Dictámenes a discusión

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a apoyar la coordinación de las áreas encargadas de la seguridad en Michoacán y evitar la toma de acuerdos con personas pertenecientes a grupos delictivos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Seguridad Pública de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1 , fracción I, y 158, numeral 1 , fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 13 de febrero de 2014, el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a apoyar la coordinación de las áreas encargadas de la seguridad en Michoacán y a evitar la toma de acuerdos con personas pertenecientes a grupos delictivos.

2. Con misma fecha, la Mesa Directiva turnó a esta comisión dicho punto de acuerdo para su estudio y dictamen.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

1. El problema que plantea la proposición consiste en la preocupación sobre la debilidad de la estrategia de seguridad en Michoacán, así como las cuestionables medidas de seguridad, control de acceso e identificación de personas que denotan falta de coordinación y descontrol entre las autoridades.

2. El objeto de la proposición es redoblar esfuerzos y exigir a los responsables de las diversas instituciones de seguridad pública y procuración de justicia a que actúen de manera coordinada, sobre todo en lo relativo a la transmisión de información.

3. Los resolutivos propuestos en la proposición son los siguientes:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de la manera más atenta al gobierno federal a que se coordinen las distintas áreas responsables, a quienes el presidente de la República instruyó trabajar a que compartan entre ellos la información de sus actividades.

Segundo. De igual manera, se exhorta al gobierno federal a apoyar al comisionado federal para el estado de Michoacán para evitar que caiga en actos similares, por lo que debe revisar exhaustiva mente con quién se reúne e informar a la ciudadanía a qué acuerdos llegó.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de la manera más atenta al gobierno federal a que bajo ningún motivo acuerde o pacte la seguridad de los michoacanos con personas ligadas a grupos delictivos.

III. Proceso de análisis

1. Esta Comisión de Seguridad Pública examinó los méritos de la proposición a la luz de una revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció por la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

a) En cuanto a los argumentos del autor

Primera. La crisis de inseguridad en Michoacán ha alcanzado niveles preocupantes; en ese tenor, las principales fuerzas políticas del país, han manifestado el respaldo al gobierno federal y a las estrategias que permitan recuperar la paz y la tranquilidad en dicha entidad.

Segunda. Esta comisión reconoce que Michoacán se encuentra en una situación por de más perjudicada por el crimen organizado, en específico por los carteles de tráfico de drogas; y con el abatimiento de los líderes de este y otros grupos criminales, pudiera recrudecerse la violencia.

Tercera. Que situaciones como la coincidencia en una reunión del comisionado federal para la Seguridad y Desarrollo Integral en Michoacán, licenciado Alfredo Castillo Cervantes, con Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, quien ha sido señalado como lugarteniente de los cárteles de Los Valencia y Nueva Generación de Jalisco, dejan ver la falta de coordinación y cooperación entre los diferentes niveles de autoridades y de medidas de protección a sus propios agentes.

Cuarta. Que el gobierno federal debe garantizar un tránsito transparente de vuelta a la tranquilidad para los ciudadanos, y que genere confianza en la estrategia que se implementa por el gobierno.

b) En cuanto a los resolutivos propuestos

Quinta. Se coincide en general con el sentido del texto propuesto, puesto que para alcanzar la meta de regresar a la normalidad a Michoacán, se debe transparentar el actuar para evitar malos entendidos, que lesionen la confianza en las instituciones.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de la manera más atenta al gobierno federal a que fortalezca la coordinación entre las autoridades responsables en Michoacán, para que trabajen y compartan entre ellos la información de sus actividades.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de abril de 2014.

La Comisión de Seguridad Pública

Diputados: José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), presidente; José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya, Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), secretarios; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbrica), Francisco González Vargas, Raúl Macías Sandoval (rúbrica), José Valentín Maldonado Salgado, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Trinidad Secundino Morales Vargas, Joaquina Navarrete Contreras, Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero, Víctor Serralde Martínez, María Guadalupe Sánchez Santiago, Regina Vázquez Saut (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica).

De la Comisión de Deporte, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados felicita a las ciudadanas Linda Ochoa, Rosalía Domínguez, Brenda Merino y Aída Román por haber obtenido medallas de oro en el campeonato mundial de tiro con arco, en la especialidad bajo techo, llevado a cabo en Nimes, Francia

Honorable Asamblea:

La Comisión de Deporte de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

1. Antecedentes

a) En sesión celebrada el 6 de marzo de 2014, María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados felicita a las ciudadanas Linda Ochoa, Rosalía Domínguez, Brenda Merino y Aída Román por haber obtenido medallas de oro en el campeonato mundial de tiro con arco, en la especialidad bajo techo, llevado a cabo en Nimes, Francia.

b) Con fecha 7 de febrero de 2014, la Mesa Directiva turnó dicho asunto a la Comisión de Deporte para análisis y dictamen, mediante el número de expediente 3963, a través del oficio número DGPL 62-II-2-1245, de fecha 6 de marzo de 2014.

2. Contenido de la proposición

La diputada promovente establece en la proposición que el 1 de marzo pasado, Linda Ochoa, Rosalía Domínguez y Brenda Merino lograron la medalla de oro en el campeonato mundial de tiro con arco, en la especialidad bajo techo, llevado a cabo en Nimes, Francia.

Menciona que la presea dorada fue obtenida tras vencer en la final a las arqueras de Estados Unidos, Christie Colin, Crystal Gauvin y Érika Jones, con un marcador de 232 a 228, triunfo que es catalogado como una proeza por los especialistas, pues la nación vecina del norte es considerada una potencia en la modalidad y se encontraban abajo en el marcador.

Además de lo anterior, establece que la tripleta mexicana venció en sus tiros a 18 metros a las estadounidenses Colin, Gauvin y Jones, quienes se quedaron con la presea de plata. Por su parte, la mexicana Aída Román conquistó su primer título en un mundial de tiro con arco bajo techo, luego de vencer en la final a la japonesa Miki Nakamura, en la modalidad de arco recurvo.1

Sostiene también que Aída Román, quien fue subcampeona en los Juegos Olímpicos Londres de 2012, terminó con un marcador de 6-0 después de acertar 8 de las 9 flechas en el centro de la diana para obtener una puntuación de 10 en cada uno de los sets, lo cual le dio en la primera parte de la justa 29 a 28 para colocarse 2-0.

Ya en el segundo set se apuntó 30 a 27 ante la japonesa, con lo que se fue arriba 4-0 en el marcador. Para el último parcial, la arquera capitalina tuvo otra puntuación perfecta de 30-28 y cerró los cartones 6-0. Además de lo anterior, en las eliminatorias semifinales, Aída Román venció a Anastacia Pavlova 6-4 con parciales 28-28, 29-29, 30-30, 30-30 y en la última ronda se colocó arriba para terminar 30-29.

La diputada menciona que la medalla de oro permitió a Aída Román ingresar en el selecto grupo de mexicanas que han obtenido medalla en juegos olímpicos y en un mundial. Antes lo habían logrado María Espinoza e Iridia Salazar, en taekwondo; Paola Espinosa y Laura Sánchez, en clavados; Belem Guerrero, en ciclismo; y Ana Guevara, en atletismo.

Aída Román ganó plata en sus primeros juegos panamericanos, en Río de Janeiro 2007, seguido por siete oros en los Centroamericanos de Mayagüez 2010. En los pasados panamericanos de Guadalajara 2011, la mexicana se quedó con el bronce en la prueba individual. Actualmente, Román se halla en la sexta posición de la clasificación mundial.

Finalmente, la diputada sostiene que los triunfos referidos en el presente documento son un orgullo para el país, por tratarse de mexicanas de excelencia que han podido destacar a nivel mundial, con lo que se confirma de nueva cuenta la necesidad de seguir apoyando a nuestros deportistas.

Las consideraciones anteriores enmarcan la propuesta para que la diputada promovente solicite una felicitación por la Cámara de Diputados a Linda Ochoa, Rosalía Domínguez, Brenda Merino y Aída Román por haber obtenido medallas de oro en el campeonato mundial de tiro con arco, en la especialidad bajo techo, llevado a cabo en Nimes, Francia.

3. Análisis, discusión y valoración de la proposición

Los integrantes de la Comisión de Deporte se dieron a la tarea de realizar un análisis de la argumentación de la proposición presentada por la promovente, en lo relativo a la armonía jurídica que ésta presenta con el marco normativo vigente. Asimismo, las aportaciones y la discusión de los diputados en la reunión ordinaria realizada con motivo del análisis del presente dictamen arrojaron las siguientes

4. Consideraciones de la comisión dictaminadora

Reconocer los méritos deportivos es una forma de motivar la participación de la juventud en la práctica del deporte, en disciplinas que les impulsen al desarrollo de sus habilidades físicas, al cuidado de la salud y a la consecución de salud mental y mejor calidad de vida.

México ha intervenido en juegos olímpicos desde los celebrados en 1900 en París, y hasta la fecha sólo 97 deportistas han logrado subir al podio de honor.1 No obstante lo anterior, en México hay hasta hoy más de 900 medallas ganadas por atletas mexicanos en diversos encuentros deportivos de carácter nacional e internacional.2

Ante ese panorama, resulta imperativo reconocer el esfuerzo de las jóvenes que obtuvieron preseas en el pasado campeonato mundial de tiro con arco. Su extraordinaria labor es fruto del esfuerzo, de la disciplina y del compromiso con ellas mismas y con la proyección del país al poner en alto sus valores de excelencia y constancia.

Para México, los deportistas y la obtención de sus triunfos en campeonatos de nivel internacional son producto del trabajo deportivo que les permite tener acceso los apoyos necesarios para el perfeccionamiento de sus habilidades deportivas, pues son considerados parte de un proyecto nacional y no como el producto de un esfuerzo aislado.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de la Comisión de Deporte estiman positivo realizar este reconocimiento y someten a consideración del pleno de esta asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados reconoce a las ciudadanas Linda Ochoa, Rosalía Domínguez, Brenda Merino y Aída Román por haber obtenido medallas de oro en el campeonato mundial de tiro con arco, en la especialidad bajo techo, llevado a cabo en Nimes, Francia.

Notas

1 Cifras del Comité Olímpico Mexicano.

2 Cifras de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2014.

La Comisión de Deporte

Diputados: Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), presidente; Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), Mayra Karina Robles Aguirre (rúbrica), William Renan Sosa Altamira (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), Fernando Alejandro Larrazábal Bretón (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Gabriela Medrano Galindo (rúbrica), Juana Bonilla Jaime (rúbrica), José Valentín Maldonado Salgado (rúbrica), secretarios; Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Jorge Salgado Parra (rúbrica), Tomás Brito Lara (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Arturo Escobar y Vega, Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel (invitada), Rosa Elba Pérez Hernández (invitada), Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez, Rafael González Reséndiz (rúbrica), Alejandra López Noriega (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Roberto Ruiz Moronatti, Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica).

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Semarnat a realizar los estudios pertinentes sobre la autorización de adecuación en favor del proyecto para el desarrollo de la tercera fase de exploración minera en el área denominada “Espejeras”

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que realice los estudios pertinentes sobre la autorización de adecuación a favor del proyecto para el desarrollo de la tercera fase de exploración minera en el área denominada Espejeras.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80, numeral 1, fracción VI; 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de ese honorable pleno, el proyecto de dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que realice los estudios pertinentes sobre la autorización de adecuación a favor del proyecto para el desarrollo de la tercera fase de exploración minera en el área denominada Espejeras, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 4 de febrero de 2014, la diputada Josefina García Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que realice los estudios pertinentes sobre la autorización de adecuación a favor del proyecto para el desarrollo de la tercera fase de exploración minera en el área denominada Espejeras.

Segundo. En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, en los siguientes términos: “Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen”.

Una vez analizado el planteamiento de la diputada proponente, las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, exponemos el siguiente:

II. Contenido de la proposición

La proponente sostiene que la autorización de concesiones mineras y proyectos hidroeléctricos en la zona de la Sierra Norte de Puebla son parte de la problemática que afecta y vulnera los derechos colectivos de diversas comunidades indígenas de la región, reconocidos en la legislación nacional y en los instrumentos internacionales en la materia, de los que México es parte.

Alude a las protestas de dichas comunidades, referidas a proyectos específicos, como el de construcción de una planta hidroeléctrica en las márgenes del río Ajajalpan, del Grupo México, el cual ha sido objeto de atención por este Poder Legislativo, y el proyecto de exploración minera en el área denominada Espejeras, municipio de Tetela de Ocampo, situación que abordamos en esta ocasión.

La diputada García Hernández, informa que el 1 de octubre de 2013, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), mediante oficio número SGPA/DGIRA/DG/07048, resolvió sobre la manifestación de impacto ambiental (MIA) del proyecto de exploración en el área denominada Espejeras, promovido por la empresa Minera Espejeras, SA de CV, determinando que el proyecto es ambientalmente viable, y lo autorizó de manera condicionada, estableciendo los términos y condiciones a los que la empresa debe sujetarse.

Con el acto de la Semarnat, se condiciona que:

“En estricto apego a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1 y 2; a lo previsto en los numerales 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes; así como a las recomendaciones 37/2012 y 56/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, considerando que el proyecto incide sobre el territorio en el que habitan comunidades indígenas en el municipio de Tetela de Ocampo, estado de Puebla, y que a la fecha no existe constancia de que se haya realizado a esas comunidades la consulta previa respecto del proyecto de mérito; la promovente, derivado de lo señalado en el considerando XX, deberá presentar ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), previo al inicio de cualquier obra y/o actividad, el acuerdo firme y definitivo que celebre la promovente con las comunidades antes señaladas, en el que expresamente conste el consentimiento, previo, libre e informado, que esas comunidades otorgan para la ejecución del proyecto, con la finalidad de informar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el avance en el cumplimiento de las recomendaciones antes señaladas.”

Con esta información, la organización Tetela hacia el futuro, al lado de otras defensoras de la tierra y el agua en los estados de Puebla, Veracruz y Chiapas, protestaron contra el proyecto, exigiendo a las autoridades la declaratoria de Área Natural Protegida.

La diputada García Hernández refiere que, derivado de dicha autorización, el 4 de octubre de 2013, el titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, mediante oficio número SG/CDPIM/433/2013, “recomienda la suspensión de la resolución expedida por la Semarnat, en favor del proyecto de exploración Espejeras, ubicado en el municipio de Tetela de Ocampo, hasta en tanto no se cumplan todas y cada una de las disposiciones nacionales e internacionales en la materia, para evitar la confrontación política, social y jurídica, dado que la población donde proyecta realizar actividades dicha empresa, ha dado muestras de un rechazo generalizado al proyecto.

Según la proponente, en la expedición de permisos no se ha observado el derecho a la consulta, al permitir la exploración y explotación minera del territorio de los habitantes indígenas.

El 7 de marzo de 2013, se realizó una reunión pública de información. En la cual, la Semarnat, con oficio SGPA/DGIRA/DG/07048, reconoce que la empresa minera no ha realizado la consulta previa a las comunidades afectadas.

La proponente observa una vulneración al derecho internacional en la materia, al hacer recaer en la empresa la responsabilidad de presentar el “acuerdo firme y definitivo que celebren (...) con las comunidades antes señaladas”, como una condición subsecuente a la autorización de que se trata.

En tal sentido, la autora de la proposición hace una transcripción fiel de los artículos 6, 7, 13 y 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, así como de los numerales 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con el propósito de reconocer que corresponde a las autoridades realizar la consulta a los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas susceptibles de afectarles directamente; así como de establecer o mantener procedimientos para consultar a los pueblos interesados, para determinar si sus intereses serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección y explotación de los recursos existentes en los lugares donde habitan los interesados.

Señala que según fuentes periodísticas, la agrupación Tetela hacia el Futuro, ha señalado que la MIA autorizada fue emitida a destiempo, para legitimar extemporáneamente las actividades de exploración efectuadas por la minera.

Por otro lado, hace referencia al amparo interpuesto por el pueblo Yaqui en el caso del acueducto Independencia, en Sonora (amparo en revisión 631/2012), donde se establece la importancia de que cualquier autoridad que pretenda realizar un proyecto en donde exista la posibilidad de similar afectación, realice una consulta al pueblo indígena y que este proceso de consulta cumpla con una serie de contenidos mínimos para garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

La proponente alude al énfasis de dicha resolución, en el sentido de que no basta que la autoridad responsable pusiera el proyecto a disposición del público a través de diversos medios de difusión o la realización de una consulta pública.

En conclusión, la proponente estima que el proceso de consulta a los pueblos indígenas sobre una medida como la autorización del proyecto para el desarrollo de la tercera fase de exploración minera en el área denominada Espejeras, a través de la perforación de 27 barrenos, misma que definitivamente les afecta de forma directa, debía ser una acción previa a la autorización, y desde luego, al emprendimiento de cualquier obra, proceso que además, debe ser supervisado por la autoridad y no por la empresa.

Con base en la relación de información anterior, planteada por la diputada proponente, se plantea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que realice los estudios pertinentes sobre la procedencia de adecuar la Condicionante número 3, sobre la autorización condicionada a favor del proyecto para el desarrollo de la tercera fase de exploración minera en el área denominada Espejeras, a favor de la empresa Minera Espejeras, SA de CV, establecida en el oficio número SGPA/DGIRA/DG/07048, suscrito por el titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, conforme los términos que establecen los instrumentos internacionales en la materia, de los cuales se desprende que corresponde a las autoridades la responsabilidad de realizar la consulta a los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas susceptibles de afectarles directamente, así como también, de establecer o mantener procedimientos para consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si sus intereses serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección y explotación de los recursos existentes en sus tierras.

Las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una vez analizado el contenido de la proposición con punto de acuerdo, objeto del presente dictamen, presentamos las siguientes

III. Consideraciones

En primer término, es preciso señalar la legitimidad de la pretensión de desarrollar un proyecto minero como el que se propone realizar la empresa Minera Espejeras SA de CV, siempre que la zona de afectación del proyecto no comprenda áreas protegidas mediante diversos instrumentos cuya observancia está a cargo de autoridades de los tres órdenes de gobierno, según corresponda.

En el caso concreto del proyecto minero de Espejeras, consideramos que el objeto del proyecto es la extracción de minerales, por lo que debe evitarse la ubicación en su zona de afectación, la zona de los bosques mesófilos de la Sierra Madre Oriental, las dunas costeras ubicadas en Veracruz y los espacios de importancia para la conservación de aves, los cuales deben seguir protegidos por las autoridades correspondientes.

Sabemos que la manifestación de impacto ambiental del proyecto minero de Espejeras, fue autorizada el 1 de octubre de 2013, y se publicó en la Gaceta Ecológica, declarando que el proyecto no incluye riesgo, y el resolutivo autoriza un plazo de dos años para explorar el área.

Por otro lado, tenemos conocimiento de que la manifestación de impacto ambiental señala que el uso de suelo en el lugar del proyecto es de terreno de vegetación forestal sin uso productivo y con algunos pastizales inducidos; sin embargo, en el cerro Espejeras se observa una zona boscosa tupida donde se originan un buen número de manantiales, lo que representa la presencia de alumbramientos acuíferos que podrían favorecer la realización de actividades turísticas, entre otras.

Ante la evidente existencia de cuerpos hídricos en la región, resulta incongruente la manifestación de impacto ambiental de la minera Espejeras, al divulgar la inexistencia de aguas subterráneas a 250 metros de profundidad.

La empresa minera sostiene que en Tetela de Ocampo no se cuenta con programa de ordenamiento ecológico territorial, a pesar de la existencia del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio de la Cuenca del Río Tuxpan, el cual tiene un ámbito territorial de validez que comprende la parte norte del estado de Puebla, zona donde se localiza el área objeto de la exploración realizada por la Minera Espejeras.

A mayor abundamiento, la diputada proponente manifiesta que el 1 de octubre de 2013, la Semarnat, resolvió sobre la manifestación de impacto ambiental (MIA) del proyecto de exploración promovido por la empresa Minera Espejeras, SA de CV, determinando que el proyecto es ambientalmente viable, y lo autorizó de manera condicionada, estableciendo los términos y condiciones a que debe sujetarse.

Según Semarnat, “En estricto apego a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1 y 2; a lo previsto en los numerales 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes; así como a las recomendaciones 37/2012 y 56/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, considerando que el proyecto incide sobre el territorio en el que habitan comunidades indígenas en el municipio de Tetela de Ocampo, estado de Puebla, y que a la fecha no existe constancia de que se haya realizado a esas comunidades la consulta previa respecto del proyecto de mérito; la promovente deberá presentar ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) previo al inicio de cualquier obra y/o actividad, el acuerdo firme y definitivo que celebre la promovente con las comunidades antes señaladas, en el que expresamente conste el consentimiento, previo, libre e informado, que esas comunidades otorgan para la ejecución del proyecto, con la finalidad de informar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el avance en el cumplimiento de las recomendaciones antes señaladas.”

En virtud de que, según la proponente, no se ha observado el derecho a la consulta, al permitir la exploración y explotación minera del territorio de los habitantes indígenas; el 7 de marzo de 2013, se efectuó una reunión pública de información, en la cual, con oficio SGPA/DGIRA/DG/07048, la Semarnat reconoce que la empresa minera no ha realizado la consulta previa a las comunidades afectadas.

Reconocemos inaceptable que la autoridad derive en la empresa la responsabilidad de presentar el “acuerdo firme y definitivo que celebren (...) con las comunidades antes señaladas” , como una condición a posteriori de la autorización de que se trata.

Estimamos procedente el planteamiento de la proponente, en el sentido de reconocer que corresponde a las autoridades realizar la consulta a los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas susceptibles de afectarles directamente; así como de establecer o mantener procedimientos para consultar a los pueblos interesados, para determinar si sus intereses serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección y explotación de los recursos existentes en los lugares donde habitan los interesados.

En efecto, son de atenderse las disposiciones de los artículos 6, 7, 13 y 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, así como de los numerales 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, con cuya aplicación se cumpliría la expectativa de reconocer que corresponde a las autoridades realizar la consulta a los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas susceptibles de afectarles directamente; así como de establecer o mantener procedimientos para consultar a los pueblos interesados, para determinar si sus intereses serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección y explotación de los recursos existentes en los lugares donde habitan los interesados.

Finalmente , coincidimos con la proponente en el reconocimiento de que el proceso de consulta a los pueblos indígenas sobre una medida como la autorización del proyecto para el desarrollo de la tercera fase de exploración minera en el área denominada Espejeras, misma que definitivamente les afecta de forma directa, debiera ser una acción previa a la autorización, y desde luego, al inicio de cualquier obra, proceso que además, debe ser supervisado por la autoridad y no por la empresa interesada.

Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen con proyecto de

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a realizar los estudios pertinentes en estricto apego a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos, en sus artículos 1 y 2; a lo previsto en los numerales 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes; así como a las recomendaciones 37/2012 y 56/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para la adecuación de la condicionante número 3 de la autorización expedida para el desarrollo de la tercera fase de exploración minera en el área denominada Espejeras, a favor de la empresa Minera Espejeras, SA de CV, contenida en el oficio SGPA/DGIRA/DG/07048, suscrito por el titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, de conformidad con lo previsto en los instrumentos internacionales en la materia, en cuanto a que corresponde a las autoridades la responsabilidad de realizar la consulta a los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas susceptibles de afectarles directamente, así como también de establecer o mantener procedimientos para consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si sus intereses serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección y explotación de los recursos existentes en sus tierras.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal a revisar, a través de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la expedición de los permisos, las concesiones y la autorización de la manifestación de impacto ambiental, para realizar las actividades de exploración y explotación del lote minero Las Espejeras, en Tétela de Ocampo y la región de afectación del estado de Puebla y, en caso de que así sea procedente, se declare su cancelación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2014.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital, María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo relativo a la instalación de estacionamientos para bicicletas en inmuebles públicos, centros de transferencia modal, plazas públicas principales, mercados y vía pública

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV; 45, numerales 6, incisos f) y g), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y 80, numeral 1, fracción VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el jueves 13 de febrero de 2014, la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo por el que solicita exhortar respetuosamente a los gobiernos estatales y a los municipales, así como a los gobiernos de las delegaciones políticas del Distrito Federal a la instalación de biciestacionamientos en establecimientos públicos, centros de transferencia modal, así como en las principales plazas públicas, mercados, en la vía pública cuando no existe la posibilidad de instalarlo en el establecimiento y oficinas gubernamentales a efecto de promover el uso de la bicicleta como un transporte alternativo y ecológico para reducir la contaminación del aire y motivar la activación física para reducir la obesidad y el sobrepeso.

Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

II. Contenido de la proposición

Refiere la legisladora proponente, que a nivel mundial, la bicicleta es emblema de bienestar urbano, medio de transporte seguro, anticontaminante y saludable y que en países desarrollados son medio de transporte, con misma prioridad en la planeación y el desarrollo de la infraestructura vial que automóviles. Además refiere que su popularización en zonas metropolitanas de México, mejora el entorno e incentiva el comercio, dado que estima que 37 por ciento de mexicanos cuenta con una, y que 13 por ciento la utiliza como medio de transporte y 57 por ciento de esta cifra la utiliza con motivo laboral.

Indica la diputada proponente, que al no emplearse la bicicleta como medio cotidiano de transporte, la mayoría de los viajes se realizan sin implicar actividad física, contribuyendo al sedentarismo, siendo esto un problema de salud pública, pues es causa de enfermedades degenerativas como: hipertensión, diabetes entre otras, lo que encarece el costo del sistema de salud.

La legisladora señala que un ciudadano que comience a utilizar la bicicleta, puede colaborar en la prevención de enfermedades como las mencionadas en el párrafo anterior, por lo que representa su uso, una actividad física beneficiosa a la salud. En ese sentido describe que los ciudadanos desean vivir en ciudades limpias y sostenibles y dado que el sector transporte es principal fuente de emisiones contaminantes contribuye al deterioro de la calidad ambiental y obviamente en la calidad de vida de las personas, por lo que un aumento en el uso de la bicicleta resultaría a favor del cuidado del ambiente, en lo que se refiere a la calidad del aire.

Según señala la proponente en su punto de acuerdo, al brindar espacios y facilidades al uso de la bicicleta se lograría la protección al derecho a un medio ambiente, pues el ciclismo urbano mantiene e incrementa presencia en las metrópolis del país con el beneficio señalado, destacando entre otras políticas públicas, el programa Ecobici de la Ciudad de México; el Sistema Estatal de Promoción del Uso de la Bicicleta de la ciudad de Querétaro; o la zona metropolitana de Guadalajara donde se realizan 212 mil viajes diarios en bicicleta, entre otros ejemplos de que la bicicleta está presente en todas las ciudades de México.

En las consideraciones del punto de acuerdo además señala la necesidad del rediseño de la política del espacio urbano para integrar todos los modos de transporte, para que los gobiernos estatales y municipales instalen la infraestructura necesaria para el uso de la bicicleta en diferentes áreas pues esto incentivaría a la ciudadanía a creer en un cambio a favor del uso de la bicicleta y por consiguiente participar de este.

La diputada Carla Alicia Padilla Ramos, escribe en su punto de acuerdo que es necesaria una política pública que fomente la utilización de la bicicleta en el espacio público, y que con la construcción de infraestructura ciclista especialmente con la instalación de biciestacionamientos; este elemento formaría parte del mobiliario urbano de la ciudad ciclo-incluyente, pues de no contar con un sistema integrado de estacionamientos para la bicicleta esto resulta en una falta de seguridad para los usuarios, deterioro al medio ambiente, y mobiliario urbano al tener que amarrar o encadenar la bicicleta a postes de luz o rejas o incluso árboles.

Finaliza la diputada proponente, manifestando que el papel de los gobiernos debe ser el de preservar y el de ampliar de forma igualitaria la movilidad urbana equitativa para la movilidad interna de todos los habitantes de un territorio; y que el concepto de la bicicleta como un medio de transporte alternativo, es solución concreta y factible a los problemas de congestión vehicular.

Por lo expuesto concluye su punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a los gobiernos estatales y a los municipales y a los de las delegaciones políticas del Distrito Federal a la instalación de biciestacionamientos en establecimientos públicos, centros de transferencia modal, así como en las principales plazas públicas, mercados, en la vía pública cuando no existe la posibilidad de instalarlo en el establecimiento y oficinas gubernamentales a efecto de promover el uso de la bicicleta como un transporte alternativo y ecológico para reducir la contaminación del aire y motivar la activación física para reducir la obesidad y el sobrepeso.

III. Consideraciones

Las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora, reconocemos válido el planteamiento de la proponente y coincidimos en la propuesta de exhortar a las autoridades estatales y municipales competentes, para promover el uso de la bicicleta como un transporte alternativo y ecológico para reducir la contaminación del aire y motivar la activación física para reducir la obesidad y el sobrepeso.

Considerando que la calidad del aire en diversas ciudades de México se ha deteriorado significativamente en las últimas décadas. La mayor parte de los procesos de urbanización y de crecimiento poblacional, así como de las actividades económicas se han dado en ausencia de una reglamentación y de programas específicos para enfrentar los diversos problemas ambientales que padecen las ciudades mexicanas, particularmente la contaminación atmosférica.

Existe también un problema de percepción: los gobernantes y los ciudadanos no siempre advierten la magnitud y gravedad de los problemas ambientales. Tampoco existe una clara conciencia sobre las emisiones de contaminantes, su concentración, la exposición de la población y los daños a la salud, la infraestructura urbana y los ecosistemas. Ello explica, en parte, que tampoco exista una clara conciencia ambiental ni la constitución de una demanda ambiental suficientemente precisa y fuerte a favor de biciestacionamientos.

En la gráfica anterior se muestra la emisión de contaminantes por entidad federativa lo que pone de manifiesto que la calidad del aire es producto de una combinación de factores naturales y sociales. Los factores climatológicos y geográficos constituyen elementos que agravan u obstaculizan la solución de la contaminación del aire. No obstante, la causa principal del deterioro de la calidad del aire son las actividades humanas, especialmente las de carácter económico, por lo que un aumento incentivado desde el gobierno a favor del uso de la bicicleta redundaría en beneficio de la calidad del aire.

En materia de contaminación atmosférica, es el sector transporte el principal generador de sustancias tóxicas, llegando en ocasiones a representar hasta 80% de las emisiones totales. En el caso de las ciudades mexicanas sobre las cuales existe algún tipo de inventario de emisiones o en las que se monitorea la calidad del aire, la principal sustancia contaminante en términos de su volumen es el monoxido de carbono (CO).

Los inventarios de emisiones que se llevan a cabo desde mediados de los años noventa, particularmente en los estados de la frontera norte, en el Valle de México, en las zonas metropolitanas de Guadalajara, Monterrey y en el llamado “corredor industrial del Bajío”, dan cuenta de la mala calidad del aire en esos territorios del país. En entidades como Chihuahua y Sonora, la alta presencia de compuestos orgánicos volátiles (COV) es preocupante (Semarnat, 2006: 60). La disminución se aprecia con mayor claridad en la ZMVM, donde todas las sustancias, en el año 2000, muestran una menor presencia con relación a la década de los noventa. Destaca la casi total desaparición del plomo de la atmósfera metropolitana, la sustancial disminución del bióxido de azufre, del bióxido de nitrógeno, de los compuestos orgánicos volátiles y las menores emisiones de partículas suspendidas y de monóxido de carbón por lo que es pertinente apoyar el propósito del punto de acuerdo en análisis.

En el caso de esta última sustancia, su presencia sigue siendo significativa y es la que más se emite en el valle de México. En términos generales, la disminución de las emisiones a la atmósfera está relacionada con dos hechos tecnológicos: la introducción de tecnología anticontaminante en los vehículos automotores –sobre todo con la introducción del convertidor catalítico a partir de 1993– y la mejor calidad de los combustibles.

Además las diputadas y los diputados integrantes de la comisión consideramos oportuno mencionar que los inventarios de emisiones, la otra manera de medir la calidad del aire es mediante el monitoreo atmosférico. Con este sistema se tiene un registro de las concentraciones de sustancias tóxicas en la atmósfera que se vería seriamente impactado a favor de la reducción si se persigue el objetivo de este punto de acuerdo.

Los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales consideramos a partir de otro criterio que es el de la sustentabilidad energética apoyar este punto de acuerdo como una excelente oportunidad para analizar el papel que desempeña la energía.

Asimismo, y para finalizar consideramos oportuno observar la etapa de la urbanización acelerada-media, parte del “milagro económico” de los años setenta, donde México emerge como una nación predominantemente urbana cuando la población de sus 227 ciudades alcanzan 55 por ciento de la total en 1980, iniciándose el declive del tradicional país de carácter rural. En este orden de ideas este periodo, en la cúspide de la industrialización acelerada del país, la Zona Metropolitana de la Ciudad de México se transforma en una de las megaurbes más pobladas del mundo, con lo que se constituye en un nodo de gran influencia sobre las ciudades de su periferia inmediata. Ello le permite conformar un conglomerado de tipo megalopolitano al traslapar su zona metropolitana con la de Toluca, capital del vecino Estado de México y en condiciones similares el caso principalmente de Monterrey, Guadalajara, entre otros.

En 2005, el sistema de ciudades aumenta a 367 y el grado de urbanización a 69.2 por ciento, en tanto que las grandes ciudades absorben 92 por ciento del incremento de la población urbana en el primer lustro del siglo XXI. Éstas aumentan a 31 urbes e incrementan a 71.3 por ciento su participación de la población urbana de México. Se alcanza un nivel no imaginado de concentración de la población y la economía en los principales “núcleos” metropolitanos, que le imprimen una nueva silueta polinuclear al sistema urbano nacional, la cual deberá ser considerada detalladamente para el diseño de una estrategia espacial dentro de los planes de desarrollo económico nacionales, lo que se constituye en una condición necesaria para que sean viables y el esquema de movilidad urbana de la bicicleta, consideramos puede contribuir a ello.

Desafortunadamente, se está ante elevados niveles de urbanización en una economía dependiente, que no tiene la correspondiente competitividad urbana experimentada por las naciones prósperas cuando alcanzaron magnitudes semejantes tal es el caso de la urbanización.

Por lo anterior expuesto y fundado, las y los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sometemos a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales, así como a los de las delegaciones políticas del Distrito Federal a la instalación de biciestacionamientos en establecimientos públicos, centros de transferencia modal, así como en las principales plazas públicas, mercados, en la vía pública cuando no existe la posibilidad de instalarlo en el establecimiento y oficinas gubernamentales a efecto de promover el uso de la bicicleta como un transporte alternativo y ecológico para reducir la contaminación del aire y motivar la activación física para reducir la obesidad y el sobrepeso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2014.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital, María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa, Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Semarnat a hacer del conocimiento público el destino de los recursos para operar proyectos forestales relacionados con reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV; 45, numerales 6, incisos f) y g), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y 80, numeral 1, fracción VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 29 de enero de 2014, los ciudadanos diputados José Luis Muñoz Soria, Javier Orihuela García y Roberto López Rosado, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que solicitan exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a que haga del conocimiento público el destino de los recursos que países desarrollados, organismos multilaterales y organizaciones internacionales, han puesto a su disposición para operar proyectos forestales relacionados con el mecanismo internacional de reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada.

Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

II. Contenido de la proposición

Refieren los legisladores proponentes, que por iniciativa del Reino de Noruega, REDD+ es un mecanismo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para otorgar compensaciones económicas por parte de los países del norte que tienen compromisos de reducción de emisiones en el Protocolo de Kioto, a los países del sur para mantener en pie sus bosques.

Este mecanismo de la economía verde que parte de la idea de que los bosques son sumideros de carbono y pretende financiar la captura de carbono que realizan los bosques, a partir de la emisión de certificados o bonos por captura de carbono.

Este mecanismo se aceptó formalmente en 2007 y desde entonces, existen 340 iniciativas REDD+ en 52 países, de acuerdo al Center for International Forestry Research con miras a fortalecer la gobernanza local sobre los territorios y recursos forestales y comprender su aplicación en nuestro país.

Indican los diputados proponentes, que el proceso REDD+ en México y la elaboración de la estrategia nacional esta documentada en Visión de México sobre REDD+, hacia una estrategia nacional , donde estableció los primeros criterios para el desarrollo de la ENAREDD+, con participación de diversos actores sociales que contribuyeron con aportes técnicos y recomendaciones para perfilar el fortalecimiento de la gobernanza forestal.

Los legisladores señalan, en la sección A de sus consideraciones, los préstamos y donaciones del Banco de México, lo que es un error de redacción que se entiende en el contexto del documento como Banco Mundial.

Refieren que el Banco Mundial autorizó préstamos al país por 667 millones de dólares para proyectos relacionados con REDD+, y donó 28.8 millones de dólares adicionales, lo que en suma asciende a 695.8 millones de dólares depositados en el Fondo Forestal Mexicano (FFM), operado por Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito (Nafin). Mientras el control operacional de los programas, está a cargo de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Los señores legisladores describen los distintos proyectos y prestamos respectivos:

1) 350 millones de dólares, que corresponden a un préstamo de inversión específica (SIL, por su sigla en inglés) para bosques y cambio climático.

2) 42 millones de dólares del programa de inversión forestal (FIP, por sus siglas en inglés), 25 de éstos fueron entregados como donativo y 17 como crédito;

3) 300 millones de dólares, para políticas de desarrollo (DPL, por sus siglas en inglés), y

4) Por último, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) –del Banco Mundial– entregó donativo por 3.8 millones de dólares para “estudios y actividades de diseminación y consultas para informar el diseño de la Estrategia Nacional sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (ENAREDD+)”.

Según señalan los legisladores proponentes en la sección B de su punto de acuerdo, los préstamos y donaciones del Banco Interamericano de Desarrollo ascienden a 18 millones de dólares para dos proyectos:

Primero. La “creación de una línea de financiamiento destinada a las estrategias de emisiones bajas de carbono en los paisajes forestales”, por 15 millones de dolares, y

Segundo. De 3 millones de dólares para el “fortalecimiento de la inclusión de ejidos y comunidades a través de asistencia técnica y la construcción de capacidades para llevar a cabo actividades de baja emisión de carbono en paisajes forestales”.

En las consideraciones del punto C, los diputados firmantes del punto de acuerdo señalan otros donativos por 21 millones 950 mil dólares provenientes del Programa ONU-REDD, con una aportación de 50 mil dólares de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el proyecto regional denominado Policy 2012 ; la Iniciativa Biodiversidad , ejecutada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD y financiada con 6.9 millones de dólares por el Global Environment Facility (GEF); y, del gobierno del Reino de Noruega por 15 millones de dólares.

Los diputados José Luis Muñoz Soria, Javier Orihuela García y Roberto López Rosado, escriben en la sección D de su punto de acuerdo, sobre estos fondos y refieren una falta de transparencia de Redd+, sean estos fondos públicos o privados, multilaterales o internacionales; y que también se carece de certeza sobre el monto que se ha destinado a cada uno de ellos.

Finalizan los diputados proponentes manifestando que “hay poca claridad en el manejo de los fondos; no se sabe el destino de los recursos” donde México ha sido beneficiado según “sus” cifras con más de mil 500 millones de dólares. Agregan la opinion de Octavio Rosas Landa, quien asegura que el programa REDD+ y el pago por servicios ambientales “apuntan hacia la mercantilización de los bosques”.

Por lo anteriormente expuesto, concluyen su punto de acuerdo exhortando al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que haga del conocimiento público la información concerniente a REDD+ bajo las consideraciones siguientes:

• La evaluación nacional detallada de los diversos procesos de degradación forestal del país y las causas;

• El estudio de viabilidad para operar los proyectos de REDD+ en el país;

• Las Reglas de Operación de la Estrategia Nacional REDD+, con el nombre y número de fondos; así como el total de recursos ya sean de financiamiento o donaciones a REDD+;

• El destino de los más de 735 millones 750 mil dólares identificados, de los cuales, 57 millones 250 mil dólares corresponden a donativos y a préstamos solicitados al Banco Mundial (BM) y dos aportaciones solicitadas al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 667 y 11.5 millones de dólares respectivamente.

III. Consideraciones

Los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora, reconocemos válido el planteamiento de los proponentes y coincidimos en la propuesta de exhortar a las autoridades correspondientes a transparentar los fondos que han sido utilizados a favor de la REDD+.

Considerando que la Comisión Nacional Forestal, creada por decreto presidencial el 4 de abril de 2001, es un organismo público descentralizado cuyo objetivo es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas, en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable.

En cuanto a este mecanismo financiero alimentado por diferentes entidades provenientes de: fuentes públicas y privadas internacionales usuarias de los servicios ambientales y con intereses diversos, las y los integrantes de esta comisión dictaminadora, estimamos acertado el funcionamiento de dicho organismo paraestatal, sabiendo que el Fondo Forestal Mexicano desde 2003: en la legislación se creó para “promover la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos forestales y sus recursos asociados”.

Vale la pena señalar que el Fondo Forestal Mexicano maneja el flujo financiero en ciclos de 5 años, para que los poseedores de terrenos forestales tengan acceso a los pagos de acuerdo al cumplimiento de sus reportes de monitoreo que están gestionados por Conafor a través de Nacional Financiera y no de la Semarnat; sin embargo, esta última dependencia es la cabeza de sector.

En ese orden de ideas, los diputados y las diputadas integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales consideramos que el término transparencia está vinculado directamente con el concepto de derecho a la información y es importante lograr la eficacia en la aplicación de recursos en todas las regiones y especialmente donde no se cuenta con instrumentos para la gestión de los recursos forestales.

Como lo mencionamos en la parte anterior existen conceptos o términos necesariamente inmersos –o vinculados– con la transparencia misma; nos referimos al derecho de acceso a la información, a la participación ciudadana, a la rendición de cuentas elementos esenciales para la comprensión del tema forestal, pues las condiciones de bajo interés por el uso forestal de las tierras son complejas; en ellas inciden una serie de factores de diversa naturaleza, que en cada región se conjugan y expresan de maneras particulares.

Los integrantes de la comisión dictaminadora consideramos que al hablar de transparencia se nos viene a la mente el concepto de claridad en la administración de recursos públicos, la transparencia y rendición de cuentas constituyen la forma de ver si el gobierno está dando buen cumplimiento a sus deberes. Por lo que se debe garantizar el suministro oportuno de información clara y precisa a todas las entidades involucradas en la actividad forestal, para ello, el sistema debe basarse en una vinculación interinstitucional.

Por lo anterior expuesto y fundado, las y los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sometemos a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales haga del conocimiento público el destino de los recursos que países desarrollados, organismos multilaterales y organizaciones internacionales han puesto a su disposición para operar proyectos forestales relacionados con el mecanismo internacional de reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 31 de marzo de 2014.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital, María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz.