Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3855-IV, jueves 5 de septiembre de 2013
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a hacer públicos los montos de las condonaciones en materia de ISR en cada estado y el Distrito Federal; y a la ASF, a iniciar revisiones para determinar si los condonados a estados y a municipios por ese concepto correspondientes a 2012 se utilizaron para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos y no para resarcir adeudos de gobernadores o de presidentes municipales, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada federal Mariana Dunyaska García Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Antecedentes
1. El día 12 de febrero del año 2013, un grupo de 19 contribuyentes presentó una demanda de amparo en contra el artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013, que condona 60% de las deudas de estados y municipios por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que cobran a sus empleados.
En conferencia de prensa, integrantes de la organización “#Yo Contribuyente” aseguraron que la falta de esos recursos generará un “boquete fiscal” incalculable.
Comentaron que mientras por un lado la Ley otorga beneficios fiscales a gobiernos locales que han mal administrado sus recursos, por otro exige el pago de impuestos completos al resto de los contribuyentes.
Aseguró que la Ley de Ingresos de la Federación permite un beneficio fiscal sobre el cargo del ISR de los trabajadores, equivalente al 60 por ciento para 2013 y del 30 por ciento para 2014.
Con esto los estados y municipios sólo son vehículos transitorios que detentan esos recursos y que su condonación permite que estos gobiernos locales quedarse con los impuestos cobrados a sus trabajadores, convirtiéndose así los Estados y Municipios en recaudadores fiscales indirectos.
De esta forma, al aprobar una especie de rescate financiero a estados y municipios equivale a un “borrón y cuenta nueva” a entidades federativas y municipios en la medida en que cancela pasivos a cargo de los beneficiarios, beneficiando a aquellos estados o municipios que no han logrado realizar administraciones confiables.
Con esta medida se violenta flagrantemente lo establecido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Consideraciones
La deuda total de estados y municipios ha crecido en México un 150% en los últimos seis años, según datos de JP Morgan y se elevaba, solo a medio y largo plazo, a $434.000 millones de pesos, a finales de 2012, según datos de la Secretaria de Hacienda. El dato de la deuda fiscal perdonada no se conoce, porque la condonación se hace mediante convenios con el Gobierno Federal que no son públicos, pero se estima según fuentes gubernamentales, ofrecía una cifra de $13.000 (Trece Mil Millones de Pesos).
El impulsor de #Yocontribuyente , Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, un organismo independiente, señaló: “Están violando el principio constitucional de que los impuestos sean proporcionales y equivalentes y están generando una casta privilegiada. Si un patrón hiciera eso le caerían nueve años de cárcel”, explica. Según él no se trata solo de que ese “borrón y cuenta nueva” sea injusto.
Históricamente, los estados y municipios han dejado de pagar el ISR retenido a sus trabajadores. La causa principal fue que durante décadas las entidades federativas y los municipios no lo retuvieron efectivamente, y la federación no les exigía su pago. La justificación fue, y aún lo es, que la retención efectiva del ISR habría implicado la reducción de los sueldos de los trabajadores burócratas. Un problema al que no se ha encontrado solución estructural alguna.
La Ley de Ingresos fue aprobada en la Cámara de Diputados por 446 votos a favor, 19 en contra y siete abstenciones, y en el Senado con 101 a favor, 16 en contra y dos abstenciones. Pero las declaraciones posteriores de algunos parlamentarios dan a entender que se tramitó en ambas cámaras un tanto a la ligera. La senadora del PAN Laura Rojas admitió su equivocación por haber apoyado la medida. “Reconozco en lo personal que fue un error haber votado a favor de la exención de ISR en estados y municipios”, dijo. Rojas dio la razón a los contribuyentes que presentaron el amparo y aseguró que pedirá a la Secretaría de Hacienda que realice un plan de acción correctivo. Su compañero de partido Javier Lozano, por su parte, fue aún más directo: “Nos han metido un gol”.
Para los impulsores de la iniciativa el asunto es aún más grave por cuanto la ley prevé perdonar incluso impuestos que aún no se han devengado, ya que contempla condonaciones del 60 por ciento de la deuda fiscal que se genere en 2013 y del 30 por ciento de 2014.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público avalaron la condonación de adeudos fiscales a estados y municipios para ejercicios anteriores a 2012, que en opinión de expertos fiscales es una violación flagrante a la Ley del Impuesto sobre la Renta y a preceptos Constitucionales.
Además, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 -aprobada por senadores y diputados en diciembre pasado- establece en el Artículo 9 que en el caso del ejercicio 2013 los gobiernos sub nacionales podrán aplicar el 60 por ciento a los adeudos y 30 por ciento para 2014, medidas que a juicio de los expertos equivalen a un rescate financiero
En el último trimestre de 2012, la deuda de estados y municipios de México creció $27,996.6 millones de pesos, con lo que su saldo al cierre de ese año se ubicó en 434,761.2 millones de pesos, de acuerdo con cifras que dio a conocer el 18 de febrero pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El endeudamiento de los gobiernos estatales aumentó 11.25 por ciento, o 43 mil 983.7 millones de pesos, desde los 390 mil 777.5 millones en que se ubicaba a diciembre de 2011, lo que significa que creció 120.5 millones de pesos por día, revelan los datos de la dependencia.
“Como cualquier empresa, los estados y los municipios retienen el ISR de sus trabajadores para después enterarlo al fisco, pero no lo hicieron y se lo gastaron. (Al representante legal de) una compañía que no entere este impuesto la meten a la cárcel porque es un delito de recaudación”, explica el socio de Impuestos de la firma consultora PwC, Pedro Carreón.
En la Ley de Ingresos para 2013 vuelven a cancelar todos los impuestos de 2012 hacia atrás –sin condición alguna– al 100 por ciento, pero sólo pagando diciembre de 2012 dando todos los beneficios, menciona en su blog el abogado de la Escuela Libre de Derecho, Luis Pérez de Acha.
Es una situación injusta, que equivale a un rescate financiero. No se da explicación alguna de la medida tomada por el Congreso; se tomó una decisión unilateral, sin fundamentación, sin dar razones de por qué se les volvía a conceder ese beneficio, una especie de privilegio, sobre todo porque en 2008 se dijo que era la solución integral y definitiva.
Los programas de condonación fiscal no son la base, ni el cimiento para construir una responsabilidad colectiva de los mexicanos y de las autoridades para garantizar el financiamiento del Estado mexicano y violenta la equidad de las personas en nuestro país.
Lo que generan es un premio a la evasión, un premio a la elusión fiscal y hacer sentir a los contribuyentes cumplidos que se los están “llevando al baile’. Y además en el contexto de la discusión de una reforma fiscal.
Todos los asalariados del país que estamos en la economía formal generamos ISR. Lo que el SAT permitió a gobiernos estatales y municipales es quedarse con ese impuesto –que se lo debían enterar a las autoridades federales–, lo cual viola la Constitución, que establece que todas las contribuciones de los mexicanos deben ser equitativas y proporcionales”.
Con esto se constituye una violación a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al aprobar un crédito, una deducción y un privilegio fiscal sin asignarle una cuantificación.
Resalta que los estados pueden entrar a este programa y “esta amnistía que se da en este vehículo es para facilitar que se hagan las cuentas entre ellos”.
Con este hecho; a los gobernadores y los presidentes municipales, les están dando el beneficio de estos fondos de los que ellos básicamente no son dueños. En todo caso, si hubiera una exención fiscal de algún tipo tendría que ser para los propios trabajadores, porque ellos son los que generaron el impuesto”.
Estas condonaciones se dieron a la luz de lo que establece el último párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, que señala:
Artículo 9. Las participaciones que corresponden a las entidades y los municipios son inembargables, no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por los estados o municipios con autorización de las legislaturas locales, e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios.
Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados y autónomos que se hubieran adherido al “Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008, se les extenderá el beneficio referido en el artículo segundo, fracción I de dicho Decreto, hasta el ejercicio fiscal de 2012 y anteriores, siempre y cuando se encuentren al corriente en los enteros correspondientes al mes de diciembre de 2012. Dichos órdenes de gobierno, en lugar de aplicar los porcentajes establecidos en el artículo segundo, fracción II del mencionado Decreto, podrán aplicar el 60 por ciento para el año 2013 y el 30 por ciento para el año 2014.
Lo anterior es totalmente contradictorio a lo que establece nuestra carta magna al señalar que “Los estados y municipios, al igual que los patrones del sector privado, tienen la obligación de retener el ISR generado por sus empleados y entregarlo al Sistema de Administración Tributaria del gobierno federal”.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que informe a la opinión pública, los montos de las condonaciones en materia del impuesto sobre la renta (ISR), en cada uno de los estados del país y del distrito federal, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 9, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013; y
Segundo. Se exhorta a la Auditoria Superior de la Federación, para que inicie las auditorias para determinar si los recursos condonados a estados y municipios por concepto del impuesto sobre la renta correspondientes al ejercicio fiscal 2012 fueron utilizados para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos y no para resarcir adeudos irresponsables de gobernadores y/o presidentes municipales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2013.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la SCT y de la SHCP a integrar en la glosa del primer Informe de Gobierno el tema de la vulnerabilidad satelital de México, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Lizbeth Rosas Montero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En años recientes y aún, en semanas pasadas, nos hemos enterado de la forma en que Estados Unidos espía lo mismo a países y gobiernos aliados, que a rivales en todo el mundo. Mediante las revelaciones en antiguos analistas y empleados, la llamada Red Digital de Inteligencia, creada por la Agencia Nacional de Seguridad, a su vez, perteneciente al Departamento de Defensa del gobierno de ese país, ha sido posible un espionaje a escala planetaria, gracias al desarrollo de tecnología y sobre todo, a las condiciones para poder transmitir y almacenar información mediante una sofisticada red de satélites.
La posibilidad de intervenir miles, cientos de miles de correos electrónicos, llamadas telefónicas, acceso a cuentas en las redes digitales con contenidos personales, diariamente, de acuerdo a testimonios de responsables de agencias de seguridad e inteligencia estadounidense, sólo es viable a través de los recursos que aporta el desarrollo tecnológico en las áreas de informática y de las industrias satelital y aeroespacial.
Otro caso reciente y muy polémico también fue el descubrimiento de sistemáticos asaltos informáticos (en la terminología de la defensa y la seguridad se le conoce como la ciberguerra) a dos periódicos estadounidenses, procedentes de servidores ubicados en la República Popular de China, de acuerdo con información dada a conocer por los propios diarios. También como en el caso de la Red Digital de Inteligencia, la posibilidad de realizar ese tipo de actos, es debido a las condiciones de competencia real que hay en el espacio para el control, y de ser necesario, el bloqueo de satélites rivales.
Pero no sólo es eso. Para el caso de México la situación es crítica. El satélite más reciente, adquirido por el gobierno anterior a la empresa Boeing Military , para recuperar, almacenar y transmitir información crítica y de seguridad nacional, impide a todas luces, tener plenas garantías de manejo exclusivo y confidencial por parte de las autoridades mexicanas.
No hay duda, que buena parte de las seguridades internacional, regional y nacionales se ubican en las condiciones tecnológicas en que cada país pueda tener acceso a sus recursos científicos y tecnológicos aeroespaciales y satelitales.
La industria satelital de México. En 1968, con la transmisión de los Juegos Olímpicos de 1968 se inaugura el sistema Intelsat. A lo largo de los años, los satélites Morelos I y Morelos II (1985), Solidaridad 1 y 2 (1993-1994), fueron las expresiones más importantes de una capacidad propia para gestionar la información desde el espacio.
En 1995, comienza el desmantelamiento y privatización de la industria satelital, que culmina en 2011, con la venta de la participación del gobierno en la empresa Satmex.
Esta empresa, cuya venta total a capital francés fue anunciada el martes 30 de julio pasado, no ha merecido ni atención ni comentario alguno del gobierno federal. Tal parece que no fuera ni relevante ni estratégico el tema para el desarrollo soberano e independiente del país, en un ámbito en donde se darán y ya se dan, parte de los conflictos de intereses mundiales.
Satmex es la única empresa operadora de satélites en México. Su venta significa, en pocas palabras, la exposición y vulnerabilidad de nuestro país, en el cerrado y dinámico ambiente de las disputas por el control, por ejemplo, de recursos hídricos o bien, la disposición de información clave respecto de las patologías del sistema de salud público. La gama de información recuperada y transmitida que pone en serios predicamentos al Estado y nación mexicanos, que rebasa por mucho, la limitada y estrecha visión de ganar unos millones dólares aquí o allá.
Gracias a la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, es posible la venta total o la creación a un 100 por ciento, de empresas de capital extranjero en la industria satelital. Esto no estaría mal, si México tuviera una propia y consolidada presencia en material satelital, pero cuando no es así, cuando se sigue privilegiando sin más, las ganancias e inversiones aún por encima de los intereses de la Nación, los riesgos ante un ambiente que va justo en sentido contrario, nos indica qué tan clara y precisa es la estrategia en materia de seguridad nacional y de desarrollo tecnológico independiente.
La empresa francesa Eutelsat fue la que adquirió Satmex por un monto de 831 millones de dólares. Que como ha sucedido y sucede, la gestión privada de empresas anteriormente paraestatales mexicanas, fue un rotundo fracaso, sin que haya a la fecha, ninguna responsabilidad sobre los dueños (empresarios mexicanos) y de cómo cometieron fraudes contra sus mismas empresas, antes propiedad pública.
Es por eso que en el marco de la Ley de Seguridad Nacional, a tres de los consejeros en esta materia, como lo son los secretarios de estado aludidos, según el artículo 12, fracciones II, VI y IX de la precitada ley, se les exhorta a que, nos expliquen en la glosa, como seguramente sucedió, en el marco del cumplimiento del artículo 13, nuevamente de la misma Ley de Seguridad Nacional, expliquen cómo deliberaron, establecieron y articularon la política en materia de seguridad nacional, sobre todo en torno a los lineamientos para regular el uso de aparatos útiles en la intervención de comunicaciones privadas, tal y como reza la fracción VII, entre otras consideraciones.
Por lo expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición conforme con el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong; de Comunicaciones y Transportes, licenciado Gerardo Ruiz Esparza; y de Hacienda, licenciado Luis Videgaray Caso, a que, en la glosa del primer Informe de Gobierno, integren el tema de la vulnerabilidad satelital de México, dando a conocer al pleno legislativo en donde comparezcan, al menos los siguientes temas, según su materia de responsabilidades:
1) Las circunstancias a detalle por las cuales se vendió el 100 por ciento del capital de Satmex y cuál fue la posición del gobierno federal; así como el estudio que revele las consecuencias que tendrá para la independencia y soberanía de México en cuanto a recuperación, almacenamiento y transmisión de información crítica del Estado Nacional.
2) ¿Qué aspectos de la seguridad nacional pueden verse afectados por esta pérdida absoluta del Estado mexicano y del gobierno en turno de la capacidad para gestionar de manera autónoma la información crítica de los sitios de internet públicos vía satélite en nuestro país?
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2013.
Diputada Lizbeth Rosas Montero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que la Sagarpa establezca acciones para implantar un programa especial de modernización de los rastros municipales, y uno integral de manejo y tratamiento de desechos y despojos derivados de la matanza de animales, a cargo de la diputada María Concepción Navarrete Vital, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en los artículo 65, numeral 4; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta ante esta soberanía Proposición con Punto de Acuerdo, a fin de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, establezca las acciones necesarias, para implementar un programa especial de modernización de los rastros municipales, para que cumplan las condiciones que la Ley Federal de Sanidad Animal, y que en coordinación con la Secretaría de Salud y Cofepris, supervisen las acciones en materia de sanidad les competan, para evitar que los animales se sacrifiquen y comercialice su carne al publico, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las bases jurídicas para el servicio público de rastros, la operación y funcionamiento está respaldado jurídicamente por algunas disposiciones entre las que se encuentran en:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115, fracción III, establece los servicios públicos que están a cargo del municipio, entre los cuales se encuentra el del rastro. Asimismo, prevé que los municipios de un mismo estado, previo acuerdo con sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la mejor prestación de los servicios públicos.
La Ley General de Salud, faculta a la Secretaría de Salud para llevar el control sanitario de los proceso de producción de productos para consumo humano entre otros. En virtud de ello, los rastros como establecimientos donde se procesan alimentos, deben ser supervisados por la Secretaría de Salud y los operadores de los mismos requieren contar con una licencia sanitaria.
La Ley Federal de Sanidad Animal “tiene por objeto fijar las bases para el diagnóstico, prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas que afectan a los animales; procurar el bienestar animal; regular las buenas prácticas pecuarias aplicables en la producción primaria, en los establecimientos dedicados al procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, tales como rastros y unidades de sacrificio y en los establecimientos tipo inspección federal; fomentar la certificación en establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, coordinadamente con la Secretaría de Salud de acuerdo al ámbito de competencia de cada secretaría; regular los establecimientos, productos y el desarrollo de actividades de sanidad animal y prestación de servicios veterinarios; regular los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos. Sus disposiciones son de orden público e interés social”.
Dentro de las atribuciones que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que la Ley Federal de Sanidad Animal, le faculta, son las de “establecer y coordinar las actividades de vigilancia epidemiológica activa o pasiva en unidades de producción, centros de acopio, centros de investigación, laboratorios de diagnóstico, lugares de exhibición, predios de traspatio, rastros u otros establecimientos donde se realicen actividades reguladas por esta ley.
Además establece que la Sagarpa, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias de la administración pública federal, determinará las medidas en materia de buenas prácticas pecuarias mediante la emisión de disposiciones, que habrán de aplicarse en la producción primaria en el procesamiento de bienes de origen animal en establecimientos TIF; en los rastros y en los demás establecimientos dedicados al procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, para reducir los contaminantes o riesgos zoosanitarios que puedan estar presentes en éstos.
Faculta, expresamente a la Secretaría de expedir las disposiciones de sanidad animal, que establezcan las características, condiciones, procedimientos, operación y especificaciones zoosanitarias o las relativas a buenas prácticas pecuarias, que deberán reunir y conforme a las cuales se instalarán y funcionarán entre otros establecimientos; los tipos de inspección federal, rastros y los demás dedicados al sacrificio de animales para consumo humano;
La Ley de Salud Pública del Estado también contiene algunas disposiciones en esta materia; en ella se establece que el control de los rastros en el municipio está a cargo del ayuntamiento, facultándolo para revisar los animales en pie y en canal, y señalando la carne que puede ser destinada a la venta pública. Esta ley prohíbe la matanza de animales en casas o domicilios particulares cuando las carnes sean destinadas al consumo público. Por esta razón, es recomendable que las autoridades hagan suya esta disposición y obliguen a los particulares a realizar la matanza en el rastro municipal.
Los instrumentos jurídicos que regulan el funcionamiento y operación de rastros en el ámbito municipal son el Bando de Policía y Buen Gobierno y el Reglamento de Rastros Municipales.
Por otro lado el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, antes Centro Nacional de Desarrollo Municipal, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, propone un reglamento –tipo– de los rastros municipales, donde considera las concesiones de los centros de matanza, estableciendo las condiciones necesaria que deben de cumplir los posibles prestadores del servicio. En el artículo 8 mencionar hacer cumplir:
Que se niegue el permiso correspondiente para que salgan del rastro las carnes enfermas, que estén marcadas oficialmente como tóxicas o transmisibles de enfermedades a la salud pública.
Mantener en buen estado de conservación y funcionamiento todas las instalaciones y utensilios del rastro.
De acuerdo con la legislación en nuestro país contamos con dos tipos de rastros:
1. Rastros tipo inspección federal (denominados tipo TIF); estos rastros, permiten una industrialización de los productos derivados de la carne. Este tipo de rastro opera fundamentalmente para que sus productos s destinen a la comercialización de grandes centros urbanos y a la exportación, razón por la cual la inspección sanitaria se realiza sobre las carnes y en los procesos de industrialización.
La ventaja de los rastros TIF, es que el animal es mejor aprovechado favoreciendo con ello un mayor rendimiento y abaratamiento de la carne e beneficio de la economía familiar. Sin embargo, su operación requiere necesariamente de instalaciones y maquinaria especializada cuyos costos son basta te elevados, por lo que se recomienda que antes de establecer un rastro con estas características se hagan los estudios convenientes para garantizar su funcionamiento y evitar el dispendio de recursos.
Se ha comprobado científicamente que a mejor trato y buen manejo de los animales destinados al sacrificio, se provocará menos estrés, menor pérdida de peso y se obtendrá mejor calidad y mayor cantidad de los productos cárnicos resultantes.
2. Los Rastros supervisados por la Secretaría de Salud (TSS) o conocidos como rastros municipales. Se caracterizan por el equipamiento servicios que proporcionan, así como por el tipo de inspección que lleva a cabo a Secretaría de Salud consistente en el control sanitario de la carne de los animales que ahí se sacrifican.
Dentro de la misma legislación existen controversias de competencias para la supervisión o verificación de los rastros municipales entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el cuidado de la inocuidad y la rastreabilidad de los procesos de matanza y transformación de los animales en los rastros municipales y a n mas por los locales clandestinos que no cumplen las normas mínimas de sacrificio y la sanidad de los animales.
En México existen alrededor de 2 mil 500 rastros y mataderos municipales que deben operar de acuerdo a lo que establece la Ley Federal de Sanidad Animal de buenas prácticas de manufactura e higiene.
Se han propuesto varias medidas sanitarias de diversas autoridad s federales con la finalidad de encontrar una solución a los problemas de la carne contaminada por el mal manejo, en el caso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de la Secretaría de Salud planteó la necesidad de regionalizar los rastros municipales para mejorar las prácticas d manufactura e higiene durante el sacrificio, faenado, almacenamiento y transporte de carne de animales destinada al consumo humano; la Cofepris señala que la carne es un producto susceptible a la contaminación y puede causar enfermedades, por lo que se debe reformar el control sanitario en las instalaciones dedicadas a esta actividad.
A nivel nacional, un alto porcentaje de los rastros y matad ros municipales administrados por los ayuntamientos presenta incumplimiento de la normatividad sanitaria vigente. Estas deficiencias como falta de instalaciones y equipamiento moderno, falta eje higiene en las áreas donde se faenan las canales, mesas de trabajo y vehículos en los que se transportan los mismos, malos hábitos sanitarios de los trabajadores, deficiente limpieza de utensilios e indumentaria de trabajo, falta de aseo en los servicios sanitarios destinados al uso de los obreros del rastro, presencia de fauna nociva, falta de supervisión e inspección, entre otros, contribuyen a la contaminación exógena de la carne y constituye un peligro para la salud pública.
Se sabe que existen por lo menos 250 rastros tipo TIF, un poco más de 2500 rastros municipales y un incontrolable numero de rastros clandestinos y particulares, de lo que se sabe que el 30% de la matanza s realiza en las instalaciones de los rastros tipo TIF y el resto en los demás establecimientos.
Existen diversos riesgos en la no vigilancia en la matanza de animales, dado que la carne que no está supervisada puede contaminarse fácilmente o por otro lado no se sabe de la procedencia de los animales que se sacrifican y sus condiciones de sanidad.
Sin embargo, la debilidad de las haciendas municipales hace difícil para la mayoría de ellos sostener un servicio de rastro de calidad, esto es de los llamados tipo inspección federal (TIF), orientados fundamentalmente al servicio en grandes centros urbanos y al mercado de exportación, ya que a demás de seguir procedimientos muy rigurosos ofrecen servicios de industrialización de los productos.
En consecuencia, los municipios suelen prestar sólo los servicios básicos que comprenden recibir el ganado, realizar la matanza, llevar a cabo la inspección sanitaria del ganado y la carne y facilitar el transporte del producto, ya que los requerimientos de inversión para ir más allá quedan fuera e la capacidad financiera de los ayuntamientos.
Aún así, el sostenimiento de los rastros municipales con los servicios básicos antes señalados implica una erogación importante para los ayuntamientos, de tal forma que en la mayoría de los casos, el gasto corriente supera los ingresos obtenidos por la prestación de los servicios, y en consecuencia operan con números rojos.
Los rastros administrados por particulares pueden ofrecer servicios adicionales que posibilitan la rentabilidad de sus establecimientos, además de estar en mayores posibilidades de invertir en la modernización de las instalaciones y ofrecer mejores servicios a los usuarios, por lo que la alternativa de transferir el servicio público de rastro a los particulares es cada vez más atractiva.
No debe pasarse por alto que algunos rastros administrados directamente por el ayuntamiento o en asociación con particulares, han sido rentables, por lo que su viabilidad es sostenible en el largo plazo. No obstante, toman o en cuenta la escasez de los recursos públicos de los municipios, así como las crecientes demandas de la población, parece conveniente que los ayuntamientos no estén obligados a prestar un servicio público que además de resultar oneroso, muchas ocasiones los particulares pueden ofrecerlo en mejores condiciones bajo la supervisión pública.
Que a fin de solidarizarse con la población más afectada, se requiere la coordinación oportuna entre el gobierno federal y los gobierno estatales para instrumentar las acciones a un segundo y tercer nivel de atención, según las regiones y nivel de productores afectados.
Se han identificado deficiencias en el proceso de sacrificio de animales, faenado de canales y manejo de la carne generalmente resultando carne contaminada con bacterias y parásitos patógenos y con residuos de medicamento cuyo consumo genera enfermedades transmitidas por alimentos.
De acuerdo al Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, de las Secretaría de Salud, ha detectado diversas enfermedades que inciden en el mal manejo de la carne como es el caso de la shigelosis, teniasis, salmonelosis, diversas infecciones intestinales, cisticercosis, triquinosis y otras derivadas de las intoxicaciones por clenbuterol y otras por intoxicaciones debido la alimentación de los animales, que han tenido un costo total que es pagado por el consumidor afectado o las dependencias del sector salud que han tenido que atender 2 mil 648 millones de pesos.
Es un problema que no es fácil de atender y prohibir ya que en el transcurso de los tiempos, la suspensión de actividades de rastros y mataderos municipales trae consigo inquietud política en la localidad é incremento de la matanza clandestina para satisfacer la oferta de animales para sacrificio y la demanda de carne para la población.
Es importante señalar que se complica la situación de los rastros municipales, es la falta de compromiso administrativa en los municipios, al no exigir higiene, ni capacitación por la falta de recursos para mantener su mantenimiento; aunque su funcionamiento es por maquila o por servicio prestado, el introductor no exige higiene ni brinda capacitación, por otro lado tampoco cuenta con transporte adecuado ni para el transporte de los animales en pie hacia los centros de sacrifico, mucho menos para la distribución a los centros de ventalla carne; otro de sus posibles problemas que se encuentran en este tipo de instalaciones para matanza, se encuentra una tradición entre los tablajeros la crianza y sacrificio de traspatio.
Es bien conocido por las autoridades que en las operaciones criticas en rastros y mataderos es la falta de capacitación, incineración de decomisos, vestimenta adecuada, nulo lavado y refrigeración de los canales, la incipiente esterilización de implementos de sacrificio; existe una mala utilización en el consumo diario de agua, equivale al consumo diario de agua de una población de 139 mil habitantes.
Como puede percatarse es difícil este tema por lo importante que resulta el tener deficiencias en la infraestructura para el tratamiento de desechos yaguas residuales, que impactan en el medio ambiente, de acuerdo a estudios realizados por la Cofepris, se detecto que 50 por ciento de las aguas residuales son desechadas al drenaje público, 20% se canalizan a un tanque de tratamiento y que el resto se desechan a arroyos.
Los efectos ambientales por los residuos sólidos y líquidos que se desecha de los rastros o mataderos, se han convertido en un mal de la salud pública ya que esta industria producen 23.4 toneladas diarias, por lo que será necesario establecer un compromiso y un convenio con la Semarnat; Sin duda, una buena operación del rastro origina grandes beneficios al municipio, al servir como fuente de ingresos propios y como instrumento para normar y regular el abasto de carne en la localidad, fortaleciendo con ello la imagen institucional del ayuntamiento.
En este sentido, las autoridades municipales, podrían fortalecer sus finanzas al obtener ingresos adicionales que fortalezcan la hacienda pública y cuyos conceptos están señalados por la Ley de Ingresos Municipales.
Algunas fuentes de ingreso que puede captar la tesorería municipal por el funcionamiento del rastro son las siguientes:
• Derecho de degüello de todas las especies de ganado.
• Productos derivados de la venta de esquilmos y desperdicios.
• Aprovechamientos que se obtengan de los subproductos y de los servicios.
• Cuotas adicionales que fija la administración por servicios especiales o extraordinarios.
• Donativos de los particulares o usuarios del rastro.
• Permisos por la introducción de pasturas al rastro.
• Derechos por la inspección sanitaria de animales y carne.
• Cuotas por derecho de báscula.
• Subsidios.
Es necesario, considerar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el próximo año fiscal, establecer un programa de modernización de los rastros municipales; para esto se podrían ir programando por bloques o paquetes de acuerdo a la prioridad nacional y bajo el compromiso de los municipios, en cumplir y hacer cumplir la legislación, que regulan todas las actividades de la actividad.
En todo caso, es necesario que se haga un estudio de preinversión que permita detectar la conveniencia y rentabilidad de la obra, tomando en cuenta las necesidades que manifieste la población y los ingresos que genera en su operación; ello con el fin de asegurar que las inversiones sean bien canalizadas.
Por lo antes expuesto es necesario buscar una alternativa para modernizar los rastros municipales, para que los municipios presten un mejor servicio.
Aunque dentro de la misma legislación federal existen controversias de competencias, entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Salud, para la supervisión o verificación de los rastros municipales, para el cuidado de la inocuidad y la rastreabilidad de los procesos de matanza y transformación de los animales en los rastros municipales queda claro la competencia de la propia Sagarpa, solamente para los rastros tipo TIF; dejando de lado y aun mas por los locales clandestinos que no cumplen las normas mínimas de sacrificio y la sanidad de los animales.
Existen diversos riesgos en la no vigilancia en la matanza de animales, dado que la carne que no está supervisada puede contaminarse fácilmente o por otro lado no se sabe de la procedencia de los animales que se sacrifican y sus condiciones de sanidad, en resumen la carne es un producto altamente susceptible a la contaminación y puede causar enfermedades, por lo que se debe reforzar el control sanitario en las instalaciones dedicadas a esta actividad, debido a un alto porcentaje de los rastros y mataderos municipales administrados por los ayuntamientos presenta incumplimiento en la normatividad sanitaria vigente, contribuyen a la contaminación exógena de la carne y constituyen un peligro para la salud pública.
A fin de solidarizarse con la población más afectada, se requiere la coordinación oportuna entre el gobierno federal y los gobiernos estatales para instrumentar las acciones de atención, según las regiones y nivel de productores afectados.
Es importante inyectarle los recursos necesarios para la remodelación o establecimiento de instalaciones para los rastros, por lo que es necesario que se haga un estudio de pre inversión que permita detectar la conveniencia y rentabilidad de la obra, tomando en cuenta las necesidades que manifieste la población y los ingresos que genera en su operación; ello con el fin de asegurar que las inversiones sean bien canalizadas.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Coordinación, sometemos a consideración de! esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal crear un Programa de Modernización de Rastros Municipales; procurando atender los Municipios que tengan prioridad por el número de cabezas de ganado que sacrifican para consumo humano; por la incidencia de reportes de carne contaminada por patógenos y poner atención a las regiones con prevalencia del uso de hormonas estimulantes para el desarrollo de los animales, como es el caso del clenbuterol.
Segundo. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo, instruya a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en coordinación de la Secretaría de Salud, a la brevedad suscriban las bases de coordinación que determinarán el ejercicio de las atribuciones que, en materia de inspección y vigilancia de la calidad, sanidad e inocuidad de los productos procesados en rastros y en establecimientos dedicados al procesamiento de los productos derivados del sacrificio, les confieren la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General de Salud y las demás disposiciones aplicables.
Tercero. Se solicita la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, para crear un Programa de Manejo y Tratamiento Integral de los desechos sólidos y líquidos ó despojos derivados de la matanza de los animales para consumo humano.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2013.
Diputada María Concepción Navarrete Vital (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la SCT, la SHCP y la SE nuevos esquemas financieros e incentivos fiscales que permitan a los hombres-camión sustituir o, en su caso, chatarrizar las unidades vehiculares de carga, a cargo del diputado Enrique Alejandro Flores Flores, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado federal Enrique Alejandro Flores Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretarías de: Comunicaciones y Transportes, de Hacienda y Crédito Público y Economía, para que implementen nuevos esquemas financieros e incentivos fiscales que permitan a los hombre-camión sustituir o en su caso chatarrizar sus unidades vehiculares de carga, a fin de hacer más eficiente y moderno al sector, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El autotransporte es un sector que se encuentra directa e indirectamente relacionado con la mayor parte de las actividades económicas de nuestro país, participa con el 4.9 por ciento del PIB nacional y contribuye con más del 78 por ciento del PIB del Sector Transporte. Es un importante generador de empleos, ya que registra alrededor de 2 millones de empleos directos.
A través del Autotransporte federal se mueve el 82 por ciento de la carga terrestre y el 56 por ciento de la carga nacional.1
Cabe señalar que el parque vehicular del autotransporte de carga por el tipo de servicio que proporciona, de acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se tienen registradas un total de 715, 683 unidades, de las cuales el 86.1 por ciento le corresponden al autotransporte de carga general y el 13.9 por ciento son del autotransporte de carga especializada.
De las 715 mil 683 unidades registradas en 2012, en el estrato de 1 a 5 unidades, el hombre-camión posee 203 mil 219 vehículos, con un registro de 110 mil 385 empresas; la pequeña en el estrato de 6 a 30 unidades, tiene un total de 220 mil 676 vehículos con un registro de 19 mil 544 empresas; la mediana en un estrato de 31 a 100 unidades, posee 121,583 vehículos con un registro de mil 373 empresas; y por último, la grande en el estrato de más de 100 unidades tiene 170 mil 205 vehículos con un registro de 170,205 empresas.2
Con lo anteriormente señalado, se puede observar que la pequeña empresa y el hombre-camión son quienes ostentan el mayor número de unidades con el 59 por ciento de unidades, además son quienes poseen una mayor participación en la estructura empresarial con un 98 por ciento del total de empresas que prestan el servicio y que proporcionan un importante volumen de carga a los diferentes sectores productivos y comerciales del país.
Sin embargo, el hombre-camión a raíz de que no ha podido modernizar sus vehículos por la falta de esquemas financieros y fiscales que les permitan obtener mejores condiciones favorables para la sustitución de sus unidades las cuales muchas de ellas tienen una antigüedad que va de más de 20 años, se han visto en la necesidad de repotenciar sus unidades para seguir proporcionando el servicio y subsistir en esta actividad.
Hoy en día hay más de 200 mil unidades repotenciadas con partes legalmente importadas y ensambladas en cada una de las diferentes configuraciones vehiculares que poseen el hombre-camión y la pequeña empresa. Este procedimiento usual en el autotransporte se lleva a cabo con el fin de que las unidades antiguas puedan seguir prestando el servicio y cumplir con las disposiciones normativas.
Es una realidad que la problemática que atraviesa el sector del autotransporte particularmente el hombre-camión, es complejo, debido al incremento constante que se tiene en los gastos de mantenimiento de las unidades, el costo del combustible, el alto peaje en las carreteras, y los diversos gastos relacionados con la normatividad existente afectan de manera negativa a los propietarios de los vehículos.
Otro aspecto a señalar es que hay limitantes, como es el caso de la falta de créditos que se ajusten a las necesidades del hombre-camión, a diferencia de la mediana y grande empresa que cuentan con acceso a créditos más accesibles ya que cuentan con capacidad financiera para hacer frente a sus obligaciones.
El hombre-camión tiene un escenario complejo, ya su acceso al crédito es restringido debido a que en la mayoría de los casos no posee las garantías suficientes haciendo que este sea costoso, además de que los precios en la adquisición de unidades son más altos, ya que no pueden adquirirlas en volumen, por lo que sus posibilidades se limitan a la obtención de seminuevos o en su caso autopartes y refacciones, para la repotenciación de sus vehículos para seguir manteniendo el servicio.
El actual Programa de Chatarrización que lleva a cabo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no favorece a la situación que atraviesa el hombre-camión, por lo que se requiere que se implementen esquemas más flexibles y favorables que permitan modernizar y hacer más eficiente el autotransporte de carga en nuestro país.
Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretarías de: Comunicaciones y Transportes, de Hacienda y Crédito Público y Economía, para que implementen nuevos esquemas financieros e incentivos fiscales que permitan a los hombre-camión sustituir o en su caso chatarrizar sus unidades vehiculares de carga, a fin de hacer más eficiente y moderno al sector.
Notas
1 Fuente: Estadística Básica del Autotransporte del Autotransporte. Subsecretaría del Transporte. Dirección General de Autotransporte Federal. Pág. 2. México, D.F. 2011.
2 Ibídem, página 27.
Diputado Enrique Alejandro Flores Flores (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa, a la Secretaría de Desarrollo Económico y a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal a asumir en el ámbito de sus facultades medidas oportunas para compensar las pérdidas del sector productivo generadas por bloqueos y manifestaciones del movimiento magisterial, y legislar en materia de regulación de marchas y protestas, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, Ricardo Astudillo Suárez, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La capital es el centro neurálgico del país, no sólo porque en ella se asientan los poderes de la Unión y es sede de las instituciones político-administrativas, sino también porque su aportación al producto interno bruto nacional ronda la quinta parte del mismo. Además el Distrito Federal representa el centro educativo y cultural más importante de la república.
Por este motivo, su actividad política, económica y cultural no puede detenerse y mucho menos limitar a sus ciudadanos el derecho de transitar libremente por el espacio público, ya que para poder participar en sus respectivas actividades la gente debe trasladarse a diversos sitios y retornar a sus respectivos hogares.
Las marchas o manifestaciones atienden al derecho de expresar libremente ideas, demandas o inconformidades, éste se halla consignado en el artículo nueve de nuestra Constitución Política, sin embargo, el ejercicio del mismo no es absoluto, pues como toda prerrogativa tiene un límite y éste es el respeto a los derechos, también fundamentales, de terceros y siempre y cuando con el ejercicio de los mismos no se altere o violente el orden público.
Tradicionalmente las manifestaciones suelen afectar el derecho establecido en el artículo décimo primero de la ley fundamental que reconoce el derecho al libre tránsito en una de sus dos vertientes1 y de cuya cancelación se derivan afectaciones a otros tantos derechos, por ejemplo, la salud, la educación, el trabajo, entre otros.
A consecuencia de las recientes manifestaciones de los trabajadores de la educación se cerraron estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro y Metro-bus y se alteraron las rutas de otros medios de transporte de los diversos sistemas de servicio público en la Ciudad; así mismo, se bloqueó los accesos carreteros al Distrito Federal y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, todo lo anterior sin contar los diversos espacios públicos cerrados al tránsito ciudadano, como el zócalo capitalino y sus calles aledañas, todo lo descrito afectó y lo sigue haciendo de diversas formas, al gobierno federal, local y a la población residente y flotante de la ciudad. Tan sólo en las últimas semanas 7 mil 500 negocios en la delegación Cuauhtémoc se vieron afectados con pérdidas calculadas en 100 millones de pesos diarios; más de 400 millones de pesos en pérdidas al pequeño y mediano comercio; por el bloqueo en la zona del Aeropuerto, abarrotes, papelerías y farmacias disminuyeron sus ventas en 60 por ciento y los negocios de alimentación en casi 90 por ciento; 4 mil 160 pasajeros perdieron sus vuelos tanto nacionales como internacionales.
Por ello es importante regular las marchas y manifestaciones que se llevan a cabo en la vía pública de la Ciudad de México. Cabe señalar que existen en comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal varias iniciativas cuya finalidad es precisamente cumplir con este objetivo.
No asegurar el derecho de tránsito de las personas es afectar las diversas convencionalidades firmadas en torno a los derechos humanos, por ejemplo, el artículo 22,2 regulador del derecho de circulación y residencia, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como el pacto de San José, o el artículo 12, numeral 1,3 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos
Como se observa existe una coalición de principios4 en donde se enfrenta por un lado, el libre tránsito contra la manifestación de las ideas, con la nota característica de que en el caso de las manifestaciones tal como suelen llevarse a cabo en la Ciudad de México se atenta en muchas ocasiones contra el orden público5 pues afecta las materias que lo componen, la tranquilidad y seguridad públicas, la educación y la salubridad.
Por lo aquí expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico y a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, a fin de que en el ámbito de sus facultades, y en virtud de los problemas generados por los bloqueos y manifestaciones del movimiento magisterial, asuman las medidas oportunas y necesarias para que el sector productivo del Distrito Federal pueda compensar sus pérdidas, mediante la aplicación de instrumentos económicos y fiscales previstos en la legislación aplicable.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito federal, a que a la brevedad acuerde lo necesario con la finalidad de aquel Órgano legislativo se avoque de inmediato al estudio y análisis de las distintas iniciativas que se han presentado en materia de regulación de marchas y manifestaciones en la vía pública, y se emita un dictamen antes de que concluya el siguiente periodo ordinario de sesiones.
Notas:
1 Por un lado el derecho de libre tránsito implica poder trasladarse a cualquier parte del territorio nacional sin necesidad de pasaporte, y por el otro, la posibilidad de movilizarse dentro de las ciudades sin limitar sus actividades ordinarias.
2 Artículo 22. Derecho de circulación y de residencia.
1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.
3 Artículo 12.1. “...toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia”.
4 La coalición de principios refleja o actualiza los llamados casos difíciles en la teoría de Ronald Dworkin en donde por obligación los órganos judiciales, entendido en el presente caso como el Estado, deben posicionarse con la finalidad de proveer una solución adecuada ante los conflictos que se presentan. Véase, Dworkin, Ronald, Los derechos en serio .
5 El orden público es reconocido por las diversas jurisprudencias del poder judicial (véase la jurisprudencia de la novena época con número de registro 199549 y la tesis asilada 172068) como un concepto jurídico indeterminado pero la doctrina en materia de derecho público coincide en señalar sus componentes como tranquilidad pública, seguridad pública, educación, salubridad pública, alimentación integral del pueblo, seguridad nacional y planeación demográfica. Véase, Martínez Morales, Rafael, Derecho Administrativo tercer y cuarto cursos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2013.
Diputado Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo de Quintana Roo a garantizar la integridad física y emocional de la periodista Lydia Cacho, así como a respetar la libre manifestación de ideas y prensa, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo con el Tercer reporte trimestral: agresiones contra periodistas y medios en México (2012), de la organización periodística internacional Artículo 19, “los ataques a la libertad de expresión se han extendido a 22 diferentes estados de la república y 45.25 por ciento de ellos involucra algún tipo de violencia que compromete la vida e integridad física de los periodistas, o bien el despojo o robo del equipo de reporteros y periodistas gráficos, daños al mismo y la pérdida de material periodístico e imágenes.”
De dichos ataques, seis entidades concentran 66.42 por ciento de los agravios contra comunicadores y medios, las cuales son Veracruz, Oaxaca, Baja California, Distrito Federal, Tamaulipas y Sonora.
Asimismo, los datos presentados en el reporte revelan que el mayor agresor de la prensa continúa siendo el estado, con 53.63 por ciento de agresiones cometidas por funcionarios públicos, frente a 15.63 por ciento perpetradas por el crimen organizado, siendo éste último el que comete las agresiones más violentas.
En el mismo sentido, Artículo 19 dio a conocer recientemente el Segundo informe trimestral: reprimir la protesta, en el que se señala que “aunque la cobertura de la violencia en México ha bajado con el cambio de gobierno, las agresiones a la libertad expresión en la administración de Enrique Peña Nieto se incrementaron en poco más de 46 por ciento en los dos primeros trimestres de 2013, comparado con el mismo periodo de 2012. Aunado a ello parece haber en los hechos y en el discurso una intención deliberada de reprimir la protesta.”
De tal forma que, realizando un comparativo de las cifras presentadas en ambos informes, se constata que en el primer semestre de 2012, ocurrieron 103 agresiones a la prensa y la libertad de expresión, mientras en el mismo periodo de este año, el número de casos asciende a 151; a la par Artículo 19 destaca que de abril a junio de 2013, los funcionarios públicos fueron los principales agresores, seguidos de organizaciones (sindicatos) y particulares.
Respecto a esta situación, en pasados días la periodista mexicana Lydia Cacho, fue de nueva cuenta víctima de la intolerancia y la falta de garantías hacia su ejercicio periodístico en cuanto a la libertad de expresión y de prensa, debido a que tras publicar su columna de opinión titulada “El padrotaje de estado”, el 2 de septiembre en el periódico El Universal , recibió amenazas y acusaciones en Twitter por parte del gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo y de otras cuentas presuntamente recién creadas, con la única finalidad de acusar a la periodista; entre las que destaca lo expresado por el mandatario en su cuenta personal: “En el ejercicio periodístico, el tener una pluma no te da derecho a la crítica: asquerosa, destructiva, de hígado, tendenciosa y soez”.
Las razones por las cuales el gobernador de Quintana Roo reaccionó de tal forma, se deben a que la periodista exhibe en su columna varios ejemplos de la vida de lujos del mandatario a costa del erario público, y de casos de corrupción y desvío de recursos que persisten en la entidad entre los cuales Cacho menciona “Borge llevó a cabo uno de los más grandes desvíos de recursos de bienestar social de la historia de Quintana Roo. Desfalcó al DIF y al Instituto Quintanarroense de las Mujeres (IQM). Instancias que reciben recursos de coinversión federal, estatal y municipal. Desvió dinero del Fondo de Desastres Naturales, Secretaría de Desarrollo Social, y del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres, para la compra de votos. Las quiebras resultados de esos desvíos comienzan a evidenciarse.”
Cabe destacar que Lydia Cacho es una periodista reconocida internacionalmente por su trabajo de denuncia en contra de la corrupción, trata de personas, crimen organizado, violencia; entre otras problemáticas del país, por lo que ha sido galardonada en diversas ocasiones, entre las cuales se encuentra el Premio Mundial Guillermo Cano a la Libertad de Prensa, entregado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) o el Premio Ginetta Sagan, otorgado por Amnistía Internacional, por su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres y menores.
Asimismo, Lydia Cacho fue quien evidenció en el libro Los demonios del edén, el poder que protege a la pornografía infantil ” (2004) la red de prostitución, pornografía, tráfico de influencias y protección; en la que estaban involucrados el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, y de la participación de los empresarios Jean Succar Kuri y Kamel Nacif Borge.
De tal forma que en diciembre de 2005, fue detenida de manera arbitraria en Cancún y trasladada hasta Puebla, respondiendo a una orden de aprehensión “derivada de una denuncia de difamación y calumnias por Kamel Nacif”; de la cual se le otorgó una orden de libertad bajo fianza.
Es en 2006, tras la publicación de unas llamadas entre Nacif y el exgobernador de Puebla, en las cuales hablan sobre las represalias en contra de la periodista, cuando Cacho presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República, la cual es atraída por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con ello se “determina investigar la participación de Marín en una presunta concertación para vulnerar los derechos de la periodista”, sin embargo para noviembre de 2007 “los ministros de la SCJN resuelven que no existió una conspiración entre el gobernador de Puebla y Kamel Nacif, para violar las garantías individuales de Cacho, e incluso determinaron que la transgresión a sus derechos no es grave y, por lo tanto el caso puede ser resuelto en otras instancias judiciales”.
Desde entonces y a la fecha, la periodista mexicana ha recibido infinidad de amenazas en contra de su integridad física y de su familia, por lo cual en agosto de 2012, decidió salir del país ante las constantes amenazas de muerte sufridas en ese entonces, hecho al que diversos organismos internacionales como El Comité para la Protección de los Periodistas, condenaron y exigieron mayores medidas de seguridad para Cacho, las cuales se suman a las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2009 en donde se “otorgaron medidas cautelares a Lydia Cacho y se solicitó a las autoridades mexicanas tomar las medidas necesarias para garantizar su vida e investigar las amenazas de muerte, vigilancia e intimidaciones”.
Es por ello que exigimos que lo establecido en el artículo sexto constitucional sobre la libertad de expresión, que a la letra dice: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el estado”, se cumpla, en este caso por el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.
Asimismo, es necesario destacar que conforme al derecho internacional, se cuenta con lo establecido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
Lo contemplado en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo texto estipula que: “1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”
Así como lo mencionado en el artículo 13 del Pacto de San José, “3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radio- eléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de la información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.”
Por lo antes expuesto, fundamentado y entendiendo a la libertad de expresión y de prensa como uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de un país democrático, presentamos a esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al licenciado Roberto Borge Angulo, titular del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo, a garantizar la integridad física y emocional de la periodista Lydia Cacho, así como respetar la libre manifestación de ideas y prensa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2013.
Diputados: Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila (rúbricas)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a considerar en el diseño de las políticas del Instituto Nacional de Protección al Adulto Mayor la implantación de un sistema intersecretarial que permita coordinar y articular de manera transversal las políticas sociales, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
La que suscribe, diputada Cristina Olvera Barrios, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6o., fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con base en las siguientes
Consideraciones
La protección de los derechos humanos, es uno de los principios fundamentales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual considera la protección de derechos inherentes a los seres humanos con la intención de evitar las distinciones entre los habitantes, asimismo establece las obligaciones de los gobiernos para atenderlos de la mejor manera posible.
En concordancia con nuestras leyes, el Estado mexicano se ha sumado al sentir mundial en materia de protección a estos principios, adhiriéndose a tratados internacionales en la materia, los cuales son considerados para la elaboración de las políticas públicas y normatividades.
Para atender estos aspectos de la legislación, el gobierno mexicano ha considerado la creación de políticas públicas tendientes a proteger todas las etapas etarias de la población mexicana, consciente de que cada una requiere de la configuración de respuestas específicas a problemáticas del mismo orden.
El Estado mexicano vigila la evolución de la población desde 1882 a través de la Dirección General de Estadística, predecesor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante el conteo de población, el cual a través de diversos indicadores, nos permite saber cuántos y cómo somos.
Tales censos de población, permiten contemplar la proyección poblacional a través del tiempo, lo que nos permite encauzar las políticas públicas y adelantarnos a los efectos propios que causarían la no atención de los problemas que se nos presentan.
En este sentido, la atención a los más de 118 millones de mexicanos para este año1 , requiere de la vigilancia del proceso de dinámica poblacional, a fin de considerar las estrategias a seguir en el futuro, es por eso que gracias a esta recopilación de datos, podemos integrar carteras de acciones específicas.
Como ejemplo de la importancia de la instrumentación de políticas públicas a futuro, el gobierno mexicano se dio cuenta del crecimiento demográfico en la década de los sesenta del siglo pasado, cuando cada familia contaba con un promedio de seis integrantes, y previendo los problemas que este crecimiento podría causar, lanzó una campaña de control de la natalidad que hoy permite que en promedio, las familias mexicanas se compongan de cuatro integrantes.
Asimismo, a partir de esta década, se previó la inversión de la pirámide poblacional, pues aunque la cantidad de nacimientos comenzó a registrar un descenso, el envejecimiento de la población se registró al alza, debido a la ampliación en la cobertura de los sistemas de salud y sistemas de abasto de alimentos más eficientes, por lo que la esperanza de vida se elevó para pasar de los 40-50 años de edad, a los 75 años de vida promedio.
Esto quiere decir que la población mexicana se encuentra en un proceso de envejecimiento, y de acuerdo con sus proyecciones, en el 2050, la cantidad de personas que sobrepasen el umbral de los 60 años de edad, serán el 30 por ciento de la población, con las consecuentes problemáticas a atender.
De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, a partir de esa etapa, las personas se caracterizan por el declive de las funciones orgánicas y psicológicas como una de las pérdidas de las capacidades sensoriales y cognitivas y que evidentemente requieren mayor atención médica que los demás sectores de la sociedad, siendo ésta particularmente especializada.
En la actualidad, las dificultades que debe enfrentar el estado mexicano en muy diversos aspectos, son enormes, y su atención requiere de acciones decididas, por lo que en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hacemos un llamado a que se considere al grupo de los adultos mayores en el diseño de políticas públicas de gran calado, pues su crecimiento en el futuro inmediato, requerirá de mayores acciones y programas que se reflejen en el compromiso estatal de justicia social para atender sus necesidades como retribución a sus esfuerzos debido al legado del país que hoy tenemos.
Hacemos este llamado, debido a que en muchos aspectos de la vida, la concepción de la vejez o de la vida adulta, se encuentra aparejada a situaciones adversas de existencia, las cuales se encuentran lejos de hacer honor a los principios de vida digna que se encuentran en los programas de gobierno.
Para atender los aspectos específicos de este sector de la población mexicana, que se calcula en los 10 millones de personas, se deben crear políticas públicas integrales que sean atendidas por muy diversos órganos de gobierno.
Esta visión, se basa en el análisis de la problemática de este sector de la sociedad, que frecuentemente se encuentra desprotegido de los sistemas de salud y del sector económico principalmente, así como una desvalorización de sus aportaciones a la vida diaria del país.
En este sentido, la condición a la que se enfrentan frecuentemente los adultos mayores, es la discriminación de una sociedad que se basa en la competencia y productividad.2
Los resultados de la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación, son reveladores, pues indican que este grupo de edad debe sobrevivir con situaciones sociales negativas, que los consideran improductivos y como consecuencia, son condenados al desempleo, al abandono, a la negación de oportunidades y a la constante violación de sus derechos fundamentales.
A la situación, se suman la pérdida de habilidades y capacidades físicas, lo que lleva a que socialmente se asuma que son inútiles, incapaces, enfermos, y consecuentemente se les lleva a negárseles el acceso a sus derechos y el acceso a oportunidades.
Los datos que nos ofrece la Enadis 20103 , arrojan que el 27.9 por ciento de las personas mayores de 60 años de edad, consideran que en alguna ocasión sus derechos no han sido respetados, el 40.3 por ciento indica que sus problemas más apremiantes, son los económicos, el 37.7 por ciento, el acceso a los servicios de salud y medicamentos, y el 25.9 por ciento, los laborales. Ante tales diagnósticos, es casi imposible que puedan acceder a una vida digna, lo que se confirma con el señalamiento hecho por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), al precisar en el marco de la Celebración del Día del Adulto Mayor, “que en México, uno de cada dos están en pobreza y uno de cada diez vive en pobreza extrema”.4
En Nueva Alianza consideramos que estamos a tiempo de evitar que estos índices de abandono se acentúen, mediante la creación de políticas públicas integrales que permitan a nuestros adultos mayores, mejores niveles de vida, propiciados por el diseño de programas de gobierno acordes a sus necesidades y con la visión trasversal.
Aunque el gobierno mexicano cuenta con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), institución especializada en la atención a las problemáticas del sector, éstas no se encuentran estructuradas de manera tal que los asistentes a estos servicios, puedan tener servicios que les permitan un nivel de vida digno.
Somos conscientes de que estas personas no requieren de instituciones que se asemejan a estancias, sino de políticas públicas intersecretariales efectivas que les permitan mantener un nivel de vida con calidad, en los que la valoración social, la salud y el nivel adquisitivo, forme parte de su existencia.
Asimismo, es necesaria la promoción de campañas publicitarias de revaloración a los adultos mayores sin estereotipos, sino con la dignidad que merecen como personas.
Es por eso, que hacemos un llamado a las autoridades para que estos esfuerzos se concreten en estrategias efectivas de revaloración de los adultos mayores.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos esencial establecer una gran estrategia nacional en materia de geriatría, a fin de dar atención a las problemáticas que se presentan en este sector y que se incrementarán en el futuro de manera notable por lo que habrán de requerir acciones efectivas.
Así, consideramos que no es posible construir una sociedad, un Estado, si no se parte del pleno reconocimiento de la igualdad de las personas consagrado en un sinnúmero de instrumentos, nacionales e internacionales de protección de derechos humanos y de la proyección de las políticas públicas que atiendan a este sector de la población de manera integral y con los principios de dignidad que requerimos.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social para que en el diseño de las políticas del Instituto Nacional de Protección al Adulto Mayor, se contemple la implementación de un sistema intersecretarial que permita coordinar y articular las políticas sociales de manera trasversal de este organismo, a fin de atender a la población de adultos mayores para que cuenten con una vida digna.
Notas
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Proyecciones de la población de México 2010-2050 .
2 Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010 .
3 Ibídem.
4 Periódico digital La Jornada, Nota: Uno de cada dos adultos mayores están pobreza en México, elaborada por Angélica Enciso, publicada el 27 de agosto de 2013, página electrónica: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/08/27/20434281-mexico-requiere- politicas-publicas-de-prevencion-y-cuidado-de-adultos-mayores-especiali sta.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 5 de septiembre de 2013.
Diputada Cristina Olvera Barrios (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los congresos y Poderes Ejecutivos locales a emprender acciones a fin de incorporar tecnologías que generen ahorro y uso eficiente y racional de energía eléctrica, agua y gas en la construcción de viviendas, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar a los Congresos y Poderes Ejecutivos de las entidades federativas para emprender las acciones requeridas a fin de incorporar tecnologías tendentes a generar ahorro y el uso eficiente y racional de energía eléctrica, agua y gas en la construcción de viviendas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Somos considerados la especie más inteligente; sin embargo con lo que le hemos hecho al planeta parecemos la peor, pues parece que tuviéramos la firme misión de acabar con éste mundo y sus especies, sin reconocer que nada aquí nos pertenece.
A pesar de todo esto, el cuidado y preservación del planeta y sus especies están irremediablemente en nuestras manos y es nuestra absoluta responsabilidad. No olvidemos que su flora y fauna lo han habitado desde mucho antes que nosotros, podría decirse que somos los seres humanos los invitados, pero nos convertimos en los que llegaron a invadir el territorio y destruir sistemáticamente su hogar.
Contaminamos, atacamos, destruimos, sacrificamos, extinguimos y aniquilamos a este planeta y todo lo que hay en él, bajo el amparo y excusa del progreso motivado por la ambición de vivir quizás un poco mejor, o también tan sólo por diversión y entretenimiento.
Olvidamos que el mundo no es nuestro o solo nuestro, es compartido; aunque la autoría del daño nos pertenece de manera exclusiva, por lo tanto todas las demás especias que cohabitan dependen de nosotros para salvarse y salvar el lugar donde viven.
Si tenemos la capacidad de construir y crear, ¿por qué no hacerlo en armonía con éste planeta?
Si éste mundo perece, lo haremos también nosotros sin excepción alguna y quizás incluso antes de que lo logremos para él.
El tiempo apremia, ayudemos al planeta; ayudémonos a nosotros mismos porque la mejor herencia que podemos entregar a nuestros hijos y futuras generaciones es un mejor mundo para vivir.
Debemos asumir el reto como sociedad de iniciar la transición hacia un modelo de crecimiento verde y también socialmente inclusivo de forma efectiva, eficiente, equitativa y sobre todo segura para el medio ambiente y nosotros mismos.
La mejor manera de iniciar este proceso es desde el lugar donde vivimos, desde nuestros hogares y con nuestra familia, en lo habitual o cotidiano; y si la situación actual lo demanda; comencemos desde la construcción y edificación de éstos.
Temas como la sustentabilidad, el uso eficiente de los recursos naturales, la armonía con el medio ambiente y su preservación, la creación de una cultura en el manejo adecuado de desechos, el control de emisiones contaminantes, la aplicación de tecnologías en el aprovechamiento y ahorro de energía eléctrica, agua y gas y la restauración de nuestro entorno natural; llegaron para instalarse de manera urgente y permanente en nuestra conciencia individual y colectiva.
Llegamos a un punto en el que la viabilidad de habitar este planeta está en latente riesgo, la supervivencia y continuidad de la raza humana se encuentra condicionada; no tenemos elección y debemos asumir el compromiso de conservar el mundo en el que habitamos y coexistimos con una diversidad de especies de flora y fauna.
Si bien se ha avanzado y logrado mucho al respecto, la realidad nos ha mostrado sobre la marcha que el daño es mayúsculo y se ha acumulado de manera creciente y grave. Basta señalar que estudios recientes nos han arrojado que este año alcanzamos niveles históricos y nunca antes registrados en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, que son los gases que se acumulan como resultado de la combustión de carbón, petróleo y gas natural.
Éste escenario ya se había pronosticado y sus consecuencias ya eran conocidas, por ello hoy en día ésta noticia no fue sorpresa para los expertos en el tema. Desde hace décadas el concepto de cambio climático y el efecto invernadero dominó las discusiones y los estudios ambientales, y específicamente ya para el año 1992 en el marco de la Convención en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro se adoptó el Protocolo de Kioto que establecía la meta de reducir en un 5.2% en promedio las emisiones contaminantes.
Sin embargo, no fue hasta 1997 que los países signatarios de la Convención firmaron el protocolo y se comprometieron a cumplir dos objetivos específicos, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a establecer las medidas para mantener una constante captura de carbono.
No obstante, y a pesar de estos valiosos esfuerzos a escala mundial, se ha avanzado muy poco en lograr revertir el daño que ya estaba hecho a nuestro medio ambiente y los ecosistemas.
Muestra de ello es que el cambio climático continúa siendo una amenaza en todo el planeta y para quienes lo habitamos, la temperatura global ha aumentado en casi 0.8 grados centígrados y parece imparable debido a que el 90% de las emisiones de gases que generan esta alteración provienen de las actividades humanas cotidianas; es decir son provocadas y generadas por el hombre.
Como consecuencia, no se han podido revertir o al menos controlar las afectaciones a los sistemas naturales y por ende tampoco las repercusiones en nuestros esquemas tanto económicos como sociales que se derivan de estos problemas sin distinción alguna de condición socioeconómica.
Estudios al respecto nos indican que a nivel mundial, de seguir registrando cantidades similares de emisiones de gases que se estiman en más de 25 mil millones de toneladas al año, para mitad de este siglo tendríamos una elevación de la temperatura global en más de 2 grados centígrados, lo que representaría un escenario de magnitudes catastróficas no sólo para el medio ambiente global, sino también para la existencia y el desarrollo de los seres humanos.
Elevados grados de desertificación, erosión irreversible de los suelos, aumento desproporcionado del nivel del mar, fluctuaciones intensas y prevalecientes de las corrientes de viento y de los mares, cambios climáticos impredecibles, extremosos y acompañados de eventos meteorológicos como sequías, inundaciones o huracanes de dimensiones desastrosas, tormentas desproporcionadas, incendios, enfermedades, extinción acelerada de especies de flora y fauna y pérdidas masivas de vidas humanas, serían las consecuencias inmediatas que se mencionan en el párrafo anterior y que se harían presentes en todos los rincones de nuestro planeta si no logramos detener o al menos controlar el deterioro ambiental.
No es de extrañarse que lo anterior suene conocido y probablemente hasta cotidiano. Ya se inició este escenario quizás heredado por las generaciones que nos anteceden pero indudablemente nuestra responsabilidad ahora; aunque gracias a los adelantos científicos y tecnológicos tenemos un mayor y mejor conocimiento y capacidad para enfrentar estas adversidades que pasaron de ser teorías y proyecciones a configurar nuestra realidad.
De acuerdo a lo señalado y presentado como conclusiones definitivas en el Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008, se mencionan 5 mecanismos clave identificados por medio de los cuales el cambio climático puede paralizar y posteriormente revertir el desarrollo humano que aún en nuestros días después de todos estos años continúan vigentes:
1. Producción agrícola y seguridad: se calcula que las cifras de afectados por desnutrición podrían aumentar a 600 millones a finales del siglo XXI.
2. Estrés por falta de agua e inseguridad de agua: se estima para finales del siglo que 1,800 millones de personas podrían habitar en zonas con escases de agua.
3. Aumento en el nivel del mar y exposición a desastres meteorológicos: se prevé que el aumento de la temperatura mundial en 3 o 4 grados centígrados podría desembocar en las migraciones de 330 millones de personas por inundaciones.
4. Pérdida de ecosistemas y biodiversidad, con un calentamiento de 3 grados centígrados entre un 20 y 30 por ciento de las especies terrestres podrían enfrentar la extinción.
5. Amenazas a la salud humana, el número de personas expuestas a enfermedades como el paludismo aumentará en los próximos años, impactando mayormente a los países en desarrollo debido a los niveles de pobreza y la poca capacidad de respuesta de los sistemas de salud pública.
Sobre el tema, nuestro país no es ajeno ni a los orígenes ni a las consecuencias que generan estos niveles de contaminación. Estudios recientes establecen que al menos el 20 por ciento del territorio Mexicano y el 75 por ciento de la población total en este país, están altamente vulnerables o expuestos a padecer de manera directa los efectos del cambio climático y la contaminación a nivel mundial.
Desafortunadamente, la demanda de servicios generadores de este tipo de gases se ha incrementado para proveer la oferta necesaria de bienes y servicios que la sociedad mexicana requiere. La actividad empresarial regular y doméstica se ha elevado, la necesidad de una mayor capacidad de transporte tanto público como particular se disparó considerablemente sin una alternativa de transporte limpio que revierta esta situación como parte de una ausente política de uso eficiente de la energía y recursos naturales; llegando a un punto de comparación con las naciones que más emisiones y contaminación producen. Por ejemplo, el mexicano emite en promedio 180 kilogramos de contaminantes atmosféricos en un año aproximadamente, es decir lo que equivale a dos personas adultas, que es lo que en promedio se registra a nivel mundial.
Por otro lado, para nuestro país las alternativas limpias para revertir los daños ambientales y ecológicos por la emisión de gases contaminantes son escasas; el petróleo sigue siendo la fuente de más de la tercera parte de los ingresos fiscales en nuestra economía; todavía representa cerca del 60% de la matriz energética mientras que la participación de las energías renovables derivadas de biomasa, hidroeléctricas, geotérmicas y eólicas. En el total de la requerida por la sociedad es apenas del 15 por ciento.
Si no fuera suficiente lo anterior, tenemos que la generación de residuos sólidos tan solo a nivel municipal en la última década se elevó en un 40%, mientras que el manejo de estos residuos rurales y urbanos o el también llamado vertido en sitios de disposición final todavía sigue siendo el método rudimentario con el que siempre se ha operado el 98% de estos desechos ante la ausencia de plantas de procesamiento.
En lo que respecta a los recursos naturales tenemos que en México entre los años 2005 y 2010 se registró una pérdida neta anual de 160 mil hectáreas de bosques en promedio. La fuente de la deforestación y por consiguiente en el cambio del denominado uso de suelo, sigue siendo la producción agrícola y ganadera que durante este periodo careció absolutamente de planes, acciones y políticas gubernamentales de sustentabilidad.
Respecto al uso y manejo del agua, la situación es por igual triste y alarmante, ya que más del 30 por ciento de la extracción de agua para consumo humano en el país, se obtiene mediante fuentes no sustentables o controladas ambientalmente y la tasa de construcción, operación y conexión de plantas de tratamiento de aguas residuales y de recolección de aguas pluviales, es de las más bajas a nivel mundial.
Por ello, todavía en nuestros días las enfermedades respiratorias y gastrointestinales siguen siendo unas de las principales causas de muertes en la población infantil y adulta mayor.
Como se puede apreciar, el panorama no es alentador; por el contrario la infortuna combinación de factores de contaminación ambiental mundial, la local y los problemas de índole económico y social nos involucran notablemente en los asuntos desfavorables y la responsabilidad compartida del cambio climático; a pesar de que México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en riqueza natural de biodiversidad.
Como sociedad, requerimos reconocer que en nuestra nación ningún esfuerzo en materia de conservación, rescate y procuración del medio ambiente y contra las adversidades del cambio climático; serán suficientes si a la par no logramos un cambio profundo en nuestra cultura de percepción del problema y reconocemos que esta situación nos implica a todos.
Aprendamos a construir viviendas y hogares para los seres humanos con las menores implicaciones ambientales posibles y la reducción de las ya existentes.
Incluyamos en nuestras casas, el uso de sistemas de luz ahorradores de energía o alimentados por celdas fotovoltaicas, calentadores de agua solares; edifiquemos nuestros hogares y edificios con materiales diseñados para generar el ahorro máximo de energía, agua y gas.
No sólo pensemos en forma verde, sino también construyamos de igual manera, en México requerimos adoptar medidas de construcción y equipamiento ecológicas para las viviendas.
No podemos permitir quedarnos atrás en temas que se refieren al cuidado y preservación de nuestro medio ambiente.
Las ventajas de hacerlo son muchas pero entre ellas destacan las siguientes:
• Minimizar el uso de recursos naturales.
• Disminución los residuos sólidos a partir de sistemas de reciclaje para la cocina.
• Control de la erosión y minimizar el impacto del suelo.
• Manejo eficiente y aprovechamiento de las aguas de lluvia.
• Aumento de la eficiencia energética.
• Conservación máxima del agua.
• Reducción de los costes derivados del mantenimiento.
• Aseguramiento de una planificación y uso de suelo adecuado.
Como se advierte, indiscutiblemente con la aplicación de este tipo de tecnologías limpias estamos en la posibilidad de crear y construir viviendas habitables, confortables, dignas y con diseños bioclimáticos sustentables altamente provechosos.
En la actualidad bajo el panorama desolador que tenemos a nivel mundial, no podemos darnos el lujo como sociedad en nuestro país y en ningún otro, de ignorar o postergar el uso y aprovechamiento de estas alternativas.
Por esto, tenemos que iniciarnos en la búsqueda de una mentalidad nueva, una política diferente y una forma de asumir el compromiso con el medio ambiente que abarque la búsqueda de una vivienda que minimice al máximo de lo posible y lo deseable, el impacto sobre nuestro medio ambiente y fomente a la vez un desarrollo sostenible que no consuma excesivamente los recursos tanto renovables como los no renovables y finalmente al planeta entero.
Requerimos de una política de construcción de viviendas, que tengan la capacidad de generar los recursos suficientes para crear un hábitat saludable y en armonía con el medio circundante; esa en la actualidad, es la vivienda ideal.
Finalmente, es claro que el rumbo que nuestro país debe adoptar en materia de construcción de vivienda es el del cuidado y protección del medio ambiente.
Si bien, iniciar este proceso podría encontrarse con obstáculos, en el mediano y largo plazo las ventajas de haberlo asumido no solo serán visibles para nuestra generación hoy en día sino también serán representativas para las que nos precederán, pues en ese futuro mediato podrán apreciar que fuimos una generación que reconoció que el mundo era de todos y nuestro mejor anfitrión, que fuimos capaces de conquistar nuestra conciencia colectiva para escuchar a este planeta que pedía a gritos ayuda y ser reconocido, cuidado y procurado.
Seamos una generación que si bien nos equivocamos y caímos, tuvimos el valor y el coraje de asumir nuestra responsabilidad, para enmendar y corregir nuestros errores.
Lo anterior, con mayor razón si se trata del lugar donde vivimos y por ende, de nosotros mismos.
Esta soberanía, no pueden mantenerse al margen de aportar lo que le corresponde y desde sus facultades legislar a favor del bienestar común y de nuestro medio ambiente.
Por lo expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de
Acuerdo
Único. Con pleno reconocimiento a la libertad y soberanía en todo lo concerniente al régimen interior de los estados, se exhorta respetuosamente a:
1. Los Congresos de las entidades federativas, a incorporar en sus agendas de discusión la formulación de esquemas de fomento del ahorro y el uso eficiente y racional de energía eléctrica, agua y gas, y la aplicación de ecotécnicas y ecotecnologías en la construcción y equipamiento de viviendas.
2. Los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas, a emprender acciones para integrar dentro de sus programas de construcción de vivienda, el uso de materiales ecológicos y la incorporación obligatoria de calentadores solares de agua, focos ahorradores de energía y válvulas ahorradoras de agua.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2013.
Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los titulares de la Sagarpa y de la SE a implantar acciones que estabilicen los precios del azúcar en el mercado nacional, a cargo del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, conforme a las siguientes
Consideraciones
El azúcar es uno de los productos básicos de consumo, su producción se realiza en los ingenios a partir de los jugos de caña de azúcar y de remolacha, dando origen a una agroindustria que genera gran cantidad de empleos, participando directamente en la economía nacional.
La caña de azúcar es un cultivo agrícola que permite una amplia diversidad productiva. Esto debido a que de ella se pueden obtener los siguientes derivados azúcar, papel y cartón, alimento para animal, alcohol y etanol, entre otros.
En México, la industria azucarera es muy importante, requiriendo en los últimos diez años una superficie cultivada del orden de 650 mil hectáreas por año, cuya producción alcanza en promedio los 48 millones de toneladas de caña de azúcar.
En 2012, la caña de azúcar se cultivó en 15 de los 32 estados de la República Mexicana, por lo que tiene una gran importancia económica, social y ecológica para nuestro país.
De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), durante el 2011, México ocupó el sexto lugar a nivel mundial, sólo por debajo de Brasil, India, China, Tailandia y Pakistán.
Veracruz ocupa el primer lugar nacional en el cultivo de caña de azúcar, aportando 36 por ciento de la producción total nacional y de la superficie total cosechada.
Con relación a las modalidades de producción (riego o temporal), Veracruz es el estado que obtiene un mayor volumen de producción de caña de azúcar. Veracruz ha aportado bajo riego el 24.6 por ciento del total de volumen de producción nacional, mientras que bajo temporal ha generado 50.1 por ciento del volumen. Por otra parte, Jalisco ocupa la segunda posición, al aportar en la modalidad de riego 21.9 por ciento del volumen total nacional y el 2.6 por ciento en la modalidad de temporal.
De acuerdo con datos preliminares del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, en 2012, el área destinada a este cultivo alcanzó una superficie de 786 mil 539 hectáreas, de las cuales se cosecharon 736 mil 483. Con ello, se alcanzó una producción de 51 millones 304 mil 319 toneladas, cifra que representó el 99.4 por ciento del total programado inicialmente por la Sagarpa. Los estados de Veracruz, Jalisco, Tamaulipas y Oaxaca concentraron el 60.23 por ciento del total de la producción nacional obtenida en 2012.
Dada la manifiesta importancia de esta industria y su impacto dentro de la economía nacional, es necesario fomentar esta rama de la producción a fin de darle a quienes en ella intervienen, certidumbre y las condiciones que la vuelva a ser rentable, incremente su capacidad para generar empleos e impulse su propio crecimiento.
Sin embargo, actualmente la producción de caña se enfrenta a diversos factores que impactan de manera negativa en la productividad de este cultivo; factores que van desde aspectos técnicos, económicos y sociales; tanto de carácter nacional como internacional.
La aparente sobreoferta en la producción de azúcar, en lo que va del ciclo 2012-2013, ha provocado una disminución en los precios de este insumo, y a pesar de que la caída de los precios inició desde octubre de 2011 y logró una ligera recuperación en mayo de 2012, a partir de este mes se acentuó su tendencia a la baja.
Esto hizo que el kilogramo de azúcar estándar cayera 33.1 por ciento, al pasar de 11 mil 888.80 de pesos la tonelada en mayo de ese año a 7 mil 907 pesos la tonelada en la tercera semana de enero de 2013.
Cabe comentar que en octubre de 2012, se dio a conocer el precio de referencia del azúcar base estándar para el pago de la caña de azúcar correspondiente a la zafra 2012-2013, el cual se anunció en 10 mil 617.72 pesos por tonelada. Sin embargo, de acuerdo con el precio promedio de mercado se tiene una pérdida de 2 mil 702.17 pesos por tonelada, lo que equivale a una reducción de 25.53 por ciento.
Este problema llevó a que los cañeros demandaran la aplicación del fideicomiso de exportación de los excedentes de la producción nacional con el fin de desahogar el mercado interno y equilibrar los precios. No obstante, a pesar de que los cañeros lograran colocar sus excedentes en otros mercados, el precio de referencia internacional se cotizó en 480.70 dólares la tonelada en la semana del 22 de enero, valor que equivale a alrededor de los 6 mil pesos, por lo que también estarían enfrentando un mercado internacional con bajos precios de compra.
Por lo anterior, el índice de precios del azúcar, calculado por la FAO, alcanzó en diciembre su valor más bajo desde agosto de 2010, registrando una caída anual de 17.1 por ciento en 2012, mostrando volatilidad hasta mediados de 2011. A partir del último trimestre de ese año, los precios internacionales y nacionales presentaron un comportamiento similar, debido a que coincidieron con una mayor oferta del producto.
Es importante que tomemos las acciones necesarias para apoyar al campo cañero mexicano, se debe de pedir el apoyo a las autoridades encargadas de diferentes programas federales, para buscar que se les otorgue un apoyo económico a este sector.
Es necesario asegurar el abasto permanente de azúcar; otorgar equidad a todos los participantes dentro de la cadena de producción y se debe de realizar un esfuerzo sostenido para mejorar la eficiencia del campo cañero y de la planta industrial azucarera.
Tenemos un sector azucarero con una excesiva producción frente a un mercado restringido, con la caída de los precios de exportación del azúcar, las disputas sobre la negociación de las cuotas en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y una mayor utilización de los sucedáneos del azúcar (jarabes de maíz de alta fructuosa y edulcorantes sintéticos como el aspartame, entre otros), que han deprimido el consumo industrial doméstico.
Así, tanto la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación como la Comisión Nacional del Agua deben trabajar en comunicación constante a fin de preservar los recursos naturales agua y suelo, y generar mejores rendimientos y mayor productividad en el cultivo de la caña de azúcar, a fin de solventar los requerimientos del mercado nacional y disponer de producto para la exportación.
Pese a contar con programas como el Nacional de la Agroindustria de Caña de Azúcar 2007-2012, que tiene como propósito el brindar certidumbre a productores del campo, obreros, industriales y a todos los agentes que integran la cadena productiva, que coadyuven a mejorar la productividad y competitividad de las actividades de la agroindustria de la caña de azúcar, no resultan suficientes para hacer frente a esta problemática.
El daño económico es para todo el país, provocado por la disminución del precio del producto que afecta ya los ingresos de 165 mil productores y provoca pérdidas por ocho mil 500 millones de pesos, como se estiman hasta el momento los afectados.
Frente a esta situación, desde el 21 de enero, productores cañeros de las confederaciones Nacional Campesina (CNC) y de Propietarios Rurales (CNPR) mantienen bloqueados los ingenios y las bodegas del país, como protesta por la caída del precio del edulcorante y el aumento constante en la importación de alta fructosa.
Necesitamos evitar que el precio del azúcar continúe a la baja, así como exigir a las autoridades que detengan la importación de la fructosa y tratar de alcanzar con ello un equilibrio que evite que la producción de la zafra de este año se junte con los inventarios del ciclo anterior, lo que resultará todavía más perjudicial para el sector.
Los precios de la tonelada de azúcar hoy en día ronda los seis mil 500 pesos, cuando el año pasado estaba en ocho mil pesos en promedio, lo que es verdaderamente alarmante por lo que debemos buscar que el precio del bulto no baje de los 400 pesos, ya que de lo contrario los productores cañeros no tendrán ganancias ni recuperarán la inversión realizada, además de que tendrán fuertes pérdidas económicas.
El punto de acuerdo que se propone no busca que se eleve el azúcar a precios desorbitados que tengan un impacto infortunado para las familias mexicanas, lo que se busca es un precio justo, ya que en el precio que se encuentra ahora estamos teniendo una perdida muy grande, y que puede tener un impacto negativo para la economía del país, lo que buscamos es sanear el mercado doméstico que permita equilibrar el precio interno.
El desplome del dulce en el país viene a perjudicar directamente la economía del productor de caña, en el sentido de que la producción de azúcar conlleva todo un proceso a diferencia de otros productos del campo como el maíz o el tomate.
De acuerdo con las demandas escuchadas de los productores de caña, necesitan para recuperar lo que han perdido, y que no varíe el precio de aquí a que termine el ciclo, necesitan que el precio del azúcar salga de bodega a 500 pesos, para que el precio ponderado quede en 475 o 450 pesos y permitir al productor obtener el precio por tonelada de azúcar entre 9 mil y 9 mil 500 pesos, lo que le ayudaría a cubrir los gastos de la cosecha, el corte y acarreo de la caña, así como solventar sus necesidades y pagar los créditos que solicitó para la siembra.
Urge tomar acciones tendientes a resolver esta problemática que aqueja a los productores cañeros ya que y que pueden provocar graves consecuencias económicas, políticas, sociales y jurídicas, tanto para la industria azucarera como para la economía nacional.
Por lo anterior, y con objeto de equilibrar el mercado azucarero nacional y de cimentar las fortalezas de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, someto a consideración de este pleno, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Economía del gobierno federal a implantar acciones inmediatas que estabilicen los precios del azúcar en el mercado nacional; asimismo pedir apoyo a las autoridades encargadas de los programas federales para que se otorguen apoyos económicos para los campesinos cañeros con la finalidad de darle a quienes en ella intervienen, certidumbre y las condiciones que la vuelva a ser rentable, e incremente su capacidad para generar empleos e impulse su propio crecimiento.
Fuentes consultadas
Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, en http://www.conadesuca.gob.mx
FAO, Índice de la FAO para los precios de los alimentos, enero de 2013 en http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/es/
Inegi, Índices de Precios, en http://www.inegi.org.mx.
Infoaserca, reporte diario de precios a futuro con base en información de Reuters, en http://infoaserca.gob.mx.
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera en http://www.siap.gob.mx.
Secretaría de Economía, Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados en http://www.economia-sniim.gob.mx.
Unión Nacional de Cañeros, AC, en http://www.caneros.org.mx/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2013.
Diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a no incrementar el IVA en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La presente, Martha Beatriz Córdova Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los impuestos surgieron como un mecanismo que serviría para financiar la erogación del gasto del estado, para poder cubrir los satisfactores derivados de las demandas de la sociedad.
En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece en su artículo 31, fracción IV:
Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:
I. ...
IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.1
Los impuestos se dividen en directos e indirectos, siendo la subdivisión de los segundos motivo de la presente propuesta.
Los impuestos indirectos gravan el consumo, recayendo en el costo de algún bien, teniendo como principal característica que son trasladables hasta el consumidor final.
Los principales impuestos indirectos de aplicación en nuestro país son el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) tiene su fundamento en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, aprobada y suscrita el 22 de diciembre de 1978, y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de diciembre del mismo año, bajo decreto del entonces presidente de la República, José López Portillo, pero no inicia vigencia sino hasta el 1 de enero de 1980.
Desde su entrada en vigor el IVA en las familias mexicanas, situadas en la parte final de la cadena productiva, consumidor, ha significado una disminución de su capacidad de consumo.
Este impuesto está sustentado bajo un esquema en el cual se convive con tasas diferenciadas o exentas, tal situación genera discusiones constantes sobre su bandera de equidad.
La premisa de que la intención original del IVA era gravar el consumo final, en su operación se han notado la existencia de excepciones, regímenes preferenciales, tasas 0 por ciento y evasión fiscal, síntomas de la aplicación inequitativa.
Mención aparte merece que cuando el IVA entró en vigencia se manifestó la necesidad de apoyar el comercio de las ciudades situadas en las franjas fronterizas, por ello se implementó una tasa especial.
Hoy en día está causando gran consternación e inquietud el hecho de querer incrementar el IVA, implementarlo a medicinas y alimentos y homologar el porcentaje de las ciudades de la frontera con el resto del país.
Conviene citar que la teoría económica dicta que los impuestos indirectos son regresivos, pues generan afectaciones en la población sobre todo a las personas con ingresos menores.
El Colegio de la Frontera Norte (Colef), ha sido muy enfático al considerar que un alza del 16 por ciento al Impuesto al Valor Agregado en la frontera, a esquema de homologación, implica riesgos inmediatos como consumidores que optarían por cruzar la frontera para adquirir sus bienes y servicios, esto se reflejaría en desempleo y un gasto mayor de los habitantes de esas ciudades.
Esto sumaria a la ya clara declaratoria de recesión económica que atraviesa nuestro país, pues como daño colateral surgiría la fuga de capitales y el traslado o quiebra de comercios, abonando al decaimiento del crecimiento económico.
En su momento el Centro de Estudios de las Finanzas Publicas de esta Cámara de Diputados informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al finalizar este año fiscal otorgaría beneficios fiscales por 643 mil 419 millones de pesos, lo que es equivalente a 3.87 por ciento del producto interno bruto (PIB), superando la meta esperada de recaudación por concepto de IVA durante el mismo periodo, el cual se calcula en 622 mil 626 millones de pesos.
Por lo que la homologación del Impuesto al Valor Agregado en el país causaría una crisis económica en Ciudad Juárez, sacando de competitividad a los comercios fronterizos y generando el cierre masivo de los mismos.
Cabe señalar que en Ciudad Juárez el IVA es más bajo que en otras zonas del país para hacerla competitiva ante los comercios de Estados Unidos que maneja un IVA de 8.25 por ciento.
Por lo anteriormente expuesto, la presente somete a consideración de este pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su propuesta de Ley de Ingresos para el año 2014, se evite incrementar el IVA en Ciudad Juárez, Chihuahua, manteniéndolo en 11 por ciento.
Nota
1. http://www.diputados.gob.mx/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2013.
Diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la situación que guardan la sobreexplotación y tala clandestina de la comunidad de Minas Viejas, en El Naranjo, San Luis Potosí, y a tomar medidas para evitarlas, a cargo del diputado Enrique Alejandro Flores Flores, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Enrique Alejandro Flores Flores, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta ante esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, para que se rinda un informe a la opinión pública, sobre la situación que guarda la sobre explotación y tala clandestina de la comunidad de Minas Viejas, municipio de El Naranjo, San Luis Potosí y se tomen las medidas necesarias para evitar la tala ilegal de sus zonas forestales, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El estado de San Luis Potosí se caracteriza por contar con una riqueza biológica importante a nivel nacional que lo distingue como uno de los estados donde el ecoturismo encuentra las mejores condiciones para su práctica.
Sin embargo, la entidad no ha sido ajena a los efectos negativos que generan las prácticas clandestinas cada vez más frecuentes de tala ilegal y por supuesto la deforestación. El medio ambiente deteriorado que genera la deforestación permanente de zonas boscosas ricas en flora, fauna y el clima (cambios drásticos), impactan en la vida cotidiana de los habitantes cercanos y ponen en riesgo su futuro.
En México, se estima que al año se pierden 60 mil hectáreas forestales por tala clandestina y esta se ha concentrado durante los últimos años en los estados de la región centro del país, sin embargo, el territorio potosino no es ajeno a los procesos de degradación y tala ilegal de su sector forestal, mismo que se está volviendo un negocio millonario para quienes lo practican.
La tala clandestina y la deforestación en la entidad así como el proceso de deforestación por cambios de actividades en la tierra (el cultivo por ejemplo) ha puesto en riesgo a más de 500 mil hectáreas forestales, casi 50 por ciento de las zonas boscosas de la entidad.
En efecto, estas actividades son más frecuentes y regulares en poblaciones estratégicas del estado de San Luis Potosí. Hoy día, en nuestra entidad vemos cómo municipios como Xilitla, Tamasopo, Alaquines y El Naranjo, ubicados en la sierra de Álvarez recienten tales efectos. Estos hechos no sólo influyen en el medio ambiente sino también y de manera directa, en los ingresos municipales pues gran parte de ellos proviene de actividades como el ecoturismo por la gran riqueza natural que existe en cada uno de ellos.
Muchas de las áreas son consideradas como “zonas de reservas” ambientales en la entidad y por supuesto en nuestro país, que ante las condiciones de tala y deforestación ponen en riesgo la sustentabilidad de la zona. Para dimensionar el impacto del problema en la entidad, es importante señalar que los municipios afectados representan aproximadamente 13 por ciento del territorio de la entidad.
En el caso particular de la comunidad Minas Viejas, ubicada en el municipio de El Naranjo, y donde sus cascadas atraen el turismo nacional, resulta de suma importancia que la federación, a través de sus dependencias correspondientes, tomen cartas en el asunto y asuman las responsabilidades que les corresponden, pues como en muchos de los municipios de la entidad, grupos de personas que actúan fuera de la ley buscan enriquecerse de manera ilícita afectando de manera recurrente un área protegida, y por supuesto a los pobladores de la comunidad.
Desde el año 2002 a la fecha, municipios como El Naranjo y comunidades como Minas Viejas han interpuesto denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por los daños desmedidos que por estos actos se causa al territorio de la entidad y por supuesto al medio ambiente, poniendo en riesgo la calidad ambiental pero también la calidad de vida de sus habitantes.
Desde 2002 se han presentado las denuncias correspondientes y se ha señalado a los responsables de esta “masacre” de nuestra naturaleza. A la fecha, no han sido atendidas las denuncias y la tala clandestina continúa.
Por eso, haciendo eco de las preocupaciones de los pobladores de dicha comunidad pregunto ¿Tenemos que esperar a que el área ambiental protegida de Minas Viejas sea exterminada para que el gobierno federal finalmente centre su atención en estas denuncias? ¿Tenemos que esperar a que la deforestación genere el problema de falta de abastecimiento de los mantos acuíferos de la comunidad y con ello se carezca de agua? ¿Qué más hace falta para que la federación castigue con mano dura a los responsables de dicho “maltrato” ambiental?
Estamos aún a tiempo de hacer algo y proteger lo que de manera natural nos corresponde. Los pobladores ya han hecho su parte, denunciar y en esta tribuna yo hago lo propio. Por lo tanto, a partir del presente punto de acuerdo, esperamos que el gobierno federal actué de manera inmediata y ayude a los pobladores de la comunidad de Minas Viejas a rescatar su zona de bosques.
Compañeras y compañeros diputados, a efecto de ser solidario con las autoridades locales y la población afectada, solicito su apoyo votando a favor el presente punto de acuerdo.
Por lo antes expuesto y bajo las consideraciones anteriores someto a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de manera conjunta, rinda un informe a la opinión pública sobre los programas de reforestación y acciones preventivas que realizan en las áreas dañadas por la tala clandestina e ilegal en la comunidad de Minas Viejas, municipio de El Naranjo, ubicados en el estado de San Luis Potosí.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que de forma inmediata emprenda las medidas y acciones necesarias con el objetivo de impedir de manera contundente la tala ilegal y clandestina de árboles en las áreas correspondientes a la comunidad de Minas Viejas, municipio de El Naranjo, en el estado de San Luís Potosí.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2013.
Diputado Enrique Alejandro Flores Flores (rúbrica)