Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3864-V, miércoles 18 de septiembre de 2013
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a permitir tanto la firma de convenios de coordinación con autoridades locales en materia de vialidad como, entre otros fines, la libre circulación de unidades de transporte de bienes y personas sin el requisito de placas federales en el estado correspondiente, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Abel Octavio Salgado Peña, diputado federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, fracción I; así como en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracción I, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La labor del sector autotransporte en el país, no sólo se ciñe a atender las necesidades de los sectores que integran la economía del país, a lo largo y ancho de éste, sino que cumple un importante factor de enlace y movilidad en tan sólo una entidad federativa.
Por citar algún ejemplo, la movilización de la producción de la zafra azucarera de Veracruz o Jalisco, está dada en las mismas entidades federativas de producción, con el objeto de estar en condiciones de transformar la caña en azúcar para su venta al consumidor final.
En las mismas circunstancias se encuentran las fincas cafetaleras de Chiapas, Nayarit o Colima, cuyo proceso de producción se encuentra normalmente en el mismo lugar de cosecha y quizás tan sólo recorriendo algunos kilómetros de distancia, para estar en condiciones de que los granos de café inicien el proceso de producción correspondiente.
Los anteriores, son tan sólo un par de ejemplos de movilidad local con fines de transformación en el proceso para transformar algún producto en un bien de consumo.
Pese a lo anterior, el sector autotransporte se ha encontrado con las disposiciones de la Policía Federal, quienes detienen las unidades de transporte con el argumento de no contar con placas de autotransporte federal, para el transporte de bienes o personas, cuando sólo se presenta al interior de una Entidad Federativa, como lo citado en párrafos anteriores.
Nos parece que esta medida es unilateral por parte de la Policía Federal, y abre condiciones que generan corrupción, ya que sin necesidad alguna, los vehículos que transportan bienes o personas al interior de una Entidad Federativa, son detenidos y sus conductores en ocasiones son amenazados con consignar el vehículo, a cambio de alguna dádiva.
No obstante lo anterior y con el objeto de establecer condiciones mínimas de seguridad para las carreteras en las Entidades Federativas, creemos necesarias las revisiones de la autoridad de seguridad federal a los vehículos citados, sin que estos vehículos traspasen los límites de la Entidad en donde prestan sus servicios.
Por lo anterior, llamamos a la autoridad de la Policía Federal así como a la autoridad de vialidad de las Entidades Federativas, a establecer convenios de coordinación, que permitan la libre circulación de bienes o personas al interior de alguna Entidad Federativa, sin necesidad del requisito de las placas de autotransporte federal.
Por lo anterior y con fundamento en lo antes expuesto, es que ponemos a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta al gobierno federal, para que gire instrucciones que permitan suscribir convenios de coordinación con las autoridades locales en materia de vialidad y que permitan, entre otros fines, la libre circulación de unidades de transporte de bienes y personas, sin el requisito de placas de autotransporte federal, en el interior de la entidad federativa correspondiente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2013.
Diputado Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a hacer públicos los montos de las condonaciones en materia de ISR en cada estado y el Distrito Federal; y a la ASF, a iniciar revisiones para determinar si los condonados a estados y a municipios por ese concepto correspondientes a 2012 se utilizaron para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos y no para resarcir adeudos de gobernadores o de presidentes municipales, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada federal Mariana Dunyaska García Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Antecedentes
1. El día 12 de febrero del año 2013, un grupo de 19 contribuyentes presentó una demanda de amparo en contra el artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013, que condona 60% de las deudas de estados y municipios por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que cobran a sus empleados.
En conferencia de prensa, integrantes de la organización “#Yo Contribuyente” aseguraron que la falta de esos recursos generará un “boquete fiscal” incalculable.
Comentaron que mientras por un lado la Ley otorga beneficios fiscales a gobiernos locales que han mal administrado sus recursos, por otro exige el pago de impuestos completos al resto de los contribuyentes.
Aseguró que la Ley de Ingresos de la Federación permite un beneficio fiscal sobre el cargo del ISR de los trabajadores, equivalente al 60 por ciento para 2013 y del 30 por ciento para 2014.
Con esto los estados y municipios sólo son vehículos transitorios que detentan esos recursos y que su condonación permite que estos gobiernos locales quedarse con los impuestos cobrados a sus trabajadores, convirtiéndose así los Estados y Municipios en recaudadores fiscales indirectos.
De esta forma, al aprobar una especie de rescate financiero a estados y municipios equivale a un “borrón y cuenta nueva” a entidades federativas y municipios en la medida en que cancela pasivos a cargo de los beneficiarios, beneficiando a aquellos estados o municipios que no han logrado realizar administraciones confiables.
Con esta medida se violenta flagrantemente lo establecido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Consideraciones
La deuda total de estados y municipios ha crecido en México un 150% en los últimos seis años, según datos de JP Morgan y se elevaba, solo a medio y largo plazo, a $434.000 millones de pesos, a finales de 2012, según datos de la Secretaria de Hacienda. El dato de la deuda fiscal perdonada no se conoce, porque la condonación se hace mediante convenios con el Gobierno Federal que no son públicos, pero se estima según fuentes gubernamentales, ofrecía una cifra de $13.000 (Trece Mil Millones de Pesos).
El impulsor de #Yocontribuyente , Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, un organismo independiente, señaló: “Están violando el principio constitucional de que los impuestos sean proporcionales y equivalentes y están generando una casta privilegiada. Si un patrón hiciera eso le caerían nueve años de cárcel”, explica. Según él no se trata solo de que ese “borrón y cuenta nueva” sea injusto.
Históricamente, los estados y municipios han dejado de pagar el ISR retenido a sus trabajadores. La causa principal fue que durante décadas las entidades federativas y los municipios no lo retuvieron efectivamente, y la federación no les exigía su pago. La justificación fue, y aún lo es, que la retención efectiva del ISR habría implicado la reducción de los sueldos de los trabajadores burócratas. Un problema al que no se ha encontrado solución estructural alguna.
La Ley de Ingresos fue aprobada en la Cámara de Diputados por 446 votos a favor, 19 en contra y siete abstenciones, y en el Senado con 101 a favor, 16 en contra y dos abstenciones. Pero las declaraciones posteriores de algunos parlamentarios dan a entender que se tramitó en ambas cámaras un tanto a la ligera. La senadora del PAN Laura Rojas admitió su equivocación por haber apoyado la medida. “Reconozco en lo personal que fue un error haber votado a favor de la exención de ISR en estados y municipios”, dijo. Rojas dio la razón a los contribuyentes que presentaron el amparo y aseguró que pedirá a la Secretaría de Hacienda que realice un plan de acción correctivo. Su compañero de partido Javier Lozano, por su parte, fue aún más directo: “Nos han metido un gol”.
Para los impulsores de la iniciativa el asunto es aún más grave por cuanto la ley prevé perdonar incluso impuestos que aún no se han devengado, ya que contempla condonaciones del 60 por ciento de la deuda fiscal que se genere en 2013 y del 30 por ciento de 2014.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público avalaron la condonación de adeudos fiscales a estados y municipios para ejercicios anteriores a 2012, que en opinión de expertos fiscales es una violación flagrante a la Ley del Impuesto sobre la Renta y a preceptos Constitucionales.
Además, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 -aprobada por senadores y diputados en diciembre pasado- establece en el Artículo 9 que en el caso del ejercicio 2013 los gobiernos sub nacionales podrán aplicar el 60 por ciento a los adeudos y 30 por ciento para 2014, medidas que a juicio de los expertos equivalen a un rescate financiero
En el último trimestre de 2012, la deuda de estados y municipios de México creció $27,996.6 millones de pesos, con lo que su saldo al cierre de ese año se ubicó en 434,761.2 millones de pesos, de acuerdo con cifras que dio a conocer el 18 de febrero pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El endeudamiento de los gobiernos estatales aumentó 11.25 por ciento, o 43 mil 983.7 millones de pesos, desde los 390 mil 777.5 millones en que se ubicaba a diciembre de 2011, lo que significa que creció 120.5 millones de pesos por día, revelan los datos de la dependencia.
“Como cualquier empresa, los estados y los municipios retienen el ISR de sus trabajadores para después enterarlo al fisco, pero no lo hicieron y se lo gastaron. (Al representante legal de) una compañía que no entere este impuesto la meten a la cárcel porque es un delito de recaudación”, explica el socio de Impuestos de la firma consultora PwC, Pedro Carreón.
En la Ley de Ingresos para 2013 vuelven a cancelar todos los impuestos de 2012 hacia atrás –sin condición alguna– al 100 por ciento, pero sólo pagando diciembre de 2012 dando todos los beneficios, menciona en su blog el abogado de la Escuela Libre de Derecho, Luis Pérez de Acha.
Es una situación injusta, que equivale a un rescate financiero. No se da explicación alguna de la medida tomada por el Congreso; se tomó una decisión unilateral, sin fundamentación, sin dar razones de por qué se les volvía a conceder ese beneficio, una especie de privilegio, sobre todo porque en 2008 se dijo que era la solución integral y definitiva.
Los programas de condonación fiscal no son la base, ni el cimiento para construir una responsabilidad colectiva de los mexicanos y de las autoridades para garantizar el financiamiento del Estado mexicano y violenta la equidad de las personas en nuestro país.
Lo que generan es un premio a la evasión, un premio a la elusión fiscal y hacer sentir a los contribuyentes cumplidos que se los están “llevando al baile’. Y además en el contexto de la discusión de una reforma fiscal.
Todos los asalariados del país que estamos en la economía formal generamos ISR. Lo que el SAT permitió a gobiernos estatales y municipales es quedarse con ese impuesto –que se lo debían enterar a las autoridades federales–, lo cual viola la Constitución, que establece que todas las contribuciones de los mexicanos deben ser equitativas y proporcionales”.
Con esto se constituye una violación a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al aprobar un crédito, una deducción y un privilegio fiscal sin asignarle una cuantificación.
Resalta que los estados pueden entrar a este programa y “esta amnistía que se da en este vehículo es para facilitar que se hagan las cuentas entre ellos”.
Con este hecho; a los gobernadores y los presidentes municipales, les están dando el beneficio de estos fondos de los que ellos básicamente no son dueños. En todo caso, si hubiera una exención fiscal de algún tipo tendría que ser para los propios trabajadores, porque ellos son los que generaron el impuesto”.
Estas condonaciones se dieron a la luz de lo que establece el último párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, que señala:
Artículo 9. Las participaciones que corresponden a las entidades y los municipios son inembargables, no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por los estados o municipios con autorización de las legislaturas locales, e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios.
Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados y autónomos que se hubieran adherido al “Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008, se les extenderá el beneficio referido en el artículo segundo, fracción I de dicho Decreto, hasta el ejercicio fiscal de 2012 y anteriores, siempre y cuando se encuentren al corriente en los enteros correspondientes al mes de diciembre de 2012. Dichos órdenes de gobierno, en lugar de aplicar los porcentajes establecidos en el artículo segundo, fracción II del mencionado Decreto, podrán aplicar el 60 por ciento para el año 2013 y el 30 por ciento para el año 2014.
Lo anterior es totalmente contradictorio a lo que establece nuestra carta magna al señalar que “Los estados y municipios, al igual que los patrones del sector privado, tienen la obligación de retener el ISR generado por sus empleados y entregarlo al Sistema de Administración Tributaria del gobierno federal”.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que informe a la opinión pública, los montos de las condonaciones en materia del impuesto sobre la renta (ISR), en cada uno de los estados del país y del distrito federal, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 9, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013; y
Segundo. Se exhorta a la Auditoria Superior de la Federación, para que inicie las auditorias para determinar si los recursos condonados a estados y municipios por concepto del impuesto sobre la renta correspondientes al ejercicio fiscal 2012 fueron utilizados para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos y no para resarcir adeudos irresponsables de gobernadores y/o presidentes municipales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2013.
Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la SCT y de la SHCP a integrar en la glosa del primer Informe de Gobierno el tema de la vulnerabilidad satelital de México, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Lizbeth Rosas Montero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En años recientes y aún, en semanas pasadas, nos hemos enterado de la forma en que Estados Unidos espía lo mismo a países y gobiernos aliados, que a rivales en todo el mundo. Mediante las revelaciones en antiguos analistas y empleados, la llamada Red Digital de Inteligencia, creada por la Agencia Nacional de Seguridad, a su vez, perteneciente al Departamento de Defensa del gobierno de ese país, ha sido posible un espionaje a escala planetaria, gracias al desarrollo de tecnología y sobre todo, a las condiciones para poder transmitir y almacenar información mediante una sofisticada red de satélites.
La posibilidad de intervenir miles, cientos de miles de correos electrónicos, llamadas telefónicas, acceso a cuentas en las redes digitales con contenidos personales, diariamente, de acuerdo a testimonios de responsables de agencias de seguridad e inteligencia estadounidense, sólo es viable a través de los recursos que aporta el desarrollo tecnológico en las áreas de informática y de las industrias satelital y aeroespacial.
Otro caso reciente y muy polémico también fue el descubrimiento de sistemáticos asaltos informáticos (en la terminología de la defensa y la seguridad se le conoce como la ciberguerra) a dos periódicos estadounidenses, procedentes de servidores ubicados en la República Popular de China, de acuerdo con información dada a conocer por los propios diarios. También como en el caso de la Red Digital de Inteligencia, la posibilidad de realizar ese tipo de actos, es debido a las condiciones de competencia real que hay en el espacio para el control, y de ser necesario, el bloqueo de satélites rivales.
Pero no sólo es eso. Para el caso de México la situación es crítica. El satélite más reciente, adquirido por el gobierno anterior a la empresa Boeing Military , para recuperar, almacenar y transmitir información crítica y de seguridad nacional, impide a todas luces, tener plenas garantías de manejo exclusivo y confidencial por parte de las autoridades mexicanas.
No hay duda, que buena parte de las seguridades internacional, regional y nacionales se ubican en las condiciones tecnológicas en que cada país pueda tener acceso a sus recursos científicos y tecnológicos aeroespaciales y satelitales.
La industria satelital de México. En 1968, con la transmisión de los Juegos Olímpicos de 1968 se inaugura el sistema Intelsat. A lo largo de los años, los satélites Morelos I y Morelos II (1985), Solidaridad 1 y 2 (1993-1994), fueron las expresiones más importantes de una capacidad propia para gestionar la información desde el espacio.
En 1995, comienza el desmantelamiento y privatización de la industria satelital, que culmina en 2011, con la venta de la participación del gobierno en la empresa Satmex.
Esta empresa, cuya venta total a capital francés fue anunciada el martes 30 de julio pasado, no ha merecido ni atención ni comentario alguno del gobierno federal. Tal parece que no fuera ni relevante ni estratégico el tema para el desarrollo soberano e independiente del país, en un ámbito en donde se darán y ya se dan, parte de los conflictos de intereses mundiales.
Satmex es la única empresa operadora de satélites en México. Su venta significa, en pocas palabras, la exposición y vulnerabilidad de nuestro país, en el cerrado y dinámico ambiente de las disputas por el control, por ejemplo, de recursos hídricos o bien, la disposición de información clave respecto de las patologías del sistema de salud público. La gama de información recuperada y transmitida que pone en serios predicamentos al Estado y nación mexicanos, que rebasa por mucho, la limitada y estrecha visión de ganar unos millones dólares aquí o allá.
Gracias a la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, es posible la venta total o la creación a un 100 por ciento, de empresas de capital extranjero en la industria satelital. Esto no estaría mal, si México tuviera una propia y consolidada presencia en material satelital, pero cuando no es así, cuando se sigue privilegiando sin más, las ganancias e inversiones aún por encima de los intereses de la Nación, los riesgos ante un ambiente que va justo en sentido contrario, nos indica qué tan clara y precisa es la estrategia en materia de seguridad nacional y de desarrollo tecnológico independiente.
La empresa francesa Eutelsat fue la que adquirió Satmex por un monto de 831 millones de dólares. Que como ha sucedido y sucede, la gestión privada de empresas anteriormente paraestatales mexicanas, fue un rotundo fracaso, sin que haya a la fecha, ninguna responsabilidad sobre los dueños (empresarios mexicanos) y de cómo cometieron fraudes contra sus mismas empresas, antes propiedad pública.
Es por eso que en el marco de la Ley de Seguridad Nacional, a tres de los consejeros en esta materia, como lo son los secretarios de estado aludidos, según el artículo 12, fracciones II, VI y IX de la precitada ley, se les exhorta a que, nos expliquen en la glosa, como seguramente sucedió, en el marco del cumplimiento del artículo 13, nuevamente de la misma Ley de Seguridad Nacional, expliquen cómo deliberaron, establecieron y articularon la política en materia de seguridad nacional, sobre todo en torno a los lineamientos para regular el uso de aparatos útiles en la intervención de comunicaciones privadas, tal y como reza la fracción VII, entre otras consideraciones.
Por lo expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición conforme con el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong; de Comunicaciones y Transportes, licenciado Gerardo Ruiz Esparza; y de Hacienda, licenciado Luis Videgaray Caso, a que, en la glosa del primer Informe de Gobierno, integren el tema de la vulnerabilidad satelital de México, dando a conocer al pleno legislativo en donde comparezcan, al menos los siguientes temas, según su materia de responsabilidades:
1) Las circunstancias a detalle por las cuales se vendió el 100 por ciento del capital de Satmex y cuál fue la posición del gobierno federal; así como el estudio que revele las consecuencias que tendrá para la independencia y soberanía de México en cuanto a recuperación, almacenamiento y transmisión de información crítica del Estado Nacional.
2) ¿Qué aspectos de la seguridad nacional pueden verse afectados por esta pérdida absoluta del Estado mexicano y del gobierno en turno de la capacidad para gestionar de manera autónoma la información crítica de los sitios de internet públicos vía satélite en nuestro país?
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2013.
Diputada Lizbeth Rosas Montero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Ssa a revisar, actualizar y adecuar el contenido de la NOM-028-SSA2-2009, para prevenir, tratar y controlar las adicciones, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del PAN
Proposición con punto de acuerdo, que presenta el diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, exhortando a los titulares del Poder Ejecutivo federal y de la Secretaria de Salud del gobierno de la república, para efecto de que se revise, actualice y adecue el contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, “Prevención, tratamiento y control de las adicciones”.
Fundamento legal
Con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de la Secretaria de Salud del Gobierno de la República, para efecto de que se revise, actualice y adecue el contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.
Lo anterior bajo las siguientes:
Consideraciones
Hoy que está el debate sobre la despenalización del uso y consumo de la marihuana, debemos preguntarnos primero si el Estado cuenta con la capacidad y la infraestructura suficientes, para atender el problema desde la perspectiva de la prevención, control, tratamiento y consecuente rehabilitación ante el creciente problema de las adicciones en nuestro país.
La farmacodependencia y el consumo del alcohol son temas que requieren de análisis constante, puesto que en este rubro, mientras más se cree saber, más puede acechar la ignorancia ante la constante evolución de la industria del diseño de las drogas o estupefacientes y métodos de ingestión.
En mi trabajo como diputado federal y con la finalidad de atender a mis representados transformando la realidad social en una realidad jurídica que permita mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, me permití tocar a la puerta de diversas Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles incluyendo a las dedicadas a la prevención, tratamiento, control y rehabilitación de personas adictas al alcohol y a las drogas, encontrándome con la imperiosa necesidad de ajustar el marco normativo, en particular la norma de referencia.
La Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, data del 23 de junio de 2009 y es evidente que a cuatro años de haber sido expedida la norma han evolucionado en muchos sentidos los criterios, como los métodos para la atención de las personas adictas, perdiendo eficacia y vigencia la norma, por ello resulta más que necesario su actualización y adecuarla a la problemática presente.
La problemática que enfrentan las instituciones y asociaciones dedicadas a la prevención, tratamiento, control y rehabilitación de personas que padecen de alguna adicción, queda en evidencia desde el momento mismo en que más que facilitar su actividad y propiciar oportunidades para alcanzar sus objetivos, se encuentran frente a una burocracia que pareciera más fiscalizadora e inquisidora, sobre quienes han hecho de esta actividad su misión en la vida, cumpliendo con el objeto social que originalmente debiera ser del Estado.
La incapacidad para implementar políticas públicas para la creación, instalación y sostenimiento de centros de tratamiento y rehabilitación contra las adicciones, ha tenido como respuesta que algunos ciudadanos sin mayor compromiso que el de apoyar y ayudar a sus semejantes atrapados por el alcohol y las drogas sean quienes se dediquen a esa labor con la finalidad de restaurar el orden y la armonía social.
El fenómeno es más grande y serio de lo que quizás se piensa, en la actualidad el problema no es sólo de un género, es decir, exclusivo de los hombres, cada vez hay más mujeres adictas a las drogas y al alcohol; asimismo, la edad en que inician o consumen por primera ocasión las drogas o el alcohol es cada vez menor dada la disponibilidad que existe de esos productos y la incapacidad de las autoridades para afrontar ese problema.
También es real que cada vez existen más instituciones y centros de tratamiento para personas con problemas de adiciones, asimismo, existen formas creativas y entusiastas para atender y ayudar a reponerse de estas adiciones a las personas que han sido víctimas de ello.
Tan sólo en el estado de Querétaro, mi entidad de origen, el crecimiento en las tendencias respecto del consumo de drogas y alcohol en el estado, de acuerdo a la encuesta nacional de adicciones 2011 (ENA 2011), ocupó el primer lugar en consumo de inhalantes y el tercero en consumo de marihuana, este fenómeno ocurre sin distingo de edad, posición económica, académica y creencias religiosas.
Las instituciones dedicadas a atender esta creciente problemática reciben al paciente por pedimento de los familiares del adicto en un primer momento. Sin embargo, en muchas ocasiones cuando se concluye con la etapa de rehabilitación, se enfrentan a otra problemática, la reinserción del rehabilitado a la sociedad y a la actividad laboral. Estos temas, no son incluidos, ni siquiera mencionados en programa social alguno que devuelva la seguridad y el sentido de utilidad social a las personas que cayeron alguna vez en adicciones, por lo que considero esto una asignatura pendiente.
Las instituciones y sus representantes también deben enfrentar diversos problemas ante los órganos jurisdiccionales, debido a que en ocasiones, los internos en los centros de tratamiento, por conducto de sus “amigos”, “pareja” o alguna otra persona que se vale de él para la comercialización y trasiego de drogas, promueve alguna acción legal por privación ilegal de la libertad de la persona internada, quien no se encuentra plenamente en uso de sus facultades por encontrarse en un estado de interdicción aunque no propiamente declarado por autoridad judicial, y cuya finalidad es exclusivamente para su rehabilitación a petición de los familiares.
Las instituciones plantean las siguientes problemáticas que es necesario atender por las autoridades gubernamentales:
• El gobierno Estatal no cuenta con ningún centro de tratamiento contra las adicciones.
• El Consejo Estatal contra las Adiciones; por ser un órgano dependiente del ejecutivo, muestra muchas debilidades para operar, fomentar, profesionalizar, capacitar, regular, sancionar, reconocer y lo más importante, financiar el trabajo de las instituciones dedicadas a esta complicada tarea.
• No existe un programa que permita atender, comprender y reconocer como un problema de salud pública a las adicciones. Es decir, no existe una coordinación institucional entre los órganos y entes gubernamentales como son: secretarias de salud federal y estatales; procuradurías de justicia tanto federal como de los estados, a través de sus agentes del ministerio público; jueces cívicos; jueces penales; jueces locales, federales y magistrados; sistemas estatal y municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); consejos estatal contra las adiciones, y en general todos los órganos de gobierno que pueden afrontar esta problemática social desde el punto de vista de salud pública.
Por lo antes expuesto, resulta necesario que la norma adquiera mayor fuerza y vigor para que se reconozca a las adicciones al alcohol y a las drogas como un problema de salud pública, donde intervengan en su atención tanto las autoridades constituidas como las instituciones privadas como auxiliares de esta función de salud.
Para tales efectos se propone que en la norma se contenga lo siguiente:
• Que el tratamiento pueda ser voluntario, condicionado u obligatorio según la situación legal o delito cometido de la persona.
• Modificar la norma 028 y adecuarla a la necesidad del paciente, la familia y al centro de tratamiento o anexo.
• Otorgar autonomía a los consejos estatales contra las adicciones, para que fomente, regule y apoye a las organizaciones, centros de tratamiento o anexos de manera precisa y efectiva.
• Realizar mesas de trabajo con: comisiones nacional y estatales de derechos humanos, El DIF en los tres órdenes de gobierno, Procuraduría General de la Republica; Ministerios Públicos y organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la atención y rehabilitación de personas adictas.
• Que se promueva la efectiva regulación, y se implementen sanciones efectivas para los centros de tratamiento o anexos, con el objetivo de que mejoren sus reglas internas de operación y cumplan con la normatividad; desde su creación y desde luego, durante su operación.
• Que se destinen recursos del presupuesto tanto federal como estatales, para el tratamiento de las adicciones, así como apoyo económico para los familiares del interno cuando se acredite que son de escasos recursos, al momento en que solicitan el tratamiento para su familiar que padece alguna adicción.
• Establecer que las multas a personas que son detenidas por consumo de alcohol o bajo los efectos de alguna droga o en posesión de las mismas; se puedan destinar a los centros de tratamiento debidamente establecidos y reconocidos, para cubrir gastos de alimentación y pago de profesionales como son: psicólogo, medico, análisis clínicos, psiquiatra, entre otros.
Lo anterior, para generar una nueva política pública de tratamiento de personas con problemas de adicciones y con la finalidad de concientizar a las autoridades y enfatizar que las personas que cometen algún ilícito o falta administrativa por encontrarse bajo los efectos de alguna droga o del alcohol, no merecen ser tratados desde el origen como delincuentes, sino como enfermos, por ello tampoco deben ser mezclados con otras personas que purgan alguna condena por otros delitos. Debe darse trato digno y atender al principio de presunción de inocencia, empleando y reconociendo como medios alternos de penas el tratamiento y rehabilitación en clínicas especializadas, no en los reclusorios.
Por lo anteriormente expuesto, es que someto ante el pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorte a los titular del Poder Ejecutivo federal y de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para efecto de que se revise, actualice y adecue a la realidad que vivimos, el contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, necesidad que resulta impostergable y apremiante.
Para tales efectos en anexo, mismo que señalo como si a la letra se insertase en el presente, entrego los puntos que se identifican como necesarios para la optimización del marco normativo y operativo de los centros encargados del tratamiento y rehabilitación de personas adictas; los cuales, pueden ser considerados como enunciativos, más no limitativos siempre y cuando de la revisión que se realicen se atienda cuando menos a los puntos propuestos.
Recinto Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2013.
Diputado Marcos Aguilar Vega
Anexo
Al punto de acuerdo propuesto por el diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por el cual se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Salud del Gobierno de la República, a la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 para la prevención, tratamiento y control de adicciones.
Propuestas para la adecuación de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 para la prevención, tratamiento y control de adicciones.
Incorporar y reconocer a los Anexos en la Norma en los siguientes términos:
Anexo: Centro de tratamiento, sin fines de lucro, donde pacientes adictos al alcohol y drogas, reciben programa de tratamiento, bajo la modalidad de ayuda mutua de los doce pasos de AA, en sus diversas corrientes: anexo 24 horas, fuera de serie, tres lineamientos, 4° y 5° paso, religiosos, y organizaciones constituidas legalmente como AC, IAP, SC, SA, IBP, entre otros.
Que se incorpore en el punto 1.2 del apartado 1. Objetivo y campo de aplicación; a los centros penitenciarios, también llamados centros de reinserción o rehabilitación social; anexos AA, de cualquier corriente fuera de serie 24 horas, 4º y 5º paso, como sujetos obligados de observar y cumplir con el contenido de la Norma.
En relación con el punto 3.13 . Es necesario adecuarlo al marco jurídico penal, que sirva para que los centros de tratamiento o anexos, puedan ser exentos de cometer el delito de privación ilegal de la libertad o secuestro, por el hecho de tener en sus instalaciones a una persona en contra de su libertad, pero a petición de sus familiares, no obstante demostrar con documentos dicha solicitud, además que es adicto al alcohol o a las drogas y que es sumamente problemático, asimismo, que los centros e instituciones sean considerados como centros de salud para el tratamiento de personas con problemas de adicción.
En relación con el punto 3.21 , que se agregue a los anexos o centros de tratamiento en el texto para mayor precisión.
Por lo que toca al punto 3.52 , es necesaria aclarar y precisar los alcances de su contenido para ello resulta necesario agregar: Deberá ser capacitado y avalado por autoridad en la materia, esto es por conducto de los centros estatales contra las adiciones y presentar la acreditación a esta evaluación para su aplicación y comprobar cuando menos 2 años de abstinencia.
Respecto del punto 5.2 , se requiere agregar: Después de: ...residencial; serán aprobados, supervisados y sancionados por el CECA y la SSA, vía regulación sanitaria de su respectivo estado o municipio y deberán contar...
En cuanto al punto 5.2.2 , debe agregarse: Los servicios deberán ofrecerse por separado, tanto varones como para mujeres en cualquier tipo de establecimiento.
El punto 5.2.4.8 , requiere adecuarse para que se considere lo siguiente: El programa para la familia deberá ser obligatorio, y éste debe ser desarrollado por todos los establecimientos y programas de cualquier modalidad o corriente de tratamiento en adicciones.
Por lo que se refiere al punto 5.2.5 , debe precisarse que: la información a que se hace referencia, podrá ser entregada físicamente o vía electrónica por cada centro tanto al CECA con al SISVEA.
En el punto 5.3 , es necesario e ineludible señalar que: El ingreso de los usuarios a los establecimientos especializados en el tratamiento de adicciones en internamiento, con modelos profesional, mixto y de ayuda mutua, podrá ser voluntario, involuntario u obligatorio, debiéndose ajustar a los procedimientos siguientes:
Para dotar de mayor claridad el punto 5.3.2 , resulta necesario agregar: En las agencias especializadas para la recepción y canalización de pacientes adictos y familias que soliciten y requieran este servicio.
Se pide incorporar en el punto 5.3.3 , al final del mismo: y se soporte con un examen toxicológico.
Se propone crear en el apartado 8.1 , un nuevo punto 8.1.1 , en donde se establezca: 8.1.1 Las canalizaciones que realizan los CECA y Agentes del Ministerio Público, deberán hacerse mediante solicitud por escrito, con datos básicos de identificación y antecedentes del paciente.
En lo que se refiere al punto 9.2 inciso b) , resulta necesario agregar además de ayuda muta a: anexos y centros de tratamiento
Por su parte en el punto 9.2.2.1.4 , se propone agregar: ...respetar las condiciones y cubrir los costos del tratamiento.
En el punto 9.2.2.1.5 , resulta necesario incorporar lo siguiente: Respetar la intervención y decisión de la familia, para que el tratamiento sea obligatorio para el paciente, quien dadas las circunstancias de su estado físico y de salud durante su etapa de consumo, no se encuentra en pleno uso de sus facultades y poder legal de decisión.
Por su parte en el punto 9.2.2.2 se propone cambiar por lo siguiente: los centros o anexos, deberán proporcionar el servicio diferenciado por sexo, esto es, no pueden ser tratados en el mismo centro, hombres y mujeres a menos que las características y condiciones del inmueble lo hagan posible, dentro de sus instalaciones.
Respecto al punto 9.2.2.2.12 , se propone agregar: y este será aprobado, verificado y sancionado por el CECA estatal o municipal, así como por protección civil.
Con relación al punto 9.2.2.3.3 , se solicita se agregue lo siguiente: ...que ponga en riesgo su vida y se agrave su estado de salud. Este servicio será proporcionado de manera obligatoria por los servicios de salud pública con carácter de urgencia.
Se propone agregar un punto 9.2.2.6 , donde se establezca lo siguiente: Los centros reconocidos y avalados por el CENADIC y el CECA en los estados estatales, podrán recibir recursos económicos, de acuerdo a lo asignado en los presupuestos de egresos aprobados para tales efectos de manera directa, sin intermediarios y ajustados a los procedimientos aprobados por las instancias responsables.
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la liquidación de las afectaciones provocadas a terceros en el área contractual Pánuco por Petróleos Mexicanos y las empresas subcontratadas por Pemex Exploración y Producción, a cargo de la diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo, del Grupo Parlamentario del PRD
Considerando
I. La desigualdad social en la zonas rurales del área contractual Pánuco se presenta en sus diferentes vertientes como lo son la pobreza, los bajos niveles de educación, la falta de trasporte público, caminos y redes de comunicación en mal estado, o en su caso inexistentes, mínima inversión pública que fomente la producción, sin accesos a créditos en la banca privada y público.
Además de servicios públicos de mala calidad, y en algunos rubros inexistente, tales como: encarpetado y pavimentación de caminos vecinales, falta de guarniciones y banquetas en las colonias agrícolas, pavimentación y encarpetado de sus calles, red de agua potable deficiente, falta de drenaje y alcantarillado, mala calidad e inconsistencia en el suministro de energía eléctrica por parte de la CFE que ha provocado el constante daño de los aparatos electrodomésticos de las familias de las diferentes comunidades; entre otros.
II. El área contractual Pánuco forma parten del proyecto Ébano-Pánuco-Cacalilao y está localizada en la porción norte del activo de producción Poza Rica-Altamira de la región norte y de acuerdo a las clausulas estipuladas en el contrato de servicios para la exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos, en el área contractual Panuco, realizado entre la paraestatal Pemex-Exploración y Producción y la particular Petro-SPM-Integrated Services, SA de CV, y Dowell Schlumberger de México, SA de CV, y Petrofac México, SA de CV, en el contrato número 424102853 se estipulan las clausulas y responsabilidades siguientes:
Clausula 19.8: Desarrollo sustentable. El contratista deberá implementar un programa de apoyo a la comunidad y al medio ambiente que deberá contribuir al desarrollo sustentable que beneficie a las comunidades ubicadas o cercanas al área contractual, siendo del 1 por ciento del presupuesto correspondiente al año de que se trate. Siendo el programa mínimo inicial y obligación mínima de trabajo de un valor de 35 millones 304 mil 936 dólares.
Inciso 1: Orientar las inversiones a acciones que contribuyan a obtener la licencia social para operar, entendida esta como las condiciones favorables para operar en las comunidades.
Inciso 2: Impulsar acciones de beneficio social en los siguientes ejes: educación, salud y proyectos productivos sustentables.
Inciso 3: Impulsar acciones de conservación, restauración y manejo sustentable de los recursos naturales en los siguientes ejes: hidrológico, forestal, biodiversidad, mitigación y adaptación al cambio climático, y educación y cultura ambiental.
Inciso 4: Las acciones deberán de de contemplar los siguientes enfoques transversales: cultura, creación de capacidades, desarrollo de capital social local, transferencia de tecnología, desarrollo organizacional, y genero, edad y etnia.
Presentar el programa de apoyo a la comunidad y al medio ambiente a la comunidad.
Presentar el diagnóstico del contexto socioeconómico y ambiental correspondiente al área contractual.
Clausula 14.2: Responsabilidad ambiental del contratista. El contratista será el único responsable, del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables siendo entre otras los daños y afectaciones que cause al medio ambiente provocados por el manejo de sustancias, fluidos, combustibles, lubricantes que se empleen o estén bajo el control del contratista siendo este responsable de su remediación, restauración y compensación de reclamos hasta donde sea necesario y estará obligado a efectuar las labores y medidas que impongan las autoridades ambientales así como realizar de manera inmediata las acciones necesarias para la remediación y descontaminación que correspondan.
Clausula 14.3: Responsabilidad ambiental de Pemex-Exploración y Producción y derechos a indemnización. Considerando el carácter de operador de Pemex-Exploración y Producción, PEP, y que todos los hidrocarburos producidos son propiedad de de éste, PEP será responsable por los daños o afectaciones causados al medio ambiente y daños causados a terceros por cualquier contaminación por hidrocarburos, por lo que será responsable de su correspondiente remediación, restauración y compensación de reclamos que se originen y estará obligado a efectuar las labores y a tomar las medidas que impongan las autoridades ambientales, así como a realizar de manera inmediata las acciones necesarias para la remediación y descontaminación que corresponda.
Así también PEP será responsable de los daños causados al medio ambiente y a terceros previos a la fecha efectiva en el área contractual siendo esta del 1 de octubre del 2012.
Anexo 11. Inciso 2: Permisos de acceso. Salvo por lo previsto en el siguiente párrafo, le corresponde al contratista gestionar y obtener los permisos o acuerdos necesarios para el acceso a los sitios en donde deban ejecutarse los servicios considerando el manual de procedimientos administrativos vigentes de la unidad administrativa de asuntos externos y comunicación de la región norte. Los pagos e indemnizaciones a terceros se realizaran mediante avalúos bancarios, de instituciones de crédito o a los tabuladores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).
Inciso 3: Ocupación superficial. El contratista gestionara la celebración de los contratos de ocupación superficial, incluyendo la correspondiente escrituración y su registro.
III. De acuerdo a lo estipulado en el contrato de servicios para la exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos, en el área contractual Pánuco, realizado entre la paraestatal Pemex-Exploración y Producción y la particular Petro-SPM-Integrated Services, SA de CV, y Dowell Schlumberger de México, SA de CV, y Petrofac México, SA de CV, y la responsabilidad contraída de acuerdo a las clausulas de dicha relación comercial referente a afectaciones e indemnizaciones correspondientes a terceros afectados por las actividades desarrolladas en la área contractual Panuco, se solicita la liquidación inmediata de las afectaciones llevadas a cabo por Pemex y las empresas Petro-SPM-Integrated Services, SA de CV, y Dowell Schlumberger de México, SA de CV, y Petrofac México, SA de CV, a los propietarios de los predios con afectaciones correspondientes a permisos de paso y accesos a pozos, ocupación superficial, deterioro a caminos vecinales y puentes, liquidación de cultivos y selvas taladas en predios de acceso y zonas requeridas para la ubicación y perforación de pozos, así como a la aplicación del presupuesto destinado a las obligaciones de desarrollo comunitario sustentable establecidos en las clausulas del contrato.
Con base en lo anterior, propongo al pleno de la honorable Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la adopción del siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita la inmediata liquidación de las afectaciones realizadas a terceros en el área contractual Pánuco, provocadas por Pemex y las empresas subcontratadas por Pemex Exploración y Producción.
Asimismo haga públicas las acciones efectuadas y a realizar con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales a la Comisión Especial de prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex.
Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 18 de septiembre de 2013.
Diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, para que se realicen las acciones conducentes a lograr que el programa Cruzada Nacional contra el Hambre funcione de manera adecuada a través de políticas públicas garantizadoras de estabilidad social, economía digna, educación, productividad del campo, competitividad y empleos; y a conseguir la soberanía alimentaria de niños, mujeres y hombres de toda la nación, a cargo del diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, Héctor Narcía Álvarez, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La pobreza es un tema muy amplio, resultado de situaciones complejas en el mundo, fenómeno presente a lo largo de la historia y lamentablemente agudizado día a día, es el origen de un estilo de vida sufrido por muchas personas quienes no tienen la posibilidad de una movilidad social que satisfagan sus necesidades físicas y básicas.
Factores deplorables en la alimentación, vivienda, asistencia médica y sanitaria, una educación escasa o nula, el desempleo y la falta de ingresos, son considerados como una problemática latente, la cual es difícil de abatir a corto y mediano plazo.
México no es la excepción, pues sufre esta lacerante situación, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 2008 a 2010 el número de personas en pobreza se incrementó de 48.8 millones a 52. En este panorama se encuentran 1003 municipios de los 2400 existentes en la República Mexicana, además en estas entidades administrativas el 75 por ciento o más viven en condiciones paupérrimas, situación vergonzosa y alarmante.
Lo anterior creemos que no es posible si reflexionamos que México se caracteriza por tener una gran superficie y un haber significativo en recursos naturales; empero, existe una crisis alimentaria la cual afecta directamente a unas 28 millones de personas, casi la cuarta parte del país, consecuencia de diversos agentes como son el cambio climático ocasionado por el hombre, los elevados precios en alimentos de la canasta básica y las desenfrenadas importaciones.
Organismos Internacionales como la FAO, la OCDE, entre otros, recomiendan producir el 70 por ciento de los alimentos que consumimos, pero actualmente solamente producimos el 20 por ciento.
Este panorama desolador es originado por la aplicación de políticas públicas mal dirigidas, las cuales, siguen siendo las mismas y no garantizan atender a las necesidades demandadas por nuestra gente, quien se encuentra en pobreza extrema. La finalidad es apoyar a los medianos y pequeños productores locales para impulsar la economía de las comunidades rurales, con la finalidad de garantizar el acceso a los alimentos de la población más vulnerable.
La pobreza y la crisis alimentaria son temas centrales para el país y se encuentran afectando a gran parte del pueblo mexicano, por ello el pasado 21 de enero se dio a conocer en Chipas –entidad en la cual se concentra un alto porcentaje de la población mexicana en situación de pobreza, pobreza extrema y marginación- el Programa Cruzada Nacional Contra el Hambre, el cual pretende reducir esta situación durante un periodo de seis años, para atender a todas aquellas regiones del país que sufren por esta problemática.
Como primer objetivo se aplicaría a 400 municipios con pobreza extrema y marginación en el país, para atender a 7.4 millones de personas, una población que padece desafortunadamente el índice más elevado en desnutrición, sin acceso a los servicios de salud y educación.
En ese sentido reconozco la preocupación del Presidente, sin embargo, para que funcione adecuadamente esta política pública se necesita sumar esfuerzos desde los gobiernos municipales, estatales y desde luego, el federal, de este modo atacar la desnutrición infantil, así como aumentar la producción agrícola y el ingreso de los campesinos con salarios dignos.
Muchos se preguntarán cómo se lograrán estos objetivos, creemos primero, a través de políticas públicas bien diseñadas y robustecidas, las cuales, planeen, evalúen e implementen las acciones gubernamentales adecuadas para garantizar la soberanía alimentaria, desarrollo social y económico, infraestructura en vías de transporte y comunicación, seguridad social, seguridad pública y los medios suficientes para obtener asistencia sanitaria o el acceso al agua potable.
Es imprescindible partir de las necesidades de los mismos grupos sociales a quienes van a ir dirigidas estas políticas públicas, para poder llevar a cabo la implementación de proyectos reales, viables y sustentables, para lo cual hago un llamado a los tres sectores de gobierno, organismos internaciones y nacionales, instituciones, investigadores, para en conjunto llevar a cabo un buen trabajo y en éstos términos se garantice alimentación a la gente en extrema pobreza mediante el aumento a la producción agrícola interna nacional y reducir de esta forma la dependencia del país a las importaciones de granos y otros alimentos.
Así mismo, dar solución a la precariedad, generar empleo bien remunerado y una agenda más compleja que va hacia el desarrollo industrial, competitividad, productividad y renovación tecnológica.
Todo ello se logrará con fundamentos importantes y con políticas generadoras de un crecimiento estable en el tiempo y, por supuesto no se aproveche esta situación convirtiéndose en un instrumento político para obtener votos en esos lugares, como ha ocurrido anteriormente.
Por lo expuesto, se pone a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición, de obvia y urgente resolución, con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las instituciones de los gobiernos estatales y municipales, a que en las regiones que presentan los índices con mayor pobreza extrema, lleven a cabo las acciones necesarias para lograr que el programa, Cruzada Nacional contra el Hambre, funcione de manera adecuada a través de políticas públicas garantizadoras de estabilidad social, economía digna, educación, productividad del campo mexicano, competitividad, empleos y lograr la soberanía alimentaria de los niños, mujeres y hombres de toda la nación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2013.
Diputado Héctor Narcia Álvarez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al alcalde de Motozintla, Chiapas, a liberar a Leonardo García López y retirar los cargos contra él; y al Consejo Estatal de Derechos Humanos, a velar por el respeto de sus derechos fundamentales, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En un contexto nacional mermado por las acciones regresivas por parte del Ejecutivo federal y de gobiernos locales en contra de las protestas del magisterio, que dieron lugar a que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y simpatizantes sufrieran agresiones físicas y detenciones arbitrarias el pasado 13 de septiembre; se llevó a cabo en las plazas públicas de todo el país la ceremonia conmemorativa al 203 aniversario del inicio de la Independencia de México, con el ya conocido grito por parte de las autoridades municipales y estatales el pasado domingo.
Sin embargo, tuvieron lugar numerosas manifestaciones en contra del gobierno en varios municipios del país, ante el clima de descontento que viven las familias mexicanas y en una coyuntura mermada por los efectos que en la sociedad han causado las reformas que poco contribuyen en el mejoramiento de la situación.
Como ejemplo de estas protestas, podemos mencionar lo ocurrido en el municipio de Motozintla, Chiapas, en donde según información de la revista semanal Proceso, varias personas demostraron su inconformidad por lo que el alcalde Óscar González Galindo, ordenó a agentes de la policía estatal y municipal detener a quienes realizaban dichos actos.
Es así que un grupo de manifestantes, integrantes del Frente de Organizaciones Sociales y Campesinas de Chiapas (Fosich), fueron violentados físicamente, entre los cuales se encontraba el líder campesino Leandro García López, quien fue detenido en el momento en que exhibía, a manera de protesta, una cartulina con alusiones en contra del presidente municipal y en apoyo a las demandas del magisterio, lo cual generó molestia a González Galindo y ordenó inmediatamente que los elementos de la policía quitaran las cartulinas a los manifestantes y disolvieran su protesta.
En la descripción de los hechos se menciona que “presuntamente se llevaron a García López al penal de Tapachula, a unas dos horas de Motozintla” y que al cumplirse más de 24 horas de su captura, ha sido declarado como “desaparecido político” por el Fosich, “pues ninguna instancia judicial ha brindado información sobre su paradero y situación legal”.
Cabe destacar que no es la primera vez que se presentan este tipo de hechos en el municipio de Motozintla, en donde el alcalde Óscar González Galindo, haciendo un uso excesivo de la fuerza pública, arremete en contra de quienes no simpatizan con su forma de gobernar, tan sólo en octubre de 2012, en su primer día al frente del municipio y ante los actos de protesta suscitados como rechazo a la resolución por parte del tribunal que le daban la victoria, se detuvo a más de 30 personas simpatizantes con la coalición de las izquierdas y dos periodistas que tomaban imágenes de la quema del edificio sede de la alcaldía, denunciaron que fueron agredidos y despojados de sus pertenencias personales por parte de elementos de la policía estatal.
En Movimiento Ciudadano nos pronunciamos por la existencia de un país de libertades, en donde el derecho a la manifestación y la libertad de expresión son pilares para la estabilidad y permanencia de un estado democrático y de instituciones que salvaguarden la integridad de las y los mexicanos, por ello hacemos un llamado a los tres órdenes de gobierno y a las instancias correspondientes a garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos consagrados a nivel constitucional y a respetar a quienes, amparados en estos principios, realizan actos de protesta o manifestación, por ello presentamos a esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a Óscar González Galindo, presidente municipal de Motozintla, Chiapas, a liberar y retirar los cargos en contra de Leandro García López y al Consejo Estatal de los Derechos Humanos a velar por el respeto a sus derechos fundamentales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2013.
Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz a investigar la comisión de delitos y la violación de derechos humanos en el desalojo de maestros y estudiantes de la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, en Xalapa, este 14 de septiembre, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del PT
Quien suscribe, diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En la madrugada del día sábado catorce de septiembre del año en curso, maestros y estudiantes que pernoctaban en la plaza Lerdo en la Ciudad de Jalapa, Veracruz, en protesta por la aprobación de la reforma educativa, fueron desalojados por un grupo antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP), quienes establecieron un cerco de seguridad en las primeras tres manzanas del Centro Histórico para proceder a disolver la protesta magisterial y “dejar limpia” la Plaza Lerdo para la ceremonia del Grito de Independencia el pasado quince de septiembre.
Los elementos de la SSP con escudos y toletes eléctricos en mano procedieron a la agresión del magisterio veracruzano. En la refriega con los profesores y estudiantes, policías del grupo antimotines intimidaron a los medios de comunicación que se encontraban ahí presentes. De este hecho, la Secretaría de Gobierno del Estado dio cuenta a través comunicado 4635 en el que consigna que las fuerzas del orden procedieron a ocupar la plaza Lerdo para garantizar la realización de las fiestas patrias. Las videograbaciones del desalojo que se publican en la red de internet muestran la actuación violenta de los elementos de la SSP y el uso de bastones eléctricos en contra de los manifestantes quienes en ningún momento opusieron resistencia alguna para retirarse del lugar. En el evento se dieron diversas detenciones y ciudadanos lesionados.
Ante el acuerdo de los maestros para retirar el plantón que llevaban a cabo en Plaza Lerdo (Centro Histórico en la Ciudad de Jalapa) y permitir la ceremonia cívica el pasado quince de septiembre, no existía razón alguna para el uso de fuerza pública en el desalojo de los manifestantes, por lo que es necesario, para garantizar los derechos humanos y garantías constitucionales, se investigue la responsabilidad de los servidores públicos a cargo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz en la comisión de delitos y en la violación de derechos humanos de los manifestantes y se informe la situación jurídica de los manifestantes detenidos.
Por lo expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición conforme con el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Con pleno respeto a la autonomía del titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión le hace un atento exhorto para que a través de la Procuraduría General de Justicia, investigue la comisión de delitos y la violación de derechos humanos en el desalojo de ciudadanos de plaza Sebastián Lerdo de Tejada (Centro Histórico) en Jalapa, Veracruz, el día catorce de septiembre de dos mil trece, y se garantice la integridad física y de los dirigentes del movimiento magisterial en el Estado de Veracruz.
Segundo. Con pleno respeto a la autonomía de la Comisión Estatal de Derecho Humanos en el estado de Veracruz, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión le hace un atento exhorto para que investigue de oficio la violación de derechos humanos de maestros y estudiantes desalojados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de la plaza Sebastián Lerdo de Tejada en la Ciudad de Jalapa, Veracruz, el catorce de septiembre de dos mil trece.
Palacio legislativo de San Lázaro, a 17 de septiembre de 2013.
Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la celebración de ceremonias cívicas para conmemorar los 60 años del reconocimiento del derecho de las mujeres al voto en México, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena y suscrita por diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género
Con fundamento en el artículo 79, párrafo 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, las diputadas que suscriben, integrantes de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, LXII Legislatura, presentan ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Considerandos
En 1953 el entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 34 Constitucional, para establecer que: “Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos: Haber cumplido 18 años de edad, siendo casados, o 21 si no lo son y tener un modo honesto de vivir”.
Con esta modificación, hace 60 años las mujeres pudieron ejercer por primera vez sus derechos civiles y políticos que implican la posibilidad de votar y ser electas. Esta conquista fue producto de la lucha de la organización y participación de las mujeres en los foros feministas demandando sus derechos ciudadanos.
Esta conquista no se vio materializada sino hasta por lo menos dos décadas después, debido a que en la mayoría de los casos seguían siendo los hombres quienes decidían lo que sus esposas, hijas o hermanas debían hacer. Es hasta los años setenta cuando en realidad las mujeres empezaron a ejercer este derecho.
Desde los espacios públicos, las mujeres han logrado impulsar reformas legislativas que permiten reconocer y garantizar los derechos humanos de las mujeres, así como avanzar en la construcción de condiciones que permitan una participación política en condiciones de igualdad respecto a los hombres.
Gracias a la labor de las mujeres en la política se crearon las Comisiones de Equidad y Género en el Congreso de la Unión (1998) y el Instituto Nacional de las Mujeres (2001), así como los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las distintas entidades federativas, incluso en algunas, con el carácter de Secretarías. Además de esto también sobresalen en 2006 la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y, en 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como las reformas que se han hecho en materia electoral para establecer las cuotas de género, que aunque muy lentamente han sido replicadas en los estados de la República, es necesario señalar que algunas han establecido desde la legislación cuotas hacia la paridad de género.
Sin embargo, a pesar de estos avances, las mujeres se siguen enfrentando a situaciones de discriminación y violencia al tratar de ejercer su legítimo derecho al voto. A este respecto, la investigadora Margarita Dalton señala: “las mujeres que buscan cargos políticos deben ser valientes porque las dificultades son muchas, y los golpes físicos y morales también. El proceso de democratización de la sociedad implica la mayor participación de las mujeres en los cargos políticos, pero la práctica de este proceso ha significado desgaste y riesgos para algunas de las mujeres líderes ”.
La posición de las mujeres sigue siendo duramente cuestionada por líderes y caciques que consideran que el sexo masculino es más merecedor de los cargos de elección popular.
En los hechos las mujeres no pueden representar a sus comunidades. Todo ello en contraste con el hecho de que son más mujeres que hombres las registradas en el padrón electoral, en las listas nominales y quienes tienen en general un mayor promedio de participación electoral.
La situación de desigualdad y discriminación en México resulta evidente al considerar que actualmente no hay alguna mujer gobernadora o jefa de gobierno del Distrito Federal. La tendencia que en 1979 inició Griselda Álvarez se volvió a interrumpir, de manera que hoy los 32 titulares de algún Ejecutivo local son hombres.
En las legislaturas locales, apenas una de cada cuatro diputados locales es mujer. Hay estados como Aguascalientes, Querétaro, Coahuila y Puebla donde la representación femenina es menor 15 por ciento.
En los municipios la situación empeora: siete de cada 100 alcaldes son mujeres, es decir, sólo el 7 por ciento.
La debilidad de la representación política de mujeres demuestra el bajo desempeño de los instrumentos diseñados para incentivarla. Las cuotas de género estatales van de 30% a 50% y no existe entidad que alcance esas proporciones en sus legislaturas.
En este contexto no es casual que el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer haya recomendado al Estado mexicano: eliminar obstáculos discriminatorios, corregir legislación y poner sanciones a quienes incumplan las cuotas de género, sugiriendo campañas de concientización para ampliar la participación política de las mujeres.
Al respecto es menester resaltar que la Ley General de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, establece en su Artículo 35. “La Política Nacional propondrá los mecanismos de operación adecuados para la participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas”, especificando en su Artículo 36, fracción II que, las autoridades correspondientes desarrollarán, entre otras, las siguientes acciones: Garantizar que la educación en todos sus niveles se realice en el marco de la igualdad entre mujeres y hombres y se cree conciencia de la necesidad de eliminar toda forma de discriminación.
Mientras que por su parte la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su Artículo 45, fracciones I y III, impone a la Secretaría de Educación Pública la obligación de definir en las políticas educativas los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres y el respeto pleno a los derechos humanos; y Garantizar acciones y mecanismos que favorezcan el adelanto de las mujeres en todas las etapas del proceso educativo;
La conquista de hace 60 años nos ha permitido avanzar, pero hace falta mucho trabajo para materializar el sueño de lograr una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y con ello garantizar una participación política plena de las mujeres. Esta lucha iniciada después de conquistar el derecho al voto, continúa.
A 60 años de este logro, es necesario y justo no olvidar a quienes alzaron la voz y abrieron camino para que las mujeres mexicanas sigamos avanzando, consideramos que las acciones propuestas mediante el presente exhorto, son urgentes, justas, necesarias y de factible realización, al mismo tiempo que contribuyen al cumplimiento de los ordenamientos antes citados. Es fundamental visibilizar la participación de las mujeres en la conquista por el reconocimiento de sus derechos, al mismo tiempo que se reconoce y fomenta su participación en condiciones y en específico a participar plenamente en la vida pública de nuestro país. Hemos de recordarlas y dignificar su memoria.
Por lo expuesto, dada su importancia para la construcción de la democracia en México y en virtud de que el día 17 de octubre del 2013 se conmemora el 60 aniversario del sufragio femenino, proponemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a las personas titulares de los Tribunales Superiores de Justicia de las 31 Entidades Federativas y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a realizar ceremonias cívicas para conmemorar los 60 años del derecho al voto de las mujeres en México.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, a instruir la realización de ceremonias cívicas para conmemorar los 60 años del derecho al voto de las mujeres en México, en todos los planteles educativos del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2013.
Diputadas: Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamente Lemas (rúbrica), Maricruz Cruz Morales (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Erika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno, Patricia Elena Retamoza Vega, Margarita Licea González (rúbrica), Leticia López Landero (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera, María Celia Uriel Castañeda, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Julisa Mejía Guardado, Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aida Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Ssa a integrar en el cuadro básico nacional de vacunación la aplicación obligatoria de la vacuna contra el VPH, a cargo de la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los numerales 1, fracción II, 2, fracciones I, II y III del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a la Secretaria de Salud que se integre en el cuadro básico nacional de vacunación y de manera obligatoria la aplicación de la vacuna contra el VPH, suscrito por la Diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN.
Exposición de Motivos
Durante la LXI Legislatura se presentaron más de siete Puntos de Acuerdo exhortando al Ejecutivo Federal y a la Secretaria de Salud para que realizaran medidas preventivas, ejecutaran programas y presupuesto en la prevención, difusión y control del VPH mejor conocido como el virus del papiloma humano, en la presente Legislatura nuevamente suben dos propuestas al respecto, definiendo así la importancia que dicho virus ha adquirido a lo largo de las dos últimas décadas.
El VPH es considerado como uno de los factores para que se desarrolle el cáncer cervico-uterino lo alarmante es, cuando las cifras aumentan al referirse que la edad en que la enfermedad se desarrolla en las mujeres menores de 18 años.
Un estudio del laboratorio farmacéutico Merck, Sharp and Dohme (MSD) estimó que en México existen 800 mil menores de 18 años que ya fueron infectados con el Virus de Papiloma Humano (VPH). De estos jóvenes contagiados, MSD calculó que 500 mil son hombres y 300 mil mujeres, pero pocos varones desarrollan síntomas, ellas son las más afectadas de hecho, México ocupa uno de los primeros lugares de mortalidad entre mujeres que sufren a causa de dicho padecimiento, anualmente se diagnostican cerca de 10 mil casos de cáncer cervico uterino según datos del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM previo a la detección del VPH.
Tan complejo es este virus que, durante el sexenio anterior se iniciaron acciones de vacunación entre la población escolar de 5to. año de primaria, justo en el marco de la semana de salud así como, campañas de estudios clínicos como el Papanicolaou dado que es un estudio altamente recomendable que si bien es efectuado regularmente, el virus se puede controlar y el cáncer se puede prevenir, así también han puesto en práctica la aplicación de la vacuna que según los investigadores de la salud, su eficacia es de hasta el 95 por ciento y para que sea exitosa al 100 por ciento, la dosis debe ser aplicada en niñas que no tienen vida sexual activa, tal y como propone el exhorto que fue presentado el pasado mes de febrero.
Incluir la vacuna contra el VPH en el cuadro básico de vacunas es muy necesario, y hasta cierto punto obligatorio dado que la cobertura de las dosis sería para menores de edad. Con ello, prevendríamos la muerte de miles de mujeres que por cuestiones de creencia, económicas, de educación y de mal manejo de información no saben que esta enfermedad se puede prevenir, que el virus es silencioso y según el tipo de VPH puede resultar hasta inadvertido, las mujeres pueden ser portadoras y sin necesidad de desarrollarlo mientras no tenga una vida sexual activa.
Legislemos por una difusión de campañas de información, prevención y diagnóstico oportuno sobre las características y consecuencias que el VPH y el cáncer cérvico-uterino, se acerca el presupuesto, también dotemos de recursos suficientes a la Secretaría de Salud para la realización eficiente y eficaz para la prevención de esta enfermedad mortal sino se detecta y trata oportunamente.
Es por eso que acudimos a esta tribuna para solicitar su respaldo a la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que realice las acciones necesarias, en el ámbito de su competencia, a fin de que la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano sea incluida en el esquema básico de vacunación y, a que se impulse la investigación para que la efectividad de la vacuna se amplié y proteja a todas las mujeres, aun cuando hayan estado en contacto con el VPH por haber iniciado su vida sexual.
Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, al Consejo de Salubridad General; a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el Gobierno del Distrito Federal, para que en su calidad de autoridades sanitarias, instrumenten campañas de información, prevención, de diagnostico y de atención oportuna del virus del papiloma humano y del cáncer cérvico uterino.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2013.
Diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía refrenda el respetuoso llamado a las autoridades competentes del gobierno estadounidense a atender la opinión número 19/2005, del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada de esta LXII Legislatura Aleida Alavez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 62, párrafo 2, 65, párrafo 4, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Antecedentes
El 12 de septiembre de 2013, se cumplen 15 años de que René González, Fernando González, Antonio Guerrero, Gerardo Hernández y Ramón Labañino fueron injustamente detenidos en Estados Unidos de América y, a la fecha han padecido un largo proceso en el que se han torcido todas las leyes posibles, tanto estadounidenses como internacionales.
De los antecedentes hemos cuenta a esta Soberanía, sin embargo, es de reafirmar que, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió la opinión de que la privación de libertad de los detenidos viola el artículo 14 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, por tanto, es arbitraria, y el 27 de mayo de 2005 solicitó al gobierno de Estados Unidos que adoptara las medidas necesarias para remediar la situación.
Indudablemente, la libertad es un derecho inalienable, tal cual está estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, principalmente en sus primeros artículos (1o.; 2o. y 3o.) en donde se señala que a ningún ser humano se le puede conculcar su derecho a la libertad, por raza, credo, religión, opinión política o de cualquier otra índole. En suma, como seres humanos todo individuo tiene derecho a la vida y a la libertad.
Lo anterior en virtud de que en estos días se está llevando a cabo en la ciudad de La Habana, Cuba, el Encuentro Internacional por la Liberación de Los Cinco. 15 años, ¡Basta ! Convocada por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) con el propósito de fortalecer la campaña mundial para que se haga justicia a estos 5 ciudadanos cubanos que hoy cumplen 15 años y de su injusta detención.1
La situación de los cinco ciudadanos cubanos nos convoca a reforzar nuestra solidaridad y demandar nuevamente a Estados Unidos de América a que asuman el reclamo internacional, así como las distintas Resoluciones emitidas por Organismos Internacionales la Organización de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional entre otros y, liberar ya a los héroes cubanos detenidos en su territorio.
El poder legislativo mexicano ha dado muestra fehaciente de su respaldo a dicho reclamo mediante sendos Puntos de Acuerdo, donde destaca la respetuosa solicitud a la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica, por medio de un amicus curiae , misma que planteaba aceptar y aprobar el recurso de apelación presentado por la defensa de los cinco cubanos presos en Estados Unidos, sometiéndolos a un nuevo juicio fuera de Miami con todas las garantías procesales; además de hacer valer la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Asimismo, el 10 de julio 2003, 300 legisladores mexicanos firmaron un documento expresando su honda preocupación por la detención arbitraria y el enjuiciamiento sumario plagado de irregularidades y vicios de que fueron objeto cinco ciudadanos cubanos detenidos en Miami, Florida, Estados Unidos.2
Cabe señalar, además, que se han manifestado múltiples personalidades y organizaciones en favor de la inmediata liberación de los cinco cubanos detenidos en Estados Unidos de América, llamando a que las autoridades ejecutivas y judiciales estadounidenses tomen en cuenta la opinión no.19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Knaul, según los cuales la detención de los cinco ciudadanos cubanos fue arbitraria y en su enjuiciamiento se ha realizado en contravención a normas y principios esenciales del derecho internacional y el debido proceso.3
Es de considerarse que dichos ciudadanos cubanos han sufrido una extensa condena en condiciones hostiles a su integridad psíquica y física, impensable para cualquier otro reo acusado de los mismos cargos, pero sin estar impregnado de las razones políticas que los tribunales y el gobierno de Estados Unidos de América han conferido a este caso y, en el lapso de estos 15 años, la dilación en el otorgamiento de las visas a sus familiares ha originado que en la mayoría de los casos, los mismos hayan podido visitarlos sólo una vez al año como promedio, aún cuando –de conformidad con las regulaciones de las prisiones respectivas- podrían haberlos visitado mensualmente.
Según información del propio ICAP, la jueza Lennard no se ha pronunciado sobre las apelaciones extraordinarias o Habeas Corpus de Gerardo, Ramón, Antonio y Fernando. El Tribunal tampoco ha decidido en relación a las peticiones para obligar al Gobierno de Estados Unidos de América a revelar lo que oculta sobre la operación ilegal mediante la cual organizó, dirigió y pagó a un grupo de periodistas y medios de comunicación para realizar una campaña de odio y amenazas que convirtieron en una farsa el juicio en Miami. Gerardo continúa a la espera de que se le conceda una audiencia en la que podría desmentir el cargo más grave por el que fue condenado a morir en prisión. La Corte no ha decidido respecto a la insólita moción del gobierno que pretende eliminar una parte sustancial de su Habeas Corpus, como tampoco sobre la demanda para exigir a Washington que muestre las imágenes satelitales del incidente del 24 de febrero de 1996.4 Su ocultamiento, durante ya más de 17 años, es la mejor prueba de la total ilegalidad del peor cargo levantado contra el más preso de los cinco.
Ante este complejo escenario Cuba continuará la batalla legal, pero llama a redoblar la solidaridad y movilización de la opinión pública internacional para exigir al Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que haga uso de sus prerrogativas presidenciales y libere a Gerardo, Ramón, Antonio y Fernando.
Las penas de cárcel que están purgando son: Fernando González Llort, hasta el 27 de Febrero del 2014; Antonio Guerrero Rodríguez, hasta el 18 de Septiembre de 2017; Ramón Labañino Salazar, hasta el 30 de Octubre del 2024, mientras que Gerardo Hernández Nordelo ha sido penalizado con dos cadenas perpetuas, mientras que Gerardo Hernández Nordelo ha sido penalizado ¡no con una sino dos reclusiones perpetuas! y, si bien es cierto que René González se encuentra ya en Cuba, tras haber cumplido su injusta condena. Pero los Cinco siguen siendo cinco, pues como él mismo ha expresado, él no será completamente libre hasta que sus otros cuatro hermanos salgan de su injusta prisión, de ahí que la demanda sea la liberación de los cinco.
Esta soberanía debe refrendar su posición en torno a que se haga valer la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU la cual determinó que la detención de los cinco es ilegal y arbitraria, por lo que el exhorto al gobierno de Estados Unidos de América a fin de que adopte “las medidas necesarias para remediar esta situación, de conformidad con los principios expresados en el artículo 14 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos” sigue siendo legítima y válida.
Por lo anteriormente expuesto, presentamos la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, refrenda su respetuoso llamado a las autoridades competentes del Gobierno Federal de Estados Unidos de América de atender la opinión no.19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) así como el Pronunciamiento de la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Knaul, según los cuales la detención de los cinco ciudadanos cubanos fue arbitraria y su enjuiciamiento se ha realizado en contravención a normas y principios esenciales del derecho internacional y el debido proceso.
Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos se pronuncia por la inmediata liberación de los ciudadanos cubanos detenidos injustamente, solicitando respetuosamente al Presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, para que, por razones humanitarias y en estricta justicia utilice la atribución legal que le otorga la Constitución de su propio país y determine la inmediata liberación de dichos ciudadanos cubanos.
Notas
1 Siempre con Cuba, Convoca el ICAP al Encuentro Internacional por la Liberación de Los Cinco. 15 años, Basta!, Consultado el 4 de Septiembre de 2013, ttp://siempreconcuba.wordpress.com/2013/08/13/convoca-e1-icap-al-encuen tro-internacional-por-la-liberacion-de-Ios-cinco-15-anos-basta/
2 Antiterroristas, Parlamentos, Consultado el4 de septiembre de 2013, http://www.antiterroristas.culindex.php?option=com_content&view=art icle&id=79&Itemid=98&limitstart=1
3 Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Consejo de Derechos Humanos, Asamblea General de la ONU, 26 de diciembre de 2011.
4 Siempre con Cuba, Convoca el ICAP al Encuentro Internacional por la Liberación de Los Cinco. 15 años, Basta!, Consultado el4 de Septiembre de 2013, http://siempreconcuba.wordpress.com/2013/08/13/convoca-e1-icap-al-encue ntro-internacional-por-la-liberacion-de-los-cinco-15-anos-basta/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 días de septiembre de 2013.
Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría General de Gobierno de Puebla que esclarezca las violaciones de los derechos humanos padecidas por jóvenes el 5 de mayo, y que la administración estatal detenga el acoso jurídico persistente por el proceso penal, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al gobierno del estado de Puebla que concluya con el procedimiento violatorio de derechos de jóvenes, por motivo de utilizar redes sociales a través del Internet, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
1. El viernes 3 de mayo de este año 2013, tres jóvenes poblanos fueron secuestrado con lujo de violencia por sujetos vestidos de civil. Fueron encapuchados impidiéndoles la vista, recibieron tortura física y psicológica.
2. Néstor López Espinoza de 22 años, Eduardo Salazar Velázquez de 19 e Iván Ismael Guizasola Vázquez de 20 años, fueron detenidos por difundir invitaciones vía las redes sociales a manifestarse en contra de Enrique Peña Nieto durante el desfile del 5 de mayo.
3. Fueron esposados y trasladados a un lugar que no podían identificar. Durante el trayecto los amenazaban con violarlos y matarlos. Fueron obligados a firmar documentos no les dejaron leer. Fue hasta el sábado en la noche que supieron que se encontraban detenidos por autoridades estatales, que los secuestradores y torturadores eran policías ministeriales.
4. A partir de una denuncia anónima fueron acusados de organizar una página en FACEBOOK titulada “Revolución 2013 Puebla”, de la cual recibieron invitación para “asistir” a una manifestación pacífica, el evento llamado “#Op5deMayo”, que se llevaría a cabo el día que se conmemora la batalla de Puebla.
5. Después de estar incomunicados por más de 24 horas, fueron trasladados a los separos, ahí supieron que cambiaron la acusación de “conspiración de motín” por otros delitos que no son graves: resistencia de particulares, portación de instrumento prohibido, denominado “boxer”, y cohecho.
6. Todos estos delitos tienen una característica: la única prueba es la declaración de los policías estatales. Alcanzan fianza, pero como consta en la Comisión Estatal de Derechos Humanos este beneficio fue negado hasta el lunes 6 de mayo por la tarde.
7. Algunos medios amarillistas los tildaron de terroristas y de urdir un plan para atentar contra la vida de Peña Nieto, lo cual es falso. Inclusive en un programa de televisión conducido por Pablo Hiriart, Cadena 3, se utilizaron fotografías de los jóvenes que fueron tomadas por los policías estatales después de haberlos desaparecido por varias horas.
8. El proceso jurídico continúa a pesar de que autoridades locales han reconocido que no han encontrado ningún elemento que les permitiera suponer que se realizaría alguna acción violenta el 5 de mayo. Actualmente, cada semana tienen que presentarme al juzgado a firmar, los policías ministeriales que los detuvieron se han negado 2 veces a asistir al juzgado, ¡los están criminalizando!
9. Es necesario seguir haciendo público todo lo sucedido, porque vivimos en una sociedad mediática dominada por la mentira y en un Estado represor. Es importante difundir este tipo de actos violentos, ilegales, homofóbicos, represivos, injustos e inhumanos; esto no debe seguir sucediendo, hacer uso de su libertad de expresión y de pensamiento, no debe ser motivo de sanción alguna y mucho menos de represión
10. Aparecieron vivos y fueron liberados bajo fianza gracias a la movilización social encabezada familiares, amigos y militantes Morena, por medios de comunicación honestos, gente solidaria, y demás organizaciones que levantaron su mano por los jóvenes y la libertad de expresión. Hoy todos ellos apoyan la defensa legal. Exigimos que el proceso jurídico se esclarezca y que otorguen la libertad absoluta, pues nunca han cometido delito alguno.
11. La visita de Enrique Peña Nieto el pasado 5 de mayo al estado de Puebla, fue mal manejada por el gobierno estatal. Cometieron excesos y abusos. Utilizaron el aparato represor que debiera ser erradicado. La secretaría de gobierno estatal ha estado ausente en toda esta secuela de violaciones a los derechos humanos, salvo por el momento de ordenar el uso del los instrumentos represivos con los que todavía cuentan.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la elevada consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se solicita a la Secretaría General de Gobierno del estado de Puebla, que esclarezca las violaciones a los derechos humanos que padecieron tres jóvenes durante el 5 de mayo, y que el gobierno estatal pare el acoso jurídico que persiste por el proceso penal.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 18 de septiembre de 2013.
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a investigar la responsabilidad de la fuga de amoniaco del pasado 20 de agosto en las inmediaciones de las comunidades de Campo Nuevo y Chivanizá, Oaxaca, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera: El pasado 20 de agosto, cerca de las 15:00 horas se presentó una fuga de amoniaco en uno de los ductos de Petróleos Mexicanos en las inmediaciones de las comunidades de Campo Nuevo y Chivaniza, pertenecientes al municipio de El Barrio de la Soledad en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Presuntamente este problema fue provocado por una retroexcavadora de la empresa Cuadro Rojo, que rehabilitaba la carretera Transístmica a la altura del kilómetro 208 de la vía federal 185, que golpeó el ducto de 10 pulgadas que transporta el químico tóxico.
Este fatal accidente provocó la muerte de 9 personas, al menos 200 intoxicados los cuales fueron hospitalizados, además fue necesaria la evacuación de más de un millar de habitantes de siete comunidades aledañas, las cuales fueron trasladadas en distintos albergues de la región.
Entre las localidades que fueron evacuadas por el accidente se encuentran: El Ajal, Almoloya, Rincón Vaquero, Río Grande, Sardinero, Nacedero, Arroyo Seco, Chivaniza y Campo Nuevo, en El Barrio. Asimismo, Chivela, Morrito, Santa Rosa, Zapote, Mezquite, La Mata, entre otras, de Asunción Ixtaltepec.
La cantidad de amoniaco derramado del ducto de 10 pulgadas Cosoleacaque - Salina Cruz, corresponde al material que se encontraba en más de 20 kilómetros entre Loma Larga y Nizanda, válvulas de seccionamiento que fueron cerradas después del percance.
Segunda: En al menos 10 kilómetros a la redonda, la fuga de amoniaco dejó graves daños a la flora y fauna de diversas localidades del municipio de El Barrio La Soledad y Matías Romero. Lo cual ha dejado en un estado de indefensión a la contaminación a miles de familias campesinas que habitan en el radio afectado.
De acuerdo con reportes preliminares, en varias hectáreas resultaron prácticamente quemados árboles, matorrales y arbustos, así como cultivos de maíz, además de diversas especies de animales silvestres y domésticos.
El recuento aún no termina, pero hasta ahora, tan solo la empresa Compañía Agrícola Barrio Estación Almoloya reclama la indemnización por la afectación en unas 500 hectáreas de su propiedad.
El 3 de septiembre debido al persistente olor, los habitantes de la comunidad de Chivaniza, tuvieron que ser evacuados de sus viviendas y trasladados por cuarta ocasión al albergue municipal ubicado en la ciudad de Matías Romero.
Pemex ya se deslindó de los daños causados por la fuga de amoniaco, mientras que la empresa Cuadro Rojo hizo lo propio diciendo que al momento del siniestro nuestro personal y maquinaria laboraban a una distancia aproximada de 100 metros del lugar de la fuga.
Tercera: Es necesario conocer cómo fue posible iniciar obras con un trascabo justo en donde corre un ducto de amoniaco; quién dio permiso para ejecutarlas; si estaba suficientemente señalizada la presencia del ducto, y de quién es la responsabilidad de que los trabajadores de la obra hayan cavado justo en ese lugar. Pues resulta más que sospechoso que se trabajara de la manera que se hizo si había señalizaciones sobre la presencia de ductos de Pemex en el sitio.
Por la vecindad de varías comunidades con los ductos de Pemex en el Istmo de Tehuantepec, es imperativo que Pemex informe con veracidad y transparencia sobre las causas reales que originaron el accidente, pues no nos encontramos frente a un hecho fortuito; sino ante una negligencia y falta de previsión. Así como tomar cartas en el asunto para evitar un accidente que ponga en peligro nuevamente la vida de las poblaciones cercanas a los ductos de Pemex.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente debe sancionar a los responsables de los daños ambientales causados por la fuga de amoniaco en la zona norte del Istmo.
En síntesis es urgente conocer la magnitud real del desastre y se reparen los daños, además de establecer medidas de prevención, ya que el Istmo de Tehuantepec es una región con una gran existencia de ductos de Pemex.
Por lo expuesto, se pone a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta a Pemex a transparentar las causas reales que originaron la fuga de amoniaco del pasado 20 de agosto entre las comunidades Campo Nuevo y Chivanizá, pertenecientes al municipio de El Barrio de la Soledad en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
Segundo: Se exhorta a la Procuraduría General de la Republica a investigar de manera expedida y profunda la responsabilidad de la fuga de amoníaco en el ducto Cosoleacaque - Salina Cruz, se inicie con los procedimientos administrativos y penales contra quienes resulten responsables y se garantice la inmediata reparación del daño de los deudos y de todas las personas afectadas por el accidente en la zona.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre del 2013.
Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la instauración de un comité de disciplina y ética parlamentarias, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Diputado José Francisco Coronato Rodríguez diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a la consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de lo siguiente:
Consideraciones
EI inicio del siglo XXI se ha caracterizado por ser una época de globalización e interdependencia, regida por continuos cambios y una ciudadanía con mayor presencia y participación en la vida pública. Dichas circunstancias obligan a las estructuras gubernamentales a mejorar su desempeño y niveles de eficacia, debiendo comenzar por generar empatía y ganar credibilidad frente a la sociedad.
Con las nuevas tecnologías los ciudadanos están cada vez mejor informados y en constante comunicación, fenómeno que ha convertido a la sociedad actual en un ente más demandante en comparación con generaciones anteriores. Los mexicanos exigen, para el otorgamiento de su confianza, que la gestión de gobierno genere beneficios tangibles en su vida cotidiana, al mismo tiempo que la conducta de los gobernantes se dé bajo los principios de honestidad, integridad, respeto, eficiencia, imparcialidad, responsabilidad, transparencia, justicia, legalidad y tolerancia.1
Lamentablemente, en nuestros días los antivalores y prácticas corruptas han invadido todos los ámbitos de la vida, el político, el social, el económico y el cultural. Es así que las sociedades contemporáneas viven sumergidas en una crisis de valores, lo que genera una enorme confusión y desorientación en los ciudadanos que la integran, tocando las fibras tanto de gobernantes como de gobernados. Esta situación genera mentes permisivas, que se reproducen en conductas nocivas que afectan el funcionamiento de las sociedades y al mismo tiempo agravan los conflictos nacionales.
La ausencia de los más elementales valores de la ética y la moral, al afectar a las sociedades, inexorablemente afecta también a los Estados en sus diversos poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cuando políticos, jueces, legisladores y demás funcionarios públicos pervierten los valores y principios éticos, se olvidan de cumplir con el objetivo más trascendente de todo gobierno, que es el de impartir justicia garantizando el bien común, teniendo como finalidad preservar la fe y esperanza de la comunidad para lograr un mejor porvenir.
Uno de los principios más valiosos y legítimos de una democracia, es precisamente el inalienable derecho que tiene la sociedad de exigir resultados tangibles a los servidores públicos, por ello, estos últimos no deben anteponer sus intereses particulares o familiares a los de la nación.
Por lo anterior, es menester contribuir al desarrollo de una nueva relación entre el gobierno y la sociedad, sustentada en los valores de la ética, la transparencia y rendición de cuentas, que inspire confianza y seguridad, para que los ciudadanos se sientan tranquilos del actuar de los funcionarios públicos.
En México, uno de los cuerpos colegiados de mayor importancia en la vida democrática de la nación, es la Cámara de Diputados, en la que convergen 500 hombres y mujeres en representación de los intereses y anhelos de más de 112 millones de mexicanos, lo que representa una colosal responsabilidad ante la historia y rumbo de nuestra patria, y exige conducirse bajo los más altos estándares de honorabilidad.
En palabras de Max Weber, todo político que se jacte de serlo, debe tener amor apasionado por su causa, ética de su responsabilidad y mesura en sus acciones.2 Este pensar nos da la pauta para dimensionar la labor que tiene el legislador, que no se limita a la elaboración y mejoramiento de las leyes, sino que le exige hacerlo bajo una conducta ejemplar, pues en su persona ostenta la representación de millones de mexicanos que añoran sistemas institucionales mas incluyentes, pragmáticos y cercanos a su realidad.
Por ello resulta imprescindible insistir como ya lo había hecho al inicio del primer periodo ordinario de sesiones del presente año legislativo el que esta LXII Legislatura asuma como prioridad la creación de un código y un comité de vigilancia de ética parlamentaria, con el propósito de regular la conducta de los Diputados Federales, y que las sesiones del pleno transiten de manera pacífica y ordenada, para lograr los acuerdos que la sociedad demanda, de tal forma que la ciudadana perciba, en el corto plazo, un cambio positivo en su vida, y vuelva a respetar la figura y trabajo de este órgano colegiado.
En el combate a la corrupción y otras prácticas que lastiman a la democracia, los códigos de ética o de conducta son una herramienta esencial, recomendada incluso por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch. Estos códigos han sido adoptados por varios países, pero aun existen muchos otros que carecen de un ordenamiento de este tipo.
A nivel internacional existen claros ejemplos del éxito e impacto que puede llegar a tener una herramienta de regulación de conducta como la antes mencionada, en naciones europeas como Francia, Inglaterra y Alemania, desde hace varios lustros operan este tipo de instrumentos, mismos que en los últimos años se han reproducido con excelentes resultados en Estados Unidos y Canadá, igualmente en algunos países latinoamericanos, entre los que destacan Paraguay, Chile y Perú.3
En el caso de México, en legislaturas pasadas se ha hecho un enorme esfuerzo para regir la conducta del legislador, se han presentado al pleno al menos 15 iniciativas y puntos de acuerdo, que pretendían desde la creación de un ley federal de ética parlamentaria, hasta la integración de una comisión o grupo, que avalado por un código de conducta, se encargaría de vigilar que cada legislador se rigiera por los principios básicos de educación y convivencia. EI último intento se dio en la LX Legislatura, con un proyecto denominado Compromiso de Ética, mismo que carecía de poder coercitivo y nunca fue obligatorio, es decir, estaba sujeto a la mera voluntad de cada uno de los legisladores, provocando que menos de la mitad lo firmara.
Si bien es cierto que en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo por crear un instrumento jurídico que vigile y regule la conducta y desempeño de los legisladores, también lo es que ha hecho falta dar el último paso, aquel que permita hacer realidad un Comité que se encargue de las labores para cumplir con los menesteres de este importante rubro.
EI presente punto de acuerdo busca conminar a esta Cámara a la creación de un Comité de Disciplina y Ética Parlamentaria, que tenga como objetivo primordial la elaboración de un Código de Ética Parlamentaria, de carácter obligatorio y coercitivo, es decir, que contemple sanciones en caso de incumplimiento o reincidencia. Cabe mencionar que el Código de Ética Parlamentaria, deberá contar con un Reglamento, que deberá ser redactado por el mismo Comité de Disciplina y Ética Parlamentaria.
Asimismo, el Comité tendrá la tarea de aplicar y garantizar el cumplimiento del Código de Ética, del Reglamento de la Cámara de Diputados. De igual manera, deberá dar seguimiento a las quejas, observaciones y demás asuntos relacionados con la conducta de los legisladores, además, estará facultado para investigar sistemática y constantemente las mejores prácticas legislativas alrededor del mundo, con el propósito de replicarlas en nuestro sistema legislativo.
Esta propuesta se plantea ante la inminente necesidad de devolverle a la Cámara de Diputados el contenido ético que perdió hace mucho tiempo. La realidad es que la gente ha dejado de creer en la seriedad y capacidad de este órgano legislativo, y es nuestra obligación recuperar la credibilidad que en los últimos años ha sido puesta en duda. De no afrontar este reto ahora, habremos dejado pasar una invaluable oportunidad y habremos fallado como legisladores federales.
Con ello, se busca hacer más eficiente el proceso legislativo, transparentar el uso de los recursos, mejorar la imagen que la sociedad tiene de los legisladores y ubicar a la ética como un valor central de nuestra tarea parlamentaria.
La presente Legislatura ostenta la histórica posibilidad de sentar un precedente en materia de valores y ética parlamentaria, que enarbole los valores más puros y significativos de la dignidad humana, para cumplir y afrontar con responsabilidad la tarea que los ciudadanos han encomendado, y así, recordarnos a nosotros mismos el valioso arte de servir a través del buen gobernar, que es el fin último de la política.
De materializarse esta proposición de punto de acuerdo, habremos cumplido con una parte esencial de nuestra tarea como legisladores federales, que es la de crear los mejores escenarios para elaborar y reformas leyes de manera optima, tomar decisiones de forma sensata, buscar siempre el bien común y el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos.
La sociedad mexicana, en su legitime derecho, nos exige desempeñar con mesura y responsabilidad el cargo que nos confirieron, he ahí donde radica la urgencia de realizar este ejercicio de autoevaluación y autocritica, con el propósito de mejorar nuestra calidad de legisladores y lograr la reivindicación de la política mexicana. Es nuestro deber actuar a la altura de nuestra investidura y juntos, lograr refrendar la fe de los mexicanos y dignificar al Poder Legislativo.
Por lo anterior, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a esta honorable asamblea a que se instaure un Comité de Disciplina y Ética Parlamentaria, con el propósito de que se elabore y vigile el cumplimiento de un Código y Reglamento de Ética para esta Cámara de Diputados, y además el Reglamento de la Ley Orgánica del honorable Congreso de la Unión, con la finalidad de regular la conducta de los Diputados Federales, hacer más eficiente la labor legislativa y mejorar la imagen que la sociedad mexicana tiene del Poder Legislativo.
Notas
1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Estudio sobre “Los principios básicos de ética pública más mencionados por los estándares de conducta de los países miembros”.
2 Max Weber. El político y el científico. La política como vocación. 1919.
3 Chávez Hernández Efrén. Ética en el Poder Legislativo. Boletín de Derecho Contemporáneo. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México, D.F., 2011.
Dado en el Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, a 18 de septiembre de 2013.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la República y a los titulares de la Ssa, de la Sedena, de la Semar, del IMSS, del ISSSTE y de Pemex a transparentar los procesos de las licitaciones públicas para contratar los servicios de laboratorios clínicos y bancos de sangre en esas instituciones, a cargo de la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 82, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 6 fracción I, 79 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a este pleno el siguiente punto de acuerdo para exhortar al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a los titulares de la Secretaría de Salud, Mercedes Juan López; de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda; de Marina, Francisco Soberón Sanz; y a los directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Antonio González Anaya; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Sebastian Lerdo de Tejada; y de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austín, para que se transparenten los procesos de las licitaciones públicas para la contratación de los servicios de laboratorios clínicos y bancos de sangre en estas dependencias del gobierno federal, al tenor de la siguientes
Consideraciones
El pasado 8 de julio del presente año el presidente de la República Enrique Peña Nieto, dio a conocer la Estrategía de Contratación Pública cuyos objetivos centrales son acelerar las contrataciones y asegurar que éstas se realicen bajo los principios constitucionales de eficacia, economía, transparencia y honradez, en este mismo sentido el titular del Ejecutivo federal señaló que para 2013 se destinarán para contrataciones públicas 365 mil 129 millones de pesos, es decir, más de mil millones de pesos diarios.
El presidente de la República señaló que la Estrategía de Contratación Pública tendrá como base el sentido común, utilizar el tamaño del gobierno federal para comprar más barato y lograr que el dinero público que es de todos los mexicanos rinda mucho más, a traves de compras consolidadas, contratos marco, subastas en reservas y un mayor uso de las tecnologías de la información, mediante licitaciones electrónicas.
Como parte de la Estrategía de Contratación Pública el presidente de la República señaló que se promoverá la adquisición de bienes y servicios en donde participarán las Mipymes de todo país a través de contratos marco, el contrato marco consiste en un convenio general que celebran una dependencia federal con uno o varios proveedores, y que se fijan condiciones de precio y calidad del bien y servicio, la ventaja es que podrán adherirse a él otras dependencias que requieran un producto o servicio similar.
Enrique Peña Nieto también anunció que se incluirá la figura de contratación pública conocida como subasta en reserva, a direfencia de la subasta normal, donde gana quien ofrece más, aquí el contrato lo gana el proveedor que ofrece el menor precio.
La importancia del incluir en el presente punto de acuerdo la contratación de los servicios de laboratorios clínicos y bancos de sangre, es por la cantidad de recursos que se destinarán a los contratos públicos y que anunció el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 8 de julio en la presentación de la Estrategía de Contratación Pública, y selañó que en el mes de julio se suscribirá el contrato marco entre la Secretaría de Salud y más de 25 laboratorios, para la compra de medicamentos de patente por un monto estimado de 13 mil 27 millones de pesos, y que bajo la conducción del Instituto Mexicano del Seguro Social se iniciaron los trabajos para la licitación consolidada de más de 900 distintos medicamentos y más de mil 800 claves de materiales de curación, para el sector salud, incluyendo al ISSSTE, la Secretaría de la Defensa (Sedena), a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de Salud, esta adquisición será de 42 mil millones de pesos.
Es importante señalar y preguntar al presidente de la República y demás titulares del gobierno federal ¿si la Estrategía de Contratación Pública está encaminada a terminar con el oligopolío que durante los doce años de adminsitraciones panistas, y hasta nuestros días, siguen dominando el mercado del sector salud? Me refiero a las empresas transnacionales Productos Roche, Johnson & Johnson, Siemens, Abbott, Beckton Dickinson , Biomerieux , IL Diagnostics, Beckman Coulter que a través de los contratos adjudicados a las empresas Instrumentos y Equipos Falcón, SA de CV, Selecciones Médicas SA de CV, DICIPA SA de CV, Impromed SA de CV, Centrum Promotora Internacional SA de CV y Hemoser SA de CV, han sido las más beneficiadas.
No podemos dejar de lado que las empresas distribuidoras: Instrumentos y Equipos Falcón, SA de CV, Selecciones Médicas SA de CV, DICIPA SA de CV, Impromed SA de CV, Centrum Promotora Internacional SA de CV y Hemoser SA de CV, fueron las principales beneficiadas por la licitaciones nacionales públicas mixtas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), con la representación de las transnacionales Productos Roche, Johnson & Johnson, Siemens, Abbott, Beckton Dickinson , Biomerieux , IL Diagnostics, Beckman Coulter.
Concretamente en la contratación de servicios integrales de laboratorío y bancos de sangre de clínicas y hospitales del ISSSTE, los resultados fueron desastrosos para los derechohabientes de este organismo de salud, esto se acredita con la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10-1-00GYN-02-0860 realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cuenta Pública de 2010.
Al respecto la ASF señala en el citado informe de la Cuenta Pública del 2010 lo siguiente, concretamente en la página 10: “Por lo anterior, se observó que los costos unitarios en el contrato plurianual abierto a la prestación del servicio integral de laboratorios de análisis clínicos y bancos de sangre en unidades médicas hospitalarias y no hospitalarias del ISSSTE, fueron mayores que en las adjudicaciones realizadas en el hospital en el ejercicio de 2010 dentro de un parámetro de 10.8 al 776.1 por ciento. De acuerdo con estimaciones de la ASF, al ejercer el monto máximo del contrato con el mismo número de pruebas, el incremento en los costos resultó mayor que las erogaciones que se efectuaban con los proveedores salientes”
El dictamen del 2010 de la ASF realizado al ISSSTE fue negativo y el organismo fiscalizador concluyó lo siguiente:
“La Auditoría Superior de la Federación considera que en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspodiente de este informe, donde destacan los siguientes: carece de normatividad para determinar las necesidades de las unidades médicas respecto de los servicios médicos; la cantidad de pruebas estipuladas en el cuerpo de los contratos números LPN-CS-DA-SRMS-149/2010 y 150/2010 no coinciden con la establecida en sus anexos, algunas pruebas resultaron más caras que las presentadas en el estudio de mercado , aun sin considerar los insumos; además, en el caso del hospital regional 1o. de Octubre” los costos de 72 pruebas pactados en el contrato son superiores de 10.8 por ciento a 776 por ciento a los proveedores anteriores y se realizan con equipos de misma tecnología y no se asignaron las pruebas de laboratorio necesarias para transfundir sangre, entre ellas las requeridas para realizar transplante de órganos, por lo que a la fecha de la auditoría (octubre de 2011) no se había realizado pruebas de compatibilidad HLA a 58 pacientes para efectuar los trasplantes; asimismo; el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, no hizo 142 mil 034 pruebas de laboratorios y el hospital regional 1o. de Octubre, 12 mil 046 ya no se incluyeron en la litación, como tampoco los insumos para efectuarlas; los laboratorios del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, y el hospital regional 1o. de Octubre, carecen de controles de calidad externos que garanticen la calidad y confiabilidad de la pruebas que realizan, ya que no se incluyeron en la licitación; y en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, se detectó un equipo de artroscopía que no se ha utilizado desde abril de 2010”. De lo anterior se concluye que aun cuando no se ha realizado ninguna erogación por este equipo, ya que no ha sido utilizado, existen deficiencias en la determinación de las necesidades de las unidades médicas, ya que se asignaron equipos que no se utilizan.
Así como en el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondiente al ejercicio 2011 en donde se señala lo siguiente y concretamente en la página 20
Dictamen: negativo
“La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas.
21 que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.
La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la subcontratación de servicios, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, las cuales se originaron debido a deficiencias en la gestión financiera, entre las que destacan las siguientes: al 31 de diciembre de 2011, se reportó un pasivo circulante por 503,874.9 miles de pesos, el cual no corresponde a gastos efectivamente devengados; no cuenta con indicadores de gestión y desempeño para evaluar los servicios de laboratorio de análisis clínicos y banco de sangre, ni con un sistema informático para su seguimiento; asimismo, en su contratación no se incluyeron pruebas de laboratorio o no fueron asignadas a las unidades médicas, así como tampoco los materiales y reactivos necesarios para realizarlas, por lo que se han tenido que adquirir con presupuesto de los hospitales; existen pruebas y procesos que no cuentan con controles de calidad externos; los hospitales muestreados manifestaron deficiencias en el abasto de insumos y reactivos (no se entregan en tiempo, o se entregan incompletos, se entregan reactivos con fechas de caducidad corta); las pruebas para pacientes de trasplantes no fueron asignadas para los hospitales regionales 1o. de Octubre, Licenciado Adolfo López Mateos y Doctor Valentín Gómez Farías, así como el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, unidades médicas que realizan esta clase de operaciones, y se recibió e instaló equipo en fechas posteriores a la establecida en los contratos. Además, en los hospitales regionales León y Doctor Valentín Gómez Farías, los costos de algunas pruebas, estipulados en el contrato LPN -CS -DA -SRMS -150/2010, fueron mayores en 3 mil 648.6 y 5 mil 293.8 pesos, respectivamente, que los que pagaba mediante contratos anteriores que ellos mismos adjudicaban.”
Con estos resultados de la ASF de 2010 y 2011 se demuestra que las empresas distribuidoras como: Instrumentos y Equipos Falcón, SA de CV, Selecciones Médicas SA de CV, DICIPA SA de CV, Impromed SA de CV, Centrum Promotora Internacional SA de CV y Hemoser SA de CV; formaron un mercado oligopólico en el sector de la salud y no representaron la mejor opción en las contrataciones públicas de los últimos seis años, además se incrementó el costo de los reactivos contratados por más de dos mil millones de pesos en relación a las contrataciones anteriores que se llevaban a cabo mediante las Mipymes de todo el país.
Las Mipymes en un escenario de competencia ofrecían mejores servicios y costos benéficos para el Fovissste e IMSS, sólo basta señalar que estas prácticas oligopólicas dejaron fuera de las licitaciones aproximadamente a 500 micros y pequeñas empresas distribuidoras del sector.
Por este motivo de los aproximadamente 85 mil millones de pesos que se licitarán para el sector salud en el presente año, se tiene que realizar concursos públicos de manera transparente en la contratación de los Servicios de Laboratorios Clínicos y Bancos de Sangre de hospitales y clínicas, para que en las licitaciones públicas plurianuales del IMSS, ISSSTE y SSA participen las MiPymes.
Por todo lo anterior, presento al pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al presidente de la República, Enrique Peña Nieto; a los titulares de la Secretaría de Salud, Mercedes Juan López; de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda; de Marina, Francisco Soberón Sanz; y a los directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Antonio González Anaya; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Sebastian Lerdo de Tejada; y de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, para que se transparenten los procesos de las licitaciones públicas para la contratación de los servicios de laboratorios clínicos y bancos de sangre en estas dependencias del gobierno federal.
Segundo. Que en las licitaciones públicas plurianuales del ISSSTE e IMSS participen las MiPymes de todo país y que se cumpla con el porcentaje de contratación de éstas de acuerdo a lo estipulado por la Secretaría de Economía para cada dependencia.
Tercero. Que en las licitaciones convocadas por las instituciones de salud de los gobiernos federales y estatales se eliminen los conceptos o condiciones que limitan la libre participación de las Mipymes, éstas se deberán llevar a cabo de manera descentralizada, que cada entidad cuente con la autonomía para adjudicar de acuerdo a las necesidades de los servicios de salud de la localidad, se lleven a cabo por nivel de servicio ya que la atención de primer y segundo nivel representan 70 por ciento de los servicios institucionales a nivel federal, con lo que se logrará la mayor participación de Mipymes, asimismo los puntajes de evaluación en las licitaciones, se le dé primordial preponderancia a precio, calidad, oportunidad y servicio.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2013.
Diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica)