez, en 1983. En ese año, la celebración denominada “Día del Anciano”, se llevó a cabo en la Ciudad de México. Al año siguiente la celebración se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo León.
Más adelante, en 1998, se instituyó en todo el país, el 28 de agosto de cada año para conmemorar el “Día del Anciano”.
El 25 de junio de 2002, al ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la conmemoración en honor a las personas mayores cambió su nombre, llamándose desde entonces “Día Nacional del Adulto Mayor”.
Dicha ley contribuyó a la conceptualización más adecuada de la terminología, de tal manera que resultara respetuosa y apropiada para referirse a las personas que han cumplido sesenta años o más y que son objeto de la tutela y protección de ley.
Este ordenamiento legal antes citado, en su Título Quinto, dio creación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), como organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con la misión de ser rector de la política nacional a favor de este importante sector de la población en México.
Cabe destacar que el antecedente directo del INAPAM, corresponde al Instituto Nacional de la Senectud (INSEN), creado por decreto presidencial el 22 de agosto de 1979, como organismo público descentralizado, cuyo objeto se centró en proporcionar atención integral a las personas de edad avanzada en toda la República.
Actualmente, el INAPAM mantiene un compromiso constante para la promoción de los derechos de los adultos mayores, con la finalidad de procurar su bienestar.
A nivel internacional, la celebración promovida por la Organización de las Naciones Unidas, se denomina: “Día Internacional de las Personas de Edad”, teniendo como antecedente, desde el año de 1982 en que se decretó conmemorar, el mes de agosto, como el mes internacional de la vejez.
Para promover mejoría en las condiciones de vida de los adultos mayores, el 14 de diciembre de 1990, la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 45/106, eligió el día primero de octubre para celebrar el “Día Internacional de las Personas de Edad”, en seguimiento a iniciativas como el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado por la ONU.
Tanto el “Día Internacional de las Personas de Edad” como el “Día Nacional del Adulto Mayor” en México, tienen por objeto reconocer la contribución de las personas adultas mayores al desarrollo en todos los ámbitos del quehacer humano.
El lema del Día Internacional de las Personas de Edad es: “No dejar a nadie atrás: promoción de una sociedad para todos”.
Lo anterior nos permite advertir que, direccionar la celebración del Día del Adulto Mayor exclusivamente a los abuelos, es una forma de discriminación, que tuvo origen a iniciativa de un locutor de radio, cuya audiencia meta eran los abuelos.
Por tal motivo, considero que es una forma de discriminación, porque no todas las personas adultas mayores son abuelos, ni todos los abuelos son personas adultas mayores.
En este orden de ideas, si por desconocimiento de esta realidad, se realiza otro tipo de celebración en la fecha en que debe celebrarse el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, esto es un error que impacta negativamente en los derechos humanos de los adultos mayores y que no contribuye al objeto que persigue la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y los principios que le dieron origen.
Recientemente, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, hizo un llamado a superar los prejuicios para conseguir que los adultos mayores sean social y económicamente activos; y que estén protegidos para envejecer de forma sana.
En efecto, este grupo social ha contribuido y sigue contribuyendo de distintas maneras al desarrollo económico y social pero, desafortunadamente, se le sigue discriminando, lo que es necesario prevenir y evitar.
En la actualidad, viven en el mundo casi 700 millones de personas de sesenta años o más y se espera que en el año 2050 se alcanzará la cifra de 2,000 millones, esto es, más del 20% de la población mundial.
En México, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen 10.9 millones de personas adultas mayores en el país, de las cuales; 6 millones de hogares tienen un adulto mayor como jefe de familia; 2.7 millones de hogares están compuestos por el adulto mayor como jefe de familia; 2.2 millones de hogares están compuestos por el adulto mayor, sus padres o hijos y otros parientes.
Un dato muy importante de la estadística advierte que un millón de hogares están habitados por personas adultas mayores que viven en soledad. Dato que demuestra lo que hemos reiterado: no todas las personas adultas mayores son abuelos, ni todos los abuelos son personas adultas mayores.
Es por ello la importancia de que la fecha establecida para la conmemoración del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores sea respetada tal cual para los fines para los que fue instituida.
Finalmente, una manera de asegurar la plena participación e integración de las personas adultas mayores en el conglomerado social, sin exclusiones ni discriminaciones, es el fomento y la difusión de campañas de información y promoción de sus derechos; de sus derechos humanos fundamentales; y, el reconocimiento y concientización de todos en cuanto a su integridad, su dignidad y dignificación, su derecho a una vida libre de violencia, a no sufrir abandono, y al disfrute pleno de sus derechos sin discriminación, su derecho a la salud, la alimentación, la educación, la asistencia social y otros servicios, a la certeza y protección jurídica, al trabajo y también a vivir en el seno de la familia sin exclusiones ni rechazo.
Es por todo lo antes expresado la importancia de que el día 28 de agosto de cada año, sea difundida y promovida la ya institucionalizada celebración del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, con esa terminología que involucra a todos y a todas las personas de sesenta años o más.
Sin soslayar que esa fecha fue establecida e instituida para la conmemoración del Día Nacional del Adulto Mayor y que ahora proponemos que la denominación se complemente para ser acorde y congruente con la terminología que deviene del ordenamiento legal vigente que se titula: Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
No omitimos manifestar que, no estamos en contra de que se celebre el día del abuelo y de las abuelas. Consideramos que puede y debe seguirse celebrando, pero en una fecha distinta, por todas las razones y consideraciones que anteceden, reiterando que no todas las personas adultas mayores son abuelos o abuelas, ni todos los abuelos y abuelas son personas adultas mayores.
Por lo tanto, y considerando que el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que el pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso, a través de puntos de acuerdo que representen la posición de esta soberanía, en relación con algún punto de interés nacional o sus relaciones con los otros poderes de la federación, organismos públicos, entidades federativas o municipios, lo que cumple cabalmente la proposición de la suscrita, es por lo que, respetuosamente solicito la aprobación de esta soberanía.
Por lo antes expuesto someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Desarrollo Social, del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a fin de que promuevan y difundan que el día 28 de agosto de cada año, está establecida e instituida en México, la celebración del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Desarrollo Social, del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a fin de que promuevan el establecimiento e institucionalización del día del abuelo y de la abuela, en una fecha distinta de la correspondiente a la celebración instituida para las personas adultas mayores.
Notas
http://www.presidencia.gob.mx/dia-del-abuelo-en-mexico/
http://www.cuandoo.com/dia-de-los-abuelos-en-mexico-2100 .html
http://www.ntn24.com/noticia/onu-resalta-importancia-de- adultos-mayores-en-el-dia-internacional-de-las-personas-de-edad-27211
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3556518.htm
http://www.diariopresente.com.mx/section/acervo/115714/2 8-agosto-dia-abuelo-mexico/
http://www.provincia.com.mx/28-de-agosto-dia-del-adulto- mayor-y-dia-del-abuelo-en-mexico/
http://www.diarionorte.com/article/112426/los-adultos-ma yores-y-su-calidad-de-vida
http://www.ppn.com.py/html/noticias/noticia-ver.asp?id=1 16192&desc=Los-adultos-mayores-estamos-mas-que-vivos-afirman-en-su- dia
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/45/106
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/28_de_agosto_Dia_Naci onal_del_Adulto_Mayor
http://www.caritas-mexico.org.mx/quienes-somos/caritas-c iudad-de-mexico/123-caritas-ciudad-de-mexico/342-agosto-mes-del-adulto- mayor.html
http://iieg.gob.mx/contenido/PoblacionVivienda/CoepopdfN ota201315Adultomayor.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2014.
Diputada Elvia María Pérez Escalante (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a establecer por el SAT un instrumento de excepción en el régimen de incorporación fiscal respecto a pequeños comercios, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal Marcos Aguilar Vega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo solicitando la aplicación de un caso de excepción del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado mes de octubre de 2013, la Cámara de Diputados a través de partidos como el PRI, el PRD y sus aliados, aprobó a propuesta del Ejecutivo federal diversas modificaciones a las leyes fiscales. Entre ellas, se aprobaron reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) con el propósito de crear el denominado Régimen de Incorporación Fiscal (RIF).
Dentro de esta nueva Ley del ISR destacan, entre otras de no menor importancia, las siguientes modificaciones:
1. Se eliminó el Régimen Intermedio y del Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos) y
2. Se establece como un nuevo Régimen denominado de Incorporación Fiscal quedando establecido en el Título IV, Capítulo II, Sección II de la citada Ley.
3. Se establecen nuevos requisitos de tributación para quienes se adhieran al régimen de incorporación como es entregar a sus clientes comprobantes fiscales por sus ventas o prestaciones de servicios, debiendo expedir dichos comprobantes utilizando la herramienta electrónica de servicio de generación de factura electrónica que se encuentra en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
4. También, se establece la obligación de que los contribuyentes registren sus ingresos, sus gastos, sus inversiones así como sus deducciones.
5. Pagar con una tarjeta de débito, crédito, de servicios o un cheque a nombre del contribuyente para poder deducir gastos mayores a 2,000 pesos, por citar algunas.
Es importante recordar que el Régimen de Pequeños Contribuyentes fue pensado como un mecanismo fiscal que combatiera los altos niveles de informalidad que existen en nuestro país.
Dicho régimen estaba dirigido a personas físicas con actividades empresariales que tuvieran baja capacidad de ingresos. Por ello, la ley les permitía una simplificación administrativa que consistía en no llevar una contabilidad formal, ni tener como obligación la expedición de comprobantes con requisitos fiscales siempre y cuando atendieran a requisitos específicos como no tener ingresos que excedieran los 2 millones de pesos anuales.
La exposición de motivos de la miscelánea fiscal enviada por el Ejecutivo federal, señalaba que una de las razones que daban origen al RIF era la reducción de la economía informal.
Nada más alejado de la realidad, pues no obstante, algunos expertos señalan que con las reformas aplicables a partir del presente año, el pequeño comercio no resistirá el cambio de régimen lo que generará en el corto y mediano plazo una mayor informalidad, lo que supone un objetivo contrario a lo planteado en la reforma.
La reforma en materia de Repecos es contradictoria pues ante lo complejo que resulta hoy en día tributar bajo el RIF, muchos han optado por cerrar sus negocios o simplemente no pagar impuestos y contribuir aún más al comercio informal.
En México, existen más de un millón de tienditas de abarrotes de las que dependen 5 millones de mexicanos. Sin embargo, desde el inicio del presente año la aplicación del nuevo régimen de incorporación generó una caída en las ventas de estos comercios hasta en un 25%. En suma, el nuevo régimen representa más una amenaza que una alternativa fiscal que les genere beneficios.
Resulta importante señalar que de alguna forma los Repecos ya eran considerados dentro de la economía formal y, por lo tanto, no había motivo sólido para justificar su traslado obligatorio y arbitrario a nuevo régimen. ¿Por qué trasladar al Régimen de Incorporación Fiscal, al comercio ya formal que ya paga impuestos, pero además complicar una vez más el cumplimiento de sus obligaciones?
Ahora con el RIF, es necesario que los contribuyentes registren sus operaciones contables en sistemas electrónicos especializados, presenten declaraciones electrónicas y que ciertos gastos sean pagados a través de cheques, transferencia electrónica de fondos o monederos electrónicos.
Esto significa que el pequeño comercio deba actualizarse y tener un software contable que posiblemente vale mucho más de lo que mensualmente puede ingresar por ventas durante un mes en dichos comercios, además de que la norma vigente aplicable en materia fiscal supone que el dueño de un pequeño negocio sabe hacer uso de la tecnología, de los sistemas electrónicos contables y que cuenta con internet.
El nuevo régimen del RIF ha generado una serie de complicaciones al pequeño comerciante porque dificulta el pago de sus impuestos, pero además genera incertidumbre jurídica y una mayor informalidad como resultado de que muchos comerciantes no cuentan con las capacidades necesarias para cumplir con las obligaciones del nuevo régimen.
La realidad que vive el pequeño comercio es mucho más sencilla de lo que supone la aplicación de las leyes fiscales. La contabilidad del pequeño comercio es una contabilidad básica, que no requiere sistemas contables electrónicos, por lo tanto, es importante que el Gobierno Federal entienda que el pequeño comercio requiere de registros contables simplificados que no sólo les permita mantenerse en la formalidad, sino también hacer accesible el pago de sus impuestos.
Por esta razón, en Acción Nacional hemos sido contundentes en señalar que la reforma propuesta en materia del Régimen de Pequeños Contribuyentes, lesiona gravemente al pequeño comercio y con ello, a una gran parte de la economía mexicana en su totalidad.
Hoy, los efectos son palpables. Durante el primer semestre del año, la inversión se redujo en 60% con respecto al año pasado y nuestra economía no ha sido capaz de crecer por arriba del 2% del PIB como resultado no sólo por la mayor carga fiscal que existe en nuestro país, sino también por la complejidad que suponen las leyes fiscales para poder realizar el pago de impuestos.
En este contexto, resulta fundamental atender a este sector de la población que contribuye a la dinámica económica del país. Es primordial que tanto el Congreso de la Unión como el Ejecutivo Federal atiendan a las demandas del pequeño comercio y se pueda establecer de forma inmediata un esquema de administración tributaria especial para el régimen de pequeños contribuyentes.
Sólo así podremos proteger a un sector importante de nuestra economía y consolidar mediante mejores mecanismos, el comercio formal, generando en consecuencia mayores ingresos para la Federación y más inversión para el desarrollo.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta Honorable sobraría la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria para que a través de los mecanismos legales, establezca un mecanismo de excepción en la aplicación del Régimen de Incorporación Fiscal cuando se trate de pequeños comercios y estos puedan continuar tributando bajo los requisitos contables establecidos en el antiguo Régimen de Pequeños Contribuyentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de diciembre de 2014.
Diputado Marcos Aguilar Vega (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno a realizar los trabajos necesarios para que se dé la transición planteada por el Ejecutivo federal en materia de combate de la corrupción, a cargo del diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, Arturo Escobar y Vega, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Resulta necesario empezar por definir qué es la corrupción; para la organización no gubernamental Transparency International, significa cualquier abuso con fines de lucro personal de un poder delegado.
De dicho concepto resulta fácil responsabilizar a la clase política, pues no podemos pasar por alto que estamos ante una manifestación de debilidad institucional; sin embargo, debemos aclarar que dicha percepción no es por completo correcta, pues por ejemplo también estamos ante un acto de corrupción cuando un tercero intenta influir en el proceso de toma de decisiones sin que ello le corresponda.
Ello implica que no sólo es corrupto el político que se vende a intereses particulares o al crimen organizado; o el juez que acepta un incentivo económico para modificar una resolución; también lo es aquel individuo que, para evitar una multa, ofrece un incentivo económico comúnmente conocido como una mordida.
Efectivamente la corrupción es un problema generalizado, por su parte las instituciones carecen de reglas claras y nula práctica en la exigencia de transparencia y rendición de cuentas; así también debemos poner especial atención al elemento cultural, pues estamos acostumbrados a padecerla, pero no a combatirla.
Hoy en día es por demás cotidiano enfrentarnos a notas sobre la corrupción en nuestro país, situación que automáticamente produce malestar y una percepción totalmente negativa de las autoridades e instituciones.
Al respecto, datos aportados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), señalan que de los 34 países integrantes, nuestro país obtuvo la peor calificación en el “Índice de Percepción de Corrupción 2014”, el cual es elaborado por la Organización Transparencia Internacional para medir las percepciones sobre el grado de corrupción, situándolo por debajo de Chile y Brasil .
Ante dicha situación, resulta indispensable y urgente definir las líneas de acción que permitan combatirla, para ello, además de reconocer los factores que la propician, se debe asumir la responsabilidad de cada uno para de esta forma planear acciones integrales que incluyan la participación ciudadana.
Para ello, en días pasados se presentó la propuesta para crear un Sistema Nacional Anticorrupción basado en seis ejes cuya finalidad entre otras, es crear un Consejo Nacional para la Ética Pública y un Comité de Participación Ciudadana, a través del fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública, la ampliación de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Si bien, dicha iniciativa muestra claramente el interés por trabajar en el combate y erradicación de la corrupción, lo cierto es que la misma no es más que un giro a la ya existente propuesta de anticorrupción planteada por el Presidente de la República, quien en atención a la actual situación por la que atraviesa nuestro país, reafirmó dicha propuesta el pasado 27 de noviembre.
En su discurso, el presidente Enrique Peña Nieto, enfatizó que sólo a través del Estado de derecho podemos superar los retos de la inseguridad, la corrupción y la impunidad, y para ello exhortó al Congreso de la Unión para que apruebe diversas leyes y reformas para el combate a la corrupción; asimismo, expresó su respaldo al referido Sistema Nacional Anticorrupción que actualmente se encuentra en discusión.
Dentro de las aportaciones que beneficiará la creación de dicho sistema, se encuentran, como ya se ha hecho mención, el fortalecimiento a la Auditoría Superior de la Federación, la creación de un fiscal de anticorrupción para sancionar penalmente y un tribunal imparcial que impondrá sanciones administrativas.
Así también, manifestó que se impulsarán mecanismos ágiles que permitan a la ciudadanía denunciar actos de corrupción y sanciones más severas para quienes la cometan.
Sumado a lo anterior, manifestó su respaldo a la Ley Reglamentaria de la Reforma Constitucional en Materia de Transparencia y conminó a esta Cámara para que se apruebe la reforma de la Ley de Obras Públicas y Servicios, con los que se asegurará que los recursos destinados se administren con mayor eficiencia, transparencia y honradez, con apego a las mejores prácticas internacionales.
Sin duda, dichas medidas son el medio idóneo para iniciar la ardua labor de combate a unos de los problemas que más atenta contra la estabilidad y calidad de vida de nuestra sociedad.
Es un hecho que la participación ciudadana es indispensable, y ello claramente logrará abrir nuevas posibilidades en la inclusión integral para el combate a la corrupción.
Por ello, se debe dejar de lado las demagogias y promesas, el cambio es responsabilidad de todos, gobierno y ciudadanía, haciendo lo que le corresponde y evitando conductas que fomenten la corrupción, atendamos al lema del 2014 para la conmemoración de este Día Internacional y rompamos la cadena de la Corrupción, asumamos nuestra responsabilidad y preparémonos para ser cada día mejores personas y, por ende, mejores ciudadanos, en un país que nos necesita más que nunca.
En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno a efecto de que realicen los trabajos necesarios para que se de la transición planteada por el Ejecutivo federal en materia de combate a la corrupción.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de diciembre de 2014.
Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para investigar y perseguir el asesinato de Érika Cassandra Bravo Caro, ocurrido en Uruapan, Michoacán, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado miércoles 3 de diciembre, Érika Cassandra Bravo Caro, enfermera de 19 años, fue reportada como desaparecida por sus familiares, quienes mencionaron que la joven vestía pantalón, filipina y zapatos blancos (como parte de su uniforme) cuando salió de casa, situada en Uruapan, Michoacán. Sin embargo, los primeros reportes, indican que no llegó a su lugar de trabajo, razón por la que, a través de redes sociales y medios locales, se comenzó a solicitar ayuda a la ciudadanía para localizarla.1
De manera lamentable, tres días después, se dio a conocer la noticia de que Érika Cassandra Bravo Caro “fue hallada muerta la mañana de este sábado con el rostro desollado y lesiones de arma blanca en el pecho, a una orilla de la carretera Uruapan-Los Reyes, Michoacán”,2 hecho que conmocionó a miles de personas, quienes han expresado su indignación y se han sumado al llamado de justicia que, desde las redes sociales y su congregación en las calles, se ha convertido en la exigencia de toda una nación que día con día presencia la forma en que y, por diferentes vías, se criminaliza, reprime, desaparece o asesina a las juventudes mexicanas; a quienes se les ha negado derechos y oportunidades de contar con un presente y un futuro promisorio.
En el mismo sentido, el Colegio de Enfermeras se ha expresado y, a través de un comunicado, indicó:
Ante los hechos, las catorce delegaciones del Colegio de Enfermeras Michoacano exigen el esclarecimiento del asesinato de nuestra compañera Érika Casandra Bravo Caro, demandamos a Salvador Jara Guerrero, gobernador de Michoacán; Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad de Michoacán y a los responsables de la seguridad en el estado se castigue enérgicamente a quien resulte responsable. La comunidad de enfermeras en Michoacán hacemos evidente nuestra preocupación por la integridad y seguridad del gremio, porque todo indica que es un riesgo portar el uniforme.3
También, a través de redes sociales se convocó para el pasado domingo, a una primera marcha en Uruapan, a fin de exigir justicia y castigo para los responsables del asesinato de la joven enfermera.
Como se aprecia, las personas jóvenes viven con mayor afectación la grave situación del país y los agravios por parte del gobierno mexicano en contra de este sector de la población, estimado en casi 40 millones de mexicanas y mexicanos; ejemplo de ello son los casos como el de Tlatlaya, en el Estado de México; el de los normalistas de Iguala, Guerrero, que en fechas recientes ha consternado a millones de personas a nivel internacional o, incluso, las detenciones arbitrarias de decenas de jóvenes que, por participar en las diversas manifestaciones y actos de protesta en la Ciudad de México, se les ha querido imputar delitos graves con la finalidad de infundir el miedo y disminuir el número de voces que salen a las calles a manifestar su descontento por la lastimosa situación que se vive en el país.
Ser joven no debe de ninguna manera representar un riesgo; al contrario, ser joven conlleva derechos y obligaciones por las que el Estado mexicano debe velar para que, al brindar las oportunidades que permitan contar con una vida digna, se cumplan en sentido estricto.
El caso de Érika Cassandra Bravo Caro, joven asesinada y víctima de un Estado discrecional e instituciones fallidas, no puede quedar impune; se debe investigar y perseguir conforme a lo dictado en la ley. Por ello, y comprendiendo la magra situación del país y de un estado como Michoacán, presentamos a esta asamblea el siguiente resolutivo con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a Salvador Jara Guerrero, gobernador de Michoacán; Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán; y José Martín Godoy Castro, procurador general de Justicia de Michoacán, a investigar y perseguir el asesinato de Érika Cassandra Bravo Caro, ocurrido en Uruapan, garantizando la pronta y expedita impartición de justicia.
Notas
1 La Voz de Michoacán, “Solicitan ayuda para localizar a joven desaparecida en Uruapan” [en línea], México. Dirección URL: http://www.lavozdemichoacan.com.mx/184368/solicitan-ayuda-para-localiza r-a-joven-desaparecida-en-uruapan/
2 Sin Embargo, “Érika, desaparecida desde el miércoles, es hallada con el rostro desollado en carretera de Uruapan” [en línea], México. Dirección URL: http://www.sinembargo.mx/06-12-2014/1187133
3 Quadratin, Agencia Mexicana de Información y Análisis, “Exige Colegio de Enfermeras el esclarecimiento de crimen de su compañera” [en línea], México. Dirección URL: http://www.quadratin.com.mx/principal/Exige-Colegio-de-Enfermeras-escla recimiento-de-su-companera-asesinada/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2014.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se condena el asesinato de José Manuel Herrero Arandia y su esposa, María Cristina Carvajal Argudín; y se exhorta a las autoridades correspondientes a dar celeridad a las investigaciones que permitan esclarecer el caso y dar con los responsables, a cargo de la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, María del Carmen García de la Cadena Romero, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se condena el asesinato de José Manuel Herrero Arandia y su esposa María Cristina Carvajal Argudín, y se exhorta a las autoridades correspondientes a que den celeridad a las investigaciones que permitan esclarecer el caso y dar con los responsables, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
El pasado sábado 6 de diciembre del año en curso, José Manuel Herrero Arandia, de 59 años de edad, hermano del ex alcalde de Tehuacán Fernando Herrera Arandia, junto con su esposa Cristina Carvajal de 53 años de edad, fueron víctimas de la delincuencia que se sufre en Tehuacán, Puebla, al ser asesinados por la noche a balazos durante el alto de semáforo.
José Manuel Herrero Arandia era empresario del ramo de la construcción, fue promotor de diversas causas sociales, presidente del Club Rotario Tehuacán Manantiales así como gobernador Rotario del distrito 4180 en Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala de 2004 a 2005.
De acuerdo con datos obtenidos por Central, el matrimonio se retiró antes de las 20:00 horas de una reunión familiar en un vehículo marca Volvo, azul marino, modelo 2007, con placas 354UXY del Distrito Federal, de la hacienda La Huerta, sobre la calle Adolfo López Mateos esquina con 10 norte-sur.1
Testigos afirman que al llegar al semáforo se detuvieron cuando fue sorprendido del lado del copiloto por un automóvil Neón, color gris, quienes accionaron sus armas en ocho ocasiones, ocasionando la muerte de ambos.2
Posterior al asesinato, en cuanto se tuvo conocimiento de los hechos, se implementó un operativo en el que participaron las Policías Ministerial, Estatal Preventiva, Federal y el Ejército Mexicano.3
Es lamentable la ola de violencia que estamos sufriendo en nuestro país, y más lamentable aún que se convierta en algo rutinario, no podemos permitir que sigan ocurriendo este tipo de situaciones y sobre todo que cobre vida de personas inocentes.
Conocí a ambos, eran personas buenas, trabajadoras, respetables y muy queridas no solo por mí, sino también por todo Tehuacán.
Es necesario que se resuelva el caso, que se haga justicia, por lo que solicito respetuosamente se agote hasta el último recurso a fin de que se encuentre a los culpables, se aclaren los hechos, pero sobre todo que no quede impune este hecho tan lamentable.
En virtud de lo aquí expuesto, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados condena enérgicamente el asesinato de José Manuel Herrero Arandia y su esposa María Cristina Carvajal Argudín, y exhorta a las autoridades correspondientes a que den celeridad a las investigaciones y agoten todos los recursos que permitan esclarecer el caso y dar con los responsables, a fin de que este lamentable suceso no quede impune.
Notas
1 http://www.periodicocentral.mx/2014/nota-roja/ejecutan-a-hermano-de-ex- senador-panista-en-tehuacan
2 http://www.municipiospuebla.com.mx/nota/2014-12-06/tehuac%C3%A1n/ejecut an-hermano-de-ex-senador-y-esposa-en-tehuac%C3%A1n
3 http://www.municipiospuebla.com.mx/nota/2014-12-06/tehuac%C3%A1n/ejecut an-hermano-de-ex-senador-y-esposa-en-tehuac%C3%A1n
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre del 2014.
Diputada María del Carmen García de la Cadena Romero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía reconoce las acciones realizadas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en materia de infraestructura aérea, en especial la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Enrique Aubry de Castro Palomino, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Las comunicaciones y el transporte constituyen en la actualidad un medio fundamental para alcanzar un desarrollo económico sostenido, debido a que en un mundo globalizado como el actual, la interconectividad y la interdependencia son factores esenciales para lograr un grado importante de competitividad.
Dicho lo anterior las Naciones Unidas trabajan cotidianamente para regular y reglamentar el transporte aéreo con la finalidad de conseguir que este rubro cuente con mayor coordinación, seguridad y eficiencia.
Con este fin fue creada la Organización de Aviación Civil Internacional, la cual tiene la misión de alentar el diseño y funcionamiento de aeronaves civiles, además de prestar apoyo para el establecimiento de corredores aéreos, aeropuertos y servicios de navegación aérea.
La anterior se logra mediante la estandarización y aprobación de las normas internacionales y recomendaciones relacionadas con el diseño y funcionamiento de las aeronaves y de gran parte de su equipo, al trabajo de los pilotos, las tripulaciones, los controladores aéreos, el personal de tierra, incluido el de mantenimiento, y a los requisitos y procedimientos de seguridad en los aeropuertos internacionales.
También es responsable de la elaboración de los mapas aeronáuticos, de los sistemas de telecomunicación de las aeronaves, las radiofrecuencias y los procedimientos de seguridad, además de facilitar el movimiento de aeronaves, pasajeros, tripulantes, equipaje, carga y correspondencia a través de fronteras internacionales mediante actividades de normalización de los tramites, aduanas, inmigración y salud pública, entre otros.
Dada la importancia de la Organización de Aviación Civil Aeronáutica, el 7 de diciembre 1994 se instituyo el Día Internacional de la Aviación Civil, para conmemorar el 50° aniversario de la firma del Convenio sobre Aviación Civil Internacional y la Carta de la OACI en 1944 con la finalidad de promover el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional en el mundo entero.
No podemos obviar que el transporte aéreo es una industria innovadora que nos conduce al progreso económico y social, mediante la aviación civil se conectan personas, países y culturas, además de garantizar el acceso a mercados globales y contribuir a una mayor generación de comercio y turismo.
Aun en pleno siglo XXI, el despegue de una gigantesca aeronave a reacción sigue despertando en nosotros admiración y asombro, de igual manera también los aviones provocan en nosotros sueños de visitar territorios lejanos o de emprender viajes con la finalidad de visitar a familiares y amigos.
Embelesados por la magia de volar pocas veces nos ponemos a pensar en los enormes beneficios que el transporte aéreo aporta al bienestar económico de millones de personas en todo el mundo.
Según la Organización de Aviación Civil Internacional alrededor de 3.100 millones de pasajeros utilizaron la red de transporte aéreo mundial para satisfacer sus necesidades comerciales y de turismo en 2013. Esta cifra anual de pasajeros aumentó en un 5% comparado con 2012 y se espera que alcance más de 6.400 millones para 2030, de acuerdo con las proyecciones actuales.
En lo que respecta a la carga aérea, el tráfico expresado en toneladas-kilómetros de carga, experimento un ascenso de cerca de 1%, es decir, aproximadamente 51 millones de toneladas de carga transportada.
Por otro lado, el transporte aéreo es indispensable para el turismo, el cual es un motor importante para las economías, en especial para las economías en desarrollo, más del 40% del turismo viaja actualmente por aire.
Aproximadamente entre 2.000 y 2.500 aerolíneas en todo el mundo operan una flota de 23.000 aviones, sirviendo 3.750 aeropuertos a través de una red de muchos kilómetros de aerorutas manejadas por alrededor de 160 proveedores de servicios de navegación aérea.
En México, según cifras de la OACI, los pasajeros aéreos transportados tanto en las aeronaves domesticas como en las internacionales, en el periodo 2010-2014 llego a los 39 millones de personas.
A pasar de la gran cantidad de pasajeros que utilizan el transporte aéreo en nuestro país, solo se cuenta con 78 aeropuertos, de estos únicamente 17 aeropuertos manejan el 86% de los pasajeros.
Lo anterior nos demuestra que la capacidad de algunos aeropuertos nacionales se ha visto claramente rebasada, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México transporta a 34% del total de pasajeros y mueve el 54% de la carga total en el país. A pesar de la creación de la Terminal 2, la capacidad del AICM es insuficiente para enfrentar los retos del siglo XXI.
Por ejemplo, el actual aeropuerto no permite despegues y aterrizajes simultáneos y tiene solo 56 posiciones de contacto fijas mientras que los aeropuertos con mayor movimiento tienen más de 100, lo cual es inaceptable.
Para hacer frente a esta situación el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto presentó el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el cual en un inicio tendrá una inversión de 169 mil millones de pesos, además de que será el primer aeropuerto fuera de Europa con una huella ambiental neutra y tendrá la capacidad de transportar a 120 millones de personas al año, cuatro veces superior a la capacidad del actual aeropuerto.
No cabe la menor duda que el transporte aéreo tendrá en el futuro un papel vital en las relaciones económicas de los países, por lo tanto es menester de nuestros gobiernos dar los pasos necesarios para estar a la altura de las naciones más avanzadas con el claro objetivo de no perder competitividad.
En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades correspondientes a brindar todas las facilidades para la construcción del nuevo aeropuerto internacional, y reconoce las acciones que ha hecho el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en materia de infraestructura aérea, en especial la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, esto sin duda alguna nos posicionará como un país vanguardista y representará un gran impulso para el sector económico de la región del Valle de México.
Dado a los 9 días del mes de diciembre del 2014.
Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del GDF y a la PGJDF a emprender diversas acciones relacionadas con la actuación policial del 8 y 20 de noviembre en las movilizaciones realizadas en la Ciudad de México, así como a hacer públicos los pormenores de la renuncia del ahora ex secretario de Seguridad Pública local, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta ante la Cámara de Diputados proposición con puntos de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
En virtud de que la presunción de inocencia es universal, la detención de personas en espera de juicio también debería ser excepcional. Sin embargo, en muchos países se viola el principio según el cual la prisión preventiva debería emplearse con moderación, como último recurso.
Una de cada tres personas encarceladas no ha sido declarada culpable de ningún delito. En algunas regiones del mundo, el número de personas en prisión preventiva supera al de los prisioneros sentenciados. Al momento, 3.3 millones de personas se encuentran recluidas en prisión preventiva en todo el mundo (Martin Scho?nteich, 2014. “Presunción de culpabilidad: el uso excesivo de la prisión provisional a nivel mundial”, en Criminal Justice Program de Open Society Justice Iniciative). Ésta es una estimación conservadora porque los datos oficiales ignoran a las decenas de miles de personas detenidas en dependencias policiales.
La reducción del número de personas en prisión preventiva podría resolver la el problema de sobrepoblación de los centros penitenciarios, limitar la transmisión de enfermedades, reducir la pobreza e incentivar el desarrollo.
A lo largo de un año cualquiera, aproximadamente 15 millones de personas son ingresadas a prisión preventiva. Algunas de las cuales son detenidas por pocos días o semanas, pero muchas de ellas permanecen en prisión durante meses e incluso años a la espera sentencia. En el caso de América Latina las personas en prisión preventiva ya superan 40 por ciento de la población carcelaria total y pueden pasar años esperando su juicio.
En cuanto al perfil de dichas personas, la mayoría son hombres jóvenes y pobres que no pueden pagar una fianza, un abogado, ni un soborno, mientras que, en cambio, son confinados a la dinámica extorsiva de las prisiones, donde deben pagar por obtener comida, agua e incluso por el derecho de que su familia los pueda visitar.
En México, un fenómeno reciente está agravando esta situación. La obligación del Estado de detener a las personas que cometen delitos al amparo de las marchas está siendo utilizada como excusa para agredir a la población en general, por el simple hecho de ejercer el derecho a la manifestación.
A raíz del asesinato de 6 personas, y la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, miles de personas han manifestado de manera pacífica y pública la exigencia de que sean encontrados, tanto en la capital del país como en importantes ciudades de la república y el resto del mundo.
Sin embargo, en la Ciudad de México, en el marco de dichas movilizaciones se han cometido actos de excesivo uso de la fuerza pública contra manifestantes, actos que han llegado al extremo de presentar a los detenidas ante instancias federales, lo que ha llevado a su traslado a penales federales de máxima seguridad, o a diversos reclusorios de la Ciudad de México.
El primer caso se dio el sábado 8 de noviembre del año en curso, cuando se detuvo de manera arbitraria a 2 mujeres y 16 hombres, sin que dicha detención fuera realizada en flagrancia o por hechos que de manera contundente les involucrara en actos de violencia.
La policía federal y la del gobierno del Distrito Federal no acreditaron las detenciones, por lo que hasta el momento siguen consideradas arbitrarias y violatorias de derechos humanos, pues no se les puso de manera inmediata a disposición de la autoridad ministerial, sino hasta después de cuatro horas, y durante ese tiempo algunos fueron sometidos a múltiples actos de violencia que les causaron lesiones.
En este hecho, la Procuraduría General de la República aún debe responder por las violaciones de derechos humanos cometidas por no proporcionar información inmediata del paradero de los jóvenes cuando ya se encontraban bajo su custodia en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), así como negarles el derecho que les asiste a una llamada telefónica, lo que no ocurrió hasta las 11 de la mañana del domingo 9 de noviembre, obstaculizando en todo momento la defensa adecuada de las personas detenidas.
Estas personas fueron liberadas, pero sus expedientes no fueron cerrados, a pesar de que la autoridad no pudo comprobar en ningún momento sus dichos, ni los supuestos daños a monumentos públicos por los que fueron detenidos.
Otro caso similar en procedimientos, pero con un desenlace aún más grave fue el acontecido la noche del 20 de noviembre, en el marco de otra movilización realizada en la Ciudad de México por la aparición de los 43 estudiantes normalistas.
En dicha protesta, elementos de la Corporación de Granaderos del Distrito Federal y de la Policía Federal realizaron diversos operativos que derivaron en la detención arbitraria con uso excesivo de la fuerza contra 11 personas (3 mujeres y 8 hombres), quienes fueron trasladadas a las instalaciones de la SEIDO que forma parte de la Procuraduría General de la República y posteriormente consignadas ante el juez décimo séptimo de distrito, con sede en Xalapa, Veracruz, y trasladadas a centros federales de readaptación social por su probable responsabilidad en la comisión de delitos de asociación delictuosa, tentativa de homicidio y motín.
El 22 de noviembre, la defensa de los acusados, encabezada por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, AC, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC, Equifonía, AC, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, AC, Cauce Ciudadano, AC, y Unión para la Defensa de la Vivienda, AC, quienes asumieron la defensa de 7 de los 11 procesados, solicitaron la ampliación del término constitucional a fin de estar en condiciones de preparar una adecuada defensa, a la vez que requirió la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para la aplicación del Protocolo de Estambul para descartar la comisión de actos de tortura en contra de los detenidos durante su detención, estancia en la SEIDO y el traslado a los penales de máxima seguridad.
Las acusaciones se encontraban sustentadas en las declaraciones de cinco policías federales quienes declararon haber detenido en flagrancia a once personas. El Ministerio Público sostuvo que una de estas personas jaló de entre los miembros del destacamento a un policía, golpeándolo mientras incitaba a otros a causarle daño.
La acusación de las personas detenidas se basó sólo en la declaración de los 5 policías y el hecho de que varias de las 11 personas confesaron haber estado en la marcha.
Hasta el momento de la consignación, las lesiones del policía agredido no fueron certificadas y no había rastros de los petardos, piedras y palos supuestamente utilizados, pues al intentar recuperar esta evidencia la plancha del zócalo ya había sido limpiada. En ninguno de los detenidos se encontraron rastros de explosivo o detonación alguna.
Sin embargo, no sólo se estableció que esas 11 personas participaron en los supuestos hechos sino que se concluyó que lo hicieron con la intención de quitar la vida al policía. Esto, con base en que de acuerdo con el Ministerio Público, dichas personas gritaban consignas como “muera Peña”, “muera el PRI” y “mueran las instituciones”.
Los policías afirman haber escuchado que la persona que jaló al policía gritó “vamos a matar a ese pinche perro”. La tentativa de homicidio –razona la autoridad– también se configura dado que toda persona sabe que un mal golpe en la cabeza puede causar la muerte.
Adicionalmente, la autoridad concluye que estas personas estaban organizadas en una asociación delictuosa, justificando este hecho considerando como evidencia de la asociación delictuosa el hecho de que las personas detenidas, al hablar entre sí, se decían compa y compañeros.
Es sumamente preocupante la pobreza y escasez de evidencia que se utiliza para privar de la libertad a las personas que participan en movilizaciones de protesta, especialmente a aquellas que son jóvenes y estudiantes, personas que por son criminalizadas simplemente por su aspecto y su edad.
Múltiples testimonios, y evidencia fotográfica y videográfica exhiben acciones generalizadas de detenciones arbitrarias, que dan origen a procedimientos en los que se niega el libre acceso a una defensa en las primeras horas posteriores a las detenciones, mismas que son vitales para una defensa exitosa. Hasta después de que han sido consignadas y trasladadas a penales de máxima seguridad, o reclusorios locales, las personas detenidas no han podido ejercer de manera libre su derecho a una debida defensa, que en breve tiempo ha podido ofrecer los medios de prueba necesarios para desvirtuar las acusaciones de las personas detenidas.
En la Ciudad de México, la prisión preventiva se ha convertido en la opción por defecto del sistema de justicia penal, que además se ha integrado de manera preocupante con el sistema de justicia penal federal, que desde hace mucho tiempo adolece por esta misma causa. Pocos derechos que en teoría gozan de una aceptación tan amplia se transgreden en la práctica, de forma tan habitual, y el hecho de que esto suceda de manera sistemática en la capital del país es sumamente preocupante.
Hasta el momento, el gobierno del Distrito Federal y el federal no han emitido ninguna explicación pública relativa a quién diseñó los operativos en donde las personas antes mencionadas fueron detenidas, ni quién dio la orden de atacar a manifestantes.
Pese a este hecho, el 5 de diciembre Jesús Rodríguez Almeida, secretario de Seguridad Pública del DF, presentó su renuncia al cargo, según informó el jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Rodríguez Almeida felicitó a los policías a su cargo, tras su actuación en la manifestación del 20 de noviembre en el DF, pese a que había reportes de múltiples abusos por la corporación, los que han sido narrados.
En la más reciente marcha en la ciudad, por los estudiantes de Ayotzinapa el pasado 1 de diciembre, la policía no detuvo a ninguno de los encapuchados que causaron destrozos. Sin embargo, hay reportes de agresiones a ciudadanos, así como de un encapsulamiento por la policía, que no pasó a mayores gracias a la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Es preocupante que Rodríguez Almeida no fuera sometido a los debidos procedimientos administrativos y penales por abuso de autoridad, y su renuncia –fuera voluntaria o requerida– no debe ser motivo para que sea eximido de las responsabilidades en las que hubiera incurrido que como funcionario del gobierno de la Ciudad de México
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, a integrar y hacer público un documento en el que se detalle el nombre del funcionario o los funcionarios responsables del diseño y ejecución de los operativos del 8 y 20 de noviembre del presente año, así como el nombres del funcionario o los funcionarios que dieron la orden de atacar a los manifestantes pacíficos, particularmente a familias y niños.
Asimismo, que se haga pública la información relativa a los procesos administrativos y penales que hasta el momento se encuentren en proceso o concluidos contra servidores públicos que hayan participado en los actos policiales del 8 y 20 de noviembre.
Segundo. Se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, a hacer públicos los pormenores y motivos expuestos por Jesús Rodríguez Almeida en su carta de renuncia, a fin de que la sociedad conozca los elementos que motivaron a la renuncia del funcionario y sean considerados en el proceso de selección de la persona que ocupe el cargo.
Tercero. Se exhorta al procurador general de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Fernando Ríos Garza, a iniciar en el ámbito de sus facultades una investigación que dé cuenta de los protocolos de actuación de policías y personal de seguridad uniformados y vestidos de civil involucrados de manera directa en las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas durante las movilizaciones efectuadas el 8 y 20 de noviembre de 2014, así como en las detenciones realizadas en esas fechas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2014.
Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)