Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a permitir tanto la firma de convenios de coordinación con autoridades locales en materia de vialidad como, entre otros fines, la libre circulación de unidades de transporte de bienes y personas sin el requisito de placas federales en el estado correspondiente, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Abel Octavio Salgado Peña, diputado federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, fracción I; así como en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracción I, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La labor del sector autotransporte en el país, no sólo se ciñe a atender las necesidades de los sectores que integran la economía del país, a lo largo y ancho de éste, sino que cumple un importante factor de enlace y movilidad en tan sólo una entidad federativa.

Por citar algún ejemplo, la movilización de la producción de la zafra azucarera de Veracruz o Jalisco, está dada en las mismas entidades federativas de producción, con el objeto de estar en condiciones de transformar la caña en azúcar para su venta al consumidor final.

En las mismas circunstancias se encuentran las fincas cafetaleras de Chiapas, Nayarit o Colima, cuyo proceso de producción se encuentra normalmente en el mismo lugar de cosecha y quizás tan sólo recorriendo algunos kilómetros de distancia, para estar en condiciones de que los granos de café inicien el proceso de producción correspondiente.

Los anteriores, son tan sólo un par de ejemplos de movilidad local con fines de transformación en el proceso para transformar algún producto en un bien de consumo.

Pese a lo anterior, el sector autotransporte se ha encontrado con las disposiciones de la Policía Federal, quienes detienen las unidades de transporte con el argumento de no contar con placas de autotransporte federal, para el transporte de bienes o personas, cuando sólo se presenta al interior de una Entidad Federativa, como lo citado en párrafos anteriores.

Nos parece que esta medida es unilateral por parte de la Policía Federal, y abre condiciones que generan corrupción, ya que sin necesidad alguna, los vehículos que transportan bienes o personas al interior de una Entidad Federativa, son detenidos y sus conductores en ocasiones son amenazados con consignar el vehículo, a cambio de alguna dádiva.

No obstante lo anterior y con el objeto de establecer condiciones mínimas de seguridad para las carreteras en las Entidades Federativas, creemos necesarias las revisiones de la autoridad de seguridad federal a los vehículos citados, sin que estos vehículos traspasen los límites de la Entidad en donde prestan sus servicios.

Por lo anterior, llamamos a la autoridad de la Policía Federal así como a la autoridad de vialidad de las Entidades Federativas, a establecer convenios de coordinación, que permitan la libre circulación de bienes o personas al interior de alguna Entidad Federativa, sin necesidad del requisito de las placas de autotransporte federal.

Por lo anterior y con fundamento en lo antes expuesto, es que ponemos a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta al gobierno federal, para que gire instrucciones que permitan suscribir convenios de coordinación con las autoridades locales en materia de vialidad y que permitan, entre otros fines, la libre circulación de unidades de transporte de bienes y personas, sin el requisito de placas de autotransporte federal, en el interior de la entidad federativa correspondiente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2013.

Diputado Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a hacer públicos los montos de las condonaciones en materia de ISR en cada estado y el Distrito Federal; y a la ASF, a iniciar revisiones para determinar si los condonados a estados y a municipios por ese concepto correspondientes a 2012 se utilizaron para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos y no para resarcir adeudos de gobernadores o de presidentes municipales, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Mariana Dunyaska García Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Antecedentes

1. El día 12 de febrero del año 2013, un grupo de 19 contribuyentes presentó una demanda de amparo en contra el artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013, que condona 60% de las deudas de estados y municipios por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que cobran a sus empleados.

En conferencia de prensa, integrantes de la organización “#Yo Contribuyente” aseguraron que la falta de esos recursos generará un “boquete fiscal” incalculable.

Comentaron que mientras por un lado la Ley otorga beneficios fiscales a gobiernos locales que han mal administrado sus recursos, por otro exige el pago de impuestos completos al resto de los contribuyentes.

Aseguró que la Ley de Ingresos de la Federación permite un beneficio fiscal sobre el cargo del ISR de los trabajadores, equivalente al 60 por ciento para 2013 y del 30 por ciento para 2014.

Con esto los estados y municipios sólo son vehículos transitorios que detentan esos recursos y que su condonación permite que estos gobiernos locales quedarse con los impuestos cobrados a sus trabajadores, convirtiéndose así los Estados y Municipios en recaudadores fiscales indirectos.

De esta forma, al aprobar una especie de rescate financiero a estados y municipios equivale a un “borrón y cuenta nueva” a entidades federativas y municipios en la medida en que cancela pasivos a cargo de los beneficiarios, beneficiando a aquellos estados o municipios que no han logrado realizar administraciones confiables.

Con esta medida se violenta flagrantemente lo establecido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

La deuda total de estados y municipios ha crecido en México un 150% en los últimos seis años, según datos de JP Morgan y se elevaba, solo a medio y largo plazo, a $434.000 millones de pesos, a finales de 2012, según datos de la Secretaria de Hacienda. El dato de la deuda fiscal perdonada no se conoce, porque la condonación se hace mediante convenios con el Gobierno Federal que no son públicos, pero se estima según fuentes gubernamentales, ofrecía una cifra de $13.000 (Trece Mil Millones de Pesos).

El impulsor de #Yocontribuyente , Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, un organismo independiente, señaló: “Están violando el principio constitucional de que los impuestos sean proporcionales y equivalentes y están generando una casta privilegiada. Si un patrón hiciera eso le caerían nueve años de cárcel”, explica. Según él no se trata solo de que ese “borrón y cuenta nueva” sea injusto.

Históricamente, los estados y municipios han dejado de pagar el ISR retenido a sus trabajadores. La causa principal fue que durante décadas las entidades federativas y los municipios no lo retuvieron efectivamente, y la federación no les exigía su pago. La justificación fue, y aún lo es, que la retención efectiva del ISR habría implicado la reducción de los sueldos de los trabajadores burócratas. Un problema al que no se ha encontrado solución estructural alguna.

La Ley de Ingresos fue aprobada en la Cámara de Diputados por 446 votos a favor, 19 en contra y siete abstenciones, y en el Senado con 101 a favor, 16 en contra y dos abstenciones. Pero las declaraciones posteriores de algunos parlamentarios dan a entender que se tramitó en ambas cámaras un tanto a la ligera. La senadora del PAN Laura Rojas admitió su equivocación por haber apoyado la medida. “Reconozco en lo personal que fue un error haber votado a favor de la exención de ISR en estados y municipios”, dijo. Rojas dio la razón a los contribuyentes que presentaron el amparo y aseguró que pedirá a la Secretaría de Hacienda que realice un plan de acción correctivo. Su compañero de partido Javier Lozano, por su parte, fue aún más directo: “Nos han metido un gol”.

Para los impulsores de la iniciativa el asunto es aún más grave por cuanto la ley prevé perdonar incluso impuestos que aún no se han devengado, ya que contempla condonaciones del 60 por ciento de la deuda fiscal que se genere en 2013 y del 30 por ciento de 2014.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público avalaron la condonación de adeudos fiscales a estados y municipios para ejercicios anteriores a 2012, que en opinión de expertos fiscales es una violación flagrante a la Ley del Impuesto sobre la Renta y a preceptos Constitucionales.

Además, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 -aprobada por senadores y diputados en diciembre pasado- establece en el Artículo 9 que en el caso del ejercicio 2013 los gobiernos sub nacionales podrán aplicar el 60 por ciento a los adeudos y 30 por ciento para 2014, medidas que a juicio de los expertos equivalen a un rescate financiero

En el último trimestre de 2012, la deuda de estados y municipios de México creció $27,996.6 millones de pesos, con lo que su saldo al cierre de ese año se ubicó en 434,761.2 millones de pesos, de acuerdo con cifras que dio a conocer el 18 de febrero pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El endeudamiento de los gobiernos estatales aumentó 11.25 por ciento, o 43 mil 983.7 millones de pesos, desde los 390 mil 777.5 millones en que se ubicaba a diciembre de 2011, lo que significa que creció 120.5 millones de pesos por día, revelan los datos de la dependencia.

“Como cualquier empresa, los estados y los municipios retienen el ISR de sus trabajadores para después enterarlo al fisco, pero no lo hicieron y se lo gastaron. (Al representante legal de) una compañía que no entere este impuesto la meten a la cárcel porque es un delito de recaudación”, explica el socio de Impuestos de la firma consultora PwC, Pedro Carreón.

En la Ley de Ingresos para 2013 vuelven a cancelar todos los impuestos de 2012 hacia atrás –sin condición alguna– al 100 por ciento, pero sólo pagando diciembre de 2012 dando todos los beneficios, menciona en su blog el abogado de la Escuela Libre de Derecho, Luis Pérez de Acha.

Es una situación injusta, que equivale a un rescate financiero. No se da explicación alguna de la medida tomada por el Congreso; se tomó una decisión unilateral, sin fundamentación, sin dar razones de por qué se les volvía a conceder ese beneficio, una especie de privilegio, sobre todo porque en 2008 se dijo que era la solución integral y definitiva.

Los programas de condonación fiscal no son la base, ni el cimiento para construir una responsabilidad colectiva de los mexicanos y de las autoridades para garantizar el financiamiento del Estado mexicano y violenta la equidad de las personas en nuestro país.

Lo que generan es un premio a la evasión, un premio a la elusión fiscal y hacer sentir a los contribuyentes cumplidos que se los están “llevando al baile’. Y además en el contexto de la discusión de una reforma fiscal.

Todos los asalariados del país que estamos en la economía formal generamos ISR. Lo que el SAT permitió a gobiernos estatales y municipales es quedarse con ese impuesto –que se lo debían enterar a las autoridades federales–, lo cual viola la Constitución, que establece que todas las contribuciones de los mexicanos deben ser equitativas y proporcionales”.

Con esto se constituye una violación a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al aprobar un crédito, una deducción y un privilegio fiscal sin asignarle una cuantificación.

Resalta que los estados pueden entrar a este programa y “esta amnistía que se da en este vehículo es para facilitar que se hagan las cuentas entre ellos”.

Con este hecho; a los gobernadores y los presidentes municipales, les están dando el beneficio de estos fondos de los que ellos básicamente no son dueños. En todo caso, si hubiera una exención fiscal de algún tipo tendría que ser para los propios trabajadores, porque ellos son los que generaron el impuesto”.

Estas condonaciones se dieron a la luz de lo que establece el último párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, que señala:

Artículo 9. Las participaciones que corresponden a las entidades y los municipios son inembargables, no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por los estados o municipios con autorización de las legislaturas locales, e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios.

Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados y autónomos que se hubieran adherido al “Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008, se les extenderá el beneficio referido en el artículo segundo, fracción I de dicho Decreto, hasta el ejercicio fiscal de 2012 y anteriores, siempre y cuando se encuentren al corriente en los enteros correspondientes al mes de diciembre de 2012. Dichos órdenes de gobierno, en lugar de aplicar los porcentajes establecidos en el artículo segundo, fracción II del mencionado Decreto, podrán aplicar el 60 por ciento para el año 2013 y el 30 por ciento para el año 2014.

Lo anterior es totalmente contradictorio a lo que establece nuestra carta magna al señalar que “Los estados y municipios, al igual que los patrones del sector privado, tienen la obligación de retener el ISR generado por sus empleados y entregarlo al Sistema de Administración Tributaria del gobierno federal”.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que informe a la opinión pública, los montos de las condonaciones en materia del impuesto sobre la renta (ISR), en cada uno de los estados del país y del distrito federal, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 9, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013; y

Segundo. Se exhorta a la Auditoria Superior de la Federación, para que inicie las auditorias para determinar si los recursos condonados a estados y municipios por concepto del impuesto sobre la renta correspondientes al ejercicio fiscal 2012 fueron utilizados para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos y no para resarcir adeudos irresponsables de gobernadores y/o presidentes municipales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2013.

Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la SCT y de la SHCP a integrar en la glosa del primer Informe de Gobierno el tema de la vulnerabilidad satelital de México, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Lizbeth Rosas Montero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En años recientes y aún, en semanas pasadas, nos hemos enterado de la forma en que Estados Unidos espía lo mismo a países y gobiernos aliados, que a rivales en todo el mundo. Mediante las revelaciones en antiguos analistas y empleados, la llamada Red Digital de Inteligencia, creada por la Agencia Nacional de Seguridad, a su vez, perteneciente al Departamento de Defensa del gobierno de ese país, ha sido posible un espionaje a escala planetaria, gracias al desarrollo de tecnología y sobre todo, a las condiciones para poder transmitir y almacenar información mediante una sofisticada red de satélites.

La posibilidad de intervenir miles, cientos de miles de correos electrónicos, llamadas telefónicas, acceso a cuentas en las redes digitales con contenidos personales, diariamente, de acuerdo a testimonios de responsables de agencias de seguridad e inteligencia estadounidense, sólo es viable a través de los recursos que aporta el desarrollo tecnológico en las áreas de informática y de las industrias satelital y aeroespacial.

Otro caso reciente y muy polémico también fue el descubrimiento de sistemáticos asaltos informáticos (en la terminología de la defensa y la seguridad se le conoce como la ciberguerra) a dos periódicos estadounidenses, procedentes de servidores ubicados en la República Popular de China, de acuerdo con información dada a conocer por los propios diarios. También como en el caso de la Red Digital de Inteligencia, la posibilidad de realizar ese tipo de actos, es debido a las condiciones de competencia real que hay en el espacio para el control, y de ser necesario, el bloqueo de satélites rivales.

Pero no sólo es eso. Para el caso de México la situación es crítica. El satélite más reciente, adquirido por el gobierno anterior a la empresa Boeing Military , para recuperar, almacenar y transmitir información crítica y de seguridad nacional, impide a todas luces, tener plenas garantías de manejo exclusivo y confidencial por parte de las autoridades mexicanas.

No hay duda, que buena parte de las seguridades internacional, regional y nacionales se ubican en las condiciones tecnológicas en que cada país pueda tener acceso a sus recursos científicos y tecnológicos aeroespaciales y satelitales.

La industria satelital de México. En 1968, con la transmisión de los Juegos Olímpicos de 1968 se inaugura el sistema Intelsat. A lo largo de los años, los satélites Morelos I y Morelos II (1985), Solidaridad 1 y 2 (1993-1994), fueron las expresiones más importantes de una capacidad propia para gestionar la información desde el espacio.

En 1995, comienza el desmantelamiento y privatización de la industria satelital, que culmina en 2011, con la venta de la participación del gobierno en la empresa Satmex.

Esta empresa, cuya venta total a capital francés fue anunciada el martes 30 de julio pasado, no ha merecido ni atención ni comentario alguno del gobierno federal. Tal parece que no fuera ni relevante ni estratégico el tema para el desarrollo soberano e independiente del país, en un ámbito en donde se darán y ya se dan, parte de los conflictos de intereses mundiales.

Satmex es la única empresa operadora de satélites en México. Su venta significa, en pocas palabras, la exposición y vulnerabilidad de nuestro país, en el cerrado y dinámico ambiente de las disputas por el control, por ejemplo, de recursos hídricos o bien, la disposición de información clave respecto de las patologías del sistema de salud público. La gama de información recuperada y transmitida que pone en serios predicamentos al Estado y nación mexicanos, que rebasa por mucho, la limitada y estrecha visión de ganar unos millones dólares aquí o allá.

Gracias a la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, es posible la venta total o la creación a un 100 por ciento, de empresas de capital extranjero en la industria satelital. Esto no estaría mal, si México tuviera una propia y consolidada presencia en material satelital, pero cuando no es así, cuando se sigue privilegiando sin más, las ganancias e inversiones aún por encima de los intereses de la Nación, los riesgos ante un ambiente que va justo en sentido contrario, nos indica qué tan clara y precisa es la estrategia en materia de seguridad nacional y de desarrollo tecnológico independiente.

La empresa francesa Eutelsat fue la que adquirió Satmex por un monto de 831 millones de dólares. Que como ha sucedido y sucede, la gestión privada de empresas anteriormente paraestatales mexicanas, fue un rotundo fracaso, sin que haya a la fecha, ninguna responsabilidad sobre los dueños (empresarios mexicanos) y de cómo cometieron fraudes contra sus mismas empresas, antes propiedad pública.

Es por eso que en el marco de la Ley de Seguridad Nacional, a tres de los consejeros en esta materia, como lo son los secretarios de estado aludidos, según el artículo 12, fracciones II, VI y IX de la precitada ley, se les exhorta a que, nos expliquen en la glosa, como seguramente sucedió, en el marco del cumplimiento del artículo 13, nuevamente de la misma Ley de Seguridad Nacional, expliquen cómo deliberaron, establecieron y articularon la política en materia de seguridad nacional, sobre todo en torno a los lineamientos para regular el uso de aparatos útiles en la intervención de comunicaciones privadas, tal y como reza la fracción VII, entre otras consideraciones.

Por lo expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición conforme con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong; de Comunicaciones y Transportes, licenciado Gerardo Ruiz Esparza; y de Hacienda, licenciado Luis Videgaray Caso, a que, en la glosa del primer Informe de Gobierno, integren el tema de la vulnerabilidad satelital de México, dando a conocer al pleno legislativo en donde comparezcan, al menos los siguientes temas, según su materia de responsabilidades:

1) Las circunstancias a detalle por las cuales se vendió el 100 por ciento del capital de Satmex y cuál fue la posición del gobierno federal; así como el estudio que revele las consecuencias que tendrá para la independencia y soberanía de México en cuanto a recuperación, almacenamiento y transmisión de información crítica del Estado Nacional.

2) ¿Qué aspectos de la seguridad nacional pueden verse afectados por esta pérdida absoluta del Estado mexicano y del gobierno en turno de la capacidad para gestionar de manera autónoma la información crítica de los sitios de internet públicos vía satélite en nuestro país?

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2013.

Diputada Lizbeth Rosas Montero (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al Instituto Nacional de Migración a fin de que informe a la opinión pública sobre los costos, los alcances y las implicaciones de la implantación del Programa de Captación de Datos Biométricos para Migrantes Centroamericanos, a cargo de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Cámara de Diputados, Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de su competencia, instruya al Instituto Nacional de Migración, para que informe a la opinión pública los costos, alcances e implicaciones de la Implementación del Programa de Captación de Datos Biométricos para Migrantes Centroamericanos, al tenor de los siguientes:

Considerandos

1. Que el concepto de seguridad nacional, se entiende de manera generalizada, como las condiciones que garantizan la soberanía de un Estado ante las amenazas transnacionales que se presenten. Al respecto Jorge Chabat, señala que la seguridad nacional “está condicionada por la inserción específica de cada país en la política mundial, lo cual permitiría plantear la existencia de seguridades nacionales diferentes y particulares de cada Estado”.1

2. Que la seguridad en el sentido tradicional se refiere a la protección individual de los Estados de su territorio. Los acontecimientos que rodearon al 11 de septiembre, han redefinido la seguridad de los Estados y la importancia de la distribución y recopilación de información global, donde las nuevas medidas de seguridad y convenios tienen un impacto en la migración.

3. Qué para convertir la información solicitada en un producto de inteligencia, se debe implementar un ciclo preciso de recolección, análisis, procesamiento y diseminación de datos que transforme esta información en un sistema estadístico y de seguridad que permita detectar y eliminar los riesgos a la seguridad nacional.

4. Que sí bien es cierto a nivel mundial, el flujo de personas a través de las fronteras, siempre ha sido supervisado con respecto a la seguridad de los Estados, el enfoque actual se sitúa en verificar previamente los perfiles personales y hacer más rigurosos los esfuerzos por impedir que las personas identificadas como posibles amenazas para la seguridad crucen las fronteras.

5. Que en un enfoque de seguridad moderno, se debe considerar una inteligencia básica y una estimativa, situación que representa un gran reto, ya que los flujos migratorios internacionales, si no son supervisados correctamente, pueden repercutir en el aumento de actividades de la delincuencia organizada transnacional al interior del Estado receptor, tales como el narcotráfico, la trata de personas, la migración ilegal y el contrabando de armas.

6. Que desde inicios de la década de los 90, del siglo XX, se hicieron los primeros intentos por implementar programas biométricos en los Estados Unidos de Norteamérica y algunos países europeos. Con la llegada del nuevo siglo y ante las constantes amenazas de grupos terroristas, la biometría (entendida esta como el reconocimiento facial, las exploraciones de iris, la reproducción de huellas digitales y la geometría de manos), se presentó como una solución de protección contra los flujos migratorios y de inseguridad hacia el Estado.

7. Que a partir de la segunda década de este siglo, el paradigma de la seguridad nacional y de las políticas migratorias, han sufrido un cambio sustancial, donde además de el aumento en la tecnología, se ha establecido un mayor respeto a los Derechos Humanos de las personas, lo que ha dado como resultado el establecimiento de convenios y cambios en diversas legislaciones.

8. Que el tráfico de migrantes se ha convertido en un problema preponderante; junto con el tráfico de drogas, siendo esta una de las fuentes de ingreso más importantes para el crimen organizado. De ahí que el enfoque con el que se aborda a los flujos migratorios varía según los intereses nacionales de seguridad. Mientras que en Estados Unidos la prioridad es prevenir la entrada de terroristas y criminales, en nuestro país se busca contener el flujo de centroamericanos indocumentados por nuestro territorio, debido a que además de los problemas de empleo, salud e inseguridad, estos se han convertido en un blanco fácil de los grupos de la delincuencia organizada.

9. Que a partir de estas premisas, los gobiernos han construido un nuevo esquema de información basado en cuatro categorías: Información biográfica , que se constituye por el nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, sexo, estado civil, nacionalidad actual y de origen, datos del documento de viaje, domicilio, información de parientes e información de contactos en el lugar de destino. Datos biométricos, que incluye fotografía de rostro y captura de huellas dactilares, escáner del iris, la retina y la voz. Datos estadísticos, que son aquéllos referentes al destino y propósito del viaje, duración de la estancia, fechas de llegada y de salida. Preventivos , que permiten la detección oportuna de documentos de viaje apócrifos, de extranjeros que han violado términos migratorios, de criminales transnacionales y terroristas, entre otros.

10. Para el caso mexicano, debemos señalar que la frontera sur ha sido durante más de cuarenta años, la frontera más abandonada y con mayor permeabilidad en el flujo migratorio. Las últimas estadísticas, señalan que del año 2010-primer trimestre de 2013, México repatrió 239 mil 252 migrantes. Esta situación conlleva a un gasto anual de por lo menos mil millones de pesos para regresarlos a su país de origen, 92 por ciento de los cuales son centroamericanos.2 informó el Instituto Nacional de Migración (INM). Esa cantidad es equivalente al total de la recaudación por ingreso de extranjeros (turistas, trabajadores, estudiantes, etcétera) durante enero-marzo del presente año; es decir, una cuarta parte de los 4 mil 585 millones captados por la Federación, en 2012, por ese concepto.

11. Que por la vía legal, México tiene 65 vías de ingreso en aeropuertos, 67 en puertos y 59 cruces terrestres, contra un número indeterminado de pasos irregulares en la porosa frontera sur. Según un documento del INM, el volumen de tránsito irregular por México es de alrededor de 300 mil personas al año (básicamente centroamericanos), con el objetivo de internarse a Estados Unidos.

12. Ante esta problemática, el gobierno mexicano, en coordinación con los Estados Unidos de Norteamérica, a través de la Iniciativa Mérida, anunció en el mes de junio, la implementación de un registro biométrico de migrantes centroamericanos que ingresen a México, lo que incluirá a personas indocumentadas.

13. Que según el INM, el programa contará con recursos de la Iniciativa Mérida y permitirá identificar a través de iris, huellas dactilares y fotografías a toda persona que cruce hacia territorio nacional. El proyecto tendrá como objetivo principal, contar en un futuro con una base de datos biométricos centralizados, con lo cual el INM, tendrá capacidad de intercambiar información biométrica con otras dependencias gubernamentales nacionales y extranjeras.

14. Que si bien es cierto, que políticas públicas como la anteriormente señalada, buscan resolver la problemática del flujo migratorio centroamericano que deriva en problemas de seguridad pública, empleo, salud y violación de sus derechos humanos. También es importante aclarar los costos, alcances e implicaciones de la implementación de dicho Programa, ya que aunque los recursos económicos no provienen del presupuesto económico, si es importante que el poder legislativo tenga un mayor conocimiento sobre el mismo.

15. Que para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se vuelve imperativo que el Poder Ejecutivo a través del Instituto Nacional de Migración, informe a la opinión pública de manera detallada sobre los costos, alcances e implicaciones de la implementación del Programa de Captación de Datos Biométricos para Migrantes Centroamericanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía

Acuerdo

Único: La honorable Cámara de Diputados, se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de su competencia, instruya al Instituto Nacional de Migración, para que informe a la opinión pública los costos, alcances e implicaciones de la Implementación del Programa de Captación de Datos Biométricos para Migrantes Centroamericanos.

Notas

1Jorge Chabat, “Seguridad nacional y narcotráfico: vínculos reales e imaginarios”, en Política y Gobierno , vol. I, núm. 1, enero-junio de 1994, p. 101.

2 Datos obtenidos en el último Informe sobre Migración en la Frontera Sur , Instituto Nacional de Migración, México 2012.

Palacio de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2013.

Diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía condena el homicidio del diputado al Congreso de Oaxaca Everardo Hugo Hernández Guzmán y se demanda a la Procuraduría estatal que realice las investigaciones del caso, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del PRD, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los suscritos, legisladores federales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la presente proposición, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El martes 10 de septiembre ocurrió el homicidio del diputado al Congreso de Oaxaca por el distrito XII, con cabecera en Putla Villa de Guerrero, y presidente municipal electo en San Andrés Cabecera Nueva, Everardo Hugo Hernández Guzmán, a manos de un sujeto desconocido, quien acabó con la vida de nuestro compañero al dispararle de manera directa, al parecer con una pistola automática.

Los hechos ocurrieron en la colonia Agustín Melgar, en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.

2. Este caso no puede quedar impune. Como representantes populares de Oaxaca condenamos enérgicamente este crimen.

3. Demandamos que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca investigue de inmediato el homicidio hasta sus últimas consecuencias y que presente tanto a los responsables materiales como a los intelectuales.

Por lo expuesto se pone a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena el homicidio del diputado al Congreso de Oaxaca, Everardo Hugo Hernández Guzmán, y se demanda a la Procuraduría General de Justicia del Estado realizar las investigaciones de dicho caso.

Cámara de Diputados.- México, DF, a 12 de septiembre de 2013.

Diputados: Carol Antonio Altamirano, Eva Diego Cruz, Rosa Elia Romero Guzmán, Silvano Blanco Deaquino, Joaquina Navarrete Contreras, Alliet Mariana Bautista Bravo, Víctor Manuel Jorrín Lozano, Socorro Ceseñas Chapa, Héctor Hugo Roblero Gordillo, Víctor Nájera Medina, Aleida Alavez Ruiz, Gisela Raquel Mota Ocampo, Lorenia Iveth Valles Sampedro, José Luis Muñoz Soria, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Julisa Mejía Guardado, María del Rosario Merlín García, Jorge Federico de la Verga Mebrillo, Rosendo Serrano Toledo (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Instituto Mexicano de la Juventud a diseñar e implantar en conjunto los instrumentos necesarios para prevenir y disminuir el índice de suicidios entre jóvenes, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el marco del 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer que cada 40 segundos una persona hace algo definitivo para acabar con su existencia.

En México, de los 5 mil 12 suicidios de los que se tiene registro en 2010, el 41 por ciento corresponden a personas jóvenes en edades que oscilan entre los 15 y 24 años, dando como resultado que el suicidio sea la tercera causa de muerte en adolescentes de 15 a 19 años; tan sólo después de los fallecimientos por agresiones y accidentes de tránsito.

Si bien es cierto que el comportamiento suicida es esencialmente humano y se ha registrado a lo largo de la historia. Hay etapas de la vida y otras circunstancias que hacen del suicidio un hecho diferenciable.

Se calcula que al final de esta década morirán 1.5 millones de personas cada año, donde la desesperanza es el factor principal para cometer esta acción de auto-eliminación.

Un ambiente familiar de violencia, alcoholismo, descuido, rechazo, maltrato físico, emocional o sexual, dentro de las causas que provocan la conducta suicida, además del alcoholismo, uso de drogas, problemas económicos, legales y de pareja. Son las principales causas para que las personas cometan suicidio, esto lo dio a conocer el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM.

Lo anterior aunado a las presiones familiares y sociales que los jóvenes experimentan donde se les exige tomar decisiones importantes al tiempo de enfrentar sus primeras rupturas amorosas, problemas familiares o discusiones graves. Esto desencadena las llamadas conductas suicidas que van desde la idea hasta la consumación, donde la mayoría de quienes tratan de suicidarse no tienen el deseo de hacerlo, solo se encuentran en estado de depresión o enojados sin embargo recurren a la mayor agresión posible contra sí mismos, al no contar con estrategias y mecanismos de prevención y apoyo que les impidan llevarlo a cabo.

En este contexto, Jacqueline Cortés Morelos, de la UNAM, comentó que “en 2010, se registraron nueve suicidios de ellos por cada dos de ellas, en ambos casos, el medio más empleado fue el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación; el disparo con arma larga fue el segundo más utilizado por los hombres, que tiene mayor probabilidad de causar la muerte, mientras que en las mujeres fue el envenenamiento por gases, vapores, alcohol y plaguicidas”; sin embargo hace hincapié en la detección de posibles escenarios que alerten estas intenciones por parte de las personas jóvenes, logrando así un ejercicio de prevención y atención.

México es un ejemplo de la reducida o nula existencia de campañas contra el suicidio en jóvenes, la falta de una política integral en materia de salud mental en prevención, detección y atención de adicciones, aunado al contexto actual de falta de oportunidades, desigualdad, discriminación e inseguridad son elementos que deben ser considerados como factores de riesgo en el suicidio.

Un claro ejemplo de lo anterior es el 24.7% de jóvenes de entre 15 y 29 años, que no asisten a la escuela ni trabajan, aunado al sector joven que trabaja de manera informal sin ninguna prestación ni seguridad social.

En Movimiento Ciudadano tenemos un fuerte compromiso por garantizar las condiciones que permitan un estado completo de bienestar físico, mental y social a la juventud mexicana, por ello presentamos a esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud y al Instituto Mexicano de la Juventud a diseñar e implementar en conjunto, los mecanismos necesarios para prevenir y disminuir el índice de suicidios presentados en las personas jóvenes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2013.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la realización de actividades para conmemorar los 60 años del reconocimiento del derecho de las mujeres al voto en México, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena y suscrita por diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género

Con fundamento en el artículo 79, párrafo 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las diputadas que suscriben, integrantes de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, LXII Legislatura, presentamos ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

En 1953, el entonces presidente Adolfo Ruíz Cortines promulgó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 34 constitucional, para establecer que “Son ciudadanos de la república los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años de edad, siendo casados, o 21 si no lo son y tener un modo honesto de vivir”.

Con esta modificación, hace 60 años las mujeres pudieron ejercer por primera vez sus derechos civiles y políticos que implican la posibilidad de votar y ser electas. Esta conquista fue producto de la lucha y participación de las mujeres en los foros feministas demandando sus derechos ciudadanos.

Esta conquista no se vio materializada sino hasta por lo menos dos décadas después, debido a que en la mayoría de los casos seguían siendo los hombres quienes decidían lo que sus esposas, hijas o hermanas debían hacer. Es hasta los años setenta cuando en realidad las mujeres empezaron a ejercer este derecho.

Desde los espacios públicos las mujeres han logrado impulsar reformas legislativas que permiten reconocer y garantizar los derechos humanos de las mujeres, así como avanzar en la construcción de condiciones que permitan una participación política en condiciones de igualdad respecto a los hombres.

Gracias a la labor de las mujeres en la política se crearon las Comisiones de Equidad y Género en el Congreso de la Unión (1998), y el Instituto Nacional de las Mujeres (2001), así como los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las distintas entidades federativas, incluso en algunas, con el carácter de secretarías. Además de esto también sobresalen en 2006 la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y, en 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como las reformas que se han hecho en materia electoral para establecer las cuotas de género, que aunque muy lentamente han sido replicadas en los estados de la república, es necesario señalar que algunas han establecido desde la legislación cuotas hacia la paridad de género.

Sin embargo, a pesar de estos avances, las mujeres se siguen enfrentando a situaciones de discriminación y violencia al tratar de ejercer su legítimo derecho al voto. A este respecto, la investigadora Margarita Dalton señala: “las mujeres que buscan cargos políticos deben ser valientes porque las dificultades son muchas, y los golpes físicos y morales también. El proceso de democratización de la sociedad implica la mayor participación de las mujeres en los cargos políticos, pero la práctica de este proceso ha significado desgaste y riesgos para algunas de las mujeres líderes”.

La posición de las mujeres sigue siendo duramente cuestionada por líderes y caciques que consideran que el sexo masculino es más merecedor de los cargos de elección popular.

En los hechos las mujeres no pueden representar a sus comunidades. Todo ello en contraste con el hecho de que son más mujeres que hombres las registradas en el padrón electoral, en las listas nominales y quienes tienen en general un mayor promedio de participación electoral.

La situación de desigualdad y discriminación en México resulta evidente al considerar que actualmente no hay alguna mujer gobernadora o jefa de gobierno del Distrito Federal. La tendencia que en 1979 inició Griselda Álvarez se volvió a interrumpir, de manera que hoy los 32 titulares de los ejecutivos estatales son hombres.

En las legislaturas locales, apenas una de cada cuatro diputados locales es mujer. Hay estados como Aguascalientes, Querétaro, Coahuila y Puebla donde la representación femenina es menor a 15 por ciento.

En los municipios la situación empeora: siete de cada 100 alcaldes son mujeres, es decir, sólo 7 por ciento.

La debilidad de la representación política de mujeres demuestra el bajo desempeño de los instrumentos diseñados para incentivarla. Las cuotas de género estatales van de 30 a 50 por ciento y no existe entidad que alcance esas proporciones en sus legislaturas.

En este contexto no es casual que el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer haya recomendado al Estado mexicano: eliminar obstáculos discriminatorios, corregir legislación y poner sanciones a quienes incumplan las cuotas de género, sugiriendo campañas de concientización para ampliar la participación política de las mujeres.

La conquista de hace 60 años nos ha permitido avanzar, pero hace falta mucho trabajo para materializar el sueño de lograr una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y con ello garantizar una participación política plena de las mujeres. Esta lucha iniciada después de conquistar el derecho al voto continúa.

A 60 años de este logro, es necesario y justo no olvidar a quienes alzaron la voz y abrieron camino para que las mujeres mexicanas sigamos avanzando en el reconocimiento de nuestros derechos, y en específico a participar plenamente en la vida pública de nuestro país. Hemos de recordarlas y dignificar su memoria.

Por lo expuesto, dada su importancia para la construcción de la democracia en México y en virtud de que en el mes de octubre de 2013 se conmemora el 60 aniversario del sufragio femenino, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a los gobernadores de las 31 entidades federativas y al jefe de gobierno del Distrito Federal, a los congresos de las 31 entidades federativas, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como a las autoridades municipales y de las 16 demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a realizar actividades para conmemorar el 60 aniversario del derecho al voto de las mujeres en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2013.

La Comisión de Equidad y Género

Diputadas: Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago, Blanca Jiménez Castillo, Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales, Irma Elizondo Ramírez, Érika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno, Adriana Hernández Íñiguez, Margarita Licea González, Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera, María Celia Uriel Castañeda, Allieth Mariana Bautista Bravo, Julisa Mejía Guardado, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Aída Fabiola Valencia Ramírez, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a establecer medidas fitosanitarias para combatir las plagas de paratrioza, mosquita blanca y pulgón que han afectado la producción de hortalizas en diversas regiones de Michoacán, a cargo de la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Martha Berenice Álvarez Tovar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada en los artículos 6o., numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emprender las medidas fitosanitarias para combatir las plagas de la paratrioza, la mosquita blanca y el pulgón que han afectado la producción de hortalizas en diversas regiones del estado de Michoacán, con base en las siguientes

Consideraciones

1. De acuerdo con el Comparativo de Producción Nacional entre el 2000 y 2011,1 el estado de Michoacán se encuentra entre las ocho principales entidades federativas, ubicado sólo por debajo de Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y por encima de Sinaloa, Sonora y Veracruz.

Durante el 2011, el estado de Michoacán fue primer lugar en la producción agrícola, misma que representó el 11.01 por ciento del total de producción nacional con 39,063 millones de pesos; a pesar de ser el octavo lugar en superficie sembrada y el noveno en unidades de riego organizadas.

De acuerdo con Estadísticas del Sector Agropecuario y Pesquero, Michoacán (6.7 por ciento) se encuentra a nivel nacional entre los principales estados productores de hortalizas, solamente por debajo de Sinaloa con un 17.2 por ciento, Zacatecas con 7.8 por ciento y Chihuahua 6.9 por ciento.

De acuerdo con los Indicadores estatales Agroeconómicos para cada uno de los estados de la República Mexicana presentados por la Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios de la Sagarpa en noviembre del 2011, específicamente el que se refiere al estado de Michoacán, se desprende los siguientes datos en lo que se refiere a superficie cosechada y valor de producción específicamente de hortalizas:

2. De acuerdo al programa de trabajo de la campaña de manejo fitosanitario de hortalizas a operar con recursos del componente de sanidad e inocuidad del programa de soporte 2009 para el estado de Michoacán, la región de Ciénega-Bajío Michoacano, además de ser principal productora de cultivos básicos, se ha caracterizado por tener una gran superficie dedicada a la producción de hortalizas, primariamente de jitomate, chile y papa, así como otros cultivos entre ellos cebolla, pepino, tomate verde, col y calabacita.

Dentro de este mismo documento, se hace manifiesta la problemática que estos cultivos han tenido, al verse afectados por insectos vectores y enfermedades virales, causando pérdidas en la producción de un 5 por ciento a un 100 por ciento. Se hace manifiesto de igual manera que, para el horticultor el control de las plagas representa inversiones por encima del 30 por ciento en promedio del costo total de cultivo.

Derivado de esto, en el estado de Michoacán se han dejado de establecer hectáreas anuales de cultivos de hortalizas, impactando duramente la economía de los productores, al verse afectados sus cultivos por insectos vectores como el pulgón saltador o paratrioza (Bactericera cockerelli), la mosquita blanca (Bemisia tabaci) y el pulgón (Aphis sp.,Macrosiphum sp.).

El Comité Estatal del Sistema Producto Papa, informó que sólo en la región del Valle de Zamora, Ciénega de Chapala y Bajío Michoacano, se ha disminuido en un 50 por ciento la superficie de hortalizas, lo que ha provocado la pérdida de millones de jornales al año.

Para productores y trabajadores el cultivo de papa, jitomate, tomate y chiles constituye la principal fuente de ingresos, de ahí se desprende el desasosiego por el decremento en la producción de hortalizas en municipios ubicados al noroeste de la entidad (Valle de Zamora, Sahuayo y Yurécuaro). El Valle de Zamora después de estar en los primeros lugares a nivel nacional en producción de papa, hoy en día ve mermado su potencial productivo.

Los costos estimados de producción promedio por hectárea en el Estado de Michoacán de los cultivos de jitomate, tomate, chile y papa son

Las hortalizas generan una gran derrama económica principalmente de gente del campo, que en cierta forma ha permanecido desprotegida al carecer de algunos subsidios que el productor necesita para mejorar la producción e incrementar las cosechas y así obtener mayores ganancias para continuar sembrando las hortalizas.2

Estos son los jornales que se requieren por cultivo durante todo el ciclo de producción, mismos que son considerados como empleos temporales.

3. El Sistema Producto Papa de Michoacán en su Plan Rector 2012 señala que el volumen de producción a partir del 2006 fue en decremento hasta quedarse en un punto de equilibrio.

Siendo que Michoacán es uno de los 11 estados que concentran el 92 por ciento de la producción nacional de papa, es necesario poner especial atención a este fenómeno para contenerlo antes de un efecto negativo mayor.

Información proporcionada de igual manera por integrantes Comité Estatal del Sistema Producto Papa en Michoacán, destaca que a nivel estatal en el cultivo de papa, se han dejado de establecer tres mil 635.99 hectáreas; se han perdido 432 mil 682 jornales, lo que representa una pérdida económica por mano de obra de 51 millones 921 mil 937 pesos por año, siendo el Distrito de Zamora uno de los más afectados con tres mil 535 ha. sin establecer.

En lo que se refiere al cultivo como el jitomate, en el estado de Michoacán, se ha dejado de sembrar en los últimos años cuatro mil 708 hectáreas, lo que se traduce en la pérdida de un millón 285 mil 371 jornales y una pérdida económica de 154 millones 244 mil 563 pesos en mano de obra por año agrícola. El distrito de Zamora de igual manera es uno de los más vulnerados con disminución de más de 400 mil jornales que representa una pérdida económica por mano de obra por 59 millones 426 mil 640 pesos por año agrícola.

Respecto a los cultivos de tomate y chile a nivel estatal, se dejaron de establecer 6,276 ha., se perdieron 886,039 jornales, lo que ha representado una merma de 106´324,769 pesos por año agrícola. A nivel Distrito, se dejaron de establecer entre ambos cultivos 885 ha, con una disminución de 125,115 jornales y una pérdida de 15´013,800 pesos por año agrícola.

En el municipio de Régules, Michoacán, según información proporcionada por autoridades locales, se dejaron de producir 600 toneladas de hortalizas, esto ocasionado por el embate de la mosca blanca.3

4. La paratrioza o pulgón saltador (Bactericera cockerelli Sulc.) es una plaga que se alimenta de la savia de las plantas hospederas, ocasionando dos tipos de daños:4

1. Daño directo: Es provocado por la inyección de una toxina, la cual es transmitida únicamente por las ninfas. Esta toxina ocasiona que las plantas se vean amarillentas y raquíticas, afectando el rendimiento y la calidad de frutos y tubérculos.

2. Daño indirecto: Es considerado más importante que el daño directo, ya que es ocasionado por los fitoplasmas, los cuales son transmitidos tanto por las ninfas como por los adultos. Estos fitoplasmas son los responsables de las enfermedades conocidas comúnmente como la punta morada de la papa en dicho cultivo y del permanente del tomate en el cultivo de jitomate.

Un ejemplo del daño ocasionado por en las papas, es que las plantas infestadas producen pocos tubérculos y las pérdidas son del 20 al 50 por ciento, además de la pérdida de recursos por el incremento en la aplicación de agroquímicos, pues su control resulta sumamente difícil por los hábitos alimenticios de las ninfas. Un daño inminente más, es que los tubérculos almacenados brotan prematuramente.

Para lograr el control de la paratrioza no basta con la sola aplicación de insecticidas, sino de seguir toda una estrategia de manejo integrado.

La paratrioza tiene hábitos migratorios, alcanzando vuelos de hasta 1.5 kilómetro de altura. Se presenta con mayor incidencia en zonas agrícolas de monocultivo de papa, jitomate, tomate de cáscara y chile, llegando a éstos desde cultivos de otras regiones y sus hospedantes silvestres. En algunos lugares el insecto desaparece durante el invierno, emigrando a grandes distancias en busca de alimento.5

Según la información presentada por el Programa de Soporte 2009, la atención que se daría con la Campaña de Manejo Fitosanitario de Hortalizas, sería principalmente a los daños y pérdidas económicas que sufría el productor que actuaba de manera individual o en conjunto y al descuidarse, podría encontrar afectaciones directas hasta en un 50 por ciento de la producción.

Dentro del contenido de este programa se proyectaba que de no llevarse actividades para la atención de esta plaga, se perderían 15 toneladas por hectárea, lo que daba un total de 135 mil toneladas en pérdidas de producto, representando una merma de 337 millones 500 mil. Se especificaba que de no emitirse las recomendaciones oportunas, al tenerse el monitoreo y muestreo de esta plaga, podía existir el riesgo de un incremento en el costo de producción, esto ocasionado por una aplicación innecesaria durante la fenología del cultivo, lo que traería como consecuencia un incremento del costo de producción de 500.00 por hectárea considerando el producto químico y el pago de la aplicación, lo que daría un total de incremento de 4 millones y medio aproximadamente.

La mosquita blanca (Bemisia tabaci) es una plaga que ataca hortalizas, básicos, frutales y forrajes. Los daños y pérdidas económicas que sufre el productor, son de alto impacto, ya que actúan de manera individual o en conjunto y si se descuidan las áreas de producción se podrían llegar a tener afectaciones directas de hasta de un 80 por ciento. Estimaciones señalaban que de llevarse a cabo actividades para la atención de esta plaga, se perderían 24 toneladas por hectáreas, representando pérdidas económicas a productores por 540 millones.

El pulgón (Aphis sp.,Macrosiphum sp.). Las hortalizas son vulnerables al ataque de esta plaga; los daños y pérdidas económicas que sufre el productor por esta plaga podría alcanzar un daño de 40 por ciento de la producción que se siembra anualmente. Se llegó a estimar que de un promedio de 30 toneladas por hectárea, de no realizarse las actividades para su oportuna atención, se perderían aproximadamente 12 toneladas por hectárea. Causan daños importantes directos en cultivos de huerta y también indirectos al transmitir virus.

5. En la campaña de manejo fitosanitario de hortalizas con el componente Programa Soporte 2009 tenía entre varios, el objetivo de Mejorar el estatus de bajo control, reducir niveles de infestación y mejorar el estatus de bajo control tanto de Paratrioza, la mosquita blanca como del pulgón.

En lo que se refería a la estrategia operativa, se contemplaron muestreos, trampeos, control biológico, control cultural, capacitación, divulgación, supervisión y evaluación.

Los resultados proyectados al respecto exponían que al dejar de monitorear permanentemente a estos insectos y en su momento emitir recomendaciones de acciones de control de estas plagas cuando estos rebasaran los umbrales de acción, por lo que se subrayaba la importancia de una continuación de actividades en la campaña fitosanitaria.

Información proporcionada por personal de la Secretaría de Desarrollo Rural de Michoacán, específicamente del Departamento de Sanidad e Inocuidad, expone que durante los años del 2007 al 2009 se realizaron acciones correspondientes para mitigar el impacto de la paratrioza, la mosquita blanca y el pulgón, que se lograron avances al respecto, pero que del 2010 a la fecha no se han asignado recursos para atender estas plagas y que al momento no se tienen delimitadas acciones en este sentido. Solamente ha sido el sistema producto papa quien mantiene una campaña para declarar zona libre de virus a este producto, no así para la otra variedad de hortalizas.

En contra parte, se han manifestado denuncias realizadas por diversos productores de las regiones afectadas por el ataque de plagas, hablan de una simulación de trabajos, al sentirse poco respaldados al respecto por las autoridades competentes.

Para el ejercicio 2012 se asignaron recursos por cerca de 1.3 millones de pesos para el desarrollo de campañas de sanidad vegetal en la región Bajío-Ciénega michoacana, el presidente de esta junta señaló que únicamente se entregaron 200 mil pesos y que se asignó para las campañas de manejo fitosanitario del maíz y manejo fitosanitario del sorgo para combatir plagas como gusano cogollero y plagas rizófagas en el caso del maíz y la chinche café en el caso de sorgo. El mismo presidente de la junta hizo mención de que los trabajos se han venido sosteniendo con las aportaciones de los propios productores; recurso que se utilizó para el pago de sueldos y gastos de combustible para la operación de estas campañas: “Pero del gobierno estatal no hemos tenido nada”.6

6. Para el fomento económico del sector agroalimentario, es fundamental el impulso de la sanidad vegetal, así queda patente en el artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), fracción V. Para ello se destaca la participación de los órdenes de gobierno, así como del sector social y del privado del medio rural.

De acuerdo con la LDRS, artículo 27, fracción VI, las entidades federativas celebrarán los convenios necesarios para definir las actividades que permitan el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Sectorial, participando, entre otras, en la corresponsabilidad para la organización y desarrollo de medidas de inocuidad, sanidad vegetal y salud animal.

La Ley Federal de Sanidad Vegetal, en el artículo 5o., define campaña fitosanitaria como el conjunto de medidas fitosanitarias para la prevención, combate y erradicación de plagas que afecten a los vegetales en un área geográfica determinada.

Sagarpa tiene como responsabilidad, según se necesite, la integración, operación, supervisión y evaluación de Comités Estatales y Juntas Locales de Sanidad Vegetal para la aplicación de medidas y campañas fitosanitarias, además, vigilar que los recursos humanos, materiales y financieros se ajusten a la normatividad vigente y a principios de equidad, transparencia y racionalidad (artículo 14 LFSV).

Asimismo, se establece que mediante medidas fitosanitarias se prevenga, confine, excluya, combata o erradique las plagas que afectan a los vegetales, sus productos o subproductos, cuando puedan representar un riesgo fitosanitario. Esto con base en normas oficiales mexicanas, acuerdos, decretos, lineamientos y demás disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (artículo 19 LFSV).

Las normas oficiales mexicanas deben fijar, entre otras cosas, los criterios para evaluar y medir el impacto de las acciones de las campañas (artículo 32. fracción X, LFSV).

Los programas de trabajo son con base a las campañas fitosanitarias, organizados y coordinados por la Sagarpa, para lo cual establece los acuerdos y convenios con los gobiernos de los estados y municipios, organismos auxiliares o particulares interesados, y que sirven para describir las acciones coordinadas y concertadas entre cada una de las partes (artículo 33, fracción III).

La Norma Oficial Mexicana NOM-081-FITO-2001 para el manejo y eliminación de focos de infestación de plagas mediante el establecimiento o reordenamiento de fechas de siembra, cosecha y destrucción de residuos, considera como plagas de importancia económica a la paratrioza, la mosquita blanca y el pulgón saltador.

A partir de lo anterior, en lo tocante a la prevención y al control destaca lo siguiente:

Prevención

1) La Sagarpa, a través de la Delegación Estatal y del Organismo Auxiliar de Sanidad Vegetal (OASV), serán responsables de determinar las medidas preventivas a instrumentar.

2) Los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal son responsables de realizar acciones de vigilancia fitosanitaria que incluyen muestreo, detección, diagnóstico y capacitación.

Control

1) Los OASV son responsables de determinar los focos de infestación y solicitar al productor o usufructuario la aplicación de medidas fitosanitarias.

En caso de negativa por parte del productor o usufructuario el OASV ejecutará las medidas correspondientes para salvaguardar la fitosanidad regional, los gastos serán a cargo del propietario o usufructuario del huerto o parcela.

En materia de sanidad vegetal, las autoridades en la materia (Sagarpa-Senasica), han establecido las políticas siguientes:

1. Prevenir la introducción y dispersión de plagas de importancia cuarentenaria.

2. Confinar y prevenir la dispersión de plagas de importancia cuarentenaria o plagas reglamentadas.

3. Aplicar programas fitosanitarios para mejorar la competitividad de los sistemas producto establecidos por la Sagarpa mediante acciones de control, supresión y erradicación de las plagas, en donde las condiciones lo permitan.

Por tanto y ante este panorama es importante una pronta actuación y coordinación de parte de Sagarpa para reforzar medidas fitosanitarias en las zonas afectadas por las plagas de la paratrioza, la mosquita blanca y el pulgón en el Estado de Michoacán, debido a que los daños ocasionados por esta plaga “repercuten en forma directa sobre los rendimientos obtenidos por unidad de superficie y en la calidad fitosanitaria y comercial, causando pérdidas socioeconómicas y un decremento significativo de las divisas obtenidas por las ventas de productos y subproductos de estos cultivos en el mercado nacional y de exportación”.7

Trasciende la urgente intervención de Sagarpa en la implementación de mecanismos y procedimientos para atender de manera eficaz el avance de estas plagas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emprender las medidas fitosanitarias para combatir las plagas de la paratrioza, la mosquita blanca y el pulgón que han afectado la producción de hortalizas en diversas regiones del estado de Michoacán a fin de potencializar tanto la recuperación de hectáreas establecidas como la de jornales perdidos.

Notas

1 Diagnóstico de necesidades para la inversión en infraestructura hidroagrícola en Michoacán, Conagua. Dirección Local Michoacán, Subdirección de Infraestructura Hidroagrícola.

2 Programa de trabajo de la Campaña de Manejo Fitosanitario de Hortalizas a operar con recursos del componente de sanidad e inocuidad del Programa de Soporte 2009 para el estado de Michoacán. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Gobierno del Estado de Michoacán.

3 Ceja Guerra, Por la mosca blanca no se sembraron 600 hectáreas de Michoacán y Jalisco. Cambio de Michoacán. 30 de enero 2013. [Fecha de consulta: 19 de junio 2013]. Disponible en http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-191383

4 Folleto del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de México sobre el “Manejo integrado de la paratrioza”. Sagarpa, Senasica.

5 Ídem.

6 Ceja Guerra, José Luis. Plagas afectan el 50 por ciento de la superficie de hortalizas en Michoacán. Cambio de Michoacán. 24 de junio 2013. [Fecha de consulta: 21 de agosto 2013]. Disponible en http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-200798

7 Norma Oficial Mexicana NOM-081-FITO-2001, Manejo y eliminación de focos de infestación destrucción de residuos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2013.

Diputada Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la Secretaría de Economía y al Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar a emprender acciones que ayuden al desarrollo de la industria azucarera, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

José Soto Martínez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La industria azucarera se ha desarrollado en México de manera ininterrumpida desde la época de la conquista española. Representando una de las actividades de mayor tradición y trascendencia en el desarrollo histórico del país.

Por ello la participación de esta industria en la economía nacional ha tenido gran importancia desde varios puntos de vista; uno de estos, es la producción de un bien de consumo popular generalizado, así como la creación y el sostenimiento de más de 500 mil empleos directos y alrededor de 2.2 millones de indirectos vinculados con las cadena productiva.

El azúcar es uno de los alimentos básicos más importantes de todo el mundo. Por ser puro en carbohidratos es una de las mejores y más baratas fuentes de energía. El azúcar solo o en combinación con otros alimentos, proporciona en promedio 12 por ciento de hidratos de carbono, elementos productores de energía en la dieta humana.

La agroindustria azucarera es uno de los motores económicos de muchas regiones del país, el total de hectáreas sembradas para este año son 780 mil 254 a nivel nacional, generando en su conjunto 0.06 por ciento del producto interno bruto nacional (PIB), 11.6 por ciento del PIB del sector primario y 2.5 por ciento del PIB manufacturero.

México ocupa el sexto lugar mundial en producción de azúcar con un promedio de 5 millones de toneladas por año; siendo este el octavo país en cuanto a consumo con 47.8 kilogramos per cápita y el valor de la producción de azúcar supera los 30 mil millones de pesos anuales; y repercute en 227 municipios de 15 estados, donde habitan más de 12 millones de mexicanos.

La cadena productiva de la caña es de suma importancia para el sector primario consecuentemente, la atención de su problemática debe ser prioritaria para fortalecer la economía nacional.

Actualmente, y como es por muchos conocido, uno de los principales problemas que enfrenta esta industria es la sustitución paulatina y en altas cantidades de azúcar por jarabe de alta fructuosa.

Con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la industria azucarera resultó severamente afectada por las grandes cantidades de fructuosa (procedente de Estados Unidos) que desplazan del mercado refresquero el azúcar nacional.

Estas acciones provocaron graves consecuencias económicas, políticas, sociales y jurídicas, tanto para la industria azucarera como para la economía nacional. En este lapso se registró la quiebra de 27 de los 60 ingenios azucareros y el incremento de conflictos sociales, que persisten en la actualidad.

A pesar de la situación anterior, en la zafra 2012 a 2013, la molienda de caña superó los 71 millones de toneladas de azúcar, cifra récord en la historia de la industria azucarera mexicana.

El problema central por el que atraviesa la industria azucarera, al lograr una producción histórica, es decir, una oferta del producto sin precedentes, es el impacto negativo y la caída en los precios, generando pérdidas a los productores.

Mientras que del año 2011 al año 2012 se pagó la tonelada de azúcar a 10 mil 368.72 pesos por tonelada. Lo que representa una pérdida directa de ingresos por hectárea para los productores respecto al año pasado de más de 35 por ciento.

Ante este panorama crítico es necesario actuar en defensa de este importante sector que sin duda alguna es de gran relevancia para la nación.

Es necesario que el Estado mexicano asuma su responsabilidad con este sector productivo nacional. Por ello, la propuesta del presente consiste en exhortar a las autoridades correspondientes para que en coadyuvancia apoyen a la industria azucarera con el afán de mejorar las condiciones en que se encuentra este sector, permitiendo resarcir el daño económico, ante la caída en su precio.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría de Economía, y al Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, para que en coadyuvancia tengan a bien emprender acciones que ayuden al buen desarrollo de la industria azucarera, al igual que tomar medidas precautorias para enmendar la terrible situación económica en que se encuentra la producción de azúcar en estos años, siendo este uno de los sectores más productivos e importantes para México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2013.

Diputado José Soto Martínez (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 14 de septiembre, bicentenario de los Sentimientos de la Nación, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI

Hace doscientos años, se dio a conocer uno de los documentos centrales de la creación del México Independiente: los Sentimientos de la Nación, origen ideológico, como ningún otro texto, de nuestro Estado Nacional.

Es el primer documento legal auténticamente nacional y fue dado a conocer en la primera sesión del primer Constituyente nacional, como parte del discurso inaugural del Congreso del Anáhuac por don José María Morelos y Pavón el 14 de septiembre de 1813 en Chilpancingo.

Los Sentimientos de la Nación es el primer documento que expresa verdaderamente los anhelos de la incipiente nación mexicana: independencia de la Corona de Castilla, libertad personal y comunitaria, igualdad, fraternidad e identidad propia. Pero más allá, aparece la figura de la soberanía nacional como fuente única del poder, ejercido por y para el pueblo. Se elimina de tajo el poder regio encarnado en un monarca y señala el camino de la república como único rumbo legítimo para la naciente nación mexicana.

Siendo una expresión propia de la cultura imperante de su tiempo y lugar de producción –pues defiende las creencias y tradiciones del pueblo que ya se veía como mexicano, aunque forzadamente encadenado a la Península– refleja la recepción de las nuevas ideas políticas generadas por las revoluciones americana y francesa.

Se advierten en el texto con claridad los conceptos de igualdad, libertad y fraternidad, además propone a la república como forma ideal de gobierno. Pero va más allá al introducir un concepto del todo novedoso: la división tripartita de poderes, como sigue funcionando hoy en día, con pesos y contrapesos para el ejercicio del poder. Y esa división de poderes se sustentaba en la soberanía del pueblo como eje fundamental de la toma de decisiones, depositada en un Congreso Supremo, que dictaría las leyes generales, las cuales sin excepciones, se aplicarían a toda la población.

República y división de poderes fueron el leit motiv de las luchas por la definición del Estado mexicano durante el siglo XIX. Ya para el siglo XX, fueron una realidad irrefutable, de la cual somos herederos y beneficiarios los mexicanos del siglo XXI.

Los Sentimientos de la Nación hablan de la libertad nacional y de las personas. Es el primer texto en donde la esclavitud y la división de castas quedan abolidas y por el cual, la soberanía da legitimidad a la Nación de cara al resto del mundo. Es consecuente con los derechos del hombre, pues defiende la licitud de la propiedad privada así como defiende el derecho de los trabajadores a tener jornadas laborales humanas. Es decir, aquí se encuentra el verdadero germen de las garantías sociales y políticas que habrían de cristalizar con mayor contundencia en la Constitución de 1917.

Texto definitorio, Los Sentimientos de la Nación contienen los anhelos de aquel momento, mismos por los que se luchó y han cristalizado a lo largo de estos dos siglos: libertad y soberanía nacionales; gobierno republicano; igualdad ante la ley; igualdad frente al resto de las naciones; división de poderes; derecho a la propiedad privada; respeto a la dignidad de la persona y de su integridad física; justicia para todos...

A 200 años de su presentación, es preciso que los mexicanos tengamos en mente cuánto debemos a los próceres –en especial al generalísimo don José María Morelos– que tuvieron la valentía en momentos aciagos y la visión para un futuro mejor, y acometieron la tarea de poner en blanco y negro, a la vista de todos, un programa expresando las mejores aspiraciones de esos novohispanos que ya se sentían y se sabían mexicanos.

Muchas gracias.

Diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica)