Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incorporar en la cartilla nacional de vacunación un esquema de detección temprana de la insuficiencia renal crónica, a cargo de los diputados Abel Octavio Salgado Peña, Gabriel Gómez Michel, Leobardo Alcalá Padilla e Isaías Cortés Berumen, de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PAN

Los suscritos, Abel Octavio Salgado Peña, Gabriel Gómez Michel y Leobardo Alcalá Padilla, diputados federales de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; así como del diputado Federal Isaías Cortés Berumen, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, Apartado 1, fracción I; así como en el artículo 79, Apartado 1, fracción II, Apartado 2, fracción I, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos presentar ante esta Soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Un estudio del Centro Nacional de Información para Decisiones en Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, señala que la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), se define como una pérdida lenta, progresiva e irreversible del filtrado en el riñón, totalmente asintomática en las etapas iniciales, por lo que el organismo pierde gradualmente la capacidad de filtrar las sustancias tóxicas de la sangre, originada por diversas causas.

Estas alteraciones pueden presentarse en las funciones digestivas, hematológicas, cardiovasculares, neurológicas y metabólicas. Si la función renal no se estabiliza, se produce una enfermedad renal terminal.

Luego de la aparición de los primeros síntomas, que generalmente se detectan cuando ya se encuentran en etapas muy avanzadas, (alrededor del 60%), de la Enfermedad Renal Crónica, le siguen las complicaciones propias del síndrome urémico, y se manifiesta mediante alteraciones.

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es un grave problema de salud pública, ya que 1 de cada 10 mexicanos sufre de algún nivel de lesión renal, generando un alto costo social y económico, en el que se estima que cada año son alrededor de 35,000 pacientes en todo el sistema de salud. La incidencia mundial promedio es de 300 a 400 nuevos casos por millón de habitantes por año, de estos el 20% son menores de 18 años.

Los principales factores de riesgo que influyen para presentar IRC, son prematurez y bajo peso al nacer (terapia intensiva, alimentación parenteral) infecciones urinarias de repetición, historia familiar de enfermedad renal, hipertensión arterial mal controlada, proteinuria persistente, hiperlipidemia, descontrol metabólico, hiperfosfatemia, sobrepeso y obesidad, procesos obstructivos, anemia, dieta hipocalórica e hipercolesterolemia. Además, la diabetes se constituye como la principal causa de Insuficiencia Renal (IR).

Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, la IRC es actualmente, la quinta causa de muerte general en México, y la tercera a nivel hospitalaria.

Junto con la hipertensión y la diabetes, la IRC es una enfermedad silenciosa, que por sus características, el costo de atención por paciente en unidades del sector salud, se encuentra en los 300 mil pesos al año.

Pero no es todo. Actualmente la IRC no es tratada por medio del seguro popular, situación que merma de manera significativa, la economía de las familias que tienen un paciente de estas características.

En septiembre de 2001 la administración del doctor Julio Frenk Mora, entonces Secretario de Salud, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Plan de Salud, en el que por primera vez se acepta que la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública que va en ascenso porque no se tiene la cultura de la prevención..

El método sencillo y no invasivo para detectar datos sugerentes de Insuficiencia Renal Crónica consiste en la realización de un examen general de orina, en el que se pueda observar la posible pérdida de proteínas, lesiones en el riñón, infecciones y demás anormalidades como por ejemplo, la presencia de albumina y cristales. El costo de este examen oscila entre los 40 a 50 pesos.

Otro método complementario para detectar IRC es mediante un examen en sangre llamado de química sanguínea, que arroje la predisposición a ésta y otras enfermedades. El costo de un examen de este tipo oscila en los 400 pesos.

Por tanto, por su importancia y costo, la prueba idónea para detectar tempranamente en los niños(as) manifestaciones de la IRC, es el examen general de orina, realizándolo a los 6 y 12 meses de edad en niños con factores de riesgo mencionados y continuar con un examen anual. Aquellos niños (as) sin factores de riesgo practicarlo a partir del año de edad.

Una vez detectado algún dato de alarma, se le otorgará al familiar asesoría médica para consolidar el diagnóstico y seguimiento del paciente e iniciar tempranamente, el tratamiento adecuado de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) para neutralizar el daño, acompañado de una dieta saludable, para evitar factores que puedan aumentar el daño renal.

Además de lo anterior, existen una serie de tratamientos sustitutivos y restitutivos de la función renal, con ventajas e inconvenientes, como por ejemplo, el más utilizado es la diálisis peritoneal intermitente o intrahospitalaria, diálisis peritoneal ambulatoria o diálisis en casa hemodiálisis. El tratamiento sustitutivo de la función renal es mediante el trasplante renal, principalmente. En estos casos el costo es alto, por los implementos a adquirir aunado a que es un gasto de manera permanente para subsistencia del paciente. El costo del trasplante renal definitivamente es muy costoso con el riesgo de que el cuerpo del paciente rechace el órgano donado.

Ahora bien, el examen general de orina que proponemos incorporar al esquema de la cartilla nacional de vacunación o como un tamizaje de detección de lesión renal temprana, ha sido un caso de éxito en otras naciones.

Japón incorporó a su sistema de salud a principios de la década de 1970, el análisis de orina para detectar la enfermedad renal, implementado para todos los trabajadores y niños en edad escolar. Esta política pública trajo consigo la reducción de gastos en tratamiento correctivo de IRC.

Primero, el Ministerio del Trabajo en Japón puso en marcha un programa de examen de salud obligatorio en todo el país que incluía los exámenes de química sanguínea y el general de orina. En 1974 el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura de Japón inició el programa obligatorio en las escuelas públicas, con los alumnos de 6 a 18 años.

Una de las principales estrategias en la implementación de esta política pública en el ámbito escolar, ha sido establecer un sistema de monitoreo para niños, en el que reciben un análisis de orina gratuito, en el programa de exámenes de salud escolar, o bien, lo podríamos solicitar a través de la institución escolar como un requisito a su ingreso y posteriormente solicitarlo de forma anual.

Si al niño le es detectada alguna alteración que en un futuro pueda transformarse en una IRC, es derivado al médico familiar que le corresponda, a efecto de iniciar un tratamiento oportuno con miras a devolver la funcionalidad en un 100 por ciento de sus riñones.

Para el caso de los trabajadores de Japón el análisis anual de orina es gratuito y de presentar alguna anomalía, son derivados a su médico familiar para iniciar el tratamiento que en la mayoría de los casos, es corregible.

Esta política pública tiene como consecuencia, que para el 2010 Japón sea el país con la menor incidencia de IRC en el mundo, con una tasa de 280 casos por millón de habitantes, Estados Unidos con 300 y México presenta más de 500 casos por millón de habitantes hasta el 2011.

Como consecuencia de esta política pública, en 1979 se redujo el gasto en tratamiento correctivo y para 1983 estaba incorporado a la cultura de salud de la ciudadanía de Japón.

Estimaciones de un estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que en 2010 habría unos 120 mil mexicanos con IRC, pero con la necesidad de recibir un trasplante de riñón.

A falta de datos precisos, en la actualidad se afirma que la IRC y otras enfermedades renales, como la nefritis o nefrosis, están entre las 10 principales causas de muerte en México.

Un comparativo del Sistema de Datos Renales de Estados Unidos señala, que la incidencia en México se había duplicado, al pasar de 200 en 2001, a más de 500 en 2011. Este dato se basa en reportes del estado de Jalisco, que la reporta como causa importante de morbi-mortalidad infantil, se incorporan entre 220 a 250 nuevos casos pediátricos en ERC por año, ocupando el onceavo lugar en el grupo de 1 a 4 años y el segundo en el de 10 a 19 años, que es la única entidad federativa que reporta a dicho Sistema norteamericano.

En el mundo, poco a poco la Insuficiencia Renal Crónica avanza como un problema de salud pública. Apenas en julio de 2013, la Organización Mundial de la Salud, hizo la correspondiente declaratoria de las comunidades agrícolas de El Salvador, y así de manera silenciosa, avanza la IRC sobre el humano.

Luego entonces, el objeto de esta proposición, es exhortar a la Secretaría de Salud, a que incorpore en la cartilla nacional de vacunación que se encuentra regulada en la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano, publicada el 28 de septiembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, el esquema correspondiente al examen general de orina, como método de detección temprana de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC).

Además, exhortamos a la Secretaría de Salud, a que incorpore la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), dentro del catálogo de enfermedades susceptibles de ser atendidas bajo el esquema del seguro popular.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, -con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, Apartado 2, Fracción III-, que este asunto sea considerado de urgente y obvia resolución para someterse a la consideración de esta honorable soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: Se exhorta a la Secretaría de Salud a que incorpore en la cartilla nacional de vacunación que se encuentra regulada en la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano, publicada el 28 de septiembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, el esquema correspondiente a la práctica de un examen general de orina, como método de detección temprana de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), a los 6 y 12 meses de edad, y posteriormente, una vez al año.

Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Salud, a que incorpore la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), dentro del catálogo de enfermedades susceptibles de ser atendidas bajo el esquema del seguro popular.

Bibliografía :

Médica Efectiva, Práctica. Volumen 2 – Número 6. Junio 2000. Centro Nacional de Información para Decisiones en Salud. Instituto Nacional de Salud Pública. Secretaría de Salud. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://bvs.insp.mx/articulos/1/13/v2n6.pdf

Diario Oficial de la Federación. Secretaría de Gobernación. Viernes 28 de septiembre de 2012. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5270654&fecha=28/09/2012

La enfermedad renal crónica problema de salud pública en México. Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Universidad de Guadalajara. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://www.cucs.udg.mx/principal/noticias/archivo-de-noticias/la-enferm edad-renal-cr-nica-problema-de-salud-p-blica-en-m-xico

Enfermedad renal crónica en las comunidades agrícolas en Centroamérica es un problema grave de salud pública. Organización Panamericana de la Salud. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://www.paho.org/hq../index.php?option=com_content&view=article&id=9062%3Akidney-disease-of-unknown-causes-in-agricultural-communit ies-in-central-america-is-declared-a-serious-public-health-problem& catid=740%3Anews-press-releases&Itemid=1926&lang=es

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los seis días del mes de marzo de dos mil catorce.

Diputados: Gabriel Gómez Michel, Abel Octavio Salgado Peña, Leobardo Alcalá Padilla, Isaías Cortés Berumen (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a considerar la pronta adquisición de una planta coquizadora para la refinería Ingeniero Antonio M. Amor y el traslado del área de llenado de autotanques fuera de la zona urbana de Salamanca, Guanajuato, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del PAN, y suscrita por integrantes de la Comisión Especial de prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex

Los suscritos, integrantes de la Comisión Especial de prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

La importancia del sector energético como pieza fundamental y estratégica de la economía de nuestro país, es un tema que se ha venido discutiendo en los últimos meses, y que ha permitido reformar la Constitución en aras de hacer el sector energético más productivo, competitivo y eficiente para el desarrollo del país.

Para el desarrollo de sus actividades y entre la pluralidad de instalaciones, Petróleos Mexicanos (Pemex) cuenta con seis refinerías, operadas por Pemex Refinación, las cuales están ubicadas en Tula, Hidalgo; Salamanca, Guanajuato; Cadereyta, Nuevo León; Ciudad Madero, Tamaulipas; Salina Cruz, Oaxaca, así como en Minatitlán, Veracruz.

La presente proposición con punto de acuerdo es referente a la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, localizada en el municipio de Salamanca, en el estado de Guanajuato.

Las inquietudes manifestadas en la presente, son resultado de los trabajos in situ que la Comisión Especial de prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex; ha llevado a cabo en refinerías y plataformas petroleras de la paraestatal, convocados por la diputada Rocío Abreu Artiñano, presidenta de esta comisión.

El pasado 4 de noviembre de 2013, se realizó una visita de trabajo por parte de los legisladores integrantes de esta comisión especial, a las instalaciones de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, en la cual pudieron ser testigos de sus particularidades y de sus principales problemáticas, referentes a la necesidad de adquisición de una planta coquizadora para procesar residuos de la refinería; y el problema de seguridad que consiste en la reubicación del área de llenado de autotanques, fuera de la refinería y de la zona urbana del municipio.

Dicha refinería, se encuentra en operación desde el año de 1950, y es considerada estratégica para Pemex Refinación, pues actualmente recibe diariamente 197 mil barriles de petróleo , de los cuales 30 por ciento se traduce en gasolina; 19 por ciento en gas; 26 por ciento en diesel y el resto en lubricantes.

La refinería Ingeniero Antonio M. Amor, por sus siglas conocida como RIAMA es la única productora de lubricantes, parafinas y alcohol isopropílico, que se distribuyen en todo el país, además de ser importante por el abastecimiento de hidrocarburos a los estados de Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.

La Comisión Especial de Pemex, considera prioritario dar puntual seguimiento a la adquisición de la planta coquizadora para esta refinería, que se ha venido postergando en los últimos años, y que está programada en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2014-2018 publicado por Pemex en noviembre de 2013, el cual podrá sufrir modificaciones ante la prontitud de la discusión de las leyes secundarias de la reforma energética en este Congreso de la Unión.

El objetivo número 5 de dicho plan se enfoca en la reconfiguración de la refinería de Salamanca, con el propósito de modernizarla e incrementar su capacidad de procesamiento de crudo y aprovechar las corrientes de residuales en la generación de productos de mayor valor.

Para la refinería, los alcances proyectados para el periodo 2014-2018 consideran la construcción y adecuación, entre otras unidades, de una planta de coquización retardada.

La importancia de la adquisición de una planta coquizadora para la RIAMA, radica en que será de utilidad para el reciclaje de residuos, mediante el proceso de coquización, y su conversión al llamado “coque de petróleo” que puede ser aprovechado mediante procesos posteriores, para la producción de combustibles.

Si bien las plantas de coquización retardada realizan un proceso muy similar al de la planta U-10 de la refinería de Salamanca, en la cual a todos los subproductos de desecho se les somete a presión y alta temperatura para convertirlos en petróleo, su adquisición aumentaría significativamente el procesamiento de los residuos a la par de las refinerías de Madero y Cadereyta, de manera más eficiente y moderna. Con la adquisición de la planta coquizadora, se podrán procesar cada 24 horas otros 40 mil barriles de petróleo, es decir cerca de 240 mil barriles en total.

En cuanto a seguridad en la refinería, el problema radica en la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) específicamente donde se ubican las denominadas “llenaderas” de autotanques; pues se considera que este procedimiento genera un importante riesgo para la población aledaña, ya que el ingreso a la TAR se realiza a través de la zona urbana del municipio, específicamente en la calle Héroes de Cananea.

En las reuniones de trabajo de esta comisión especial, los legisladores han puesto de manifiesto el tema de la seguridad en las instalaciones de la RIAMA, así como para el municipio de Salamanca, en especial el diputado Genaro Carreño Muro, quien es testigo de las condiciones de seguridad, y de las afectaciones que los trabajos de la paraestatal generan al municipio.

Por lo que se considera urgente que la paraestatal considere la reubicación del área de las llenaderas de autotanques fuera de la refinería y de la zona urbana del municipio, para con ello evitar accidentes que pudieran suscitarse en las instalaciones; y librar el ingreso de pipas que representan un riesgo latente para los habitantes de la ciudad.

Actualmente las pipas ingresan a las instalaciones de la refinería, en particular a la estación de llenaderas por la puerta 5, para cargar combustóleo, aceite, asfalto, gasóleo, azufre, parafinas, etcétera. El tránsito de las pipas en la puerta 5 siempre será de riesgo porque se encuentra cerca del sector del separador de aceites, lo que representa un riesgo latente para la población ante una situación de emergencia.

Si bien Pemex cuenta con normas, códigos y especificaciones que regulan sus organismos subsidiarios, así como con planes de seguridad para los procesos de la industria petrolera en sus instalaciones, es necesario considerar una efectiva reconfiguración de las instalaciones de la RIAMA, que permita adecuarlas a los nuevos procesos y a las nuevas consideraciones en seguridad y medio ambiente, sin poner en riesgo a los habitantes de las zonas cercanas al centro de trabajo.

Es por ello, que resulta de suma importancia, que en el marco del plan de negocios 2014–2018 de Pemex, y considerando sus posibles modificaciones con motivo de la reforma energética, se considere la pronta adquisición de la planta de coquización retardada para la refinería de Salamanca; y dar un mejor uso y mayor aprovechamiento de desechos. De igual forma, resulta primordial el tema de la seguridad de sus instalaciones, en particular, la reubicación de las llenaderas fuera de la TAR, por constituir un riesgo para los trabajadores de las instalaciones locales, así como para los habitantes del municipio.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . Se exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos, se concrete, a la brevedad posible, la adquisición de una planta de coquización retardada, para la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, con la finalidad de dar un mejor uso y mayor aprovechamiento a los residuos de la industria en estas instalaciones.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos, a considerar la reubicación del área de llenado de autotanques fuera de la zona urbana del municipio de Salamanca; lo anterior, en beneficio de los trabajadores y habitantes de la región y para preservar la seguridad de los mismos durante la carga de materiales de la refinería.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2014.

Diputados: Genaro Carreño Muro (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Carol Antonio Altamirano (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica a investigar sobre las condiciones de competencia en el mercado agroalimentario, especialmente respecto a los productos básicos y estratégicos señalados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado José Antonio León Mendívil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II; numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica, para que lleve a cabo una investigación sobre las condiciones de competencia en el mercado agroalimentario, relativo especialmente a la producción de los productos básicos y estratégicos señalados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; al acopio, la determinación de precios y condiciones de compra para dichos productos; a la distribución y precios de insumos, así como la determinación de precios de comercialización de productos de origen nacional y los de importación, y sus ventas al menudeo.

Lo que está ocurriendo en estos momentos con los mercados del sector agropecuario debe preocuparnos a todos, y no solamente a los integrantes de esta honorable Cámara de Diputados, sino al Ejecutivo federal y a las autoridades locales y municipales por igual.

En las regiones productoras, se desplomó el precio del frijol a 6 pesos el kilogramo; el maíz a 2.80 pesos el kilogramo; el litro de leche a 4.00; el sorgo a 2 mil 500 pesos tonelada. Igual ocurre con el precio del trigo y de la caña de azúcar; y como sabemos, para el caso de la manzana simplemente la situación es de ruina completa, al grado que algunos productores optaron por derrumbar sus plantaciones para usar los árboles como leña.

En el otro extremo de la cadena, las cosas no están mejor para los millones de consumidores de los productos agropecuarios. El consumidor final está pagando a más de 20 pesos el kilogramo de frijol, a 15 pesos el kilogramo de tortilla; a 30 pesos el kilogramo de manzana; a 15 pesos el litro de leche; a 100 pesos el kilogramo de carne y hasta 60 pesos el kilogramo de limón.

Sé que en esta honorable asamblea legislativa, ya no es ninguna novedad decir que el campo mexicano se encuentra devastado y en ruinas; pero no por eso el hecho es menos cierto. Y más ahora cuando al fracaso de las políticas institucionales de las dos últimas décadas y a los desastres naturales, se suma el desplome de los precios de prácticamente todos los productos agropecuarios.

Hay en el país 14 millones de mexicanos con hambre, por no poder pagar los precios prohibitivos de los alimentos; y en el medio rural, 18 millones viven en la pobreza por el abandono en que tenemos las unidades productivas y por los precios de ruina que recibe el campesino en la venta de sus productos.

¿Qué está ocurriendo en la producción y en el mercado del sector agropecuario? ¿A dónde van a parar los 336 mil millones de pesos del programa especial concurrente aprobados por esta Cámara para el campo?

Del presupuesto público se construye infraestructura carretera y grandes sistemas de riego en el campo, se dan incentivos al acopio y la comercialización, se pagan coberturas de precios, se brindan tarifas arancelarias flexibles para incentivar la exportación y las importaciones agropecuarias, se aplican incentivos indirectos a través del fisco; y sin embargo, el campo no se levanta, no se capitaliza, no se incrementa la producción, seguimos importando para el consumo nacional casi el 50 por ciento de los productos agropecuario y, sobre todo, los precios al consumidor final no bajan.

¿Por qué se dificulta la comercialización de las cosechas de granos en un mercado con millones de personas con hambre?

¿Por qué a pesar de la gran cantidad de recursos fiscales invertidos no se puede transitar a un mercado competitivo y eficiente?

¿Por qué los campesinos reciben precios bajos y los consumidores pagan precios caros de los alimentos? ¿A dónde va a parar ese diferencial de precios?

¿Por qué, si tenemos mecanismos reguladores en otros mercados, no se logra regular el mercado agropecuario?

La respuesta es que se han impuesto en el campo mexicano a lo largo de más de dos décadas, procedimientos de concentración del crédito, de la producción, de los servicios, de los mercados, de la información privilegiada, del acopio y de la distribución.

La respuesta es que la mayor parte de los subsidios al campo y el enorme margen de comercialización y de ganancias ilegítimas, se lo están llevando un puñado de acopiadores y comercializadores que actúan impunemente en el mercado de los alimentos. Este grupo de grandes empresas agropecuarias, integran la cadena verticalmente desde el surco hasta el consumidor final, arruinando al productor y abusando sistemáticamente del consumidor, muchas veces especulando con los alimentos y siempre estableciendo precios de acaparadores.

En las condiciones de monopolio, los miles de millones de pesos del presupuesto federal orientados al sector, solo sirven para apuntalar a los oligopolios que elevan en forma insultante sus ganancias ilegales.

Esta estructura ineficiente y perversa, segmenta al mercado, es decir que aleja a los miles de productores de granos, de los millones de consumidores finales, dejando en unos pocos actores dominantes, que agregan poco o ningún valor pero se apropian de una proporción indebida del manejo de los mercados.

No obstante que esta situación es del dominio público y de sobra conocida por las autoridades del sector, no se toman medidas eficaces para evitar las prácticas monopólicas y ordenar los mercados; inclusive la mayoría de las veces las mismas autoridades se vuelven cómplices de quienes manipulan los precios, al permitir la importación de productos agropecuarios en plena cosecha de la producción nacional.

En razón de lo anteriormente expuesto y motivado, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución:

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica, para que lleve a cabo una investigación sobre las condiciones de competencia en el mercado agroalimentario, relativo especialmente a la producción de los productos básicos y estratégicos señalados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; al acopio, la determinación de precios y condiciones de compra para dichos productos; a la distribución y precios de insumos; así como la determinación de precios de comercialización de productos de origen nacional y los de importación, y sus ventas al menudeo.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica a que, como resultado de dicha investigación, formule recomendaciones a las autoridades de los ramos competentes a fin de mejorar la competencia en ese sector y evitar prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, incluyendo, según corresponda, ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2014.

Diputado José Antonio León Mendívil (rúbrica).


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a integrar los atlas de riesgos estatales y los municipales respectivos, a cargo del diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Víctor Hugo Velasco Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el artículo 2 fracción XLII de la Ley General de Protección Civil, se conceptualiza como una acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y social en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable y privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente.

De tal suerte, esta actividad resulta muy relevante, ya que el objetivo final lo es la salvaguarda de la vida, salud e integridad de la población y de su patrimonio.

Las actividades gubernamentales en este rubro se enmarcan en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Protección Civil, las cuales se materializan a través de un Sistema Nacional de Protección Civil.

De conformidad con el artículo 14 de la Ley General de Protección Civil, es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones, que establecen corresponsablemente las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los organismos constitucionales autónomos, de las entidades federativas, de los municipios y las delegaciones, a fin de efectuar acciones coordinadas, en materia de protección civil.

El aspecto operativo se ejecuta mediante un Consejo Nacional, previsto en el artículo 27 de la Ley, el cual está integrado por el Presidente de la República, quien lo preside y por los titulares de las Secretarías de Estado, los Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y la Mesa Directiva de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Senadores y la de Diputados.

Así, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley General de Protección Civil, en el ámbito federal la materia de protección civil recae en la Secretaría de Gobernación y en los ámbitos estatales, los gobernadores de los estados, el jefe de gobierno del Distrito Federal, los presidentes municipales y los jefes delegacionales del Distrito Federal, tendrán dentro de su jurisdicción la responsabilidad sobre la integración y funcionamiento de los sistemas de protección civil, conforme a lo que establezca la Ley y la legislación local correspondiente. Es decir, estamos ante una atribución concurrente entre Federación, Estados y Municipios.

Sin duda las sociedades contemporáneas están expuestas a una serie de riesgos para la integridad de sus miembros, sin embargo, condiciones como el cambio climático han potenciado la presencia de desastres naturales y la afectación a grandes concentraciones humanas. Esto ha hecho que la regulación y la gestión de la protección civil se hayan convertido en asuntos de verdadera seguridad para la Nación.

Desde un punto de vista práctico, el tema de la protección civil puede verse desde tres vertientes:

1. La prevención

Sin duda, es mucho más conveniente realizar una serie de acciones que prevengan la exposición de población a factores de riesgo, así como para disminuir los efectos en cantidad y magnitud, principalmente por desastres naturales.

Uno de los principales elementos de prevención es la generación de Atlas de Riesgos, que permiten visualizar zonas territoriales, factores de riesgo y poblaciones en dicha situación, con el objetivo de realizar acciones correctivas o disminuir impactos negativos.

Así lo establece la Ley en su artículo 19, ya que los atlas de riesgo constituyen el marco de referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de la Gestión Integral del Riesgo; y corresponde al Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) realizar y mantener actualizado el atlas nacional de riesgos, así como los correspondientes a las entidades federativas, municipios y delegaciones.

De conformidad con la fracción XXII del artículo 19 de la Ley General de Protección Civil, el Atlas nacional, se integra con la información nacional, estatal, del Distrito Federal, municipal y delegacional. Consta de bases de datos, sistemas de información geográfica y herramientas para el análisis y la simulación de escenarios, así como estimación de pérdidas por desastres. Por la naturaleza dinámica del riesgo, deberá ser un instrumento de actualización permanente.

2. La atención de la población afectada

Según lo dispuesto por el artículo 32, de la Ley General de Protección Civil, el principal instrumento para la atención de la población afectada, lo es el Comité Nacional de Emergencias, como un mecanismo de coordinación de las acciones en situaciones de emergencia y desastre ocasionadas por la presencia de agentes perturbadores que pongan en riesgo a la población, bienes y entorno.

Con ello, se ejecuta una reacción rápida y oportuna en situaciones de emergencia. Pero indudablemente, se requiere contar con suficiencia presupuestaria para hacer frente a estos escenarios extraordinarios.

3. Presupuestos

De acuerdo con la información disponible en la página web de protección civil de la Secretaría de Gobernación (Segob), tiene como “finalidad proporcionar recursos tanto a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, como a las entidades federativas, destinados a la realización de acciones y mecanismos tendientes a reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo originados por fenómenos naturales sobre la vida y bienes de la población, los servicios públicos y el medio ambiente”,1 surgiendo así el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales.

De manera igualmente concurrente a las atribuciones de los tres órdenes de gobierno, también este fondo, antes mencionado, implica que estados y municipios deben establecer dentro de sus presupuestos de egresos recursos orientados a atender de forma preventiva el tema de desastres naturales, y de conformidad a los lineamientos de protección civil de la Segob, deben buscar cumplir estas líneas generales:

• “Mejorar la eficacia preventiva y operativa del Sistema Nacional de Protección Civil.

• Mejorar el conocimiento científico de amenazas y riesgos.

• Promover la reducción de la vulnerabilidad física.

• Fomentar la corresponsabilidad, coordinación y comunicación de los tres ámbitos de gobierno, sector social, privado y la población en general.

• Fortalecer la investigación aplicada para desarrollar o mejorar tecnologías para mitigar los riesgos.

• Implantar una política y cultura de la autoprotección.”2

De igual forma, existe el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el cual de conformidad con el artículo primero de sus Reglas de Operación, “es un instrumento interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil”.

Por otra parte, de conformidad con el artículo tercero de las reglas de operación anteriormente mencionadas, dicho Fondo se integra a su vez, con diversos instrumentos, a saber:

“I. El Fondo Revolvente Fonden a cargo de la Secretaría de Gobernación, el cual tiene por objeto proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y de desastre, para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia, la alta probabilidad u ocurrencia de un fenómeno natural perturbador.

Este fondo se regulará por las disposiciones que emita la Secretaría de Gobernación y por las demás disposiciones aplicables;

II. El Programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas” del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, y

III. El Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales.”

Estas mismas reglas marcan en su artículo cuarto, como fines del Fonden, entre otros, los siguientes:

“I. Canalizar recursos para la reconstrucción de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia federal, estatal o municipal, en términos de los Lineamientos de Operación específicos que regulan cada uno de los procedimientos a que hacen referencia las presentes Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales.

II. Transferir recursos al Fondo Revolvente Fonden y al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales a que se refiere el artículo 3o. anterior;

III. Otorgar recursos a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la adquisición de equipo especializado destinado a la atención de emergencias y desastres naturales;

...

VII. Aportar y recibir recursos del Programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales y del Fideicomiso Preventivo a cargo de la Secretaría de Gobernación y de otros programas e instrumentos financieros relacionados con los fines del Fondo de Desastres Naturales, en términos de las disposiciones aplicables.”

Es de la más alta importancia que los tres aspectos que se analizaron anteriormente, operen de manera eficiente, con la finalidad de reducir las pérdidas económicas y principalmente pérdidas humanas.

Un claro ejemplo de los desastres naturales en México fueron los ocurridos en el año 2013, cuando el país una histórica temporada de ciclones debido al comportamiento, intensidad e impactos directos que provocaron los fenómenos tropicales; se formaron 32 ciclones, 18 en el Pacífico y 14 en el Atlántico. Nueve de ellos, impactaron directamente en México y otros cinco tuvieron una gran aproximación a nuestras costas.

En un hecho histórico que no ocurría desde 1958, hubo interacción de dos sistemas, el huracán Ingrid, en el Golfo de México y la tormenta tropical Manuel en el Pacífico.

Las lluvias ocasionadas por Manuel e Ingrid afectaron a 23 estados del país y tras su paso por México, la Secretaría de Gobernación declaró en estado de emergencia al menos a 155 municipios del país que se dividen entre cinco estados Veracruz, Tamaulipas, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Chihuahua. De esta forma, Manuel e Ingrid dejaron más de 150 muertos a su paso por México.”3

En tal sentido, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios deben cumplir con su obligación de integrar sus respectivos Atlas de Riesgos.

Sin embargo, es conocido que dichos Atlas de riesgos en los ámbitos estatales no se encuentran operando al cien por ciento. De acuerdo con datos del Cenapred, no todas las entidades federativas cuentan con sus Atlas de riesgo totalmente integrados.

De acuerdo con información de la Segob, durante el año 2012 el Cenapred, llevó a cabo la recopilación de los Atlas Estatales de Riesgo existentes en el País, para su posterior revisión y valoración por parte de las Direcciones de Investigación y Análisis de Riesgos.

Mediante fichas se hizo una valoración tanto de los contenidos como del nivel de análisis sobre los diferentes fenómenos perturbadores que se presentan en cada uno de los Estados.

Cenapred hizo un trabajo previo que sirvió de referencia a través de “Guías para la Elaboración de Atlas de Peligros y Riesgos Estatales y Municipales”, las cuales fueron desarrolladas como lineamientos técnicos mínimos para la elaboración de Atlas. Se trató de un ejercicio efectuado en un marco de confianza en la información proporcionada por las entidades federativas.

A continuación se presentan los resultados en cuanto a solo tres rubros de dichas cedulas: integración estatal, integración municipal, acceso a la información en línea.4

Entidades con integración estatal y municipal al 100 por ciento: 16

Chihuahua
Guerrero
Tabasco
Durango
Tlaxcala
Chiapas
Nuevo León
Puebla
Campeche
Zacatecas
Veracruz
Yucatán
Distrito Federal
Oaxaca
Tamaulipas
Morelos

Resulta muy lamentable que solo la mitad de las entidades del país, tengan cumplida esta obligación en su totalidad, tanto en el ámbito estatal como municipal y si observamos cuales son éstos, podemos ver que las características son muy heterogéneas entre ellos.

Integración estatal y municipal del resto de entidades: 16

De este cuadro se desprende que existe rezago importante en la integración de información de orden estatal, ya que al menos 6 estados tienen porcentaje de avance al 50 por ciento, lo que limita la posibilidad que tienen los gobiernos de estas entidades para establecer acciones de determinación de zonas inviables para asentamientos humanos, así como medidas de prevención de desastres, y en su caso, de atención oportuna a la población en caso de verse afectada por un evento natural.

De igual forma, la ausencia de disponibilidad de información, sobre zonas geográficas con riesgos, así como de los tipos de riesgos, impiden emprender acciones de sensibilización para evitar asentamientos en zonas vedadas, así como para conjuntar esfuerzos focalizados con la sociedad civil organizada.

Entidades con acceso a información en línea: 12

Sonora
Michoacán
Veracruz
Coahuila
Estado de México
Tamaulipas
San Luis Potosí
Distrito Federal
Jalisco
Morelos
Guanajuato
Guerrero

Entidades sin acceso a información en línea: 20

Baja California
Nayarit
Oaxaca
Chihuahua
Colima
Tabasco
Sinaloa
Guanajuato
Chiapas
Durango
Hidalgo
Campeche
Nuevo León
Querétaro
Quintana Roo
Zacatecas
Tlaxcala
Yucatán
Aguascalientes
Puebla
Baja California Sur

Es lamentable que en este contexto de gran uso de las nuevas tecnologías de la información, exista una gran proporción de estados que no tienen disponible su información en línea, lo cual, impide que los ciudadanos puedan tener acceso a información valiosa acerca de las zonas de riesgo que existen en sus municipios de origen, así como para que puedan tomar medidas de prevención que los protejan de daños a su persona o sus bienes.

En resumen, según esta información:

• 16 entidades federativas tienen al 100 por ciento su integración estatal y municipal.

• 2 entidades no proporcionaron información en ningún rubro.

En cuanto al atlas estatal:

• 1 Entidad no tiene información.

• 3 entidades tienen al 50 por ciento su integración.

• 1 entidad tiene al 70 por ciento su integración.

• 2 entidades tienen al 90 por ciento su integración.

• 6 entidades tienen al 100 por ciento su integración.

En cuanto a los atlas municipales:

• 1 entidad no proporcionó información.

• 1 entidad tiene información al 56 por ciento.

• 1 entidad tiene al 90 por ciento su información.

• 12 entidades tienen al 91 por ciento su información.

• 1 entidad tiene al 100 por ciento su información.

En materia de acceso a información en línea:

• 12 entidades tienen su información en algún sitio web.

• 20 entidades no tienen su información disponible en línea.

En este contexto, resulta fundamental que los estados del país, ejecuten acciones específicas para que a la brevedad dispongan de la totalidad de la información de su Atlas Estatal de Riesgos, así como de los Atlas de Riesgos Municipales.

A través de estos instrumentos, se podrán realizar con eficacia y eficiencia las atribuciones que la Federación, los Estados y los Municipios comparten en materia de protección civil, sobre todo para prevenir afectaciones a población en condiciones de vulnerabilidad, derivadas de fenómenos climatológicos o de otra índole.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los gobiernos de los estados de Baja California Sur, Tabasco, Sinaloa, San Luis Potosí, Colima, Baja California, Aguascalientes, Nayarit, Sonora y Jalisco, para que realicen las acciones necesarias a fin de que integren al cien por ciento su Atlas de Riesgos Estatal y sus Atlas de Riesgos Municipales.

Segundo. Se exhorta a los gobiernos de los estados de México, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Querétaro y Quintana Roo, para que realicen las acciones necesarias para integrar al cien por ciento los Atlas de Riesgos de sus municipios.

Tercero. Se exhorta a los gobiernos de los estados de Baja California, Nayarit, Oaxaca, Chihuahua, Colima, Tabasco, Sinaloa, Guanajuato, Chiapas, Durango, Hidalgo, Campeche, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Zacatecas, Tlaxcala, Yucatán, Aguascalientes, Puebla y Baja California Sur, para que a la brevedad, establezcan los mecanismos necesarios para que su información en materia de Atlas de Riesgos se encuentren disponibles para su consulta en sitios web.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2014

Notas

1 http://www.proteccioncivil.gob.mx/en/ProteccionCivil/Antecedentes 27-marzo-2014 13:22 horas.

2 Ídem

3 http://reliefweb.int/report/mexico/2013-m-xico-vive-un-o-hist-rico-en-d esastres-naturales 27-marzo-2014 13:42 horas.

4 http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/index.php 27-marzo-2014 14:02 horas.

Diputado Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente municipal de Guadalajara, Jalisco, a difundir la información sobre el efecto y los alcances del proyecto para construir 2 mil 465 viviendas verticales en la zona de Huentitán, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN

La diputada Carmen Lucía Pérez Camarena del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 1, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Uno de los mandatos más importantes que tiene un gobernante es el atender las problemáticas que aquejan a sus gobernados. Por ello, para lograr buenos resultados en la gestión pública se requiere contar con gobernantes y funcionarios que respondan a las necesidades reales de los ciudadanos, los cuales construyen de forma participativa, las directrices que beneficien en general a la población.

De las inquietudes que enfrentan los habitantes de la zona de Huentitán, en el estado de Jalisco, y que es un tema de interés público, es la aprobación del proyecto de ampliación de viviendas derivado de la sesión ordinaria celebrada el 24 de febrero de 2014, donde se ratificó el decreto municipal número D 54/15BIS/14, relativo a la iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento que propone medidas para el repoblamiento del municipio de Guadalajara mediante la aplicación del Programa de Consolidación de Reservas Urbanas para el Ejercicio Fiscal 2014, publicado en la Gaceta Municipal el 27 del mismo mes y año. Decreto por el que se autoriza la construcción de 2 mil 465 viviendas verticales en dicho municipio.

El área del proyecto mencionado señalan, será sobre la calle Volcán Pelé, en la zona de Huentitán, en un área de 6.16 hectáreas, lo cual ha inconformando a los habitantes por la celeridad con que ha sido aprobado, asimismo informan que en ningún momento han sido consultados, ni se tiene conocimiento de que se esté cumpliendo con las leyes en la materia, por tal motivo, ha quedado manifiesta su inconformidad dado que hasta el momento las autoridades responsables no han hecho público el proyecto integral.

Derivado de lo anterior y siendo un problema de interés público, la asociación de vecinos de Huentitán ha realizado la petición de manera pública al ingeniero Ramiro Hernández García, presidente municipal, para que les explique detalladamente las implicaciones que se derivarán de la obra.

Señalan que como habitantes afectados, no se les ha informado conforme a derecho, si existe la infraestructura urbana necesaria para soportar el impacto de la magnitud de la obra; por ello han solicitado al ayuntamiento que explique con estudios y documentos técnicos apegados a la ley, el impacto que tendrá el proyecto al ser ellos parte fundamental del mismo, requiriendo que se sustente la capacidad en los servicios básicos, integrando además, a las colonias existentes.

Sabemos que el impacto de infraestructura va más allá de las buenas intenciones, al considerar que a mayor población se requieren mayores servicios como lo son escuelas, espacios deportivos, energía eléctrica, agua potable, drenaje, vías de comunicación accesibles, alumbrado público, seguridad, impacto ambiental, calidad de vida, entre otras más, partiendo del principio fundamental de que el derecho de unos, no puede ir en detrimento de los derechos de otros.

Ante ello, México se ha comprometido a nivel internacional a trabajar para edificar viviendas decorosas y dignas. La Declaración del Milenio fue aprobada por 189 países y firmada por 147 jefes de estado y de gobierno en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, en septiembre de 2000. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), ocho ambiciosos objetivos que se intenta alcanzar para 2015, se basan directamente en las actividades y metas incluidas en la Declaración del Milenio.”1

De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina (Cepal), La Meta 11, también conocida como Ciudades sin Asentamientos Precarios, se refiere explícitamente al derecho a una vivienda digna y a la ciudad. Esta meta es un reconocimiento directo de que los asentamientos precarios son un problema de desarrollo y de uso de recursos naturales (suelo y agua) que debe ser encarado.”2

Si bien coincidimos en que se requiere impulsar la construcción de viviendas dignas por el crecimiento de las poblaciones, éstas deberían estar acompañadas de proyectos sustentables que integren a las poblaciones ya existentes, no sólo por el impacto que pueda tener en su calidad de vida, sino que derivado de no contar con un proyecto sostenible, ello puede evitar el disfrute de una vivienda digna y decorosa a que tienen derecho todos los ciudadanos.

Es de conocimiento público que se está considerando construir las llamadas casas “huevito”, espacios sumamente reducidos que de acuerdo a expertos en la materia, no contribuyen a la convivencia sana familiar o comunitaria, debido a la falta de esparcimiento, áreas verdes, etcétera, derivado de que no fomenta el disfrute de dicha convivencia, creándose problemas sociales. Estudios sobre esta nueva dinámica, demuestran que la falta de espacio constituye un factor que acelera situaciones de agresión derivado, entre otros factores por la falta de privacidad.

En todo nuestro país se ha permitido que las grandes constructoras edifiquen casas de interés social de hasta menos de 40 metros cuadrados; situación que considero es inhumana e indigna.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el documento Estrategia de la vivienda saludable , establece que en el ambiente de la vivienda un individuo se sumerge al menos 50 por ciento de su tiempo. Tanto los desarrolladores como los servidores públicos saben de las repercusiones que ello conlleva, pero ¿cuál es el factor que más pesa?

El derecho universal a una vivienda, digna y adecuada para todos, aparece establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, apartado 1 y en el artículo 11 de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC):

Artículo 25.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, ...3

Artículo 11 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales: los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los estados parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.4

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (el órgano encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en los estados que son parte del mismo), considera que es posible identificar algunos aspectos de ese derecho –a una vivienda digna– se deben tener en cuenta a estos efectos en cualquier contexto concreto, como: a) Seguridad jurídica de la tenencia; b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; c) Gastos soportables; d) Habitabilidad; e) Accesibilidad; f) Lugar, y g) Adecuación cultural.

Basados en estos lineamientos y bajo la principal demanda de los vecinos de la zona de Huentitán, que es la de conocer de manera puntual y precisa el proyecto ejecutivo que pretende realizarse en la zona, y que a petición de los mismos, éste sea sometido a consulta popular, en los términos que establece el capítulo V del título cuarto del Reglamento de Participación Ciudadana del municipio de Guadalajara, que respecto al particular señala “El ayuntamiento puede someter a consulta popular aquellos asuntos propios de la competencia municipal que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la hacienda municipal .”

Como sabemos, es un derecho fundamental la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos para el mejor logro de un desarrollo humano sostenible, como un elemento fundamental para establecer un sistema democrático representativo y participativo y para lograrlo, las autoridades no deben actuar contraviniendo el interés público.

De acuerdo a Montesquieu, en su libro El espíritu de las leyes señala que “Cuando en la república, el poder soberano reside en el pueblo entero, es una democracia. Cuando el poder soberano está en manos de una parte del pueblo es una aristocracia.”

Si bien la verdadera democracia de nuestros días ha dejado de cumplir muchas de las promesas que se formularon, somos nosotros parte responsable de ello, al convertir a los ciudadanos en instrumento de nuestros fines y no los portadores de sus propuestas e inquietudes ciudadanas.

La democracia ideal no existe, nuestro trabajo es potenciar al máximo las virtudes que en ella se tienen.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al presidente municipal de Guadalajara, Jalisco, para que en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley General de Asentamiento Humanos y en la Ley Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, informe a la población sobre el impacto y alcances del proyecto que se propone ejecutar en el marco del Programa de Consolidación de Reservas Urbanas para el Ejercicio Fiscal de 2014, con respecto a la constricción de 2 mil 465 viviendas verticales en la zona de Huentitán y, vigile la plena observancia de la normatividad correspondiente en materia de desarrollo urbano y vivienda para asegurar el bienestar de los habitantes de la zona.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, para que de acuerdo con el Reglamento de Participación Ciudadana municipal y la normatividad federal, estatal y municipal en materia de desarrollo urbano, realice una consulta popular entre los habitantes de Huentitán sobre el proyecto de vivienda vertical por realizarse en la zona.

Notas

1. http://www.onu.org.mx/objetivos_de_desarrollo_del_milenio.html

2. http://www.cepal.org/pobrezaurbana/docs/OPS/DocumentoGuiadeprincipiosvi viendasaludable.pdf

3. https://www.un.org/es/documents/udhr/

4. http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2014.

Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, la Profepa y la Conagua a realizar acciones de limpieza del río Zahuapan, a cargo de la diputada María Guadalupe Sánchez Santiago, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María Guadalupe Sánchez Santiago, diputada federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La cuenca del río Zahuapan se localiza en la parte central Norte – Sur del Estado de Tlaxcala y en la zona norte región hidrológica 18 Río Balsas y en la parte alta de la cuenca del río Atoyac, fisiográficamente en la Provincia del Eje Neo Volcánico, con una superficie de 1498.50 kilómetros cuadrados.1

De acuerdo con diversos investigadores, en esta cuenca se han llevado a cabo de manera inapropiada actividades industriales y productivas como la agricultura, ganadería, silvicultura y un uso inadecuado de los recursos naturales, así como asentamientos humanos no planificados, lo que ha originado un conjunto de problemas ambientales como la erosión del suelo, contaminación del agua, pérdida de la cobertura vegetal, migración de la fauna y de la población humana, situación muy importante en el manejo de la cuenca.2

Derivado de lo anterior, se han registrado daños ambientales a la flora y fauna de la región, así como a los habitantes de diversos municipios del estado de Tlaxcala, quienes, de acuerdo con diversas organizaciones sociales, han llegado a padecer cáncer en la piel.

Aunado a lo anterior, también se ha denunciado con persistencia la contaminación de acuíferos y la escasez de agua potable, llegando a ser tan mala la calidad del vital líquido, que ni siquiera es posible utilizarla para riego.

Cabe mencionar que la contaminación del río Zahuapan es ocasionada por sustancias que exceden los parámetros que se encuentran contemplados en las normas oficiales mexicanas sobre demanda bioquímica de oxígeno, además de sólidos sedimentables totales, sólidos suspendidos, grasas, aceites y coliformes fecales, lo que provoca que sea imposible la presencia de vida en este cuerpo de agua.

Desgraciadamente, la situación que prevalece en el río Zahuapan no es aislada, sino que es el reflejo fiel de los niveles de polución que han alcanzado muchas de las aguas superficiales en nuestro país, por lo que se hace necesaria la formulación de políticas urgentes que sean capaces de revertir los daños causados por la actividad humana.

Es cierto que lo anterior requiere de voluntad de las autoridades de los tres niveles de gobierno, pero también del esfuerzo conjunto de los industriales, productores, organizaciones ecologistas y del público en general, por lo que se hace necesaria una convocatoria muy amplia basada en el convencimiento y las buenas razones, pero sobre todo, en el cumplimiento de la ley.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua, para que en base a sus atribuciones lleven a cabo acciones de limpieza en el río Zahuapan.

Notas

1 Con información consultada el 9 de abril de 2014, a las 18:45 horas en

http://www.inecc.gob.mx/descargas/cuencas/2011_cnch2_mon _malvarado.pdf

2 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2014.

Diputada María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica)