Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a desarrollar una norma oficial mexicana para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, el control y la vigilancia epidemiológica del cáncer de ovario, a cargo de la diputada María del Rocío García Olmedo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, María del Rocío García Olmedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Diputada Federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de vuestra soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, por conducto de su titular, doctora Mercedes Juan López, para que desarrolle una norma oficial mexicana para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de ovario, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El cuerpo está compuesto por millones de millones de células vivas. Las células normales del cuerpo crecen, se dividen para crear nuevas células y mueren de manera ordenada.

Durante los primeros años de vida de una persona las células normales se dividen más rápidamente para facilitar el crecimiento. Una vez que se llega a la edad adulta, la mayoría de las células solo se dividen para reemplazar las células desgastadas o las que están muriendo y para reparar lesiones.

El cáncer se origina cuando las células en alguna parte del cuerpo comienzan a crecer de manera descontrolada. Existen muchos tipos de cáncer, pero todos comienzan debido al crecimiento sin control de células anormales.

El cáncer ovárico es aquel que se origina en los ovarios. Los ovarios son glándulas reproductoras encontradas solo en las mujeres que producen los óvulos para la reproducción. Los óvulos viajan a través de las trompas de Falopio hacia el útero donde el óvulo fertilizado se implanta y se desarrolla en un feto. Además los ovarios son la fuente principal de las hormonas femeninas el estrógeno y la progesterona. Un ovario esta en cada lado del útero en la pelvis.

Los ovarios están compuestos por tres tipos principales de células:

– Células epiteliales, las cuales cubren el ovario

– Células germinales que se encuentran en el interior del ovario. Estas células forman los óvulos que son liberados hacia las trompas de Falopio cada mes durante los años reproductivos.

– Las células estromales, las cuales forman el tejido de soporte o estructural que sostiene el ovario y que producen principalmente las hormonas femeninas estrógeno y progesterona.

Cada uno de estos tipos de células se pueden desarrollar en un tipo diferente de tumor. Existen tres tipos principales de tumores ováricos:

1. Los tumores epiteliales se originan de las células que cubren la superficie externa del ovario. La mayoría de los tumores ováricos son tumores de células epiteliales.

2. Los tumores de células germinales se originan de las células que producen los óvulos.

3. Los tumores estromales se originan de las células del tejido estructural que sostiene el ovario y produce las hormonas femeninas estrógeno y progesterona.

La mayoría de estos tumores son benignos no cancerosos y nunca se propagan fuera del ovario. Los tumores se pueden tratar mediante la extirpación quirúrgica de un ovario o de parte del ovario que contiene el tumor.

Sin embargo, los tumores ováricos que no son benignos (cancerosos) o de bajo potencial maligno, que se pueden propagar (hacer metástasis) a otras partes del cuerpo y pueden causar la muerte.1

El cáncer de ovario es el tumor ginecológico que produce la más alta mortalidad (52 por ciento) debido a que sus síntomas iniciales son vagos e inespecíficos. La tasa de supervivencia a los cinco años se aproxima al 40 por ciento. Más del 50 por ciento de las mujeres con cáncer ovárico manifiestan enfermedad avanzada al momento del diagnóstico.2

En México según lo reportado por el Instituto Nacional de Cancerología de acuerdo al Sistema Nacional de Información de la Secretaría de Salud cada año se tienen mínimamente un total de 4 mil 265 casos nuevos de cáncer de ovario y de estos tienen una amplia posibilidad de que mueran al menos 2 mil 400 mujeres lo que equivale a 11 diagnósticos diarios y una mujer que fallece cada 4 horas.

Esta enfermedad puede considerarse un problema de salud pública ya que en las últimas dos décadas la mortalidad ha ido en ascenso, se estima que las mujeres que padecen esta enfermedad en promedio tienen una pérdida de vida de 30 años, además de esto se trata de una enfermedad silenciosa toda vez que pueden pasar meses desde que la mujer inicia con síntomas de cáncer de ovario hasta que ella vaya al médico, ya que con frecuencia los síntomas que en gran parte son gastrointestinales son normales que le sucedan, y estando en la unidad hospitalaria o el médico sea indetectable debido a que los métodos de prevención existentes son poco conocidos como el estudio de ultrasonido transvaginal que se realiza muy poco, confundiéndolos así con enfermedades como colitis, gastritis, amibiasis ,miomas uterinos, cirrosis hepática, enfermedad pélvica inflamatoria entre otros. Esta es la razón por la cual la paciente puede durar hasta entre 6 meses y 1 año en recibir el tratamiento adecuado.

Es importante destacar que esta enfermedad no está cubierta por el rubro de gastos catastróficos del seguro popular3 lo cual es lamentable toda vez que las mujeres que padecen esta enfermedad en una proporción del 40 por ciento son jefas de familias y un 20 por ciento proveen con recursos a la economía familiar.

En cuanto a los tipos de cáncer de ovario se tienen registros de que el 95 por ciento corresponden al cáncer de ovario epitelial que nace de la superficie de los ovarios y que afecta en mayor proporción a mujeres a partir de los 40 años; mientras que el cáncer de ovario germinal que nace del folículo de ovario representa el 5 por ciento de los casos y afecta a adolescentes y mujeres jóvenes,4 este último es altamente curable y está incluido en el Fondo de Gastos Catastróficos del seguro popular pero es el que está afectando a la menor cantidad de casos nuevos.

Otro de los problemas es, que existe una confusión a lo largo del tiempo al pensar que es suficiente con practicar un Papanicolaou para descartar cualquier cáncer ginecológico, sin caer en cuenta que este estudio no es útil para detectar el cáncer de ovario, ya que es necesario el estudio de ultrasonido transvaginal

De manera que si una Norma oficial mexicana: es una regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación(...)5 es fundamental que el cáncer de ovario sea considerado para desarrollar una norma oficial mexicana derivado de que es un enemigo silencioso, que sin la prevención y diagnóstico oportuno seguirá siendo indetectable a tiempo, ya que es de la más alta mortalidad, que si continúa sin el tratamiento, control y vigilancia estaremos en los próximos años con una tasa de mortalidad que aumentará con el transcurso de los años.

Por ello, se requiere con urgencia que se creen las bases para que las dependencias que integran el sistema nacional de salud en un esfuerzo conjunto y con directrices definidas por la norma oficial mexicana en su carácter de obligatoria, puedan atacar este problema y reducir así la mortalidad que causa esta enfermedad en las mujeres mexicanas.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o. consagra el derecho de las y los mexicanos a la salud, hago entonces un llamado a esta honorable Cámara de Diputados, para que aprobemos este punto de acuerdo y podamos sentar la base para que la Secretaría de Salud considere la creación de esta norma oficial mexicana y así podamos entonces detectar a tiempo el cáncer de ovario y logremos entonces proteger la vida a muchas mujeres mexicanas que aunque padecen esta enfermedad como con antelación lo he manifestado, no lo saben y por consiguiente están permitiendo crezca a tal grado de pasar a ser parte de la estadística de mortalidad que tiene esta enfermedad.

Por lo anteriormente expuesto y con las facultades que me conceden los artículos 6 numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, por conducto de su titular, doctora Mercedes Juan López, para que desarrolle una norma oficial mexicana para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de ovario.

Notas

1 American Cancer Society 7/1/2013

2 Factores de riesgo asociado con cáncer de ovario/Gustavo Romero Gutierrez,Jaime Naves Sanchez,Alejandra Horna Lòpez,Carlos Julio Aspe Lucero,Roberto Molina Rodriguez ,Ana Lilia Ponce de León –Medigraphic-Ginecologìa y Obstetricia de México.

3 http://www.seguro-popular.salud.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=275&Itemid=291

4 http://www.cancerdeovariomexico.org/#!/tiposdecancer

5 Artículo 3° Fracción XI de la Ley Federal Sobre Metrología y Organización

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2013.

Diputada María del Rocío García Olmedo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la información del Estado mexicano extraída de las cuentas de correo electrónico de servidores de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública y de otras entidades de la administración pública federal en las administraciones de los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, a cargo del diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del PAN

El pasado 20 de octubre del presente año, el diario alemán Der Spiege l, versión en inglés, publicó una serie de documentos filtrados de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, por los cuales se da cuenta del espionaje cibernético practicado en contra de los servidores y correos de la Presidencia de la República, de la entonces Secretaría de Seguridad Pública; así como a otras instancias gubernamentales de gobiernos como Francia.

De dicha información destaca la gravedad que significa la infiltración al propio correo del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, así como a la intercepción de mensajes personales del actual presidente Enrique Peña Nieto.

En ese sentido, resulta inquietante que la soberanía de nuestro país se vea vulnerada por este tipo de prácticas que van en contra no sólo de la legislación mexicana, sino del propio derecho internacional. De acuerdo con lo conocido hasta este momento, la información a la cual la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América tuvo acceso son comunicaciones diplomáticas, económicas y de seguridad. Lo anterior, mediante la vulneración al servidor de correos clave en el dominio de la presidencia mexicana en la red presidencial para obtener el primer acceso a la cuenta pública de correo electrónico del presidente Felipe Calderón Hinojosa, en una operación conocida como Flatliquid.

Sin embargo, dicho reporte, que forma parte de un total de 260 documentos elaborados por la Agencia de Seguridad Nacional, da cuenta de que no sólo la Oficina de la Presidencia fue infiltrada de manera cibernética, sino que a través del proyecto conocido como Whitetamale , la agencia también tuvo acceso a cuentas de correo de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

La información citada por el diario alemán Der Spiegel , forma parte complementaria de la información filtrada también al diario británico The Guardian y a la televisora brasileña O Globo. Al respecto el informe de Der Spiegel detalla algunos aspectos del espionaje al actual presidente Enrique Peña Nieto, mediante el cual se interceptaron comunicaciones personales de él y sus colaboradores, que le permitieron a la Agencia de Seguridad Nacional alrededor de 85 mil 489 mensajes de texto.

Contexto internacional actual y de debate sobre el espionaje cibernético

Previa publicación del diario alemán Der Spiegel , dos diarios norteamericano y británico respectivamente, The Washington Post y The Guardian, revelaron la existencia de Prism , un proyecto diseñado por el gobierno de los Estados Unidos de América para monitorear y acceder a “todo el audio, vídeo, fotografías, e-mails, documentos y registros de conexión” en todos los servidores de Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL (propietaria de Engadget), Skype, YouTube y Apple.

Estos datos estarían siendo utilizados por el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional (también conocida por las siglas NSA), para vigilancia electrónica de los usuarios de Internet a nivel mundial.

Esquema que identifica la información que se obtiene de proveedores de servicios en Internet

La información filtrada a la prensa indica que analistas estadounidenses estarían utilizando las cadenas de búsqueda de los usuarios para determinar con una precisión de “al menos 51por ciento” si una persona es extranjera y “sospechosa de ser un delincuente”, tras lo cual se extraen sus datos, incluyendo las personas de su lista de contactos. En servicios de redes sociales, las autoridades podrían monitorizar audio, video, conversaciones de texto y transferencias de archivo. También sería posible acceder a correos electrónicos, así como a sus servicios de almacenamiento y de búsqueda.

Cuestionamientos sobre la operación y legalidad de los programas de espionaje cibernético en el marco internacional

Al generarse cuestionamientos a nivel mundial sobre la legalidad de Prism y cómo funciona exactamente, James Clapper, director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, desclasificó la existencia del programa para aclarar lo que él llamó “impresiones”. Según Clapper, Prism “no es un programa de recolección o minería de datos no divulgado”, sino:

“Una herramienta para monitorear las comunicaciones de ciudadanos no estadounidenses a través de sus metadatos (es decir, la información sobre quién envía una comunicación, a quién va destinada y cuándo se produce, sin llegar a acceder al contenido).

Es un sistema informático interno del gobierno usado para facilitar la recolección autorizada por el gobierno de información de inteligencia extranjera desde proveedores de servicios de comunicación electrónica bajo supervisión de un tribunal [...] Esta autoridad fue creada por el Congreso y ha sido ampliamente conocida y discutida en público desde su creación en 2008.

Resumiendo, la Sección 720 facilita la adquisición dirigida de información de inteligencia extranjera relacionada con objetivos extranjeros situados fuera de los Estados Unidos bajo supervisión de un tribunal. Los proveedores de servicio suministran información al gobierno cuando así se les requiere legalmente”.

Al mismo tiempo que Prism era desclasificado por el director de Seguridad Nacional, el periódico británico The Guardian (que junto al Washington Post reveló la existencia del programa), dio a conocer un reporte general de recolección de datos de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés) que data de 2009 y que proporciona una idea de la magnitud y el posible alcance del sistema de vigilancia de Estados Unidos en Internet y en telefonía móvil, que incluye no solamente a los ciudadanos estadounidenses sino también a los extranjeros.

Objetivos para recolección de datos del reporte de la NSA publicado por The Guardian

Dicho reporte señala también que dado que el volumen de información recopilada es enorme, los analistas utilizan una herramienta llamada Boundless Informant (informante ilimitado), un software que permite a la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos navegar por los informes generados de forma organizada.

De acuerdo a lo anterior, Boundless Informant permite a los usuarios seleccionar un país en el mapa, ver el volumen de metadatos y seleccionar detalles sobre los registros en dicho estado. Su interfaz se muestra con claridad en una captura de pantalla, donde diferentes países aparecen clasificados por colores que reflejan el volumen de metadatos en cada uno de ellos. Sólo en Estados Unidos de América hay más de 2 mil millones de metadatos recogidos, aunque este volumen es menor ante los 14 mil millones de reportes procedentes de Irán, los 13 mil 500 millones de Paquistán o los 12 mil 700 millones de Jordania.

Pronunciamiento por parte de otros países sobre el potencial espionaje a sus ciudadanos

Petición de información del gobierno de Brasil a los Estados Unidos sobre el caso Prism

El exministro brasileño de relaciones exteriores, Antonio Patriota, el 7 de julio solicitó formalmente a Estados Unidos información en torno al espionaje de comunicaciones de ciudadanos brasileños por parte de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA).

En ese sentido, el gobierno brasileño, a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló la creciente y grave preocupación sobre la noticia de que los Estados Unidos también espió a ciudadanos brasileños, como mostró un reportaje del diario O Globo . Por ello pidió explicaciones al embajador de Estados Unidos en Brasilia, Thomas Shannon, del estado que guarda esta situación, replicando esta petición la delegación diplomática brasileña en Washington con el Departamento de Estado.

El diario O Globo publicó el pasado domingo 7 de julio un reportaje en el que reveló que Brasil, al igual que la mayoría de los países del mundo, había sido espiado por los programas de rastreo de la NSA. El reportaje usa datos filtrados por el exanalista de la CIA y de la NSA, Edward Snowden, que está desde hace dos semanas en Rusia a la espera de que algún país le conceda asilo político, y evitando el arresto por parte de autoridades norteamericanas que lo acusan formalmente de filtrar información clasificada como sensible para la seguridad nacional de aquel país.

Entre los documentos citados por el diario brasileño, figura un mapamundi en el que Brasil aparece en color verde claro, similar al de países como México, Francia o Australia, lo que indica que el volumen de conexiones interceptadas por los sistemas de espionaje estadounidense es intermedio. Los países más espiados en números absolutos fueron Afganistán (12 mil 500 millones de conexiones por mes), Pakistán (11 mil 700 millones), Irán (11 mil 500 millones), Arabia Saudita (7 mil 400 millones) e Irak (6 mil 700 millones), según el mapa, que se refiere a datos del pasado enero. En el propio Estados Unidos, que aparece en el mapa con un color amarillo (intermedio), fueron espiadas 2 mil 349 millones de comunicaciones.

En el mismo sentido, la presidenta Dilma Rousseff, se pronunció sobre el tema ante el pleno de la pasada Asamblea General de las Naciones Unidas, y canceló una visita de estado a los Estados Unidos.

Mapa dado a conocer por el ex analista de la CIA y la NSA, Edward Snowden, indicando la intensidad del espionaje a través del programa PRISM según el país.

Posicionamiento del Parlamento Europeo en torno al caso Prism en países de la Unión Europea

En la sesión plenaria del pasado 4 de julio, el Parlamento Europeo ha votado investigar las actividades de vigilancia de los Estados Unidos sobre los ciudadanos europeos que derivan del programa Prism. Lo anterior con 483 votos a favor, 98 en contra y 65 abstenciones.

La resolución aprobada por el órgano legislativo de la Unión Europea no sólo se limitará a Prism, sino que también abarcará otros programas similares, posiblemente relacionados con el sistema de escuchas con el que los Estados Unidos grabó un supuesto de conversaciones entre funcionarios gubernamentales europeos.

Adicionalmente, el texto aprobado por el Parlamento Europeo propone proteger a las personas que revelen posibles abusos de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos e insta a tomar medidas a nivel nacional y europeo para presionar a los Estados Unidos, a través de la suspensión de varios programas de intercambios de datos bancarios y de viajeros activos.

A continuación se reproduce de manera íntegra el comunicado del Parlamento Europeo en torno a esta situación, después de su sesión plenaria del pasado 4 de julio4 :

Comunicado del Parlamento Europeo

“La comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo realizará una investigación exhaustiva sobre los programas de vigilancia de Estados Unidos de América, incluido el supuesto espionaje de instituciones europeas y estados miembros, y presentará sus resultados antes de que finalice el año, según una resolución aprobada hoy por la Eurocámara. El presidente del Parlamento Europeo y los líderes de los grupos políticos han confirmado formalmente la apertura de la investigación. El texto también defiende dar protección a los denunciantes.”

En la resolución, adoptada por 483 votos a favor, 98 en contra y 65 abstenciones, los eurodiputados expresan su “seria preocupación ante Prism y otros programas similares”, pues representarían una grave violación del derecho fundamental a la privacidad y la protección de datos. El texto también “condena enérgicamente el espionaje de las representaciones de la UE” y pide a las autoridades de Estados Unidos que faciliten sin demoras injustificadas información completa sobre el programa Prism y otros programas similares.

La Eurocámara también muestra su profunda preocupación ante las revelaciones de supuestos programas de vigilancia aplicados por estados miembros como Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Alemania y Polonia y les pide que examinen cuanto antes si estos programas son compatibles con la normativa europea.

Por todo lo anteriormente señalado, resulta imperativo que el Estado mexicano no sólo se pronuncie a través de la cancillería condenando toda forma de espionaje en contra de sus ciudadanos y gobierno, sino que refuerce sus mecanismos de defensa y contrainteligencia que le permitan, de manera eficaz, impedir la vulneración de la soberanía y seguridad nacionales a través del espionaje cibernético.

También en el mismo sentido, esta soberanía requiere que el gobierno especifique a la ciudadanía la información sensible a la seguridad nacional que se ha visto comprometida; así como un pronunciamiento enérgico y acciones contundentes de liderazgo que condenen lo sucedido, por lo que someto a consideración de esta soberanía, en calidad de asunto de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Gobernación a que informe a la opinión pública detalladamente qué información sensible para el Estado mexicano fue extraída de las cuentas de correo electrónico de los servidores de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública, y de otras entidades de la administración pública federal, durante las administraciones de los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, mediante las operaciones Flatliquid y Whitetamale, dirigidas por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América, y en particular:

1) Informe detallado sobre los mecanismos y protocolos de defensa y contraespionaje con los que cuenta el gobierno federal para salvaguardar la soberanía e información sensible para la seguridad nacional del Estado mexicano ante programas de ciberespionaje internacional como Prism, y operaciones como Whitetamale y Flatliquid , dirigidos por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América.

2) ¿Qué información de la seguridad nacional del Estado mexicano ha sido comprometida con la extracción de datos de las cuentas de correo electrónico de los servidores de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública y, en su caso, de otras entidades de la administración pública federal, durante las administraciones de los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, mediante las operaciones Flatliquid y Whitetamale , dirigidas por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América?

3) ¿Cuáles son las fallas que las instancias mexicanas de inteligencia tienen en el área de contrainteligencia, que tienen en vulnerabilidad al Estado mexicano frente a otros gobiernos extranjeros?

4) ¿Cuál es el estado que guarda la política de seguridad para salvaguardar la información de la administración pública federal ante amenazas externas; quién es el responsable de dicha política; y por qué el trabajo de los funcionarios responsables no se ve reflejado frente al éxito de las operaciones de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos?

5) ¿Cómo van los avances en las respuestas de la Secretaría de Gobernación a los exhortos aprobados por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, relativos a los casos de ciberespionaje del programa Prism?

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que informe a la opinión pública sobre qué información específica ha solicitado a la Embajada de Estados Unidos a raíz del conocimiento público del programa de espionaje Prism de la Agencia de Seguridad Nacional; de las respuestas que dicha embajada ha dado a los requerimientos del Estado mexicano; así como a solicitar y dar a conocer toda la información que reciba de esta representación diplomática relativa a los operaciones de ciberespionaje Whitetamale y Flatliquid , dirigidas por la Unidad de Operaciones de Acceso a la Medida de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Senado de la República, para que en el ámbito de su competencia en materia de política exterior, cite a comparecer al embajador de México ante Estados Unidos de América, licenciado Eduardo Medina Mora, y a consulta al Embajador de los Estados Unidos de América en México, señor Anthony Wayne, para que expliquen detalladamente ante esa soberanía los avances en el trabajo diplomático e investigaciones con autoridades de aquel gobierno, entorno a los casos de ciberespionaje que vulneran el derecho a la privacidad de los usuarios de Internet mexicanos y la protección de sus datos personales en territorio mexicano, como Prism; y que obtuvieron información de la Oficina de la Presidencia y de la administración pública federal, como Whitetamale y Flatliquid .

Nota

1. Pronunciamiento del Parlamento Europeo:

http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/content/ 20130701IPR14770/html/El-PE-abre-una-investigación-sobre-los-programas- de-vigilancia-de-EE.UU.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2013.

Diputado Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a firmar el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, René Ricardo Fujiwara Montelongo, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

La reforma constitucional del 10 de junio de 2011 elevó al máximo rango normativo los derechos humanos estipulados tanto en nuestra carta magna, como en los tratados internacionales de la materia, dotándoles del más alto reconocimiento y protección jurídica en nuestro país. Sin embargo, como todos sabemos, los derechos humanos no se ejercen per se , más bien requieren de una serie de medidas deliberadas y legales, así como la implementación de políticas públicas eficaces que garanticen su efectivo goce.

Un aspecto primordial en materia de derechos humanos es la certeza jurídica contenida en un recurso efectivo en casos de violaciones de los mismos. Todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos mandatan que los Estados Parte establezcan procedimientos jurídicos y/o de otra naturaleza, por los cuales todas las personas titulares de derechos puedan reclamarlos y pedir la reparación de esas violaciones a las autoridades responsables.

Ante la ausencia, inefectividad o inaccesibilidad de tales mecanismos, los derechos fundamentales pierden su esencia, debido a que sus titulares no pueden hacerlos exigibles, convirtiéndose en meras promesas políticas.

Es por ello que en todo Estado democrático, resulta indispensable que existan mecanismos de justiciabilidad tanto a nivel nacional como internacional. Mientras que los recursos nacionales siempre deben constituir la primera instancia para la presentación de quejas, resulta necesario que también existan mecanismos regionales e internacionales, ante los cuales las víctimas puedan denunciar violaciones de sus derechos humanos y demandar reparaciones del Estado responsable.

Los tratados internacionales en materia de derechos humanos establecen en este sentido, una doble responsabilidad para el Estado adherente: dirigidas tanto a las personas titulares de derechos, como a la comunidad internacional. Si el Estado falla en su responsabilidad hacia los primeros, es decir, si no cumple con las obligaciones que emanan del tratado en cuestión y no proporciona mecanismos por los cuales los titulares de derechos pueden exigir su cumplimiento, estos puedan tener el acceso a la justicia mediante los mecanismos internacionales y regionales con los que se cuentan.

El sistema internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas establece diversos mecanismos de rendición de cuentas, entre ellos encontramos los siguientes: la revisión de informes periódicos y redacción de observaciones finales; la examinación de quejas individuales e inter-estatales; la realización de investigaciones sobre violaciones graves o sistemáticas; entre otros. Todos los tratados internacionales de derechos humanos disponen de un cuerpo de expertos encargados de promover su implementación y monitorear el cumplimiento de los Estados Partes con las obligaciones emanantes del tratado.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) es el principal instrumento internacional para la protección de los derechos humanos relativos a la materia de su competencia. Comprende un número amplio de derechos fundamentales imprescindibles para una vida libre y digna, tales como el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a los beneficios del progreso científico y a la cultura, entre otros.

Los Estados que han ratificado el Pacto, se comprometen a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en dicho instrumento internacional y de evitar cualquier discriminación en el acceso a dichos derechos. Además, se obligan a adoptar medidas legislativas para realizar de manera progresiva y al máximo de los recursos disponibles, el pleno ejercicio de estos derechos fundamentales. En eso, tienen que dar prioridad a la aplicación del contenido básico de los derechos económicos, sociales y culturales.

En 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidos adoptó el Protocolo Facultativo del PIDESC. Dicho Protocolo establece la facultad del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), conformado por un cuerpo de expertos encargado del monitoreo y avances relativos al PIDESC.

Entre sus funciones principales se encuentra el otorgamiento a las personas o grupos de personas bajo la jurisdicción de un Estado Parte, el derecho de presentar demandas acerca de presuntas violaciones de cualquier derecho económico, social y cultural y de iniciar investigaciones sobre violaciones graves a estos, situando por tanto a todos los derechos humanos en condiciones de igualdad.

También permite al Comité examinar demandas interestatales cuando un Estado Parte considere que otro Estado Parte no está cumpliendo con sus obligaciones derivadas del Pacto. En este caso, si el Estado Parte ha reconocido esta competencia del comité, el Estado debe exponer los hechos mediante una demanda escrita dirigida al otro Estado, y también al Comité.

El reconocimiento de esta competencia es también un requisito para el proceso de investigación, a través del cual el Comité puede examinar información fidedigna que indique violaciones graves o sistemáticas de un Estado Parte de alguno de los derechos económicos, sociales y culturales incluidos en el Protocolo Facultativo.

También refuerza su justiciabilidad, ya que la existencia de un proceso de demanda internacional no solo influye en la jurisprudencia a nivel nacional, sino que supone un incentivo para que los Estados fortalezcan la protección de estos derechos humanos ofreciendo una reparación a nivel nacional. En este sentido, el Protocolo tiene por objeto complementar y no sustituir los sistemas nacionales, que deben seguir siendo las vías más inmediatas para intentar que se haga justicia.

Su entrada en vigor el 5 de Mayo de este año y 3 meses después de que Uruguay lo ratificó, resulta de la mayor trascendencia, debido a que cierra la brecha histórica entre el PIDESC y su pacto hermano, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, poniendo fin a la separación entre estos derechos y atendiendo al principio de universalidad.

El segundo ya dispone de un protocolo facultativo comparable desde su creación, es decir, desde hace casi medio siglo (1966). Por mucho tiempo se ha determinado que los derechos económicos, sociales y culturales han carecido de una verdadera exigibilidad por parte del ciudadano, lo que representa una posición muy conveniente para gobernantes reluctantes de cumplir con sus obligaciones bajo este instrumento internacional.

Sin embargo, un creciente andamiaje de jurisprudencias nacionales y regionales en materia de la protección de estos derechos fundamentales, así como de las interpretaciones del Comité que conoce de los mismos, han disentido de tal mito, comprobándose que los derechos económicos, sociales y culturales sí pueden ser exigibles.

El Estado mexicano ratificó el PIDESC el 23 de Marzo 1981 junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, nuestro país ha reafirmado su compromiso hacia el goce efectivo de estos derechos. Sin embargo, existe una brecha enorme entre las disposiciones jurídicas internacionales y constitucionales que revisten al Estado Mexicano y el goce y ejercicio efectivos de los derechos fundamentales.

De acuerdo con el último informe de Coneval de Julio de 2013 sobre la situación de pobreza en México, 53.3 millones de personas viven en pobreza, mientras que otros 33.5 millones viven en situación de vulnerabilidad por padecer una o más carencias sociales. El estudio revela que una parte significativa de la población carece de las necesidades más básicas como son: el acceso a la alimentación (23.3 por ciento), a servicios de salud (21.5 por ciento) y a servicios básicos en la vivienda (21.2 por ciento). A esto se suma el hecho de que la gran mayoría de las y los mexicanos no cuenta con seguridad social (61.6 por ciento).

Esta situación es aún más alarmante considerando que México no es un país pobre, es decir, con carencia de recursos para tener un crecimiento económico que ha reflejado los últimos años, sino todo lo contrario. Más bien la pobreza en nuestro país es el resultado de discriminaciones, y exclusiones estructurales en el ámbito socio-cultural, económico y político, que hacen de esta Nación uno de los países más desiguales del mundo.

Los grupos en situación de vulnerabilidad más afectados por la discriminación, como las mujeres, los jóvenes o los pueblos indígenas, padecen niveles de pobreza mayores que el promedio de otros grupos en esta condición. Por ejemplo, la población menor de 18 años han sido los más afectados debido a los altos niveles de marginación. Los resultados concluyeron que los niños y jóvenes en esa condición fueron de 21. 2 millones, de los cuales 4.7 millones se encuentran en pobreza extrema. Asimismo, la población indígena que vive en pobreza extrema, representa más de cuatro veces en número de personas, a diferencia del resto de la población (30.6 por ciento vs 7.6 por ciento).

Estas cifras demuestran que México está lejos de cumplir con sus obligaciones internacionales y constitucionales en el ámbito de los DESC. También indica la ausencia de mecanismos efectivos a nivel nacional para la reclamación de estos derechos.

La ratificación del Protocolo Facultativo del PIDESC sería un paso muy significativo hacia la implementación y pleno ejercicio de los DESC y una muestra, por parte del gobierno mexicano de ratificar su compromiso hacia los derechos humanos, especialmente hacia los derechos económicos, sociales y culturales, concretándose con acciones eficaces y no quedando solo en retórica.

Aspectos importantes que caracterizan a este Protocolo Facultativo estriban en que constituye un instrumento clave para fortalecer la defensa de la tierra, el territorio, el agua, el medio ambiente, la salud y otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las y los ciudadanos.

El Protocolo abre la posibilidad para individuos y grupos históricamente marginalizados quienes no han podido acceder a la justicia a nivel nacional para denunciar las violaciones de sus DESC y demandar reparaciones ante un mecanismo jurídico internacional. También abre las puertas para dar respuestas oportunas del CDESC a violaciones graves y/o sistemáticas de estos derechos a través del procedimiento de investigación.

Al mismo tiempo, con la incorporación a nuestro sistema jurídico de este Protocolo Facultativo, se sumará un cuerpo de jurisprudencia internacional en el ámbito de DESC que sin duda contribuirá en la interpretación y determinación del contenido de los mismos y de sus obligaciones correspondientes.

Esto a su vez, servirá de sustento para el diseño de leyes, políticas públicas y programas para la protección y promoción de los DESC. Al mismo tiempo representa un incentivo para establecer y mejorar los recursos nacionales para resolver y dar la debida reparación a violaciones de estos derechos fundamentales a nivel nacional. Esto como requisito para presentar una queja ante el CDESC o cualquier otro mecanismo internacional de derechos humanos, una vez que se han agotado todos los recursos jurídicos nacionales (siempre y cuando estos no sean efectivos en la impartición de justicia).

En este sentido, resultará a su vez benéfico para el Estado Mexicano, toda vez que con la celebración de este Protocolo Facultativo, mejorará significativamente la impartición de justicia y permitirá hacer más eficaces sus propios mecanismos de justicia, evitando así el escrutinio internacional.

En suma, la ratificación por parte del Estado Mexicano al Protocolo Facultativo del PIDESC traerá consigo muchos beneficios para el país y nos permite dar un paso adelante en la realización plena de los derechos contenidos en este instrumento internacional de justiciabilidad.

En vista de los altos niveles de pobreza, exclusión y marginalización en el país, resulta urgente dar voz a las personas quienes día a día padecen violaciones de sus derechos más básicos en el ámbito económico, social y cultural, haciendo accesible a la ciudadanía este mecanismo internacional, por lo que exhorto respetuosamente al Ejecutivo federal a su adhesión y pronta firma.

Sin duda, la reforma constitucional en materia de derechos humanos ha tenido un impacto sustancial en la formación de una nueva visión en su reconocimiento, contribuyendo al fortalecimiento de un Estado moderno, protector de los derechos humanos y sus garantías que cuenten un acceso a la justicia eficaz, que renueve las estructuras y criterios atendiendo al principio pro-persona y así, garantizar el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, incluso ante instancias internacionales.

Nueva Alianza como un partido joven y con propuestas innovadoras, está planamente convencido de ser la institución política del siglo XXI que responderá eficazmente con las necesidades y exigencias de todas las personas. El compromiso social que nos caracteriza, nos exige estar al servicio de la ciudadanía, porque creemos firmemente en la igualdad entre los seres humanos.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos ciertos que nuestra postura liberal se encuentra presente y va creciendo día a día dentro de la sociedad y en sintonía con el irrestricto respeto por los derechos humanos, visión que el Estado Mexicano hizo suya desde su reconocimiento en nuestra carta magna en junio de 2011.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición de urgente u obvia resolución

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal a celebrar la firma del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2013.

Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a tomar medidas tendentes a fortalecer la producción de arroz en Morelos, a cargo de la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Maricela Velázquez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El arroz es uno de los alimentos más consumidos por los mexicanos, después del frijol, el maíz y el trigo. Por su gran valor nutrimental y calidad, este cereal es uno de los más reconocidos en el mundo y entre estos, el arroz de Morelos se encuentra entre los mejores que México produce.

El arroz en Morelos fue introducido desde 1836 por el señor Ricardo Sánchez, gracias a la vasta riqueza mineral con la que cuentan las tierras del estado de Morelos, el arroz desarrollo características peculiares, como la longitud mayor del grano con una “pancita” blanca, así también rinde hasta cuatro veces más ya durante la cocción crece su tamaño. Por las características anteriores, en 1900, durante la exposición universal de París fue considerado el mejor arroz del mundo.1

Durante muchos años la producción de arroz fue sumamente eficaz en el estado, pero no fue sino a partir del año 1990 que con la apertura de fronteras y la eliminación de los permisos previos y aranceles, la producción y demanda de arroz en Morelos fue disminuyendo considerablemente, trayendo como consecuencias la baja en la siembra de 4 mil hectáreas a sólo 2.9 mil hectáreas. Por otra parte, las importaciones, en 1985, representaban tan sólo 0.028 por ciento de las necesidades de este producto a nivel nacional, y en 2002 representó 85 por ciento de la demanda de consumo en el país, para el 2009 se reporta que se está importando alrededor de 800 mil toneladas.2

Morelos ocupaba hasta 2000 el sexto lugar en cuanto a superficie sembrada y el cuarto lugar en cuanto a su producción de arroz, equivalente a 10 por ciento a escala nacional, desgraciadamente en los siguientes años la superficie sembrada disminuyo de en más de 50 por ciento y por supuesto la producción de arroz bajo sus niveles considerablemente, de tal forma que para 2008 se sembraban únicamente mil 330 hectáreas, ocupando el octavo lugar y aportando 6 por ciento de la producción que lo sitúa en el séptimo lugar nacional. La baja de producción se reflejó en los precios del arroz, tanto así que el precio medio rural (PMR) por tonelada en 2000 era de 2 mil 300 pesos, pero para 2008 subió a 4 mil 120 pesos el PMR por tonelada.3

En este tenor agrícola del arroz en Morelos se presentan diversos problemas para la producción del mismo, tal es el caso de la mala calidad del agua, la cual se ocupa para regadío causando fuertes infecciones y enfermedades que ataquen a las plantas de arroz causando graves daños a la raíz y al follaje. Por otra parte el crecimiento exponencial de la manche urbana provoca que municipios dedicados a la siembra de arroz prefieran la construcción de casas.4

Pese a los graves problemas en que se ha visto envuelto Morelos respecto a la producción de arroz, aún cuenta con más de 50 por ciento de municipios con siembra de arroz, siendo los de mayor producción de Cuautla, Emiliano Zapata, Temixco, Xichitepec y Tlaquiltenango. Gracias a esto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorgó en 2012 la denominación de origen con el nombre de arroz del estado de Morelos.

La producción y consumo de este producto es sumamente importante para el país y la economía de los campesinos de Morelos, pues desgraciadamente el aumento de la importación de este producto causa que el arroz nacional comience a encarecerse aún más y, por consiguiente, a bajar el consumo y la producción.

Por esto, con objeto de ayudar a los campesinos para el aumento y la mejora en la producción del arroz de Morelos, que pese a las desgracias que aún lo aquejan es considerado de los mejores de México, se presenta a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a tomar medidas tendentes a fortalecer la producción de arroz en Morelos.

Notas

1 http://www.amigosmap.org.mx/2013/08/29/el-arroz-de-jojutla-morelos/ 23 de octubre de 2013, 13:06 horas.

2 http://hypatia.morelos.gob.mx/index.php?option=com_content&task=vie w&id=573&Itemid=505 23 de octubre de 2013, 13:18 horas.

3 http://hypatia.morelos.gob.mx/index.php?option=com_content&task=vie w&id=573&Itemid=505 23 de octubre de 2013, 13:37 horas.

4 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2013.

Diputada Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la decisión del Congreso y del gobernador de California de aprobar legislación en favor de los derechos de los inmigrantes indocumentados, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Adriana González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el la fracción I del numeral 1 del artículo 6, el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión reconoce y aplaude la decisión del Congreso y del gobernador del estado de California de aprobar legislación a favor de los derechos de los inmigrantes indocumentados, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En una histórica decisión, ambas Cámaras del Congreso estatal de California recientemente aprobaron y luego el propio gobernador del estado, Edmund J. Brown, promulgó la ley AB60 que entrará en vigor en enero del 2015 y a partir de la cual se otorgarán licencias de conducir a cientos de miles de indocumentados. La nueva ley prohíbe expresamente la discriminación con base en esta licencia así como su utilización para cualquier investigación criminal, arresto o detención con base en el estatus migratorio de quien la porte.

De esta manera el estado de California vuelve a la medida que derogó en 1993, cuando el entonces gobernador Pete Wilson firmó una ley que exigía el número de Seguridad Social del usuario y, por tanto, su residencia legal para obtener el documento, y se une a la lista de 10 estados del país que extienden el documento a personas que comprueban residir en los Estados Unidos sin tomar en cuenta su estatus migratorio. Los estados en los que ya opera un mecanismo similar son los de Washington, Utah, Nuevo México, Oregon, Nevada, Colorado, Vermont, Connecticut y Maryland e Illinois. En este último estado, se aprestan ya las autoridades a lanzar una campaña para dar a conocer los motivos de esta ley firmada en enero pasado por el gobernador Pat Quinn.

Al colocar su firma en la ley AB60, el gobernador Brown envió un mensaje de especial resonancia ante la parálisis fiscal actual del gobierno federal de ese país al proclamar ¡Hoy las licencias!, ¡Mañana la reforma! En efecto, el gobernador Brown advirtió que cuando millones de personas sin documentos manejen legalmente y con respeto en California, el resto del país tomará nota de que ya no están en las sombras y el gobierno federal, una vez reabierto, tendrá que tomar con seriedad una reforma migratoria comprensiva.

Las razones para aprobar esta iniciativa son múltiples. Por un lado, la urgencia de que cientos de miles de indocumentados que conducen sin una licencia puedan adquirir un seguro de automovilista. Por el otro, la necesidad de recuperar una iniciativa que por décadas probó su eficacia para dotar de certidumbre jurídica a los ciudadanos en California. Pero en definitiva, una de las razones centrales para aprobar esta ley tiene que ver con recuperar una idea de igualdad, libertad y justicia para todos los habitantes del estado. Aunque la propuesta fue presentada y fuertemente promovida por distinguidos representantes del caucus latino en el Congreso de California como el asambleísta Luis Alejo y los senadores Kevin de León y Ricardo Lara, así como por el concejal Gil Cedillo, fue el Presidente del Senado local Darrell Steinberg quien se refirió a la nueva ley en esos términos. Steinberg advirtió que como miembro de la comunidad judía estadounidense era muy sensible a los asuntos de discriminación y que “negar que una amplia población de California tenga licencias de conducir le recordaba la época en que su pueblo tenía que llevar a la vista en sus ropas la estrella de David”.

En efecto se trata de un asunto de mínima justicia la posibilidad que tendrán cientos de miles de indocumentados, la gran mayoría de ellos de origen mexicano, de contar con un documento oficial para probar su identidad y residencia en California. Es bien sabido que las licencias de conducir son una herramienta fundamental para los inmigrantes indocumentados en la medida en que les facilita acceder a ciertos servicios públicos y desahogar trámites estatales de diversa índole al tiempo que les ahorra toda clase de problemas de la vida cotidiana. Pero, más importante aún, las licencias suponen un reconocimiento al derecho a la identidad y, en ese sentido, un avance sustancial en el contexto de la discusión federal para una reforma migratoria.

Esta medida se une a otras también de reciente aprobación donde el estado de California sigue mostrando, al menos desde la aprobación de la Dream Act del 2011, un rostro distinto, progresista y con un compromiso real con los derechos humanos de los inmigrantes indocumentados. Vale la pena reconocer, en este sentido, la promulgación el pasado 6 de octubre de la ley AB4 conocida como “Ley de la Confianza” o “Trust Act” cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2014 y mediante el cual se limita el tipo de acusaciones penales bajo las cuales las personas en California pueden ser retenidas a nivel local para luego transferir su custodia a las autoridades migratorias.

Por las consideraciones mencionadas, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión reconoce y aplaude la decisión del Congreso y del gobernador del estado de California de aprobar legislación a favor de los derechos de los inmigrantes indocumentados.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace votos porque el ejemplo de California inspire la pronta aprobación de una reforma migratoria integral en el Congreso Federal de los Estados Unidos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2013.

Diputada Adriana González Carrillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a garantizar el funcionamiento de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, María de Lourdes Amaya Reyes, Amalia García Medina, y Silvano Aureoles Conejo, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 25 de junio de 2012, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP) fue publicada tras un esfuerzo ciudadano y gubernamental sin precedentes. Los logros alcanzados a través de dicha ley, fueron varios; entre ellos encontramos el reconocimiento de la situación de vulneración que enfrentan dichos grupos y de las obligaciones del estado para garantizar y proteger sus derechos, así como la creación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo) que fue pensado como una herramienta que permitiera el desarrollo de la labor de defensa de derechos humanos por cualquier persona, en condiciones de seguridad e integridad.

Sin embargo, a poco más de un año de la publicación de la citada ley, la situación de amenazas, hostigamientos, asesinatos y otras agresiones, que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México enfrentan, sigue creciendo. La ley no ha podido ser ejecutada en su totalidad, en parte por el retraso en un elemento fundamental del Mecanismo: la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis.

De acuerdo al artículo 3 de la LPPDDHP, el Mecanismo es operado por la Secretaría de Gobernación (Segob) y se encuentra conformado por la Junta de Gobierno, el Consejo Consultivo, y la Coordinación Ejecutiva Nacional. Asimismo, la LPPDDHP prevé la creación de tres unidades para la operación del Mecanismo: la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida, la Unidad de Evaluación de Riesgo, y la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis.

Sin embargo, hasta la fecha, la última de estas unidades no se encuentra en funcionamiento y por lo tanto, el Mecanismo no está completo. No se han diseñado suficientes sistemas de alerta temprana, ni planes de contingencia que eviten potenciales agresiones; tampoco se han elaborado monitoreos nacionales, ni evaluado las medidas de protección, no se han combatido sus causas, ni generado garantías de no repetición, lo que pone en situación de vulnerabilidad a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Esto dificulta enormemente la efectividad de la ley.

De acuerdo al artículo 23 de la LPPDDHP, la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis debe ser un órgano auxiliar de carácter técnico y científico de la Coordinación que cuente con las siguientes atribuciones:

I. Proponer medidas de prevención;

II. Realizar el monitoreo nacional de las agresiones con el objeto de recopilar, sistematizar la información desagregada en una base de datos y elaborar reportes mensuales;

III. Identificar los patrones de agresiones y elaborar mapas de riesgos;

IV. Evaluar la eficacia de las medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección implementadas, y

V. Las demás que prevea la ley.

Distintas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos de la sociedad civil que desde 2008 han trabajado en la creación y el impulso de la LPPDDHP y que se conformaron como el Espacio de OSC (Espacio OSC), siguen aunando esfuerzos por su correcta implementación, y han externado su preocupación para asegurar la efectiva protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, luchando por el efectivo funcionamiento de la señalada unidad y vigilando el cumplimiento de la ley, así como la incorporación de la perspectiva de género en la ejecución del Mecanismo.

En aras de asegurar la efectiva protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el Espacio OSC ha manifestado la inquietud por la necesidad de medidas para asegurar la implementación de medidas de prevención, así como la importancia del desarrollo de indicadores que permitan evaluar los patrones de agresiones.

De igual forma, resulta alarmante que no se haya integrado en su totalidad el personal necesario para el funcionamiento del Mecanismo.

Desde su instauración en noviembre de 2012 y hasta el mes de abril de 2013, la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha sesionado en nueve ocasiones. El Mecanismo ha recibido 64 solicitudes de ingreso (26 de periodistas y 38 de personas defensoras) de las cuales 36 fueron tratadas bajo procedimiento ordinario, 19 bajo procedimiento extraordinario y nueve no fueron incorporadas. La Junta de Gobierno ha atendido 20 casos, dictando medidas de protección en 18 de ellos y otorgado dichas medidas en 11 casos.

México se encuentra entre los 12 países con elevado índice de impunidad para casos de periodistas asesinados, según el informe presentado en Nueva York por el Comité para la Protección de Periodistas. El mismo informe señala que México tiene un índice de impunidad de 90 por ciento para los casos de crímenes contra periodistas.

Entre 2012 y 2013, 20 periodistas han sido asesinados, sietes desaparecidos y se han registrado al menos 175 agresiones contra este grupo, señala la Casa de los Derechos de los Periodistas.

Además, de acuerdo al Informe diagnóstico sobre violencia contra mujeres periodistas, 2010-2011 elaborado por Comunicación e Información de la Mujer, AC (Cimac), en 2010, se registraron 38 casos contra mujeres periodistas, en donde la violencia fue tanto física como psicológica, en dos de estos feminicida, en uno se agregó la violencia patrimonial y en otro más la violencia sexual.

En el caso de personas defensoras de derechos humanos, los datos son aún más alarmantes. En 2012, México registró 30 asesinatos a personas defensoras, sumando así 89 agresiones desde 2010, de acuerdo a la oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Entre esos casos, la organización Asociadas por lo Justo (JASS, por sus siglas en inglés), asegura que de 2009 a 2012 en el país fueron asesinadas 19 defensoras de derechos humanos, así lo señala su informe Situación de las mujeres defensoras de derechos humanos en México , el cual documenta que desde 2009 la violencia que enfrentan las activistas creció como nunca antes.

Al no ser puesta en marcha la Unidad de Prevención, Análisis y Seguimiento, la cual también tiene el mandato de crear un registro nacional sobre las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la LPPDDHP no puede hacerse efectiva en su totalidad y la seguridad de las personas defensoras y periodistas corre un grave riesgo en este país en donde pareciera que la impunidad y la indiferencia son la norma.

De igual forma, y de manera transversal, la incorporación de la perspectiva de género en la implementación del Mecanismo debe garantizarse puesto que las agresiones y hostigamientos que sufren mujeres defensoras y periodistas, así como hombres defensores y periodistas, no son iguales y no pueden ser abordadas de la misma manera.

Es por ello que es urgente y necesaria la conformación plena de dicha unidad así como el conocimiento de las medidas que se han tomado para asegurar las medidas de prevención, tal como dicta la LPPDDHP, no sólo en este momento, sino de manera constante y fluida con esta Cámara de Diputados para el conocimiento y seguimiento de las labores al respecto de la Secretaría de Gobernación, así como la creación de indicadores que permitan evaluar los patrones de agresiones, y garantizar la transversalización de la perspectiva de género en el Mecanismo.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Osorio Chong, a garantizar el completo funcionamiento de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, e incluir la asignación presupuestal prevista en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP).

Segundo. Esta Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación a hacer público:

1. El avance del desarrollo de indicadores que permitan evaluar los patrones de agresiones y atender así las causas estructurales que la originan;

2. Las acciones que se han tomado para asegurar la implementación de medidas de prevención, tal como dicta la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; y

3. El registro nacional sobre las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Tercero. Se solicita al secretario de Gobernación garantizar la incorporación de la perspectiva de género en la ejecución del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas mediante el desarrollo de un protocolo específico en la materia y en los criterios específicos de evaluación de riesgo, y a establecer una comunicación permanente con esta Cámara de Diputados en el tema de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2013.

Diputados: María de Lourdes Amaya Reyes, Amalia Dolores García Medina, Silvano Aureoles Conejo (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP, a la PGR y a la Conagua a hacer de conocimiento público la información sobre la adquisición del nuevo edificio de ésta, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponente, Ricardo Mejía Berdeja, y el suscrito, Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El día de hoy ha sido publicado en distintos medios de comunicación información relativa al costo del nuevo edificio sede de Conagua, ubicado en la colonia Copilco, delegación Coyoacán, que fue adquirido en 2004 y que se terminará de pagar en un plazo de 20 años.

Dentro de la información publicada se destaca que el costo será cercano a los 2 mil 322 millones de pesos, de los cuales mil 600 millones corresponden al pago de intereses, y a la fecha solo se han pagado 432 millones.

Es decir, los intereses generados por esta compra serán más onerosos que el mismo edificio, ya que mientras el precio de adquisición original fue de 749 millones 538 mil pesos, el gasto que erogara el Estado al concluir el plazo de la compraventa tendrá un crecimiento de más de 3 veces el costo original.

Lo anterior representa un grave desfalco al Estado, sobre todo si se le compara con los montos asignados al presupuesto en distintos rubros, por ejemplo, el costo de los intereses que se pagara será superior al monto propuesto para el siguiente ejercicio la CNDH, y apenas 200 millones de pesos inferiores a lo que se pretende asignar a la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio de sus funciones durante el siguiente ejercicio; igualmente, se destaca que el presupuesto propuesto para los proyectos de infraestructura plurianual de carretera e infraestructura turística es mucho menor que el señalado pago de intereses.

Más grave resulta que el costo del edificio de la Conagua es la mitad del presupuesto que ha referido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, será necesario para cubrir los daños de la infraestructura carretera de los fenómenos meteorológicos Manuel e Ingrid.

La contratación señalada manifiesta la existencia de una cláusula ventajosa para los acreedores y dañina para el Estado nacional, por lo que corresponde la revisión de las posibles irregularidades existentes en ese ejercicio.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Secretaría de la Función Pública, para que en el ámbito de su competencia, ejercite las facultades necesarias, para hacer una revisión de las actuaciones de los funcionarios públicos relacionados con la adquisición del nuevo edificio de la Conagua.

Segundo. Se solicita a la Procuraduría General de la República para de oficio inicie con una averiguación previa en el que se investigue la posible responsabilidad penal de los funcionarios encargados de la adquisición del edificio de la Conagua.

Tercero. Se solicita a la Conagua que haga del conocimiento público, la información detallada de la adquisición del edificio en cuestión.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 29 días del mes de octubre de 2013.

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por las instancias correspondientes campañas permanentes que estimulen la cultura de donación de órganos y tejidos, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Leobardo Alcalá Padilla, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por las instancias correspondientes campañas permanentes que estimulen la cultura de donación de órganos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la Ley General de Salud, en el título décimo cuarto, “Donación, trasplantes y pérdida de la vida”, en el capítulo II, “Donación”, se establece que toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o parcialmente, a fin de ayudar a otro ser humano que necesita un órgano para seguir viviendo óptimamente. Esto se da a través de un trasplante, un tratamiento médico muy complejo, por el que se remplaza un órgano vital o un tejido enfermo por otro sano.

Actualmente en México, indica el Centro Nacional de Trasplantes, hay una lista de 17 mil 66 personas en espera de un órgano o tejido, y más de 50 por ciento de los que están inscritos tienen falla crónica y terminal, por lo que la oportunidad para vivir es a través de una donación, aunque desgraciadamente muchos fallecen durante la espera, por falta de una cultura de la donación.

En México, sólo 375 hospitales están autorizados para obtener órganos, los cuales representan 32 por ciento de los mil 169 nosocomios del sector público que hay en el país. Por ello se necesita ampliar y adaptar más hospitales para que estén en condiciones de realizar trasplantes, por medio de infraestructura especializada.

La donación y los trasplantes están normados por lineamientos médicos y legales, principalmente para que no haya fines de lucro en el tema. La donación se rige por los principios de altruismo, por lo que debe impulsarse una cultura de la donación garantizando los derechos de los pacientes a recibir un órgano o tejido e informando con claridad a los que están en disposición y condiciones de convertirse en donadores.

La ley establece que cualquier persona mayor de 18 años, en pleno uso de sus derechos y facultades, puede expresar su voluntad de ser donante de órganos y tejidos mediante la firma de un acta de donación. Con una cultura de la donación, la familia tendría el conocimiento y la plena aceptación de esta decisión y ya no habría tantos problemas como se dan actualmente en el momento del fallecimiento del donante.

La única manera de resolver la escasez de órganos para trasplantes es tener más donantes: cuantos más haya, mayor será el número de vidas que pueden salvarse. Esto se logrará promoviendo la cultura de la donación.

Sabemos que la donación es un tema que hasta el momento en México, por falta de difusión, desconocimiento, tabúes, creencias religiosas y costumbres no es muy aceptado, lo cual es lamentable, ya que por una falta de cultura de la donación muchos órganos terminan descomponiéndose o cremándose.

La diferencia entre la vida y la muerte está en la difusión y concienciación de la población, educándola para ser donadora y con ello ayudar a salvar o mejorar calidad de vida de otro ser humano.

Por lo expuesto someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente al Ejecutivo federal que implante por las instancias correspondientes campañas permanentes que estimulen la cultura de donación de órganos y tejidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2013.

Diputado Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a modernizar el puerto de Ciudad del Carmen, Campeche, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del PAN

Jorge Rosiñol Abreu, diputado de la república de la LXIl Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, del numeral 1, y fracciones I y II del numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a refrendar su compromiso notariado número 63 de campaña de modernizar el puerto de Ciudad del Carmen, Campeche, lo anterior con base en las siguientes

Consideraciones

La sonda de Campeche es uno de los principales centros de operaciones de Pemex y es considerado el área de hidrocarburos más importante de México, en sus aguas se encuentra el segundo campo petrolero del tipo costa afuera más grande del planeta y su producción actual es de 850 mil barriles diarios.

Petróleos Mexicanos, utiliza como base de operaciones a la Isla del Carmen, por la cercanía que tiene con el complejo petrolero, donde hay únicamente 85 kilómetros de distancia que los separa.

Para realizar la gran mayoría de sus operaciones, utilizan el puerto de Isla del Carmen, el cual se encuentra a la entrada de la Laguna de Términos, entre el estero de la Caleta y el Golfo de México. Originalmente el puerto fue diseñado y construido exclusivamente para la actividad pesquera que ahí se desarrollaba, posteriormente a raíz del descubrimiento del yacimiento de petróleo y gas fue modificado e incorporó servicios de logística para darle servicio a las plataformas petroleras costa fuera.

Su infraestructura consiste en un canal de navegación exterior con una longitud de 17 + 800 kilómetros, canal de acceso interior y 3 dársenas, el calado es de 4.5 metros y 17 tramos de muelles con una longitud total de 4 mil 145 metros lineales, en sus instalaciones operan 48 empresas con frente de agua, 35 empresas en el interior del puerto sin frente de agua que cuentan con instalaciones como bodegas, patios, talleres, ferreterías y oficinas, 20 agencias consignatarias de buques, 250 embarcaciones y tiene mil 500 arribos en promedio mensual, 50 arribos diarios.

La creciente actividad comercial y petrolera, ha rebasado la capacidad en término de superficie y profundidad de la actual zona portuaria, como consecuencia de la saturación de la zona portuaria, las necesidades insatisfechas de Pemex Exploración y Producción, la falta de aprovechamiento de un mercado como es el mantenimiento y reparación de embarcaciones y plataformas y la diversificación de las actividades económicas regionales, es así que a finales de la década de los 90´s, el gobierno y las organizaciones empresariales se unieron tratando de resolver el problema del puerto, el cual debía ampliarse y no solamente realizar la profundización del canal de navegación.

De continuar con esta tendencia, Pemex tiene más costos de operación y se encuentra reubicando sus operaciones marítimas hacia los puertos de Dos Bocas y Coatzacoalcos, en virtud de que en un futuro cercano, no contará con la infraestructura necesaria en Carmen, como consecuencia, la actividad petrolera costa fuera disminuirá paulatinamente y con ello la derrama económica que se genera en el municipio está en riesgo.

No solamente estaría en riesgo la derrama económica del municipio, sino el efecto sería también negativo en los ingresos que recibe el estado a través del Fondo de Extracción de Hidrocarburos.

El gasto que se ha realizado en el puerto, ha sido utilizado para el dragado y al no construirle las escolleras, ese dragado cuando ocurren fenómenos meteorológicos como los que se han presentado en últimos días en el país, nuevamente se solva y regresa como originalmente se encontraba, lo cual ha representado un gasto significativo a las arcas nacionales y no una inversión a la infraestructura portuaria.

El rezago que hoy enfrenta el puerto, dificulta y pone en riesgo el potenciar la capacidad productiva y competitiva del Carmen y de Campeche.

En la pasada contienda electoral hacia la presidencia de la República, el entonces candidato por el Revolucionario Institucional, en un acto proselitista realizado en el Centro de Convenciones Carmen XXI, el 16 de mayo del 2012 en el municipio de Campeche signó ante notario, el siguiente compromiso para Ciudad del Carmen:

Compromiso 63: Modernizar el Puerto de Ciudad del Carmen

De cumplirse este compromiso firmado ante los Carmelitas, Pemex obtendría grandes ahorros por los próximos 20 a 25 años, en las operaciones logísticas que generaría el proyecto de ampliación del Puerto de Isla del Carmen, los cuales serían muy superiores a los costos de inversión, operación y mantenimiento de las obras que se requieren, además de que sería indiscutiblemente un detonante de la actividad naviera en la región sureste del país.

Así, por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del ejecutivo federal, a refrendar su compromiso notariado número 63 de campaña de modernizar el puerto de Ciudad del Carmen, Campeche.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 28 de octubre de 2013.

Diputado Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer de conocimiento público por diversas autoridades los resultados sobre el ejercicio del PEF de 2013 en el rubro del cambio climático, suscrita por los diputados Yesenia Nolasco Ramírez, María Isabel Ortiz Mantilla y Fernando Bribiesca Sahagún, de los Grupos Parlamentarios del PRD, del PAN y de Nueva Alianza, respectivamente

Los suscritos diputados federales de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Yesenia Nolasco Ramírez, integrante del Partido de la Revolución Democrática, María Isabel Ortiz Mantilla, integrante del Partido Acción Nacional y Fernando Bribiesca Sahagún, integrante de Nueva Alianza; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Comunicaciones y Transportes, de Salud, de Marina, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía, de Desarrollo Social y de Turismo, así como de los organismos descentralizados, Fondo de Desatares Naturales (Fonden), Fondo de Prevención de Desatares Naturales (Fopreden), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, integrantes de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, hagan de conocimiento público los resultados respecto del ejercicio presupuestal determinados en el Anexo 15 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, recursos por la cantidad de 34 mil 514 millones 794 mil 262 pesos, programados y asignados para disminuir los efectos del cambio climático a partir de dos grandes ejes, mitigación y adaptación, así como el grado de las acciones contenidas en cada uno de ellos, que deberán contribuir en una mejoría al ambiente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México al igual que otros países en el mundo, experimentan impactos de índole ambiental, social y económico, que se encuentran estrechamente vinculados con los efectos adversos de cambio climático y, en condiciones normales, la atmosfera terrestre se integra por una serie de gases denominados de efecto invernadero (GEI), cuya función principal es capturar parte de la energía del sol en el espectro de luz infrarroja para mantener la temperatura que permita la vida en el planeta, no obstante a esto y principalmente derivado de la producción y consumo de energía basado en combustibles fósiles, se propicia la alteración adversa en el incremento de las emisiones GEI y a consecuencia de ello, en el último siglo el sistema climático terrestre ha experimentado cambios considerables, al decir que la temperatura ha presentado un incremento aproximadamente de 0.7° grados centígrados, se está hablando de un incremento promedio en la temperatura global, pero este promedio viene dado por cambios mayores en distintas zonas del planeta.

Este efecto irregular del cambio climático, actúa en detrimento de la estabilidad ambiental, generando entre otros aspectos adversos el riesgo de eventos climáticos extremos graves y muy graves como pudieran ser entre otros casos la mayor frecuencia e intensidad de huracanes, sequias, inundaciones, incremento de la temperatura, también asociada a incendios forestales, que conlleva a elevados costos humanos y económicos; reducción en la producción agrícola, lo cual pondría en riesgo la seguridad alimentaria, el incremento en el nivel del mar que implicaría mayores riesgos para la población mundial asentadas en zonas costeras y finalmente el mayor riesgo consiste en que se podrían generar perturbaciones por la desaparición de la selva del amazonas y deshielo del ártico, provocando serias afectaciones al clima terrestre.

Desde luego que estos efectos ponen en riesgo los recursos naturales, las actividades económicas y la infraestructura nacional, elementos indispensables para el desarrollo del país, adicionalmente es importante mencionar que estas afectaciones tienen mayor impacto en la población más vulnerable, esto es la población que se encuentra en rezago, desigualdad y pobreza.

De lo anterior, el gobierno de la Republica consiente de elevar la productividad del país y fomentar el crecimiento económico, observara el criterio de sustentabilidad para transitar en una economía baja en carbono, detener la perdida en biodiversidad y mejorar la gestión de residuos, para estos logros, dicha administración propuso destinar recursos para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en distintos programas presupuestarios, por ello incluye un anexo que refleja el esfuerzo presupuestal del Gobierno de la República para combatir el problema de cambio climático, programándolo de la siguiente manera:

Por lo tanto, consideramos que en materia de transparencia y rendición de cuentas en el gasto ejercido por la Administración Pública Federal y fomentando el uso eficiente, transparente, eficaz, así como las acciones de disciplina en el gasto de los recursos públicos y para dar buenos resultados; el ejercicio gubernamental deberá observar en todo momento la mayor eficiencia y rentabilidad social de sus acciones, por lo que es necesario fortalecer la vigilancia y destino de dichos recursos, a fin de constituir como un insumo útil para la elaboración de diagnósticos, planeación de políticas públicas y la evaluación de los resultados obtenidos, a fin de asegurar una administración optima, prevención de los gastos y la planeación futura en la inversión integral de recursos, que se refieren a esta materia de cambio climático en el país.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Comunicaciones y Transportes, de Salud, de Marina, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía, de Desarrollo Social, de Turismo y de los organismos descentralizados Fondo de Desatares Naturales, Fondo de Prevención de Desatares Naturales, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, todos integrantes de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, para que, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el ejercicio del gasto, haga de conocimiento público los resultados sobre el ejercicio del gasto y las inversiones correspondientes a los recursos presupuestarios, definidos en el Anexo 15 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2013.

Diputados: Yesenia Nolasco Ramírez, María Isabel Ortiz Mantilla, Fernando Bribiesca Sahagún (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a investigar e implantar las acciones pertinentes para frenar los hechos relacionados con el cibercrimen en México, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponente, Ricardo Mejía Berdeja, y el suscrito, Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Hace unos días, se dio a conocer en el Norton Ciber Crime Report 2012 el cual estudia 24 ciudades, entre ellas México, y donde se revela que “cada segundo, 18 adultos son víctimas del cibercrimen, lo que resulta en más de un millón y medio de víctimas cada día en todo el mundo”,1 es decir 556 millones de víctimas por año, dando como resultado que el costo anual de estos delitos ascienda a 100 mil millones de dólares anualmente.2

Asimismo, Norton ha expresado que en relación con 2011, en este año ha aumentado el número de nuevas formas de cibercrimen en el mundo:

Como las que surgen en las redes sociales y los dispositivos móviles, un signo de que los ciberdelincuentes están empezando a centrar sus esfuerzos en estas populares plataformas en auge. Uno de cada cinco adultos (21 por ciento) ha sido víctima de cibercrimen en redes sociales o a través de un dispositivo móvil; y el 39 por ciento de los usuarios de redes sociales han sido víctimas de cibercrimen social.3

En este sentido, cabe destacar que:

• 15 por ciento de los usuarios de redes sociales informa que alguien ha hackeado su perfil y se han hecho pasar por ellos.

• 1 de cada 10 usuarios de redes sociales afirma que han sido víctimas de scam o enlaces falsos en las redes sociales.

• Mientras el 75 por ciento considera que los cibercriminales están centrando sus miras en las redes sociales, menos de la mitad (44 por ciento) utiliza una solución de seguridad que les proteja de amenazas en la redes sociales y solo el 49 por ciento utiliza la configuración de privacidad para controlar qué información comparten y con quién.

• Casi un 31% de los usuarios de equipos móviles recibieron un mensaje de texto de alguien que no conocían pidiendo que accedieran a un determinado enlace o marcasen un número desconocido para escuchar un mensaje de voz.4

Por otro lado, existen prácticas riesgosas, tales como que dos terceras partes de los cibernautas a nivel mundial, usan WI-FI público o inseguro; el 44 por ciento que acede a su cuenta de correo electrónico personal en este tipo de conexiones WI-FI, lo cual representa una vía fácil para la consecución de algún cibercrimen.

En México, según la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI)5 en 2012 eran 45.1 millones de usuarios de internet en el país, de los cuales el treinta por ciento se encuentra en los rangos de edad entre 25 y 44 años; sin embargo de 12 a 27 años es el sector con más presencia en internet, con un veintidós por ciento, seguida de los 18 a 24 años con veintiún por ciento.

Respecto a las principales actividades online que se realizan en México, en primer lugar está enviar/recibir correos electrónicos (87 por ciento), seguida de búsqueda de información (84 por ciento) y en tercer lugar acceder a redes sociales (82 por ciento); cabe destacar que del siete por ciento de mexicanos que no acceden a alguna red social, tienen como su principal razón la protección de datos personales.

De tal forma que respecto al cibercrimen, el país se ve afectado anualmente por dos mil millones de dólares por hechos vinculados, correspondientes a tres rubros; el cibercrimen en general; el cibercrimen social, el cual está vinculado con actividades generadas en la plataforma de las redes sociales; y el cibercrimen mediante los celulares/smartphones.

Asimismo, en el marco del Segundo Congreso Internacional de Cibercriminalidad, se dio a conocer que en México los ciberdelitos que más se cometen en México son el robo de propiedad industrial e intelectual (35 por ciento), amenazas y difamaciones (30 por ciento), fraude y abuso de confianza (20 por ciento); fraudes financieros (10 por ciento) y pornografía infantil (cinco por ciento).

Por otra parte, en el Primer Encuentro Latinoamericano sobre Ciberseguridad: Delitos Cibernéticos e Informática Forense, académicos y expertos coincidieron en que el combate y erradicación de los casos de suplantación de identidad, ciberespionaje, fraudes a la banca por Internet, distribución en línea de pornografía infantil y materiales para incitar el odio racial, entre otros delitos “online”, son asuntos de seguridad nacional.6

En dicho tenor, se reveló que las acciones delictivas en línea han crecido dieciocho por ciento y que ochenta de cada cien conductas relacionadas con estos hechos, se llevan a cabo en países de vías de desarrollo; a la par hicieron un llamado para el fortalecimiento del marco jurídico respectivo y a garantizar, mediante nuevas herramientas, la seguridad tanto de la información como de los datos personales; haciendo hincapié en la necesidad de concientizar a las personas usuarias de internet sobre la importancia y gravedad del asunto.

Reconocemos la importancia de las nuevas tecnologías en el desarrollo del país, en el acceso a mayor cantidad de información y a los beneficios que representa en términos económicos, políticos, sociales y culturales; sin embargo es necesario que las personas usuarias de tales herramientas, cuenten con la garantía que la información que proporcionen en las diversas plataformas esté segura y no genere la posibilidad de convertirse en víctima de algún cibercrimen; ante ello presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar e implementar las acciones pertinentes para frenar los hechos relacionados con el cibercrimen en México.

Notas

1 http://muyseguridad.net/2012/10/30/informe-sobre-cibercrimen-de-norton- 2012/

2 http://now-static.norton.com/now/en/pu/images/Promotions/2012/cybercrim eReport/2012_Norton_Cybercrime_Report_Master_FINAL_050912.pdf

3 http://muyseguridad.net/2012/10/30/informe-sobre-cibercrimen-de-norton- 2012/

4 http://muyseguridad.net/2012/10/30/informe-sobre-cibercrimen-de-norton- 2012/

5 http://www.amipci.org.mx/?P=editomultimediafile&Multimedia=348& Type=1

6 http://red-crucero.com/2011/10/ciberdelitos-a-la-alza-expertos-de-la-un am-aseguran-que-los-crimenes-online-han-crecido-18-por-ciento/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 29 de octubre de 2013.

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y al SAT a realizar acciones para reanudar la operación del puente internacional Chactemal, en Quintana Roo, destinándolo al paso peatonal y de vehículos ligeros, a cargo del diputado Raymundo King de la Rosa, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Raymundo King de la Rosa, diputado federal por el estado de Quintana Roo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 79, numerales 1 y 2, y 117 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Servicio de Administración Tributaria para que en el ámbito de sus respectivas competencias, dispongan los recursos necesarios para reanudar la operación para el ingreso de vehículos en el puente internacional Chactemal, con base en las siguientes

Consideraciones

Tras seis años de haber iniciado la obra en el 2007, el puente fronterizo “Subteniente López II Chactemal”, que une los territorios de Quintana Roo y Belice sobre el río Hondo, se puso en operación el día 15 de mayo 2013con un flujo de aproximadamente 13 mil vehículos al día.

La obra implicó una inversión global de 180 millones de pesos y cuenta con sistema de carriles y canales de acceso; tráfico tanto de personas como de vehículos ligeros y de carga; área de escaneo con rayos gama que utiliza la Administración General de Aduanas, por el otro lado, la parte de la verificación física, así como las oficinas administrativas de la Aduana, la Semarnat, la Sagarpa y el Instituto Nacional de Migración.

En este nuevo puente circulan vehículos de carga, importación, exportación y unidades vacías, con un horario de operación de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas; además de la entrada y salida de vehículos ligeros y autobuses las 24 horas de los 365 días del año.

Por otra parte, en el antiguo puente fronterizo Subteniente López se permite la entrada y salida de peatones con un horario de operación las 24 horas de los 365 días del año y se atiende solamente la salida de vehículos ligeros de México a Belice, de 09:00 a 20:00 horas, los 365 días del año, pero no se permite su ingreso en virtud de que todo el personal de la aduana se trasladó al nuevo puente internacional.

Por lo anterior, la apertura del nuevo puente alteró el equilibrio económico que mantenía la localidad de Subteniente López, derivado del movimiento comercial generado con el tránsito de compradores a la zona libre de Belice y los visitantes de los casinos, así como por el paso de visitantes de Belice a México y viceversa.

Entre otros datos, tenemos que la actividad económica que se generaba en el poblado Subteniente López, orientada fundamentalmente al comercio de bienes y servicios y estimada en alrededor de tres millones de pesos al mes, comenzó en franca caída desde la segunda semana de mayo, hasta llegar a apenas al 10% de productividad en los diferentes giros comerciales y de servicios.

Los afectados han conformado una organización denominada “Pro defensa del Pueblo”, que tiene la finalidad de exigir a las autoridades estatales y federales buscar una solución que contrarreste este problema.

Según se dio a conocer por diversos medios de comunicación, el 24 de Junio de los corrientes, los pobladores de Subteniente López, del nuevo recinto fiscal ubicado en el puente Subteniente López II Chactemal, para solicitar la reapertura de la antigua aduana.

Hasta el momento no hay posibilidad alterna para recuperar la actividad económica de esta población, que depende casi en su totalidad de la derrama de los visitantes de la zona libre de Belice, por lo que es necesario que se reabra a la circulación de vehículos ligeros el viejo puente internacional Chactemal para recuperar la relación comercial a ambos lados de la frontera.

La principal objeción a esta solución es que la aduana no cuenta con el personal suficiente para atender los dos puntos de acceso, además de que el nuevo cruce fronterizo cuenta con mayores elementos tecnológicos de revisión para limitar el contrabando de mercancías hacia nuestro país, especialmente el denominado contrabando “hormiga”.

El gobierno del estado de Quintana Roo, a través de su Secretaría de Gobierno, ha servido como mediador para hacer llegar la petición de los comerciantes locales a las autoridades federales involucradas en el tema, como es el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Dirección General de Aduanas, sin que hasta el momento se haya dado solución definitiva al asunto.

En este contexto, consideramos necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Servicio de Administración Tributaria en el ámbito de sus respectivas competencias, dispongan los recursos necesarios para reanudar la operación en el puente internacional Chactemal destinado exclusivamente al paso de peatones y vehículos ligeros, incluida la aduana respectiva; ello, desde luego, sin perjuicio de mantener las actividades en el nuevo puente internacional.

Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Servicio de Administración Tributaria para que en el ámbito de sus respectivas competencias, dispongan los recursos necesarios para reanudar la operación en el puente internacional Chactemal, destinándolo exclusivamente al paso de peatones y vehículos ligeros en ambos sentidos, sin perjuicio de mantener las actividades en el nuevo puente internacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2013.

Diputado Raymundo King de la Rosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que se lleven a cabo estudios técnicos, y acciones legales y administrativas para que se declaren zona metropolitana Córdoba, Orizaba y municipios conurbados, en Veracruz, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Juan Bueno Torio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Legislatura LXII, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo de Veracruz de Ignacio de la Llave, al Congreso del estado y a los titulares del Poder Ejecutivo de Córdoba, Orizaba, Fortín, Chocaman y Coscomatepec a llevar a cabo los estudios técnicos y las acciones legales y administrativas a que haya lugar para que, de cumplirse los requisitos, se declaren zona metropolitana Córdoba, Orizaba y municipios conurbados, todos pertenecientes a Veracruz, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde 1940, el país experimentó un proceso de urbanización acelerado, derivado de la migración del campo a la ciudad, dando paso a la aglomeración de población que se materializó en el crecimiento del número y del tamaño de las ciudades, provocando la multiplicación de zonas metropolitanas.

Las zonas metropolitanas se definen como el conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica.1

La utilidad de delimitar estas zonas metropolitanas responde básicamente establecer un marco referencial común para contribuir a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en cuanto a la planeación y gestión del desarrollo metropolitano.

La delimitación de las zonas metropolitanas en nuestro país es llevada a cabo por un grupo interinstitucional integrado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Población (Conapo), considerando como criterios para determinar la delimitación de una zona metropolitana que la población sea superior a 50 mil habitantes. Otro es el criterio de conurbación, definido como la unión física, entre las localidades de dos o más municipios, las cuales se complementan con criterios de integración funcional y carácter urbano, cuyos indicadores y parámetros específicos varían.

Actualmente, el país cuenta con 59 zonas metropolitanas, de las cuales Veracruz tiene 8: Córdoba, Orizaba, Veracruz, Xalapa, Poza Rica, Minatitlán, Coatzacoalcos y Acayucan.

Las zonas metropolitanas de Córdoba y Orizaba colindan entre sí y potencialmente podrían integrar una sola zona metropolitana, ya que en ellas se presenta un visible fenómeno de conurbación e integración funcional y de cadenas productivas. Esta zona metropolitana podría funcionar de forma integrada al tener una infraestructura vial, urbana, demográfica y económica conjunta y complementaria, y constituye además un importante conglomerado urbano y demográfico en la entidad.

La presente proposición con punto de acuerdo tiene como propósito que se instauren las medidas pertinentes por el gobierno de Veracruz y los presidentes municipales a llevar a cabo las acciones legales, administrativas correspondientes para la constitución legal de la zona metropolitana Córdoba-Orizaba sentando las bases para la administración y gestión del desarrollo urbano observando las condiciones actuales de la región mediante planes, programas y de políticas públicas que permitan a las autoridades competentes atender las demandas y requerimientos del crecimiento y desarrollo ordenado, para beneficio de sus habitantes bajo criterios de sustentabilidad económica y ambiental, integración vial y de transporte.

Naturalmente, la integración de Córdoba y Orizaba en una zona metropolitana deberá considerar otros municipios circunvecinos, como Fortín, Chocaman y Coscomatepec, debido a la conurbación física y a la integración funcional existente entre ellos.

Córdoba cuenta con una población total de 196 mil 541 habitantes, según el último Censo de Población y Vivienda, realizado por el Inegi en 2010.2 Se encuentra limitado al norte con Ixhuatlan del Café, al suroeste por Fortín de las Flores, al noroeste por Tomatlán y Chocamán y al este con Amatlán de los Reyes. Tiene una extensión territorial de 159.9 kilómetros cuadrados.

Por su parte, Orizaba cuenta con una población total de 120 mil 995 habitantes, de acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda, realizado por el Inegi en 2010.3 Se encuentra limitado al norte con Ixhuatlancillo, al este con Ixtaczoquitlán, al sur con Rafael Delgado y al oeste con el municipio de Río Blanco. Cuenta con una extensión territorial de 27.7 kilómetros cuadrados.

Estos dos municipios han representado tradicionalmente un importante polo de desarrollo económico y social para la región central de Veracruz y para la zona oriente del país, además de que la población va creciendo día a día, por lo que la conurbación se va estrechando, lo cual hace que exista una gran interrelación entre habitantes de éstos y otros municipios conurbados como es el caso de Fortín, Chocaman y Coscomatepec.

Se considera necesaria la integración de Fortín, Chocaman y Coscomatepec a la zona metropolitana en cuestión porque enfrentan con una situación complicada, caracterizada por la pobreza, que se refleja en la migración, la exclusión, el desempleo y los elevados niveles de marginación.

Es indispensable implantar proyectos productivos o programas para detonar el desarrollo económico de la región, se generen los empleos necesarios para mejorar los ingresos y disminuir la pobreza, y se planteen estrategias comunes para la provisión de servicios públicos y así mejorar la calidad de vida de la población.

En esta zona también se aprecia un acelerado crecimiento urbano en cada uno de los municipios, presentándose además una importante integración funcional y un intercambio constante e interdependiente de personas, de conexión vial, bienes y actividades económicas; de tal forma que el proceso de conurbación constituye el antecedente físico y técnico para reconocer y declarar la existencia de una zona metropolitana, que supera los límites geográficos y políticos de sus municipios.

Además, por ejemplo, para determinar la delimitación de una zona metropolitana, uno de los principales criterios que se toman en consideración por el grupo interinstitucional es que la población sea superior a 50 mil habitantes, criterio que es ampliamente superado por la mayoría de los municipios de la región, al igual que los criterios de integración funcional y carácter urbano. Asimismo tienen una densidad media urbana superior a los 20 habitantes por hectárea requeridos, 92.7 habitantes por hectárea para Córdoba y 81.6 para Orizaba.

La integración con esta zona metropolitana también es correspondiente con instrumentos de planeación en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano con que cuenta el estado y que contienen lineamientos para sustentar la gestión y coordinación de los tres órdenes de gobierno, para atender los procesos sociales y económicos que implican el fenómeno metropolitano, derivado de los procesos de conurbación.

Es necesaria la constitución de una zona Córdoba-Orizaba y de los municipios vecinos de la región de altas montañas como Fortín, Chocaman y Coscomatepec, para que tengan un desarrollo a la par, equilibrado que permita el adecuado progreso de la Región, haciendo posible beneficios ya que al estar constituidos como zona metropolitana podrán tener acceso a diversos programas federales.

Con ello se plantea el impulso de ambos municipios en una política de desarrollo socioeconómico conjunta que beneficie a los 317 mil 536 habitantes de ambas ciudades, además de los industriales y visitantes que a diario convergen en esta zona. Si se toma en consideración la integración de los municipios aledaños de Fortín, Chocaman y Coscomatepec, la población potencialmente beneficiada ascendería a 448 mil 408 habitantes.

La constitución de esta zona metropolitana tendrá dentro de sus objetivos privilegiar la movilidad, el transporte público de calidad; aprovechar las capacidades competitivas y vocaciones socioeconómicas; contar con una política de suelo y vivienda incluyente con atención preferente a los grupos sociales en situación de marginación, para la generación de reservas territoriales; la implantación de mecanismos de financiamiento para la construcción de infraestructura y equipamiento de la vivienda y, hacer más eficiente el ordenamiento sustentable del territorio.

Será un paso importante en los esfuerzos por seguir detonando el potencial económico de Córdoba y Orizaba y de los municipios conurbados como Fortín, Chocaman y Coscomatepec (que se han estado rezagando con relación a otras regiones de la entidad), en función de grandes proyectos integradores como lo son el tren de pasajeros metropolitano y un periférico regional para que la región de las altas montañas alcance un mayor nivel de desarrollo económico y social.

En virtud de lo expuesto, es necesario integrar Córdoba y Orizaba en una zona metropolitana que también considere a municipios vecinos como los mencionados para lograr que cuenten con políticas públicas adecuadas a su desarrollo, así como el manejo integral de su territorio y ambiente, además de que podrán ser beneficiados por las asignaciones del Fondo Metropolitano que están destinados a gasto de inversión, que tienden a cubrir la demanda de bienes y servicios generando empleos indirectos, sin traducirse en erogaciones al gasto corriente y que están sujetos a la planificación metropolitana y a la coordinación entre los municipios y el estado.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Veracruz de Ignacio de la Llave, al Congreso del estado y a los titulares del Poder Ejecutivo de Córdoba, Orizaba, Fortín, Chocaman y Coscomatepec a llevar a cabo los estudios técnicos, las acciones legales y administrativas a que haya lugar, para que en caso de que se cumpla con los requisitos necesarios, se declaren zona metropolitana Córdoba, Orizaba y a los municipios conurbados señalados, todos ellos pertenecientes a Veracruz.

Notas

1 Sedesol, Conapo, Inegi. Delimitación de las zonas metropolitanas de México, 2010.

2 Inegi. Censo de Población y Vivienda de 2010.

3 Ibídem.

México, DF, a 29 de octubre de 2013.

Diputado Juan Bueno Torio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP que flexibilice las reglas de operación de los programas que operan en el sur-sureste del país, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. Las reglas de operación de los diferentes programas federales son los que regulan la puesta en práctica de los recursos y su asignación, ahí recae su importancia.

Las condiciones socioeconómicas en nuestro país no son equitativas. Las desigualdades en el desarrollo de la región sur-sureste han motivado distintos esfuerzos, tanto del gobierno federal como del Poder Legislativo para incluir a esas entidades en el desarrollo nacional.

En la región sur-sureste se concentran menores niveles de crecimiento económico, altos niveles de marginación, índices bajos en la calidad de vida y el desarrollo humano de la población, así como importantes carencias en infraestructura pública. De esta manera se requiere un esfuerzo público sostenido y sistemático, que supere las tendencias inerciales y que aliente la inversión en proyectos de gran impacto en esta región del país de forma específica. En ella, y en especial en las entidades de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lo anterior no significa que no exista pobreza o marginación en otras partes del país, sino que por la evolución económica y social de México, estas características se han concentrado en la región, de manera que se requiere un tratamiento eficaz y diferenciado.

Segunda. Además, los efectos de los desastres naturales de la temporada de lluvia pasada golpearon gravemente a los habitantes del sur-sureste del país.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, señaló que los desastres naturales tienen un enérgico impacto en los niveles de pobreza extrema de nuestro país. Según este organismo estos desastres elevan 3.7 por ciento la pobreza extrema, mientras que en aquellos que eran pobres, se incrementaba 1.5 por ciento.

Debido a que las personas en pobreza extrema viven en zonas con mayores riesgos, ubicadas en el cauce de los ríos o las laderas de los cerros, sus viviendas son frágiles y suelen invertir sus pocos ahorros en ganado, por lo que la presencia de estos fenómenos naturales les arrebata todo lo que tienen.

Oaxaca y Guerrero son los dos estados con menor desarrollo humano del país, han sido especialmente afectados por las intensas lluvias, por lo cual se puede inferir que sus habitantes tengan serios retrocesos en materia de desarrollo. Lo mismo podría ocurrir con Veracruz, la quinta entidad con menores niveles de desarrollo humano, el cual mide condiciones de salud, educación e ingreso.

Es importante señalar que las recientes inundaciones no sólo provocaron la perdida del patrimonio de miles de familias, también mermaron el progreso que pudieron haber alcanzado. Las afectaciones representan un retroceso mayor a 2 años en los avances que estas familias pudieron haber conseguido en materia de ingreso, salud y educación.

Es un hecho reconocido que las reglas de operación deben presentarse de manera flexible para permitir una aplicación oportuna de los recursos. Además deben incluir el principio de justicia distributiva garantizando que toda persona reciba de manera equitativa los beneficios del desarrollo conforme a sus méritos, sus necesidades, sus posibilidades y las de las demás personas, establecido en la Ley General de Desarrollo Social, párrafo 1, fracción II.

En ese sentido, debe señalarse que en el artículo 28, fracción I, del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 enviado por el Ejecutivo federal establece la necesidad de algunos criterios generales: deberán ser simples y de fácil acceso para los beneficiarios, tomar en cuenta las características de las diferentes regiones socioeconómicas del país, considerar las características sociales, económicas y culturales de la población objetivo, preverán que las aportaciones acordadas se realicen oportunamente y sean ejercidas de inmediato, deberán promover una calendarización eficiente para el ejercicio de los recursos federales respectivos, así como incluir criterios que aseguren transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de recursos; mismas que se encuentran presentes en el decreto de egresos del año en curso.

Con este antecedente se subraya la pertinencia de que las reglas de operación tengan elementos de flexibilidad a partir de la realidad que presenta el sur sureste mexicano y los desastres naturales que golpearon a esta región durante 2013, tomando en cuenta que son entidades con gran numero de carencias sociales y de infraestructura, es necesario que ese criterio sea considerado al momento de redactar las reglas de operación.

Tercera. Los programas que deberán sujetarse a las reglas de operación durante el Ejercicio Fiscal de 2014 son 102 y pertenecen a los ramos de Hacienda y Crédito Público, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comunicaciones y Transportes, Economía, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Reforma Agraria, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Aportaciones a Seguridad Social, Desarrollo Social, Turismo, y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de acuerdo con el anexo 24 del mismo decreto como se detalla a continuación:

Programas sujetos a reglas de operación

Por lo antes expuesto, resulta impostergable la necesidad de flexibilizar de manera inmediata los programas que cuenten con reglas de operación en el sur-sureste y quitar las trabas para que los beneficios de estos programas puedan permear de manera eficaz en los estados que lo requieren, con especial atención en el sur-sureste del país.

Con el fundamento en lo antes señalado se pone a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a flexibilizar las reglas de operación de los programas sujetos a las mismas en la región sur-sureste, con especial atención a los programas sociales y al Fondo Regional, en los recursos que todavía no se han ejercido correspondientes al PEF de 2013.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a flexibilizar las reglas de operación de los programas sujetos a las mismas en la región sur-sureste, con especial atención a los programas sociales y al Fondo Regional para el ejercicio fiscal de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2013.

Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a iniciar negociaciones para actualizar los lineamientos generales correspondientes a cambio climático y desarrollo sustentable de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El agua dulce es el recurso natural más elemental para la vida humana. Sin embargo, la mayor parte del tiempo no somos consientes de que este recurso es finito y no tiene sustituto alguno. El agua es vital para el sostenimiento y equilibrio de la vida, el medio ambiente y sin ninguna duda, para el desarrollo social y económico.

Los cuerpos de agua adquieren su estatus transfronterizo cuando atraviesan límites internacionalmente establecidos entre territorios de dos o más países. Los sistemas hidrográficos son aquellos en que las aguas abarcan un río principal desde su nacimiento hasta su desembocadura; a esto último hacemos puntual referencia al río Usumacinta, el cual tiene la característica de que lo compartimos con nuestro vecino país de Guatemala.

El majestuoso río Usumacinta, es el sexto río más largo de Latinoamérica, proveniente de las partes altas de El Quiché, en la republica hermana de Guatemala. Avanza con gran cauce hacia el sureste de nuestro país adentrándose en el estado de Tabasco en donde hace vínculo con otro gran río que es el Grijalva. Finalmente, este desemboca en el Golfo de México y cuenta en su totalidad con una longitud de mil 100 kilómetros de largo. Es considerado uno de los ríos más caudalosos con los que contamos, llevando consigo una descarga de unos aproximados 150 mil litros por segundo.

Las normas de Helsinki de 1966, definen concretamente en su artículo II, las cuencas hidrológicas internacionales como zonas geográficas que se extienden por territorios de dos o más estados demarcadas por líneas divisorias de los sistemas hidrográficos de aguas superficiales que tienden a fluir hacia sus salidas. Consecuentemente, el río Usumacinta hace parte de un sistema de carácter internacional donde también gracias a su composición territorial, funge como delimitación fronteriza entre nuestro país y Guatemala.

Este sistema hidrográfico que compartimos, a pesar de ser una bendición natural, también como ya todos sabemos representa un peligro heredado de las alteraciones provenientes de la mano del hombre y de las circunstancias climáticas actuales. Repercusiones consecuentes y catastróficas se han presentado para la parte mexicana en el estado de Tabasco, en donde creemos que las constantes inundaciones entre otras consecuencias, podrían apaciguarse revirtiendo la ausencia de un marco regulatorio y de control administrativo conjunto que se apegue al contexto actual.

En efecto, el río Usumacinta entra dentro de las regulaciones del derecho internacional en el marco del uso equitativo y razonable de aguas internacionales, ya que generalmente lo que los Estados buscan es aprovechar las aguas fluviales de modo de obtener un máximo beneficio y al mismo tiempo reducir todos los inconvenientes posibles.

En este punto de acuerdo no estamos poniendo en cuestión temas limítrofes y de fronteras, sino la actualización dentro del presente contexto del cambio climático, del instrumento internacional bilateral suscrito a través del canje de notas diplomáticas el 9 de noviembre y 21 de diciembre de 1961 de las cuales derivó la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala.

Esta comisión funciona más bien como un órgano asesor en temas sustanciales referentes al uso del río y carece de lineamientos generales que corresponden a problemas actuales como el cambio climático y desarrollo sustentable. En vez de una comisión conjunta responsable de la vigilancia de los cauces, proponemos que sea de forma y fondo un instrumento más estricto de regulación y cooperación regional del cuerpo hídrico en discusión.

La actualización de este instrumento bilateral, buscaría adecuarse a las nuevas circunstancias que corresponden al actual calentamiento global para el uso y manejo responsable y sustentable del río Usumacinta entre amabas naciones, así como también buscar normas más estrictas y restrictivas en cuanto a obras y acciones que ambos países deseen efectuar.

Hay que tener en cuenta que el cambio climático es una realidad, y que en el futuro venidero no se están obteniendo resultados favorablemente rápidos y del todo efectivos que conciernan al calentamiento global. La gestión de los recursos hídricos se ha traducido en un problema de carácter social; la demanda en el suministro de agua se ha mermado debido al rápido y exponencial crecimiento demográfico.

El agua representa hoy en día un lujo, un bien económico el cual debería de ser un derecho reconocido y un valor esencial. El agua tiene como condición, ser un elemento estratégico que al mismo tiempo, precisa atender las necesidades más básicas de la población e impulsar el pleno desarrollo económico. Para esto último, debemos ajustarnos a las condiciones actuales dentro del marco del cuidado y preservación sustentable para concientizar y responsabilizar el futuro.

El problema del agua no corresponde únicamente a México, sino que es un problema de alcance internacional en donde según los expertos, extrapolan que esta amenaza será el mayor conflicto geopolítico del siglo XXI, debido a la demanda que eventualmente sobrepasará la capacidad de suministro.

La actualización de medidas del mencionado instrumento fungiría como una medida precautoria para un futuro próximo, obviamente respetando las formalidades de equidad para que ambas naciones salgamos favorecidas de dicho instrumento

Con base en lo anteriormente expuesto proponemos

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a iniciar negociaciones para la actualización de los lineamientos generales que correspondan a cambio climático y desarrollo sustentable de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2013.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la directora general del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a diseñar y llevar a cabo una campaña de difusión para inducir la cultura de respeto de las personas de 60 años o más, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Elvia María Pérez Escalante, diputada de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El maltrato en cualquiera de sus manifestaciones hacia los sectores vulnerables de la población ha estado y continúa presente en la convivencia social.

Una parte de esa población vulnerable lo constituyen las personas adultas mayores, que desafortunadamente siguen siendo objeto de conductas o hechos con las consecuencias físicas y emocionales que generan esas conductas sociales.

No obstante los esfuerzos por reconocer en los ámbitos internacional y nacional los derechos de las personas adultas mayores y su calidad de grupo vulnerable, siguen siendo receptores de esas conductas negativas, no solamente en el seno de la familia sino también, como sujeto pasivo de esas acciones antisociales que existen en el entorno que los rodea.

En nuestro país, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas mayores está vigente. Sin duda constituye un avance muy significativo y alentador, pero es necesario ir más allá, porque el maltrato en su perjuicio, continúa presente en la vida cotidiana.

Es por ello que considero necesario impulsar una campaña de difusión de amplia cobertura para inducir una cultura de respeto a las personas adultas mayores.

Una campaña que también busque evitar el uso de adjetivos discriminatorios, irónicos o denigrantes al referirse a las personas que forman parte de este sector de población.

Los adjetivos calificativos de viejo, veterano, anciano, antiguo, abuelo, senecto, y otros, muchas veces se utilizan para inferir un maltrato a las personas adultas mayores; como formas irónicas de denigración y hasta de discriminación.

Son personas adultas mayores y así deben ser consideradas, con todo el respeto que les asiste por sus contribuciones al México de hoy que todos disfrutamos.

La principal causa del maltrato hacia ese sector de población parte de que en el núcleo familiar y en la sociedad en general, se concibe erróneamente que las personas adultas mayores han llegado a una etapa caracterizada por la improductividad y la pérdida de capacidades físicas o intelectuales.

Por tanto considero que es necesario impulsar políticas públicas y campañas que logren permear en la cultura social, a fin de erradicar esas conductas de exclusión, maltrato y discriminación.

Una campaña de amplia cobertura que considero debe ser diseñada y llevada a la práctica por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Tengo la convicción de que el respeto y ejercicio cotidiano de los derechos de las personas adultas mayores es garantía para preservar la convivencia social pacífica y armónica, basada en el respeto que a cada quien corresponde.

En este orden de ideas y tomando en consideración que el artículo 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que el pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso, a través de puntos de acuerdo que representen la posición de esta soberanía, en relación con algún punto de interés nacional o sus relaciones con los otros poderes de la federación, organismos públicos, entidades federativas o municipios, lo que cumple cabalmente la proposición de la suscrita, es por lo que solicito la aprobación de esta soberanía.

Por lo antes expuesto someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de Unión exhorta a la titular del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a diseñar y llevar a cabo una campaña de difusión de amplia cobertura para inducir una cultura de respeto a las personas de 60 años o más y a evitar el uso de adjetivos discriminatorios, irónicos o denigrantes al referirse a las personas adultas mayores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2013.

Diputada Elvia María Pérez Escalante (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a informar a la opinión pública sobre el origen de los recursos destinados a pagar la liquidación y pensión a mil 400 ex trabajadores del extinto organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del PAN

Jorge Rosiñol Abreu, diputado de la República de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, del numeral 1 y fracciones I, II y II del numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo urgente y obvia resolución por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que informe a la opinión pública, el origen de los recursos destinados a pagar la liquidación y pensión a 1400 ex trabajadores del extinto organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, lo anterior en base a las siguientes:

Consideraciones

Se constituye como un organismo descentralizado encargado de prestar el servicio público que venían prestando las concesionarias en disolución y liquidación, por lo que mediante decreto presidencial del 9 de febrero de 1994, se creó el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el cual debía transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica a todo el Distrito Federal y algunos municipios del estado de México, Morelos, Puebla e Hidalgo.

Lamentablemente, desde su creación el organismo nunca pudo ser autosuficiente en materia presupuestaria, ya que las transferencias que se hacían año con año, lejos de disminuir se fueron incrementando en los últimos años, del año 2001 al 2008, estas transferencias se fueron incrementando paulatinamente en más de doscientos por ciento y para ese ejercicio fiscal las transferencias alcanzarían 41,945 millones de pesos, de haber continuado sosteniendo este organismo al término de la administración del presidente Calderón, las transferencias hubiesen alcanzado los 300 mil millones de pesos, y lejos de mejorar la calidad del servicio, las transferencias se utilizaban para pagar privilegios y prestaciones onerosas de carácter laboral.

El bajo desempeño del organismo se veía reflejado en sus gastos, que sumaban 433,290 millones de pesos, mientras que sus ingresos por ventas ascendían a 235,738 millones de pesos, superando casi el doble los gastos que generaba.

Además que el organismo registraba un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos, de los cuales solamente 80 mil millones correspondían a trabajadores en activo y 160 mil millones al personal jubilado, repercutiendo gravemente en las finanzas públicas federales, además de que las decisiones de operación de la empresa obedecían a las preocupaciones e intereses del sindicato y no estaban dirigidas a la solución de los problemas de los ciudadanos.

Nunca logró alcanzar la autosuficiencia financiera y muy por debajo de su rendimiento de haber alcanzado los resultados equivalentes respecto del sector nacional, el funcionamiento de Luz y Fuerza del Centro representaba un costo tan elevado que no resultaba conveniente para la economía nacional ni para el interés público; es por ello que el 11 de octubre del 2009, el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, decretó la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro, generando con ello un ahorro significativo a la administración y destinándose el mismo a programas SOCIALES en beneficio de los más necesitados.

La pasada administración destinó recursos por la cantidad 15mil 881 millones 340 mil pesos para el pago de jubilaciones de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, con cargo en el Ramo 19 “Aportaciones de Seguridad Social” del Programa Presupuestario J025 “Previsiones para las pensiones en curso de pago de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro”, para el ejercicio fiscal 2011.

Al presente año, se tiene registrado que el 70 por ciento de los ex trabajadores ya cobraron su liquidación y únicamente el 30 por ciento ha hecho caso omiso de cobrarla de acuerdo a lo que marca la ley.

Es por ello que les solicitamos al Secretario de Gobernación Federal, que explique a la ciudadanía, porqué esta administración quiere pagar una pensión vitalicia superior a los 15 mil pesos, monto muy diferente a lo que marca la ley, a un grupo de personas que en su momento se negaron a recibirla y en base a manifestaciones en vía pública, violando el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se les pretende otorgar esta cantidad y por otro lado las personas que cobraron en tiempo y forma su liquidación y jubilación es por mucho inferior a la que desea otorgar arbitraria y sin transparencia el secretario de gobernación.

La enseñanza que nos deja el actuar de esta administración federal, es entonces estar por encima de la ley para hacer y conseguir lo que uno desea.

Así, por lo expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que informe a la opinión pública, el origen de los recursos destinados a pagar la liquidación y pensión de los ex trabajadores del extinto organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación que informe a la opinión pública, porque a ex trabajadores se les liquidó y pensionó conforme a la ley y a estos mil 400 ex trabajadores se les pensionará con 15 mil pesos mensuales y no conforme a la ley.

Tercero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a que informe a la opinión pública, el fundamento legal y jurídico, para determinar esta cantidad como pensión vitalicia a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, 29 de octubre de 2013.

Diputado Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al director general de Pemex que haga del conocimiento público el pago de 108.1 millones de pesos por la movilización de la plataforma Menadril I, en aguas del Golfo de México, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al director de Petróleos Mexicanos haga del conocimiento público el pago de 108.1 millones de pesos (Impuesto al Valor Agregado incluido ), equivalente aproximadamente a 9.1 millones de dólares por la movilización de la plataforma Menadrill I, en contravención del contrato 421001802, en el que se estableció que Petróleos Mexicanos no pagaría conceptos de movilización sobre plataformas localizadas en aguas del Golfo de México; al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En junio de 2012 el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó el plan de negocios de Pemex para el periodo 2010-2024, que definió cuatro líneas de acción en los rubros de crecimiento, eficiencia, responsabilidad corporativa y modernización de la gestión; dentro de éstos se encuentra los de incrementar las reservas de hidrocarburos, sostener y aumentar su producción, así como la generación de valor.

Segundo. Para el alcance de extracción de hidrocarburos, el activo integral Cantarell 2010 contaba con 6 plataformas propias y 11 de arrendamiento, las cuales eran insuficientes para atender los requerimientos de intervención de pozos establecidos en los programas operativos, por lo que en su estrategia incluyó el arrendamiento de plataformas autoelevables sin opción de compra.

Tercero. El 26 de octubre de 2010, Pemex Exploración y Producción instrumentó la licitación pública internacional TLC número 18575088-506-10, para el arrendamiento de tres plataformas de perforación marina autoelevables con la finalidad de realizar la perforación terminación y reparación de los pozos localizados en las estructuras TET-Akal-TR y TET-Balam-TB y del activo integral Cantarell.

Cuarto. Mediante la licitación pública internacional 18575088-506-11, se adjudicaron tres contratos, entre los que se encuentra el número 421001802, asignando en forma conjunta a dos empresas para operar en aguas del Golfo de México, las cuales nombraron un representante común que actuaría como líder (operadora) en ejecución y administración de dicho contrato en tanto la otra empresa proporcionaría la plataforma y brindaría asesoría.

Quinto. El contrato 421001802 se formalizó el 1 de marzo de 2011 con fecha de término 15 de febrero de 2013, por un monto total de 81.39 millones de dólares más IVA.

Consideraciones

A) Mediante oficio número ISO-PEP-432 del 9 de marzo de 2011, el representante común de las empresas contratadas para la ejecución del contrato número 421001802, solicitó la sustitución de la plataforma Hull-110 por la plataforma Menadril I, la primera ubicada en los Emiratos Árabes Unidos y la segunda en aguas del Golfo de México.

B) Por lo anterior, el 6 de abril de 2011 se firmó el convenio modificatorio número uno del contrato 421001802, mediante el cual Petróleos Mexicanos (Pemex) y las empresas contratadas para su ejecución convinieron sustituir la plataforma denominada Hull-110, que a esa fecha no se había movilizado desde Port Khalid Shalid, Emiratos Arabes Unidos, por la plataforma Menadril I, de acuerdo con la cláusula cuarta del contrato, referente a la presentación de la plataforma, a más tardar dos días antes de la fecha de arrendamiento y de la presentación de los servicios pactados (14 de marzo de 2011 con vigencia hasta el 15 de febrero de 2013); cabe señalar que el costo de la movilización pactada en el contrato rescindido (421000819) era de 3.75 millones de dólares más IVA, mientras que por la misma plataforma Pemex pactó y pagó 7.89 millones de dólares más IVA con base en los estipulado en el contrato original (421001802).

C) El 23 de junio de 2011, la gerencia de la Tesorería de Petróleos Mexicanos, pagó a las empresas a las que se les adjudicó el contrato número 421001802, la cantidad de 108.1 millones de pesos (incluye IVA) , equivalente a 9.1 millones de dólares, por concepto de la movilización de la plataforma Menadrill I al sitio del pozo para el inicio del arrendamiento; éste pago se considera improcedente porque dicha plataforma ya se encontraba ubicada en el Golfo de México al momento que Pemex aceptó la sustitución de la plataforma Hull-110, por lo que debió aplicarse lo estipulado en el quinto párrafo del concepto 1 “Movilización de la plataforma autoelevable al sitio del pozo para inicio del arrendamiento” del anexo C del contrato número 421001802, que indica que la entidad proporcionará el traslado único de la plataforma dentro de aguas mexicanas del Golfo de México, en cuyo caso no se generará el pago de concepto de movilización.1

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al director de Pemex, ciudadano Emilio Lozoya Austin, haga del conocimiento público en un plazo no mayor de 10 días hábiles, los recursos económicos destinados al arrendamiento de la plataforma Menadril I, respecto a:

• La falta de inclusión de elementos para acreditar la capacidad financiera de los licitantes en las bases de licitación pública internacional TLC número 18575088-506-10, que originó la adjudicación del contrato número 421001802 con dos empresas que presentaron propuesta conjunta, de las cuales una de ellas carecía de capacidad financiera y la otra únicamente participaría en la capacitación y asesoría.

• El pago del 20 de marzo de 2012, en el que no se aplicaron las deductivas de 2011 a las empresas contratadas, por 189.5 miles de dólares, ni las correspondientes a periodos posteriores, originadas por no subsanar dos anomalías detectadas en la inspección tipo check list de la plataforma Menadrill I.

• El pago de 108.1 millones de pesos (IVA incluido), equivalente a 9.1 millones de dólares, por concepto de la movilización de la plataforma Menadrill I que ya se encontraba en aguas del Golfo de México, en contravención al contrato 421001802.

• El estatus de la investigación administrativa de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión consideraron procedente el pago de la movilización de la plataforma Menadrill I, por 108.1 millones de pesos (IVA incluido), siendo que la plataforma se encontraba en aguas del Golfo de México; ordenada por la Auditoría Superior de la Federación.

Nota

1. Fuente: Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2011 .

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2013.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno de Sonora a investigar los hechos y castigar a los responsables de la muerte de José Sánchez Carrasco, en el patio del hospital general de Guaymas, a cargo del diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y de conformidad con lo previsto en los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado martes 22 de octubre, en el patio del hospital general de Guaymas, Sonora, José Sánchez Carrasco, un jornalero agrícola, originario de Guachochi, Chihuahua, falleció sin la debida atención médica.

La muerte de José, es un ejemplo claro de lo que pasa en Sonora y en el resto del país, donde la atención médica brindada por las instituciones públicas, es más que deficiente. Los médicos en el sistema de salud pública, han visto crecer en por lo menos tres veces más, el número de pacientes a atender, además de que lo deben hacer con grandes carencias.

Esto es resultado, en primer lugar, de las políticas públicas impuestas por los gobiernos de orden neoliberal, y su estrangulamiento financiero a las instituciones de seguridad social como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); en segundo, a las deficiencias estructurales de la asignación presupuestal en materia de salud, donde más del 50% se eroga en gastos administrativos del Sistema Nacional de Salud; y finalmente, por la corrupción imperante en la administración del mismo en los gobiernos federal y estatales,1 como el caso de las compras de medicamentos con sobreprecio en Chiapas.2

A pesar de estos incrementos, en México se gasta en salud, alrededor de un 5.5% del Producto Interno Bruto (PIB), del cual la mitad se aplica en la salud privada. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sostiene que el gasto adecuado debe ser de un 8% del PIB en cada país.

No podemos olvidar, que una de las farsas del gobierno de Felipe Calderón, fue la muy publicitada cobertura total en salud, señalada con banderas blancas que más bien eran piratas; hoy actualmente según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012), la cobertura real es menor al 78%.3

Cobertura que además está en riesgo con el nuevo embate en contra de los derechos sociales, a través de las reformas energéticas y hacendaria donde se establece la privatización del petróleo nacional, menos empleos y mayores impuestos, que en caso de prosperar, pondrán en riesgo los recursos para la atención de la salud y de muchas otros rubros.

Una vez compartida la renta petrolera con los más ricos del mundo, no habrá suficientes recursos, ni impuestos, para garantizar la sustentabilidad del IMSS, del Instituto de Salud y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ni de los hospitales y clínicas dependientes de la Secretaría de Salud, o de los gobiernos estatales. Con lo que se llevará entonces, a la privatización total del sector salud, y solo los que puedan pagar el servicio, podrán ser atendidos.

Una importante causa de la muerte de José Sánchez Carrasco apunta ser, el no tener los recursos suficientes para pagar por los servicios que requería. A esta mala atención, se suma el indignante ejemplo reciente del parto de la indígena mazateca Irma López Aurelio, quién se vio obligada a dar a luz en el jardín del Centro de Salud de Jalapa de Díaz, en Oaxaca, y a pesar de haber tenido que parir en el pasto, tuvo que pagar los servicios de dicho Centro.4

Existen muchos casos más de este tipo; como el de Armando Machi Serrano en una clínica del Seguro Social de Nogales, Sonora, denunciado el pasado 25 de octubre,5 o de Bradly Alexander Villasana, de 6 años, fallecido en el ejido Hipólito en Saltillo, Coahuila, quien sufrió heridas por la caída del techo de su vivienda, y quien falleció al no ser atendido por estar cerrado el centro de salud de la comunidad y no contar con una ambulancia para su traslado.

Estas tragedias no son casos aislados, sino una constante, por lo que deben ser esclarecidos, pero sobre todo, deben de tomarse acciones para que sean los últimos.6

Esta problemática no se soluciona con cesar a las autoridades de menor rango, es un problema sistémico, que no se resuelve solamente con volver a la centralización la administración del sector salud, sino atendiendo a los graves problemas de corrupción y mala administración, que son los de fondo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades competentes del gobierno del estado de Sonora y al gobierno federal, a llevar hasta las últimas consecuencias la investigación emprendida por la muerte de José Sánchez Carrasco. La cual debe abarcar al presunto empleador del fallecido el cual no otorgó el servicio de salud que por derecho tienen todos los trabajadores.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a establecer un número de atención de 24 horas gratuito, para recibir y atender las quejas por problemas de negación y mala calidad del servicio de manera urgente y eficiente.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, a los gobernadores y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a emprender en conjunto con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, una mesa de trabajo orientada a presentar propuestas sobre cómo resolver las deficiencias en el servicio médico.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a los gobernadores y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a llevar a cabo una profunda transformación de la administración del Sistema Nacional de Salud para combatir la corrupción e impunidad existente donde se garantice la total transparencia de los recursos suministrados para este efecto.

Quinto. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, Mercedes Juan López, a hacer pública la información sobre el número de muertes acaecidas por enfermedades y o lesiones no mortales mal diagnosticadas o deficientemente atendidas.

Notas

1 Entrevista al doctor José Antonio Cuéllar Puente presidente del Colegio Nacional de Médicos de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (Colmexinsalud) para el Canal Cero Televisión. [En línea] http://www.youtube.com/watch?v=ok3G7_PslxM

2 Redacción Aristegui Noticias (2013) En gobierno de Sabines, sobreprecios, desvíos y simulaciones, México. agosto 7, 2013, [En línea] http://aristeguinoticias.com/0708/mexico/gobierno-de-sabines-se-benefic io-con-39-contratos-de-salud/

3 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (2012), Instituto Nacional de Salud Pública, México [En línea] http://ensanut.insp.mx/doctos/analiticos/CoberturaUniversal.pdf

4 Animal Político, (2013) Hospital cobra servicios a mujer indígena pese a que dio a luz en el jardín. México 08/10/2013. [En línea] http://www.animalpolitico.com/2013/10/hospital-cobra-servicios-a-mujer- indigena-pese-a-que-dio-a-luz-en-el-jardin/#axzz2ixptzsBN

5 Redacción Sin Embargo, (2013) Otra vez Sonora: Un hombre denuncia la muerte de su padre por falta de atención médica en clínica del IMSS, México [En línea] www.sinembargo.mx/25-10-2013/795195

6 Flores, Rodrigo, (2013) Murió menor por falta de atención médica, El Zócalo de Saltillo, Coahuila, (18/09/2013) [En línea] http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/entregan-cuerpo-de-bradley-al exander-1379462032

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 29 días del mes de octubre de 2013.

Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a llevar a cabo por las instancias correspondientes la coordinación metropolitana en las entidades federativas, a cargo del diputado Patricio Flores Sandoval, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Patricio Flores Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los años setenta del siglo XX, inició la explosión demográfica y comenzaron a desaparecer las diferencias entre zonas urbanas y rurales, para convertirse muchos municipios en zonas metropolitanas.

El primer antecedente es la Ciudad de México, el cual por medio de sus delegaciones quedó junto al estado de México en diversos municipios, tales como Tlalnepantla y Naucalpan y formaron zonas metropolitanas.

El Inegi proporciona como concepto de zona metropolitana el “conjunto de dos o más municipios, donde se localiza una ciudad de 50 mil habitantes o más, cuya área urbana, funciones y actividades, rebasan el límite del municipio.

Actualmente en todos los estados de la república existen zonas metropolitanas, que tienen diversos fenómenos y necesidades, dependiendo de su región; por ejemplo el alguna el problema más importantes puede ser la escases de agua y en otra zona la infraestructura carretera.

Si sumamos que los municipios tienen diferentes demandas que cubrir y presupuestos distintos, también lo es que incluso se encuentren en diferentes estados.

La falta de coordinación se ha dado por todos los ámbitos, político, económico y social. Sin embargo deben los Municipios deben dar resultados en la prestación de servicios públicos.

En el caso de Guadalajara es necesaria la inyección de recursos que permitan tener mejores condiciones de vida, ya que tiene muchos municipios a sus alrededores y que juntos conforman la zona metropolitana de Guadalajara.

En este caso, el Fondo de Desarrollo Metropolitano de Guadalajara obtuvo en 2013, 882, 112,123 millones de pesos; sin embargo lo mínimamente requerido para hacer frente a las necesidades de servicio público y problemas básicos, asciende a 1, 500, 000, 000 millones de pesos.

Lo más importante es lograr que los recursos que existen, sean adecuadamente distribuidos y llevarlos donde es urgente su aplicación; ya que tenemos lugares que legalmente son considerados zonas metropolitanas, pero no tienen la demanda ciudadana, que poseen las zonas metropolitanas más grandes del país.

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que gire instrucciones a los titulares de las Secretarías con el fin de hacer posible la Coordinación Metropolitana en las entidades del país.

Diputado Patricio Flores Sandoval (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SEP que haga público el avance del programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Federal José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada en los artículos 3, fracción XVIII; 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública que haga público el avance del Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (Promajoven), en relación con el padrón de beneficiadas, transferencias presupuestales y alumnas que finalizan la educación básica por entidad federativa, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En el 2004 la Secretaría de Educación Publica (SEP) crea el programa Promajoven, como un medio para contribuir a la reducción del rezago educativo mediante el otorgamiento de becas a niñas y jóvenes en contexto y situación de vulnerabilidad agravada por el embarazo y la maternidad.

2. El programa Promajoven comprende la atención a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años 11 meses de edad en situación de vulnerabilidad, las cuales permanecen en el programa hasta concluir su educación básica.

3. Del año 2004 al 2008 el programa estuvo a cargo de la Dirección General de Desarrollo Curricular, de junio 2008 a diciembre 2009 de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, en 2010 de la Dirección General de Educación Indígena asume el programa en el ámbito técnico y a partir del 2011 del administrativo, integrándose como una línea de trabajo que suma acciones hacia la equidad dentro de la atención a la diversidad social, lingüista, cultural y étnica.

Consideraciones

A) El presupuesto otorgado a la Secretaría de Educación Pública en el periodo 2012-2013 fue de 35 mil 399.5 millones de pesos para todos los tipos y niveles educativos, de los cuales el Programa Humano Oportunidades tiene el 97 por ciento del total de apoyos económicos y solo el 3 por ciento restante es para otros estímulos como el programa Promajoven, lo que equivale a 108.35 millones de pesos para el ejercicio 2012-2013 (dato proporcionado por la pagina Transparencia Presupuestaria).

B) El Censo General de Población y Vivienda elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que en el año 2000 había 135 mil 287 mujeres, de entre 12 y 19 años de edad, con un hijo, y que no habían concluido su educación básica. De ellas, 2 mil 627 tenían entre 12 y 14 años y 132 mil 660, entre 15 y 19 años. En el 2007, con base a los datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005 realizado por el Inegi, se precisó que la población potencial del Programa fue de 144 mil 670 casos de adolescentes con un hijo o un primer embarazo entre los 12 y 18 años que no han concluido su educación de tipo básico.

C) Considerando a quienes tienen más de un hijo, los datos ascienden a 180 mil 408 casos de madres jóvenes. Como se observa del 2000 al 2005 hubo un aumento en el grupo poblacional en cuestión. Para el 2010, esta cantidad ascendió 284,519, incrementándose la población objetivo en términos reales, poco más de 100 mil madres jóvenes y/o jóvenes embarazadas.

D) En 2012 ocurrieron 2.2 millones de nacimientos, de los cuales, 72.9 por ciento fueron de madres de 15 a 29 años. Un aspecto que resulta importante destacar es que uno de cada seis nacimientos (16.4 por ciento) son de madres adolescentes de 15 a 19 años de edad. Otro dato que resulta importante destacar de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012 es que del total de adolescentes (12 a 19 años) que tuvieron relaciones sexuales, la mitad (51.9 por ciento) ha estado alguna vez embarazada y 10.7 por ciento al momento de la entrevista estaba embarazada.

E) Los estados con mayor concentración de adolescentes en condiciones de maternidad son Estado de México, Chiapas, Veracruz, Jalisco y Puebla (Ensanut).

F) En la página electrónica www.promajoven.sep.gob.mx no se encuentra la lista de las transferencias realizadas a la entidad federativa actualizada (al año fiscal 2013), ni evaluaciones de impacto del programa que muestren la cantidad de alumnas que continúan con sus estudios de educación básica y si les ha servido para conseguir trabajo.

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, que en su carácter de titular de la dependencia coordinadora de este programa haga del conocimiento público lo siguiente:

• Indicadores utilizados por el programa para determinar el monto de la transferencia presupuestaria y para realizar la evaluación de su ejercicio.

• Transferencias presupuestarias realizadas por entidad federativa de enero a septiembre del 2013.

• Acciones implementadas en el programa Promajoven a fin de revertir la incidencia de madres adolecentes que desde el año 2006 ha aumentado.

• Evaluaciones de impacto a fin de conocer cuantas alumnas continúan y finalizan la educación básica y si han iniciado su participación en el mercado de trabajo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 29 de octubre de 2013.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SHCP que haga del conocimiento público los estados de variación de la Hacienda Pública y de flujos de efectivo, con corte al 30 de junio del año en curso, correspondientes a los Poderes de la Unión y a los entes públicos federales, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que haga del conocimiento público los estados de variación en la Hacienda Pública y de flujos de efectivo, con corte al 30 de junio del año en curso, correspondientes a los Poderes de la Unión y a los entes públicos federales, a fin de dar cumplimiento al artículo 7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, debido a su falta de inclusión en el Informe Avance de Gestión Financiera de 2013, al tenor de los siguientes

Consideraciones

1. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), en el artículo 2, fracción XII, define el Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF) de la siguiente manera:

Artículo 2. Para efectos de esta ley, se entenderá por...

XII. Informe de Avance de Gestión Financiera: El informe que rinden los Poderes de la Unión y los Entes Públicos Federales de manera consolidada a través del Ejecutivo Federal, a la Cámara sobre los avances físicos y financieros de los programas federales aprobados para el análisis correspondiente de dicha Cámara, presentado como un apartado específico del segundo informe trimestral del ejercicio correspondiente al que se refiere el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

2. De igual manera, el artículo 7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación dispone:

Artículo 7. El contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera se referirá a los programas a cargo de los Poderes de la Unión y los Entes Públicos Federales, para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades en ellos proyectados y contendrá:

I. El flujo contable de ingresos y egresos al 30 de junio del año en que se ejerza el presupuesto de egresos de la Federación; y

II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La Auditoría Superior de la Federación realizará un análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 30 días posteriores a la fecha de su presentación y lo entregará a la Comisión.”

3. Del Informe de Avance de Gestión Financiera del primer semestre de 2013, del cual se desprende la revisión que la Auditoría Superior realizó sobre la información financiera presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) correspondiente a los Poderes de la Unión y a los Entes Públicos Federales; se detecta que los Estados Financieros presentados por la SHCP, no contemplan el flujo contable de ingresos y egresos al 30 de junio del año en curso; en contravención a lo establecido en el artículo 7, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

4. La ASF, dentro de las consideraciones finales del análisis que realizó al Informe de Avance de Gestión Financiera, comentó lo siguiente:

Los estados financieros proporcionados por la SHCP y con base en los elementos que tuvo a su disposición la ASF para su análisis, no le permiten conocer a partir de la información que presentan, si es confiable, relevante y significativa respecto de las operaciones realizadas con los recursos públicos, a fin de apoyar el control y la toma de decisiones sobre las finanzas públicas y la deuda pública.

En consecuencia, para la ASF no es posible opinar sobre la razonabilidad de dicha información, debido a sus limitaciones y a la falta de notas que expliquen los avances o resultados alcanzados y las relaciones entre los rubros principales que se reportaron...

5. A causa de que los estados financieros presentados por la SHCP no incluyen los estados de variación en la Hacienda Pública y de flujos de efectivo, la ASF no emitió opinión de la razonabilidad de la información presentada, ya que no se permitió conocer las principales modificaciones que afectaron el rubro de la Hacienda Pública, ni el desempeño general de las administraciones públicas en cuanto al uso de sus recursos.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso, en cumplimiento del artículo 7, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a hacer del conocimiento público en un plazo no mayor de 10 días hábiles, lo siguiente:

• Los estados de variación de la Hacienda Pública y de flujos de efectivo, con corte al 30 de junio del año en curso, correspondientes a los Poderes de la Unión y los entes públicos federales;

• Listado que precise que tipo de instituciones se incluyen en los estados financieros de los Poderes de la Unión y los entes públicos federales, respectivamente;

• Un informe sobre las causas del aumento o disminución en los recursos aprobados y la justificación del gasto en los casos en los cuales no contaron con un presupuesto original ni con un modificado autorizado, respecto a los programas y proyectos de inversión;

• Razones por las cuales no se ha publicado el costo promedio ponderado por entidad federativa correspondiente al segundo trimestre de 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 29 de octubre de 2013.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SEP que haga del conocimiento público el ejercicio de los recursos presupuestarios de 2012 y subejercicios correspondientes a los programas Habilidades Digitales para Todos y Aulas Telemáticas en Primaria, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Federal José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al secretario de Educación Pública, haga del conocimiento público el ejercicio de los recursos presupuestales de 2012 y subejercicios por 2 mil 108.4 y 3 mil 172.6 millones de pesos, correspondientes a los Programas Habilidades Digitales para Todos, y Aulas Telemáticas en Primaria; respectivamente. Asimismo, solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, haga del conocimiento público la justificación comprobatoria de la retención de mil 203 millones de pesos del programa “Habilidades Digitales para Todos” aprobados por el Congreso de la Unión para el ejercicio de 2012; al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El Programa Habilidades Digitales para Todos (PHDT), se creó como una estrategia para impulsar el desarrollo y uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el sistema educativo mexicano de educación básica para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida, desarrollar sus habilidades digitales y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.

Dicho programa estaba dirigido a los alumnos, directivos y docentes de las escuelas primarias, secundarias generales, secundarias técnicas y telesecundarias. Conforme lo que establecía el acuerdo 592 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 2011, “los perfiles de los estudiantes competentes en uso de TIC deberán asociarse a los periodos escolares de la educación básica y al modelo de equipamiento.

El Programa HDT estaba alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, e impactaba en los siguientes objetivos del programa sectorial:

• Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.

• Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

• Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.

El programa se basaba en una estrategia educativa que aspiraba al desarrollo humano de los alumnos a través de la creación y uso de plataformas integrales en cada entidad federativa para conformar redes colaborativas. Esta estrategia que le daba sentido y razón de ser al uso de las tecnologías, es la que se desplegaba a través de diferentes líneas de acción a nivel nacional necesarias para arribar al uso educativo de las TIC.

Adicionalmente, consideraba que los directivos y docentes deberían, más que ser formados, recibir apoyos permanentes y muy cercanos a su realidad, propósito que se debería lograr con el acompañamiento, que incluyera la formación relativa al Programa HDT, la certificación y la asesoría, tanto pedagógica como tecnológica.

El objetivo general del Programa Habilidades Digitales para Todos era integrar herramientas, servicios y capacitación a las escuelas de educación básica a efecto de promover el desarrollo de habilidades en docentes y alumnos; así como el uso efectivo de la tecnología en la educación básica, que llevará a ampliar las competencias para la vida de los estudiantes, favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento y disminuir el porcentaje de alumnos que no alcanzan el nivel básico de habilidades relacionadas con el aprendizaje de todas las materias de los planes de estudio en vigor, especialmente en Español, Matemáticas y Ciencias.

Los principales objetivos específicos del PHDT, establecían:

a) Operar el modelo integral para el uso didáctico de las TIC.

b) Crear una infraestructura tecnológica de aulas telemáticas con sistemas interoperables.

c) Implementar redes de conectividad de banda ancha para todos los centros escolares.

d) Desarrollar materiales educativos digitales que pueden accederse desde cualquier sitio, como son los objetos de aprendizaje (ODA), planes de clase, reactivos y estándares educativos.

e) Promover la formación, desarrollo y certificación de competencias digitales para docentes y directivos.

El PHDT pretendía para 2012, que las escuelas de educación básica equipadas con telemática educativa, contarán con:

• Gestión estratégica.

• Maestros capacitados en el uso educativo de tecnologías de la información y la comunicación en el aula.

• Equipos de cómputo para uso educativo.

• Actividades educativas para los alumnos apoyadas con recursos multimedia y con objetos de aprendizaje.

• Evaluación sistemática y participativa de los aprendizajes que empleen para prevenir problemas educativos.

• Conectividad.

• Redes sociales de conocimiento.

Todo esto como plataforma para ofrecer mejores resultados comparados con escuelas que en condiciones similares que no estén incluidas en la estrategia.

Con los recursos del PHDT se instalaron 13 mil equipos en secundaria, se crearon 28 redes estatales de educación salud y gobierno; se compraron 368 antenas Wimax de última milla, con lo que se pudieron conectar 6 mil 116 escuelas hasta el 2011, de acuerdo con el informe que entregó la SEP al equipo de transición de Peña Nieto.

2. El Programa Aulas Telemáticas en Primaria, derivó del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, era el componente para primarias dentro de la estrategia Habilidades Digitales para Todos.

Dicho programa consistía en el mismo tipo de equipamiento que del programa anterior Enciclomedia y que incluía una computadora, un pizarrón electrónico, un proyector, una mesa, una impresora y una fuente de poder. La diferencia es que se conectaría a Internet con mayor potencia. La idea era equipar 163,000 salones de quinto y sexto grado de primaria del país. Se supone que equipando los salones, los estudiantes aprenderían más y mejor.

El objetivo general del Programa Aulas Telemáticas en Primaria consistía en impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.

Los principales objetivos específicos de dicho programa establecían:

• Apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje de los alumnos y maestros de la educación básica, especial y en su caso inicial a través del desarrollo, diseño y producción de materiales educativos y auxiliares didácticos en soportes impresos, audiovisuales, informáticos, multimedia y otros recursos tecnológicos, así como de las propuestas de innovación en contenidos y métodos y del desarrollo de prototipos de materiales educativos.

• Fortalecer el uso de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y el desarrollo de habilidades en el uso de las TIC desde el nivel de educación básica.

• Impulsar la capacitación de los maestros en el acceso y uso de nuevas tecnologías y materiales digitales.

• Apoyar el desarrollo de la conectividad en las escuelas, bibliotecas y hogares.

De 2007 a 2012, en las líneas de acción del Servicio de Aula Base Telemática, la SEP consideraba los siguientes beneficios:

• Modelo educativo con cinco componentes alineados: pedagógico, de acompañamiento, gestión, operación e infraestructura tecnológica.

• Articula los contenidos con el programa de estudios vigente y la reforma integral de la educación básica.

• Utiliza las redes de alto desempeño en cada entidad federativa con las redes de educación, salud y gobierno. Se emplea Wimax o fibra óptica.

• Incluye plataformas especializadas para la administración de contenidos digitales como lo son planeaciones de clase digitales, reactivos y objetos de aprendizaje estandarizados tecnológicamente y estructurados didáctica y pedagógicamente.

• Formación y certificación de docentes se basa en una norma técnica y un estándar nacional e internacional.

• Acompañamiento con certificación de competencias digitales, capacitación inicial, cursos en línea, asesoría pedagógica y tecnológica, y con redes sociales de aprendizaje.

• Permite una amplia interacción del maestro y de los alumnos con el sistema, aulas telemáticas entre sí, y escuelas o comunidades entre sí, lo que fomenta la formación de comunidades de aprendizaje.

Entre 2005 y 2006, la falta de recursos para el programa Enciclomedia, o ABT, dejó a la deriva 125 mil equipos instalados en los salones de quinto y sexto de primaria de todo el país.

Entre 2005 y 2010, por cada equipo conformado por una computadora, pizarrón electrónico, impresora, mesa de cómputo y proyector, se pagaron 22 mil millones de pesos a las empresas que ganaron el contrato de arrendamiento por 5 años, el cual se extendió un año más, con un costo de 4 millones de pesos.

En 2011, las empresas transfirieron a la SEP la titularidad de los equipos y ésta a los Estados a través de un convenio; mientras que en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas se acordó destinar un fondo de recursos federal para darles mantenimiento a los equipos a partir del 2012.

En 2012 se aprobó una partida presupuestal por 3 mil 175 millones de pesos para renovar los equipos de Enciclomedia con un nuevo nombre, Aulas Telemáticas en Primaria-Aula Base Telemática (ABT), y licitar un contrato de arrendamiento por 5 años para instalar 147,000 equipos en los salones de quinto y sexto de primaria; mientras que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se encargaría de conectar las escuelas a la Internet.

Asimismo en 2012 se previó hacer un inventario de los equipos Enciclomedia, y con ellos instalar aulas de medios para los alumnos de tercero y cuarto de primaria.

La SEP creó ABT como un modelo de equipamiento para primaria, cuya única diferencia con Enciclomedia, era que los equipos tendrían conexión a Internet, compatible con el Programa HDT que durante el sexenio contó con 9 mil 500 millones para equipar los salones de primero de secundaria y conectar las escuelas a la Internet.

Consideraciones

A) Para 2012, el programa de Aulas Telemáticas en Primaria, tuvo un presupuesto asignado de 3 mil 175 millones de pesos, mientras que al de Habilidades Digitales para Todos se le proyectaron mil 800 millones de pesos. Sin embargo esos recursos no se usaron.1

B) En 2012, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retuvo mil 203 millones de pesos de los recursos del programa HDT, a pesar de las múltiples peticiones del entonces Secretario de Educación Pública, José Ángel Córdova, y un acuerdo del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), para que los recursos fueran liberados. Sin embargo, antes de concluir el sexenio se canceló la licitación de ABT, y los recursos del PHDT no se liberaron.2

C) En 2013, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación no contempló los programas de tecnología educativa impulsados por los Gobiernos panistas: Enciclomedia (convertida después en Aula Base Telemática, ABT) y Habilidades Digitales para Todos; ambos rubros ni siquiera aparecieron en el listado de programas presupuestarios de la SEP.

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, anunció un nuevo programa de equipamiento tecnológico de laptops para los alumnos de quinto y sexto año de primaria el cual responde a uno de los compromisos asumidos por el Presidente Enrique Peña Nieto en campaña.

La estrategia programática de la Secretaría de Educación Pública para 2013, señaló:

Se busca beneficiar a los alumnos que cursan la primaria, mediante la entrega de computadoras portátiles, mismas que servirán como una herramienta tecnológica, que contribuya en el desarrollo pleno de sus capacidades intelectuales, sociales y culturales.

La partida para laptops previó un gasto de mil millones de pesos.

D) Derivado del análisis al ejercicio presupuestal 2012, se observa que el programa Habilidades Digitales para Todos tuvo un presupuesto de mil 800 millones de pesos, mientras que al de Aulas Telemáticas en Primaria se le proyectaron 3 mil 175 millones de pesos. Sin embargo, únicamente se utilizaron 28.9 y 0.1 millones de pesos en cada uno de los respectivos programas, detectando en ambos un subejercicio de 4 mil 452.3 millones de pesos, como se muestra a continuación:

Por otra parte, datos de la SEP revelaron que el HDT falló en el cumplimiento de su meta, ya que para diciembre de 2012 había proyectado conectar a la web a 98 mil 128 aulas de secundaria, y solamente 13.4 por ciento tiene conectividad.

En la meta fijada para finales del sexenio con este programa de conectividad a la red, 75 por ciento de los alumnos de educación básica tendría acceso a esta herramienta para mejorar las clases.

Sin embargo, en septiembre de 2012, el entonces secretario de Educación Pública, José Ángel Córdova Villalobos, aceptó que el objetivo del programa fracasó porque no cumplió sus metas.

Por lo fundado y motivado, solicito sean aprobados –de urgente y obvia resolución– los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, haga del conocimiento público en un plazo no mayor de 10 días hábiles, lo siguiente:

• El ejercicio y destino de los recursos presupuestales de los programas Habilidades Digitales para Todos y Aulas Telemáticas en Primaria, en 2012.

• El subejercicio por 2 mil 108.4 y 3 mil 172.6 millones de pesos, correspondientes a los programas Habilidades Digitales para Todos y Aulas Telemáticas en Primaria; respectivamente.

• La justificación comprobatoria del incumplimiento de las metas y objetivos de los programas en comento.

• El estatus en el que se encuentra el Programa de equipamiento tecnológico de laptops para los alumnos de quinto y sexto año de primaria.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, haga del conocimiento público en un plazo no mayor de 10 días hábiles, la justificación comprobatoria de la retención y destino de mil 203 millones de pesos del Programa Habilidades Digitales para Todos aprobados por el Congreso de la Unión para el ejercicio de 2012.

Notas

1 Fuente: Resultados del gasto ejercido en el Ramo 11 Educación Pública (cuarto trimestre 2012). Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados.

2 La Jornada 23 de noviembre de 2012 (Retiene la SHCP mil 203 millones de pesos de HDT).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2013.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Semarnat que haga del conocimiento público el avance del proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, haga del conocimiento público el avance del Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México en relación al cronograma de actividades establecido y al presupuesto ejercido.

Antecedentes

Primero. En el marco del Acuerdo de Cooperación Institucional suscrito en septiembre de 2005 entre la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua en México (Premia) y del programa de Cooperación para los Servicios Meteorológicos Iberoamericanos, la Conagua solicitó el apoyo y asistencia técnica de la OMM para la realización de un diagnóstico institucional del Servicio Meteorológico Nacional de México y diseño de un plan estratégico de desarrollo para su fortalecimiento y modernización.

Segundo. Con base en ello, la OMM, a través de la Oficina de Movilización de Recursos y la Oficina Regional para las Américas, realizó una invitación a un conjunto de expertos de diferentes áreas para participar en una misión para desarrollar un proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México (SMNM), dependiente de la Comisión Nacional del Agua.

Tercero. El 21 de octubre de 2009 se presentó a la Dirección General de la Conagua y a la Coordinación General del SMNM un avance preliminar y resumido de los resultados más relevantes obtenidos (diagnóstico de la situación actual del SMNM y algunas sugerencias de acciones inmediatas y a medio plazo).

Cuarto. En enero de 2010 inició el Plan Estratégico de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional, con una duración de 10 años, el cual consta de cuatro líneas estratégicas: fortalecimiento institucional y planeación estratégica y operativa, creación del Consejo Técnico Asesor del SMNM, consolidación y fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento, desarrollo de productos y servicios de meteorología y desarrollo de infraestructura para estudios de clima y cambio climático.

Consideraciones

A) Los fenómenos meteorológicos y climáticos tienen una notable incidencia en toda la población y en todos los sectores de la sociedad afectando profundamente a la estructura de los asentamientos humanos, a las actividades rutinarias de la vida cotidiana, la salud, la calidad del medio natural y a la economía nacional.

B) El objetivo básico del SMNM es satisfacer las necesidades y demandas de información meteorológica y climatológica de los ciudadanos, entidades e instituciones públicas y/o privadas a través de productos y servicios con altos niveles de calidad a efecto de prevenir riesgos.

C) La Junta de Directores Ejecutivos del Banco Mundial (BM) otorgó el 21 de diciembre de 2012 un préstamo por 105 millones de dólares para el fortalecimiento del Servicio Meteorológico Nacional (SMNM) para que pueda responder mejor a la creciente demanda de información climática fiable que permita un mejor manejo de los recursos hídricos y de los riesgos generados por desastres naturales en el contexto del cambio climático.

D) Entre los programas presupuestarios para los que el Ejecutivo federal propuso incrementos superiores a 100 por ciento a tasa real está el Programa de Inversión del Servicio Meteorológico Nacional, dado que incrementó su presupuesto de 11 millones de pesos en 2012 a 255.6 millones de pesos en 2013. Para el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 tiene una asignación de 307.09 millones de pesos para la inversión del Servicio Meteorológico Nacional y estaciones hidrometeorológicas.

E) El objetivo del incremento de presupuesto es la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura que permita estar en condiciones de monitorear los eventos meteorológicos.

F) El titular de Protección Civil señaló el 30 de septiembre tras los meteoros Manuel e Ingrid, que actualmente México depende de Estados Unidos en la medición de los fenómenos meteorológicos. La falta de inversión y equipos de prevención ha causado que México no cuente con un sistema de alerta temprana de huracanes y tormentas propia, y deba depender de Estados Unidos, ni tenga un atlas de riesgo, según el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente.

G) Costos estimados, proporcionados por el Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México, que dio inicio en 2010, para los 10 años de duración del proyecto son:

H) En la consulta realizada a la página electrónica del SMNM; www.smn.cna.gob.mx no se encontró información relacionada con el avance general del proyecto ni los recursos destinados al mismo, sobre el tema al pie de página se encuentra un link del Servicio Meteorológico Nacional 2010-2019 en el cual se visualiza únicamente el proyecto en versión PDF.

I) En el Primer Informe de Labores 2012-2013 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) página 49, se habla sobre el préstamo que el Banco Mundial otorgó para financiar el proyecto de modernización, sin embargo no hay un apartado que puntualice los avances del proyecto o mencione la inversión realizada en cada una de las líneas estratégicas para la modernización del sistema meteorológico.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, que en su carácter de titular de la dependencia coordinadora del sector, haga del conocimiento público lo siguiente:

• Avance general del proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional que dio inicio en 2010, correspondiente a los recursos erogados por línea estratégica (inversión presupuestaria e inversión financiada).

• Cuáles son las metas que se fijaron al inicio del proyecto y el porcentaje de éstas que hasta el momento se han cumplido, con un desglose por año de ejecución y línea estratégica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2013.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del gobierno de Michoacán, de la SEP y de la Dirección General del Telebachillerato en la entidad a otorgar las indemnizaciones correspondientes tras las afectaciones causadas por las explosiones suscitadas este 10 de octubre en el telebachillerato número 183, en Zacapu, a cargo de la diputada Verónica García Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita diputada Verónica García Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 10 de octubre en el comedor escolar del Telebachillerato número 183, clave 16ETH0183A, ubicado en la comunidad del pueblito municipio de Zacapu, Michoacán, alrededor de las 4:00 pasado meridiano se suscitó un incendio, al parecer el regulador del cilindro de gas falló, generando una enorme flama, envolviendo a las personas que preparaban los alimentos junto con una alumna, dentro de la cocina.

La falta de medidas de seguridad en las instalaciones de la cocina para sofocar incendios, impidieron que fuera sofocado rápidamente y evitar daños a las personas envueltas en llamas. A esta circunstancia, se agrego la tardanza de la llegada de ambulancias, por lo que se trasladaron a las víctimas en autos particulares al centro médico.

El resultado de este accidente, fueron cinco personas gravemente afectadas, tres de ellas fallecieron (Mayren Jiménez Mondragón, María Navidad Mondragón Regalado, Rosalba Mondragón Reynoso); una se encuentra muy grave (Marilyn Jiménez Mondragón), otra más grave (Belinda Jiménez Mondragón).

El Telebachillerato en Michoacán es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal sectorizado a la Secretaría de Educación Pública del gobierno del estado. Los Lineamientos Generales para el Uso de las Instalaciones de Telesecundaria para el Telebachillerato disponen el uso de las instalaciones de las telesecundarias en el estado a los telebachilleratos así como la responsabilidad del gobierno del estado al “...cuidado del inmueble, mobiliario y equipos...”

Conforme a estas disposiciones, las malas condiciones de las instalaciones que provocaron el incendio, la falta de medidas de prevención de incendios así como la afectación a personal del servicio de cocina señalado, son responsabilidad de la Dirección General del Telebachillerato, de la Secretaría de Educación y del Gobierno del estado de Michoacán.

Por lo anteriormente expuesto y con el fundamento antes señalado, me permito presentar a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los titulares del gobierno del estado de Michoacán, de la Secretaría de Educación Pública y al director general del Telebachillerato en la entidad a otorgar las indemnizaciones correspondientes a las personas afectadas en las explosiones suscitadas el 10 de octubre del presente año en el Telebachillerato número 183 de la comunidad de Zacapu, Michoacán.

Segundo. Se exhorta a los titulares de gobierno del estado de Michoacán, de la Secretaría de Educación Pública y al director general del Telebachillerato en la entidad a tomar las medidas pertinentes en materia de protección civil en cada uno de los telebachilleratos de la entidad.

Dado en el Palacio de San Lázaro, octubre del 2013.

Diputada Verónica García Reyes (rúbrica)