Proposiciones de urgente u obvia resolución

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incorporar en la cartilla nacional de vacunación un esquema de detección temprana de la insuficiencia renal crónica, a cargo de los diputados Abel Octavio Salgado Peña, Gabriel Gómez Michel, Leobardo Alcalá Padilla e Isaías Cortés Berumen, de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a considerar la pronta adquisición de una planta coquizadora para la refinería Ingeniero Antonio M. Amor y el traslado del área de llenado de autotanques fuera de la zona urbana de Salamanca, Guanajuato, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del PAN, y suscrita por integrantes de la Comisión Especial de prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica a investigar sobre las condiciones de competencia en el mercado agroalimentario, especialmente respecto a los productos básicos y estratégicos señalados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del PRD

Proposiciones

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al gobierno de Quintana Roo y al INAH a tomar medidas para impulsar y promover como patrimonio cultural de la humanidad la zona arqueológica de Kohunlich, a cargo del diputado Raymundo King de la Rosa, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobernador de Quintana Roo y al presidente municipal de Benito Juárez a unir esfuerzos a fin de diseñar y ejecutar un programa de seguridad pública para el rescate turístico que considere la zona centro de Cancún, a cargo de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR, al gobernador de Sonora y al director general del IMSS a esclarecer el caso de la guardería ABC, SC, de Hermosillo, y cumplir la recomendación de la SCJN, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno a realizar campañas educativas permanentes que induzcan a reducir la posesión, la portación y el uso de armas de cualquier tipo, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofepris a aplicar el semáforo en el etiquetado de bebidas y alimentos en cuanto a la cantidad del consumo de azúcar, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del PT, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Inmujeres a generar acciones de política pública para atender la salud mental de las mujeres que viven en zonas de alta movilidad migratoria, a cargo de la diputada María Esther Garza Moreno, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la SEP a tomar medidas para que se ejerza con absoluta transparencia el presupuesto destinado a educación, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Nuevo León a respetar las expresiones ciudadanas para resignificar los espacios públicos en nombre de las personas desaparecidas, suscrita por los diputados Margarita Elena Tapia Fonllem, Ricardo Mejía Berdeja y Loretta Ortiz Ahlf, de los Grupos Parlamentarios del PRD, de Movimiento Ciudadano y del PT, respectivamente
• Con punto de acuerdo, sobre la suspensión de la aplicación de la reforma relativa al cambio de régimen de pequeño contribuyente al de incorporación fiscal, suscrita por los diputados José Francisco Coronato Rodríguez, Ricardo Monreal Ávila, María Fernanda Romero Lozano y Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a promover la emisión de una NOM para que los envases y embalajes de los medicamentos incluyan en sistema braille las denominaciones distintiva y genérica, el gramaje, la dosis y la fecha de caducidad, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Yucatán a atender el robo de instrumentos de trabajo de pescadores de los puertos de San Felipe y Río Lagartos, suscrita por los diputados Sergio Augusto Chan Lugo, María Beatriz Zavala Peniche y Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Consar a difundir el informe correspondiente al cuarto trimestre de 2013, con el detalle de los beneficios obtenidos con la modificación del régimen de inversión de las Siefore, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

Efemérides

• Con motivo del Día Internacional de la Madre Tierra, a cargo de los diputados Arturo Escobar y Vega y Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con motivo del 495 aniversario de la formación del primer municipio en México y en América, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del PT

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incorporar en la cartilla nacional de vacunación un esquema de detección temprana de la insuficiencia renal crónica, a cargo de los diputados Abel Octavio Salgado Peña, Gabriel Gómez Michel, Leobardo Alcalá Padilla e Isaías Cortés Berumen, de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PAN

Los suscritos, Abel Octavio Salgado Peña, Gabriel Gómez Michel y Leobardo Alcalá Padilla, diputados federales de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; así como del diputado Federal Isaías Cortés Berumen, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, Apartado 1, fracción I; así como en el artículo 79, Apartado 1, fracción II, Apartado 2, fracción I, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos presentar ante esta Soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Un estudio del Centro Nacional de Información para Decisiones en Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, señala que la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), se define como una pérdida lenta, progresiva e irreversible del filtrado en el riñón, totalmente asintomática en las etapas iniciales, por lo que el organismo pierde gradualmente la capacidad de filtrar las sustancias tóxicas de la sangre, originada por diversas causas.

Estas alteraciones pueden presentarse en las funciones digestivas, hematológicas, cardiovasculares, neurológicas y metabólicas. Si la función renal no se estabiliza, se produce una enfermedad renal terminal.

Luego de la aparición de los primeros síntomas, que generalmente se detectan cuando ya se encuentran en etapas muy avanzadas, (alrededor del 60%), de la Enfermedad Renal Crónica, le siguen las complicaciones propias del síndrome urémico, y se manifiesta mediante alteraciones.

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es un grave problema de salud pública, ya que 1 de cada 10 mexicanos sufre de algún nivel de lesión renal, generando un alto costo social y económico, en el que se estima que cada año son alrededor de 35,000 pacientes en todo el sistema de salud. La incidencia mundial promedio es de 300 a 400 nuevos casos por millón de habitantes por año, de estos el 20% son menores de 18 años.

Los principales factores de riesgo que influyen para presentar IRC, son prematurez y bajo peso al nacer (terapia intensiva, alimentación parenteral) infecciones urinarias de repetición, historia familiar de enfermedad renal, hipertensión arterial mal controlada, proteinuria persistente, hiperlipidemia, descontrol metabólico, hiperfosfatemia, sobrepeso y obesidad, procesos obstructivos, anemia, dieta hipocalórica e hipercolesterolemia. Además, la diabetes se constituye como la principal causa de Insuficiencia Renal (IR).

Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, la IRC es actualmente, la quinta causa de muerte general en México, y la tercera a nivel hospitalaria.

Junto con la hipertensión y la diabetes, la IRC es una enfermedad silenciosa, que por sus características, el costo de atención por paciente en unidades del sector salud, se encuentra en los 300 mil pesos al año.

Pero no es todo. Actualmente la IRC no es tratada por medio del seguro popular, situación que merma de manera significativa, la economía de las familias que tienen un paciente de estas características.

En septiembre de 2001 la administración del doctor Julio Frenk Mora, entonces Secretario de Salud, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Plan de Salud, en el que por primera vez se acepta que la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública que va en ascenso porque no se tiene la cultura de la prevención..

El método sencillo y no invasivo para detectar datos sugerentes de Insuficiencia Renal Crónica consiste en la realización de un examen general de orina, en el que se pueda observar la posible pérdida de proteínas, lesiones en el riñón, infecciones y demás anormalidades como por ejemplo, la presencia de albumina y cristales. El costo de este examen oscila entre los 40 a 50 pesos.

Otro método complementario para detectar IRC es mediante un examen en sangre llamado de química sanguínea, que arroje la predisposición a ésta y otras enfermedades. El costo de un examen de este tipo oscila en los 400 pesos.

Por tanto, por su importancia y costo, la prueba idónea para detectar tempranamente en los niños(as) manifestaciones de la IRC, es el examen general de orina, realizándolo a los 6 y 12 meses de edad en niños con factores de riesgo mencionados y continuar con un examen anual. Aquellos niños (as) sin factores de riesgo practicarlo a partir del año de edad.

Una vez detectado algún dato de alarma, se le otorgará al familiar asesoría médica para consolidar el diagnóstico y seguimiento del paciente e iniciar tempranamente, el tratamiento adecuado de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) para neutralizar el daño, acompañado de una dieta saludable, para evitar factores que puedan aumentar el daño renal.

Además de lo anterior, existen una serie de tratamientos sustitutivos y restitutivos de la función renal, con ventajas e inconvenientes, como por ejemplo, el más utilizado es la diálisis peritoneal intermitente o intrahospitalaria, diálisis peritoneal ambulatoria o diálisis en casa hemodiálisis. El tratamiento sustitutivo de la función renal es mediante el trasplante renal, principalmente. En estos casos el costo es alto, por los implementos a adquirir aunado a que es un gasto de manera permanente para subsistencia del paciente. El costo del trasplante renal definitivamente es muy costoso con el riesgo de que el cuerpo del paciente rechace el órgano donado.

Ahora bien, el examen general de orina que proponemos incorporar al esquema de la cartilla nacional de vacunación o como un tamizaje de detección de lesión renal temprana, ha sido un caso de éxito en otras naciones.

Japón incorporó a su sistema de salud a principios de la década de 1970, el análisis de orina para detectar la enfermedad renal, implementado para todos los trabajadores y niños en edad escolar. Esta política pública trajo consigo la reducción de gastos en tratamiento correctivo de IRC.

Primero, el Ministerio del Trabajo en Japón puso en marcha un programa de examen de salud obligatorio en todo el país que incluía los exámenes de química sanguínea y el general de orina. En 1974 el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura de Japón inició el programa obligatorio en las escuelas públicas, con los alumnos de 6 a 18 años.

Una de las principales estrategias en la implementación de esta política pública en el ámbito escolar, ha sido establecer un sistema de monitoreo para niños, en el que reciben un análisis de orina gratuito, en el programa de exámenes de salud escolar, o bien, lo podríamos solicitar a través de la institución escolar como un requisito a su ingreso y posteriormente solicitarlo de forma anual.

Si al niño le es detectada alguna alteración que en un futuro pueda transformarse en una IRC, es derivado al médico familiar que le corresponda, a efecto de iniciar un tratamiento oportuno con miras a devolver la funcionalidad en un 100 por ciento de sus riñones.

Para el caso de los trabajadores de Japón el análisis anual de orina es gratuito y de presentar alguna anomalía, son derivados a su médico familiar para iniciar el tratamiento que en la mayoría de los casos, es corregible.

Esta política pública tiene como consecuencia, que para el 2010 Japón sea el país con la menor incidencia de IRC en el mundo, con una tasa de 280 casos por millón de habitantes, Estados Unidos con 300 y México presenta más de 500 casos por millón de habitantes hasta el 2011.

Como consecuencia de esta política pública, en 1979 se redujo el gasto en tratamiento correctivo y para 1983 estaba incorporado a la cultura de salud de la ciudadanía de Japón.

Estimaciones de un estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que en 2010 habría unos 120 mil mexicanos con IRC, pero con la necesidad de recibir un trasplante de riñón.

A falta de datos precisos, en la actualidad se afirma que la IRC y otras enfermedades renales, como la nefritis o nefrosis, están entre las 10 principales causas de muerte en México.

Un comparativo del Sistema de Datos Renales de Estados Unidos señala, que la incidencia en México se había duplicado, al pasar de 200 en 2001, a más de 500 en 2011. Este dato se basa en reportes del estado de Jalisco, que la reporta como causa importante de morbi-mortalidad infantil, se incorporan entre 220 a 250 nuevos casos pediátricos en ERC por año, ocupando el onceavo lugar en el grupo de 1 a 4 años y el segundo en el de 10 a 19 años, que es la única entidad federativa que reporta a dicho Sistema norteamericano.

En el mundo, poco a poco la Insuficiencia Renal Crónica avanza como un problema de salud pública. Apenas en julio de 2013, la Organización Mundial de la Salud, hizo la correspondiente declaratoria de las comunidades agrícolas de El Salvador, y así de manera silenciosa, avanza la IRC sobre el humano.

Luego entonces, el objeto de esta proposición, es exhortar a la Secretaría de Salud, a que incorpore en la cartilla nacional de vacunación que se encuentra regulada en la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano, publicada el 28 de septiembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, el esquema correspondiente al examen general de orina, como método de detección temprana de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC).

Además, exhortamos a la Secretaría de Salud, a que incorpore la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), dentro del catálogo de enfermedades susceptibles de ser atendidas bajo el esquema del seguro popular.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, -con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, Apartado 2, Fracción III-, que este asunto sea considerado de urgente y obvia resolución para someterse a la consideración de esta honorable soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: Se exhorta a la Secretaría de Salud a que incorpore en la cartilla nacional de vacunación que se encuentra regulada en la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano, publicada el 28 de septiembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, el esquema correspondiente a la práctica de un examen general de orina, como método de detección temprana de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), a los 6 y 12 meses de edad, y posteriormente, una vez al año.

Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Salud, a que incorpore la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), dentro del catálogo de enfermedades susceptibles de ser atendidas bajo el esquema del seguro popular.

Bibliografía :

Médica Efectiva, Práctica. Volumen 2 – Número 6. Junio 2000. Centro Nacional de Información para Decisiones en Salud. Instituto Nacional de Salud Pública. Secretaría de Salud. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://bvs.insp.mx/articulos/1/13/v2n6.pdf

Diario Oficial de la Federación. Secretaría de Gobernación. Viernes 28 de septiembre de 2012. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5270654&fecha=28/09/2012

La enfermedad renal crónica problema de salud pública en México. Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Universidad de Guadalajara. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://www.cucs.udg.mx/principal/noticias/archivo-de-noticias/la-enferm edad-renal-cr-nica-problema-de-salud-p-blica-en-m-xico

Enfermedad renal crónica en las comunidades agrícolas en Centroamérica es un problema grave de salud pública. Organización Panamericana de la Salud. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://www.paho.org/hq../index.php?option=com_content&view=article&id=9062%3Akidney-disease-of-unknown-causes-in-agricultural-communit ies-in-central-america-is-declared-a-serious-public-health-problem& catid=740%3Anews-press-releases&Itemid=1926&lang=es

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los seis días del mes de marzo de dos mil catorce.

Diputados: Gabriel Gómez Michel, Abel Octavio Salgado Peña, Leobardo Alcalá Padilla, Isaías Cortés Berumen (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a considerar la pronta adquisición de una planta coquizadora para la refinería Ingeniero Antonio M. Amor y el traslado del área de llenado de autotanques fuera de la zona urbana de Salamanca, Guanajuato, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del PAN, y suscrita por integrantes de la Comisión Especial de prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex

Los suscritos, integrantes de la Comisión Especial de prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

La importancia del sector energético como pieza fundamental y estratégica de la economía de nuestro país, es un tema que se ha venido discutiendo en los últimos meses, y que ha permitido reformar la Constitución en aras de hacer el sector energético más productivo, competitivo y eficiente para el desarrollo del país.

Para el desarrollo de sus actividades y entre la pluralidad de instalaciones, Petróleos Mexicanos (Pemex) cuenta con seis refinerías, operadas por Pemex Refinación, las cuales están ubicadas en Tula, Hidalgo; Salamanca, Guanajuato; Cadereyta, Nuevo León; Ciudad Madero, Tamaulipas; Salina Cruz, Oaxaca, así como en Minatitlán, Veracruz.

La presente proposición con punto de acuerdo es referente a la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, localizada en el municipio de Salamanca, en el estado de Guanajuato.

Las inquietudes manifestadas en la presente, son resultado de los trabajos in situ que la Comisión Especial de prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex; ha llevado a cabo en refinerías y plataformas petroleras de la paraestatal, convocados por la diputada Rocío Abreu Artiñano, presidenta de esta comisión.

El pasado 4 de noviembre de 2013, se realizó una visita de trabajo por parte de los legisladores integrantes de esta comisión especial, a las instalaciones de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, en la cual pudieron ser testigos de sus particularidades y de sus principales problemáticas, referentes a la necesidad de adquisición de una planta coquizadora para procesar residuos de la refinería; y el problema de seguridad que consiste en la reubicación del área de llenado de autotanques, fuera de la refinería y de la zona urbana del municipio.

Dicha refinería, se encuentra en operación desde el año de 1950, y es considerada estratégica para Pemex Refinación, pues actualmente recibe diariamente 197 mil barriles de petróleo , de los cuales 30 por ciento se traduce en gasolina; 19 por ciento en gas; 26 por ciento en diesel y el resto en lubricantes.

La refinería Ingeniero Antonio M. Amor, por sus siglas conocida como RIAMA es la única productora de lubricantes, parafinas y alcohol isopropílico, que se distribuyen en todo el país, además de ser importante por el abastecimiento de hidrocarburos a los estados de Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.

La Comisión Especial de Pemex, considera prioritario dar puntual seguimiento a la adquisición de la planta coquizadora para esta refinería, que se ha venido postergando en los últimos años, y que está programada en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2014-2018 publicado por Pemex en noviembre de 2013, el cual podrá sufrir modificaciones ante la prontitud de la discusión de las leyes secundarias de la reforma energética en este Congreso de la Unión.

El objetivo número 5 de dicho plan se enfoca en la reconfiguración de la refinería de Salamanca, con el propósito de modernizarla e incrementar su capacidad de procesamiento de crudo y aprovechar las corrientes de residuales en la generación de productos de mayor valor.

Para la refinería, los alcances proyectados para el periodo 2014-2018 consideran la construcción y adecuación, entre otras unidades, de una planta de coquización retardada.

La importancia de la adquisición de una planta coquizadora para la RIAMA, radica en que será de utilidad para el reciclaje de residuos, mediante el proceso de coquización, y su conversión al llamado “coque de petróleo” que puede ser aprovechado mediante procesos posteriores, para la producción de combustibles.

Si bien las plantas de coquización retardada realizan un proceso muy similar al de la planta U-10 de la refinería de Salamanca, en la cual a todos los subproductos de desecho se les somete a presión y alta temperatura para convertirlos en petróleo, su adquisición aumentaría significativamente el procesamiento de los residuos a la par de las refinerías de Madero y Cadereyta, de manera más eficiente y moderna. Con la adquisición de la planta coquizadora, se podrán procesar cada 24 horas otros 40 mil barriles de petróleo, es decir cerca de 240 mil barriles en total.

En cuanto a seguridad en la refinería, el problema radica en la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) específicamente donde se ubican las denominadas “llenaderas” de autotanques; pues se considera que este procedimiento genera un importante riesgo para la población aledaña, ya que el ingreso a la TAR se realiza a través de la zona urbana del municipio, específicamente en la calle Héroes de Cananea.

En las reuniones de trabajo de esta comisión especial, los legisladores han puesto de manifiesto el tema de la seguridad en las instalaciones de la RIAMA, así como para el municipio de Salamanca, en especial el diputado Genaro Carreño Muro, quien es testigo de las condiciones de seguridad, y de las afectaciones que los trabajos de la paraestatal generan al municipio.

Por lo que se considera urgente que la paraestatal considere la reubicación del área de las llenaderas de autotanques fuera de la refinería y de la zona urbana del municipio, para con ello evitar accidentes que pudieran suscitarse en las instalaciones; y librar el ingreso de pipas que representan un riesgo latente para los habitantes de la ciudad.

Actualmente las pipas ingresan a las instalaciones de la refinería, en particular a la estación de llenaderas por la puerta 5, para cargar combustóleo, aceite, asfalto, gasóleo, azufre, parafinas, etcétera. El tránsito de las pipas en la puerta 5 siempre será de riesgo porque se encuentra cerca del sector del separador de aceites, lo que representa un riesgo latente para la población ante una situación de emergencia.

Si bien Pemex cuenta con normas, códigos y especificaciones que regulan sus organismos subsidiarios, así como con planes de seguridad para los procesos de la industria petrolera en sus instalaciones, es necesario considerar una efectiva reconfiguración de las instalaciones de la RIAMA, que permita adecuarlas a los nuevos procesos y a las nuevas consideraciones en seguridad y medio ambiente, sin poner en riesgo a los habitantes de las zonas cercanas al centro de trabajo.

Es por ello, que resulta de suma importancia, que en el marco del plan de negocios 2014–2018 de Pemex, y considerando sus posibles modificaciones con motivo de la reforma energética, se considere la pronta adquisición de la planta de coquización retardada para la refinería de Salamanca; y dar un mejor uso y mayor aprovechamiento de desechos. De igual forma, resulta primordial el tema de la seguridad de sus instalaciones, en particular, la reubicación de las llenaderas fuera de la TAR, por constituir un riesgo para los trabajadores de las instalaciones locales, así como para los habitantes del municipio.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . Se exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos, se concrete, a la brevedad posible, la adquisición de una planta de coquización retardada, para la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, con la finalidad de dar un mejor uso y mayor aprovechamiento a los residuos de la industria en estas instalaciones.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos, a considerar la reubicación del área de llenado de autotanques fuera de la zona urbana del municipio de Salamanca; lo anterior, en beneficio de los trabajadores y habitantes de la región y para preservar la seguridad de los mismos durante la carga de materiales de la refinería.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2014.

Diputados: Genaro Carreño Muro (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Carol Antonio Altamirano (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica a investigar sobre las condiciones de competencia en el mercado agroalimentario, especialmente respecto a los productos básicos y estratégicos señalados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado José Antonio León Mendívil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II; numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica, para que lleve a cabo una investigación sobre las condiciones de competencia en el mercado agroalimentario, relativo especialmente a la producción de los productos básicos y estratégicos señalados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; al acopio, la determinación de precios y condiciones de compra para dichos productos; a la distribución y precios de insumos, así como la determinación de precios de comercialización de productos de origen nacional y los de importación, y sus ventas al menudeo.

Lo que está ocurriendo en estos momentos con los mercados del sector agropecuario debe preocuparnos a todos, y no solamente a los integrantes de esta honorable Cámara de Diputados, sino al Ejecutivo federal y a las autoridades locales y municipales por igual.

En las regiones productoras, se desplomó el precio del frijol a 6 pesos el kilogramo; el maíz a 2.80 pesos el kilogramo; el litro de leche a 4.00; el sorgo a 2 mil 500 pesos tonelada. Igual ocurre con el precio del trigo y de la caña de azúcar; y como sabemos, para el caso de la manzana simplemente la situación es de ruina completa, al grado que algunos productores optaron por derrumbar sus plantaciones para usar los árboles como leña.

En el otro extremo de la cadena, las cosas no están mejor para los millones de consumidores de los productos agropecuarios. El consumidor final está pagando a más de 20 pesos el kilogramo de frijol, a 15 pesos el kilogramo de tortilla; a 30 pesos el kilogramo de manzana; a 15 pesos el litro de leche; a 100 pesos el kilogramo de carne y hasta 60 pesos el kilogramo de limón.

Sé que en esta honorable asamblea legislativa, ya no es ninguna novedad decir que el campo mexicano se encuentra devastado y en ruinas; pero no por eso el hecho es menos cierto. Y más ahora cuando al fracaso de las políticas institucionales de las dos últimas décadas y a los desastres naturales, se suma el desplome de los precios de prácticamente todos los productos agropecuarios.

Hay en el país 14 millones de mexicanos con hambre, por no poder pagar los precios prohibitivos de los alimentos; y en el medio rural, 18 millones viven en la pobreza por el abandono en que tenemos las unidades productivas y por los precios de ruina que recibe el campesino en la venta de sus productos.

¿Qué está ocurriendo en la producción y en el mercado del sector agropecuario? ¿A dónde van a parar los 336 mil millones de pesos del programa especial concurrente aprobados por esta Cámara para el campo?

Del presupuesto público se construye infraestructura carretera y grandes sistemas de riego en el campo, se dan incentivos al acopio y la comercialización, se pagan coberturas de precios, se brindan tarifas arancelarias flexibles para incentivar la exportación y las importaciones agropecuarias, se aplican incentivos indirectos a través del fisco; y sin embargo, el campo no se levanta, no se capitaliza, no se incrementa la producción, seguimos importando para el consumo nacional casi el 50 por ciento de los productos agropecuario y, sobre todo, los precios al consumidor final no bajan.

¿Por qué se dificulta la comercialización de las cosechas de granos en un mercado con millones de personas con hambre?

¿Por qué a pesar de la gran cantidad de recursos fiscales invertidos no se puede transitar a un mercado competitivo y eficiente?

¿Por qué los campesinos reciben precios bajos y los consumidores pagan precios caros de los alimentos? ¿A dónde va a parar ese diferencial de precios?

¿Por qué, si tenemos mecanismos reguladores en otros mercados, no se logra regular el mercado agropecuario?

La respuesta es que se han impuesto en el campo mexicano a lo largo de más de dos décadas, procedimientos de concentración del crédito, de la producción, de los servicios, de los mercados, de la información privilegiada, del acopio y de la distribución.

La respuesta es que la mayor parte de los subsidios al campo y el enorme margen de comercialización y de ganancias ilegítimas, se lo están llevando un puñado de acopiadores y comercializadores que actúan impunemente en el mercado de los alimentos. Este grupo de grandes empresas agropecuarias, integran la cadena verticalmente desde el surco hasta el consumidor final, arruinando al productor y abusando sistemáticamente del consumidor, muchas veces especulando con los alimentos y siempre estableciendo precios de acaparadores.

En las condiciones de monopolio, los miles de millones de pesos del presupuesto federal orientados al sector, solo sirven para apuntalar a los oligopolios que elevan en forma insultante sus ganancias ilegales.

Esta estructura ineficiente y perversa, segmenta al mercado, es decir que aleja a los miles de productores de granos, de los millones de consumidores finales, dejando en unos pocos actores dominantes, que agregan poco o ningún valor pero se apropian de una proporción indebida del manejo de los mercados.

No obstante que esta situación es del dominio público y de sobra conocida por las autoridades del sector, no se toman medidas eficaces para evitar las prácticas monopólicas y ordenar los mercados; inclusive la mayoría de las veces las mismas autoridades se vuelven cómplices de quienes manipulan los precios, al permitir la importación de productos agropecuarios en plena cosecha de la producción nacional.

En razón de lo anteriormente expuesto y motivado, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución:

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica, para que lleve a cabo una investigación sobre las condiciones de competencia en el mercado agroalimentario, relativo especialmente a la producción de los productos básicos y estratégicos señalados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; al acopio, la determinación de precios y condiciones de compra para dichos productos; a la distribución y precios de insumos; así como la determinación de precios de comercialización de productos de origen nacional y los de importación, y sus ventas al menudeo.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica a que, como resultado de dicha investigación, formule recomendaciones a las autoridades de los ramos competentes a fin de mejorar la competencia en ese sector y evitar prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, incluyendo, según corresponda, ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2014.

Diputado José Antonio León Mendívil (rúbrica).

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al gobierno de Quintana Roo y al INAH a tomar medidas para impulsar y promover como patrimonio cultural de la humanidad la zona arqueológica de Kohunlich, a cargo del diputado Raymundo King de la Rosa, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Raymundo King de la Rosa, diputado por el estado de Quintana Roo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 79, numeral 1 y 2, y 117 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al gobierno del estado de Quintana Roo y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que en el ejercicio de sus respectivas competencias tomen las medidas necesarias para impulsar y promover como patrimonio cultural de la humanidad la zona arqueológica de Kohunlich, con base en las siguientes

Consideraciones

El 23 de febrero de 1984, México depositó el documento de aceptación de la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, adoptado por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y ratificado por el Senado de la República el 22 de diciembre de 1983.

Conforme al artículo 4 de la citada convención, cada uno de los estados parte reconoce que le incumbe primordialmente la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio.

En cumplimiento de esta obligación, México ha identificado y propuesto a la consideración del Comité Intergubernamental de Protección del Patrimonio Cultural y Natural de Valor Universal Excepcional de la Unesco, diversos monumentos y sitios que se han considerado con valor universal excepcional, resultando a la fecha un total de 32 sitios, ocupando así el quinto lugar a nivel mundial, sólo detrás de Alemania, China, España y Francia.

De esos 32 sitios actualmente enlistados, 27 son de carácter cultural y 5 de tipo natural, destacando que entre los primeros se encuentran nueve que corresponden a vestigios de las culturas prehispánicas que se desarrollaron en nuestro actual territorio nacional, como son la ciudad maya de Calakmul, la zona arqueológica de Paquimé, el sitio arqueológico de Monte Albán, así como las ciudades prehispánicas de El Tajín, Palenque, Chichén Itzá, Teotihuacán, Uxmal y Mitla.

Ubicado aproximadamente a 65 kilómetros de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, se encuentra el sitio arqueológico denominado Kohunlich, nombre derivado del inglés cohoonridge que significa “lomerío de corozos” y cuyo nombre original se desconoce.

De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la zona arqueológica de Kohunlich es de gran interés porque contiene una amplia variedad de estilos arquitectónicos y no es solamente una mezcla de influencias diversas, sino que muestra un estilo propio, tanto en la arquitectura como en la iconografía y la producción de cerámica, constituyendo así uno de los sitios mayas más importantes del periodo clásico (del año 300 al 900 de nuestra era).

Destaca en el conjunto arqueológico el llamado Templo de los Mascarones, que originalmente contenía ocho figuras moldeadas en estuco, de los cuales se conservan cinco, que se consideran una de las muestras más acabadas de la iconografía maya de su tiempo, ubicado hacia los años 500 a 600 de nuestra era.

En el sitio también se encuentran otras edificaciones de gran importancia histórica, como son la plaza de las estelas, los conjuntos de los 27 escalones y de Pixa’an, construidos probablemente en el periodo clásico tardío (del año 600 al 900 de nuestra era), los cuales fueron utilizados para actividades públicas o administrativas.

Atendiendo a estas circunstancias, el 28 de diciembre de 2001, el presidente de la República suscribió el decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos el área conocida como Kohunlich, ubicada en el municipio de Othón P. Blanco, en el estado de Quintana Roo, en el que declaró que para atender a la preservación del legado arqueológico que existe en esta zona arqueológica, es necesario otorgarle la protección que las leyes de los Estados Unidos Mexicanos establecen para estos casos, incorporándola al régimen previsto en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la cual dispone que es de utilidad pública la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, como parte integrante del patrimonio cultural de la nación.

Debe destacarse también el hecho de que la declaración de un sitio como patrimonio cultural de la humanidad constituye un recurso de gran valía para la promoción turística y, por ende, para la actividad económica de la zona beneficiada con esta distinción, además de que contribuirá a la protección y conservación del patrimonio cultural nacional en consonancia con las estrategias planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 para alcanzar un México con educación de calidad.

Por lo anterior, consideramos que el sitio arqueológico de Kohunlich presenta características que acreditan que se trata de un testimonio único de una civilización desaparecida y es un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio o de conjunto arquitectónico que ilustre una etapa significativa de la historia de la humanidad, en este caso de la cultura maya asentada en el periodo clásico, por lo que posee un valor cultural universal excepcional y, por tanto, satisface los requisitos para que sea propuesto en la lista de lugares considerados como patrimonio de la humanidad, en los términos de la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, por conducto de las autoridades competentes.

Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, al gobierno del estado de Quintana Roo y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que en el ejercicio de sus respectivas competencias tomen las medidas necesarias para impulsar y promover como patrimonio cultural de la humanidad la zona arqueológica de Kohunlich.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2014.

Diputado Raymundo King de la Rosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobernador de Quintana Roo y al presidente municipal de Benito Juárez a unir esfuerzos a fin de diseñar y ejecutar un programa de seguridad pública para el rescate turístico que considere la zona centro de Cancún, a cargo de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Alicia Concepción Ricalde Magaña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo; y al presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, a unir esfuerzos para diseñar, presentar a la sociedad quintanarroense y ejecutar con la mayor brevedad un programa de seguridad pública para el rescate turístico que considere la zona centro de Cancún, municipio de Benito Juárez.

Considerandos

1. Los niveles de violencia alcanzados durante los últimos meses en nuestro país, han provocado un serio problema de seguridad pública. Delitos graves como el secuestro, el homicidio y la extorsión se han incrementado de manera sustancial en la mayoría de las entidades de la república, ocasionando pérdidas materiales y devastaciones emocionales para todos los mexicanos.

2. Esta situación tiene su origen en diversos factores entre los cuales podemos ubicar los políticos, históricos, demográficos, psicológicos, económicos y sociales, por lo cual se hace necesaria una revisión constante de las políticas y de los programas en materia de seguridad pública, para detener el avance de la delincuencia organizada, disminuir el incremento de víctimas, recrear el tejido social y revertir la desconfianza que tiene la población hacia las instituciones, programas y responsables de brindar seguridad pública.

3. De acuerdo con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los índices delictivos no han tenido un cambio sustancial favorable para la sociedad mexicana durante los primeros dos meses de este año.

4. Específicamente en tres delitos: secuestro, extorsión y homicidio los cuales se pueden desagregar de la siguiente manera:

5. Para el caso de Quintana Roo, los datos estadísticos del SESNSP, arrojan para los delitos de homicidio, secuestro y extorsión, una situación grave. En enero y febrero de este 2014 se han cometido 85 homicidios, 46 extorsiones, y un secuestro.

6. En días pasados, el señor Hernán Cordero Galindo, presidente de la Comisión de Justicia de la Coparmex en Quintana Roo, expresó la preocupación de este sector empresarial por los niveles de inseguridad que existen y que el empresariado de este estado consideran alarmantes.

7. Sin embargo, en contraposición a esta inquietud, el procurador general de Justicia de Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres, calificó como lamentables y carentes de fundamento lo expresado por Hernán Cordero Galindo, al tiempo de afirmar que esas declaraciones “sólo afecta la imagen turística del estado”.

8. Por otra parte, el pasado 24 de marzo de este año, el coordinador nacional Antisecuestros, Renato Sales Heredia, al hacer un balance de las acciones y diagnósticos de la Coordinación Nacional Antisecuestros, subrayó que sólo tres unidades estatales antisecuestro cumplen satisfactoriamente los estándares requeridos. Éstas son las de Chihuahua, Nuevo León y Puebla.

9. En este sentido, Isabel Miranda de Wallace declaró recientemente: “Podemos advertir que la Unidad Estatal Antisecuestro de Quintana Roo no está cumpliendo satisfactoriamente sus funciones. Entidades como Tamaulipas, Nayarit, Tabasco y Yucatán no cumplieron la instalación y operación de las unidades especializadas para el combate al secuestro, mientras que Quintana Roo a pesar de haber creado recientemente su Unidad, está aún no funciona a cabalidad”. (Consúltense cifras del Sistema Nacional del Seguridad Pública y de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.)

10. La prensa nacional y estatal ha dado cuentas de la magnitud de la situación de inseguridad pública en nuestro estado. Quintana Roo ha padecido una ola delictiva sin precedentes. Cada mes en promedio se consumaron 1.5 secuestros, 15.2 extorsiones, 53.2 homicidios y 1.157 robos, entre otros delitos. Y eso, sin contar los casos que no son denunciados por las víctimas.

11. Cifras de escándalo que, casualmente, corresponden a la gestión gubernamental del priista Roberto Borge Angulo, iniciada el 10 de abril de 2011.Y se trata de delitos del fuero común, es decir, los que toca prevenir e investigar a la autoridad local y no a la federal.

12. Para nosotros el problema es sumamente preocupante y queremos mencionar que las principales causas del terrible mal que aqueja al estado y especialmente al primer cuadro de la ciudad de Cancún, están el abandono permanente de las autoridades y el asedió del crimen organizado, ejemplo de esto es la falta de interés por el Tianguis Turístico de México que se celebrará del seis al nueve de mayo próximo, donde a pesar de que se invierten más de 50 mdp y que no ha convencido a empresarios y colegios de profesionales, debido a que no los tomaron en cuenta en la elaboración del proyecto.

13. Las pérdidas económicas de los inversionistas son tan grandes como el temor que tienen para denunciar la respectiva “cuota” que la delincuencia organizada les exige y que a muchos los orilló a cerrar sus negocios, ante la amenaza de perder la vida o la de sus familias. El más reciente caso se presentó, cuando inversionistas yucatecos pagaron por adelantado seis meses de renta para instalar un bar en la avenida Yaxchilan, la otrora zona rosa de Cancún, pero ante la exigencia de 70 mil pesos mensuales por el “derecho de piso”, decidieron no abrir el negocio.

14. Esta problemática es conocida por muchos, incluso por las autoridades competentes, pero nadie se atreve a poner un alto, por pánico a ser “levantados” o por el llamado “Pacto por Cancún”, mientras tanto continúan en el escritorio los planes de rescate del grave deterioro ambiental que registra el principal destino turístico de nuestro país.

15. Esta situación es inadmisible para una sociedad que reclama su derecho a la seguridad en sus vidas, en sus familias, en sus propiedades y en toda la comunidad. El gobierno estatal se jacta de de “tener todo bajo control” y de “que no pasa nada”. Sin embargo, el hecho de que en el último año, se hayan perdido 500 millones de dólares en inversión, así como 300 empleos directos y el re direccionamiento de tres desarrollos turísticos, por los niveles de extorsión e inseguridad en la zona turística de Cancún, donde la delincuencia organizada, parece no tener límites y contar con el consentimiento de nuestros gobernantes e instituciones.

Por lo expuesto presento ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo; y al presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, a unir esfuerzos para diseñar, presentar a la sociedad quintanarroense y ejecutar con la mayor brevedad un programa de seguridad pública para el rescate turístico que considere la zona centro de Cancún, municipio de Benito Juárez.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2014.

Diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR, al gobernador de Sonora y al director general del IMSS a esclarecer el caso de la guardería ABC, SC, de Hermosillo, y cumplir la recomendación de la SCJN, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2 del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

Como representante popular es mi deber escuchar y atender las diversas observaciones y peticiones de los ciudadanos y más aún, cuando se trata de voces que hablan por los menores que son el presente y futuro de nuestro país, es por tanto que desde que se suscito el incendio en la Guardería ABC, SC, de Hermosillo, Sonora he estado al pendiente del desarrollo del caso.

Un grupo de padres de familia de esos menores, se acerco desde el año pasado a ésta Soberanía y manifestó su desacuerdo con la investigación por parte de la Procuraduría General de la República la cual califican de lenta e inexacta, en virtud de estar a escasos meses de que se cumplan cinco años de la tragedia que costó la vida de niños y marco la de muchos otros sin que hasta la fecha se conozca de manera fehaciente las causas y motivos del incendio.

Se ha abierto una nueva línea de investigación sin resultados conocidos hasta el día de hoy, a pesar de que los propios padres afirman haber aportado pruebas que apuntan a que el incendio que costó la vida de sus hijos habría sido un hecho deliberadamente provocado.

Asimismo mencionan que la Procuraduría General de la República por conducto de su titular en aquel momento (2009), licenciado Arturo Chávez Chávez declinó tener en consideración el informe final de la comisión investigadora; facultad de investigación 1/2009 del Poder Judicial de la Federación al considerar violentados sus derechos y los de sus menores hijos al respecto de sus garantías individuales.

Han pasado ya tres Procuradores Generales sin que se haya resuelto este gravísimo caso que lacera a la sociedad mexicana en su conjunto ya que toca las fibras más sensibles de toda sociedad: la niñez.

Por otra parte el hecho de que los niños fallecidos y lesionados se encontraran bajo el cuidado del Estado Mexicano, por virtud de una prestación derivada del derecho a la seguridad social de sus padres, genera una responsabilidad indeclinable e irrenunciable de las diversas autoridades, así como la inobservancia de las diferentes leyes y reglamentos en la materia, trajo como consecuencia la pérdida de vidas humanas y la huella indeleble en las frágiles e incipientes criaturas que tuvieron la oportunidad de ser salvadas.

Los derechos consagrados en nuestra Constitución en el artículo 4° fracciones 7ª, 8ª y 9ª son especial y específicamente en bien de la niñez.

Que las autoridades estatales violen los derechos de los niños es algo muy grave, pero que esas violaciones se lleven a cabo en contra de menores absolutamente indefensos y vulnerables constituye un hecho extremadamente grave y precisamente eso fue lo que ocurrió en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el día 05 de Junio de 2009.

Desafortunadamente, el Dictamen de reparación del daño expuesto en la Facultad de Investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido ignorado por los representantes principales de esta tragedia, el gobierno del estado de Sonora y el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que se hace necesario retomarlo y actuar en consecuencia.

No debemos permanecer inmóviles, insensibles e indiferentes ante la falta de atención de quienes están al frente de nuestras instituciones, continuar haciéndolo nos haría cómplices de ello. Debemos continuar impulsando la búsqueda y la aplicación de la Justicia y Legalidad que es una petición reiterada de nuestros ciudadanos en todo el país.

Con base en todo lo expuesto someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorte al procurador general de la República para que proceda de manera expedita, al pleno esclarecimiento del caso de la Guardería ABC, SC, de Hermosillo, Sonora, y se deslinden las correspondientes responsabilidades de todos los involucrados.

Segundo . Se exhorte respetuosamente al gobierno del estado de Sonora y al Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de que den cumplimiento a la recomendación emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la facultad de investigación número 1/2009, mediante el Dictamen publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 18 de Noviembre de 2010, en el que se establece que ambas autoridades tienen la obligación de la reparación del daño causado por el fallecimiento y las lesiones de los menores en el incendio de la Guardería ABC de la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día 5 de junio de 2009.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2014.

Diputada federal Lorenia Iveth Valles Sampedro

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno a realizar campañas educativas permanentes que induzcan a reducir la posesión, la portación y el uso de armas de cualquier tipo, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

En México, la posesión de armas está permitida bajo ciertos principios enmarcados en el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que:

“Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.”

De tal manera que, según el decreto presidencial del 11 de abril de 1995, el Poder Ejecutivo de la Federación otorgó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la facultad de importar y enajenar armas, municiones y equipo conexo, entre otras atribuciones más”1 .

En dicho tenor se creó la Unidad de Comercialización de Armas y Municiones (UCAM) que más tarde recibiría el nombre de Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones (DCAM), la cual:

“Ha brindado servicio a cuerpos de seguridad pública y empresas de seguridad privada, así como individuos de las Fuerzas Armadas, tiradores deportivos, cazadores, trabajadores del campo y un gran número de ciudadanos en general”.2

Asimismo, se estableció en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos los términos para poseer o portar cierto tipo de armas, así como el procedimiento que debe seguir una persona en caso de adquirir una o más armas, en correspondencia a la obligación de notificarlo ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con la finalidad de constituir el Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos3 y tener así, el control de todas las armas en el país.

Al respecto, es necesario señalar que “México es uno de los países en toda América Latina que tiene más restricciones en sus leyes para que sus ciudadanos puedan poseer y portar armas de fuego y paradójicamente circulan miles de armas en sus calles”.4

En el mismo sentido, en semanas pasadas el periódico El Universal dio a conocer la manera en que operan las personas que, de manera ilegal, tramitan las licencias para la posesión y portación de armas, o mejor conocidas como “coyotes”; al respecto se tiene el dato que “en los últimos seis años, de 2008 a 2013, sólo se otorgaron 318 licencias individuales de portación de armas, de las mil 627 que fueron solicitadas; es decir, más de 80 por ciento de solicitudes fueron rechazadas”5

Además, en el país sólo 3 mil 400 personas poseen este tipo de licencia y de ellas el 0.002 por ciento corresponde a mujeres, es decir únicamente 20; de este total “el Distrito Federal encabeza la lista con más licencias de portación, con mil 743; le siguen Nuevo León con 586, estado de México con 296, Jalisco con 105 y Querétaro con 86”.6

Por otro lado, cabe destacar que “la restricción en las licencias se evidencia al comparar el número de poseedores registrados en la Sedena, tres millones 118 mil 592 contra tres mil 140 portadores autorizados; es decir, sólo 0.1 por ciento de personas que poseen armas legales en el país están autorizadas a portarlas”.7

Al respecto, en diversas entidades y municipios del país se han llevado a cabo campañas de desarme voluntario o mejor conocidas como campañas de despistolización con la finalidad de asegurar armas que no cuentan con permisos, a la vez de generar conciencia en la población sobre los riesgos que implican las armas de fuego y, por otro lado, fomentar la cultura de la paz y de prevención de delito.

De tal forma que este tipo de campañas demuestran la urgente necesidad por hacer un replanteamiento institucional respecto al mercado de armas de fuego, sobre todo por factores como el narcotráfico, el incremento de la violencia en el país y el tráfico de armas provenientes de otros países como Estados Unidos hacia México.

Por tales motivos y atendiendo a la preocupación que esta situación genera, así como los riesgos para la sociedad mexicana, presentamos a esta asamblea el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal, a los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los ayuntamientos, a realizar campañas educativas permanentes que induzcan a reducir la posesión, la portación y el uso de armas de cualquier tipo, tal y como se establece en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Notas

1. Sedena, Inicio/ Comercialización de Armas / Quiénes Somos, [en línea], México, Dirección URL:

http://www.sedena.gob.mx/comercializacion-de-armas/quien es-somos

2. Ídem.

3. Sedena, Inicio / Trámites y Servicios / Registro Federal de Armas de Fuego, [en línea], México, Dirección URL: http://www.sedena.gob.mx/tramites-y-servicios/registro-federal-de-armas -de-fuego

4. Norte Digital, “Restringe México posesión de armas y a pesar de eso circulan miles”, [en línea], México, Dirección URL: http://bit.ly/1nB5sE3

5. El Universal, “Trafican permisos de portar armas”, [en línea], México, Dirección URL: http://bit.ly/1fOVHNt

6. Ídem.

7. Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2014.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofepris a aplicar el semáforo en el etiquetado de bebidas y alimentos en cuanto a la cantidad del consumo de azúcar, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del PT, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los suscritos, diputados federales a la LXII Legislatura, integrantes de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que se aplique el semáforo en el etiquetado en bebidas y alimentos, como se ha hecho en base a la experiencia de Inglaterra, así como el cumplimiento con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud OMS, en cuanto a la cantidad del consumo de azúcar, ya que representa un riesgo para la población.

Considerandos

Entre las medidas recomendadas para combatir la obesidad y la diabetes, la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Internacional de Estudios de la Obesidad. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Academia Nacional de Medicina y el Instituto Nacional de Salud Pública, entre muchas otras instituciones nacionales e internacionales, recomiendan el desarrollo de etiquetados al frente de los alimentos y bebidas que sean veraces, sencillos y útiles para los consumidores con el fin de que puedan realizar elecciones más saludables.

El nuevo etiquetado frontal para alimentos y bebidas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 14 de febrero, es engañoso e incomprensible para la población, de acuerdo con diversas investigaciones realizadas en México, Estados Unidos y Europa, por lo que la Alianza por la Salud Alimentaria, de la que El Poder del Consumidor forma parte, demandó que se derogue “ya que no cumple con las recomendaciones internacionales de salud y está hecho a la medida de la industria”.

Es necesario que la Cofepris presente bajo qué criterios se establecieron estos cortes de acuerdo, para definir en cada uno de estos componentes: azúcar, sodio, grasas y grasas saturadas en el etiquetado frontal.

La Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes especifica que “el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas debe comunicar información nutrimental clara a los consumidores y fomentar decisiones saludables entre estos”.

Sin embargo no ofrece información clara a los consumidores y tampoco fomenta decisiones saludables entre estos.

Este etiquetado señala que el criterio establecido para consumo diario de azúcar es de un total de 90 gramos (18 cucharadas cafeteras), muy por encima de los 50 gramos, equivalente a (10 cucharadas cafeteras) recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como máximo tolerable en todo un día para un adulto.

En la Estrategia Nacional se tomó la referencia científica de la OMS, y en el etiquetado promovido por Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se tomó el criterio de las industrias que no tiene ningún sustento científico, sólo el del engaño.

En este momento, la Organización Mundial de la Salud lleva a cabo una consulta pública a su propuesta de reducir su recomendación de ingesta máxima tolerable de 50 gramos a 25 gramos (5 cucharadas cafeteras).

Es importante conocer los azúcares añadidos, ya que no existe ninguna recomendación de ingesta, sino únicamente un máximo tolerable, según la OMS, es por esta razón que a la industria no le conviene especificarlo.

Por lo que hacemos un exhorto a la Cofepris para que se aplique el semáforo en el etiquetado, como se ha hecho en base a la experiencia en Inglaterra y como se promueve en Ecuador; y que este nos permita decir hasta que cantidad de calorías puede ser considerado en rojo, o amarillo y toda la información que está comprobado que son nocivos, cada alimento tiene una etiqueta con un círculo dividido en cinco categorías, que señalan cuánto provee de calorías, azúcar, sodio, grasas y grasas saturadas. Los productos marcados en color rojo son los no recomendados, aunque se admiten para un “consumo ocasional”. Los amarillos son los que se consideran que están bien, pero no son del todo saludables, como los del verde. De acuerdo a criterios de tablas establecidas internacionalmente.

“Se trata de la “semaforización” de los alimentos.”

Así como el cumplimiento con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud OMS, en cuanto a la cantidad del consumo de azúcar, ya que representa un riesgo en la salud para la población.

En este sentido, debemos decir que nuestro marco Constitucional, así como lo referente a la Ley General de Salud, establecen que el derecho a la protección de la salud es para todos los mexicanos.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para que promuevan el semáforo en el etiquetado, así como el cumplimiento con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los veintidós días de mes de abril del año dos mil catorce.

Diputados: Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Mirna Velázquez López (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica), Roberto López Rosado (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio, Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Luis Miguel Ramírez Romero, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Inmujeres a generar acciones de política pública para atender la salud mental de las mujeres que viven en zonas de alta movilidad migratoria, a cargo de la diputada María Esther Garza Moreno, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María Esther Garza Moreno, diputada federal a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y VI; artículos 100 y 113, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) a generar acciones de política pública para a atender la salud mental de las mujeres que viven en zonas de alta movilidad migratoria y fortalecer los recursos para su empoderamiento, a tenor de la siguientes

Consideraciones

La principal motivación que impele a las personas que migran es la búsqueda de mejores oportunidades de crecimiento económico y de movilidad social. La migración es una estrategia de sobrevivencia familiar e individual.

No obstante, las situaciones de hecho que se suscitan a partir de la migración de uno o varios miembros de la familia, pueden verse acompañados de efectos adversos para las mujeres que viven en zonas de alta movilidad migratoria.

Las investigadoras mexicanas Laura Elena Garza Bueno, economista especializada en el estudio del análisis de cadena con enfoque de equidad, y Emma Zapata Martelo, socióloga especializada en orientación de desarrollo rural y relaciones de género, en su ensayo titulado Las mujeres rurales ante la migración ,1 han señalado que si bien el fenómeno migratorio y sus efectos en la estructura poblacional atrajeron el interés de un gran número de investigadores a partir de 1960, fue hasta finales de 1980 y mediados de 1990 cuando el tema de adopta perspectiva de género, adquiriendo las mujeres carácter propio como objeto de estudio específico en las ciencias sociales y, posteriormente, como sujeto de atención en la política pública.

Bajo este nuevo enfoque se hacen visibles, además de los efectos socioeconómicos, el impacto en las relaciones de género que viven las mujeres y los factores que fortalecen o debilitan dichas relaciones.

Como en todos los fenómenos sociales, en los procesos migratorios, las diferencias entre los sexos plantean circunstancias, problemas, beneficios y costos distintos para mujeres y hombres.

La ausencia de quienes migran, cuando se trata de los hombres cabezas de familia, tiene efectos en esposas, madres, padres, hijas, hijos, hermanos y hermanas, personas adultas mayores o con capacidades diferentes y a mayor, escala, en la conformación misma de las comunidades expulsoras.

Es evidente que la migración genera nuevas realidades en las zonas expulsoras, cambios de orden económico, social y cultural, cuya confrontación demanda el desarrollo de nuevas capacidades tanto personales como colectivas, trastocando además la estabilidad de las identidades culturales, étnicas y de género.

El instrumental de recursos personales, tales como los referentes de identidad, la concepción personal del mundo y del lugar que se ocupa en la sociedad, el nivel de instrucción, las habilidades y capacidades productivas, etc.; los recursos familiares, tales como la estructura de la división del trabajo, la definición de jerarquías, el reconocimiento de figuras de autoridad, etc.; y los recursos sociales, tales como los flujos de comunicación, la construcción de redes y vínculos de solidaridad, los códigos de conducta y valores de identidad comunitarios, por ejemplo, son impactados por las transformaciones que generan los flujos migratorios y entran en tensión, dando paso a procesos crisis con mayor o menor intensidad.

Garza y Zapata refieren que el enfoque de género en el análisis del fenómeno migratorio aborda también “los problemas de las y los hijos que crecen sin padre, de los hombres que forman un nuevo hogar en los lugares de residencia y el abandono tanto de mujeres como de infantes, así como de las mujeres que emprenden travesías por el desierto sin importarles a qué peligros se enfrenten.”2

Gracias al desarrollo de esta herramienta analítica, se han puesto de relieve y generado acciones para atender algunos de los problemas derivados de las separaciones ocasionadas por la migración, que afectan de manera especial a las mujeres que se quedan.

Actualmente se reconocen hechos tales como que la mayor parte de las responsabilidades a cargo de la persona que se ausenta, se transfieren a las mujeres, quienes además de las tareas domésticas, absorben las labores del campo, el cuidado de los animales, la gestión administrativa (muchas veces para la obtención de apoyos gubernamentales) y de intervención en la toma de decisiones al interior del grupo social.

De esta manera, las mujeres se mantienen a cargo de las funciones reproductivas y asumen las productivas,3 que pueden incluir, por ejemplo el desarrollo de habilidades para las operaciones bancarias, y de participación política.

El desahogo de las nuevas responsabilidades demanda un incremento del propio esfuerzo, la búsqueda del apoyo de otros integrantes del núcleo familiar y eventualmente apoyos extrafamiliares (como medieros o peones).

De esta manera, las mujeres “adoptan un nuevo papel en el plano familiar y comunitario que, en algunos casos, las conduce a adaptarse a los roles genéricos y en otros, a transformarlos”.4

En años recientes, la visibilización de estas situaciones sus aspectos problemáticos ha dado paso al desarrollo de respuestas institucionales por parte del gobierno y de esfuerzos de la sociedad civil organizada. En la vertiente gubernamental, como referencia, se puede mencionar que se han implementado programas con objetivos específicos para fortalecer el vínculo entre las personas mexicanas que viven en el extranjero y sus comunidades de origen o para atender situaciones específicas de la relación entre las personas migrantes y las que habitan en comunidades de alta movilidad migratoria:5

1. 3X1 para migrantes, dirigido a apoyar iniciativas de personas mexicanas que viven en el exterior para mejorar sus comunidades de origen, a través del financiamiento de infraestructura, servicios, proyectos familiares y comunitarios. Por cada peso que aportan las personas migrantes, el gobierno Federal -a través de la Secretaría de Desarrollo Social- y los gobiernos estatales y municipales agregan un peso más cada uno (total: 3 pesos del gobierno por cada peso de las personas migrantes).

2. Proyecto para fortalecer el potencial económico de las y los migrantes y el uso productivo de las remesas ¡paisano invierte en tu tierra!, dirigido a apoyar a las personas migrantes que decidan invertir sus remesas en proyectos productivos en el campo mexicano a fin de que generen riqueza y fuentes de empleo.

3. Programa de créditos hipotecarios a migrantes tu vivienda en México , orientado a promover que las personas mexicanas que radican en los Estados Unidos y Canadá conozcan las oportunidades que existen para obtener un crédito hipotecario y comprar una casa en su país de origen.

4. Programa Portal mujer migrante , emprendido para como un esfuerzo para desarrollar un modelo de base tecnológica para la gestión de información y la comunicación a favor de las mujeres y las familias afectadas por el fenómeno migratorio, a fin de evitar su distanciamiento social por razones geográficas, educativas, económicas y culturales.

5. Programa Vete sano, regresa sano, orientado a contribuir a la protección de la salud de las personas migrantes y sus familias, a través de actividades de promoción de la salud y prevención, en su lugar de origen, traslado y destino.

También se deben considerar otros programas que pueden beneficiar a las mujeres habitantes de comunidades de alta movilidad migratoria, en las que convergen otras necesidades de apoyo, tales como el Fondo de microfinanciamiento a mujeres rurales, Programa organización productiva para mujeres indígenas, el Programa para la Creación de Empleos en Zonas Marginadas y Pago de remesas internacionales.

Se pueden referir otras acciones institucionales anteriores, tales como la firma de un convenio general de colaboración entre el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Instituto Nacional de las Mujeres, el 26 de abril de 2004, con el objetivo de fortalecer las acciones encaminadas a la promoción, protección, respeto y difusión de los derechos humanos de las mujeres migrantes nacionales y extranjeras, en cuyo marco se programó la realización de foros regionales sobre mujeres migrantes y derechos humanos, así como una campaña permanente de difusión de los derechos humanos de las mujeres mexicanas que viven y/o trabajan en los Estados Unidos, y para las mujeres que viven en las comunidades de origen.6

Asimismo, en el documento de Respuestas presentadas por escrito por el gobierno de México a la lista de cuestiones recibidas por el Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares con ocasión del Examen del Informe Inicial de México de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, que fueron recibidas el 3 de agosto de 2006, el Inmujeres dio cuenta del desarrollo de diversas acciones orientadas a la protección de los derechos humanos de las mujeres migrantes y la eliminación de prácticas discriminatorias, en cuatro ejes de trabajo:

1. Difusión y protección de los derechos humanos de las mujeres migrantes en la frontera norte;

2. Difusión y protección de los derechos humanos de las mujeres migrantes en la frontera sur,

3. Estrategias de Atención para las Mujeres Migrantes al Interior de la República Mexicana, y

4. Estrategias de Atención para las Mujeres que viven en zonas de alta movilidad migratoria.

De esta revisión, se desprende que tanto la visibilización de la problemática como la atención institucional se han orientado principalmente sobre los aspectos económicos de las zonas de alta movilidad migratoria y, que por lo tanto, las soluciones se han dirigido sobre todo a generar dispositivos para potenciar y canalizar las remesas en beneficio de las familias que permanecen en el país, ello en detrimento de otros aspectos que son relevantes.

Ha habido programas orientados a apoyar a mujeres que por alguna condición de vulnerabilidad o desventaja socioeconómica, tales como la pertenencia a un grupo indígena o habitar en una comunidad rural, requieren apoyos especiales, mismos que eventualmente benefician a las mujeres afectadas por los fenómenos migratorios, sin embargo, no se han diseñado programas focalizados a la problemática específica de este último grupo.

Se considera que la exposición y atención de aspectos con alta incidencia en el bienestar de las personas que habitan en comunidades de alta movilidad migratoria, tales como los componentes de la salud en su enfoque integral, han tenido un abordaje insuficiente hasta el momento.

La transformación de la estructura tradicional las familias y las comunidades, la alteración de los patrones de género y el debilitamiento o ruptura de vínculos afectivos, impactan profundamente el sistema personal, familiar y sociocultural de quienes se quedan en las comunidades de origen.

De estos cambios pueden derivarse problemas tales como crisis de autoridad dentro de las familias, sentimientos de soledad, tristeza y abandono; pensamientos catastróficos y pesimistas en torno de la persona que se va, de la relación de pareja, del futuro económico de la familia y de la educación de hijas e hijos, lo cual a su vez puede desencadenar altos niveles de estrés, ansiedad y depresión en mujeres y niños.

Esta perspectiva, ha sido abordada de manera novedosa en trabajos recientes como el de la maestra Isabel Altamirano Rivera quien, con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Universidad Autónoma Chapingo, la organización Visión Por Guanajuato, A. C., expone la relevancia de adentrarse en los procesos de salud-enfermedad de las mujeres en relación al fenómeno migratorio.

Las conclusiones de dicho trabajo revisten gran valor en términos del testimonio empírico que se presentan a partir de la intervención comunitaria desarrollada en la localidad Los Lorenzos, en el municipio de Guanajuato.

Dicha intervención, consistente en el Taller participativo “Situación vital de las Mujeres”, diseñado a partir de la problemática descrita por las mujeres de la localidad, con el fin de realizar una deconstrucción de malestares y brindar herramientas tendientes a potenciar su empoderamiento, presenta hallazgos para la constatación de que el emprendimiento de acciones para el desarrollo de recursos personales y sociales de las mujeres habitantes de zonas de alta movilidad migratoria, tales como su autoestima y su autovaloración, la resignificación de las condicionantes de género, el desarrollo de habilidades para la comunicación asertiva y la solución de conflictos, así como el fortalecimiento de los procesos de liderazgo comunitario, inciden de manera muy positiva en el incremento del bienestar de las mujeres y sus comunidades, al avanzar significativamente en su proceso de empoderamiento personal y colectivo.

Es necesario ampliar las vertientes de política pública para el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres que habitan zonas de alta movilidad migratoria incorporando de manera central la atención de la salud mental para su bienestar y empoderamiento.

Se entiende la salud mental bajo el concepto que ofrece la Organización Mundial de la Salud, al definirla como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.7

Asimismo, la Ley General de Salud de nuestro país, define en su artículo 72, este mismo concepto como el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.

Actuamos bajo la firme convicción de lo que bien expresa Atene Durán González, al decir que “es imprescindible reconocer y actuar sobre la problemática que enfrentan quienes permanecen en las regiones expulsoras y que por diversas situaciones no están en posibilidades de migrar e integrarse al trabajo agrícola –las mujeres, las y los niños, las personas adultas mayores o con alguna discapacidad–, en relación con los cambios en la dinámica poblacional, en la creación de infraestructura y servicios (educación, salud, vivienda); en la modificación de las estructuras y modelos familiares, usos y costumbres y relaciones de género e intergeneracionales y, más importante aún, impulsar opciones de desarrollo rural sustentable y destinar recursos de inversión y de generación de empleo en estas zonas, que permitan el arraigo de las familias migrantes jornaleras, con opciones de vida y de trabajo digno.”8

Hacemos énfasis en la necesidad de propiciar la reflexión sobre las mejores alternativas para atender a las mujeres que se quedan en los lugares de origen, atención que debe emprenderse, por supuesto, con perspectiva de género y un enfoque de salud integral en el que la salud mental, en su dimensión psicoemocional, cobra un papel central.

La importancia política y social de atender la salud mental de las mujeres que se son afectadas por el fenómeno migratorio y que asumen funciones decisorias relevantes en sus familias y comunidades, se explica al poner de relieve la capacidad para el desarrollo que adquieren las personas y comunidades al gozar de niveles aceptables de bienestar.

Guardadas las proporciones, es útil considerar lo que señala la Organización Mundial de la Salud al afirmar que “La comunidad internacional está cobrando cada vez mayor conciencia de que la salud mental es una de las cuestiones más descuidadas, y sin embargo esenciales, en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.9

Es tiempo de dar la importancia que merece el objetivo de cerrar la brecha terapéutica de la salud mental y destacar que las inversiones en este sentido tienen una relación costo-beneficio positiva para la sociedad, los estudios sobre la carga que ejerce el tratamiento de la enfermedad mental sobre el sistema de salud y las posibilidades para su tratamiento, así lo demuestran.

El Instituto Nacional de las Mujeres, en cumplimiento de los mandatos establecidos en los convenios y tratados internacionales suscritos por México, en materia de protección a los derechos humanos de las mujeres, y de las directrices señaladas en la legislación nacional, con preeminencia de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, está facultado para generar acciones específicas para la atención integral de las mujeres afectadas por el fenómeno migratorio mediante estrategias de coordinación interinstitucional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Mujeres a generar, mediante estrategias de coordinación interinstitucional en los tres niveles de gobierno, acciones de política pública para a atender la salud mental de las mujeres que viven en zonas de alta movilidad migratoria y fortalecer los recursos personales y sociales para su empoderamiento.

Notas

1 Garza Bueno, Laura Elena y Zapata Martelo, Emma. “Las mujeres rurales ante la migración “,en Memoria Mujeres afectadas por el fenómeno migratorio en México. Una aproximación desde la perspectiva de género, Instituto Nacional de las Mujeres, México, 2007, pp. 211-216.

2 Ídem, p. p. 212

3 Se adopta la definición clásica empleada en economía marxista y estudios feministas para designar al trabajo orientado a la reproducción humana, comúnmente realizado por las mujeres y que se refiere al embarazo, alumbramiento, lactancia cuidados para el sostenimiento de la vida y la supervivencia humana: alimentación, cuidados físicos y sanitarios, educación, formación, relaciones sociales, apoyo afectivo y psicológico y mantenimiento de los espacios y bienes domésticos. En oposición, el trabajo productivo se define como el que está orientado a la producción de mercancías, asalariado y reconocido socialmente.

4 Ídem, p. 215

5 Directorio de programas institucionales dirigidos a la población migrante 2012, Instituto Nacional de las Mujeres, México, 2012, http://www.inm.gob.mx/static/Ligas_Interes/Directorio_programas_institu cionales.pdf

6 Informe de Acciones implementadas por el Instituto Nacional de Migración para mejorar la situación de las mujeres migrantes en la frontera sur, que remitió la Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación a la Cámara de Diputados con motivo de la proposición con punto de acuerdo para exhorta a la titular del Instituto Nacional de Migración para que adopte las medidas necesarias para atender y solucionar los problemas que enfrentan las mujeres migrantes en la frontera sur de nuestro país. Suscrito en el mes de noviembre de 2007, http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2007/12/asun_2401968_ 20071212_1220636498.pdf

7 Organización Mundial de la Salud, ¿Qué es la salud mental? http://www.who.int/features/qa/62/es/

8 Durán González, Atene. “Mujeres jornaleras, mujeres invisibles” en Memoria Mujeres afectadas por el fenómeno migratorio en México. Una aproximación desde la perspectiva de género, Instituto Nacional de las Mujeres, México, 2007, pp. 164.

9 Organización Mundial de la Salud, Salud mental y desarrollo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de abril de 2014.

Diputada María Esther Garza Moreno (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la SEP a tomar medidas para que se ejerza con absoluta transparencia el presupuesto destinado a educación, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Grupo Parlamentario del PAN

El que se suscribe, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62; 76, fracción IV; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo por los cuales se exhorta al titular del Poder Ejecutivo y al secretario de Educación Pública a tomar medidas para que el presupuesto destinado a la educación sea ejercido con absoluta transparencia.

De la misma forma, exhortar al titular del Poder Ejecutivo a considerar recursos económicos extraordinarios para la Secretaría de Educación Pública que sean destinados a la atención y el mejoramiento de las instalaciones de las escuelas públicas del país, con base en las siguientes

Consideraciones

I. Los resultados definitivos del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), presentados en días recientes, son un paso muy importante hacia la trasparencia y la rendición de cuentas en la educación en México. No obstante, es un esfuerzo que puede ser inútil si sus resultados no se traducen en mejores políticas públicas en materia educativa, si no se transparenta y corrige el modo en que se gasta y si no se refleja todo esto en un mejor aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes de México.

II. El camino para llegar a este censo comenzó hace cinco años, cuando un grupo creciente de organizaciones exigió un padrón único y confiable de maestros con la iniciativa “¿Dónde está mi maestro?”, por la que el Congreso hizo un mandato específico en el Presupuesto de Egresos de la Federación para que la Secretaría de Educación Pública y los estados publiquen información sobre la nómina magisterial.

III. Después, “¡Fin al abuso!” fue la iniciativa en la que 115 organizaciones y más de 230 mil ciudadanos demandaron terminar con el pago a las personas que cobran como maestros pero no dan clases. En consecuencia, la reforma educativa explicitó que no se pagará con dinero de la educación a quienes realicen un trabajo o comisión que les impida ejercer su función docente y ordenó contar con información pertinente sobre ello.

IV. A la luz de los resultados del censo, los datos que durante mucho tiempo estuvieron disponibles para la sociedad fueron una simulación; muestran un desorden generalizado, pues hay 39 mil 222 plazas docentes que estando asignadas a un centro de trabajo, los encuestados declararon no conocer a quienes las ostentaban; 30 mil 695 comisionados o con licencia; 113 mil 259 ubicados en “otro centro de trabajo” que no son escuelas; 114 mil 998 que ya se jubilaron, se retiraron o fallecieron. Adicionalmente hay 23 mil 540 docentes que trabajan en tres o más centros de trabajo; 138 mil 485 que tienen tres o más plazas mientras que 65 mil 800 no tienen plaza.

IV. Además, el censo nos enseña que por cada dos plazas docentes frente a grupo hay una plaza administrativa o de quien, recibiendo sueldo del presupuesto educativo, no está frente a grupo. Ello da cuenta de una atroz ineficiencia en el manejo de los recursos lo que mina significativamente la calidad de la atención en las escuelas y representa una sobrecarga injustificada de trabajo para los maestros que sí están frente a grupo. Finalmente, el censo evidencia que año con año se han desviado cantidades multimillonarias de dinero para sostener aparatos que beneficiaron al régimen, a cúpulas sindicales y a la clase política en turno, por encima del derecho de los niños a aprender.

V. En materia de infraestructura, el censo presenta datos desoladores de las condiciones de las escuelas públicas de nuestros niños. Pese a las masivas transferencias de dinero en materia educativa, es claro que ese dinero no está llegando a las escuelas. Por ejemplo, el censo señala que hay 2 mil 241 escuelas públicas hechas de materiales ligeros y precarios, 14 mil 444 sin pizarrón en todas las aulas, 36 mil 264 escuelas sin agua de la red pública o de un pozo, 20 mil 152 escuelas sin sanitarios, 81 mil 718 sin drenaje, 18 mil 564 sin energía eléctrica, 45 mil 837 sin áreas deportivas o recreativas, 125 mil 552 sin teléfono, 123 mil 511 sin conexión a Internet, 96 mil 310 sin rampas para personas con discapacidad, 100 mil 7 no disponen de señales de protección civil y 83 mil 566 no disponen de salidas de emergencia. Esto es un crimen que fue irresponsablemente solapado por las autoridades con la complicidad de una sociedad que lo ha permitido.

VI. La información que arroja el censo es valiosa y deberá servir de insumo para la implantación correcta que se prevé del pago de la nómina magisterial a partir del próximo año cuando se implante el Fone. Esta información tiene que complementarse con el detalle de las plazas financiadas con recursos estatales y las prestaciones que recibe el magisterio, para llevar a buen puerto el nuevo esquema de pago de la nómina magisterial.

Por ello es indispensable que con la mayor brevedad comience a funcionar en todo el país el sistema de información y gestión educativa (Siged) de forma fiable, transparente, abierta y pública para que no se despilfarren los recursos como en el pasado y para que puedan tomarse decisiones de política educativa de manera certera y eficaz con la correspondiente vigilancia ciudadana.

VII. En materia de infraestructura, es urgente y de elemental justicia que las mejoras comiencen de inmediato en aquellas escuelas de las zonas urbanas y rurales que más lo necesitan. Al mismo tiempo, el censo debe dar pie a una profunda reestructuración de las funciones docentes y administrativas que redunden en un mejor uso de los recursos y una mejor atención a los niños.

El censo es un punto de partida hacia la transparencia y rendición de cuentas en la educación. Ello será posible sólo si toda la información del censo, sus tabulados y datos desagregados, escuela por escuela, es pública y se puede consultar en un formato confiable, accesible y apto para su análisis. También lo será con la inclusión de las escuelas y entidades federativas como Chiapas, Oaxaca y Michoacán que irresponsablemente no formaron parte del censo y con un Siged que ponga en el centro a la escuela, con plantillas asignadas a los centros educativos y con información que permita una mejor gestión de la política educativa.

Los mexicanos tenemos derecho a saber lo que se hace con nuestro dinero. Es tiempo de dejar atrás la depredadora visión de atender las prebendas de los adultos por encima de los derechos de la niñez a una educación de calidad. La sociedad merece información fiable.

El censo es un primer gran paso. Este esfuerzo no debe desaprovecharse y por ello en este trabajo parlamentario solicito que los recursos se usen para infraestructura escolar y capacitación de los maestros.

En virtud de lo expuesto, los diputados firmantes solicitan a esta soberanía que se aprueben los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. A la luz de los resultados del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo y al secretario de Educación Pública a tomar medidas para que las plazas presupuestadas al sector educativo, efectivamente sean utilizadas para el fin de la docencia y la educación y que, en su caso, tomen medidas para castigar los abusos.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a considerar recursos económicos extraordinarios para la Secretaría de Educación Pública que sean destinados a la atención y el mejoramiento de las instalaciones de las escuelas públicas del país.

Tercero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo y al secretario de Educación Pública a tomar medidas para que el presupuesto destinado a la educación sea ejercido con absoluta transparencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 22 de abril de 2014.

Diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Nuevo León a respetar las expresiones ciudadanas para resignificar los espacios públicos en nombre de las personas desaparecidas, suscrita por los diputados Margarita Elena Tapia Fonllem, Ricardo Mejía Berdeja y Loretta Ortiz Ahlf, de los Grupos Parlamentarios del PRD, de Movimiento Ciudadano y del PT, respectivamente

Quienes suscriben, integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hemos tenido conocimiento de que autoridades de Nuevo León han incurrido en acciones que agravian a las familias organizadas de personas desaparecidas en la ciudad de Monterrey, al retirar el 5 de abril de 2014, los nombres de las víctimas en una plaza pública donde habían sido colocados en el acto colectivo denominado “La transparencia de la víspera”.

La desaparición de personas constituye uno de los pendientes más graves del Estado hacia la ciudadanía, y en sí mismo significa una violación estructural a los derechos humanos, pues las autoridades, por acción o por omisión, incumplen sus obligaciones en materia de seguridad y justicia para garantizar los derechos a la vida, a la dignidad, a la integridad, entre otros. En los últimos siete años, la crisis de seguridad y justicia que ha derivado en la emergencia nacional ha causado el surgimiento de grupos organizados para demandar al Estado atención a las personas desaparecidas, asesinadas, desplazadas y heridas, así como a sus familias.

Nos une la convicción de que saldar el pendiente con la historia requiere de la verdad y la reconciliación, por lo que muchas naciones han instituido comisiones de la verdad para investigar, clarificar, reinterpretar e incluso sancionar los hechos históricos en el ámbito público. En países como Chile, Argentina, Guatemala y Perú se han inaugurado placas, cédulas, esculturas, instalaciones, obras de arte, parques, museos, galerías o monumentos.

Para comenzar un camino de justicia hacia miles de personas asesinadas y desaparecidas, México debe iniciar un proceso de reconocimiento y memoria. Cabe recordar que, desde sus inicios, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que conjuntó a movimientos, organizaciones y víctimas de la violencia en la administración de Felipe Calderón, emprendió múltiples acciones de memoria, como la colocación de siete placas en el Palacio de Gobierno en Cuernavaca, Morelos, por el asesinato de Juan Francisco Sicilia y otras víctimas, o bien la placa de Marisela Escobedo en Chihuahua, en el marco de la Caravana del Consuelo.

Las acciones de memoria y de reconocimiento de los grupos organizados se vinculan con derecho a la verdad, que ha sido una exigencia constante de las víctimas indirectas. Fuundem y sus colectivos en Nuevo León y Coahuila han señalado reiteradamente las falencias en la identificación de restos humanos, mismos que se han entregado a los familiares presumiendo la muerte de sus desaparecidas y desaparecidos, soslayando la necesidad de un proceso completo de acciones para la justicia:

El derecho a la verdad implica saber dónde están nuestros familiares desaparecidos, que los busquen, que investiguen los hechos motivo de la desaparición, que se determinen las responsabilidades respectivas y que en caso de que pudieran haber fallecido, esto quede acreditado de manera indubitable, a través de los métodos científicos internacionalmente reconocidos y que como familiares, no nos quede duda sobre dichas identificaciones.1

La inadecuada atención a los casos de personas desaparecidas representa la indiferencia del Estado ante esas personas. La ausencia es la medida del dolor de los familiares, por lo que nombrar a la víctima de desaparición y mostrar sus fotografías, imágenes u objetos relacionados es un acto de protesta y memoria, para que la persona desaparecida no se esfume de la vista de una comunidad, en la que ya no está presente, y que la autoridad se dedique a la búsqueda, a la investigación, a la sanción, a la reparación, al esclarecimiento de los hechos.

Desde su formación, Fuundec ha presentado una serie de demandas, que derivan de su propia experiencia ante autoridades que, con diversas acciones y omisiones, han obstaculizado un pleno acceso a la justicia. Las exigencias se agrupan en siete puntos: 1. búsqueda inmediata de las personas desaparecidas; 2. conformación de una base de datos, 3. Atención estructural de la PGR a todos los casos de desapariciones; 4. Creación de una fiscalía especial para personas desaparecidas; 5. Creación e implantación de protocolos de investigación para personas desaparecidas; 6. Implantación de un programa federal de atención a los familiares de las personas desaparecidas; y 7. Aceptar las recomendaciones del informe preliminar del grupo de trabajo para desapariciones forzadas de la ONU.

Por tanto, las exigencias comprometen una acción decidida y coordinada por parte de todos los órdenes y niveles de gobierno. En el caso que nos ocupa, el gobierno de Nuevo León también está obligado a emprender varias de estas acciones para responder a los graves acontecimientos que han desgarrado a estas familias y hogares.

En dicho estado se ha registrado una baja aparente en el número de secuestros o desapariciones en el área metropolitana de Monterrey durante 2014, pero no en los municipios rurales, como ha informado la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos.2

La creación del Grupo Especial de Acción Inmediata de la Unidad Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha sido suficiente, y los recientes acontecimientos nos hacen presumir que tampoco existe una voluntad firme para resolver prioritariamente las desapariciones. En dicha entidad se puede escuchar actualmente una serie de cápsulas televisivas que intentan dar un carpetazo, una especie de “borrón y cuenta nueva” por el gobierno en materia de seguridad, pero sobre todo en el caso de las desapariciones.

Tal como lo ha dicho el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León (Fundenl),3 parecería que la administración Rodrigo Medina de la Cruz ha iniciado una campaña de invisibilización de la violencia en Nuevo León, pues al posicionar a la policía estatal Fuerza Civil, da a entender, por medios de difusión, que “ya pasó todo”.

La incompetencia del gobierno queda manifiesta en dos sentidos: la falta de políticas que realmente resuelvan los problemas de inseguridad y la negligencia para la debida búsqueda de las personas desaparecidas. Ante la negativa del gobierno para implementar una búsqueda inmediata, real y efectiva de las personas desaparecidas, así como la creación de un censo de personas desaparecidas en el estado, los integrantes de Fundenl respondieron ejerciendo su derecho a la justicia y a la memoria, así como al derecho ciudadano de utilizar las plazas públicas.

En un primer evento, 11 de enero del presente año, y posteriormente el 22 de febrero, las familias de las personas desaparecidas hicieron un llamado a la sociedad a través de la colocación de los nombres de sus desaparecidas y desaparecidos, haciendo de la Plaza de la Transparencia de la Víspera una convocatoria para que sus seres queridos, hoy desaparecidos, regresen.

Dicha resignificación fue también un nuevo llamado a las autoridades para que la escultura que hasta hace unos días portaba los nombres de las personas desaparecidas, fuera un recordatorio constante de la gran responsabilidad que tiene el gobierno para con sus gobernados: servirles con justicia y transparencia.

Sin embargo, el 5 de abril de 2014, los nombres de las personas desaparecidas habían sido retirados de la plaza. El 9 de abril del presente año, vía telefónica, el licenciado Javier Castaño Garza, director de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, aceptó ante integrantes de Fundenl que el mantenimiento de la plaza estaba a su cargo, y justificó no saber quiénes realizaron el retiro de los nombres y que su personal lo había reportado como un “acto vandálico” de la sociedad, ofreciéndose efectuar las acciones necesarias para preservar los nombres y la placa en un futuro.

Una frase empleada en la campaña de medios en el estado cita: “Hoy no puedo traer a El Chaparro de regreso, pero juntos podemos hacer que la historia no se repita”.

La declaración de incompetencia del gobierno del estado de Nuevo León es inaceptable, pues no puede renunciar a su obligación de dar una debida atención a víctimas y familiares, conforme a las atribuciones que la autoridad posee.

Las familias acordaron que el sábado 12 de abril a las 4 pm colocarían los nombres de sus personas desaparecidas:

1. Roy Rivera Hidalgo, secuestrado y aún desaparecido el 11 de enero de 2011.

2. Kristian Karim Flores Huerta, desaparecido el 12 de agosto de 2010.

3. Gino Alberto Campos Ávila, desaparecido el 8 de junio de 2011.

4. Brenda Damaris González Solís, desaparecida el 31 de julio de 2011.

5. Ernesto Efraín Vidal Flores, desaparecido el 11 de abril de 2011.

6. Jesús Omar Salaya Montejano, desaparecido el 23 de mayo de 2010.

7. Luis Alberto Navarro Escobedo, desaparecido el 23 de mayo de 2010.

8. José Ángel Rivera Silva, desaparecido el 23 de noviembre de 2012.

9. Martín A. Fiol Alfaro, desaparecido el 12 de agosto de 2010.

10. Gustavo Castañeda Puentes, desaparecido el 25 de febrero de 2009.

11. Melchor Flores Hernández, desaparecido el 25 de febrero de 2009.

12. Alejandro Alfonso Moreno Baca, desaparecido el 27 de enero de 2011.

13. Osvaldo Arizmendiz Flores, desaparecido el 23 de febrero de 2012.

En solidaridad con ellos, y haciendo votos por su inmediata localización y con un pleno acceso a la justicia y a la verdad para las familias, planteamos a los diputados respaldar este pronunciamiento.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del Estado Libre y Soberano de Nuevo León a

Primero. Respetar las expresiones ciudadanas para resignificar los espacios públicos y visibilizar los casos de personas desaparecidas, en particular la efectuada en la plaza pública ubicada en el cruce de las calles Washington y Zaragoza en la ciudad de Monterrey, y reconozca públicamente a dichas personas como desaparecidas.

Segundo. Instruir al titular de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León a fin de que instale mesas de trabajo, convocando a todos los familiares de personas desaparecidas en dicha entidad federativa, a fin de plantear conjuntamente un proyecto de acciones para atender los casos de acuerdo a las facultades y obligaciones legales y constitucionales que le asisten.

Tercero. Dictar instrucciones a las dependencias de gobierno, seguridad y justicia a su cargo para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, brinden la debida atención a víctimas y familiares en sus actuaciones, y establezcan un diálogo personalizado para rendir cuentas pormenorizadas sobre los avances para resolver los respectivos casos, en los términos de la ley.

Notas

1 Fundem. Comunicado de prensa Fundem: El derecho a la verdad es pilar de la justicia, 1 9 de octubre de 2012, disponible en: http://fuundec.org/2012/10/20/comunicado-de-prensa-fundem-el-derecho-a- la-verdad-es-pilar-de-la-justicia/ [consultado el 9 de abril de 2014].

2 http://www.milenio.com/region/secuestros-zona_rural_0_276572838.html

3 Fundenl. Comunicado: Gobierno de Nuevo León destruye nombres de desaparecidos, 9 de abril de 2014, disponible en http://fundenl.org/?p=963

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2014.

Diputados: Elena Tapia Fonllem, Ricardo Mejía Berdeja, Loretta Ortiz Ahlf (rúbricas).

Con punto de acuerdo, sobre la suspensión de la aplicación de la reforma relativa al cambio de régimen de pequeño contribuyente al de incorporación fiscal, suscrita por los diputados José Francisco Coronato Rodríguez, Ricardo Monreal Ávila, María Fernanda Romero Lozano y Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

José Francisco Coronato Rodríguez, Ricardo Monreal Ávila, María Fernanda Romero Lozano y Gerardo Villanueva Albarrán, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I; 79 numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Las micro y pequeñas empresas son de vital importancia para el conjunto de la economía nacional, pues constituyen su columna vertebral y un elemento toral para el crecimiento del país. Estas empresas en su mayoría se encontraban incorporadas al Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos) y ahora figuran en el Régimen de Incorporación Fiscal.

Las unidades productivas de pequeño tamaño presentan una serie de especificidades que les resultan ventajosas y que deben ser aprovechadas para su desarrollo: su gran movilidad que les permite ampliar o disminuir el tamaño de su planta; que por su dinámica poseen grandes posibilidades de crecer y convertirse en empresas de gran tamaño.

Sumado a ello, tenemos que absorben una amplia porción de la población económicamente activa (PEA); generan una parte importante del producto interno bruto (PIB); el estar establecidas en todas las regiones del país contribuyendo al desarrollo local y regional, así como el hecho de que en términos generales cuentan con una buena administración. Estos elementos permiten inferir los grandes efectos multiplicadores que producen y que son sumamente positivos para el crecimiento económico.

Sin embargo y no obstante su clara importancia, la experiencia histórica desde el punto de vista técnico muestra la debilidad de estos negocios, pues al mismo tiempo enfrentan obstáculos que dificultan su marcha.

Ejemplo de ello es que se ven imposibilitados para reinvertir las utilidades que obtienen para mejorar su equipo, las capacidades de su personal o las técnicas de producción, además les resulta difícil contratar personal especializado o con capacitación idónea como consecuencia de no poder pagar salarios competitivos.

Por si fuera poco, existen otros problemas que deben sortear tales como: ventas insuficientes, precios elevados, la falta de financiamiento adecuado y oportuno; y problemas para el pago de impuestos.

La combinación de estas circunstancias arroja un escenario poco favorable para estas importantes empresas. Prueba de ello es que en México, 8 de cada 10 empresas no logra sobrevivir más allá de 2 años, dato que se compara negativamente con el de otros países como Brasil y Estados Unidos donde 73 por ciento de los negocios logra superar este periodo. De las que sobreviven sólo 1 por ciento llegará a los 10 años de vida.

De igual forma, según la Secretaría de Economía, las posibilidades de éxito de estas empresas son de apenas 25 o 30 por ciento, cifra muy por debajo de la media mundial que se ubica alrededor del 40 por ciento.

Aunado a este complicado contexto, la sustitución del Régimen de Pequeños Contribuyentes por el Régimen de Incorporación Fiscal ha venido a empeorar la situación, pues además de que la presentación de las declaraciones de pago e informativos se hará de forma bimestral, las personas físicas deberán emitir tickets mediante caja registradora y entregar facturas (electrónicas) a sus clientes, lo cual no se contemplaba en la figura de Repecos y que representan una pesada carga para las ya frágiles finanzas de las empresas.

De acuerdo a cálculos de organizaciones de la sociedad civil, lo anterior puede arrojar a la informalidad a cinco millones de comerciantes de mercados públicos, lo que se suma a los pequeños productores agrícolas y a un porcentaje considerable de quienes se ubicaban en el régimen anterior que cuentan con baja capacidad económica o acceso a medios digitales como para emitir facturas electrónicas.

Dicho de otra manera, lejos de constituir un mecanismo para incorporar a un porcentaje importante de pequeñas empresas a la formalidad y mejorar la recaudación fiscal; se trata de un incentivo para la informalidad y la evasión, ya que les será imposible cubrir los nuevos requerimientos de la autoridad fiscal, a pocos meses de su entrada en vigor son numerosas las asociaciones de comerciantes que así lo han señalado.

Es urgente que el gobierno federal incremente y fortalezca las políticas de impulso específicas para las micro y pequeñas empresas, a fin de que nuestro país pueda disminuir desventajas respecto de los países con los que compite directamente. El nuevo Régimen de Incorporación Fiscal apunta en sentido contrario.

Por la importancia de las pequeñas empresas, es trascendental instrumentar acciones para mejorar su entorno económico y apoyar directamente a las empresas, con el propósito de crear las condiciones que contribuyan a su establecimiento, crecimiento y consolidación. Las nuevas disposiciones fiscales constituyen un obstáculo para estos propósitos.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público suspenda la aplicación de la reforma relativa al cambio de régimen de pequeño contribuyente al de incorporación fiscal, hasta en tanto concluyan los reuniones con los representantes de este gremio o, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita su resolución respecto al recurso interpuesto consistente en la acción de inconstitucionalidad correspondiente.

Segundo. Se exhorta al Servicio de Administración Tributaria suspenda la aplicación de la reforma relativa al cambio de régimen de pequeño contribuyente al de incorporación fiscal, hasta en tanto concluyan los reuniones con los representantes de este gremio o, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita su resolución respecto al recurso interpuesto consistente en la acción de inconstitucionalidad correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2014.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a promover la emisión de una NOM para que los envases y embalajes de los medicamentos incluyan en sistema braille las denominaciones distintiva y genérica, el gramaje, la dosis y la fecha de caducidad, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Elvia María Pérez Escalante, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Para garantizar el derecho a la protección de la salud es necesaria la actuación corresponsable de los diversos órdenes de gobierno y la sociedad en general.

La ceguera, la debilidad visual y la pérdida parcial de la visión en el ser humano son problemas de salud que requieren ser atendidos desde los diversos enfoques que presenta esta problemática social.

La ceguera es una discapacidad física respecto de la cual, el sistema braille es una muy valiosa ayuda, porque fue pensado e inventado como sistema de lectura y escritura táctil para personas ciegas.

La ausencia o presencia de esos puntos permite la codificación de los símbolos en 64 combinaciones diferentes utilizando seis puntos en cada celda. La existencia o no de un punto en cada posición determina de qué letra se trata y así este alfabeto suele acompañarse de signos diferenciadores especiales para servir de escritura comprensible a este sector de población.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012, reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que el 6.6% dijo padecer algún tipo de discapacidad; que en el 19% de los hogares vive al menos una apersona con discapacidad; y, que ese porcentaje de población presentó discapacidad para realizar al menos una de las actividades como: caminar, ver, escuchar, hablar o comunicarse, poner atención o aprender, atender el cuidado personal y mental. (2)

La ceguera o debilidad visual, desde el año 2005, fue considerada por el Inegi como la segunda causa de discapacidad en nuestro país, afectando en esa época a 467 personas, sin considerar a las personas adultas mayores que por razones obvias presentan algún grado de dificultad para ver. (2)

Ahora bien, con relación a los medicamentos, esta población carece de la posibilidad de reconocerlos por carecer en su etiquetado de los elementos necesarios para identificarlos en forma personal.

Al efecto, considero que esta problemática debe verse desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos y del derecho a la protección de la salud para personas ciegas o débiles visuales y que es necesario garantizarles en la compra y utilización de medicamentos facilidades para su reconocimiento a través de mecanismos a su alcance como lo es el sistema braille.

Esto es muy importante, porque estarían evitándose los riesgos de ingerir remedios o productos farmacéuticos distintos a los indicados por los profesionales de la medicina o aquellos ya caducos.

De alguna manera, es de reconocerse, que ya existen en México, laboratorios que imprimen en sus cajas de medicamentos, el nombre del producto en sistema braille y esto es un avance, pero no hay norma de cumplimiento obligatorio.

No está de más decir que la industria farmacéutica percibiría beneficios con una mejora de esta naturaleza en el etiquetado de sus productos, porque el sistema braille es universal.

En el ámbito internacional es importante señalar que desde el 30 de octubre de 2005, en la Unión Europea, las farmacéuticas están obligadas a etiquetar con braille sus etiquetas para las personas que padecen ceguera o debilidad visual.

En la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra Personas con Discapacidad, suscrita, aprobada y ratificada por México; se recoge el espíritu de los Derechos Humanos que han de protegerse a las personas con discapacidad e igualmente en la Ley General de Personas con Discapacidad vigente en México, se prevé facilitar a las personas invidentes su integración a la sociedad y a la protección de la salud mediante el uso de los medicamentos que industria farmacéutica oferta en el mercado, lo que realmente se les facilitará con el uso del sistema Braille en los envases y los embalajes.

En lo personal estoy convencida de que todo esto es de una muy importante y trascendente mejora y apoyo en beneficio de las personas que padecen ceguera y de todas aquellas personas que presentan algún grado de debilidad visual, incluyendo desde luego a las personas adultas mayores con estos padecimientos.

Por todo lo antes expuesto y considerando que el Gobierno de la República tiene la obligación constitucional de proteger la salud de los mexicanos, que incluye la acción de facilitar la coexistencia de los diferentes sectores de la sociedad y con mayor razón de quienes se encuentran en situación adversa ante la vida, es por lo que respetuosamente solicito que se apruebe la presente Proposición con Punto de Acuerdo, dirigida a la titular de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Federal, a fin de que se promueva la emisión de una norma oficial mexicana, para que en todos los envases y embalajes de los medicamentos se inserte la denominación distintiva, la denominación genérica, el gramaje, la dosis y la fecha de caducidad en sistema braille, a fin de que las personas que carecen del sentido de la vista y los débiles visuales, puedan identificar con seguridad y fácilmente sus medicamentos.

En este orden de ideas y tomando en consideración que el artículo 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que el Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso, a través de puntos de acuerdo que representen la posición de esta soberanía, en relación con algún punto de interés nacional o sus relaciones con los otros poderes de la federación, organismos públicos, entidades federativas o municipios, lo que cumple cabalmente la proposición de la suscrita, es por lo que, respetuosamente solicito la aprobación de esta soberanía.

Por lo antes expuesto someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Federal a promover la emisión de una Norma Oficial Mexicana, para que en todos los envases y embalajes de los medicamentos se inserte la denominación distintiva, la denominación genérica, el gramaje, la dosis y la fecha de caducidad en sistema Braille, a fin de que las personas que carecen del sentido de la vista y los débiles visuales, puedan identificar fácilmente sus medicamentos.

Nota bibliográfica

1. http://es.wikipedia.org/wiki/Braille_(lectura)

2. http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/12/03/inegi-66-poblacion-tiene -discapacidad

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2014.

Diputada Elvia María Pérez Escalante (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Yucatán a atender el robo de instrumentos de trabajo de pescadores de los puertos de San Felipe y Río Lagartos, suscrita por los diputados Sergio Augusto Chan Lugo, María Beatriz Zavala Peniche y Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscribimos, Sergio Augusto Chan Lugo, Beatriz Zavala Peniche, Raúl Paz Alonzo, diputados federales de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presentamos ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Yucatán para que atienda el robo de instrumentos de trabajo a pescadores de los puertos de San Felipe y Río Lagartos en Yucatán, así como al Ejecutivo federal para que brinde el apoyo necesario para la vigilancia y sanción a pescadores furtivos y delincuentes, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El municipio de San Felipe del estado de Yucatán, tiene una superficie total de son 680.85 km2, y representa el 57% del territorio estatal, El Puerto de San Felipe está localizado en la región del litoral del Golfo de México a 11 kilómetros al oeste de Río Lagartos y en la entrada del estero Río Lagartos, mundialmente famoso por las concentraciones de flamingos rosados, además de poseer la anidación de flamencos rosados más grande del mundo y albergando una población saludable de cocodrilos de agua salada, el santuario ofrece un hogar a 350 especies de aves, este territorio que pertenece al municipio de Río Lagartos el cual tiene diversas actividades que soportan su economía de entre ellas destaca la industria salinera y la industria pesquera, donde además se atiende la conservación, repoblación, desarrollo y control de las diversas especies de tortugas marinas, ya que es aquí donde se reconoce como una de las principales zonas de arribo de la tortuga carey.

De tal manera que la principal actividad de la población económicamente activa es la pesca. Las principales pesquerías corresponden al mero, la langosta y el pulpo, aunque también se captura cazón (tiburón nonato y tiburón pequeño) entre otros.

En los últimos meses se ha presentado en el puerto de San Felipe y en el puerto de Río Lagartos diversos robos, lamentablemente los pescadores han reportado que motores, lanchas y equipo de trabajo han sido robados.

Para la población es preocupante que la autoridad municipal no cuenta con capacitación ni personal para combatir el delito. De igual manera es fundamental que la autoridad estatal, preste atención a esta problemática y de manera subsidiaria con los municipios, se desarrollen mecanismos que apoyen a la vigilancia de las herramientas de trabajo de los pescadores y también que exista vigilancia en el desarrollo de la pesca deportiva, para prevenir que esta sea irresponsable, especialmente en el caso de especies como la langosta y el pepino de mar.

Por tal razón desde esta tribuna hago un llamado para que el Senado de la República exhorte al Gobierno Estatal a tomar medidas concretas para cumplir con la seguridad pública en los puertos de Río Lagartos y San Felipe, así como para que se fortalezcan las acciones de prevención del delito y se ponga freno de una vez por todas a los robos que tanto dañan al patrimonio de las familias de los pescadores, ya que estos delitos afectan directamente a la vida económica de ambos puertos y en consecuencia son detonantes de inestabilidad social, situación que no debemos permitir que crezca.

Compañeros Senadores y Senadoras; con este punto de acuerdo les pido su apoyo para que también se convoque a la Sagarpa para que a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) se fomente y desarrollen mecanismos de coordinación con diferentes instancias para implementar políticas, programas y normatividad que conduzcan y faciliten el desarrollo de ambos puertos.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno del estado de Yucatán para que atienda el robo de instrumentos de trabajo a pescadores de los puertos de San Felipe y Río Lagartos en Yucatán; Así como para que el gobierno federal; específicamente la Sagarpa a través de la Conapesca brinde el apoyo necesario para la vigilancia y sanción a pescadores furtivos y delincuentes que depredan las especies y fortalezca con acciones concretas el desarrollo de ambos puertos.

Dado en San Lázaro, Cámara de Diputados, a 22 de abril de 2014.

Diputados: Sergio Augusto Chan Lugo, Raúl Paz Alonso, Beatriz Zavala Peniche (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Consar a difundir el informe correspondiente al cuarto trimestre de 2013, con el detalle de los beneficios obtenidos con la modificación del régimen de inversión de las Siefore, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Mariana Dunyaska García Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Al recibir su estado de cuenta de su ahorro para el retiro, Afore, correspondiente a agosto de 2013, los usuarios Carlos Jiménez y Víctor Guzmán se encontraron con la sorpresa de haber perdido en tan solo cuatro meses alrededor de 35 mil pesos.

Junto a su notificación de cuenta, que en la misma situación con diferentes cantidades recibieron el grueso de afiliados a los fondos para el retiro, los casos citados encontraron otro documento, el cual explicaba que las minusvalías en su ahorro se debieron a volatilidades a escala internacional, lo que se reflejó en los rendimientos que le otorgó su administradora de fondos (Afore).

“No es la primera vez que se viven periodos de fluctuaciones en los rendimientos de las Afore. Lo importante a considerar es que, tal y como ocurrió en el pasado, los mercados financieros tenderán eventualmente a estabilizarse. Por ello es importante que observes el rendimiento a mediano y largo plazo y no tanto de periodos breves”, señala el documento que han recibido miles de trabajadores.

Lo anterior solo es un ejemplo de lo que está pasando en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), dado que los recursos acumulados de los trabajadores que están inscritos en el sistema registraron una pérdida de 139 mil 771 millones de pesos en los últimos cuatro meses; es decir, la mitad de los 277 mil millones que ganaron en 2012, según revelan cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

De acuerdo con el organismo que encabeza Carlos Ramírez, al cierre de abril pasado los activos netos de las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro (SIFORE) eran de 2 billones 75 mil 410 millones de pesos, y para agosto la suma descendió a un billón 935 mil 638 millones de pesos; es decir, tuvieron una caída de 7 por ciento.

La Consar indicó que esto se debe a la volatilidad que se ha presentado en el mercado, pero para contrarrestarla y contribuir a mejorar la seguridad de los recursos, así como evitar futuros ciclos de este tipo, tomó la decisión de autorizar adecuaciones al régimen de inversión, esto con el propósito de dar más diversificación a los ahorros de los trabajadores.

Entre las medidas, detalló el organismo, se permitirá realizar operaciones derivadas tipo swaptions, que incluyen opciones sobre swaps, opciones sobre futuros y opciones sobre forwards, así como futuros sobre swaps, lo que dará valor de la inversión durante variaciones en tipo de cambio, tasas de interés y de las bolsas de valores.

Dichas herramientas contribuirán a mejorar la administración de riesgos y facilitarán mantener inversiones a largo plazo, aseguró el organismo encargado de la custodia de los ahorros de los trabajadores.

De las 12 administradoras que operan en México, al cierre de agosto de 2012 únicamente dos registraron beneficios para sus clientes en los últimos cuatro meses; Azteca con un crecimiento en activos de 17.6 por ciento, al pasar de 14 mil 128 millones de pesos a 16 mil 621 millones; mientras que Coppel avanzó de 72 mil 200 millones a 72 mil 681 millones de pesos, un aumento de solo 0.6 por ciento.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), en mayo, junio y agosto los mercados financieros internacionales han experimentado periodos de volatilidad, lo que ocasionó que las tasas de interés a escala mundial se elevaran, siendo las de largo plazo —donde las Afore invierten más— las que más lo han hecho.

Por nivel de activos perdidos, al octavo mes del año, la Afore más grande del sistema, Siglo XXI Banorte, reportó una minusvalía de 56 mil 559 millones de pesos; al cierre de abril reportó recursos por 576 mil 386 mil millones de pesos y para agosto fueron de 519 mil 826 millones, una caída de 9.8 por ciento.

Por su parte, Banamex registró una pérdida de más de 25 mil millones; Profuturo GNP, 14 mil millones; Sura, 13 mil millones; Pensionissste, 12 mil millones; Principal, 11 mil millones; Metlife e Invercap, 3 mil millones respectivamente; Inbursa, 798 mil pesos, y Afirme Bajío, 449 mil pesos.

Es importante para esta Legislatura, preveer y garantizar la tranquilidad de los trabajadores mexicanos, otorgándoles la seguridad necesaria.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a través de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), para que informe a la ciudadanía, el informe correspondiente al cuarto trimestre del año 2013, el cual debe detallar los beneficios obtenidos con la modificación del régimen de inversión de las Siefores en octubre pasado y destacar si las minusvalías observadas durante mayo-junio y julio has sido compensadas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,a 22 de abril de 2014.

Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)

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Con motivo del Día Internacional de la Madre Tierra, a cargo de los diputados Arturo Escobar y Vega y Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del PVEM

El 22 de abril de 1970, el senador estadounidense Gaylord Nelson, preocupado por los problemas ambientales de su país, organizó una exitosa protesta a favor del ambiente; alcanzó una convocatoria aproximada de más de 20 millones de personas y consiguió con esto la creación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

A partir de esa fecha, en distintas partes del mundo se realizaron diversos movimientos para celebrar el Día de la Tierra. Motivado por el interés de la sociedad y la evidente importancia del tema, en 2009 la Asamblea General de la ONU declaró el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra, a fin concienciar a las personas sobre la importancia de alcanzar un equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras.

Cada año se elige un tema para la conmemoración de dicha celebración; 2014 es el de las ciudades verdes, cuyo objetivo principal es conseguir la movilización de millones de personas para lograr un medio ambiente saludable y sostenible.

Se estima que para 2030, más de la mitad de la población mundial, vivirá en espacios urbanizados o ciudades, por ello es imprescindible introducir criterios de sostenibilidad en su desarrollo, lo cual se logrará a través del diseño y creación de metrópolis más habitables, limpias y sostenibles que contribuyan a alcanzar el equilibrio del ambiente.

En las ciudades se concentran las mayores amenazas de contaminación de los recursos naturales, es aquí donde se generan enormes cantidades de residuos y se producen la mayoría de gases de efecto invernadero que están causando el cambio climático.

Distintos países se han sumado a tan ardua labor, sirve de ejemplo la iniciativa de Estados Unidos que creó la Plataforma del Día de la Tierra, misma que promueve durante todo el año diferentes actividades educativas, y el desarrollo de proyectos ambientales entre más de 100,000 escuelas de todo el mundo, definiéndose como el Earth Day Network.

En nuestro país, como parte de la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra 2014, en Cuernavaca, Morelos, se llevarán a cabo actividades lúdicas y artísticas, talleres, mesas redondas, charlas, ceremonias y una feria ecológica, con el objetivo de lograr difundir y concientizar sobre la gravedad del deterioro del ambiente.

De igual forma, hay que resaltar el importante esfuerzo que se hace en Chihuahua con la construcción de un complejo que funcionará como estacionamiento del Instituto de Pensiones Civiles del estado, el cual consta de 3 pisos y de 19 mil 200 metros cuadrados, contará con 529 cajones, así como con jardines verticales, sistema de recolección pluvial y mil 185 paneles solares que generaran energía eléctrica suficiente para el inmueble, áreas administrativas, un área para atención de urgencias y farmacia.

Este importante proyecto, impulsado por el gobernador y director de la institución, César Horacio Duarte Jáquez, colocará a Chihuahua entre las denominadas “ciudades vivas”, “ciudades nuevas”.

Sin duda, este tipo de actividades refleja el compromiso de ciertos grupos interesados en temas ambientales. Sin embargo, debemos reconocer que falta mucho por hacer, debemos concientizarnos sobre la gravedad de la realidad que enfrentan nuestros recursos naturales no sólo en una fecha en específico, sino permanentemente, con el fin de lograr minimizar los efectos negativos del inminente cambio climático.

Este día, sin duda, nos brinda una importante oportunidad para valorar, aprender y pugnar por la creación de más y mejores ciudades verdes; por ello, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos imperiosa la necesidad de lograr que las instituciones encargadas de impartir educación ambiental coordinen y ejecuten proyectos de formación, capacitación y actualización para mejorar la gestión ambiental y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, principalmente en las ciudades, con la participación de organismos de los diversos niveles educativos y culturales para así lograr la conservación del patrimonio natural del país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2014.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino.

Con motivo del 495 aniversario de la formación del primer municipio en México y en América, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del PT

Un día como hoy, 22 de abril, pero hace 495 años, Hernán Cortés habría de constituir el primer municipio en México y América, el de la Villa Rica de la Vera Cruz.

Esta forma de gobierno habría de instaurarse en la Nueva España, a pesar de que en España estaba desapareciendo por la Guerra de las Comunidades generada por la llegada de Carlos V a Castilla.

Nos dice el historiador Silvio Zavala:

“El ayuntamiento es la institución representativa común en la colonización española, a pesar de ciertas tendencias oligárquicas y de las limitaciones que impone la realeza al vender los regimientos y al hacer pesar la autoridad de los gobernadores y corregidores sobre las elecciones y los acuerdos municipales; estos, sin embargo, constituyen el órgano principal de petición y defensa de los derechos de los vecinos; adquieren particular ascendiente en algunas poblaciones distantes de los focos centrales del gobierno real...; y, en la forma de cabildo abierto llegan a desempeñar funciones populares”

Etimológicamente “municipio” proviene del latín municipium que hace referencia a la forma organizacional de una comunidad itálica mediante la cual sus miembros tomaban a su cargo ciertas tareas personales u obligaciones tributarias a favor de Roma que atañían a la vida comunitaria” refiere Jorge Fernández Ruiz en su magnífica obra denominada Servicios Públicos Municipales, a través de la cual nos recuerda que el origen del municipio está vinculado a la organización vecinal y que diferentes corrientes doctrinarias entre las que encontramos las iusnaturalistas o sociológicas, las jurídicas o formalistas y las administrativistas han pretendido explicar su surgimiento a partir de dichas perspectivas.

Lo que es un hecho es que el municipio estuvo presente desde las épocas más remotas de la humanidad, durante el Imperio Romano, en la Edad Media y en España. Pero fueron los romanos, precisamente los que le dieron nombre y autonomía, por lo que vale la pena destacar el texto de M. Reid en su obra The municipalities of the Roman Empire para apreciar la importancia que tuvo el municipio para alcanzar el esplendor del Imperio Romano:

“La primera lección que la historia municipal del Imperio Romano nos da, es esta: que la fuerza del poder romano aumentó incalculablemente gracias a la amplitud dejada a la libertad local; que su gran época se apoya en un vasto sistema de autogobierno cívico, que mientras se mantuvo la libertad municipal floreció el Imperio, y que cuando el despotismo domina las municipalidades, la decadencia de la gran estructura imperial se consuma rápida y fatalmente”.

En México, el desarrollo del municipio a partir de su primera expresión en 1519 ha estado presente en sus diferentes etapas: durante la Nueva España; en la Constitución centralista de 1836; en la Constitución de 1857 y en la Constitución de 1917 que dispuso en su texto original: “Los estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre...”

En 1999, legisladores del Partido del Trabajo, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, y del Partido Revolucionario Institucional presentaron diversas iniciativas para modificar el artículo 115 constitucional para fortalecer al municipio ampliando sus facultades.

En su fracción I se definió que “cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine”.

Hoy, el municipio es un ente plural, en el que todas las expresiones políticas, sociales y culturales tienen cabida.

Las diputadas y los diputados municipalistas integrantes de la LXII Legislatura pugnamos por su fortalecimiento y autonomía a través del trabajo legislativo que nos toca desempeñar, pues tenemos la certeza de que en la medida en que impulsemos su desarrollo, estaremos contribuyendo al crecimiento de México y al avance de nuestra democracia.

Por ello, al conmemorarse hoy el 495 aniversario de la constitución del primer municipio en México, quiero destacar la iniciativa presentada por diversos legisladores integrantes de las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, para que el 22 de abril de cada año se conmemore el Día del Municipio.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2014.

Diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (rúbrica)