Proposiciones de urgente u obvia resolución

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incorporar en la cartilla nacional de vacunación un esquema de detección temprana de la insuficiencia renal crónica, a cargo de los diputados Abel Octavio Salgado Peña, Gabriel Gómez Michel, Leobardo Alcalá Padilla e Isaías Cortés Berumen, de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a considerar la pronta adquisición de una planta coquizadora para la refinería Ingeniero Antonio M. Amor y el traslado del área de llenado de autotanques fuera de la zona urbana de Salamanca, Guanajuato, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del PAN, y suscrita por integrantes de la Comisión Especial de prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica a investigar sobre las condiciones de competencia en el mercado agroalimentario, especialmente respecto a los productos básicos y estratégicos señalados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del PRD

Proposiciones

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Protección al Ambiente de Baja California a dar continuidad a la declaratoria de área natural protegida del humedal La Lagunita, en Ensenada, a cargo del diputado Ricardo Medina Fierro, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, relativo las agresiones realizadas contra dos regidoras en Tekantó, Yucatán, a cargo de la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Economía a transparentar por su sitio oficial de Internet lo relativo al Fideicomiso de Fomento Minero, desde su creación hasta la fecha, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a fortalecer las acciones relativas a proporcionar servicios de salud a la población, a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa y de la Conagua a elaborar estudios para definir acciones específicas sobre los esfuerzos dirigidos a alcanzar el aprovechamiento sustentable del agua de uso agropecuario, a cargo de la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INAH a establecer medidas para la protección, conservación y estudios de la zona arqueológica de Huapalcalco, a cargo de la diputada Emilse Miranda Munive, del Grupo Parlamentario del PRI

Efemérides

• Con motivo del 30 de abril, Día del Niño, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incorporar en la cartilla nacional de vacunación un esquema de detección temprana de la insuficiencia renal crónica, a cargo de los diputados Abel Octavio Salgado Peña, Gabriel Gómez Michel, Leobardo Alcalá Padilla e Isaías Cortés Berumen, de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PAN

Los suscritos, Abel Octavio Salgado Peña, Gabriel Gómez Michel y Leobardo Alcalá Padilla, diputados federales de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; así como del diputado Federal Isaías Cortés Berumen, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, Apartado 1, fracción I; así como en el artículo 79, Apartado 1, fracción II, Apartado 2, fracción I, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos presentar ante esta Soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Un estudio del Centro Nacional de Información para Decisiones en Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, señala que la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), se define como una pérdida lenta, progresiva e irreversible del filtrado en el riñón, totalmente asintomática en las etapas iniciales, por lo que el organismo pierde gradualmente la capacidad de filtrar las sustancias tóxicas de la sangre, originada por diversas causas.

Estas alteraciones pueden presentarse en las funciones digestivas, hematológicas, cardiovasculares, neurológicas y metabólicas. Si la función renal no se estabiliza, se produce una enfermedad renal terminal.

Luego de la aparición de los primeros síntomas, que generalmente se detectan cuando ya se encuentran en etapas muy avanzadas, (alrededor del 60%), de la Enfermedad Renal Crónica, le siguen las complicaciones propias del síndrome urémico, y se manifiesta mediante alteraciones.

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es un grave problema de salud pública, ya que 1 de cada 10 mexicanos sufre de algún nivel de lesión renal, generando un alto costo social y económico, en el que se estima que cada año son alrededor de 35,000 pacientes en todo el sistema de salud. La incidencia mundial promedio es de 300 a 400 nuevos casos por millón de habitantes por año, de estos el 20% son menores de 18 años.

Los principales factores de riesgo que influyen para presentar IRC, son prematurez y bajo peso al nacer (terapia intensiva, alimentación parenteral) infecciones urinarias de repetición, historia familiar de enfermedad renal, hipertensión arterial mal controlada, proteinuria persistente, hiperlipidemia, descontrol metabólico, hiperfosfatemia, sobrepeso y obesidad, procesos obstructivos, anemia, dieta hipocalórica e hipercolesterolemia. Además, la diabetes se constituye como la principal causa de Insuficiencia Renal (IR).

Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, la IRC es actualmente, la quinta causa de muerte general en México, y la tercera a nivel hospitalaria.

Junto con la hipertensión y la diabetes, la IRC es una enfermedad silenciosa, que por sus características, el costo de atención por paciente en unidades del sector salud, se encuentra en los 300 mil pesos al año.

Pero no es todo. Actualmente la IRC no es tratada por medio del seguro popular, situación que merma de manera significativa, la economía de las familias que tienen un paciente de estas características.

En septiembre de 2001 la administración del doctor Julio Frenk Mora, entonces Secretario de Salud, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Plan de Salud, en el que por primera vez se acepta que la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública que va en ascenso porque no se tiene la cultura de la prevención..

El método sencillo y no invasivo para detectar datos sugerentes de Insuficiencia Renal Crónica consiste en la realización de un examen general de orina, en el que se pueda observar la posible pérdida de proteínas, lesiones en el riñón, infecciones y demás anormalidades como por ejemplo, la presencia de albumina y cristales. El costo de este examen oscila entre los 40 a 50 pesos.

Otro método complementario para detectar IRC es mediante un examen en sangre llamado de química sanguínea, que arroje la predisposición a ésta y otras enfermedades. El costo de un examen de este tipo oscila en los 400 pesos.

Por tanto, por su importancia y costo, la prueba idónea para detectar tempranamente en los niños(as) manifestaciones de la IRC, es el examen general de orina, realizándolo a los 6 y 12 meses de edad en niños con factores de riesgo mencionados y continuar con un examen anual. Aquellos niños (as) sin factores de riesgo practicarlo a partir del año de edad.

Una vez detectado algún dato de alarma, se le otorgará al familiar asesoría médica para consolidar el diagnóstico y seguimiento del paciente e iniciar tempranamente, el tratamiento adecuado de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) para neutralizar el daño, acompañado de una dieta saludable, para evitar factores que puedan aumentar el daño renal.

Además de lo anterior, existen una serie de tratamientos sustitutivos y restitutivos de la función renal, con ventajas e inconvenientes, como por ejemplo, el más utilizado es la diálisis peritoneal intermitente o intrahospitalaria, diálisis peritoneal ambulatoria o diálisis en casa hemodiálisis. El tratamiento sustitutivo de la función renal es mediante el trasplante renal, principalmente. En estos casos el costo es alto, por los implementos a adquirir aunado a que es un gasto de manera permanente para subsistencia del paciente. El costo del trasplante renal definitivamente es muy costoso con el riesgo de que el cuerpo del paciente rechace el órgano donado.

Ahora bien, el examen general de orina que proponemos incorporar al esquema de la cartilla nacional de vacunación o como un tamizaje de detección de lesión renal temprana, ha sido un caso de éxito en otras naciones.

Japón incorporó a su sistema de salud a principios de la década de 1970, el análisis de orina para detectar la enfermedad renal, implementado para todos los trabajadores y niños en edad escolar. Esta política pública trajo consigo la reducción de gastos en tratamiento correctivo de IRC.

Primero, el Ministerio del Trabajo en Japón puso en marcha un programa de examen de salud obligatorio en todo el país que incluía los exámenes de química sanguínea y el general de orina. En 1974 el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura de Japón inició el programa obligatorio en las escuelas públicas, con los alumnos de 6 a 18 años.

Una de las principales estrategias en la implementación de esta política pública en el ámbito escolar, ha sido establecer un sistema de monitoreo para niños, en el que reciben un análisis de orina gratuito, en el programa de exámenes de salud escolar, o bien, lo podríamos solicitar a través de la institución escolar como un requisito a su ingreso y posteriormente solicitarlo de forma anual.

Si al niño le es detectada alguna alteración que en un futuro pueda transformarse en una IRC, es derivado al médico familiar que le corresponda, a efecto de iniciar un tratamiento oportuno con miras a devolver la funcionalidad en un 100 por ciento de sus riñones.

Para el caso de los trabajadores de Japón el análisis anual de orina es gratuito y de presentar alguna anomalía, son derivados a su médico familiar para iniciar el tratamiento que en la mayoría de los casos, es corregible.

Esta política pública tiene como consecuencia, que para el 2010 Japón sea el país con la menor incidencia de IRC en el mundo, con una tasa de 280 casos por millón de habitantes, Estados Unidos con 300 y México presenta más de 500 casos por millón de habitantes hasta el 2011.

Como consecuencia de esta política pública, en 1979 se redujo el gasto en tratamiento correctivo y para 1983 estaba incorporado a la cultura de salud de la ciudadanía de Japón.

Estimaciones de un estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que en 2010 habría unos 120 mil mexicanos con IRC, pero con la necesidad de recibir un trasplante de riñón.

A falta de datos precisos, en la actualidad se afirma que la IRC y otras enfermedades renales, como la nefritis o nefrosis, están entre las 10 principales causas de muerte en México.

Un comparativo del Sistema de Datos Renales de Estados Unidos señala, que la incidencia en México se había duplicado, al pasar de 200 en 2001, a más de 500 en 2011. Este dato se basa en reportes del estado de Jalisco, que la reporta como causa importante de morbi-mortalidad infantil, se incorporan entre 220 a 250 nuevos casos pediátricos en ERC por año, ocupando el onceavo lugar en el grupo de 1 a 4 años y el segundo en el de 10 a 19 años, que es la única entidad federativa que reporta a dicho Sistema norteamericano.

En el mundo, poco a poco la Insuficiencia Renal Crónica avanza como un problema de salud pública. Apenas en julio de 2013, la Organización Mundial de la Salud, hizo la correspondiente declaratoria de las comunidades agrícolas de El Salvador, y así de manera silenciosa, avanza la IRC sobre el humano.

Luego entonces, el objeto de esta proposición, es exhortar a la Secretaría de Salud, a que incorpore en la cartilla nacional de vacunación que se encuentra regulada en la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano, publicada el 28 de septiembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, el esquema correspondiente al examen general de orina, como método de detección temprana de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC).

Además, exhortamos a la Secretaría de Salud, a que incorpore la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), dentro del catálogo de enfermedades susceptibles de ser atendidas bajo el esquema del seguro popular.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, -con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, Apartado 2, Fracción III-, que este asunto sea considerado de urgente y obvia resolución para someterse a la consideración de esta honorable soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: Se exhorta a la Secretaría de Salud a que incorpore en la cartilla nacional de vacunación que se encuentra regulada en la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano, publicada el 28 de septiembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, el esquema correspondiente a la práctica de un examen general de orina, como método de detección temprana de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), a los 6 y 12 meses de edad, y posteriormente, una vez al año.

Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Salud, a que incorpore la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), dentro del catálogo de enfermedades susceptibles de ser atendidas bajo el esquema del seguro popular.

Bibliografía :

Médica Efectiva, Práctica. Volumen 2 – Número 6. Junio 2000. Centro Nacional de Información para Decisiones en Salud. Instituto Nacional de Salud Pública. Secretaría de Salud. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://bvs.insp.mx/articulos/1/13/v2n6.pdf

Diario Oficial de la Federación. Secretaría de Gobernación. Viernes 28 de septiembre de 2012. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5270654&fecha=28/09/2012

La enfermedad renal crónica problema de salud pública en México. Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Universidad de Guadalajara. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://www.cucs.udg.mx/principal/noticias/archivo-de-noticias/la-enferm edad-renal-cr-nica-problema-de-salud-p-blica-en-m-xico

Enfermedad renal crónica en las comunidades agrícolas en Centroamérica es un problema grave de salud pública. Organización Panamericana de la Salud. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://www.paho.org/hq../index.php?option=com_content&view=article&id=9062%3Akidney-disease-of-unknown-causes-in-agricultural-communit ies-in-central-america-is-declared-a-serious-public-health-problem& catid=740%3Anews-press-releases&Itemid=1926&lang=es

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los seis días del mes de marzo de dos mil catorce.

Diputados: Gabriel Gómez Michel, Abel Octavio Salgado Peña, Leobardo Alcalá Padilla, Isaías Cortés Berumen (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a considerar la pronta adquisición de una planta coquizadora para la refinería Ingeniero Antonio M. Amor y el traslado del área de llenado de autotanques fuera de la zona urbana de Salamanca, Guanajuato, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del PAN, y suscrita por integrantes de la Comisión Especial de prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex

Los suscritos, integrantes de la Comisión Especial de prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

La importancia del sector energético como pieza fundamental y estratégica de la economía de nuestro país, es un tema que se ha venido discutiendo en los últimos meses, y que ha permitido reformar la Constitución en aras de hacer el sector energético más productivo, competitivo y eficiente para el desarrollo del país.

Para el desarrollo de sus actividades y entre la pluralidad de instalaciones, Petróleos Mexicanos (Pemex) cuenta con seis refinerías, operadas por Pemex Refinación, las cuales están ubicadas en Tula, Hidalgo; Salamanca, Guanajuato; Cadereyta, Nuevo León; Ciudad Madero, Tamaulipas; Salina Cruz, Oaxaca, así como en Minatitlán, Veracruz.

La presente proposición con punto de acuerdo es referente a la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, localizada en el municipio de Salamanca, en el estado de Guanajuato.

Las inquietudes manifestadas en la presente, son resultado de los trabajos in situ que la Comisión Especial de prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex; ha llevado a cabo en refinerías y plataformas petroleras de la paraestatal, convocados por la diputada Rocío Abreu Artiñano, presidenta de esta comisión.

El pasado 4 de noviembre de 2013, se realizó una visita de trabajo por parte de los legisladores integrantes de esta comisión especial, a las instalaciones de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, en la cual pudieron ser testigos de sus particularidades y de sus principales problemáticas, referentes a la necesidad de adquisición de una planta coquizadora para procesar residuos de la refinería; y el problema de seguridad que consiste en la reubicación del área de llenado de autotanques, fuera de la refinería y de la zona urbana del municipio.

Dicha refinería, se encuentra en operación desde el año de 1950, y es considerada estratégica para Pemex Refinación, pues actualmente recibe diariamente 197 mil barriles de petróleo , de los cuales 30 por ciento se traduce en gasolina; 19 por ciento en gas; 26 por ciento en diesel y el resto en lubricantes.

La refinería Ingeniero Antonio M. Amor, por sus siglas conocida como RIAMA es la única productora de lubricantes, parafinas y alcohol isopropílico, que se distribuyen en todo el país, además de ser importante por el abastecimiento de hidrocarburos a los estados de Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.

La Comisión Especial de Pemex, considera prioritario dar puntual seguimiento a la adquisición de la planta coquizadora para esta refinería, que se ha venido postergando en los últimos años, y que está programada en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2014-2018 publicado por Pemex en noviembre de 2013, el cual podrá sufrir modificaciones ante la prontitud de la discusión de las leyes secundarias de la reforma energética en este Congreso de la Unión.

El objetivo número 5 de dicho plan se enfoca en la reconfiguración de la refinería de Salamanca, con el propósito de modernizarla e incrementar su capacidad de procesamiento de crudo y aprovechar las corrientes de residuales en la generación de productos de mayor valor.

Para la refinería, los alcances proyectados para el periodo 2014-2018 consideran la construcción y adecuación, entre otras unidades, de una planta de coquización retardada.

La importancia de la adquisición de una planta coquizadora para la RIAMA, radica en que será de utilidad para el reciclaje de residuos, mediante el proceso de coquización, y su conversión al llamado “coque de petróleo” que puede ser aprovechado mediante procesos posteriores, para la producción de combustibles.

Si bien las plantas de coquización retardada realizan un proceso muy similar al de la planta U-10 de la refinería de Salamanca, en la cual a todos los subproductos de desecho se les somete a presión y alta temperatura para convertirlos en petróleo, su adquisición aumentaría significativamente el procesamiento de los residuos a la par de las refinerías de Madero y Cadereyta, de manera más eficiente y moderna. Con la adquisición de la planta coquizadora, se podrán procesar cada 24 horas otros 40 mil barriles de petróleo, es decir cerca de 240 mil barriles en total.

En cuanto a seguridad en la refinería, el problema radica en la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) específicamente donde se ubican las denominadas “llenaderas” de autotanques; pues se considera que este procedimiento genera un importante riesgo para la población aledaña, ya que el ingreso a la TAR se realiza a través de la zona urbana del municipio, específicamente en la calle Héroes de Cananea.

En las reuniones de trabajo de esta comisión especial, los legisladores han puesto de manifiesto el tema de la seguridad en las instalaciones de la RIAMA, así como para el municipio de Salamanca, en especial el diputado Genaro Carreño Muro, quien es testigo de las condiciones de seguridad, y de las afectaciones que los trabajos de la paraestatal generan al municipio.

Por lo que se considera urgente que la paraestatal considere la reubicación del área de las llenaderas de autotanques fuera de la refinería y de la zona urbana del municipio, para con ello evitar accidentes que pudieran suscitarse en las instalaciones; y librar el ingreso de pipas que representan un riesgo latente para los habitantes de la ciudad.

Actualmente las pipas ingresan a las instalaciones de la refinería, en particular a la estación de llenaderas por la puerta 5, para cargar combustóleo, aceite, asfalto, gasóleo, azufre, parafinas, etcétera. El tránsito de las pipas en la puerta 5 siempre será de riesgo porque se encuentra cerca del sector del separador de aceites, lo que representa un riesgo latente para la población ante una situación de emergencia.

Si bien Pemex cuenta con normas, códigos y especificaciones que regulan sus organismos subsidiarios, así como con planes de seguridad para los procesos de la industria petrolera en sus instalaciones, es necesario considerar una efectiva reconfiguración de las instalaciones de la RIAMA, que permita adecuarlas a los nuevos procesos y a las nuevas consideraciones en seguridad y medio ambiente, sin poner en riesgo a los habitantes de las zonas cercanas al centro de trabajo.

Es por ello, que resulta de suma importancia, que en el marco del plan de negocios 2014–2018 de Pemex, y considerando sus posibles modificaciones con motivo de la reforma energética, se considere la pronta adquisición de la planta de coquización retardada para la refinería de Salamanca; y dar un mejor uso y mayor aprovechamiento de desechos. De igual forma, resulta primordial el tema de la seguridad de sus instalaciones, en particular, la reubicación de las llenaderas fuera de la TAR, por constituir un riesgo para los trabajadores de las instalaciones locales, así como para los habitantes del municipio.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . Se exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos, se concrete, a la brevedad posible, la adquisición de una planta de coquización retardada, para la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, con la finalidad de dar un mejor uso y mayor aprovechamiento a los residuos de la industria en estas instalaciones.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos, a considerar la reubicación del área de llenado de autotanques fuera de la zona urbana del municipio de Salamanca; lo anterior, en beneficio de los trabajadores y habitantes de la región y para preservar la seguridad de los mismos durante la carga de materiales de la refinería.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2014.

Diputados: Genaro Carreño Muro (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Carol Antonio Altamirano (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica a investigar sobre las condiciones de competencia en el mercado agroalimentario, especialmente respecto a los productos básicos y estratégicos señalados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado José Antonio León Mendívil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II; numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica, para que lleve a cabo una investigación sobre las condiciones de competencia en el mercado agroalimentario, relativo especialmente a la producción de los productos básicos y estratégicos señalados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; al acopio, la determinación de precios y condiciones de compra para dichos productos; a la distribución y precios de insumos, así como la determinación de precios de comercialización de productos de origen nacional y los de importación, y sus ventas al menudeo.

Lo que está ocurriendo en estos momentos con los mercados del sector agropecuario debe preocuparnos a todos, y no solamente a los integrantes de esta honorable Cámara de Diputados, sino al Ejecutivo federal y a las autoridades locales y municipales por igual.

En las regiones productoras, se desplomó el precio del frijol a 6 pesos el kilogramo; el maíz a 2.80 pesos el kilogramo; el litro de leche a 4.00; el sorgo a 2 mil 500 pesos tonelada. Igual ocurre con el precio del trigo y de la caña de azúcar; y como sabemos, para el caso de la manzana simplemente la situación es de ruina completa, al grado que algunos productores optaron por derrumbar sus plantaciones para usar los árboles como leña.

En el otro extremo de la cadena, las cosas no están mejor para los millones de consumidores de los productos agropecuarios. El consumidor final está pagando a más de 20 pesos el kilogramo de frijol, a 15 pesos el kilogramo de tortilla; a 30 pesos el kilogramo de manzana; a 15 pesos el litro de leche; a 100 pesos el kilogramo de carne y hasta 60 pesos el kilogramo de limón.

Sé que en esta honorable asamblea legislativa, ya no es ninguna novedad decir que el campo mexicano se encuentra devastado y en ruinas; pero no por eso el hecho es menos cierto. Y más ahora cuando al fracaso de las políticas institucionales de las dos últimas décadas y a los desastres naturales, se suma el desplome de los precios de prácticamente todos los productos agropecuarios.

Hay en el país 14 millones de mexicanos con hambre, por no poder pagar los precios prohibitivos de los alimentos; y en el medio rural, 18 millones viven en la pobreza por el abandono en que tenemos las unidades productivas y por los precios de ruina que recibe el campesino en la venta de sus productos.

¿Qué está ocurriendo en la producción y en el mercado del sector agropecuario? ¿A dónde van a parar los 336 mil millones de pesos del programa especial concurrente aprobados por esta Cámara para el campo?

Del presupuesto público se construye infraestructura carretera y grandes sistemas de riego en el campo, se dan incentivos al acopio y la comercialización, se pagan coberturas de precios, se brindan tarifas arancelarias flexibles para incentivar la exportación y las importaciones agropecuarias, se aplican incentivos indirectos a través del fisco; y sin embargo, el campo no se levanta, no se capitaliza, no se incrementa la producción, seguimos importando para el consumo nacional casi el 50 por ciento de los productos agropecuario y, sobre todo, los precios al consumidor final no bajan.

¿Por qué se dificulta la comercialización de las cosechas de granos en un mercado con millones de personas con hambre?

¿Por qué a pesar de la gran cantidad de recursos fiscales invertidos no se puede transitar a un mercado competitivo y eficiente?

¿Por qué los campesinos reciben precios bajos y los consumidores pagan precios caros de los alimentos? ¿A dónde va a parar ese diferencial de precios?

¿Por qué, si tenemos mecanismos reguladores en otros mercados, no se logra regular el mercado agropecuario?

La respuesta es que se han impuesto en el campo mexicano a lo largo de más de dos décadas, procedimientos de concentración del crédito, de la producción, de los servicios, de los mercados, de la información privilegiada, del acopio y de la distribución.

La respuesta es que la mayor parte de los subsidios al campo y el enorme margen de comercialización y de ganancias ilegítimas, se lo están llevando un puñado de acopiadores y comercializadores que actúan impunemente en el mercado de los alimentos. Este grupo de grandes empresas agropecuarias, integran la cadena verticalmente desde el surco hasta el consumidor final, arruinando al productor y abusando sistemáticamente del consumidor, muchas veces especulando con los alimentos y siempre estableciendo precios de acaparadores.

En las condiciones de monopolio, los miles de millones de pesos del presupuesto federal orientados al sector, solo sirven para apuntalar a los oligopolios que elevan en forma insultante sus ganancias ilegales.

Esta estructura ineficiente y perversa, segmenta al mercado, es decir que aleja a los miles de productores de granos, de los millones de consumidores finales, dejando en unos pocos actores dominantes, que agregan poco o ningún valor pero se apropian de una proporción indebida del manejo de los mercados.

No obstante que esta situación es del dominio público y de sobra conocida por las autoridades del sector, no se toman medidas eficaces para evitar las prácticas monopólicas y ordenar los mercados; inclusive la mayoría de las veces las mismas autoridades se vuelven cómplices de quienes manipulan los precios, al permitir la importación de productos agropecuarios en plena cosecha de la producción nacional.

En razón de lo anteriormente expuesto y motivado, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución:

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica, para que lleve a cabo una investigación sobre las condiciones de competencia en el mercado agroalimentario, relativo especialmente a la producción de los productos básicos y estratégicos señalados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; al acopio, la determinación de precios y condiciones de compra para dichos productos; a la distribución y precios de insumos; así como la determinación de precios de comercialización de productos de origen nacional y los de importación, y sus ventas al menudeo.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica a que, como resultado de dicha investigación, formule recomendaciones a las autoridades de los ramos competentes a fin de mejorar la competencia en ese sector y evitar prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, incluyendo, según corresponda, ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2014.

Diputado José Antonio León Mendívil (rúbrica)

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Protección al Ambiente de Baja California a dar continuidad a la declaratoria de área natural protegida del humedal La Lagunita, en Ensenada, a cargo del diputado Ricardo Medina Fierro, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Ricardo Medina Fierro, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la Secretaría de Protección al Ambiente de Baja California a dar continuidad a la declaratoria de área natural protegida el humedal La Lagunita, en Ensenada, Baja California, con base en las siguientes

Consideraciones

Los humedales son zonas terrestres que están temporal o permanentemente inundadas de acuerdo con factores climáticos. Debido a su permanente interrelación con los seres vivos que los habitan, son altamente productivos. Estos ecosistemas reciben agua por precipitaciones, agua subterránea o mediante arroyos y ríos. La almacenan, filtran, permiten escurrimientos a otros cuerpos de agua superficiales y recargando mantos acuíferos, constituyendo así un componente vital del ciclo hidrológico.

El humedal conocido como La Lagunita, Lagunita El Ciprés o Lagunita El Naranjo, es un cuerpo de agua dulce natural que se forma principalmente por los escurrimientos pluviales de la cuenca hidrográfica número 41, (Cañada San Jorge), por lo que su área de inundación y profundidad, varía entre las épocas de lluvia y de sequía. El área de inundación máxima de este cuerpo de agua es de aproximadamente 257 mil metros cuadrados y se encuentra separado del mar por una barrera de dunas y una playa de más de 50 metros de ancho. El conjunto del humedal, las dunas y la playa constituyen una de las zonas naturales de mayor valor para conservación dentro del centro de población de Ensenada.

El humedal es utilizado por muchas aves migratorias y residentes tanto como sitio de descanso como de anidación. En los márgenes del cuerpo de agua se observa el crecimiento de tule que caracteriza visualmente el área, protege de la desecación y provee de hábitat a la fauna.

Actualmente, uno de los problemas más graves es la posibilidad de cambio de uso de suelo que pudiera darse por parte del municipio, si no se da una declaratoria a nivel estatal, como ya sucedió con la manzana aledaña, para la instalación de una planta desalinizadora de agua de mar. Con este proyecto se pretende desviar el cauce que alimenta a La Lagunita, lo que modificaría los volúmenes de agua y sedimentos que se transportan durante la temporada de lluvias.

Además debe tomarse en cuenta que con los cambios de uso de suelo se podrían realizar proyectos de fábricas y empresas que puede afectar la calidad del agua que llega a La Lagunita, y causar un impacto fuerte en el ecosistema.

En vista de que el tema del agua es de gran importancia por su escasez y degradación, se considera un asunto estratégico para las políticas de los gobiernos, ya que la cuenca hidrográfica del cauce que alimenta al sistema de La Lagunita, guarda relación directa con la infiltración, humedad del suelo y los fenómenos de erosión de dicho humedal.

En los alrededores de La Lagunita ya no hay mucha vegetación. En lo que anteriormente fueron campos agrícolas, actualmente se han desarrollado diferentes complejos habitacionales.

Sin embargo, la vegetación en La Lagunita forma una zona de refugio y de anidación para las aves residentes y migratorias. Además del tule, La Lagunita cuenta con 58 especies pertenecientes a 25 familias de organismos vegetales.

En cuanto a las aves, se han registrado 78 especies, de las cuales 18 son migratorias. Existen varias especies citadas dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, con algún estatus de protección. Algunas de las especies más representativas de la zona son gavilán de Cooper, gorrión sabanero, gaviota ploma, rascón picudo, entre otras.

Desde el punto de vista social, una mayor cantidad de áreas verdes y espacios públicos permite la realización de diversas actividades recreativas que mejorarían la calidad de vida de los habitantes de Ensenada, Baja California, ello gracias a que La Lagunita posee un alto valor paisajístico, ambiental y recreativo utilizado por diferentes organizaciones académicas para efectuar practicas educativas, investigación científica y difusión de valores ambientales , como se estipula en la recién publicada Política Nacional de Humedales.

En lo económico, La Lagunita tiene un gran potencial para el ecoturismo, está enfocado principalmente a observación de aves, actividad que es considerada como de turismo sustentable , que puede proporcionarle a Ensenada ingresos económicos pues tiene numerosos adeptos.

Actualmente, los humedales costeros son reconocidos como ecosistemas productivos pues proporcionan diversos bienes y servicios ecosistémicos que brindan a la sociedad grandes beneficios como: la regulación de caudales, almacenamiento de agua, recarga de mantos acuíferos, estabilización de suelos, protección contra tormentas y huracanes, estabilización de la línea de costa.

La Lagunita es el último de varios cuerpos de agua con similares características que se encontraron y fueron rellenados durante el crecimiento y desarrollo de la ciudad de Ensenada.

Su conservación garantizaría la diversidad biológica, fuente de agua y productividad primaria de muchas especies vegetales y animales. También permitiría mantener las funciones hidrológicas y biológicas del lugar.

La Lagunita es uno de los últimos humedales que existen en la ciudad de Ensenada y en los últimos 25 años se han presentado múltiples iniciativas y propuestas para el uso de este espacio. Sin embargo, la ausencia de un acuerdo entre las partes involucradas, así como la desinformación, han generado una gran polémica y han hecho que el futuro de este espacio sea incierto.

I. En 1985 se presentó la primera iniciativa formal para la protección del área natural protegida La Lagunita. Se dio cuando se esbozó un anteproyecto para la creación del bosque de la ciudad en esta área, el cual fue desarrollado por el técnico forestal José Leonel Zamudio Rodríguez y los ingenieros Antonio Aburto Rico y Humberto Palomares Delgadillo. La propuesta no fue apoyada por las autoridades en aquel momento.

II. En 1990 Jones C., realizó la tesis de maestría en Ciencias, University of Arizona, Tucson, Land use management plan: Lagunita El Ciprés, Ensenada, Baja California, México, para determinar la posibilidad de equilibrar el desarrollo urbano con la conservación de La Laguna. En este estudio se incluye la situación en aquel entonces de La Lagunita y la evaluación de cuatro planes para el uso de suelo de esta. La evaluación se hizo bajo tres criterios: la legislación ambiental mexicana, los beneficios a la comunidad y el impacto ambiental. Bajo este estudio los ecólogos profesionales locales propusieron la realización de actividades de ecoturismo y de educación ambiental.

III. En la versión de 1995 del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada, estableció uso de suelo de “conservación” a la manzana que contiene la mayor parte de la zona de La Lagunita.

IV. En 1997, se llevó a cabo la reunión de trabajo para el Manejo Integral de la Zona Costera de Ensenada, en dicha reunión se trató “la creación de áreas de reserva” considerando a La Lagunita.

V. En 2001, en acuerdo de cabildo del XVI ayuntamiento de Ensenada, La Lagunita fue declarada zona de reserva ecológica, basado en estudios previos y en la opinión de expertos en materia de la caracterización de flora y fauna, así como en las características físicas, de localización, importancia económica, atractivo visual, etcétera, del humedal, y ratificándola el 7 de marzo de 2002.

VI. En 2009 se publica el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada en el que se ratifica el uso de suelo de conservación, a la manzana donde se ubica La Lagunita.

VII. El 9 de febrero de 2009, los diputados Héctor Ramos y Lucía Susana Mendoza Morales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados presentaron un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para que La Lagunita sea decretada como área natural protegida e inscrita como sitio Ramsar.

VIII. A partir de 2010, el conjunto de las organizaciones proponentes, Pro Esteros, AC; Haciendo lo Necesario, AC; Centro Mexicano de Estudios para la Conservación, AC; Pro Playitas, AC; Lorax Consultores SA de CV; Dirección de Ecología del XX Ayuntamiento de Ensenada; Arte y Medio Ambiente en Armonía, Ensenada Artist Association, AC; Héctor Benet Contreras y el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) de Baja California iniciaron una serie de reuniones en las que establecieron estrategias para lograr el decreto de La Lagunita como área natural protegida.

IX. En 2011, César Mancillas Amador, diputado federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo ante el Congreso federal, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a decretar área natural protegida La Lagunita. A raíz de los exhortos realizados y de las solicitudes de la sociedad civil, las autoridades federales se acercaron a las organizaciones proponentes ofreciendo su colaboración.

X. En enero de 2012 se entregó a la Secretaría de Protección al Ambiente de Baja California la primera versión del estudio previo justificativo para la declaratoria de área natural protegida La Lagunita, según los nuevos términos de referencia de dicha secretaría para iniciar el sistema estatal de áreas naturales protegidas.

XI. El 13 de marzo de 2013 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, se dio el aviso de designación como área natural protegida de competencia estatal de la zona conocida como La Lagunita ubicada en el municipio de Ensenada, Baja California.

En virtud de ello y por el cambio de administración, la Secretaría de Protección al Ambiente de Baja California no ha continuado con los trabajos para la designación de La Lagunita como área natural protegida estatal.

Por lo anterior, de conformidad con todo lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Protección al Ambiente de Baja California, a dar continuidad a la declaratoria como área natural protegida al humedal La Lagunita, en Ensenada, Baja California.

Notas

Conanp, Semarnat, 2013. Humedales de México Sitios Ramsar- Conanp. Disponible en internet:

<http://ramsar.conanp.gob.mx/la_conanp_y_los_humedale s.php>

IMIP (Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, B.C.), 2009. Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada 2030. Periódico Oficial del Estado de Baja California.

IMIPE, A.C (Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, Asociación Civil); Pro Esteros, A.C.; Haciendo lo Necesario, A. C.; Centro Mexicano de Estudios para la Conservación, A. C.; Pro Playitas, A. C.; Lorax Consultores S. A. de C. V.; Dirección de Ecología del XX Ayuntamiento de Ensenada; Arte y Medio Ambiente en Armonía, Ensenada Artist Association, A. C.; Héctor Benet Contreras, 2013. Estudio previo justificativo para la creación del área natural protegida: Parque Estatal “La Lagunita”, Ensenada, B.C

.http://www.spabc.gob.mx/noticias/view/id/114/dep/0

Jones, C., 1995. Land use management plan: Lagunita El Ciprés, Ensenada, Baja California Norte, México. Tesis de maestría en Ciencias, University of Arizona, Tucson.

Lambert, A., 2003. Valoración económica de los humedales: un componente importante de las estrategias de gestión de los humedales a nivel de las cuencas fluviales. Página web, oficial de RAMSAR.http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-news-archives-2003-economic- valuation-of/main/ramsar/1-26-45-86%5E16205_4000_2_. Consultado en abril 2013.

NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental -Especies nativas de México de flora y fauna silvestres -Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio- Lista de especies en riesgo. Norma Oficial Mexicana.

Poder Ejecutivo Estatal, 2013. Periódico Oficial del Estado de Baja California, Aviso de Designación como Área Natural Protegida de Competencia Estatal de la zona conocida como La Lagunita ubicada en el municipio de Ensenada, Baja California. Tomo CXX, No14. Mexicali, B. C., 15 de Marzo de 2002. pp 9-10.

Pro Esteros, Sin año.

http://proesteros.cicese.mx/investigacion/peq_hum/index. htm.

Roche, H., 1995. Humedales: un enfoque económico. Programa de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en los Humedales del Este (PROBIDES).En línea: http://www.probides.org.uy/publica/dt/DT05.pdf.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2014. Política Nacional de Humedales. México. pp. 253.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 abril de 2014.

Diputado Ricardo Medina Fierro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo las agresiones realizadas contra dos regidoras en Tekantó, Yucatán, a cargo de la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Beatriz Zavala Peniche, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a la atención de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las mujeres mexicanas tuvimos que luchar durante muchos años por hacer realidad el ejercicio de nuestros derechos políticos, las puertas que durante mucho tiempo se mantuvieron cerradas para la mujer en la vida política de nuestro país fueron abiertas con nuestro esfuerzo y sacrificio. Gracias a ello, hoy las mujeres podemos ser representantes electas, ejercemos puestos y cargos públicos de alta responsabilidad.

El Estado mexicano ha adquirido la obligación de promover la participación política de las mujeres a través de diversos instrumentos, que van desde la incorporación de cuotas de género en nuestras leyes electorales, hasta la firma de diversos tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), etcétera.

Sin embargo, la paridad de género en el terreno de la política es todavía una aspiración que está lejos de alcanzarse, ya que son constantes las violaciones a los derechos de las mujeres que obstaculizan que más de nosotras participen en la vida pública de nuestro país y que aquellas que logran trascender sean en muchos casos menospreciadas, relegadas por su condición de mujer, económicamente menor remuneradas que sus pares hombres, e incluso violentadas físicamente.

Lamentablemente, a nivel de los gobiernos locales no se ha avanzado en la paridad de género, por lo que son frecuentes las violaciones a los derechos de las mujeres. Las mujeres tienen que sortear una serie de obstáculos para acceder a los cargos públicos y enfrentar abusos de autoridades una vez en el cargo.

La violencia contra la mujer es uno de los actos más deplorables en la sociedad, cada acto de violencia en nuestra contra significa un retroceso inadmisible y sus implicaciones son mayores cuando se manifiesta en el terreno de la representación popular y se impide que la mujer ejerza sus derechos políticos y sus funciones como servidora pública, ya que estas situaciones equivalen a callar la voz de la mujer en nuestras instituciones.

Las mujeres mexicanas que participan en la política, sufren en silencio maltratos que vulneran su dignidad como personas. Por lo anterior, estamos consientes que estos hechos se deben denunciar, que no pueden quedar en la impunidad, que la mujer no debe esconderse sino reclamar el trato que como mujer y como servidora pública le corresponde.

A las mujeres nos corresponde hacer visibles los actos que atentan contra nuestros derechos, por ello se presenta el siguiente punto de acuerdo, para denunciar los hechos de violencia física, así como la violación a sus derechos políticos y laborales que han sufrido las regidoras del municipio de Tekantó en el estado de Yucatán, María Luisa Nah Xooc y Virginia Aneth Marín Madera.

Este caso ilustra la violencia política de género que prevalece en algunos estados y municipios del país, por lo que exhortamos a las autoridades competentes a tomar cartas en el asunto. Dichos acontecimientos, se resumen a continuación:

A las regidoras del Partido Acción Nacional, del municipio de Tekantó, María Luisa Nah Xooc y Virginia Aneth Marín Madera, fueron pisoteados sus derechos laborales como servidoras públicas del municipio, al decidir el alcalde municipal de Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ángel Lamil Orozco Avilés, que el salario que percibirían sería de 3,000.00 pesos mensuales, cuando en la pasada administración municipal, los regidores de oposición cobraron 8,400 pesos mensuales. Ello según justificó el alcalde, porque en la pasada administración los regidores de oposición votaron y aprobaron sin problemas los asuntos en las sesiones de cabildo, por lo que al no encontrar la misma disposición con las nuevas regidoras, discrecionalmente les fue fijado un salario a capricho del alcalde, e incluso se les negó el derecho a recibir otro tipo de apoyos como viáticos y tiempo aire para celulares.

Desde que tomaron protesta del cargo, las regidoras Aneth Marín y Luisa Nah han hecho públicas una serie de anomalías en la administración del municipio de Tekantó, lo que les ha valido el repudio y amenazas por parte de los funcionarios del municipio; mismas que han llegado a la violencia física en contra de Virginia Aneth Marín Madera, quien sufrió una artera agresión el día 27 de marzo de 2014 a las 11:26 de la mañana y frente a numerosas personas en la plaza principal y a escasos metros de la escuela primaria Guillermo Prieto, por parte de Jesús Gamboa Cruz, director de Aseo Urbano de ese municipio, quien en aparente molestia por las actividades de denuncia de la edil opositora hacia la administración de alcalde Ángel Orozco Avilés, primero la insultó y luego le dio dos golpes en la cara y un empujón que la hace rebotar contra una camioneta.

De acuerdo con versiones de testigos y medios de comunicación que dieron seguimiento al caso, la regidora salía del palacio municipal, donde Gamboa Cruz la interceptó para dedicarle toda clase de insultos, pero al ver que aquella no se inmutó, se acercó y le propinó un golpe en la cara para seguir insultándola. Asimismo, el funcionario también agredió verbalmente a la regidora Luisa Nah Xooc. Sin embargo, la policía municipal, consciente de los hechos ocurridos, lo liberó por ser incondicional del alcalde. Cabe destacar que el agresor, Jesús Gamboa Cruz, tiene antecedentes penales y a pasado seis meses recluido en el penal por violencia física en contra de su esposa.

Desde el inicio de la administración, la regidoras han sido objeto de burlas, insultos, trato déspota y prepotente, y actos de violencia en más de una ocasión, pues adicionalmente al anteriormente señalado, el día 01 de agosto del 2013 también fueron golpeadas en plena sesión de cabildo, por la secretaria de la presidencia municipal, Ileana Canul Yamah, mismos actos que fueron denunciados ante la fiscalía de Izama en Yucatán.

Otro hecho de violencia se produjo en marzo, en el cual se festeja a la mujer, ya que el día 7 fueron agredidas nuevamente, verbalmente y con codazos, esta vez por la directora de equidad y género del municipio, Rosario Bacab.

Por si fuera poco, el pasado 15 de marzo el alcalde Ángel Lamil Orozco Avilés suspende el miserable sueldo de 1.500 pesos que recibían a la quincena Aneth Marín y Luisa Nah, en un acto de flagrante atropello a sus derechos laborales como servidoras públicas. Aún cuando el Artículo 127 de la Constitución Política establece que “los servidores públicos de la federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes.”

Además de la violencia física y la violación de los derechos políticos y laborales, existen una serie de anomalías en el funcionamiento del ayuntamiento municipal que es preciso denunciar, en virtud de que se ha violado la ley, se abusa del cargo público y se utilizan los recursos del municipio a discreción, afectando con ello la administración del municipio.

De entrada, en todas las sesiones de cabildo no se cumple con la ley. El artículo 36 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán dice: “todas las sesiones serán públicas, salvo excepciones y a juicio de las dos tercera partes del cabildo“, sin embargo, todas las sesiones son a puerta cerrada. Además a los regidores de oposición se les niega copia certificada de las actas de la sesión de cabildo, aún cuando el artículo 38 de la citada Ley, establece que “una vez aprobada el acta de la sesión, la firmaran todos los regidores presentes y se les entregara copia certificada a quienes así lo soliciten en un plazo no mayor de tres días naturales”. Además se les ha negado el derecho a revisar y firmar el libro de actas y se les ha dejado de invitar a las sesiones del cabildo, por lo que los integrantes de partido de oposición desconocen qué puntos fueron aprobados en la sesiones, el estatus de la cuenta pública y demás situaciones que ocurren en la administración del municipio. Por lo que la corrupción y el abuso de autoridad son una constante en el municipio, sin que puedan ser denunciados.

Otro suceso ilegal, se efectuó el 17 de enero de 2013, cuando se realizó una sesión extraordinaria del cabildo, misma que puede constatarse con el número de acta 14. A la cual no fueron convocadas las regidoras del Partido Acción Nacional. En esa reunión, el presidente municipal Ángel Orozco Avilés, la síndico María Guadalupe Pech y el secretario José Antonio Castillo Pech aprobaron y dejaron asentado en acta de la sesión, que por supuesta mayoría de votos (sin la presencia de las regidoras del PAN) se autorizó la venta de vehículos propiedad del municipio. Lo anterior, sin precisar el número de unidades vendidas y por un monto de 30,000 pesos. Por lo que dicho acto a todos luces concebido como un acto de corrupción, resulta violatorio de la normatividad, porque la Ley de Gobierno de los Municipios en de Yucatán señala en su artículo 41, apartado B, fracción XIX, que es facultad de ayuntamiento “aprobar por las dos terceras partes de sus integrantes, la desincorporación o desafectación de un bien del dominio público”.

Por otra parte, programas federales como el de Empleo Temporal y programas de vivienda de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y Urbano (Sedatu) son utilizados para beneficiar a trabajadores y familiares de funcionarios del municipio.

Si bien las denuncias por estos actos ya fueron presentadas en las instancias correspondientes, los legisladores de todos partidos debemos sumarnos para que se castiguen este tipo de actos reprobables de violencia política que sufren las mujeres, por ello, presento este punto de acuerdo para que desde el Congreso de la Unión se dé seguimiento a estos casos que manchan la dignidad de la mujer y se castiguen los abusos cometidos por las autoridades del municipio de Tekantó en Yucatán.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Fiscalía General de Yucatán a resolver conforme a la ley, la demanda presentada por las regidoras María Luisa Nah Xooc y Virginia Aneth Marín Madera, del municipio de Tekantó, Yucatán, en contra de del director de Aseo Urbano del referido municipio, Jesús Gamboa Cruz, por violencia y agresiones físicas, y a imponer las sanciones correspondientes.

Segundo. Se exhorta al Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa de Yucatán a emitir resolución al juicio para la protección de los derechos políticos y civiles (JDC) interpuesto ante el ayuntamiento de Tekantó por las regidoras María Luisa Nah Xooc y Virginia Aneth Marín Madera, con motivo de la suspensión del pago de sus honorarios desde marzo del presente año. Y a garantizar un espacio físico apropiado para el desempeño de sus funciones como servidoras públicas del municipio, y que les sean otorgadas copias de las actas de sesión de cabildo y demás documentación oficial, conforme lo dispone la ley.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de los Derechos Humanos de Yucatán a proteger los derechos políticos, ciudadanos y laborales de María Luisa Nah Xooc y Virginia Aneth Marín Madera, así como su dignidad como mujeres y servidoras públicas.

Cuarto. Se exhorta al alcalde del municipio de Tekantó, Ángel Orozco Avilés, a separar del cargo a Jesús Gamboa Cruz, quien se desempeña como director de Aseo Urbano del referido municipio, quien el pasado 27 de marzo, agredió físicamente a la edil Virginia Aneth Marín Madera, a efecto de que la autoridad competente investigue el hecho y, en su caso, le sean fincadas las responsabilidades correspondientes.

Quinto. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a auditar los recursos federales otorgados al municipio de Tekantó, y a vigilar la aplicación y beneficiarios de los programas federales que operan en el municipio, principalmente de aquellos que son operados por la Secretaría de Desarrollo Social como el Programa 3X1 para Migrantes, Diconsa y Empleo Temporal, así como los programas de vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2014.

Diputada Beatriz Zavala Peniche (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Economía a transparentar por su sitio oficial de Internet lo relativo al Fideicomiso de Fomento Minero, desde su creación hasta la fecha, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado federal José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XIX; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente “proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Economía, transparente y haga del conocimiento público y de fácil acceso a través del sitio de Internet oficial, lo relativo al ‘Fideicomiso de Fomento Minero’, desde su creación a la fecha; toda vez que de conformidad con la revisión de la cuenta pública 2012, la comprobación de la aplicación de los recursos otorgados para proyectos mineros se encuentra pendiente; asimismo, se desconoce cómo y quiénes han sido beneficiados por dicho fideicomiso”; al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. La política de fomento de las Mipymes en la actividad minera se relaciona con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, con el eje 2 “Economía competitiva y generadora de empleos”, en el que se establece lograr un crecimiento sostenido más acelerado y generar empleos formales para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos; y con el sub eje 2.6 “Pequeñas y medianas empresas” que señala que a pesar de que se han conseguido avances importantes es necesario continuar con una política integral de apoyo para el desarrollo de las Mipymes con énfasis en las de menor tamaño, con el propósito de establecer las condiciones que contribuyan a su creación, desarrollo y consolidación.

2. El Programa Sectorial de Economía (PSE) 2007-2012 establece el eje 1. “Detonar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes)”, el cual centra su propuesta en la creación de una política de desarrollo empresarial mediante cinco estrategias: financiamiento, comercialización, capacitación y consultoría, gestión e innovación, y desarrollo tecnológico.

3. El Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi) es un fideicomiso público del Gobierno Federal, en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público funge como fideicomitente y Nacional Financiera, SNC, Institución de Banca de Desarrollo, como fiduciaria; cuyo objeto es fomentar y promover el desarrollo de la minería nacional por medio del otorgamiento de créditos y asistencia técnica especializada para crear, fortalecer y consolidar proyectos y operaciones mineras.

4. El 2 de febrero de 1990, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se modificó la denominación del Fideicomiso Minerales no Metálicos Mexicanos, por el de Fideicomiso de Fomento Minero, para atender todo tipo de minerales con excepción del petróleo y de los hidrocarburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos y de los minerales radiactivos, ampliándose las facultades de la institución con la encomienda de fomentar el desarrollo de la minería nacional y su cadena productiva, mediante apoyos de financiamiento a personas físicas y morales; mejorar, ampliar y desarrollar técnicas de exploración, explotación, beneficio, industrialización y comercialización; proporcionar asesoría técnica y administrativa; promover el estudio de procesos que incremente el aprovechamiento de minerales y la realización de cursos de capacitación para mineros, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios; recibir y otorgar créditos para financiar las actividades relativas a su objeto, así como impulsar la operación de los proyectos productivos viables del sector minero y su cadena productiva, facilitando el acceso al financiamiento, asistencia técnica y capacitación.

5. De acuerdo con las reglas de operación vigentes, el Fifomi apoya a las personas físicas y morales con actividad empresarial de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, así como sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas y domiciliadas en la República Mexicana, clasificadas preferentemente como micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), cuya actividad esté comprendida dentro del sector minero, mediante créditos de primer piso que son los que otorga directamente el Fifomi y créditos con Intermediarios Financieros Bancarios (IFB) y con Intermediarios Financieros Especializados (IFE’S) que pueden ser bancos, entidades de Banca de Desarrollo y Fondos de Fomento, quienes servirán de enlace para destinar los recursos hacia las Mipymes con base al techo financiero del Fifomi.

6. Las acciones del Fifomi se enmarcan en dos programas presupuestarios:

• Programa presupuestario F002 “Apoyo a la pequeña y mediana minería y su cadena productiva, mediante el otorgamiento de financiamiento”.

• Programa presupuestario F005 “Asistencia y capacitación técnica a la pequeña y mediana minería”.

Consideraciones

A) De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2012, la comprobación de la aplicación de los recursos otorgados para proyectos mineros está pendiente, debido a que la Auditoría Superior de la Federación en la Auditoría Financiera y de Cumplimiento número 441, determinó que la falta de mecanismos de vigilancia impidieron conocer el destino de un par de financiamientos por 74.7 millones de pesos y en su caso de cartera vencida por un saldo de 1.3 millones de pesos.

B) Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación cuestionó la autorización de 23 créditos, con un saldo por 573.2 millones de pesos, por actividades que no se relacionan con el apoyo al sector minero.

C) Por otra parte, en la auditoría al desempeño número 325, la Auditoría Superior de la Federación se abstuvo de emitir opinión, toda vez que el Fideicomiso de Fomento Minero no proporcionó la información que le fue requerida para verificar el cumplimiento del objetivo de “Contribuir a la generación de empleos mediante el impulso a la creación de nuevas empresas y la consolidación de las Mipymes existentes”, así como el de “reactivar y fortalecer distritos mineros”, lo cual se sustenta en el requerimiento de información número DGADPP/DADPPA/SADPPC/JD3C/001/2013 del 14 de agosto de 2013 y la respuesta al requerimiento por parte del Fideicomiso de Fomento Minero mediante oficio número DOAT/SLP/010/13 del 28 de agosto de 2013.

D) El Centro de Análisis Fundar, advirtió que se requieren mayores esquemas de transparencia para conocer cómo y quiénes fueron beneficiados con los 10 mil millones de pesos del presupuesto del 2012.

E) Aunado a lo anterior, cabe señalar que en los indicadores relativos a los programas presupuestarios “F-002- Apoyo a la pequeña y mediana minería y su cadena productiva, mediante el otorgamiento de Financiamiento” y “F-005- Asistencia y capacitación técnica a la pequeña y mediana minería”, no registran información y carecen del presupuesto autorizado y ejercido desde su creación a la fecha.

F) El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.

G) La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 7 fracción IX, indica que la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto; asimismo la fracción XVII; señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información de utilidad o que se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

También se proporcionara la información a que se refiere el artículo anterior en su segundo párrafo la cual deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

H) Adicionalmente, en el Artículo 9 de la misma Ley señala que la información que refiere el artículo anterior será disposición del público a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas equipo de cómputo, a fin de que éstas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, éstos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villareal, transparente y haga del conocimiento público y de fácil acceso a través del sitio de Internet oficial, lo relativo al “Fideicomiso de Fomento Minero”; asimismo, de lo siguiente:

• El origen, administración y destino de los recursos desde su creación a la fecha del Fifomi.

• El criterio para la asignación de recursos a los beneficiarios del Fifomi.

• Padrón único de las personas beneficiadas por el Fifomi.

• Manuales de Procedimiento Actualizados.

• El impacto que ha tenido el Fifomi, en la reactivación, y fortalecimiento de los distritos mineros por medio de las acciones realizadas de financiar, capacitar y, de brindar asistencia y asesoría técnica a las empresas del sector minero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2014.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a fortalecer las acciones relativas a proporcionar servicios de salud a la población, a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada María del Carmen Ordaz Martínez, por el Estado de Yucatán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se exhorte al titular de la Secretaría de Salud, para que se fortalezcan las acciones relativas a proporcionar servicios de salud a la población, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El derecho a la salud se encuentra consagrado en el artículo 4o tercer párrafo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

El contar con buena salud es fundamental para el desarrollo del ser humano, hemos visto a lo largo de los años que la protección a la salud ha sido una de las acciones fundamentales del Estado mexicano, la cual se ha ido fortaleciendo, especialmente en los aspectos de prevención de enfermedades, ampliación de infraestructura y de servicios entre otras, pero prevalece actualmente la demanda de atención médica en el país, esto motivado en parte por el incremento de la población.

La publicación Las garantías de igualdad, de la colección Garantías Individuales del Poder Judicial de la Federación, señala respecto del tercer párrafo del artículo 4o. de nuestra Constitución, lo siguiente: “este párrafo se adicionó el 3 de febrero de 1983, a fin de elevar a rango constitucional el derecho a la protección de la salud. Se trata de un derecho del que gozan toda persona y toda colectividad que se encuentren en territorio nacional. Correlativamente, impone al Estado la obligación de promover leyes que aseguren una adecuada atención a los servicios de salud. En sí, lo que este párrafo protege no es la salud per se, sino la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad, a servicios dignos que la atiendan en cualquier caso y bajo cualquier circunstancia. Aun cuando haya sido denominado social, es un derecho al que puede hacerse extensiva la prevención de igualdad contenida en el artículo 1o. de la Constitución Federal. Su violación puede relacionarse con el contenido de ese artículo, baluarte de la igualdad de todas las personas ante la ley.”1

La Corte en la citada publicación nos dice que: El derecho a la protección de la salud involucra garantías tanto individuales como sociales, por cuanto que requiere, para ser efectivo, la participación del individuo, de la sociedad y del Estado. Las características específicas de este derecho son: 1) Sobresale del concepto de garantías individuales. 2) Sus titulares pueden ejercerlo libremente 3) Es un derecho universal pues protege a todo ser humano.4) Su parte medular consiste en el acceso a los servicios de salud.2

Por su parte la Ley General de Salud ,3 en su artículo 1º señala: “la presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.

El artículo 1o . Bis nos dice: Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.4

El artículo 4o . refiere que son autoridades sanitarias: I. El presidente de la República; II. El Consejo de Salubridad General; III. La Secretaría de Salud y IV. Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el Gobierno del Distrito Federal.5

El artículo 6o . menciona los objetivos de El Sistema Nacional de Salud, de los cuales señalaré los siguientes: I.-Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas; VI.- Impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos humanos para mejorar la salud; IX.- Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud.6

Por su parte el artículo 7o . de dicha Ley establece que la coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, así menciona determinadas facultades entre ellas citaré las siguientes: II. Coordinar los programas de servicios de salud de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los agrupamientos por funciones y programas a fines que, en su caso, se determinen; III. Impulsar la desconcentración y descentralización de los servicios de salud.7 El artículo 9o . de esta Ley dispone que: Los gobiernos de las entidades federativas coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con la Secretaría de Salud, a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Con tal propósito, los gobiernos de las entidades federativas planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud, procurando su participación programática en el Sistema Nacional de Salud.

La Secretaría de Salud auxiliará, cuando lo soliciten los estados en las acciones de descentralización en los municipios que aquellos lleven a cabo.8

El artículo 13 . establece que entre otras acciones que corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud, lo siguiente: III.- Organizar y operar los servicios de salud a su cargo y, en todas las materias de salubridad general, desarrollar temporalmente acciones en las entidades federativas, cuando éstas se lo soliciten, de conformidad con los acuerdos de coordinación que se celebren al efecto; IV.- Promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones en materia de salubridad general a cargo de los gobiernos de las entidades federativas, con sugestión a las políticas nacionales en la materia; El artículo 23. dice que para los efectos de esta Ley se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; El artículo 29 . menciona que: Del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que lo requiera, en coordinación con las autoridades competentes9

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 .10 Con relación a la Salud señala que el Artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho de toda persona a la protección de salud y que en respuesta a dicho artículo se ha construido un amplio Sistema Nacional de Salud y que este se caracteriza por estar fragmentado en múltiples subsistemas donde diversos grupos de la población cuenta con derechos distintos y que en 2012, aproximadamente uno de cada 4 mexicanos no contaba con acceso en algún esquema de salud, nos continua diciendo que en 2004, el Seguro Popular inicio con la finalidad de brindar protección financiera a la población no afiliada a las instituciones de seguridad social y que este programa representa un avance en términos de igualdad y protección social de la salud y que sin embargo su paquete de servicios es limitado en comparación con la cobertura que ofrecen actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a sus derechohabientes.11

En la parte correspondiente al Plan de Acción, titulada: “Integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades ,” nos dice que en materia de salubridad que el objetivo es asegurar el acceso a los servicios de salud . En otras palabras, se busca llevar a la práctica este derecho constitucional. Para ello, se propone fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud y promover la integración funcional a lo largo de todas las instituciones que la integran. Asimismo, se plantea reforzar la regulación de los establecimientos de atención médica, aplicar estándares de calidad rigurosos, privilegiar el enfoque de prevención y promoción de una vida saludable, así como renovar la planeación y gestión de los recursos disponibles.12

El Plan Nacional de Desarrollo es un valioso instrumento para el impulso del desarrollo nacional y se está consciente de que interpreta las inquietudes de la población, considerando que le da la debida importancia al derecho a la protección de la salud, mismo que debe fortalecerse en beneficio de los mexicanos ya que existen actualmente muchas carencias que requieren una profunda atención.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su publicación “Mujeres y Hombres en México 2011.2012” 13 en el apartado Servicios de Salud, dice: Plasmada como un derecho constitucional, la salud, aunada a la educación, la vivienda y el empleo forman los componentes básicos del bienestar de la población en nuestro país. En México los eventos censales, específicamente los correspondientes a 2000 y 2010, permiten una aproximación a la cobertura que el Sistema Nacional de Salud brinda a través de dos variables específicas: La derechohabiencia y el uso de servicios de salud. Sus resultados permiten conocer los avances, y retos en esta materia, así como las características sociodemográficas de la población protegida y no protegida, usuaria y no usuaria de dichos servicios.14

También nos conceptúa a la derechohabiencia como al “derecho que tienen las personas de recibir servicios médicos en instituciones de salud públicas o privadas, como resultado de una prestación laboral por ser pensionado o jubilado, por inscribirse o adquirir un seguro médico o por ser familiar designado como beneficiario.”15

Afirma que en nuestro país, la provisión de servicios de salud está a cargo de instituciones de aseguramiento público como los seguros sociales, vinculados al empleo, y el Sistema de Protección Social en Salud orientado al amparo de la población más vulnerable; las aseguradoras o instituciones privadas; los servicios asistenciales públicos o privados, y los servicios privados de mercado.16

Con relación a la población derechohabiente comenta que en nuestro país el diseño institucional de los servicios de salud, planteado en la década de los cuarenta, se erigió sobre la idea de protección a los trabajadores y sus familiares y en la búsqueda del pleno empleo esperando que los servicios de salud alcanzarán a casi toda la población, nos habla también que las instituciones y programas más importantes de salud funcionaron como seguros sociales vinculados al empleo asalariado; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es responsable de brindar éstos servicios a los trabajadores del sector privado; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) atiende a quienes laboran en los distintos niveles de gobierno, principalmente en el federal; los institutos de seguridad social estatales brindan servicios a los trabajadores de los gobiernos locales. Los integrantes de las fuerzas armadas de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina (SEDENA y SEMAR) así como los trabajadores de Petróleos Mexicanos (PEMEX) cuentan con sus propias instituciones de seguridad social.17

Señala que la persistencia de formas de trabajo no asalariado y sin prestaciones obligó a la búsqueda de nuevos esquemas de aseguramiento, disociados del empleo, para proveer protección en salud a toda la población. Así, en 2004 inicio la operación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) que actualmente se integra por el Seguro Popular y el Seguro Médico para una Nueva Generación.18

En 2010, nos dice dicha publicación, las cifras de derechohabientes se incrementaron, afirmando que actualmente casi dos tercios de las mujeres y de los hombres de nuestro país se encuentran afiliados a por lo menos un instituto o programa de salud.19 Así nos dice también que aproximadamente 109.4 millones de personas usan los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas o privadas.

Población sin derechohabiencia y usuaria de servicios de salud, en dicha publicación bajo el anterior título, se afirma que a pesar de los avances que se han dado en la cobertura de servicios de salud con la implementación en 2004 del Sistema de Protección Social en Salud, que actualmente se integra por el Seguro Popular y el Seguro Médico para una Nueva Generación, existen 37 millones de mexicanos que no se encuentran afiliados a ninguna institución de salud de los cuales 19 millones son hombres y 18 millones son mujeres y que al no contar con afiliación a ninguna institución de salud esta población usa los servicios médicos en las instituciones a las que puede acceder de manera gratuita o por medio del pago de una cuota al momento del servicio. También nos dice que en este sentido, destaca el uso de servicios médicos privados, pues prácticamente la mitad de hombres y mujeres no derechohabientes atienden sus problemas de salud en instituciones no gubernamentales.20

También señala que otra institución que proporciona estos servicios es la Secretaría de Salud a través de sus diferentes clínicas y hospitales y que uno de cada tres hombres o mujeres no afiliados utilizan este servicio, y que es evidente la necesidad de avanzar más en la cobertura de la población, pues aunque 98 de cada 100 mexicanos hacen uso de los servicios de salud, existen 37 millones que no cuentan con ningún esquema de protección médica, lo que plantea el reto de incrementar la protección en salud sin demeritar los logros en términos de igualdad de género que se han alcanzado.21

Considero necesario precisar, que la demanda de los servicios de salud oficial cada día es mayor por parte de la mayoría de la población, la cual es de modestos o escasos recursos económicos, mismos que solicitan que la prestación de estos servicios sea con calidad, oportunidad y a toda hora, así como sea suficiente el abasto de medicamentos para poder atender su demanda.

El primer informe de gobierno 2012-2013 ,22 del C. Presidente de la República menciona bajo el título “Asegurar el acceso a los servicios de salud”, que la estructura actual del sistema de salud provoca que existan diferencias en el acceso a los servicios, así como en el alcance de las intervenciones y la calidad con que se brinda. Estas disparidades, nos continúa diciendo, se asocian a los diferentes esquemas de aseguramiento y la condición laboral de la población, por lo que es imperativo avanzar en la creación de un Sistema Nacional de Salud Universal. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha estimado que, 21% de la población no estaba afiliada a los beneficios de algún esquema de aseguramiento de la salud,23 en dicho documento se habla también de garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral,24 también trata lo referente a garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud, y también mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad, así trata con toda claridad lo referente a garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud de calidad; así como instrumentar mecanismos que permitan homologar la calidad técnica e interpersonal de los servicios de salud, trata también lo referente a garantizar medicamentos de calidad eficaces y seguros, así como desarrollar y fortalecer la infraestructura de los sistemas de salud y seguridad social públicos, se refiere también a ampliar el acceso a la seguridad social, promover la cobertura universal de servicios de seguridad social en la población; promover la eficiencia y calidad al ofrecer derechos de protección social a la población, independientemente de la condición laboral y tomando en cuenta a las personas adultas mayores.25

En dicho informe se detallan con toda claridad la situación que prevalece en México con relación a los Servicios de Salud, así como las acciones desarrolladas por el Gobierno de la República, en respuesta de las inquietudes comunitarias.

El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)26 de acuerdo a los datos recabados durante la Actualización de Unidades Económicas 2013, menciona que existen de carácter público en toda la República 5,038 hospitales generales y 20 hospitales psiquiátricos y para el tratamiento por adicción, así como 135 hospitales de otras especialidades médicas haciendo un total de 5,193 unidades y de carácter privado hospitales generales 2,175, hospitales psiquiátricos y para el tratamiento por adicción 27 y de otras especialidades médicas 2,875 haciendo un total de 5,077 unidades, tantos los públicos como los privados suman en total 10,265 unidades.

El censo de Población y Vivienda 2010 ,27 afirma que entre 2000 y 2010 el porcentaje de población que declaró ser derechohabiente a servicios de salud aumento de 40.1% a 64.6% (72.5 millones de personas) y que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con el mayor porcentaje de derechohabientes (48.8%), seguido del Seguro Popular y para una nueva generación que en conjunto cubre el 36.2% de la población derechohabiente. Y que el 8.7% de las personas se declaró derechohabiente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),28 así también señala que los servicios médicos más utilizados por la población son los que proporciona la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que suman 63.8%, le siguen los servicios de instituciones privadas a los que acude el 24% de la población, afirma también que en la última década es significativo el descenso porcentual de la población usuaria de los servicios de salud privados que en el año 2000 tenían el mayor porcentaje.29

El Programa Sectorial de Salud 2013-2018 ,30 señala que “traza la ruta que habremos de seguir en los próximos años para cimentar las bases de un Sistema Nacional de Salud Universal. Y continúa diciendo: lo haremos siguiendo un esquema de atención más homogéneo, una operación integrada y una mayor coordinación entre las distintas instituciones de salud”. Así también nos dice “Queremos un México sano donde la población, independientemente de su edad, lugar de residencia y especialmente de su condición laboral, tenga acceso a los servicios de salud con calidad. Por ello, para el Gobierno de la República el derecho a la protección de la salud, es un derecho humano, no es solo un derecho laboral”.31

En dicho programa se menciona que “Aun cuando la cobertura de aseguramiento público ha aumentado considerablemente a través de los años, un tema de preocupación fundamental radica en el hecho de que el gasto de bolsillo no ha disminuido a los niveles esperados, manteniéndose cerca del 50%. Esta situación es de hecho un caso de excepción en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).32

De acuerdo con un estudio desarrollado por este organismo internacional (Organisation for Economic Co-operation and Development) (OECD 2013 b), en el que se compara un indicador de cobertura pública de servicios (que incluye cobertura poblacional, beneficios cubiertos -el paquete garantizado- copagos y otras dimensiones que miden la protección que otorgan los programas de aseguramiento público) versus el gasto de bolsillo. México se ubica entre los países que proporcionan la mayor cobertura, pero el gasto de bolsillo es más del doble que el registrado en la mayoría de los países. Este excesivo gasto de bolsillo indica que la población decide utilizar servicios privados pues los percibe con mayor calidad o enfrenta problemas de acceso a servicios públicos (OCDE 2012). La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2006 y Ensanut 2012) revelan que de las personas que se atendieron en las diferentes instituciones la percepción de la calidad en la atención es mayor en el sector privado, a pesar de que ésta ha mejorado en los establecimientos públicos en los últimos años. Además, documentan que las personas que se atienden en establecimientos privados lo hacen aun contando con cobertura de aseguramiento público y que el problema principal se encuentra en el primer nivel atención.33

Nos indica que “el tema de la calidad y del acceso puede ser explicado por los niveles, distribución, características y organización de los recursos para la salud. En este rubro se han identificado los siguientes retos. Primero, la disponibilidad de recursos para la salud es baja en México en comparación con los estándares de la OCDE. De acuerdo con datos de la misma organización para 2011, en el país existían 1.7 camas por 1,000 habitantes; cifra que es inferior al promedio de todos los países que componen la organización (que se ubica en 4.8); peor aún, del total de camas 24% pertenecen al sector privado. De esta forma, el número de camas del sector público en el país se calcula en 1.3 camas por 1,000 habitantes (OECD 2013 a)”.34

El segundo aspecto a que se refiere este programa es la distribución geográfica de la infraestructura la cual dice genera concentraciones ineficientes en algunos lugares y deja población sin acceso. “Según estudio del Coneval 2013 el 81.6% de la población tiene muy alto grado de acceso geográfico, 15.6% tienen algún grado de acceso (es la suma de acceso alto, medio, bajo y muy bajo) y 2.8% de la población no cuenta con acceso geográfico esta última equivale a 3.2 millones de personas distribuidas en 57,171 localidades; lo que representa el mayor reto y la necesidad de implementar estrategias diferentes”.35

También nos señala que “El tercer reto es el uso de los recursos y la productividad de las unidades de salud del sector público. El equipamiento de dichas unidades con frecuencia no es el adecuado o es nulo y en general los recursos tecnológicos de apoyo de diagnóstico se ubican en el nivel hospitalario (OECD 2013 a). Esta situación trae como consecuencia. Además de afectaciones para los pacientes, quienes tienen que estar acudiendo a diferentes unidades médicas, el encarecimiento del servicio”.36

Lo antes mencionado demuestra la situación actual de los servicios de salud pero son por todos conocidos los esfuerzos que se han dado en nuestro país por mejorar cada día dichos servicios para beneficio de los mexicanos. En mi trabajo diario al estar en contacto con la población y escuchar sus inquietudes en la materia, se fortalece mi compromiso, como su representante de transmitirlas a la autoridad, para esta incremente sus esfuerzos para lograr servicios de salud de calidad para todos, dándole especial atención a los sectores que carecen de recursos económicos.

Entre las inquietudes de la población con relación al Sector Salud se encuentran:

a) El servicio médico permanente a la población durante todos los días de la semana, durante las 24 horas del día, en aquellos lugares que carecen de dicho servicio, para que se atiendan oportunamente aquellos casos que no admiten demora;

b) La programación y realización oportuna de intervenciones quirúrgicas, para evitar el incremento de riesgos;

c) Que los servicios de urgencias cuenten con el espacio adecuado, número suficiente de camas, así como con los recursos humanos y materiales necesarios para la atención de los pacientes, en este aspecto urge también una pronta solución a la problemática actual de esta área tan importante de los servicios de salud;

d) Que exista el suficiente abasto de medicamentos en todas las clínicas del Sector Salud, siendo esto de imperiosa necesidad;

e) Otra de las necesidades en el Sector Salud es la capacitación continua del personal tanto médico como administrativo para que cada día mejore la calidad de sus servicios. Así como se incremente la observancia del respeto a los Derechos Humanos; y

f) Se fortalezca la supervisión en los centros hospitalarios del Sector Salud en el país para el cuidado de la calidad de los servicios y que las personas que acudan en busca de la atención médica, la reciban en forma oportuna.

También es importante destacar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos37 ha expresado en sus comunicados de prensa números CGCP/096/13 de fecha 6 de abril del año 2013, que debe ser una prioridad de las instituciones del Sector Salud, respetar los derechos humanos de los pacientes y proporcionar servicios oportunos, adecuados y eficientes, así también en el comunicado número CGCP/013/2014 de fecha 13 de enero de 2014, ha señalado que urge una campaña de capacitación para el personal del Sector Salud sobre observancia de las 72 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en la materia, así como que ha expresado en el comunicado de prensa número CGCP/018/14 de fecha 18 de enero de 2014, que garantizar el derecho a la salud debe ser una prioridad del Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su elevada consideración el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud, para que se fortalezcan las acciones relativas a proporcionar servicios de salud a la población, brindar atención durante las veinticuatro horas todos los días de la semana, en aquellos lugares de la república que carezcan de este servicio; así como que en todos los centros hospitalarios públicos del país se incrementen las acciones necesarias para la programación y la práctica oportuna de intervenciones quirúrgicas; se mejoren los servicios de urgencias; se eficientice el abasto de medicamentos con la finalidad de que este sea suficiente; se incremente la supervisión para el cuidado de la calidad de los servicios y de que las personas que acudan en busca de la atención médica, sean atendidas oportunamente; así como se fortalezca la capacitación continua de los médicos y demás personal del sector salud con el fin de que se concientice sobre el respeto a los derechos humanos y se mejore la calidad de los servicios.

Notas

1 Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Colección Garantías Individuales, Las garantías de igualdad, 2a. edición. Pág. 71.

2 Ibídem Págs. 73 y 74

3 Ley General de Salud. Reforma 02-04-2014 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142.pdf

4 Ibídem artículo 1o. Bis

5 Ibídem artículo 4o.

6 Ibídem artículo 6o.

7 Ibídem artículo 7o.

8 Ibídem artículo 9o.

9 Ibídem artículos 13, 23 y 29

10 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 http://pnd.gob.mx/

11 Ibídem Pág. 47

12 Ibídem Pág. 53

13 Inegi. Mujeres y hombres en México 2011. 2012 https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sour ce=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjAA&url=http%3 A%2F%2Fwww.inegi.org.mx%2Fprod_serv%2Fcontenidos%2Fespanol%2Fbvinegi%2F productos%2Fintegracion%2Fsociodemografico%2Fmujeresyhombres%2F2011%2FM yH2011.pdf&ei=52owU6PWLsq-2gX_u4C4Dg&usg=AFQjCNF9azTm4jULEMNSBx YCdIzmhrBG0g&bvm=bv.62922401,d.b2I

14 Ibídem Pág.88

15 Ibídem Págs. 88 y 89

16 Ibídem Pág. 89

17 Ibídem.

18 Ibídem Pág.90

19 Ídem

20 Ibídem Pág.99

21 Ídem

22 Primer Informe de Gobierno 2012-2013 http://www.presidencia.gob.mx/informe/

23 Ibídem Pág. 204

24 Ídem

25 Ibídem Págs. 209, 216, 223, 224, 226, 227, 236 Y 237

26 Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) http://www.inegi.org.mx/sistemas/DENUE/

27 Inegi Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j& q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0C CcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.inegi.gob.mx%2Fprod_serv%2Fcontenidos% 2Fespanol%2Fbvinegi%2Fproductos%2Fcensos%2Fpoblacion%2F2010%2Fprinci_re sult%2Fcpv2010_principales_resultadosVI.pdf&ei=OH0wU4WNLcmS2AWns4HQ Cw&usg=AFQjCNEOqQwZSbiE1Uxf1uyC9q46FWJB_Q

28 Ibídem Págs. 44 y 45

29 Ibídem Pág. 47

30 Programa Sectorial de Salud 2013-2018

http://portal.salud.gob.mx/contenidos/conoce_salud/prose sa/pdf/programa.pdf

31 Ibídem Pág. 7

32 Ibídem Pág. 31

33 Ibídem Pág. 31 y 32

34 Ibídem Pág. 33

35 Ídem

36 Ibídem Pág. 34

37 Comisión Nacional de los Derechos Humanos México http://www.cndh.org.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro a 23 de abril del año 2014.

Diputada María del Carmen Ordaz Martínz

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa y de la Conagua a elaborar estudios para definir acciones específicas sobre los esfuerzos dirigidos a alcanzar el aprovechamiento sustentable del agua de uso agropecuario, a cargo de la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, diputada a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Comisión Nacional del Agua a elaborar estudios con enfoque integral para definir acciones específicas a nivel regional, con prioridad diferenciada, que permitan focalizar los esfuerzos dirigidos a alcanzar el aprovechamiento sustentable del agua de uso agropecuario; a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que los proyectos que incluyan acciones para el uso eficiente del agua tengan prioridad y para que, en todos los programas que incluyan capacitación, se incorporen contenidos para el uso eficiente del agua, a tenor de las siguientes:

Consideraciones

Disponibilidad nacional de agua

En México, la disponibilidad de agua se ha reducido dramáticamente en los últimos años. Mientras que en 1950 se contaba con 18 mil metros cúbicos (m3) por habitante al año (50 m3 al día por habitante), en 2010 la disponibilidad era de 4 mil 442 m3 (apenas un poco más de 12 m3 diarios por persona).1 Esto equivale a una tasa de disminución anual de 2.3 por ciento.2 No obstante, la demanda hídrica, al contrario de la oferta, sólo tiende a aumentar. En el análisis que se presenta en la Agenda del Agua 2030 se identifica que, al año 2011, la demanda de agua a nivel nacional era del orden de 78.4 miles de millones de metros cúbicos;3 para 2030, se calcula que la demanda sea de 91.2 millones.4

Esta brecha entre oferta y demanda redunda en una mayor presión sobre los recursos hídricos.

La extracción del agua para satisfacer la demanda se divide en volumen sustentable, proveniente de fuentes superficiales y subterráneas, y no sustentable, que se extrae de acuíferos sobreexplotados; el volumen sustentable alcanza los 66.9 miles de millones de metros cúbicos y el no sustentable representa 11.5 de la misma unidad, equivalentes a 85 y 15 por ciento, respectivamente.5 Ello representa que actualmente 15 por ciento del agua disponible está comprometida a futuro, y el riesgo de quedarnos sin ella, con todas las consecuencias que esto implique, se incrementará en la medida en que la actual situación permanezca o se agudice.

Por otra parte, la contaminación de las fuentes de agua, ya sea de origen natural (como la intrusión marina) o antropogénico (como la filtración de lixiviados a los mantos freáticos, o de fertilizantes), disminuye la cantidad de agua en condiciones óptimas para el uso humano. Del total de los sitios de monitoreo de la calidad del agua en el país, en la minoría de los casos se detectaron agua en condiciones no favorables, tanto para los indicadores de demanda biológica de oxígeno (DBO) como para la demanda química de oxígeno (DQO) y los sólidos suspendidos totales (SST). Por otra parte, 16 acuíferos presentan intrusión marina (2.45 por ciento del total).6

7

La distribución regional de estos fenómenos, sin embargo, no coincide con la nacional, como se verá a continuación, conllevando implicaciones específicas.

Disponibilidad de agua por regiones

La situación a nivel de cuenca y de región hidrológica en México, como se indicó anteriormente, presenta situaciones marcadamente diferenciadas entre unas y otras, y de éstas con el panorama que a escala nacional se percibe. Por ejemplo, en cuanto al tema de la sobreexplotación, el punto es evidente. En una superficie donde se cuenta con sólo 31 por ciento de la disponibilidad natural media de agua, vive 77 por ciento de la población.8 En consecuencia, y debido a la concentración territorial de la población y las actividades económicas en determinadas áreas, 101 acuíferos (15.5 por ciento),9 de un total de 653, proveen la mayoría del agua subterránea que se consume en el país10 (53.6 por ciento; o 6.5 miles de millones de metros cúbicos).11

12

Si se analiza la disponibilidad de agua sustentable o renovable en cada región hidrológica administrativa por habitante al año, es más que clara la disparidad entre una región y otra.

Por ejemplo, por cada litro renovable disponible por habitante en la región del Valle de México, en la región frontera sur habrá 140.13

La desigualdad en la distribución de agua renovable en el territorio nacional, tomando por referencia la cantidad de agua que corresponde a cada habitante a partir de su región hidrológica administrativa de residencia, y agrupándolos en deciles, genera un coeficiente de Gini de 59.14 Recordemos que para este indicador 0 representa una equidad perfecta y de 100 representa la perfecta desigualdad. Sólo como referente de comparación, consideremos que el valor de una medición como la anterior es superior al Gini correspondiente a la desigualdad en el ingreso de todos los países de América Latina (quedando Bolivia, Haití y Honduras, los peor calificados, alrededor de 53), y que los países africanos, con excepción de Sudáfrica, los cuales no alcanzan los 59 puntos (quedándose Argelia 0.3 por debajo y Zimbabwe a punto y medio).15

16

Por otra parte, haciendo una medición del coeficiente de correlación entre los valores de medición de la disponibilidad de agua y de la población, tendremos un resultado de 0.0317 , lo cual da cuenta de una correlación débil (cuando en valor de la correlación es 0 es nula).

18

De esta forma, se ilustra que el poblamiento no está a la disponibilidad de agua de extracción sustentable.

Como ocurre con la población, la ubicación de los asentamientos industriales tampoco parece darse en función de criterios como la disponibilidad de agua renovable.

Por cada litro del que se dispone en el Valle de México para generar un punto porcentual de producto interno bruto (PIB) nacional, en la región frontera sur se tienen 211;19 aun cuando la primera de ambas regiones genera 24.7 por ciento del PIB nacional y la segunda el 5.3 por ciento.20

De esta manera, se puede concluir que ni la población ni la generación de riqueza coinciden con la disponibilidad de agua renovable, no obstante que de la disponibilidad de agua en el mediano y largo plazo depende la continuidad de una y otra.

21

22

Los indicadores de contaminación DBO, DQO y SST, por su parte, que de entre la oferta de agua disponible reducen aquella en condiciones óptimas para el consumo humano, guardan un acento particularmente alarmante en ciertas regiones. Entre ellas, algunas de las que más población albergan o más riqueza producen. De acuerdo con el coeficiente de especialización de cada una de las regiones, existen aquellas en que la relevancia de la contaminación (y por lo tanto, la reducción de agua de calidad sobre el total del agua disponible) es sustancialmente mayor que el promedio nacional. El Valle de México, por ejemplo, alcanza un coeficiente 6.0 en el indicador DBO. Esto quiere decir que la relevancia del agua contaminada y muy contaminada en esta región representa seis veces la relevancia que tiene a nivel nacional. Esta y otras regiones como la península de Baja California, Lerma Santiago Pacífico y Golfo Centro, alojan ciudades de primer orden, y por lo tanto gran población y riqueza, pero ven disminuida su cantidad de agua con calidad adecuada para su consumo, aunado a lo que las gráficas pasadas ya señalan sobre su baja disponibilidad de hídrica.

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En los sentidos anteriormente expuestos, y teniendo en cuenta que “existen cuencas donde se utiliza un bajo porcentaje del agua disponible, y otras en que se utiliza más de 100 por ciento”,24 así como que en ciertos territorios es representativa la proporción de agua carente de cualidades óptimas, resulta pues evidente que la problemática del agua es particularmente intensa en ciertas regiones del país. Por lo mismo, cualquier aproximación hacia la temática hídrica requiere tomar en cuenta estas disparidades para potenciar los esfuerzos y hacer rendir de mejor modo los recursos invertidos.

Consumo hídrico de la actividad agropecuaria

Mención especial merece el tema del uso agropecuario del agua: 77 por ciento de la demanda total de agua en nuestro país la consume dicho sector.25

Como se advierte en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, el uso del agua en la agricultura, presenta grandes deficiencias en su uso y suministro.26 Del agua destinada a la producción de alimentos solo 46 por ciento se usa de manera eficiente.27 Incluso cuando pensamos en la eficiencia del riego, en la conducción y uso del agua no es plena, y mediciones recientes mencionan una baja entre 2011 y 2012 de 10 por ciento sobre el volumen total empleado.28 Se señala que la superficie con riego prácticamente no ha crecido en los últimos cuarenta años y su infraestructura presenta deterioro que provoca serias deficiencias en la conducción y uso.29

30

De acuerdo con los análisis de la Semarnat en la Agenda del Agua 2030, las medidas para incrementar la eficiencia del uso del agua en la actividad agrícola tienen un potencial de contribución a la solución equivalente a 61 por ciento;31 el otro 39 por ciento lo aportarían las acciones para la reducción de la demanda en el consumo público urbano (17 por ciento), para disminución de la demanda industrial (4 por ciento) y la ampliación de la oferta con infraestructura (18 por ciento).32 Por lo mismo, la eficiencia en el uso del agua en el sector agrícola, es de primer orden.

En este sentido, se subraya la labor del gobierno federal al emprender acciones encaminadas a procurar el suministro de agua en cantidad y calidad suficientes, promover su aprovechamiento sustentable y, desde luego, evitar su desperdicio. Se reconocen las acciones delineadas en el objetivo 4 del programa sectorial para impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país, específicamente en lo relacionado con las estrategias para promover la tecnificación del riego, optimizar el uso del agua e impulsar prácticas sustentables en las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola: Estrategias 4.1. Promover la tecnificación del riego y optimizar el uso del agua, y 4.2. Impulsar prácticas sustentables en las actividades agrícolas, pecuaria, pesquera y acuícola, así como las estrategias y líneas de acción transversales que componen el Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018, entre las que se destacan la Estrategia 1.4. Promover el manejo eficiente y sustentable del capital natural y reforzar el cuidado del medio ambiente del país.

En este sentido, valga mencionar la importancia de incentivos para los productores agrícolas y asociaciones de usuarios de riego, que se contemplan en el Programa de Fomento a la Agricultura, en el Componente de Tecnificación del Riego, de hasta 15 mil pesos por hectárea para los sistemas de riego por aspersión, microaspersión y goteo, o para el drenaje en terrenos agrícolas para igual superficie y de hasta 10 mil pesos por hectárea para los sistemas de riego por multicompuertas con pulsación y válvulas alfareras.33

Sin embargo, como anteriormente se ha esbozado, la presión sobre las cuencas hidrológicas es profundamente heterogénea, por lo que es indispensable establecer zonas prioritarias para programas y componentes enfocados a la eficiencia del agua en el sector agrícola, a las cuales se destinen más recursos o se diseñen instrumentos específicos.

Por otra parte, es notable el trabajo que se refleja en el diagnóstico del Programa Nacional Hídrico 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2014, a partir del cual se identifican de manera general los principales aspectos del problema del agua en nuestro país, que van desde la concentración del escurrimiento natural en algunas zonas, la sobreexplotación de diversas fuentes y los escenarios climáticos, hasta los aspectos sociales como son la efectividad del derecho al agua, a la salud y los niveles de desarrollo.

No obstante, se considera que para alcanzar los objetivos trazados, es necesario profundizar en el esfuerzo para detectar los problemas y necesidades específicas por región y diseñar estrategias de política pública diferenciadas.

En el propio Programa Nacional Hídrico 2014-2018 (PNH 2014-2018) se reconoce, por ejemplo, la insuficiencia de los estudios y proyectos como un problema no resuelto que afecta seriamente el proceso de inversión en la gestión del agua.

Se refiere que esta situación dificulta el cumplimiento en el ejercicio de los presupuestos dentro del año fiscal; las obras se encarecen al construirse con proyectos inadecuados o elaborados apresuradamente que no ayudan a conducir un proceso ordenado de planeación.

En este sentido, se proyecta que es necesario emprender una modernización del sector que incluya, entre otros aspectos, el Sistema Nacional de Información del Agua y el restablecimiento y mejora del sistema nacional de preparación de proyectos, que considere criterios técnicos, sociales, económicos, financieros y de política pública.

Es de mencionarse, que el PNH 2014-2018 plantea con claridad un objetivo relacionado con el motivo de la presente proposición: “Objetivo 5. Asegurar el agua para el riego agrícola, energía, industria, turismo y otras actividades”; el cual aborda dos estrategias: 5.1. Mejorar la productividad del agua en la agricultura, y 5.2. Utilizar sustentablemente el agua para impulsar el desarrollo en zonas con disponibilidad.34

Entre las 14 líneas de acción que integran las estrategias 5.1 y 5.2 del PNH se distinguen dos, en las que se consideran aspectos de evaluación y planeación, a saber: 5.1.7 Medir el suministro y el consumo de agua en la agricultura y 5.1.9 Redimensionar los distritos de riego de acuerdo con la oferta real del agua. Por lo demás, las acciones de corrección, mantenimiento, modernización y ampliación de la infraestructura y sistemas de infraestructura hidroagrícola, tanto de riego como de temporal tecnificado, parecen orientarse principalmente por el criterio de disponibilidad.

Por el gran impacto que para la vida de las personas y las comunidades tiene la posibilidad de contar con agua suficiente y de calidad, y por la heterogeneidad de la problemática que aqueja a las diversas regiones del país en esta materia, es necesario contar con información y evaluaciones de un alto nivel de especificidad por región, en los que se consideren, además del criterio de disponibilidad, otros tantos como son el perfil poblacional, la vocación económica, las fuentes de contaminación hídrica, y las proyecciones para la sustentabilidad del aprovechamiento del recurso.

Es prioritario buscar soluciones para la eficiencia del agua en las actividades que más la consumen que atiendan sustantivamente las diferencias regionales.

A una problemática tan diversa, corresponden esfuerzos claramente diferenciados.

Lograr la eficiencia en la producción de alimentos y en el uso de agua en la actividad agropecuaria es una tarea prioritaria para la estabilidad y desarrollo futuros del país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Comisión Nacional del Agua, a que en el marco de sus atribuciones y conforme las acciones proyectadas en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, realicen estudios con enfoque integral para definir acciones específicas a nivel regional con prioridad diferenciada que permitan focalizar los esfuerzos dirigidos a alcanzar el aprovechamiento sustentable del agua de uso agropecuario.

Segundo . Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación considere la incorporación, en todos sus programas de apoyo, de criterios para que los proyectos que incluyan acciones para el uso eficiente del agua gocen de prioridad para el acceso a sus beneficios y para que, en todos los programas que incluyan capacitación, se incorporen contenidos para el uso eficiente del agua.

Notas

1. Semarnat. Agenda del agua 2030 . p.16.

2. Cálculo propio.

3. Semarnat. Op.cit. p.17.

4. Ídem.

5. Ibíd. p.17.

6. Conagua. Estadísticas del agua en México, edición 2011. pp.36,40.

7. Elaboración propia con base en Conagua. Estadísticas del agua en México, edición 2011. pp.36-40.

8. Semarnat. Op.cit. p.16.

9. Ibíd. p.16.

10. Conagua. Estadísticas del agua en México, edición 2011. p.34.

11. Semarnat. Op.cit. p.17.

12. Elaboración propia con base en Conagua. Atlas del agua en México 2012. p.18.

13. Cálculo propio.

14. Cálculo propio.

15. Cfr. Isabel Ortiz y Matthew Cummins. Desigualdad global: la distribución del ingreso en 141 países. pp.55-67.

16. Elaboración propia con base en Conagua. Atlas del agua en México 2012. p.18.

17. Cálculo propio.

18. Elaboración propia con base en Conagua. Atlas del agua en México 2012. p.18.

19. Cálculo propio.

20. Conagua. Atlas del agua en México 2012. p.18.

21. Elaboración propia con base en Conagua. Atlas del agua en México 2012. p.18.

22. Elaboración propia con base en Conagua. Estadísticas del agua en México, edición 2011. p.37.

23. Elaboración propia con base en Conagua. Estadísticas del agua en México, edición 2011. pp.36-40.

24. Semarnat. Op.cit. p.6.

25. Incluye los usos agrícola, acuacultura, pecuario, múltiple y otros de la clasificación del Registro Público de Derechos de Agua, con base en Conagua. Estadísticas del agua en México, edición 2011 .

26. Sagarpa. Programa sectorial de Desarrollo agropecuario . p.59.

27. Ibíd . p.60.

28. Segob. “Programa nacional hídrico 2014-2018”. p.21.

29. Sagarpa. Op.cit. p.54.

30. Elaboración propia con base en Segob. “Programa nacional hídrico 2014-2018”. p.21.

31. Semarnat. Op.cit. p.19.

32. Ídem.

33. Sagarpa. “Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operación del programa de fomento a la agricultura...”. pp.74-75.

34. Segob. Op.cit. p.34.

Fuentes

Conagua. Atlas del agua en México 2012 . Conagua, 2012, México. http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/SGP-36- 12.pdf

Conagua (2011). Estadísticas del agua en México, versión 2011 . Semarnat, México. http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/EAM2011.pdf

Sagarpa (2013). “Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” [para el ejercicio fiscal 2014]. Diario Oficial de la Federación , 18 de diciembre de 2013. http://www.sagarpa.gob.mx/agricultura/Programas/proagro/Normatividad/Do cuments/2014/Reglas_Operacion_PROAGRO_Productivo_18DIC2013_VES.pdf

Sagarpa (2013). “Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018”. Diario Oficial de la Federación , 13 de diciembre de 2013. http://www.sagarpa.gob.mx/quienesomos/introduccion/Documents/Programa%2 0Sectorial%20de%20Desarrollo%20Agropecuario,%20Pesquero%20%20y%20Alimen tario%202013-2018.pdf

Segob (2014). “Plan Nacional Hídrico 2014-2018”. Diario Oficial de la Federación , 8 de abril de 2014. http://www.conagua.gob.mx/conagua07/contenido/documentos/PNH2014-2018.p df

Semarnat (2011). Agenda del agua 2030. Semarnat, México.

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Temas/AgendadelAgua2 030.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2014.

Diputada Celia Isabel Gauna Ruíz de León (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INAH a establecer medidas para la protección, conservación y estudios de la zona arqueológica de Huapalcalco, a cargo de la diputada Emilse Miranda Munive, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Emilse Miranda Munive, diputada federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Situada a cuatro kilómetros al norte de la cabecera del municipio de Tulancingo, en el estado de Hidalgo se halla la zona arqueológica de Huapalcalco, que se encuentra sumergida en una situación de poco cuidado.

De acuerdo a los estudios realizados en la zona, se estima que la mima fue edificada entre los años 600 y 900 después de Cristo, durante el periodo epiclásico. El nombre de Huapalcalco se deriva del vocablo náhuatl “huapalli o hupaltil” que quiere decir “tabla o viga pequeña”, y “calli” que quiere decir “casa”, entendiéndose como “lugar de la casa de madera”.

Sede del segundo imperio Tolteca, es considerada como uno de los centros de ocupación humana más antiguos de Hidalgo, habiendo sido habitada por esta cultura y posteriormente abandonada al trasladarse sus pobladores a la ciudad de Tula.

Se considera que éste centro cívico y religioso fungió como una de las zonas económicas más importantes de la época, siendo así un lugar en el cual convergían diversas culturas. Debido a esto, en dicha zona podemos observar vestigios toltecas y teotihuacanos, así como de diversas civilizaciones del golfo de México.

Los vestigios históricos que aún se pueden observar en Huapalcalco están compuestos por notables monumentos arqueológicos, tales como montículos habitacionales y tres construcciones mayores, entre las que destaca una edificación piramidal de cuatro cuerpos, construida sobre una base de 12 metros y 8 metros de altura. Asimismo, podemos observar frente a dicha construcción un talud, que de acuerdo a su aspecto se observa que es de influencia teotihuacana.

Sin embargo, Huapalcalco no sólo se caracteriza por los notables monumentos arqueológicos que se encuentran en la zona, sino que ofrece una diversidad de pinturas rupestres que, de acuerdo a los estudios realizados a éstas se estima que cuentan con una antigüedad de más de 13 mil años. Dichas pinturas se pueden observar plasmadas en las cuevas y laderas del cerro del Tecolote.

Asimismo, se han encontrado recipientes de cerámica, al igual que diversos instrumentos elaborados con obsidiana, mineral que se podía encontrar en abundancia en dicha zona.

Desafortunadamente, la zona arqueológica de Huapalcalco ha sido afectada por actos que atentan contra su integridad, lo que significa un demérito al patrimonio cultural de la nación y de Hidalgo.

Dentro de los diversos agentes que han causado el deterioro de la zona, podemos observar la presencia de pinturas con aerosol que han sido plasmados en los monumentos arqueológicos, así como en las pinturas rupestres presentes en la zona.

De la misma forma, la práctica de diversos deportes como el alpinismo y el rapel en el cerro del Tecolote, el encendido de fogatas dentro de las cuevas, o incluso el hecho de que las personas utilicen los monumentos para llevar a cabo sus días de campo, ha generado que las construcciones y las pinturas rupestres se vean afectadas, siendo el caso más grave el de las pinturas rupestres, algunas de las cuales han desaparecido o están a punto de desaparecer.

El deterioro que presentan a causa de estos hechos es de graves consecuencias, debido a que se están perdiendo grandes vestigios históricos, los cuales representan un pasado glorioso, y que son símbolos históricos de una de las importantes civilizaciones que se asentaron en nuestro país.

Tanto los monumentos como las pinturas que se observan en la zona han perdurado a lo largo de los años, a pesar de enfrentarse a diversos fenómenos naturales como el sol, la lluvia y los terremotos, entre otros; sin embargo, están perdiendo la lucha contra el hombre, que sin importar que estos vestigios históricos son parte de nuestro pasado, han llevado a cabo prácticas que fomentan su destrucción.

Con base en lo anterior, proponemos se exhorte al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que se establezcan acciones para la protección, conservación y estudio de la zona arqueológica de Huapalcalco.

No debemos olvidar que México es un país con una amplia diversidad de monumentos arqueológicos, los cuales han sido símbolos representativos del país ante el mundo, por lo que sitios de la importancia de Huapalcalco no deben ser objeto del olvido.

Finalmente, recordemos que el cuidado y estudio de zonas como éstas no sólo provoca que se tenga un mayor conocimiento de nuestra historia, sino que también puede ser un factor para el fomento del turismo y el desarrollo regional.

Por lo expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que establezca medidas para la protección, conservación y estudio de la zona arqueológica de Huapalcalco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2013.

Diputada Emilse Miranda Munive (rúbrica)

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Con motivo del 30 de abril, Día del Niño, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

Posicionamiento que presenta la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, presidenta de la Comisión Ordinaria de Derechos de la Niñez, en la conmemoración del 30 de abril, Día de los Niños y las Niñas.

Este 30 de abril, reconocido como el Día de los Niños y las Niñas, y bajo el cobijo de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual conmemora su vigésimo quinto aniversario el próximo 20 de noviembre, surge con el propósito de garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, al considerar como niño, de manera genérica, a las personas menores de 18 años.

Sabemos que el mejor regalo que puede recibir una niña o un niño es la libertad de elegir, de sentir, de expresarse, de querer y de rechazar, de estar seguro y respetado, pero también sabemos que el niño o niña demandan la elaboración de respuestas gubernamentales especiales y políticas públicas específicas, para que puedan vivir en un ambiente libre de violencia, en armonía y respeto a su individualidad y su diversidad cultural.

De conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño, la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, reconoce que las niñas y los niños, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, deben crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Asimismo, considera que la niña o el niño, debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.

Para ello, las legisladoras y los legisladores, integrantes del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, organismos internacionales, empresarios, instituciones públicas y privadas, académicas y académicos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanas y ciudadanos en general, nos manifestamos con el propósito de promover y materializar –en su caso– las garantías de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Dadas las condiciones de desventaja y vulnerabilidad en que viven amplios segmentos de la población infantil y adolescente, esto nos obliga a hacer una reflexión sobre los retos avances y desafíos que encontraremos para su protección y desarrollo.

Considerando que

1. Que el momento histórico que vivimos impone reafirmar nuestro compromiso con el pleno cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia, para lograr su crecimiento, seguridad y bienestar, así como garantizar el ejercicio pleno del principio del interés superior de la niñez previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

2. Que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos, y como tales tienen derecho a la educación, a la salud, a vivir una vida libre de violencia, a la no discriminación, equidad e igualdad, a la supervivencia y desarrollo, al respeto de sus puntos de vista y opiniones, a vivir en familia, a la identidad y cuidados parentales, a la información, el acceso a la justicia, a la participación democrática en diversas actividades, a la alimentación, al descanso, al esparcimiento y al juego.

3. Que en nuestro país se ha logrado importantes avances en materia de respeto y cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia, como los son la reducción en los índices de mortalidad infantil, la cobertura casi universal en educación primaria y las reformas legislativas que elevan el interés superior del niño a rango constitucional, entre otras; pero ello aún es insuficiente dadas las condiciones de profunda desigualdad social que vivimos.

4. Que en México viven 41 y medio millones de niños, niñas y adolescentes, lo que significa que el 37 por ciento de la población del país con menos de 18 años,1 enfrenta, entre muchas, las siguientes situaciones:

• Más de tres millones de niños entre 5 y 17 años no asisten a la escuela;

• Cerca de tres millones de niños, niñas y adolescentes trabajan;

• Coneval y Unicef han reportado que la mitad de todos los niños y niñas viven en pobreza y 12 millones en pobreza extrema.

• 36 por ciento de los niños indígenas entre 6 y 14 años de edad trabajan el doble que el promedio nacional calculado en 15.7 por ciento, según estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre el trabajo infantil;

• Informes del Instituto Nacional de Nutrición (2013) indican que la desnutrición afecta al 40 por ciento de los niños mexicanos. Los mayores índices de desnutrición crónica se registran en los estados sureños de Quintana Roo (96.4 por ciento), Yucatán (96.3 por ciento), Chiapas (88.6 por ciento), Campeche (94.4 por ciento), Oaxaca (89.4 por ciento) y Guerrero (90.2 por ciento). En la actualidad son 2.6 millones de niños los que presentan síntomas de desnutrición;

• Del total de niños y niñas que viven en zonas rurales, casi el 27 por ciento padece pobreza extrema. La tasa de mortalidad infantil en este grupo es de 70 por ciento;

• La tasa de analfabetismo entre los pueblos indígenas se estima que es del 26 por ciento en la población entre 15 años y más, lo que significa que es cuatro veces más alta que la del promedio nacional (7.4 por ciento);

• Seis de cada 10 niñas, niños y adolescentes han vivido directamente alguna forma de violencia en su casa o en la escuela;

• En el año 2010, 520 mil niños, es decir 1.6 por ciento de la población infantil del país reportó tener alguna discapacidad;

• De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM) y Unicef, cada año, alrededor de 40 mil niños y niñas que migran son repatriados desde Estados Unidos a México, de éstos, 18 mil viajan solos.

• Miles de niños, niñas y adolescentes dejan su hogar cada año para intentar llegar a los Estados Unidos y reencontrarse con sus padres, estudiar y tener una vida mejor.2

• Según cifras del Centro Mexicano para la Defensa de la Infancia (Cemedin) 2013, un millar de niñas y jovencitas, cuyas edades fluctúan entre 14 y 16 años, se prostituyen en la ciudad de México a cambio de cantidades de dinero que oscilan entre los 15 y 25 dólares.

• Aproximadamente 21 mil niñas y niños se ven afectados por la situación que se vive en Michoacán, esta situación genera gran zozobra e inestabilidad entre la población civil, pero sobre todo entre las niñas, niños y adolescentes, muchos de los cuales hoy se encuentran incorporados en algunos de los bandos confrontados.

• Datos públicos indican que las organizaciones de protección a la infancia estiman que de 30 mil a 50 mil menores están vinculados con la delincuencia organizada, y que niñas y niños de entre 9 y 17 años, son explotados por los grupos criminales de diversas formas, y están implicados en unos 22 tipos de delitos, que van desde el tráfico de droga, hasta secuestro y trata de personas, extorsiones, contrabando y piratería.

• Otras cifras de la organización Cauce Ciudadano son más alarmantes, pues indican que habría unos 24 mil menores incorporados a diferentes grupos de delincuencia organizada, teniendo la siguiente distribución: Cártel de Sinaloa, más de 17 mil; Los Zetas, unos 7 mil 500; La Familia Michoacana, casi 50 mil niños y adolescentes.3

• Se calcula que al alrededor de 60 mil niñas y niños víctimas por la guerra contra el crimen organizado; y que

• Entre 2009 y 2010 se incrementó a 34 por ciento el número de adolescentes detenidos por participar con la delincuencia organizada, así como por portar armas y cometer delitos contra la salud. La edad de reclutamiento en el crimen organizado hasta hace una década se ubicaba entre los 20 y 35 años, sin embargo en la actualidad está entre los 12 y 15 años de edad.

Por lo anterior, manifestamos que promoveremos las siguientes acciones:

1. Garantizar una educación de calidad a todos los niños, niñas y adolescentes del país, con especial atención ,en la primera infancia y en los grupos más desfavorecidos, como son los niños, niñas y adolescentes que tienen alguna discapacidad, así como el refuerzo de los mecanismos de protección para la niñez y adolescencia en general, atendiendo a los niños y niñas migrantes, indígenas, las y los trabajadores, víctimas de violencia en cualquiera de sus múltiples formas, ya sea por explotación y abusos, las vinculadas y los vinculados al crimen organizado y las y los que son víctimas de la guerra;

2. Promover el ejercicio pleno del principio del interés superior de la niñez previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño;

3. Impulsar la aprobación de la nueva Ley General de Garantías de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, una Ley General contra toda forma de Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General que Regula el Sistema de Alerta Amber, así como fortalecer el cumplimiento de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes;

4. Realizar todas las acciones y actividades legislativas que sean necesarias en pro del Interés Superior de la Niñez, entre ellas legislar para evitar la sustracción de menores.

5. Armonizar las leyes y reglamentos sobre el tema, de conformidad con los instrumentos internacionales que México ha suscrito y ratificado;

6. Realizar las evaluaciones periódicas correspondientes al ejercicio presupuestal, en favor de la niñez;

7. Coadyuvar con el Ejecutivo federal y las legislaturas de los estados en el combate de la violencia contra de la niñez;

8. Estrechar los vínculos con las diversas dependencias de la administración pública federal y local, los Congresos locales y la sociedad civil, con la finalidad de trabajar en los temas que forman parte de la agenda común y avanzar en materia de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes;

9. Implementar campañas informativas y de comunicación social para sensibilizar contra el acoso escolar (bullyng) e impedir su crecimiento, así como las de educación sexual y prevención de embarazo adolescente;

10. Ejecutar acciones de promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, poniendo especial énfasis en la prevención y erradicación de la violencia hacia la infancia;

11. Promover en la sociedad una cultura de conocimiento y respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes;

12. Impulsar y visualizar la perspectiva de infancia en las propuestas y dictámenes legislativos, así como la inclusión de lenguaje de infancia en estos documentos.

13. Dar seguimiento a los programas y políticas públicas tendientes a elevar la calidad de vida las niñas, niños y adolescentes; y

14. Promover foros, encuentros, materiales y reuniones de trabajo para la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Por lo expuesto convocamos

A todas y todos los legisladores integrantes del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, organismos internacionales, empresarios, instituciones públicas y privadas, académicas y académicos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanas y ciudadanos en general, que se sientan convocados y comprometidos con los cuatro principios fundamentales de los derechos del niño: la no discriminación; el interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo; y la participación activa de la niña y el niño y a participar activamente en la materialización de este posicionamiento, para la consecución de sus fines, es la entre otros, la erradicación de la problemática que aqueja a la infancia y adolescencia, y concientizarnos sobre la urgencia de aportar nuevas soluciones y consolidar la efectividad plena de derechos de la niñez mexicana.

Notas

1 Inegi, datos del Censo General de Población 2010.

2 Unicef, Informe anual sobre la infancia, 2011

3 Entre 30 y 50 mil niños atrapados por la delincuencia organizada, El Universal, abril 30, 2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2014.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)