Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3859-VI, martes 10 de septiembre de 2013
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a permitir tanto la firma de convenios de coordinación con autoridades locales en materia de vialidad como, entre otros fines, la libre circulación de unidades de transporte de bienes y personas sin el requisito de placas federales en el estado correspondiente, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Abel Octavio Salgado Peña, diputado federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, fracción I; así como en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracción I, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La labor del sector autotransporte en el país, no sólo se ciñe a atender las necesidades de los sectores que integran la economía del país, a lo largo y ancho de éste, sino que cumple un importante factor de enlace y movilidad en tan sólo una entidad federativa.
Por citar algún ejemplo, la movilización de la producción de la zafra azucarera de Veracruz o Jalisco, está dada en las mismas entidades federativas de producción, con el objeto de estar en condiciones de transformar la caña en azúcar para su venta al consumidor final.
En las mismas circunstancias se encuentran las fincas cafetaleras de Chiapas, Nayarit o Colima, cuyo proceso de producción se encuentra normalmente en el mismo lugar de cosecha y quizás tan sólo recorriendo algunos kilómetros de distancia, para estar en condiciones de que los granos de café inicien el proceso de producción correspondiente.
Los anteriores, son tan sólo un par de ejemplos de movilidad local con fines de transformación en el proceso para transformar algún producto en un bien de consumo.
Pese a lo anterior, el sector autotransporte se ha encontrado con las disposiciones de la Policía Federal, quienes detienen las unidades de transporte con el argumento de no contar con placas de autotransporte federal, para el transporte de bienes o personas, cuando sólo se presenta al interior de una Entidad Federativa, como lo citado en párrafos anteriores.
Nos parece que esta medida es unilateral por parte de la Policía Federal, y abre condiciones que generan corrupción, ya que sin necesidad alguna, los vehículos que transportan bienes o personas al interior de una Entidad Federativa, son detenidos y sus conductores en ocasiones son amenazados con consignar el vehículo, a cambio de alguna dádiva.
No obstante lo anterior y con el objeto de establecer condiciones mínimas de seguridad para las carreteras en las Entidades Federativas, creemos necesarias las revisiones de la autoridad de seguridad federal a los vehículos citados, sin que estos vehículos traspasen los límites de la Entidad en donde prestan sus servicios.
Por lo anterior, llamamos a la autoridad de la Policía Federal así como a la autoridad de vialidad de las Entidades Federativas, a establecer convenios de coordinación, que permitan la libre circulación de bienes o personas al interior de alguna Entidad Federativa, sin necesidad del requisito de las placas de autotransporte federal.
Por lo anterior y con fundamento en lo antes expuesto, es que ponemos a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta al gobierno federal, para que gire instrucciones que permitan suscribir convenios de coordinación con las autoridades locales en materia de vialidad y que permitan, entre otros fines, la libre circulación de unidades de transporte de bienes y personas, sin el requisito de placas de autotransporte federal, en el interior de la entidad federativa correspondiente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2013.
Diputado Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a hacer públicos los montos de las condonaciones en materia de ISR en cada estado y el Distrito Federal; y a la ASF, a iniciar revisiones para determinar si los condonados a estados y a municipios por ese concepto correspondientes a 2012 se utilizaron para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos y no para resarcir adeudos de gobernadores o de presidentes municipales, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada federal Mariana Dunyaska García Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Antecedentes
1. El día 12 de febrero del año 2013, un grupo de 19 contribuyentes presentó una demanda de amparo en contra el artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013, que condona 60% de las deudas de estados y municipios por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que cobran a sus empleados.
En conferencia de prensa, integrantes de la organización “#Yo Contribuyente” aseguraron que la falta de esos recursos generará un “boquete fiscal” incalculable.
Comentaron que mientras por un lado la Ley otorga beneficios fiscales a gobiernos locales que han mal administrado sus recursos, por otro exige el pago de impuestos completos al resto de los contribuyentes.
Aseguró que la Ley de Ingresos de la Federación permite un beneficio fiscal sobre el cargo del ISR de los trabajadores, equivalente al 60 por ciento para 2013 y del 30 por ciento para 2014.
Con esto los estados y municipios sólo son vehículos transitorios que detentan esos recursos y que su condonación permite que estos gobiernos locales quedarse con los impuestos cobrados a sus trabajadores, convirtiéndose así los Estados y Municipios en recaudadores fiscales indirectos.
De esta forma, al aprobar una especie de rescate financiero a estados y municipios equivale a un “borrón y cuenta nueva” a entidades federativas y municipios en la medida en que cancela pasivos a cargo de los beneficiarios, beneficiando a aquellos estados o municipios que no han logrado realizar administraciones confiables.
Con esta medida se violenta flagrantemente lo establecido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Consideraciones
La deuda total de estados y municipios ha crecido en México un 150% en los últimos seis años, según datos de JP Morgan y se elevaba, solo a medio y largo plazo, a $434.000 millones de pesos, a finales de 2012, según datos de la Secretaria de Hacienda. El dato de la deuda fiscal perdonada no se conoce, porque la condonación se hace mediante convenios con el Gobierno Federal que no son públicos, pero se estima según fuentes gubernamentales, ofrecía una cifra de $13.000 (Trece Mil Millones de Pesos).
El impulsor de #Yocontribuyente , Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, un organismo independiente, señaló: “Están violando el principio constitucional de que los impuestos sean proporcionales y equivalentes y están generando una casta privilegiada. Si un patrón hiciera eso le caerían nueve años de cárcel”, explica. Según él no se trata solo de que ese “borrón y cuenta nueva” sea injusto.
Históricamente, los estados y municipios han dejado de pagar el ISR retenido a sus trabajadores. La causa principal fue que durante décadas las entidades federativas y los municipios no lo retuvieron efectivamente, y la federación no les exigía su pago. La justificación fue, y aún lo es, que la retención efectiva del ISR habría implicado la reducción de los sueldos de los trabajadores burócratas. Un problema al que no se ha encontrado solución estructural alguna.
La Ley de Ingresos fue aprobada en la Cámara de Diputados por 446 votos a favor, 19 en contra y siete abstenciones, y en el Senado con 101 a favor, 16 en contra y dos abstenciones. Pero las declaraciones posteriores de algunos parlamentarios dan a entender que se tramitó en ambas cámaras un tanto a la ligera. La senadora del PAN Laura Rojas admitió su equivocación por haber apoyado la medida. “Reconozco en lo personal que fue un error haber votado a favor de la exención de ISR en estados y municipios”, dijo. Rojas dio la razón a los contribuyentes que presentaron el amparo y aseguró que pedirá a la Secretaría de Hacienda que realice un plan de acción correctivo. Su compañero de partido Javier Lozano, por su parte, fue aún más directo: “Nos han metido un gol”.
Para los impulsores de la iniciativa el asunto es aún más grave por cuanto la ley prevé perdonar incluso impuestos que aún no se han devengado, ya que contempla condonaciones del 60 por ciento de la deuda fiscal que se genere en 2013 y del 30 por ciento de 2014.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público avalaron la condonación de adeudos fiscales a estados y municipios para ejercicios anteriores a 2012, que en opinión de expertos fiscales es una violación flagrante a la Ley del Impuesto sobre la Renta y a preceptos Constitucionales.
Además, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 -aprobada por senadores y diputados en diciembre pasado- establece en el Artículo 9 que en el caso del ejercicio 2013 los gobiernos sub nacionales podrán aplicar el 60 por ciento a los adeudos y 30 por ciento para 2014, medidas que a juicio de los expertos equivalen a un rescate financiero
En el último trimestre de 2012, la deuda de estados y municipios de México creció $27,996.6 millones de pesos, con lo que su saldo al cierre de ese año se ubicó en 434,761.2 millones de pesos, de acuerdo con cifras que dio a conocer el 18 de febrero pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El endeudamiento de los gobiernos estatales aumentó 11.25 por ciento, o 43 mil 983.7 millones de pesos, desde los 390 mil 777.5 millones en que se ubicaba a diciembre de 2011, lo que significa que creció 120.5 millones de pesos por día, revelan los datos de la dependencia.
“Como cualquier empresa, los estados y los municipios retienen el ISR de sus trabajadores para después enterarlo al fisco, pero no lo hicieron y se lo gastaron. (Al representante legal de) una compañía que no entere este impuesto la meten a la cárcel porque es un delito de recaudación”, explica el socio de Impuestos de la firma consultora PwC, Pedro Carreón.
En la Ley de Ingresos para 2013 vuelven a cancelar todos los impuestos de 2012 hacia atrás –sin condición alguna– al 100 por ciento, pero sólo pagando diciembre de 2012 dando todos los beneficios, menciona en su blog el abogado de la Escuela Libre de Derecho, Luis Pérez de Acha.
Es una situación injusta, que equivale a un rescate financiero. No se da explicación alguna de la medida tomada por el Congreso; se tomó una decisión unilateral, sin fundamentación, sin dar razones de por qué se les volvía a conceder ese beneficio, una especie de privilegio, sobre todo porque en 2008 se dijo que era la solución integral y definitiva.
Los programas de condonación fiscal no son la base, ni el cimiento para construir una responsabilidad colectiva de los mexicanos y de las autoridades para garantizar el financiamiento del Estado mexicano y violenta la equidad de las personas en nuestro país.
Lo que generan es un premio a la evasión, un premio a la elusión fiscal y hacer sentir a los contribuyentes cumplidos que se los están “llevando al baile’. Y además en el contexto de la discusión de una reforma fiscal.
Todos los asalariados del país que estamos en la economía formal generamos ISR. Lo que el SAT permitió a gobiernos estatales y municipales es quedarse con ese impuesto –que se lo debían enterar a las autoridades federales–, lo cual viola la Constitución, que establece que todas las contribuciones de los mexicanos deben ser equitativas y proporcionales”.
Con esto se constituye una violación a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al aprobar un crédito, una deducción y un privilegio fiscal sin asignarle una cuantificación.
Resalta que los estados pueden entrar a este programa y “esta amnistía que se da en este vehículo es para facilitar que se hagan las cuentas entre ellos”.
Con este hecho; a los gobernadores y los presidentes municipales, les están dando el beneficio de estos fondos de los que ellos básicamente no son dueños. En todo caso, si hubiera una exención fiscal de algún tipo tendría que ser para los propios trabajadores, porque ellos son los que generaron el impuesto”.
Estas condonaciones se dieron a la luz de lo que establece el último párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, que señala:
Artículo 9. Las participaciones que corresponden a las entidades y los municipios son inembargables, no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por los estados o municipios con autorización de las legislaturas locales, e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios.
Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados y autónomos que se hubieran adherido al “Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008, se les extenderá el beneficio referido en el artículo segundo, fracción I de dicho Decreto, hasta el ejercicio fiscal de 2012 y anteriores, siempre y cuando se encuentren al corriente en los enteros correspondientes al mes de diciembre de 2012. Dichos órdenes de gobierno, en lugar de aplicar los porcentajes establecidos en el artículo segundo, fracción II del mencionado Decreto, podrán aplicar el 60 por ciento para el año 2013 y el 30 por ciento para el año 2014.
Lo anterior es totalmente contradictorio a lo que establece nuestra carta magna al señalar que “Los estados y municipios, al igual que los patrones del sector privado, tienen la obligación de retener el ISR generado por sus empleados y entregarlo al Sistema de Administración Tributaria del gobierno federal”.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que informe a la opinión pública, los montos de las condonaciones en materia del impuesto sobre la renta (ISR), en cada uno de los estados del país y del distrito federal, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 9, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013; y
Segundo. Se exhorta a la Auditoria Superior de la Federación, para que inicie las auditorias para determinar si los recursos condonados a estados y municipios por concepto del impuesto sobre la renta correspondientes al ejercicio fiscal 2012 fueron utilizados para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos y no para resarcir adeudos irresponsables de gobernadores y/o presidentes municipales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2013.
Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la SCT y de la SHCP a integrar en la glosa del primer Informe de Gobierno el tema de la vulnerabilidad satelital de México, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Lizbeth Rosas Montero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En años recientes y aún, en semanas pasadas, nos hemos enterado de la forma en que Estados Unidos espía lo mismo a países y gobiernos aliados, que a rivales en todo el mundo. Mediante las revelaciones en antiguos analistas y empleados, la llamada Red Digital de Inteligencia, creada por la Agencia Nacional de Seguridad, a su vez, perteneciente al Departamento de Defensa del gobierno de ese país, ha sido posible un espionaje a escala planetaria, gracias al desarrollo de tecnología y sobre todo, a las condiciones para poder transmitir y almacenar información mediante una sofisticada red de satélites.
La posibilidad de intervenir miles, cientos de miles de correos electrónicos, llamadas telefónicas, acceso a cuentas en las redes digitales con contenidos personales, diariamente, de acuerdo a testimonios de responsables de agencias de seguridad e inteligencia estadounidense, sólo es viable a través de los recursos que aporta el desarrollo tecnológico en las áreas de informática y de las industrias satelital y aeroespacial.
Otro caso reciente y muy polémico también fue el descubrimiento de sistemáticos asaltos informáticos (en la terminología de la defensa y la seguridad se le conoce como la ciberguerra) a dos periódicos estadounidenses, procedentes de servidores ubicados en la República Popular de China, de acuerdo con información dada a conocer por los propios diarios. También como en el caso de la Red Digital de Inteligencia, la posibilidad de realizar ese tipo de actos, es debido a las condiciones de competencia real que hay en el espacio para el control, y de ser necesario, el bloqueo de satélites rivales.
Pero no sólo es eso. Para el caso de México la situación es crítica. El satélite más reciente, adquirido por el gobierno anterior a la empresa Boeing Military , para recuperar, almacenar y transmitir información crítica y de seguridad nacional, impide a todas luces, tener plenas garantías de manejo exclusivo y confidencial por parte de las autoridades mexicanas.
No hay duda, que buena parte de las seguridades internacional, regional y nacionales se ubican en las condiciones tecnológicas en que cada país pueda tener acceso a sus recursos científicos y tecnológicos aeroespaciales y satelitales.
La industria satelital de México. En 1968, con la transmisión de los Juegos Olímpicos de 1968 se inaugura el sistema Intelsat. A lo largo de los años, los satélites Morelos I y Morelos II (1985), Solidaridad 1 y 2 (1993-1994), fueron las expresiones más importantes de una capacidad propia para gestionar la información desde el espacio.
En 1995, comienza el desmantelamiento y privatización de la industria satelital, que culmina en 2011, con la venta de la participación del gobierno en la empresa Satmex.
Esta empresa, cuya venta total a capital francés fue anunciada el martes 30 de julio pasado, no ha merecido ni atención ni comentario alguno del gobierno federal. Tal parece que no fuera ni relevante ni estratégico el tema para el desarrollo soberano e independiente del país, en un ámbito en donde se darán y ya se dan, parte de los conflictos de intereses mundiales.
Satmex es la única empresa operadora de satélites en México. Su venta significa, en pocas palabras, la exposición y vulnerabilidad de nuestro país, en el cerrado y dinámico ambiente de las disputas por el control, por ejemplo, de recursos hídricos o bien, la disposición de información clave respecto de las patologías del sistema de salud público. La gama de información recuperada y transmitida que pone en serios predicamentos al Estado y nación mexicanos, que rebasa por mucho, la limitada y estrecha visión de ganar unos millones dólares aquí o allá.
Gracias a la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, es posible la venta total o la creación a un 100 por ciento, de empresas de capital extranjero en la industria satelital. Esto no estaría mal, si México tuviera una propia y consolidada presencia en material satelital, pero cuando no es así, cuando se sigue privilegiando sin más, las ganancias e inversiones aún por encima de los intereses de la Nación, los riesgos ante un ambiente que va justo en sentido contrario, nos indica qué tan clara y precisa es la estrategia en materia de seguridad nacional y de desarrollo tecnológico independiente.
La empresa francesa Eutelsat fue la que adquirió Satmex por un monto de 831 millones de dólares. Que como ha sucedido y sucede, la gestión privada de empresas anteriormente paraestatales mexicanas, fue un rotundo fracaso, sin que haya a la fecha, ninguna responsabilidad sobre los dueños (empresarios mexicanos) y de cómo cometieron fraudes contra sus mismas empresas, antes propiedad pública.
Es por eso que en el marco de la Ley de Seguridad Nacional, a tres de los consejeros en esta materia, como lo son los secretarios de estado aludidos, según el artículo 12, fracciones II, VI y IX de la precitada ley, se les exhorta a que, nos expliquen en la glosa, como seguramente sucedió, en el marco del cumplimiento del artículo 13, nuevamente de la misma Ley de Seguridad Nacional, expliquen cómo deliberaron, establecieron y articularon la política en materia de seguridad nacional, sobre todo en torno a los lineamientos para regular el uso de aparatos útiles en la intervención de comunicaciones privadas, tal y como reza la fracción VII, entre otras consideraciones.
Por lo expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición conforme con el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong; de Comunicaciones y Transportes, licenciado Gerardo Ruiz Esparza; y de Hacienda, licenciado Luis Videgaray Caso, a que, en la glosa del primer Informe de Gobierno, integren el tema de la vulnerabilidad satelital de México, dando a conocer al pleno legislativo en donde comparezcan, al menos los siguientes temas, según su materia de responsabilidades:
1) Las circunstancias a detalle por las cuales se vendió el 100 por ciento del capital de Satmex y cuál fue la posición del gobierno federal; así como el estudio que revele las consecuencias que tendrá para la independencia y soberanía de México en cuanto a recuperación, almacenamiento y transmisión de información crítica del Estado Nacional.
2) ¿Qué aspectos de la seguridad nacional pueden verse afectados por esta pérdida absoluta del Estado mexicano y del gobierno en turno de la capacidad para gestionar de manera autónoma la información crítica de los sitios de internet públicos vía satélite en nuestro país?
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2013.
Diputada Lizbeth Rosas Montero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a emprender acciones para la revalorización, el impulso y la operación del programa Pueblos Mágicos de México, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El turismo funge como motor de crecimiento económico y de impulso en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes que integran los principales destinos turísticos del país y que se desempeñan en la prestación de servicios turísticos, así como de los que se relacionan indirectamente con esta actividad como son: autotransportistas, productores y proveedores entre otros.
De acuerdo con las estadísticas presentadas en el año 2012 por la Secretaría de Turismo (Sectur), el turismo en México se destaca como una actividad primordial de la que se desprende la creación de aproximadamente 7.5 millones de empleos tanto directos como indirectos, además de representar 9 por ciento del producto interno bruto (PIB) de la economía mexicana, lo que la coloca en un lugar preponderante como captadora de divisas, siendo esta actividad superada únicamente por la captación de remesas y la actividad petrolera.
La relevancia del sector turístico no sólo radica en su importancia económica, si no también en aspectos culturales, sociales, ambientales, de esparcimiento que inciden y convergen en elementos tales como: estilos de vida, expresiones artísticas y culturales, tradiciones, artesanías, gastronomía regional, así como en una gran diversidad de recursos naturales, entre otros.
Debido a su importancia el gobierno federal a través de la Sectur ha puesto en marcha diferentes líneas de acción mediante estrategias que fomenten la actividad turística del país, las cuales están encaminadas a fortalecer y promover a México como un país líder en la actividad turística a nivel tanto nacional como internacional, para contribuir a la consolidación y fortalecimiento de los distintos destinos turísticos e incrementar por un lado la competitividad de la oferta turística y por el otro a la generación de más y mejores empleos en beneficio del país.
Dentro de las estrategias que han demostrado un mayor impacto por parte de la Sectur, destaca el denominado programa Pueblos Mágicos de México, creado en 2001 para incentivar el turismo local y regional en México, con el objetivo de aprovechar de manera racional y sustentable el gran potencial de los recursos naturales y culturales de las localidades donde el programa se suscribe, el cual ha demostrado su capacidad para transformar y potenciar la oferta turística, lo que ha permitido elevar la productividad y creación de servicios y productos altamente competitivos que propician el desarrollo y bienestar de las comunidades y empresas dedicadas a la actividad turística.
El programa tiene como principio básico el involucramiento y participación de las comunidades receptoras, es decir a la sociedad en su conjunto, a través de un esquema de colaboración, entre el gobierno federal que involucra distintas dependencias y organismos gubernamentales como son: Secretaría de Turismo, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Economía, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Comisión Federal de Electricidad, Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre otros, así como la participación de los gobiernos estatales y municipales.
En este contexto, los resultados altamente exitosos del programa, han demostrado que su impulso contribuye a elevar la actividad turística y por tanto a mejorar de manera real y sostenida los niveles de bienestar de la población, acrecentando el empleo, fomentando la inversión, fortaleciendo y optimizando el aprovechamiento racional de los recursos y atractivos naturales y culturales.
Es por ello que el gobierno federal apoya al programa Pueblos Mágicos, a través de la canalización de recursos económicos para la dotación de infraestructura, equipamiento, creación, desarrollo e innovación de productos turísticos, profesionalización y capacitación que detona la actividad económica de la región donde estos se aplican.
De acuerdo con datos de la Sectur en el periodo 2007-2012, el gobierno federal destinó un monto de 952.8 millones de pesos, cifra superior en 20 por ciento respecto a lo destinado entre 2001-2006, esto debido a que la inversión federal registrada fue por 187 millones de pesos. Asimismo vale la pena señalar que en estos dos periodos es decir del 2001 al 2012 se detonó una inversión conjunta, (Federal, estatal, municipal) cercana a los 2 mil 733 millones de pesos.
El beneficio que han obtenido las comunidades tras su inclusión en el programa aunado al mejoramiento de la imagen urbana, ha propiciado que esto se refleje en la economía y prosperidad de las mismas. Un ejemplo de ello ha sido el cambio de las actividades productivas, en las localidades y municipios, como se observa particularmente en el municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo, primera localidad en obtener el nombramiento de Pueblo Mágico.
Huasca de Ocampo, de conformidad con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2001, año previo a su incorporación en el programa, era una comunidad en la que su principal actividad económica estaba basada en el sector primario (agrícola) y una vez puesto en operación el programa y demostrado su éxito, sus habitantes modificaron, adecuaron y en algunos casos cambiaron su ocupación para dedicarse a una actividad mejor remunerada y pasar al sector terciario (servicios).
Asimismo, es importante señalar que según datos estimados por la Sectur en su publicación Pueblos Mágicos, instrumento para mejorar la calidad de vida e impulsar el turismo , publicado en el año 2012, indica que durante 2011 se obtuvo una derrama económica cercana a los 3 mil, 163 millones de pesos, por concepto de la actividad turística derivada de los Pueblos Mágicos, donde se reportó una estadía promedio de dos días, en fin de semana, y un gasto mínimo diario por turista de 700 pesos. Lo anterior se traduce en aproximadamente un 2 por ciento del total de los ingresos generados por turismo en México, lo anterior se reafirma al observar que en el año 2011 el turismo tuvo un ingreso de 147 mil 798 millones de pesos (cantidad estimada por el CNET en su publicación Panorama de la Actividad Turística en México número 6, enero- abril 2012)
Por su importancia el programa Pueblos Mágicos se ha convertido en un símbolo de distinción, así como una marca turística reconocida tanto nacional como internacionalmente, por lo que la Sectur y las localidades pertenecientes al programa deben procuran mantener sus estándares de calidad, a fin de no perder su credibilidad.
Cabe destacar que en ocasiones la falta de coordinación, vigilancia y seguimiento por parte de los gobiernos federal, estatal, municipal y la propia sociedad civil, representa múltiples factores que inciden de manera perjudicial en el programa, por lo que se requiere constantemente se revisen y actualicen sus reglas de operación a fin de que en su diseño y estructura se promueva una adecuada interacción entre las diversas instituciones y ámbitos gubernamentales, para garantizar el óptimo desarrollo de las comunidades seleccionadas en el programa Pueblos Mágicos; destacan los siguientes elementos perjudiciales:
• Proliferación de vendedores ambulantes.
• Instalación de anuncios en lonas y letreros no permitidos colocados fuera de los establecimientos ubicados en el centro de los pueblos.
• Pérdida de autenticidad de las manifestaciones culturales.
• Contaminación ambiental y urbana.
• Alteración de la imagen urbana y del medio ambiente.
Por lo antes expuesto se considera de suma importancia el manifestar a la Secretaría de Turismo la necesidad de corregir aspectos en la operación y desarrollo del programa, debido a que los turistas que acuden a visitar los Pueblos Mágicos, tienen una alta expectativa en la calidad de los servicios y atractivos, por lo que no satisfacerlas ocasionaría un fuerte retroceso en la imagen turística de nuestro país y por tanto una disminución en la captación de divisas y un deterioro en la economía nacional.
Es por ello, que la detección oportuna de las carencias y debilidades del programa, las convierte en áreas de oportunidad y por ende en el mejoramiento del programa Pueblos Mágicos, por lo que se proponen las siguientes acciones:
I. Analizar, rediseñar, ajustar y dar seguimiento puntual a las reglas de operación que actualmente rigen el programa.
II. Realizar un estudio exhaustivo de las comunidades inscritas en el programa, para evaluar los criterios de incorporación y operación existentes.
III. Fortalecer la coordinación institucional entre las diversas dependencias que impulsan el programa.
IV. Formalizar los apoyos aportados por las diversas instancias involucradas en el programa.
V. Derivado de que el éxito o fracaso de este programa radica en el principio básico de involucramiento y participación de la sociedad en su conjunto, es indispensable impulsar la creación de un organismo a nivel nacional de carácter no gubernamental que se encargue de impulsar, defender, vigilar, salvaguardar, y coordinar la interacción de las localidades integrantes del programa en su conjunto con los tres niveles de gobierno.
Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Turismo a efecto de que emprenda las acciones necesarias para la revalorización, impulso y operación del programa Pueblos Mágicos de México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2013.
Diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la ASF a agilizar la revisión del ejercicio presupuestario del Conaculta correspondiente a 2012, a cargo de la diputada Juana Bonilla Jaime, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Juana Bonilla Jaime, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, y 79 numeral 1, fracción II, así como el numeral 2 fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
En fecha reciente se ha tenido conocimiento a través de diversos medios del grave problema financiero que enfrenta el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes debido a los adeudos que contrajo la anterior administración y que no logró solventar durante el año fiscal de 2012, no obstante que durante ese ejercicio dispuso de una asignación de $14, 500 000 pesos1 , erogación establecida para cubrir: gasto corriente, los proyectos culturales y toda actividad sustantivas que el propio consejo presentó para ese periodo.
Al respecto, el órgano superior de fiscalización, de la Cámara de Diputados, llevó a cabo una auditoría financiera y de cumplimiento al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), seleccionando para su revisión 400,207.7 miles de pesos, que representan 74.5 por ciento del presupuesto ejercido de 537,189.1 miles de pesos, al programa presupuestario E011 Impulso al Desarrollo de la Cultura, que comprende cinco partidas: 33104; 33301; 33604; 33903 y 38401. De la misma manera, en octubre de 2012 la Auditoría Superior de la Federación cerró la auditoría, con un dictamen negativo.
Resulta oportuno señalar que durante el ejercicio correspondiente al periodo enero–diciembre de 2011, la administración del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes no logró sustanciar la auditoría practicada al uso de recursos provenientes del erario público, en el informe de la auditoría financiera y de cumplimiento correspondiente a este organismo cultural, en el apartado correspondiente al resumen de observaciones y acciones se establece un dictamen negativo en razón de que no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la política de impulso al desarrollo de la cultura, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente del informe y que se refieren principalmente a que no diseñaron indicadores y metas para evaluar el cumplimiento de las estrategias establecidas en el Programa Nacional de Cultura 2007-2012.
En fechas recientes el titular de Conaculta señaló que la administración anterior le heredó adeudos por “mas de 500 millones de pesos, lo que ha mermado el presupuesto 2013”2 . Entre estos adeudos se encuentran obras pendientes como la terminación de la Ciudadela, la Cineteca Nacional y el dispendio con que se celebraron congresos sin una verdadera proyección nacional como los dedicados a la mujer en 2011 y 2012.
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes tiene actividades de promoción, apoyo y patrocinio de eventos que propicien el arte y la cultura. Como es de esperarse los pasivos financieros heredados repercutirán en las actividades cotidianas y los proyectos culturales que se pretendan llevar en este año.
Indudablemente el acceso a la cultura que es uno de los propósitos del estado garantizados en nuestra Constitución tendrá menoscabo, por lo que sin duda alguna muchos menos mexicanos podrán gozar de este derecho.
Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, agilizar la revisión del presupuesto ejercido durante el año 2012 por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Segundo. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de la Función Pública, determinar la presumible existencia de daño al erario público y buscar su resarcimiento.
Tercero: La Cámara de Diputados exhorta al titular del Consejo para la Cultura y las Artes a efecto de tomar las medidas necesarias para sanear financiera y administrativamente al organismo.
Notas
1. Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. SHCP
2. Noticias voz e imagen; 27 de abril de 2013. México 2013. Página 2
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2013.
Diputada Juana Bonilla Jaime (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a solucionar el problema del servicio de telefonía fija en General Francisco R. Murguía, Zacatecas, y en los municipios y las comunidades del país afectados por el proceso de digitalización del mismo servicio, suscrita por los diputados Judith Magdalena Guerrero López y Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quienes suscriben, Judit Magdalena Guerrero López y Tomás Torres Mercado, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En la actualidad el acceso a la información se ha convertido en un factor determinante para el crecimiento económico y el bienestar de la población. Por este motivo, en países en vías de desarrollo como el nuestro, el acceso a los servicios de telecomunicación es visto cada vez más como un motor tendiente a impulsar el desarrollo local, principalmente en las zonas rurales más alejadas de los grandes centros urbanos en donde prevalecen condiciones de pobreza y marginación.
Uno de los beneficios principales proveídos por el uso de las telecomunicaciones es la distribución masiva de la información, la cual permite a las personas asumir mejores decisiones y también generar recursos, así como multiplicar las oportunidades de desarrollo. En virtud de lo anterior, la ausencia de telecomunicaciones apropiadas constituye un obstáculo para generar condiciones de equidad que contribuyan a aminorar la brecha existente entre ricos y pobres. En el ámbito rural esto se recrudece todavía más, en otras palabras, no proveer con oportunidad en el ámbito rural, los servicios básicos de telecomunicación, como el teléfono, impacta negativamente en el combate a la desigualdad imperante entre el campo y las ciudades. Por razones como ésta, en algunos países han sido implementados programas sociales con subsidios para la promoción de líneas de telefonía fija.
Lamentablemente, en pleno siglo XXI y a pesar de los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones, en nuestro país subsisten todavía cientos de comunidades sin acceso a un servicio tan básico como la telefonía fija, y peor aún, existen localidades que en el pasado disfrutaban de este servicio pero actualmente ya no.
Resulta paradójico que un proceso de modernización como la digitalización del servicio de telefonía haya provocado un retroceso en un gran número de pequeñas comunidades, dejando incomunicadas a miles de personas.
México registró en el año 2010 una severa regresión en cuanto se refiere a la penetración de la telefonía fija. De acuerdo a datos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), en el año citado había poco más de 17 líneas telefónicas por cada 100 habitantes, cifra similar a la registrada en 2004.1 Entre las razones de este retroceso se halla precisamente la digitalización del servicio de telefonía.
Una de las comunidades que más han resentido los efectos del retroceso en la cobertura de la telefonía fija es el municipio General Francisco R. Murguía, en el estado de Zacatecas, el cual, de acuerdo a datos del Censo de Población y Vivienda 2010, cuenta con una población de 21 mil 974 habitantes, de los cuales sólo el 25 por ciento aproximadamente reside en lugares que actualmente tienen acceso a la comunicación vía teléfono fijo, como es el caso de la cabecera municipal, Nieves.
A consecuencia de la digitalización, 19 localidades del municipio, las cuales tienen menos de 1000 pobladores y contaban antes con el servicio de telefonía quedaron desconectadas y sólo en dos de ellas, Norias y Apaseo, se ha restablecido la prestación del mismo.
Este problema que afecta a buena parte de la población de un municipio en el que casi un cuarto de los hogares registrados es encabezado por una mujer y en donde el índice de migración a los Estados Unidos es bastante alto, ha llevado a las autoridades municipales a buscar alternativas de solución a este. Así, los delegados municipales de las comunidades afectadas presentaron solicitudes para la reanudación del servicio, sin embargo, en ningún caso se obtuvo una respuesta favorable. Ante esta situación, la solicitud fue canalizada al titular del Centro SCT de la entidad, quien turnó la petición a la Cofetel, lo cual no ha sido suficiente para resolver el problema.
Si bien es cierto que debido a las mayores distancias que debe cubrir una red de comunicación en el ámbito rural se encarecen los costos de operación de las empresas prestadoras del servicio de telefonía fija, no se puede soslayar que dichas empresas tienen obligaciones de cobertura social que provienen de la naturaleza de su propio título de concesión, por lo cual se hallan obligadas a hacer todo lo que esté a su alcance para que todos los mexicanos accedan en igualdad de condiciones a los servicios de telecomunicaciones.
No cumplir con lo anterior supone una infracción a la Ley Federal de Telecomunicaciones, la cual, en el artículo 51, ordena claramente que en ningún caso se podrá interrumpir la prestación de servicios cuando sólo hubiese un operador en una localidad determinada, salvo que se cuente con autorización expresa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Cabe señalar que la sanción para una infracción de este tipo puede conducir incluso a la revocación del título concesionario.
Por lo aquí expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a dar pronta solución al problema del servicio de telefonía fija en el municipio General Francisco R. Murguía, Zacatecas, así como en aquellos otros municipios y/o comunidades del país afectados por el proceso de la digitalización del mismo servicio.
Nota
1 Véase, Registra México retroceso en penetración de telefonía fija , El Porvenir.mx, martes 22 de junio de 2010. http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=406909
Dado en el Palacio legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2013.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a detener por la Semarnat las actividades y políticas que representan para el erario un gasto excesivo, como los decimoctavos Juegos Deportivos y Culturales del Sector Medio Ambiente, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En los últimos años, el número y costo de los burócratas en México se ha incrementado de manera significativa, tanto en el Poder Ejecutivo federal como en los Poderes Legislativo y Judicial y en estados y municipios según un estudio realizado por Consultores Internacionales S C (CISC).
Su análisis revela que el número de burócratas contratados por el gobierno mexicano ronda los ocho millones, mientras que en Venezuela y Argentina están cerca de los tres millones.
Países más avanzados tienen menos trabajadores públicos, como en el caso de los Estados Unidos, que cuenta con alrededor de 2.2 millones de burócratas con una población de 300 millones de habitantes, o España, con 2.5 millones y una población de menos de 50 millones.
Según el más reciente informe de gobierno, entre los años 2000 y 2012, el gasto devengado en servicios personales en todos los órdenes de gobierno creció 141.6 por ciento en términos nominales.
A su vez, en los estados y municipios el gasto creció 152 por ciento en igual periodo y en los ramos autónomos que contemplan a los Poderes Judicial y Legislativo, así como al Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el aumento fue del 283.7 por ciento en los mismos términos.
Según un estudio realizado por el Centro de Investigaciones en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, reveló que la estructura burocrática de México cuesta aproximadamente 1 billón 100 mil millones de pesos, los cuales se representan en salarios, alimentos, arrendamientos, servicios financieros y viáticos.
A lo anterior se suman las erogaciones para comunicación social, remuneraciones al personal de carácter permanente, utensilios y servicios profesionales y técnicos.
Esto ha ocasionado que gran parte del gasto federal se utilice para cubrir prestaciones, sueldos y salarios de los millones de trabajadores, dejando el resto para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
Según el presupuesto de 2013, el gobierno federal de cada peso que se ejerce en gasto programable, 32 centavos son para el pago de los sueldos y salarios, mientras que el resto es utilizado en infraestructura, materiales y otros servicios. Sin embargo la tendencia de los gastos federales sigue en aumento.
Con las nuevas reformas impulsadas por Enrique Peña Nieto, aprobadas mecánicamente en el Congreso de la Unión, se establece la creación de nuevos institutos y órganos de gobierno que representan un aumento considerable en el gasto federal orientado a los sueldos y salarios, además que en algunas secretarías se mantienen prestaciones excesivas que pone en grave riesgo la economía del país, ya que puede volverlo menos competitivo que otros países del mundo.
Tal es el ejemplo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual en sus Decimoctavos Juegos Deportivos Culturales del Sector Medio Ambiente, con sede en Cancún, tiene un costo aproximado de 45 millones de pesos, los cuales corren a cuenta de la misma.
El evento está planeado del 8 al 14 de septiembre en el hotel de lujo Iberostar Cancún, con un costo por habitación de mil 745 pesos por noche.
Estas habitaciones cuentan con vista al Caribe, pantalla de 32 pulgadas, aire acondicionado, tina, minibar y wifi. Esto sin contar los desayunos, comidas y cenas tipo buffet, con servicios de agua, café y refrescos sin costo alguno para los trabajadores.
Hoy nuestro país de acuerdo al reporte Doing Business del Banco de Mundial, México se encuentra en el lugar 48 de 185 economías evaluadas, aún muy lejos de ocupar un lugar competitivo, por lo que hacemos un enérgico llamado al Ejecutivo federal para que reencauce al país en una política de austeridad a fin de disminuir el gasto federal.
No podemos concebir que mientras funcionarios y personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) derroche millones de pesos en hoteles lujosos y servicios, mientras haya grandes deficiencias en infraestructura y servicios que ayudan al desarrollo económico del país.
Recordemos que contar con un aparato gubernamental obeso trae consigo graves riesgos y muchos menos costos de oportunidad, ya que esos recursos utilizados de manera ineficaz pudieran representar cambios importantes y destinarse a nuevos proyectos productivos del país.
Derivado de lo anterior someto a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales suspenda actividades y políticas que representan un gasto excesivo al erario público como los Decimoctavos Juegos Deportivos y Culturales del Sector Medio Ambiente, los cuales costaron 45 millones de pesos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2013.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores a emprender campañas de advertencia sobre los efectos nocivos del consumo a edad temprana y excesivo de bebidas alcohólicas, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura integrante del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar a los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas a emprender campañas de advertencia sobre los efectos nocivos del consumo a edad temprana y en exceso de bebidas alcohólicas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la actualidad y desde hace mucho tiempo, la disposición de bebidas alcohólicas para la sociedad se ha relajado tanto que hoy en día adquirir una de éstas bebidas es sumamente fácil; y por ende el desarrollo de éste importante sector, ha permitido la existencia de una variedad de bebidas que atienden necesidades específicas de ocasión y gusto individual –http://las-drogas.com/alcohol.
Gracias a lo anterior, su consumo se ha convertido a lo largo del tiempo en las diversas culturas en una costumbre social altamente difundida y aceptada entre todos los segmentos poblacionales que la conforman.
Apoyándonos en distintas apreciaciones podemos definir a la bebida alcohólica como cualquier líquido con cierta cantidad de alcohol etílico, producida ya sea por fermentación o destilación; por otro lado la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera o define a las bebidas alcohólicas como aquellas que contengan alcohol etílico en una proporción de 2 y hasta 55 por ciento en volumen.
Gracias a la definición anterior, es posible apreciar que al igual que su diversidad y su consumo se ha extendido; también lo ha hecho la clasificación de las mismas, su uso, la fabricación, el modo de conservación y además el contenido que las conforman.
No obstante y a la par de que su consumo, su difusión y aceptación se ha incrementado, también lo han hecho diversas manifestaciones negativas claramente identificadas y definidas tanto en la salud del ser humano como en la conformación de su entorno y desarrollo social.
Desafortunadamente, la combinación entre la gran aceptación y la fácil disposición de las bebidas alcohólicas, ha generado discrepancia por los factores negativos que desencadena, mismos que han requerido de estudios diversos para analizar las implicaciones que representan su consumo controlado y también el excesivo.
Una de ellas, es el llamado alcoholismo, que es definido por la Organización Mundial de la Salud como “un trastorno crónico de la conducta caracterizado por la dependencia hacia el alcohol expresado a través de dos síntomas fundamentales: la incapacidad de detenerse en la ingestión del alcohol y la imposibilidad de abstenerse del alcohol.”
La importancia de éste concepto radica no tanto en los orígenes que lo motivan, sino principalmente en las consecuencias que genera el padecerlo en cualquiera de sus distintos grados de incidencia.
Los orígenes pueden ser diversos, pues al considerarse al alcohol como una droga más, equivocadamente calificada como “blanda o suave”; presenta el mismo comportamiento que se encuentra en las tipificadas y definidas como ilegales.
En lo que respecta a las consecuencias existe mayor precisión, definición y coincidencia sobre éstas no sólo por su penetración social y en la salud, sino también por la variedad de factores indirectos que genera y que son motivo de diversos debates y cuestionamientos sobre la necesidad por parte de las autoridades de regular y controlar su consumo.
En primer lugar se tienen las consecuencias físicas en el ser humano que repercuten directamente en la salud de su organismo y su expectativa de vida que se ve reducida entre 10 y 15 años, dependiendo de la frecuencia y cantidad en el consumo.
Lo anterior se debe a que el alcohol que se consume en estas bebidas no es expuesto a algún proceso digestivo, por lo cual pasa directamente al intestino delgado para inmediatamente ser ingresado o absorbido por el torrente sanguíneo a través de las paredes estomacales. Una vez iniciado este proceso, una parte de éste alcohol que se encuentra ya en la sangre es descompuesto para ser eliminado por el cuerpo (es decir se metaboliza mediante el proceso de oxidación), esto significa que en nuestro organismo el alcohol se fusiona con el oxígeno y se descompone para abandonar el organismo en forma de agua y bióxido de carbono.
Lo negativo del proceso es que el lugar o primer lugar donde se lleva a cabo la oxidación es en el hígado, el cual descompone únicamente hasta un 50 por ciento aproximadamente del alcohol ingerido en el lapso de una hora en promedio y el resto del producto permanece en el torrente sanguíneo y es eliminado en forma muy lenta.
Debido a lo anterior, el consumo ya sea moderado o excesivo tiene manifestaciones en diferentes capacidades del organismo, siendo las principales las siguientes:
• Afectaciones al sistema nervioso, que altera las funciones de praxis y atención y puede llegar a lesionar y eliminar a las celular nerviosas.
• Afectaciones al aparato digestivo, que implica a órganos como el hígado, el estómago, el páncreas y la boca.
• Afectaciones al sistema cardiovascular, que generan fluctuaciones en la presión arterial y miocardiopatías.
• Afectaciones al sistema óseo, que motivan distintos grados de osteoporosis y mayor incidencia a presentarla en el futuro mediato.
• Afectaciones al sistema endocrinológico, pues el alcohol al favorecer la secreción de la prolactina en distintos grados, en el cuerpo femenino genera escasa secreción láctea.
• Afectaciones en el sistema reproductor, pues genera distintos grados en relación directa con el nivel de consumo y su frecuencia, de casos de impotencia en el varón y grados distintos de esterilidad en la mujer.
Finalmente, y a nivel internacional se reconocen medicamente una serie de enfermedades y padecimientos ligados directamente y en manera proporcional al consumo de bebidas alcohólicas; entre las principales podemos mencionar las siguientes que a continuación se enlistan:
• Coma etílico;
• Diabetes;
• Daño cerebral;
• Polineuritis;
• Cirrosis;
• Pancreatitis;
• Cáncer de estómago;
• Cáncer de garganta;
• Cáncer de laringe;
• Cáncer de esófago;
• Úlcera gástrica;
• Síndrome de abstinencia en los bebés; y
• Envejecimiento prematuro.
Sobre las consecuencias psicológicas en el ser humano a pesar de ser afecciones a la salud y el organismo, por su trascendencia y especificidad hay que mencionarlas de manera exclusiva.
Esto se debe a que el alcohol, en primera instancia, al sistema que afecta de manera inmediata es al nervioso central, pues equivocadamente se cree que su consumo produce excitación pero en realidad lo que hace es que deprime centros neuronales y cerebrales reduciendo las tensiones y las inhibiciones. Al rebasar ciertos límites de concentración en la sangre que combinados o relacionados con la fisiología del organismo interfiere en procesos mentales referentes a la precepción visual que se ve distorsionada, al igual que la capacidad de coordinación motora, de reacción a estímulos exteriores, de balance y de lenguaje.
Además, genera una adicción que provoca trastornos a nivel cerebral que se mantienen aún después de que el organismo ya eliminó, procesó o desechó el alcohol ingerido.
Es por esto que las autoridades de salud a nivel internacional, han identificado diversas afectaciones psicológicas que el consumo de bebidas alcohólicas genera al organismo.
En lo que respecta a las consecuencias sociales y económicas, existe una diversidad de ellas y de focos de incidencia de las mismas. Todas lamentables y graves pero quizás en algunas la sensibilidad social ha exigido mayor cuidado, seguimiento, estudio y atención.
De manera casi inmediata genera en el ser humano como individuo integrante de una sociedad sin distinción alguna de género, raza o posición económica diversas consecuencias sociales, tales como rechazo, despido laboral, soledad, quiebra económica, mala higiene, agresiones, problemas de índole penal, separación afectiva, accidentes y maltratos, entre otros muchos.
Sin embargo, es precisamente en la familia, es decir, en el núcleo más íntimo del individuo donde radica el mayor daño, pues las repercusiones no sólo se dan en el ámbito afectivo, sino también en el ámbito económico y de estabilidad emocional para quien consume bebidas alcohólicas y quienes se encuentran a su alrededor, ya que la familia y sus integrantes se ven expuestos a violencia y una descomposición generada por uno de sus integrantes que padezca de alcoholismo.
Además de lo anterior, a nivel mundial se tiene registrado que en la adolescencia el consumo de bebidas alcohólicas es cada vez a una edad más temprana, siendo favorecido este comportamiento de manera directa o directamente por la desintegración del núcleo familiar y reforzado en el exterior por la descomposición social existente en nuestros días.
Finalmente, por el consumo de bebidas alcohólicas y posteriormente el alcoholismo se derivan otra serie de consecuencias económicas para la sociedad en su conjunto con altos costos que pueden ser monetarios o en los casos más lamentables y desafortunados, en pérdida de vidas humanas. Entre las principales tenemos los accidentes de tránsito y laborales, la comisión de diversas conductas ilícitas y los intentos de suicidio.
A nivel mundial se tiene registrado según la más reciente actualización de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que el consumo del alcohol de manera directa provoca la pérdida de vida de cerca de 2.5 millones de persona al año, cifra que representa el 4 por ciento del total de fallecimientos en todo el mundo, además de que el alcohol es a nivel mundial el factor número tres que genera un impacto negativo en la salud del ser humano generando alguna enfermedad o discapacidad en el individuo.
Como se puede apreciar, el alcoholismo en todo el mundo, está representando un problema económico, social y de salud pública, al grado de que en fechas recientes la OMS emitió una recomendación para todos los países en la que solicita incluir en sus políticas, planes de prevención y control sobre el consumo de este tipo de bebidas, enfocándose principalmente en la población joven.
Nuestro país no es ajeno a esta recomendación ni tampoco a los problemas que a nivel mundial se están presentando por el consumo por parte de su población de bebidas alcohólicas, toda vez que encontramos desde hace décadas que el alcoholismo es parte medular de la cotidianidad en la familia pues es principalmente en ella en donde se refugia y se esconde bajo el silencio que provee la tolerancia. Tan sólo tema basta mencionar los siguientes datos relacionados con el consumo en nuestro país:
• Cerca del 15 por ciento de la población total padece del síndrome de la dependencia al alcohol;
• El alcoholismo el causante aproximadamente del 70 por ciento de los accidentes automovilísticos;
• Cerca del 75 por ciento de los divorcios se asocian al alcoholismo;
Aproximadamente el 65 por ciento de los suicidios se vinculan al consumo excesivo del alcohol; y
• Se tiene registrado que cerca del 40 por ciento de los homicidios se cometen bajo la influencia del consumo de bebidas alcohólicas.
Cifras oficiales estiman que en nuestro país cerca del 75 por ciento de la población ha ingerido bebidas alcohólicas al menos una vez en su vida; que existen cerca de 45 millones de bebedores habituales y que el 65 por ciento de la población de 17 a 65 años de edad presentan ya problemas por consumo excesivo de bebidas alcohólicas; es decir, han desarrollado alcoholismo y gracias a ello, éste padecimiento es la cuarta causa generadora de alguna discapacidad derivada de accidentes.
Esta situación tiene una particularidad en la población mexicana y se relaciona directamente con la edad en la que se empieza a ingerir bebidas alcohólicas. Según datos de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) “la cerveza es la bebida favorita de la población mexicana, mientras que los destilados, el vino y bebidas preparadas son de preferencia entre las edades de 18 a 29 años de edad.”
Lo anterior significa, que la primera bebida alcohólica que los bebedores conocen en México o con la que se inician a edad temprana generalmente es la cerveza, de ahí que la bebida causante del desarrollo del alcoholismo en el 5 por ciento de la población joven sea precisamente ésta.
El patrón de consumo es alarmante, pues según cifras oficiales casi 30 millones de mexicanos de entre 12 y 65 años las ingieren con una frecuencia de al menos 8 veces al mes o bien a diario, en donde en algunos de los caso el acceso y consumo de la población joven de bebidas alcohólicas a pesar de la prohibición expresa de venta y consumo en menores, se da con la tolerancia e incluso con la invitación o promoción de sus padres.
Estudios recientes han mostrado el desarrollo de un patrón de consumo alarmante y es el del consumo altamente excesivo únicamente por ocasión. Ésta es una situación que viene a engrosar de sobremanera las estadísticas de desarrollo de enfermedades por el promedio a largo plazo del ingreso de alcohol al organismo, y de accidentes derivados directamente de personas alcoholizadas que no presentan la frecuencia en el consumo propias de un alcohólico.
El patrón de conducta descrito en el párrafo anterior se presenta mayormente en la población joven del país, lo que aunado al número creciente de adolescentes con problemas de alcoholismo, ha permitido que la periodo promedio del inicio de consumo de bebidas alcohólicas sea aproximadamente a la edad alarmante de 13 años, con una marcada tendencia a seguir disminuyendo, pues se están registrado cada vez más casos en donde el consumo se inicia a los 10 años dentro del seno familiar, edad en la que los especialistas señalan que hay mayor vulnerabilidad a adquirir hábitos dañinos que en la mayoría de los casos prevalecerán y se intensificaran en la edad adulta, pues se tiene registrado y comprobado que quienes empiezan a ingerir bebidas alcohólicas no destiladas, antes de los 18 años de edad, sin distinción de género, elevan 15 veces el riego latente de consumir o probar una substancia ilegal en el futuro, con posibilidad además de desarrollar dependencia a la bebida y a éstas substancias.
Al menos en la última década en promedio en el 35 por ciento de los casos se cumplieron las estimaciones anteriores.
Motivado por lo anterior, y gracias a su desafortunada presencia y desarrollo por décadas, hoy en día las enfermedades o padecimientos del hígado en la población mexicana son, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) una de las principales causas de mortalidad (en promedio 33 mil decesos anuales), pero los imputables directamente al consumo de bebidas alcohólicas suman aproximadamente 13 mil casos anuales a una edad que oscila entre los 40 y 50 años de edad.
Algunos de los principales padecimientos de manera específica son el hígado alcohólico adiposo, la hepatitis alcohólica, la fibrosis y esclerosis del hígado alcohólica, la insuficiencia hepática alcohólica y la cirrosis hepática alcohólica.
Por otra parte, se tiene registrado por parte de la Secretaría de Salud que en promedio se atienden 46 mil casos clínicos de ingesta en estado de crisis, es decir, la más avanzada o grave, pero las atendidas por este padecimiento en distintos grados son de aproximadamente 125 casos diarios.
En aspectos sociales de la población, el consumo cada vez mayor y en exceso de bebidas alcohólicas y la cada vez más temprana edad de iniciar su consumo han derivado en serios problemas con elevados costos económicos y principalmente en vidas humanas, ya sea como víctimas directas o indirectas de accidentes en donde se ve involucrado el consumo de alcohol.
Datos de las autoridades en materia de seguridad pública afirman que en promedio al año cerca del 50 por ciento de las personas que cometieron algún delito estaban alcoholizadas, mientras que cerca del 30 por ciento de la población que ingresó a los Consejos Tutelares para Menores lo hizo por haber cometido alguna infracción estando bajo los efectos del consumo de bebidas alcoholizadas.
Estas mismas autoridades indican que estadísticamente de jueves a domingo el consumo de alcohol combinado con la velocidad causan en promedio el 70 por ciento de las muertes en accidentes de tránsito entre la población de 15 a 30 años de edad, lo que en cifras significa que 27 mil personas en el país pierden la vida por este concepto.
Por todo lo anterior, es que las autoridades en todos sus niveles de gobierno, deben de tener mayor enfoque en las acciones encaminadas a prevenir el consumo excesivo o a edad temprana de bebidas alcohólicas y más aún de aquellas que son de fácil y económico acceso para un sector de la población altamente vulnerable como lo son los jóvenes y adolescentes de nuestro país. No olvidemos que es precisamente en esta etapa en donde el alcoholismo encuentra las mayores ventajas y oportunidades de instalase en la vida de esta población y posteriormente en la sociedad.
El alto consumo de bebidas alcohólicas principalmente no destiladas como la cerveza, es ya un problema serio y alarmante de salud pública en México por las afectaciones que causan a la salud y al desarrollo de la sociedad en su conjunto y su economía.
Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Con pleno reconocimiento a la libertad y soberanía en todo lo concerniente al régimen interior de los Estados, se exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas, a emprender las acciones necesarias para integrar dentro de sus programas de salud, seguridad pública y procuración de justicia, campañas de advertencia dirigidas toda la población que muestren los efectos nocivos en la salud del consumo a edad temprana y excesivo de bebidas alcohólicas y su incidencia como causa directa de accidentes automovilísticos, delitos y desarrollo de adicciones.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2013.
Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco, al Canal del Congreso y a otras instancias involucradas a promover acciones informativas sobre las casas de préstamo prendarias e instituciones crediticias anunciadas por Internet y carentes de supervisión y regulación de la CNBV, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Jesús Oviedo Herrera, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El préstamo con intereses desmedidos siempre ha tenido la condena moral de la sociedad en su conjunto, aunque no siempre se ha visto reflejado en las leyes.
Algunas escuelas del pensamiento económico, no dan importancia a la usura y consideran al dinero como una mercancía donde las leyes del mercado fijan su costo y que es contraproducente intentar regular los mercados, porque traería consigo una serie de mercados paralelos conocidos popularmente como negros .
Un derivado de las prácticas usureras es el anatocismo que es la acción de cobrar intereses sobre los intereses de mora derivados del no pago de un préstamo, también conocido como capitalización de los intereses.
Diversas escuelas del pensamiento occidental y del medio oriente han condenado a lo lago de la historia el desmedido préstamo con interés.
La Iglesia Católica prohibió en el Concilio de Nicea I el cobro de intereses al clero, regla que luego extendió al laicado en el siglo V.
Bajo el Emperador Carlomagno (Admonitio generalis, siglo VIII), la usura fue declarada delito. Este movimiento contra la usura ganó ímpetu durante la Alta Edad Media hasta el punto que, en 1311, el papa Clemente V prohibió totalmente la usura y declaró nula toda legislación secular en su favor. Las Cortes de Castilla reunidas en la ciudad de Alcalá de Henares bajo el reinado de Alfonso XI prohíben esta práctica en 1348
La encíclica Rerum Novarum (1891) del papa León XIII habla de la «usura devoradora... un demonio condenado por la Iglesia pero de todos modos practicado de modo engañoso por hombres avarientos.
Y Martín Lutero escribió sobre “las prácticas de la usura que “abruma, arruina y chupa hasta la médula países, ciudades, señores y pueblos enteros”. Martin Lutero...” Sobre el comercio y la usura ”
En el Islam... Se sostiene una interpretación diferenciada entre usura —que se refiere a los préstamos para el consumo— y el interés, que se refiere a los préstamos para inversión comercial.
En los tiempos modernos, en ámbitos islámicos, se han desarrollado instituciones financieras que no cargan interés como, por ejemplo, en Irán, Pakistán, Arabia Saudita, el banco Dar-al-Mal-al-Islami (en Ginebra) y los bancos islámicos en Estados Unidos
En España la usura no es un delito. Fue despenalizada por el Código penal de 1995, rompiendo el criterio penalizador recogido por el Código penal de 1928., sin embargo establece muy bien la diferencia entre crédito al consumo y el préstamo en metálico
De cualquier forma “el pedir prestado” es una práctica común de la humanidad, para evitar que fuera un negocio diversas instituciones consideraron que “prestar” dinero no debería ser un negocio sino un servicio, pero que tuviera un compromiso por parte del que “pide prestado” por esta razón surgió en México durante el Virreinato el “Monte de Piedad” aquí su historia como se anuncia en la página Web de la institución.
1775
Don Pedro Romero de Terreros funda Nacional Monte de Piedad , una Institución de Asistencia Privada sin fines de lucro.
1836
Nacional Monte de Piedad ocupa su actual Casa Matriz, histórico edificio ubicado en el centro de la Ciudad de México.
1872
Nacional Monte de Piedad es nombrada un establecimiento de Beneficencia Pública por el gobierno de Don Benito Juárez.
1931
Se establece la primera escuela de valuadores de México. Nacional Monte de Piedad es la única Institución que cuenta con valuadores certificados en el país.
1981
El Gobierno Federal dispuso un crédito por 700 millones de pesos a favor de Nacional Monte de Piedad así como la venta de inmuebles para incorporarlos al circulante de la Institución.
1990
Nacional Monte de Piedad es reconocida como una Institución de Asistencia Privada (IAP), dependiente de la Junta de Asistencia Privada (JAP).
2008
Nacional Monte de Piedad logra la máxima calificación por parte de Fitch Ratings de México.
2010
Nacional Monte de Piedad registra el año de mayor crecimiento con 226 sucursales y 22 millones de operaciones prendarias.
2012
Nacional Monte de Piedad continúa con su plan de expansión. Cierra el año con 305 sucursales en todo el país y 9 millones de préstamos.”
La filosofía institucional se publica en la ya referida página.
Filosofía institucional
Misión
Ayudar a quien lo necesite a través del préstamo prendario, servicios financieros y actividades e inversiones de impacto social.
Visión
Ser la institución de asistencia privada más admirada apoyando a 6 millones de familias mexicanas en el año 2025.
Valores
Conciencia Social
Cumplimos nuestra responsabilidad social, participando activamente en la preservación del medio ambiente y favoreciendo el desarrollo de México.
Eficiencia
Realizamos nuestras labores diarias con las mejores prácticas, llevando a cabo procesos óptimos, innovadores y garantizados.
Integridad
Actuamos de manera respetuosa, honesta y responsable, administrando de forma transparente los recursos.
Pasión por servir
Damos el mejor trato con calidez, ofreciendo soluciones que excedan las expectativas de nuestros clientes.”
Adicionalmente a lo largo de la historia otras instituciones han surgido con el fin de “prestar dinero “con garantía de una prenda u objeto...
El monte pío, en la actualidad cobra un interés del 3 por ciento mensual sobre un préstamo que no rebasa el 30 por ciento del valor de la prenda, esto tiene por objeto que el “pignórate” no pierda el empeño, esa es la intención.
El Monte Pio ha tomado una serie de medidas para que los “pignorantes” no sean ladrones consuetudinarios o profesionales del empeño.
De cualquier forma y pese a sus defectos, es el paradigma de las instituciones prendarias del país.
Desde finales de la década de los años 90 del siglo XX surgieron en el país numerosas instituciones que amparándose en los vacios legales y ante la creciente necesidad, las temporales y permanentes, instalaron diversas casas de empeño.
Algunas de estas observantes de la ley, que se establece en diversos ordenamientos como:
• Ley General de Sociedades Mercantiles.
• Código de Comercio.
• Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
• Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
• Código Fiscal de la Federación.
• Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de casas de empeño
• Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.
• Norma Oficial Mexicana de Contratos de Adhesión (NOM-179-SCFI-2007).
Sin embargo una cantidad considerable de estas casas se han instalado en media y pequeñas ciudades actuando según sus propias reglas y aprovechándose de la extrema necesidad y de la ignorancia.
A diferencia del Monte Pio las otras casas de empeño establecen montos de intereses que rondan entre el 10 por ciento y 12 por ciento e incluye costos de almacenaje y seguro por robo, extravío o daño de la prenda.
Esta soberanía ratificó, en la presente legislatura” las facultades para que la Profeco tenga capacidad de establecer un registro público en el que se deberán inscribir las casas de empeño y los contratos de adhesión que celebren.
A unos meses de la publicación de la reforma, variadas casas de empeño, no cumplen con las especificaciones y con las autorizaciones que el Estado mexicano establece.
El tema de la usura no debe ser una cuestión menor para el Poder Legislativo ni para el Estado mexicano. Y no debe ser un asunto pequeño, porque en el año de 1981 México ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y se comprometió a prohibir la usura.
El artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, ratificada por México el 2 de marzo de 1981, recoge el derecho a la propiedad privada y deja sentado que, tanto la usura como cualquier otra forma de explotación deben ser prohibidas por la ley.
En ese tenor, es de tomar en cuenta la alta jerarquía de los tratados internacionales, y la necesidad de las autoridades y órganos mexicanos de atender al cumplimiento del compromiso asumido por nuestro país en la Convención Americana sobre Derechos Humanos referente a prohibir la usura.
En fecha reciente en la hermana República de El Salvador se publicó una ley contra las prácticas usurarias que en su exposición de motivos dice así:
“...Prohibir, prevenir y sancionar las prácticas usureras, con el fin de proteger los derechos de propiedad y de posesión de las personas Esta ley es aplicable a cualquier persona natural o jurídica que realice actividades como prestamista, tales como instituciones financieras, casas comerciales, montepíos, comerciantes de bienes y servicios, casas de empeño y, en general, cualquier sujeto o entidad que preste dinero bajo cualquier modalidad, agregó la fuente...”
Las tasas máximas que publicará el Banco Central serán los techos de tasas que pueden ser cobradas por los acreedores según el segmento de crédito.”
Paralelamente una cantidad considerable de nuevas instituciones ha proliferado vía internet, ofreciendo préstamos que son en el tenor del 20 por ciento quincenal, ejemplo de esto es la casa Mimoni la cual menciona que no es regulada por la comisión nacional bancaria y de valores.
Conclusión
En nuestra nación existen grupos de personas que beneficiándose de la necesidad y la ignorancia o inexperiencia de los ciudadanos, prestan dinero haciéndoles dar o prometer, para sí o para otros, intereses, garantías u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación, que se traducen en consecuencias financieras, económicas y patrimoniales que evidentemente dañan el derecho a la propiedad de quienes sufren estas prácticas.
Por las anteriores consideraciones se somete a la consideración de la esta honorable asamblea la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Profeco a establecer una campaña permanente de verificación y certificación de las casas de empeño establecidas en el territorio nacional.
Segundo. Se exhorta a la Profeco y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a establecer una alerta sobre aquellas instituciones que vía internet oferten préstamos personales que superen el 15 por ciento de intereses mensuales.
Tercero. Se exhorta al Canal del Congreso a incluir en su propaganda orientación al pueblo mexicano sobre las instituciones de préstamo prendario.
Cuarto. Se exhorta a la Mesa Directiva de esta soberanía a extender un reconocimiento al Nacional Monte de Piedad como paradigma de casas de empeño.
Palacio Legislativo de San a Lázaro, a 10 de septiembre de 2013.
Diputado Jesús Oviedo Herrera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat, de la Sener, de la Conagua y de la CFE a resolver la problemática de la presa El Gallo, en Cutzamala de Pinzón, Guerrero, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, diputado federal Catalino Duarte Ortuño, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, a los titulares de las Secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía así como de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, a que resuelvan la problemática de la presa “El Gallo” situada en el municipio de Cutzamala de Pinzón en Guerrero, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La construcción de la presa “El Gallo”, tuvo como objetivo principal establecer un sistema de riego para los pueblos de la parte baja de la región de Tierra Caliente, así como para permitir la generación de las actividades agrícola, frutícola, pecuaria y pesquera, que se han visto fuertemente afectadas a partir de la operación y generación de energía eléctrica por parte de la empresa denominada Mexicana de Hidroelectricidad (Mexhidro), SA de CV.
Dicha empresa fue autorizada para generar electricidad bajo la modalidad de autoabastecimiento, sin embargo, ha realizado diversas maniobras legales, para ir más allá de ello, generando electricidad para venderla, con la activa participación de extranjeros en diversas etapas de su producción y generación, violando con ello la Constitución, lo que le ha permitido obtener millonarias ganancias, de las cuáles el pueblo de Cutzamala de Pinzón y el estado de Guerrero no recibe beneficio alguno, con lo que la empresa es la única que recibe estos ingresos por la generación de energía eléctrica por la explotación irracional de la presa.
En atención a esta problemática la Sexagésima Legislatura del Congreso local, aprobó en agosto pasado un punto de acuerdo por el que se aprobó la conformación de una comisión especial que coadyuve y le dé seguimiento.
En el mismo sentido, las autoridades locales, en particular los comisarios municipales del municipio antes referido se han dirigido a diputados federales y senadores de la República de la presente legislatura para plantearles esta situación, denunciando el incumplimiento por parte de la empresa Generadora de Energía, Mexicana de Hidroelectricidad, Mexhidro SRL de CV, por el daño al medio ambiente, los mantos acuíferos y a la fauna, ya que ha causado perjuicios permanentes que no han sido resarcidos por la empresa aun cuando existe el compromiso firmado.
A raíz de la operación de la hidroeléctrica la Conagua dejó de construir la margen derecha que serviría para el riego de miles de hectáreas de cultivo en las que se cultivan maíz, frijol, mango, jícama y hasta pasto para ganado, a lo que se comprometió, pues ese era el objetivo de la construcción de la presa.
En relación con ello, hay que recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27, refiere que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de regular en beneficio social el aprovechamiento de los recursos naturales, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública así como cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población tanto en el ámbito rural como urbano.
Es por ello, que nuestro grupo parlamentario plantea a esta soberanía el presente punto de acuerdo para solicitar a los titulares de las Secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía y al de la Conagua que tomen cartas en el asunto y que detengan las afectaciones al medio ambiente que se están generando en el entorno de esta presa que afecta la calidad de vida de miles de mexicanos que radican en sus márgenes así como sus actividades económicas que están orientadas a su propia subsistencia.
Esta Cámara debe pronunciarse por el uso adecuado y sustentable de nuestros recursos naturales lo cual implica una explotación racional de éstos y un beneficio directo para las propias comunidades afectadas.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales a que revise el cumplimiento del convenio –de fecha 29 de junio de 2005– firmado con la empresa Hidroeléctrica del Pacifico S de RL de CV, en el que la empresa denominada Mexicana de hidroelectricidad, Mexhidro, se comprometió a resarcir el daño ambiental causado por la construcción y operación de la presa “El Gallo”, en el municipio de Cutzamala de Pinzón, Guerrero así como un estudio de impacto ambiental sobre esta problemática.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Energía a que revise la debida operación de la presa “El Gallo”, en el municipio de Cutzamala de Pinzón, Guerrero.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Conagua a que en el ámbito de sus facultades realice una investigación integral de la problemática que se presenta en la presa “El Gallo”, en Cutzamala de Pinzón, Guerrero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2013.
Diputado Catalino Duarte Ortuño (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del IMSS a atender la recomendación de la CNDH número 23/2013, sobre el caso presentado por atención médica inadecuada en agravio de un menor de edad en los hospitales de especialidades número 71 de Coahuila y general de zona número 1 de Zacatecas, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En junio pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 23/2013 dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en relación con la presunta atención médica inadecuada por parte del personal del mencionado instituto y que provocaría la muerte de un menor de edad.
Sustentado en las constancias del expediente clínico y de los estudios practicados, se narra el caso de un joven quien, en 2005 (con diez años de edad), “fue diagnosticado por personal del IMSS, con un cuadro clínico de insuficiencia renal crónica”, por lo que fue atendido en el Hospital de Especialidades 71 en Torreón, Coahuila para realizarse un trasplante de riñón donado por su madre.
En el documento presentado por la CNDH, se menciona que el paciente había evolucionado de manera favorable hasta enero de 2011, momento en el cual se le harían diversos estudios y comenzaría a recibir una serie de tratamientos; por lo que al no responder satisfactoriamente, fue remitido en junio de ese mismo año, al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Zacatecas, en donde no se le brindó la atención oportuna, lo que provocó un edema pulmonar y consecuentemente “tres paros cardiorrespiratorios que le provocaron daño cerebral”, a este cuadro médico se le sumó un cuadro de Hepatitis C, por lo que en días siguientes “tuvo crisis convulsivas derivadas del daño neurológico que sufrió, por lo que el 2 de julio de ese año fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos del citado hospital, en donde a las 11:50 horas del 14 de ese mismo mes y año perdió la vida, determinándose como causas de su muerte en el certificado de defunción: insuficiencia respiratoria aguda, hemorragia pulmonar y coagulopatía; y como estados patológicos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo: encefalopatía anoxoisquémica e insuficiencia renal crónica terminal.”
Cabe destacar que según la información de la CNDH:
El 21 de enero de 2013, a través del oficio número. 09 52 17 46 B 0/001111, el IMSS informó que el 14 de diciembre del año anterior, la Comisión Bipartita de Atención al Derechohabiente del Consejo Técnico de ese Instituto determinó que la queja número 1, relacionada con el caso de V1, había resultado procedente, pero que no había lugar al pago de indemnización, solamente a atención psicológica; no obstante, el 2 de mayo del presente año, se notificó a Q1 que la Coordinación de Legislación y Consulta acordó otorgarle una indemnización por 165 mil 564.00 pesos.
Asimismo, el titular de la División de Atención a Quejas en materia de Derechos Humanos del IMSS, informó que se había dado vista al Órgano Interno de Control de ese instituto; sin embargo, a la fecha de elaboración del presente pronunciamiento no se han recibido en este organismo nacional evidencias que acrediten que se hubiera iniciado procedimiento alguno.
Además, Q1 señaló que con motivo de los agravios cometidos a V1, el 6 de octubre de 2010 presentó denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas, misma que fue remitida por incompetencia a la Procuraduría General de la República, quien dio inicio a la averiguación previa número 1.
De esta forma, la CNDH exhibe la violación de los derechos a la protección de la salud y a la vida, así como al interés superior del niño por parte de cinco médicos adscritos al Hospital de Especialidades número 71 en Coahuila y al Hospital General de Zona 1 en Zacatecas, ambos del IMSS.
Aunado a ello, la CNDH hace hincapié en las irregularidades presentadas en las notas médicas del expediente clínico del menor, lo cual “representan un obstáculo para conocer el historial clínico detallado del paciente a fin de deslindar las responsabilidades que correspondan, vulnerándose con ello el derecho que tienen las víctimas y sus familiares de que se conozca la verdad respecto de la atención médica que se les proporcionó en una institución pública de salud.”
Es de esta manera que la CNDH, emitió las siguientes recomendaciones:
Primera. Instruya a quien corresponda, a efecto de que se tomen medidas necesarias para que se continúe con el trámite de la reparación del daño a Q1 y Q2, o a quien tenga mejor derecho a ello, con motivo de la responsabilidad institucional en que incurrió el personal de los Hospitales de Especialidades 71 y General de Zona 1 del IMSS, en Coahuila y Zacatecas, y envíe a esta comisión nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
Segunda. Gire sus instrucciones para que en los hospitales de ese Instituto a su cargo, se diseñen e impartan cursos integrales de capacitación y formación en materia de derechos humanos, así como del conocimiento, manejo y observancia de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud, sobre todo por lo que hace a la atención de los menores de edad y el manejo de pacientes con insuficiencia renal, esto con el objetivo de evitar omisiones como las que dieron origen al presente pronunciamiento, y envíe a esta Comisión Nacional los indicadores de gestión y evaluación que se apliquen al personal capacitado y las demás constancias con las que se acredite su cumplimiento.
Tercera. Gire sus instrucciones a quien corresponda para que se emita una circular dirigida al personal médico de los Hospitales de Especialidades número 71 y General de Zona número 1 del IMSS, en Coahuila y Zacatecas, en la que se les exhorte a entregar copia de la certificación y recertificación que tramiten ante los Consejos de Especialidades Médicas, con la finalidad de que acrediten tener la actualización, experiencia y conocimientos suficientes para mantener las habilidades necesarias que les permitan brindar un servicio médico adecuado y profesional.
Cuarta. Girar sus instrucciones a quien corresponda para que los servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, especialmente los adscritos a los multicitados hospitales, adopten medidas efectivas de prevención que permitan garantizar que los expedientes clínicos que generen con motivo de la atención médica que brindan se encuentren debidamente integrados y protegidos, conforme a lo establecido en la legislación nacional e internacional, así como en las normas oficiales mexicanas correspondientes y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
Quinta. Colaborar ampliamente con esta Comisión Nacional en el trámite de la queja que promueva ante el Órgano Interno del Control en ese Instituto, en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos, enviando a esta Comisión Nacional las constancias que le sean requeridas.
Sexta. Colaborar ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que este organismo nacional formule ante la Procuraduría General de la República, a fin de que se inicie la averiguación previa que en derecho corresponda, por tratarse de servidores públicos federales los involucrados y remita a este organismo nacional las constancias que le sean solicitadas.
Es por ello y atendiendo a lo contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y jurisprudencia en materia de derechos humanos, en especial respecto a la protección a la salud, la vida y al interés superior de la niñez; presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al doctor José Antonio González Anaya, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, a atender la recomendación número 23/2013, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre el caso presentado por la inadecuada atención médica en agravio de V1, en los hospitales de especialidades número 71, en Coahuila, y General de Zona número 1, en Zacatecas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2013.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco a garantizar la veracidad de la información de su sitio web, en particular el llamado “buró comercial”, y regular la publicación de una más amplia sobre los proveedores que reciben quejas, a cargo del diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Hacerse de una vivienda digna, como derecho humano consagrado en el artículo 4o. de nuestra Constitución federal, implica un esfuerzo económico muy importante para la ciudadanía, toda vez que el estado mexicano no ha contado con los medios suficientes para dar cobertura universal a ese derecho. Los ciudadanos dedicamos parte importante de nuestros recursos económicos para asegurar una vivienda digna a nuestras familias.
Algunos ciudadanos no pueden fácilmente acceder a créditos bancarios, por lo que buscan otras alternativas para acceder a viviendas, tales como crear sociedades cooperativas y buscan esquemas de autofinanciamiento con sociedad en supuestamente vigiladas, cuyos contratos de adhesión teóricamente son celosamente vigilados por la Profeco y sus sorteos autorizados por la Secretaría de Gobernación.
Confiamos en que tomamos una buena decisión sobre nuestro patrimonio, sobre todo en algo tan delicado como lo es el financiamiento para una vivienda, cuando actuamos de manera cuidadosa y nos documentamos sobre la solvencia del proveedor de bienes o servicios que demandamos.
La importancia de los contratos de adhesión es de sobra reconocida por nuestra legislación, y es por ello que requieren de un cuidado especial por parte de la autoridad. Así pues, quien actúa de manera cuidadosa e indaga en la página web de la Profeco sobre la legalidad de un contrato de adhesión resulta que no tiene certeza alguna pues la autoridad no realiza correctamente su labor de verificar la vigencia de los contratos. El artículo 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y todo el Capítulo X de la misma, definen y regulan los contratos de adhesión como sigue:
Artículo 85.
Para los efectos de esta ley, se entiende por contrato de adhesión el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. Todo contrato de adhesión celebrado en territorio nacional, para su validez, deberá estar escrito en idioma español y sus caracteres tendrán que ser legibles a simple vista y en un tamaño y tipo de letra uniforme. Además, no podrá implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o cualquier otra cláusula o texto que viole las disposiciones de esta ley.
Un caso particular ilustra un problema general que tiene que ver con la falta de cuidado de las autoridades: un grupo de consumidores accedieron diligentemente al “Buró Comercial de Profeco”, el pasado 10 de febrero de 2012, para verificar el estado de un contrato de adhesión y encontraron como “vigente” el registro 55493-2004. Sin embargo, después de que lamentablemente el proveedor incumple (como en forma sistemática parece hacerlo) los consumidores afectados reciben la información que en realidad el contrato no estaba vigente en esa fecha y la información visible en la página de internet es corregida. Los pormenores del caso pueden consultarse en el expediente PFC.GTO.B.3/000892-2013 seguido en la Delegación Guanajuato de la Profeco.
Con ese ejemplo cercano nos damos cuenta que la autoridad en realidad fue responsable de una mala decisión por parte de los ciudadanos. Además, la información que la página de la Profeco daba sobre el proveedor no es lo suficientemente clara como para saber si se está a punto de contratar con alguien que simplemente no ha podido hacer frente a algunos compromisos o alguien que de manera sistemática incumple y que al ser sujetos a procesos de conciliación ofrecen acuerdos claramente desventajosos a los consumidores, quienes justamente se pueden sentir defraudados.
En meses recientes, gracias a las redes sociales, vivimos un espectáculo lamentable de aparente uso inadecuado del poder al realizarse una actuación irregular por parte de Profeco, en un episodio que la gente llamó coloquialmente #LadyProfeco. La extraña denominación del fenómeno atiende a la manera en que en la red social twitter se identifica un particular asunto de interés. Así pues, bajo esa denominación ampliamente difundida por la prensa nacional, se dio a conocer un aparente uso indebido de una institución tan respetable e importante para los ciudadanos como es la Procuraduría Federal del Consumidor.
Como ciudadano y legislador creo en la importancia que Profeco tiene para el país. Profeco tiene más que nunca el compromiso de borrar la mala imagen que le ocasionó el episodio señalado en el párrafo anterior. Por esa razón, la propuesta que aquí se hace pretende ayudar a esa valiosa institución a ser más útil a los ciudadanos y a prestarnos un mejor servicio. Como lo señala el artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Profeco es un organismo descentralizado de servicio social y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
El servicio social que pretenciosamente ha de brindar la Profeco deja de existir en el momento en que publica información desactualizada, errónea y que lleva a los consumidores a tomar decisiones. Así mismo, dista mucho de proteger los derechos e intereses del consumidor en el momento en que, dificulta la consulta o no es lo suficientemente clara en divulgar los nombres de los proveedores que constantemente son sujetos de quejas y procedimientos de sanción.
Un ciudadano común y corriente confía en que una institución encargada de procurar seguridad a los consumidores le darán información adecuada para poder tomar buenas decisiones, sobre todo en asuntos tan delicados como financiamiento y contratos de adhesión. Si la información que se divulga en la página web de Profeco no está actualizada, no sólo incumple su función básica de asesorar, sino que induce en el error y da pie a tomar decisiones abiertamente equivocadas.
Por lo anterior es que resulta importante exhortar respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor para que ejerciendo las facultades que le otorga la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular la señalada en la fracción XI del artículo 27, expida lineamientos, criterios y demás normas administrativas que le permitan el ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias que tiene conferidas para:
a) Establecer personal adecuado y los medios materiales necesarios a efectos de garantizar que la información que divulgan en su página web sea siempre la correcta y no se haga pasar por contratos de adhesión vigentes aquellos que no lo sean;
b) Implemente medios de consulta más sencillos a efecto de que los consumidores diligentes tengas mayor facilidad para verificar si un determinado proveedor de bienes o servicios es constantemente sujeto a quejas; un listado de los proveedores que más quejas reciben, con facilidad de acceso sería una opción;
c) No se limite a indicar el número de quejas o porcentaje de conciliación, sino que dé a conocer los montos u ofrecimientos de conciliación hechos por los proveedores de bienes y servicios, pues existen fundadas sospechas de que algunos tienen como modus operandi abusar de los derechos del consumidor y después hacer un ofrecimiento abusivo, sabiendo de antemano que el afectado no tendrá mejor opción que aceptarlo en virtud de que un litigio podría ser muy tardado. Dando a conocer dichos montos, el público en general podrá ver si le conviene contratar con un proveedor de bienes o servicios que llega a acuerdos que le son ventajosos.
d) Que Profeco publique, con su autorización, los nombres y datos de contacto de las personas con las que el proveedor llegó a un acuerdo, para efectos de que otros interesados puedan en un futuro consultarles referencias más específicas.
e) Boletine de manera más eficiente, y no sólo mediante un “buró comercial” que no toda la gente tiene posibilidad, a los proveedores de bienes y servicios que alcancen un número importante de quejas y de procedimientos por infracción a la ley.
De conformidad con lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a garantizar la veracidad de la información que el público en general consulta en su página web, en particular el llamado “buró comercial”.
Segundo. Respetuosamente instar al Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a que con base en sus facultades regule la publicación de más información respecto a los proveedores que reciben quejas, tales como los montos o condiciones de los acuerdos que alcanzaron con los consumidores, y boletines de proveedores con mayor número de quejas o procedimientos sancionatorios realizados, y otros que se deriven del cuerpo de este documento.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2013.
Diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a emitir la declaratoria de desastre y a las dependencias federales a adoptar medidas tendentes a apoyar a la población del Distrito Federal y del estado de México afectada por el fenómeno hidrometeorológico ocurrido este 6 de septiembre, a cargo del diputado Víctor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 numerales 1, fracción II, 2, fracciones I, III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, diputado Víctor Manuel Bautista López, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de desastre y a las dependencias del gobierno federal para adoptar las medidas necesarias tendentes a apoyar a la población del Distrito Federal y del estado de México afectada por el fenómeno hidrometeorológico ocurrido el pasado 6 de septiembre del año en curso.
Consideraciones
El pasado viernes 06 de septiembre de 2013, la zona metropolitana del valle de México experimentó un fenómeno hidrometeorológico inusual provocado por las Depresiones Tropicales formadas en el Golfo de México y que provocaron lluvias severas con una precipitación de hasta 90 milímetros de agua por segundo, lo que representó que en escasa hora y media se alcanzara un volumen que representa el 10 por ciento de la lluvias que se registran en un año, lo que como consecuencia provocó inundaciones pluviales que afectaron la zona oriente del Distrito Federal y del estado de México cuya red de drenaje cuenta con una capacidad de descarga de 30 milímetros por segundo, según información proporcionada por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
En la Ciudad de México la zona más afectada por el fenómeno fue la delegación Iztapalapa y datos preliminares difundidos cuantifican en cuatro mil viviendas afectadas en 22 colonias. Las autoridades locales anunciaron que tardarán tres días para terminar un censo completo de las viviendas dañadas, sin contar aquellas que tuvieron afectaciones “menores” en patios y cisternas.
La información oficial emitida por el ayuntamiento de Nezahualcóyotl, México, reporta que las cifras obtenidas al realizar un primer censo de la población afectada determinó que las precipitaciones inundaron 2 mil 800 casas, mil 500 en la colonia Reforma, mil en Las Águilas y Ampliación Las Águilas, 200 en Loma Bonita y Manantiales, y 100 en La Perla, mientras que doscientas viviendas de ocho calles de la colonia Reforma, de Oriente 15 a Oriente 23, hasta el pasado lunes permanecen anegadas, por estar en la parte más baja del municipio.
Mientras que en el municipio de Chimalhuacán, el ayuntamiento identificó 100 viviendas afectadas, en 25 de las cuales el agua alcanzó más de un metro de altura por el deficiente funcionamiento de los cárcamos.
En lo que corresponde al municipio de La Paz, se estima en 90 viviendas afectadas en las colonias Valle de los Reyes y Valle de los Pinos; asimismo, las comunidades de Los Reyes, la unidad Floresta, Ancón, el Fraccionamiento Floresta y las instalaciones del DIF municipal sufrieron daños.
Las reacciones de las autoridades locales frente a estas afectaciones a la población son diversas, desde la activación de un seguro de 50 millones de pesos que, para su aplicación, requerirá completar un censo de evaluación de pérdidas en cada uno de los casos y el interés del gobierno del Distrito Federal para buscar los medios que permitan solventar esos gastos, como el esfuerzo de los gobiernos municipales del estado de México que con sus recursos y su personal, han procurado mantener la asistencia que les es posible en beneficio de los vecinos a través de brigadas médicas, instalación y operación de albergues temporales, desazolve de drenajes y trabajos para revertir las inundaciones, limpiar las calles y viviendas, recoger los desechos, al mismo tiempo que se levantan los padrones de la población afectada.
Es muy importante destacar que los niveles históricos de precipitación y las inundaciones pluviales que en algunas zonas alcanzaron hasta el metro y medio al interior de los hogares, sobrepasaron los eventos de los años recientes y superaron las medidas preventivas que adoptan tanto las autoridades como los propios vecinos.
Y si bien es cierto que afortunadamente no se reporta la pérdida de vidas humanas que lamentar y que los datos difundidos permiten constatar que las viviendas no fueron afectadas al grado de que existan riesgos sobre su integridad, también lo es que la afectación en el patrimonio de las familias, enseres domésticos y vehículos; sumado a la desactivación de la economía popular propicia condiciones de vulnerabilidad de la población afectada que deben atenderse por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
No debemos perder de vista además que si bien las lluvias del pasado fin de semana pueden considerarse como atípicas, la incertidumbre que provocan los fenómenos globales como el cambio climático y el incremento en las temperaturas, nos obligan a adoptar todas las previsiones necesarias para responder a precipitaciones de este tipo y mitigar sus graves efectos en la población.
En virtud de lo anterior consideramos indispensable la participación de las autoridades federales para incorporar todos los esfuerzos gubernamentales posibles en la atención de estas condiciones de emergencia y para realizar obras y adoptar acciones que permitan, en el mediano plazo, hacer frente a este tipo de fenómenos y reducir las condiciones de riesgo para la población.
Por lo que consideramos indispensable que la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de emergencia a la que hace referencia el artículo 5, fracción VII, de las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales y, en el contexto de dicha declaratoria, se asignen recursos para la reconstrucción o restitución de los bienes que permitan adoptar medidas de mitigación para daños futuros, a través de normas de diseño o construcción que reduzcan su vulnerabilidad ante futuras amenazas; así como asegurar la oportuna asignación y aplicación de los recursos a proyectos preventivos y a solventar aspectos prioritarios y urgentes relacionados o derivados de fenómenos naturales perturbadores.
De igual forma es necesaria la urgente intervención de la Secretaría de Desarrollo Social con recursos del Programa Hábitat, a través del cual se pueden adquirir enseres domésticos para la población afectada. La emisión de la declaratoria de emergencia por parte de la Secretaría de Gobernación permitiría que, de ser el caso que los recursos del programa Hábitat sean insuficientes, para atender las necesidades de la población afectada, por su asignación previa, se amplíen con cargo al Fondo Nacional de Desastres.
Lo mismo ocurre en el caso del programa de empleo que opera dicha dependencia y que también puede financiarse con los recursos del Fonden para propiciar la pronta reactivación económica en las zonas afectadas.
Es en mérito de lo antes referido que se somete a su consideración la proposición con los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero . La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, con la finalidad de emitir la declaratoria de desastre a que hacen referencia las Reglas Generales del Fondo Nacional de Desastres para adoptar las medidas necesarias tendientes a apoyar a la población de la Delegación Iztapala del Distrito Federal y de los municipios de Nezahualcóyotl, La Paz y Chimalhuacán del estado de México afectados por el fenómeno hidrometeorológico ocurrido el pasado 6 de septiembre del año en curso.
Segundo . La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal a destinar recursos provenientes de los Programas Hábitat y Empleo para atender las necesidades de la población afectada.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, así como de la delegación Iztapalapa y de los municipios de Nezahualcóyotl, La Paz y Chimalhuacán, para que en un ambiente de coordinación y colaboración institucional, propicien la asignación de los recursos financieros necesarios para atender los efectos del fenómeno perturbador y la realización de acciones para mitigar efectos en el futuro.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 10 de septiembre de 2013.
Diputado Víctor Manuel Bautista López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Infonavit que intensifique las acciones relacionadas con la aplicación del programa de recuperación de vivienda en Matamoros, Tamaulipas, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Carlos Alberto García González a la LXII legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), a que intensifique las acciones relacionadas con la aplicación del programa de recuperación de vivienda en Matamoros, Tamaulipas. Asimismo se exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Tamaulipas a auxiliar a dicho instituto, en el ámbito de sus facultades, para que se agilicen los procedimientos de embargo, remate y adjudicación con la finalidad de recuperar las viviendas, a fin de que sean rehabilitadas y ofrecidas en adquisición a los trabajadores, mediante créditos que les otorgue el Infonavit, con base en las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos, en su artículo 123, apartado A, fracción XII, primer párrafo, establece la obligación de proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, según lo determinen las leyes reglamentarias, señala que dicha obligación se cumplirá mediante las aportaciones que se hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de construir depósitos en favor de los trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones.
Asimismo, en su segundo párrafo la propia fracción XII dispone que se considera de utilidad social la expedición de una Ley para la creación de un organismo que administre los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, dicho organismo es el que actualmente conocemos como: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores identificado por sus siglas Infonavit.
Es el Infonavit, un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto:
I. Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda;
II. Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para:
a) La Adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas,
b) La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y
c) El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores;
Así como:
III. Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores.
Para lograr estos objetivos, el Infonavit está integrado por órganos que son responsables del cumplimiento de las obligaciones que la Ley le impone, siendo el estatuto orgánico el ordenamiento jurídico que establece de manera general, las reglas a las que se sujeta la operación del Instituto, así como las responsabilidades y funciones de la Dirección General, de las Direcciones Sectoriales y del personal directivo del mismo.
En términos del acuerdo por el que se aprueban las adecuaciones al Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es la Subdirección General de Administración de Cartera por conducto de la Unidad de Solución Social, la encargada de Diseñar, ofrecer, instrumentar y monitorear soluciones inmobiliarias individuales o en paquete, para promover la venta de vivienda adjudicada siempre y cuando éstas impliquen una recuperación que considere la situación real de los inmuebles, así como incorporar a las soluciones inmobiliarias aquellas estrategias de rehabilitación orientadas a preservar o mejorar el entorno urbano que la Subdirección General de Sustentabilidad Social diseñe.
Dicho acuerdo también dispone, que la Subdirección General de Sustentabilidad Social tiene entre sus facultades y funciones, la de Desarrollar e impulsar la creación de mecanismos para hacer crecer el valor patrimonial de la vivienda de los trabajadores; fomentar el mantenimiento de las viviendas y de la imagen urbana de los conjuntos.
En relación con las facultades anteriores, actualmente el Infonavit ha firmado ACUERDOS con algunos municipios, estableciendo las bases de colaboración y coordinación para promover el desarrollo ordenado de vivienda: recuperando, rehabilitando y comercializando viviendas deshabitadas que hayan sido adquiridas con créditos otorgados por el Instituto, para la recuperación de viviendas abandonadas.
El programa consta de cuatro fases: Identificación, Recuperación, Rehabilitación y Reasignación.
La fase uno consiste en la identificación, de ese modo el municipio en coordinación con las autoridades federales y estatales establecerán las zonas que tendrán prioridad en la recuperación de espacios públicos.
Recuperación será la fase dos la cual una vez identificadas las viviendas a recuperar, si dichos predios tuvieran adeudos de impuesto predial, el municipio exigirá su pago mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución conforme lo establece el Código Fiscal del Estado de que se trate. Infonavit, como poseedor de la garanta hipotecaria, se presentar en los Procedimientos Administrativos de Ejecución en calidad de acreedor preferente y participar con los objetivos de que le sea adjudicada la propiedad de los inmuebles y saldar los adeudos de impuesto predial
Fase tres será encargada básicamente de la rehabilitación, los inmuebles recuperados en el marco de estas acciones serán integrados a un Programa de Habilitación, con el concurso de empresas desarrolladoras de vivienda, donde los inmuebles serán reparados y adecuados para que cumplan con los criterios de calidad establecidos para ser habitados.
Mientras que la fase cuatro será encargada de la reasignación con la participación de Infonavit, el municipio y desarrolladores de vivienda se promoverán la venta de los inmuebles.
De acuerdo con los datos que registra el propio Infonavit, a noviembre del año 2012, se pudo contar con 3,660 viviendas para subasta, de las cuales en una primera fase fueron entregadas 518. De las 3,660 viviendas para subastar, 900 se encuentran ubicadas en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.
No obstante lo anterior, según datos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en el municipio de Matamoros en el Estado de Tamaulipas, existen conjuntos inmobiliarios habitacionales que fueron adquiridos por el Infonavit cuyas viviendas se encuentran abandonas y que se han convertido en verdaderos focos de delincuencia y de infección.
Ante tal situación, es necesario que el Infonavit intensifique las acciones relacionadas con la aplicación del programa de recuperación de vivienda en Matamoros, Tamaulipas, aplicando las cuatro fases antes mencionadas, con lo cual además se lograría abatir los índices de delincuencia, ahuyentando a aquellos que se reúnen con ese ánimo en tales viviendas, por su condición de abandono.
En virtud de lo aquí expuesto, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), a que intensifique las acciones relacionadas con la aplicación del programa de recuperación de vivienda en Matamoros, Tamaulipas.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Tamaulipas a auxiliar a dicho instituto, en el ámbito de sus facultades, para que se agilicen los procedimientos de embargo, remate y adjudicación con la finalidad de recuperar las viviendas, a fin de que sean rehabilitadas y ofrecidas en adquisición a los trabajadores, mediante créditos que les otorgue el Infonavit.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 de septiembre de 2013.
Diputado Carlos Alberto García González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la entrega de recursos asignados y liberados del Fonden para los municipios veracruzanos afectados por la tormenta tropical Fernando, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Juan Bueno Torio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que se entreguen de manera urgente los recursos asignados y liberados del Fonden para los 50 municipios afectados por la tormenta tropical Fernando para el estado de Veracruz.
Consideraciones
Por su situación geográfica, el Estado de Veracruz es muy susceptible de ser afectado por los fenómenos meteorológicos, aunado a esto, siempre es golpeado por la problemática que se ha hecho tradición por parte del gobierno del Estado, al no concluir las obras con motivo de los destrozos ocasionados por dichas contingencias.
Este punto de acuerdo obedece a la urgencia para destinar los recursos para atender la contingencia y al mismo tiempo, para solicitar se verifique el adecuado uso e inicio y conclusión de obras ya que en Veracruz hay un gran déficit de atención para concluir, existen muchos ejemplos de esta situación.
El 26 de febrero del presente año, Raúl Cisneros Reyes, presidente del Patronato del Camino Capoacán-La Breña, de la comunidad de Emiliano Zapata, de Minatitlán, Veracruz, denunció públicamente la afectación a más de 200 comunidades por las 70 obras inconclusas en caminos y accesos que debieron ser rehabilitados con los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales asignados y liberados desde el año 2006.1
Por sí misma esta situación es agravante, pero lo es todavía más cuando el no ejercicio de los recursos asignados por el Fonden en beneficio inmediato de la sociedad civil afectada, ha venido teniendo réplica en los años subsecuentes, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 estableciéndose como una constante en la Administración Estatal de Veracruz la falta de aplicación y comprobación del manejo de los recursos. Esto mismo sucedió en el Municipio de Martínez de la Torre en donde las 37 comunidades de esa zona tienen al menos una obra inconclusa y que se realizarían con los más de 168 mdp que venían etiquetados a través del fondo en comento.2
En el año 2010 se autorizaron recursos para la atención de Desastres Naturales por un total de $ 21,959,500,008 de los cuales para el Estado de Veracruz fueron autorizados $ 2,097, 234, 760 que equivalen al 9.55 por ciento del total a nivel nacional, mimos que se asignaron para la atención de los desastres ocasionados por las severas lluvias ocurridas los días 2,3 y 4 de noviembre del 2009; 22, 23, 24 y 25 de julio de 2010.3
Mientras que en el 2011, lo asignado para el Estado de Veracruz fue de $4,525,939,328 de un total de $12,653,799,848 lo que representa el 35.77 por ciento.
El pasado 24 de agosto, ante el retraso de casi 4 años en la aplicación de los recursos destinados a través del Fonden en el 2010, habitantes de la sierra de Zongolica, exigieron públicamente al Gobierno del Estado la reparación de los tramos carreteros para los que fueron autorizados y asignados los mimos por parte de la federación, ya que de las 13 carreteras por reparar solo se han llevado a cabo 4 obras quedando pendientes 9 desde el año 2006.4
A nueve días de este evento, el 2 de septiembre, en virtud del nulo resultado a estos reclamos, y debido al incumplimiento de estas obras, más 3 mil ciudadanos de las comunidades de Tlaquilpa, Atlahuilco, Soledad Atzompa, Acultzingo, entre otras pertenecientes a la sierra de Zongolica, de nueva cuenta han vuelto a manifestarse en la justa demanda de la elaboración y terminación de obras entre las que destaca la reconstrucción del puente de Tlaquilpan, no obstante esta vez colapsando la actividad de la zona centro del estado ante la falta de acción del mismo.5
La misma exigencia tiene réplica en lo que hace al Municipio de Coscomatepec, el 13 de agosto más de 500 habitantes de 28 comunidades mantuvieron bloqueada la caseta de peaje de Fortín en demanda de que se lleve a cabo la construcción del puente de Tetelcingo y que fuera destruido por el meteoro Ernesto en agosto de 2012, y del cual se dio un banderazo de inicio de obra pero hasta la fecha la obra sigue detenida, al respecto el asesor técnico de la Secom, Mayolo Fernández Martínez, ha dicho que algunas de estas obras no se han realizado por que no han llegado los recursos del Fonden.6
En resumen, del año 2006 a lo que va del 2013, al estado de Veracruz le han sido autorizados y asignados con motivo de desastres naturales, emergencias y contingencias a través del Fonden $ 21,143,327,932.00 en donde le corresponde al Gobierno del Estado de Veracruz aportar $15,030,111,249.00, más las aportaciones, en algunos casos, de dependencias federales, por lo que de acuerdo a la Dirección General del Fonden7 a esta entidad federativa se han destinado $36,607,360,403.00.
De acuerdo a la Ley General de Protección Civil, ésta es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y social en el marco del Sistema Nacional, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable, y privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente.
Y es la reconstrucción, la acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de normalidad social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos producidos por un agente perturbador en un determinado espacio o jurisdicción.
Los ciudadanos afectados por estas contingencias, han padecido desde la pérdida de sus bienes, lugares de trabajo, hasta la pérdida de seres queridos, esta es una responsabilidad a la que el Gobierno no puede ser esquivo primeramente en la inmediata aplicación de los recursos y segundo, en la comprobación del uso de los mismos, el mayor capital de toda entidad federativa son las familias que la habitan.
No obstante recientemente el coordinador en la región sur de la secretaría general de Gobierno del Estado de Veracruz, José Luis Utrera Alcázar reconoció que desde el año 2008, existen retrasos en la reconstrucción de infraestructura básica, específicamente en la rehabilitación de caminos por parte de la Secretaría de Comunicaciones, con motivo de las zonas afectadas por diversos fenómenos meteorológicos y que se reconstruyen con recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).8
El artículo 27 de las Reglas Generales del Fonden dentro del Control y Ejercicio del Gasto, obligan a las Dependencias y Entidades Federales a facilitar que la Función Pública directamente o, en su caso, a través de los órganos internos de control en las Dependencias y Entidades Federales puedan realizar, en cualquier momento, de acuerdo a su ámbito de competencia, la inspección, fiscalización y vigilancia de los recursos del Fonden y del Fideicomiso Fonden, incluyendo la revisión programática-presupuestaria y la inspección física de las obras y acciones apoyadas con recursos federales, así como recibir, turnar y dar seguimiento a las quejas y denuncias que se presenten sobre su manejo.
Y en el caso de que se detecten manejos inadecuados de recursos e incumplimiento al marco normativo aplicable, los sujetos obligados a su cumplimiento se harán acreedores a las sanciones procedentes en los términos de la legislación aplicable.
Lo anterior, sin menoscabo de las acciones que en el ámbito de su competencia le correspondan a la Auditoría Superior de la Federación.
Mientras que el artículo 28 del mismo ordenamiento se contempla la participación de testigos sociales especializados para fortalecer la transparencia, eficacia y eficiencia en el ejercicio del gasto público federal, conforme a las disposiciones aplicables.
Asimismo el 79 constitucional faculta a la Auditoría Superior de la Federación para que fiscalice los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier estado, municipio, entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica.
Por lo anteriormente expuesto me permito someter a consideración de la presente soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretario de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Gobernación para que una vez entregados los resultados por parte del Comité de Evaluación de daños, se liberen de manera urgente los recursos considerados en el Fonden para la atención de los 50 municipios afectados y ya declarados en estado de emergencia en el Estado de Veracruz a causa de la tormenta tropical Fernando.
Segundo . Se solicita al Gobierno Federal realizar las acciones pertinentes para el seguimiento, supervisión y revisión de la ejecución de los recursos asignados a través del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) al estado de Veracruz.
Tercero. Se solicita a la Comisión de Vigilancia de esta Cámara de Diputados instruya a la Auditoría Superior Federación para que revise la aplicación de los recursos asignados por el Fonden al Estado de Veracruz desde el año 2007 a la fecha, esto en virtud de que existen obras inconclusas y otras que no se han iniciado; con la finalidad de detectar los recursos que no se han aplicado para la reconstrucción de la normalidad social en términos de la Ley General de Protección Civil.
Notas
1 http://www.veracruzanos.info/senalan-rezago-en-obras-carreteras-en-el-s ur-de-veracruz/
http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/52771-%E2%80% 9C-fonden-deposito-recursos-para-veracruz%E2%80%9D
2 http://www.eldiariodeveracruz.com/secom-no-ha-concluido-obras-del-2009- con-recursos-del-fonden-en-martinez/
3 Diario Oficial de la Federación de fechas: 20 de noviembre de 2009; 5 de agosto de 2010; 11 de agosto de 2010.
4 http://cronicadelpoder.com/vida-municipal/201308/piden-aplicar-recursos -del-fonden-2012-en-zongolica
5 http://www.jornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?ID=130903_073457_359
6 http://www.elbuentono.com.mx/index.php/altas-montanas/20782-siguen-pend ientes-obras-por-fonden
7 http://www.proteccioncivil.gob.mx/es/ProteccionCivil/Recursos_Autorizad os_por_Declaratoria_de_Desastre
8 Denuncia pública difundida en:
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/campesinos-mi natitlecos-protestan-por-obras-inconclusas-que-autorizo-el-fonden-en-20 06-110531.html#.UiEsTTZFX0M
Palacio Legislativo de San Lázaro a 10 de septiembre de 2013.
Diputado Juan Bueno Torio (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para que se inicie juicio político contra el jefe del gobierno del Distrito Federal, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, fracción XVIII, 6, fracción I, 62, numeral 2, 76, fracción IV, 79, fracción II del numeral 1, y fracciones I y III del numeral 2, 113 y 139, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita que se incorpore al orden del día de la sesión por celebrarse el martes 3 de septiembre de 2013 la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, que somete a su consideración al tenor de las siguientes
Considerandos
Primero. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Constitución el Jefe de Gobierno tiene a su cargo el poder ejecutivo del Distrito Federal, siendo objeto de referencia del presente, la facultad conferida en la Base Segunda fracción II inciso e), en la cual mandata que dicho servidor público tienen a su cargo la dirección de los servicios de seguridad pública de conformidad con lo que también se establezca en el Estatuto de Gobierno de la entidad. En este orden de ideas en el artículo 66 fracción III del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal impone como sanción grave y causal de remoción del cargo, No brindar la debida protección a las instalaciones y depositarios de los Poderes Federales, cuando haya sido requerido para ello.
Segundo. Que el jefe de gobierno del Distrito Federal, el doctor Miguel Ángel Macera Espinosa incurrió en lo dispuesto en el artículo 66 fracción III, al no ordenar el envío de suficientes elementos de la Policía del Distrito Federal, para salvaguardar la integridad de las instalaciones de la honorable Cámara de Diputados el pasado 19 de agosto de 2013, en consecuencia, maestros de la CNTE irrumpieron violentamente en las instalaciones de la Cámara de Diputados ocasionando al Palacio Legislativo daños y perjuicios por casi 4.5 millones de pesos.
La Cámara de Diputados determinó que fueron robadas una cámara de circuito cerrado de televisión y seis equipos de extintores, además los bienes que sufrieron daños fueron dos cámaras de circuito cerrado de televisión; tres equipos biométricos; 20 rejas de popotillo y una reja ubicada en el lado oriente fue derribada. También fueron cortadas cuatro mangueras contra incendio de 30 metros; cuatro pitones de las mangueras recuperadas presentan fallas de operación; resultaron dañados 24 vehículos automotores: 19 en el estacionamiento E-2, a uno de ellos intentaron prenderle fuego; tres en el estacionamiento E-1; dos en la rampa del acceso vehicular numero 5; uno de ellos fue incendiado, por lo que registra pérdida total.
Según el informe, tres de los vehículos dañados son propiedad de la Cámara de Diputados y los demás son de trabajadores.
Además un reloj digital del equipo biométrico fue arrancado mientras que 30 cristales de la planta baja del edificio G resultaron rotos; al igual que nueve macetones de barro y el desprendimiento de lajas de recubrimiento de las jardineras ubicadas a un costado de las escalinatas del Edificio G, materiales utilizados para agredir al personal de resguardo y seguridad.
Tercero. Que posteriormente a la intrusión violenta de los integrantes de la CNTE a la honorable Cámara de Diputados, estos se instalaron en las inmediaciones de las instalaciones de la Cámara de Diputados y quedándose al reguardo de las instalaciones poco personal policiaco del Distrito Federal asignado por el Jefe de Gobierno de la entidad para salvaguardar la paz pública, el Congreso de la Unión tomo la decisión de trasladar las sesiones extraordinarias al Centro de Convenciones Banamex los días 21 y 22 de agosto del 2013, lo cual tuvo un costo aproximado de tres millones de pesos, siendo la renta de los salones, equipos y servicio de alimentos más la renta de computadores e impresoras generó gastos por 123 mil pesos, y los alimentos para el personal de resguardo y seguridad, así como la Policía Federal en San Lázaro tuvo un costo de 147 mil pesos.
Cuarto. Que por lo anteriormente relacionado el juicio político se puede iniciar cuando existan actos u omisiones de los servidores públicos señalados por el artículo 110 de la Constitución es decir los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito federal, el jefe de gobierno de Distrito Federal , el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho de conformidad con los establecido en los artículos 5o., 6o. y 7o. de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos que a la letra dicen:
Artículo 5o . En los términos del primer párrafo del artículo 110 de la Constitución General de la República, son sujetos de juicio político los servidores públicos que en él se mencionan
Artículo 6o. Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
Artículo 7o . Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:
I. El ataque a las instituciones democráticas;
II. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal;
III. Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales;
IV. El ataque a la libertad de sufragio;
V. La usurpación de atribuciones;
VI. Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el función amiento normal de las instituciones;
VII. Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y
VIII. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o del DistritoFederal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y del Distrito Federal.
...
...
Quinto. Que si bien es cierto el Juicio Político puede ser iniciado por cualquier ciudadano, sin embargo la inviolabilidad de la honorable Cámara de Diputados es facultad exclusiva del Presidente la misma, lo anterior de conformidad con el establecido en el artículo 61 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sexto. Que como parte de las pautas del procedimiento de juicio político, el artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos indica:
Artículo 10. Corresponde a la Cámara de Diputados sustanciar el procedimiento relativo al juicio político, actuando como órgano instructor y de acusación, y a la Cámara de Senadores fungir como Jurado de Sentencia.
La Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento de juicio político por conducto de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, quienes al momento de su instalación designarán a cinco miembros de cada una de ellas para que en unión de sus Presidentes y un Secretario por cada Comisión, integren la Subcomisión de Examen Previo de denuncias de juicios políticos que tendrá competencia exclusiva para los propósitos contenidos en el Capítulo II de esta Ley.
Dicho precepto alude a las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados que intervendrán en la substanciación del juicio político, a saber:
La Comisión de Gobernación, La Comisión de Justicia, y• La Comisión de Puntos Constitucionales.
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con el fin de recopilar las pruebas suficientes respecto de los daños ocasionados por los manifestantes que de manera violenta irrumpieron el día 19 de agosto de 2013 en esta honorable Cámara de Diputados.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados a iniciar juicio político contra el jefe de gobierno del Distrito Federal, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. Se sustancie el procedimiento de juicio político por conducto de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Puntos Constitucionales, y de Justicia, y se integren la subcomisión de examen previo de denuncias de juicios políticos para el presente caso.
Dado en la honorable Cámara de Diputados. México, Distrito Federal, a 10 de septiembre de 2013.
Diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica)